ACERCA DE LOS AUTORES

JOSEP BORREL

Ingeniero por la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid, máster en matemáticas aplicadas por la Universidad de Stanford, California, y doctorado en economía en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido secretario de Estado de Hacienda, ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, presidente del Parlamento Europeo y del Instituto Universitario Europeo de Florencia. Actualmente es catedrático “Jean Monnet” en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid.

JOAN LLORACH

Estudió ingeniería industrial en la universitat politécnica de catalunya. obtuvo un máster en administración de empresas en el massachusetts institute of technology y es fundador de una empresa tecnológica que presta servicios en especial a medios de comunicación y operadores de telefonía móvil. uno de sus principales intereses es aprender cómo los países han conseguido mejorar sus sistemas educativos y cómo la unión europa puede ser un espacio de igualdad de oportunidades que trascienda las fronteras estatales.

JOSEP BORRELL y JOAN LLORACH son dos catalanes de distintas generaciones que comparten haber estudiado en escuelas de ingeniería españolas y en prestigiosas universidades americanas. ambos consideran perfectamente compatibles la triple identidad catalana. española y europea. que les han permitido acceder a oportunidades que han enriquecido su experiencia vital.

Resumen

La aritmética usada como arma arrojadiza suele parecer infalible, a no ser que se pongan en duda las hipótesis en las que se basan los cálculos. Esto es lo que sucede con los miles de millones de euros que España “le roba” a Catalunya que sirven a Artur Mas y a Oriol Junqueras para justificar la independencia de Catalunya. Pero ¿cómo se ha calculado esa cifra? ¿Por qué son tan diferentes los saldos de las balanzas fiscales según quien las calcule? ¿Sufre realmente Catalunya un “expolio” fiscal? ¿Cuán marginada está en las inversiones del Estado? En este momento crítico para el futuro de Catalunya y de España, son muchas las preguntas que surgen, también en torno al cumplimiento del Estatuto la adhesión de Catalunya a la UE. ¿Cuál es la posición de la comunidad internacional ante el derecho de autodeterminación? Parece que los líderes independentistas tienen las respuestas para garantizar una “secesión sin costes”, pero sus argumentos, tan contundentes a primera vista, se resienten ante un análisis documentado y razonado como el que ofrecen los autores de este libro.

1. ¿Hubiera dispuesto realmente la Catalunya independiente de 16.000 millones de euros para evitar los recortes?

2. ¿Es realmente Alemania un modelo a seguir?

3. ¿Sufre Catalunya un expolio fiscal?

4. ¿Apoyaría la comunidad internacional una eventual independencia de Catalunya y en particular la permanencia en la UE y en el euro?

INTRODUCCIÓN

E

l objetivo de este libro es analizar críticamente los argumentos políticos y económicos a favor de la independencia de Catalunya, especialmente los utilizados por los presidentes de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), Artur Mas [1], y de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras [2].

Este análisis se enmarca en el actual contexto de globalización económica, la emergencia de nacionalismos y tendencias separatistas en Europa, la crisis del euro, el avance de la Unión Europea (UE) hacia una mayor unión política, y el debate sobre las soluciones federales como forma de articular los Estados compuestos en los que conviven distintas identidades lingüísticas y nacionales.

Nos propusimos escribirlo después de la atención que despertó nuestro artículo "¿Dónde están los 16.000 millones?" [3], publicado en enero de 2014, cuestionando la extendida creencia de que, con la independencia, Catalunya dispondría, de forma inmediata y permanente, de 16.000 millones de euros anuales adicionales. Y de la amplia difusión de la posterior entrevista al respecto de Josep Borrell con la periodista Mónica Terribas [4].

Constatamos el amplio desconocimiento acerca de varias cuestiones que componen la narrativa independentista. Por ejemplo, mucha gente desconocía que para contar esos 16.000 millones de euros que "España nos roba”, no se tiene en cuenta el coste de los servicios públicos que el Estado español presta a los catalanes desde fuera del territorio de Catalunya (como las embajadas y consulados, los servicios centrales de la Agencia Tributaria y de la administración de Justicia o la mayor parte de la Defensa), y que la Catalunya independiente tendría que asumir y pagar.

Ese desconocimiento se puede justificar por la inevitable complejidad técnica de algunas cuestiones, como las balanzas fiscales o los tratados de la UE, cuya explicación no resiste a la brevedad de una entrevista o a la algarabía de una tertulia. Y porque los medios de comunicación públicos, y en general los controlados de una u otra forma por la Generalitat, han actuado como repetidores de las tesis oficiales y no han ejercido adecuadamente su función de verificación y crítica.

También hemos constatado que hay muchas personas dispuestas a valorar desapasionadamente la solvencia de los argumentos que presentan la independencia de Catalunya como la solución a todos sus problemas, sin incurrir en riesgo alguno y, por supuesto, permaneciendo en la UE.

El último empujón para animarnos a escribir estas páginas nos lo dio un amigo americano de la Universidad de Baltimore, cercana a la base naval de Norfolk, una de las mayores bases militares de los Estados Unidos (EE UU).

Nuestro amigo había visto a Mas en la CNN [5] y estaba interesado por la cuestión del elevado déficit fiscal como argumento a favor de la independencia de Catalunya. Le explicamos que, según el método utilizado para calcularlo, todo el gasto de la base naval de Norfolk se imputaría a los ciudadanos del Estado de Virginia, y solo a ellos. Y que el sueldo del presidente Obama y de toda la administración presidencial se suponía que solo beneficiaba a los ciudadanos de Washington D. C., porque es allí donde reside. Y que todo el gasto en embajadas y consulados no beneficia a nadie, porque, lógicamente, están fuera del territorio de los EE UU.

No hizo falta más para convencerle de que el gobierno americano nunca utilizaría ese método para calcular las balanzas fiscales de los Estados federados con la hacienda federal. Nuestro amigo concluyó: "Si eso es así, tendrían ustedes que explicarlo”.

Además, como nos comentó, y su embajada en Madrid ha confirmado, el gobierno federal de los EE UU nunca ha calculado las balanzas fiscales, ni se propone hacerlo. Y, por cierto, el de Alemania tampoco. Sí, ya sabemos que le han contado y asegurado que Alemania y todos los países democráticos lo hacen. Pero luego le demostraremos que no es cierto.

¿Qué hay de cierto y de falso en la narrativa proindependencia, que Mas y Junqueras han contribuido decisivamente a construir? Se trata de una cuestión muy relevante a la hora de valorar una decisión tan importante e irreversible como la separación de Catalunya del resto de España.

No hay duda de que una parte importante de la sociedad catalana está hoy a favor de la independencia. Y, además, está muy movilizada: tiene un relato, una épica, unos agravios pasados y presentes, una bandera, un himno que cantar y otro al que silbar, un sentimiento de pertenencia, un

entusiasmo y una ilusión colectiva por la construcción de un "país nou”, libre de las herencias del pasado y de los condicionantes del presente. Y una colección de mitos históricos fundadores, como tiene cualquier nacionalismo, poco importa cuán ciertos sean.

En cambio, los "integracionistas” a escala europea, o los "unionistas” en los países con tendencias separatistas internas, como España, el Reino Unido o Bélgica, no tenemos un relato movilizador. La prueba es Escocia. Comparen la reacción de alivio, discreta y sin manifestaciones, con la que se ha recibido el triunfo del "no”, con la explosión de júbilo, ondear de banderas y manifestaciones exultantes con las que se hubiese festejado el triunfo del "sí”.

En suma, el independentismo es cultural, mediática y socioeconómicamente hegemónico (podríamos añadir en el sentido gramsciano del término). Pero hegemonía no es mayoría, y no está nada claro que, por el momento, la opción a favor de la independencia sea mayoritaria. Más bien las encuestas dicen que no lo es y con tendencia a la baja. La realizada por el Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat en junio de 2015 muestra un 42,9% a favor y un 50% en contra.

Conocemos las importantes movilizaciones públicas, los resultados de las encuestas y de las elecciones, a las que hasta ahora Convergencia i Unió (CiU) nunca se había presentado como una opción claramente favorable a la independencia. Y conocemos los resultados de la "consulta ciudadana” del pasado 9 de noviembre 2014, en la que los catalanes estaban invitados a contestar a una poco clara doble cuestión encadenada.

En dicha consulta, el 80,7% de los que participaron (1,86 millones), se pronunció a favor de que Catalunya fuera "un Estado” y que este fuera independiente. Ciertamente, 1,86 millones de ciudadanos son muchos. Equivale al total de votos obtenidos, con una participación del 69,56% en las elecciones autonómicas de 2012, por CiU, ERC, la CUP, más un tercio de los de Iniciativa per Catalunya. Pero no constituye ni siquiera una mayoría simple del cuerpo electoral. Ni las cifras son comparables, porque en la "consulta ciudadana” podían votar jóvenes mayores de 16 años y emigrantes residentes que no están incluidos en el censo.

No sabemos qué hubieran votado los sí—sí, si la cosa hubiera ido en serio. Ni cuál hubiera sido la posición de los que no participaron, y que sí lo harían seguramente en unas elecciones autonómicas en las que la cuestión de la independencia juegue un papel determinante.

Lo que sí sabemos es que la cuestión de la independencia ha fragmentado, desde el punto de vista identitario, territorial y socioeconómico, a Catalunya y a los catalanes.

Ha ocurrido lo que el propio Artur Mas decía temer acerca de las consecuencias de un referéndum de autodeterminación, cuando se manifestaba contrario a su celebración porque "dividiría al país en dos” [6].

Y lo que nos advertía Jean Charest, primer ministro de Quebec entre 2003 y 2012, durante su visita a Barcelona: "Los referéndum no son la panacea: dan una respuesta pero también dividen, bloquean, crean tensiones, dejan heridas” [7].

Los resultados de la "consulta ciudadana” muestran claramente esa triple fragmentación [8], como ha explicado Joaquim Coll [9]. La participación superó el 60% del censo en algunas comarcas del interior, pero no llegó al 20% en muchos municipios metropolitanos. Y con una diferencia de 21 puntos en el porcentaje del voto sí-sí sobre el censo electoral, entre la Catalunya interior (48%) y la demográficamente mayoritaria del litoral (27%).

En el área metropolitana, solo hubo una participación destacada en los barrios y ciudades de clase medio-alta. Por ejemplo, en Santa Coloma de Gramenet, municipio de 118.000 habitantes y renta baja, donde en las pasadas elecciones municipales del 24 de mayo de 2015, el PSC logró mayoría absoluta, mientras que ni CiU ni ERC obtuvieron representación, la participación en la consulta soberanista fue del 17,6%. En Sant Cugat del Valles, con 87.000 habitantes y uno de los mayores niveles de renta de Catalunya, donde CiU revalidó una cómoda mayoría municipal, la participación fue casi del 48%. Además, el voto a favor del Estado independiente fue 20 puntos superior en Sant Cugat (82%) que en Santa Coloma (62%).

Análogamente, en la ciudad de Barcelona se observa un comportamiento muy parecido, a favor de la independencia entre las zonas con rentas altas, como Les Corts o Sarriá—Sant Gervasi, en clara diferencia con los distritos populares y de clase trabajadora, como CiutatVella, Nou Barris o Sant Martí.

Todo sería más fácil si una mayoría clara y sistemáticamente manifestada de catalanes pensara, como Junqueras, que la independencia es "una cuestión de dignidad” [10], o que se planteara, como Carme Forcadell [11], "qué clase de pueblo seríamos si pudiendo ser libres quisiéramos seguir siendo esclavos”[12].

Pero las cosas son más complicadas, y la sociedad catalana es más plural de lo que parece.

A los efectos del análisis que nos proponemos desarrollar en este libro, las motivaciones para apoyar la independencia de Catalunya pueden dividirse en dos tipos: las emocionales y las racionales.

Las de tipo emocional responden a un sentimiento identitario para el cual la independencia es un bien superior, deseable cualesquiera que sean sus costes. Lo representa a la perfección Junqueras cuando dice: "Aunque el Estado español fuese el más democrático, el más próspero, el más justo y el más simpático del mundo, seguiría pidiendo la independencia por una cuestión de dignidad” [13].

No es el único que así lo piensa. Muchos de nuestros amigos y familiares próximos participan de esta actitud y de estos sentimientos identitarios. Ya han desconectado psicológicamente de España; su proyecto político no les interesa, creen que es una rémora para su bienestar y un obstáculo para su plena identidad. Ni se sienten, ni quieren ser españoles. Como les explica Junqueras, Catalunya se separará de lo que hoy llamamos España, como en su tiempo los Países Bajos, Milán o Nápoles se separaron de la monarquía hispánica. O como Irlanda consiguió separase del Reino Unido. Y no pasará nada, al contrario, para Junqueras, sería parte de una "normalidad” histórica.

Otros, cuya catalanidad es difícilmente cuestionable, salvo que se asimile exclusivamente con la posición favorable a la independencia, no comparten esos sentimientos o emociones. Sienten, sentimos, la doble identidad catalana y española.

Creen, creemos, que los costes de la transición hacia un nuevo Estado serían muy grandes, y los beneficios inciertos y a largo plazo. Sería ir a contracorriente de los intereses y las convicciones de grandes países europeos como Francia, Alemania e Italia, que no estarían dispuestos a sentar el precedente de una secesión de una región rica.

Creen, creemos, que España representa para muchos jóvenes catalanes oportunidades de las que no tiene sentido prescindir. Creen, creemos, que la interacción entre todos los españoles produce beneficios para todos. Es bueno recordar que la primera editorial en catalán y en español, y la segunda en francés, fue fundada en Barcelona por un andaluz.

Creen, creemos, que teniendo en cuenta los lazos afectivos y económicos entre las dos riberas del Ebro, los problemas de la relación entre Catalunya y el resto de España pueden resolverse sin tener que recurrir a soluciones tan traumáticas como la separación. Creen, creemos, que soluciones de tipo federal como las aplicadas en Quebec, Massachusetts o Baviera presentan menos costes y más oportunidades, en un momento de la Historia en que las relaciones entre los países han dejado de ser juegos de suma cero para convertirse en proyectos de integración creciente y prosperidad compartida.

Y, desde luego, no nos parece buena idea citar a Irlanda, que necesitó dos años de guerra con los ingleses, seguidos de otro año de guerra civil, como ejemplo para sustentar la viabilidad de las tesis secesionistas como hace Junqueras [14].

Pero es cierto que el sentimiento de humillación creado por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de julio de 2010 ha reforzado las motivaciones emocionales a favor de la independencia. Y, a veces, la intensidad de la emoción ha conducido a percepciones sesgadas de la realidad, como cuando Forcadell atribuye el elevado número de jugadores catalanes en la selección española de fútbol a un deliberado intento de españolizar Catalunya: "Muchos catalanes apoyan a la selección española porque hay muchos jugadores catalanes y del Barça. ¿Os pensáis que esto es una casualidad? Esto está hecho expresamente para españolizar Catalunya” [15].

Las motivaciones de tipo racional reflejan la evaluación que cada cual haga de las ventajas e inconvenientes que para Catalunya, y para él mismo, tendría la independencia. Y ello, tanto durante una fase de transición inevitablemente compleja, como una vez recuperadas las condiciones normales de funcionamiento del nuevo Estado.

Creemos que la demanda de independencia ha sido para una parte de la sociedad catalana una forma de canalizar la frustración social creada por la crisis. Las dramáticas consecuencias sociales de la crisis del euro y de las políticas de austeridad decretadas por Europa han sido aprovechadas hábilmente para canalizar la irritación social de una forma interclasista, convirtiéndola en un conflicto entre Catalunya y España, sintetizado en ese "España nos roba” al que se ha puesto la cifra mítica de 16.000 millones de euros. Y para presentar la independencia como la solución a todos los problemas de la sociedad catalana, tanto los asociados con la plenitud de su identidad nacional, como los de su prosperidad material.

Ambos tipos de motivaciones no tienen por qué ser excluyentes. En la mayoría de los casos, las emociones y las razones influyen a la vez en las posiciones de los ciudadanos. Pero los partidarios de la independencia, por motivaciones emocional-identitarias, no son suficientes para construir una mayoría social. Por eso sus defensores presentan la construcción del Estado catalán como una forma de garantizar más prosperidad y bienestar para todos. No solo para que Catalunya sea más "plena” sino también más "rica”.

Como veremos en el siguiente capítulo, a eso responde el llamamiento de Junqueras a los que no se sienten solo catalanes, para que ellos también defiendan la independencia, demostrándoles un afecto que les integre y convenciéndoles de que les interesa objetivamente. O, como el de Jordi Sánchez, nuevo líder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), vinculando la independencia con una promesa de mayor bienestar material: "Hablar de independencia sea hablar [...] de cómo se acaban los atascos en las carreteras, de cómo dejamos de pagar peajes, de cómo mejoramos las escuelas”[16].

En este libro no pretendemos entrar en el terreno de las emociones ni de los sentimientos identitarios, aunque sabemos que estos no son congénitos sino el resultado de una construcción cultural y de unos condicionantes sociales.

A los catalanes que desean la independencia de Catalunya por una "cuestión de dignidad”, cualquiera que sea su coste, este libro no les va interesar ni les aportaría gran cosa, porque precisamente trata de esos costes y beneficios. No esperamos que pasen del mito a la razón. Pero sí esperamos que sea útil a los que, cualesquiera que sean sus emociones, estando a favor o en contra de la independencia, les interese saber cuánto hay de cierto y cuánto es discutible, o simplemente falso, en la narrativa proindependentista.

Creemos que también interesará a los españoles no catalanes que no votan en las elecciones autonómicas catalanas. Podrán entender mejor en qué consiste el llamado "problema catalán”, que en realidad no es un problema catalán sino un problema de España, de su proyecto político como país, de su cohesión territorial, del mantenimiento de su unidad respetando su diversidad, y de las razones por las que hoy ambas están en cuestión.

Descritos así nuestros objetivos, exponemos ahora la estructura, o guía de lectura, del libro. El siguiente capítulo lo dedicaremos a una recopilación comentada de las posiciones de Mas y Junqueras, que permita ver, con el apoyo de sus propios textos y declaraciones, cómo ambos han ido construyendo la narrativa proindependentista, aunque cada uno desde una trayectoria bien distinta. A continuación, sintetizaremos en 20 puntos el argumentarlo-narrativa esgrimido para justificar la independencia de Catalunya.

En los siguientes capítulos señalaremos lo que consideramos falsedades, errores e inexactitudes, medias verdades y deseos piadosos (eso que los ingleses llaman wishful thinking) que esa narrativa contiene. Es decir, los cuentos que se han contado utilizando cuentas mal hechas.

En particular, trataremos de contestar a las siguientes cuatro cuestiones fundamentales:

Para ello, utilizaremos fuentes que, en la mayoría de los casos, serán las de la propia Generalitat de Catalunya, entre ellas las aportaciones del consellar Andreu Mas-Colell [17] y referencias internacionales debidamente referenciadas.

Siempre que sea posible, remitiremos al lector a las páginas web en las que se puede contrastar la información citada y profundizar en el conocimiento de los temas. Y trataremos de evitar argumentos para jalear a la parroquia, a los incondicionales, a los que ya tienen su posición definida y ningún argumento racional se la hará cambiar.

Como dice el filósofo Gustavo Bueno: las formas de nombrar condicionan las formas de pensar. Por ello, dedicamos el capítulo 4 a la definición de los conceptos y variables básicas que vamos a utilizar. Así sabremos el significado que damos a las palabras y a los números cuando los utilicemos.

Para iniciar ese análisis crítico, en el capítulo 3 analizaremos en detalle el pretendido maltrato que sufre Catalunya en comparación con lo que ocurre en la República Federal de Alemania. Se trata de un tema utilizado como incuestionable comparación internacional para espolear el sentimiento de agravio por el maltrato fiscal que sufre Catalunya. Pero que en realidad es una de las mayores falacias utilizadas como argumento a favor de la independencia.

Pensamos que ese capítulo será un estímulo para proseguir la lectura de este libro. Porque, si en algo tan importante, tan concreto y tan fácilmente verificable, se ha engañado tanto y durante tanto tiempo, es razonable pensar que haya otros elementos de la narrativa proindependentista que no se ajusten a la realidad.

En todo caso, esperamos contribuir a enriquecer un debate de enorme importancia para el futuro de Catalunya y de España, y que durante demasiado tiempo se ha desarrollado de forma manifiestamente sesgada.

CAPÍTULO 1

CÓMO CUENTAN ORIOL JUNQUERAS Y ARTUR MAS SUS ARGUMENTOS A FAVOR DE LA INDEPENDENCIA

ORIOL JUNQUERAS

O

riol Junqueras, presidente de ERC, es también alcalde de Sant Vicenç dels Horts, un municipio de 28.000 habitantes del área metropolitana de Barcelona. Con él, San Vicenç ha sido el primer municipio de ese tamaño gobernado por ERC desde el final de la Segunda República. En las municipales de 2015, su candidatura, Junts x San Vicenç, aumentó un 80% sus votos, quedando a las puertas de la mayoría absoluta.

Tal resultado tiene mucho mérito político.

Primero, porque el perfil socioeconómico de Sant Vicenç, receptor de sucesivos flujos de inmigración y donde el catalán no es la lengua familiar del 83% de su población, es poco favorable al triunfo electoral de un presidente de ERC.

Segundo, porque Junqueras llegó a la alcaldía después de años de trabajo en la calle y en la oposición. De su labor de gobierno destacan las acciones orientadas a mejorar la igualdad de oportunidades, especialmente en Educación.

En las elecciones municipales de 2015, sometió su gestión al voto ciudadano, cuando podría haber evitado el riesgo de un mal resultado, como hacen otros responsables políticos. Por ejemplo, Josep Rull, número dos y coordinador general de CDC, no se ha presentado en Terrassa en 2015 a pesar de haberlo hecho desde 2003. Quizás porque temía la estrepitosa derrota de su partido, que, efectivamente, pasó de 9 a 3 concejales.

Desde que asumió la presidencia de ERC, Junqueras ha trabajado con determinación y constancia para que el debate político catalán gire en torno al objetivo que él ha perseguido toda la vida: la independencia de Catalunya.

Para hacerlo, según ha explicado él mismo, utiliza tres tipos de argumentos:

• El económico: el "expolio” fiscal que sufre Catalunya.

• El político: el derecho a la autodeterminación de Catalunya.

• El del ejemplo: la gestión pública de ERC y en particular la suya como alcalde.

En lo económico, ha difundido su convencimiento de que Catalunya podría tener el nivel de vida de los países escandinavos, pero que el expolio fiscal del Estado español se lo impide: "La crisis nos priva de muchos recursos, [...] pero los gobiernos españoles nos privan de una cantidad mucho mayor” [18].

Para explicar la dimensión de ese expolio, Junqueras ha recurrido a contundentes argumentos cuantitativos, aunque, como veremos después, las cuentas que cuenta son menos solventes que contundentes.

En particular, ha asegurado repetidamente que el déficit fiscal de Catalunya con España es más del doble del que tiene el land alemán más rico: "El sistema de financiación que sufrimos es de una magnitud que no resiste comparaciones en Europa [...] las aportaciones del 'land’ más rico de Alemania no llegan ni a la mitad del déficit fiscal catalán. Es por esto que hablamos de expolio fiscal, de un maná ingente de recursos que fluye hacia Madrid y que no retorna nunca más” [19].

El señor Junqueras es uno de los grandes inventores de la cifra mítica de los 16.000 millones de euros que "España nos roba”, y de la no menos mítica creencia de que España sustrae a Catalunya más de la mitad de los impuestos que pagan los catalanes: "Más de la mitad de impuestos que pagamos se van hacia el Estado español y no vuelven de ningún modo” [20].

Aunque nos proponemos dejar el análisis crítico de estas cuentas para posteriores capítulos, hagamos ahora una primera consideración aritmética elemental: si más de la mitad de los impuestos que pagan los catalanes equivale a 16.000 millones de euros, necesariamente los catalanes pagarían como mucho 32.000 millones de euros. Sin embargo, el conseller Mas-Colell, en la presentación de los presupuestos de 2015 [21], estimó que los catalanes pagarían en dicho año 69.693 millones de euros.

Uno de los dos se equivoca. O no cuentan lo mismo, o lo cuentan de distinta manera.

A lo largo de este libro tendremos ocasión de demostrar que la afirmación de Junqueras es falsa. Y que esta forma de contar las cosas, en el doble sentido de la palabra "contar”, la conceptual de explicar y la aritmética de calcular, pretende confundir más que informar. Pero, de entrada, valga la discrepancia entre las cifras que esgrime Junqueras y las que aparecen en el citado informe de Mas-Colell, para sospechar que algo no cuadra en su relato independentista.

Para ilustrar la magnitud del "expolio”, Junqueras lo traduce en referencias cercanas a la vida cotidiana de los ciudadanos expoliados, como sus hipotecas, los niveles de paro, o los recortes presupuestarios: "Regalamos cada año al Estado español tres mil euros cada uno de nosotros, [... ] Dos millones de las antiguas pesetas por familia media catalana que les hemos regalado, por 23 años, hace 46 millones de pesetas. ¿Cuánto vale un piso en vuestro pueblo? Pues probablemente ya tendríais el piso pagado. Y si alguien paga hipoteca ya no la pagaría” [22]. "El precio que pagamos por [el expolio] son 840.000 parados. [...] ¿Cuántos parados necesitamos para quedar impresionados? [...], ¿1.000.000? Pronto los tendremos.” [23]

En diciembre del mismo año, en un debate en la emisora RAC1, el señor Junqueras consideraba que esos recursos adicionales estarían disponibles inmediatamente: "Tendríamos 16.000 millones de euros cada año; [...] son cuatro veces más dinero que todos los recortes juntos que hace la Generalitat [...] ¡mira que es fácil! [24].

En la cita anterior, Junqueras asimila el déficit fiscal, calculado por un muy discutible método, con los recursos adicionales disponibles en caso de independencia. Como veremos después, son conceptos distintos y no es cierto que la independencia hubiera aportado esos 16.000 millones de euros con los que evitar los recortes.

Con su peculiar sentido de la aritmética, Junqueras hace unas cuentas que le permiten contar uno de sus cuentos favoritos: el de que sin la asfixia económica que ese "expolio” representa, Catalunya hubiera doblado su nivel de vida cada 10 años durante los últimos 26 años: "Si cada año no desapareciese de nuestro país un 8% de nuestro producto interior bruto, cada 10 años lo doblaríamos y cada 10 años seríamos el doble de ricos”.

Y ese expolio no sería un hecho reciente, según el señor Junqueras, hace más de un cuarto de siglo que dura: "Como mínimo, dura desde 1986. Desde la reforma fiscal que impulsó Josep Borrell, secretario de Estado de Hacienda. Por tanto hace 26 años que dura. Habríamos casi cuadriplicado nuestro producto interior bruto” [25].

Con el énfasis con que lo cuenta, da la sensación de que realmente él se lo cree. En realidad se queda corto, porque no maneja muy bien eso del interés compuesto: si cada 10 años fuéramos el doble de ricos, con la misma tasa de crecimiento del 8% anual, al cabo de 26 años seríamos 6,84 veces más ricos. Si Catalunya se hubiese independizado hace 26 a ños, su renta per cápita sería hoy de 204.394 dólares anuales. Más del doble que la actual renta de Qatar y más del cuádruple de Alemania. Y si fuéramos "solo” casi 4 veces más ricos, también Catalunya sería el país más rico del mundo.

De ser cierto, sería sin duda un gran argumento. El lector juzgará si eso le parece razonable, pero, por si tiene dudas, le decimos que Junqueras comete el error (¿error?) de confundir el supuesto déficit fiscal con una tasa de crecimiento garantizado de la economía.

Pero, a pesar del énfasis que pone en el gran coste que para Catalunya representa formar parte de España, la motivación personal de Junqueras para desear la independencia no es la mayor prosperidad que tendría una Catalunya independiente. Como hemos visto en la cita de Junqueras del capítulo introductorio, aunque formar parte de España fuese positivo para Catalunya, él seguiría queriéndola "por una cuestión de dignidad”.

Y ha sido así desde la infancia; su independentismo no es sobrevenido por factores económicos o políticos: "Yo soy independentista de toda la vida y no he necesitado una crisis económica para llegar al independentismo [...], cuando tenía siete años salí a hacer una encuesta por mi pueblo, casa por casa. Estaba convencido de que la mayoría eran independentistas como yo” [26].

Junqueras es licenciado en Historia, aunque la cuenta como le conviene, como cuando afirma que la mitad de los Estados que actualmente forman la UE no existían antes de la Segunda Guerra Mundial. Imprecisión que le ha valido alguna llamada al orden [27].

Ha escrito varias obras sobre la Historia de Catalunya, y en particular es coautor del libro Les proclames de Sobirania de Catalunya (1640-1939), en el que firma en solitario el prefacio titulado "¿Cuándo aprenderemos?”. Su último párrafo dice: "Desde entonces, los catalanes continuamos esforzándonos por ser españoles. Una vez tras otra, nos tragamos las promesas que dicen que finalmente todo cambiará. Y continuamos comulgando con ruedas de molino. Ellos nos dan buey por bestia grande [gato por liebre] y nosotros ponemos los cuernos. Y encima, pagamos la bebida” [28].

Son, pues, claras la convicción y la emoción independentistas de Junqueras, sentidas y practicadas desde la infancia y reafirmadas con su trabajo como historiador. Para Junqueras, el encaje de Catalunya en España no es posible ni deseable. Y no necesita que exista expolio fiscal ni la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2010 o cualquier otra consideración.

Pero sabe que hay muchos catalanes que no comparten tan firmes convicciones. Por eso utiliza de forma tan contundente los argumentos de tipo económico. Como él mismo dice: "El argumento económico [...] nos ha servido para convencer a mucha gente” [29].

Para Junqueras, los obstáculos de tipo político no son importantes. El "derecho a decidir”, llamando a las cosas por su nombre, el derecho a la autodeterminación, es un derecho democrático natural de los pueblos, tanto de los que han sido antiguas colonias, como de los que viven bajo un sistema dictatorial, como de las naciones que forman parte de un Estado que cumpla con todos los estándares democráticos de la UE.

Da igual. Para Junqueras, Catalunya tiene derecho a la secesión, porque este es un derecho natural y universal aceptado en todo el mundo. Y por esta razón considera que la comunidad internacional no pondría ningún obstáculo: "¿Desde cuándo los referéndums son inconstitucionales? Si esta constitución prohíbe la democracia, debe ser que es una constitución antidemocrática [...] la democracia de los ciudadanos de Catalunya está por encima de cualquier ley que el Estado español nos quiera imponer” [30].

No parece importarle que ese derecho no lo amparen ni el Derecho internacional, ni el de la UE, ni la Constitución española. Es comprensible que eso último le importe especialmente poco, pero además aparenta ignorar que ni la Constitución alemana, ni la francesa, ni la italiana, ni la de los EE UU, por citar algunos ejemplos relevantes, no permitirían un referéndum de autodeterminación de una parte de su territorio.

Según Junqueras, ¡los alemanes, franceses, italianos y estadounidenses viven bajo constituciones no democráticas! Pero cuando le ponen entre la espada y la pared de una pregunta bien concreta, escurre el bulto y responde:

Xavier Sardá: ¿Obama permitiría una consulta sobre la independencia de Massachusetts?

Oriol Junqueras: Yo estoy convencido de que los demócratas de todo el mundo entienden [...] que la democracia no es algo que se aplica de vez en cuando y en un lugar sí y en otro no. [...] Yo tengo la convicción que de la misma manera que los Estados Unidos encontró su manera de expresar su voluntad de futuro nosotros también.

Fíjense que la pregunta que muy concretamente le hacen no es si el presidente Obama apoyaría o no la independencia de Catalunya, sino si autorizaría o no un referéndum de autodeterminación en Massachusetts. Y esa pregunta la esquiva y no la contesta:

Xavier Sardá: ¿Pero usted cree que diría que sí?

Oriol Junqueras: Ha dicho que sí a todo el mundo. ¿Por qué no debería de decir que sí a Catalunya? [...] Estoy convencido que aplicarán el mismo criterio que han aplicado siempre. No se me ocurre ninguna razón por la que tuviesen que aplicar un criterio distinto. Y por tanto estoy convencido que acabará siendo así [31].

De nuevo evita la pregunta, porque sabe perfectamente que la respuesta es no.

Por ejemplo, Junqueras no cuenta, si es que lo sabe, que el Tribunal Supremo de Alaska ha fallado que la secesión de Alaska es claramente inconstitucional y por ello consideró correcta la decisión de prohibir una consulta sobre la independencia de Alaska.

En el capítulo 11, con ejemplos como este, veremos con detalle cuál es la posición de la comunidad internacional con respecto al derecho a la autodeterminación.

Asimismo, Oriol Junqueras está seguro de que, como consecuencia del ejercicio de ese derecho democrático practicado "en cualquier lugar del mundo”, la UE aseguraría la permanencia en ella de Catalunya en el caso de separarse de España.

Digan lo que digan los tratados, Oriol Junqueras lo tiene claro, rotundamente claro:

Ariadna Oltra: ¿No quedaría Catalunya fuera de la UE en caso de independencia?

Oriol Junqueras: No quedaría fuera, no, claro que no, claro que no. Nosotros somos ciudadanos de la Unión Europea y la Unión Europea avala los derechos democráticos de sus ciudadanos y, por tanto, si nosotros ejercemos democráticamente nuestros derechos, no podemos quedar fuera de un ámbito que avala el ejercicio de estos derechos [32].

A este convencimiento no le han hecho mella las declaraciones oficiales de todas las autoridades comunitarias advirtiendo que Catalunya, o Escocia o cualquier nuevo Estado que surgiera en Europa, tendría que solicitar la adhesión a la UE, de la que no sería automáticamente miembro.

Junqueras ha considerado esas advertencias como intolerables amenazas, y no le han despertado el menor atisbo de duda. La única respuesta ha sido del tipo: "Aixó ja ho arreglarem".

Junqueras tampoco ve ninguna razón para que se vieran afectadas las inversiones internacionales en Catalunya, o la domiciliación en su territorio de multinacionales que desde aquí atienden a la demanda del mercado español.

La siguiente cita muestra cuán convencido está de ello, aunque no aporte razones más poderosas que las de su íntimo convencimiento: "No me preocupa una posible marcha de empresas. Me preocuparía si pensase que puede suceder. Pero como estoy convencido de que no sucederá sino que sucederá justo lo contrario, ¿cómo me voy a preocupar? Insisto, los mercados son globales” [33]. Debe de ser muy confortable sentirse tan seguro de lo que se cree. Pero las más firmes e interesadas creencias no cambian la realidad.

Por lo que respecta al tercer argumento, el del ejemplo, Junqueras pone el énfasis en su voluntad de integración a través del afecto que hay que mostrar a los ciudadanos. Con él se crean vínculos y se construye una comunidad nacional y un país libre: "El mejor argumento que tenemos es el ejemplo del día a día, nuestro compromiso, nuestro esfuerzo [...] querer a la gente es más importante que ser independentista, [...] si los queréis mucho, se sentirán queridos, querrán lo que vosotros queréis y querrán hacer con vosotros un país libre” [34].

La voluntad de integración es básica para convencer a los que no comparten naturalmente sus convicciones, de que la independencia es buena para todos: "Si mis conciudadanos de Sant Vicenç deis Horts [...] se sienten queridos, reconocidos, están dispuestos a confiar en ti [...] y a pensar que cuando les dices que la independencia es buena para todos, pues a lo mejor es verdad” [35].

Oriol Junqueras sabe muy bien que solo con los que la desean por sus sentimientos identitarios no hay ni mayorías ni fuerzas suficientes para conseguirla. Para conseguirla hay que ser mayoría. Y para ello hay que, por una parte, crear sentimientos de agravio, y, por otra, hacer creer en sus beneficios económicos y acercarse a la gente con voluntad integradora.

Y así lo explica en referencia a su práctica política en Sant Vicenç: "Ganamos porque somos muchos [...] y para ser muchos hay que acercarse a la gente [...] en nuestras listas está el vicepresidente de la peña del Madrid y el de la del Barça, el de la colla sardanista y el de la peña de Amigos del Flamenco, el de la casa de Andalucía y cofrades de la Cofradía del Cristo Redentor de la Salud y de Nuestra Señora de La Soledad en la Compañía de la Buena Gente de Granada. Y si no, no ganaríamos”.[36]

Ciertamente, Junqueras ha mostrado una admirable capacidad para integrar distintos sectores de la sociedad en su candidatura. No obstante, es posible que no todos los que le voten sean independentistas, como ha ocurrido en otros casos. Por ejemplo, Alex Salmond, el líder del Scottish National Party (SNP), resultó elegido en su circunscripción electoral con el 64,5% de los votos en 2011. Su partido ganó la mayoría absoluta y lideró el proceso independentista que culminó en el referéndum de 2014. No obstante, su propio distrito electoral votó en un 60% contra la independencia.

Además, hemos constatado que Junqueras a veces adorna sus argumentos acerca de su buena gestión con datos que no son ciertos. Acabemos este recorrido comentado por su ideario, con un ejemplo sacado de uno de sus temas preferidos, la mejora de la educación y la igualdad de oportunidades en San Vicenç: "La clave de Sant Vicenç dels Horts y del país está en la educación. Por ejemplo, este año pasado tenemos el 3% de los premios extraordinarios de bachillerato [...] con 28.000 habitantes tenemos el porcentaje que corresponde a 225.000 habitantes” (225 000 es el 3% de los habitantes de Catalunya) [37].

Impresionados por un resultado tan espectacular, hemos intentado contrastarlo. Junqueras hizo estas declaraciones en 2014. La lista de ganadores de los premios extraordinarios de la Generalitat se publica en el Diari Oficial de Catalunya. En los últimos cinco años, del curso 2009/10 al 2013/14, según lo publicado en la web de la Generalitat ninguno de ellos ha estudiado en un centro de Sant Vincenç dels Horts. El número de estudiantes premiado cada año ha sido: 8,9, 21, 23 y 26. En ningún año el 3% de los premiados llega a ser un solo estudiante.

Da la sensación de que el señor Junqueras cuenta lo que le conviene movido más por el deseo y la imaginación que por rigor aritmético. Utiliza argumentos expuestos con convicción y aplomo, abusando a veces de la falta de conocimiento de sus interlocutores, pero que no son ciertos. Son puros cuentos. Tanto en lo que se refiere a las cifras macroeconómicas, a los ritmos de crecimiento y al Derecho constitucional comparado, como a la realidad que le es más próxima y mejor debe conocer.

Se lo mostraremos con más detalle en los siguientes capítulos de este libro.

ARTUR MAS

P

or extracción social, formación profesional, motivación y trayectoria política, Mas y Junqueras son dos personalidades completamente diferentes.

Frente a la independencia, también el caso de Mas es diferente del de Junqueras. Es el caso de alguien que ha estado permanentemente entre dos aguas. Su independentismo es una actitud sobrevenida. Justificada, según él, por hechos concretos. Entre ellos, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y el rechazo de Rajoy al "pacto fiscal”. Pero, sobre todo, por el tacticismo de ponerse al frente de las manifestaciones del 11 de septiembre para encauzarlas y evitar ser arrollado por ellas. Calculando que, si aparecía como el primero en apelar a la "voluntat del poblé", o al menos el que tiene el altavoz institucional más potente, el "poble" le correspondería con mayorías parlamentarias.

Ese cálculo se ha demostrado erróneo. Pero hay procesos que, una vez iniciados, son muy difíciles de controlar. Y ahora resulta que los que pretenden ser los representantes del "poble" le querían negar hasta un lugar en sus listas electorales. Cuánta ingratitud.

Por un lado, desde las filas soberanistas le han tildado de independentista por mero cálculo electoral. Con tanta más intensidad cuando menos parecía dispuesto a seguir sus exigencias de procedimiento y calendarios. Y trocando las críticas por aplausos cuando las aceptaba.

Por ejemplo, el 10 de abril de 2011 se organizó en Barcelona un referéndum sobre la independencia organizado por voluntarios en el que participó Mas. Forcadell, entonces presidenta de la ANC, opinó que: "El presidente Mas no quería ir a votar [...] pero fue porque vio que obtendría más rendimiento electoral yendo que no yendo” [38].

Por el otro lado, Miquel Roca i Junyent, cofundador y ex secretario general de CDC y uno de los siete ponentes de la Constitución española, le ha recriminado de forma más o menos explícita haber perdido la iniciativa política con consecuencias imprevisibles:

A raíz del golpe de Estado del 18 de julio del 36, la acción política cedió el protagonismo a los movimientos sociales anarquistas. Y también, más recientemente, en el traspaso del franquismo a la democracia, la movilización ciudadana tuvo una dirección política liderada por los partidos y las fuerzas organizadas de vocación institucional y de gobierno. Obviamente, las consecuencias de cada estrategia fueron y han sido muy distintas.

En el momento actual no queda claro cuál es la estrategia dominante, quién lidera lo que está pasando. A veces podría dar la sensación de que, desde el mundo político, lo que se hace es ir a remolque de la iniciativa social. La calle lidera, la política sigue [39].

Sin embargo, sin declararse a favor de la independencia, Artur Mas siempre ha aspirado a conseguir la "plenitud nacional de Catalunya”. Así se constata leyendo lo que decía en 2002 cuando Jordi Pujol lo designó como sucesor y en 2010 cuando tomó posesión como president de la Generalitat.

A finales de 2011 aún no creía que tuviera sentido liderar un proceso independentista, debido al riesgo, en su opinión, de fracturar la sociedad catalana en dos. Por eso, en su lugar, priorizaba un acuerdo financiero bautizado como el "pacto fiscal”: "El pacto fiscal es el camino. ¿O qué iremos a hacer ahora, un planteamiento a corto plazo, que además de todos los problemas que tenemos dentro de Catalunya, nos parta, nos divida el país en dos” [40].

Sin embargo, en una posterior entrevista con Josep Cuní, Mas decía que era ya independentista desde julio de 2010, a consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2010, es decir, un año y medio antes de la anterior cita [41].

En realidad, Artur Mas pasó de proponer el pacto fiscal a la consulta justo después de la manifestación del 11 de septiembre de 2012: "Después de las elecciones [autonómicas del 25 de noviembre de 2012], una de mis tareas será explicar a diferentes gobiernos en Europa y del mundo la necesidad de organizar algún tipo de referéndum para preguntar al pueblo catalán sobre nuestro futuro colectivo” [42].

Como president de la Generalitat, Mas también ha defendido la excepcionalidad del déficit fiscal de Catalunya, que sitúa en el 8% de su PIB, decimal más o menos: "Ningún territorio europeo tiene un drenaje fiscal del 8,10% como Catalunya” [43].

En junio de 2012, en una entrevista en el canal en español de la CNN, Artur Mas decía que: "Si Catalunya no tuviese un déficit fiscal tan grande con España, de 20.000 millones de dólares anuales, en dos o tres años podríamos liquidar totalmente nuestra deuda” [44].

Mas está convencido de que esa cifra estaría disponible para disminuir el endeudamiento de la Generalitat. Es posible que lo crea sinceramente, porque no entienda cómo se ha calculado esa cifra. Lo que sería dudoso en un exconseller de Economía. O es posible que lo sepa perfectamente y cuente las cosas como le convienen. Pero, como veremos después, lo que dice no es cierto.

Cuando proponía el pacto fiscal, que no es otra cosa que aplicar a Catalunya la excepcionalidad de los sistemas de concierto económico del País Vasco y Navarra, también lo hacía para acabar con unas transferencias excesivas al resto de España y aproximarnos a la situación alemana: "Tenemos un déficit fiscal del 8 o del 9% de nuestra riqueza anual, del PIB, [...] no debería ir más allá del 4% que es lo que tienen más o menos los territorios más ricos por ejemplo de Alemania” [45].

Fíjense que Mas también utiliza el supuesto límite del déficit fiscal de los länder alemanes como argumento. Junqueras y Mas, y casi todo el mundo, siempre han usado el ejemplo de Alemania como el patrón de referencia para justificar que Catalunya sufre un "expolio fiscal”, así como modelo al que habría que parecerse. La reiterada utilización de este argumento merece que dediquemos un capítulo a su análisis.

Mas también ha asumido el argumentarlo político acerca del derecho a la autodeterminación, nunca llamado por su nombre. Y, cómo no, también apelando al argumento de autoridad que significa Obama, tergiversando su discurso en la ONU acerca del derecho a la autodeterminación: "El 25 de septiembre de 2012, el presidente Obama habló de autodeterminación diciendo: 'Nosotros creemos que la libertad y la autodeterminación son valores universales y no exclusivos de una cultura’” [46].

En el capítulo 11 veremos como, en ese discurso [47], Obama se refiere exclusivamente a los países árabes sometidos a regímenes dictatoriales. Y también veremos como el gobierno de los EE UU hizo lo posible y diplomáticamente aceptable para ayudar al gobierno de Canadá a oponerse a la independencia de Quebec.

En resumen, a día de hoy, Junqueras ha conseguido que sus razones a favor de la independencia se consideren incuestionables en el debate político catalán y que Mas asumiese la práctica totalidad de las mismas ante su base electoral provocando la ruptura de la antaño mayoritaria coalición de CiU.

CAPITULO 2

LA NARRATIVA INDEPENDENTISTA

C

on argumentos como los de Mas y Junqueras, se ha construido una narrativa para justificar la demanda de independencia y explicar sus efectos positivos.

Ese argumentario-narrativa ha sido insistentemente repetido. Y ampliamente aceptado por una parte importante de la sociedad catalana.

Hasta fecha reciente, pocas han sido las voces que se han atrevido a cuestionarlo, porque en Catalunya no es fácil romper "la espiral del silencio” creada a favor de la secesión. Utilizamos esta expresión en el sentido de aislamiento de las personas que no comparten las posiciones mayoritarias, que le da la socióloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann en su obra La espiral del silencio. La opinión pública y nuestra piel social [48]. El mismo fenómeno se observó en Quebec y Escocia.

A continuación resumimos esta narrativa en 20 puntos, en los que el lector catalán reconocerá fácilmente los argumentos que se utilizan a favor de la independencia. En el resto de España son menos conocidos y comprendidos. Por eso creemos que exponerlos de forma estructurada será también de utilidad para los lectores no catalanes, que así podrán entender mejor las motivaciones, estén o no bien fundadas, que impulsan la demanda de independencia.

I. Argumentos políticos: la soberanía y el derecho a decidir aceptado en los países democráticos avanzados.

1. Por razones históricas y por la voluntad de sus ciudadanos, Catalunya es un ente política y jurídicamente soberano, que tiene derecho a decidir democráticamente su futuro. Este derecho fundamental de los pueblos está recogido en la Carta de las Naciones Unidas, y reconocido por los grandes países democráticos como los EE UU.

2. Por ello, la comunidad internacional apoyará la independencia de Catalunya si es democráticamente reclamada por los catalanes. Y cualesquiera que sean las circunstancias de esa independencia, el nuevo Estado será reconocido y admitido sin problemas en las Naciones Unidas.

3. La independencia no implicará que Catalunya salga de la UE. Ya es parte de ella y ya cumple con todos los requisitos que se exigirían a un nuevo Estado miembro. Digan los que digan los tratados, Catalunya es demasiado importante para Europa como para que puedan prescindir de ella. Se acabará encontrando una solución política y mientras tanto "la UE no se atreverá a expulsarnos”.

4. La independencia es la única solución. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut ha demostrado que todos los intentos de encontrar un encaje político y económico de Catalunya en España acaban fracasando, porque el Estado español, de matriz castellana, no quiere aceptar la existencia de realidades nacionales diferentes, ni limitar la excesiva aportación de recursos que Catalunya hace a España.

5. Con la independencia, Catalunya también sería más plena. Dispondría de capacidad legislativa para realizar las políticas que permitan a los catalanes aspirar al nivel de vida de los escandinavos, que es el que le correspondería por su potencial económico y su capacidad de autogobierno. Además, podría desarrollar mejor su identidad nacional, evitando tener que estar defendiéndose constantemente de los ataques del Estado español a la lengua y la cultura catalanas.

II. Argumentos económicos.

II.I Catalunya sufre el mayor expolio fiscal del mundo.

6. Es habitual que los gobiernos de los países federales, o de estructura compuesta como es el caso de España, calculen y publiquen la "balanza fiscal” de cada territorio con la Administración central.

7. Esa práctica, generalizada en todo el mundo democrático, aporta transparencia y permite medir y limitar razonablemente el esfuerzo de solidaridad entre los territorios de un sistema político descentralizado. En cambio, el gobierno español se ha resistido a hacerlo y solo calculó las balanzas fiscales para el año 2005 bajo la presión de la Generalitat. La razón es evitar que se conozca la verdad sobre la aportación de Catalunya al Estado.

8. Según demuestra el cálculo de las balanzas fiscales efectuado por la Generalitat, si Catalunya fuera independiente, podría disponer cada año de unos 16.000 millones de euros adicionales (aproximadamente el 8% del PIB de Catalunya, aunque en ocasiones se eleva esta cifra al 9 o el 10% del PIB).

9. Este déficit es "permanente” o "inmutable” y se produce todos los años, independientemente de cuál sea la coyuntura económica.

10. Con esos 16.000 millones de euros, que estarían disponibles inmediatamente, se habrían evitado los recortes presupuestarios impuestos por las políticas de austeridad, o se podría haber amortizado parte de la deuda de la Generalitat, a su vez causada por los excesivos déficits fiscales de años anteriores.

11. Catalunya sufre un expolio fiscal porque la comparativa internacional con las balanzas fiscales de los demás países demuestra que el 8% del PIB es el doble que en casos similares, en particular en los länder alemanes. Esta es una situación que no tiene parangón en Europa ni en el mundo, y por eso se puede decir que "España nos roba".

12. Ese gran desequilibrio en la balanza fiscal de Catalunya se debe, entre otras razones, a que Catalunya está sistemáticamente penalizada por la falta de inversión estatal en su territorio.

13. En Catalunya no se respeta el llamado "principio de ordinalidad” como lo define y exige el artículo 206.5 del Estatut d'Autonomia. Según este principio, las transferencias interterritoriales deben limitarse para que los territorios más ricos no acaben siendo más pobres que los receptores de su esfuerzo solidario. Pero resulta que, después de transferir recursos a la Hacienda central y a las demás comunidades autónomas, Catalunya retrocede en la ordenación (el ranking) de las comunidades autónomas según su renta per cápita. Y eso no ocurre en los demás países, de nuevo en particular no ocurre en Alemania, donde la legislación obliga a respetar ese "principio de ordinalidad”.

14. Para acabar con esta injusta situación, habría que aplicar en Catalunya el sistema foral del País Vasco o el de Navarra, que es mucho más beneficioso para esas comunidades. Pero el gobierno español ha rechazado tajantemente la propuesta en este sentido de un "pacto fiscal” que le hizo el presidente Mas en septiembre de 2012.

II. II La independencia no tendrá consecuencias negativas y sí muchas positivas.

15. El superávit del sistema de pensiones, que actualmente se dedica a cubrir el déficit generado en otros territorios, permitiría aumentarlas en un 10%. El sistema eléctrico catalán, dotado de grandes potencias nucleares e hidráulicas, permitirá una electricidad más barata. Y con una economía más competitiva, bajaría el paro y se podrían subir los salarios.

16. Para salvaguardar los intereses de las multinacionales establecidas en Catalunya, la UE forzará la permanencia en ella y en el euro. En el peor de los casos, propondrá una fórmula transitoria durante la cual todo continuaría igual a efectos prácticos.

17. Los bancos catalanes tampoco tendrán ningún problema porque seguirán recibiendo financiación del Banco Central Europeo (BCE) a través de sus filiales situadas fuera de Catalunya.

18. Tampoco tendrá ningún efecto sobre ellos el hecho de que la mayor parte de su negocio lo realizan fuera de Catalunya, y la mayoría de sus clientes y depositantes se encuentren fuera de su territorio.

19. El "efecto frontera” con el mercado español, que es el cliente más importante de Catalunya, sería escaso y transitorio. En realidad no habría ninguna nueva frontera física, porque seguiríamos siendo miembros de la UE. Y las fronteras psicológicas se desvanecerían enseguida, dados los intensos vínculos afectivos que hay entre Catalunya y el resto de España, que para nada se verían afectados. Más bien se reforzarían desde la relación de buena vecindad en la que las dos partes tendrían interés.

20. Igualmente, en un mundo globalizado como en el que vivimos, no habría razón para que se vieran afectadas las inversiones internacionales en Catalunya, o la domiciliación en su territorio de multinacionales que desde aquí atienden a la demanda del mercado español.

Esas 20 razones son un conjunto muy poderoso. De ser ciertas y bien fundadas, la independencia sería una opción atractiva también para los catalanes en los que convive el doble sentimiento de pertenencia a Catalunya y España. Por eso han sido utilizadas de forma tan insistente.

Pero surge de nuevo la pregunta fundamental que nos hacíamos en el capítulo introductorio de este libro. ¿Qué hay de cierto en esta narrativa que se cuenta a favor de la independencia? ¿Cuán solventes son los cálculos que se usan para justificarlos?

Estas son las cuestiones que pretendemos analizar en los siguientes capítulos.

De entrada, como explica Gavin McCrone en su libro Scottish Independence: Weighing Up the Economics [49], sobre las implicaciones económicas de la independencia de Escocia, hay que desconfiar de los titulares que aseguran que la independencia producirá una ganancia, o una pérdida, concretada en una cifra redonda e impactante como los 16.000 millones de euros. Detrás suele haber hipótesis heroicas y unas cuentas mal contadas. Y también se basan en la hipótesis de que todo seguirá igual, cuando la característica más importante de estos procesos es la gran inestabilidad que generan.

Y hay que verificar historias como la de las balanzas fiscales alemanas, que al final resultan carecer de todo fundamento. Esta es una falsedad de tamaño tan colosal que sorprende que se haya podido mantener tanto tiempo. A demostrarlo dedicaremos el siguiente capítulo.

Creemos que esa narrativa contiene muchas otros errores, cuando no falsedades. Pero también queremos dejar claro que no compartimos el reparo que se suele hacer a la independencia de Catalunya, basado en su supuesta inviabilidad como Estado.

No compartimos esa objeción, pero hay que ponerla en una perspectiva histórica.

Si la Historia, con mayúsculas, hubiera sido otra, Catalunya podría hoy quizás ser un departamento francés; ya lo fue, en 1640, cuando en guerra con los Austrias del Conde-Duque de Olivares se separó de la monarquía hispánica y pasó unos años bajo los Borbones franceses. O quizás una Holanda del Mediterráneo como un nuevo Estado dentro de la UE, de cuya viabilidad no tendríamos ninguna duda.

Hoy en la UE conviven Estados con medio millón y con ochenta millones de habitantes, con rentas per cápita de entre 6.000 y 45.000 euros (sin contar con la excepción de Luxemburgo) y con deudas entre el 10 y el 180% de su PIB. Trece son más pequeños que Catalunya, algunos mucho más endeudados y con rentas per cápita mucho más bajas.

Por tanto, si mañana Catalunya pudiese amanecer por encanto como un nuevo Estado miembro de la UE y sin alteraciones graves en las condiciones de su contorno económico-financiero-jurídico-internacional, sería un Estado perfectamente viable; más viable que muchos otros.

Pero, como dice Duran i Lleida, estamos donde estamos. Y hemos de analizar el futuro desde el presente y tener muy en cuenta los costes de transición hacia una situación diferente. Creemos que esos costes serían muy altos y no compensarían ni las oportunidades que se perderían, ni los hipotéticos beneficios que se podrían obtener.

Por ello, antes de empezar a descubrir los cuentos bajo las cuentas, queremos dejar claro que, en nuestra opinión, la respuesta a la narrativa independentista no puede ser una cuestión de viabilidad, sino de conveniencia. De si vale la pena incurrir en los costes de transición asociados a la construcción de un nuevo Estado, o si hay soluciones más eficientes a los problemas del encaje de Catalunya en España, y a la vez a los que preocupan a los ciudadanos: el empleo, oportunidades de desarrollo personal y los derechos sociales; y a las empresas: la competitividad en un mundo abierto y global.

CAPÍTULO 3

EL CUENTO DE LAS BALANZAS FISCALES ALEMANAS

E

l 1 abril de 2011, el señor Oriol Junqueras dirigió una carta a todos los eurodiputados, diciéndoles:

Como usted sabe, por decisión del Tribunal Constitucional, en Alemania las transferencias entre regiones están limitadas al 4,5% del PIB regional. [...] En cambio, a Catalunya, España le deduce anual mente un 10% de su PIB. Le pedimos que nos ayude a presionar a España para eliminar el déficit fiscal que afecta a Catalunya por el bien de la economía europea [...] la asfixia económica de Catalunya significa, sin ninguna duda, la asfixia económica de Europa [50].

Como en otras ocasiones, Junqueras explica, esta vez a los representantes de todos los países europeos, que a Catalunya la pertenencia al Estado español le cuesta cada año más del doble de lo que le costaría si fuera un land alemán, cuyo esfuerzo de solidaridad territorial estaría, según él, limitado al 4,5% de su PIB. Una buena forma de describir la grave "asfixia económica” que sufre Catalunya. Tan grave que implicaría, ni más ni menos, la "asfixia económica de Europa”.

El 17 de febrero de 2012, Mas insistía en este argumento, en declaraciones al periódico Le Monde: "España drena una parte desproporcionada de nuestros recursos. Cada año, el déficit fiscal de Catalunya [...] es de entre 8% y 9% de nuestro PIB. En Alemania, el déficit de los "länder" se limita al 4%. Es eso lo que pedimos” [51].

Las cifras varían: para Junqueras, el protector límite alemán es el 4,5%, para Mas es el 4%, la contribución de Catalunya a España es el 10% para Junqueras y entre el 8 y el 9% según Mas. Pero el argumento es el mismo y expresado de forma muy clara: lo que pedimos para Catalunya es que se la trate como Alemania trata a sus länder.

Junqueras y Mas no han sido los únicos en utilizar este argumento. Llenas están las hemerotecas de declaraciones al respecto de muchos líderes políticos catalanes, incluidos algunos del PSC. Uno de los que más pronto lo utilizó, con precisiones que le daban la apariencia de saber de lo que hablaba, fue Jordi Pujol: "El caso más claro y más digno de atención —entre otras cosas porque el sistema funciona bien es— Alemania, donde el déficit fiscal de los "länder", con más PIB y más renta per capita, como es el caso de Baviera y Baden-Wurtemberg, —son los "länder" llamados 'Geldgeber’, es decir, contribuyentes— no puede ser superior al 4% de su PIB” [52].

Duran i Lleida, por entonces presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, el 2 de febrero de 2014 escribía en su blog: "Hagamos como en Alemania. En Alemania las balanzas fiscales se publican con una periodicidad anual y no dan miedo a nadie” [53].

En buena lógica debería ser así, porque sin calcular las balanzas fiscales no se sabe cuál es el déficit fiscal. Y, ¿de qué serviría establecer un límite sobre una variable cuyo valor no se conoce? Ante tanta unanimidad y machacona repetición del argumento, utilizado en casa y en prestigiosos foros y medios de prensa internacionales, todo el mundo en Catalunya lo ha dado por bueno. Y se ha reclamado que imitásemos las balanzas fiscales alemanas, que son la forma de dar transparencia a la distribución territorial de los recursos.

Pero resulta que las famosas balanzas fiscales alemanas simplemente no han existido nunca. Y tampoco ha existido ningún límite, ni constitucional ni en ninguna otra norma, al déficit fiscal de los länder.

Antes de llegar a esta conclusión, intentamos encontrar alguna publicación del gobierno alemán sobre las balanzas fiscales de sus länder. Oyendo el coro de expertos y de responsables políticos, creíamos que en alguna parte se debían poder consultar. Su publicación, supuestamente con periodicidad anual, debía ser una fecha relevante y encontraríamos el eco en la prensa del debate público que esos datos debían lógicamente producir. Incluso consultamos la programación de TV3, para asistir a su publicación en directo.

Pero no encontramos ni rastro. Y como tampoco encontramos ninguna norma que fijase un límite al déficit fiscal de los länder con la hacienda federal, decidimos consultar a la embajada de la República Federal de Alemania en España. Y esta nos confirmó que ni existían las balanzas fiscales ni ningún límite al déficit fiscal de los länder.

El embajador alemán en España, el señor Reinhard Silberberg, tuvo la amabilidad de contestar a nuestra petición de información, y en carta del 23 de diciembre de 2013, textualmente nos dice que "después de haber consultado todas las fuentes legales, no hemos podido encontrar que exista el límite del 4,5% para el déficit fiscal de los länder que usted menciona en su escrito”.

Y en cuanto a las balanzas fiscales, la respuesta es que "el gobierno federal no realiza división alguna por länder de los gastos de los presupuestos federales”. Y sin territorializar el gasto federal, no se pueden calcular las balanzas fiscales.

Antes de eso ya se habían oído, para quien quisiera oír, algunas voces alemanas advirtiéndonos de la falacia. Klaus-Jürgen Nagel, profesor del departamento de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, en la revista Eines, publicada el verano de 2013 por la Fundació Josep Irla (el think thank de ERC) dice: "Quizás un lector catalán se sorprenda de que no se hayan calculado las balanzas fiscales en Alemania por ningún método” [54].

El profesor Nagel es igualmente claro en cuanto al supuesto límite: "En la discusión sobre el déficit fiscal catalán, de forma muy frecuente, se utiliza el ejemplo alemán. Se afirma incluso que en la Alemania federal la solidaridad tiene límites. ¡Y alguien se atreve a fijar este límite en un 4% del PIB per cápita! [...] nunca ha habido ninguna cifra que limite la solidaridad y menos en vinculación con el PIB” [55].

Así pues, por difícil que resulte creerlo, el 4%, o el 4,5% que Mas utilizaba para justificar su pacto fiscal y Junqueras para reclamar el socorro de Europa, la comparación en la que se ha basado buena parte del discurso del agravio (¡pedimos que se nos trate como si fuésemos alemanes!), es una pura invención, un cuento que nada tiene que ver con la realidad.

Le parecerá increíble que eso haya podido ocurrir. Cómo es posible, se preguntará el lector, que dos presidentes de la Generalitat, solemnemente, en importantes tribunas académicas y mediáticas, cometan errores (¿errores?) tan vulnerables.

Pujol, Mas o Junqueras no tienen que ser expertos en Derecho constitucional alemán, pero se supone que tienen quien les asesora. Y ¿tan mal asesorados están? ¿Es ignorancia o ganas de engañar? Francamente, no podemos imaginar que hayan falseado deliberadamente la realidad, por mucho que ese cuento jugara a favor de sus cuentas. Pero, entonces, ¿quién se ha inventado y les ha contado esa historia por ellos propagada con tanta seguridad?

¿Cómo puede ser que durante más de 5 años se hayan paseado por el mundo explicando, con cara de quien se lo sabe todo, verdaderas falsedades sobre cómo funciona el sistema de financiación territorial en Alemania, utilizándolas como irrefutables argumentos que crean sentimientos de injusticia y agravio? ¿Cómo es que se ha tardado tanto tiempo en descubrir el engaño?

Si alguna voz crítica ha habido, se ha perdido en medio del apabullante concierto mediático. Por ejemplo, la del corresponsal del diario Ara en Berlín, en su artículo titulado "El falso espejo de las balanzas fiscales alemanas”, publicado el 9 de abril de 2011, en el que dice que "CiU y ERC hacen paralelismos entre la financiación de los "lánder" y el autonómico, pero tienen poco que ver” [56].

Creemos que, en otros países democráticos, esa agraviante narrativa no habría sobrevivido tanto tiempo sin que se pusieran en evidencia las falacias en las que se basaba.

Después de la entrevista citada de Josep Borrell con Mónica Terribas, argumentando que ni existían las balanzas fiscales alemanas que debíamos imitar, ni existía ese límite que servía de agraviante comparación, no hemos detectado que ese argumento se haya vuelto a utilizar.

Preguntado al respecto por Xavier Sardá en marzo de 2014, Junqueras se ha refugiado en la duda ecléctica:

Xavier Sardá: ¿Usted cree que el gobierno alemán publica las balanzas fiscales?

Junqueras: Imagino que sí. En cualquier caso, para resolver la duda le pondré en contacto con las personas de ERC especialistas en la materia [57].

Lo imagina. Es decir, en 2011 Junqueras escribía alarmado a todos los eurodiputados, sin estar seguro de lo que decía. Y en 2014, a pesar de que en el número de la revista de su propio think tank de verano de 2013 se afirmaba lo contrario, aún tenía dudas.

En cualquier caso, no le hemos vuelto a oír citar esa agraviante comparación, que tanto había utilizado para convencer de las ventajas de la independencia. Tampoco los medios han rebatido ese mito con la intensidad con la que contribuyeron a propagarlo y su eco pervive en el imaginario colectivo.

Es de señalar que algún académico catalán, como los profesores Germá Bel [58] y Marta Espasa [59], habían reconocido que Alemania no calcula las balanzas fiscales, aunque a continuación argumentan que no lo hacen porque no lo necesitan.

La profesora Marta Espasa justifica que los alemanes no calculen las balanzas fiscales con el increíble argumento de que "la redistribución entre los distintos 'länder’ no la hace el gobierno central, se hace entre ellos, es lo que se denomina la nivelación horizontal; no actúa el Gobierno central” [60].

La realidad es muy distinta. Como asegura el profesor Nagel, "Alemania representa un caso de solidaridad interterritorial muy extremo, mucho más que otros Estados federales incluyendo los que cuentan con un desarrollado estado del bienestar” y su sistema de financiación alemán incluye "subvenciones directas del gobierno a los 'länder’ pobres que pueden cambiar la ordinalidad [61] y efectivamente lo hacen”.

La realidad es que el gobierno alemán, como cualquier otro, redistribuye la renta por todo el país cuando paga las pensiones, construye carreteras, transfiere fondos a institutos de investigación, entrega las mencionadas subvenciones directas y con todas y cada una de las acciones de su labor diaria. La razón de ser de cualquier Estado es precisamente redistribuir.

Entonces, ¿cómo puede ser que la profesora Espasa diga que no interviene el gobierno central alemán?

El profesor Nagel identifica con claridad la fuente de su error: "Con frecuencia se confunde una parte del sistema de financiación alemán, la nivelación horizontal, con la totalidad del sistema”.

La "nivelación horizontal” consiste, efectivamente, en transferencias entre los länder, pero tienen una importancia muy pequeña en el conjunto del sistema (en 2011 solo fueron 7.3oo millones de euros para toda Alemania). Confundirla con el conjunto del sistema de financiación lleva a cometer un error de apreciación de gran importancia y a la absurda conclusión de que el gobierno central "no actúa”.

Por su parte, el profesor Bel asegura que si bien no existe ningún límite legal al déficit de los länder, "en la práctica, ese límite del cuatro y pico por ciento se cumple” [62]. ¿Nos preguntamos cómo se podría verificar que el déficit fiscal esté o no por debajo de un cierto límite, el 4%, el 4,5% o cualquier otro, si las balanzas fiscales no se calculan? El 17 de julio de 2012, el Financial Times informó de que el ministro de Finanzas de Baviera, Markus Sóder, estimaba que "al menos el 15% de los impuestos pagados por Baviera va a los "länder" más pobres” [63]; como Alemania recauda el 40% de su PIB [64] en impuestos (siendo el porcentaje en Baviera probablemente superior), Baviera transfiere al menos el 6% de su PIB a los "länder" más pobres (el 15% del 40%). Y como el gobierno federal también gasta e invierte en los otros "länder" ricos y en el extranjero (en embajadas, en transferencias a la UE, etc.), el déficit fiscal de Baviera es necesariamente muy superior al 6% del PIB (medido de forma equivalente a como la Generalitat mide el 8% de Catalunya).

Aunque Jordi Pujol piense que el sistema alemán "funciona tan bien”, también tiene sus problemas. Como en casi todas partes, también en Alemania las regiones ricas utilizan políticamente sus déficits fiscales. Si estuviesen tan limitados constitucionalmente, no tendría razones de queja como las de Horst Lorenz Seehofer, que gobierna en Baviera desde 2008.

Seehofer declara que el sistema es "injusto” [65] y "grotesco” [66]; "¿cómo puede ser que los Estados ricos se tengan que endeudar para hacer transferencias a los Estados pobres? [67]”; "queremos un sistema equitativo que asegure la cohesión que recompense a los que se esfuerzan y penalice a los ociosos con mentalidad receptora” [68].

Volker Bouffier, que dirige el land de Hesse desde 2010, describe su decisión de llevar el sistema de financiación al Tribunal Constitucional como "un acto en defensa propia política” [69].

Pues menos mal que en Alemania el sistema funciona tan bien. Esta comparación con Alemania no es una cuestión anecdótica. Al contrario, como hemos visto, ha sido el argumento estrella utilizado por lo independentistas para justificar el "expolio fiscal” que sufre Catalunya.

CAPITULO 4

NOMBRAR Y CONTAR: CONCEPTOS Y VARIABLES

A

ntes de entrar en cuestiones más complejas, es necesario tener claras las formas de nombrar y de contar. Es decir, definir el significado de los conceptos y variables que vamos a utilizar, como método monetario, carga-beneficio o neutralización del déficit. Así evitaremos que las cuentas se conviertan en cuentos.

La balanza fiscal de un territorio mide los ingresos que dicho territorio aporta a la Administración central del Estado del que forma parte (impuestos y cotizaciones sociales) y los beneficios que recibe de esta (transferencias, pensiones, inversiones o servicios públicos).

Pongámonos de acuerdo con los signos. Si el saldo de la balanza fiscal lo definimos como los beneficios recibidos menos los ingresos aportados, cuando el territorio aporta más de lo que recibe, el saldo de la balanza es negativo y se produce un déficit fiscal; cuando el territorio recibe más de lo que aporta, el saldo es positivo y hay un superávit.

La financiación autonómica fija la cuantía y las fuentes de los ingresos con los que se financian las competencias transferidas o las nuevas actividades que las comunidades autónomas han decidido desarrollar. Pueden provenir de los tributos cedidos total o parcialmente, de transferencias de la Administración central y/o de otras comunidades y de los tributos que hayan creado ex novo.

El beneficio fiscal de la independencia de un territorio es la diferencia entre los recursos que obtendría si se independizase, y por tanto se quedase con todos los impuestos y cotizaciones pagados por sus ciudadanos, y el coste de los servicios que le prestaba el Estado al que pertenecía. Aunque se suelen mezclar y confundir, son tres conceptos diferentes.

En particular, se suele asimilar el déficit fiscal con el beneficio fiscal de la independencia. Pero no son magnitudes equivalentes: la cuantía de su diferencia depende del método utilizado para calcular el saldo de la balanza fiscal y el coste de los servicios estatales que tendría que asumir el nuevo Estado.

Los saldos fiscales negativos se suelen atribuir a una defectuosa financiación autonómica. Pero esta tiene dos partes principales: la mayor son los tributos cedidos que ya no intervienen en el cálculo de las balanzas fiscales; y una parte más pequeña que se distribuye desde la Administración central a través de los fondos del sistema. Estos tienen un impacto menor que otros componentes de las balanzas fiscales, como el gasto en pensiones, subsidios de desempleo e inversiones. En 2010 esas transferencias fueron del orden del 10% del presupuesto total consolidado de la Administración central [70].

Además de por el sistema de financiación autonómica, los déficits o superávits fiscales se pueden producir por varias otras razones.

Por la parte del gasto, porque el gobierno central decida discrecionalmente invertir más en un territorio que en otro; o por el funcionamiento automático de las distintas políticas públicas: por ejemplo, se pagan más subsidios de desempleo donde más paro hay, o más pensiones donde más pensionistas residen y mayores hayan sido sus cotizaciones pasadas. Por la parte del ingreso, es normal que la progresividad del sistema tributario haga que los recursos fiscales que se obtienen en las regiones más ricas sean superiores a los proporcionales a su PIB.

Los saldos fiscales de un territorio dependen de sus niveles de renta y de las políticas redistributivas que se aplican a las personas, y de forma agregada a los territorios. Por ello, las regiones más ricas tienden a tener déficit fiscal. Pero cuando se critica la cuantía de un déficit fiscal, conviene saber a cuál de las causas anteriores se debe. No es lo mismo que sea la consecuencia de la progresividad del sistema tributario; o de la intensidad de las políticas redistributivas; o que se deba a una mala financiación de los servicios transferidos; o a una distribución territorialmente desequilibrada de la inversión estatal.

Tienen razón los que dicen que los impuestos no los pagan los territorios, sino las personas. Y que por eso la solidaridad se debe juzgar en clave personal y no territorial: los ricos pagan más en todas partes y los pobres reciben más en todas partes. Pero no es menos cierto que las personas se agrupan en territorios, y que su potencial de desarrollo está condicionado por las inversiones públicas. Por ello, es también relevante el estudio de la distribución de los recursos públicos en clave territorial, sin que ello encubra un rechazo a la dimensión personal de la redistribución.

También se debe tener en cuenta la evolución temporal de los saldos fiscales. Una balanza fiscal calculada para un solo año no puede recoger los efectos del ciclo económico ni de la ejecución de las inversiones públicas.

TIPOLOGÍA DE LAS BALANZAS FISCALES

E

l cálculo de las balanzas fiscales plantea dos grandes cuestiones metodológicas: la imputación territorial de ingresos y gastos, y la consideración del déficit público estatal.

Según cómo se resuelvan dichas cuestiones, se obtienen distintas balanzas fiscales. Resumamos lo que vamos a explicar a continuación:

1. Hay dos métodos de cálculo de las balanzas fiscales:

• El del "flujo monetario”.

• El de la "carga-beneficio”.

2. Hay dos tipos de balanzas fiscales:

• Las "observadas”.

• Las que se obtienen "neutralizando” el déficit público estatal.

3. Hay varios métodos de "neutralización”:

• Por los ingresos.

• Por los gastos.

• Por diferentes combinaciones del ingreso y del gasto.

• Por la población, etc.

En consecuencia, hay muchas formas diferentes de calcular las balanzas "neutralizadas”, lo que indica el carácter relativo de sus saldos.

Combinando los dos tipos de balanzas antes referidos (la observada y la neutralizada) con los dos métodos de cálculo (el monetario y el de la carga-beneficio) existirían cuatro resultados diferentes para la balanza fiscal de cada año. Pero, además, como habría distintas formas de efectuar la "neutralización” del déficit público estatal, en realidad tendríamos muchos más saldos de la balanza fiscal. Por eso, cuando se cita "la” balanza fiscal, conviene precisar de cuál de ellas se trata y qué método se ha usado para calcularla. De

lo contrario, no sabemos de lo que estamos hablando. Y, como los resultados son muy diferentes, conviene saber interpretarlos bien.

A continuación analizamos en detalle esos conceptos y métodos de cálculo. Nuestra explicación debe mucho a las aportaciones de los profesores Zabalza [71], Barberán [72], De la Fuente y Uriel [73], cuyos trabajos recomendamos para una mejor comprensión de esta materia.

MÉTODOS DE CÁLCULO DE LAS BALANZAS FISCALES

C

alcular lo que un territorio aporta y lo que recibe del Estado del que forma parte es más difícil de lo que parece. Es una tarea técnicamente compleja que requiere un gran volumen de información y precisa hacer muchos supuestos para la imputación territorial de ingresos y gastos.

Además, los resultados son muy sensibles a los criterios metodológicos y a las hipótesis utilizadas para suplir la falta de datos. Algunos ejemplos servirán para comprender por qué las balanzas fiscales distan mucho de ser una ciencia exacta.

¿Cuánto IVA pagan los catalanes? O los manchegos, que para el caso es igual. No hay ningún registro contable que lo diga. El IVA que se ha ingresado en las delegaciones de la Agencia Tributaria de cada provincia puede no tener nada que ver con el soportado finalmente por los ciudadanos de esa provincia.

En la práctica, el IVA soportado por cada territorio se estima por los índices de consumo familiar calculados por el INE. Tanto se ha consumido, tanto IVA se debe haber soportado.

Para el Impuesto de Sociedades también hay que hacer supuestos heroicos para distribuir territorialmente su carga. Se suele repartir en distintas proporciones entre accionistas y consumidores, o según la inversión y el valor añadido bruto del territorio. Pero variaciones razonables en esos supuestos pueden alterar notablemente el resultado.

Por eso, las balanzas fiscales tienen una utilidad relativa. Tanto es así, que no conocemos ningún caso de gobiernos de países federales que calculen sistemáticamente las balanzas fiscales con sus Estados federados (véase el capítulo 8 para un análisis detallado de esta cuestión). Los resultados publicados por la Generalitat de Catalunya no tienen ni la exactitud ni la pertinencia que se les atribuye. Como veremos, varían mucho según los criterios escogidos para territorializar los ingresos y para calcular el beneficio de los gastos públicos.

Por la parte del ingreso, el problema es que en muchos casos no coinciden el que soporta efectivamente la carga de un impuesto y el que está legalmente obligado a pagarlo a Hacienda, ya que este puede trasladar la carga a otro. Por ejemplo, el IVA a la importación de las mercancías que entran por el puerto de Barcelona lo paga el importador en la delegación de la Agencia Tributaria en Catalunya, pero quien acaba soportándolo es el consumidor final del producto importado, que puede estar en Catalunya o en Extremadura. Imagínense la presión fiscal que tendrían los holandeses si se considerase que pagan los impuestos a la importación de todas las mercancías que entran en Europa por el puerto de Róterdam.

Por la parte del gasto, tampoco coincide siempre la residencia de los beneficiarios de un servicio público y el lugar donde ese servicio se produce. Por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores está en Madrid, pero también beneficia a los inversores que residen en Catalunya. La Escuela Judicial está en Barcelona y la de suboficiales en Talarn (Lleida), pero los servicios públicos de justicia y de defensa que contribuyen a producir, no benefician solo a los catalanes.

Para enfrentarse a esos problemas, se han diseñado básicamente dos métodos: el llamado del "flujo monetario”, que proviene del enfoque cash flow que aquí llamaremos "monetario” a secas; y el método "carga-beneficio” que proviene del enfoque de la fiscal incidence que por aquí se ha llamado del "beneficio” a secas.

El método "monetario” opta por asignar los ingresos tributarios según el territorio donde se localiza la capacidad económica gravada (renta, riqueza o consumo), independientemente de quién acabe soportando el impuesto. Y los gastos según el territorio donde se producen los servicios públicos correspondientes, independientemente de quien se beneficie de ellos.

En cambio, el método del "beneficio” asigna los ingresos según la residencia de los que soportan efectivamente las cargas tributarias; y los gastos según donde residan los beneficiarios de los servicios públicos, cualquiera que sea el territorio donde se hayan producido.

Como los anteriores ejemplos permiten intuir, las diferencias entre los resultados obtenidos por los dos métodos deben de ser grandes, porque no todos los impuestos que se recaudan en Catalunya los pagan los catalanes ni todos los que pagan los catalanes se recaudan en Catalunya. Y porque no todos los servicios públicos estatales que benefician a los catalanes se producen en Catalunya, ni los que se producen en Catalunya benefician solo a los catalanes

Y, en efecto, las diferencias son muy grandes. Como veremos después en el capítulo 6, el déficit fiscal de Catalunya que ha popularizado la Generalitat (los famosos 16.000 millones de euros) calculado por el método monetario, en 2010 fue un 47% más elevado que el que resultaría por el método carga-beneficio. Y sobre el periodo 2006-2011, un 43% más elevado.

Siendo así, es vital saber cuál es el método adecuado para calcular el déficit fiscal como una aproximación base al beneficio fiscal de la independencia.

¿CUÁL ES EL MÉTODO ADECUADO?

A

nalicémoslo desde el punto de vista de los ingresos y el de los gastos. Desde el punto de vista de los ingresos, no hay mucha polémica, el método del "flujo monetario” que usa la Generalitat es prácticamente equivalente al de la "carga-beneficio” y los resultados no son muy diferentes. En cambio, por la parte del gasto, hay una gran discrepancia sobre cómo imputar territorialmente los beneficios del gasto público estatal.

La Generalitat, en la práctica, ha optado por el método monetario. Aunque sus informes incluyen los resultados obtenidos por los dos métodos, ha divulgado preferentemente el calculado por el método monetario, que da lugar a los 16.000 millones de euros de déficit fiscal.

Los académicos partidarios de la independencia argumentan que el método del flujo monetario es el habitual en casi todos los países. Y, según el profesor Bel, "la lógica de tomar las balanzas de flujos monetarios es aplastante” [74].

En el capítulo 8 encontrarán la demostración de que la primera afirmación no es cierta. Ese método lo aplican los gobiernos de los territorios con mayor renta, porque, como en Catalunya, es el que produce el mayor déficit fiscal. Y los siguientes ejemplos les permitirán valorar cuán "aplastante” es la lógica del método monetario para calcular los beneficios que aporta a un territorio el gasto público estatal.

¿Se puede seriamente argumentar que los catalanes no se benefician de la red española de consulados, porque en Catalunya, obviamente, no hay ninguno? Pero tampoco los hay en Madrid, ni en La Coruña. ¿A quién atribuimos entonces los beneficios del servicio público de representación exterior, que por su propia naturaleza se presta casi todo desde fuera del territorio de Catalunya y del resto de España? ¿A nadie? ¿Solo a Madrid, porque el Ministerio de Exteriores está allí? Ninguna de las dos soluciones parece aplastar por su lógica.

Lo mismo se puede decir de otro bien público indivisible, como es la Defensa. ¿Tiene mucha lógica argumentar que apenas beneficia a los catalanes porque hay muy poca presencia militar en Catalunya? Y, en cambio, ¿a los aragoneses sí que les beneficia mucho, porque en Zaragoza hay una base de costosos aviones de combate? Los tribunales de Justicia ¿solo benefician a los habitantes de las ciudades donde están instalados? ¿El Tribunal Supremo solo a los madrileños? ¿Las investigaciones del Instituto de Astrofísica de Canarias solo a los canarios?

¿Los ordenadores de la Agencia Tributaria solo sirven a los madrileños porque están en Madrid? ¿El VOR de Calamocha que guía los aviones del puente aéreo Madrid-Barcelona, solo hay que imputarlo a los aragoneses, que más bien lo deben utilizar poco? Por lo visto, no beneficia en nada ni a los barceloneses ni a los madrileños. Pero si se hubiera instalado unos kilómetros más allá, ¿solo beneficiaría a los catalanes y nada a los aragoneses ni a los madrileños?

¿Con qué lógica "aplastante” se puede defender que la formación de nuestros jueces solo beneficia a los catalanes, y que la regulación de los mercados financieros solo favorece a los madrileños porque la CNMV esté en Madrid? ¿Las vías del Ave solo benefician a los catalanes en los kilómetros que pasan por su territorio? En ese caso el gran beneficiario sería Aragón. ¿O en función del número de pasajeros que lo utilizan?

Si lo que queremos es calcular el valor de los servicios públicos que reciben los ciudadanos de un territorio, ¿qué sentido tiene asignar el gasto en servicios indivisibles, como Defensa o administración de Justicia, según donde estén las instalaciones militares y judiciales? Lo razonable es que el gasto en bienes públicos como la Defensa, la representación exterior, la Justicia o la investigación científica, se repartan proporcionalmente a la población, como lo hace el método beneficio.

El lector se habrá formado su opinión. Nosotros creemos que los ejemplos expuestos muestran que, para calcular los beneficios que la acción estatal aporta a los habitantes de un territorio, el método carga-beneficio es el adecuado. El método "monetario” es completamente inconsistente con ese objetivo.

También nos parece claro que un método que solo computa como gasto estatal que beneficia a Catalunya, aquel que se realiza en su territorio, subestima lo que le costaría suministrar los mismos bienes públicos que hoy recibe de la Administración central.

El método del beneficio también subestima esos costes, porque no tiene en cuenta las economías de escala en la prestación de los servicios públicos tipo Defensa, Justicia o administración tributaria. Pero la diferencia con el coste real es mucho menor que la que resulta del método monetario.

Por eso es particularmente erróneo asimilar el déficit fiscal calculado por el método monetario con el beneficio fiscal que aportaría la independencia. Así lo ha reconocido el propio Mas al asumir que a los 16.000 millones de euros habría que restarles "unos 2 o 3.000 "de los costes de los servicios estatales que la Catalunya independiente tendría que asumir.

Los resultados del método monetario, si no se explican bien los supuestos en los que se basa, confunden a la opinión pública, a la que se le presenta un déficit fiscal anormalmente alto como un gran potencial de beneficio fiscal con la independencia. Utilizar métodos de cálculo que se basan en supuestos inadecuados no añade claridad al debate; al contrario, aumenta la confusión y las posibilidades de manipulación.

Por eso creemos que tienen razón los profesores Zabalza y Barberán en sus trabajos ya citados, en rechazar los resultados obtenidos por el método monetario, como la tienen los profesores De la Fuente, Barberán y Uriel, cuando solo efectúan sus cálculos según el método de carga beneficio.

Y no solo ellos; en el reciente presupuesto integrado de Catalunya elaborado por el conseller Mas-Colell, también ha utilizado solo el método beneficio, para, en sus propias palabras, "valorar la posición fiscal de Catalunya ante el mundo exterior” [75].

LOS EFECTOS INDIRECTOS DEL GASTO PÚBLICO

E

l método del "beneficio” solo da una aproximación a lo que se quiere medir: los recursos que un territorio aporta a una Administración central y los beneficios que recibe de esta. No mide, ni lo pretende, los efectos indirectos del gasto público sobre la actividad económica del territorio donde este se efectúa. Analicemos esta cuestión con el interés que merece.

El gasto público tiene el efecto directo de contribuir a la producción de un bien público, y un efecto indirecto sobre la actividad económica del territorio donde se efectúa. El gasto público en un territorio incrementa localmente la demanda y para satisfacerla aumenta el empleo y la renta. Y eso es especialmente relevante en una situación de desempleo.

Por ejemplo, los bares y los caseros de Talara y Tremp están contentos de que la escuela de suboficiales genere una demanda adicional. Y por eso todo el mundo en el Pallars quiere que se queden "los militares”, aunque su simpatía por el Ejército español, que algunos llaman "de ocupación”, no sea muy grande. Y el interés de todas las ciudades para atraer instituciones públicas tiene que ver también con los efectos indirectos que su presencia genera.

El método beneficio no calcula ese efecto indirecto. Pero el monetario tampoco lo hace. En ningún momento calcula el efecto indirecto del gasto público en un territorio, sino que se limita a excluir los gastos que no se efectúan en ese territorio, porque no les atribuye ningún efecto indirecto. Aunque podrían tenerlo, porque eso de los efectos indirectos es más complicado de lo que parece. Su consideración no es irrelevante, pero el gasto público en un territorio puede tener un impacto indirecto en otro: podemos construir una base aérea en los llanos de Urgell, pero los aviones los compraremos fuera y el material de construcción vaya a saber dónde.

La técnica de las balanzas fiscales no es la adecuada para calcular los efectos indirectos del gasto público. Como explican los profesores Zabalza y Barberán en sus obras citadas, sin que podamos aquí entrar en detalles, para ello harían falta otra clase de técnicas como tablas input-output y modelos de equilibrio general.

Después de considerar la cuestión de los efectos indirectos, reiteramos que el método "carga-beneficio” ofrece una aproximación consistente a lo que queremos calcular: los servicios que la acción estatal aporta a los habitantes de un territorio; el método "monetario” da una aproximación incorrecta, porque limita ese beneficio exclusivamente al gasto localizado en ese territorio para producir una parte de ese servicio. Y no hace tampoco ninguna aproximación a sus efectos indirectos.

TIPOS DE BALANZAS FISCALES: BALANZA OBSERVADA Y BALANZA NEUTRALIZADA

C

omo anticipamos, hay dos clases de balanzas: la balanza "observada” y la que se obtiene "con neutralización del déficit estatal”. A esta última, también se le llama balanza "estructural”.

La balanza observada, es la más fácil de definir y comprender. Es la diferencia entre la estimación de los beneficios del gasto público recibidos y la estimación de los recursos efectivamente aportados en un año concreto.

Se obtiene con la información contable disponible, (por eso se le llama "observada”) o con datos estimados cuando tal información no exista. Según si para calcularla se aplica el método "monetario” o el del "beneficio”, tendremos dos resultados diferentes para la balanza observada.

La balanza estructural es un concepto menos directo y comprensible que el de la balanza observada y, como veremos, su cálculo requiere hacer muchas más hipótesis.

¿Qué significa eso de "neutralizar” la balanza fiscal, y por qué habría que hacerse? ¿Qué es lo que se "neutraliza” y cómo se hace?

La "neutralización” surge de que el presupuesto estatal suele tener déficit y su gasto se financia en parte con deuda pública. Y podría ocurrir que todos los territorios, en nuestro caso las comunidades autónomas, recibiesen más gasto estatal que recursos aportan, y todas apareciesen con superávit.

Para evitar esta visión distorsionada se supone, decimos bien, se supone, que el presupuesto del Estado no ha tenido déficit (se ha "neutralizado”). Y una manera de que no lo tenga es suponer que las comunidades autónomas han aportado los ingresos suplementarios necesarios para equilibrarlo. Y, en consecuencia, el déficit fiscal de estas aumenta.

Así pues, la balanza fiscal estructural de Catalunya es la que resultaría si la Generalitat hubiese aumentado los ingresos que aporta a la Administración central para que esta no tenga déficit. Y, en ese caso, el déficit de la balanza estructural sería mayor que el de la observada.

¿Y qué ocurriría en el caso, menos frecuente, de que la Administración central tuviese superávit, como ocurrió en España en los años 2006 y 2007? Pues que, a sensu contrario, las comunidades autónomas se lo repartirían entre ellas, aumentando los beneficios que reciben de la Administración central. Y, en consecuencia, el déficit de sus balanzas estructurales sería menor que el de las observadas.

Como se ve, la balanza neutralizada es un concepto teórico que no refleja los flujos de ingreso y gastos realmente aportados o recibidos por cada territorio en un año dado. Tiene tanta más importancia cuanto más grande sea el déficit público estatal. La ha tenido en los años de crisis porque primero hubo superávit y luego el déficit se disparó, aumentando la diferencia entre el saldo de la balanza observada y el de la neutralizada. Esta diferencia será menos relevante a medida que, de acuerdo con nuestros compromisos europeos, el déficit público estatal vaya bajando. Y si fuese nulo, no habría ninguna diferencia entre la balanza observada y la estructural.

¿CÓMO SE NEUTRALIZA?

P

ara acabar de precisar el concepto de balanza estructural hay que definir la aportación de cada territorio a la neutralización del déficit público estatal.

¿Con cuánto suponemos que contribuye cada territorio a que la Administración central no tenga déficit? No hay ninguna regla que lo diga de forma automática e incontrovertida. De nuevo, hay que hacer supuestos.

Los informes de la Generalitat escogen la "neutralización por los ingresos”. Consiste en suponer que el déficit estatal se suprime íntegramente aumentando los impuestos, y que los ingresos adicionales se reparten proporcionalmente a los ingresos realmente aportados por cada comunidad autónoma al presupuesto del Estado.

Este es un supuesto extremo. En el mundo real, la reducción del déficit se hace actuando a la vez sobre el ingreso y sobre el gasto. Lo adoptan los territorios más ricos porque, como son los que más ingresos reales aportan, aumenta más su déficit neutralizado.

Otro supuesto extremo sería considerar que el déficit público estatal se suprime íntegramente reduciendo el gasto.

Y entonces habría que disminuir el gasto estatal que recibe cada comunidad autónoma, repartiendo el déficit estatal proporcionalmente al gasto efectivamente recibido. Pero como la Generalitat ha usado el método monetario para disminuir el gasto estatal que le beneficia, si neutralizase el déficit público estatal proporcionalmente al gasto, le saldría una contribución menor a la neutralización y, en consecuencia, tendría un déficit estructural más pequeño.

De una forma más realista, se debería suponer que el déficit se reduce actuando a la vez sobre el ingreso y el gasto. Como hemos dicho, es lo que hace el profesor Zabalza [76] considerando la diferente incidencia que el ciclo económico tiene sobre ingresos y gastos. En sus estudios citados, De la Fuente, Barberán y Uriel lo neutralizan proporcionalmente a la población.

Así pues, la "neutralización” del déficit del Estado es una manera de tomar en cuenta el ciclo económico, que afecta al saldo de las balanzas fiscales como a cualquier otra variable macroeconómica. La balanza estructural se ha obtenido teniendo en cuenta el efecto del déficit o superávit estatal, que es el componente más volátil dentro del ciclo. Por eso la balanza estructural, o neutralizada, mide de forma más permanente (más "estructural”) el saldo fiscal de los territorios y da una mejor idea de los efectos redistributivos del presupuesto del Estado.

Pero no vamos a entrar en más detalles, porque llegados aquí creemos haber superado la capacidad de comprensión que se puede razonablemente pedir a un ciudadano para juzgar la pertinencia de las cifras que se le ofrecen.

En el capítulo 6 aplicaremos estos conceptos a analizar técnicamente y en detalle las cuentas que han producido la cifra de los 16.000 millones de euros. Pero si usted desea una explicación menos técnica, puede acudir directamente a la lectura del capítulo 7, "La cuenta breve del cuento de los 16.000 millones”.

En ambos casos comprobaremos que, por la forma en la que han sido calculados, la disponibilidad de los míticos 16.000 millones de euros para evitar recortes o disminuir deuda es un puro cuento.

CAPÍTULO 5

LAS CUENTAS DEL COSTE DE LAS ESTRUCTURAS DE UN ESTADO INDEPENDIENTE

L

a Catalunya independiente tendría que asumir el coste de las estructuras propias de un Estado. Ya hemos visto, en el anterior capítulo, que el cálculo del déficit fiscal por el método monetario no incorpora una estimación razonable de esos costes. Y que el método monetario también los subestima porque no tiene en cuenta las economías de escala.

Distintos estudios se han dedicado a evaluar dichos costes. Por ejemplo, los de la Fundación Catdem, vinculada a CiU, y de la Fundación Irla, vinculada a ERC. Y más recientemente, el Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) [77] los ha evaluado en su informe "La viabilitat fiscal i financera d’una Catalunya independent”. Como veremos a continuación, esos informes contienen mucha literatura y pocas cifras.

Pero la narrativa independentista ya ha consagrado que esos costes, que se deberían deducir de los 16.000 millones de euros anuales que supuestamente aportaría la independencia, solo serían "unos 2.000 o 3.000 millones de euros”.

Así lo ha manifestado en varias ocasiones la profesora Bosch [78], autora de dichos informes y miembro del CATN: "De los 16.000 millones de euros del déficit fiscal, solo gastaríamos unos 2.000 o 3.000 para construir las estructuras que ahora no tenemos” [79].

El president Mas se ha expresado en los mismos términos: "Si Catalunya se convierte en un Estado dispondría de entre 12.000 y 15.000 millones de euros que ahora no tiene, pero sería necesario restar el funcionamiento de este Estado, unos 3.000 millones de euros cada año” [80].

Parece que ahora el déficit fiscal ya no aportaría 16.000 millones de euros de forma permanente, sino entre 12.000 y 15.000. Pero el objetivo de este capítulo es ver si son realistas las cuentas que estiman en "unos 3.000 millones de euros” los costes de las estructuras de un Estado moderno de las que Catalunya tendría que dotarse. Creemos que los infravalora, para así justificar que la independencia aportaría un mayor beneficio fiscal.

Para ello analizaremos, sin ánimo de exhaustividad, el coste de algunas de esas estructuras de Estado. Y, a partir de esta información, el lector juzgará el realismo de esos "2.000 o 3.000” millones de euros.

1. Administración tributaria. El informe del CATN titulado "La Administración tributaria de Catalunya” dice que, tomando como referencia el coste de los países de la OCDE, el coste anual de la Agencia Tributaria Catalana sería de 750 millones de euros anuales.

El cálculo de los 16.000 millones de euros de déficit fiscal que hace la Generalitat por el método monetario ya incluye 235 millones como coste actual de las delegaciones de la Agencia Tributaria española en Catalunya.

Así pues, aceptando esa referencia al coste medio en la OCDE, la Agencia Tributaria Catalana supondría un gasto adicional de 515 millones.

2. Pertenencia a la UE. Según el informe citado del CATN, la contribución a la UE sería de 1.400 millones de euros anuales. Dicho coste no está incluido en el cálculo de los 16.000 millones de euros.

3. Embajadas y pertenencia a organismos internacionales. El informe del CATN "La integración en la comunidad internacional” tiene un apartado titulado "Implicaciones presupuestarias”. Si acceden a él, verán como, después de contarnos muchas cosas bastante obvias, no hace ninguna estimación concreta de sus costes. Se limitan a decir que serían de "varios cientos de millones de euros”.

No sabemos cuántos son esos "varios cientos”; pero en el cálculo de los 16.000 millones de euros, por el método monetario para 2011, en representación exterior solo se habían computado 2 millones de euros (sí, 2. no nos hemos comido ningún cero). Por lo tanto, todos esos "varios cientos” de millones de euros serían un gasto adicional. Y por si les sirve de orientación, la propia Generalitat estima, cuando usa el método beneficio, que el coste de la representación exterior del Estado español repartido proporcionalmente a la población implicaría un coste para Catalunya de 112 millones de euros en el año 2010 y de 133 millones de euros en 2011.

4. Ayuda al desarrollo. El president Mas dijo, en una visita a Intermón Oxfam, que con la independencia "la Generalitat tendría unos buenos recursos adicionales y la oportunidad que no ha tenido nunca de definir su propia política de acción exterior. [...] Este es un campo donde el esfuerzo sería fácil de hacer” [81].

¿Cómo se traduce en costes esa positiva voluntad de cooperación? ¿Otra vez unos cuantos cientos de millones, sin concretar? Intentemos concretar e imaginemos que en ese "fácil esfuerzo” la Catalunya independiente alcanza la mitad de la generosidad de países como Suecia, que dedican más del 1% del PIB a cooperación internacional. Aunque nos quedaríamos por debajo del 0,7% que la ONU fija como objetivo, con el 0,5% del PIB tendríamos otros 1.000 millones de euros de gasto adicional. El cálculo de los 16.000 millones de euros no contiene ninguna provisión al respecto.

5. Defensa. A esta importante función de un Estado, el CATN le dedica un informe titulado "Seguridad interna e internacional de Catalunya”. Pero no incluye ningún apartado a estudiar las necesidades presupuestarias ni a estimar el coste de la Defensa. Ni siquiera en términos de la unidad de medida ambigua de los "varios cientos de millones”.

En contraste, el gobierno escocés no escurrió el bulto y en su informe equivalente dijo que estimaba el coste anual de Defensa que tendría que asumir en 2.500 millones de libras esterlinas. Es decir, el gobierno de Escocia, con una población de 5,3 millones, comprometió un presupuesto de defensa de 3.476 millones de euros. Según el ministro británico de Defensa, Philip Hammond, ese presupuesto sería muy insuficiente para las necesidades reales que tendría Escocia [82], si quisiera dotarse de una capacidad de defensa análoga a la que recibía por su pertenecía a la Gran Bretaña.

¿Por qué no se presentan las cuentas de la defensa en el informe del CATN? Quizás porque el gasto en Defensa no es precisamente el más popular. O quizás Mas y Junqueras ven en la Defensa una oportunidad para ahorrar. Pero veamos cómo se ha manifestado Mas al respecto. La televisión pública catalana, TV3, ha estado emitiendo una serie de minidocumentales sobre la independencia y uno de ellos ha sido sobre Defensa. En él se dijo:

Narrador de TV3: Desde la Generalitat se apostaría por un ejército reducido, adaptado a las necesidades de un país pequeño y bajo el paraguas de la OTAN.

Artur Mas: No montaremos ahora un gran ejército en Catalunya, que cuesta un dineral, cuando resulta que estamos en un paraguas que se llama OTAN. En parte, nuestras necesidades de seguridad las deberemos pagar a alguien otro, no digo del todo, porque si eres un Estado debes tener un ejército propio [83].

El president Mas da por hecho que Catalunya se mantendría en la OTAN y da a entender que seguir en ella es más barato que un ejército propio. Por su parte, Junqueras también veía con buenos ojos lo que según él había hecho Alemania —cómo no— al reducir su presupuesto de Defensa. El 30 de octubre de 2012, Junqueras tuiteó: "El 2010 Alemania recortó el presupuesto de Defensa un 40% e incrementó el de investigación y educación. Alguien está en contra?”. Pero una vez más Junqueras se inventa lo que le conviene. En realidad, el gasto de Defensa alemán ha ido creciendo regularmente desde 29.999 millones de euros en 2008 a 33.594 millones de euros en 2014 [84]. Y tiene planificado aumentarlo en los próximos 5 años [85]. ¿De dónde habrá sacado Junqueras que Alemania ha reducido de forma tan tajante su gasto en Defensa? Debe de habérselo contado el mismo que le explicó el cuento de las balanzas fiscales y el límite del 4,5% en el déficit fiscal.

De todas las estructuras de Estado, el coste de Defensa es el más fácil de estimar. Repartido por población, el coste de Defensa en España hubiera representado para Catalunya 1.243 millones de euros en 2010 y 1.206 en 2011. Pero teniendo en cuenta las notables economías de escala de este tipo de gastos, es seguro que esa cifra no permitiría financiar una capacidad análoga.

Si lo que se quiere es estar en la OTAN, es todavía más fácil: solo hay que preguntar cuánto se exige a los socios. Los países europeos de la OTAN contribuyeron en 2013 una media del 1,6% de su PIB [86]. Y en la cumbre celebrada en Gales en septiembre de 2014, los 28 países miembros acordaron elevarlo al 2% ante el nuevo escenario de seguridad internacional [87].

Contrariamente a lo que da a entender Mas, un ejército propio fuera de la OTAN puede ser más barato. Por ejemplo, Austria, que no pertenece a la OTAN, gasta solo un 0,8% de su PIB en Defensa.

Consideremos que Catalunya dedicara a Defensa el 1,5% de su PIB, un poco menos de la actual cuota por ser miembro de la OTAN. Entonces, el coste sería del orden de 3.000 millones de euros.

Como el cálculo del déficit fiscal para 2011 (último año disponible) por el método monetario ya tiene en cuenta un gasto en Defensa de 422 millones de euros, limitado al que efectúa el Estado español en el territorio de Catalunya, el coste adicional para la Generalitat sería de 2.578 millones.

SUMA... Y SIGUE

Y

a podemos sumar los costes de las funciones estatales que hemos citado que no están incluidos en los 16.000 millones de euros que aportaría la independencia. Resultan casi 5.500, más "varios cientos de millones”. Y las estructuras de Estado mencionadas son solo una parte del total. La lista de los conceptos que faltan es muy grande: tribunales superiores de Justicia, control del espacio aéreo, participación en el fondo de rescate de Grecia, etc.

Aun descontando los costes que la Catalunya independiente no tendría que asumir, como el manido ejemplo del Museo del Prado, unos 6.000 millones de euros sería una estimación muy prudente del coste de las estructuras del nuevo Estado, adicionales a los ya computados en la cuenta de los 16.000 millones de euros de déficit fiscal calculado por el método monetario. El doble de lo reconocido por Mas. El lector juzgará si las cuentas se corresponden con los cuentos.

Finalmente, es importante señalar que todos los cálculos de este capítulo suponen una independencia en la que "todo sigue igual”. No se tienen en cuenta hechos que podrían generar costes importantes, como la salida de la UE o de la eurozona, o deslocalización de empresas como las que experimentó Quebec y como las que se anunciaron en Escocia en caso de producirse la independencia.

Pero nos limitaremos a la estimación de 6.000 millones de euros como referencia en los siguientes capítulos.

CAPÍTULO 6

LAS CUENTAS Y LOS CUENTOS DE LOS 16.000 MILLONES DE EUROS

S

egún el relato independentista, Catalunya podría disponer de forma inmediata y permanente de los 16.000 millones de euros que cada año le sustrae el Estado español.

Las declaraciones de Mas y Junqueras (capítulo 1) demuestran que están convencidos, o pretenden convencer, de que esos 16.000 millones de euros serían dinero disponible, contante y sonante. Y añaden que Catalunya sería el país con mayor superávit presupuestario de Europa, no habrían sido necesarios los recortes y podría liquidar rápidamente su deuda.

En Catalunya, esa cifra se ha convertido en un mito incuestionable. Enfervorizados propagandistas hacen encuestas preguntando a la gente en qué les gustaría que se utilizaran esos 16.000 millones de euros al día siguiente de la independencia.

Recientemente, el propio Mas ha reconocido que, en realidad, serían 13.000 millones de euros, porque habría que restarles "unos 3.000 millones de euros” del coste de los servicios estatales que Catalunya debería asumir con la independencia. Como hemos visto en el capítulo 5, esa estimación está notablemente infravalorada.

En diciembre de 2014, junto con los presupuestos de 2015, el conseller Mas-Colell presentó "una visión integrada del esfuerzo fiscal de los catalanes” [88], que valora en 3.228 millones de euros la diferencia entre los impuestos que los catalanes aportan al Estado y lo que reciben a cambio. Curiosamente, nadie ha parecido inquietarse ni sorprenderse por la gran diferencia entre esta cifra y los míticos 16.000 millones de euros.

Pero, a pesar de ello, durante las elecciones municipales de mayo de 2015, raro ha sido el mitin de ERC o de CiU en el que no se haya lamentado lo que se hubiera podido hacer con esos supuestos 16.000 millones de euros que "España nos roba”. Y en ellos insiste el reciente informe de la Generalitat titulado: "Crónica d’una ofensiva premeditada: les conseqüencies sobre les persones de Catalunya” [89].

Los mitos tienen la piel dura, sobre todo cuando interesa creérselos.

En este capítulo, con la ayuda de los conceptos explicados en el capítulo 4, analizaremos cómo se han calculado esos 16.000 millones de euros, para saber si es cierto, o no, que con la independencia estarían disponibles para evitar recortes o disminuir deuda. Ya les anticipamos que no es cierto.

Y no lo es, por las siguientes tres razones:

1. Porque en su cálculo se han infravalorado los costes que tendría para la Catalunya independiente asumir los servicios que ahora le presta el Estado.

2. Porque se han sumado a los impuestos efectivamente aportados al Estado cada año, la estimación de los que hipotéticamente se tendrían que pagar, en un futuro indeterminado, para cubrir la parte que corresponde a Catalunya del déficit público estatal.

3. Porque esa estimación se ha hecho por un método poco realista que la sobrevalora.

Como hemos indicado en este capítulo, analizaremos estas razones técnicamente y en detalle, Pero si usted desea una explicación menos técnica y más sencilla, puede acudir directamente al capítulo 7, "La cuenta breve del cuento de los 16.000 millones”.

¿DE DÓNDE SALEN LOS 16.000 MILLONES?

C

ifras de este orden de magnitud se citan por primera vez en el informe de la Generalitat de marzo de 2012, en el que se calculan las balanzas fiscales de Catalunya con la Administración central del Estado para los años 2006 a 2009. En mayo de 2013 se presentaron los resultados para el año 2010.

Y en junio de 2014 los de 2011. Todos ellos están disponibles en la web del Departament d'Economia i Coneixement'' [90].

Posteriormente, la única información adicional es la del informe de Mas-Colell ya citado, referido al año 2015.

¿QUÉ INFORMACION APORTAN ESOS ESTUDIOS?

L

a tabla 1 muestra, para cada uno de los años del periodo 2006-2011, los saldos de los distintos tipos de balanzas fiscales calculados en los informes citados de la Generalitat. Hemos añadido los resultados obtenidos de la neutralización por el gasto del déficit del Estado y los resultados del informe Mas-Colell para 2015.

La tabla 2 muestra la misma información en porcentajes del PIB de Catalunya utilizado por la Generalitat (un PIB inferior al que estima el INE y al que recoge Eurostat).

En dichas tablas se observa que, en todos los años, el método utilizado por la Generalitat, que hemos destacado en gris, es el que produce el mayor déficit fiscal de entre todos los posibles métodos de cálculo. O es un método que tiene ventajas incuestionables, y después veremos que no es así, o se trata de una elección poco inocente.

¿CÓMO SE HAN CALCULADO Y QUÉ SIGNIFICAN ESOS 16.000 MILLONES DE EUROS?

L

os 16.000 millones de euros se han calculado utilizando un método muy particular: el método del "flujo monetario con neutralización del déficit público estatal por los ingresos”. Para el no iniciado, esa expresión debe ser incomprensible. Pero gracias a las explicaciones que hemos dado en el capítulo 4, el lector puede entender lo que significa.

Para comprender bien cómo ese método genera esos resultados, vamos a seguir paso a paso su aplicación en un año concreto, 2009, que sacralizó la cifra de los 16.000 millones de euros, concretamente 16.409.

Primero. Utilizando el método monetario se estimó que Catalunya aportó al Estado 46.195 millones de euros de ingresos (impuestos y cotizaciones). Recuerden que no existe un registro contable de este dato y hubo que hacer muchas hipótesis para calcularlo.

Segundo. Utilizando el método monetario se estimó que el Estado aportó a Catalunya 45.403 millones de euros en forma de bienes y servicios. Recuerden que el método monetario solo computa el gasto del Estado realizado en territorio catalán. Por ello, no se tienen en cuenta los gastos en Defensa, representación exterior y Justicia, y otros muchos como, por ejemplo, el del Servicio de Trasplantes, efectuados fuera de Catalunya.

Tercero. Restando las anteriores cifras se obtiene un déficit fiscal de Catalunya con el Estado de 792 millones. Es lo que hemos llamado el déficit fiscal "observado calculado por el método monetario”.

Cuarto. Se neutraliza el déficit público estatal por los ingresos. Para ello se añade a los ingresos que efectivamente Catalunya ha aportado al Estado, la parte que le correspondería del déficit público del Estado.

¿Cuál es esa parte? La Generalitat la obtiene repartiendo el déficit del Estado de manera proporcional a los ingresos efectivamente aportados por cada comunidad autónoma. Veámoslo numéricamente. En 2009, el Estado tuvo un déficit de 81.113 millones de euros. La Generalitat calcula que Catalunya contribuyó con el 19,35% de los ingresos del Estado, por lo que suma 15.618 millones de euros (el 19,35% de los 81.113 millones de euros) a los 793 millones de euros de déficit observado. Así se obtiene un déficit fiscal calculado por el método "monetario y neutralizado por los ingresos” de 16.410 millones de euros.

Obsérvese que, en realidad, esos 15.618 millones de euros de ingresos adicionales no se han pagado. Son una hipotética contribución, calculada por una forma muy particular, a cancelar en el futuro la deuda generada por el déficit. La carga de intereses que genera se contabiliza en las balanzas fiscales de los años siguientes.

Podemos ahora juntar en la tabla 3 los resultados de ese proceso de cálculo aplicado a todos los años del periodo 2006-2011.

Si en vez de aplicar el método monetario se aplica el método beneficio al cálculo de la balanza observada, se obtienen los resultados presentados en la tabla 4.

Se observa que el déficit calculado por el método beneficio es muy estable, más que el que resulta del método monetario, y se sitúa en torno al 5,7% del PIB (el que usa la Generalitat).

DIFERENCIAS ENTRE LOS RESULTADOS DEL MÉTODO MONETARIO Y DEL BENEFICIO

E

n la tabla 5 se comparan los déficits fiscales para los años 2006-2011, según hayan sido calculados por el método monetario o el del beneficio (recuerden que, en ambos casos, nos referimos a la balanza fiscal "neutralizada por los ingresos”).

Se observa una gran diferencia. Por ejemplo, los 16.410 millones de euros que la Generalitat estima para el déficit fiscal de Catalunya del año 2009, momento en que esa cifra se sacralizó, se reducen a 11.361 millones de euros si se calculan por el método del "beneficio”, ¡una sobrestimación del 46%!

La sobrestimación media que produce el método monetario, el escogido por la Generalitat, sobre el método beneficio, es del 43%, casi 5.000 millones de euros anuales de media. En términos del PIB, la sobrestimación es del orden de 2,7 puntos.

Veamos dos ejemplos de los cálculos de 2009 que ayudan en entender esa diferencia. En política exterior, según la Generalitat, el Estado gastó 864 millones en embajadas, consulados y demás actividades. Pero como las embajadas y consulados del Estado no están, obviamente, en territorio catalán, estima que solo gastó 1 millón de euros en Catalunya, y solo computa esa cantidad. Eso equivale a suponer que cuando Catalunya tenga sus embajadas y consulados, solo le costarán 1 millón de euros. En cambio, el método beneficio considera que la representación exterior beneficia por igual a todos los españoles y, como los catalanes son el 16% de la población, asigna a Catalunya 138 millones de euros, el 16% de los 864 millones de euros.

En defensa, según la Generalitat, el Estado gastó 8.33o millones de euros. Como el Ejército tiene poca presencia en

Catalunya, la Generalitat considera, al usar el método monetario, que solo 343 millones benefician a Catalunya, el 4% del total. Por el método beneficio, la Generalitat computa 1.332 millones de euros, el 16% de los 8.33o millones, ya que considera que el gasto de Defensa beneficia por igual a todos los españoles.

Estos son solo dos ejemplos, pero estudiando en detalle los servicios que la Generalitat independiente debería asumir, se observa que las diferencias son muy grandes entre los costes que se tienen en cuenta por el método monetario y los que resultan del método beneficio. Este, a su vez, es una aproximación a la baja de lo que costarían esos servicios, porque no tiene en cuenta la economía de escala.

Una Catalunya independiente debería financiar todos los servicios que ahora recibe del Estado, se produzcan o no desde el territorio catalán. ¿O es que no iba a tener su red de embajadas y consulados, su propia Defensa y sus propios sistemas de gestión tributaria? ¿Es que alguien se las suministraría gratis?

En el capítulo 5 hemos hecho una aproximación a los costes de producir, a escala catalana, los principales servicios públicos que ahora suministra el Estado español. Resultan muy superiores a los que se estiman con el método monetario, e incluso el doble de las estimaciones pretendidamente más realistas que de ellos se han hecho. Por los costes que no computa y por los que subestima, el método monetario sobrevalora el beneficio fiscal de la independencia en al menos 6.000 millones. El doble de los 3.000 millones de euros que reconoce Mas.

Obviamente, se podría decidir no suministrar el mismo nivel de servicios, por ejemplo gastando poco en Defensa, como Mas ha sugerido. Pero entonces no estaríamos haciendo una comparación homogénea. Y no podríamos pretender estar en la OTAN, como también parece desear.

LA BALANZA OBSERVADA Y LA BALANZA NEUTRALIZADA

E

n realidad, ninguno de los déficits calculados por el método que usa la Generalitat equivale a los recursos adicionales que estarían disponibles gracias a la independencia. Por las razones anteriormente expuestas, no lo estarían los calculados por el método monetario, por ejemplo los 16.410 millones de euros de 2009. Pero tampoco lo estarían los 11.261 millones de euros calculados para ese año por el método beneficio.

Para comprender por qué hay que comparar la balanza estructural con la balanza observada, tal como las definimos en el capítulo 4.

LA BALANZA OBSERVADA

La balanza observada tiene una gran variación temporal. Por ejemplo, según la balanza observada calculada por el método beneficio, en 2007, en el pico de la burbuja inmobiliaria, los catalanes pagaron al Estado 16.292 millones de euros más de lo que recibieron. Sin embargo, 2009, el peor año de la crisis, los catalanes recibieron 4.015 millones de euros más de los que pagaron.

Podemos ya suponer que esta marcada variación temporal tiene que ver con el efecto del ciclo económico, como veremos después.

Como era de esperar, también hay una gran diferencia entre la balanza observada según se haya calculado por el método monetario o el del beneficio, como la tabla 6 muestra.

Lo que no era de esperar es que la balanza observada no aparezca en los informes de la Generalitat. La primera aproximación al saldo fiscal, el más fácilmente comprensible y el que describe de forma más directa la actuación del Estado en un año dado, ni siquiera se cita. Esta omisión es realmente sorprendente. ¿Por qué no se presenta ese resultado, explicando lo que significa? ¿Quizás porque el déficit fiscal que resulta es modesto? Note el lector que, incluso en el año 2009, calculado por el método beneficio, en vez de un déficit aparece un superávit, significando que Catalunya recibió más de lo que aportó?

LA BALANZA NEUTRALIZADA

Obviando la balanza observada, la Generalitat presenta de forma sistemática la balanza neutralizada, cuyos resultados ya hemos presentado en la tabla 5.

En los informes de los ejercicios de 2006 a 2010 solamente aparece la suma de los ingresos efectivamente aportados por Catalunya en cada año y de los que resultan del ejercicio teórico de la neutralización del déficit. Es decir, se suman en una misma cantidad los impuestos efectivamente pagados en el ejercicio y los que teóricamente habría que pagar en un futuro indeterminado para cubrir el déficit público estatal. Y, como además se usa el método monetario, que infravalora el gasto estatal en beneficio de Catalunya, así se llega a los 16.000 millones de euros de déficit fiscal.

Afortunadamente, por primera vez en la presentación de los resultados de 2011 [91] se diferencian estos dos componentes, a los que se denomina textualmente: a) los "ingresos aportados en el año 2011”; b) los "ingresos futuros a aportar para amortizar la deuda de la Administración central”.

La distinción es fundamental, porque la primera parte sí que es dinero disponible "contante y sonante”, pero la segunda no lo es, porque si son "ingresos futuros” (un futuro, por cierto, indeterminado), está claro que no están disponibles hoy.

Celebramos que el conseller Mas-Colell haya decidido incorporar por primera vez esta importante distinción. Quizás contribuyó a ello la resonancia que tuvo nuestro artículo citado ("¿Dónde están los 16.000 millones?”), explicando que se estaban sumando las manzanas de los impuestos efectivamente pagados hoy, con las peras de los que hipotéticamente habría que pagar en un futuro. Y alertando de la confusión que ello creaba sobre los recursos que estarían disponibles en caso de independencia. Antes que nosotros, ya lo habían hecho con más autoridad académica, al menos, los profesores Zabalza, De la Fuente, Barberán y Uriel.

Recibimos descalificaciones por parte de los partidarios del pensamiento—único independentista, que pusieron en duda nuestra solvencia profesional y nuestra intencionalidad. Pero alguna razón debíamos de tener en señalar que eran dos clases distintos de ingresos, y que su suma confundía a la opinión pública sobre la magnitud del saldo fiscal de Catalunya, ya que en su siguiente informe la Generalitat ha considerado oportuno diferenciarlos.

Repetimos que, para calcular la balanza estructural, la Generalitat reparte el déficit público estatal proporcionalmente a los ingresos efectivamente aportados por cada comunidad autónoma al presupuesto del Estado. Pongamos un nuevo ejemplo: si en el año 2011 Catalunya aportó el 19,22% de los ingresos del Estado y el déficit público estatal fue de 37.381 millones de euros, la Generalitat supone que Catalunya aportó 7.185 millones de euros adicionales para neutralizar el déficit público estatal.

La tabla 7, extraída de la tabla 3, muestra esas aportaciones teóricas adicionales.

Pero si se hubiese hecho la neutralización del déficit público estatal por los gastos en vez de por los ingresos, el resultado hubiera sido notablemente diferente, como muestra la tabla 8.

La neutralización por el ingreso o por el gasto son dos hipótesis extremas. Lo razonable sería una combinación de ambas, como propone el profesor Zabalza y como hace el gobierno de Western Australia. La Generalitat escoge neutralizar por el ingreso, que es el método que le produce el mayor déficit.

Obsérvese que tanto en la tabla 7 como en la 8, en los años 2006 y 2007, esa aportación adicional de ingresos es negativa. Es debido a que en esos años hubo superávit en la Administración central. Y, según la construcción teórica del proceso de "neutralización”, en esos años las comunidades autónomas no tuvieron que contribuir a financiar el déficit estatal, sino que, al revés, se repartieron el superávit que este tuvo. Es decir, no habría habido una aportación, sino una devolución.

Desde 2009, la mayor parte del déficit de la balanza estructural se debe a esas aportaciones teóricas adicionales. Pero esos ingresos que teóricamente Catalunya aporta para "neutralizar” el déficit estatal, no son impuestos que realmente los catalanes hayan pagado hoy. En todo caso, son los que teóricamente tendrían que pagar en un futuro indeterminado para amortizar la correspondiente deuda pública. Podemos discutir si eso ocurrirá y cuándo, pero lo que es seguro es que no los han pagado todavía. Y si no los han pagado, no podrían estar disponibles, por muy independiente que fuera Catalunya.

Por lo tanto, no es cierto que todos los famosos 16.000 millones de euros del saldo de la balanza fiscal ("neutralizada por los ingresos y calculada por el método monetario”) estuviesen disponibles contantes y sonantes sobre la mesa del conseller de Hacienda para evitar recortes o amortizar la deuda de la Generalitat, como Mas y Junqueras han pregonado. Para disponer de la mayor parte de ellos habría que endeudarse, tal como ahora lo hace el Estado.

RELACIÓN CON EL CICLO ECONÓMICO

A

partir de ahora consideraremos solamente las balanzas calculadas por el método beneficio, porque es el que mejor aproxima el beneficio fiscal de la independencia.

El gráfico 1 representa la evolución de la balanza observada y de la estructural (neutralizada según los ingresos), calculadas ambas según el método beneficio, junto con el déficit estatal.

En él se observa que:

• La balanza estructural o neutralizada es muy estable, con una media en el periodo 2006-2011 de 11.150 millones de euros o 5,73% del PIB. Y siempre presenta un déficit fiscal para Catalunya.

• La balanza observada varía mucho, desde -16.292 millones de euros (saldo negativo para Catalunya) en 2007 hasta 4.015 millones de euros en 2009 (saldo positivo para Catalunya que indica que ese año recibió más de lo que aportó) y prácticamente en equilibrio en 2010. Unas veces es adversa y otras es favorable para Catalunya.

La variación de la balanza observada se corresponde con la variación del déficit público estatal. Cuando hay superávit, o el déficit público es pequeño, porque la economía va bien, se recaudan más impuestos y hay menos gastos sociales, Catalunya aporta más de lo que recibe y su balanza observada muestra que tiene déficit fiscal con el Estado. Por el contrario, en las crisis, o fases recesivas del ciclo económico, cuando el déficit aumenta porque se recaudan menos impuestos y el Estado efectúa un mayor gasto, la balanza observada es favorable a Catalunya, hasta llegar a ser positiva.

Así, la balanza observada muestra que durante los años agudos de la actual crisis, cuando el déficit público ha sido muy grande, el Estado ha efectuado una acción compensatoria anticíclica muy importante en Catalunya, que queda enmascarada si solo se considera la balanza neutralizada.

EL DEBATE DE LA NEUTRALIZACIÓN

E

ntonces, ¿hay que neutralizar o no la balanza fiscal? ¿Es otro invento de los independentistas para inflar el déficit fiscal de Catalunya y justificar su pretendido "expolio”?

En absoluto creemos que neutralizar el déficit sea un artificio contable. Ni negamos el interés de hacerlo, ya que, como hemos explicado en el capítulo 4, neutralizar el déficit da una idea más estructural de la posición fiscal de Catalunya y del conjunto de las comunidades autónomas.

Lo que decimos es que el saldo observado y el saldo neutralizado son conceptos de distinta naturaleza, y hay que explicar bien lo que significan.

Es importante explicar que el déficit fiscal calculado neutralizando el déficit público no es equivalente a recursos adicionales disponibles aportados por la independencia. Porque los impuestos que se tendrían que pagar en el futuro, por definición, todavía no se han pagado, y por ello no estarían disponibles en el presente. No hay que confundir a la opinión pública sumando los impuestos pagados hoy con los de un mañana indefinido. Como hemos dicho, en el último de sus informes, la Generalitat ya distingue ambos componentes, pero el mito de los 16.000 millones de euros disponibles en el presente perdura.

Desde el punto de vista de la comunicación política, hay que reconocer que los 16.000 millones de euros han sido un invento genial para el independentismo, y hay que felicitarles por ello. Les permite argumentar que los laboriosos catalanes generamos un surplus de 16.000 millones de euros anuales, cualesquiera que sean las condiciones del ciclo económico. Igual cuando la recaudación fiscal alcanzaba niveles récords gracias a la burbuja inmobiliaria, que cuando la dura crisis hundió los ingresos tributarios.

Ya de por sí, esta "inmutable” —según Mas [92]— situación debería despertar algunas dudas sobre la verosimilitud de ese cuento maravilloso. Pero la presión ambiental a favor de considerar solo el método que permite obtener los 16.000 millones de euros es muy fuerte en Catalunya. Para el independentismo, la primera verdad revelada es la pretendida y "aplastante” superioridad del método monetario; la segunda es que solo es relevante el saldo fiscal neutralizado por los ingresos.

Esta segunda verdad revelada es la defendida por la alianza independentismo + ultraliberalismo. Para los entendidos, podemos decir que es la versión independentista de la "equivalencia ricardiana”, según la cual los déficits de hoy se convierten, inevitablemente, en impuestos de mañana.

En efecto, los defensores de considerar la balanza estructural y neutralizada por los ingresos como la única relevante creen que tomar en cuenta los efectos del ciclo económico no tiene importancia. Lo que cuenta es que lo que se financia con déficit hay que acabar pagándolo con más impuestos.

Este planteamiento responde a la tesis, poco realista, de que la deuda pública se acabará amortizando toda. Es una tesis que defienden con ardor algunos de los economistas ultraliberales defensores de la independencia, pero que, después de la crisis, ya no es una tesis dominante en el actual análisis económico. Ni en los EE UU y ni siquiera en Davos.

La dinámica financiera de un país no es la misma que la de una persona. Esta tiene un ciclo de vida corto, unos plazos limitados para devolver sus deudas y una capacidad también limitada de aumentar sus ingresos. Un país, sobre todo dentro de la eurozona, puede, obviamente respetando ciertos límites, refinanciar su deuda mientras el crecimiento de la economía reduce su ratio de endeudamiento (deuda/PIB), que es lo que realmente es significativo. En un trabajo reciente [93], incluso el FMI defiende que en la mayoría de los países los ratios deuda/PIB pueden y deben reducirse "orgánicamente”, con el efecto del crecimiento.

RESUMEN

E

ntonces, resumiendo: ¿por qué es incorrecto decir que, puesto que el déficit fiscal de Catalunya (precisemos: calculado por el método monetario y con neutralización por los ingresos) fue de media en el periodo 2006-2011 de 16.000 millones de euros, ese sería el beneficio fiscal que aportaría la independencia, y se podría disponer de esos recursos adicionales de forma líquida e inmediata?

En primer lugar, porque para calcularlos se ha usado el criterio del flujo monetario, que no es el adecuado para evaluar los servicios públicos proporcionados por el Estado central, ni el coste que tendría suministrarlos para la Generalitat independiente.

Este método sobrestima el déficit fiscal un 4,3% de media a lo largo del periodo 2006-2011, con respecto al resultado obtenido por el método del beneficio.

Utilizando el método beneficio, que es una aproximación más realista, los 16.000 millones de euros se reducen en 5.000 millones anuales.

En segundo lugar, porque el método beneficio, aun siendo más correcto, también subestima los costes de esos servicios públicos que la Catalunya independiente debería asumir, porque no tiene en cuenta las economías de escala.

Y, en tercer lugar, porque los 16.000 millones de euros resultan de un ejercicio teórico de neutralización del déficit estatal, que ha añadido a los impuestos efectivamente pagados cada año por los catalanes, los que teóricamente tendrían que pagar en un futuro indeterminado para pagar "su” parte de ese déficit público estatal. Y además utilizando, para calcular esos impuestos futuros, el método que genera la mayor aportación para Catalunya.

La cifra máxima del déficit fiscal de Catalunya, entendido como una aproximación al beneficio fiscal de la independencia, sería del orden del 5,7% del PIB (el utilizado por la Generalitat) a lo largo del periodo 2006-2011.

Pero cuando Mas y Junqueras argumentan que Catalunya sufre un déficit "inmutable” de 16.000 millones de euros anuales, no explican nada de eso. No explican que resulten de un método muy particular (¡recuerden que se llama el "método monetario con neutralización del déficit público estatal por los ingresos”!), que produce un déficit artificialmente alto. Es incluso dudoso que entiendan de qué están hablando, y muy probablemente tampoco les importe.

Pero lo que al ciudadano le llega es que ese déficit fiscal de 16.000 millones de euros equivale a recursos que estarían todos disponibles de forma inmediata, automática y permanente gracias a la independencia. Y eso no es cierto.

Mas y Junqueras, apoyados por el aparato propagandístico de la Generalitat y amparados en el comprensible desconocimiento de temas complejos, han estado confundiendo, mejor dicho, están engañando, a los catalanes.

CAPÍTULO 7

LA CUENTA BREVE DEL CUENTO DE LOS 16.000 MILLONES

E

l 5 de diciembre de 3014, el periodista Jordi Basté, refiriéndose al estudio presentado por el conseller Mas-Colell sobre los presupuestos de 2015, decía en su programa líder de audiencia que: "Catalunya es un muy buen negocio para España según la Generalitat. Es la conclusión de un informe del Departamento de Economía que asegura que la diferencia entre lo que gasta el Estado en los catalanes y lo que recibe entre impuestos y otros ingresos es un superávit de 3.200 millones de euros”. "En una Catalunya independiente, en lugar de un déficit del 0,7%, el año que viene tendría un superávit del 1,2%, es decir, le sobrarían más de 2.400 millones de euros.” [94]

Y el día 7 de mayo de 2015, Basté formuló la siguiente pregunta a Pablo Iglesias, el líder de Podemos: "Catalunya aporta al Estado unos 15.000 millones de euros de más de entre lo que recauda en impuestos y lo que recibe en servicios e inversiones. Esto quiere decir que una familia catalana de cuatro miembros aporta al Estado unos 8.000 euros cada año que no vuelve a ver. ¿Entiende que por esto haya gente que quiera un Estado propio para Catalunya?” [95].

Observen que con la estimación de 3.200 millones de euros de déficit fiscal que hace el estudio presentado por el conseller Mas-Colell (exactamente son 3.288), por catalán serían 438 euros o 1.750 por familia de cuatro. Y, en contraste, con la estimación de los 15.000 millones de euros, son 2.000 por catalán y 8.000 para la misma familia.

Es obvio que las cifras que Basté da en los dos días citados no pueden ser ciertas a la vez.

La respuesta correcta a la pregunta de "cuánto es la diferencia entre lo que gasta el Estado en los catalanes y lo que recibe de ellos de impuestos y otros ingresos” es la siguiente: solo durante los dos años del pico de la burbuja inmobiliaria, 2006 y 2007, ha sido cierto que Catalunya ha aportado unos 15.000 millones de euros más de lo que recibió. Pero esa cifra ya se redujo a 6.000 millones de euros en 2008; Catalunya recibió del Estado 4.105 millones de euros en 2009; aportó 774 millones de euros en 2010 y 4.032 en 2011. Estas son las cifras de la Generalitat.

Para el año 2015, en el que la situación macroeconómica es mejor, el conseller Mas-Colell estima que esa aportación será de 3.200 millones de euros. Así pues, en un cálculo que englobe los últimos 8 años, estamos muy lejos de los 15.000 o 16.000 millones de euros. ¿Por qué se dice que son 15.000 o 16.000 millones de euros? Por tres motivos.

En primer lugar, porque para calcularlos se ha supuesto que los catalanes obtienen gratis todos los servicios que el Estado les aporta desde fuera de Catalunya. Ya sabemos que el escritor Francesc Pujols dijo que llegará un día en que los catalanes, por el solo hecho de serlo, iremos por el mundo y lo tendremos todo pagado. Pero no parece una manera muy seria de preparar un viaje a Itaca...

¿Es razonable pensar que las embajadas y consulados de la Generalitat nos costarán cero euros a los catalanes? ¿Es razonable pensar que la defensa de nuestra república independiente solo nos costaría unos 350 millones de euros, cuando la pertenencia a la OTAN exigiría una cuota de socio de al menos 3.000 millones de euros?

Servicios como estos, que ahora suministra el Estado desde fuera de Catalunya, y que la mayoría de los cuales tendría que prestar una Catalunya independiente, tienen un coste aproximado de 6.000 millones de euros al año. Para saber lo que quedaría disponible hay que descontarlos de los 16.000 millones de euros.

En segundo lugar, porque la mayor parte de esos 16.000 millones de euros no son impuestos efectivamente pagados en el año, sino que son una estimación de los impuestos futuros que se tendrían que pagar para devolver la parte que corresponde a Catalunya del déficit del Estado. Piense en el siguiente ejemplo: si usted toma una hipoteca, la carga financiera que le representa no es el importe de la hipoteca, sino la cuota mensual que paga al banco. Y esa cuota mensual ya se toma en cuenta en las cifras del déficit fiscal anual citadas.

En tercer lugar, porque esa estimación se ha hecho con una hipótesis extrema y poco realista que aumenta la cuantía de esos impuestos futuros.

En cualquier caso, como son impuestos futuros, no se han pagado todavía y por definición no están disponibles en el presente.

Hasta ahora, como la Generalitat solo presentaba la suma de esos dos conceptos, ha inducido a confusión. Pero, por primera vez, en la presentación de las balanzas fiscales referentes al año 2011 la Generalitat ha dejado claro la parte que son ingresos disponibles en el año y qué parte, como se dice textualmente en su informe, son "ingressos futurs a aportar per amortitzar el deute de l’Adm. central” [96].

Ciertos economistas independentistas argumentan que son lo mismo y que hay que sumarlos, pero si fuera así, la Generalitat no hubiera acabado diferenciándolos.

De los 16.000 millones de euros hay que descontar los "ingresos futuros” por importe de 5.800 millones de euros en 2008, 15.600 millones en 2009, 10.700 millones en 2010 y 7.200 millones en 2011. Aún no sabemos la cifra de 2013 porque la Generalitat este año todavía no ha publicado el estudio correspondiente en las fechas que nos tenía acostumbrados.

Si Catalunya quisiera disponer ahora de esos recursos, tendría que endeudarse como hace el Estado. La consideración de estos impuestos futuros dejará de tener importancia dentro de dos años, en 2017, cuando probablemente el déficit del Estado será prácticamente nulo, de acuerdo con nuestro compromiso en Europa.

En contraste con los 16.000 millones de euros, Mas-Colell ha hecho juiciosamente el cálculo prospectivo para 2015 [97], incluyendo todos los servicios que presta el Estado (tanto desde dentro como desde fuera del territorio de Catalunya) y no ha contado con esos ingresos futuros. Con ello, el resultado que ha obtenido es un déficit fiscal de Catalunya con el Estado en 3.228 millones de euros. Y, según el señor Basté, Mas-Colell estimó el beneficio fiscal de la independencia en 2.500 millones de euros.

En definitiva, según el cálculo de Mas-Colell, en 2015 el déficit de Catalunya con el Estado será del 1,6% de su PIB.

Incluso sumando los ingresos a aportar en el futuro, el déficit fiscal de Catalunya entre 2006 y 2011 se mantiene en el entorno del 5,7% del PIB durante todo el periodo. Bastante lejos del 8,5% que han proclamado Mas y Junqueras.

CAPÍTULO 8

¿SUFRE CATALUNYA UN EXPOLIO FISCAL?

L

a narrativa independentista considera que Catalunya sufre un "expolio” fiscal porque un déficit de 8,5% del PIB es "excepcionalmente alto” y España se apropia de una proporción "excesiva” de su renta.

Pero ¿qué se entiende por "expolio”?, ¿"excesivo” o "excepcionalmente alto”, con respecto a qué?, ¿con qué se compara para atribuirle esa condición?

Hay dos maneras de valorarlo. Compararlo con el déficit de otros territorios de características análogas a las de Catalunya, o con el que nos podría parecer razonable dadas las diferencias de renta entre Catalunya y el resto de España.

Habría una tercera forma de hacerlo, que es compararlo con los déficits fiscales de otras comunidades autónomas siempre que estén calculados por el mismo método. Pero los estudios de la Generalitat solo se refieren a Catalunya. Los del gobierno español se refieren a todas las comunidades autónomas pero solo para el año 2005. Uriel y Barberán [98] han publicado las balanzas fiscales de todas las comunidades autónomas para los años 1991-2005 y, en el momento de acabar de escribir este libro, está publicándose la actualización de esos cálculos hasta el año 2011 [99], pero solo calculan las balanzas observadas.

Por esas razones, no vamos a hacer esa comparación. Baste citar que los profesores Zabalza, De la Fuente, Barberán y Uriel lo han hecho y no encuentran anomalías significativas en el saldo fiscal de Catalunya con respecto a los de las demás comunidades autónomas.

La comparación "razonable” requiere ponerse de acuerdo previamente en qué entendemos por razonable, es decir, en la "norma” que va a servir de referencia. La comparación internacional tiene un valor limitado porque, aunque el déficit de Catalunya fuese similar al de otros territorios de características análogas, eso no excluiría que todos ellos sufriesen un "expolio” por parte de sus respectivos Estados.

Pero, como hemos visto, el relato independentista utiliza la comparación internacional como argumento básico: Catalunya sufre un "expolio” porque un déficit fiscal del 8,5% del PIB no tiene parangón ni en Europa ni en el mundo. Y es más del doble del de las regiones más ricas en Alemania.

Y así, con la primera campaña de ERC en 1992 denunciando el "expolio fiscal”, Catalunya entró en la competición mundial entre las regiones ricas por asegurar que su déficit fiscal es "el más alto del mundo”. Como veremos, todas opinan igual.

Desde entonces, el argumento del expolio ha sido profusamente utilizado. Por ejemplo, por el profesor Bel: "El caso de España es un caso único en el mundo [...] No se conocen casos en que una región que está lejos de ser la más rica, Catalunya, transfiera el 8,5%” [100]. O el diario Ara en un editorial: "[...] hecha la comparación con otros Estados compuestos, se trata de un déficit muy elevado, el doble prácticamente de lo que es habitual en casos parecidos” [101].

COMPARACIÓN INTERNACIONAL DEL DÉFICIT FISCAL DE CATALUNYA

L

a comparación internacional que utilizan los independentistas se basa en los argumentos que analizamos a continuación.

En primer lugar, la profesora Bosch afirma en su estudio [102] que:

La mayoría de los países descentralizados —entre ellos los EE UU, Canadá, Australia y la propia UE— calculan anualmente los saldos fiscales con el gobierno federal. Estas cifras se publican y están disponibles, lo que se puede interpretar como un síntoma de transparencia y madurez democráticas. La transparencia contribuye a racionalizar y objetivar el debate; el obscurantismo, por contra, no evita la polémica y la confrontación, sino que hace que estas se basen antes en los tópicos, los perjuicios y la explotación del agravio y del resentimiento, en vez del conocimiento veraz de la realidad.

Estamos de acuerdo en las virtudes de la transparencia que predica Bosch. Pero a continuación veremos que no ha hecho grandes contribuciones al "conocimiento veraz de la realidad”.

En segundo lugar, se afirma, como hace Bel, que todos esos países, con alguna excepción como la de México [103], calculan las balanzas fiscales utilizando el método monetario, el mismo que divulga de forma preferente la Generalitat.

Y, en tercer lugar, se afirma que, efectivamente, el déficit fiscal de Catalunya es excepcionalmente alto. Según Bosch "constatamos un déficit fiscal con el Estado que podemos calificar de expolio. [...] asusta si lo comparamos con los déficits fiscales que tienen territorios de otros países que podemos comparar con Catalunya por su renta, [...] y calculan balanzas fiscales con una metodología parecida” [104].

Creemos que el lector de esas declaraciones entendería que cuando se dice "los países publican”, quien lo hace son los gobiernos federales o centrales. No es lo mismo que sean estos los que lo "hacen todos los años”, a que alguna vez lo haya hecho algún académico, think tank, o gobierno regional.

Si ese fuera el criterio, tampoco España sería una excepción tan lamentable, porque aquí, como en la mayoría de países, ha habido institutos de estudios privados, o académicos, que han calculado las balanzas fiscales.

Por citar un ejemplo entre muchos, la Fundación BBVA publicó en 2007 el estudio citado de Uriel y Barberán sobre las balanzas fiscales de las comunidades autónomas para 1991-2005.

También habrán observado que las referencias son siempre a los mismos países: los EE UU, Canadá, Australia, Bélgica y México.

No es casualidad. La fuente que utilizan todos es el estudio de la Generalitat: "Comparació internacional de les balances fiscals de les regions amb el sector públic central” [105].

Creemos que es un trabajo riguroso, lástima que los economistas citados lo tergiversen. En sus declaraciones dan a entender que en esos países existe una publicación oficial y anual de las balanzas fiscales, calculada por el método monetario, y que todos los déficits son significativamente inferiores al 8,5% de Catalunya. Pero eso no es ni lo que dice el estudio citado de la Generalitat, ni lo que ocurre en la realidad, como mostramos a continuación.

ESTADOS UNIDOS

Bosch afirma que "los EE UU calculan anualmente los saldos fiscales con el gobierno federal”. Cuando se dice "los EE UU”, se está dando la impresión engañosa de que es el gobierno federal quien lo hace. Y no es así. Hemos consultado a su embajada en España y la respuesta no deja lugar a dudas: "El gobierno federal de los Estados Unidos no publica las balanzas fiscales de los Estados federados, quienes han hecho en alguna ocasión estudios al respecto han sido organizaciones privadas como la Tax Foundation y medios de comunicación como The Economist".

En efecto, Bosch aporta datos del informe "Federal Taxes Paid vs. Federal Sending Received by State", de la Tax Foundation, un think tank privado. Los datos de déficit que cita son: "California, 3,93%; Nueva York, 3,49%: Massachusetts, 3,36% y Connecticut, 5,00%” y todos se refieren al año 2005.

Si visitan la página web de la Tax Foundation [106], podrán verificar que la edición más reciente de dicho estudio está publicada en 2007 y se refiere al año 2005. O sea, que en absoluto es cierto que los "publique anualmente”. ¿Es esa una contribución al "conocimiento veraz de la realidad”?

Desde el punto de vista metodológico, la Tax Foundation reconoce las dificultades y limitaciones de calcularlas balanzas fiscales: "Desafortunadamente aunque están disponibles los datos sobre los impuestos pagados a la Administración central, hay muy pocos disponibles sobre la distribución territorial del gasto. Para suplir tal hecho, debemos estimar el alcance geográfico del gasto federal combinando la economía teórica, datos oficiales y diversas técnicas estadísticas”.

No queda claro cuál es el método utilizado para el gasto y si es homologable al que utiliza la Generalitat, pero el estudio citado reconoce que no utiliza el método monetario para los ingresos.

Dicho estudio de la Generalitat también reconoce que la Tax Foundation atribuye al Estado de Nueva Jersey un déficit fiscal del 8,8% del PIB. Más alto que el 8,5% que se atribuye a Catalunya. Curiosamente, Bosch no ha considerado conveniente citar este dato en su larga lista de ejemplos. Debe de ser para aportar más transparencia al debate.

¿Es justificable decir que "los Estados Unidos calculan regularmente” las balanzas fiscales de sus Estados federados, cuando solo se aporta un dato de 2005, elaborado por una institución privada? ¿Por qué Bosch no da datos más recientes? Simplemente porque no existen. ¿Y por qué excluye de lo que cuenta el caso del Estado de New Jersey? ¿Quizás porque contradice su cuento?

CANADÁ

Bosch también afirma que "Canadá calcula anualmente los saldos fiscales con el gobierno federal”. Todos los datos que aporta están referidos al año 2004 y se refieren al déficit fiscal de las provincias de Ontario, 3,46%; Columbia Británica, 0,89% y Alberta, 3,25%.

Como fuente, aporta un trabajo sobre las balanzas fiscales canadienses del académico Buggeri [107], en el que explica que las ha calculado con un método propio ya que "el método monetario tiene dos limitaciones principales: la localización regional de los ingresos fiscales puede tener poco que ver con el esfuerzo fiscal de sus habitantes y del mismo modo, la manera como asigna los gastos genera inconsistencias”. Parece que más bien coincide con nuestras tesis y que no considera "aplastante” la lógica del método monetario, como cree Bel.

El estudio de la Generalitat también cita a Ruggeri como su fuente y dice que este "utiliza una metodología original para el cálculo de los flujos fiscales interregionales entre las provincias canadienses y el Estado central: el flujo de la ganancia económica”. ¿Por qué dicen nuestros ilustres académicos que todos los países usan el método monetario?

Un estudio de la Universidad de Alberta, un centro académico que en el ranking de Shanghai está por delante de cualquier universidad española, fija el déficit fiscal de la provincia de Alberta en "el 7% en 2006 y el 8% en 2007” [108].

Académicos canadienses consultados, como la señora Janice MacKinnon, profesora de universidad que fue ministra de finanzas de una de las provincias canadienses, opinan que "el gobierno federal argumenta que ese déficit se debe a que tienen ciudadanos más prósperos que pagan más ya que el sistema tributario es progresivo”.

La embajada de Canadá nos ha contestado que "no se publican en Canadá de manera sistemática y oficial las balanzas fiscales de las provincias. Se han publicado puntualmente estudios sobre esta cuestión por parte de centros de investigación o gobiernos provinciales. Este tema fue muy debatido en los años 2005-2006. La conclusión general de los expertos es que los cálculos son arbitrarios y se trata más bien de una cuestión política”.

En efecto, la premier de Ontario, la señora Wynne, opina: "Es injusta la manera en que el dinero vuelve a la provincia de Ontario. [...] Ontario está siendo timada por el gobierno federal” [109]. Y el señor Duncan, ministro de finanzas de un gobierno anterior de su mismo partido, argumenta que las familias de Ontario están subsidiando servicios en otras partes de Canadá que ellas no tienen” [110].

Parece que los déficits fiscales de las provincias ricas se usan con la misma intensidad que en nuestro caso, aunque este sea "único en el mundo”, según Bel.

AUSTRALIA

Bosch también asegura en su estudio que "Australia calcula anualmente los saldos fiscales con el gobierno federal”.

¿Australia? ¿A quién se refiere? Bosch no aporta datos específicos de ese país, pero remite al documento "GST Distribution Review WA Submission (2011)”.

Lo hemos consultado. Y constatado que su autor no es el gobierno australiano, sino el Estado de Western Australia (abreviado comúnmente como WA), que es el Estado que más contribuye. En el primer párrafo de este informe se dice: "El sistema actual de solidaridad fiscal en Australia es extremo en exceso [...] no existe en ningún otro país federal del mundo”. Vaya, por lo visto no se han enterado de lo que cuenta Bel.

El mismo documento estima el déficit fiscal de WA en 14.000 millones de dólares al año, equivalente al 7,6% del PIB en 2011.

El estudio de la Generalitat sí precisa que no es el gobierno central australiano quien realiza los cálculos, sino el gobierno de WA y que "establece hipótesis de regionalización, para que sean consistentes con el método monetario”.

La embajada de Australia remitió nuestra consulta a la Australian High Commission de Londres, que ha respondido que su gobierno "no calcula las balanzas fiscales con los Estados”.

En abril de 2015, los ministros de Finanzas de los Estados australianos se reunieron para negociar la reforma del sistema de financiación. Después de la reunión no hubo acuerdo, y el ministro de WA, el señor Nahan, declaró: "Western Australia está siendo robada. Si hubiera confiado en los ministros de Finanzas de los otros Estados, hubiera salido de la reunión en ropa interior [...] fue una discusión feroz” [111].

BÉLGICA

Académicos contactados a través de la embajada de Bélgica en España nos han confirmado que "en Bélgica el Estado no publica las balanzas fiscales”. El único dato de Bélgica aportado por la profesora Bosch es el de Flandes de 2004, cuyo déficit fiscal cifra en el 4,4%, según un estudio sobre las balanzas fiscales belgas del académico Paul Van Rompuy [112].

Este explica que su fuente original es el gobierno de Flandes, que "lo ideal” hubiera sido poder utilizar el método del beneficio, pero ante "la falta de datos regionales” ha tenido que adoptar otros métodos "como soluciones de compromiso”.

El estudio de la Generalitat aporta la misma fuente y confirma que "utiliza una metodología que combina el flujo del beneficio y el de caja” y solo da el dato de 2003. Por lo que se ve, de periodicidad anual, nada de nada.

Financial Times cita un estudio de la Universidad de Leuven, una de las más prestigiosas del país, que estima que en 2011 Flandes transfiere a Valonia 16.000 millones de euros anuales, equivalentes al 7,5% de su PIB [113].

El señor De Wever, presidente del partido nacionalista flamenco Nueva Alianza Flamenca, explica en su web que "los flamencos son posiblemente los más solidarios de toda Europa.”, disputándonos el título que Bel ha otorgado a los catalanes.

MÉXICO

Para no contarles otra vez el mismo cuento, abreviamos diciéndoles que las fuentes citadas por el estudio de la Generalitat afirman que no se calculan las balanzas fiscales y estiman para el Estado de Baja California un déficit fiscal para 2004, calculado por el método beneficio, muy parecido al que la Generalitat estima para Catalunya.

¿Y EN ITALIA?

Sorprende que los economistas catalanes no hayan investigado el caso de los inventores del eslogan "Roma ladrona” que tan cerca nos cae.

El Financial Times informó de que Luca Zaia, presidente del Véneto desde 2010, estima que "Véneto paga 18.000 millones de euros más en impuestos al gobierno central de lo que recibe en servicios [114]. Esa cifra equivale al 12,27% de su PIB y es superior a la proporcionada en el estudio Fiscal Federalism in Italy at a glance [115], que el propio gobierno del Véneto publicó años atrás con una panorámica de los déficits fiscales de varios territorios europeos: Lombardía, 11,5%; Véneto, 10,3%; Emilia-Bomagna, 10,1%; Catalonia, 8,1%; Estocolmo, 7,6%.

El caso de Alemania ya lo hemos considerado en el capítulo 3, donde hemos visto que tampoco allí las cosas son tan pacíficas como nos han querido hacer creer los que cuentan cuentos sobre lo que allí ocurre.

RESUMEN

La evidencia aportada para demostrar que el déficit fiscal de Catalunya es un caso excepcional no se corresponde con la realidad. Queda claro que en ningún caso es el Estado central quien lo hace, no existe ninguna "periodicidad anual”, solo son estudios de años concretos y los más recientes de hace una década. Solo en un caso se utiliza el método monetario como hace la Generalitat. Y en todos los países hay estimaciones de universidades de prestigio o de los propios gobiernos regionales que estiman déficit fiscales comparables o superiores al 8’5% del PIB.

Hemos visto seis casos de regiones o Estados federados con un déficit fiscal parecido al estimado para Catalunya. Todos ellos se quejan de que les detraen excesivos recursos y reclaman un mejor trato fiscal. Sin embargo, solamente dos (Flandes, en Bélgica, y el Véneto, en Italia) creen que es motivo para reclamar la ruptura con el Estado. Por otra parte, en casos donde no parece que se produzca ningún tipo de expolio fiscal, como Quebec, sí se reclama la independencia. No parece que exista una relación de causa-efecto entre excesivo déficit fiscal y reclamación de independencia. Más bien parece, a la vista de los casos analizados, que la demanda de independencia tiene que ver con razones emocionales-identitarias y no por un excesivo déficit fiscal.

A continuación comparamos el déficit fiscal que se atribuye a Catalunya con algún valor que pudiésemos considerar razonable y aceptar como norma de referencia.

COMPARACIÓN NORMATIVA

H

emos visto que buena parte de los 16.000 millones de euros de déficit fiscal catalán se debe a la consideración del déficit del Estado. La neutralización ya nos ha servido para considerar este efecto y el déficit estructural que resulta es un buen indicador de la redistribución territorial que efectúa el Estado. Por eso lo utilizamos en el siguiente razonamiento.

La cuestión del "expolio” tiene que ver con cuál es la parte de ese déficit estructural que se puede explicar por un razonable efecto redistributivo, dado el mayor nivel de renta de Catalunya.

La redistribución interterritorial se produce en todos los países, y en España ocurre con todas las regiones más ricas, con excepción de las que tienen el sistema foral de cupo o concierto. Y cuando se argumenta que, para completar y estabilizar la Unión Monetaria Europea, es necesario que existan transferencias fiscales entre los países excedentarios y deficitarios en términos de balanza de pagos, la estamos reclamando a nivel europeo.

A ellos se refiere el periódico Ara cuando dice en un editorial: "Catalunya no ha negado nunca que, como territorio con una renta superior a la media, debe tener un cierto grado de déficit fiscal. La cuestión que se discute es si este déficit, [...] entre el 6% y el 9% del PIB, [...] es excesivo o no” [116].

Seguramente, el diario Ara ha aproximado al 6% la cifra del 5,7% del déficit fiscal de Catalunya calculado por el método beneficio y neutralizado por los ingresos, que es muy estable entre 2006 y 2011. Es el que utilizamos en este apartado.

Así pues, teniendo en cuenta la heterogénea distribución territorial de la renta en España, y con un sistema fiscal progresivo, es lógico, e incluso inevitable, que un gobierno central obtenga en las regiones más ricas más ingresos impositivos que beneficios del gasto público retorna. La cuestión es cuán grande puede ser esa diferencia sin que se considere un "expolio”. En términos más técnicos, ¿qué parte del déficit estructural fiscal catalán es consecuencia de un razonable efecto redistributivo con el resto de España?

Para ello, hemos de empezar definiendo qué entendemos por razonable, por no utilizar la palabra "justo”, más cargada de subjetivismo.

Una propuesta que muchos ciudadanos podrían considerar razonable, que ha hecho Junqueras y que en su día hizo también Maragall, sería que todas las comunidades autónomas aportasen al Estado en función de su renta (PIB relativo) y recibiesen los beneficios del gasto público proporcionalmente a su población.

Una norma más "justa” sería tener en cuenta que en un sistema fiscal progresivo las contribuciones de los territorios deberían ser mayores que las que resultan de la estricta proporcionalidad a su PIB. Y que una distribución más equitativa de los gastos debería tener también en cuenta, no solo el número, sino también las necesidades de la población, en función, por ejemplo, de su distribución por clases de edad. Pero eso exigiría análisis más desagregados que los que aquí podemos hacer. Conformémonos, pues, una "norma” más simple, que sería una primera aproximación a las consecuencias de la heterogeneidad territorial de la renta en España.

Utilizando los datos de la Generalitat, hemos calculado el déficit fiscal que hubiera tenido Catalunya en 2010 y 2011 de acuerdo con esa norma, si el déficit del Estado se hubiera suprimido aumentando los ingresos (hipótesis I) o disminuyendo los gastos (hipótesis G). Como en el cálculo interviene ahora el PIB de España, para utilizar valores homogéneos utilizamos el PIB de Catalunya según el INE y Eurostat.

La tabla 9 muestra, en millones de euros y en términos del PIB de Catalunya, los valores de ese déficit normativo o de referencia, y los compara con el déficit fiscal estimado por la Generalitat por el método beneficio y neutralizando el déficit público estatal por el ingreso. La tabla 10 presenta los resultados obtenidos neutralizando el déficit público estatal por el gasto.

Se observa que las diferencias entre las distintas estimaciones del déficit fiscal de Catalunya y el déficit que hubiera debido tener según el criterio que hemos considerado razonable, varían entre un mínimo del 1% del PIB en 2010 y un máximo del 1,82% en 2011.

Ambas formas de neutralización se corresponden a hipótesis extremas, ya que suponen, o bien que todo el déficit público se elimina aumentando los impuestos, o bien solo reduciendo los gastos. La estimación más adecuada se situaría en un punto intermedio entre esos dos extremos, en torno al 1,5% del PIB.

En resumen, podemos concluir que ciertamente Catalunya tiene un déficit fiscal superior al que le correspondería si contribuyera proporcionalmente a su renta, como indicador de capacidad, y recibiera proporcionalmente a su población, como indicador de necesidad. Hay un efecto redistributivo mayor que el que justifican las diferencias en la distribución territorial de la renta en España.

Pero esta diferencia es del orden del 1,5% del PIB, es decir, unos 3.000 millones de euros. Quizás se justifique por las características socioeconómicas y la estructura de la población de Catalunya. Pero no conocemos evidencias al respecto.

Esta es la dimensión real del pretendido expolio. No es el 8,5% del PIB. Ni el doble del que tiene cualquier otra región comparable en los otros países del mundo.

Francamente, ¿justifica un exceso redistributivo de 1,5 puntos del PIB la calificación de "expolio”? ¿Y toda la agitación y propaganda que los independentistas y el gobierno de la Generalitat, con el dinero de todos los contribuyentes, han hecho en torno a la "asfixia” que según Junqueras amenaza incluso "la estabilidad económica de Europa”? Para corregirla, ¿hace falta proclamar la independencia, con todos los desgarros, riesgos y costes que ello conlleva? Nosotros creemos que no.

CAPITULO 9

LAS CUENTAS DE LA ORDINALIDAD

U

no de los agravios que sufre Catalunya es que no se respeta el "principio de ordinalidad”. Y después de transferir recursos a la Hacienda central y a las demás comunidades autónomas, Catalunya retrocede en la ordenación (el ranking) de las comunidades autónomas.

Para analizar racionalmente esta cuestión, tendríamos que saber cuál es el criterio que utilizamos para establecer dicho ranking. Si no, no nos podremos entender. Sería como discutir sobre balanzas fiscales sin precisar de cuál de ellas estamos hablando.

Nuestra sorpresa ha sido grande al constatar que mucha gente desconocía el criterio que se utilizaba para establecer dicho orden y ver si este se alteraba después de las transferencias territoriales de renta. Es más, ¡algunos consideraban que esa no era una cuestión relevante!

Pero como es una cuestión fundamental, empecemos por saber qué criterio "ordenador” se puede o se debe utilizar. Lo lógico sería el que establece el Estatut d’Autonomia que, en su artículo 206.5, se refiere a la ordenación por la "renta per cápita” antes y después de la aplicación de los mecanismos de nivelación del sistema de financiación autonómico.

En efecto, Mas explicó que una de las ventajas del acuerdo con Zapatero sobre el Estatut fue que "cuando hayamos pagado la solidaridad, Catalunya no podrá perder posiciones en el 'ranking’ autonómico de renta per cápita” [117].

Y, en una entrevista [118] con Antoni Bassas, Zapatero defendió que, de acuerdo con este criterio, se cumple el principio de ordinalidad:

Antoni Bassas: ¿Se va a respetar el principio de ordinalidad establecido en el Estatut? Es decir, que una vez liquidados los impuestos en Catalunya su renta per cápiia no será inferior a antes de pagarlos. José Luis Rodríguez Zapaíero: Sí, por supuesto. Además, tengo que decirle que es difícil que ese orden sea alterado.

Bassas: Es lo que está pasando ahora.

Zapatero: No. En absoluto.

Bassas: Disculpe, presidente, pero todos los partidos catalanes, incluso el suyo, trabajan con este dato.

Zapatero: No, disculpe, pero eso no es correcto. No hay una alteración del orden de la renta per cápita. Y quien diga eso, de verdad, es que no conoce los datos.

Zapatero tenía y tiene razón. Lo reconoce el profesor López-Casasnovas [119], "como ha anunciado el presidente del gobierno, la actuación estatal ya respeta lo que pide la cláusula” [120]; "es equívoco, sin embargo, el principio de ordinalidad tal como viene redactado en el Estatut; estos son errores nuestros con los que será necesario convivir” [121].

Es decir, entendiendo por renta per cápita la aproximación más inmediata, que es el PIB per cápita, si la ordenación se efectúa de acuerdo con lo que dice el Estatut, el principio de ordinalidad se cumplía ya antes del Estatut y se sigue cumpliendo después. Y sin demasiada dificultad, porque el orden de magnitud de las transferencias de nivelación es pequeño comparado con el de los PIB per cápita y difícilmente van a modificar una ordenación basada en ese criterio.

Pero lo hemos verificado con los datos de 2o13, últimos disponibles, añadiendo a los PIB per cápita de las comunidades autónomas el efecto redistributivo del sistema de financiación y comprobando que Catalunya sigue en la misma posición, la número 4, del ranking del PIB per cápita.

Entonces, los redactores del Estatut ¿no utilizaron el criterio adecuado? Eso parece. El problema es que el debate se hace apelando a lo que dice el Estatut, y en ese caso el principio de ordinalidad se cumple, confundiéndolo con lo que ocurriría si el criterio ordenador fuese la financiación per cápita del sistema de financiación autonómico (o per cápita ajustada teniendo en cuenta las características demográficas de la población). Y lo que hay que estudiar son los cambios en el orden antes y después de aplicar los mecanismos de nivelación de ese sistema.

Y aquí sí que hay cambios. El principio de ordinalidad se cumple según el Estatut, pero no se cumple si el orden de las comunidades autónomas por su capacidad fiscal por habitante ajustado se compara con el orden según la financiación por habitante que les asigna el sistema a competencias homogéneas.

Analicemos a continuación cómo está financiada Catalunya (en tanto que comunidad autónoma) y cómo le afecta la cuestión de la ordinalidad.

¿Está mal financiada la comunidad autónoma de Catalunya? Ninguna administración se considera "bien” financiada, y aunque podría ser que el nivel medio del sistema fuese demasiado bajo, la respuesta hay que darla en términos relativos a la media de las comunidades autónomas.

La tabla 11 [122] muestra los recursos obtenidos por cada comunidad con respecto a la media de los periodos 2002— 2008 y 2009-2012, es decir, antes y después del vigente sistema de financiación.

Se observa que el modelo de financiación de 2001 proporcionó a Catalunya una financiación por habitante del 96% de la media. El modelo de 2009 modificó esta situación, y desde ese año a 2012 Catalunya ha recibido una financiación por habitante que está justo en la media.

Algo parecido le ocurre a Madrid. Antes de 2009 recibía el 89% de la media y desde ese año a 2012 ha recibido el 97% de la media.

Pero que Catalunya este básicamente en la media, que es donde deberían estar todas las comunidades autónomas si nos tomásemos en serio eso de la igualdad en el acceso a los servicios públicos de titularidad autonómica, no quiere decir que no haya problemas. Lejos de eso, la dispersión en torno a la media no parece responder a criterios explicables. Desde 2009, sin razón aparente, Andalucía obtiene el 94% de la financiación media per cápita, por debajo de Catalunya, pero Extremadura, con una renta per cápita parecida, obtiene el 116%. Murcia obtiene también el 94%, pero Cantabria, que tiene una renta per cápita superior, obtiene el 123%.

Así pues, la ordenación de las comunidades autónomas en términos de recursos por habitante ajustado, tras la aplicación del sistema, no parece muy lógica. No es que las comunidades pobres, o las ricas, estén sistemáticamente bien o mal tratadas, sino que hay un poco de todo. Y, al observar los datos, se ve que esta situación se mantiene año tras año.

Esta distribución genera una comprensible irritación en Catalunya y otras comunidades, sobre todo si no se explica en todos sus términos y consecuencias cuantitativas. Es más fácil gritar que no se respeta el Estatut que no explicar que en realidad sí, pero que, a pesar de eso, hay un problema, y en qué consiste el problema.

La primera razón de lógica irritación es la excepción vasco-navarra. La forma en la que el sistema foral se ha implementado en la práctica permite que dos de las comunidades más ricas del país no solo no contribuyan prácticamente nada a la nivelación interregional sino que ni siquiera paguen la parte que les toca de los servicios comunes que la Administración central nos presta a todos, lo que les deja con niveles de financiación homogeneizada por habitante ajustado que multiplican casi por dos la media del territorio de régimen común. Hay que recordar que Pujol en su día no quiso el sistema del País Vasco por la impopularidad que significa recaudar impuestos y por el riesgo económico del sistema de concierto.

El segundo motivo de irritación es el cambio en la ordenación por la financiación por habitante: el incumplimiento del principio de ordinalidad. La tabla 12 muestra el cambio en el orden que se produce en 2013 dependiendo de si la variable "ordenadora” es la capacidad fiscal o la financiación resultante después de las transferencias del sistema autonómico.

La ordinalidad no se cumple en el caso de Catalunya porque es la tercera por capacidad fiscal (118% de la media) y, en cambio, es la décima por financiación recibida (99,5% de la media).

A Madrid le pasa algo peor, es la primera por capacidad fiscal (un 134% de la media) y la novena por financiación recibida (un 99,8% de la media).

Aragón, Asturias, las dos Castillas, Murcia y Andalucía se quedan prácticamente donde están y Extremadura escala posiciones de la 14 a la 3.

Pero ¿cuál es la trascendencia cuantitativa de esos cambios de orden? Los cambios en una ordenación pueden ser agraviantes, pero su efecto cuantitativo puede ser pequeño, dependiendo del cambio que se produce en el valor de la variable ordenadora. Si todos los elementos ordenados estuviesen muy cerca de la media, un cambio de orden en ese entorno podría ser muy escandaloso en términos del número de orden, pero podría implicar pequeñas variaciones en el valor de la variable ordenadora.

Así, por ejemplo, para Catalunya, pasar de la posición número 3 por capacidad fiscal a la número 10 por financiación disponible representa perder unos 160 euros por habitante ajustado.

Finalmente, resulta interesante comparar esa diferencia con la renta per cápita. En 2012, la diferencia de financiación entre Cantabria (la que más financiación obtiene) y Catalunya (que está en la media) fue de unos 500 euros por habitante al año, mientras que la diferencia entre sus rentas per cápita fue de 4.700 euros. Extremadura (la tercera por financiación) obtuvo 200 euros más por habitante que Catalunya, mientras que la diferencia en sus rentas per cápita fue de 11.200 euros. Por ello, la falta de cumplimiento de la ordinalidad, que sin duda debe corregirse, no implica en absoluto que "los más ricos pasen a ser más pobres” como bien desmintió Zapatero. Pero lo que sí implica es cambios en el orden por la capacidad de financiar los servicios que prestan los gobiernos autonómicos. Y eso es lo que hay que corregir.

Estos problemas del sistema de financiación autonómico no son exclusivos de España. Todos los países federales viven en permanente revisión de su sistema de financiación con la pretensión de llegar a uno definitivo. El consejo de los premiers de las 13 provincias y territorios canadienses prepararon una propuesta de sistema de financiación que significativamente titularon: "Conciliario irreconciliable” [123]. En Alemania, el sistema de financiación ha ido avanzando a base de sentencias de su Tribunal Constitucional.

En España, las sucesivas reformas del sistema de financiación se producen en un cargado ambiente político en el que se adoptan acuerdos que se solapan con el objetivo, no muy amigo de la aritmética, de que "todas las comunidades autónomas ganen y ninguna pierda con respecto a lo que ya tienen consolidado en el anterior sistema”.

Teóricamente, la solución del problema no es tan difícil como parece. Como señala el profesor De la Fuente en sus trabajos: "Desmantélese el lío actual y, procediendo de forma gradual, si se quiere, repártanse las transferencias estatales de acuerdo con un criterio razonable a través de un único fondo de nivelación vertical que no sea esclavo del statu quo” [124]. Puede que no sea tan fácil como él cree, pero seguro que menos difícil que declarar la independencia.

No hay duda de que mejorar el sistema de financiación requerirá un presidente de gobierno con el coraje político necesario para imponer el bien general del Estado a los intereses de los líderes autonómicos de todos los partidos políticos, empezando por el suyo.

CAPÍTULO 10

¿CATALUNYA DISCRIMINADA POR LAS INVERSIONES? ¿CÓMO, CUÁNDO Y POR QUÉ?

E

l argumento de que todos los gobiernos españoles han penalizado a Catalunya en la inversión en infraestructuras ha calado en la opinión pública catalana, por la negativa experiencia cotidiana de muchos catalanes en el uso de las infraestructuras de transporte y por el sentimiento de agravio por los peajes en las autopistas.

Y la narrativa independentista ha utilizado esa percepción y la disminución de la inversión del Estado en Catalunya en los últimos años, que ciertamente se ha producido, como un apoyo adicional a su causa.

Este es un tema sensible y complejo, porque estamos pasando de la macro a la micro, como dirían, en su jerga, los economistas. Las vivencias cotidianas de los ciudadanos son más importantes que el análisis de las grandes cifras agregadas. Y el impacto de los ejemplos de esas vivencias personales determina la opinión pública, sin que sea siempre evidente por qué se producen o quiénes son sus responsables.

Para nosotros, el análisis de esta cuestión era un reto especialmente importante, puesto que uno de los autores de este libro, Josep Borrell, fue ministro de lo que ahora se llama Fomento entre 1991 y 1996. Y en esa condición tuvo un conocimiento quizás mayor que el de otros comentaristas. Y, por qué no reconocerlo, también tuvo una mayor responsabilidad en las decisiones que en su día se tomaron.

El territorio relativamente pequeño de Catalunya está mallado por unos 800 kilómetros de autopistas de peaje, el 80% de ellos es propiedad de la empresa Abertis, de la que es socio mayoritario el "banco catalán” por antonomasia, La Caixa. En el eje Barcelona-Lleida-Aragón hay vías alternativas (construidas durante la etapa de ministro de Josep Borrell) de calidad y capacidad suficientes para representar una alternativa a los peajes. No así en el eje mediterráneo, Tarragona— Barcelona y Barcelona-Gerona-Francia, donde no hay una vía "viable” que sea alternativa a las autopistas de peaje. Las viejas carreteras nacionales son una sucesión de semáforos y, en buena parte, vías de doble sentido de circulación que desincentivan su uso. En la práctica, es imposible ir de Barcelona a Tarragona o a Girona o viceversa por la carretera N II.

El eje pirenaico, una carretera nacional de titularidad estatal, la N-260, todavía tiene tramos en el Pallars y la Ribagorza que están casi como Franco los dejó (en todo caso, como los dejó en 1996 Josep Borrell al dejar el Ministerio), afectando muy negativamente al desarrollo de esas comarcas deprimidas. El corredor ferroviario mediterráneo, tema al que dedicaremos especial atención, es el mayor cuello de botella de la red ferroviaria española. Los usuarios de los cercanías de Barcelona, los populares Rodalies, sufren frecuentes alteraciones en los servicios, de los que se hace responsable a la Administración central, aunque la gestión esté transferida.

Además, las concesiones de las autopistas se han ido prorrogando a medida que llegaba al final el periodo de concesión, sin duda por las presiones de las concesionarias, para las que representan un excelente negocio. La última, en la que el gobierno Pujol tuvo un papel destacado, se hizo en 1998 de acuerdo con el gobierno del PP, prorrogando hasta 2.021 todas las concesiones de Abertis.

Las contrapartidas, que también las ha habido, han tenido efectos seguramente desequilibrados para los distintos tipos de usuarios y probablemente inferiores al beneficio que ha significado la ampliación para Abertis.

El ciudadano tiene, así, la sensación de que los gravosos peajes sin alternativa no se acabarán nunca. Y cuando viaja por otras regiones de España se encuentra con magníficas autovías sin peaje y poco tráfico. Todo eso es cierto. Y es muy fácil utilizar el sentimiento de agravio que produce. Y somos conscientes de que es más difícil, y seguramente de poca utilidad, analizar las circunstancias históricas y las razones económicas que generaron esa realidad.

En España, desde los tiempos de Franco, se construyeron autopistas de peaje por la iniciativa privada en todos los corredores que eran rentables. No solo en Catalunya, también en el eje Sevilla-Cádiz, País Vasco, ejes atlánticos de Galicia, salidas nortes de Madrid. En el resto del territorio no había rentabilidad privada, el Estado no tenía recursos y se quedaron con unas infraestructuras paupérrimas. Hasta que, a partir de 1986, y sobre todo desde 1991, con los fondos estructurales y de cohesión llegó el maná europeo. Sin el dinero europeo, esas infraestructuras, que llegaban con 20 años de retraso, no se hubieran podido construir. Y como venía etiquetado para ser invertido por criterios de desarrollo y cohesión territorial en los territorios más pobres, esos recursos no se hubieran podio invertir en otra parte.

Por eso, es obvio que, desde que España entró en la UE, las inversiones en infraestructuras se han guiado más por un criterio de cohesión territorial que beneficia a los regiones más atrasadas, que por acompañar el desarrollo de las más ricas. En efecto, así ha sido y ponerlo en evidencia es descubrir el Mediterráneo. Esta era la lógica de los fondos europeos estructurales y de cohesión. Y si no hubiese sido para cubrir esos objetivos, esa financiación no hubiera estado disponible para invertirla en otras partes con otros criterios. No había mucha elección.

Los territorios que, como Catalunya, el País Vasco o Galicia, han tenido autopistas de peaje, han tenido esas infraestructuras, de pago, sí, pero muchos años antes que el resto. Sin ellas no se hubieran podido desarrollar como lo han hecho. Y, además, hay que explicar, porque no se sabe, que esas autopistas que han pagado los sufridos usuarios con sus peajes, les han costado a todos los españoles una fortuna. Con los impuestos de todos los españoles se ha pagado por esas autopistas casi tanto como costó construirlas.

¿Cómo es eso? Porque la iniciativa privada pidió, y los gobiernos de antes de la democracia le concedieron, que el Estado asumiera el riesgo de cambio de los préstamos en divisas con los que se financió la construcción. Y con la posterior caída de la peseta con respecto a las monedas en las que esos créditos estaban nominados, el presupuesto tuvo que estar pagando durante muchos años las diferencias de cambio. Lo sabe bien Josep Borrell, responsable del presupuesto y de Hacienda desde 1983 hasta 1991, que cada año tenía que consignar unas partidas muy importantes para subvencionar a las empresas que habían construido las autopistas de peaje, por esa diferencia de tipo de cambio, en vez de poder aumentar la inversión real en un país al que el crecimiento económico le estaba reventando las costuras del traje.

Comprendemos que eso no le sirva de ningún consuelo al sufrido ciudadano catalán que tiene que pagar peajes, sí o sí, para muchos de sus desplazamientos cotidianos. Pero, puestos a explicar las cosas, expliquémoslas todas.

Eso no justifica la política de ampliación sistemática de las concesiones a cambio de inversiones adicionales de las concesionarias. El Estado y la Generalitat hubieran debido efectuarlas a su cargo. Y en los años de vacas gordas del euro, 2000-2009, se hubieran podido destinar recursos públicos a la disminución o supresión selectiva de peajes. Es una asignatura pendiente para cualquier gobierno.

Reconociendo, pues, esas carencias, pasemos de la micro a la macro y analicemos las grandes cifras de la inversión en infraestructuras. Para eso, los datos anuales aislados tienen muy poco significado. Dependiendo de qué año, o de qué periodo, se tome como referencia, se puede hacer una lectura u otra.

Por ejemplo, según la Cámara de Comercio de Barcelona, en sus interesantes y muy útiles informes [125] al respecto, la inversión del Estado en infraestructuras en Catalunya ha caído un 50% entre 2004, y 2014, el doble de lo que se ha reducido en el resto de las comunidades autónomas, donde la caída media fue del 25%. En efecto, la inversión presupuestada del Estado en Catalunya en 2014 fue de 950 millones, más o menos la mitad de 2004.

Pero durante el periodo 2004-2009, el propio estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona reconoce que las inversiones del Estado en Catalunya crecieron un 75%, porque fue durante esos años cuando se construyó el AVE Madrid-Barcelona y se llevó a cabo la ampliación del aeropuerto de Barcelona.

Sin embargo, en el periodo 2009-2014, la inversión del Estado en Catalunya se redujo un 73%, porque en ese periodo no se acometieron inversiones de la envergadura de las anteriores, y además porque ha habido fuertes recortes en el gasto.

Igualmente, los presupuestos del Estado para 2015 permiten afirmar que a Catalunya se destina solo el 9,5% de la inversión pública estatal. O decir que crecerá un 13%, pasando de 950 millones en 2014 a 1.072 millones en 2015. Ambas afirmaciones son ciertas.

Por tanto, las comparaciones temporales de la inversión del Estado en las comunidades autónomas deben ir acompañadas de las razones de su evolución. Y tener en cuenta también la trascendencia cuantitativa de los porcentajes aplicados a bases reducidas.

Comparen, por ejemplo, las reacciones de los consellers Homs [126] y Mas-Colell ante el mismo anuncio de que Catalunya recibirá en 2015 el 9,5% del presupuesto total de inversión en infraestructuras del Estado. El uno, echando leña al fuego; el otro, sin estar —por supuesto— satisfecho, razonando juiciosamente:

Homs: Uno puede llegar a la conclusión de que hay una voluntad expresa de actuar en contra de Catalunya [127].

Mas-Colell: Con el tema de las infraestructuras no debemos perder de vista que la inversión total del Estado en infraestructuras ha bajado mucho, por tanto, un 9%, un 10% o un 11% de muy poca cosa es muy poca cosa [128].

Lo significativo sería utilizar una serie larga y homogénea del stock de capital público, es decir, la acumulación de las inversiones anuales, y su distribución por la Administración que las ha ejecutado y el territorio donde se han efectuado. Y decimos bien, "ejecutado”, porque de poco sirve comparar los presupuestos iniciales aprobados si luego no se ejecutan o se modifican. Se presta una gran atención a lo que anuncian los presupuestos y muy poca a lo que después ocurre.

Desgraciadamente, esos datos, al menos los que nosotros hemos conocido y consultado, no siempre contienen toda la información necesaria.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) produce, desde el año 2009, un informe sobre la distribución territorial de toda la inversión ejecutada, que es lo relevante, por todos los organismos de la Administración central. Según esta información, en Catalunya se habría ejecutado el 7,7% del total territorializable invertido en el periodo 2009-2014. El problema de esa información es que solo se territorializa el 73% de la inversión total. Aun así, el porcentaje que corresponde a Catalunya en ese periodo es muy bajo con relación a su PIB y a su población.

Estos datos se corresponden con el periodo de vacas flacas de la inversión pública debido a la crisis. Pero la IGAE no dispone de una serie análoga para años anteriores y hay que acudir a informes parciales de los distintos ministerios.

En el libro La financiación autonómica [129] se citan estudios de los profesores Murillo y Gayo, que territorializan la inversión del Estado para el periodo 2003-2009, durante el cual la inversión total pasó de 9.600 millones de euros a 26.200 millones. Según ese estudio, la inversión en Catalunya habría sido el 14% del total, notablemente más alto que en el periodo estudiado por la IGAE, en el que la inversión estatal se desplomó.

El Instituto Valenciano de Investigación Económica (IVIE) ha trabajado mucho el tema y ofrece una serie territorializada del stock de capital público desde el año 2000. Pero esa serie no incluye, por problemas de disponibilidad de datos homogéneos, las inversiones en ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Y no es lo suficientemente larga para referirse, por ejemplo, a las grandes inversiones que se hicieron en Catalunya durante la época olímpica, a principios de los noventa.

Esta información de base es la que parece haber utilizado (desconocemos que exista otra) la Cámara de Comercio, que, en su estudio citado, señala que la participación de Catalunya en el stock de capital público es del 13%, cinco puntos por debajo de su PIB relativo, 18,6% del PIB español. Ignoramos si han subsanado las carencias estadísticas que hemos mencionado y cuál sería su efecto, pero ese estudio afirma también que durante los 10 últimos años, 2004-2014, el Ministerio de Fomento ha invertido en Catalunya 241 euros per cápita, más que la media estatal de 238, y que Catalunya ha recibido el 15,6% de la inversión en infraestructuras del Estado, 0,4 puntos porcentuales menos de lo que le correspondería por población y 3 puntos porcentuales menos de lo que le correspondería por PIB.

La Fundación Catdem, vinculada a CiU, ha elaborado un estudio sobre la inversión del Estado en Catalunya, utilizando también la información de base del IVIE [130]. Tampoco sabemos si han subsanado el problema citado de los datos utilizados, pero en él se concluye que, en el periodo 2003-2007, Catalunya recibió el 17% de la inversión, cuando su PIB era el 18,8% del estatal. Y en el periodo 2007-2010, con un PIB relativo del 18,6%, recibió el 17,9% de la misma.

Si el think tank del partido del señor Homs reconoce que, durante el periodo 2003-2010, la inversión estatal en Catalunya estuvo muy cercana a su PIB relativo, hay que preguntarse si realmente Catalunya fue objeto de una "voluntad en contra”, por parte de gobiernos de todos los colores politicos, como él mismo proclama.

Paso por alto informaciones menos documentadas. En julio de este año, en un debate en Barcelona para conmemorar el 3o° aniversario de la entrada de España en la UE, el ministro Margallo nos sorprendió asegurando que Catalunya era la comunidad que más inversión pública había recibido desde entonces, cifrándola en 36.000 millones de euros. Prometió enviarnos la documentación que lo prueba, pero este libro fue a imprenta sin haberla recibido.

Es frecuente también la polémica sobre las responsabilidades de las distintas administraciones, como ocurrió un día después del colapso de Rodalies, que afectó a 80.000 usuarios por la caída del sistema informático. La Generalitat, que gestiona el servicio, acusa al gobierno central de la falta de inversiones en la red ferroviaria. Pero la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, respondió que la red catalana es la infraestructura que más inversión ha recibido en los últimos años, entre 2008 y 2011 (664,6 millones). Esperemos que esta cifra esté más documentada que la de Margallo.

Más allá de estas polémicas, y de las diferencias entre los datos disponibles, nos parece cierto que la inversión en

Catalunya ha variado mucho a lo largo del tiempo y que en los últimos 15 años al menos no ha sido la suficiente para evitar los problemas antes mencionados.

¿Ha sido por una manifiesta voluntad en contra de Catalunya, como proclaman Homs y los folletos informativos de la Generalitat? Para empezar, esas "voluntades en contra” podrían haberse neutralizado con las "voluntades a favor”. Durante muchos años los gobiernos españoles, tanto del PP como del PSOE, fueron gobiernos en minoría que tuvieron que pactar sus presupuestos, y por tanto las inversiones, con CiU. Y los acuerdos costaron concesiones de todo tipo. Las inversiones programadas en esos años son también responsabilidad de CiU, sin cuyo acuerdo no se hubieran podido aprobar.

En algunos casos concretos, seguro que ha habido "voluntad en contra”, la política está llena de ellas. Pero movida más por enconos personales que por un afán de perjudicar a Catalunya. Por ejemplo, después de que Josep Borrell dejara el Ministerio de Obras Públicas en mayo de 1991, Rodrigo Rato, entonces vicepresidente económico, anunció en el congreso que se paralizaban las inversiones en el eje pirenaico, la N-260, porque el ministro saliente, hijo natal de La Pobla, había invertido demasiado allí. Y las obras se pararon, como bien saben en el Pallars y la Ribagorza.

Pero si Rato las paró, nadie después las reinició, ni siquiera los gobiernos de Zapatero, que hicieron grandes proyectos pero ninguna realización. ¿Por ganas de fastidiar al Pallars y a Catalunya? Francamente, no lo creemos.

Comprendemos que la gente de esas comarcas alejadas de Catalunya se sientan marginadas y tengan razones para comprarle a Homs su teoría de la "voluntad en contra de Catalunya”. Pero de eso no creo que se pueda deducir que todos los gobiernos, los de González, de Aznar, de Zapatero y de Rajoy, todos, hayan tenido una voluntad premeditada de "asfixiar” a Catalunya a través de las inversiones públicas.

Lo que sí ha habido son errores importantes de planificación y ejecución de las inversiones en relación con las necesidades de los territorios. Y uno de ellos, quizás el más importante, ha tenido que ver con la planificación y ejecución de las inversiones en ferrocarriles, que provocan hoy una grave congestión en el corredor mediterráneo, un problema real que sufren muchos catalanes.

Dediquemos a este tema la atención que merece, porque se ha convertido en el ejemplo paradigmático de las consecuencias de la falta de inversión estatal en Catalunya. Para documentarnos no hemos tenido que usar Google ni una sola vez, ya que Josep Borrell tiene conocimiento de primera mano de la cuestión.

El caso del corredor mediterráneo es ilustrativo de los problemas de la política ferroviaria seguida en el periodo 2000-2004, en el que se adquirieron numerosos compromisos territoriales mediante pequeñas contrataciones en vías de alta velocidad en todas las comunidades autónomas. Esa política clientelista, que impidió concentrar las inversiones y retrasó su terminación, es un claro ejemplo de ineficiencia económica. Los gobiernos posteriores no pudieron, o no quisieron, romper esa estrategia dada la virulenta reacción de cada territorio cuando se pretendía concentrar la inversión en líneas prioritarias. El café ferroviario para todos, recuerden que Aznar prometió un AVE para cada capital de provincia, estaba servido, y el muy hispánico recurso al agravio comparativo impedía cualquier intento de racionalización.

En efecto, al principio de los noventa se planteó una actuación estratégica que consistía en adaptar la línea Barcelona-Valencia a velocidades de 220 km/h (que, de acuerdo con la normativa europea, también es alta velocidad), para tráfico mixto de viajeros y mercancías y duplicando la vía en los tramos de vía única, lo que, en el caso de Vandellós-Tarragona, requería la construcción de una variante.

La Generalitat y los ayuntamientos de Barcelona y Valencia se opusieron demandando lo mejor, una vía de 300 km/h. Pero dado el aumento exponencial de costes que comporta el paso de los 220 a los 33o km/h, los problemas ambientales que ese trazado implicaba, el tiempo que se tardaría en realizarlo, y el relativamente escaso ahorro de tiempo que supone en el trayecto Barcelona-Valencia, Borrell pensó que lo mejor era enemigo de lo bueno y decidió iniciar el proyecto de 220 km/h.

Años más tarde, y con toda la obra civil realizada (solo quedaba pendiente la colocación de las vías en un segmento menor cuya huella de trazado se puede ver desde los aviones del puente aéreo), el presidente de la Generalitat persuadió a un posterior ministro de Fomento para modificar el proyecto a 300 km/h y el ancho internacional a lo largo de todo el corredor. Y los gobiernos del periodo 1996-2004 paralizaron la obra en marcha porque había que construir una nueva línea que sería mucho mejor. Luego llegó la crisis y más tarde el siguiente gobierno priorizó la construcción del Ave en otros territorios, especialmente en los accesos a Galicia.

A mediados de los ochenta era evidente que el gran cuello de botella de la red ferroviaria española era el paso de Despeñaperros. Tenía toda la racionalidad del mundo concentrar allí la inversión. Si había que aprovechar la ocasión para construir una línea de alta velocidad o si había que cambiar el ancho de vía al europeo, se puede discutir. Pero no que las inversiones debían concentrarse allí.

En cambio, es poco justificable priorizar hoy la inversión en alta velocidad con dos accesos a Galicia, salvando un relieve muy accidentado, por un territorio que se presta muy poco a este modo de transporte, que ya tiene una muy buena red de aeropuertos y con una demanda de trafico escasa.

En el año 2004 se desbloqueó la situación, iniciándose las obras de la variante Tarragona-Vandellós que, sin embargo, fueron paralizadas de nuevo en 2009 por el mismo gobierno que las había desbloqueado. A continuación se anunció, sin ningún tipo de compromiso presupuestario, una actuación faraónica desde la frontera francesa a Algeciras con una inversión superior a los 50.000 millones de euros.

Felizmente, a primeros de este año 2015, se han contratado las últimas obras de superestructura del tramo Vandellós-Tarragona, lo que dará fin a esta serie de despropósitos, permitirá resolver el cuello de botella más importante de la red y disponer de un servicio de calidad entre Barcelona y Valencia. Con todo ello, el retraso acumulado será de unos 20 años.

Desde luego, es un auténtico despropósito que 20 años después quede un tramo relativamente corto del corredor mediterráneo con una vía de sentido único. Y los usuarios del ferrocarril en esas comarcas lo han pagado caro.

Otro ejemplo de este error estratégico es la relación ferroviaria del Puerto de Barcelona con Perpiñán y el resto de Europa. Tras muchos años de reivindicación de una línea de ancho internacional que conectase el puerto con la red europea, una vez se ha dispuesto de esa línea (de características heterogéneas: tercer carril, pendientes excesivas para mercancías, concesión Figueres-Perpiñán...), los tráficos no han respondido; la nueva línea está infrautilizada, circulando 3 0 4 trenes diarios. El puerto considera ahora que la solución pasa por volver a la línea convencional Barcelona-Port Bou, adaptándola al ancho internacional.

Sin duda, el Puerto de Barcelona requiere con urgencia la realización de un nuevo acceso sur a la zona de ampliación. Solo la falta de sintonía entre las instituciones estatales y autonómicas implicadas ha demorado lamentablemente esta actuación hasta el presente.

Pero esos problemas, innegables, no se pueden poner en la cuenta de una teoría conspirativa de España contra Catalunya, aunque eso les sea útil a los engordadores de agravios.

La experiencia de Josep Borrell como secretario de Hacienda y como Ministro de Obras Públicas y Transportes, es que la racionalidad de los planes de infraestructuras viene determinada por la capacidad del presidente del gobierno para defender el interés general sobre los intereses particulares de presidentes autonómicos y alcaldes (y sobre los suyos propios), la del ministro de Fomento para hacer una priorización de proyectos con sólidos análisis de coste beneficio y la de los ingenieros del Estado para hacer buenos proyectos.

Y en eso también en todas partes cuecen habas. En muchos países y en todos los niveles de Administración la tensión de factores similares produce proyectos magníficos y auténticos fiascos.

Citemos alguno de casa, del que apenas se habla: la línea 9 del metro de Barcelona, cuya responsabilidad íntegra es de la Generalitat. Fue planeada por el último gobierno Pujol y a día de hoy continúa inacabada. Según el conseller Vila, de CDC, se trata de un proyecto que fue "mal planteado y orientado” [131], cuyo presupuesto inicial fue de 2.464 millones de euros y ya ha subido hasta los 16.619 [132]. Un informe en TV3 explicó que ahora sirve de ejemplo en todo el mundo de lo que no hay que hacer: "El trazado de la línea 9 parece un cuadro de Miró, va haciendo curvas porque las presiones políticas fueron muy fuertes y nadie supo imponerse a ellas” [133]. Para tener una idea de la magnitud del gasto, el AVE Barcelona-Madrid costó 9.000 millones [134].

Otro ejemplo es el canal Segarra-Garrigues, "la segunda infraestructura más cara que actualmente construye la Generalitat” y en la actualidad, trece años después, su futuro continúa "en el aire” [135].

Para acabar, citemos una queja que tiene fundamento: el incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut, que establece que el Estado tiene que garantizar, durante el periodo comprendido entre 2007 y 2013, un volumen de inversión en infraestructuras en Catalunya equivalente al peso relativo de su PIB en relación con el del conjunto de España, del orden del 18,6%. Ciertamente, esta disposición no se ha cumplido y la Generalitat reclama al Estado una deuda de 3.967 millones por este concepto.

Para justificar ese incumplimiento, y no reconocer esa deuda, el gobierno del PP argumenta que la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2.010, estableció que un estatuto no puede obligar al Estado a dotar partidas para la inversión en una comunidad concreta. Y que esta disposición no vincula al Estado en su política de inversiones ni menoscaba la plena libertad de las Cortes Generales para decidir la cuantía y la localización de las inversiones. Sobre todo cuando en cada estatuto se adoptaron disposiciones contradictorias, y seguramente incompatibles entre sí, sobre cómo debía el Estado invertir: según el PIB en Catalunya, según la población en Andalucía, según otros criterios en otras comunidades.

Pero la sentencia no dice que la norma estatutaria no se deba aplicar, sino que hacerlo no es una obligación jurídica para el Estado. Por lo tanto, aunque la norma estatutaria haya perdido su carácter obligatorio, lo razonable hubiera sido que la Generalitat y el gobierno pactaran un plan de inversiones conforme al espíritu del Estatut, que en este punto reflejaba un claro acuerdo político para asignar a Catalunya una determinada proporción del total de la inversión pública. Y eso no se ha hecho.

Mantener en la práctica la disposición estatutaria ha podido ser más difícil porque ha coincidido con el tremendo desplome de la inversión pública. Entre 2004 y 2009, cuando el porcentaje de la inversión estatal en Catalunya estaba cercano, aunque inferior, a su PIB relativo, la formación bruta de capital fijo de la Administración central se situaba entre el 1,3 y el 1,5 del PIB. Desde 2010 se produce un vertiginoso descenso, hasta llegar al 0,6% del PIB en 2014. Pero ese descenso ha afectado especialmente a las inversiones en algunas comunidades, entre ellas Catalunya, lo que agrava el incumplimiento de la voluntad política expresada en el Estatut.

Está claro que hay mucho trabajo por hacer para planificar las inversiones del Estado con más transparencia y eficacia económica y social.

CAPÍTULO 11

¿APOYARÍA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DE CATALUNYA?

E

l argumento económico independentista se basa en dos pilares: 1) Catalunya sufre un trato fiscal injusto y 2) la independencia solo aportará efectos positivos. El argumento político se basa en dos pilares análogos: 1) Catalunya está sometida a un orden constitucional injusto por no permitirle ejercer el derecho a la autodeterminación que sí reconocen los países democráticos avanzados. 2) La separación de España no tendrá efectos políticos negativos ya que la comunidad internacional apoyará a Catalunya, la reconocerá como un nuevo miembro de la ONU y asegurará su permanencia en la UE.

Hemos visto que para Mas la democracia española es una democracia de "baja intensidad” porque no permite lo que, según él, sería aceptado en las democracias desarrolladas.

Y, para apoyar su argumento, tergiversa el discurso que Obama pronunció en la ONU [136] para contarnos que EE UU apoyaría a Catalunya porque la "autodeterminación es un derecho universal". Sin embargo, si leen ese discurso, verán que Obama se refiere a Libia, Egipto, Túnez, Yemen, Irán y otros países en circunstancias parecidas, que nada tienen que ver con las de Catalunya.

Por su parte, Junqueras nos asegura que la UE avalaría el ejercicio de ese derecho. Ambos han contado el cuento, atractivo y potente, de que ningún país democrático negaría un referéndum de autodeterminación a uno de sus territorios. Y Canadá y el Reino Unido son claros ejemplos de esta teoría.

Pero nunca han explicado la respuesta que han dado los EE UU a sus demandas internas de independencia, ni su actitud durante el referéndum de Quebec. Ni han prestado atención a las recomendaciones de Alex Salmond. Se lo contamos a continuación.

ESTADOS UNIDOS

S

u Declaración de Independencia dice que si se dan las circunstancias debidas de injusticia, existe "el derecho y la obligación de liberarse del gobierno” que las causa. Es lo que parecen creer hoy Junqueras, Mas, Forcadell, Homs ("los catalanes solo serán libres cuando se liberen de las leyes españolas”) con respecto a la situación de Catalunya en España.

La guerra civil americana estuvo precedida por tres referéndums de independencia con resultado favorable a la secesión, a los que Lincoln, el presidente de los EE UU más admirado, no hizo caso. Lincoln manifestó: "Una parte prefirió la guerra a la supervivencia de la nación y la otra aceptó la guerra para evitar su desaparición”.

Las lápidas mortuorias en la iglesia de la Universidad de Harvard recuerdan a las víctimas de una guerra a la que llaman "the war to mantain the unity of the nation”, en la que murieron 600.000 americanos. Poco tiempo después del fin de la guerra civil, el Tribunal Supremo confirmó que "la Constitución, en todas sus provisiones, fija una Unión indestructible de Estados indestructibles”.

Ha llovido mucho desde su guerra civil, pero, en el tema de la unidad, los EE UU no han cambiado. Veamos dos casos recientes.

En 2006, un ciudadano solicitó organizar una consulta sobre la independencia de Alaska. Finalmente, el Tribunal Supremo de Alaska estableció en su sentencia [137] que: "[...] la secesión es claramente inconstitucional y por ello un objeto impropio de una iniciativa de consulta”.

Más recientemente, en 2012, 100.000 personas firmaron una petición online solicitando al presidente Obama la independencia de Texas. El 11 de enero de 2013, la Casa Blanca dijo en su respuesta oficial [138] que "la Constitución de los Estados Unidos no proporciona mecanismos para salir de la Unión”.

Mas ha calificado a la Constitución española de ser un "callejón sin salida” [139]. Sería interesante saber qué opina de la Constitución americana o sí también tiene a los EE UU en la lista de democracias "de baja intensidad”, por negar tajantemente el derecho de autodeterminación a sus Estados.

También hemos visto como Junqueras, en entrevista con Xavier Sardá evitaba responder si los EE UU reconocerían el derecho a la autodeterminación de unos de sus Estados, lo que no le impide estar seguro de que apoyarían la independencia de Catalunya.

Pero, aunque les caiga más lejos, es ilusorio pensar que los EE UU dispensaran un trato a Catalunya distinto del que pensaban dar a Quebec. Una prueba de ello fue que, en su reciente viaje a EE UU, el presidente de la Generalitat no tuvo ningún encuentro con ninguna autoridad de relevancia. El periodista Jordi Basté describía así el acto central de su viaje: "Me quedé sorprendido cuando vi la sala donde hizo la conferencia el 'president’ Mas en la Universidad de Columbia. Creía que iba a ser una conferencia de altos vuelos en EE UU. Esperaba una especie de aula magna y era un aula pequeña de tercero de primaria [140]”.

Para saber cuál sería la reacción de los EE UU sobre la independencia de Catalunya resulta ilustrativo saber qué hizo durante el referéndum de Quebec.

ESTADOS UNIDOS, QUEBEC Y NAFTA

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ean Chrétien, presidente del gobierno canadiense cuando tuvo lugar el segundo referéndum de Quebec en 1995, ha asesorado al gobierno de David Cameron en la campaña del "no” del referéndum escocés. Su mensaje principal es que el "no” no es tarea fácil: "Siempre va a ser más complicado dirigir la campaña del no que la de sí, porque el sí apela al corazón y a la nostalgia del pasado; en cambio, cuando hablas del no, están tratando del día a día. Lanzarse al vacío es excitante, pero debes averiguar si hay agua en la piscina antes de tirarse” [141].

En sus memorias, el señor Chrétien cuenta que el entonces presidente Bill Clinton le ofreció el apoyo de los EE UU, aunque con declaraciones públicas muy medidas, para evitar injerencias en los asuntos internos de otro país.

Resulta muy interesante leer el libro [142] de James J. Blanchard, embajador de los EE UU en Canadá durante el referéndum de Quebec, donde deja clara la posición de los EE UU en contra de la secesión. Y lamenta que su reticencia a comentarla públicamente sea considerada como una señal de apoyo por los separatistas.

Blanchard cuenta la predisposición de los EE UU a dejar a Quebec fuera de NAFTA (la asociación equivalente a la parte económica de la UE) durante un periodo de tiempo:

[...] Jacques Parizeau, el líder del Parti Québecóis, me dijo: "Seremos un país independiente con un asiento en la ONU, pero mantendremos la moneda canadiense. Tendremos nuestro propio ejército, guardacostas [...], pero seguiremos siendo buenos aliados en la OTAN. Y por supuesto, seremos parte de NAFTA”.

Yo respondí: "Pero el acuerdo no lo dice así. Habría un proceso formal de admisión y eso significa que tendrían que obtener la aprobación de Canadá y de EE UU y de México. A lo mejor conseguís la aprobación después de dos años de reclamarlo. Desde luego, no me imagino a los EE UU diciendo sí, si Canadá no quiere que lo hagamos”.

Blanchard cuenta cuán alarmante le parecía la ciega confianza de los líderes independentistas en que, digan lo que digan los tratados y las leyes, eso se arreglaría. Suena parecido a lo que oímos por aquí y a los viajes de Mas por Europa para asegurar que los catalanes seremos muy buenos europeos.

En esos viajes, Mas solo ha encontrado la atención mínima que aconseja la buena educación. Algo parecido a la descripción que hace Blanchard de la muy breve reunión entre Bill Clinton y el líder separatista quebequense L. Bochard. Antes de empezar la reunión, el embajador le dijo a Clinton: "Cualquier cosa que le digas, él lo interpretará como apoyo para la independencia. Si le dices que hace buen día, él saldrá y dirá a la prensa que tú estás a favor de la independencia de Quebec. Así que pregunta poco. Es un tipo majo [...] pero quiere ser el rey de Quebec. Y quiere dirigir la manifestación allí donde los manifestantes le lleven”.

¿Les suena de algo?

Después de oír un largo discurso sobre las buenas relaciones que Quebec tendría con los EE UU y lo mucho que les querían, Clinton le preguntó por su salud. Y al comprobar que el presidente Clinton no iba a hablar más que del mar y de los peces, Bochard se levantó y se fue.

Algo parecido le debió de ocurrir a Mas la primera vez que se entrevistó con el primer ministro francés Manuel Valls. No parece que tuviese ocasión de explicarle su proyecto independentista porque, después del almuerzo, Valls declaró: "No hablé con Mas sobre el proceso soberanista” [143].

En su libro, el embajador americano explica muy claramente el negativo impacto económico del proceso independentista en Quebec, en términos de deslocalizaciones de empresas e inversiones perdidas. Algo que Junqueras niega porque "los mercados son globales”.

QUEBEC, ESCOCIA, EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN Y LAS DECLARACIONES UNILATERALES DE INDEPENDENCIA

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os referéndums de Escocia y de Quebec fueron autorizados en países cuyas constituciones no estipulan su indivisibilidad y cuyos gobiernos están confiados en las pocas posibilidades de una victoria independentista. En ningún caso reconociendo el derecho a la autodeterminación. Y sin que absolutamente nadie pensase que una declaración unilateral de independencia fuese un camino viable.

Resulta interesante la entrevista que Jordi Basté le hizo a Alex Salmond, ex primer ministro y líder del movimiento independentista escocés, el 19 de marzo de 2015 [144]. En ella, deja claro que el referéndum escocés no ha sido fruto del ejercicio de un derecho que los dirigentes de Escocia han decidido ejercer cuando han considerado oportuno, sino después de un siglo de buscar un acuerdo. En la entrevista, Salmond insiste una y otra vez en que la única solución es persistir hasta la consecución de un acuerdo: "El acuerdo de 2012 [para el referéndum de 2014,] estuvo precedido de más de un siglo de no tener acuerdo, y pasaron muchos años, hasta que Londres aceptó un proceso pactado”. "Yo podría haber hecho un referéndum sin acuerdo en cualquier momento, pero las consecuencias son tan importantes como el proceso.”

Pero Mas tiene prisa: "Aquí no estamos por dilaciones, hemos puesto la directa y vamos en serio” (discurso del 20 de junio de 2015). Mientras Alex Salmond recomendaba persistir hasta encontrar un acuerdo, los independentistas catalanes se comprometían a saltarse la ley si fuese necesario para conseguir la independencia.

El consejo de Salmond está en las antípodas del plan pactado por CDC, ERC, ANC, Associació de Municipis per la Independencia y Omnium Cultural por el cual, si en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015 los partidos independentistas obtienen mayoría, harán "una declaración de soberanía inicial como anuncio e inicio del proceso hacia la proclamación del nuevo Estado, o República catalana [...] que en ningún caso quedaría supeditado a la vigencia jurídica”.

El caso de Quebec es parecido. En 1979, un año antes del primer referéndum, la independencia registraba un apoyo de solo el 18% [145] de la población de Quebec, con lo que Trudeau pensó que el referéndum no tenía riesgos.

Jean Chrétien explica en sus memorias que él "quería hacer desaparecer el mito de los separatistas por el cual Quebec tenía el derecho a la autodeterminación según la ley internacional; de hecho, el derecho a la autodeterminación es reconocido solamente en situaciones donde un pueblo está sufriendo opresión extrema o subyugación colonial, nada de lo cual podía decirse ni por asomo del pueblo de Quebec”. Será difícil convencer a la comunidad internacional de que estas son las circunstancias que vivimos en Catalunya.

En 1998, el Tribunal Constitucional de Canadá publicó su veredicto sobre la Ley de Claridad y estableció que "una declaración unilateral de independencia es contraria a la ley canadiense y no está amparada por la ley internacional”.

LAS INDEPENDENCIAS DE IRLANDA, ISLANDIA, NORUEGA Y GROENLANDIA

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unqueras, en entrevista con Xavier Sardá, nos sorprende con otros ejemplos que podrían servir de guía para Catalunya: "Yo podría hacer un listado de países que han sido independientes, Irlanda respecto al Reino Unido, Islandia respecto a Dinamarca, Noruega respecto a Suecia, Groenlandia respecto a Dinamarca” [146].

Hay pequeños detalles a tener en cuenta, como que Groenlandia no es un país independiente (Junqueras se sigue inventando lo que le conviene) sino una región autónoma de Dinamarca; que la independencia de Islandia tuvo lugar mientras Dinamarca estaba ocupada por los nazis; y que la independencia de Irlanda costó 5 años de guerra con los ingleses y de guerra civil. ¿De verdad cree Junqueras que esos casos que cita pueden servir de referencia para el proceso de independencia de Catalunya?

Y, para que no falte de nada, veamos lo que opinan en el Vaticano. Preguntado sobre lo que ocurre en Catalunya, el Papa Francisco contesta: "Los desmembramientos como Yugoslavia se pueden explicar porque hay pueblos con culturas tan diversas que ni con cola se podían pegar. Pero en casos como Escocia, la Padania, Catalunya, hay que tomarlos con muchas pinzas y analizarlos caso por caso” [147].

Tampoco parece que el Papa crea que la autodeterminación es un derecho universal.

Se piense lo que se piense sobre la conveniencia y la posibilidad de celebrar una "consulta” sobre la independencia, la realidad es que no es cierto que el derecho de autodeterminación sea un derecho natural reconocido en las democracias avanzadas.

Catalunya no va a ser un Estado porque su parlamento lo proclame, lo será en la medida en que esa proclamación sea reconocida por otros Estados.

¿Y qué pasa si el Parlament proclama que Catalunya es un Estado pero nadie (o casi) lo reconoce? Que los catalanes tendrán que seguir viajando con pasaporte español...

Es cierto que últimamente se han creado muchos Estados nuevos en Europa, a partir de las repúblicas de la ex-URSS y de la difunta Yugoslavia. Los independentistas tipo Junqueras nos lo recuerdan continuamente. Pero nada que ver. Esos procesos 1) arrancaron de la implosión de los Estados anteriores; 2) partieron de una base legal, las constituciones de la URSS y de Yugoslavia reconocían el derecho de autodeterminación, aunque fuese retóricamente, y 3) pese a lo anterior, han conllevado violencia interior, enorme en Yugoslavia y considerable en la ex-URSS.

Un día Jordi Pujol le dijo a Josep Borrell que "los catalanes somos los kurdos de Europa”. Pues miren cómo los kurdos ejemplifican la dificultad de que un Estado sea reconocido cuando no interesa a otros Estados importantes. Son la mayor minoría étnica del mundo, nadie discute su identidad, se autogobiernan en Iraq, tienen presencia parlamentaria en Turquía, fuerzas armadas kurdas combaten colaborando con ejércitos en Siria... y siguen sin ser reconocidos...

Afortunadamente, los catalanes no somos los kurdos de Europa. Precisamente, la cuestión fundamental para Catalunya se plantea en su pertenencia a la UE y en la simpatía y el apoyo que su independencia puede encontrar entre sus vecinos europeos. A ello dedicamos el siguiente capítulo.

CAPÍTULO 12

CATALUNYA ANTE LA UNIÓN EUROPEA. EUROPA ANTE CATALUNYA

¿APOYARÍA EUROPA LA INDEPENDENCIA DE CATALUNYA?

S

egún Mas [148], solo hay en Europa dos o tres casos de regiones que quisieran seguir la misma ruta de una Catalunya independiente: el País Vasco, Escocia, quizás Flandes.

En realidad, toda la prensa europea va llena de referencias a cómo el referéndum escocés, incidiendo en sociedades golpeadas por la crisis económica, ha reavivado las fuerzas del regionalismo en Europa, despertado otros casos en Italia, Francia y Alemania.

El semanario alemán Der Spiegel ha publicado un reportaje significativamente titulado "La hora de los egoístas”, describiendo las quejas económicas de Catalunya diciendo que "la crisis impulsa a los separatistas en varios países de la UE y las regiones ricas ya no sienten la solidaridad con las regiones más pobres del país” [149].

El periódico inglés The Telegraph se refería al temor de que "las grietas de España se extiendan al resto de Europa. ¿Será Cataluña un acicate para los italianos que ya están muy divididos entre el norte industrial y el sur rural? ¿Y del separatismo flamenco en Bélgica? ¿Y en Baviera? "[150].

Aunque el CATN advierte que Catalunya no debe usar exclusivamente la bandera del agravio económico, por el riesgo de "identificar el patriotismo y la voluntad de ser de los catalanes con una forma colectiva y exacerbada de egoísmo”, es habitual que la prensa internacional la mencione como una reivindicación económica. Sería raro que no lo fuera, dado lo que cuenta Mas a medios extranjeros, en los que el cuento de los "16.000 millones de euros que España nos roba” ha sido su argumento principal.

Mas también ha declarado que, en Italia, "ningún italiano se levanta por la mañana pensando que su lengua y su identidad esté en peligro”. Demuestra que Mas desconoce lo que ocurre en el Véneto o en el Tirol del Sur.

Como hemos visto, en Italia, Luca Zaia, gobernador del Véneto, se queja de su déficit fiscal con Italia y se propone "emular el movimiento independentista de Cataluña” [151].

Los presidentes de los gobiernos de Italia, Francia y Alemania han sido tajantes al respecto de la indivisibilidad de sus países.

Es posible que esos países tengan todos constituciones de "baja intensidad democrática”, según Mas, pero si leen las declaraciones al respecto de Renzi [152], Valls [153], o del portavoz de Merkel [154] sobre una hipotética independencia de Baviera, no tendrían ninguna duda de que la independencia de Catalunya no despierta simpatías, y no tendría apoyos. Todo lo contrario de los cuentos que nos cuentan Mas y Junqueras.

Valls, catalán de nacimiento, lo ha dicho muy claro en entrevista con García— Abadillo: "Las naciones de Europa no tienen que dividirse más, no tienen que perder fuerza [...] en un mundo globalizado no podemos permitirnos debilitarnos con divisiones”.

A pesar de ello, los independentistas no pierden oportunidad de contar el mantra de que "España es un país de baja calidad democrática porque no permite un referéndum de autodeterminación en Cataluña”. Pero como Europa sí tiene una alta calidad democrática, ayudará a Catalunya a ejercer su derecho universal a la autodeterminación.

Pero los líderes europeos, y en particular los de Alemania, Francia e Italia, no apoyan el proyecto independentista catalán, al menos por las siguientes seis razones.

En primer lugar, porque va en contra de sus intereses de política interna. Todos tienen regiones ricas con identidades marcadas, a veces con lenguas propias, con una integración histórica relativamente reciente y en las que se explotan políticamente de forma inmisericorde sus déficits fiscales. En Alemania, Baviera lo hace muy crudamente. Y sus constituciones, como la española, establecen que sus países son indivisibles.

En segundo lugar, porque va en contra de sus intereses en política internacional. Europa cree que los Estados fuertes y una progresiva integración entre ellos es la mejor manera de jugar un papel relevante en el mundo, limitar la dependencia de los EE UU, plantar cara a Rusia, competir con Asia y afrontar los desafíos globales ecológicos y de seguridad. Dividir los Estados es ir en dirección contraria.

Manuel Valls lo dice muy claramente: "Todo lo que une, refuerza y todo lo que divide, debilita [...] Como socios y vecinos, deseamos una España fuerte y estable” [155].

En tercer lugar, porque nunca darían apoyo a una iniciativa que no respete la legalidad de un país miembro de la UE.

Estipular que "el proceso de transición democrática no quedaría en ningún caso supeditado a la vigencia jurídica” [156], como hace el plan independentista suscrito por CiU y ERC, produce un extraordinario rechazo en Europa.

En cuarto lugar, porque "nacionalismo” es una palabra tóxica en Europa. Lo sabe bien Mas, que ha escrito recientemente un artículo en Le Figaro proclamando que lo suyo nada tiene que ver con el nacionalismo. Sorprende leer a Mas decir que "seríamos unos irresponsables de pretender construir un proyecto político nacionalista” [157]. Sorprendente de parte de alguien que dice de sí mismo que "la única ideología que he tenido y que defiendo es el nacionalismo” [158]; y que es el líder de un partido que se define como un partido nacionalista catalán.

Junqueras ha dado todo su apoyo al Scottish National Party, pero Tony Blair ha dado su opinión: "Volveremos a ganar cuando confrontemos la ideología del nacionalismo, que es una filosofía reaccionaria disfrazada como progresismo; y cuando presentemos a la gente de Escocia políticas de futuro, progresistas y no basadas en el mito de que los problemas de Escocia se solucionarán con una relación distinta con Inglaterra” [159].

En quinto lugar, por el tono de dramatismo histórico y diplomacia de aficionado del independentismo catalán, con sus constantes envíos de cartas y memorándums a gobiernos y embajadas.

Y, en sexto lugar, por el descrédito de los líderes independentistas catalanes. Las embajadas en España son perfectamente conscientes de que los ejemplos que ponen los políticos independentistas catalanes para justificar sus argumentos económicos y políticos son falsos.

¿Qué pensaría si usted fuese bávaro y viera escrito en Le Monde que un político catalán asegura que conoce una cosa llamada la balanza fiscal de Baviera que él no ha visto nuca y se inventa que en Alemania existe un límite constitucional al déficit fiscal de los länder?

¿Qué pensaría si usted fuese del Tirol del Sur y viera en el Corriere della Sera que nadie en Italia teme por su lengua? ¿Qué pensaría si usted fuese danés y le informaran de que Groenlandia es independiente?

Es indudable que Alemania, Francia e Italia tienen la convicción de no permitir la secesión de ninguna de sus partes. Y mucho menos si es una de las regiones ricas. Por ello, tienen un fuerte interés en evitar sentar el precedente de una independencia "sin coste” a una región como Catalunya. ¿De qué manera? Con la principal herramienta de la diplomacia en el siglo XXI: con la política comercial.

Y esto nos lleva a considerar la cuestión trascendental de la relación entre Catalunya y la UE.

CATALUNYA ANTE LA UNIÓN EUROPEA

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ersonalidades como el conseller Mas-Colell y el exconseller Castells han dicho que Catalunya no se podría permitir los costes que implicaría salir de la UE y del euro.

Muchos catalanes piensan lo mismo. El apoyo a la independencia cae drásticamente en las encuestas si va asociada a una salida de la UE. Y por eso Junqueras se esfuerza en contar que no sería así.

Desde Bruselas nos han dicho de varias y muy claras maneras que una Catalunya independiente no sería de forma automática un nuevo Estado miembro de la UE. No que quedara excluida para siempre, y ciertamente la UE quedaría incompleta sin Catalunya, pero la adhesión no sería ni automática ni inmediata.

Cada vez que alguien lo recuerda, los independentistas se lo toman como una intolerable amenaza. Y es verdad que suena a aquello de que "no te puedes ir de casa por muchas ganas que tengas porque fuera hace mucho frío”. Pero es lo que es. Y muchos catalanes quieren un análisis racional de las ventajas e inconvenientes de una decisión de tan enorme importancia. No querer hacerlo sería como prohibir indicar las contraindicaciones de las medicinas y los efectos secundarios que puede producir su uso.

Sus convicciones le hacen decir a Junqueras que no, no, de ninguna manera, Catalunya no saldría de la UE. Esos deseos piadosos valen lo que valen: a la hora de la verdad, muy poco. Más realista, el propio Mas reconoce, en una reciente entrevista en el periódico italiano La Repubblica, que Catalunya quedaría "transitoriamente” [160] fuera de la UE.

"Transitoriamente”, esa es la cuestión. Y ¿cuán larga seria la transición? Nadie lo puede saber, pero la comisaria V. Reding, galardonada con la Creu de Sant Jordi, de visita en Barcelona, lo estima "en varios años”. Según The Economista al menos cuatro o cinco [161].

Siendo honestos, nadie puede garantizar el tiempo que Catalunya tardaría en ser admitida en la UE. Dependería de muchas circunstancias, entre ellas la forma en la que se produjese la separación. Las fórmulas express dependen de las ganas que se tengan, y ya hemos explicado que, ante una independencia unilateral, habría muy pocas. La fórmula más hilarante se la hemos escuchado a un ex alto cargo de la Generalitat: "No tendríamos problemas, porque como la independencia no sería reconocida por España, seguiríamos jurídicamente en la UE como parte de España”. Y se quedan tan tranquilos.

Veamos los hechos:

En marzo de 2014, la Comisión Europea dictaminó que "cuando una parte del territorio de un Estado deje de formar parte de ese Estado, porque se convierta en un Estado independiente [...], desde el día de su independencia se convertirá en un tercer Estado con relación a la UE y los tratados ya no serán de aplicación en su territorio”. El expresidente de la Comisión, Barroso, lo reiteró en noviembre pasado diciendo que el Tratado de Lisboa no había aportado ninguna novedad al respecto. Y lo ha repetido el actual J. C. Juncker.

La UE es una Unión de derecho que se rige por sus tratados. El artículo 52.1 del Tratado de la Unión (TUE) cita nominalmente a cada uno de los Estados miembros. Para incluir a Catalunya habría que modificarlo por unanimidad del Consejo Europeo y la ratificación de cada Estado. Así se ha hecho ahora con Croacia. Y eso es así, aunque el nuevo Estado resulte de la escisión de un Estado miembro. E incluso aunque la separación se haya producido de acuerdo con sus normas constitucionales. Y una declaración unilateral de independencia no sería aceptada por la UE en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.2 del TUE, por el que se respeta la integridad territorial de los Estados miembros.

No es posible decir las cosas de forma más clara. Pero las emociones parecen ser más poderosas que las razones. La Generalitat nos sigue contando cuentos, como el que todo eso se arregla políticamente; que la UE no puede prescindir de Catalunya; que Europa no se atreverá a expulsar a 7 millones de catalanes sin perder con ello sus esencias democráticas; que somos contribuyentes netos; que si la Alemania del Este pasó a formar parte de la UE al unirse por las buenas a la República Federal, por qué Catalunya no podría hacerlo al separarse de España por las bravas; que, a fin de cuentas, los catalanes ya somos ciudadanos europeos; que podríamos seguir en el euro y en el mercado interior como si tal cosa y que los bancos catalanes no perderían el acceso a la liquidez del BCE, etc.

Así pues, digan lo que digan los tratados y las autoridades comunitarias encargadas de velar por su cumplimiento, háganle caso a la autoproclamada amplia experiencia internacional de Homs, que nos asegura que esas cosas se arreglarán con un buen apaño político y el apoyo de Lituania.

No nos vamos a molestar en rebatir cuentos como lo que pasó con Alemania del Este porque no tiene nada que ver, ni en argumentar que no se puede "expulsar” de un club a quien todavía no es miembro de él, y concentrémonos con lo que pasaría con el euro.

Algún ilustre economista nos ha dicho, sin sonrojarse, que da igual la pertenencia formal a la UE porque, en la práctica, seguiríamos teniendo las mismas ventajas que si fuésemos miembros. Los bancos catalanes seguirían accediendo sin problemas a la liquidez del BCE, porque "los bancos de un país segregado y externo a la eurozona podrían seguir financiándose en el BCE como en la actualidad”. ¿Cómo pueden personas supuestamente capacitadas profesionalmente contar esos cuentos?

Han tenido que desmentirle desde el Banco de España y el propio BCE. El portavoz del Bundesbank, Michael Best, recordó hace poco en el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) que eso sería así, "siempre que los bancos externos a la eurozona tengan filiales en ella”. Pero también recordó que la financiación estaría limitada "en función no del volumen de negocio del banco matriz, sino de la filial”. La filial establecida en la eurozona de un banco de un país no miembro puede pedir financiación, pero solo en proporción a los activos de la filial, y debe aportarlos como colateral (garantía), en más de un 100% del préstamo.

Como recordaba Carlos Solchaga en Barcelona, ningún activo que no se haya generado dentro del área de la Unión Monetaria Europea puede ser utilizado como colateral para obtener créditos en el BCE. La liquidez suministrada por el BCE ha llegado a representar la quinta parte de los créditos concedidos por las tres grandes instituciones financieras catalanas, incluyendo en ellas a CatalunyaCaixa. La consecuencia sería más bien la emigración a España de las residencias fiscales de los dos grandes bancos catalanes,

CaixaBank y Banco Sabadell. Que, por cierto, es difícil llamarlos "bancos catalanes” porque tienen el 6o y el 70% de su negocio fuera de Catalunya.

Por otra parte, quedarse en el euro y no poder acudir al BCE significa que la cantidad de moneda depende de los resultados netos de los intercambios internacionales. Si los movimientos de capital fuesen negativos, el resultado sería la creación de una nueva moneda. Y eso son palabras mayores. Iría acompañada de una devaluación muy importante que aumentaría el valor real del endeudamiento público y privado nominado en euros, que, como sabemos, es muy fuerte. Ya hoy Catalunya tiene difícil acceso a los mercados porque el rating de su deuda está cerca del bono basura.

Ya estamos oyendo los gritos de "no me amenace, no me amenace”, pero como estamos hartos de escuchar cuentos sin fundamento para engañar a los catalanes sobre las ventajas de una independencia-sin costes, vamos a seguir contando las cosas como son.

La prima de riesgo sería muy elevada y también los costes de financiación para el sector público y para las industrias catalanas. A ello habría que añadir los riesgos del tipo de cambio y el quedamos fuera de la incipiente Unión Bancaria.

Los flujos comerciales también se verían afectados. Catalunya podría negociar un tratado de asociación comercial con la UE. Noruega y Suiza lo tienen. No haría falta la unanimidad, bastaría con una mayoría sólida del Consejo. Pero no está nada claro que la tuviésemos, ni cuánto tardarían las negociaciones. Y mientras tanto muchas empresas catalanas se darían cuenta de que para seguir accediendo a la UE sería mejor que deslocalizaran su producción.

También debe tenerse en cuenta el efecto de "relocalización”. Las multinacionales instaladas en Catalunya no se irían, pero para atender al mercado español crearían sus nuevas filiales en España. También sería lógico que compañías que ahora sirven el mercado catalán desde otras partes de España se instalaran en Catalunya. Pero hay que tener en cuenta la diferencia de tamaño de los mercados respectivos.

Intervendría también el efecto frontera porque, aunque se niegue, habría una frontera. El comercio entre regiones de un mismo país es mucho más intenso que entre regiones que también puedan ser vecinas, pero son de otro país. Por ejemplo, exportamos más a Aragón que a Francia.

El superávit comercial de Catalunya con el resto de España sin duda disminuiría. ¿Cuán grande sería esta disminución? ¿Se podría compensar con el acceso a otros mercados? Hay estudios con conclusiones diferentes, pero la verdad es que no lo sabemos muy bien. El efecto dependería mucho de los animals spirits, difíciles de computar en un modelo input-output. Y todo proceso de separación trae consigo un clima de animosidad, al menos transitoriamente.

Pero sea usted optimista, como Junqueras, y piense que no pasaría nada. Los partidarios de la independencia argumentan que no hay que hacer caso de esas advertencias. A la hora de la verdad, dicen, se impondrá la lógica de los intereses frente a las normas jurídicas y los países europeos querrán garantizar que sus empresas radicadas en Catalunya no se vean sometidas a aranceles.

Pero, como hemos analizado, los principales países europeos no querrán sentar el precedente de una escisión sin costes para una de sus regiones. Y mucho menos si uno de los principales argumentos para la independencia es la balanza fiscal.

CONCLUSIONES Y EPÍLOGO

A

l escribir este libro nos propusimos un objetivo muy concreto: analizar críticamente los argumentos políticos y económicos con los se apoya la independencia de Catalunya.

Pero la convocatoria de unas atípicas elecciones anticipadas al Parlament de Catalunya, que se plantean como un voto a favor o en contra de la independencia, le dan a estas páginas una relevancia especial. Su interés no se agota por lo que ocurra en este septiembre de 2015, porque, sea cual sea el resultado de esas elecciones, el debate continuará después. Y esperamos haber contribuido a la calidad de ese debate, aportando más y mejor información.

Coincidimos con Antón Costas, presidente del Círculo de Economía de Barcelona, cuando en su artículo, "Un paso atrás” [162], publicado cuando estas páginas iban ya camino de la imprenta, afirma que el procés ya ha conseguido dañar seriamente al sistema de partidos políticos de Catalunya, provocar una mayor fragmentación política, el inicio de una preocupante fractura social, tensiones para la convivencia y un riesgo para la economía.

La independencia es una opción política legítima, como el propio Tribunal Constitucional ha afirmado por unanimidad. De lo contrario, no serían legales los partidos políticos que la propugnan, como los de Junqueras y Mas. Pero no tiene en la sociedad catalana el amplio y continuado apoyo social que requiere para convertirla en realidad. Y pretender hacerlo por mayoría simple de diputados, cuando hace falta mayoría de 2/3 para reformar el Estatuí o para decisiones de importancia infinitamente menor, como suprimir un organismo como TV3, es un despropósito. Y hacerlo de forma unilateral, rompiendo con la legalidad constitucional, es un viaje a ninguna parte.

Una mayoría simple de diputados independentistas no puede proclamar la independencia sin situarse y situar a las instituciones catalanas fuera de la ley.

Dejemos de contar cuentos de hadas. Catalunya no será independiente porque su parlamento lo proclame. Lo será si los demás Estados, y en particular los que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU, la reconocen. En este libro hemos explicado por qué eso no sería así. Nos parece muy bien que su dignidad impida a alguien reconocer las cosas como son. Pero eso no cambia la realidad ni evita las consecuencias de la situación a la que nos conducen.

Además, aunque Mas vaya en las lisias independentistas camuflado detrás de activistas sin responsabilidad política exigible, ya se ha preocupado de asegurarse la continuidad como president, en caso de que consigan la mayoría parlamentaria. Pero si quiere seguir gobernando, ¿no debería poderse juzgar el balance de su obra de gobierno? ¿O hay que pedir cuentas a Romeva, Carme y Casals por una gestión en la que no han participado?

Pero esta anomalía democrática es otra cuestión en la que no entramos. En este libro solo nos hemos propuesto analizar las razones por las que Mas y Junqueras defienden la independencia.

Hemos visto que, para Junqueras y los que como él piensan, la independencia es un bien superior, cualesquiera que fueran sus costes. Pero no todos los catalanes lo ven ni lo viven así. Las encuestas indican que la mayoría, aunque sea una mayoría mucho más silenciosa, preferiría una solución de tipo federal o mejoras del actual marco estatutario. Muchos, razonablemente, quisieran saber cuáles son los costes y beneficios de ese cambio trascendental.

Por eso, Mas y Junqueras ofrecen a los catalanes la ficción de una independencia-sin-costes, que liberaría a Catalunya de un expolio que no tiene parangón en el mundo, solo aportaría ventajas —entre ellas 16.000 millones de euros contantes y sonantes—, no afectaría las relaciones comerciales con su principal cliente, sería reconocida sin problemas por la comunidad internacional y no implicaría la salida de la UE y del euro.

Hemos analizado estas cuestiones utilizando datos constatables y argumentos que creemos convincentes, cuando no incontrovertibles, que demuestran que nada de eso es cierto. Lo hemos hecho porque estábamos dolorosamente hartos de escuchar la cantidad de errores y falsedades en las que se basan los argumentos que pretenden convencer de la viabilidad de esa independencia-sin-costes. Tal cosa no existe. Nos la presentan envuelta en datos falsos para calcular los beneficios y en la ficción de una estimación cero de los costes.

Hemos visto cómo la sociedad catalana ha sido engañada con una inventada comparación con Alemania, el cuento de las balanzas fiscales alemanas que nunca existieron. Lo han ido contando por el mundo para recabar apoyo a su causa, sin conseguir más que el descrédito que merece quien demuestra estar tan mal informado o una manifiesta voluntad de engañar.

Ese cuento es equivalente a que un político portugués publicara en España un artículo pidiendo apoyo internacional a la segregación del barrio rico de Lisboa, argumentando que el ayuntamiento de Barcelona publica las balanzas fiscales de sus barrios, que existe un límite a solidaridad fiscal de los vecinos de Sarriá-Sant Gervasi con el resto, y que el Ayuntamiento no interviene en la redistribución de la renta entre ellos.

Hemos visto como Junqueras se equivoca mucho (¿o miente descaradamente?) cuando proclama que los catalanes ven desaparecer, en beneficio del resto de España, la mitad de los impuestos que pagan. Y que sus fábulas sobre cuán rica sería ahora Catalunya, si se hubiese independizado hace años, no resisten el menor análisis aritmético. La cifra mítica de los 16.000 millones de euros está calculada por un método muy particular que la sobrevalora de forma injustificada, está basada en supuestos nada realistas y confunde a la opinión pública sobre su significado. De ninguna manera Catalunya dispondría al día siguiente de la independencia de los míticos 16.000 millones de euros con los que evitar recortes o disminuir su deuda.

Lo acaba de confirmar el propio conseller Mas-Colell [163] cuando dice: "Amb els impostos que paguem actualmentpodem cobrir el cost de tots els serveis públics que rebem i encara quedaría un petit excedent" ¿Un "petit excedent”? Pero ¿no eran 16.000 millones de euros, señores Mas y Junqueras?

La venta de esta fábula a la opinión pública ha sido un éxito de comunicación política para los independentistas, especialmente por incomparecencia del contrario. Pero es un engaño tan grande como la farsa de las balanzas fiscales alemanas que nunca existieron.

Hemos visto que, en realidad, ningún gobierno central las calcula, y los ejemplos que se pueden citar no son sistemáticos, la mayoría alejados en el tiempo y para nada validan el método que la Generalitat usa, que es el que le permite engordar artificialmente el beneficio fiscal de la independencia.

Hemos argumentado que el déficit fiscal calculado como una aproximación a esos beneficios fiscales está mucho más cerca del 5,5% que del 8,5% proclamado por Mas y Junqueras.

Y demostrado que los costes reales que Catalunya tendría que asumir como Estado independiente están ampliamente infravalorados.

Tampoco es cierto que la comparación internacional justifique decir que Catalunya sufre un expolio fiscal. Ciertamente, nuestros cálculos muestran que es cierto que Catalunya tiene un déficit fiscal superior al que se puede justificar por un razonable efecto redistributivo con el resto de España. Pero la diferencia es, en el peor de los casos, del orden de 1,5 % del PIB; no del 8,5 %, no de 16.000 millones de euros, sino de 3.000. Y para corregir un problema de ese orden, ¿hay que recurrir a una declaración unilateral de independencia?

Hemos demostrado que es falso que se incumpla el "principio de ordinalidad” según lo establece el Estatut. Y eso no es cuestión de opiniones, sino de matemáticas elementales como las que reclama Junqueras. También hemos considerado que la norma estatutaria está mal redactada y que la referencia adecuada sería la financiación per cápita disponible, antes y después de las transferencias del sistema autonómico. Y que, en este caso, sí que se altera la ordinalidad. Pero hemos calculado que su incidencia cuantitativa en la financiación de Catalunya es del orden de 160 euros por habitante y año. Tampoco parece que este sea un problema tan grave que para resolverlo haya que recurrir a la independencia.

Además de esa cuestión, que debe y puede corregirse, el sistema de financiación autonómico tiene sin duda otros problemas, entre ellos la agraviante comparación con el sistema foral. Pero no es menos cierto que los datos muestran que la financiación per cápita que recibe Catalunya por aplicación del nuevo sistema ha mejorado notablemente y, desde 2009, está casi exactamente en la media de todas las comunidades autónomas, que es hacia donde deberían converger todas.

Constatamos que la inversión pública estatal que ha recibido Catalunya está por debajo de su PIB, especialmente desde 2010. En el periodo 2003-2010 también lo está, pero la diferencia es menor, entre 1 y 1,5 puntos. También hemos analizado las causas que han provocado los problemas y errores de planificación de las inversiones en corredores estratégicos del territorio de Catalunya, cómo se financiaron históricamente las autopistas de peaje y el agravio comparativo que esa situación representa.

Tampoco es cierto que la comunidad internacional apoyaría el derecho a la autodeterminación de Catalunya y la reconocería después de una declaración unilateral de independencia. En eso, tanto Mas como Junqueras se han esmerado en intentar explicar a los catalanes las cosas como no son. Han comparado a Catalunya con países coloniales, sometidos a dictaduras u ocupados militarmente. Pueden considerar que la Constitución española es de "baja intensidad democrática”, pero es la misma que tienen Alemania, Francia, Italia y los EE UU. Hemos argumentado por qué ninguno de esos gobiernos apoyaría la secesión de Catalunya, todo lo contrario de lo que Mas y Junqueras, Junqueras y Mas, se han esforzado en hacernos creer, tergiversando o ignorando las declaraciones de unos y otros.

Y, por último, es absolutamente seguro que Catalunya no sería de forma automática reconocida y aceptada como nuevo Estado miembro de la UE y de la Unión Monetaria. Y nadie puede asegurar cuánto tiempo tardaría en serlo. Después de una declaración unilateral de independencia, las puertas estarían simplemente cerradas para la negociación. Junqueras y Homs pueden decir lo que les dé la gana, pero esa es la realidad. La última institución europea en advertirlo ha sido el propio Comité de las Regiones que, en su dictamen [164] del 12 de abril de 2015, dice textualmente que en el caso que una región europea obtuviese la independencia, tendría que solicitar su adhesión como cualquier nuevo Estado que quisiera ser miembro de la UE y esta requeriría un acuerdo unánime. No pueden decírnoslo más claro.

La pueril insistencia de personajes como Junqueras y Homs en asegurar lo contrario y que todo se arreglaría "políticamente” no ha hecho sino contribuir a su descrédito internacional. Pero los catalanes se merecen políticos más informados y/o más responsables.

Hasta aquí ha llegado el limitado análisis que nos habíamos propuesto hacer con este libro. Por falta de espacio, no hemos podido incluir todas las cuestiones pertinentes, entre ellos el tema de las pensiones. Pero una "seguridad social catalana” no estaría en mejores condiciones que la española para mejorarlas significativamente. Nos tememos que la promesa de aumentarlas un 10% se basa en la misma imaginación contable que el cuento de los 16.000 millones de euros; por ejemplo, los cálculos del informe del CATN no tienen en cuenta que muchos pensionistas cotizaron en Catalunya pero cobran su pensión fuera de ella. Lo que es seguro es que desgajar la parte catalana de un sistema de pensiones públicas por reparto plantearía muchísimos problemas de gestión.

Tampoco hemos considerado los aspectos positivos que tendría para Catalunya seguir en España. Ya sabemos que la propaganda independentista, y en algunos libros de texto que usan los niños catalanes en sus escuelas, presentan a España como un Estado fallido del que más vale alejarse y a Catalunya como algo diferente. Ciertamente, España no es una panacea, es un país con problemas que la crisis ha agravado, como en Catalunya. Pero nosotros creemos que hay demasiados lazos personales, afectivos, económicos y comerciales como para que la separación no fuese traumática.

Y también creemos que, permaneciendo en España, cualquier joven catalán tiene muchas más posibilidades profesionales. Renunciar de manera voluntaria a los vínculos con España es como si los jóvenes de Massachusetts renunciaran al trampolín de los EE UU, o los de Baviera al de Alemania, a cambio de disponer de más recursos fiscales. Cierto que el trampolín español es más pequeño y en los últimos años ha sufrido un ataque de termitas, pero la altura que puede alcanzar cualquier joven catalán es mucho mejor con él que sin él.

Eso es especialmente cierto en el sector cultural, como advertía Xavier Mareé, gestor de gran experiencia, en las páginas del diario Ara [165], temiendo que la producción cultural catalana no podría sobrevivir sin el mercado español y, en cierta medida, sin el latinoamericano.

Finalicemos la larga serie de citas con la que hemos ilustrado este libro con la del escritor peruano afincado en Barcelona Santiago Boncangliolo, que coincide con Antón Costas en advertir del riesgo de "ensimismamiento” que corre Catalunya:

Durante décadas, su bilingüismo perfecto ha sido la señal de una sociedad culta, orgullosa de sí misma y dialogante a la vez. La protección del catalán en la educación fue un ejemplo para las lenguas autóctonas americanas, antes de convertirse en todo lo contrario: un esfuerzo por borrar al otro.

Basados en un elevado concepto de su propio cosmopolitismo, los nacionalistas están construyendo una sociedad más provinciana. Por enormes que sean sus banderas en plazas y estadios. Por fuerte que griten en catalán e inglés. Por muchas embajadas que quieran abrir. Su único proyecto cultural es precipitar a Cataluña orgullosamente hacia la irrelevancia [166].

No es posible terminar este epílogo sin advertir de que, por grandes que sean los errores factuales y las falsedades de los independentistas para defender su causa, España tiene un grave problema en su relación con Catalunya. La "conllevanza” orteguiana no es ya la solución, si es que alguna vez lo fue. La abúlica indiferencia y las desgraciadas declaraciones de ministros agravan el problema. Una sociedad no puede desarrollarse normalmente en el seno de un Estado si una parte muy importante de su población cree que estaría mejor sin él. Hay que establecer el diálogo, mejorar la información, estrenar el respeto y hacer las reformas constitucionales, financieras y fiscales necesarias para que esa proporción disminuya. Al menos hasta el límite irreductible de los que hacen de la independencia una cuestión existencial, relacionada con su dignidad, ante lo que no hay razones que esgrimir.

También sabemos que, como dijo Jean Monnet en relación con la integración europea y le hemos oído decir a López Burniol [167], el nacionalismo es en el fondo una lucha de las élites por el poder. Un combate, de momento limitado al debate. Y la primera víctima de un conflicto es siempre la verdad. Por eso hemos intentado documentar hechos y exponer argumentos que pueden ayudar a saber lo que no es cierto en la narrativa-argumentario independentista.

Notas

[1] President de la Generalitat desde 2010.

[2] Jefe de la oposición en el Parlament de Cataluña desde 20i3.

[3] El País, http://goo.gl/X6hJPt

[4] Catalunya Radio, http://goo.gl/WufJJi

[5] La Vanguardia, http://goo.gl/oHMYPV

[6] TV3, http://goo.gl/L8k8fp

[7] La Vanguardia, http://goo.gl/PsoL55

[8] El País, http://goo.gl/NBqY6w

[9] Vicepresidente primero de Societat Civil Catalana.

[10] Acto ERC, Breda, 20 de septiembre de 20i3.

[11] Impulsora y expresidenta de la Assemblea Nacional Catalana.

[12] Assemblea video, https://goo.gl/Q4xkyE

[13] Acto ERC, Breda, 20 de septiembre de 2013.

[14] La Sexta, http://goo.gl/kZEjgK

[15] 1er Aplec per la independéncia, https://goo.gl/DZcsqJ

[16] Catalunya Rádio, http://goo.gl/OzPkCf

[17] Conseller (ministro) d’Economia i Coneixement; ha sido catedrático de Economía en Harvard; su obra Microeconomics es libro de texto de referencia en los estudios de postgrado en muchas universidades del mundo.

[18] ERC, Conferencia Nacional, http://goo.gl/49N9VK

[19] Blogpersonal, http://goo.gl/tcn85g

[20] 8TV, http://goo.gl/LorGpB

[21] El pressupost de les administracions publiques a Catalunya per al 2015, http://goo.gl/023ysh

[22] Acto ERC, http://goo.gl/jSnmSh

[23] Conferencia Espoli i Crisi, https://goo.gl/ZhirUW

[24] RAC1, http://goo.gl/QO9XdA

[25] Conferencia Espoli i Crisi, https://goo.gl/ZhirUW

[26] RAC1, http://goo.gl/9k4PU9

[27] Ignacio Martínez de Pisón, "La historia, señor Junqueras”, La Vanguardia.

[28] Les proclames de Soberanía de Catalunya, Farrell Editors, Barcelona, 2009.

[29] Acto ANC, https://goo.gl/RVLKoF

[30] TV3, http://goo.gl/RD164Y

[31] RAC1, http://goo.gl/W5jUjL

[32] TV3, http://goo.gl/A8mwKZ

[33] La Sexta, http://goo.gl/kZEjgK

[34] Acto ANC, https://goo.gl/RVLKoF

[35] RAC1, http://goo.gl/9k4PU9

[36] Acto ERC, Breda, 20 de septiembre de 20i3.

[37] Dinar d'Emprenedors amb Oriol Junqueras, AIJECTV, https://goo.gl/bbW4NB

[38] Acto Viladecavalls per la Independencia, https://goo.gl/bPkQUz

[39] "De estrategias", La Vanguardia, http://goo.gl/7nLWIZ

[40] TV3, http://goo.gl/L8k8fp

[41] 8tv, http://goo.gl/NuhS9T

[42] Rueda de prensa, https://goo.gl/YySzCk

[43] Desayuno informativo organizado por Europa Press, http://goo.gl/ILE2OC

[44] La Vanguardia, http://goo.gl/oHMYPV

[45] TV3, http://goo.gl/L8k8fp

[46] Conferencia en Columbia University, https://goo.gl/15jLF9

[47] Remarks by the President to the UN General Assembly, https://goo.gl/CuNpJu

[48] Paidós, 2010.

[49] Birlinn Ltd, 2012.

[50] Carta als eurodiputats sobre el déficit fiscal catalá, http://goo.gl/ BS42O9

[51] Le Monde. http://goo.gl/XytYoC

[52] Conferencia en la Universitat Pompeu Fabra, http://goo.gl/36uWjL

[53] Blog personal, http://goo.gl/A4GgxH

[54] Eines, http://goo.gl/Omge55

[55] Klaus-Jürgen Nagel, "Els límits de la solidaritat territorial a Alemanya", L’Avenç, 382, septiembre de 2012.

[56] Ara, http://goo.gl/J5z8Jm

[57] RAC1, http://goo.gl/IVmC8B

[58] Vocal del Consell Assessor per a la Transido Nacional; catedrático de Economía de la Universitat de Barcelona.

[59] Miembro del Grupo de Trabajo que elabora las balanzas fiscales de la Generalitat; profesora titular de la Universitat de Barcelona.

[60] Catalunya Rádio, http://goo.gl/SxI1Wh

[61] Dedicamos el capítulo 9 a explicar el "principio de ordinalidad”.

[62] Catalunya Rádio, http://goo.gl/PRCNNa

[63] Financial Times, http://goo.gl/NUY6c6

[64] Eurostat, http://goo.gl/98EOoz

[65] Der Spiegel, http://goo.gl/ukaOd1

[66] Bloomberg, http://goo.gl/iYKhZr

[67] Deutsche Welle, http://goo.gl/3Ht3wu

[68] Bloomberg, http://goo.gl/iYKhZr

[69] Financial Times, http://goo.gl/pUoJNh

[70] Jesús Ruiz-Huerta, La financiación autonómica, Alianza Editorial, 2015.

[71] "Measuring the Regional Incidence of Taxes and Public Expenditure”, Review of Public Economics, 209—(2/2014,), Instituto de Estudios Fiscales, 2014.

[72] Economía y política de las balanzas fiscales en España, Aranzadi, 2014.

[73] "Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas: Metodologia y resultados 2011”, Estudios sobre la Economía Española (FEDEA), 2014/03, http://www.fedea.net/sept/

[74] Anatomía de un desencuentro, Destino, 2013.

[75] Parlament de Catalunya, http://goo.gl/q6598M

[76] Political Economy of Inter-Regional Fiscal Flows, Edward Elgar Pub, 3010.

[77] Organismo creado por el president Artur Mas para "dotarse del mejor asesoramiento jurídico y político posible” sobre el proceso independentista. Ha elaborado el "Libro blanco de la Transición Nacional de Cataluña”, además de 19 documentos con el objetivo de informar a los ciudadanos sobre el mismo.

[78] Presidenta en funciones del Consell Assessor per a la Transició Nacional; previamente ostentó la única vicepresidencia del mismo; miembro del Grupo de Trabajo que elabora las balanzas fiscales de la Generalitat; catedrática de Economía Pública y directora de la Cátedra de Federalismo Fiscal del Institut d’Economia de Barcelona de la Universitat de Barcelona.

[79] Conferencia Nacional de ERC, https://goo.gl/SJmcl6

[80] http://goo.gl/RWbJt3

[81] http://goo.gl/RWbJt3

[82] The Guardian, http://goo.gl/hyvOMd

[83] Telenoticies, TV3, 3 de mayo de 2015.

[84] Bundesministerium der Finanzen, http://goo.gl/Ne7z5T; http://goo.gl/59WLkX; http://goo.gl/ufTuiV; http://goo.gl/iwImGf; http://goo.gl/ n6g8Xl; http://goo.gl/EqX23o; http://goo.gl/6IDyqP

[85] Reuters, http://goo.gl/wGozqV

[86] OTAN, Comunicado 2014, (038), http://goo.gl/r7zcoD

[87] OTAN, Funding Nato, http://goo.gl/KwxRNb

[88] Departament d’Economia i Coneixement, http://goo.gl/sgotTI

[89] Generalitat de Catalunya, http://goo.gl/eYLYiW

[90] Departament d’Economia i Coneixement http://goo.gl/Zki7fx

[91] Departament d’Economia i Coneixement, http://goo.gl/jnDcje

[92] What’s up with Catalonia, Catalonia Press, 2013.

[93] FMI, https://goo.gl/4VfvTO

[94] RAC1, "A la carta” 8h 5 de diciembre de 3014.

[95] RACi, http://goo.gl/8xU1mo

[96] Departament d’Economia i Coneixement, http://goo.gl/jnDcje

[97] Departament d’Economia i Goneixement, http://goo.gl/sgotTI

[98] Uriel, E. y Barberán, R. (2007): Las balanzas fiscales de las comunidades autónomas con la Administración Pública Central 1991-2005, Fundación BBVA, Bilbao.

[99] Uriel, E. y Barberán, R. (2015): Las balanzas fiscales de las comunidades autónomas con la Administración Pública Central 1991-2011, Publicacions de la Universitat de Valencia, Valencia.

[100] Anatomía de un desencuentro. Destino, 2013.

[101] Ara, http://goo.gl/dmaRbN

[102] Análisi económica del procés d'independencia de Catalunya, Fundació Josep Irla, ?oi3, http://goo.gl/qJmsBg

[103] Anatomía de un desencuentro. Destino, 20i3.

[104] Presentación en la Conferencia Nacional de ERC, http://goo.gl/3NKLDA

[105] Papers de Treball, julio de 2013, http://goo.gl/9Z0zKp

[106] taxfoundation.org

[107] The political economy of inter-regional fiscal flows, Edward Elgar Publishing Ltd. Cheltenham, 2010.

[108] "Alberta and ’Equalization’: Separating fact from fiction”, Information Bulletin, n° 155, University of Alberta, enero de 2012.

[109] CBC News. http://goo.gl/Q6VXTE

[110] The Star, http://goo.gl/c3apU6

[111] Perth Now, http://goo.gl/1WmNJ1

[112] The political economy of inter-regional fiscal flows, Edward Elgar Publishing Ltd. Cheltenham, 2010.

[113] Financial Times, http://goo.gl/EofPwB

[114] Financial Times, http://goo.gl/bw80Ck

[115] Regione del Véneto. Segreteria Bilancio e Finanza. Direzione Risorse Finanziarie.

[116] Ara, http://goo.gl/dm2RbN

[117] La Vanguardia, http://goo.gl/hoctKI

[118] Catalunya Ràdio, http://goo.gl/Ez4C6Z

[119] Miembro del Grupo de Trabajo que elabora las balanzas fiscales de la Generalitat; catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra.

[120] "El debat sobre les relacions financeres entre Catalunya i Espanya”, http://goo.gl/5J6cO2

[121] El Punt Avui, http://goo.gl/dCbruY

[122] Nuria Bosch, "Memoria Económica de Catalunya 2013”, http://goo.gl/ XBhOKt

[123] "Reconciling the Irreconcilable”, http://goo.gl/FdBjbF

[124] El País, http://goo.gl/UzuSwT

[125] Cambra, Criterios de distribución territorial de la inversión del Estado en infraestructuras, http://goo.gl/V8V4Ur

[126] Conseller de Presidencia.

[127] La Vanguardia, http://goo.gl/FgDmyz

[128] Ara, http://goo.gl/ijfmLi

[129] Alianza Editorial, 2015, edición de Sandra León.

[130] Catdem, http://goo.gl/TIBVoT 124

[131] La Vanguardia, http://goo.gl/hoNWzD

[132] Ara, http://goo.gl/pmFRgH

[133] "Retrats”, TV3, http://goo.gl/wi73qX

[134] El País, http://goo.gl/VQBaCI

[135] Ara, http://goo.gl/CuJttk

[136] The White House, https://goo.gl/w8NRFZ

[137] Scott Kohlhaas vs. State of Alaska, Office of the Lieutenant Governor, Supreme Court No. S-11866, http://goo.gl/odgjDE

[138] The White House, https://goo.gl/m2h43]

[139] Generalitat de Catalunya, http://goo.gl/NiXido

[140] RAC1, "A la carta” 6h 10 de abril de 2015.

[141] CBS News, http://goo.gl/gQbFaL

[142] Behind the embassy door. Canada, Clinton, and Quebec, McClelland & Stewart, 1998.

[143] La Vanguardia, http://goo.gl/9swcun

[144] Rac1, http://goo.gl/ynr5QU

[145] Debts to pay, English canada and Quebec from the Conquest to the Referendum, John F. Conway.

[146] La Sexta Noche, 25 de abril de 2015.

[147] La Vanguardia, http://goo.gl/uSMyxL

[148] Conferencia citada en la Universidad de Columbia, 25 de abril de 2015.

[149] Der Spiegel, http://goo.gl/1Dhbl8

[150] The Telegraph, http://goo.gl/mHkgQ

[151] Financial Times, http://goo.gl/bw8OCk

[152] Corriere del Veneto, http://goo.gl/91p6lc

[153] 3 Alsace, http://goo.gl/2KNNnM

[154] Reuters, http://goo.gl/bwSKRe

[155] El País, http://goo.gl/9qsUUh

[156] "Full de ruta unitari del procés sobiranista catalá”, http://goo.gl/ E2B36J

[157] El Periódico, http://goo.gl/s244WT

[158] Qué pensa Artur Mas, Déria Editors, 2002.

[159] The Guardian, http://goo.gl/slGBFE

[160] La Vanguardia, http://goo.gl/xVxBPu

[161] The Economist, http://goo.gl/rZgR6G

[162] La Vanguardia, http://goo.gl/VHGX19

[163] Ara, http://goo.gl/gqGkal

[164] Comisión Europea, http://goo.gl/D05h6c

[165] Ara, http://goo.gl/fZ4zid

[166] El País, http://goo.gl/AAoRVZ

[167] Foro de Foros, http://goo.gl/owCgUu