En 1931 coincidieron en las Cortes Constituyentes dos de las figuras intelectuales de mayor relevancia de la España de la primera mitad del siglo XX: Manuel Azaña, presidente del Gobierno de la República, y el filósofo José Ortega y Gasset, que por aquel entonces ocupaba un escaño de diputado por León. Ambos, desde su respectivas ideologías políticas, habían contribuido a la instauración de la Segunda República: Azaña, como miembro del comité revolucionario que sentó las bases del advenimiento del nuevo régimen; Ortega y Gasset, como fundador, junto a intelectuales de la talla de Gregorio Marañón y Pérez Ayala, de la Agrupación al Servicio de la República. Durante sus tres años escasos de convivencia parlamentaria, ambos contribuyeron a acometer renovaciones tan profundas como la legalización del matrimonio civil y el divorcio, la Ley de la Reforma Agraria y el intento de «republicanizar» las instituciones militares. Pero ningún otro debate polarizó tanto sus esfuerzos como la discusión sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que, alentado por el propio Azaña, se aprobó en septiembre de 1932 por una abrumadora mayoría. El nuevo marco legal fue precedido de una intensa discusión sobre la identidad de España como nación y sobre el futuro modelo de Estado que debía garantizar la convivencia.

Las sesiones de las Cortes que se celebraron en aquel mes de mayo de 1932 reflejaron dos concepciones, defendidas con intensidad y ardor por dos figuras claves de la política y la filosofía españolas. Ante un hemiciclo en el que se respiraba el ambiente de estar viviendo un momento histórico, José Ortega y Gasset y Manuel Azaña presentaron sus respectivas visiones de cuál debía ser en el futuro la identidad de España como nación. Transcurridos más de setenta años desde que sus discursos resonaran en las Cortes, los argumentos desarrollados por ambos oradores con tanta elocuencia, solidez y coherencia no han perdido ni un ápice de su vigencia en nuestra sociedad; aunque difícilmente los hallaremos tan brillantemente expresados en el amplio espectro de la política actual.

Manuel Azaña & José Ortega y Gasset

Dos visiones de España

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Titivillus 05.02.2019

Título original: Dos visiones de España

Manuel Azaña & José Ortega y Gasset, 1932

Prólogo: José María Ridao

Retoque de cubierta: Titivillus

Editor digital: Titivillus

r1.1 (01.02.19) Informe de erratas

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PRÓLOGO

«Por lo visto —anota Azaña en sus Diarios poco después de proclamada la República—, entre este hombre y yo, toda cordialidad es imposible». Durante la sesión parlamentaria de aquella jornada, la del 30 de julio, Ortega, «este hombre», había pronunciado lo que Azaña deja registrado como un «bello discurso», animando a que las Cortes Constituyentes tomasen conciencia de la gravedad de su misión y se ocupasen de tareas decisivas, acogido calurosamente por los diputados. El filósofo había tenido palabras admirativas para la reforma militar emprendida por el Gobierno y, en particular, por quien llegaría a ser Presidente del Consejo en pocas semanas. De «fabulosa» la había calificado Ortega, con la Cámara puesta en pie. Y quizá por esta razón, además de por la corrección en los usos que se observaba entonces, Azaña se sintió obligado a dejar el banco azul al término de la sesión y acercarse al orador para «felicitarle, y darle las gracias». La respuesta de Ortega le desconcertó, siempre de acuerdo con la entrada de los Diarios. «Ya sé que a usted los aplausos no le importan», le habría dicho el filósofo. Y como Azaña creyera que esta frase pretendía insinuar una falta de aprecio por su parte hacia el elogio que acababa de recibir, respondió: «¿Cómo puede usted pensar eso?». Advirtiendo el equívoco, Ortega aclaró que los aplausos a los que se refería no eran una metáfora de su reconocimiento público hacia la reforma militar, sino «a los de la Cámara». La presencia de otros diputados impidió que la conversación se prolongase, y el juego de suspicacias quedaría, al fin, sin resolver.

Relatado en apenas unas líneas, el episodio revela la desconfianza que reinaba, y que siempre reinaría, entre los dos protagonistas. Fuese o no la intención de Ortega, parece claro, sin embargo, que Azaña interpretó su alusión a los aplausos en términos de una sutil rivalidad. Si el filósofo consideraba que le resultaban indiferentes era porque, en el fondo, se daba por enterado de que Azaña no participaba de la opinión general sobre su discurso, también calurosamente aplaudido. Por lo tanto, la felicitación y el agradecimiento que acababa de transmitirle podían ser fingidos, mero trámite de cortesía. Y puede que, en efecto, ése fuera el parecer íntimo de Azaña, según cabría imaginar a partir de dos escuetas observaciones sobre la intervención de Ortega recogidas en los Diarios. En una, expresa dudas acerca de si el «bello discurso» ha sido pronunciado o, por el contrario, recitado, una discreta manera de poner su mérito entre interrogaciones. En la otra, reproduce entrecomillada una frase en la que Ortega exhorta a los diputados para que no hagan en la Cámara «ni el payaso, ni el tenor, ni el jabalí». Precisamente porque debía de compartir el propósito de este llamamiento —es notoria la severidad de Azaña en el respeto a las formas parlamentarias—, pudo sentirse incómodo con los términos en los que Ortega se expresó; unos términos que, por lo vistoso de su colorido, por su expresiva plasticidad, provocaban un espejismo retórico frecuente en el debate político de todos los tiempos: engrandecer la estatura de quien los pronuncia cuando, en realidad, se limita a rebajar la de quien los escucha.

Los juicios acerca de la autocomplacencia de Azaña, en contraste con la escasa indulgencia hacia sus correligionarios y conocidos, son hoy un lugar común de la crítica de los Diarios, y sus difíciles relaciones con Ortega se han considerado con demasiada frecuencia como uno de los ejemplos más patentes de este desequilibrio. La realidad, con todo, podría ser más compleja, y los discursos pronunciados por uno y por otro con motivo del debate parlamentario sobre el Estatuto de Cataluña, celebrado en mayo de 1932, facilitan una comparación en la que los matices, algunos matices, podrían adquirir una relevancia que se les ha negado hasta ahora. Así, no fue Azaña, sino Ortega, quien desde la tribuna de oradores del Parlamento conjugó en primera persona frases como «aunque me gusta grandemente la conversación, no creo ser hombre pronto ni largo en palabras», o como «a defecto de mejores virtudes, sé callar largamente y resistir a las incitaciones que obligan a los hombres, que les fuerzan a que hablen a destiempo»; frases, incluso, como «no sé lo que pasa con mi voz, que, aunque pocas veces se me ha oído, casi nunca se me ha escuchado; se me ha hecho homenaje, que agradezco, aunque no necesito, dado el humilde cariz de mi vida, pero no se me ha hecho caso».

Azaña, por su parte, se describe a sí mismo en dos, apenas tres ocasiones, obedeciendo a unos impulsos y unos motivos que poco o nada tendrían que ver con los de Ortega. Una primera en la que se propone aclarar el sentido de un discurso anterior, manipulado por la prensa y los partidos rivales. En él, Azaña había sostenido que la Constitución «preferible para España sería una que fuese la menor cantidad de Constitución posible», es decir, había abogado por una Constitución que siguiese el modelo liberal y que, en consecuencia, sólo se pronunciase sobre aspectos estrictamente necesarios para regular la convivencia política. «Es claro —dice Azaña con ironía en el curso del debate sobre el Estatuto de Cataluña, respondiendo a quienes habían visto en estas palabras el propósito de recortar los derechos y libertades individuales—, como nadie ignora, yo soy desde pequeño un aspirante a la tiranía». Otra mención expresa a su persona se halla en el contexto de una reflexión sobre la capacidad de los ciudadanos para gestionar sus propios asuntos, ya casi al término de la intervención. Azaña se dispone a concluir la defensa del Estatuto, de la nueva organización territorial del Estado, y está diciendo a los diputados que se trata de una «obra de pacificación, de buen gobierno». Y entonces pronuncia una frase que, al mismo tiempo que promueve el voto favorable para la autonomía de Cataluña, busca desbaratar la imagen pública que le persigue: «Yo que paso por ser un hombre sectario, intransigente y duro —dice Azaña—, convoco a todos los españoles». La tercera y última ocasión es aquella en que el Presidente del Consejo, anticipándose a la aprobación del Estatuto, dice de pasada «si yo tuviese ambición».

Las referencias de Ortega y de Azaña a su intimidad respectiva, el empleo y la proyección que hacen del yo, arrancan, según se aprecia, de motivos distintos. También avanzan en sentidos opuestos, ya que, mientras uno exhibe en la escena parlamentaria rasgos y cualidades personales que perfilan la manera en la que él mismo se contempla, tal vez convencido de que constituyen el mejor aval para sus palabras, el otro intenta desmentir el implacable retrato trazado por sus adversarios, y que tanto perjudica a la interpretación de las suyas. Las páginas que Azaña redacta, ya de madrugada, para dar cuenta de la sesión consagrada a la discusión del Estatuto de Cataluña en la que él tomó la palabra se cierran con unas reflexiones enigmáticas, si se tiene en cuenta el éxito que acababa de cosechar. El Presidente del Consejo deja constancia de la sensación que ha experimentado en la soledad de su despacho, tras despedir a los amigos con quienes ha compartido las horas posteriores al final de la sesión parlamentaria. «He levantado la cabeza —escribe—, y en el espejo que hay al fondo de la sala donde trabajo, frente a mi mesa, me he visto, a distancia, con una expresión grave y pensativa que me ha llamado la atención. Me he visto como si viese a otro». En el diálogo consigo mismo al que conduce esta escena, Azaña se recrea en el insólito ensueño de que Alfonso XIII aparece de improviso y conversan sobre el gobierno del país. Hablan de la democracia, de los apoyos que cosecharon las políticas de uno y de otro, de su respectiva relación con el ejercicio del poder. Cuando el rey se desvanece en la fantasía, Azaña anota: «Nunca me he visto tan lejos de todo. Ni tan aislado, como una roca en medio de un mar muy bravo». Y como si, a diferencia de Ortega, intuyese que el éxito de su discurso sobre el Estatuto, tan bello como los mejores del filósofo, auspiciaba para él un dramático final, no el reconocimiento público, concluye: «Nunca he tenido más clara percepción de las fuerzas que me combaten».

Si bien se mira, y pese a las apariencias, las reflexiones de Azaña en la soledad de su gabinete coinciden en un aspecto con las desgranadas por Ortega desde la tribuna de oradores en las Cortes: ambos lamentan su peculiar relación con la opinión de su tiempo, ambos perciben la singularidad a contrapelo de sus respectivas figuras; uno porque, según entiende, se le rinde homenaje pero no se le escucha, otro porque, según intuye, la adhesión que suscitan sus razones políticas no alcanza a sosegar, sino todo lo contrario, la vehemencia de los impulsos adversos. La constatación de que Ortega y Azaña coinciden en la percepción conflictiva de sí mismos frente a los demás, en la representación de sus respectivas personalidades como excepción al ambiente general de una época, podría servir para revisar los juicios acerca de la autocomplacencia de quien llegaría a ser presidente de la República. Puesto que no sólo era Azaña el que mantenía un elevado concepto de sí mismo, sino también Ortega, difícilmente se podría establecer una responsabilidad única, no compartida, a la hora de explicar la difícil relación entre ambos. Pero, al tiempo, la circunstancia, en apariencia marginal, de que uno hiciera público ese elevado concepto de sí mismo, recordándolo desde una tribuna política, mientras que el otro prefiriese confinarlo en la reserva de sus Diarios, permite advertir que, lejos de tratarse de un intrascendente problema de celos y rivalidades, de una hipotética incompatibilidad de caracteres, es un fenómeno de mayor dimensión y calado.

Desde esta perspectiva, la desinhibida naturalidad con la que Ortega se describe, la desconcertante franqueza con la que glosa sus propias virtudes, parece guardar una sutil aunque rigurosa coherencia con la manera en la que concibe el poder. Según expondrá en algunas de sus obras más destacadas, como La rebelión de las masas o España invertebrada, el desafío político por excelencia consiste en identificar las minorías capaces de dirigir un país, en acertar con la selección de los mejores. La lógica implícita en esta representación de la lucha por el poder conduce tarde o temprano a difuminar la frontera entre el espacio público y el privado, entre la institución y la persona que la ostenta, puesto que, siempre a tenor de los razonamientos del filósofo, la idoneidad para el ejercicio de una concreta función de gobierno es una indagación que debe prevalecer sobre la validez del procedimiento para hacerse con ella. Azaña, por su parte, defiende la posición contraria: es el procedimiento lo que compete al debate y la lucha política, y de ahí que sus reflexiones íntimas, ya sean las autocomplacientes, ya las irónicas y descarnadas, nunca desbordan el ámbito de los Diarios ni asoman, por lo general, en las tribunas públicas. Su meticulosa preocupación por el uso digno del protocolo y los atributos externos del poder, tan criticada como tal vez poco comprendida, contrasta, así, con sus ideas acerca de la reserva sepulcral que debe rodear la vida privada de los gobernantes, lo mismo que sus sentimientos y preferencias de cualquier naturaleza. Cosa distinta es que, llegado el caso, no hiciese excepciones con amigos como Cipriano Rivas Cherif, Casares Quiroga o, incluso, Valle-Inclán.

Pese a la explicación consagrada durante largo tiempo, no son sólo dos personalidades psicológicamente incompatibles las que se enfrentan con ocasión del debate sobre el Estatuto de Cataluña en mayo de 1932, no son dos hombres más o menos capaces, más o menos pudorosos y entre los que, según afirma Azaña, «toda cordialidad es imposible». Son, por el contrario, dos visiones opuestas de la sociedad y la política, dos maneras de entender la naturaleza de la historia y del gobierno, las que inspiran y se manifiestan en cada aspecto de sus respectivos discursos, incluidas las referencias a la propia intimidad. Ahí reside, precisamente, el interés de ambas intervenciones, su capacidad para esclarecer más allá del concreto asunto que abordan las opciones ideológicas que se manifestaron durante la República, aunque recogieran un género de conflicto que venía de antes y que, apenas unos años después, se agudizaría hasta alcanzar las dimensiones de una trágica guerra civil. Puesto que Ortega y Azaña coincidían en la conveniencia de establecer un régimen autonómico para Cataluña, y puesto que además compartían buena parte de las soluciones ideadas para articularlo y ponerlo en práctica, es en la manera de argumentar y en los argumentos mismos donde mejor se percibe el hecho desconcertante, y al que tal vez la República deba su breve existencia, de que parecen llegar a idéntica conclusión aunque a través de caminos no ya diferentes, sino irreconciliables. Como si, en resumidas cuentas, el período que media entre abril de 1931 y julio de 1936 no hubiera sido el resultado de un acuerdo entre lo que representaba Ortega y lo que representaba Azaña, sino de un malentendido.

Tal vez se deba a Maurice Olender una de las observaciones más penetrantes sobre las consecuencias del uso de la metáfora en textos y discursos que nada tienen que ver con la literatura, al menos en la voluntad expresa de sus autores. Analizando las hipótesis de Renán acerca de la división de los seres humanos entre arios y semitas, acerca de lo que en su día se conoció como la hipótesis indoeuropea, Olender advierte en Las lenguas del Paraíso que la metáfora ocupa el lugar del razonamiento y, por este motivo, el lenguaje se convierte en fuente de mitología. Aunque centradas en la crítica de la «indagación de los orígenes» a la que se consagraron algunos de los más destacados investigadores y escritores europeos del siglo XIX, las conclusiones de Olender parecen describir, sin proponérselo, la retórica desarrollada en España por la generación del 98 y heredada, entre otros, por Ortega. La explicación del concepto de intrahistoria mediante la comparación de las turbulencias del devenir con las olas del mar, tan sólo para contraponerlas, según hace Unamuno, a la quietud de las profundidades e imaginar así que se ha identificado lo inmutable de los pueblos y, por inmutable, esencial y verdadero, no tiene un fundamento distinto del que se adivina al representar como invertebración, según hace Ortega, la ausencia de un Estado y unas instituciones cuya legitimidad sea reconocida por la mayoría de los ciudadanos. La metáfora, en efecto, exime de la obligación de establecer una secuencia lógica entre causas y resultados, al tiempo que altera la utilidad del conocimiento histórico. Rigurosamente seleccionado para los fines de un relato, deja de ser un campo de investigación en el que las conclusiones se extraen de los datos disponibles y se convierte, invirtiendo el recorrido, en aval de la metáfora establecida de antemano.

«A un lado y otro de ese pueblo infusible —dirá Ortega de Cataluña y los catalanes en su discurso sobre el Estatuto, intentando explicar el origen y el futuro del nacionalismo— se van formando las grandes concentraciones; quiera o no, comprende que no tiene más remedio que sumirse en alguna de ellas: Francia, España, Italia. Y así ese pueblo queda en su ruta apresado por la atracción histórica de alguna de estas concentraciones, como, según la actual astronomía, la Luna no es un pedazo de tierra que se escapó al cielo, sino al revés, un cuerpo solitario que transcurría arisco por los espacios y al acercarse a la esfera de atracción de nuestro planeta fue capturado por éste y gira desde entonces en su torno acercándose cada vez más a él, hasta que un buen día acabe por caer en el regazo cálido de la Tierra y abrazarse con ella». En su discurso del 27 de mayo, Azaña, que ya entonces había redactado el ensayo crítico sobre Ganivet en el que pone de relieve los riesgos de un género de reconstrucción histórica que, como la del Idearium, no parte de los hechos sino que los moldea y los ensambla en una previa carcasa narrativa, toma distancia de Ortega a través de un recurso no exento de humor: proponer una metáfora alternativa a la de la mecánica celeste. A tenor de la exposición parlamentaria del filósofo, replica Azaña, «el pueblo catalán» podría verse como «un personaje peregrinando por las rutas de la historia en busca de un Canaán que él solo se ha prometido a sí mismo y que nunca ha de encontrar». Y concluye Azaña: «Yo no discuto la exactitud de esta descripción o percepción del señor Ortega; no la discuto».

En realidad, no es seguro que Azaña no lo haga: valiéndose de la argucia parlamentaria de negar la intención de decir desde la tribuna aquello que, de hecho, se está diciendo, ofrecerá una «descripción o percepción» más amable de Cataluña y de los catalanes, en quienes advierte «un concepto sensual de la existencia poco compatible con el concepto de destino trágico que se entrevé en la concepción fundamental del señor Ortega y Gasset». Creyera o no en estas palabras, cuya tirada íntegra parece inspirada por los discursos apologéticos de antaño hacia una tierra y sus habitantes, lo cierto es que su intención resulta evidente en un Parlamento donde existe representación del catalanismo y donde en ese momento se discute el Estatuto de Cataluña. Azaña la dejará entrever poco después al corregir el error, casi cabría decir el lapsus linguae, en que considera haber incurrido cuando, extendiéndose sobre la organización económica entre la Generalitat y el Estado central, se refiere a la «concesión de la autonomía». La vuelta sobre sus propios pasos es inmediata: lo que ha querido decir es «organización legal de la economía», puesto que, según confiesa, no le gusta «hablar de concesiones». De algún modo, la idea de que Cataluña es el sujeto colectivo de un destino trágico, de acuerdo con la formulación de Ortega, favorece una representación emocional de las razones para aprobar el Estatuto. En lugar de interpretarlo como resultado de un acuerdo realizado entre partidos con intereses diferentes, aunque concretos y legítimos, la condición de «pueblo infusible» que Ortega asigna a Cataluña y los catalanes convierte el Parlamento en escenario de una fantasmal epopeya histórica. Por un lado de las tablas aparecerían los depositarios de un pesado destino al que no podrán escapar aunque se lo propongan, y por el otro quienes, bien porque no se atreven a resistir a estos extravagantes penitentes, bien porque se apiadan de ellos, han acabado concediéndoles la autonomía para que puedan sobrellevar mejor la carga que arrastran sobre los hombros desde tiempo inmemorial. Por lo que tiene de paternalismo vago y no solicitado, la visión resulta humillante para quienes en teoría deberían ser sus beneficiarios. Por lo que tiene de débil y condescendiente, desencadena, a su vez, la frustración de quienes creen que la República está poniendo en peligro la unidad de España.

«Pero, en fin —reitera Azaña, dando por concluida la oposición entre “descripciones o percepciones” de Cataluña—, yo en esto no voy a entrar». Desde las primeras frases de su discurso, el Presidente del Consejo había ido replicando a los argumentos que impedían situar las aspiraciones autonomistas del catalanismo en el único ámbito en el que podrían ser abordadas con visos de acuerdo. Ese ámbito, según Azaña, no era el del patriotismo, porque «el patriotismo no es un código de doctrina» y porque «nadie tiene el derecho, en una polémica, de decir que su solución es la mejor porque es la más patriótica; se necesita que, además de patriótica, sea acertada». Tampoco era el de la historia, una disciplina que, por sí sola, no «entra en los medios y en la capacidad y en el deber de un legislador o de un gobernante». Para Azaña, la cuestión debía circunscribirse al hecho de que «Cataluña dice, los catalanes dicen: “Queremos vivir de otra manera dentro del Estado español”». Y puesto que esta pretensión «es legítima porque la autoriza la ley, nada menos que la ley constitucional», la tarea que compete a los diputados es la de fijar, mediante la ley, y no mediante apelaciones al patriotismo o a la historia, «los trámites que debe seguir esa pretensión y quién y cómo debe resolver sobre ella». El rasgo que mejor caracteriza el discurso de Azaña sobre el Estatuto, la singular aproximación que lo convierte en el punto de encuentro imprescindible durante aquellos días febriles de mayo de 1932, radica en la reivindicación de algo que Ortega no había percibido o, en su caso, no había querido expresar: las aspiraciones autonomistas del catalanismo constituyen un «problema político» y, por lo tanto, deben ser consideradas «en los términos de [un] problema político». Ése era, en definitiva, el único ámbito en el que podrían ser abordadas con visos de acuerdo.

Una vez acotadas las dimensiones del debate parlamentario y de su objetivo —«¡ah!, yo no sé si es difícil o fácil», afirma Azaña, «eso no lo sé; pero nuestro deber es resolverlo sea difícil, sea fácil»—, la premisa de la que había partido Ortega en su discurso y que llegó a gozar de extraordinario predicamento a lo largo del siglo XX, la premisa de que el «problema catalán» sólo podría conllevarse, no zanjarse ni concluirse, resulta, a juicio del Presidente del Consejo, desplazada, fuera de lugar. No verdadera ni falsa, sino tan sólo eso, desplazada, fuera de lugar, porque lo que se discute en las Cortes, lo que constituye el objeto específico de las sesiones sobre la autonomía de Cataluña y, en su momento, de cualquier otra autonomía, es la estructura y la organización del Estado de la República, es decir, materias en las que sólo depende de la habilidad y de la actitud de los diputados el que se pueda hallar una solución. «¿Va a ser para siempre? —se pregunta Azaña—. Pues, ¡quién lo sabe! Siempre, es una palabra que no tiene valor en la historia y, por consiguiente, que no tiene valor en la política».

La preocupación de Azaña por circunscribir el ámbito del debate sobre la autonomía, por reconducirlo a los términos estrictos de un acuerdo sobre la estructura y la organización del Estado, orientará su discurso por unos derroteros en los que, de manera subrepticia y tal vez inconsciente polemiza con algunas de las posiciones mantenidas por Ortega, tanto en su intervención sobre el Estatuto, como, sobre todo, en una conferencia pronunciada en el Cinema de la Opera el 6 de diciembre de 1931, «Rectificación de la República». El filósofo se había propuesto allí explicar las razones por las que, según creía percibir, el nuevo régimen había perdido apoyos tan sólo siete meses después de su proclamación. A su juicio, el instrumento, es decir, la República, no estaba configurándose de manera que pudiera servir a los insoslayables objetivos que demandaba «el momento histórico». Por eso acabaría exhortando, siempre fiel al empleo de la metáfora, a que se tomase «la República en la mano, para que sirva de cincel, con el cual labrar la estatua de esta nueva España; para urdir la nueva nación, no sólo en sus líneas e hilos mayores, sino en el amoroso detalle de cada villa y cada aldea». Este último designio, concomitante con su reiterada preocupación por la «redención de las provincias», tuvo una sutil continuación en el discurso sobre el Estatuto de Cataluña. «Desde el punto de vista de los altos intereses históricos españoles, que eran los que a mí me inspiraban —señala Ortega ante los diputados—, si una región de las normales pide autonomía, ya no me interesaría otorgársela, porque pedirla es ya demostrar que espontáneamente se ha sacudido la inercia». La autonomía no debiera ser un «premio», sino, por el contrario, «uno de esos acicates, de esos aguijones, que la alta política obliga por veces a hincar bien en el ijar de los pueblos cansinos». Entendida así, una iniciativa general de descentralización, de autonomía para todas y cada una de las regiones, para las «normales» y para las otras, crearía, siempre de acuerdo con Ortega, «el alvéolo para alojar el problema catalán».

Azaña, por su parte, no pronunciará ni una sola vez el término nación a lo largo de su discurso de tres horas, aunque reflexionará en algunas ocasiones sobre la mejor estrategia para contrarrestar el nacionalismo. Replicando al diputado Royo Villanova, que había intervenido con anterioridad, señala el error que cometería la República en el caso de «contraponer a las cosas y sentimientos de Cataluña el espíritu español». Y poco más adelante, haciéndose eco de una visión de la generación del 98 que Ortega asumiría como propia en algunos de sus principales escritos, sostendrá que «nadie tiene derecho a invocar aquí un espíritu llamado castellano como opuesto a las aspiraciones de las regiones de España». Azaña recuerda a continuación que «Castilla no ha sido nunca instrumento ni móvil de una frustración de libertades españolas» y, por este motivo, «el mayor desatino y la mayor profanación que se podría hacer en España sería, por espíritu de oposición, poner frente al regionalismo o nacionalismo catalán u otro cualquiera, un regionalismo o nacionalismo castellano».

La soterrada controversia con la conferencia de Ortega en el Cinema de la Opera, con la «Rectificación de la República» —acto del que, por otra parte, Azaña deja breve constancia en sus Diarios, tras haber sido informado de que el filósofo «se ha inclinado demasiado a la derecha»—, tiene lugar en el contexto de un largo excurso sobre la evolución institucional en España, en el que afirma que el objetivo del nuevo régimen no podía consistir sólo «en cambiar el sistema político», sino, también, en «cambiar la política del sistema». Con esta fórmula, Azaña pretendía poner de manifiesto una paradoja frecuentemente observada en la experiencia política europea, en la que sobrarían los ejemplos de un régimen revolucionario que acaba transformado en «heredero y continuador de una parte importante de la política del antiguo régimen destruido». Hablando de «unitarismo y de diferencias nacionales», según estaba ocurriendo en aquellas Cortes con ocasión del debate sobre el Estatuto de Cataluña, Azaña cree oportuno evocar el caso de la Convención francesa, a su juicio «la más fiel cumplidora y ejecutora de la política de Luis XIV». Y es entonces cuando utiliza una expresión que no pudo pasar desapercibida para Ortega por la evidente proximidad con el título de su conferencia en el Cinema de la Opera, y aboga por un objetivo que parece contradecir cuanto iba sosteniendo hasta entonces; aboga, nada más y nada menos, por «rectificar la línea histórica» del país. «¿Qué línea histórica es ésa? —se pregunta Azaña sin solución de continuidad, quizá consciente de la sorpresa e incluso el desconcierto que han podido causar sus palabras entre los diputados—. ¿Por ventura deshacer el curso de la historia española?». Y la respuesta que desgrana acto seguido permite advertir la profundidad de las diferencias que mantiene con el filósofo. Por «rectificar la línea histórica» del país entiende, siempre según sus propias palabras, «enfrentarnos con la organización del Estado español de que venimos y rectificarlo en su estructura y en su funcionamiento, en sus fines y en sus medios».

Podría suponerse, como, de hecho, se ha supuesto en algunas ocasiones, que un Azaña al que hoy se reconoce cierto talento intelectual pero, en contrapartida, poco o ningún talento político, realizó esas afirmaciones sin una idea precisa de su calado, de la trascendencia de los dilemas ideológicos que entraba a dirimir. Unas cuantas observaciones hacia el final de su discurso sobre el Estatuto de Cataluña parecen apuntar, sin embargo, en el sentido opuesto. Quizá replicando a la metáfora de Ortega sobre la urgencia de tomar «la República en la mano, para que sirva de cincel, con el cual labrar la estatua de esta nueva España», Azaña rechaza la idea de que «un Parlamento, ebrio de una doctrina política, votase una Constitución que fuera una especie de geometría, de armazón geométrica, dura, inflexible como el granito». Y para que no quedase duda de lo que trataba de expresar, ya que, al igual que Ortega, también Azaña se había dejado arrastrar por el uso de la metáfora que sustituye al razonamiento y había comparado la Constitución de la República con una «vestimenta política» holgada, recuerda que «un Parlamento que tuviera la pretensión de reformar a un pueblo» podría estar actuando bajo la inspiración de «una tesis jacobina». Pero es que, además de jacobina, esa «pretensión de reformar a un pueblo» desde la Constitución o el Parlamento, de realizar una auténtica ingeniería social desde el poder, «es una tesis de algunas escuelas políticas de ultraderecha». Y, para Azaña, la toma de posición sobre la función de los textos legales y las instituciones debe ser rotunda, terminante: «Nosotros —dice, refiriéndose a la República— no podemos aceptar la tesis que es una tesis de tiranía».

Leídos o releídos a una distancia de setenta años, los discursos sobre el Estatuto de Cataluña pronunciados por Ortega y por Azaña en las Cortes de la República, en 1932, pueden provocar la sensación de que algunos de los problemas suscitados entonces siguen abiertos, como si una interminable dictadura tras la guerra civil, y un sistema democrático con un cuarto de siglo de vigencia, hubieran resultado insuficientes para hallar una solución estable y, más aún, definitiva. Hoy como entonces, se vuelve a debatir, en efecto, sobre la organización de la Hacienda, el sistema de enseñanza, la responsabilidad sobre el orden público o la estructura jerárquica de la justicia en Cataluña y en el resto del país, y es de suponer que la persistente actualidad de estas materias provocará, según las afinidades, bien una sensación de hastío, incluso de fracaso, bien la perturbadora constatación de que, en este punto, Ortega y Azaña podrían tener razón al mismo tiempo, porque cambiar la política del sistema, como solicitaba éste, habría abierto las puertas a la necesidad de conllevar el problema de la que hablaba aquél. Pero esta lectura posible de unos discursos de 1932, esta interpretación del presente político de España como una estricta continuación del pasado, puede inducir a creer que, pese a todos los esfuerzos, pese a todas las fórmulas intentadas, queda pendiente la tarea de hallar un arreglo para las relaciones entre las instituciones centrales del Estado y las autonómicas. En realidad, ese arreglo ya existe, y la confirmación de que ya existe radica en lo que se suele tomar por una prueba de lo contrario; radica en que se sigue debatiendo, siempre según los procedimientos establecidos, de la estructura y la organización del Estado. ¿Es que, acaso, el debate político consiste en otra cosa?

Si queda pendiente alguna tarea desde los tiempos en que Ortega y Azaña contraponían sus puntos de vista sobre el Estatuto de Cataluña, si alguna opción decisiva no se ha llevado a cabo, sería la de identificar la tradición ideológica desde la que hablaron uno y otro. Porque aquellos dos hombres entre los que, mientras vivieron, toda cordialidad fue imposible, hablaron desde tradiciones ideológicas cuya radical oposición, casi cabría decir su incompatibilidad, quedó disimulada por su coincidencia en admitir el Estatuto y algunas disposiciones prácticas para su ejecución. Lejos de las simplificaciones que se fueron acuñando durante el pasado siglo, los herederos de Ortega, los partícipes de su misma tradición ideológica, no se encuentran sólo entre los sectores jacobinos del país. Antes por el contrario, es posible hallarlos también en algunos círculos políticos e intelectuales que, desde las autonomías, van desgranando, aplicados a su ámbito, los mismos argumentos que Ortega refirió a la nación española; van reproduciendo idéntica anteposición de la razón histórica a la razón política y van, incluso, adoptando la metáfora orteguiana de tomar los Gobiernos autonómicos en mano, para que sirvan de cincel a sus propias naciones. Frente a ellos, a todos ellos, quedó la figura de Manuel Azaña en su día, interrogando primero desde las Cortes de la República, después desde un injusto olvido y, ahora, desde una extraña recuperación que no parece comprender ni penetrar en el sentido profundo de sus razones; interrogando, sencillamente interrogando: vistos los argumentos de unos y de otros, ¿por dónde pasaría, pues, la línea del liberalismo en España?

JOSÉ MARÍA RIDAO

Discursos

en las Cortes Constituyentes de

José Ortega y Gasset

y

Manuel Azaña

sobre el Estatuto de Cataluña

Discurso sobre el Estatuto de Cataluña

de

JOSÉ ORTEGA Y GASSET

en la sesión de las Cortes de 13 de mayo de 1932

Señores diputados:

Siento mucho no tener más remedio que hacer un discurso doctrinal, de aquellos precisamente que el señor Companys, en las primeras palabras que pronunció el otro día, se apresuraba a querer extirpar de esta discusión. Según el señor Companys, a la hora del debate constitucional se hicieron cuantos discursos doctrinales eran menester sobre el problema catalán y sobre su Estatuto, y se hicieron —añadía— porque los parlamentarios catalanes habían tenido buen cuidado de dibujar, de prefijar en el texto constitucional cuantos temas afectan al presente Estatuto. Y yo no pongo en duda que esta intervención de los parlamentarios catalanes fuese un gambito de ajedrez bastante ingenioso, pero no tanto que quedemos para siempre aprisionados dentro de él, hasta el punto de que no podamos hacer hoy, con alguna razón, con buen fundamento, sobre el problema catalán, sobre este enjundioso problema, algún discurso doctrinal.

Porque acontece que el debate constitucional en su realidad no coincide, ni mucho menos, con el recuerdo que ha dejado en la memoria del señor Companys. Tan no coincide, que ni yo, ni creo que ningún otro señor diputado recordará, antes de la intervención del señor Maura, ningún discurso en el cual se tratase a fondo y de frente el problema de las aspiraciones de Cataluña. Se ha hablado ciertamente, en general, de unitarismo y federalismo, de centralismo y autonomía, de las lenguas regionales; pero sobre el problema catalán, sobre lo que se llama el problema catalán, estoy por decir que yo no he oído un solo discurso, ni siquiera una parte orgánica de un discurso, como no consideremos tales las constantes salidas expectorativas a que nos tiene acostumbrados la bellida barba de don Antonio Royo Villanova. Se han hecho discursos sobre el pacto de San Sebastián, que es un tema que no tolera ni mucha doctrina ni muy buena, y que, por otra parte, no pretenderá resumir un problema viejo de demasiados siglos. Por tanto, yo ruego al señor Companys que no vea en esta justificación mía, a que él mismo me ha obligado, que no vea en ella enojo para él ni para sus compañeros; es exactamente la respuesta adecuada a la intención con que, como al desgaire y casi de pasada, obturaba el paso a intervenciones que presumía irremediablemente doctrinales, como la mía. Porque piensen el señor Companys y los demás señores diputados qué pueden ser mis discursos, si no son doctrinales, representando yo una fuerza política cuantitativamente imperceptible y siendo, por mi persona, hombre de escasísimo arranque. Yo no puedo ofrecer otra cosa a la vida pública de mi país que la moneda divisionaria, menos aún, la calderilla de unas cuantas reflexiones sobre los problemas en ella planteados. Nadie puede pedirme que dé más de lo que tengo; pero nadie tampoco puede estorbarme que contribuya con lo que poseo. Porque la República necesita de todas las colaboraciones, las mayores y las ínfimas, porque necesita —queráis o no— hacer las cosas bien, y para eso todos somos pocos.

Sobre todo en estos dos enormes asuntos que ahora tenemos delante, la reforma agraria y el Estatuto catalán, es preciso que el Parlamento se resuelva a salir de sí mismo, de ese fatal ensimismamiento en que ha solido vivir hasta ahora, y que ha sido causa de que una gran parte de la opinión le haya retirado la fe y le escatime la esperanza. Es preciso ir a hacer las cosas bien, a reunir todos los esfuerzos. El político necesita de una imaginación peculiar, el don de representarse en todo instante y con gran exactitud cuál es el estado de las fuerzas que integran la total opinión y percibir con precisión cuál es su resultante, huyendo de confundirla con la opinión de los próximos, de los amigos, de los afines, que, por muchos que sean, son siempre muy pocos en la nación. Sin esa imaginación, sin ese don peculiar, el político está perdido.

Ahí tenemos ahora España toda, tensa y fija su atención en nosotros. No nos hagamos ilusiones: fija su atención, no fijo su entusiasmo. Por lo mismo, es urgente que este Parlamento aproveche estas dos magnas cuestiones para hacer las cosas ejemplarmente bien, para regenerarse en sí mismo y ante la opinión. Quien no os lo diga así, no os es leal. [Muy bien.]

Y en medio de esta situación de ánimo, vibrando España entera alrededor, encontramos aquí, en el hemiciclo, el problema catalán. Entremos en él sin más y comencemos por lo más inmediato, por lo primero de él con que nos encontramos. Y ¿qué es lo más inmediato, concreto y primero con que topamos del problema catalán? Se dirá que si queremos evitar vaguedades, lo más inmediato y concreto con que nos encontramos del problema catalán es ese proyecto de Estatuto que la Comisión nos presenta y alarga; y de él, el artículo I.º del primer título. Yo siento discrepar de los que piensan así, que piensan así por no haber caído en la cuenta de que antes de ese primer artículo del primer título hay otra cosa, para mí la más grave de todas, con la que nos encontramos. Esa primera cosa es el propósito, la intención con que nos ha sido presentado este Estatuto, no sólo por parte de los catalanes, sino de otros grupos de los que integran las fuerzas republicanas. A todos os es bien conocido cuál es ese propósito. Lo habéis oído una y otra vez, con persistente reiteración, desde el advenimiento de la República. Se nos ha dicho: «Hay que resolver el problema catalán y hay que resolverlo de una vez para siempre, de raíz. La República fracasaría si no lograse resolver este conflicto que la monarquía no acertó a solventar».

Yo he oído esto muchas veces y otras tantas me he callado, porque a las palabras habían precedido los actos y por muchas otras razones. Aunque me gusta grandemente la conversación, no creo ser hombre pronto ni largo en palabras. A defecto de mejores virtudes, sé callar largamente y resistir a las incitaciones que obligan a los hombres, que les fuerzan para que hablen a destiempo. Pero ha llegado el minuto preciso en que hay que quebrar ese silencio y responder a lo tantas veces escuchado, que si se trata no más que de una manera de decir, de un mero juego enunciativo, esas expresiones me parecen pura exageración y, por tanto, peligrosas; pero si, como todos presumimos, no se trata de una figura de dicción, de una eutrapelia, que sería francamente intolerable en asunto y sazón tan grave, si se trata en serio de presentar con este Estatuto el problema catalán para que sea resuelto de una vez para siempre, de presentarlo al Parlamento y a través de él al país, adscribiendo a ello los destinos del régimen, ¡ah!, entonces yo no puedo seguir adelante, sino que, frente a este punto previo, frente a este modo de planteamiento radical del problema, yo hinco bien los talones en tierra, y digo: ¡alto!, de la manera más enérgica y más taxativa. Tengo que negarme rotundamente a seguir, sin hacer antes una protesta de que se presente en esta forma radical el problema catalán a nuestra Cataluña y a nuestra España, porque estoy convencido de que es ello, por unos y por otros, una ejemplar inconsciencia. ¿Qué es eso de proponernos conminativamente que resolvamos de una vez para siempre y de raíz un problema, sin parar en las mientes de si ese problema, él por sí mismo, es soluble, soluble en esa forma radical y fulminante? ¿Qué diríamos de quien nos obligase sin remisión a resolver de golpe el problema de la cuadratura del círculo? Sencillamente diríamos que, con otras palabras, nos había invitado al suicidio.

Pues bien, señores; yo sostengo que el problema catalán, como todos los parejos a él, que han existido y existen en otras naciones, es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar, y al decir esto, conste que significo con ello, no sólo que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles.

Yo quisiera, señores catalanes, que me escuchaseis con plena holgura de ánimo, con toda comodidad interior, sin ese soliviantamiento de la atención que os impediría fijarla en lo que vayáis oyendo, porque temierais que, al revolver la esquina de cualquiera de mis párrafos, tropezaseis con algún concepto, palabra o alusión enojoso para vosotros y para vuestra causa. No; yo os garantizo que no habrá nada de eso, lo garantizo en la medida que es posible, cuando se tienen todavía por delante algunos cuartos de hora de navegación oratoria. Nadie presuma, pues, que yo voy a envenenar la cuestión. No; todo lo contrario; pero pienso que, sólo partiendo de reconocerla en su pura autenticidad, se le puede propinar y a ello aspiro, un eficaz contraveneno. Vamos a ello, señores.

Digo, pues, que el problema catalán es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar; que es un problema perpetuo, que ha sido siempre, antes de que existiese la unidad peninsular y seguirá siendo mientras España subsista; que es un problema perpetuo, y que a fuer de tal, repito, sólo se puede conllevar.

¿Por qué? En rigor, no debía hacer falta que yo apuntase la respuesta, porque debía ésta hallarse en todas las mentes medianamente cultivadas. Cualquiera diría que se trata de un problema único en el mundo, que anda buscando, sin hallarla, su pareja en la Historia, cuando es más bien un fenómeno cuya estructura fundamental es archiconocida, porque se ha dado y se da con abundantísima frecuencia sobre el área histórica. Es tan conocido y tan frecuente, que desde hace muchos años tiene inclusive un nombre técnico: el problema catalán es un caso corriente de lo que se llama nacionalismo particularista. No temáis, señores de Cataluña, que en esta palabra haya nada enojoso para vosotros, aunque hay, y no poco, doloroso para todos.

¿Qué es el nacionalismo particularista? Es un sentimiento de dintorno vago, de intensidad variable, pero de tendencia sumamente clara, que se apodera de un pueblo o colectividad y le hace desear ardientemente vivir aparte de los demás pueblos o colectividades. Mientras éstos anhelan lo contrario, a saber: adscribirse, integrarse, fundirse en una gran unidad histórica, en esa radical comunidad de destino que es una gran nación, esos otros pueblos sienten, por una misteriosa y fatal predisposición, el afán de quedar fuera, exentos, señeros, intactos de toda fusión, reclusos y absortos dentro de sí mismos.

Y no se diga que es, en pequeño, un sentimiento igual al que inspira los grandes nacionalismos, los de las grandes naciones, no; es un sentimiento de signo contrario. Sería completamente falso afirmar que los españoles hemos vivido animados por el afán positivo de no querer ser franceses, de no querer ser ingleses. No; no existía en nosotros ese sentimiento negativo, precisamente porque estábamos poseídos por el formidable afán de ser españoles, de formar una gran nación y disolvernos en ella. Por eso, de la pluralidad de pueblos dispersos que había en la Península, se ha formado esta España compacta.

En cambio, el pueblo particularista parte, desde luego, de un sentimiento defensivo, de una extraña y terrible hiperestesia frente a todo contacto y toda fusión; es un anhelo de vivir aparte. Por eso el nacionalismo particularista podría llamarse, más expresivamente, apartismo o, en buen castellano, señerismo.

Pero claro está que esto no puede ser. A un lado y otro de ese pueblo infusible se van formando las grandes concentraciones; quiera o no, comprende que no tiene más remedio que sumirse en alguna de ellas: Francia, España, Italia. Y así ese pueblo queda en su ruta apresado por la atracción histórica de alguna de estas concentraciones, como, según la actual astronomía, la Luna no es un pedazo de tierra que se escapó al cielo, sino al revés, un cuerpo solitario que transcurría arisco por los espacios y al acercarse a la esfera de atracción de nuestro planeta fue capturado por éste y gira desde entonces en su torno acercándose cada vez más a él, hasta que un buen día acabe por caer en el regazo cálido de la Tierra y abrazarse con ella.

Pues bien; en el pueblo particularista, como veis, se dan, perpetuamente en disociación, estas dos tendencias: una, sentimental, que le impulsa a vivir aparte; otra, en parte también sentimental, pero, sobre todo, de razón, de hábito, que le fuerza a convivir con los otros en unidad nacional. De aquí que, según los tiempos, predomine la una o la otra tendencia y que vengan etapas en las cuales, a veces durante generaciones, parece que ese impulso de secesión se ha evaporado y el pueblo este se muestra unido, como el que más, dentro de la gran Nación. Pero no; aquel instinto de apartarse continúa somormujo, soterráneo, y más tarde, cuando menos se espera, como el Guadiana, vuelve a presentarse su afán de exclusión y de huida.

Este, señores, es el caso doloroso de Cataluña; es algo de que nadie es responsable; es el carácter mismo de ese pueblo; es su terrible destino, que arrastra angustioso a lo largo de toda su historia. Por eso la historia de pueblos como Cataluña e Irlanda es un quejido casi incesante; porque la evolución universal, salvo breves periodos de dispersión, consiste en un gigantesco movimiento e impulso hacia unificaciones cada vez mayores. De aquí que ese pueblo que quiere ser precisamente lo que no puede ser, pequeña isla de humanidad arisca, reclusa en sí misma; ese pueblo que está aquejado por tan terrible destino, claro es que vive, casi siempre, preocupado y como obseso por el problema de su soberanía, es decir, de quien le manda o con quien manda el conjuntamente. Y así, por cualquier fecha que cortemos la historia de los catalanes encontraremos a éstos, con gran probabilidad, enzarzados con alguien, y si no consigo mismos, enzarzados sobre cuestiones de soberanía, sea cual sea la forma que de la idea de soberanía se tenga en aquella época: sea el poder que se atribuye a una persona a la cual se llama soberano, como en la Edad Media y en el siglo XVII, o sea, como en nuestro tiempo, la soberanía popular. Pasan los climas históricos, se suceden las civilizaciones y ese sentimiento dilacerante, doloroso, permanece idéntico en lo esencial. Comprenderéis que un pueblo que es problema para sí mismo tiene que ser, a veces, fatigoso para los demás y, así, no es extraño que si nos asomamos por cualquier trozo a la historia de Cataluña asistiremos, tal vez, a escenas sorprendentes, como aquella acontecida a mediados del siglo XV: representantes de Cataluña vagan como espectros por las Cortes de España y de Europa buscando algún rey que quiera ser su soberano; pero ninguno de estos reyes acepta alegremente la oferta, porque saben muy bien lo difícil que es la soberanía en Cataluña. Comprenderéis, pues, que si esto ha sido un siglo y otro y siempre, se trata de una realidad profunda, dolorosa y respetable; y cuando oigáis que el problema catalán es en su raíz, en su raíz —conste esta repetición mía—, cuando oigáis que el problema catalán es en su raíz ficticio, pensad que decir eso sí que es una ficción.

¡Señores catalanes: no me imputaréis que he empequeñecido vuestro problema y que lo he planteado con insuficiente lealtad!

Pero ahora, señores, es ineludible que precisemos un poco. Afirmar que hay en Cataluña una tendencia sentimental a vivir aparte, ¿qué quiere decir, traducido prácticamente al orden concretísimo de la política? ¿Quiere decir, por lo pronto, que todos los catalanes sientan esa tendencia? De ninguna manera. Muchos catalanes sienten y han sentido siempre la tendencia opuesta; de aquí esa disociación perdurable de la vida catalana a que yo antes me refería. Muchos, muchos catalanes quieren vivir con España. Pero no creáis por esto, señores de Cataluña, que voy a extraer de ello consecuencia ninguna; lo he dicho porque es la pura verdad, porque, en consecuencia, conviene hacerlo constar y porque, claro está, habrá que atenderlo. Pero los que ahora me interesan más son los otros, todos esos otros catalanes que son sinceramente catalanistas, que, en efecto, sienten ese vago anhelo de que Cataluña sea Cataluña. Mas no confundamos las cosas; no confundamos ese sentimiento, que como tal es vago y de una intensidad variadísima, con una precisa voluntad política. ¡Ah, no! Yo estoy ahora haciendo un gran esfuerzo por ajustarme con denodada veracidad a la realidad misma, y conviene que los demás, especialmente los señores de Cataluña que me escuchan, me acompañen en este esfuerzo. No, muchos catalanistas no quieren vivir aparte de España, es decir, que, aun sintiéndose muy catalanes, no aceptan la política nacionalista, ni siquiera el Estatuto, que acaso han votado. Porque esto es lo lamentable de los nacionalismos; ellos son un sentimiento, pero siempre hay alguien que se encarga de traducir ese sentimiento en concretísimas fórmulas políticas: las que a ellos, a un grupo exaltado, les parecen mejores. Los demás coinciden con ellos, por lo menos parcialmente, en el sentimiento, pero no coinciden en las fórmulas políticas; lo que pasa es que no se atreven a decirlo, que no osan manifestar su discrepancia, porque no hay nada más fácil, faltando, claro está, a la veracidad, que esos exacerbados les tachen entonces de anticatalanes. Es el eterno y conocido mecanismo en el que con increíble ingenuidad han caído los que aceptaron que fuese presentado este Estatuto. ¿Qué van a hacer los que discrepan? Son arrollados; pero sabemos perfectamente de muchos, muchos catalanes catalanistas, que en su intimidad hoy no quieren esa política concreta que les ha sido impuesta por una minoría. Y al decir esto creo que sigo ajustándome estrictamente a la verdad. [Muy bien, muy bien.]

Pero una vez hechas estas distinciones, que eran de importancia, reconozcamos que hay de sobra catalanes que, en efecto, quieren vivir aparte de España. Ellos son los que nos presentan el problema; ellos constituyen el llamado problema catalán, del cual yo he dicho que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar. Y ello es bien evidente; porque frente a ese sentimiento de una Cataluña que no se siente española, existe el otro sentimiento de todos los demás españoles que sienten a Cataluña como un ingrediente y trozo esencial de España, de esa gran unidad histórica, de esa radical comunidad de destino, de esfuerzos, de penas, de ilusiones, de intereses, de esplendor y de miseria, a la cual tienen puesta todos esos españoles inexorablemente su emoción y su voluntad. Si el sentimiento de los unos es respetable, no lo es menos el de los otros, y como son dos tendencias perfectamente antagónicas, no comprendo que nadie, en sus cabales, logre creer que problema de tal condición puede ser resuelto de una vez para siempre. Pretenderlo sería la mayor insensatez, sería llevarlo al extremo del paroxismo, sería como multiplicarlo por su propia cifra; sería, en suma, hacerlo más insoluble que nunca.

Supongamos, si no, lo extremo —lo que por cierto estarían dispuestos a hacer, sin más, algunos republicanos de tiro rápido (que los hay, y de una celeridad que les promete el campeonato en cualquiera carrera a pie)—; supongamos lo extremo: que se concediera, que se otorgase a Cataluña absoluta, íntegramente, cuanto los más exacerbados postulan. ¿Habríamos resuelto el problema? En manera alguna; habríamos dejado entonces plenamente satisfecha a Cataluña, pero ipso facto habríamos dejado plenamente, mortalmente insatisfecho al resto del país. El problema renacería de sí mismo, con signo inverso, pero con una cuantía, con una violencia incalculablemente mayor; con una extensión y un impulso tales, que probablemente acabaría (¡quién sabe!) llevándose por delante el régimen. Que es muy peligroso, muy delicado hurgar en esta secreta, profunda raíz, más allá de los conceptos y más allá de los derechos, de la cual viven estas plantas que son los pueblos. ¡Tengamos cuidado al tocar en ella!

Yo creo, pues, que debemos renunciar a la pretensión de curar radicalmente lo incurable. Recuerdo que un poeta romántico decía con sustancial paradoja: «Cuando alguien es una pura herida, curarle es matarle». Pues esto acontece con el problema catalán.

En cambio, es bien posible conllevarlo. Llevamos muchos siglos juntos los unos con los otros, dolidamente, no lo discuto; pero eso, el conllevarnos dolidamente es nuestro común destino, y quien no es pueril ni frívolo, lejos de fingir una inútil indocilidad ante el destino, lo que prefiere es aceptarlo.

Después de todo, no es cosa tan triste eso de conllevar. ¿Es que en la vida individual hay algún problema verdaderamente importante que se resuelva? La vida es esencialmente eso: lo que hay que conllevar, y, sin embargo, sobre la gleba dolorosa que suele ser la vida, brotan y florecen no pocas alegrías.

Este problema catalán y este dolor común a los unos y a los otros es un factor continuo de la Historia de España, que aparece en todas sus etapas, tomando en cada una el cariz correspondiente. Lo único serio que unos y otros podemos intentar es arrastrarlo noblemente por nuestra Historia; es conllevarlo, dándole en cada instante la mejor solución relativa posible; conllevarlo, en suma, como lo han conllevado y lo conllevan las naciones en que han existido nacionalismos particularistas, las cuales (y me importa mucho hacer constar esto para que quede nuestro asunto estimado en su justa medida), las cuales naciones aquejadas por este mal son en Europa hoy aproximadamente todas, todas menos Francia. Lo cual indica que lo que en nosotros juzgamos terrible, extrema anomalía, es en todas partes lo normal. Pues en este punto quien representa la efectiva, aunque afortunada anormalidad, es Francia con su extraño centralismo; todos los demás están acongojados del mismo problema, y todos los demás hacen lo que yo os propongo: conllevarlo.

Con esto, señores, he intentado demostrar que urge corregir por completo el modo como se ha planteado el problema, y, sin ambages ni eufemismos, invertir los términos: en vez de pretender resolverlo de una vez para siempre, vamos a reducirlo, unos y otros, a términos de posibilidad, buscando lealmente una solución relativa, un modo más cómodo de conllevarlo; demos, señores, comienzo serio a esta solución.

¿Cuál puede ser ella? Evidentemente tendrá que consistir en restar del problema total aquella porción de él que es insoluble, y venir a concordia en lo demás. Lo insoluble es cuanto significa amenaza, intención de amenaza, para disociar por la raíz la convivencia entre Cataluña y el resto de España. Y la raíz de convivencia en pueblos como los nuestros es la unidad de soberanía.

Recuerdo que hubo un momento de extremo peligro en la discusión constitucional, en que se estuvo a punto, por superficiales consideraciones de la más abstrusa y trivial ideología, con un perfecto desconocimiento de lo que siente y quiere, salvo breves grupos, nuestro pueblo, sobre todo, de lo que siente y quiere la nueva generación, se estuvo a punto, digo, nada menos que de decretar, sin más, la Constitución federal de España. Entonces, aterrado, en una madrugada lívida, hablé ante la Cámara de soberanía, porque me acongojaba desde el advenimiento de la República la imprecisión, tal vez el desconocimiento, con que se empleaban todos estos vocablos: soberanía, federalismo, autonomía, y se confundían unas cosas con otras, siendo todas ellas muy graves. Naturalmente, no he de repetir ahora lo que entonces dije; me limitaré a precisar lo que es urgente para la cuestión.

Decía yo que soberanía es la facultad de las últimas decisiones, el poder que crea y anula todos los otros poderes, cualesquiera sean ellos; soberanía, pues, significa la voluntad última de una colectividad. Convivir en soberanía implica la voluntad radical y sin reservas de formar una comunidad de destino histórico, la inquebrantable resolución de decidir juntos en última instancia todo lo que se decida. Y si hay algunos en Cataluña, o hay muchos, que quieren desjuntarse de España, que quieren escindir la soberanía, que pretenden desgarrar esa raíz de nuestro añejo convivir, es mucho más numeroso el bloque de los españoles resueltos a continuar reunidos con los catalanes en todas las horas sagradas de esencial decisión. Por eso es absolutamente necesario que quede deslindado de este proyecto de Estatuto todo cuanto signifique, cuanto pueda parecer amenaza de la soberanía unida, o que deje infectada su raíz. Por este camino iríamos derechos y rápidos a una catástrofe nacional.

Yo recuerdo que una de las pocas veces que en mis discursos anteriores aludí al tema catalán fue para decir a los representantes de esta región: «No nos presentéis vuestro afán en términos de soberanía, porque entonces no nos entenderemos. Presentadlo, planteadlo en términos de autonomía». Y conste que autonomía significa, en la terminología juridicopolítica, la cesión de poderes; en principio no importa cuáles ni cuántos, con tal que quede sentado de la manera más clara e inequívoca que ninguno de esos poderes es espontáneo, nacido de sí mismo, que es, en suma, soberano, sino que el Estado lo otorga y el Estado lo retrae y a él reviene. Esto es autonomía. Y en ese plano, reducido así el problema, podemos entendernos muy bien, y entendernos —me importa subrayar esto— progresivamente, porque esto es lo que más conviene hallar: una solución relativa y además progresiva.

Desde hace muchos años, con la escasez de mis fuerzas solitarias, venía yo preparando este tipo de solución, tomando el enorme problema como hay que tomar todos en política, sistemáticamente, articulándolos unos con otros, a fin de que coadyuven a su conjunta superación.

Prescindiendo provisionalmente del problema catalán, yo analizaba la situación en que estaba mi país y encontraba en él un morbo básico, sin curar el cual no soñéis que España pueda llegar a ser nunca una nación vigorosa. Este morbo consistía, consiste, en la inercia de vida pública y, por tanto, política, económica, intelectual, en que viven los hombres provinciales. España es, en su casi totalidad, provincia, aldea, terruño. Mientras no movilicemos esa enorme masa de españoles en vitalidad pública, no conseguiremos jamás hacer una nación actual. ¿Y qué medios hay para eso? No se me pudo ocurrir sino uno: obligar a esos provinciales a que afronten por sí mismos sus inmediatos y propios problemas; es decir, imponerles la autonomía comarcana o regional.

Y sería desconocer por completo la realidad de este morbo que se trata de curar (una realidad que es la específica de España, la única que no se puede copiar de ningún programa político extranjero, sino que hay que descubrirla con la propia intuición y con el propio pensamiento); sería ignorar, digo, la realidad que se trata de corregir, esperar que la provincia anhele y pida autonomía. Desde el punto de vista de los altos intereses históricos españoles, que eran los que a mí me inspiraban, si una región de las normales pide autonomía, ya no me interesaría otorgársela, porque pedirla es ya demostrar que espontáneamente se ha sacudido la inercia, y, en mi idea, la autonomía, el régimen, la pedagogía política autonómica no es un premio, sino, al revés, uno de esos acicates, de esos aguijones, que la alta política obliga por veces a hincar bien en el ijar de los pueblos cansinos. Así concebía yo la autonomía.

Y una vez que imaginaba a España organizada en nerviosas autonomías regionales, entonces me volvía al problema catalán y me preguntaba: «¿De qué me sirve esta solución que creo haber hallado a la enfermedad más grave nacional (que es, por tanto, una solución nacional), para resolver el problema de Cataluña?». Y hallaba que, sin premeditarlo, habíamos creado el alvéolo para alojar el problema catalán. Porque, no lo dudéis, si a estas horas todas las regiones estuvieran implantando su autonomía, habrían aprendido lo que ésta es y no sentirían esa inquietud, ese recelo, al ver que le era concedida en términos estrictos a Cataluña. Habríamos, pues, reducido el enojo apasionado que hoy hay contra ella en el resto del país y lo habríamos puesto en su justa medida. Por otra parte, Cataluña habría recibido parcial satisfacción, porque quedaría solo, claro está, el resto irreductible de su nacionalismo. Pero ¿cómo quedaría? Aislado; por decirlo así, químicamente puro, sin poder alimentarse de motivos en los cuales la queja tiene razón.

Esto venía yo predicando desde hace veinte años, pero no sé lo que pasa con mi voz, que, aunque no pocas veces se me ha oído, casi nunca se me ha escuchado; se me ha hecho homenaje, que agradezco, aunque no necesito, dado el humilde cariz de mi vida, pero no se me ha hecho caso. Y así ha acontecido que lo que yo pretendía evitar es hoy un hecho, y como os decía en discurso anterior, se hallan frente a frente la España arisca y la España dócil. [Rumores.]

Aunque en peores condiciones, es de todos modos necesario e ineludible intentar esta solución autonómica. La autonomía es el puente tendido entre los dos acantilados, y ahora lo que importa es determinar cuál debe ser concretamente la figura de autonomía que hoy podemos otorgar a Cataluña. Con ello desemboco en la tercera y última parte de mi discurso (el auditorio respira animoso cuando oye que el orador anuncia que en su discurso comienza la vertiente de descenso); pero esta vez esa tercera parte ha de ser, creo que breve, aunque en definitiva, la decisiva, porque será aquella en la cual un grupo de hombres, el que forma nuestra minoría, exprese lo que ahora es urgente que todos expongan: cuál es su opinión concreta, taxativa, sobre lo que va a constituir el Estatuto de Cataluña. Pues es problema tan hondo, de tan largas consecuencias, que es preciso que todos los grupos de la Cámara, como les pedía el señor Maura en su discurso del viernes pasado, digan lo que opinan concretamente sobre ello antes de comenzar la discusión del articulado. Parece que hay algún vago derecho a solicitarlo así. Todos los grupos de la Cámara, sobre todo los grandes partidos, y más aún el mayor de los grandes partidos, que es el partido socialista, deben exponer su opinión. El partido socialista tiene el gran deber en esta hora de hablar a tiempo, con toda altitud y precisión, por dos razones; la primera, ésta: el partido socialista fue en tiempos de la monarquía un magnífico movimiento de opinión que vivía extramuros del Gobierno; doctrinalmente no revolucionario, era de hecho semi-revolucionario por su escasa compatibilidad con aquel régimen; pero desde el advenimiento de la República, el partido socialista es un partido gubernamental, y esté o no esté en el banco azul, un partido gubernamental es cogobernante, porque se halla siempre en potencia próxima de ponerse a gobernar. Es, pues, preciso que este partido, que es un partido de clase, al hacerse partido de gobierno, nos vaya enterando de cómo logra articular su interés de partido de clase con el complejo y orgánico interés nacional, porque gobernar, sólo puede un partido por su dimensión de nacional; lo otro, es una dictadura. Pero la otra razón, que obliga al partido socialista a declararse bien ante la opinión, es que estamos ahora discutiendo, junto a esta reforma de la organización catalana que nos trae el Estatuto, otra reforma, germinada con ella o como melliza, que es la reforma agraria, de interés muy especialmente socialista, aunque yo creo que, además, es de interés nacional. Es menester que en esta combinación de los dos temas llegue el partido socialista a igual claridad con respecto al uno y con respecto al otro; es ésta una diafanidad a que el partido socialista español, por su propia historia, nos suele tener acostumbrados, pero que mucho más tiene que hacer ahora plenamente transparente, plenamente clara y plenamente prometedora.

Pues bien; voy ahora a decir rápidamente, no lo que, en cada una de las líneas del proyecto de esa Comisión, ha puesto, contrapuesto o subrayado nuestro grupo, en largas reuniones de meditación sobre el tema; pero sí voy a designar cuáles son las normas concretísimas que nos ha inspirado esta que consideramos corrección del proyecto y que da a nuestro voto particular casi un carácter —si no fuera pretensión— de contraproyecto. Ante todo, como he dicho, es preciso raer de ese proyecto todos los residuos que en él quedan de equívocos con respecto a la soberanía; no podemos, por eso, nosotros aceptar que en él se diga: «El Poder de Cataluña emana del pueblo». La frase nos parece perfecta, ejemplar; define exactamente nuestra teoría general política; pero no se trata sin distingos, que fueran menester, del pueblo de Cataluña aparte, sino del pueblo español, dentro del cual y con el cual convive, en la raíz, el pueblo catalán.

Parejamente, nos parece un error que, en uno de los artículos del título primero, se deslice el término de «ciudadanía catalana». La ciudadanía es el concepto jurídico que liga más inmediata y estrechamente al individuo con el Estado, como tal; es su pertenencia directa al Estado, su participación inmediata en él. Hasta ahora se conocen varios términos, cada uno de los cuales adscribe al individuo a la esfera de un Poder determinado; la ciudadanía que le hace perteneciente al Estado, la provincialidad que le inscribe en la Provincia, la vecindad que le incluye en el Municipio. Es necesario, a mi modo de ver, que inventen los juristas otro término, que podamos intercalar entre el Poder supremo del Estado y el Poder que le sigue —en la vieja jerarquía— de la provincialidad; pero es menester también que amputemos en esa línea del proyecto de Estatuto esa extraña ciudadanía catalana, que daría a algunos individuos de España dos ciudadanías, que les haría, en materia delicadísima, coleccionistas.

Por fortuna, ahorra mi esfuerzo, en el punto más grave que sobre esta materia trae el dictamen, el espléndido discurso de maestro de Derecho que ayer hizo el señor Sánchez Román. Me refiero al punto en el cual el Estatuto de Cataluña tiene que ser reformado, de suerte tal que no se sabe bien si esta ley y poder que las Cortes ahora otorguen podrá nunca volver a su mano, pues parece, por el equívoco de la expresión de ese artículo, que su reforma sólo puede proceder del deseo por parte del pueblo catalán. A nuestro juicio, es menester que se exprese de manera muy clara no sólo que esto no es así, sino que es preciso completarlo añadiendo a esa incoación, por parte de Cataluña, del proceso de revisión y reforma del Estatuto, otro procedimiento que nazca del Gobierno y de las Cortes. Parece justo que sea así. Es un problema entre dos elementos, entre dos cabos, y nada más justo y racional que el que la reforma y la revisión puedan comenzarse o por un cabo o por el otro; que intervenga, pues, o el Gobierno de la nación o el plebiscito de Cataluña.

Vamos ahora al tema de la enseñanza. Es éste un punto en que me complace declarar que la fórmula encontrada por el dictamen de la Comisión se nos antoja excelente. Pretende Cataluña crear ella su cultura; a crear una cultura siempre hay derecho, por más que sea la faena no sólo difícil, sino hasta improbable; pero ciertamente que no es lícito coartar los entusiasmos hacia ello de un grupo nacional. Lo que no sería posible es que para crear esa cultura catalana se usase de los medios que el Estado español ha puesto al servicio de la cultura española, la cual es el origen dinámico, histórico, justamente del Estado español. Sería, pues, como entregar su propia raíz. Bien está, y parece lo justo, que convivan paralelamente las instituciones de enseñanza que el Estado allí tiene y las que cree, con su entusiasmo, la Generalidad. Ya hablaremos cuando se trate del articulado, del problema del bilingüismo. Dejemos, pues, intacta esta cuestión. Lo que importa es decir que en aquel punto general de la enseñanza nos parece excelente el dictamen de la Comisión. Sólo podría oponérsele una advertencia. ¿No sería ello complicar demasiado las cosas? ¿No sería acumular en Cataluña un exceso de instituciones docentes?

Decía un viejo libro indio que cuando el hombre pone en el suelo la planta, pisa siempre cien senderos. ¡Hay que ver los senderos que acabamos de pisar con esta observación! ¿No serían excesivos los establecimientos de enseñanza que así resultarían en Cataluña? ¿Sabéis en qué tipo de cuestiones ponemos ahora el pie, qué cantidad de inepcias y de irreflexión han gravitado sobre el destino español y que afloran y transparecen ahora de pronto al tocar este tema? ¿Sabéis que hasta hace tres años en Barcelona, en una población de un millón de habitantes, había un solo instituto, cuando en Alemania, para un millón de habitantes, hay cuarenta institutos, y en el país que menos, en Francia, hay catorce institutos? Uno de los senderos que parten ahora de nuestra planta es el haceros caer en la cuenta de que cuando discutáis los problemas de las órdenes religiosas y de la enseñanza tengáis la generosidad y la profundidad de plantearlos en toda su complejidad, porque cuando un Estado se ha comportado de esta suerte ante una urbe de un millón de habitantes, en una de las instituciones más características de las clases que, al fin y al cabo, tenían el poder en aquel régimen; cuando un Estado se ha comportado así, cuando el resto del país lo ha tolerado y tal vez ni lo ha sabido, lo cual quiere decir que no lo ha atendido, no hay derecho a quejarse de que los pobres chicos tengan que ir a recibir enseñanza donde se la den; y las órdenes religiosas se la daban, no porque tuvieran una excepcional, fantástica y espectral fuerza insólita sobre la vida española, sino simplemente porque el Estado español y la democracia constitucional española hacían dejación de sus deberes de atender a la enseñanza nacional. [Muy bien.] Pero cuando tocamos este punto, otro sendero, que lleva a problemas todavía más graves, nos araña las plantas, porque al haber caído en la cuenta de que esto se hacía, de que esta enormidad se hacía, es decir, no se hacía, en una población como Barcelona en materia de enseñanza, nos preguntamos: ¿Y qué es lo que se hacía con respecto a las otras instituciones de Gobierno, de Poder público? ¿Cómo estaba allí representado institucionalmente, en ese enorme cuerpo social que es Barcelona, el Estado, el Poder? ¿Qué figuras de autoridad veía a toda hora el buen barcelonés pasar por delante de él para aprender de esa suerte lo que es el mando, la autoridad del Estado? Pues, señores, hasta hace muy pocos años, bien pocos años, la población de Barcelona y su provincia, con el millón de habitantes de su capital, estaba gobernada exactamente por las mismas instituciones que Soria y que Zamora, pequeñas villas rurales: por un gobernador civil. ¡Y luego extrañará que en Barcelona hubiese una rara inspiración subversiva! Esa población está compuesta, principalmente, de un enorme contingente de obreros; la concentración industrial de Barcelona arranca de los últimos terruños y glebas de España, donde vivían al fin y al cabo moralizados por la influencia tradicional y como vegetal de su patria, infinidad de obreros españoles y los lleva a Barcelona y los amontona allí; y estos obreros, como las demás clases sociales, no veían aparecer el Poder público con volumen y figura correspondiente y, naturalmente, sentían constantemente como una invitación a olvidarse del Poder y de la autoridad, a ser constitutivamente subversivos; y de aquí, no por ninguna extraña magia ni poder especial de la inspiración catalana, de aquí que todas las cosas subversivas que han acontecido en España, desde hace muchísimos años, vinieran de Barcelona. ¡Es natural! ¡Si el aire era subversivo, porque no se le había enseñado a ser otra cosa! Se juntan allí los militares y brotan las Juntas de Defensa y, creedme, si un día se juntan allí los obispos, ya veréis cómo los báculos se vuelven lanzas. [Risas.]

Otro punto en que coincidimos, y esto va a extrañar a muchos, con el proyecto de la Comisión, es aquel que se refiere al orden público. A primera vista y al pronto, yo, como muchos, pensé que parecía improcedente otorgar a Cataluña en esta forma —que conste, no es total—, el cuidado del orden público. A primera vista, en efecto, parece, y es cierto, que el orden público es el poder más inmediato del Estado; pero, en primer lugar, en este artículo no se quita al Estado la intervención en el orden público, sino, simplemente, se crea una instancia primera, la cual se entrega a la Generalidad. Confieso que me hizo gran impresión la advertencia que nos transmitía en su discurso el señor Maura, advertencia evidentemente aprendida en su experiencia de ministro de la Gobernación; experiencia que yo me sospecho mucho no voy a lograr directamente nunca, pero que, por lo mismo, me complace absorber de quien me la transmite. Pues bien; no tenía duda ninguna que era de gran fuerza el razonamiento del señor Maura. ¿No es cuestión delicada que coexistan —pues ésta sería una de las posibles soluciones en Cataluña— dos policías? ¿No es igualmente, o más delicado, que el Estado se quede sin contacto directo, sin visión ni previsión de lo que germina y fermenta en los bajos fondos de la vida catalana y, sobre todo, en los profundos bajos fondos de la ciudad de Barcelona? Ni lo uno ni lo otro es, en efecto, deseable. Lo uno y lo otro llevan a desagradables consecuencias. Dos policías hurgando en lo mismo, con tropezones de manos distintas sobre un mismo tema oscuro, en manera alguna; una policía del Estado español teniendo que afrontar acaso situaciones graves, sin tener de ellas ningún conocimiento previo, tampoco. No escatimo, pues, la importancia, la gravedad de esta advertencia; pero permitidme que os muestre el otro lado de la cuestión.

Se crea por este Estatuto un Poder regional de suma importancia, con gran burocracia, con intervención en una cantidad enorme de asuntos de la vida local catalana; tiene, pues, ancho campo para actuar. ¿Tiene sentido que a ese Poder, al cual damos la parte más mollar y fecunda de la gobernación, le retengamos la parte más difícil, aquella que representa el módulo de responsabilidad de todo Gobierno y de todo Poder y, sobre todo, aquella que es en la que se manifiesta el último punto de delicadeza y de tacto moral de los Poderes? ¿Tiene sentido que todas las cosas buenas se hagan por la Generalidad y que sea el Estado central quien tenga que ir allí no más que para resolver problemas de orden público, que son siempre agujeros que se hacen en el capital de autoridad de todo Gobierno? No puede ser; si allí pasa lo bueno, conviene que tengan también la experiencia de los problemas que plantea el orden público; es menester que allí donde actúa el Poder sea donde se afronten inmediatamente, y por lo menos en primera instancia, sus consecuencias; que no pase como ocurre con los pájaros de las pampas que se llaman teros, de los cuales muchas veces don Miguel de Unamuno ha dicho, repitiéndonos los versos de Martín Fierro, «que en un lao pegan los gritos y en otro ponen los huevos»; no, que el grito se pegue junto al huevo. [Muy bien.]

No podemos aceptar, en cambio, que pase el orden judicial íntegro a la Generalidad; pero esto por una razón frente a la cual me extraña que pueda darse, por parte de los señores catalanes, contrarrazón de peso. No es la cuestión de Justicia tema que pueda servir de discusión, ni de batalla entre los hombres. Acontece así, pero no debe acontecer; es decir, que acontece sin razón. En todas partes es el movimiento que empuja a la Historia, ir haciendo homogénea la Justicia, porque sólo si es homogénea puede ser justa; no es posible que, de un lado al otro del monte, la Justicia cambie de cara; el ideal sería que la Justicia fuese, no ya sólo nacional, sino internacional, planetaria, a ser posible, sideral; que cuanto más homogénea la hagamos, más amplia la hagamos, más cerca estará de poder soñar en ser algo parecido a la Justicia misma.

Pero, en fin, déjese a los catalanes su justicia municipal; déjeseles todo lo contencioso-administrativo sobre los asuntos que queden inscritos en la órbita de actuación que emana de la Generalidad, pero nada más.

Y vamos al último punto, el que se refiere a la Hacienda. No voy, naturalmente, ahora a tratar en detalle, ni formalmente, del asunto. Voy sólo a enunciar las dos normas que nos han inspirado la corrección al anteproyecto. Son dos normas, la una complementaría de la otra y que, por lo mismo, la corrige. La norma fundamental es ésta: deseamos que se entreguen a Cataluña cuantías suficientes y holgadas para poder regir y poder fomentar la vida de su pueblo dentro de los términos del Estatuto: lo hacemos no sólo con lealtad, sino con entusiasmo; pero lo que no podemos admitir es que esto se haga con detrimento de la economía española. No me refiero ahora a las cuantías, no escatimo; lo que digo es que no es posible entregar a Cataluña ninguna contribución importante, íntegra, porque eso la desconectaría de la economía general del país, y la economía general del país, desarticulada, no por el más o el menos de cuantía en lo que se entregara, no podría vivir con salud, y mucho menos en aumento y plenitud.

De aquí que fuera menester idear una fórmula amplia en la concesión actual, elástica hacia el porvenir y, sobre todo, que creciese automáticamente, conforme la vida y la riqueza de Cataluña lo exigiera. No se puede en este punto, mirada así la cuestión, pedir más. Se os da una copa que crecerá conforme crezca el hontanar que brote en vuestra tierra. Pero no basta con esto, porque no es decente crear un Poder, sea el que fuere, al cual se encargue de fomentar la vida de un territorio, sin darle, no sólo medios para ello, sino albedrío para jugar melodías político-históricas sobre esa economía que se le da; no es decente, repito, crear el Poder catalán y no dejarle alguna imposición sobre el cual pueda legislar. Pero como el principio anterior nos impide concederle ningún tributo entrañable de la economía nacional, de ahí que se nos ocurriese buscar en los derechos reales sobre bienes raíces algo en lo cual pueda perfectamente Cataluña legislar con entera libertad. ¿Por qué? Porque es una clase de derechos más fácilmente desconectable del resto de la economía, porque es un tipo de derechos, de impuestos relativamente fácil, de los más fáciles de cobrar, porque no os plantea el problema perenne de Hacienda de las incidencias, de decir quién es el que en definitiva paga la imposición. Porque el legislador impone un tributo sobre un bien, una actividad o una persona y resulta que se va transfiriendo de golpe de hombro al vecino, de este al otro, y se acaba por no saber quién paga, en realidad, aquel impuesto.

Ciertamente, con toda lealtad digo que esto tiene un inconveniente, pero que al mismo tiempo es ventaja. Los derechos reales son, por una de sus caras, un impuesto de carácter político; naturalmente que esto trae consigo que puedan, a veces, ocasionar, motivar luchas y discordias interiores; pero, por otra parte, han sido estos derechos a los que han recurrido los pueblos cuando precisamente han tenido que hacer grandes sacrificios, profundos sacrificios históricos. Después de la guerra, todos los pueblos —Inglaterra por delante—, para salvar la situación de las deudas creadas, cayeron sobre los impuestos de derechos reales.

Señores, así es como yo veo el perfil de autonomía que ahora, dadas las circunstancias, las situaciones, debe otorgarse a Cataluña. Es una autonomía de figura sumamente amplia y anuncia ella una posible corrección progresiva.

¡Creed que es mejor un tipo de solución de esta índole que aquella pretensión utópica de soluciones radicales! La utopía es mortal, porque la vida es hallarse inexorablemente en una circunstancia determinada, en un sitio y en un lugar, y la palabra utopía significa, en cambio, no hallarse en parte alguna, lo que puede servir muy bien para definir la muerte.

Se trata de adelantar, de iniciar un nuevo camino de solución. Por tanto, no nos pidáis que en este primer paso que damos hacia vosotros, hayamos llegado ya; que este primer paso sea el último. No. Esperad. Intentemos este nuevo modo de conllevarnos, que él nos vaya descubriendo posibles ampliaciones.

Claro es que con esto no se resuelve sino aquella porción soluble del problema catalán. Queda la otra, la irreductible: el nacionalismo. ¿Cómo se puede tratar esta otra cuestión? ¡Ah! La solución de este otro problema, del nacionalismo, no es cuestión de una ley, ni de dos leyes, ni siquiera de un Estatuto. El nacionalismo requiere un alto tratamiento histórico; los nacionalismos sólo pueden deprimirse cuando se envuelven en un gran movimiento ascensional de todo un país, cuando se crea un gran Estado, en el que van bien las cosas, en el que ilusiona embarcarse, porque la fortuna sopla en sus velas. Un Estado en decadencia fomenta los nacionalismos: un Estado en buena ventura los desnutre y los reabsorbe, tenía gran razón el señor Cambó en este punto, más razón que muchos representantes actuales de Cataluña, cuando decía que el nacionalismo catalán sólo tiene su vía franca al amparo de un enorme movimiento creador histórico. Él proponía lo que llamaba iberismo, y yo en punto al iberismo estoy en desacuerdo con él, pero en el sentido general tenía razón. Lo importante es movilizar a todos los pueblos españoles en una gran empresa común. Pero no hace falta nada de «iberismo»; tenemos delante la empresa de hacer un gran Estado español. Para esto es necesario que nazca en todos nosotros lo que en casi todos ha faltado hasta aquí, lo que en ningún instante ni en nadie debió faltar: el entusiasmo constructivo. Este debe ser el supuesto común a todos los grupos republicanos, lo que latiese unánimemente, por debajo o por encima de todas nuestras otras discrepancias; que nos envolviese por todos los lados como el aire que respiramos, y como el elemento de todos y propiedad de ninguno. La República tiene que ser para nosotros el nombre de una magnífica, de una difícil tarea, de un espléndido quehacer, de una obra que pocas veces se puede acometer en la Historia y que es a la vez la más divertida y la más gloriosa: hacer una Nación mejor. Este entusiasmo constructivo es un estado de ánimo en que se unen inseparablemente la alegría del proyectar y la seriedad del hacer. Por eso yo pedía que la República fuese alegre, lo cual ha molestado a algunos republicanos, sin que yo pudiera explicarme esta irritación por ninguna razón favorable para los que se irritaron. Porque si hay republicanos que creen que deben defenderse de mí porque les pido que sean alegres y no sean agrios, entonces es que estos republicanos no están en su verdad y que han errado su posición y temple históricos. Desde las primeras palabras que pronuncié en la Cámara pedía yo una República emprendedora y ágil, lo cual no quiere decir apresurada. Porque ágil es el que actúa siempre con la máxima celeridad posible, pero sólo con la posible. Ágil, en efecto, es el que corre y no se atropella.

Vayamos, pues, con celeridad, pero sin acritud, con decoro, con exactitud y viendo bien qué es lo que hoy en su profundo corazón múltiple desea el país que hagamos, en este gran paso del Estatuto que tenemos delante. Y si no fuera porque en uno de sus lados sería petulancia, terminaría diciéndoos, señores diputados, que reflexionéis un poco sobre lo que os he dicho y olvidéis que yo os lo he dicho. [Grandes aplausos.]

Discurso sobre el Estatuto de Cataluña

de

MANUEL AZAÑA

en la sesión de las Cortes de 27 de mayo de 1932

Señores diputados:

No necesita justificarse, ni menos disculpa, la intervención del presidente del Consejo de Ministros al remate de la discusión sobre la totalidad del proyecto de Estatuto de Cataluña, para trazar las líneas generales y determinar la política del Gobierno en este problema, y fijar, al mismo tiempo, la posición del Gobierno en la contienda parlamentaria.

No dejaré de congratularme del giro que ha llevado la discusión y de los términos en que la han sostenido sus mantenedores, destruyendo con esto el miedo, no sé si la esperanza, de quienes presagiaban en las Cortes un espectáculo incivil, como si las Cortes no hubiesen ya probado cien veces que están sobradamente a la altura de su función. El tono, la sustancia misma del debate prueban que la discusión del problema ha venido a las Cortes en el momento oportuno: acerca de esto, y con el propósito de combatir al Gobierno, que es, como sabéis, un deporte socorrido, se han dicho cosas contradictorias y que, por serlo, mutuamente se destruyen. Se ha dicho, de una parte, que el Gobierno quería soslayar el asunto, darle largas, ganar tiempo para sumergirnos en no sé qué innominadas ociosidades veraniegas, más allá de las cuales estaría políticamente lo imprevisto, lo desconocido: y se ha dicho, contrariamente, que traer ya este problema a discusión era una imprudencia, una ligereza peligrosa. Ya se está viendo que no es así.

Todos los problemas políticos, señores diputados, tienen un punto de madurez, antes del cual están ácidos; después, pasado ese punto, se corrompen, se pudren. La reflexión, la discusión, el lapso de cierto tiempo, maduran en cada cual el sentimiento de su propia responsabilidad y traen las cuestiones al grado de sazón en que se encuentra esta que está ante nuestra deliberación.

Así, pues, el primer efecto del debate que conviene señalar, porque tiene cierto interés político, ha sido restablecer la calma, y en algunos ha venido después la sorpresa de esta calma; en algunos, es decir, en todos aquellos que se han pasado unas cuantas semanas combatiendo a los fantasmas de su propia aprensión.

No se puede negar, señores diputados, que en los albores de esta discusión, en las semanas que precedieron a este debate se ha producido en España una agitación, una propaganda, una protesta, una alarma; yo creo que esta alarma, esta protesta y esta propaganda son mucho más extensas que profundas; pero a nadie le puede parecer mal, ni al Gobierno, que esas demostraciones de carácter político se produzcan: eso es salud, y todas las ocasiones son buenas para que España medite y recapacite sobre sus grandes problemas internos, y esta ocasión es buena como ninguna. Pero yo creo, como opinaba el otro día el señor Lerroux, que el 90% de los que protestan contra el Estatuto no lo han leído, y suscribo y subrayo la segunda parte de la opinión del señor Lerroux en este particular, es a saber: que si lo hubiesen leído tal vez no protestarían.

Es preciso reconocer, señores diputados, que en esta campaña, en esta propaganda, en esta agitación y protesta contra el Estatuto, intervienen, como es normal, impulsos, factores que no todos merecen igual consideración. Hay, por de pronto, el espanto de la novedad: cuando surge ante nosotros un problema ingente, grave, difícil, que requiere un esfuerzo del entendimiento, por ser esfuerzo penoso, y además reclama una decisión de la voluntad, el primer impulso de todo el mundo es esquivarlo. Hay un instinto contra la novedad, y el que más y el que menos —no hablo de nosotros, sino de la opinión general—, el que más y el que menos preferiría que no le planteasen aquella dificultad, seguir la rutina anterior. Y se introduce, además, en esto una pasión, un sentimiento, que yo reverencio y pongo sobre mi cabeza, y del cual participo, pero que puede estar equivocado en sus conclusiones: una gran parte de la protesta contra el Estatuto de Cataluña se ha hecho en nombre del patriotismo, y esto, señores diputados, no puede pasar sin una ligera rectificación.

El patriotismo no es un código de doctrina; el patriotismo es una disposición del ánimo que nos impulsa, como quien cumple un deber, a sacrificarnos en aras del bien común; pero ningún problema político tiene escrita su solución en el código del patriotismo. Delante de un problema político, grave o no grave, pueden ofrecerse dos o más soluciones, y el patriotismo podrá impulsar, y acuciar, y poner en tensión nuestra capacidad para saber cuál es la solución más acertada; pero una lo será; las demás, no; y aun puede ocurrir que todas sean erróneas. Quiere esto decir, señores diputados, que nadie tiene el derecho de monopolizar el patriotismo, y que nadie tiene el derecho, en una polémica, de decir que su solución es la mejor porque es la más patriótica; se necesita que, además de patriótica, sea acertada.

Ha habido también en esta cuestión un poco de malevolencia política, un poco de malquerencia política; un poco, no mucho: la que basta para que en esta polémica no nos falte la sal del encono. Esto también es normal, porque al acercarse el problema del Estatuto a su situación parlamentaria no habrá faltado quien piense que podría ser una dificultad seria, no para la República —que es más fuerte que todos sus problemas, y sale resueltamente a su encuentro, y los afronta cara a cara—, pero sí para el Gobierno, y quién sabe —¡ilusión dorada!— si para las Cortes mismas. Quizá se ha pensado que el Gobierno iba a encontrarse en un desfiladero donde podría ser destruido con facilidad o que las Cortes entrarían en tal confusión inextricable que saltarían hechas pedazos. Yo he observado con un silencio escéptico estas previsiones funestas. Si ahora resulta, señores diputados, que no hay desfiladero y que las Cortes no saltan en añicos, ¡qué le vamos a hacer!; otra vez será. [Risas].

De esta suerte, señores diputados, el debate parlamentario, como ocurre siempre, en virtud de la disciplina parlamentaria, ha dado un cauce estricto al problema, cauce delimitado por la razón y los argumentos de la posición política de cada cual, o los que le dicta su posición de partido, y por el sentimiento de la responsabilidad que a todos nos es común. La pasión alharacante y vocinglera, la pasión destructora, no tiene aquí lugar, porque no es capaz de articular una razón sola que merezca la pena de ser tomada en serio. De esta suerte, señores diputados, se ha inaugurado en las Cortes Constituyentes de la República el debate sobre el problema de los estatutos.

Y por primera vez en el Parlamento español se plantea en toda su amplitud, en toda su profundidad, el problema de los particularismos locales de España, el problema de las aspiraciones autonomistas regionales españolas, no por incidencia de un debate político, no por choque de un partido con otro partido, no por consecuencia o preparación de un cambio ministerial, como solía suceder, según me han contado, en otros tiempos, sino delante de un proyecto legislativo, delante de un texto parlamentario, que aspira, ni más ni menos, que a resolver el problema político que está ante nosotros. Aspira a resolverlo, señores diputados. Y ¿por qué no? El señor Ortega y Gasset, en su discurso de la otra tarde, dijo algunas palabras que yo voy a recoger, no porque las palabras del señor Ortega necesiten aclaración, que bien claras están, y si la necesitasen no sería yo el llamado a dársela, sino para aclarar, precisamente, los supuestos contra los que las palabras del señor Ortega iban dirigidas, y aunque yo no tengo ningún motivo para suponer que el señor Ortega y Gasset al proferirlas estuviese contemplando actos o palabras de este Gobierno, de todos modos, poner las cosas en su punto es un buen camino para acortar las diferencias y que podamos llegar a entendernos.

El señor Ortega y Gasset decía, examinando el problema catalán en su fondo histórico y moral, que es un problema insoluble y que España sólo puede aspirar a conllevarlo; se entiende, naturalmente, que yo he comprendido el vocablo «conllevar» en la misma acepción que le daba ayer en su magnífico discurso el señor Ossorio y que creo coincide con la intención con que lo empleó el señor Ortega. ¿Insoluble? Según; si establecemos bien los límites de nuestro afán, si precisamos bien los puntos de vista que tomamos para calificar el problema, es posible que no estemos tan distantes como parece. El señor Ortega y Gasset hizo una revisión, un resumen, de la historia política de Cataluña para deducir que Cataluña es un pueblo frustrado en su principal destino, de donde resulta la impaciencia en que se ha encontrado respecto de toda soberanía, de la cual ha solido depender su discordia, su descontento, su inquietud; vendría a ser, sin duda, el pueblo catalán un personaje peregrinando por las rutas de la historia en busca de un Canaán que él solo se ha prometido a sí mismo y que nunca ha de encontrar.

Yo no discuto la exactitud de esta descripción o percepción del señor Ortega; no la discuto, pero sí me será permitido decir que la encuentro un poco excesiva y, si no se toma a mal la palabra, un poco exagerada. No tiene nada de particular, señores diputados; los hombres de talento exageran aunque no se lo propongan, porque al cargar la fuerza del discurso o el poder expresivo de los vocablos sobre un rasgo, sobre un relieve, sobre una facción, el rasgo, el relieve y la facción se adelantan, crecen, son más prominentes, y el conjunto de la fisonomía queda un poco en segundo término. Por otra parte, si tomamos un punto de observación elevado, es una cosa manifiesta que los volúmenes y las magnitudes, sin perder su proporción, se achican sensiblemente, y al descubrirnos un mayor horizonte histórico se nos revela, si ya no lo sospechásemos, que en la continuidad histórica nada se resuelve y nada se remedia, que el conflicto de hoy es la solución de mañana, y que nadie sabe, cuando siembra, si va a recoger los frutos de su sementera ni si los frutos mismos van a ser frutos de bendición o frutos de muerte.

De todas maneras, a mí se me representa una fisonomía moral del pueblo catalán un poco diferente de este concepto trágico de su destino, porque este acérrimo apego que tienen los catalanes a lo que fueron y siguen siendo, esta propensión a lo sentimental, que en vano tratan de enmascarar debajo de una rudeza y aspereza exteriores, ese amor a su tierra natal en la forma concreta que la naturaleza les ha dado, esa ahincada persecución del bienestar y de los frutos del trabajo fecundo, que es, además, felizmente compatible con toda la capacidad del espíritu en su ocupación más noble y elevada, me dan a mí una fisonomía catalana pletórica de vida, de satisfacción de sí misma, de deseos de porvenir, de un concepto sensual de la existencia poco compatible con el concepto de destino trágico que se entrevé en la concepción fundamental del señor Ortega y Gasset. Pero, en fin, yo en esto no voy a entrar. Lo que sí digo es que el problema que vamos a discutir aquí, y que pretendemos resolver, no es ese drama histórico, profundo, perenne, a que se refería el señor Ortega y Gasset al describirnos los destinos trágicos de Cataluña; no es eso. Y aun aceptando la descripción exacta y elegante del señor Ortega, es una cosa manifiesta que esa discordia, esa impaciencia, esa inquietud interiores del alma catalana, no siempre se han manifestado en la historia o no se han manifestado siempre de la misma manera. Yo no sé bien, señores diputados, lo confieso —de seguro lo sabe alguien, pero yo no lo sé—, cómo se las habrían con el procónsul romano de vuestra Tarraconense los habitantes del territorio de la actual Cataluña; quizá lo sepa alguien, pero yo lo ignoro. Sí sabemos todos las particularidades de la fisonomía política y moral de Cataluña desde que empezó a destacarse con una vida propia en la historia general de la Península. Y se observa que hay grandes silencios en la historia de Cataluña, grandes silencios; unas veces porque está contenta, y otras porque es débil e impotente; pero en otras ocasiones este silencio se rompe y la inquietud, la discordia, la impaciencia se robustecen, crecen, se organizan, se articulan, invaden todos los canales de la vida pública de Cataluña, embarazan la marcha del Estado de que forma parte, son un conflicto en la actividad funcional del Estado a que pertenece, en su estructura orgánica, y entonces ese problema moral, profundo, histórico, de que hablaba el señor Ortega y Gasset, adquiere la forma, el tamaño, el volumen y la línea de un problema político, y entonces es cuando este problema entra en los medios y en la capacidad y en el deber de un legislador o de un gobernante; antes, no.

A nosotros, señores diputados, nos ha tocado vivir y gobernar en una época en que Cataluña no está en silencio, sino descontenta, impaciente y discorde. Es probable que el primer Borbón de España creyese haber resuelto para siempre la divergencia peninsular del lado de allá del Ebro, con las medidas políticas que tomó. Sigue un largo silencio político en Cataluña; pero en el siglo XIX vientos universales han depositado sobre el territorio propicio de Cataluña gérmenes que han arraigado y fructificado, y lo que empezó revestido de goticismo y romanticismo no se ha contentado con ser un movimiento literario y erudito, sino que ha impelido, robustecido y justificado un movimiento particularista, nacionalista como el vuestro, que es lo que constituye hoy el problema político específico catalán. Cuando este particularismo, cuando este sentimiento particularista, alzaprimado por todos los elementos históricos y políticos de que acabo de hacer breve mención se precipita en la vida del Estado español como un estorbo funcional, como una deformidad orgánica, cuando esto invade los sectores de la opinión catalana y no catalana, cuando esto determina la vida de los partidos políticos, sus relaciones, sus encuentros, sus choques, entonces es cuando surge el problema político y su caracterización parlamentaria, delante de la cual nos encontramos. Y ésta es nuestra ambición. Cataluña dice, los catalanes dicen: «Queremos vivir de otra manera dentro del Estado español». La pretensión es legítima; es legítima porque la autoriza la ley, nada menos que la ley constitucional. La ley fija los trámites que debe seguir esta pretensión y quién y cómo debe resolver sobre ella. Los catalanes han cumplido estos trámites, y ahora nos encontramos ante un problema que se define de esta manera: conjugar la aspiración particularista o el sentimiento o la voluntad autonomista de Cataluña con los intereses o los fines generales y permanentes de España dentro del Estado organizado por la República. Este es el problema y no otro alguno. Se me dirá que el problema es difícil. ¡Ah!, yo no sé si es difícil o fácil, eso no lo sé; pero nuestro deber es resolverlo sea difícil, sea fácil. Ya sé yo que hay una manera muy fácil de eludir la cuestión. Es frecuente en la vida ver personas afanadas en un problema y que cuando lo eliminan, lo destruyen, creen que lo han resuelto. Hay dos modos de suprimir el problema. Uno, como quieren o dicen que quieren los extremistas de allá y de acá: separando a Cataluña de España; pero esto, sin que fuese seguro que Cataluña cumpliese ese destino de que hablábamos antes, dejaría a España frustrada en su propio destino. Y otro modo sería aplastar a Cataluña, con lo cual, sobre desarraigar del suelo español una planta vital, España quedaría frustrada en su justicia y en su interés, y además perpetuamente adscrita a un concepto del Estado completamente caduco e infeliz. Hay, pues, que resolverlo en los términos de problema político que acabo de describir.

Al hacerlo así, señores diputados, ¿achico el problema? Yo creo que no. ¿Introduzco en el problema datos, elementos, factores que escapen de los medios de acción de un Parlamento y de un Gobierno? Estoy seguro de que no. La solución que encontremos, ¿va a ser para siempre? Pues, ¡quién lo sabe! Siempre, es una palabra que no tiene valor en la historia y, por consiguiente, que no tiene valor en la política. Ya sé yo que las Cortes no son el Sinaí, y que no vamos aquí a promulgar un decálogo con pretensiones de eternidad; pero tampoco sería lícito que, pensando que nos tenemos todos que morir, aguardásemos a que en el Valle de Josafat se nos revelara el secreto de la historia, si es que la historia puede tener para nosotros secreto alguno.

Digo, pues, señores diputados, que tenemos ante nosotros un problema político, planteado por primera vez en el Parlamento español con toda su amplitud y profundidad, pues este problema no se ha planteado ahora por primera vez en el país. Este problema, en sus propios caracteres actuales, en los caracteres propios que en esta edad ha tomado el particularismo catalán, es mucho más viejo que los más viejos diputados de esta Cámara. Todavía no era yo estudiante y ya oíamos hablar los mozos de aquella época de las «Bases de Manresa». Y esto ya era una conclusión, un resultado de la campaña de la Unión Catalana. Por cierto, señores diputados, que es muy útil releer ahora las Bases de Manresa; muy útil. Y comparar lo que significaba la ambición catalanista en aquel año con lo que es ahora el Estatuto, de lo cual se deduce en qué manera ha progresado el sentimiento gubernamental, realista y realizador del catalanismo, al propio tiempo que ha progresado el sentimiento del resto de España para contemplar con mejor acuerdo y mejor criterio el problema catalán. De suerte que aquella divergencia del año 92 entre las Bases de Manresa y la repulsa de la opinión española y del Parlamento frente al movimiento catalanista ha venido siguiendo un movimiento convergente, que espero yo que coincida, felizmente para todos, en el Estatuto.

Yo no voy a recordar aquí, señores diputados, los momentos culminantes del problema catalán en relación con la política española. Algo de esto hizo ayer mi ilustre amigo el señor Ossorio y Gallardo en un discurso que, permítame su señoría que se lo diga aquí, delante de todos, yo oí con enorme placer y satisfacción españolas. Ya recordaba algo de esto ayer el señor Ossorio, y yo voy a recordar algunas etapas más.

He hablado de las Bases de Manresa. Momento solemne en el catalanismo fue el de Solidaridad Catalana, que recordaba ayer el señor Ossorio, al frente del cual se puso un gran patricio, gran republicano y gran español: don Nicolás Salmerón; por cierto, muy anterior al pacto de San Sebastián. [Rumores y risas.] Después, momento de importancia en el problema es la creación de la Mancomunidad; más tarde —para mi tesis al menos—, la Asamblea de Parlamentarios, en que coinciden los partidos catalanistas republicanos de Cataluña con los partidos generales de España para un fin común; luego, la dictadura; posteriormente, la restauración de la Generalidad, y ahora el Estatuto. De todos estos momentos, marchas y altos en la marcha del problema catalán, se pueden extraer algunos caracteres permanentes de la política española en relación con el problema, y esto es lo que importa señalar aquí hoy.

La política española, o la política de Madrid —como decían los catalanes— frente al catalanismo consistió en negar su existencia; no existía catalanismo ni problema catalán; y cuando ya el regionalismo, el nacionalismo y aun el separatismo hacían progresos, y progresos importantes, cada uno en su orden, en diversas zonas de la sociedad catalana, todavía la consigna de la política oficial y monárquica era que eso no tenía importancia, que eran cuatro gatos. Cuando fue indeclinable, inexcusable, incluso para combatirlo, reconocer la existencia y la importancia del catalanismo, en sus diversas formas y hechuras, y del problema catalán, entonces se adoptó una política de paliar, de sobresanar la herida con medidas intermedias sacadas con regateo y forcejeo, no siempre con pleno decoro del poder público. Esta política produjo los efectos más dañosos, porque no pudo contentar a nadie: a los catalanes, por la propia actitud de recelo, de desdén y de obligarles a esa posición del que pide, del que amenaza, del que no sabe hacerse oír; y al resto de la opinión española, señores diputados —y esto es más grave—, porque se le dejó una impresión dañosa y perniciosa cuyos resultados estamos tocando ahora, a saber: que las Cortes y los gobiernos no eran dueños de su libertad, ni de su acción, ni de su potestad, ante las aspiraciones o las pretensiones de los catalanistas, y que ningunas Cortes ni ningún Gobierno eran dueños de resistir a la coacción política de los partidos catalanes. Este fue el peor resultado de aquella política.

Dejo de mencionar porque, al fin y al cabo, no nos importan los artilugios y las mañas de que se valió la monarquía en diversos intentos de desarmar al catalanismo —esto, en realidad, a mí al menos, no me interesa—; pero sí recordaré la falta más grave, el error más profundo y dañoso en que se incurrió con esa política, que fue considerar el catalanismo y el problema catalán como una infección, no ya siquiera catalana, sino barcelonesa, de la cual había que aislar al resto del país, haciéndole creer que allí había un nido de corrupción, una amenaza, un peligro para toda España, de lo que más valía no hablar. Se hacía esto en vez de elevar el problema catalán, como es en sí, a la categoría de principal y primordial en la organización del Estado español.

Y hubo un momento, señores diputados, en que este engaste del problema catalán local de Cataluña con el problema total de la organización del Estado en España pareció que iba a poder hacerse; me refiero a la Asamblea de Parlamentarios. La Asamblea de Parlamentarios y la huelga general de agosto de aquel año son el antecedente más claro de la revolución de abril de 1931, y, en cierto modo, el anuncio y la prefigura: la Asamblea de Parlamentarios porque era la iniciación de una Asamblea Constituyente, que sólo hemos podido reunir después de proclamada la República, y la huelga general, porque era el levantamiento de una gran parte o de la totalidad del proletariado español y sumándose a una petición política para el cambio de régimen. Estos, precisamente, son los caracteres políticos dominantes de la revolución de abril de 1931.

Aquel año fue crítico en la historia política española, porque, además, en aquel año se produjo también el fenómeno de las Juntas de Defensa militares, de cuyas consecuencias para la instalación de la dictadura no necesito hablar. De suerte que de aquel año arrancan los fenómenos que determinan la iniciación de una nueva era política española y, desde entonces, el Estado monárquico español no hizo más que ir dando tumbos hasta su ruina. Pero aquello pasó, aquella explosión de civismo y de republicanismo predominantes en la huelga de agosto de 1917 y en la iniciación de la Asamblea de Parlamentarios se perdió sin fruto, aparente al menos, aunque haya tardado tantos años en fructificar.

Vino después la dictadura, y la dictadura no podía dispensarse del placer de incurrir en Cataluña en los errores en que incurrió en toda España, porque lo más abominable de la dictadura, prescindiendo ya, que es prescindir, del choque del ideal político y de la libertad política contra la tiranía; lo más abominable de la dictadura, al menos para mí, es que constituía una ofensa permanente al entendimiento, que tiene también su pudor y que no puede resistir que con descaro e insolencia se le afrente. Esto hacía a diario la dictadura, y ésta fue la razón de que algunos, en el mismo instante de instalarse, nos pusiéramos a combatirla por todos los medios que teníamos a nuestro alcance, porque nos sentimos ofendidos en nuestro entendimiento. Y un régimen capaz de creer que ocho señores, cuchicheando en torno a la mesa de una habitación oficial, podían, por propia inspiración, sanear, en noventa días, el Estado español, ¿cómo no iba a creer que un sentimiento nacionalista como el catalán podía ser sacrificado por la violencia y por el silencio? Un error se produjo tras otro, y la dictadura quiso tratar, y trató, el sentimiento nacionalista catalán por la violencia, por la opresión, por la persecución —ni siquiera por la gran persecución, sino por las nimias y pequeñas persecuciones de cada día— y, al mismo tiempo que hacía esto en Cataluña con el sentimiento o la política nacionalista y autonomista, hacía lo propio con las libertades públicas de toda España: maltrató el nacionalismo catalán, maltrató el liberalismo español. Bajo la misma losa han padecido las libertades públicas españolas y las apetencias autonomistas catalanas. ¿Tiene algo de notable o de extraordinario que hayan renacido juntas? Muchos catalanes, muchos catalanistas eran republicanos antes de la dictadura, pero la experiencia probó a todos —quiero creer que a todos, a casi todos; de los relapsos no hago cuenta— que sólo en la República podían tener cauce legal sus aspiraciones; muchos españoles eran republicanos antes de la dictadura, pero la experiencia probó a todos que sólo la República podía ser fianza y seguridad bastantes de las libertades elementales de la ciudadanía; y de esta mutua experiencia, donde no bastase el dictado de la razón serena y de la doctrina, ha resultado, naturalmente, que los autonomistas catalanes han venido a volcarse en la República española, identificándose, por primera vez, una causa local y provincial con una gran causa española, con un régimen español, en virtud de lo cual este régimen eleva a preocupación primordial en la organización del Estado republicano lo que hasta ahora era un problema local, catalán o nacionalista.

Esta es nuestra política, señores diputados, y todavía hay gentes bastante desabrumadas para no verlo, o bastante mezquinas para despecharse de que otros lo hayamos visto, y todavía se reprocha a los republicanos de la República lo que será nuestra obra mayor cuando esté conseguida. Si yo tuviese ambición, señores diputados, no pediría para ella sueño más alto que el haber prestado o contribuido a prestar a mi país este servicio.

Puestas las cosas a esta luz, señores diputados, y explicada de esta suerte cuál es la marcha inicial de la política de la República en este particular, y de qué manera se engarza el problema orgánico particular de Cataluña con el problema orgánico total del Estado español, me será permitido que dedique sólo brevísimas palabras a un hecho acerca del cual se han proferido fuera de aquí doscientos mil disparates: me refiero al pacto de San Sebastián.

Del pacto de San Sebastián han hablado aquí, con discreción y con tino, lo mismo el señor Maura que el señor Lerroux; no sé si algún otro señor diputado ha tratado del particular. Nada hay que decir a lo que han dicho los señores Lerroux y Maura, pero ni esto que han dicho estos señores diputados, ni lo que se ha dicho en otras partes fuera de aquí, basta. Yo profeso la doctrina de que en ningún género de polémica conviene atribuir al adversario una estupidez total, pero es preciso reconocer que en este caso del pacto de San Sebastián, la presunción benévola se agota. [Risas.] Y es que las gentes necesitan un mito sobre el cual descargar alguna pasión que, por lo general, está ociosa, y, sobre todo, necesitan un mito cuando se apunta contra un blanco y se desea disimular el blanco contra el cual verdaderamente se apunta, y alrededor del pacto de San Sebastián se ha forjado un mito al cual se guardarán muy bien de aplicar el análisis, la razón y la crítica, porque aplicándoselos el mito desaparecería, y si el mito desapareciese, ¿contra quién iban a danzar la danza báquica de su insensato antirrepublicanismo? [¡Muy bien!] Por lo mismo que el pacto de San Sebastián es tan claro, tan sensato, tan evidente y, a la larga, tan inocuo, se ha supuesto que ahí había algún misterio terrible y que los ocho o diez españoles que estábamos allí habíamos firmado, quizá con nuestra sangre, algún secreto destructor de la patria española; se ha supuesto que en aquellas conferencias de San Sebastián, como si nosotros no tuviésemos ideas políticas, como si nosotros no perteneciésemos a ningún partido político, como si nunca hubiésemos hablado de política en España, los que allí estábamos, como si fuésemos unos desconocidos o unos novicios en la política española, habíamos entrado en una habitación a conferenciar con los catalanes y nos habíamos improvisado de pronto autonomistas, quién sabe si separatistas, sólo por el gusto de atraer a los catalanes a nuestra coalición revolucionaria, y allí habíamos comprometido la autoridad del Gobierno de la República, la autoridad de las Cortes y quién sabe si el porvenir y la dignidad de España.

Todo esto se ha dicho; pero nosotros, ¿qué hemos comprometido en San Sebastián, señores diputados? ¿Hemos comprometido la autoridad de un régimen que no había nacido más que en nuestra imaginación, de un Gobierno que no sabíamos en qué iba a consistir, de unas Cortes que tenían que salir del sufragio universal, sin tener en nuestras manos los resortes para manejarlo; de una voluntad catalana que tenía que manifestarse también en una votación, en un sufragio? ¿Hemos comprometido nosotros eso? ¿Hemos invocado nosotros delante de nuestros partidos —menos el partido socialista, que no estuvo presente en San Sebastián—, delante de nuestros partidos republicanos, hemos invocado nosotros jamás el pacto de San Sebastián para pediros un voto en este o en el otro sentido? Si hay alguno a quien se le haya pedido, que se ponga en pie. [Pausa.]

Y en cuanto a eso de que nosotros fuimos a San Sebastián a decir a los catalanes: «Ayudadnos a traer la República y a cambio de eso aceptamos todas vuestras conclusiones», como si nosotros no tuviésemos una conciencia política y un ideario político anterior a todo eso, y como si nuestra presencia allí no respondiese precisamente a nuestra conciencia y a nuestro ideario, al que diga eso, yo sólo le voy a oponer una reflexión, también perteneciente a mi doctrina personal. El mejor modo de conocer la valía moral de una persona es saber a qué móvil atribuye las acciones ajenas. Antes se decía: «Vil sea el que por vil se tenga». Yo digo: vil sea quien atribuye a los demás una vileza.

No; el pacto de San Sebastián es un hecho en la historia de algunos partidos políticos españoles; pero el problema catalán, el problema de las autonomías españolas, es un hecho y un problema en la historia de España, y no nos ha caído a nosotros de una teja el 14 de abril; existe desde hace muchos años.

Cuando nosotros fuimos a San Sebastián aplicábamos el espíritu de libertad con que nacía la República. Con pacto de San Sebastián y sin pacto de San Sebastián, la República hubiera venido a España, porque la voluntad del pueblo español estaba determinada a proclamarla, y una vez proclamada la República, el problema catalán en toda su amplitud y profundidad estaría aquí pendiente sobre nuestra mesa, porque no íbamos a ser nosotros los que impidiésemos a los catalanes que votaran a los mandatarios que mejor les pareciese y que éstos nos trajeran aquí el problema íntegro de sus aspiraciones. [Aprobación.] Nosotros fuimos a San Sebastián porque los partidos republicanos catalanistas estaban deshabituados a colaborar con los partidos republicanos de toda España; fuimos allá, comprobamos que teníamos, en virtud de nuestra manera de pensar, un criterio común para encauzar la discusión legal y la solución posible del problema catalán, y en virtud de esta comprobación, fundamentada en esta recíproca confianza, se acordó lo que allí se acordó, que fue, pura y simplemente, trazar las vías normales y legales para que el problema catalán pudiese venir al Parlamento sin barullo, sin estrépito y dentro de una hechura perfectamente legítima. Y eso es todo lo del pacto de San Sebastián.

Decía antes, señores diputados, que la República puede y debe elevar al rango de problema capital y fundamental en la organización del Estado estos problemas de particularismos regionales y locales, estas consecuencias políticas de los sentimientos nacionalistas. Veamos por qué puede y debe hacerlo.

La República, cambiando nuestro sistema político, ha venido a satisfacer aspiraciones de muy distinta calidad. El sistema político adoptado por la República en su Constitución define y garantiza aquellas libertades políticas propias del ciudadano; pero no se ha limitado la Constitución a reproducir la tabla de los derechos clásicos del liberalismo del siglo pasado, sino que contiene una serie de definiciones relativas a la propiedad, a la familia, al trabajo, a la cultura, a la protección de los desvalidos, etcétera, todo lo cual prueba que la Constitución ha querido, además, tener en cuenta los fines generales más importantes de la vida de un hombre, buscando así la garantía de su libertad civil y política y la garantía de la expansión de su personalidad en todas las direcciones importantes. Pero, además, la Constitución contiene tales bases para organizar el Estado español, que permite resolver en fórmulas de armonía y de colaboración las divergencias históricas peninsulares. Para obtener lo primero, que es una categoría absoluta de valor universal, en cuanto pende de nuestra calidad de hombres y en cuanto para el hombre civilizado la libertad es una categoría absoluta, nos basta cambiar el sistema político; pero lo segundo, el trastrueque de las bases fundamentales de la organización del Estado español para resolver esas divergencias particulares, no tiene un carácter absoluto; eso es una contingencia histórica, una contingencia española que pudo presentarse o no, y se ha presentado; que pudo no ser, pero es. Para resolver esto último, para aplicar esta segunda parte de la Constitución, pendiente de una contingencia histórica —significando que la Constitución no ha legislado sólo para el hombre, sino para el español, es decir, para un hombre cargado y formado por la historia—, para resolver esto, digo, no nos basta variar el sistema político, sino que tenemos que variar la política del sistema. Yo no sé si es fácil o difícil, señores diputados, cambiar el régimen político; pero sí creo que es mucho más difícil variar la política del sistema que el sistema mismo; porque en el cambio del sistema político intervienen razones de carácter universal demostrables, palpables, apetencias arraigadas en el ser de cada persona; pero en este cambio de la política del sistema, que afecta a una contingencia histórica española, el caso es muy diferente: se oponen rutinas, herencias, prevenciones, amores y sentimientos nobles y, además, está pendiente, en su percepción, más que de la razón discursiva, de la sensibilidad. Un régimen político puede destruir hasta la raíz del régimen antecedente; lo aniquila, lo desarraiga, extermina a las personas que lo representaban, varía la legislación, la forma y estructura del poder. ¡Ah!, pero puede ocurrir que este régimen político, revolucionario y destructor, después de cumplida su obra, se encuentre, sin saberlo quizá, con que es el heredero y continuador de una parte importante de la política del antiguo régimen destruido. Y como hablamos de unitarismo y de diferenciaciones nacionales, permitidme que os alegue el recuerdo clásico de la revolución.

La Revolución francesa, a la cual ha debido su ser político la mayor parte de los pueblos modernos en Europa, destruyó, como bien sabéis, un régimen secular, despótico, católico, consagrado por una tradición de siglos; lo destruyó en las personas que lo representaban y en el sistema legislativo; varió la familia, la forma de la propiedad; trastornó todo lo que sabéis, ¡para qué lo voy a describir!; pero en el seno de la Revolución francesa, cuando se trataba de la organización interna del Estado, luchaban dos tendencias: el unitarismo centralizador, absorbente, jacobino, y el federalismo girondino. Triunfó el primero, por las razones que sabéis todos, y la Convención francesa —¡paradoja extraordinaria!— vino a ser en la política interior de Francia la más fiel cumplidora y ejecutora de la política de Luis XIV. Y en virtud de este modelo, el Estado español del siglo XIX se moldeó, después de la revolución burguesa, liberal y parlamentaria, sobre el ejemplo francés.

Nosotros no podemos proceder ahora de la misma manera. Hemos cambiado un régimen político; hemos de cambiar el sistema político y la política del sistema; no podemos seguir empleando el Estado para los mismos fines y propósitos que se empleaba durante la monarquía, en relación con este problema orgánico del Estado español. ¿Por qué no podemos? Hablaba hace poco el señor Sánchez Román de la realidad, y protestaba contra el concepto de reducir este asunto a una simple cuestión de hecho, de realidad. No es ésa mi pretensión, ni lo ha sido nunca. [El señor Sánchez Román hace signos negativos.] No, no; ya sé a quién iba dirigida la observación de su señoría. [El señor Sánchez Román: «De haber sido ésa la intención, lo hubiera declarado».] Claro, claro; no tengo duda. Como yo voy a hablar de la realidad, me anticipaba a decir que no me incluyera su señoría en el argumento que dirigía a otros contradictores. Pero hay aquí una parte, en cuanto al problema político, en la cual no puede prescindirse de la realidad actual española; la realidad es el hecho de los sentimientos diferenciales en las regiones de la Península y de este hecho se deduce el problema político que yo he planteado antes, y a ese problema me atengo. ¿Quiere esto decir que la política vaya a ser esclava diaria de la aparente realidad de cada día, sin ningún lastre, sin ninguna orientación, sin ninguna norma jurídica permanente? En modo alguno; pero a la política y a los hombres políticos y de gobierno no les está permitido escindir la realidad, y decir: «Esto me gusta, esto me agrada, esto me conviene, esto lo organizo y lo defiendo; lo demás, se quita, se borra, desaparece de la contemplación de mis deberes».

Lo que pasa, señores diputados, es que en este género de cuestiones intervienen dos fuerzas distintas: la fuerza de lo tradicional, que ahonda en sus propios resultados y saca de ellos razones para persistir, y una fuerza de invención y de creación que introduce en la vida política un giro nuevo. La política inteligente resulta de la tangencia de estas dos fuerzas y la línea que traza en el espacio la posición de un hombre político se determina de esta manera: una tradición corregida por la razón. Y no hay otra manera de enfrentar esta clase de problemas.

Por fortuna, en este caso español, la razón creadora, inventora, no está en desacuerdo con la tradición española: en vez de destruirla, la restaura, y se ha abusado tanto en la organización del Estado español de la razón en general que lo más razonable y urgente es rectificar la línea histórica de que procedemos.

¿Qué línea histórica es ésta? ¿Por ventura deshacer el curso de la historia española? No; formularlo siquiera sería una insensatez; pero sí enfrentarnos con la organización del Estado español de que venimos y rectificarlo en su estructura y en su funcionamiento, en sus fines y en sus medios, y a esta rectificación de línea histórica es a la que yo me refiero; la línea histórica que marca el fracaso profundo del antiguo régimen monárquico y el fracaso profundo del régimen liberal, parlamentario, burgués del siglo XIX. Esto podrá ser lamentable o aceptable, podrá gustar o no, podremos preferir que la política del siglo pasado —no me refiero al caído antiguo régimen monárquico, que es diferente, sino a cuando el Estado español era débil, inerme e incapaz y apenas acertaba a tenerse de pie y tenía que apoyarse en las muletas de los poderes bastardos, ajenos a la legitimidad del poder público—, podríamos preferir que en este Estado hubiese triunfado en España una política de asimilación, de unificación; podrá ser que a alguien le parezca que esto hubiera valido más y que ahora todos los españoles hablasen el mismo idioma, con el mismo acento y tuviesen la misma creencia, los mismos amores, los mismos signos y el mismo modo de sentir la patria; podrá ser que esto a alguien le parezca mejor; a mí me hubiera parecido un empobrecimiento de la riqueza espiritual de España [aplausos]; pero el caso es que esto, parezca bueno o malo, no ha ocurrido, y nadie puede pensar que no habiendo ocurrido en los tiempos en que la debilidad del sentimiento local permitía ejercer sobre él las experiencias más arriesgadas, pueda ocurrir ahora, cuando estos sentimientos regionales han adquirido la robustez, el impulso, la personalidad y la autoridad que tienen los sentimientos regionales y particularistas de Cataluña y de otras regiones de España.

Jamás se podrá aconsejar ahora en España una estructura de Estado, una función de Estado y una política de Estado como la que nosotros vivimos, después de votar la Constitución, y una vez votada y archivada la Constitución, tenemos que vivirla y aplicarla y a nadie se le podrá jamás aconsejar una política que impulse al Estado por las vías ya fracasadas. [Aprobación.]

Es evidente, señores diputados, que en cada tiempo se gobierna y se estatuye con las ideas reinantes en la época en que cada cual vive. Sería mucho más sagaz, sería una felicidad sobrehumana, perforar el suelo aparente de la política, llegar hasta los espléndidos manantiales y alumbrarlos antes de que ellos, por sí mismos, surgieran al exterior en forma que los viese todo el mundo; pero esto no ocurre jamás, y hay, por lo menos, la obligación, ya que no se perfora en lo desconocido, de saber cuáles son las corrientes que ya aparecen a nuestros ojos y que determinan la marcha de nuestra edad. Hay obligación de saberlo. ¡Ay del que gobierna y no lo sabe! Desventurado también del país que habiéndolas visto, las ciega, las maltrata o las obstruye.

Pero hay, además, esta otra prevención que hacer, de la que debemos guardarnos cuando nos entrometemos en estas disquisiciones de organización del Estado en que, inevitablemente, juegan representaciones históricas; y es que debemos huir de achacar a los antepasados españoles ideas que nosotros tenemos, pero que ellos no pudieron tener jamás, para no incurrir en el ridículo de aquel contemporáneo nuestro que improperaba a Felipe II por no haber puesto un pararrayos en El Escorial; pero también debemos huir del error inverso, que es el de mantener en el acervo político actual, en las ideas y en los impulsos motores de nuestra política, valores agotados, barreduras procedentes de recintos por donde la historia transitó, pero por donde no volverá a pasar jamás. [¡Muy bien!]

Decimos, por tanto, señores diputados, y me adhiero en esto, como es natural, a una idea formulada por el señor Sánchez Román con solidez y brillantemente, que nosotros ahora, como Estado, cuya línea histórica es lo que queremos rectificar, nosotros venimos del gran Estado español del Renacimiento, y como acabo de indicar —la observación es ociosa—, el Estado se organizó con las ideas imperantes en su edad; preponderaba el concepto cesáreo y mayestático del poder real, la ambición de la política universalista, expansiva, de la acumulación de poderes, del quebrantamiento de los poderes y potestades locales interpuestas entre el súbdito y el soberano; se estaba bajo el prestigio deslumbrador de la arquitectura política del Imperio romano, aparentemente recién descubierto, y había, además, un residuo, una sombra, un remedo de antiguo Imperio en Europa, del cual vosotros bien sabéis que España formó accidentalmente parte. España fue la primera que se constituyó en este Estado europeo moderno. El lema era: «Una ley, un imperio y una espada». Esto parecía lo más claro, lo más sano, lo más razonable de la sabiduría política.

¿Es que nosotros vamos ahora a cometer la tontería de decir a gentes de hace cinco siglos que se equivocaron? ¿Por qué se habían de equivocar? Nosotros pensamos de otro modo; pero no podemos hablar de errores, comparando los actos ajenos con las ideas que no habían nacido aún. España constituyó su Estado, su gran Estado moderno; pero ¿cómo lo constituyó? ¿Por voluntad consagrada de los pueblos peninsulares? No. ¿Por la fuerza de las armas y de la conquista? Tampoco. Por uniones personales; agrupándose estados peninsulares, en los cuales lo único común era la Corona, pero sin que existiese entre ellos comunicación orgánica. Tan no existía, que la monarquía entonces ni siquiera se llamaba española, sino católica, porque España no era el todo de la monarquía católica, universal, sino la parte principal política y directora, pero no el todo. La monarquía y sus hombres y sus soldados jamás se llamaron soldados, hombres, políticos o gobernantes de la monarquía española, sino de la monarquía católica.

Cuando se organizó la administración del Estado español en el siglo XVI y el gran rey burócrata de El Escorial se puso a gobernar al país desde su despacho, lo que hizo fue organizar consejos; España se gobernó por consejos, que no se distribuían los asuntos como se los distribuyen los ministerios de un Estado cualquiera moderno; se los distribuían por estados, y existían el Consejo de Flandes, el Consejo de Aragón, el Consejo de Indias y el de Castilla. Sólo en tiempos de Felipe IV, cuando el conde-duque quiso galvanizar un cadáver y unificar en la acción potente de un Estado, de una Corona central, la monarquía española, se creó la Junta de Estado como órgano de una política, que fue un fracaso desde su nacimiento.

Ahora bien, la proyección de la Corona sobre cada Estado implicado en la monarquía católica, era directa de la Corona a los súbditos del Estado. Comunicación orgánica y política entre los estados no la hubo en mucho tiempo, y lo que la Corona hacía con cada Estado era quebrantar, romper las franquicias, los fueros, las libertades propias de cada Estado, no para agregárselas a otros estados favoritos o favorecidos, sino para destruir los obstáculos que se oponían al poder ascendente y progresivamente despótico de la Corona, que era una tendencia histórica que venía desde la Edad Media. [Aplausos.] Esto no quiere decir, señores diputados, que los españoles, que los súbditos de la monarquía católica en esta forma no fuesen españoles —esto no se puede ni oír—, tan españoles como nosotros, tan españoles como sus antecesores; no tiene nada que ver el concepto en que el súbdito español del siglo XVI dependía del poder del Estado, con su condición de español. En todo lo que verdaderamente nos une como tales españoles, la condición de tal no depende de que el Estado sea unitario, federal o autonomista; no depende del régimen del Estado ni del régimen político. ¡Bueno fuera! Pues si la condición de español dependiera del régimen político, todo lo que estamos haciendo aquí sería absurdo y monstruoso.

Ahora bien, en esta política de sojuzgamiento de las libertades locales, que no tenía un propósito asimilista —la política asimilista no es de los siglos XVI y XVII—, había un propósito de despotismo real, de la Corona, no para fundir estados, sino para sojuzgar a súbditos que podían defenderse detrás de instituciones locales; y esta política, que no tenía intención asimilista, doblegó al último Estado, que fue Cataluña. El último Estado peninsular procedente de la antigua monarquía católica que sucumbió al peso de la Corona despótica y absolutista fue Cataluña; y el defensor de las libertades catalanas pudo decir, con razón, que él era el último defensor de las libertades españolas.

Cada vez que se habla de los particularismos locales y de la extensión de las libertades regionales, que, naturalmente, no voy a identificar con las libertades constitucionales de un Estado moderno, cada vez que se habla de esto, pensemos, señores diputados, que aquellos hombres tenían la persuasión de defender las libertades del pueblo español. Estos caracteres que ligeramente describo, prueban, señores diputados, contra las preocupaciones del patriotismo de plana tricolor, que España, la España perdurable, la España espiritual, aquella bajo cuyo jirón hemos nacido y cuyo pasado nos mantiene y nos ha formado, y cuya proyección sobre el futuro nos da fuerzas y alas para mantenernos sobre los trabajos y luchas de cada día, esta España no debe nada a las dinastías extranjeras, ni siquiera su unidad, y, en cambio, España es acreedora a estas dinastías de muchos siglos de abyección y de desgobierno. [¡Muy bien!]

Ésta es la realidad y no se puede admitir que por falso patriotismo histórico se confundan el amor y la reverencia a los valores perdurables de España, de que todos participamos, con el amor y reverencia a las personas que no hicieron más que aprovecharse de los valores del genio español para ocupar una página en la historia. [Grandes aplausos.]

La política asimilista del Estado español se inaugura propiamente en el siglo XIX. No era asimilista la política de los reyes de la Casa de Austria; pero sí quiso serlo la política liberal, parlamentaria y burguesa del siglo XIX. Quiso serlo por varios motivos, entre otros, porque tenía a la vista el ejemplo francés. Hubo en España una ocasión, señores diputados, en que pudo nacer y fundarse con vigor y con un porvenir espléndido una política de Estado nacional, uniforme, asimilista; esta ocasión fue la guerra de la Independencia. Toda la historia política, y aun la no política, de España en el siglo XIX está determinada por la guerra de la Independencia; pero entonces, así como faltó un Estado bastante inteligente, o un poco inteligente siquiera, para recoger la conmoción nacional provocada por la guerra, también faltaron estadistas, pasada la guerra, para recoger políticamente el fruto de aquella conmoción nacional, que instantáneamente había unido en un solo ideal común a todas las regiones de España, y había sacado de cuajo los cimientos, las raíces más profundas de la raza española. Aquello se dejó perder, entre otros motivos, porque el rey que ocupaba el trono de España más se atuvo a su despotismo, a su tiranía y a su poder personal que a los intereses de la nación, y ahogó, bajo una persecución brutal, en un lago de sangre, los impulsos naturales y espontáneos que hubieran podido librar a España de aquel estado en que se encontraba. [¡Muy bien! ¡Muy bien!] Cuando se instaló en España un débil remedo, una débil semejanza del régimen parlamentario —pronto hará un siglo—, el Estado español no tenía fuerza, no tenía instrumento, no tenía ni siquiera contenido que poner en una política de asimilación; disponía del concepto, pero no de los medios y del contenido. Los liberales españoles, los liberales del liberalismo parlamentario, tuvieron la desgracia, o se vieron forzados a pasar por ella, de aliarse con la dinastía reinante en Madrid, porque reducido aquel pobre liberalismo a unos cuantos cientos de familias parlamentarias, y necesitando del prestigio de una Corona, cuando la rama despótica, absolutista y católica se insurreccionó, por buena política tuvieron que apoyar a la rama que quedaba en Madrid, y, siendo las regiones adheridas a la causa despótica de don Carlos absolutamente indiferentes al problema dinástico, porque lo que les importaba a los vascos no era don Carlos, sino sus fueros, y lo mismo se podría decir de Cataluña, el liberalismo parlamentario, aliado en Madrid con la Corona, tuvo que combatir, al mismo tiempo que al pretendiente a la Corona, el movimiento fuerista en que los monarcas pretendientes se apoyaban. Y esta desgraciada situación del liberalismo, aliado a la Corona reinante en Madrid, le impidió ser liberal con las regiones españolas, y no sólo le impidió ser liberal con las regiones españolas, sino que le obligó a esfuerzos enormes de asimilación; porque la primera guerra carlista, señores diputados, que a todos nos han enseñado que era una guerra dinástica, no fue tal, sino una guerra de asimilación, no sólo con el sentimiento religioso más potente en las Vascongadas, y desacreditado en Madrid por los políticos liberales, sino con el orden administrativo contra los fueros vizcaínos y las tradiciones vascongadas. [¡Muy bien! ¡Muy bien!] Ese es el verdadero carácter de la guerra carlista, y el esfuerzo más potente que ha hecho España por la asimilación al Estado liberal y parlamentario del siglo pasado. [Aprobación.]

Claro está, señores diputados, que la influencia del siglo no podía menos de dejarse sentir en España. Contra esta pretensión del liberalismo parlamentario, enamorado del modelo francés llevado a la perfección por el Imperio, y contra el influjo de la Corona, de que luego hablaré, en los partidos constitucionales españoles no había unanimidad sobre el régimen local español, ni sobre el régimen regional, ni sobre el régimen municipal. Actuaba ya en España el germen del siglo en este problema; había el espíritu de las nacionalidades; había la democracia, que —querámoslo o no— favorece el auge del sentimiento local y su transporte a la esfera política, porque sólo la espada es niveladora; había el romanticismo; había el auge de lo popular y de lo típico, que en España tuvo el formidable esplendor que vosotros conocéis debido precisamente a la guerra de la Independencia. Todos estos factores, y otros que no cito, se introdujeron en la mentalidad y en el espíritu de los partidos políticos españoles, y los constitucionales disintieron en problema de esta índole orgánica del Estado, y nadie ignora que por una Ley de Ayuntamientos se produjo en España una de aquellas convulsiones a que nuestros abuelos daban el nombre de revolución.

Y a todo esto quedaba el papel de la dinastía. La Corona, tan disminuida, tan desprestigiada por tantos motivos, conservaba naturalmente el sentimiento de su antiguo prestigio. El prestigio de la Corona, la autoridad de la Corona, heredada del quebrantamiento de las virtudes locales y de las franquicias de los estados particulares de España, se identificaba con la oposición al sentimiento local de las regiones. La Corona jamás vio bien a los regionalistas, aunque fueran reaccionarios; había un enlace profundo, misterioso, preñado de consecuencias históricas entre el prestigio de la Corona y la oposición irreductible a transigir con el sentimiento autonomista, particularista o regionalista, y este enlace profundo se identificaba con la fidelidad a la Corona, con la unidad absolutista y centralista de España, y estos dos sentimientos querían identificarlos con el patriotismo español. Esta política produjo su última aberración en Cuba. Nosotros terminamos una guerra en Cuba con la promesa de una autonomía. No se cumplió. Un Parlamento español rechazó la reforma autonómica que trajo para Cuba don Antonio Maura, y nació otra guerra. Pudimos transigir, y no se quiso; se prefirió afrontar una guerra con los Estados Unidos, y a los pocos hombres que dijeron entonces la verdad al pueblo español, entre ellos un político venerable y un escritor joven que comenzaba entonces su carrera y que aquí se sienta, don Miguel de Unamuno, se les tachaba de malos españoles, de traidores y de filibusteros. Esta fue la culminación del régimen asimilista, unitario, intransigente, con las pretensiones autonómicas de las regiones españolas del siglo pasado. [¡Muy bien!]

Resulta, señores diputados, que la Corona, en el verdadero antiguo régimen —no en el que llamaba antiguo Primo de Rivera, refiriéndose al régimen parlamentario— hasta sus últimos días de permanencia en España, ha sido una argolla para esclavizar pueblos. Rompámosla, dijeron los españoles. Ya la hemos roto. ¿Y ahora se pretende que nosotros imitemos su política? ¿Y ahora se pretende que sigamos con el Estado el sistema de fundir su prestigio con el unitarismo absorbente y de asimilación, oponiéndonos a las querencias españolas más antiguas? Jamás. Nosotros perseguimos con esta política un alto fin español. Perseguimos con esta política satisfacer viejas querencias y apetencias españolas que habían sido desterradas del acervo del sentimiento político español por la monarquía absorbente y unitaria, y que son españolísimas, más españolas que la dinastía y que la monarquía misma. [Aplausos]. Perseguimos con esta política la extirpación del descontento, en este sentido: que el descontento, cuando subsista, que alguno subsistirá, no tenga razón de protesta apreciable que hacer valer en la vida pública española. Y perseguimos más: perseguimos la reincorporación a la obra del Gobierno, del Estado de la República, de capacidades, de fuerzas, de impulsos que ahora están apartados de ella y esquivos por las causas históricas que acabo de enunciar brevemente.

La República, señores diputados, necesita una doctrina para explicarse ella a sí misma y para darse a explicar a los demás. Esta doctrina tenemos que hacerla entre todos, por la aportación de todos los republicanos. Yo no tengo la pretensión de que lo que he dicho parezca a todos irrefutable. No; pero no me negaréis que está fundado en una sensibilidad española y en una percepción de los fondos históricos de nuestro país, y cuando alguien combata esta política, que yo accidentalmente represento, no estoy dispuesto a tolerar que se me hable de España en el sentido de que yo desconozco los intereses o la historia de España. ¿Qué saben ellos de España? [¡Muy bien!, en algunos bancos. Rumores.]

Yo sé, señores diputados, que a esta política, a este cambio de la política del sistema —insisto en la expresión— se oponen muchas dificultades; se oponen prejuicios: el ejercicio de la agresión, entre otros, y el prejuicio de la dispersión. Ha sido muy frecuente, lo es todavía, en las polémicas suscitadas en España con motivo de los problemas regionalistas, que de allá o de acá partan expresiones haciendo creer, o bien que la región central española ha agredido, ha confiscado las libertades a otras regiones españolas, o bien que las agresiones, las codicias, los apetitos, los intereses egoístas parten de allá, de la región, contra el interés permanente del Estado español, y éste es un prejuicio que hay que disolver.

No puede admitirse por parte de los teorizantes autonomistas el concepto de que Castilla —metiendo en esta expresión no sólo los confines geográficos de una región, sino todo lo que no es región autónoma o autonomizante—; no puede admitirse, repito, el concepto de que esta parte de España ha confiscado las libertades de nadie, ni ha agredido las libertades de nadie. Quien ha confiscado y humillado y transgredido los derechos o las franquicias o las libertades de más o menos valor de cada región ha sido la monarquía, la antigua Corona, en provecho propio, no en provecho de Castilla, que la primera confiscada y esclavizada fue precisamente la región castellana. [¡Muy bien!] Es oportuno recordar, señores diputados, que las ciudades castellanas en el siglo XVI hicieron una revolución contra el rey cesáreo, contra la majestad nueva, desconocida de España, y esta revolución puede tener dos caras: o bien se admira más en ella el último destello de un concepto político medieval, o bien se advierte en ella, y se admira más, la primera percepción de un concepto de las libertades del Estado moderno, que nosotros hemos venido ahora a realizar. Porque aquellas ciudades castellanas, sublevadas contra el César, reunieron unas Cortes revolucionarias y redactaron una Constitución revolucionaria, que elevaron al rey como suma de sus aspiraciones, y es una cosa que emociona, que profundamente emociona el espíritu de un español, leer en aquel texto constitucional frustrado, además de las máximas de buen gobierno, sugeridas por el buen sentido natural de las cabezas claras, de que hablaba el señor Ortega ha poco, los preceptos garantizadores de la libertad individual, que en todo el siglo XIX no hemos sabido consignar en una Constitución ni mucho menos cumplir; y es una cosa que emociona pensar que ha sido menester que venga la República en 1931 para que en la Constitución republicana se consigne por vez primera una garantía constitucional que los castellanos pedían a su rey en 1521. [¡Muy bien!]

También hay que combatir el prejuicio de la dispersión, más difícil de combatir que el otro, porque el prejuicio de la dispersión se puede desvanecer con razones históricas, pero el prejuicio de la dispersión está sometido a la experiencia venidera. Mas conviene hacer notar, señores diputados, que cuando se habla, delante del problema de la autonomía y del problema de los estatutos, del peligro de la dispersión de las partes de España, esto lleva implícito el concepto de una unidad española, y la gente discurre sobre este particular bajo la persuasión de que detrás de cada palabra hay o suele haber necesariamente un concepto y hasta un concepto claro, pero, por desgracia, no es así siempre, y debajo de lo que llaman unidad, no todos estamos conformes acerca de lo que hay. La unión de los españoles bajo un Estado común, que es lo que nosotros tenemos que fundar, mantener y defender, no tiene nada que ver con lo que se ha llamado unidad histórica española bajo la monarquía; no es eso. Y a las gentes que en estas polémicas apelan a todo género de argumentos, con cierta propensión a los argumentos cursis, y sacan a relucir las figuras históricas a quienes se atribuye la realización de la unidad española en el siglo XVI, yo les sometería a esta prueba: que hiciésemos aquí una semejanza de ley, un proyecto de ley organizando el Estado español en la misma forma, respecto a las facultades y poderes del Estado, en que se hallaba bajo Isabel I y Fernando V, y que lo publicásemos en la Gaceta, y veríais correr espantados a todos los grandes defensores de la unidad nacional, suponiendo que la hicieran estos reyes de quienes vemos aquí sus estatuas. [Aplausos en varios sectores de la Cámara.]

La unidad española, la unión de los españoles bajo un Estado común, la vamos a hacer nosotros y probablemente por primera vez; pero los Reyes Católicos no han hecho la unidad española, y no sólo no la hicieron, sino que el viejo rey, en los últimos días de su vida, hizo todo lo posible por deshacer la obra en que consiste su gloria y por deshacer la unidad personal realizada entre él y su cónyuge y, además, por dejarnos envueltos en una odiosa guerra civil, que, por fortuna, no nos dejaron. Y cuando se habla de la dispersión de las partes españolas, comparándola con el esplendor de la política española y de la monarquía católica de tiempos pasados, yo pregunto: ¿el siglo XVI, el siglo XVII, son grandes siglos españoles? ¿Es aquél el esplendor del genio español en la historia? ¿Éramos un pueblo importante, una monarquía fuerte? ¡Ah! ¿Sí? Pues no hay en el Estatuto de Cataluña tanto como tenían de fuero las regiones españolas sometidas a aquella monarquía.

Ahora bien, todas las dudas, todas las preocupaciones relativas a la dispersión de la unidad española no están siquiera sometidas a discusión. Ya no lo están; lo estuvieron mientras se discutió la Constitución, pero una vez votada la Constitución no hay prejuicio posible que se sostenga en cuanto a una probable dispersión de la unidad española. Cuando yo saco a relucir la Constitución, señores diputados, no precipito la polémica; no es que yo esté diciendo que en los estatutos regionales se vaya a consignar todo lo que la Constitución permite que se consigne. Se podrá consignar o no. No estoy diciendo eso ahora. Lo que digo es que aun cuando se consignase, la unidad esencial de España no puede padecer, porque si padeciera, vosotros no habríais votado la Constitución que nos rige. De suerte que mientras nos mantengamos dentro de los límites de la Constitución, hablar de la dispersión española por la votación de los estatutos es una insensatez.

Ahora bien, nosotros queremos guiar esta política, que es de reconstitución española, de libertad republicana, de solución liberal a los problemas políticos —en cuanto tengan valor político—, de las regiones españolas, dentro de la Constitución. ¿Y en virtud de qué potestad, con qué colaboración, con qué fuerza? Pues con la potestad, con la colaboración y con la fuerza de las Cortes. Se ha dicho, señores diputados, que las Cortes no tenían plenitud de competencia o, pasando de lo jurídico a lo psicológico, libertad plena para tomar en este problema las decisiones que estimen pertinentes. Yo esto lo reputo absurdo. Antes de votarse la Constitución, las Cortes tenían un poder omnímodo; votada la Constitución, todas las funciones y poderes del Estado tienen una esfera propia, limitada por la Constitución misma, sin que ningún poder, dentro de su esfera, pueda preponderar sobre los otros y entrometerse en ellos; y habiendo la Constitución atribuido a las Cortes la potestad legislativa, es una cosa manifiesta que todo lo que haya de hacerse en España por una ley o que necesite una ley para hacerse, cae, por pleno derecho y por virtud de la definición constitucional, dentro de la potestad absoluta de las Cortes. Esto no ofrece la menor duda. Una cosa sería la potestad legislativa, libérrima de las Cortes, su competencia plena para resolver en la cuestión de las autonomías, como en todo lo que sea una forma legislativa, y otra cosa es, otra cosa serían los motivos, las razones, los propósitos, la política general que las Cortes quieran servir al hacer uso de esa competencia y de esa potestad. Nosotros hemos votado una Constitución y hemos podido votar otra; cuando hemos votado la que nos rige, ¿es que no teníamos libertad para votar más que ésa? No. Es que al discutirse la Constitución, artículo tras artículo, los pensamientos políticos, la fuerza de los votos, traduciendo una posición política o de partido, los contrastes de opinión han ido formando una línea legislativa media que se ha convertido en un código vigente. Y lo mismo ocurre con todas las leyes que se traen al Parlamento, y lo mismo tiene que ocurrir con el Estatuto de Cataluña.

Si yo tengo libertad para arrojarme por el balcón, pero en virtud de los motivos que todavía le quedan a uno para no matarse [risas] no me arrojo por el balcón, ¿sería lícito decir: «Este hombre es libre para tirarse por el balcón; no se arroja, pues no es libre»? Sería cometer el mismo sofisma —creo que así se dice—, que ahora, cuando a propósito de las Cortes, se dice que éstas no son libres para votar lo que les parezca en el instante en que, atendiendo a razones de política general, pesando el pro y el contra de las cosas, conociendo la realidad de la situación política española y tomando como base el plebiscito de Cataluña, se disponen a votar para Cataluña una autonomía. No se tiene en pie la objeción de que las Cortes están coartadas en su libertad. ¿Es que queríais, para dar un ejemplo espléndido de soberanía, que las Cortes usasen de ella puerilmente, y para demostrar que son soberanas dijeran: «No me habléis de autonomía»? ¿Es que sería ésa una manera racional de conducirse? Las Cortes, entre el sí y el no, pesan razones, y en virtud de las razones se deciden a hacer lo que estiman conveniente, y creo que estimarán conveniente votar el Estatuto.

Por todos los caminos se llega a esta conclusión de la omnímoda potestad de las Cortes. El otro día, el señor Maura hablaba de la voluntad del pueblo de Cataluña y decía que lo que a él le inducía a admitir y respetar y dar cauce legislativo a la personalidad peculiar de Cataluña no era —creo que entendí así bien— ni la historia, ni la lengua, ni las costumbres, ni otras circunstancias fortuitas, sino el hecho de la voluntad del pueblo catalán. ¡Claro! No voy a introducir el escalpelo en esas manifestaciones de su señoría para probarle el peso o la influencia que tengan en la determinación de la voluntad de un pueblo, la historia, las costumbres, la lengua y esas circunstancias. [El señor Maura: «No lo niego».] ¡Estaría bueno! [Risas.]. Lo que quiero decir, señor Maura, es que esa voluntad del pueblo catalán, que su señoría y yo respetamos, es el hecho político resultante de todos estos antecedentes históricos que acabo de enumerar; de modo que viene a ser lo mismo. Pero el respeto a la voluntad de Cataluña, que el señor Maura aducía con plena razón, refuerza la tesis, lejos de debilitarla, de la autoridad de las Cortes, y en esto abundo en la opinión del señor Maura; no la contradigo, sino que la refuerzo. [El señor Maura pronuncia palabras que no se perciben.] Ni menos ni más, señor Maura; es así. Decir que la voluntad de Cataluña ha determinado esto, parece, a primera vista, que aclara la cuestión, pero no la aclara; la aclara en los casos extremos, pero no en el caso medio, en el caso posible. Supongamos que Cataluña —permitidme que discurra en estas hipótesis extremas— en ese plebiscito hubiese dicho: no me habléis de autonomía; deseo ser centralista; absorberme lo que queráis.

Las Cortes no tenían aquí nada que hacer. Supongamos el caso inverso, con pudor lo expreso, por lo que contiene, pero sólo en hipótesis; supongamos que Cataluña hubiese dicho: no quiero nada con España, unánimemente me quiero separar de España. Ya no era este problema legislativo. Pero, desde el momento en que Cataluña dice que su voluntad es permanecer dentro del Estado español, como lo ha dicho en el plebiscito, ¿quién va a resolver este problema orgánico del Estado español sino su órgano legislativo, las Cortes de la República? De suerte que por haberse producido la voluntad de Cataluña en un plebiscito, de acuerdo con el Estatuto que se quiere presentar a la soberanía de las Cortes, por este camino de la voluntad de Cataluña se llega a la soberanía plena y absoluta de las Cortes [¡muy bien!] a una política autonomista dentro de la Constitución, con la autoridad de las Cortes. La consecuencia está bien clara, señores diputados: el Estatuto de Cataluña lo votan las Cortes en uso de su libérrimo derecho, de su potestad legislativa y en virtud de facultades que para votarlo le confiere la Constitución. El Estatuto sale de la Constitución, y sale de la Constitución porque la Constitución autoriza a las Cortes para votarlo.

Ahora bien, en la Constitución se establecen, al propio tiempo que la potestad legislativa de organizar las autonomías, límites para las autonomías; es decir, en el texto legal votado por las Cortes se transfieren a las regiones autónomas estas o las otras potestades, y estos límites son de dos clases; unos son taxativos, enumerativos, en cuanto van relacionando las facultades de poder que pueden o no ser objeto de transferencia; pero otros límites no son de este orden, sino límites conceptuales, en cuanto la Constitución, tácita o expresamente, está fundada en ciertos principios que presiden la reorganización del Estado de la República y nada podrá admitirse en el texto legal que regule las autonomías de las regiones españolas que contradiga no ya los límites taxativos y enumerativos de la Constitución, sino los límites conceptuales implícitos en los dogmas que presiden la organización del Estado en la República.

Pues bien, cuando yo tomé el dictamen de la Comisión, lo primero que me encontré es una oposición entre los límites conceptuales de la Constitución relativos a la naturaleza, a la índole del Estado de la República y lo que aquí se define como el contenido del poder autónomo. Esto me lo explico, indudablemente, porque el proyecto de Estatuto ha sido elaborado en un tiempo en que no se había votado la Constitución, en que muchos republicanos españoles deseaban y creían que se iba a votar una República federal. Se confeccionó así y se votó así el Estatuto antes de haber Constitución. Ha venido el proyecto a las Cortes, ha pasado a la Comisión, y la Comisión ha rectificado en el dictamen algunos de estos conceptos incompatibles con la Constitución, por ejemplo, el de que Cataluña era un Estado, etcétera. Ahora dice el dictamen: «Cataluña es una región autónoma de la República española». Pero quedan otros más; queda el artículo 2, que no es compatible con los límites conceptuales de la Constitución, que es unitaria, no federal, y este artículo 2 yo rogaré a la Comisión que lo reestudie, que lo refunda con el artículo 1, haciendo desaparecer del dictamen una expresión que no es que a mí me parezca ni buena ni mala, ni disgregadora ni no disgregadora. No; es que no cabe dentro del concepto de la Constitución respecto de lo que es el Estado español de la República, que es un Estado unitario y no un Estado federal, y, no habiendo Estado federal, no puede hablarse de «el Poder», etcétera, de que habla el artículo 2. Esto es clarísimo. [Rumores.]

Cosa análoga ocurre con otro artículo del mismo título en que se habla de la ciudadanía. ¿Para qué vamos a reñir por esta expresión, que si la aquilatamos podrá no significar nada, pero si significa algo significa una cosa que no es compatible con la Constitución por la misma razón que acabo de dar? Por consiguiente, habrá que pensar en sustituir esta expresión por otra más llana, en la que no se tropiece; por ejemplo: «los derechos concedidos en este Estatuto pertenecerán a tales o cuales», haciendo además la salvedad, no la salvedad, la declaración expresa —que está en la Constitución, pero no se pierde nada en traerla al Estatuto— de que los ciudadanos de la República española no tendrán nunca en Cataluña derechos menores de los que tengan los catalanes en el resto del territorio de la República española. [¡Muy bien! ¡Muy bien!] Esto, señores diputados, no hace falta decirlo: está escrito en la Constitución; pero a mí no me parece mal que se diga cien veces, porque como en torno del Estatuto y de la autonomía circulan fantasmas abracadabrantes, bueno será demostrar a las gentes, a fuerza de repetírselo, que tales fantasmas no tienen razón alguna de existir, y no se pierde nada haciéndolo constar una vez más en el Estatuto, aunque está dicho varias veces, directa e indirectamente, en la Constitución.

No creo que haya en el dictamen de la Comisión ninguna otra cosa que choque con estos límites conceptuales de que acabo de hablar; si la hubiere, la someteremos a un somero análisis.

Ahora, respecto de los demás problemas de este género, yo me permitiría dar a los señores diputados una opinión, una modesta opinión, que no tiene, ni muchísimo menos, las pretensiones de un consejo; no, más que nada es una explicación de los motivos, de los móviles psicológicos que uno tiene para juzgar el tema político de la autonomía. Y es ésta: no se puede entender la autonomía, no se juzgarán jamás con acierto los problemas orgánicos de la autonomía, si no nos libramos de una preocupación: que las regiones autónomas —no digo Cataluña—, las regiones, después que tengan la autonomía, no son el extranjero; son España, tan España como lo son hoy; quizá más, porque estarán más contentas. No son el extranjero; por consiguiente, no hay que tomar respecto de las regiones autónomas las precauciones, las reservas, las prevenciones que se tomarían con un país extranjero, con el cual acabásemos de ajustar la paz para la defensa de los intereses de los españoles. No es eso. Y, además, esta otra cosa: que votadas las autonomías, ésta y las de más allá, y creados éste y los de más allá gobiernos autónomos, el organismo de gobierno de la región —en el caso de Cataluña la Generalidad— es una parte del Estado español, no es un organismo rival, ni defensivo ni agresivo, sino una parte integrante de la organización del Estado de la República española. Y mientras esto no se comprenda así, señores diputados, no entenderá nadie lo que es la autonomía. [¡Muy bien! ¡Muy bien! Grandes aplausos.]

Además, hay que advertir, señores diputados, que la concesión —a mí no me gusta hablar de concesión, pero no se me ocurre de momento otro vocablo—, que la organización legal de la autonomía de las regiones en España no se hace para quitarnos quebraderos de cabeza. Por lo menos yo no voto las autonomías para quitarme quebraderos de cabeza como gobernante; no es eso. Se votan los regímenes autónomos en España, primero para fomento, desarrollo y prosperidad de los recursos morales y materiales de la región, y, segundo, por consecuencia de lo anterior, para fomento, prosperidad y auge de toda España; pero nadie piense —mucha gente lo piensa, yo no digo en la Cámara, mucha gente lo piensa en España— que el acto de votar la autonomía de Cataluña es un acto de despecho o mal humor, como si dijésemos: «¡Uf!, estos catalanes, ¡qué pesados!, que nos dejen en paz». No, no. Si nosotros no estuviésemos convencidos de que el votar la autonomía de Cataluña, o de otra región cualquiera, es una cosa útil para España, justa e históricamente fundada y de gran porvenir, por muchas cosas que hicierais o que dijerais no os votaríamos la autonomía bajo ningún concepto ni pretexto. Es pensando en España, de la que forma parte integrante, inseparable e ilustrísima, Cataluña, como se propone y se vota la autonomía de Cataluña y no de otra manera. [¡Muy bien!]

Señores diputados, es preciso, además, tener presente, descendiendo un poco ya en la categoría de las observaciones y refiriéndome a una cosa que es más que nada de destreza de mano y de hechura de gobernante, que la implantación de la autonomía —sea la que fuere, la que se vote— requiere un periodo transitorio, un periodo transitorio que será largo; nadie piense que vamos a votar el Estatuto de Cataluña una tarde y al día siguiente, por telégrafo, se van a dar órdenes y vamos a contemplar salir dispersos de Cataluña los tercios de la Guardia Civil, los agentes de policía, los notarios, los funcionarios, los magistrados, a ver quién toma el tren más presuroso. No; esto es absurdo, si bien hay muchas gentes que se lo representan así; gentes ingenuas; pero la gente ingenua, en general, no hace más que estorbar. [Risas.] No se puede montar un Gobierno instantáneamente. Si fuésemos a montar el Gobierno en una pequeña villa, eso todos los gobernadores lo saben hacer en veinticuatro horas; pero montar el Gobierno de una región como Cataluña, tan densamente poblada, con una industria tan fuerte, de negocios tan complicados, con una economía enlazada tan profundamente con toda la economía española, no piense nadie que montar este Gobierno, sea el que fuere, se hace en pocas semanas o en pocos meses; se hará en años. Algunos servicios de los que se van a transferir a Cataluña se tardará años en poderlos montar, en poderlos montar bien, porque nadie más interesado en que esos servicios estén bien montados y no ocurran cosas lamentables que los propios catalanes autonomistas, y nosotros, después de ellos, somos los más interesados en que la autonomía catalana funcione bien. De suerte que, aunque no sea enteramente lo que el señor Lerroux solicitaba como atenuación a los términos del dictamen, cuando el señor Lerroux decía si no sería mejor, en vez de conceder ahora a Cataluña todas las facultades que van otorgadas en el dictamen, que se aplazasen, que se hiciese en cuestión de años a virtud de la capacidad que fuese demostrando Cataluña, aunque esta observación que acabo de hacer no responda enteramente a lo que el señor Lerroux deseaba como pausa en la atribución de las facultades autónomas, en cierto modo se realiza y se cumple, porque es una cosa manifiesta que en el decurso del periodo transitorio se van a ir poniendo a prueba en las realidades del poder autónomo catalán la capacidad política de los catalanes, su destreza administrativa, su seriedad, su lealtad, y en este periodo transitorio —que no se establece como condición suspensiva, no hay que equivocar el valor de las palabras— se acreditará o se desacreditará prontamente el régimen autónomo. Yo espero que se acreditará; si no lo esperase, todo lo que estoy hablando sería tiempo perdido.

Pues bien, con estas normas y con esta exhortación a la buena comprensión de los términos del problema y a la gentil disposición de espíritu en que hay que colocarse para poder hablar de la autonomía con relativo acierto, hay que examinar ahora algunos de los temas que más interesan al país, por ejemplo, el de la Hacienda.

Es una cosa indiscutible, señores diputados, que hay que dotar de una Hacienda propia a las regiones autónomas. Este es un principio infrangible; hay que dotarlas de una Hacienda propia. La Hacienda de las regiones autónomas, además de ser propia, ha de tener elasticidad. Es decir, que los recursos con que se dote a las haciendas de las regiones autónomas han de poder dilatarse y crecer a medida que la economía de la región lo permita o lo impulse o lo consienta; y si fuesen tan desgraciadas que su economía se contrajera o se arrumase, que la repercusión sea igual en toda la Hacienda de la región autónoma. Una Hacienda propia y una Hacienda elástica; y los recursos con que se dote a esta Hacienda han de tener un mínimum, porque un mínimum de gastos ha de tener siempre el poder autónomo. Más no se podría tomar, no sería justo tomar, por lo menos ésta es mi opinión, no sería justo tomar como tipo para graduar la dotación de las haciendas autónomas lo que ahora gasta el Estado en los servicios correspondientes que se ceden, porque siendo miserable la dotación del Estado en sus servicios, lo mismo en Cataluña que fuera de Cataluña, y dándose la autonomía, entre otras cosas, para que los servicios que hoy el Estado no atiende bien prosperen y se robustezcan, parecería un poco de burla decir a una región autónoma: «Yo no consagro más que X pesetas a este servicio con las cuales no puede vivir; tú lo vas a desarrollar con las mismas pesetas». Eso sería condenar la autonomía al fracaso desde el primer momento. [Rumores].

La dotación de la Hacienda de las regiones autónomas no puede representar nunca un privilegio para ninguna región; eso no podría aceptarse, si alguien lo hubiera pretendido, y sería injuria y falsedad suponer que la representación catalana haya pretendido nunca, ni directa ni indirectamente, que la dotación de su autonomía representase para Cataluña una ventaja con respecto a las demás regiones españolas. Si eso lo hubiese pretendido alguien, no hubiera sido escuchado. La dotación de la Hacienda no puede representar un privilegio para la región autónoma; pero tampoco una aminoración en los recursos que puedan corresponderle. No puede ser la dotación de la Hacienda, ni la forma que se adopte de dotar la Hacienda, una fuente de injusticia actual ni de injusticia venidera. Reunidos todos los expertos del mundo o, por lo menos, todos los de España, que ya sería bastante, y puestos a discurrir sobre la forma de dotación de la Hacienda de la región autónoma en relación con el estado de la Hacienda general de la República, yo admito la posibilidad de que llegasen a una forma o a una estructura justa hoy. Pues bien, esa forma, esa estructura justa hoy, tal día como hoy, el año que viene ya no lo sería, o es probable que ya no lo fuese, porque nada hay más variable, más cambiante, que la estructura de la Hacienda de un Estado en relación con la riqueza de los habitantes, con el estado de los negocios, con la repartición de los bienes y de los males en un país.

Por consiguiente, señores diputados, cualquier determinación que se adopte en materia de Hacienda para la región autónoma, cualquier sistema que se implante, porque lo que importa es el sistema, las cifras importan mucho menos, cualquier sistema que se implante ha de ser un sistema sujeto a rectificación, a rectificación periódica ante las Cortes. De suerte que de esta manera eliminamos todo motivo de pavor, toda la preocupación que pesaba y pesa sobre todas las personas, que somos todos, que miramos estas cosas con desinterés y gravedad. Lo que más puede sobrecogernos, lo que más puede atarnos es pensar, al hacer una votación de esta especie sobre la Hacienda, que votamos una cosa que nos parece justa hoy, y que quizá el año que viene o dentro de dos años, represente una tremenda injusticia, o para Cataluña, o para Valencia, para quien fuere. Porque de las injusticias todos debemos estar libres o, por lo menos, en posición rectificable; y estableciéndose en el Estatuto que la fórmula, el método, el plan de dotación —no las cifras, insisto en esto, que tienen menos importancia— se rectifican y se revisan de una manera periódica, desaparece la principal preocupación que tenemos frente a la dotación de las haciendas autónomas.

Pero he de añadir una consideración más. El error puede nacer de un cálculo mal hecho. La rectificación supone subsanar el error en esa parte de la Hacienda, sin someter a revisión, como habría habido necesidad de hacerlo en otro caso, toda la autonomía. Imaginad que se establece una fórmula de hacienda que nos parece justa a todos, se vota, y resulta que al cabo de dos, de tres, de cuatro años, no sirve. Con los números no se puede jugar; no hay manera de hacer juegos con los números. Si no hay recursos, si los impuestos gravan desigualmente a una región, todos tendremos que rendirnos a la evidencia, y entonces, para rectificar un cálculo mal hecho, tendríamos que poner en revisión todo el Estatuto, planteando con ello un problema político absolutamente desproporcionado para una cosa relativamente pequeña como sería el reajuste de una carga tributaria. Para poder hacer esta rectificación, este reajuste periódico —yo no digo cómo ni cuándo se va a hacer, no me interesa ese problema—, para poder hacer este reajuste que la justicia impondría, porque para eso es la publicidad y la libre discusión, no para cuchichear en un gabinete a escondidas, para poder hacer eso, hay una condición indispensable, que es la claridad en las cuentas que hacen los buenos amigos, la claridad en el orden presupuestario y tributario del Estado, de la República, en relación con la región o regiones autónomas.

Y para conseguir esto de una manera diáfana, indiscutible, para alejar hasta del ánimo del más suspicaz toda sospecha de injusticia o desigualdad en la repartición de las cargas públicas, se puede adoptar un procedimiento como el que os diré, del cual no voy a sacar patente de invención. Si alguien sabe otro mejor, que lo diga y yo lo acepto; pero si no hay otro mejor, será preferible que prevalezca éste. Se puede hacer del presupuesto de la República, del presupuesto general del Estado, dos partes. El doble presupuesto lo hay en todos los estados federales. Se pueden hacer dos partes. En la primera se habrían de consignar los gastos ocasionados por los servicios que retiene el Estado central, los gastos generales del Estado o los gastos no cesibles ni cedidos a las regiones autónomas. Y a cubrir los gastos de estos servicios se atribuirían los rendimientos y los tributos no cedidos ni cesibles a las regiones autónomas. En la segunda parte del presupuesto se consignarían los gastos ocasionados al Estado central por los servicios en los territorios no estatutarios, correspondientes a los servicios cedidos a las regiones autónomas, y se haría la misma atribución de los tributos; es decir, que en esta segunda parte del presupuesto se atribuiría a cubrir los gastos, el rendimiento, en los territorios no autónomos, de los tributos cedidos a las regiones autónomas, al poder local. De esta suerte se evitaría… [Rumores.]

Si sabéis otra manera de evitarlo, yo estoy dispuesto a pasar por ella, pero antes es preciso darse cuenta de la dificultad que esto viene a obviar, que es tremenda y podría ser funesta. La dificultad sería ésta: si se mantiene el presupuesto global de ahora, desgajando de él los recursos atribuidos a una región autónoma y los servicios cedidos a la región autónoma, y pesan sobre el Estado central, sobre el Estado de la República, sin discriminación ninguna, sin análisis ninguno, todos los gastos generales del Estado, más los gastos de los servicios transferidos a una región autónoma, puede ocurrir lo siguiente: que sobrevenga una gran calamidad pública, como una guerra, una peste, un paro forzoso de proporciones desmesuradas, etcétera, y entonces, el Estado central, el Estado de la República, que tiene a su cargo los gastos generales, habría de hacer un esfuerzo enorme para sufragar los que con tal motivo se produjeran, tirando de las atribuciones de créditos hechas en el presupuesto para gastos de civilización y de cultura, como escuelas, sanidad y beneficencia, que indudablemente pasarán a la región autónoma.

De suerte que una región autónoma podría atender lindamente a esos gastos de civilización y de cultura, mientras que los pueblos o regiones sometidos a la Constitución y no al régimen estatutario se verían privados de tener escuelas, sanidad y beneficencia, por atenderse, con recursos puestos a su servicio, a gastos generales al servicio de toda España. Este problema, que es para aquilatado y meditado, podría traer a la República conflictos muy serios, sobre todo puestos al servicio de una propaganda en pro o en contra del régimen autonómico y del régimen republicano, y esto hay que obviarlo desde su raíz, impidiendo que esos conflictos se produzcan y que vengan diciéndonos: «Nosotros no podemos tener escuelas porque hemos de sufragar los gastos generales de todas las regiones españolas; pero, en cambio, los catalanes poseen magníficas escuelas porque tienen aparte una dotación para los gastos de cultura». O a la inversa; me es igual. Esto hay que evitarlo, porque minaría por la base la confianza en los resultados del régimen autonómico. [Rumores.]

En lo demás relativo a la Hacienda, el Gobierno admite el principio de la cesión de tributos. No digo ahora si se cederá uno o diez o ninguno; lo que afirmo es que el Gobierno admite el principio de la cesión de tributos, y ya se determinará, según vayamos encajando la fórmula de la dotación de la Hacienda autonómica, con arreglo a estas ideas generales que estoy emitiendo, cómo y en qué forma habrá de hacerse; pero repito que la cesión de tributos la admite el Gobierno y está bien seguro de que, al aceptarla, no cede parte ni toda la soberanía nacional.

Además, se ha de salvar en el Estatuto el porvenir de la Hacienda general de la República, en el sentido de que la reforma tributaria que se apunta en el régimen republicano no pueda encontrar obstáculos en el régimen hacendístico de la región autónoma. Por ejemplo: si seguimos en la idea de que hay que crear el impuesto sobre la renta, será menester dejar a salvo que el Estado republicano podrá establecer, sin estorbo, su impuesto sobre la renta. Pongo este ejemplo como podría poner otro cualquiera.

En materia de orden público el Gobierno se inclina a la solución de que no puede separarse la función de mando de la función de responsabilidad de hacer cumplir las órdenes del mando. Nos parece imposible, incluso sería peligrosísimo para el ministro de la Gobernación, que hubiese en Cataluña una autoridad gubernativa, administrativa o política, puesto que va a haber un Gobierno, que por su gestión, por sus órdenes, por sus acuerdos, provocase una situación difícil que no tuviese la responsabilidad de dominar y que hubieran de ser los agentes del Estado de la República los que fuesen a la región autónoma a sofocar el conflicto producido por los actos de su Gobierno. Esto, no. Claro está que también esto tiene sus inconvenientes, como todo; todo es difícil; pero si vamos a echar a correr, espantados, a la primera dificultad, no llegaremos a nada útil.

Naturalmente que a esto se pueden hacer muchas objeciones. El señor Lerroux ayer hacía una muy considerable, que a mí también se me ha presentado en mi espíritu, pero que se puede alejar definitivamente. No es posible pensar que, dada la estructura de este orden público, en virtud de la cual el Estado de la República puede intervenir para restablecer la paz en Cataluña, cuando el Gobierno de la Generalidad lo pida o cuando lo estime oportuno, no es posible pensar, digo, que en aquel momento —por ejemplo, supongamos un caso análogo al de la cuenca del Llobregat— las autoridades militares vayan a estar dependientes del poder regional, del que nunca dependerán, ni en la paz ni en la guerra. En primer término, no está dicho en ninguna parte, ni es admisible como hipótesis forzosa que, en el caso de solicitud de la Generalidad para intervenir en el orden público en Cataluña o por resolución del Estado de la República, sea precisamente el ejército el que haya de salir de los cuarteles para imponer la paz. No hay por qué. El Estado de la República tendrá fuera de Cataluña, dentro de Cataluña, o donde quiera, los elementos necesarios para prevenir una situación de esta naturaleza, una situación de violencia, sin necesidad de apelar a las fuerzas militares regulares, que se deben escatimar para esta clase de intervenciones; pero, en todo caso, si una situación de tal gravedad, de tal inminencia o urgencia se produjese en el territorio de Cataluña, que fuese menester echar mano de las fuerzas del ejército, nunca éstas podrían depender más que de lo que dijese su jerarquía: la brigada, del general de brigada; el general de brigada, del de división, y éste, del ministro de la Guerra, y, por consiguiente, del Gobierno. Ahora bien, en caso de llamada de la Generalidad, o por acuerdo del Gobierno, de intervenir para restablecer la paz pública en Cataluña, por la violencia —porque así hay que decirlo—, una vez que el Estado asumiera la responsabilidad de restablecer el orden público en Cataluña, no puede caber duda sobre que sería el representante de la autoridad del Estado el que tuviese a sus órdenes no sólo las fuerzas, los agentes de la República, sino las fuerzas y los agentes de la Generalidad, porque estaría en una sola mano la responsabilidad y la acción.

También hay que evitar la duplicidad de servicios en esto y en todo, porque hay que evitar igualmente el desconocimiento.

La República no puede enterarse de lo que pasa en Cataluña por lo que digan los periódicos. Eso sería absurdo; eso no lo ha pensado ni lo puede creer nadie; pero éste es un problema orgánico y un pequeño problema además; es un problema para resolverlo con el ingenio, no con otra cosa; no tiene más magnitud ni más volumen. Habrá que crear en Cataluña —en Barcelona o en otro sitio— un órgano de enlace, porque no se puede admitir la idea ni la organización de la duplicidad de los servicios paralelos. De esa manera, ni hay autonomía ni habrá más que conflictos permanentes. Lo que hay que hacer, cada vez que la región autónoma o su poder tenga que relacionarse para algo con el Estado central, es determinar en qué punto de la jerarquía o función de la región autónoma se injerta o engasta el órgano del Estado central, pero nada más. Nunca podremos nosotros convertirnos en supervisores de la gestión y poner a la autonomía un visor, un tutor, llámese como se quiera, gobernador general, lugarteniente o cualquier doctor don Pedro Recio de Tirteafuera. No puede haber autonomía con Pedro Recio de Tirteafuera. O es autonomía o no es nada. Lo que hay que buscar es el enlace jerárquico, funcional, orgánico, entre los resortes del Gobierno autonómico y el órgano jerárquico y funcional del Estado central para engastarle en un punto. Y una vez establecido este engaste, el problema queda resuelto, señor Maura, porque no se mantiene el orden público sólo desde el Ministerio de la Gobernación. Hay que partir del supuesto de que los catalanes, cuando piden la autonomía, no la piden para ahorcarse ni para suicidarse, y que los barceloneses tienen más interés que los madrileños en que reine el orden en Barcelona; de que los catalanes no piden la autonomía para molestar a la República desde sus fronteras creándole conflictos, sino para colaborar con el Gobierno de toda España en el mantenimiento del orden social y en el progreso del país, no para crearle dificultades al señor Maura, si alguna vez tenemos la fortuna de que vuelva su señoría a ser ministro de la Gobernación. Digo, pues, señores diputados, que de lo que se trata es de encontrar el órgano de enlace; por estas razones, que ya apuntó parte de ellas el señor Ortega y Gasset, creo recordarlo, que tampoco era partidario de dividir la función del orden público con el Gobierno de Cataluña. Me parece que ésa era la posición de su señoría, y daba razones que, en esencia, son estas mismas. De lo que se trata es de encontrar el órgano de enlace. Nosotros tenemos varios proyectos sobre el particular, que no voy a enumerar ahora porque sería prolongar indebidamente este discurso, ya demasiado largo, pero que la Comisión estudiará al discutirse el articulado. Nosotros ya hemos pensado acerca de ello, la Comisión también lo ha hecho y el ministro de la Gobernación está de acuerdo, y debe tener algún interés en que no se levanten las piedras en Cataluña; está de acuerdo en que se puede resolver la cuestión con un organismo más o menos numeroso, nunca con distribución de funciones jerárquicas y duplicidad de servicios; con un organismo que sirva de enlace entre la Generalidad y el poder central de la República española.

En materia de legislación social, nos encontramos, como siempre, con una barrera que nadie pretende violentar, que es la Constitución. Hemos visto que este problema de la legislación social es de aquellos que, según el artículo 15, corresponde al Estado la legislación y podrá corresponder a las regiones autónomas la ejecución, y lo que había que determinar aquí es en qué consiste esto de la ejecución y atenernos, como nos hemos atenido, al párrafo segundo del número primero del artículo. El párrafo segundo del número primero del artículo dice que «la ejecución de las leyes sociales —que el mismo artículo atribuye o permite atribuir a la región— será inspeccionada por el Gobierno de la República para garantizar su estricto cumplimiento y los tratados internacionales que afecten a la materia». De modo que esto no ofrece discusión: la ejecución puede corresponder, y el dictamen propone que corresponda, al Gobierno de la Generalidad, y nosotros estamos conformes; pero la inspección corresponde al Estado de la República. Y aquí nos hemos encontrado con otra cuestión del mismo estilo de la anterior, una cuestión de ingenio, no de filosofía política, sino de puro ingenio, o de recursos de Administración, de organización de Gobierno, que es lo que se puede hacer en esto. Sólo con decir ingenio ya se sonríe el señor Maura. [El señor Maura: «Yo no me sonrío. Estoy mucho más serio de lo que su señoría se imagina, porque estoy aterrado». Risas.] Pues desde aquí parece que su señoría se sonreía con placer. [El señor Maura: «Pues no era así». El señor Royo Villanova: «No se asuste su señoría, que no pasará nada».] ¡Claro que no! La organización de la inspección se hará de la siguiente manera, en líneas generales: la Generalidad de la región autónoma extenderá por la división comarcal del territorio catalán los servicios, agentes y funcionarios que necesite para la inspección, pero en un punto determinado de la jerarquía se insertará el enlace con la jerarquía del ministerio, y cuando ocurra una infracción de la legislación social, ese inspector del ministerio reclamará ante la Generalidad de Cataluña el cumplimiento de la ley, y si los agentes de la Generalidad de Cataluña no rectifican la infracción, entonces el ministerio, usando de una potestad gubernativa de coacción, corregirá al infractor, sea quien fuere; al infractor, no al funcionario de la Generalidad; no tendrá nada que ver con el Gobierno de la Generalidad para evitar conflictos jurisdiccionales o de otra especie, sino al infractor que, como tal y como sujeto de la legislación social que es general y del Estado de la República, es posible de la corrección gubernativa.

A mí me sorprende —digo lo que al principio—, me sorprende la sorpresa de algunos señores diputados, que, por lo visto, habían creído que hemos estado hablando de autonomía en broma. [El señor Maura pronuncia palabras que no se perciben.]

No me refiero a su señoría, señor Maura; ya sabe su señoría que yo le respeto. [El señor Maura: «¡Como soy el sorprendido!».] Pues no tiene su señoría motivo para sorprenderse, porque conoce el criterio del Gobierno. [El señor Maura: «Ya se lo explicaré a su señoría».]

En materia de justicia, hay que deshacer en el dictamen algunos errores. Hay, por ejemplo, la contradicción entre la regla primera del artículo noveno y la letra b) del artículo once, donde se habla diferentes veces y con criterio distinto de la ordenación del derecho civil y de la legislación hipotecaria.

Nosotros estimamos que la legislación hipotecaria debe ser del Estado de la República; por la índole de la materia a que afecta esta legislación, debe ser materia de Estado republicano, de Estado central, porque atañe al crédito público. No nos parece lo mismo respecto de la organización de los funcionarios en Cataluña que hayan de aplicar esta legislación, ni respecto al problema, de orden muy secundario, puramente gubernativo, de la impugnación de las calificaciones de los registradores en lo que afecta al derecho civil catalán.

En las demás materias de justicia, lo importante para nosotros es declarar que recabamos, o creemos que debe permanecer afecta al poder judicial del Estado de la República, la casación en todas aquellas materias cuya legislación pertenece al Estado de la República. A mí esto me parece incontestable. No presumo de hombre entendido en leyes; pero no soy todavía tan viejo que se me haya olvidado que en la universidad me enseñaron que la jurisprudencia es fuente de derecho —creo que lo llamaban así mis profesores— y que la fuente de derecho en la interpretación de la ley debe estar atribuida a la misma categoría funcional del Estado que tiene el que dicta la ley. De modo que donde está el poder legislativo debe estar, correspondientemente, el poder de interpretación de la ley o la facultad interpretativa de la ley por medio de la jurisprudencia, y no tendría sentido atribuir al Parlamento la legislación en una materia y atribuir la facultad de sentar jurisprudencia a un tribunal local. Eso me parece que no tiene fundamento; si me equivoco, los que saben de estas cosas me rectificarán.

Y, por último, al abordar la cuestión de enseñanza, hemos tenido presente, y deben tener presente todos los diputados, que ésta es la parte más interesante de la cuestión para los que tienen el sentimiento autonómico, diferencial o nacionalista, o como lo queráis llamar, porque es la parte espiritual que más les afecta, y singularmente lo es de un modo histórico, porque el movimiento regionalista, particularista y nacionalista —no hay por qué avergonzarse de llamarlo así— de Cataluña ha nacido en torno de un movimiento literario y de una resurrección del idioma y de una restauración del idioma, y, por lo tanto, es en este punto no sólo donde los catalanes se sienten más poseídos de su sentimiento, sino donde la República, juzgando y legislando prudentemente, debe ser más generosa y comprensiva con el sentimiento catalán.

Hay que insistir, cuando se trata de esta cuestión, en lo que yo antes decía: Cataluña no es el extranjero, la región autónoma no es el extranjero; hay que tener presente que el temor, el pánico, casi, ante una posible desaparición de la lengua castellana en las regiones autónomas, no tiene fundamento alguno; y no lo tiene, en primer lugar, porque la competencia lingüística en el territorio español no puede estar sometida en su victoria o en su derrota al régimen político; eso sería un desatino, porque desde el momento que nosotros mantuviéramos un régimen político para la defensa de la lengua castellana, menguada sería la fortuna de la lengua que necesitase de esta protección; y, además, empalmando o incrustando en un régimen político una defensa, una protección, como quien protege una mercancía, de la lengua castellana, inevitablemente se produce la reacción contraria, porque viene el apego, no ya natural, sino político y apasionado, a otra lengua que se siente menospreciada o vejada o poco protegida por el régimen político de que acabo de hacer mención. Y haré, además, otra consideración: que no puedo suponer que los catalanes o los vascos, o quien fuera autónomo en España, puedan dejar de hablar en castellano; y si dejaran, allá ellos; la mayor desgracia que le pudiera ocurrir a un ciudadano español sería atenerse a su vascuence o a su catalán, y prescindir del castellano para las relaciones con los demás españoles, con los cuales vamos a seguir tratándonos, y para las relaciones culturales, mercantiles, etcétera, con toda América. ¿Adónde va a ir un fabricante catalán, un exportador catalán, un hombre de negocios catalán sin el castellano? ¿Adónde va a ir? A Zaragoza no será. [Risas y rumores.]

Además, hay que tener presente, señores diputados, que la expansión de la lengua castellana en las regiones españolas no se ha hecho nunca de real orden; ni el retroceso del catalán, cuando lo ha tenido en épocas pasadas, se ha debido a que lo mandase el rey, sino a un movimiento ascensional o de descenso de las respectivas culturas, de los respectivos prestigios del Estado. Cuando el Estado castellano era esplendoroso, glorioso y potente, y la literatura castellana se esparcía por todo el mundo, los escritores catalanes escribían en castellano, y uno de los primeros escritores del Renacimiento en lengua castellana es un catalán, como vosotros bien sabéis. Y cuando ha retrocedido la expansión de la lengua castellana en Cataluña, ¿se ha debido a que lo prohibiera alguien? La inversa, ¿es también cierta? Es una competencia; no sólo la competencia vital de una frontera lingüística, sino la competencia de una cultura, de una expansión cultural, de un prestigio si queréis, y lo que hay que hacer es mantener ese prestigio, realzarlo; y si queremos que nuestro castellano siga siendo en España la lengua común, no es con leyes como lo vamos a defender, sino con nuestro trabajo, con la autoridad del Estado español y con el potente esfuerzo de la cultura castellana. Lo demás es gana de hablar. [Rumores.] Esto no hace enteramente al caso. Se podrá opinar de otra manera, yo no lo discuto; pero al abordar con este criterio el problema de la organización de la enseñanza en Cataluña, nosotros nos inclinamos a estas líneas generales; los detalles ya los discutiremos en el articulado; no se me exigirá que exponga, párrafo por párrafo, el dictamen.

No somos partidarios ni creemos que se pueda aceptar el sistema de la doble universidad. Comprendo que a otros les parezca bueno; pero a nosotros nos parece que no se puede aceptar la doble universidad, porque la función docente propia de la universidad, y de creación y expansión cultural, quedaría reducida a dos centros administrativos políticos, luchando el uno contra el otro, desentendiéndose mutuamente y tal vez lanzando a los estudiantes a contiendas en la calle. Esta no es una hipótesis vana, porque en otros países donde se ha dado al bilingüismo esa solución, la doble universidad ha fracasado, y no hay que ir muy lejos para comprobarlo. No podemos admitir la doble universidad, ni crear dos hogares rivales que mantendrían lo que haya de rivalidad o de hostilidad entre la cultura en castellano y la cultura en catalán; sería conservar esa competencia, esa rivalidad, y eso debe desaparecer.

Nosotros estimamos que la universidad única y bilingüe es el foco donde pueden concurrir unos y otros; en vez de separarlos hay que asimilarlos, juntarlos y hacerlos aprender a estudiar y a estimarse en común; ése es el carácter que tiene la cultura española en Cataluña: doble, pero común. Y la segunda enseñanza… [El señor Royo Villanova: «Pero ¿de quién va a depender la universidad?».] Pues de la Generalidad. [El señor Royo Villanova: «¿Quién la va a pagar?».] Cataluña, ¡quién la va a pagar! [El señor Royo Villanova: «Entonces le digo a su señoría que la universidad no será bilingüe, sino catalanista y antiespañola».] Pues le nombraremos a su señoría inspector y tendrá muy buen cuidado de que sea bilingüe. [El señor Royo Villanova: «Eso no pasará; eso no puede pasar». Grandes rumores. El señor Álvarez Angulo: «Cállese, su señoría». El señor Royo Villanova: «Llevaos todo, menos el espíritu español».]

[El señor presidente: «No se incomode el señor Royo Villanova».]

Señor Royo Villanova, uno de los mayores errores que se pueden cometer en nuestro país —y permitidme que haga esta digresión para contestar a una expresión del señor Royo— es contraponer a las cosas y sentimientos de Cataluña el espíritu español. [El señor Royo Villanova: «Son ellos los que lo contraponen». Protestas y contraprotestas.]

Los institutos de segunda enseñanza y escuelas normales, que ahora tiene allí el Estado, conservarán su sistema, su plan nacional actual y estarán servidos por funcionarios del Estado. La Generalidad, en uso de su derecho, creará cuantos guste, y habrá dos clases de escuelas: las que la Generalidad constituya, organice y mantenga, y las que hay ahora en Cataluña del Estado, que seguirán enseñando en castellano; enseñarán el catalán a quien lo pida, el catalán, pero enseñarán en castellano, tendrán maestros del escalafón general del Magisterio y los maestros serán nombrados por el Ministerio de Instrucción Pública. De esta suerte, no podrá decir que se abandona la escuela a nadie —que en ningún caso sería abandonarla, señores diputados, porque la Generalidad es España y órgano del Estado español—; pero, en fin, de esta manera nadie podrá creer que se abandona la escuela que actualmente existe.

Se trata después de determinar la unidad administrativa, la unificación y organización administrativa de los distintos grados de la enseñanza que pueda tener la Generalidad, partiendo del supuesto de que la Generalidad reembolsará al Estado español todos los gastos que el Estado realice por los establecimientos de enseñanza que sostenga en Cataluña y quedará siempre a salvo y de una manera expresa todo el contenido del artículo 50 de la Constitución, no sólo la inspección, que de una manera indeclinable atribuye la Constitución al Estado de la República, sino la potestad, cuando el Estado quiera y le convenga, de crear en Cataluña todos los establecimientos de enseñanza que le plazca: universidades, institutos, escuelas, escuelas normales, todo lo que quiera.

Pero no se trata ahora de eso, que queda plenamente a salvo, sino del régimen que vamos a seguir inmediatamente, y este régimen dentro de estas líneas generales, lo determinaremos en la Comisión, en las Cortes, puntualizándolo en la orientación que acabo de señalar.

Y por último, después de decir, señores diputados, que el sistema de Hacienda de la Generalidad será revisable periódicamente para evitar o corregir los errores o las injusticias que hayan podido advertirse, el problema de la revisión del Estatuto pierde mucha importancia, porque en el Estatuto hay dos partes: la parte política de creación de la autonomía, y la económica de dotación de la autonomía. El temor que nos sobrecogía a todos de un error posible, casi seguro, en la parte tributaria y presupuestaria, queda subsanado con la rectificación posible de esa parte del Estatuto; pero la parte política del Estatuto, la concesión de la autonomía, digo la organización legal de la economía —no me gusta hablar de concesiones— ¿es una cosa transitoria, es una cosa leve, es un problema el de organizar políticamente un país y darle un Gobierno político, que no es una Diputación provincial, ni una aglomeración de diputaciones provinciales, sino un Gobierno con una potestad que le nace de la Constitución, porque las Cortes se la votan? ¿Es que este problema, por muchas vueltas que le demos, puede quedar pendiente de un trastorno en la mayoría parlamentaria o del resultado de unas elecciones ordinarias? Yo no lo concibo así.

¿Cómo podemos dejar a nadie bajo la impresión de que este enorme problema articulado por la Constitución y por una ley que no forma parte de la Constitución, pero que nace como del tronco y es rama principal de la Constitución, va a quedar pendiente de una posible rectificación legislativa que no sea sometida previamente ni siquiera al voto de los electores constituyentes?

Ya sé yo el origen de esta cuestión; es decir, me explico su complicación.

Primero se dijo aquí que el Estatuto, como venía, era irrevisable, y a mucha gente esto le produjo espanto. «¿Cómo vamos a votar el Estatuto para la eternidad? ¿Es que nunca lo podremos variar?», se preguntaban. Ésta era una gran preocupación. Se demostró aquí que el artículo del Estatuto, aunque mal redactado gramaticalmente, establece que se puede reformar aquél por la iniciativa de las Cortes de la República o por la de los catalanes, siguiendo este o el otro procedimiento; pero, además, se ha caído en la cuenta —cuenta fácil, por otra parte— de que naciendo el Estatuto de la Constitución, como nacen de un tronco las extremidades, cuando la Constitución caiga o se reforme en los artículos 14 y 15, el Estatuto cae o se modifica. De suerte que se ha desvanecido el pavor que nos producía el decir: «Vamos a entregar a una región autónoma una autonomía amplísima, y ya nunca vamos a poder corregir lo hecho».

Claro está que dentro de la política, todo lo que se hace se realiza con la intención de que perdure y no hay reserva alguna mental en la votación de la autonomía, como diciendo: ¡a ver qué sale! ¡Ya lo quitaremos después! No; en política se hace todo para que perdure. Pero, en fin, la prevención de un fracaso o una necesidad están cubiertas con la posibilidad legal, quizá mucho más sencilla que el procedimiento del dictamen y del Estatuto, de reformar la Constitución con arreglo al procedimiento que prescribe la propia Constitución y con las limitaciones que con relación a tiempo y número de votos fija. Si queréis quitar la autonomía, reformad los artículos 14 y 15 y resultará caída la autonomía.

El problema que el señor Sánchez Román planteaba era otro: lo que da una ley, otra lo puede quitar. Muy bien, a mí me parecería ocioso decir en el Estatuto cualquiera de estas dos cosas: este Estatuto podrá ser modificado por unas Cortes ordinarias, o lo contrario: este Estatuto no podrá ser modificado por unas Cortes ordinarias. Las dos cosas son ociosas, señores diputados, vivamos la realidad, porque este problema de otorgar o de cercenar la autonomía, es un problema de orden político, que no se puede resolver sino apoyándose en la opinión pública y en virtud de consulta al sufragio universal. Ya sé yo que si este Estatuto nace de una ley ordinaria votada en Cortes, teóricamente se puede derogar por otra ley ordinaria de las Cortes. ¡Quién lo duda! Nosotros no vamos a decir a las Cortes venideras: «no reformaréis el Estatuto»; pero ¿es que alguien supone que va a haber unas Cortes españolas tan frívolas, tan ligeras, tan poco inteligentes que, sin más ni más, un día, porque haya fracasado la cesión de esta facultad, el tribunal hache haya hecho una cosa mal o exista un conflicto con el Gobierno de la Generalidad, vayan a tomar la decisión de derogar la autonomía, nada menos, parte integrante del régimen del Estado español?

¡Si eso no puede ser! No es que no pueda ser legalmente, ni por falta de facultades; es que no puede ser políticamente, mientras la opinión pública española, en su inmensa mayoría, manifestada en elecciones o de otro modo, no autorice, no impulse una política derogatoria del régimen autonomista. Mientras eso no pase, es ganas de hablar de problemas teóricos, que nunca se presentarán en la realidad.

El único problema serio que había que desvanecer, que era el temor de que se diera una autonomía que no se pudiese derogar, suponiendo este caso de tener que derogar la autonomía, está salvado por el procedimiento de rectificar en la Constitución los artículos relativos que se refieren a la autonomía, aparte del sistema establecido en el Estatuto.

Lamento, señores diputados, absorber vuestra atención tanto tiempo, pero el número de puntos que había de tratar, aunque ligerísimamente, como lo estoy haciendo, me lo impone.

El Gobierno ha dicho las líneas generales de su política frente al problema de la autonomía; las ha dicho no sólo porque, como es natural, se lo preguntan, sino porque tenía el derecho y el deber de decirlas, mientras el Gobierno como tal sea el director de la política parlamentaria y de la política general. Una vez dichas, a nuestras palabras no se las llevará el viento. Nuestras palabras quedan aquí, sometidas a la reflexión de todos, al contraste y a la oposición de otras palabras y de otras opiniones y al peso y a la meditación de la responsabilidad del Parlamento. Pero una vez que hemos hablado y el Gobierno cumple su deber determinando las líneas generales, no se puede tener la pretensión de que el Gobierno se convierta en un comité de espectadores taciturnos e impasibles y que asistamos cruzados de brazos a la discusión y votación del Estatuto, de tal suerte que viésemos tirar y deshacer, de una y otra parte, en más o en menos, el proyecto y el dictamen y el Gobierno tuviera luego la responsabilidad de aplicar una autonomía y un estatuto que fueran votados en contra de sus convicciones, porque en contra de sus convicciones no es posible pedir a nadie que gobierne. Esto no se puede exigir a nadie; nadie está obligado a gobernar más que con sus propias ideas; no con las ajenas. En consecuencia de esto, lo mejor sería, claro está, que el Estatuto, este y los demás estatutos, fuesen votados por unanimidad de las Cortes; pero que es imposible, a la vista está. También parece difícil que en los puntos esenciales del dictamen, donde hay divergencias de opiniones, la opinión de todos los republicanos sea unánime. Quiere esto decir que el Estatuto, como todas las leyes, empezando por la Constitución, saldrá de las Cortes, cuando salga, votado por una mayoría de diputados. ¿Cuál mayoría? Naturalmente, señores diputados, yo preferiría que esa mayoría se ampliase todo lo posible, por tratarse de un problema nacional. Nosotros tenemos, los partidos implicados en el Gobierno, un criterio sobre este particular, criterio que yo acabo de exponer y que completaré. Si a este criterio que he expuesto se suma algún otro partido republicano, será recibido, en esta ocasión como en todas —prestando en esta ocasión un gran servicio a la República—, con júbilo y con gratitud. Me refiero especialmente a la actitud del señor Lerroux, en este caso.

El señor Lerroux, en su discurso de la otra tarde, ha determinado una posición que desembaraza el horizonte de la República y aleja de nosotros, los gobernantes de hoy, toda especie de preocupación para el porvenir. Y lo que importa hacer constar, por más que ya el señor Lerroux con su austeridad personal lo haya consignado, a mí me complace mucho subrayarlo, es que el señor Lerroux, para adoptar la posición que adoptó, no ha tenido que violentar sus convicciones personales, ni infringir el programa de su partido, ni olvidarse de su historia política, sino al contrario, por sus convicciones personales, por el programa de su partido y por su historia política, es como el señor Lerroux ha venido a adoptar la posición que ha adoptado en este problema de carácter nacional. El señor Lerroux, con las salvedades que hizo, sobre todo al final de su discurso, acerca de que él no aceptaría una decisión que mermase o quebrantase la unidad nacional, con la cual, naturalmente, todos estamos de acuerdo y tiene la valla infranqueable de la Constitución para que no se cometa tamaña falta, el señor Lerroux se muestra aceptando el Estatuto en sus líneas generales, con las reservas que he dicho; y esto tiene una gran importancia, siempre la tendría la actitud del señor Lerroux, la tiene la de su partido; pero tiene una importancia especial, porque este problema de la autonomía no se resuelve, ni se liquida, ni se acaba con la votación del Estatuto. Ya es mucho, ya es importante en una votación de esta especie, en los puntos esenciales y salvando pequeñas diferencias de detalle, poder contar con el voto de gran número de republicanos; pero es que, votado el Estatuto, el problema no se ha concluido: queda toda una política a seguir en relación con las regiones autónomas; queda la implantación de la autonomía, y la actitud del señor Lerroux, importante siempre por su significación y personalidad y por el grupo numerosísimo de republicanos que acaudilla, lo es más aún ahora, porque si este Gobierno, normalmente, viniese a desaparecer después de cumplida su misión, o desapareciese inopinadamente por cualquier percance de la vida parlamentaria, la continuidad política republicana, en materia estatutaria, está asegurada por la noble y desinteresada actitud del señor Lerroux y de su partido, sumándose al criterio del Gobierno, en líneas generales, en un problema de interés general.

Y yo digo al señor Lerroux que este servicio que presta a la República, que redunda, naturalmente, en desembarazo de la marcha del Gobierno, lo cual también es muy de agradecer, siquiera el servicio principal sea para la causa que a todos nos une; este servicio que el señor Lerroux presta a la causa de la República es tan admirable y agradecido que puedo decir a su señoría que, no obstante ser tan normal y tan lógica la actitud de su señoría, hubiera yo deseado encontrarme en la posición en que su señoría se halla para haber hecho lo mismo, con lo cual doy a su señoría la noción bien clara de cuán justificada y acertada encuentro la actitud que su señoría adoptó aquella tarde. Y a la confianza que el señor Lerroux ha puesto en el Gobierno en este problema de carácter nacional no sé yo responder de otra manera que diciendo a su señoría que la misma confianza, o mayor, que su señoría pone en el Gobierno en esta cuestión, el Gobierno la tenía y la tiene puesta en su señoría para todas aquellas cuestiones en que vaya implicada la gran causa de la República, para cuya defensa siempre estaremos en relación y en unión plena. [¡Muy bien! ¡Muy bien!]

Esto es tanto más grato para mí, señor Lerroux —y perdone su señoría que me haga cargo de cosas de segundo orden—, cuanto que la actitud de su señoría viene determinada por una política y, en modo alguno, aunque otra cosa se haya dicho por ahí, por conversaciones con el Gobierno. Yo no he hablado con el señor Lerroux de política hace mucho tiempo, ni directa ni indirectamente; y cuando el señor Lerroux, en virtud de su propia responsabilidad y de su convicción, y respondiendo a su conciencia, hizo lo que hizo, ignoraba yo lo que el señor Lerroux iba a hacer, y el señor Lerroux, a su vez, ignoraba lo que el Gobierno podía pensar de sus palabras; pero como se ha dicho por ahí que su señoría y yo habíamos tenido estas o las otras conversaciones, y habíamos celebrado no sé qué contrato, bueno es desmentirlo para que se sepa, una vez más, que nosotros no vemos la política como la monarquía, aunque es preciso también que los espectadores de la política republicana se quiten de una vez la camisa monárquica y se acostumbren a ver la conducta de los republicanos de otra manera.

Siempre que se produzca la unión de votos republicanos, aunque no estén en la mayoría, en torno de este problema nacional, sumándose al criterio del Gobierno, nosotros contentísimos, no por el ministerio, sino por la causa que esto significa y por la importancia que para la República tiene; cuando esto no pueda ocurrir porque noblemente, en plena conciencia y libertad de criterio, un partido no pueda sumarse a una cuestión determinada del Estatuto, naturalmente, el Gobierno se valdrá de la mayoría que habitualmente le sostiene y que le constituye en Gobierno. Somos Gobierno en virtud de, antes de traer este problema a las Cortes, haberlo pasado por nuestros partidos, de haberse deliberado en ellos y de haberse llegado, como es natural, a un acuerdo común en las líneas generales, y precisamente en virtud de haber obtenido de nuestros partidos esta confianza y esta adhesión en problema de tal trascendencia es por lo que podemos estar aquí hablando esta tarde, porque si no hubiéramos obtenido ese acuerdo, antes de venir a las Cortes nos habríamos declarado en crisis.

Esto es tanto más lógico, señores diputados, cuanto que esta mayoría no es una mayoría agrupada en torno de un señor que esté esperando un gesto del jefe para decir «sí» o «no»; somos un Gobierno de coalición, somos una resultante, y, en virtud de mantener esa resultante, se mantiene esta mayoría y, por lo tanto, se mantiene el Gobierno; cuando esta unión de la mayoría no pueda mantenerse, no habrá Gobierno.

Esto que digo, señores diputados, es la pura doctrina parlamentaria. No hay, por tanto, nada que explorar acerca de lo que piensa cada grupo de la mayoría; los grupos integrados en la mayoría piensan lo que piensa el Gobierno, no porque ellos esperen a saber lo que piensa el Gobierno para decir «sí», como acabo de explicar, sino porque el Gobierno es la resultante de las opiniones de estos grupos de la mayoría. Pero si esta doctrina, rigurosamente parlamentaria, auténticamente parlamentaria, fuera de la cual yo no sabría vivir en este sitio, no parece bien a la Cámara, y si hay en las Cortes una mayoría para rechazar, no ya el Estatuto, no las propuestas del Gobierno, sino esta pura doctrina parlamentaria, en virtud de la cual nosotros gobernamos y pensamos llevar esta discusión; si hay una mayoría contra esta doctrina, decidlo inmediatamente y el Gobierno desaparecerá; cederemos el sitio a quien quiera resolver la cuestión del Estatuto de otra manera, y yo tomaré balcones para ver pasar la procesión del Estatuto y ya veremos quién se ríe el último. Toda esta política, señores diputados, es una política de libertad, esencia de la República; es una política españolista, de restauración de España, de reconstrucción de los valores históricos y espirituales de España que valen la pena de ser mantenidos en nuestra edad; no es una política de arqueólogos, sino de hombres modernos que buscan los valores abandonados por la monarquía y que son capaces de resucitar.

Hace ya algunos meses, poco antes de someterse a discusión el proyecto de Constitución, dije yo en un discurso, no sé con qué ocasión, que la Constitución que me parecía preferible para España sería una que fuese la menor cantidad de Constitución posible.

Algunos han interpretado estas palabras mías con mala voluntad o con poca inteligencia, suponiendo que lo que yo había querido decir, que lo que yo pretendía era una Constitución que restringiera mucho las libertades personales y diera amplio margen a la arbitrariedad del poder público, porque, es claro, como nadie ignora, yo soy desde pequeño un aspirante a la tiranía. [Risas.] Sin embargo, no es eso lo que yo dije, como lo prueba el contexto. Lo que dije es que la Constitución de España debía ser leve, ligera, flexible, adaptada al cuerpo español, sin que lo embarazase ni molestase en ninguna parte, porque el cuerpo político de España es algo de complejo y de disforme, que no se sujeta a ningún canon, y su vestimenta política debe ser de tal holgura y de tal hechura que todas las partes del cuerpo político español puedan moverse cómodamente, sin rozarse ni estorbarse las unas a las otras. Esto es lo que quería decir; porque se concibe que un Parlamento, ebrio de una doctrina política, fanatizado por una doctrina política, votase una Constitución que fuera una especie de geometría, de armazón geométrica, dura, inflexible como el granito. Esto se explica que lo hiciera un Parlamento que tuviera la pretensión de reformar a un pueblo. Es una tesis jacobina, pero también es una tesis de algunas escuelas políticas de ultraderecha; pero nosotros no podemos aceptar la tesis que es una tesis de tiranía. Un pueblo, lo que constituye propiamente el pueblo, es, en cuanto a su organización jurídico-política, en cuanto a la organización del Estado, antes que la Constitución. Es algo vivo, fluente, perdurable, que todos los días muere un poco y nace o se remoza todos los días, y al paso que va viviendo, conserva caracteres que lo mantienen en su personalidad histórica permanente e inmutable. Pues bien, del fondo de este ser deben brotar sus instituciones, como una floración de su genio político; todo lo que no sea eso es maltratar el cuerpo político, el alma política del país.

También el lenguaje, señores diputados, es una cosa viva. También nace, se hace adulto y se fija, y cuando está fijado, lleva dentro su propia armazón gramatical, su propio artificio gramatical, mucho antes de que los doctos vengan a decir en los libros cómo es la gramática del lenguaje. No nos impide el no saber gramática el que aprendamos de pequeños a hablar con verbos irregulares antes de que nos los enseñen en la escuela.

Pues bien, un pueblo vivo, adulto, como el pueblo español, cargado de historia, de experiencia, lleno de dolores, de esperanzas, de creencias frustradas, es un pueblo que no puede admitir una Constitución rígida, impuesta por un Parlamento, fanatizado por una doctrina política. Así, el pueblo español, reunido en sus Cortes, que son la única representación auténtica, genuina, respetable y autorizada del país, se ha dado la Constitución que más le pertenece, examinando sus antecedentes históricos y sus apetencias actuales. Esto es lo que hemos hecho. Y ahora, con este objeto, vamos resolviendo los problemas locales de las autonomías, con un doble fin: un fin orgánico, que es conseguir que los españoles estén a gusto dentro de su Estado, y un fin político, que es restaurar en el concepto de españolas y en la vida de españolas una porción de cosas que venían pasando por antiespañolas, siendo, como son, en realidad, españolísimas. Ahora, cuando se discute aquí el Estatuto, cuando un grupo político, o un diputado, sea el que fuere, se levante a cercenar o a intentar cercenar una parte de las facultades de la autonomía, nadie tiene derecho a decir que eso es agredir a nadie, y sobre todo, mirando al lado contrario, nadie tiene derecho a invocar aquí un espíritu llamado castellano como opuesto a las aspiraciones de las regiones de España. Yo protesto y tengo algún derecho, porque también soy castellano. Castilla no ha sido nunca instrumento ni móvil de una frustración de libertades españolas. Las preocupaciones de Castilla no son de orden regional, sino del orden del Estado, y el mayor desatino y la mayor profanación que se podría hacer en España sería, por espíritu de oposición, poner frente al regionalismo o al nacionalismo catalán u otro cualquiera, un regionalismo o un nacionalismo castellano. La mezquindad sería para hacer época, porque equivaldría a destruir la personalidad de Castilla, y a obligarla a dimitir su papel histórico. [¡Muy bien!]

La diferencia política más notable que yo encuentro entre catalanes y castellanos está en que nosotros los castellanos lo vemos todo en el Estado y donde se nos acaba el Estado se nos acaba todo, en tanto que los catalanes, que son más sentimentales, o son sentimentales y nosotros no, ponen entre el Estado y su persona una porción de cosas blandas, amorosas, amables y exorables que les alejan un poco la presencia severa, abstracta e impersonal del Estado. Yo no sé si está bien o está mal, lo que sí digo es que el genio político se revela por la facilidad de accesión al orden del Estado y que sólo los pueblos, o los hombres que por herencia, naturalmente, o por haberlo adquirido con su esfuerzo, son capaces de subir fácilmente al orbe del Estado, pueden algún día ser cabeza de una política de valor universal.

Ahora, señores diputados, viene siendo moda, y moda que dura ya treinta y tantos años, traer y llevar el nombre de Castilla. Esto coincide con el auge y fortaleza de los movimientos regionales españoles, y por una especie de reacción sentimental se ha venido derramando por los ámbitos de Castilla una porción de lágrimas y expresiones de compasión, algo así como quien compadece a una viuda pobre. A mí esto me parece la mayor profanación, porque este sentimentalismo derramado sobre la historia o la personalidad de Castilla les ha servido a algunos para hacer sonetos cursis, y yo protesto, porque es demasiado grande, es demasiado profundo el espíritu de una región como ésta para que quepa en una mente pequeña, y cuando se ha peregrinado por los caminos de Castilla, bordeados de ruinas, y se ha percibido y auscultado un silencio enorme, y se ha bebido en la limpidez del cielo un poco del alma de nuestra patria y de nuestros mayores, hay derecho a volverse a estos hombres de la periferia española y decirles: de nosotros no tenéis nada que temer; a nosotros, los castellanos, nos basta nuestro destino, que es llevar sobre los hombros la universalidad del nombre de España. [¡Muy bien!] Y cuando se tiene este claro destino no hay orgullo que no esté satisfecho.

Ahora bien, señores diputados, con este sentimiento de colaboración, con este sentimiento de unidad profunda e interior de todos los españoles, es con el que yo invito al Parlamento y a los partidos republicanos a que se sumen a esta obra política, que es una obra de pacificación, que es una obra de buen gobierno. Es una obra de pacificación, señores diputados, porque por cualquier parte donde tiréis un corte al volumen de la sociedad española encontraréis que hormiguean las discordias; de estas discordias, unas son útiles, bienvenidas, necesarias para el progreso político y social, y fomentan y alzapriman la vida pública; pero otras son deplorables y disgustosas, porque vienen heredadas de contiendas históricas abolidas, las cuales nosotros estamos llamados a cancelar. Esta es una parte de la obra de pacificación, que es base de una obra de buen gobierno, porque España necesita estar urgentemente bien gobernada. Yo no puedo creer, señores diputados, que haya españoles bastante ofuscados para contristarse del buen gobierno de España con tal de que la gloria de este buen gobierno no recaiga en la República; seguramente los hay, pero eso no les excusará de tener que reconocer algún día nuestra obra de buen gobierno.

Sé que es más difícil gobernar a España ahora que hace cincuenta años, y más difícil será gobernarla dentro de algunos años. Es más difícil llevar cuatro caballos que uno solo. El país está en pie, cruzado por apetitos de toda especie, por ansias de toda clase. Es más difícil gobernarla ahora que hace cincuenta años, cuando se dirigía desde un despacho del Ministerio de la Gobernación fumando cigarrillos a medianoche. Ahora hay que velar de día y de noche. Pero ¿creéis que a España le va a faltar no ya fuerza de puños, sino destreza y agilidad de entendimiento para gobernarse a sí misma? ¡Cómo le va a faltar! A esta obra de pacificación, de buen gobierno, señores diputados, yo que paso por un hombre sectario, intransigente y duro, convoco a todos los españoles. Todos los españoles están convocados a esta obra. Cada cual desde su sitio. Pero si no acuden, de todos modos, vosotros, republicanos y socialistas, tenéis la parte más grave de la responsabilidad, porque sobre vosotros pesa el presente y el porvenir de España, y hemos de declarar, republicanos y socialistas, ahora unidos espiritualmente en esta gran labor de refacción de España, hemos de declarar que en el fondo de nuestra conducta política alienta una noble y gran ambición. ¿Por qué no lo vamos a decir? Nosotros no queremos seguir siendo los guardianes de un ascua mortecina arropada en las cenizas de este hogar español desertado por la historia. Queremos reinstalar la historia en nuestro hogar; que la tea pasada de mano en mano en las generaciones que nos han precedido y llegó a las nuestras, podamos transferirla a la generación que nos suceda, más brillante, más ardorosa, más fogosa, iluminando los caminos del porvenir. [¡Muy bien!] Lo que importa es el porvenir, republicanos y socialistas. Lo que importa es navegar. Ahora, tened presente que para esta navegación no os basta llevar el timón de la nave, sino que hay que sacar del pecho el aliento que ha de impulsar las velas. Para esto os invito y convoco desde el último lugar, pero permitidme que lleve vuestra voz en este momento. Pecho al porvenir y revestíos de arrojo para ensayar, del arrojo grave de los hombres responsables que saben para lo que están en la vida y quieren dejar algo en la vida, y estad vigilantes para saludar jubilosos a todas las auroras que quieran despegar los párpados sobre el suelo español. [Grandes y prolongados aplausos. Muchos señores diputados se acercan a felicitar al orador.]

MANUEL AZAÑA DÍAZ (Alcalá de Henares, 1880 – Montauban, Francia, 1940) fue un escritor y político español.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza en 1897, se doctora en 1900. En 1909 ingresa como funcionario en la Dirección General de los Registros y del Notariado. Dos años después viaja a París con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios, experiencia que queda reflejada en su primer libro, Estudios de política francesa contemporánea, la política militar (1919). Es secretario del Ateneo de Madrid entre 1913 y 1920 y presidente de esta institución en 1930.

Desde el punto de vista político, milita desde 1913 hasta 1923 en el Partido Reformista de Melquíades Álvarez, pero hasta 1925 no hace explícita su vocación republicana al crear la formación Acción Republicana, que agrupa al republicanismo ilustrado y burgués. Como representante de este partido, y tras caer la dictadura de Primo de Rivera en 1930, forma parte del Comité Revolucionario que contribuye a la instauración de la República el 14 de abril de 1931, en cuyo gobierno provisional ocupa la cartera de Guerra, primero, y la Presidencia, después. Las elecciones a Cortes Constituyentes en junio de 1931 le confirmaron como Jefe del Ejecutivo, puesto del que dimitiría en septiembre de 1933.

En abril de 1934, ya en la oposición, consigue la unidad de los partidos republicanos dando lugar a Izquierda Republicana, organización política de la que es elegido presidente. En octubre del mismo año es detenido bajo la falsa acusación de estar implicado en los sucesos revolucionarios de Asturias y Cataluña. Tras su liberación en enero de 1935, inicia una campaña política que da lugar a la creación del Frente Popular, coalición que obtiene la victoria en las elecciones de febrero de 1936. En mayo de aquel año es elegido Presidente de la República, cargo que ocupa durante todo el desarrollo de la Guerra Civil española. Dimite de ese cargo en febrero de 1939, se exilia a Francia y fallece en Montauban en 1940.

Relevante escritor y periodista, colabora en los diarios El Imparcial y El Sol y dirige las revistas La Pluma y España entre 1920 y 1924. Recibe el Premio Nacional de Literatura en 1926 por su obra Vida de Juan Valera. Autor de novelas como El jardín de los frailes (1927) y la inacabada Fresdeval, también realiza incursiones en el teatro con obras como La corona (1930).

Es también un relevante traductor y un gran ensayista, recogiéndose su producción en este campo en los volúmenes Plumas y palabras (1930) y La invención del Quijote y otros ensayos (1934). Su obra La velada en Benicarló, compuesta por una serie de diálogos sobre la guerra de España, puede considerarse como la más importante reflexión acerca de la década de los años treinta en nuestro país. De igual modo dejó escritas unas memorias (Diarios) que constituyen un destacado reflejo de la Segunda República Española.

JOSÉ ORTEGA Y GASSET. Filósofo y escritor español nacido en Madrid (España) el 9 de mayo de 1883 y fallecido en la misma ciudad el 18 de octubre de 1955.

Ortega nace en el seno de una familia de la alta burguesía ilustrada madrileña. Su padre, José Ortega y Munilla, también escritor, periodista y académico, se distinguió por la ayuda prestada a jóvenes que más adelante fueron grandes escritores, entre otros, Valle Inclán. Ortega cursa estudios en el Colegio de Miraflores de El Palo (Málaga), la Universidad de Deusto, y la Universidad Central de Madrid, donde se doctoró en Filosofía en 1902 con su tesis «Los terrores del año 1000». Ese mismo año comenzar a colaborar periódicamente con el diario El Imparcial; de hecho, este escribir en los periódicos principales de su tiempo será algo que Ortega hará a lo largo de toda su vida, con lo que su pensamiento se halla plasmado no sólo en libros; a este respecto, subráyese que en 1916 empezó a publicar El Espectador, una serie de escritos aparecidos periódicamente hasta el año 1928, y cuyo conjunto de ocho volúmenes constituye una de sus más destacadas producciones.

Fueron determinantes para su formación los tres viajes que hizo a Alemania —universidades de Leipzig, Berlín y Marburgo— en 1905, 1907 y 1911, pues allí estudia el idealismo que será la base de su primer proyecto de regeneración ética y social de España. En 1908 es nombrado catedrático de Psicología, Lógica y Ética de la Escuela Superior de Magisterio de Madrid, y en 1910 catedrático de Metafísica de la Universidad Central de Madrid. En el desarrollo de su pensamiento, es especialmente decisivo el año de 1914, año de la Gran Guerra, que Ortega ve como una quiebra de los ideales ilustrados. Un año después, funda la revista España, en 1917 el diario El Sol, y en 1923 la Revista de Occidente, abierta a todos los horizontes del pensamiento europeo y que, junto a su editorial aneja, también obra de Ortega, conforma una de las mejores contribuciones a la alta cultura española. Antes, en 1916, emprende su primer viaje a la Argentina, de gran importancia en su trayectoria profesional y para las relaciones culturales con Latinoamérica.

En sus escritos de Vieja y Nueva Política, Meditaciones del Quijote y Ensayo de Estética a manera de prólogo ya había expuesto su programa de una modernidad latina alternativa. En 1921 publica en forma de libro su diagnóstico de la situación de España con el expresivo título de España invertebrada. Y en 1923 ofrece el análisis de su época con El tema de nuestro tiempo, consistente en la necesidad de superar el idealismo y volver a la vida, núcleo de su teoría de la razón vital. Ésta es fruto de la nueva sensibilidad que advierte en el siglo XX, ejemplificada en el arte nuevo como La deshumanización del arte (1925). Su ruptura con la Dictadura de Primo de Rivera tiene lugar en 1929 con ocasión de su famoso curso ¿Qué es filosofía? En 1930 publica La rebelión de las masas, que tiene una gran repercusión internacional. Al instaurarse el nuevo régimen político en España, en 1931, Ortega funda con Marañón y Pérez de Ayala la «Agrupación al Servicio de la República», habiendo sido antes elegido diputado a Cortes —aunque nunca se adscribió a partido alguno—. Al estallar la Guerra Civil española, tiene que exiliarse en 1936, pasando de París a Holanda, la Argentina, y, en 1943, finalmente a Lisboa. Regresará a España seis años después del final de la Guerra Civil, en 1945, donde permaneció en Madrid hasta su muerte descontando algún viaje esporádico al extranjero. En 1948, con su discípulo Julián Marías, funda en Madrid el «Instituto de Humanidades». Es la época de sus últimas aportaciones intelectuales, alguna de ellas publicadas póstumamente: Velázquez, Sobre la razón histórica, Leibniz, El Hombre y la Gente, Epílogo…

En sus artículos y ensayos trató temas muy variados y siempre incardinados en la actualidad de su época, tanto de filosofía y política como de arte y literatura. Su obra no constituye una doctrina sistematizada sino un programa abierto. No obstante, como denominador común de su pensamiento puede señalarse el perspectivismo —las distintas concepciones del mundo dependen del punto de vista y las circunstancias de los individuos— y la razón vital —un intento de superación de la razón pura y la razón práctica de idealistas y racionalistas—. Para Ortega, la verdad surge de la yuxtaposición de visiones parciales, en la que es fundamental el constante diálogo entre el hombre y la vida que se manifiesta a su alrededor, especialmente en el universo de las artes.