Índice

1. GEOGRAFÍA E HISTORIA

2. LA DISCÍPULA PREDILECTA DE ROMA

3. ¡VENGO DE LOS GODOS!

4. EL ROMPECABEZAS MEDIEVAL

5. LA NACIÓN DE DOS REINOS

6. IMPERIO CONTRA NACIÓN

7. SE PONE EL SOL EN EL IMPERIO

8. IMITANDO A FRANCIA

9. BORBONES Y BONAPARTES

10. ¿INDEPENDENCIA O INCONGRUENCIA?

11. EL ROMPECABEZAS DECIMONÓNICO

12. DICTADURA DE BOLSILLO

13. LA REPÚBLICA DE LAS DOS REVOLUCIONES

14. LA GUERRA DE LAS DOS GUERRAS

15. EL FRANQUISMO, LA REVOLUCIÓN PENDIENTE

16. LA TRANSICIÓN EN PELIGRO

NOTA BIBLIOGRÁFICA

Créditos

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GEOGRAFÍA E HISTORIA

La Geografía

En el principio fue la Geografía. Antes que las plantas, que los peces, que las aves, desde luego, mucho antes que los hombres estuvo la Geografía. Y estará después, si los seres vivos desaparecen. Los españoles tenemos debilidad por la Historia, sin darnos cuenta de que, como obra de los hombres, la Historia es voluble, interpretable, quiero decir, sometida a juicio o capricho, poco de fiar por lo tanto. La Geografía, por el contrario, tiene la consistencia de la materia, la imperturbabilidad de lo real, que no admite subterfugios de nuestra astuta mente. Todo lo más, la relación casi carnal que los humanos sentimos hacia la tierra donde nacimos, que nos hace verla como la más hermosa del planeta, incluso aunque sea un erial. Todos los lugares del mundo tienen una belleza sublime que solo percibe el que allí empezó a ver, oír, oler, amar, odiar; que aún no sabemos qué es, pero echamos en falta desde la lejanía. Los portugueses lo llaman saudade, los gallegos, morriña ylos demás, mal de ausencia. De lo que no cabe la menor duda es de que el locus, el lugar de nacimiento, condiciona a los pueblos, haciéndolos abiertos o huraños, transeúntes o sedentarios, agricultores o ganaderos, guerreros o pacíficos, hasta el punto de que llegó a decirse que toda historia se explica por la Geografía. Toda, puede ser exagerado. Buena parte de ella, no.

Es por lo que inicio esta «otra» historia de España por la Geografía. España es la tercera península de esa otra península de Asia llamada Europa. Está, por tanto, en el extremo occidental del lugar donde surgieron las civilizaciones, el Oriente Medio, y de donde, según la tradición, estuvo el Paraíso Terrenal, entre el Tigris y el Éufrates, lo que es hoy un infierno terrenal: Irak. Tiene, por tanto, a un lado, el Mediterráneo, el Mare Nostrum de la antigüedad, y al otro, el Atlántico, el Oceanum Tenebrosum, más allá de las Columnas de Hércules, que posiblemente fueran Gibraltar y Monte Hacho, junto a Ceuta, que fueron durante siglos el Non Plus Ultra. Eso marca. Ser finis terrae, Finisterre, como lo fue la península ibérica tanto tiempo, resulta determinante tanto para el carácter como para el destino de sus habitantes. Más, se halla en la encrucijada de tres continentes: el euroasiático, el africano y el «Nuevo Mundo», la terra ignota, como se la nombraba en las cartas náuticas medievales, donde igual podía haber gigantes, atlantes de la mítica Atlántida, que dragones devoradores de humanos. La península ibérica es, en este sentido, limes, linde, límite, frontera, lo que significa estar siempre expuesta a ser invadida o a invadir. De ahí que la historia de España, y en menor medida —por el tamaño— la de Portugal, haya sido un continuo defenderse de las invasiones e invadir a otros. El toma y daca de un movimiento pendular que veremos que afecta a otros sectores de la compleja alma hispana.

Si, por otra parte, tenemos en cuenta que España es de por sí un continente en miniatura, donde hay muestras de casi todos los climas, accidentes y variedades geográficas, nos encontramos con una complejidad que hace difícil la definición y, aún más difícil, la homogeneidad. Están la España húmeda y la España seca. Hay grandes ríos e innumerables cordilleras. Valles y mesetas. Nieves perpetuas y desiertos. Hay incluso dos archipiélagos paradisíacos. Es tal la diversidad de su paisaje que igual pueden filmarse en él películas del Oeste, fiordos noruegos, playas del Pacífico o eriales de Marte, como vemos en las fotos que nos proporciona la NASA.

Pero esa enorme variedad geográfica separa más que une. Las grandes cordilleras que la cruzan de este a oeste, excepto la Ibérica que lo hace en diagonal, los ríos escasamente navegables, los muy distintos climas, floras y medios de vida, originan obligatoriamente gentes muy distintas. Que el gallego se parezca tan poco al andaluz lo da la tierra, como el carácter austero castellano lo da la Meseta. A lo que se añade la dificultad de las comunicaciones originada por esos accidentes geográficos. Julio Camba decía que, para los gallegos, Buenos Aires estaba más cerca que Madrid. Y si se piensa que hasta hace muy poco los puertos de entrada a Galicia —Piedrafita, el Manzanal— no estuvieron abiertos al tráfico por una autovía se tendrá que casi era más fácil cruzar el Atlántico que esas barreras montañosas.

La citada condición de Finisterre trajo también un alejamiento de los focos de civilización, cuyos reflejos llegaron más tarde que a otros puntos de Europa, excepto los nórdicos. Los estilos arquitectónicos, como los literarios, nos alcanzaron con retraso y, todo hay que decirlo, en plena decadencia. La catedral de Burgos, de un gótico florido, se construyó cuando en Roma ya se estaba levantando la cúpula de Brunelleschi, tan audaz que los obreros se negaban a subir por temor a que no se mantuviese. El romanticismo había triunfado ya en Francia y Alemania cuando llegó a España, y los artistas españoles que querían romper con la pintura figurativa tenían que ir a París. Incluso no hace tanto, José Manuel Lara padre —fundador de Editorial Planeta—, cuando le traían una novela extranjera preguntaba: «¿Tuvo éxito en Francia hace quince años?». Ese retraso histórico hizo decir poéticamente a Eugenio Montes que España es el «país de los frutos maduros». Miguel de Cervantes, mucho más cauteloso, lo noveló en un personaje tan anacrónico como cautivador.

Pero no adelantemos acontecimientos. Estábamos en la Geografía, la esfinge muda de la Historia. Entre la barrera de los Pirineos y el estrecho de Gibraltar se extiende ese pequeño continente donde la variedad geográfica marcha paralela al aislamiento. Altas cordilleras, largos ríos no navegables, climas muy distintos, costumbres muy diferentes, medios de vida tan dispares como la ganadería y la agricultura, crean un escenario de enfrentamiento más que de colaboración, al ser bueno para uno lo que es malo para el vecino. Es difícil encontrar en Europa un país donde sus habitantes estén menos dispuestos a participar en una empresa común. «Doce españoles, doce opiniones» no es solo un refrán. Es también una docena de postales españolas. Ello ofrece al turista una oferta difícilmente igualable en un país de tipo medio donde los contrastes son tan variados como los temperamentos, pero que no facilita precisamente la cohabitación.

Ya oigo las primeras objeciones a esta geograficación de la Historia: la Geografía no es tan determinante, sobre todo en nuestros días, me dicen, cuando el hombre ha sido capaz de domesticarla, estableciendo rutas entre mares y océanos, abriendo túneles en cordilleras, creando lagos artificiales, convirtiendo desiertos en vergeles, permitiendo vivir en condiciones insoportables de frío o calor y otros avances tecnológicos que le permiten incluso trabajar desde su casa, gracias a la multiplicación de las formas de comunicarnos. La Geografía ya no decide el destino de los pueblos. Ahí está Israel como prueba.

¿Están seguros? Porque el lugar geográfico no puede evitar los vecinos, ni elegirse. Golda Meir se lamentaba: «¡Qué lastima que la Tierra Prometida no estuviese en Iowa!». Quiero decir que la situación de España en la encrucijada de tres continentes es un leitmotiv a lo largo de su historia. Como su condición de continente en miniatura. Existe la España de Laudes Hispaniae de san Isidoro: «De cuantas tierras se extienden desde Occidente hasta la India, tú eres la más hermosa, ¡oh sagrada y feliz España!». Y está la España de Antonio Machado:

Veréis llanuras bélicas y paramos de asceta,

no fue por estos páramos el bíblico jardín,

son tierras para el águila, un trozo de planeta

por donde cruza errante la sombra de Caín.

En medio de esos extremos, hay muchas Españas. ¿Cuál de ellas es la verdadera? Pues todas y cada una, en su aislamiento, ensimismamiento, diversidad mineral y vegetal. Cuando esa diversidad inorgánica pasa del paisaje a las gentes, aunar voluntades se hace difícil, como vamos a ver cuando empieza su historia y comprobamos que, para el ibero, el vecino puede ser más enemigo que el extraño.

La Historia

Fue nada menos que don Ramón Menéndez Pidal, en su ensayo De la vida del Cid, el héroe español por antonomasia, quien reconoce «el especial defecto ibérico de frecuente limitación o torpeza para sentir con perspicacia el interés colectivo, ese defecto lo mismo se manifiesta tratándose de pequeñas que de grandes agrupaciones humanas, lo cual hace que en todo momento el sentimiento unitario nacional tenga aspectos confusos o débiles». Pese al exquisito cuidado en el uso de las palabras, se trata de toda una apertura de causa al nacionalismo español. Por parte del más respetado de nuestros historiadores modernos, es algo que no puede echarse en saco roto.

Aunque don Ramón continúa: «El concepto Hispania no fue una creación de los romanos, sino que estos lo hubieron de recibir de iberos, celtas y demás pueblos que convivían, comerciaban y se fundían en el suelo de la Península, formando en cierto modo un conjunto, un núcleo natural humano».

O sea que, pese a la escasez de «sentir colectivo», existía entre nuestros más remotos antepasados un núcleo que permitía englobarlos en un conjunto natural humano. ¿Cuál era ese núcleo? Tito Livio nos describe como ferae et bellicosae genti, gentes fieras y belicosas, aunque en la práctica resultamos fáciles de comprar y difíciles de amainar. O sea, lo que teníamos en común era la fiereza y la labilidad. Extraña combinación para comenzar una historia.

La Historia es la biografía de un país. Pero ya esa simple definición nos advierte de la dificultad del empeño. Si la biografía de un hombre o mujer resulta una tarea ardua, compleja, al depender de los materiales y testimonios que se utilicen, la biografía de un país o de un pueblo parece exceder la capacidad humana. Más, si se pretende «contar lo sucedido como realmente ocurrió», según la clásica definición de Leopold von Ranke. ¿Cómo saber lo que realmente ocurrió en el pasado si nos cuesta trabajo saber lo que ocurre en el presente? «Tenemos las fuentes», me dirán. Pero las fuentes suelen ser parciales, por lo que hay que andarse con cuidado con lo que nos cuentan y, más aún, con las interpretaciones, pues hay «victorias pírricas», como la de aquel rey del Epiro sobre los romanos, tan costosa que regresó a su país vencido. Y, al revés, hay «benditas derrotas», que a la larga evitan perjuicios mayores.

Todo esto tiene que tenerlo en cuenta el historiador, hasta el punto de que, a veces, resultan más ilustrativas las novelas de una determinada época que las crónicas oficiales, como ocurre con las de Galdós o las de Dickens sobre la España y la Inglaterra de su tiempo.

La selección de datos es fundamental. Sin ella, vamos derechos al caos. Pero la selección dependerá del seleccionador que, como ser humano, tendrá sus querencias y aversiones, por más que intente acallarlas. Un marxista verá la historia a través de la lucha de clases, mientras un liberal la verá como una larga marcha hacia la libertad de individuos y naciones. Esa «tendenciosidad inmanente» que el historiador transmite a su obra está presente en todas las historias y llegó a su colmo en la Enciclopedia Soviética, que en cada nueva edición aparecían y desaparecían personajes y situaciones de la versión anterior. Eso no era historia, como no lo son buena parte de las escritas bajo las dictaduras, sino publicidad del Ministerio de Prensa y Propaganda, lo que tampoco quiere decir que todas las historias escritas bajo esos regímenes pertenezcan a tal categoría, y ahí tenemos los siete tomos de la Historia Económica de España y América de Jaime Vicens Vives y sus colaboradores, la mejor generación de historiadores que hemos tenido, y se escribió bajo la dictadura de Franco.

De todas formas, hay que acercarse a cualquier libro de Historia con prevención. Lo primero que hago cuando abro uno es fijarme en la relación entre adjetivos y sustantivos. De abundar los primeros, mi actitud es de claro escepticismo, por predominar la opinión sobre los hechos. Aunque, repito, también con hechos puede engañarse.

Imagino que con tantos obstáculos como estoy poniendo a escribir Historia, más de un lector pensará que se trata de una tarea imposible y, en el fondo, tendrá razón. Imposible pero, al mismo tiempo, imprescindible, no ya porque la Historia es «la maestra de la vida», como decía Cicerón, sino porque es la vida misma de los pueblos, la referencia de lo que fuimos, indispensable para saber lo que somos y lo que queremos ser, lo que nos diferencia de los demás seres.

De ahí que para esa tarea imposible que es escribir Historia ni siquiera baste leer muchas historias, distintas entre sí, sino que debemos remontarnos a los tiempos en que ni siquiera existía, a las leyendas, sagas y mitos que hay antes y detrás de ella, que nos dicen no exactamente qué ocurrió, sino lo que ese pueblo quería que hubiese ocurrido. El Diluvio Universal está en todos los libros sagrados, pero Noé posiblemente no existió, al menos no como lo cuenta la Biblia. La guerra de Troya tuvo lugar, pero no por Helena, sino por controlar la entrada de los Dardanelos, que traía sustanciosos ingresos. Tampoco es creíble que Leónidas con sus 300 espartanos consiguiera detener en las Termópilas a cientos de miles de persas hasta que un traidor les indicó el camino para caerles por la espalda, pero les dio tiempo a los griegos a reunir naves y hombres para derrotar al invasor en Salamina y Platea. Algo parecido puede decirse de Rómulo y Remo o de la mitología germánica, con sus nibelungos, el oro del Rin y el ocaso de los dioses. Un país son sus mitos, su tarjeta de presentación ante el mundo y ante sí mismo. ¿Auténticos o imaginados? Pues ambas cosas, al tener tanta o más fuerza que la realidad, pese a ser falsos. Nuestra mitología abarca hechos y personajes tan dispares como Viriato y Trajano, los visigodos y la Reconquista, don Quijote y Sancho, el Descubrimiento de América y la Contrarreforma, la Guerra de la Independencia y las guerras civiles, dos repúblicas, dos restauraciones monárquicas, una dictadura blanca y otra dura, una Transición aplaudida y abucheada. Tan simple lista nos advierte de que vivimos en un país complicado. ¿O es que la diversidad del continente en miniatura que tenemos se ha transmitido a sus habitantes, haciendo incompatibles sus distintos elementos? Otros lo han conseguido. Estados Unidos, por ejemplo, que incluso ha logrado convertir la diversidad en ventaja. ¿Por qué no hemos sido capaces nosotros cuando habíamos alcanzado nuestras metas «históricas»: Europa, la democracia, el nivel de vida del primer mundo. ¿Por qué todo ello vuelve a cuestionarse?

Es la tarea del momento, ya que surgen voces de alarma por todas partes. Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes han publicado un libro de título tenebroso El Estado sin territorio, en el que se lee: «Como consecuencia de unos poderes locales cada vez más fuertes, el Estado español se está quedando sin territorio para ejercer sus funciones». Y advierten: «Caminamos hacia una recuperación, inesperada, extemporánea, del sistema feudal». ¡Y nosotros creyendo que, finalmente, habíamos encajado España en el siglo XXI! Antonio Morales, Juan Pablo Fusi y Andrés de Blas han publicado un volumen titulado Historia de la nación y del nacionalismo español, en defensa de ambos. No sé si se entiende a partir de un germen en la época romana y visigoda, que se hace carne y sangre en el «proyecto de reconquistar España por parte de los distintos reinos cristianos», cimiento de una conciencia compartida en el siglo XIII, que hallará continuidad en una monarquía común en el siglo XVI y en el patriotismo ilustrado en el XVIII. Todo avalado por datos, cifras y fechas.

Pero, si es así, ¿por qué en el siglo XXI seguimos discutiendo el ser de España? ¿Por qué sigue habiendo españoles a disgusto en ella? Lo que sigue no es una Historia de España. Es un repaso de muy distintas historias de España para intentar descubrirla tal cual es, despojada de su hojarasca mítica, porque solo en su desnudez podremos descubrir quiénes somos o no somos.

2
LA DISCÍPULA PREDILECTA DE ROMA

Dexemos a los troyanos,

que sus males no los vimos

ni sus glorias.

JORGE MANRIQUE, Coplas a la muerte de su padre

Sí, y dejemos también a los fenicios, y a los griegos, pese a habernos traído el mundo de las ideas, el comercio, los asentamientos a lo largo de la costa mediterránea y el arte de navegar. Dejemos a las tribus del interior, a Tartessos, la ciudad-reino más ilustre, en la desembocadura del río Betis, famosa por sus riquezas. Dejemos incluso a iberos y celtas, una vez finiquitada la polémica con tintes racistas de si los españoles —o celtíberos— somos arios o semíticos, es decir, europeos, ahora que estamos plenamente integrados en Europa. Dejemos, en fin, todos aquellos siglos prehistóricos, en los que la península ibérica era solo un embrión multiforme, en el que algunas autoridades creen hallar un sustrato común de la futura España, famoso en la antigüedad por sus riquezas minerales, hierro, cobre y estaño —cuya aleación daría lugar al bronce, importantísimo para las armas—, sin olvidar el oro y la plata, que atraían a gentes audaces desde la otra esquina del Mediterráneo, pero que hasta que llegan los romanos no empieza a cristalizar en una idea de España, a la que dan nombre —Hispania— y delimitan territorialmente: la Ulterior y la Citerior, primero; la Tarraconense, la Bética y la Lusitania, después, al incorporarlas a aquella maravilla que fue el Imperio romano.

Es un lugar común entre nuestros historiadores decir que «España es una invención de Roma», llegando los más apasionados a calificarla de «su discípula predilecta». Pero al mismo tiempo, otra de las frases hechas es que «España fue la primera que Roma quiso conquistar y la última en dominar». El simple enunciado de ambas premisas advierte de la incongruencia. Si fuimos los mejores discípulos de los romanos, ¿por qué les opusimos tal resistencia? A poco que escarbemos en los datos nos damos cuenta de que ambas proposiciones son verdad y mentira al mismo tiempo, como tantas otras en nuestra historia. Es verdad que en la península ibérica llegó la romanización antes que en ninguna otra provincia del Imperio, que Hispania dio a Roma poetas, oradores, filósofos, generales, incluso emperadores. Pero no es menos cierto que la romanización fue muy irregular: profunda en la Bética y en la costa mediterránea, pero a medida que avanzaba hacia el interior iba encontrando más resistencia y en el País Vasco fue prácticamente nula. Los reyezuelos del sur, en cambio, acostumbrados a tratar con extranjeros, no tuvieron mayor problema en llegar a pactos con los romanos, incluso a adoptar sus normas y costumbres. Pero los mucho más rudos del centro, oeste y norte se opusieron a la colonización con tanto vigor o más que el que venían mostrando al hacer la guerra entre ellos.

Antes de seguir adelante creo necesario hacer un inciso sobre el significado del Imperio romano. Estamos ante uno de los hitos de la humanidad, ante una de las maravillas de todos los tiempos. Los romanos no se limitaron a crear un Imperio como los conocidos antes y después del suyo, es decir, conquistar tierras más allá de las suyas, dominar a sus gentes y explotar sus riquezas. Llevaron también consigo su civilización, su cultura y sus normas. Quiero decir que educaban a los pueblos que iban sometiendo, les sacaban del mundo primitivo en que vivían para incorporarlos a la historia. Y no contentos con eso, conforme se romanizaban, les iban dando derechos, ascendiendo de categoría, hasta convertirlos en plenos ciudadanos romanos cuando la transformación se había consumado. Algo, repito, que ningún otro imperio ha hecho. Había en él provincias del Senado —las más avanzadas— y provincias del emperador, en las que la asimilación aún no era completa. Un proceso en el que los romanos no ahorraron ni astucia ni dureza. No era infrecuente el matrimonio de un romano de alcurnia, que ostentaba un alto cargo, con la hija del monarca local —facilitaba enormemente la colonización—, como tampoco lo era el engaño para someter a los que se resistían. El emperador Servio Sulpicio Galba reunió a unos 30 000 lusitanos díscolos con el señuelo de que iba a repartir tierras si deponían las armas, y en cuanto las habían entregado, ejecutó a 9 000 y 20 000 quedaron como esclavos. Pocos lograron escapar, pero Viriato fue uno de los afortunados, que se vengaría años después. Es posible que Viriato fuera extremeño al tratarse de pastores trashumantes por aquellas tierras, y fue conocido por mantener en jaque a las legiones romanas, llegando incluso a infligirles una severa derrota, posiblemente por conocer mejor el terreno, lo que les obligó a negociar. Ante lo que estos cambiaron de táctica, prometiendo una importante cantidad de dinero a los negociadores si les traían la cabeza de Viriato, separada del cuerpo naturalmente. Cuando se presentaron con ella, no obtuvieron la recompensa, aunque la frase «Roma no paga a traidores» parece ser comentario de un cronista. Pero advierte del escaso «espíritu nacional» que tenían aquellos españoles, si bien en las crónicas figuran como lusitanos. Más que un líder independentista, Viriato y los suyos se dedicaban al saqueo de sus vecinos y de cuantos se les pusieran a tiro, como era frecuente en aquella Hispania profunda, mientras las mujeres se dedicaban a cuidar de los hijos y del huerto.

Sin embargo, cuando se les pregunta a los españoles de hoy por los hechos y nombres más relevantes de aquellos tiempos, el de Viriato es uno de los que primero aparece junto a Numancia y Sagunto, ciudades que resistieron hasta el límite el asedio de los romanos, si bien no llegaron al extremo de matarse los últimos pobladores, tras haber matado a sus hijos, como cuentan las crónicas. Algunos se rindieron y fueron vendidos como esclavos. Pero se necesitaron las mejores legiones y los mejores generales romanos para lograr la conquista. Una prueba más de la bipolaridad de nuestra historia, hecha tanto por los que aceptan el progreso como por los que se oponen a él. Y una razón de que la Bellum Hispaniense, la guerra de España, durase tanto tiempo. Aunque en su última etapa, más que una guerra española fue una guerra entre romanos librada en España, como la de sertorianos y pompeyanos, disputándose el poder en la capital del Imperio.

La madre Roma

Cómo los romanos, desde una aldea al lado del Tíber, llegaron no solo a conquistar sino también a educar a buena parte del mundo conocido es un misterio y un milagro. Si su Derecho es aún estudiado y tenido como una de las obras maestras de la inteligencia humana, su labor como ingenieros y arquitectos no tiene parangón. Ahí está enhiesto todavía el acueducto de Segovia, sosteniéndose piedra sobre piedra, después de veinte siglos, algo tan impensable que en la Edad Media decían que lo había levantado el diablo. Yo recuerdo bajar desde las murallas romanas de Lugo a bañarme al Miño por la calzada romana de grandes losas de granito adosadas, hasta el puente de la misma época. De mis tiempos de corresponsal en Nueva York, recuerdo que el embajador británico, lord Caradon, comenzaba siempre sus discursos ante la Asamblea General de la ONU con la frase: «Este representante de una excolonia de Roma…». Conociendo a los ingleses, no descarto que lo hiciera para tomar el pelo a los representantes de los países recién descolonizados que llenaban la sala, pero vaya usted a saber. Pero haber sido colonia de Roma no es solo un honor, sino también una suerte, ya que, como queda dicho, Roma dio más de lo que se llevó, al contrario que el resto de los imperios.

Pero me estoy separando de mi objetivo original, mostrar la distancia entre nuestros mitos y nuestras realidades. España se romanizó en algunas zonas a fondo, en otras, superficialmente, y en algunos puntos específicos, en absoluto. Pero fue Roma la que le dio nombre y forma —el fondo ya es otra cosa—, la que la puso en camino de ser una de las naciones protagonistas de la futura Europa no cabe la menor duda. Que fuera la más romanizada, repito, ya es más discutible —seguro que Francia nos discute el honor e Italia, la primogenitura— y, como queda dicho, los ingleses hasta presumen de cada vestigio romano en su isla, aunque la romanización no pasó del Muro de Adriano, entre lo que es hoy Inglaterra y Escocia. En cualquier caso, la loba que amamantó a Rómulo y Remo tuvo bastantes descendientes.

El «orden» romano se impone en España por dos razones fundamentales: por ser superior política, legal y económicamente a aquellas tribus que luchaban entre sí cuando no se dedicaban a cuidar de sus rebaños o a cultivar sus tierras, regidas por las primitivas normas de la costumbre o las que dictaba el caudillo de turno. Mientras los romanos traían un Derecho infinitamente más práctico además de más justo. Luego, porque su cultura era asombrosamente flexible para aquellos tiempos. Los romanos permitían a los pueblos que conquistaban seguir con sus dioses e incluso adoptaban algunos de ellos sin mayor problema. Solo impusieron, tardíamente, el culto al emperador —al principio era una república— y más que nada, como acto administrativo de acatamiento al Imperio. Siendo su cultura urbana —Roma, a fin de cuentas, era una ciudad—, el mundo romano de provincias se asienta en la urbe. Crea muchas a lo largo y ancho de Hispania; la mayoría se originan como plazas militares, Valencia, Zaragoza, León, Lugo, Mérida, Astorga, para convertirse después en sedes administrativas, y tienen el latín vulgar como idioma, que más tarde daría lugar a lenguas romances. En el campo, como queda dicho, la romanización fue mucho menos profunda. Que la aristocracia local decidiera integrarse con los romanos que llegaban como militares o administradores en costumbres, vestidos, festejos, matrimonios incluso, facilitó mucho las cosas, si bien había una clara división entre hombres libres y esclavos. Los primeros se organizaban según los estratos romanos, con la clase senatorial en la cima, prácticamente todos de origen italiano, con la vista puesta en Roma e incluso aspiraciones al máximo poder. Habían venido a Hispania a hacer méritos y carrera, como ocurrió a César y a tantos otros que no llegaron tan lejos como él. Uno es Quinto Sertorio, que se convirtió en caudillo y aliado de los locales contra Roma —o eso les hizo creer— obteniendo varias victorias contra la tropas que el Senado enviaba a combatirle. Hasta que un general, Pompeyo, decidió usar el arma que nunca fallaba: fingir que estaba dispuesto a capitular, comprar a los negociadores que le envió Sertorio, y hacer que estos le asesinaran. Por cierto que a Sertorio se le ha llamado «el primer rojo español», aunque no era español y lo de «rojo» habría que discutirlo.

Bajo esta clase estaban los «ecuestres», de equus, caballo, es decir, «caballeros», abundantes —Cádiz llegó a tener hasta 500 de ellos, más que ninguna otra ciudad del Imperio excepto Roma—, ciudadanos de alcurnia por hechos de armas, de foro o de capital. No hay que olvidar que el Derecho era la norma del Imperio, lo que quería decir que estaba lleno de abogados de todo tipo. Que en Hispania florecían ya en aquella época lo demuestra que uno de ellos, Quintiliano, pasase a la historia. La producción industrial —sobre todo la minera— y la agrícola, en grandes latifundios, junto al comercio al por mayor, fueron el origen de grandes fortunas. El comercio al por menor, en cambio, se consideraba indigno. Si a eso se añade que varios emperadores tenían ascendencia hispánica —Trajano, Adriano, Teodosio— e incluso alguno había nacido en estas tierras, como una serie de pensadores y escritores —Séneca, Marcial, Pompeyo Mela, Columela—, no debe extrañar que al Bajo Imperio se le conozca como la Edad de Plata de la literatura romana y que muchos historiadores hablen del «lobby hispano» en Roma al mismo tiempo que aventuren que «en ese periodo se crea una identidad hispana». Un tanto exagerado me parece por dos razones, la primera, por la ya apuntada de la escasa romanización de las zonas rurales, donde seguían las costumbres y normas tribales y el recelo hacia al vecino, opuesto al universalismo romano. Luego, porque lo que esos personajes crean no es espíritu hispano sino espíritu romano, y la mejor demostración es que todos ellos se fueron a Roma a desarrollarlo. Si algo les quedaba de su patria natal fue una lejana nostalgia de su niñez que, como todas, viene envuelta más en ensueños que realidades. Todos ellos eran, más que ciudadanos españoles, algo que aún no existía, ciudadanos romanos, así vivieron y así murieron.

Que Hispania entrase en la órbita romana fue debido a un conflicto de las «grandes potencias» de la época, Roma y Cartago, que se disputaban el dominio del Mediterráneo, entonces el ombligo del mundo. En mis años de bachillerato, que coincidieron con la Segunda Guerra Mundial, y los españoles, fieles a nuestra manía frentista, nos dividimos en anglófilos y germanófilos, se comparaba a Inglaterra con Roma y a Alemania con Cartago, posiblemente una invención de los servicios de propaganda británicos, siempre mejores que los germanos, aprovechando la fama de Roma, madre de Europa. Aunque había un fondo de verdad, pues Inglaterra destacó más por sus instituciones, su Derecho de Gentes, su —llamémoslo así— liberalismo teniendo en cuenta los tiempos que corrían, mientras Cartago, una colonia fenicia en lo que hoy es Túnez, destacó por su fuerza militar y sus avances técnicos, lo que le permitió un rápido desarrollo que conducía inevitablemente al choque con la potencia al otro lado del Mediterráneo, también en plena expansión. No voy a meterme en las Guerras Púnicas (de púnico, cartaginés) porque Hispania solo tuvo un papel secundario en la Segunda, como punto de arranque y suministradora de «carne de cañón» para el ejército de Aníbal, uno de los mejores generales de la historia, lo que no impidió que terminara derrotado, arrastrando a Cartago consigo. Desde entonces, la historia se escribiría en latín y por un largo periodo. Incluso la de España, una vez que Augusto consiguió domeñar a las tribus más díscolas, las galaicas y las cántabras, dejando a las vascas por imposibles. Si fue una suerte o una desgracia para ellas todavía hoy se discute.

El cristianismo

Precisamente en tiempos de Augusto había nacido, en la otra esquina del Mediterráneo, un Imperio que iba a durar más, mucho más que el romano y que abarcaría mucho más espacio. Aunque de tipo completamente distinto, pues era espiritual, si bien durante bastantes siglos tuvo también carácter temporal y hoy tiene su propio Estado. Me refiero, como habrán adivinado, al cristianismo. Al principio, los romanos no le concedieron la menor importancia, tomándolo como otra religión, o más exactamente, como una reyerta interna de uno de los pueblos más conflictivos de su Imperio: el judío, al que terminan aplastando y dispersando por todo el mundo. Antes, sin embargo, los apóstoles de la incipiente fe, siguiendo el mandato del Maestro —«Id a predicar la Buena Nueva a todos los pueblos»— decidieron ir a Roma, entonces la capital del mundo. Allí murió Pedro, sacrificado, como tantos otros cristianos. Pero la sangre de los mártires es el mejor abono de nuevos creyentes, como se demostraría en los siglos venideros a lo largo y ancho del Imperio romano, Hispania incluida, donde el cristianismo va a interpretar un papel relevante en su historia.

En teoría, no había problema con el cristianismo en el Imperio romano dada la tolerancia de este ante todas las religiones, e incluso aceptaba los ritos y dioses que le convenía. El problema surgió del carácter monoteísta del cristianismo —que chocaba con el «culto al emperador»— y con su carácter espiritual —«Mi reino no es de este mundo»— mientras el resto de las religiones conservan buena parte de reinos terrenales. El contraste quedó de manifiesto en el diálogo entre Cristo y Pilatos, es decir, entre el mundo pagano y el cristiano.

—Yo soy la verdad —proclama con convicción el primero.

—¿Qué es la verdad? —pregunta escéptico el segundo.

Un foso insalvable, que abre una nueva era. Es verdad que los romanos, en un ejercicio de Real Politik, iban haciendo ciudadanos a los habitantes de tribus, ciudades y pueblos según se romanizaban. Pero el cristianismo, de entrada, había hecho iguales a todos los seres humanos, no importaba su lugar de nacimiento ni su condición social, una auténtica revolución planetaria que rompía el orden existente. Esto le llevó a enfrentarse primero con la jerarquía rabínica del pueblo en el que había nacido, el judío, y, a la postre, con la gran potencia de la época, Roma. De todas formas, el cristianismo necesitó un par de siglos para estructurarse dogmáticamente —las interpretaciones de los evangelios y de su doctrina fueron múltiples—, pero la rapidez de su expansión y afianzamiento sorprenden aún hoy, aunque sin duda influyó el «populismo» de su mensaje. Eso de considerar iguales a señores y esclavos era una revolución más radical que la de Lenin, y tenía que resultar atractiva en una sociedad apoyada económicamente en los segundos y donde las clases bajas llevaban una vida que no era nada fácil, como muestra el forcejeo constante entre patricios y plebeyos en Roma. Con el premio final de una vida eterna de bienaventuranza tras la muerte —algo que el paganismo dejaba en la incertidumbre—, con tal de cumplir los diez mandamientos en la vida.

De ahí que el cristianismo arraigase con fuerza en los sectores inferiores de la sociedad, aunque lo curioso es que también lo hizo en los altos, debido a la pureza de su mensaje en una Roma que, pasada la austera etapa republicana, se dejaba llevar por la molicie y el panem et circenses. Eso hace coincidir la ascensión del cristianismo con la decadencia del Imperio romano, lo que ha llevado a relacionarlas, aportando datos empíricos. Pero basta leer a los autores de la época, sobre todo a los satíricos y estoicos, para darse cuenta de que el Imperio romano fue víctima de sí mismo, de su éxito, de su grandeza, de su riqueza. Los descendientes de aquellos romanos que araban con la espada al cinto para defenderse en caso de ser atacados, para ir por la tarde al foro a debatir los asuntos urbanos y de aquellas romanas cuyas lápidas funerarias rezaban «guardó su casa e hiló», habían dejado paso a otros que encontraban mucho más cómodo encomendar la defensa de su Imperio a mercenarios extranjeros y dedicaban el tiempo libre a presenciar combates de gladiadores o de fieras. El panem et circenses se convirtió en el estilo de vida romana para todas las clases sociales y así no puede mantenerse un Imperio, como advertían las mentes más lúcidas. El cristianismo, con su mensaje de sobriedad y pureza, atraía tanto a los que se percataban de ello como a los que en los estratos más bajos deseaban una sociedad más justa.

El choque frontal, sin embargo, llegó por una cuestión más administrativa que religiosa o moral. En Roma, como queda dicho, se había establecido el «culto al emperador», que venía a ser algo así como un juramento de fidelidad a la máxima autoridad del Imperio. Pero los cristianos, que solo admitían la existencia de un Dios, no podían cumplirlo, lo que les convertía en enemigos del Estado. Si a ello se unía que los emperadores necesitaban un cabeza de turco para echar las culpas de las calamidades que de tanto en tanto sacudían la city, era inevitable que los cristianos terminarían siéndolo. Comienzan las persecuciones y se multiplican los mártires, dispuestos a morir por su causa. Puede imaginarse el impacto que tan gallarda actitud producía en una sociedad epicúrea, mitad republicana mitad monárquica, defendida por soldados bárbaros (como se llamaba a los extranjeros), cuyos generales luchaban a veces entre sí para ceñir la Corona imperial. Más, cuando los bárbaros de verdad conseguían cada vez con más frecuencia irrumpir por los límites del Imperio, el Rin y el Danubio, amenazando este.

La Paz Romana fue una paz en guerra, pues había que estar siempre listo a defenderse de una arremetida germana o, mucho más grave, asiática, sembrando la destrucción y la muerte. Nada de extraño tiene el auge del cristianismo y que arreciaran las persecuciones, llegando a su punto máximo bajo Diocleciano, que tras reorganizar el Imperio —dando la ciudadanía a todos sus habitantes, como si compitiese con la nueva religión—, reforzó sus fronteras y promulgó un edicto (305 d.C.) por el que se perseguía a los cristianos por el mero hecho de serlo, convencido de que eran un peligro para Roma. No sabemos exactamente cuántos murieron, pero ya era tarde para acabar con el nuevo culto, como comprobaría uno de sus sucesores, Constantino I. Este, al darse cuenta de la situación, publicó en 313 el Edicto de Milán, por el que se acababa con el culto estatal pagano en Roma, se decretaba el fin de las persecuciones y la devolución de los bienes expropiados a los cristianos. No hizo, sin embargo, al cristianismo religión oficial —algo que haría Teodosio en el 380— y él mismo no se bautizaría hasta poco antes de morir. Pero preparó el camino, no cabe la menor duda.

Lo más chocante, aunque la historia tiene estas paradojas, es que este triunfo del cristianismo ha sido considerado por bastantes como la pérdida de su virginidad espiritual, de que, al constantinizarse, la Iglesia comenzó un proceso que llevaría a la creación del Estado Vaticano y de un papa con poderes terrenales, que contradecía la máxima de Jesús de que su reino no era de este mundo. A la Iglesia católica le ha costado muchos siglos y muchos tragos amargos recuperar su inocencia, y no la ha recuperado del todo pese a los esfuerzos de los últimos Papas. Solo me queda añadir que en el camino hacia la conquista de los dos poderes, encontró innumerables y previsibles obstáculos. El primero, Juliano, sobrino de Constantino, que restableció el paganismo. La leyenda cuenta que al morir en una escaramuza en Mesopotamia dijo «Venciste, Galileo», refiriéndose a Jesús, pero no hay que darle mucho crédito, pues los primeros años del cristianismo están llenos de leyendas, siendo lo único seguro que se había extendido ya por todo el Imperio.

Este precisamente es el motivo por el que he dedicado especial atención al cristianismo, hasta el punto de encontrármelo entreverado con nuestra historia y convertirse para bastantes españoles en parte esencial de la misma, lo que ha obligado a decir a expertos tan ecuánimes y profundos como Antonio Domínguez Ortiz que «ningún tema de nuestra historia tiene orígenes tan oscuros, ninguno ha sido contaminado con tantas fábulas y leyendas como este».

El cristianismo debió llegar a Hispania, como a otros rincones del Imperio, en el siglo II, posiblemente en los barrios judíos, desde donde pasará a los de clase media. Otra vía de penetración fueron los soldados, que recibían un predio o finca rústica como jubilación, ya que estaba bastante extendido en el ejército.

Ahora bien, la predicación de Santiago el Mayor en España hay que descartarla ya que murió en Palestina antes de que los apóstoles se dispersaran y que sus discípulos lo trajeran, decapitado, para enterrarle en Iria Flavia, Galicia. La «historia» de las «luces de estrellas», Campus Stellae (Compostela), sobre su tumba, no aparece hasta el siglo VIII, con las peregrinaciones consiguientes, cuando la peregrinación a los Santos Lugares estaba copada por los mahometanos, y el Camino de Santiago era una alternativa. Visto con ojo cínico, puede considerarse uno de los reclamos turísticos más exitosos de la historia, pues dura hasta hoy.

Algo parecido puede decirse de la venida de san Pablo a España. Es verdad que el único ciudadano romano de los Apóstoles, el más viajero e internacional también, mostró en alguna de sus epístolas la intención de visitar Hispania, pero no hay, no ya pruebas, sino indicios fidedignos de que lo hiciese. Conviene advertir que el culto a la Pilarica es del siglo XIII, tras la aparición de la Virgen en el lugar donde se halla hoy su basílica. Por otra parte, los «innumerables mártires de Zaragoza» fueron exactamente dieciocho, a saber, los que abandonaron la ciudad cuando el prefecto Daciano tendió la trampa a los cristianos permitiéndoles abandonar la ciudad, para apresar a los que salían, masacrándoles. La leyenda hermoseó el episodio narrando que sus cadáveres fueron quemados junto a los de otros delincuentes comunes para que sus cenizas no pudieran ser veneradas, pero una lluvia providencial separó unas de otras, pudiendo distinguirse y venerarse en aquel lugar, donde se alza la iglesia de santa Engracia, que había sido martirizada con ellos. Ya en 1775, el padre Rico mostró escepticismo sobre el episodio, pero la fiesta de los «Innumerables Mártires» siguió celebrándose el 3 de noviembre, hasta que recientemente se la ha rebautizado como la de «santa Engracia y los protomártires de Zaragoza».

Todo ello, sin embargo, se funda en un hecho muy real. El cristianismo arraigó en Hispania muy pronto. Hay indicios en el siglo II, que se amplían en el III, y resultan abundantes en el IV. A comienzos del mismo, se celebra un concilio en Ilíberis (Granada) al que asisten 19 obispos y 24 presbíteros, la mayoría de la Bética, pero con representación de Évora, Cartagena, Toledo, Mérida y León, lo que muestra la amplitud del fenómeno y la importancia que daban a la unidad, mientras el Imperio romano se resquebrajaba. «Resulta significativo —apunta también Domínguez Ortiz— la ausencia de obispos gallegos y cántabros, las regiones menos romanizadas». Pero tanto o más significativo es que en Galicia precisamente surge una de las herejías más tempranas y potentes del cristianismo: el priscilianismo, de su fundador, Prisciliano, que uniendo el sentido panteísta de su tierra y las teorías gnósticas, predicaba un cristianismo de fuerte contenido comunal, en el que sus exégetas modernos han querido ver una raíz social. En cualquier caso, tuvo numerosos seguidores, pese a que el Concilio de Zaragoza (380) condenó su doctrina, lo que no impidió que sus fieles le nombrasen obispo de Ávila. Huyó a Tréveris donde, acusado de practicar magia, fue decapitado por orden del emperador Máximo. Hay quien dice, con tan buen humor como mala intención, que sus seguidores trasladaron su cadáver para enterrarle en el lugar donde luego aparecieron las estrellas sobre el del apóstol decapitado, con lo que la historia terminaría en doble salto mortal, al estar adorándose a un hereje por un santo. Tomémoslo más bien como producto de la fértil imaginación galaica.

Pero que ya en aquella edad temprana del cristianismo, España era uno de sus fortines vienen a confirmarlo, primero, sus mártires, luego, sus concilios, por último, el liderazgo que adopta en la fijación de su doctrina. Pues, en un principio, la naturaleza de Jesús, la virginidad de María, la resurrección de los muertos, el juicio final y otros asuntos de igual importancia no estaban determinados ni venían especificados en los Evangelios, lo que daba lugar a muy diversas interpretaciones, contradictorias entre sí, lo que ponía en peligro la nueva religión.

Ha de ser un español, obispo de Córdoba, consejero del emperador Constantino, quien, copresidiendo el primer Concilio Ecuménico, el de Nicea (325), imponga el Credo que aún hoy rezamos, el de «Creo en Dios Padre, todo poderoso, creador del Cielo y de la Tierra, como en su Hijo…», y, con él, los dogmas cristianos. Es como que, antes que Roma, España marca el rumbo del cristianismo, como ocurriría doce siglos más tarde en otro concilio no menos importante, el de Trento, donde los teólogos españoles marcan también la doctrina frente el protestantismo. España fue, en ocasiones, «más papista que el papa», y aunque mantuvo desencuentros con algunos de ellos, por lo general recorrieron el mismo camino y combatieron en el mismo bando. Con final feliz en ocasiones —Lepanto—, desafortunado otras —las Guerras de Religión, las Carlistas—, como ocurre cuando se unen armas y dogmas.

Hispania es la primera versión de España. Una provincia del Imperio romano, con las características comunes a este —lengua, cultura, organización, leyes—, pero con rasgos propios, a la cabeza de los cuales pondríamos su diversidad. Hay partes en ella, como la Bética, enormemente romanizadas, mientras a otras, como las cántabras, apenas llega. Conforme nos alejamos de la costa mediterránea y nos adentramos en el interior, crece el espíritu arisco, montaraz, indócil de sus habitantes, lo que no impide, al revés, facilita que se les compre y engañe fácilmente.

3
¡VENGO DE LOS GODOS!

Nunca tan pocos fueron tan determinantes. Me estoy refiriendo a los visigodos, que dejaron una huella en España muy superior a la de sus genes, obras o éxitos, que fueron bien pocos. Pero dejaron un «modo de ser», fundado en una superchería, que resultó determinante para el destino de España y de los españoles por los siglos venideros. Incluso hoy quedan ecos de ella. La expresión «¡Vengo de los godos!» dicha con voz grave y ademán altanero fue tal vez la más típica y repetida en los siglos que los hidalgos españoles descubrían mundos, conquistaban países y pasaban «hambre imperial», para marcar diferencias con moros y judíos.

El embeleco empieza por considerar el primer reino de España el visigodo. No. El primer reino de España fue el suevo, otra tribu germánica —Suabia, al suroeste de la actual Alemania, con capital en Stuttgart— que llegó a Hispania con las primeras invasiones bárbaras, pero que, a diferencia de los vándalos, que llevados por su propio impulso pasaron al norte de África, o de los alanos, derrotados por los visigodos, los suevos se asentaron en Galicia y buena parte de León, extendiéndose por la Bética y la Cartaginense en tiempos de Requila, el más notable de sus reyes. Incluso renunciaron al paganismo y abrazaron el catolicismo en el reinado siguiente, el de su hijo Requiario, antes que los visigodos. Sería Leovigildo, rey de estos, quien acabaría con el reino suevo, convirtiéndolo en un pie de página de nuestra historia.

Los visigodos llegaron a Hispania un tanto de rebote. Rama occidental del pueblo godo, establecida en lo que hoy es Ucrania, o sea que eran eslavos, inician bajo Alarico una marcha a través de la Tracia, Grecia y la propia Italia, donde llegan convertidos por el obispo Ulfidas al arrianismo, rama del cristianismo que negaba la divinidad de Jesucristo, una de las mayores herejías de la antigüedad. Instalados en Roma como huéspedes incómodos, el emperador Honorio, para quitárselos de encima, les concedió como «federados» un amplio territorio al sur de las Galias —lo que hoy se conoce como Midi— y prácticamente toda Hispania si eran capaces de quitársela a suevos y alanos, con lo que mataba dos pájaros de un tiro.

De tal tarea se encarga el sucesor de Alarico, Ataúlfo, cuyos planes no podían ser más ambiciosos: sustituir el Imperio romano por un Imperio godo, para lo que se había traído de Roma a Gala Placidia, la hermana del emperador Honorio, como prisionera. Pronto se convencería de lo ilusorio de sus planes: ni los romanos estaban tan derrotados como parecía —le habían cortado sus fuentes de suministro— ni los demás «bárbaros» estaban tan dispuestos a unirse para crear un imperio. Además, tenía en la nuca el aliento de los francos, que tras convertirse al cristianismo, buscaban el dominio completo de las Galias. Así que se decidió por lo práctico: hacer las paces con Honorio, casarse con su hermana y dirigirse a Hispania, ya como aliado y representante de Roma.

La escenografía histórica nos los presenta entrando en Barcelona con Gala Placidia atada a la grupa de su caballo. Algo poco probable, pues tuvo seis hijos con ella, que posteriormente serían asesinados junto a él por su sucesor, Sigerico, que no quería discusiones de herencia. La señora debía de tener más madera de gobernante que su hermano, pues al enviudar y de nuevo en Roma, contrajo matrimonio con el emperador Constancio III y, muerto este, regentó el trono, conservándolo, lo que en aquellos tiempos era toda una proeza, durante la minoría de edad del hijo de ambos, Valeriano III.

El primer problema que van a encontrar los visigodos en Hispania, aparte de las otras tribus germánicas, es el de su inferioridad numérica. Son entre 200 000 y 300 000 frente a más de 5 000 000 hispano-romanos. El segundo problema es la religión. Los hispano-romanos eran católicos mientras ellos eran arrianos, y ya sabemos que los cismas religiosos son más profundos que los políticos. Por último, estaba el problema de las leyes. La población local venía rigiéndose por el Derecho romano, mientras ellos se regían por el código germánico, o códigos, que ni de lejos tenían la amplitud, rigor, estructura y sofisticación de aquel. El peligro de ser absorbidos por la gran masa local era evidente y así hubiera ocurrido de no venir en auxilio de los invasores una característica típica de los indoeuropeos: el racismo. De ahí que aunque el matrimonio entre ambas comunidades estaba prohibido por ley, no fueran necesarios tribunales especiales para implantarlo. Los visigodos se encierran en su pequeño círculo, formando una clase noble de guerreros según avanzan por la Península. Toledo era la capital de su reino y conservaron como seña de identidad sus normas, aunque muchas de ellas no pueden calificarse precisamente de avanzadas: si bien la casta militar constituía el segmento más alto de la sociedad, no tenían fijada la sucesión de rey, jefe o caudillo, que, aunque solía ser el hijo del monarca fallecido, podía recaer también en el guerrero más prominente. Pero no era extraño que el sucesor fuera el asesino del monarca anterior, junto a sus hijos. De ahí la expresión «sucesión goda», para describir el matar al padre para ocupar el trono. Algo que complicaba el gobierno y —si me permiten el desahogo—, complicaría los estudios de los niños españoles muchos siglos después, pues aprenderse la lista de los reyes godos era uno de los mayores engorros del bachillerato. Esfuerzo que sospecho que hoy ni siquiera se exige a los estudiantes de Humanidades en la Universidad. Aunque tan feroz costumbre no parece haberse olvidado del todo en España, pues algunos partidarios de don Juan de Borbón se la echaban en cara a don Juan Carlos, en voz baja, desde luego.

Entre esos reyes, Leovigildo es sin duda el más destacado. Fue el que completó el reino visigodo en Hispania, acabando con el reino suevo en Galicia y con los asentamientos bizantinos en el sureste de la Península, además de aplastar las rebeliones en la Bética, y someter a cántabros y vascones en la medida en que se podía, que no era mucho. Para ello, fundó Vitoria como plaza fuerte para controlar a estos últimos.

Pero fracasó en lo fundamental: la cuestión religiosa. Puso todo su empeño en convertir al arrianismo a los hispano-romanos católicos, pero hasta su propio hijo, Hermenegildo, a quien había confiado la administración de la Bética, se convirtió a esta fe, sublevándose contra él con el apoyo de los terratenientes locales. La sublevación, como queda dicho, fue aplastada, Hermenegildo, apresado y asesinado. Hoy es santo.

Su padre firmó todo tipo de autos de represión contra los católicos, sin conseguir otra cosa que aumentar la resistencia, y conforme avanzaba en edad, fue aflojando la mano, habiendo incluso quien dice que promovió la conversión de su otro hijo, Recaredo, al darse cuenta de la inutilidad de su esfuerzo.

Algo que no fue bien recibido por la nobleza goda, temerosa de que disminuyese su papel preponderante en aquella sociedad y, ya como rey, Recaredo tuvo que afrontar hasta tres sublevaciones, una en Mérida; otra en Toledo mismo, en la que participó su madrastra, Gosuinta, que se suicidó al verse descubierta; y la tercera en las posesiones francesas que aún conservaba. Vencidas todas ellas, Recaredo convocó el III Concilio de Toledo (589), en el que se abjura del arrianismo y se declara al catolicismo religión del reino, convirtiéndose a él la mayoría de los obispos y nobles visigodos. Es el inicio de un largo, larguísimo matrimonio entre el Estado español y la Iglesia católica. En el concilio siguiente, el IV (633), se confirma «la cristiana monarquía», vigente, con cortos lapsus y matices, hasta hoy.

Hay otras medidas importantes: se autoriza el matrimonio entre godos e hispano-romanos, con lo que comienza a homogeneizarse la población, aunque dando siempre prioridad al godo, y se prohíbe a los judíos tener siervos cristianos. Es la primera de una serie de medidas antijudías que irán acentuándose a lo largo no ya de los años, sino de los siglos, con persecuciones y expulsiones. Las que se tomaron en el VI Concilio (638) son de claro matiz eslavo-germánico y muestra la resistencia goda a diluirse. Se castiga severamente la sedición, pero se regula —y en ciertos casos, se autoriza— la venganza familiar, para lo que se establecen los grados de parentesco, una forma de regular la pureza de sangre, así como los deberes militares que corresponden a cada uno. El rey tiene la última palabra en todas las cuestiones, pero para serlo, debe ser aclamado o ratificado con un concilio, lo que convierte a estos en un embrión de parlamento o, mejor dicho, Cámara Alta, pues en ella solo están los señores y obispos. Se fijan también las condiciones para ser rey: no ser tonsurado, ni de origen servil, sino de «estirpe goda y de costumbres dignas». Lo primero era fácil de certificar dada la escrupulosidad con que los visigodos habían procurado no mezclarse con los locales. Lo segundo ya era más aleatorio y suponemos que se refería a cualidades más militares que civiles, aunque tampoco debía de ser fácil reinar en aquella sociedad bilateral. El rey era un jefe militar de prestigio elegido por una asamblea de notables, encargado de defender el reino y de hacer cumplir las leyes de la comunidad, en las que la costumbre prevalecía sobre el código escrito. Aunque, inevitablemente, ambos derechos, el germánico y el hispano-romano, irían fundiéndose poco a poco, menos en las zonas rurales, donde la romanización no había sido muy profunda y se da un salto del derecho tribal al germánico, que era, a fin de cuentas, un derecho tribal con un fuerte contenido de clan o tribu.

El Aula Regia, que es la versión visigoda del Senado romano, colabora con el rey en la confección de leyes, mientras la Corte Palatina (siempre de estirpe goda) está compuesta por condes, jefes de espatarios o guardia real, caballerizas y otras dependencias de palacio.

Se ha querido ver en los Concilios de Toledo un precedente de las Cortes medievales, que aconsejaban al rey en cuestiones judiciales, eclesiásticas y militares, pero el grado de poder dependería del monarca, de su firmeza, visión y prestigio. Lo indudable es que, conforme se difuminaba la autoridad del Imperio romano, iba aumentando la influencia de la Iglesia católica, que incluso asume las diócesis y conventos jurídicos romanos para su división administrativa en obispados y arzobispados, con un papel cada vez más relevante en los asuntos de Estado, como autoridad intelectual y moral. Por lo que no es exagerado decir que, en Hispania, tal papel alcanzó un nivel muy alto, solo superado en Italia, que se convirtió de hecho en la heredera del Imperio romano con los Estados Pontificios.

La corte visigoda

Nos habíamos quedado en Recaredo. Su alianza con el clero y la unificación de la fe de sus súbditos le permitió concluir su reinado tranquilo y morir en la cama de muerte natural, algo que no había podido permitirse buena parte de sus antecesores. Se puede considerar casi como un primer ensayo de colaboración entre la Iglesia católica y el Estado español que va a ser una de las constantes de nuestra historia.

Pero los cimientos de aquel Estado eran frágiles por la propia estructura de la sociedad, que discurría en dos planos paralelos, arriba el visigodo, abajo el hispano-romano, una grieta que perduraría en el tiempo y que frenaba la creación de una conciencia colectiva. Las costumbres eran mixtas y en la justicia, por ejemplo, podía llevar a dictar sentencias opuestas, ya que el Derecho romano tendía a la horizontalidad, mientras el visigodo lo hacía a la verticalidad. Así, mientras entre los hispano-romanos la herencia del padre se repartía entre los hijos, entre los visigodos iba al primogénito, por lo que no son de extrañar los fratricidios que se cometían. Pero que el Fuero Juzgo (visigodo) estuviera vigente en España hasta el siglo XIII advierte de la persistencia de aquella dualidad social.

La Iglesia hacía de mediadora y san Isidoro, obispo de Sevilla, hijo de padre hispano-romano y de madre goda, la figura más relevante de la época, escribe en su Historia Gothorum:

De cuantas tierras se extienden de Occidente hasta la India, tú eres la más hermosa, oh sagrada y feliz España, madre de príncipes y de pueblos. Con razón puede llamársete reina de las provincias, pues iluminas no solo el Océano sino también el Oriente. Tú, honor y ornato del mundo, la más ilustre porción de la tierra donde florece y recrea la gloriosa fecundidad del pueblo godo…

Ningún nacionalista antiguo o moderno hablaría con más pasión ni puede darse acta de nacimiento más sonora de un nacionalismo. Así lo han interpretado innumerables estudiosos y así figura en la historiografía oficial. Pero hay importantes agujeros en tal interpretación. El primero es que, dada la escasez de documentos de la época, no hay certeza sobre el grado de mezcla de ambas sociedades, requisito imprescindible para poder hablar de nación. Por los indicios podemos deducir que no era profunda ni extendida. Como queda dicho, no solo el rey era godo, sino que el Aula Regia, la Corte Palatina y el estamento militar estaban formados exclusivamente por godos. La Iglesia era más abierta y entre su jerarquía abundaban los hispano-romanos. El hecho de que en los Concilios de Toledo se abordaran no solo asuntos eclesiásticos, sino también judiciales y administrativos, hizo que se transformaran, en cierto modo, en canal de comunicación entre ambas sociedades. El que los reyes necesitasen la aprobación de tales concilios para comenzar su reinado les dio un inmenso poder, pero también los convirtió en nidos de intrigas cortesanas, que fue el punto débil de la monarquía visigoda.

España era por primera vez una unidad independiente. Pero su fragilidad estaba en su cabeza. El pulso que el establecimiento nobiliario mantenía con el monarca la hacía vivir sobre la cuerda floja, descuidando a los enemigos exteriores, como bizantinos y árabes, que miraban con ojos codiciosos un reino famoso desde la antigüedad por sus riquezas. Un buen ejemplo fue lo ocurrido con Wamba, víctima de un complot palaciego en el que intervinieron todos. Se le administró una pócima sin que se diera cuenta y, aprovechando su desvanecimiento, le hicieron la tonsura clerical, lo que, teóricamente, le incapacitaba para ceñir la Corona, por lo que se le envió de inmediato a un monasterio, para investir como rey a Ervigio en el XII Concilio de Toledo (680), lo que prueba el envolvimiento de altos funcionarios eclesiásticos pese a lo burdo del complot.

Pero eso no fue nada comparado con lo que ocurrió al morir Witiza en 710. Don Rodrigo, duque de la Bética, encabeza una revuelta de nobles para impedir que Agila II, hijo del monarca fallecido, fuese coronado. Lo consigue y consigue también que se le eligiera en asamblea como sucesor. Pero a los partidarios de Witiza, faltos de otros recursos, no se les ocurre nada mejor que solicitar la ayuda de los árabes, que en su galopada por el norte de África habían llegado hasta el estrecho de Gibraltar y contemplaban ansiosos la fértil vega andaluza. Para colmo, se les une el gobernador de Ceuta, el conde don Julián. Un primer intento de asalto fue rechazado sin mayores problemas, pero el segundo, capitaneado por Táriq ibn Ziyad, trajo la derrota del ejército visigodo y la muerte de don Rodrigo en las márgenes del río Guadalete. Aquello significó el final del reino visigodo, pues la resistencia que pudo ofrecer Agila II fue prácticamente nula. Lo que prueba que el reino visigodo tenía fundamentos muy débiles. Si en las ciudades la soldadura de ambas sociedades fue frágil, en el campo no parece que llegara nunca, y el descontento en la clase rural debía ser grande como apuntan las fortísimas penas impuestas tanto a los siervos fugitivos como a cuantos les proporcionaban cobijo.

Otro signo de la descomposición fue el multiplicarse de los anacoretas, individuos que vivían «de las hierbas que recogían», y de los monasterios, dedicados a la oración y el trabajo, auténticas comunas bajo la férrea disciplina de la orden y el abad.

Todos esos signos —la dualidad de planos sociales, el papel creciente de la Iglesia en la sociedad civil y en el gobierno, el cainismo, el egoísmo de las élites y la obsesión por la pureza de sangre— aparecen ya en este primer o segundo reino español. Es verdad que se dieron también en todos los demás que surgieron del desplome del Imperio romano, pero no con tanta fuerza. Lo que menos se entiende es que la leyenda de su fracaso resuene a lo largo de toda la Edad Media con aire de romance bajo el nombre de «la pérdida de España».

Poco hay que añorar de la España visigoda y sí mucho que aprender, algo —dicho sea de paso— que aún no hemos hecho.

Una observación que puede servir de corolario a este capítulo, corto pero de largo recorrido en nuestra historia: en su España invertebrada, Ortega atribuye esa desvertebración a que los visigodos llegaron a Hispania demasiado romanizados, «borrachos de romanismo» dice en su prosa modernista, frase que hizo fortuna y se ha quedado grabada en mil lugares. Lo atribuyo al momento en que fue pronunciada, en la que el racismo infectaba hasta los últimos rincones de la atmósfera cultural y política, y se discutía sobre cráneos dolicocéfalos y braquicéfalos. Es una de las pocas cosas con la que disiento del maestro; radicalmente, además. El problema no fue que los visigodos llegaron a Hispania demasiado romanizados, más bien al contrario: llegaron demasiado poco romanizados o, dicho de otra forma, eran todavía demasiado «bárbaros». Les hemos visto defendiendo con uñas y dientes su derecho vertical, su sentido de la jerarquía y, por qué no decirlo, su racismo social y genético. Nos transmitieron esos virus en lo que a la organización y gobierno respecta, mientras el Derecho romano, como su sentido de la jerarquía y de las relaciones sociales, tiende a ampliarse como las ondas en un estanque. El romano fue un Imperio que nunca olvidó sus raíces republicanas, al menos como ideal, ya que en la práctica hubo emperadores que actuaron como dictadores. Mientras entre los visigodos el jefe, el conductor, el caudillo era de por sí el máximo líder, al que solo podía sustituir otro más máximo que él. De ahí que el Imperio romano, asentado sobre las bases de la universalidad, tendiera a romanizar a cuantos países y pueblos iba englobando, algo que heredaría la Iglesia católica y en cierto modo la convertiría en su sucesora cuando el Imperio se desplomó. Los visigodos no llegaron nunca a tener ese sentido universal. Ellos no dieron nunca el salto cuántico que significa pasar de la tribu como unidad social, del «pueblo» en el sentido étnico, a una comunidad más amplia, para convertirse en nación, lo que fue la causa principal de su eterno fraccionamiento pese al esfuerzo de sus líderes. Solo Carlomagno, el más romanizado de ellos —Karl der Grosse para los alemanes, quienes le consideran su emperador tanto o más que los franceses—, intentó algo parecido, pero el esfuerzo duró lo que su reinado. El mismo Sacro Imperio Romano Germánico, pese a su bombástico nombre, era más un conjunto de pequeños reinos que un verdadero Imperio. Otro tanto le ocurriría al Imperio de los Austrias, cuya Corona asumieron durante un par de siglos los monarcas españoles. Se trataba de un mosaico de países muy distintos en costumbres, economías y jurisdicciones, que nunca lograron alcanzar una unidad de propósito y destino.

Todo ello me lleva a la conclusión apuntada: el problema de España no fue que el pueblo que estableció su primer reino llegó demasiado romanizado, sino el revés, que llegó demasiado poco romanizado. Los visigodos eran todavía demasiado godos, siendo esa la causa última de la destrucción de su reino. De haber estado lo suficientemente romanizados, como estaban los franceses, ya convertidos al catolicismo bajo Clodoveo, hubieran derrotado a los árabes cuando intentaron invadir su país, tras ocupar el nuestro, como hizo Carlos Martel. Por no hablar de los traidores internos, como don Rodrigo.

Para terminar de estropearlo, los invasores árabes —que se quedarían nada menos que ocho siglos—, tampoco tenían un sentido de unidad nacional, contra el que atentaba la costumbre visigoda de que los monarcas repartiesen el reino entre hijos e hijas al morir. Así se explican las dificultades que hemos tenido hasta el día de hoy para obtenerla y afianzarla. Lo que nos lleva directamente a ese cajón de sastre llamado Edad Media.

Aunque los visigodos figuran como los creadores del primer reino español, la impronta que dejaron en España es más mítica que real. Pero como los mitos tienen más peso que la realidad, su huella —guerrera, nobiliaria, exclusivista— quedó grabada en el subconsciente español durante la Edad Media, al ser tiempos en que el guerrero figuraba en la cumbre de la pirámide social, con consecuencias desastrosas en la Edad Moderna, en que empiezan a regir otros valores, normas, actitudes y clases sociales.

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EL ROMPECABEZAS MEDIEVAL

«¿Puede llamarse Reconquista a algo que dura ocho siglos?», leí en algún sitio que ahora no recuerdo. Se necesita mucha imaginación. Sobre todo si pensamos que con un reducido contingente (¿12 000 hombres de Táriq, 18 000 de Muza —o Musa ibn Nusair—?), los árabes se apoderaron de la Península en solo siete años, que de hecho fueron cuatro: de 711 a 715, cuando estaban ya en el norte. Así que hay que andarse con cuidado al utilizar conceptos y palabras altisonantes como Reconquista, y la primera pregunta que surge es ¿cómo fue posible la rapidísima conquista de Hispania por parte de las huestes de Muza y Táriq? La respuesta está en el capítulo anterior: la descomposición del reino visigodo, cuyas luchas intestinas llevaron a sus dirigentes no solo a aniquilarse entre sí, sino al extremo de buscar apoyo en el enemigo exterior contra el rival en casa. Un rasgo que se mantiene en el carácter español hasta nuestros días, reflejado en la frase «¡Cuerpo a tierra que vienen los nuestros!», atribuida a aquel genio de la política que era don Pío Cabanillas. El propio don Rodrigo, traicionado por los partidarios de Witiza, fue víctima de su anterior traición a ellos. Ante lo que el conde don Julián no sería un traidor, sino un legitimista, como sostiene Juan Goytisolo llevando la tesis a su extremo. Aunque no menos cierto es que, con los medios de transporte de aquella época y dada la abrupta orografía del país, los árabes no hubieran podido estar en Asturias en 718 o antes, de haber encontrado una mediana resistencia por parte de la población local. Parece probable que algunos nobles godos, con Agila II al frente, intentaron oponerse. Pero eran demasiado pocos —el castigo de su resistencia a mezclarse— mientras la gran masa de la población hispano-romana tuvo que adoptar una actitud pasiva ante los nuevos invasores e incluso hay pruebas de que parte de la élite visigoda buscó el pacto con ellos, eso sí, manteniendo estos la plena autoridad.

Por su parte, siervos y esclavos vieron la oportunidad de mejorar su situación haciéndose mahometanos, que les manumitía, algo que tentó también a un número impreciso de hispano-romanos, pues libraba de pagar el impuesto a los que no profesaban la fe islámica. Facilitaba las cosas que los nuevos amos eran menos altivos que los anteriores, especialmente con los judíos, dado el antijudaísmo (hablar de antisemitismo es un error de bulto en el que caen bastantes, ya que se trata de dos pueblos semitas) casi instintivo de los godos. De ahí el rumor persistente de que contribuyeron a la invasión árabe, algo no demostrado y que, en cualquier caso, no sería decisivo, pues la ayuda que les prestaron los seguidores de Witiza fue más que suficiente.

Otra consecuencia importante de esta conquista musulmana es que España se desengancha de la Europa medieval, provocando su primer aislamiento histórico. No participó, por tanto, en los intentos franco-alemanes de reconstruir el Imperio romano, primero con el Carolingio, luego con el Sacro Imperio Romano Germánico, con excepción de la apuesta —frustrada— de Alfonso X. Tampoco participó en las Cruzadas, al tener una Cruzada dentro de casa contra los árabes o moros. Tampoco participamos en la Guerra de los Cien Años, entre franceses e ingleses, que nos quedaba lejos. Participamos, en cambio, en los concilios e incluso en cismas, con interesantes consecuencias para nosotros de las que también hablaremos y confirman la importancia de la religión en nuestro devenir histórico.

Tras exponer, espero que satisfactoriamente, las razones de la rápida conquista de Hispania por parte de los árabes, la siguiente pregunta es ¿por qué duró tanto la Reconquista? Y la respuesta es casi copia a la anterior: porque los cristianos pasaron más tiempo luchando entre ellos que luchando con los moros. Venía ya impuesto por la norma gótica de gobierno que dictaba que en lugar de heredarse la Corona automáticamente tendía a una monarquía electiva entre los nobles, reforzada por la costumbre de dividir el reino entre los hijos e hijas. No cabe duda de que era digno de destacar por su modernidad, pero, en el caso de un reino, significaba una continua fragmentación de fuerzas, que frenaba el impulso frente al invasor. Lo que solía ocurrir era que el hijo más audaz y guerrero dedicaba la primera parte de su reinado a arrebatar su heredad a hermanos y hermanas, y una vez que lo había conseguido, arremetía contra el enemigo común, que muchas veces se había aliado con ellos en su defensa. La Reconquista se convierte así en una tela de Penélope que los monarcas más competentes tejen durante su reinado, para deshacerla en su testamento.

No es de extrañar, por tanto, que la Reconquista durase ocho siglos. He contado hasta 87 reyes de Asturias, León, Castilla, Aragón y Navarra. Pues bien, de ellos, solo 13 pueden considerarse auténticos reconquistadores. Los demás tuvieron bastante con retener y repoblar sus reinos. Es más, Miguel Ángel Ladero habla de «la gran Reconquista, ocurrida entre los años 1212 y 1266», en que se hicieron los mayores avances. Cincuenta y cuatro años de casi ochocientos. El resto fueron escaramuzas con los moros, treguas armadas, paz comprada con tributos o luchas con los vecinos cristianos.

Otro rasgo peculiar del periodo fue la «repoblación». Como queda dicho, el avance árabe fue tan rápido como lento fue su retroceso. No había tiempo para escapar y de hecho, solo huyó parte de la nobleza goda, el resto de la población se quedó en sus casas o tierras. Aunque algunos se convirtieron al islamismo, la mayoría decidió seguir siendo cristiana, dado que aquellos islamistas, al contrario de los actuales, no obligaban a nadie a adoptar su fe, siempre que pagaran un tributo especial, que tampoco era tan alto. Lo que no hacían de ninguna manera era matarles, pues se quedaban sin ese tributo (hay veces, como ven, en que la historia parece retroceder). Los cristianos bajo dominación árabe pasaron a llamarse mozárabes, pudiendo seguir practicando sus oficios, normas y ritos bajo los llamados «condes», encargados del precario gobierno de sus comunidades. Encerrados en estas, acosados en ciertos momentos y lugares, conservaron su civilización, eso sí, con usos y vestimenta árabe, pero sin evolucionar, incluso cuando se sublevaron contra un alcaide demasiado estricto o fueron liberados por los reyes de León y Castilla en su avance por la meseta. Constituyeron, por tanto, una parte importante de la «repoblación» de las tierras desérticas conquistadas. Había que llenarlas de habitantes para hacerlas productivas y no eran bastantes los que se prestaban a ello, ya que los riesgos eran muchos: en cualquier razia musulmana podían perder no solo cuanto tenían, sino también la vida, así como la de su familia. Las recompensas que se les prometían tampoco eran pocas: prácticamente el usufructo de las tierras que se les habían asignado y la condición de hombres libres, con la única fidelidad al rey, siempre lejano. Es el origen de los fueros o privilegios, tan abundantes, sobre todo en Castilla, que van mucho más allá que el código visigodo, llegando a contraponerse a él. Aunque hay abundantes, destaca el Fuero de Sepúlveda, que sirvió de modelo a otros muchos. La oferta que se hacía a quien se ofreciera a repoblar un lugar expuesto no estaba nada mal: «Impunidad al que llegaba con mujer ajena o con bienes producto de rapiña; protección durante un mes de los bienes que el nuevo poblador dejaba en su lugar de origen; equiparación judicial con los infanzones; posesión total del tesoro hallado sin tener que dar nada al rey o señor (el hallazgo de tesoros no era infrecuente, pues durante las invasiones bárbaras fueron muchos los que enterraron sus joyas y monedas, sin llegar a vivir para desenterrarlas); casi una inmunidad penal, al reducirse a una octava parte la caloña o multa por el homicidio cometido por el hombre de Sepúlveda contra otro castellano». O sea, unas normas de manga tan ancha que hizo decir a Galo Sánchez: «Castilla, tierra sin leyes, será la patria del derecho libre». Aunque tan sin leyes no estaba, pues bajo Pedro I, bajo la supervisión y aprobación del rey, se compiló en 1356 el Fuero Viejo de Castilla.

Si al lector le ha asombrado la permisividad que destilaban estos fueros, sobre todo teniendo en cuenta que era una época en la que el pueblo llano del resto de Europa estaba formado por siervos de la gleba (y del señor), prepárense para oír lo que pasaba, en la otra esquina de la Península. En Cataluña se ofrecía lo siguiente a quienes estaban dispuestos a repoblar Cardona: «Todos los que traigan bienes para vivir, los tendrán a perpetuidad (se supone que sin preguntar cómo habían sido adquiridos). Se les cederá el cuarto del toloneo, y no pagarán otro censo (tributo) que los diezmos y primicias debidas a la Iglesia. Si entre ellos vinieran siervos y esclavos (fugitivos) o algún hombre amancebado con esposa de otro, o ladrón, o falsario, o criminal, estará seguro y tranquilo entre los otros habitantes (del lugar)». Lo que hace preguntarse si los otros habitantes del lugar se sentirían seguros y tranquilos teniéndolo como vecino, aunque lo más probable es que todos fueran de parecida calaña.

De lo que no queda la menor duda es de que leoneses, castellanos, navarros, aragoneses e incluso catalanes (pese a ser Cataluña la región más feudalizada) gozaban de bastante más libertad y menos servidumbre que sus contemporáneos europeos. Quedándoles siempre la posibilidad de escapar a tierras recién conquistadas para asentarse en ellas como manumitidos, sin que les pidiesen cuentas del pasado. Eso sí, corrían siempre el riesgo de que una recuperación por parte de los musulmanes les convirtiera en siervo de estos.

En esta lucha contra el «infiel», los reyes españoles tuvieron frecuentemente que conceder privilegios a las villas y ciudades que iban reconquistando, a fin de que organizaran su propia defensa. El otorgamiento de fueros y cartas pueblas, así como la organización comunal de poderosos concejos autónomos, no tiene parangón en la Europa de la época.

Lo que se va creando es algo aún más importante: una mentalidad de frontera, de lucha. Para el cristiano viejo, la única ocupación digna es la de las armas. Los «oficios» se dejan en manos de extranjeros o de minorías marginadas: la banca, a los judíos; la agricultura, a los moriscos (moros que se han quedado en territorios reconquistados por los cristianos, cuyo número no hace más que aumentar al extenderse la Reconquista); el comercio, a los francos, franceses, aunque hubiera de otras nacionalidades, que se establecían extramuros de la ciudades con sus mercancías —de ahí que se llamen «barrios francos»—, tras llegar huyendo de ambientes europeos más opresivos. Para el español de pro, en cambio, el único medio digno de ganarse la vida —o de perderla, claro— era la espada. Algo que pasaría a formar parte de su carácter y «estilo de vida», con sus ventajas e inconvenientes. Pues si la espada, como el caballo, en aquellos tiempos eran importantes, las restantes actividades son imprescindibles para que una comunidad funcione y florezca. Y lo serían cada vez más a medida que avanzaban las sociedades, mientras la espada y el caballo irían perdiendo importancia, dada la mayor contundencia de la pólvora, hasta convertirse en anacrónicos.

Nuestros «westerns»

Pero no adelantemos acontecimientos, estamos todavía en la Edad Media, que viene a ser algo así como la infancia y adolescencia de los países, naciones y Estados. Es un periodo de descubrimiento de los demás y de descubrimiento de uno mismo, de dulces sueños y amargas realidades, de fantasías y frustraciones, con las que vamos modelando nuestra forma de ser y quedan almacenadas en nuestra memoria como un lugar mágico en el que refugiarnos de mayores. Ocurre igual con los países, de ahí que todos ellos hayan mitificado hasta tal punto su Edad Media que incluso los vicios se hacen virtudes. Los alemanes, a sus Nibelungos; los franceses, a Roldán; los ingleses, a Ricardo Corazón de León, que por cierto prefirió pasar la mayor parte de su vida fuera de Inglaterra. ¿Y los norteamericanos, me preguntarán ustedes, cuál es su Edad Media, si nacieron ya en la Moderna, con la Constitución bajo el brazo? Responderé: su Edad Media, su epopeya, fue la conquista del Oeste, y sus héroes, los que aparecen en las películas de John Ford, John Wayne y demás, dispuestos a imponer la ley y defender a los desvalidos de los malvados, que en un principio eran los indios, pero que ahora ya no lo son, porque en la Edad Media verdad y mentira andan entremezcladas. De ahí que uno deba andar con mucho cuidado por ella. Sobre todo, por sus interpretaciones simplistas.

En nuestro caso específico, no podemos pasar por alto las dos interpretaciones más famosas de nuestra Edad Media, que han dado lugar no ya a dos escuelas, sino a dos bandos enfrentados a muerte cultural e históricamente, ¡hasta ahí podíamos llegar! Los bandos son los sanchezalbornocistas y los americocastristas, con tesis opuestas sobre aquel periodo. Tras haber rastreado por todo tipo de archivos y partiendo del estudio del reino de Asturias, don Claudio Sánchez Albornoz llegó a la conclusión de que España se forja durante la Reconquista, en la que asume la representación cultural de Occidente y de la fe cristiana frente al islamismo, lo que la marcará para siempre. Don Américo Castro, con una vista más panorámica se convirtió, con su libro España en su historia, en portavoz de los que la ven como lugar de encuentro de tres culturas que son a su vez tres religiones, la cristiana, la musulmana y la judía, algo que quedará para siempre en su carácter.

Sin duda hay argumentos para defender una y otra teoría. Pero también los hay para oponerse a ellas. Por lo pronto, la Edad Media abarcó un espacio de tiempo demasiado largo, demasiado complejo, demasiado turbulento, como para reducirla a esquemas tan simples como hacen ambos historiadores. Estamos ante un periodo de lenta expansión de los reinos cristianos, con frecuentes luchas entre ellos y de treguas intermitentes con el invasor, por lo que reducirlo a «la lucha contra el infiel» induce a error. Al final, sí, se expulsó a los árabes. Pero entre tanto ocurrieron en la península ibérica demasiadas cosas y demasiado importantes como para no dejar huellas permanentes y poder ignorarlas sin desvirtuar el cuadro general.

Del mismo modo, presentar la España medieval como un oasis de convivencia y ejemplo de unidad en la diversidad chocan con una serie de hechos que contradicen también tamaña simplificación. Es verdad que en aquella España convivieron judíos, musulmanes y cristianos, en algunos momentos incluso con armonía y provecho para todos. Pero no es menos cierto que dicha convivencia fue mucho mayor en la parte árabe que en la cristiana, donde solo se produjo en periodos aislados y lugares precisos. Además, fue deteriorándose a medida que avanzaba la Reconquista, de forma que, a partir de la mitad de la misma, surgió la desconfianza, incluso en la parte musulmana, cada vez más constreñida. Al final, hacia el siglo XIV, en la parte cristiana, abundan las persecuciones y hasta progroms. Hablar, pues, de «la España de las tres culturas» es, cuando menos, una exageración. Hubo dos culturas perfectamente diferenciadas, la cristiana y la musulmana. No podía ser de otra forma dado el rigor de las religiones en que se asentaban, con una tercera, la judía, tratando de servir de puente entre ambas. El roce diario trajo sin duda influencias mutuas, sobre todo en hábitos y costumbres, que quedarían impresas en el carácter nacional. Pero también es cierto que la obligada convivencia hizo que unos y otros subrayaran sus rasgos diferenciales, que los elementos más fanáticos de sus respectivas comunidades se encargaban de potenciar. En resumen: la Edad Media española fue al mismo tiempo una lucha y un abrazo, un rechazo y un saludo, una amputación y una ampliación. Pero, sobre todo, fue, como todas las edades medias, una saga, una epopeya, un cantar de gesta.

Ahora, llega el momento de avalar todo lo dicho con más datos de los que hemos aportado.

Moros y cristianos

El desmoronamiento de la España visigoda, como queda dicho, fue tan espectacular como penoso. A la vergüenza que supone la nula capacidad de defenderse de un pueblo como el visigodo, que había puesto a los guerreros en la cúspide de su pirámide social, se unió la pasividad de la gran masa hispano-romana, sobre todo del campo, parte de la cual adoptó la fe de los invasores, sin que pueda atribuirse tan solo a la ventaja de no pagar el tributo por infiel, sino también por resultarle más accesible. Mientras el cristianismo se apoya en un Dios Trino y Uno, o en dogmas como la transubstanciación del pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, el islam es todo sencillez, con normas sobre la alimentación adecuada, la higiene personal o los ejercicios diarios fáciles de entender. Eran normas muy adelantadas para su tiempo y que aún hoy tienen éxito entre quienes no han tenido fe o dogma alguno. Las cárceles norteamericanas y europeas crean tantos o más yihadistas que las mezquitas.

Parte de la nobleza goda, sin embargo, prefirió refugiarse en las montañas del norte, donde la ola musulmana llegó con vigor amortiguado. Es como nace el reino de Asturias, cuna de la Reconquista, entre la historia y la leyenda. Se fija el nacimiento de esta en la batalla de Covadonga, hacia el año 718, donde, con la intersección de la Virgen del mismo nombre, las huestes de don Pelayo infligen la primera derrota a los moros. Venía presentándose a don Pelayo como un noble visigodo dispuesto a colaborar con los árabes, que habían fijado su corte en Córdoba. Pero, descontento sin saberse las causas, marchó al norte con su familia, donde supuestamente se opuso a que su hermana se casara con el gobernador de Gijón que la pretendía, lo que le movió a enfrentarse con ellos en la mítica batalla de Covadonga. Ricardo García Cárcel nos ha advertido de que «sobre don Pelayo no hay referencias históricas hasta el siglo X y su mito no se desarrolla hasta el XII, en que Alfonso X lo convierte en descendiente del rey godo Chindasvinto».

Hago aquí un inciso para apuntar que en su interesante Historia del poder político en España, José Luis Villacañas sitúa el comienzo de la verdadera Reconquista bastante más tarde, cuando por influencia francesa llega también la idea de «cruzada». Este autor la ve como empellones hasta alcanzar el próximo río, dándola por concluida hacia 1350, con la batalla del Salado, un afluente del río de la Jara, muy cerca del Guadalete, donde curiosamente empezó la invasión musulmana. Estimación razonable, siempre que se considere la conquista de Granada como un hecho aparte.

Respecto a Covadonga, es probable e incluso lógico que hubiera un encontronazo militar en aquellos riscos, dado que los astures se habían opuesto a todos los invasores. Lo que está por determinar es el grado del mismo: una verdadera batalla es difícil de imaginar en tales parajes, más bien una escaramuza, tal vez una celada en un desfiladero, con árabes muertos, más los que se ahogaron en la retirada, la primera a la que se veían obligados desde su desembarco triunfal en la otra esquina de España. No es extraño que se convirtiera en mito y que los nobles visigodos allí refugiados lo tomasen como un signo de que la Providencia Divina estaba de su lado. De ahí que crearan una primera Corte en Cangas de Onís, para trasladarla luego a Oviedo con toda la pompa, reducida claro, de la toledana.

La paradoja española vuelve a salirnos al paso: precisamente en la región a la que menos había llegado la influencia goda —como antes la romana— es donde renace la monarquía visigoda. Pero tenemos que acostumbrarnos a estas contradicciones y bastante apunta que aquella Asturias fuera lo que es hoy: un principado.

La sublevación de don Pelayo o el que fuese, al que sucedió Favila, inicia una dinastía de «reyes» astures, once en total, que amplían su territorio tanto hacia la cordillera Cantábrica, que traspasará Alfonso I, como hacia Galicia, de donde un cronicón asegura que «los muslimes habían sido expulsados» tres décadas antes, aunque tal vez sería más exacto decir que se habían marchado, pues aquellos parajes, fríos, escarpados, lluviosos, no debían ser precisamente agradables a los hombres del desierto. El más notable de todos estos monarcas fue Alfonso III apodado el Magno, que trasladó la Corte a León, se hizo proclamar emperador y lanzó expediciones hasta Mérida y Toledo, al tiempo que aplastaba rebeliones internas, una de ellas de sus hermanos, a los que hizo cegar. Al regreso de su expedición a Toledo fue destronado por una conspiración palaciega urdida por sus propios hijos. Así se las gastaban aquellos españoles.

Por cierto que, al explorar los orígenes de tal título, don Ramón Menéndez Pidal hace un descubrimiento de enorme trascendencia, dada la deriva imperial que tomaría más tarde Hispania. Me refiero a que tras ser designado magnus imperator o imperator nostro Alfonso III, el título no solo se prolonga a sus descendientes, sino que aparece en Castilla y Aragón, en cantares de gesta y crónicas, mientras Alfonso VI, se autoadjudicaba ese título. «Ego Adefonsus constitutus imperator super omnes Spanie nationes…», lo que autoriza a pensar que era alcurnia del monarca en posesión de varios reinos-naciones o rey de reinos. Llamo la atención sobre esto porque ya entonces esos minirreinos se consideraban «naciones», y por la confusión entre Imperio y nación que se creará cuando España empiece a tener imperios de verdad, más allá de sus fronteras naturales. Es algo que ha debilitado, o empequeñecido más bien, el concepto de nación entre nosotros hasta nuestros días.

Pero volvamos con las conspiraciones para acabar un reinado de una puñalada, dada, además, por alguien bien próximo. No vaya a creerse que este instinto fratricida, e incluso parricida, era exclusivo de los cristianos. Entre los árabes ocurría algo parecido, que venía de lejos, pues a Córdoba llegó desde Damasco el último de los Omeya, Abderramán, huyendo de los Abásidas, que habían exterminado a su familia. Se hizo proclamar emir dependiente de Damasco y uno de sus sucesores, Abderramán III, califa independiente. Fueron los años más gloriosos de los árabes en España, tanto en el aspecto cultural —Córdoba era entonces, posiblemente, la ciudad más refinada de Europa, con cientos de baños que asombraban a los embajadores extranjeros que la visitaban— como en el aspecto político, pues Abderramán llegó a ser árbitro en las disputas entre los reyes cristianos. Una preponderancia que se mantiene en los dos reinados siguientes, sobre todo el de Hisham II que se retira a la vida piadosa, dejando los asuntos de Estado —algunos historiadores dicen que también su principal esposa— en manos de su visir, Almanzor, un caudillo nato cuyas razias llegaron hasta Barcelona, Burgos y Santiago de Compostela, de donde se llevó las campanas de la catedral, e impuso graves tributos a los reyes cristianos. Incluso exigió a dos de esos reyes, a Sancho Garcés II de Pamplona y a Vermudo II de León, la entrega de sus hijas como esposas. De la famosa batalla de Calatañazor, donde «Almanzor perdió el tambor» y la vida, a consecuencia de las heridas recibidas, conviene advertir que no hay confirmación de que tuviera lugar y la aparición de Santiago en ella, difundida por los cronistas cristianos tiene todo el aspecto de una campaña publicitaria para levantar el ánimo de unas tropas que encajaban derrota tras derrota a manos del visir. Mucho más de fiar son las fuentes árabes, que cuentan cómo, tras la que iba a ser su última razia, en la que arrasó las tierras del alto Duero, Almanzor se sintió enfermo. Le trasladaron a Medinaceli, plaza fuerte musulmana en aquella época, donde los médicos intentaron dar con las causas de su mal, pero no fueron capaces y falleció. Su fama y su enorme poder se demuestran en que hizo que su Gobierno fuera hereditario, cosa inaudita en los visires. Sus herederos, sin embargo, poco pudieron aprovecharlo, porque las luchas que se desencadenaron entre ellos tras su muerte llevaron a la descomposición del califato en reinos de taifas y convirtieron España entera en un mosaico de reinos no demasiado bien avenidos.

Al avance a empellones de la Reconquista, del que hemos hablado, conviene añadir otra peculiaridad: su asimetría. En la parte occidental de la Península avanza mucho más rápida la Reconquista que en la oriental. Se debió posiblemente a que empezó antes, o a que los árabes la abandonaron antes por no encontrar alicientes en ella, mientras en el fértil valle del Ebro y Cataluña sentaron sus reales y se defendieron con cuanto tenían a mano. Así se da la paradoja de que, mientras Toledo es reconquistada en 1085, Lérida no lo será hasta 1149. Un factor que contribuyó fue la emergencia de Castilla como dinamizadora de la lucha. De pequeño triángulo vasco-burgalés-riojano, pasó pronto a protagonista de la misma gracias al espíritu guerrero de sus pobladores y a la audacia, sin demasiados escrúpulos de sus condes, como los tiempos requerían. Pronto pasó de condado dependiente de León a condado independiente, para convertirse en reino bajo Sancho García I e incorporando a León bajo Fernando I. Hay quien dice que Castilla fue una invención de los infanzones vascos. Tal vez sea exagerado, pero no cabe duda de que desempeñaron un papel importante en su historia, apareciendo en prácticamente todos los aspectos de esta desde sus mismos comienzos hasta que se convierte en el reino español más poderoso. Siempre, y eso es algo que debe tenerse en cuenta, con la dependencia primordial que tienen a su tierra. A partir de entonces, encontraremos apellidos vascos en todos los momentos de pena y de gloria de la historia de España.

La Reconquista no tuvo la misma dinámica en la parte oriental de la Península, como queda dicho, principalmente porque los árabes no se avenían a retirarse voluntariamente y por el factor galo, que juega también su papel a este lado de los Pirineos. El rey moro de Zaragoza que, como anteriores invasores, no había conseguido dominar a los vascones, hizo una oferta a Carlomagno, que intentaba redondear su Imperio: hacerse súbdito de él a cambio de que sometiese a los indómitos montañeses. El emperador acepta y envía un cuerpo de ejército con el mejor de sus paladines al frente: Roldán. Pero al llegar a Zaragoza, los franceses encuentran cerradas las puertas y la guarnición en las almenas dispuesta a defenderse. Ante lo que el ejército carolingio decide retirarse. En el paso de Roncesvalles les esperan los vascos, que matan a Roldán, quien iba en la retaguardia. El hecho dio lugar a uno de los más bellos poemas medievales, la Chanson de Roland. Está lleno de inexactitudes, empezando porque no fue una batalla entre cristianos y musulmanes, sino entre vascos y franceses, pero la leyenda acaba siempre por imponerse a la realidad.

Más suerte tuvo Carlomagno en la parte central y oriental de los Pirineos, que pudo cruzar sin encontrar el rechazo de sus moradores, que se habían refugiado en la montaña ante el avance musulmán. De allí saldrían los condados de Sobrarbe, Ribagorza y Pallarés, súbditos del emperador, aunque regentados por la nobleza local, mientras Cataluña se convertía en la Marca Hispánica, territorios fronterizos que a modo de colchón Carlomagno colocaba en los límites de su Imperio. De ahí surgirá Cataluña la Vieja, constituida por los condados de Urgel-Cerdaña, Gerona, Ampurias, Rosellón y Barcelona. La falta de documentos y la dificultad de deslindar la duplicidad de jerarquías eclesiásticas y civiles —algunos de esos condados pertenecían al obispado de Tolosa—, a lo que se añaden las relaciones nada cordiales entre godos y francos, envuelven este periodo de confusión hasta que los Velloso —sobre todo Vifredo— logran imponer su autoridad sobre los demás condados.

Cataluña era la más feudal de las tierras hispanas de aquel momento, como dan muestra el poderío de sus condes, la proliferación de castillos y que el título condal empiece a trasmitirse por herencia y no por designación real. También los numerosos monasterios contribuyeron a la repoblación, si bien surgieron conflictos entre los propietarios que habían abandonado sus tierras ante la llegada de los musulmanes y los nuevos que se prestaban a labrarlas, saldada a favor de estos. Conflictos que se van solucionando poco a poco, así como la jerarquía entre los condes, hasta que el de Borrell se proclamó independiente y de hecho primus inter pares, con sede en Barcelona. El matrimonio de Ramón Berenguer IV con Petrolina, hija de Ramiro II el Monje, unirá Cataluña con Aragón, para continuar juntos la Reconquista. Pero ese retraso inicial, unido a la mayor resistencia árabe que encuentran, les hace ir por detrás de leoneses y castellanos, que llegan a Andalucía bastante antes e incluso conquistan el reino de Murcia, de forma que el rey de Aragón y conde de Barcelona, Jaime I el Conquistador, encuentra taponada su marcha hacia el sur, por lo que inicia una expansión por el Mediterráneo (Mallorca, Cerdeña, Sicilia), que llevará a los catalanes nada menos que a Atenas y Neopatria.

Navarra es un caso aparte. Sancho el Mayor, a caballo del milenio, incorpora a su territorio el condado de Castilla y las tierras del Alto Aragón, lo que hace suponer un gran futuro a su reino. Pero a su muerte hace lo de siempre: lo divide entre sus hijos, y Navarra, que recupera su tamaño original, encontrará su avance taponado por Castilla y Aragón. Esto le lleva a buscar alianzas con Francia y durarán hasta que Fernando el Católico, finalizada la Reconquista y muerta su esposa, la una definitivamente a la Corona de Castilla, algo que no le perdonarán nunca los nacionalistas aragoneses. No obstante, también hay que decir que cuando se necesitó el concurso navarro en alguna batalla clave contra los musulmanes —como la de las Navas de Tolosa— nunca faltó.

El Cid

El personaje más característico de aquélla época fue Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, del árabe Sïdi, Señor, que así le bautizaron. Nadie como él simboliza las contradicciones de aquella España mitad cristiana, mitad mora, mitad libre, mitad vasalla, que pagaba tributos y los cobraba, en lucha contra los demás y consigo misma, un auténtico rompecabezas político, pero también en el sentido literal de la palabra. De ahí que para entender a este Cid sea necesario retrotraerse a antes de que fuera famoso.

Al morir Fernando I, el primer rey que había conseguido unir Castilla y León, deshizo su obra dividiendo el reino entre sus hijos, dando Galicia a García, Castilla a Sancho, León a Alfonso, Zamora a doña Urraca y Toro a doña Elvira. Pronto empezó la guerra entre los hermanos, siendo García el primero en perder su reino, a manos de Alfonso y Sancho. Más adelante, Alfonso temía perder no solo el reino, sino también la vida, por lo que huyó a la Toledo musulmana, donde le dieron asilo. Sancho se dirigió entonces contra las plazas de sus hermanas. Habiendo puesto sitio a Zamora, dice la leyenda, se le presentó un tal Vellido Dolfos («hijo de Dolfos Vellido, si gran traidor fue su padre, mayor traidor es su hijo») para enseñarle el portillo por donde podía introducirse en la ciudad. Sancho no pudo resistir la tentación de verlo, y al llegar al punto señalado lo asesinaron. Con lo que se acaba su corta y dramática historia.

Rodrigo Díaz nació en Vivar, Burgos, en el seno de la pequeña nobleza, y fue criado en la corte de Sancho II. Alcanzó el grado de alférez o portaestandarte, un honor y un riesgo, pues era por el que primero iban los soldados enemigos en una batalla. Que le dieran ese puesto y que lo conservara demuestra que debió de ser un buen guerrero desde joven, ya que intervino en las luchas que su rey mantuvo con navarros y moros, así como luego contra sus hermanos. Puede imaginarse también el impacto que el asesinato de su señor causó en él y en la nobleza castellana. Sospechando que Alfonso podría haber estado envuelto en el complot, es el encargado de tomar juramento al nuevo rey de que no «había tenido arte ni parte en la muerte de su hermano». Lo hace, parece, en Santa Gadea de Burgos, «do juran los fijosdalgo» y, además en los términos más duros, que incluyen todos los suplicios del cielo, la tierra y el infierno si no dice la verdad. Era la norma en una sociedad guerrera, donde los nobles eran tanto como el rey antes de ser proclamado, aunque luego le debieran obediencia, que no llegaba a la norma aragonesa de «cada uno somos tanto como vos, y juntos más que vos», pero se le acercaba.

La leyenda asegura que, disgustado por todo esto, Alfonso VI le desterró de sus reinos. No es verdad. Sin duda no le gustó el juramento, como a cualquier mortal, pero Rodrigo era demasiado buen guerrero para prescindir de él, así que le mantuvo en la corte e incluso le casó con su sobrina Jimena, de alta alcurnia. Pero la situación seguía tensa entre ellos y el choque llegó cuando, enviado Rodrigo a Sevilla a cobrar unos tributos de aquel rey musulmán, tuvo que hacer frente a un tal García Ordóñez, a sueldo del rey de Granada, que atacó Sevilla. Rodrigo, como era su deber de protector, salió a su encuentro, le derrotó y apresó. No sabemos cómo consiguió el tal Ordóñez transmitir su odio a Alfonso VI, pero el caso es que el rey le desterró (1081). El Cid salió con su mesnada (sesenta pendones, a los que se les unen otros ciento quince en el monasterio de Cerdeña, hasta un total de trescientas lanzas cuando abandona Castilla). Su primer triunfo es Castejón de Henares, cuyo oro, plata y ganado se queda, y como no quiere enfrentarse a su rey, se pone al servicio del rey moro de Zaragoza. Era por tanto un mercenario, cosa no deshonrosa en aquellos tiempos y que él cumple con su proverbial profesionalidad. Cuando los almorávides invaden desde España África, y ponen en peligro tanto a los reinos cristianos como a los musulmanes, Alfonso VI pide al Cid que les haga frente en la zona de Levante, creándose un inestable equilibrio de alianzas y enfrentamientos entre cristianos y musulmanes, que él aprovecha para someter los reinos de Albarracín y Alpuente, al tiempo que obliga al conde de Barcelona a levantar su sitio a Valencia. Acudió también en ayuda de Alfonso VI que intentaba obligar a los almorávides a levantar el cerco de Aledo (Murcia), pero un malentendido le hizo llegar tarde, con gran disgusto del rey, que le destierra por segunda vez, aunque ya es dueño de una ancha franja en torno a Valencia. El conde de Barcelona, que veía así cerrada su expansión hacia el sur, se alía con los reyes musulmanes de Lérida y Zaragoza, pero el Cid les derrota, apresa al conde, somete Lérida a tributos y pacta con el monarca zaragozano. Ramón Berenguer II, que había declarado la huelga de hambre, se decide a comer al tercer día de ayuno, con gran contento del Cid, que le ha prometido dejarle en libertad e incluso hacerle acompañar por dos caballeros si come, aunque le advierte que no le devolverá los territorios que le ha conquistado. Es uno de los episodios más humanos del Cantar aunque no hay confirmación histórica:

CID: Pues, comed, conde y cuando hubiereis yantado

A vos y a otros dos os daré la mano

Mas, cuanto habéis perdido y yo gané en el campo

Sabed, no os daré a vos

Pues lo necesito para mis vasallos […]

NARRADOR: Alegre está el conde y pidió agua para las manos

Y pónenselo delante y diéronselo apresurados

Con los caballeros que el Cid le había dado,

Comiendo va el conde ¡Dios, qué de buen grado!

[…]

Con estos dos caballeros aprisa van yantando,

Contento está mío Cid, que lo está mirando,

Porque el conde don Remón tan bien movía las manos.

CONDE: Si os agradaré, mío Cid, para ir estamos preparados;

Mandad darnos las bestias cabalgaremos privado;

Desde el día que fui conde no yanté tan de buen grado;

El placer que de ello tengo no será olvidado.

NARRADOR: Danle tres palafrenes muy bien ensillados

Y buenas vestiduras de pellizones y mantos.

El conde don Remón entre los dos ha entrado;

Hasta el fin de la albergada les escoltó el castellano.

A continuación es Alfonso VI el que siente deseos de apoderarse de la bella ciudad de Valencia. Dándose cuenta de que hacerlo solo es una empresa demasiado arriesgada, se busca la colaboración del rey de Aragón y del conde de Barcelona. Pero el Cid se les adelanta, lanzando un ataque sorpresa por la Rioja, a sus espaldas, lo que les hizo desistir del cerco. Es cuando el rey castellano decide hacer las paces definitivas con el caballero, que nunca había dejado de enviarle presentes en sus conquistas, reconociendo su señorío sobre Valencia, que pasaba a formar parte del reino de Castilla (1092). Rodrigo cumple con ello uno de sus sueños más queridos, casa a sus hijas con los infantes de Carrión (matrimonios que no salieron tan bien como hubiese querido por la vileza de los infantes, de lo que tampoco hay evidencia), pero lo que no trae es la paz. Los almorávides continúan sus ataques, pierde y gana la ciudad varias veces, pero mientras los ejércitos cristianos cosechan derrota tras derrota, él consigue vencerles dos veces, en Cuarte y Bailén, para morir en su querida Valencia en 1099. Si ganó una batalla después de muerto pertenece más a la leyenda que a la realidad, aunque tampoco hay que descartar que al verle aparecer atado a su caballo, los árabes huyeran. Después de muerto, ni su esposa Jimena ni el rey castellano pudieron conservar la ciudad.

Puede decirse que, como guerrero, ninguno de su tiempo le igualó. Como político, tampoco lo hizo mal, pues demostró astucia en su engaño a los judíos que financiaron su marcha al destierro al frente de su pequeña mesnada, y sentido común, algo no muy frecuente en España. Que resistiera el empuje de los almorávides con fuerzas muy inferiores a las de otros que habían sucumbido y que permaneciera fiel a su rey pese a que este no le tratara siempre bien, demuestra un temple inusual. Fue un héroe a ras de tierra más que de leyenda, como Roldán, o de fantasía, como Sigfrido, un hombre de carne y hueso que dignifica nuestro medievo, al tiempo que su azarosa carrera muestra los males que aquejaban aquella conquista, reconquista y vuelta a conquistar, con momentos y situaciones en los que era difícil distinguir amigos de enemigos.

Tanto monta, monta tanto

A efectos prácticos, la Reconquista la terminarían Jaime I el Conquistador en Aragón —al quedarse sin tierras por conquistar en la Península—, que firma el tratado de Almizra (1244) con Alfonso X, quien, tras conquistar Cádiz, se le había adelantado en la ocupación de Murcia.

También acababa por parte de Castilla, aunque el mayor empujón lo había dado Fernando III el Santo, padre de Alfonso X, que había conquistado Córdoba, Jaén y Sevilla (1248). Quedaba el reino de Granada, que no se conquistaría hasta 1492. ¿Qué ocurrió en esos dos siglos y medio? Más bien habría que preguntar qué no ocurrió pues fue otro de esos periodos en los que la lucha fue más entre los reinos cristianos o, para ser exactos, dentro de los reinos cristianos que contra los musulmanes. Se suceden las intrigas palaciegas y los golpes de mano de la nobleza que va adquiriendo cada vez más poder, a costa de los reyes. Crecen también los disturbios urbanos, las persecuciones de los judíos, con importantes progroms. Aparece por primera vez la figura del «favorito», que más tarde se llamaría el «valido», que asume prácticamente las funciones del rey o, por lo menos, las de un primer ministro, con el consiguiente disgusto de la Corte. Don Álvaro de Luna fue el más importante de ellos, y aunque logró vencer en Olmedo a la nobleza unida contra él, terminaría ahorcado.

Pero por una vez hubo suerte: apareció una nueva dinastía, los Trastámara, en Castilla, y el matrimonio de uno de sus reyes, Juan I, con una infanta de Aragón abre una ventana de oportunidad: su hijo Fernando es elegido rey de Aragón, tras haber muerto sin descendencia Martín el Humano. Por primera vez, un infante castellano reina en Aragón. En Castilla, la autoridad de Enrique IV, apodado el Impotente, se desangra a chorros, y a su hija Juana la empiezan a llamar la Beltraneja, por considerarla hija de su favorito, don Beltrán de la Cueva, aunque probablemente no sea cierto. La fortuna sigue sonriendo y da el golpe de gracia cuando otro infante aragonés del mismo nombre, Fernando, se enamora de la hermana del Impotente, Isabel, y se casan. Ella tiene dieciocho años, él diecisiete, casi unos niños. Pero decididos. No fue fácil. No por la edad sino por ser primos segundos, lo que requiere una bula del papa. Se la piden, no se la concede, pero lo hacen con una bula falsificada, dicen que por el mismo obispo que los casó. A escondidas, además, pues son muchos en uno y otro reino los que no quieren la unión. Pero el joven matrimonio sigue adelante y a la muerte de su hermano, Isabel reclama el trono. Tiene que ir a la guerra para lograrlo, incluso contra el rey de Portugal que, temeroso al ver cómo se dobla la fuerza del vecino, apoya a los partidarios de Juana la Beltraneja. Pero las victorias de Isabel en Toro y la Albuera le dan la Corona. Casi al mismo tiempo, muere el padre de su esposo y Fernando es proclamado rey de Aragón. La Edad Media se liquida así con una batalla y un matrimonio, fiel a lo que había sido durante ocho siglos: una serie ininterrumpida de luchas y treguas, de contradicciones y dogmas, de guerreros y santos, de libertades y servidumbres. Uno de los extranjeros que mejor ha llegado a conocernos, que vivió y murió entre nosotros, Gerald Brenan, tituló su libro sobre España El laberinto español para describirla. La historia española es un laberinto en el que se pierden no solo los extranjeros, sino también nosotros, que la usamos como arma para atacarnos en lugar de utilizarla como instrumento de convivencia. Es en la Edad Media donde surge todo eso, donde los españoles empezamos a vivir nuestra contradicción permanente, nuestro extremismo, nuestra bipolaridad, que nos lleva al todo o nada ante cualquier asunto, despreciando la transacción, cuando es la clave de la vida civilizada y olvidando que «lo mejor es enemigo de lo bueno». Aparte de otro detalle curioso: contemplando un mapa de la España medieval de los siglos XI o XII, nos damos cuenta de que se parece al de la España de hoy. La diferencia es que los viejos reinos cristianos y de taifas se han convertido ahora en Comunidades Autónomas, algunas de las cuales quieren independizarse. Se viene diciendo que durante la Edad Media se forjó la nación española, ya como adalid de la cultura occidental y cristiana, ya como personificación de las tres culturas que en ella habitaban. Pero lo que de verdad se forja son los distintos reinos dentro de la Península, las distintas «nacionalidades» que diríamos hoy. El débil grado de unidad e identidad común adquirido bajo los visigodos sobre un sustrato romano se diluyó en buena parte a consecuencia de las luchas entre gallegos, leoneses, castellanos, navarros, aragoneses, catalanes, andaluces etc., etc., a las que hay que añadir las importantes diferencias entre cristianos, musulmanes y judíos. Tanto o más que una «España», en la Edad Media surgen «las Españas», término que seguirá utilizándose por mucho tiempo tras la unificación lograda por los Reyes Católicos ¡Tantas vueltas, diría un filósofo, para volver al mismo sitio! Y es que en España siempre estamos volviendo al mismo sitio, a lo que somos y no somos, a cambiar para retornar. ¿O es que nos asemejan precisamente nuestras disparidades, nuestros «hechos diferenciales», que se hicieron carne y espíritu durante aquella demasiada larga Reconquista?

En cualquier caso, España llega al final de la misma con rasgos diferenciados del resto de Europa. Diferenciados y, en buena parte, contradictorios. Por un lado, se aprecia un feudalismo débil, que se traduce en una mayor libertad del pueblo llano. Por el otro, la mayor autoridad de los reyes (que han querido o sabido utilizarla) les permitirá imponer una monarquía absoluta sobre los nobles, cuando llegue la hora. Las ciudades y villas españolas gozan también de mayores privilegios. Pero más que una burguesía mercantil y preindustrial, quien prevalece en ellas es una clase especialísima: los «caballeros villanos», con privilegios parecidos a los de la nobleza —exención de impuestos sobre todo— a cambio de poseer un caballo, las armas correspondientes y estar dispuesto a prestar apoyo militar al rey cuando lo requiera. Eso explica dos cosas: la proliferación de una clase intermedia entre la nobleza y los simples hombres libres, que daría lugar a los hidalgos, y la falta de una auténtica burguesía.

Habían sido ocho siglos en los que España —Castilla en especial, que poco a poco va asumiendo su protagonismo— vive para la guerra y de la guerra, al ser la forma más rápida de conseguir fortuna. Dejando el resto —comercio, banca, ciencia, agricultura, industria— a judíos, mudéjares, francos y otros extranjeros. La Reconquista, positiva por la democratización que impusieron las conquistas y repoblaciones, terminó siendo un lastre al marcar con sus características medievales a los españoles.

Esta mentalidad —que hizo a Kant caracterizar España como «el país de los antepasados»—, es nuestro hecho diferencial, nuestro denominador común entre las diversas sensibilidades de los distintos reinos de la Península, que desde los cristianos del Norte se va imponiendo como un gigantesco tsunami por la España musulmana a medida que iba conquistándose. Fue como logramos E pluribus unum, «De muchos uno», adelantándonos en unos cuantos siglos a Estados Unidos, aunque fuese solo en el lema.

El primer ejemplo lo habíamos tenido ya en el Concilio de Constanza (1414), convocado para acabar con el Cisma de Occidente. Para evitar que los italianos, debido a su número, decidieran las votaciones, se acordó que estas se hicieran por naciones, de las que se identifica cinco, a saber: la anglicana, que incluía ingleses y escoceses; la gálica, formada por los franceses; la germánica, que abarcaba el vasto conglomerado del Sacro Imperio Romano Germánico: la itálica, de los italianos, y la hispánica, de los españoles pertenecientes a los distintos reinos de la Península. Fue la primera aparición de la nación española en la escena internacional. Un año después, con el concilio ya encarrilado, el que era su padre y padrino, el emperador Segismundo, se encontró primero en Perpiñán, luego en Narbona, con Carlos III de Navarra, Fernando I de Aragón y Catalina de Lancaster, regente de Castilla durante la mayoría de edad de su hijo Juan II, para salvar el mayor obstáculo que quedaba del cisma: la renuencia de Benedicto XIII, el Papa Luna, a renunciar a la tiara papal. Pese a pertenecer a la nobleza y poseer una obstinación diríamos muy española-aragonesa, que le llevaría a terminar sus días completamente aislado en el castillo de Peñíscola, los monarcas asistentes decidieron retirarle su apoyo, y nuestros clérigos en Constanza siguieron votando bajo el nombre común de nación hispánica. O sea, que bajo las diferencias que surgen entre los distintos reinos peninsulares a lo largo de la Edad Media, va formándose también un sustrato común a todos ellos, que dará lugar al genérico «lo español», una mezcla de orgullo, religiosidad, individualismo y ánimo más guerrero que mercantil, junto a un desprecio al otro y un curioso complejo de amor/odio a lo propio, que quedarían ya para siempre.

Resulta curioso que los extranjeros, a quienes asombra «la dignidad de los mendigos españoles» y «lo mal que hablamos de España», perciban estas señas de identidad mejor que nosotros.

En cualquier caso, y para terminar este movido y equívoco capítulo, la Reconquista fue, como todas las edades medias, el crisol en el que se forjó el carácter español, con sus peculiaridades y contradicciones. Pero sería, no ya una exageración sino un error decir que España se forjó en aquellos siglos como nación moderna. Le sobraban diferencias entre sus distintos reinos y le faltaba solidaridad entre sus habitantes. La nación moderna solo se logra cuando los súbditos se convierten en ciudadanos y empiezan a decidir su destino. Algo que solo podría proporcionarle una empresa común, que hiciera a todos ellos españoles por encima de su condición de castellanos, aragoneses, catalanes, vascos, gallegos, asturianos, andaluces y demás.

Los Reyes Católicos van a intentarlo. Resultará una empresa mucho más ardua que descubrir un Nuevo Mundo y poner las bases de uno de los imperios mayores de la historia.

Aunque la Reconquista no fue una acción continuada para expulsar a los musulmanes de Hispania, al estilo de la «conquista del Oeste norteamericano», que Hollywood narró en clave medieval, y en nuestros cantares de gesta, que tendría su prolongación en la conquista y colonización de América. Y ahí ya no había duda de que los protagonistas de la misma fueron los descendientes de los godos fundidos ya con los hispano-romanos. En los pueblos del Alto León se conservaban, en mi infancia, nombres como Eudovigis y Domitila en las lápidas de los cementerios, y llevaban cuatro apellidos Rodríguez (hijo de Rodrigo). Lo que significa que España extenderá la Edad Media hasta bien avanzada la Moderna e, inevitablemente, retrasará su incorporación a esta.

5
LA NACIÓN DE DOS REINOS

El escenario con el que se encuentra la joven pareja real no era precisamente para tirar cohetes: una guerra civil recién acabada, parte de una nobleza díscola en ambos reinos, una Reconquista sin terminar tras ocho siglos y un mundo fuera de las fronteras que estallaba por los cuatro costados con nuevas ideas, nuevas fórmulas y nuevas costumbres. El Renacimiento no fue solo la vuelta a la antigüedad clásica. La antigüedad clásica era solo la excusa para montar un nuevo clasicismo.

Conscientes de la magnitud del desafío, Isabel y Fernando establecen prioridades, lo que advierte ya de su sentido de Estado. Completar la Reconquista y lograr la unidad de España era lo más urgente. Luego vendría unificar, en lo posible, aquel conglomerado de súbditos de distintas religiones, leyes, hablas y costumbres. Por último, diseñar y poner en marcha algo que ninguno de sus antecesores se había tomado realmente en serio: una política exterior. Todo ello en el constreñido marco que ellos mismos se habían marcado. En sus capitulaciones matrimoniales se comprometían a respetar escrupulosamente la soberanía de ambos reinos. El «tanto monta, monta tanto» no era una frase publicitaria ni una promesa electoral. Era un mandamiento, un juramento de fidelidad a su tierra y a sus gentes, que observaban hasta el más mínimo de sus pasos para ver si lo cumplían. Ya el simple enunciado advierte de la contradicción: buscaban la unidad de dos cosas que querían permanecer distintas. Algo que solo podía hacerse por la fuerza o por la astucia. Usaron ambas —el yugo y las flechas—, consiguiéndolo solo en parte, aunque hay que reconocerles que lo intentaron con todas sus fuerzas y, en ese sentido, puede considerárseles los dos auténticos primeros reyes españoles.

De entrada, conviene advertir que había un desequilibrio entre ambos reinos. Castilla, mucho más extensa, mucho más poblada (cuatro millones de habitantes), y con negocios florecientes, como el de la lana, adquiere desde el primer momento protagonismo ante un Aragón con un millón de habitantes (de ellos, una importante minoría mudéjar maltratada, inasimilable), mucho más feudal. Esto traería sublevaciones campesinas (las guerras de la remensa), mientras en la costa abunda una burguesía ciudadana. Es un protagonismo que Isabel ejerce sin exhibir prepotencia, pero sin ceder autoridad. Fernando acepta el papel secundario, al menos en público, y en su primera visita a Andalucía, la gente decía que parecía un figurón, tal era su retraimiento. Es de presumir que también en privado, consciente de ser él quien tenía más que ganar y perder. Eran dos personalidades muy distintas, pero inteligentes ambos, a más de renacentistas a su manera, es decir, dispuestos a aceptar las nuevas ideas siempre que no contradijesen las fundamentales antiguas. Desde luego, Fernando más que Isabel, no por nada corrió el rumor de que Maquiavelo le tomó como modelo de su Príncipe, pero que ella no era refractaria a las novedades lo demostró no solo en su afán de promover la cultura, sino en decisiones como oír a Colón, al que no habían hecho ni caso los distintos mandatarios de la época.

La conquista de Granada, último foco musulmán en la Península —30 000 kilómetros cuadrados, lo que hoy ocupan Málaga y Almería, y 400 000 habitantes— era lo más urgente. Cómo había podido resistir tanto tiempo el acoso cristiano solo se explica por las luchas intestinas entre ellos durante los últimos reinados. Aquellos monarcas tenían bastante con defenderse de las intrigas palaciegas, por lo que la Reconquista corría a cargo de los principales nobles, que llegaban a tener auténticos ejércitos bajo su mando, quedándose luego con las tierras que conquistaban. Buena parte de los enormes señoríos andaluces, de los que hoy aún quedan restos, vienen de entonces. Conviene también advertir que se llegó al caso de enfrentamientos entre esos señores, como el que hubo entre la Casa de Medinaceli y la de Rodrigo Ponce de León, marqués de Ladra.

Es la propia reina quien toma el mando de la conquista y la leyenda cuenta que había prometido «no cambiarse la camisa» hasta entrar en Granada, algo difícil de creer, por más que la higiene personal no fuera precisamente una característica de la época. Pero cierto es que instala en la planicie frente a la ciudad el campamento base de sus tropas bajo el nombre de Santa Fe, hoy un barrio periférico de la misma, y se dispone a la conquista. No fue fácil, ni corta (duró diez años), aunque al fin se consigue con la capitulación de Boabdil, que el 2 de enero de 1492 entrega las llaves de la ciudad. Se habían firmado unas generosas capitulaciones, que solo se respetaron al principio, para empezar casi de inmediato una rigurosa labor de «cristianización» de la ciudad y sus habitantes. Sin olvidar que aquel mismo año, los monarcas deciden la expulsión de los judíos que no quisieran bautizarse, abundantes en la ciudad. Algo que quisieron aplicar algunos obispos de la misma a los moriscos que quedaban tanto en la urbe como en los alrededores. Y un detalle importante: Granada pasa a formar parte de Castilla, que era la que la había conquistado, sin que Aragón tuviera nada que ver con ella o en ella.

La expulsión de los judíos

Finalizada la Reconquista, quiere lograrse la unidad religiosa. La expulsión de los judíos es uno de los capítulos más discutidos de toda la historia de España. Que habían llegado a convertirse en una clase poderosa por su potencia económica y su relación con reyes y nobles —de quienes eran importantes prestamistas—, es innegable. Como lo es que despertaban resentimiento y envidia entre el pueblo llano, que se desahogaba en progroms cada vez más frecuentes y sangrientos. Quedaban varios cientos de miles cuando llegó el decreto de expulsión. Se calcula que emigraron entre 80 000 y 90 000, de los cuales unos 40 000 regresarían en los cuatro años siguientes. Los que se quedaron, tuvieron que bautizarse, naturalmente, aunque las cifras bailan, ya que, como digo, hubo quien regresó y hubo quien saldría del país más tarde. El profesor Netanyahu, padre del actual primer ministro israelí, que ha estudiado a unos y otros, llega a la conclusión que los marranos, como se les llamaba, a aquellas alturas, eran más españoles que judíos y que detrás de la expulsión estaba el deseo de apoderarse de sus riquezas.

En cualquier caso, cualesquiera que fueran los beneficios —la homogeneización o el enriquecimiento—, los daños causados por la salida de esta minoría laboriosa e inteligente fueron mayores. España perdió con ella el germen de una burguesía mercantil y profesional, que iba a ser la protagonista de la Edad Moderna que comenzaba. Lo más triste de todo es que no solo los que se quedaron demostraron su preferencia por España cristianizándose, sino que los que se marcharon conservaron su lengua, el ladino, que no es otra cosa que el español del siglo XVI, y también sus costumbres. Esto lo demuestra el profesor Benardete en su libro Hispanismo de los judíos levantinos, donde cuenta que hasta en las lápidas de sus cementerios en el Imperio otomano se notaba la influencia española. Fuera de España se convirtieron en comerciantes, médicos, trabajadores especializados, científicos, artistas y filósofos, para beneficio de sus nuevas patrias. Los que se quedaron tuvieron que adaptarse a las estrechas normas de la «sociedad imperial» o acabar en la hoguera. Fue una lobotomía social en toda la línea, de caras consecuencias, pues aquella minoría emprendedora, laboriosa, urbana, bien preparada hubiese sido, como queda dicho, el núcleo de una futura burguesía, protagonista de la nueva edad, que nosotros tardamos siglos en tener, y ni siquiera del todo.

La Inquisición

Al hablar de los judíos no hay más remedio que hablar de la Inquisición al estar ligada a ellos. Nacida en Francia en el siglo XIII como defensora de la fe y barrera de las herejías, venía funcionando en Aragón de forma intermitente. Pero una vez que el papa les autoriza a disponer de ella, los Reyes Católicos la adoptan como instrumento de su política de unificación. Técnica y legalmente, su cometido era vigilar que los judíos conversos no siguieran practicando a escondidas su anterior religión. Pero pronto empieza a perseguir a todo tipo de pecadores, desde los bígamos a los falsos místicos, pasando por los clérigos que se aprovechaban del confesionario para obtener favores sexuales, además de moriscos y protestantes. La Inquisición no hay que juzgarla tanto por lo que hizo —sus procesos, en número, no fueron tantos como se le atribuyen—, sino por lo que impidió hacer. El efecto disuasor de sus autos de fe, que Otis Green califica de «inquisición inmanente», significó una auténtica losa sobre ideologías, orientaciones y actuaciones españolas. «La España del siglo XVI —dice Green— desarrolló, usó y abusó de la Inquisición para defender una forma de vida». Ángel Alcalá va más lejos: «La Inquisición fue desde el principio un instrumento de control de la ortodoxia conservadora, pero también una red de policía, una máquina de conformismo, un muro frente a las innovaciones». Ni siquiera hacía falta actuar, aunque cuando lo consideraba necesario lo hacía de forma implacable. Bastaba que todos supieran que «estaba allí», con su red de confidentes (familiares se les llamaba, en una de las mayores tergiversaciones lingüísticas), alerta a cualquier desviación política o religiosa. En este sentido, puede considerarse que es la primera policía secreta de Estado, como fueron luego la Gestapo, la GPU y la Stasi. El freno que supuso para la intelectualidad española, la falta de pensamiento crítico, la escasez de estudios científicos, no ya durante el reinado de los Reyes Católicos sino también durante los de sus sucesores, se deben principalmente a esta institución. Trajo, sí, tranquilidad ciudadana en una época tumultuosa, de enormes cambios políticos, culturales y económicos en toda Europa. Pero el precio que se pagó —la ausencia de esos cambios— fue demasiado alto.

Aunque, para ser justos, hemos de reconocer a la Inquisición un cuidado de las formas en sus juicios que asombra para su época. Si no se atacaba los fundamentos del dogma católico y del Estado, incluso podía ser más imparcial que los tribunales de otros países europeos. El ejemplo más elocuente es el de las «brujas» que surgen en la Navarra pirenaica, con gran revuelo de la gente del contorno y que ha dado pie a todo tipo de literatura, por lo que vale la pena detenerse un momento para mostrar la cara legalista de la Inquisición. El caso ha pasado a llamarse «Las brujas de Zugarramurdi» por ser el centro de los aquelarres de brujos y brujas, que incluían apariciones del demonio, vuelos, vampirismo y bacanales. Disparadas las alarmas, el Santo Oficio toma cartas en el asunto y el proceso tiene lugar en Logroño en noviembre de 1610, con tal expectación, que acuden miles de asistentes, algunos llegados de Francia.

La sentencia es la siguiente: dieciocho personas, que, tras confesarse culpables, reciben el perdón. Seis, en cambio, que no confesaron son condenadas a morir en la hoguera, junto a los que ya han muerto, por lo que se desentierran y queman sus cadáveres. Quedan, sin embargo, dudas entre los más altos inquisidores, que ordenan una nueva investigación a cargo de alguien ajeno al lugar. La primera de ellas es de Pedro de Valencia, cuya conclusión es tan categórica como hilarante: «Se trata —escribe en su informe— de gente con deseo de cometer fornicaciones, adulterios y sodomías […] el mayor bellaco [de ellos] se disfraza de Satanás, se pone aquellos cuernos y trajes de horrible obscenidad y suciedad, en junta de hombres y mujeres que tienen como fin torpeza de la carne». Tras tan categórico dictamen, el Santo Oficio despacha a uno de sus miembros más prestigiosos, el inquisidor Alonso de Salazar y Frías, que se pasó ocho meses por la región interrogando testigos, leyendo actas y escuchando a condenados, para concluir que se había cometido una enorme injusticia —pues muchos habían reconocido culpas por la promesa de ser perdonados o a cambio de denunciar a otros—, y que los fenómenos de brujería, como el poder volar «son historias inverosímiles y ridículas, que caen en el embuste y la patraña», llegándose a casos de «mujeres jóvenes que confesaban haber sido amantes del demonio que, al ser examinadas por matronas, resultaban vírgenes». «Sueños o flaquezas del cerebro» dictamina el inquisidor, adelantándose cuatro siglos a Freud al diagnosticar ciertos casos de histerismo. Con ello se acaban los procesos por brujería en España. En Francia y Alemania continuaron, siendo el número de víctimas muchísimo mayor que en España.

El pensamiento único

Pero aunque la Inquisición garantizó la paz interna y «salva a España de las guerras de religión», como dice Amador de los Ríos, con la perspectiva que nos da el tiempo transcurrido, nos damos cuenta de que lo único que hizo fue retrasar esas guerras, ya que las tuvimos en los siglos posteriores, sobre todo en el XIX e incluso en el XX. Por otra parte, se mantuvo la unidad religiosa, pero no la política y, además, a la fuerza, lo que no es un buen fundamento para lo que vendrá luego: la nación moderna, un «proyecto de vida en común», y la democracia, basada precisamente en el respeto a la diferencia de opiniones. En ese sentido, los más de tres siglos de Inquisición tuvieron que contribuir decisivamente a la creación del «pensamiento único» en España, que tanto ha lastrado nuestra convivencia. No habiendo la menor duda de que la «nación inmoderna» que ha venido siendo hasta hace bien poco —y de la que conserva todavía rasgos— se creó entonces. No olvidemos que el Índice de Libros Prohibidos se creó en aquella época, como la censura (y autocensura), instrumentos contrarios al humanismo renacentista —como más tarde a la Ilustración—, dos de los grandes déficits de nuestro país, lo que hizo escribir a los enciclopedistas que la Inquisición había sido la causante del retraso de España. Demasiado simplista. Fueron varias las causas y la primera, que habría un consenso nacional sobre tan cómodo conservadurismo.

Cómodo y castrador, pues el Santo Oficio era implacable en los dogmas católicos y la autoridad del Estado. Pensar por cuenta propia empezaba a ser peligroso en una España donde todo el mundo se guardaba muy bien de expresar opiniones que no repitieran exactamente la «línea oficial» religiosa o política, por lo que pudieran tener de heréticas. Incluso el arte renacentista español, el plateresco, añade al modelo neoclásico italiano motivos del gótico florido, como temiendo parecer demasiado avanzado. Los Reyes Católicos establecen así una especie de cortafuegos que aisló a España del incendio declarado fuera por la nueva ciencia, inaugurada por Copérnico, Kepler y Galileo, y el nuevo cristianismo de Lutero y Calvino. Pero al mismo tiempo, ahogaron el pensamiento analítico y contestatario, una carencia que acusará el espíritu español en los siglos venideros y encontrará su cauce en una fabulosa perfección formal —barroquismo, culteranismo— y en un agresivo sarcasmo. Brillante todo ello, pero improductivo la mayoría de las veces, más preocupado de la forma que del fondo, o que intenta ocultar este.

No quiere ello decir que Isabel y Fernando odiaran la cultura. La amaban y la propia reina se esforzó por ampliar la suya buscando las enseñanzas de Beatriz Galindo, La Latina, y animó a Nebrija a escribir la primera gramática española. Pero amaban más el orden y la tranquilidad de sus reinos. Es por lo que una de sus prioridades fue que no se alteraran. La Inquisición les ayudó a conseguirlo, sirviendo de filtro a lo que hoy se llamarían «ideas subversivas», que no eran solo las de Lutero, sino también las del moderado Erasmo. Hubo erasmistas en aquella España, pero los más destacados, como Vives y los hermanos Valdés, prefirieron emigrar por si las moscas. Pensar por cuenta propia, una de las características de la Edad Moderna, empezaba a ser peligroso en España.

Los hidalgos

Dentro de la «unificación» interior emprendida por los monarcas, una de las tareas más urgentes era atar corto a los nobles, cuyo poder había crecido exorbitantemente en los últimos y débiles reinados. Se ha hablado mucho de la mano dura de los monarcas con ellos, poniendo como ejemplo su orden de desmochar las almenas de sus castillos. Pero ni tanto ni tan poco. Se desmocharon algunas, especialmente las de aquellos que habían tomado el bando de La Beltraneja en la guerra de sucesión. Pero los que habían apoyado a Isabel no tuvieron que hacerlo. Es verdad también que la autoridad real aumentó, pero los nobles no vieron reducir su prestigio ni su riqueza. En realidad, se llegó a un acuerdo tácito: los nobles conservaban sus privilegios a cambio de acudir en apoyo de la monarquía con dinero y armas siempre que los necesitase. Un compromiso entre la Corona y la aristocracia que se mantendrá durante los siglos siguientes, por el que la nobleza española se hace palaciega y la monarquía se aristocratiza.

En villas y ciudades ocurre algo parecido. Los reyes emprenden una auténtica campaña electoral por sus dominios, poniéndose en contacto directo con sus súbditos. Isabel lo hace a menudo durante uno de sus múltiples embarazos, lo que acrecienta su popularidad y crea la leyenda de unos monarcas más cerca del pueblo que sus comendadores, y da lugar a piezas teatrales como El Alcalde de Zalamea, del que no se tienen referencias históricas. Pero el mismo tiempo, van vaciando las instituciones representativas, como las Cortes y los Concejos municipales. Sin embargo, hubo pocas protestas y la paz social se mantuvo. Sin duda influyó que buena parte de los españoles se creían nobles o, por lo menos, escuderos, que ya era toda una categoría.

Es entonces cuando empieza a crearse en España una sociedad muy especial, distinta a la europea, donde la burguesía, cada vez más floreciente a través del comercio y de la industria incipientes, va tomando el protagonismo. Mientras en España, el protagonista va a ser el «hidalgo» (hijo de alguien, como si los demás no tuvieran padres), rural y urbano, despectivo del trabajo, de los oficios, de las actividades comerciales, con afanes de honra, de limpieza de sangre, de blasones, etc. Y con una grave contradicción en sí, que es incapaz de ver: si la nobleza (la máxima expresión de la hidalguía) se basa en la virtud —como se alardeaba— tendría que estar abierta a todos los virtuosos.

Pero resultaba que no era así, que se exigían condiciones muy estrictas, empezando por no tener ascendientes moros o judíos, por lo que las «probanzas» adquieren cada vez más importancia en el siglo XVI (como los sacristanes, que eran los encargados de llevar las fes de bautismo en las iglesias). Y es que ser hidalgo traía privilegios. Por lo pronto, la excepción de tributos, que solo pagaban los «pecheros», el pueblo llano. Alguien dirá: «Como ahora, que solo pagan impuestos los que cobran nómina, mientras los ricos se las arreglan para no pagarlos». No exactamente, pero algo queda de ello, porque las malas costumbres son muy difíciles de desarraigar. Naturalmente, había que probarlo, lo que dio lugar a múltiples pleitos.

La obsesión universal era la «huida hacia arriba» (la nobleza), que doblaba los privilegios: no poder ser torturados (solo en casos muy graves); no recibir penas «afrentosas» (como los azotes o condenas en galeras); en caso de pena de muerte, ser decapitados y no ahorcados; no poder ser encarcelados por deudas; cumplir condenas en su propia casa o en la cárcel especial para ellos en su ciudad de residencia (en Madrid, en el actual Ministerio de Asuntos Exteriores, junto a la Plaza Mayor); no poder embargárseles la casa, ni los vestidos, ni las armas, ni el lecho, ni el caballo. Recibir parte de la «sisa» o impuesto indirecto por artículos de consumo, además de la casi exclusividad de los cargos públicos, empezando por el de alcaide. Todo esto sin mencionar el prestigio social.

Los Reyes Católicos, de todas formas, se las arreglaron para que, de una forma u otra, los nobles contribuyeran a sus proyectos e incluso durante su mandato se vendieron las primeras hidalguías para financiar las empresas más costosas, sin mucho éxito por cierto, sobre todo comparado con lo que ocurrió en los reinados posteriores.

Por su parte, las villas y ciudades se defendían como podían de evadir impuestos, algunas incluso hacían pagar a los hidalgos, acudiendo a sus signos externos, casas solariegas, pertenencias a cofradías, tener perros de caza, halcones, caballerizas y criados, como hoy los inspectores de Hacienda buscan coches deportivos y segundas residencias. Aunque también hay que decir que la mayoría de los hidalgos eran pobres y no se diferenciaban de los pecheros más que en el porte, de ahí lo mucho que lo cuidaban. Como que las villas y ciudades buscaran cobijo en el derecho de behetría, extendido al norte del Duero, que les permitía elegir señor, que les ofrecía protección, por la que le pagaban ciertas prestaciones. Las había de realengo, de abadengo y solariego, según dependieran del rey, de un convento o de un noble, lo que ilustra de la enorme complejidad de aquella España que emergía de la Edad Media y que Isabel y Fernando intentaban conjuntar. Ahora bien, «la unidad nacional no existió en un sentido literal y solo cabe hablar de un Gobierno compartido», como nos advierte Ricardo García Cárcel.

Dormitorios en vez de batallas

La política exterior de los Reyes Católicos se llevó a cabo, más que en las guerras —sin contar las campañas del Gran Capitán en Italia y los intentos en el norte de África (Melilla se conquista en 1497)—, en las cancillerías o, para ser exactos, en los dormitorios. Su actividad matrimonial es casi frenética, estableciendo lazos con las distintas realezas europeas. Casan a su hijo Juan con Margarita de Austria; a Catalina primero con Arturo, príncipe de Gales y, al enviudar, con Enrique VIII de Inglaterra; a Isabel, con el príncipe Alfonso de Portugal y al morir este, con el rey Manuel I de Portugal, que se casaría, a su vez, con una hermana de Isabel, María, al enviudar. Y a Juana, con Felipe de Austria, conocido como El Hermoso. De haber tenido éxito esta política de alcoba, hubiera habido infantes españoles en las principales Cortes europeas. No hubo, sin embargo, mucha suerte. El príncipe Juan murió muy joven. Catalina ya saben lo mal que acabó en Inglaterra. El doble intento en Portugal solo produjo una breve unión de ambas coronas dos reinados más tarde y los Austrias pasan a reinar en España en la persona del hijo de Juana, Carlos I de España y V de Alemania. Aunque no puede decirse que los Reyes Católicos no intentaran hacer realidad lo que sería, siglos más tarde, el lema del Imperio austro-húngaro:

Hagan otros la guerra, tú, feliz Austria, cásate.

Los reinos que a otros da Marte, a ti te los dará Venus.

Un nuevo mundo

Que el descubrimiento de América fue el hecho más destacado del reinado de Isabel y Fernando, y puede de su época, parece incuestionable (no se descubre un nuevo mundo todos los días), aunque luego resulte que los historiadores elijan la toma de Constantinopla por los turcos (1453) como comienzo de la Edad Moderna. Pero antes de evaluar la llegada a Guaraní de las naves de Colón, conviene recordar que la empresa, como la conquista de Granada, no fue de España, sino de Castilla, tal como establecían las capitulaciones matrimoniales de Isabel y Fernando. Ambos reinos ampliaban sus respectivos territorios por simple adición, manteniendo en las nuevas tierras sus leyes y prácticas. Algo que valía tanto para las conquistas como para los descubrimientos. Si cualquier otro español quería ir a América o hacer con ella negocios tenía que hacerlo a través de Sevilla, donde se estableció la Casa de Contratación, o de Cádiz, que era el puerto de mayor tráfico con ultramar. Basta este detalle para arrojar luz sobre lo mucho que quedaba hasta llegar a una auténtica nación española. De momento, aquellos eran más dos reinos que uno, aunque funcionasen acompasados.

Pero el hecho ilustra también el buen olfato de la reina castellana. Tras recorrer diversas Cortes con su teoría de que podía llegarse a «las Indias» por el camino opuesto al seguido por las caravanas habituales —y alcanzar las «islas de las especies», valoradas más que el oro—, sin ser escuchado en ninguna, Colón encuentra el oído de Isabel. La reina, tras haber escuchado las discusiones de los más sabios sobre el asunto —buena parte de ellos opuestos al proyecto—, decide financiar la operación. No está demostrado que tuviera que empeñar sus joyas personales, como se dice, aunque tampoco nos extrañaría, dado que los reyes de aquella época solían tener más deudas que caudales.

Fue sin duda un hito en la historia de la humanidad, del que los españoles debemos mostrarnos orgullosos. Por primera vez, nos habíamos adelantado a todos, ya que los vikingos, si llegaron, se marcharon como vinieron y nosotros llegamos para quedarnos, que es lo que cuenta.

Pero si se mira la acción en su conjunto, si se analiza a fondo, si se sopesan los pros y los contras en los resultados, ya no se ve tan claro, y dependerá de la vara con que se mida. Por lo pronto, no se llegó adonde se pretendía. Como queda dicho, Colón quería llegar a «las Indias», es decir a Extremo Oriente, por el camino contrario al usual. Pensaba que la ruta hacia el Oeste era más cómoda y segura. Pero hizo mal sus cálculos, creyendo que la Tierra era más pequeña y, encima, no contaba con que entre Europa y Asia había otro continente. De todas formas, murió creyendo que había descubierto «las Indias» y así quedó el nombre de sus habitantes. Lo pagó caro: América sería bautizada con el nombre de otro de sus exploradores, consciente ya de que se trataba de un nuevo continente, Américo Vespucio.

Colón había prometido a su patrocinadora, la reina, especies. Pero especies no había en las islas del Caribe donde llegó. Como sustituto, ofreció oro. Pero tampoco había oro. Fue cuando empezó a ofrecer nativos, indios, con los que llegó a Barcelona tras su primer viaje. Indios para trabajar en la encomienda, un sistema de servidumbre feudal que ni siquiera había arraigado en España. Pero al no haber forma de atar al indio a la gleba, lo que se estableció fue un tipo de esclavitud, que no encajaba en la mente castellana, que aceptaba antes matar a un hombre que hacerle su esclavo. La polémica desencadenada por el padre Bartolomé de las Casas, convertido en defensor de los indios, no debe verse solo como un encomiable gesto de alguien opuesto a que cualquier ser humano pudiera ser siervo de otro. El polémico dominico, obispo de Chiapas por cierto, proponía que, en vez de indios, se utilizaran negros traídos africanos para trabajar en las encomiendas. La diferencia estaba en que los indios eran súbditos de la Corona española y no podían ser sometidos a tan degradante servidumbre. La propia reina sentía esos escrúpulos y advertía a sus comendadores del buen trato que había que dar a los nativos. Sus sucesores no fueron ya tan escrupulosos, una muestra de que el espíritu abierto castellano estaba en retroceso.

Pero que la conquista y colonización que siguió se hizo según el molde castellano salta a la vista. América no se coloniza como una colonia, valga el retruécano, sino como una prolongación de Castilla. Como, por cierto, había hecho en las tierras ganadas a los moros. Así, La Mancha pasó a llamarse Castilla la Nueva y hubo el intento de llamar Castilla la Novísima a Andalucía, que se descartó al comprender el arraigo del nombre que había alcanzado durante los siglos de dominación árabe: Al Ándalus. Pero en las nuevas posesiones allende el océano van surgiendo Nuevas Granada y Nuevas España, con las mismas instituciones que las originales: mayorazgos, audiencias, auditores, virreinatos. Cambiar el sistema no se le ocurría a nadie, a nadie de los que llegaba, naturalmente, porque los nativos no tenían nada que decir. Intentar medir hasta qué punto los problemas que ha tenido Hispanoamérica, desde el caudillismo a las oligarquías, se deben a haber sido colonizada a imagen y semejanza de España, sería un buen tema de una tesis doctoral, si no se ha hecho ya.

Pero volvamos a los hechos. Cuando finalmente se descubrió el oro y la plata en el continente (hacia 1534), ya era tarde para atajar el proceso. Además, como diría el torero, era imposible, pues se hubiese necesitado que, antes, hubiese cambiado en España, cosa que no había ocurrido. Con un desarrollo poco gratificante a ambas riberas del Atlántico, como veremos en los reinados siguientes. Pero déjenme adelantar que España sacó escaso beneficio de esa riada de dinero, por la sencilla razón de que no hizo otra cosa con él que gastarlo. El comercio con las Indias queda de hecho reducido a un comercio de metales preciosos, con el que se pagan las guerras españolas en Europa y la importación de manufacturas europeas a la península ibérica. O sea, que el oro y la plata americana financiaron las primeras industrias europeas. Quevedo lo dice en una de sus frases lapidarias: «España es la garganta del oro de América».

Las consecuencias de esto son dos, a cual más nociva: esa riada de metal subía los precios nacionales de tal forma que hacía baratos los extranjeros. La poca industria doméstica no podía competir con ellos. No se fabrica, se importa. Luego, como los salarios subían también, no se generaba suficiente margen de beneficio para acumular el capital necesario —lo que Karl Marx llamaba plusvalía— para desarrollar las empresas nacionales. Si a ello se une que la conquista y colonización de América da a los españoles la oportunidad de seguir alcanzando fama, dinero y blasones con la espada, es decir, de continuar la Reconquista al otro lado de los mares, con todo lo que ello tiene de permanecer en la Edad Media en lugar de unirse a la Moderna que se inicia en Europa, nos damos cuenta del daño causado, por más que los resplandores de la gloria y el Imperio apenas dejen verlo.

Tras haber dado a luz un nuevo mundo, España no solo continuó en el anterior, sino que, en muchos casos, regresó a sus normas más rígidas, incluidas algunas que ni siquiera había tenido antes. La última causa es la ya apuntada: el Estado más dinámico de Europa no dispone de la clase del futuro, la burguesía. Dispone de una casta de hidalgos, gentilhombres que van a darle victorias, territorios, oro, un Imperio incluso. Pero que no sabe cómo gastar ese oro, cómo administrar ese Imperio, cómo crear una nación moderna, ese «proyecto sugestivo de vida en común», que era lo más importante. En adelante, España va a ser temida, atacada, envidiada. Pero no imitada. En cuanto a querida, ni nos lo planteamos siquiera, porque ahí está la Leyenda Negra como muestra, con dos españoles como principales aportadores: el citado padre De las Casas y Antonio Pérez.

Tras estos datos y reflexiones, uno no puede evitar hacerse una pregunta explosiva: ¿qué hubiera ocurrido si, tras dos meses de navegación y empezar a perder la confianza en ver tierra, los tripulantes de las tres galeras hubieran obligado a Colón a dar la vuelta? Conociendo el realismo de ambos monarcas, Fernando sobre todo, lo hubieran aceptado como uno de tantos malos lances de la vida, pero no les hubiera desanimado a seguir en su tarea de seguir su labor de unificar sus reinos en lo posible. Y en los doce años que quedaban hasta que la reina muriera (1504) podían haberse hecho muchas cosas, dada su dedicación y el funcionamiento de sus reinos, sin duda los más dinámicos de Europa en aquellos momentos. No es descartable que esas energías volcadas en el interior en lugar de a cientos o miles de leguas, pudieron haber creado una España mucho más cohesionada, que la España volcada en empresas exteriores que siguió. Pero la historia no se hace en pretérito de subjuntivo, sino en presente de indicativo. Hay lo que hubo. Todo lo demás son especulaciones.

Tampoco deben olvidarse las universidades, escuelas, iglesias, caminos, industria, junto a la sangre, derramada o mezclada, que dejamos allí, que hace la conquista y colonización española de América distinta a todas las demás de los Imperios coloniales europeos. A este respecto, me viene a la memoria lo que me contó Juan Linz en la primera entrevista que le hice a finales de los años sesenta, cuando el entonces sociólogo en la Universidad de Columbia acababa de regresar de California, donde había asistido a un congreso sobre su especialidad. En el aeropuerto de Los Ángeles se dio cuenta de que llevaba los zapatos bastante sucios y se acercó a uno de los limpiabotas que todavía había por allí. Ya que los rasgos delataban su ascendencia hispana, le habló en español. El limpiabotas se quedó sorprendido al oír a aquel señor rubio, de tez muy blanca hablar un castellano perfecto y le preguntó cómo lo había aprendido. Juan, con la amabilidad que le caracterizaba, le explicó no solo cómo había aprendido, sino también quién era y a lo que había venido. El chico no se lo podía creer: ¡un hispano enseñando a los yanquis e interviniendo en uno de sus famosos congresos! Continuaron hablando. Cuando acabó, no quiso cobrarle. Juan se puso serio e insistió. Pero no hubo manera.

—La raza, ¿sabe? —dijo el limpiabotas con una amplia sonrisa.

Hay cosas que están por encima de todas las demás. Bueno, de casi todas.

Reinado dual, empresa conjunta

El reinado de los Reyes Católicos termina con un estrambote: Isabel ha muerto en su castillo de Medina del Campo (1504), rodeada de los suyos, y tuvo que ser un golpe para Fernando que dejase como sucesora a su hija Juana, con él como regente, cargo que tiene que abandonar cuando Juana, casada con Felipe el Hermoso, accede al trono (1504). Fernando se retira a sus dominios de Aragón y los acontecimientos se precipitan. Se casa con Germana de Foix, con la que tiene un hijo. Si aquel niño hubiera llegado a la mayoría de edad, Aragón y Castilla se hubieran vuelto a separar. Pero el bebé muere, como Felipe el Hermoso, con lo que se agrava la locura de la reina, que no quiere separarse del cadáver de su esposo en una peregrinación mortuoria alucinante, por lo que es declarada incapaz, y el cardenal Cisneros es nombrado regente (1516).

Fernando, mientras tanto, ocupa Navarra, que durante algunos años había estado regida por la dinastía francesa de los Albret, y en otro brusco giro la une a Castilla, no a su reino, Aragón. Esto no se lo perdonan los nacionalistas aragoneses, mientras los historiadores más respetados lo califican de «muestra de su madera de estadista». Los escépticos, en cambio, lo dejan en: «al final, le salió el Trastámara». Y es que la historia es más compleja que todas las series de televisión.

Temo que este retrato de los Reyes Católicos y su época me haya salido más sombrío de lo previsto. Pero esta no es una historia de España al uso, sino un intento de despojarla de la hojarasca de sus mitos, sin caer en las negruras de sus detractores, entre los que abundan los propios españoles.

Al hacer balance de este reinado bifronte, lo primero que hay que decir es que significó una notable mejora respecto a los anteriores. Es verdad que Isabel y Fernando no alcanzaron todos sus objetivos, pero se esforzaron como pocos en conseguirlos. Hubo errores, sin duda, pero hubo también aciertos notables. Basta comparar la España que heredaron, un auténtico guirigay, con la que dejaron, convertida en una de las principales potencias europeas, para dar un aprobado alto a su gobierno, algo que logran pocos de nuestros gobernantes.

Conviene, además, tener en cuenta las circunstancias. El gran error en que solemos caer los que escribimos sobre la historia —lo que no nos convierte en auténticos historiadores— es que evaluamos los hechos pasados con criterios del presente. Así no hay forma de ser justo. Hay que tener en cuenta las circunstancias, peculiaridades y valores del pasado, para emitir un juicio ecuánime, algo que nunca se consigue al ser imposible que conozcamos todos los pormenores de la situación.

Fue Bismarck, uno de los más grandes estadistas de todos los tiempos, quien definió la política, esa alcahueta de la historia, como «el arte de lo posible». Recalcaría lo de «posible», dejando lo de arte como adorno, pues arte hoy es cualquier cosa. Lo de «posible», en cambio, es fundamental. Si una política busca lo imposible estén seguros de que terminará mal. Y uno de los problemas de España o, más exactamente, de los españoles, es que hemos buscado más veces lo imposible que lo posible. Incluso presumimos de ello, lo que ya entra en los dominios de la fatuidad.

Pero hablábamos de los Reyes Católicos. Tenían ambos los pies en el suelo y sus objetivos pueden considerarse normales: cerrar la Reconquista, poner orden en el batiburrillo que habían heredado y buscar una proyección exterior. Mientras tanto, intentaban evitar el incendio que provocó en Europa el debate sobre la posición de la Tierra en el universo, la lógica sustituyendo al tomismo, la ironía como defensa, la libertad individual como objetivo y el desafío a Roma del erasmismo. Lo lograron en cierta medida. Pero tan curioso como significativo es que, cuando el Consejo Real debatió su denominación, los monarcas rechazaron la propuesta de algunos consejeros de tomar el título de Reyes de España, prefiriendo mantener el de sus reinos respectivos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Permitieron, sin embargo, que lo usasen sus panegiristas, aunque la mayoría de ellos prefiriese el de Reyes de las Españas que, aparte de más literario, se ajustaba más a la realidad. Nadie mejor que ellos conocía las diferencias entre sus súbditos, lo enorme de la tarea de conjuntarlos, el poco tiempo de que disponían y los obstáculos impresionantes que se interponían en el camino y que salvaron en lo posible, dadas las circunstancias.

Aunque lo que resulta «no es un Estado nacional sino un marco político que funcionó durante algún tiempo, no una centralización moderna del poder, sino una moral y unos hábitos difundidos que facilitaron la obediencia». Estas son palabras de Felipe Fernández-Armesto. Y José María Jover lo define como «una confederación de reinos, unidos por la dependencia común de los monarcas».

Nada de todo esto disminuye el mérito de los Reyes Católicos. Sin su esfuerzo unificador, la península ibérica se hubiese convertido en una especie de Balcanes donde diversos y pequeños reinos han venido defendiendo su peculiaridad en guerras entre ellos hasta muy recientemente, sin que hubiera garantía de que no volverían a hacerlo. En la península ibérica, las diferencias establecidas durante la Edad Media estaban ya demasiado marcadas para que pudieran borrarse, pero con su «tanto monta, monta tanto», Isabel y Fernando lograron que aceptaran tolerarse y convivir. Fue un primer ensayo de la «España plural y unida» que, tras las más diversas vicisitudes, cristalizaría siglos más tarde en la España de las Autonomías, aparte de establecer con sus súbditos —el pueblo «villano»— unos lazos personales por encima de la cabeza de los nobles, que salen a relucir en el teatro clásico y se manifiestan en las cartas al rey como último tribunal de apelación ante las injusticias sufridas. Esto es algo que se ha mantenido hasta hoy, y que servirá de único cemento a la nación española cuando el Imperio desaparezca, el oro se acabe y la gloria se disipe.

Pero antes, tenemos que hablar de todo ello.

6
IMPERIO CONTRA NACIÓN

Cada vez da uno más la razón a Hegel cuando dice que un geniecillo irónico mueve los hilos de la historia. (¿O se trata solo de la tercera ley de Newton: «A toda acción corresponde una reacción, igual y contraria»?). Al final, toda la política casamentera de los Reyes Católicos quedó reducida a un solo sucesor, su nieto Carlos, hijo de su hija loca, nacido y criado en Gante, que no tenía la menor idea de cómo eran España y los españoles.

Como era todavía un niño, actuaba como regente un cardenal, Jiménez de Cisneros, que supo poner firmes a los nobles mostrándoles los cañones («Estos son mis poderes»), listos para aprovechar cualquier oportunidad de recobrar poder y prestigio, y renacentista a su manera: fundó la Universidad de Alcalá y fue el editor de una Biblia Políglota. Pero no en español, como iba a hacer Lutero en alemán, sino en latín, griego, hebreo y, parte, arameo, o sea, una Biblia para expertos no para el gran público, no fuese a sugerir malas ideas o pusiera en duda lo que les contaba. O sea, renacentista, pero no a lo italiano, sino a lo español, es decir, no demasiado.

El joven monarca llegó rodeado de nobles flamencos, algo, como puede imaginarse, que no gustó nada en la Corte española. Elegido emperador a la muerte de su abuelo Maximiliano, su atención se dirige a consolidar sus posesiones europeas, que son tan vastas como desperdigadas: Austria, Tirol, Bohemia, Moravia, Silesia, Estiria, Carintia y Cardiola, los Países Bajos, el Franco Condado, la Borgoña y el Charolais, a más de Nápoles, Cerdeña y el Rosellón. Menos aún gusta que pida dinero a ciudades y villas españolas para tal empresa. Unido a la displicencia con que él y su comitiva venían tratando a sus «caballeros villanos», estos, ni cortos ni perezosos, deciden sublevarse. Con lo que Carlos I de España y V de Alemania se encuentra con la primera de las muchas guerras que van a jalonar su reinado. Va a llamarse la guerra de «las Comunidades» y se libra en lo más castellano de Castilla.

Los comuneros, ¿eran demócratas que intentaban retener los derechos del pueblo llano frente a una monarquía absoluta, extranjerizante además, como sostiene la aureola con que se les ha rodeado, o aristócratas que defendían sus privilegios, como sostienen los defensores del Imperio español? Pues ni una cosa ni la otra, o las dos al mismo tiempo, ya que hay argumentos para defender ambas teorías. Eran «caballeros villanos», una clase social típicamente española, que sin llegar a nobleza de título gozaba de cierta alcurnia y de los fueros o prebendas que tuviesen sus villas y ciudades, que eran buena parte de las españolas. Defensores del viejo orden, al tomar posesión de la Corona hicieron jurar al joven rey (a ellos lo de emperador les venía demasiado ancho) sus fueros en las Cortes, advirtiéndole: «Señor, debéis saber que el rey es solo el servidor pagado por la nación», o al menos así lo cuentan las crónicas. Visto desde nuestra perspectiva resulta modernísimo y lógico que se hayan convertido en una referencia de la izquierda española, como el color morado del pendón de Castilla, que la República añadió a la bandera española y ha sido adoptado por los indignados como enseña. Pero todo apunta a que defendían la vuelta a la España provinciana, a la monarquía tradicional, opuesta a la idea supranacional de Carlos V de Alemania. Personificaban también las raíces castellanas frente a una política que presentían que iba a serles fatal en aras del universalismo. Representaban, por último, una clase media especialísima que solo se daba en Castilla, hidalga y limitadamente democrática, muy distinta a la burguesía que estaba emergiendo en el resto de Europa. Posiblemente fracasaron por eso: por sus limitaciones y peculiarismos. No encontraron el apoyo de la nobleza que, temerosa de que el levantamiento pudiera dar la vuelta al statu quo del país, apoyó al emperador; ni del pueblo llano, del que se había mantenido distante, por su condición de hidalgos. Razones por las que el pueblo-pueblo se mantuvo al margen de una lucha que no iba con él, de que fueran aplastados en la batalla de Villalar (1521) y de que sus principales cabecillas, Padilla, Bravo y Maldonado, fueran decapitados. Desaparece así el último germen de una posible burguesía urbana, aunque no del estilo que estaba surgiendo en el resto de Europa, comercial e industrial, sino bastante distinta, fundada en el linaje, las posesiones pequeñas o grandes, pero de cuyas rentas podía vivirse, y de la pureza de sangre que separa a cristianos viejos y cristianos nuevos (recién bautizados), que se convierte en verdadera obsesión de los españoles y les hace menospreciar todos los trabajos manuales, mercantiles, financieros e incluso científicos. Es decir, precisamente las profesiones en que se funda el progreso de la Edad Moderna. Aunque tampoco sabemos hasta dónde hubiera podido llegar aquella revuelta, ya que estas cosas se sabe cómo empiezan pero nunca cómo acaban, a pesar de que nada menos que Marx consideró que el alzamiento de los comuneros fue la primera revolución española. «Los conjurados —escribe con esa prosa heroica que usa para hablar de temas políticos, que contrasta con la más plúmbea en los temas económicos—, cayeron en el campo de batalla y las viejas libertades españolas desparecieron».

¿Qué hubiera ocurrido de haber ganado los comuneros? Los escenarios son tan diversos y tan evidente la futilidad de tales ejercicios de imaginación, que nos abstenemos de hacerlo. Pero pocos discutirán que Villalar fue una encrucijada en la historia de España. Como tampoco se discutirá que de haber sido otro el ganador, las cosas hubieran ido de forma muy distinta. Lo que ya no nos atrevemos a decir es si mejor o peor. A corto plazo, no hubiera habido nuevos territorios en Europa, ni fama ni gloria, ni Imperio. A cinco siglos vista, la cosa cambia.

Nacionalismo e imperialismo

Y aquí tenemos que hacer un alto para abordar un asunto, en apariencia teórico, pero de enormes consecuencias prácticas, sobre todo para nuestro país. «¿Qué es lo contrario del nacionalismo?» se preguntaba Sebastian Haffner en uno de sus ensayos más sagaces. «¿El internacionalismo? —continuaba—. En modo alguno. Nacionalismo e internacionalismo se llevan la mar de bien, se complementan, se necesitan. Podría decirse incluso que se entremezclan: donde hay naciones, debe haber reglas de juego e instituciones internacionales, ya que ninguna nación está sola en el mundo. No, el verdadero polo opuesto del nacionalismo es el imperialismo. La alternativa a un mundo de naciones soberanas es un Imperio universal.» El razonamiento de Haffner nos lleva a una conclusión tremenda, mortal casi para nosotros: si el enemigo de la nación es el Imperio, mal futuro le aguardaba a la nación recién nacida española con dos Imperios, el europeo y el americano, y, encima, un monarca dispuesto a convertirla en Imperio universal.

Fue lo que ocurrió. El Imperio universal devoró, adulteró, arruinó, sí, arruinó como van a ver muy pronto, la nación española. Carlos I de España y V de Alemania vivió y reinó obsesionado por lo que siempre han vivido obsesionados los alemanes: por reconstruir el Imperio romano, posiblemente para sacudirse el complejo de no haber pertenecido a él. De ahí que levantaran la parodia del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos V no era un rey, era un emperador. Ni siquiera de las Indias, que le interesaban solo por el dinero que podía sacar para sus campañas imperiales europeas. Bajo él se acuñó la frase «Un monarca, un Imperio, una espada». Muy bonito. Pero, ¿y España?

España había quedado olvidada, o por lo menos disuelta, en el Imperio, subordinada a él. Soy consciente de lo atrevidas que suenan estas afirmaciones sobre un paraje tenido por el más brillante de nuestra historia. Pero ha habido quienes, con mucha más autoridad que yo, aunque sin tanta rotundidad, lo han apuntando. El propio Domínguez Ortiz, puede que la máxima autoridad sobre la época, tiene que admitir que «Carlos I no hizo de su Imperio un pedestal nacionalista como lo hubiera hecho Francisco I (de Francia)». Duro juicio para el vencedor del duelo que mantuvieron.

Lutero

Pero volvamos a los hechos. Tras el alzamiento comunero, el emperador tiene todavía que aplastar el de las germanías en Valencia y Mallorca, movimientos ya claramente revolucionarios protagonizados por los sectores más bajos de la sociedad. De ahí en adelante, Carlos V no hace otra cosa que pelear para mantener y ensanchar sus dominios. Tiene que luchar con el turco, que amenaza Viena y el Mediterráneo. Tiene que contener a los ingleses que inician su política de atacar a la potencia hegemónica en el continente, cualquiera que sea y, en aquel momento, era España. Tiene que pelear, sobre todo, con Francia, que le disputa esa hegemonía («Mi primo Francisco [I] y yo queremos los mismo: Milán»). Tiene que enfrentarse incluso con el papa, que como señor terrenal de los Estados Pontificios no ve con buenos ojos cómo se amplía el dominio español en Italia. Lo que lleva a la paradoja de que las tropas del emperador de la cristiandad saquean Roma. Da la impresión de que a España solo viene a pedir dinero para sus campañas, algo que unas Cortes ya domesticadas le dan. Pero ni siquiera el oro de América (que empieza a llegar en 1534) es suficiente y el endeudamiento alcanza a otros importantes sectores del reino. Se empeñaron los arriendos de las maestranzas de las órdenes militares, los pastos de Castilla, las explotaciones de las minas, las de Almadén entre ellas. Contra lo que solía ocurrir y contra lo que suele pensarse, el Imperio no lleva a España a la opulencia, sino a la bancarrota. Y no una vez, sino varias, pues la cosa se hace crónica: 1557, 1575, 1627, 1647, 1656.

Todo ello hubiera podido soportarse —las guerras y la confusión general fueron la característica de la época— de no haber explotado una mina en la misma línea de flotación de aquel Imperio: la religión. Desde la llegada de la nueva era, la Iglesia católica venía atravesando una profunda crisis tanto en los dogmas como en las estructuras, que tarde o temprano tenía que estallar. Estalló en el extremo oriental del Imperio, cuando un fraile agustino que había vuelto, como tantos, escandalizado de lo que había visto en Roma, propuso una reforma de bastante más calado que las que se venían barajando hasta la fecha. Era Lutero.

Aquello no podía seguir así, eso lo comprendía todo el mundo, empezando por los verdaderos peregrinos y hay numerosas muestras literarias que lo testifican. El poema de Quevedo, A Roma sepultada en sus ruinas, podría tomarse como una alusión, al hablar de peregrinos, no a la Roma clásica sino a la de aquel tiempo, con las debidas cautelas desde luego:

Buscas en Roma a Roma, ¡oh, peregrino!,

y en Roma misma a Roma no la hallas;

cadáver son las que ostentó murallas,

y tumba de sí propio el Avertino.

Pero lo que Martín Lutero planteaba iba más allá de un reajuste, para convertirse en un vuelco completo, al poner el libre examen, esto es, la libertad de interpretación de los textos bíblicos, que pone al subjetivismo de cada uno por encima de los dogmas y potestades. Un desafío tanto al papa como al emperador, cogidos por sorpresa. Su primera reacción fue atraerse al díscolo monje, con concesiones y buenas maneras. Pero lo único que consiguieron fue que creciese su altivez y se afianzara en sus posiciones. Acabó de estropearlo que, lo que empezó siendo una cuestión religiosa pasó pronto a convertirse en un problema político. Bastantes príncipes alemanes vieron la oportunidad de sacudirse la autoridad del emperador y no la desaprovecharon. Uno de ellos, Federico el Sabio, llegó incluso a ofrecer su castillo de Wartburg a Lutero, que lo tomó como refugio para traducir la Biblia al alemán, algo taxativamente prohibido por la Iglesia. Así fue cómo la Reforma protestante se convirtió en una auténtica revolución —la primera de las revoluciones europeas, según Marx que sabía de estas cosas— y la Biblia de Lutero, en el modelo del alemán moderno y en el germen de su nacionalismo.

Vistas las dimensiones que había tomado la crisis y que con concesiones no iba a ningún sitio, el emperador no tuvo más remedio que actuar militarmente. Pero sus triunfos en el campo de batalla, especialmente en Mühlberg (1547), no le sirvieron de nada, como suele ocurrir cuando se enfrentan las viejas armas con las nuevas ideas. Se pasó años combatiendo el protestantismo, pero al final no tuvo más remedio que reconocerlo, en la Paz de Augsburgo, dándole iguales libertades religiosas que al catolicismo. Menos mal que en aquel campo se había producido una escisión, pues la pérdida pudo ser mayor. Lo que en principio era solo una revuelta aristocrática se torna revolución de las clases populares, cuando estas intentan conseguir sus libertades (Guerra de los Campesinos). Los nobles se dan cuenta de que ellos también podían ser barridos por la riada e inician una durísima represión, que Lutero aprobó, por cierto. Pero ya era tarde para dar vuelta a la Reforma, que va a partir en dos el cristianismo y el Imperio. El emperador cede a su hermano Fernando los Estados patrimoniales de los Habsburgo y a su hijo Felipe el resto de sus posesiones. Tras esto, se retira al monasterio de Yuste —en esa España de la que tan poco sabía cuando llegó al trono— donde pasará sus últimos días, no muchos, apenas dos años. Allí vivió al más puro estilo medieval: contemplando a sus caballeros practicar la esgrima en la sala que se había dispuesto para ello; oyendo misa a diario a través del ventanuco que comunicaba su dormitorio con el altar, ya que la gota le tenía inmovilizado en una silla articulada —una de las primeras de este tipo—; y dando cuenta de las patas de oso que se hacía traer de Asturias —no precisamente la dieta más indicada—, bien regadas de la cerveza producida por el lúpulo que había mandado plantar en el fértil valle del Jerte. Alemán hasta el fin, el nacionalismo español lo ha querido ver como la cumbre de este sentimiento, cuando lo cierto es que quizá como emperador merezca un aprobado, pero como rey de España —de lo que apenas ejerció—, merece un rotundo suspenso.

Felipe II

Su hijo y sucesor era, como persona, completamente distinto, pero la política sigue siendo la misma. Si su padre era abierto, expansivo, amante de los viajes y las emociones, él era moderado, solitario y reflexivo. El rey prudente le llaman sus exégetas. Ha pasado a la historia como prototipo de rey español, con toda la carga positiva y negativa que ello tiene, a la que se añade la desventaja de haber sido el hombre más poderoso de su tiempo, lo que atrajo sobre él la envidia y maledicencia de todos los demás. Hasta hace no mucho se le conocía como la Araña de El Escorial, el monasterio que mandó construir y donde se recluyó sus últimos años. Dentro de España ha tenido defensores a ultranza y ha pasado a la historia como el monarca en cuyos dominios no se ponía el sol. Fuera, los juicios han sido mayoritariamente negativos: fanático, cruel y sin piedad, son algunas de las cosas que se dicen de él. Y se le ha acusado de las mayores aberraciones, entre ellas la de haber ordenado la muerte o, por lo menos el encierro, de su hijo Carlos —de temperamento desequilibrado, posiblemente herencia de su abuela Juana—, que había llegado a conspirar contra su padre.

Últimamente, sin embargo, se nota una especie de reivindicación del monarca, con voluminosas biografías, tanto de estudiosos extranjeros (Henry Kamen) como de españoles (Manuel Fernández Álvarez). Posiblemente la verdad esté, como tantas veces, en el punto medio: que no fuera ni tan pérfido y tenebroso como nos presenta la Leyenda Negra, ni el príncipe renacentista que intentan vendernos los autores modernos. Es también posible que sufriese una transformación, que hubiera un Felipe II de los primeros años como rey, optimista, seguro de sí mismo, amante de las artes, la danza incluida, y un Felipe II de la segunda mitad de su vida, retraído, desconfiado y rencoroso. Pues también hay dos mitades perfectamente diferenciadas en su reinado. Una ascendente, que coincide con la cumbre del Imperio español, en la que se acumulan territorios y victorias sobre los franceses en San Quintín, Gravelinas, y más la resonante victoria contra los turcos en Lepanto; y otra que empieza con la sublevación en los Países Bajos, imposible dominar con mano dura, sangre, oro, armisticios o matrimonios, y que finalmente habrá que abandonar. Por breve espacio esta derrota quedará compensada con la incorporación de Portugal y sus posesiones, ya que al quedar vacante el trono Felipe II lo reclama, como hijo que es de una infanta portuguesa. ¡Albricias! Por una vez la política matrimonial da resultado.

Se traslada entonces la corte a Lisboa y por dos años la vista se dirige a ultramar, no a Europa, algo que no gusta a Inglaterra, que venía apoyando a los rebeldes flamencos y asaltando a cuantos galeones españoles se les ponían a tiro. Felipe II no ve otra solución que construir una gran armada que invada aquel país. El fracaso de la misma, debido al clima, y a errores de mando y estrategia (se planteó más como una batalla terrestre que como una naval), marca el comienzo del fin del poderío español en el mar, imprescindible para una potencia con colonias ultramarinas. El rey se lo toma con calma: «No mandé mis barcos a luchar contra los elementos», dicen que dijo, en vez de construir una armada mayor que la inglesa y poner al frente auténticos marinos, no generales de infantería y vuelca su atención en España, que buena falta le hacía.

Pone en marcha una burocracia centralizada sobre la que ejerce una supervisión personal. Legisla, ordena, trata de poner orden en aquel caos. Crea el Archivo de Simancas, donde deben quedar guardados todos los documentos importantes de nuestra historia. Dispone las Relaciones Topográficas, la primera recopilación de nuestra geografía. En la administración del Estado, crea los cargos de secretarios de los distintos asuntos, antecesores de los actuales ministros. Lo que permitió a Ortega decir que «había creado el primer Estado moderno de Europa». Ahora bien, los distintos reinos seguían funcionando según sus propias normas. Y uno de esos secretarios, Antonio Pérez, le implicó en el mayor escándalo de su reinado, el asesinato de Juan de Escobedo, secretario de don Juan de Austria, tras convencer al monarca de que tramaban un complot contra él. Aunque mucho apunta que era él quien conspiraba con la princesa de Éboli, aunque la cosa no está clara ni mucho menos. Lo que está claro es que Pérez huye a Aragón y se pone bajo la protección de su Justicia Mayor, Juan de Lanuza. El problema de jurisdicciones que se plantea es enorme y aumenta cuando el monarca utiliza la Inquisición para resolverlo, violando los fueros aragoneses y ajusticiando a Lanuza, con el natural resentimiento en aquel reino. Y ni siquiera se consigue detener a Pérez, que escapa a Francia, donde escribe unas memorias que van a ser la base de la Leyenda Negra contra el rey y contra España. Peor no podría haber salido.

Sin embargo, hubo algo peor, siempre lo hay. Toda esa burocracia y ordenancismo, no impide que la hacienda española estuviera siempre en números rojos. Pese al oro y la plata que llegaban de América, pese a los impuestos cada vez más gravosos, pese a los títulos que se vendían y las tierras de realengo que se enajenaban, no salían las cuentas, y el rey tuvo que declararse en bancarrota en tres ocasiones, situación realmente embarazosa para la monarquía más poderosa de la Tierra.

Como ha demostrado Hamilton, el Imperio español no sirvió para enriquecer a España sino para arruinarla. Según el historiador norteamericano, en siglo y medio llegaron a España 181 toneladas de oro y 16 886 de plata. Un 12 % de las rentas totales del emperador, pero todo ello se lo tragaron las guerras europeas, las expediciones contra el turco y los intentos de comprar al adversario. Por otra parte, el oro solo beneficiaba a la clase alta. A la clase baja incluso la perjudicaba al subir los precios. En general, se confundió la riqueza del metal con la riqueza productiva, algo parecido a lo que ocurre hoy en los países productores de petróleo.

Los costes internos del Imperio son tan grandes como los políticos. No hace falta acentuar las tintas negras. Basta con ojear la literatura de la Edad de Oro —el nombre no pudo ser mejor elegido ni más equívoco— española. Recuérdese que el género más característico es la picaresca, en la que se acuña el epíteto de hambre imperial. La Corona vive asediada por los banqueros acreedores, imponiendo nuevos tributos a sus súbditos, malvendiendo sus propiedades y malpagando a sus soldados. El hundimiento de un galeón cargado de plata significaba un terremoto para las finanzas de aquel Imperio que agota económica, social y humanamente a España, a Castilla especialmente, obligada a un derroche de hombres, energías y recursos, del que aún hoy no se ha recuperado. Discuten los historiadores cuántos habitantes perdió España en aquellos dos siglos. Lo estiman algunos en 800 000, un décimo de su población total. Otros lo dejan en la mitad. De lo que no hay duda es de que, primero, se marcharon a hacer fortuna en las Indias o en los Tercios los más vigorosos, los más decididos, los mejores en suma y, segundo, la mayor pérdida la sufrieron las dos Castillas. A lo que hay que añadir que mientras el resto de Europa ganaba precioso capital humano, España lo perdía.

De ahí que no sea extraño que algunos historiadores, como José Luis Villacañas, sitúe el principio de la decadencia ya en 1559, cuando el Imperio español alcanzaba su apogeo. Pero los síntomas de fatiga y de descontento eran evidentes, como muestra el alzamiento de los moriscos en Granada y el que una flota anglo-holandesa tomase Cádiz en 1590. (Por cierto, fue también otra flota anglo-holandesa la que tomaría Gibraltar dos siglos más tarde. Se ve que tanto ingleses como holandeses tenían ya en su punto de mira esa entrada al mar más concurrido del planeta). Entonces se vio que el ejército, que peleaba en tres o cuatro escenarios mundiales, no era capaz de defender una de sus ciudades más importantes.

Lo que hay detrás es algo más profundo que incapacidad. Felipe II hubiera podido ceder la parte centroeuropea de su Imperio a otros Habsburgos y desentenderse de la lucha contra los protestantes. Pero su celo religioso se lo impidió. Flandes, como queda dicho, se convirtió en un pozo sin fondo que, para colmo, arruinó la principal industria castellana, la lana, al no poder seguir exportándose allí, como venía haciéndose. No importa. El rey siguió invirtiendo en aquella lucha hombres y ducados incluso cuando no los tenía. Su respuesta a las objeciones que le ponen es la misma que da a Bartolomé Leonardo de Argensola cuando, en su Conquista de las Islas Molucas, se atreve a exponerle que, dadas las enormes distancias, «sería recomendable que el rey concentrase sus fuerzas en España». Felipe II le contesta que «la causa de la fe no permite abandonar las almas de los nativos del Pacífico a los heréticos holandeses y a los abominables mahometanos». Una actitud muy distinta a la de Enrique de Borbón, que, puesto a elegir entre el trono de Francia y continuar siendo protestante, dijo aquello de «París bien vale una misa». En la España de Felipe II, una misa valía más que París.

Contrarreforma

Así quedará confirmado en el Concilio de Trento que, finalmente, se convoca para hacer los ajustes que la Iglesia católica necesitaba con urgencia. Podía pensarse que Italia, donde estaban asentados la silla de san Pedro y los Estados Pontificios, sería la protagonista del mismo. Pero es España la que lo asume, con aire militante además, y de ahí el título de «Martillo de herejes» que se ganó en Trento. Había que atajar la Reforma y es la Compañía de Jesús, creada por un español, quien actúa como fuerza de choque. Algo que nos ha enorgullecido durante mucho tiempo. Pero si pensamos que la Reforma protestante fue la primera gran revolución moderna, es un hecho que debería preocuparnos. No tuvimos Reforma y tuvimos, en cambio, Contrarreforma. Empezábamos a ir contracorriente, contra el tiempo nuevo. Mientras el protestantismo se adapta a él desde el primer momento y la nueva clase comercial adopta como religión el calvinismo, que considera la ganancia el premio de Dios al laborioso. Hay quien vende su alma al diablo. España la vendió al catolicismo más estricto, del que se convierte en defensora con la espada, la palabra y la pluma. Esa mentalidad antimoderna la desvinculó del mundo mercantilista y abierto que se estaba creando fuera. Pues no era solo el monarca y su Corte, también el ambiente general estaba dominado por valores trasnochados e ideales antiguos. Por otra parte, la inmunidad tributaria de tantos acogidos a la pequeña y alta nobleza era incompatible con la creación de un Estado moderno que funcionase, lo que obligaba a los reyes a buscar dinero hasta debajo de las piedras y a empeñarse de tanto en tanto. Y es que todo el mundo vivía por encima de sus medios, situación que parece haberse perpetuado en España.

No vaya a creerse, sin embargo, que esa fidelidad al catolicismo y las estrecheces económicas produjo descontento popular. El cordón sanitario impuesto por la Inquisición para que no se filtrasen ideas «subversivas» y la coincidencia de valores entre los distintos niveles sociales permitían mantener dentro del país un clima tranquilo e incluso satisfecho. Existía en aquella España que se divertía en los Autos Sacramentales y de Fe, que pasaba hambre, que exploraba mundos y moría en los más lejanos campos de batalla, un consenso entre gobernantes y gobernados que hubiera producido una de las naciones más sólidas que se hayan conocido —la Inglaterra victoriana, por ejemplo— de haber satisfecho un requisito indispensable: que ese consenso hubiera estado a la altura de su tiempo. Pero no lo estaba. El proyecto español en el momento álgido de su historia era un proyecto desfasado, pertenecía al ayer más que al presente o futuro. De ahí que se quedase en nación antigua, aplastada por el Imperio, que como todos, acabaría esfumándose, dejando al descubierto nuestro anacronismo. Tal vez porque, como queda dicho, empezamos la casa por el tejado. En lugar de modernizar primero la nación y lanzarnos luego a la aventura imperial, empezamos por la aventura. Aunque es muy fácil ver ahora los errores cometidos, como en los partidos jugados. Puede que lo único factible en aquellas circunstancias fuera actuar como se actuó. «¡España no existía como país!», exclama Henry Kamen en su último libro sobre el Imperio. Para añadir: «Y todavía hoy existe difícilmente». El historiador británico advierte del carácter «plurirregional» del Imperio español, al contribuir a él gentes de toda la península ibérica, y bastantes de fuera: flamencos, italianos, hispanoamericanos, chinos incluso. «Siendo en muchas cosas más importantes los vascos y castellanos, aunque convertidos todos en españoles».

Iguales, pero distintos

Con lo que da en el blanco es en nuestra mayor peculiaridad, que es a la vez nuestra gran paradoja: somos muy distintos y a la vez muy iguales, pues si bien es cierto que se mantienen las fuertes diferencias regionales, también lo es que surge por entonces el típico español —orgulloso, apasionado, dogmático, seductor—, que irrumpe en la escena internacional como una síntesis de sus variedades internas. Lo llevan los Tercios, los teólogos, los conquistadores, los predicadores, los pícaros, los diplomáticos, que desde entonces, no ha hecho más que universalizarse y afianzarse.

Agrada saber que el español es uno de los arquetipos humanos universales, junto al inglés, francés, alemán, ruso, chino y algunos más, no muchos. Lo malo fue que, dentro de España, siguió dominando la lozana andaluza, el celoso extremeño, el vizcaíno fingido, o sea, no el español, sino sus variedades regionales. Aunque puedo asegurarles que, fuera de España, es tan fácil identificarnos como difícil distinguírsenos, al ser muchas más las cosas que tenemos en común que las que nos diferencian, sin que nos demos cuenta. Es entonces, en el punto culminante de su historia, cuando se forja el español más característico —como ocurrió con el inglés de la era victoriana—. Me refiero al hidalgo, que podría ser la «clase media» española, a la que ha trasmitido sus valores, que son precisamente los opuestos a los de la clase media europea. Los había de muy distintos grados: los de «bragueta» —porque tenían doce hijos—, los de «gotera» —que podían gozar del título por tan solo veinte años y restringido a su lugar de residencia—, aunque el que más abundaba era el hidalgo de linaje sin fortuna, que malvivía, pero se daba aires entre su convecinos e incluso se echaba migas de pan en la barba para fingir que había comido. El fin de la Reconquista había cerrado el camino para obtener título grande o pequeño luchando con los moros. No quedaba otro remedio, al que perseguía ese título, que alistarse en los Tercios que combatían en Europa o buscar fortuna en América —para lo que había que obtener permiso, no fácil de conseguir como comprobó Cervantes—, siendo los caminos tomados por los segundones. Había también la ruta de las órdenes militares, que llegaron a tener enorme peso como seminobleza. Fue la ruta que tomaron bastantes servidores de los monarcas, entre ellos pintores y escritores, a quienes se justificó el trabajo manual —incompatible con la hidalguía y nobleza— con la excusa de que no era realmente trabajo sino «para complacer al Rey». Las condiciones eran: voto de castidad (excepto con la esposa), pobreza (dar inventario de bienes como muestra de que sabía administrarlos bien), rezos (algunos padrenuestros), misa diaria y al menos tres confesiones anuales. Recuerda de lejos a lo que empieza a exigirse a los políticos actuales.

En cualquier caso y para poner orden en aquella España que se ennoblecía a la carrera mientras Europa empezaba a aburguesarse, Carlos I establece en 1520 (aunque la fecha no es segura) la Grandeza de España, que son los nobles entre los nobles, la crème de la crème, a la que acceden solo los títulos más destacados. En un principio fueron solo 25 en 20 familias de Castilla, algunas de sangre real, cuatro de Aragón y una de Navarra. Lo más importante era el tratamiento: podían ir cubiertos en presencia real, sentarse en su capilla, preceder a los obispos en las procesiones y no ir a la guerra más que como jefes, con sueldo de generales, y no se les podía encarcelar como a cualquiera. Aún más importante era que el rey les trataba de «mi primo». Con el paso del tiempo y a medida que aumentaban las dificultades económicas de los monarcas, se llegó a lo nunca visto: a vender Grandeza. Si en 1641 eran ya 41, a finales del reinado de Carlos II eran 127, concediéndose incluso a personalidades extranjeras que habían ayudado al monarca.

Por su parte, Felipe II dictó un manual para orientarse por el laberinto de la nobleza de su reino, con títulos y tratos, que empezaba por el escudero —joven noble que combatía a pie hasta ser armado caballero (aunque en la literatura le vemos llegar a viejo y pobre)— y terminaba en los Grandes. Leyendo la literatura de la época tiene uno la impresión de que, quien más quien menos, todos los españoles se consideraban nobles. De entonces debe venir esa impresión que tienen los extranjeros que nos visitaban de «la dignidad que tienen hasta los mendigos españoles». Si se me permite una reflexión —casi un desahogo— personal: mejor nos hubiera ido con un poco de menos dignidad y un poco de más trabajo, ya que, en bastantes ocasiones, esa dignidad significaba la exención de trabajar. Y un tal Pedro López, sevillano enormemente rico, perdió el hábito de Santiago e incluso fue a la cárcel, «por haber sido corredor de bolsa, mercader y cargador para Indias».

Don Quijote

Nada muestra mejor la grandeza y miseria de la España Imperial que el libro más señalado: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Ni menos entendido, al menos por sus contemporáneos, diría que aún hoy. Y miren que su autor nos lo advierte claramente al decirnos que quiere acabar con los libros de caballería que han sorbido el seso a su personaje. Pero los españoles nos lo tomamos a broma, tal vez porque no queríamos ver cuánto nos habíamos equivocado. El Quijote es el diagnóstico implacable de un inconsciente colectivo, la radiografía de una nación que erraba el camino, apartándose de las demás europeas, con algo tan suyo como decir: «Se equivocan ellos», repetido hasta hace bien poco. ¡Y tan poco! Bastantes españoles, en un extremo y otro del espectro ideológico, lo repiten hoy orgullosos, como siempre.

En aquel entonces, nadie podía decirlo y escribirlo mejor que Cervantes, que había vivido y sufrido todos los sueños de aquella España, sus aventuras y desventuras, sus triunfos y sus fracasos. Sobre todo sus fracasos, desde la batalla de Lepanto, «la mayor ocasión que conocieron los siglos», hasta su muerte, pobre, y sin mayor reconocimiento, pese a que el éxito de su obra es tal que pronto le sale un plagiario, bendito sea, porque eso le hizo escribir una segunda parte. En medio, está el encarcelamiento en Argel, la solicitud tras solicitud (todas denegadas) para ir a las Indias, todo tipo de problemas familiares, con alguna visita más a la cárcel, y el deambular por caminos, mesones, pueblos, tablados, en el poco agradecido oficio de recaudador de impuestos. Pocos como él conocían la enorme distancia que había entre los sueños y las realidades en aquella España que gobernaba mundos y pasaba hambre. Como ningún otro contemporáneo, se dio cuenta de hacia dónde tiraba y quiso advertir: olvídate de la caballería, que es cosa del pasado. Camina hacia adelante. Entérate de lo que puede ocurrirte en un mundo donde no hay gigantes que vencer, ni princesas que rescatar, ni oprimidos que liberar. No podemos seguir siendo un país de hidalgos que se aventuran por el mundo lanza en ristre a enderezar entuertos. Un nuevo orden ha sustituido al viejo.

Lo peor fue que Cervantes terminó enamorado de su propio héroe, posiblemente por ser él mismo, y le adornó con tal bondad, tal belleza, tal gallardía que sale vencedor incluso en las derrotas, y algo parecido ocurrió a todos sus lectores en todas las lenguas, perdiéndose el mensaje. El pueblo español, desde luego, no aprendió la lección. Se rió, entre lágrimas, de Alonso Quijano, pero siguió con su locura. Quiero decir, empeñado en continuar la Reconquista, que ahora se llamaba América.

No sabemos si Cervantes se dio cuenta de que estaba haciendo el retrato más cruel, más exacto, más espléndido de la España que le había tocado vivir, la de Lepanto, Flandes, las Indias, la Armada Invencible, o fue simplemente uno de esos golpes de genio que de tanto en tanto produce la mente humana para definir una realidad mucho mayor que ella. El caso es que la realidad quedó así inmortalizada en el que ha pasado a ser nuestro mito por antonomasia, que no es mito, sino realidad.

«Don Phelipe Segundo, por la gracia de Dios rey de las Españas, de Aragón, de León, de las dos Sicilias, de Herusalén…» así comenzaban las cartas que los hermanos Doria escribían al monarca desde Italia. Un autor tan poco sospechoso de antiespañolismo como don Claudio Sánchez Albornoz, al tratar de Carlos I y Felipe II tiene que reconocer que «ni en sus mentes ni en la de sus colaboradores surgió la idea de articular a todos los españoles en un Estado unitario. Es verdad que organizaron el moderno Estado castellano, pero al hacerlo acumularon los obstáculos creados en la misión española. Por colocar a Castilla, convertida en eje político de la monarquía, y a los demás reinos peninsulares a distintos niveles, transformados en meros satélites, de igual importancia a otros Estados europeos insertados en el marco general de su inmenso Imperio. Es la enorme responsabilidad de Carlos V y Felipe II: el haber relegado la unidad de España. Puede exigírseles por ello una gran deuda».

«Por el Imperio hacia Dios» era uno de los principales lemas del franquismo.

El dichoso Imperio, cuya deuda estamos pagando todavía. Con intereses.

El nombre de «César» que el franquismo dio a Carlos I —hasta el punto de haber una residencia universitaria con ese nombre— no iba desencaminado, pues actuó más como emperador que como rey de España, con indudable perjuicio de esta. Su hijo, Felipe II, solía utilizar el título de rey, al que se añadía la larga lista de sus variados reinos. De ahí surgieron «las Españas», referidas a las posesiones ultramarinas. Para designar la forma de Estado, los cronistas de la época utilizan «Monarquía hispánica» o «Monarquía católica», a fin de cuentas, el papa había concedido tal título a los Reyes Católicos.

La simbiosis España-catolicismo forjada en la Edad Media en la lucha de la España cristiana contra el infiel, no hizo más que afianzarse y expandirse durante la época imperial, además de complementarse. No olvidemos que católico —del griego katholikós, general, universal— encaja perfectamente con la idea de la Monarquía universal perseguida por Carlos I y continuada por Felipe II. Van a defenderse mutuamente durante siglos. Pero van a sucumbir cuando al catolicismo le salga un competidor, el luteranismo, más adaptado a los nuevos tiempos. El Vaticano no los aceptó hasta 1962 y España, hasta 1978. Y ni siquiera del todo, como estamos viendo.

7
SE PONE EL SOL EN EL IMPERIO

Si en el Siglo de Oro español no era oro todo lo que relucía, en el siguiente tampoco los reyes eran los que llevaban Corona. Al menos no ejercían como tales. A Carlos I y a Felipe II se les podrán reprochar muchas cosas menos que abandonaran los asuntos de Estado, o de Imperio mejor dicho. Sus sucesores, en cambio, preferían dejárselos a sus validos, mientras ellos se dedicaban a la caza, las fiestas o perseguir novicias. Felipe III, Felipe IV y Carlos II eran hombres muy distintos fisiológica y psicológicamente, pero compartían un rasgo: sentían un tremendo recelo a gobernar. Tal vez fuera un déficit de personalidad o de autoridad. O sencillamente, quizá les pareciese demasiado complicado, que reúne ambas cosas. En una persona corriente no es grave e incluso puede ahorrarle problemas. En un rey es un enorme problema. Para él y para su país.

Felipe III, un hombre robusto, más bien rechoncho, al menos en los retratos que le hizo Velázquez a caballo, ya en vida de su padre rechazó asistir a las Juntas de Gobierno, por lo que ciñó la Corona sin la menor preparación. Indolente y sin personalidad, prefirió ceder esas faenas en Francisco Gómez de Sandoval, marqués de Denia, que nada más acceder a la privanza se hizo nombrar duque de Lerma. Es difícil decir que era mayor en él, su ignorancia, equiparable a la del rey, o su codicia, que puede calificarse de rapiña. Cobraba por todo, por los botines de guerra —cada vez menores—, por encomiendas, dotes, virreinatos y todo tipo de cargos, incluidos los inquisitoriales. No bastándole eso, tenía sus propios favoritos, cortados a su medida, entre los que destacó un tal don Rodrigo Calderón, que incluso le superaba en lo que hoy llamaríamos corrupción y acabó en la horca. Temiendo un final parecido cuando ya se hacía imposible mantenerle en el cargo, Lerma buscó la púrpura cardenalicia en Roma, con la idea de ser arzobispo de Toledo, la máxima dignidad eclesiástica en España. El pueblo, siempre al quite, empezó a cantar:

Para no morir ahorcado,

el mayor ladrón de España

se vistió de colorao.

(Sirva de consuelo saber que no consiguió su último objetivo, pues tuvo la mala idea —hasta en eso se equivocó— de aconsejar como confesor del rey al padre Aliaga, que le traicionó, pasándose al bando de su hijo, el duque de Uceda, que le sucedería en el cargo y «comenzó a sentir ciertos escrúpulos sobre su manera de gobernar, o, mejor, de no gobernar», según señala Domínguez Ortiz.)

Lo único bueno, si bueno puede llamarse a la inhibición, de esta política pasiva es el interés tanto del rey como de su valido por llegar a pactos en todos los frentes que tienen abiertos: Flandes, Italia, Francia, Inglaterra, no importándoles ya si eran protestantes o no. Pero en cuanto al gobierno interior, a solucionar los problemas del país, o países, nada de nada. Tal vez estaban demasiado ocupados, el uno, en divertirse, el otro, en arramplar con cuanto podía y no podía. No es nada extraño que a las desgracias naturales —peste, hambrunas, etc.— se añadiesen las creadas por ellos, como el traslado de la Corte a Valladolid, con los naturales problemas, trastornos y perjuicios para todos, donde estaría seis años (1600-1606) hasta que se comprobó que no se podía seguir así y hubo que traerla de nuevo a Madrid. Eran días y noches de «rosas y vino» en la Corte. Había alegres cabalgatas hasta El Escorial, sin otro sentido que jugar allí hasta las tantas, darse banquetazos con los priores y ceremonias litúrgicas para cubrir las apariencias, con gran escándalo de algún monje, que nos ha dejado testimonio, pero no del pueblo, que se divertía en los festejos con cualquier motivo, especialmente el hallazgo de una reliquia de san tal o santa cual, cuya autenticidad nadie se molestaba en constatar ni dudar, pues podría ser acusado de hereje. Es cuando se multiplican los patronos y patronas no ya de los pueblos, villas y ciudades, con las celebraciones correspondientes, sino de los gremios y cofradías.

En 1610 se decretó la expulsión de los moriscos. A diferencia de la de los judíos, no había sido pedida por la vox populi, ni por los municipios, ni por los nobles, ni por la Inquisición siquiera, que perdían con ellos importantes ingresos. Igual que la de los judíos, constituyó un golpe para la economía del país, sobre todo en Aragón y Valencia, donde constituían el 16 y el 38 % de la población, respectivamente. España perdió 300 000 no voy a decir ciudadanos porque en aquel momento no existían, sino súbditos, trabajadores y especializados, sobre todo en la agricultura, y supuso un impacto del que tardó en recuperarse. ¿Cuál fue la causa? Hay quien habla de un gesto del rey y la reina para mostrar una religiosidad más de apariencia que de sustancia o un intento de imitar a sus antecesores, los Reyes Católicos, y ganar popularidad. Domínguez Ortiz lo atribuye más bien a un informe del Consejo de Estado sobre la peligrosidad que representaban en caso de desembarco turco o berberisco en nuestras costas. De haber sido eso, indica que ni siquiera en sus propios territorios se sentían seguros los reyes españoles con dominios en todos los continentes.

Cumpliéndose la ley de Murphy, que dice que las cosas que van mal siempre pueden ir peor, en 1618 estalla el conflicto no resuelto en Centroeuropa entre católicos y protestantes, mezclado con el de las nacionalidades allí encerradas. El estallido es en Bohemia, «el corazón de Europa» la llaman los nativos, que, protestantes ellos, niegan la obediencia al emperador católico austriaco. Desde allí, el incendio se extiende por todo el centro del continente. Comienza la Guerra de los Treinta Años. Los españoles podían haberse inhibido, ya que les quedaba lejos, pero los lazos familiares con la Casa de Austria y el compromiso que habían contraído con la Iglesia católica les obligan a intervenir, a fondo además. Recuerdo una visita al castillo de Ravensburg, desde el que se divisa la hermosa campiña que fuera del Obispado-Principado de Bruchsal, y del que queda solo la entrada derruida, la enhiesta almena y unos cobertizos convertidos en coqueto restaurante. Un primo de mi mujer señaló una lápida: «Este castillo fue destruido por las tropas españolas en 16…». No recuerdo exactamente la fecha. También en el ayuntamiento de Constanza, bastante más al sur, su sala de reuniones está presidida por un enorme mural que muestra la victoria de la ciudad frente a dichas tropas. Nuestros soldados van a estar en las principales batallas y frentes de aquella guerra que desangró Centroeuropa y nuestra hacienda aún más de lo que estaba, para terminar, como todas las guerras de religión, por agotamiento de ambos contendientes, cada uno en su parte o por aniquilación de una de ellas. Esta, por fortuna, fue por lo primero, pero los daños que dejó fueron incalculables, incluso a los que no la sufrieron en su territorio, como España. La Guerra de los Treinta Años sumió a Europa en una época de dificultades. En España, la recesión fue más intensa y la recuperación más lenta. La costosa política imperial y los desajustes regionales en el crecimiento fueron básicos. Castilla se abocó a la depresión, mientras las regiones costeras se rezagaban en la explosión mercantil del litoral europeo, como resume José Antonio Sebastián el impacto de la contienda.

Portugal y Cataluña se sublevan

Felipe IV era alto, suave, elegante. «Siempre de negro hasta los pies vestido, es pálida su tez como la tarde», le describió Manuel Machado. Gustaba de las artes, de las letras, de los placeres exquisitos, aunque gustaba pasearse de noche entre la multitud sin mezclarse con ella. Tenía una sexualidad desbordante lo que tampoco sería reprochable si no la combinase con un tremendo complejo de culpa, que le hacía creer que las desgracias que caían sobre sus reinos se debían a sus pecados de la carne, por lo que andaba siempre atribulado y buscaba el consejo —por correspondencia, nadie vaya a pensar mal— de una monja visionaria, sor María de Ágreda, que si bien le servía de intermediaria con los poderes divinos, dejaba caer alguna que otra indicación sobre el gobierno de los hombres. Se preguntará cómo es posible que una monja, aunque llegara a abadesa, aconsejara sobre cuestiones de Estado, y responderé que mejor que los validos anteriores, cualquiera.

Tal vez por su imagen y por la poesía de Machado se ha formado una idea de refinado bordeando a la indolencia de este rey, que, reconozco, haber compartido hasta que leí al mejor experto de la época, el ya citado profesor Antonio Domínguez Ortiz. Este le presenta como un hombre amante de la vida, de la buena mesa, de la caza, de la pintura, del teatro y de las mujeres, habiendo tenido hasta seis hijos naturales, para añadir: «Y todavía tenía tiempo (muchas veces robado al sueño) para ocuparse de los negocios de Estado». Algo que su antecesor no había hecho.

Su privado, don Gaspar Gómez de Guzmán, conde-duque de Olivares, era justo lo contrario que Lerma y Uceda, duro, imperioso, violento en ocasiones, volcado en su labor sin ahorrar tiempo ni esfuerzos. Ya en su primer memorial al nuevo monarca le apunta el principal objetivo: unificar sus reinos al estilo de Castilla. Pero era un problema demasiado grande para ellos, al afectar a la médula de aquella sociedad y Estado. Se hubiera necesitado un genio de la diplomacia y de la política para enderezar el rumbo que llevaba aquel país y aquel Imperio. Aparte de que la suerte no ayudó. Aunque la suerte se la crea uno.

La tregua en los Países Bajos se acaba cuando el matrimonio del archiduque Alberto con la hija de Felipe II muere sin descendencia, y de nuevo tenemos allí a los Tercios españoles luchando para retenerlos, junto a los que ya combatían en la Guerra de los Treinta Años. Y como los males nunca vienen solos, pronto los tendremos dentro de casa, al sublevarse Cataluña, Portugal y Andalucía, aunque lo de Andalucía pudiera ser una correría del duque de Medinaceli para no ser menos. O más.

Lo de Cataluña es mucho más serio, y dado que se trata de un asunto que aún colea, voy a seguir la pauta que marca uno de sus historiadores más populares, Ferran Soldevila. Un ejército real, formado por españoles, napolitanos, irlandeses y valones, se había establecido en Cataluña para impedir que la ocuparan los franceses, que se habían unido el bando anti-austriaco. Tras haberse rechazado a los galos, principalmente por los catalanes, estos piden la retirada de las tropas reales, cuyos abusos con la población —latrocinios, homicidios, violaciones— están acreditados, pero Olivares no las retira. La respuesta fue el alzamiento, iniciado en la Selva y el Ampurdán (1640), que se extiende por todo el principado. Más de 3 000 campesinos entran en Barcelona el 7 de junio (Corpus de la Sangre), al grito de Visca la terra! Morin els traïdors! liberando a los encarcelados por orden del virrey, conde de Santa Coloma, al que dan muerte. El conde-duque prepara un ejército en Aragón para aplastar la revuelta. Ante lo que la Generalitat, con el canónigo de Urgell, Pau Claris, al frente, inicia negociaciones con agentes de Richelieu para crear una república catalana bajo la protección del rey de Francia, Luis XIII. Las tropas de Olivares entran por el Bajo Aragón, toman Tortosa, Tarragona, se acercan peligrosamente a Barcelona, pero no consiguen tomarla en la batalla de Montjuïc. A fin de obtener la ayuda de Francia, Claris hace proclamar a Luis XIII conde de Barcelona, con lo que Cataluña pasa a estar bajo soberanía francesa. La guerra, una de las más olvidadas de nuestra historia, va a durar doce años, con avances y retrocesos de ambas partes y visitas al frente de ambos reyes, incluido Luis XIV, que ha heredado la Corona gala tras la muerte de Luis XIII. La muerte de Richelieu; la conspiración de la Fronda contra el cardenal Mazarino; el que los franceses alcanzaran su principal objetivo, situar la frontera con España en los Pirineos, incorporando el Rosellón; el que la ocupación de tropas francesas se volviera ahora contra ellas por los mismos abusos cometidos antes por las españolas —pillaje, violaciones, homicidios—; y el argumento nada despreciable de que las tropas de don Juan José de Austria tenían cercada Barcelona, «inclinaron a aceptar la capitulación ofrecida por el hijo natural de Felipe IV en condiciones bastante aceptables». Las condiciones eran el perdón y olvido general, y permanencia de las Constituciones y privilegios, según Soldevila, que remacha: «Las instituciones de Cataluña se habían salvado, quedando aseguradas por más de medio siglo. Será necesario que otra dinastía, unida a otra tradición de centralismo a toda costa, entre a regir los destinos de España para que se encienda una nueva lucha y Cataluña pierda en ella sus libertades». Pero no adelantemos acontecimientos.

Apunto, solo como reflexión, lo que hubiera sido de la Cataluña actual de triunfar la idea de Claris y haber quedado incorporada a Francia. Más o menos en lo que es hoy la Cataluña francesa, nombre que no aparece por ninguna parte, al ser denominada oficialmente Pyrénées-Orientales (département 66) y Aude (département 11), incorporados a la región de Languedoc Roussillon, donde la Generalitat de Barcelona ha tenido que abrir escuelas para que no desaparezca el catalán.

Lo de Portugal es aún más serio, con serlo esto mucho. Conviene advertir que ni de lejos todos los portugueses estaban cómodos con esa unión. España era demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado intransigente para acostarse con ella. O sea que, aprovechando el descontento con los nuevos tributos para una guerra no se sabía bien dónde y el alzamiento de Cataluña, los portugueses se sublevaron también, declarando rey al duque de Braganza (1640). El resto lo hizo la pasividad por parte española, que a diferencia de Cataluña, apenas reaccionó, tal vez creyendo que aquella Portugal, pequeña y aislada, no aguantaría ante los Tercios. Pero Portugal aguantó, con la ayuda de Inglaterra, iniciando una estrecha alianza con ella a espaldas de España, nuestra enemiga en el dominio del Atlántico, que dura hasta nuestros días. Los Tercios españoles, curtidos, pero desgastados en cien batallas, ya no eran los que habían sido, y son rechazados no una, sino tres veces en sus intentos de abrirse paso hacia Lisboa. El sol se empezaba a poner dentro de casa.

Fin de raza y fin de dinastía

Muere Olivares poco después de habérsele privado de cargo de primer ministro, dando muestras de desvarío en su testamento. El rey intenta llevar solo su reino pero, al convencerse de su incapacidad, elige como nuevo valido a don Luis de Haro, sobrino del conde-duque. En España se estrena lo que más tarde se conocerá con el nombre de «lampedusianismo»: cambiar las cosas o personas para que todo siga igual.

Todavía tiene que aguantar la humillación de la llamada Paz de Westfalia (1648), que en realidad es la rendición de los Habsburgo, aunque para España significa la cesión de lo que ya había perdido: Flandes y la Cataluña francesa, que se ratificaría con la Paz de los Pirineos. Aquel Imperio se caía a pedazos y el monarca moriría diciendo «Parece que Dios no quiere». Los españoles siempre tenemos que echar la culpa a alguien.

Le sucede su hijo, Carlos II, niño todavía, por lo que su madre, Mariana de Austria, queda como regente. Prescinde de los cinco consejeros, tres de Castilla, dos de Aragón, que prescribía el testamento de su marido, y se hace guiar tan solo por su confesor, el jesuita austriaco padre Nithard, lo que le hace ganarse la animadversión de la Corte, que se convierte en un semillero de intrigas. El futuro rey muestra ya la fisonomía de un fin de raza: prognatismo del mentón, ojos cavernosos y frente abultada. Su reinado, si reinado puede llamarse, es un pulso entre la reina regente y los cortesanos, en el que intervienen los embajadores extranjeros, con un interminable acertijo: ¿es capaz el rey de tener un heredero? El premio a la respuesta de ese acertijo es el trono al reino teóricamente más rico de Europa, lo que dobla las pujas. Para conseguir ese heredero se echa mano de remedios lindando en la pornografía y, de repente, todas las potencias europeas se convierten en grandes amigas de España. Pero ni por esas, y Carlos II empieza a ser conocido no ya como El Impotente, tras dos matrimonios sin descendencia, sino como El Hechizado, por la estulticia de un nuevo confesor, que hace creer a una Corte todavía más ignorante que él que el espíritu maligno se ha apoderado del monarca, cuando posiblemente fuera un simple enfermo, víctima de la endogamia monárquica. Pero se llama a expertos en exorcismos, en una serie de episodios que ningún serial de televisión sería capaz de igualar. Ahora ya, la única incógnita y premio mayor es a quién designará sucesor el maltrecho monarca. En un primer testamento designa a José Fernando de Baviera, pero la mala suerte vuelve a intervenir y el príncipe bávaro muere. En un segundo, nombra a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV. Ambos testamentos son, como podía preverse, impugnados y el asunto se soluciona como solían solucionarse estas cosas: con una guerra. Pero antes de hablar de la Guerra de Sucesión española tenemos que hacer balance de la que acababa de terminar.

Una sociedad antimoderna

Ortega y Gasset consideraba el siglo XVII clave en nuestra historia y se dolía de que no estuviera bien estudiado. Hoy ya lo está, definitivamente y a fondo. Lo conocemos del derecho y del revés, a lo largo y a la ancho. El más que citado Domínguez Ortiz nos ha dejado un retrato tan vivo y palpitante de él que uno parece estar paseando junto a aquellos caballeros, escuderos, pícaros y mendigos del Madrid de los Austrias, como hoy lo hacemos cuando vamos a uno de sus mesones. Es una radiografía o un escáner de un régimen obsesionado por la hidalguía, por la limpieza de sangre, por el qué dirán, con una Corte preocupada por la próxima boda, el próximo heredero o el próximo escándalo y con el alma en un hilo por la llegada del próximo galeón lleno de plata americana, que permitirá pagar las deudas más urgentes. ¿Les suena? Porque todo eso se fraguó entonces, en el siglo XVII, por lo que vale la pena dedicar un par de páginas a describirlo.

La nobleza era la base de aquella sociedad, como hoy lo son los «famosos». No es extraño que todos la buscaran en uno de sus muy diversos grados, aunque fuera en el más bajo. El grado más alto de la nobleza eran los ya citados «Grandes» de España. Carlos V había limitado su número a veinte, pero como las necesidades de la Hacienda aumentaban, fue necesario ampliarlo y a finales del siglo XVII eran más de cien y creciendo. Bajo ellos estaban los nobles con título, duque, marqués, conde, que requería junto a ser señor de vasallos, unas rentas de entre 8 000 y 60 000 ducados. Un escalón más bajo estaban los caballeros. Los Reyes Católicos habían establecido condiciones para adquirir ese estatuto: poseer caballo, armas, residir en ciudad, tener una renta de entre 2 000 y 3 000 ducados, pasar alarde —inspección de caballería y armas— dos veces al año, poseer mayorazgo o finca y acudir si la Corona lo requería. Pero ya en el siglo XVI van desapareciendo por ascender a la nobleza o fundirse con los hidalgos, de los que hemos hablado largamente. Todo se compraba y se vendía, dados los apuros de los emperadores y el afán de ennoblecimiento. Carlos V vendió los predios de las órdenes militares, que había acogido bajo «protección», Felipe II los de los obispados. De ahí en adelante, la cosa se dispara y Felipe IV vende 40 000 vasallos de 200 pueblos de realengo, o sea, patrimonio de la Casa Real. Muchos de esos pueblos se endeudaban para comprarse a sí mismos, ya que sabían que el nuevo señor iba a exprimirles para resarcirse del desembolso que le habían causado. A finales del reinado de Carlos II, ya «casi no quedaba nada por vender». La situación de la Hacienda Real era tan mala que se propone vender nada menos que la Grandeza al marqués de Clarafuente por 150 000 pesos. Protesta el duque de Osuna: «Antes se daban 40 000 pesos por un título y hoy se dan 40 000 reales. Si seguimos por esta regla, habrá más Grandezas que títulos». Se dieron casos jocosos, como el de Juan de Mesa, ricohombre canario, que ofreció por uno de ellos 500 hombres para luchar en Flandes, se le aceptó, pero en el entretanto se había firmado la paz. Al bueno de don Juan le costó Dios y ayuda recuperar el tercio de 223 000 reales que había adelantado para financiar su expedición. Sin que faltara el regateo: cuando el aspirante no tenía la suma exigida o los apuros de la Hacienda pública aumentaban, se rebajaban: así, en 1692, los 30 000 ducados que venían exigiéndose por títulos vitalicios se bajaron a 22 000. Los compradores eran en su inmensa mayoría gente enriquecida en el comercio u otras actividades mercantiles o industriales, más algún extranjero. Lo malo era que tenían que dejarlas, pues su nuevo estatuto se lo impedía. Con lo que la «escalera social», eso que los anglosajones llaman upward movility, se convierte en una desescalada empresarial, algo que nunca pasaría por la cabeza de un anglosajón. Pero en aquella España, ganarse la vida con un trabajo, y no digamos si el trabajo era manual, imposibilitaba acceder a la nobleza. Un eco de ello lo conoció el autor de este libro en su lejana infancia, cuando, para destacar el estatuto de alguien, se decía que «vivía de las rentas».

España se aristocratiza y empobrece al mismo tiempo, pues el ingenio humano hace que hasta los que ven cerrado el acceso a la nobleza se las arreglen para obtener un sucedáneo de la misma. Me refiero a los artesanos de las «villas francas» que asociados se van convirtiendo poco a poco en una clase media próspera en el resto de Europa, Alemania especialmente, recuerden los Maestros cantores de Núremberg de Wagner, que eran no solo maestros por sus cantos, sino Meisters en sus oficios, con prestigio social, tras haber superado los grados de aprendiz y oficial. Precisamente, uno de los protagonistas es Hans Sachs, maestro-zapatero. En España podía haber ocurrido lo mismo, a través de sus gremios, cofradías y asociaciones de todo tipo, civiles y religiosas. Pero en vez de consolidarse como clase media para dar el salto a la burguesía, tienden a convertirse en sucedáneos de la nobleza, con sus distintos grados, hábitos, emblemas, estandartes, patronos y demás símbolos caballerescos, que trae pugnas tremendas, con pleitos incluidos, sobre qué bancos en las iglesias pertenecían a cada uno, qué procesión salía primero en las fiestas patronales o qué patrón de las distintas cofradías era más milagroso, reflejados en nuestros días en los debates sobre «qué Virgen es la más guapa». Aunque nada de esto era tan sorprendente como que algunos portaran armas en el ejercicio de sus labores.

¿Se imaginan ustedes ir a su sastre o a su médico y encontrárselo con la espada al cinto? Pues eso ocurrió en aquella España. Un buen conocedor de ella, Philippe de Montebello, director del Metropolitan Museum de Nueva York, especialista en Velázquez, sostenía que la gran aspiración de don Diego no era ser el mejor pintor del mundo, sino convertirse en aristócrata, cosa que consiguió cuando fue nombrado organizador de eventos de la Corte y entró en la orden de Santiago, cuya cruz roja nunca olvidó en sus autorretratos. Desde luego, servir al rey, aunque fuera en la función más mínima, ya daba la oportunidad de salvar esa barrera. El afán tan español de tener blasones, de situarse por encima del resto, viene de entonces y se da en todas las clases sociales, pese a tratarse de uno de los pueblos más democráticos del mundo en cuanto a trato se refiere como muestra el tuteo que ya se ha hecho universal y, en cierta medida, excesivo. Pero no cabe duda de que tal afán nobiliario o pseudonobiliario fue uno de los grandes obstáculos a la modernización de España.

La «pureza de sangre», que viene a sustituir al «vengo de los godos», es otra de las obsesiones, ya que significa una barrera entre el «cristiano viejo» y el «cristiano nuevo» o judío converso, que tendrá vedado el acceso a la nobleza. Aunque siempre hay una puerta trasera, que en este caso proporciona, paradójicamente, la Iglesia: retirándose de sus negocios y eligiendo las actividades eclesiásticas podían alcanzar altos puestos. Los hubo abundantes, con algunos y algunas que llegaron a santos. Otros, a inquisidores. Aquí conviene decir que la Iglesia tuvo la manga más ancha que la «sociedad civil», pongámosla entre comillas, para acogida y ascenso de miembros. Y hay otra excepción: los vascos. Ya que se considera a todos ellos nobles, al no estar contaminada su sangre por la judía o árabe, podían ejercer todo tipo de actividades sin perder su alcurnia ni privilegios. Una ventaja que ellos han aprovechado hasta hoy cuando, todos los españoles somos iguales ante la ley y ante Hacienda, menos ellos, con su Concierto Fiscal.

La importancia de la apariencia —el vestido, sobre todo de las señoras, las joyas en las ceremonias públicas, misas y procesiones—, ha quedado marcado en el ADN español y se alarga hasta nuestros días. Lo que no quiere decir que la religiosidad oficial significase una mejora de costumbres, las del Estado incluido. La necesidad de dinero llegó a tal punto que se vendieron incluso perdones de delitos tan graves como el homicidio. La desmoralización que ello generó fue enorme. En un país donde la moralidad oficial exigía despreciar el dinero, su espíritu más agudo, Quevedo, escribe «poderoso caballero es Don Dinero», el mismo que «nace en las Indias honrado y en Génova es enterrado».

Crece el número de privilegiados y de indigentes. La polarización crea una sociedad de nobles y pícaros entremezclados. Se multiplican los mendigos y los bandidos, que muchas veces son la misma cosa, los caballeros y los escuderos, los criados y los frailes más o menos auténticos. El jornalero huye del campo donde se suceden las malas cosechas, para encontrarse en la ciudad con el hidalgo empobrecido y formar con él una patética pareja, que ha dado muchas de las mejores páginas a nuestra literatura, pero muy poco provecho a la nación. El sueño de todos es ir a las Indias y «hacer la América», expresión que se ha conservado hasta hace no mucho, cuando América ya no es la que era.

Fallan también los intelectuales. Al no existir una auténtica burguesía, podía albergarse la esperanza de que «la gente de letras» llenara su hueco como fermento y conciencia de una sociedad cada vez más petrificada. Pero el intelectual español de la época, sea por temor a la Inquisición, sea por estar totalmente imbuido en el ambiente, no adopta la actitud crítica que se espera de su clase. Al revés, salvo raras excepciones, adquiere la mentalidad del hidalgo e incluso se comporta como uno de ellos, reclamando blasones halagando a sus mecenas. Las consecuencias son bastantes más graves que unos casos de esnobismo. Juan Linz lo describe así: «La extraña simbiosis entre los escritores y su público, especialmente en el teatro, muestra el consenso duramente conseguido. La sociedad de consumo creada por la inflación, la traición o derrota de la burguesía y la mezcla de cultura cortesana, aristocracia y burocratismo con el popularismo de los cristianos viejos dio prioridad a las ideas en uso sobre la búsqueda de ellas». Actividad esta última que queda descartada por los riesgos que llevaba aparejados. Buscando nuevas tierras, los españoles despreciaron las nuevas ideas. Lo más lejos que van es a la creación de nuevas formas. Piénsese en las diversas manifestaciones del barroco, desde el conceptismo al culteranismo. Pero no van más allá. Nada que sea aventurarse en cualquier de los nuevos campos que se abren a la mente humana. La larga lista que hace don Marcelino Menéndez y Pelayo de científicos españoles —bastantes de ellos heterodoxos— no puede resistir la escueta clasificación por ramos que hace Linz de Obras de autores de primera categoría en la España de los siglos XVI y XVIII:

Literatura, un 51,2 %

Derecho y pensamiento político, un 21,1 %

Historia, un 16,4 %

Moral, mística, ascética y devocionarios religiosos, un 9,6 %

Humanidades clásicas, un 7,5 %

Medicina, un 5 %

Economía, un 2,5 %

Matemáticas, un 2,2 %

Ciencias Naturales, un 1,6 %

Algo que se refleja en los cursos de estudio de las universidades de élite, Salamanca, Valladolid y Alcalá:

Derecho, un 20,2 %

Humanidades, un 19,3 %

Teología, un 14,2 %

Derecho Canónico, un 7,7 %

Medicina, un 7,5 %

De ciencia pura propiamente dicha, ni siquiera poseemos datos específicos. Bastante debe tener que ver con ello que, según Linz, un 40,7 % de la «élite intelectual» de la época eran miembros de órdenes religiosas y un 20,5 % clérigos seculares. Entre la «inteligencia de segunda fila», la proporción era aún mayor: un 79,5 % del total. Así no extraña tanto que aquella España no produjera no ya un Newton, un Copérnico, sino un científico de segundo orden. Se me citará a Servet. PPero Servet era un excelente médico y su teoría de la circulación de la sangre tiene que compartirla con otros colegas contemporáneos. Aparte de que él era, más que nada, un teólogo, un intérprete de las Sagradas Escrituras, y de haberse quedado en España, lo más probable es que hubiera acabado también en la hoguera, ya que, de entrada, negaba la Santísima Trinidad.

Quevedo

El intelectual español más representativo, para mí, es Quevedo, aunque admito que otros pueden tener otra opinión. Fundo la mía en que, en el manejo del idioma, solo Cervantes puede comparársele. En los conceptos que maneja es de tal contundencia que anonada. Y se gana el título de intelectual con su sátira, posiblemente la más aguda de nuestra prosa. Su «Epístola satírica y censoria de las costumbres presentes de los españoles», dejada, según cuentan, sobre el plato del desayuno del conde-duque de Olivares, es un relampagueo de imágenes y un modelo de lo que hoy llamaríamos «poesía comprometida». Les recuerdo sus estrofas fundamentales, que encajan perfectamente en este capítulo:

No he de callar por más que con el dedo,

ya tocando la boca, ya la frente,

silencio avises o amenaces miedo.

¿No ha de haber un espíritu valiente?

¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?

¿Nunca se ha de decir lo que se siente?

[…]

Señor Excelentísimo, mi llanto

ya no consiente márgenes ni orillas;

inundación será la de mi canto.

Tras describir la España donde:

La robusta virtud era señora,

y sola dominaba al pueblo rudo;

edad, si mal hablada, vencedora.

[…]

Hilaba la mujer para el esposo,

la mortaja antes que el vestido;

menos lo vio galán que peligroso.

[…]

Carnero y vaca fue principio y cabo;

Y con ricos pimientos y ajos duros,

tan bien como el señor comió el criado.

Mientras ahora:

Hoy desprecia el honor el que trabaja,

y entonces fue el trabajo ejecutoria,

y el vicio graduó la gente baja.

[…]

¡Qué cosa es ver un infanzón de España

abreviando en la silla a la jineta,

y gastar un caballo en una caña!

Por lo que pide volver a las virtudes:

Lograd, señor, edad tan venturosa;

y cuando nuestras fuerzas examina

persecución unida y belicosa,

la militar valiente disciplina

tenga más platicantes que la plaza;

descansen telas falsas y telas finas.

Pero al mismo tiempo hay el Quevedo del Discurso de las armas contra las letras, la más formidable diatriba que se haya escrito en español contra estas últimas, o el de La política de Dios y gobierno de Cristo, cuyo título lo dice todo. Opone las virtudes cristianas a las de Maquiavelo, mezclando política y moral. Para él, no existe otra forma de gobierno que la Monarquía, con mayúscula, que significa más Imperio que Nación. El poder real es de origen divino, encaminado al bien de la comunidad, inviolable en su persona y absoluto en su acción, dentro de los límites religiosos, legales y racionales (¡adviértase el orden en el que van los conceptos!). O sea, su absolutismo es limitado, ya que los pueblos gozan de la protección de Dios, cuyo representante en la Tierra es el monarca. El rey, por tanto, debe tener como modelo a Cristo, que es la antítesis del tirano. En este sentido, Quevedo es un demócrata. Entre los consejos que da al monarca hay también mucho de sabiduría popular: «La presencia del rey es la mejor parte de lo que suceda». «Los ojos del príncipe son su mejor arma». «Castigar a los ministros malos públicamente es dar ejemplo de imitación a Cristo; y consentirlos es dar escándalo de imitación a satanás». «Conviene que el rey pregunte lo que dicen de él y lo sepa de los que le asisten». «Así como el tener cuidado a quién (dar), cómo y para qué, y si se recibe, de quién, qué y para qué», completamente actuales. A los interesados en el tema les apunto que hay quien atribuye el desarrollo de tan española doctrina al teólogo jesuita Francisco Suárez, que en su Pactum Translationis sostiene que Dios concede la soberanía al pueblo (algo muy progresivo), pero el pueblo a su vez la transfiere de forma absoluta al monarca (algo muy conservador), de lo que emerge una idea paternalista del Estado, que si bien tiene calor familiar, no encaja con las libertades modernas y los derechos individuales.

Quevedo vive y escribe en esa contradicción permanente. Ve los males de España, pero no acierta con los remedios. Se da cuenta de que el futuro es otro, pero el pasado le encadena. Lucha con el mundo que le rodea, pero forma parte del mismo. Le sobraba ingenio y le faltaba ternura, algo muy español, pero al menos se dio cuenta de que aquello se acababa, lo que no vieron muchos otros, o no quisieron verlo. Lo que no vio, o no quiso ver, fue que la mentalidad aristocrática más de casta que de servicio, se extiende al pueblo llano, por lo que los reyes usaban a los nobles como elemento de estabilidad social y a los hidalgos, para mantenerla. Como el hidalgo solía ser pobre («Hidalguía, hambre y fantasía»), despreciaba la riqueza, o hacía que la despreciaba y también todo aquello que la creaba, fuesen los oficios, la industria o el comercio. Digno de recordar, por lo que tiene de contradictorio y de real, es la letrilla de Quevedo, «poderoso caballero es don Dinero».

España se va convirtiendo así en un anacronismo, de cuyos colegios mayores salen no empresarios sino bachilleres que se convierten en administradores, consejeros, capitanes, capellanes, dependientes del Estado, situación que se prolongaría al desaparecer el Imperio, para convertirse en funcionarios, objetivo último de la inmensa mayoría de los españoles. Federico Cornado, embajador de Venecia en Madrid a finales del siglo XVII, escribe en sus informes: «Apenas hay (aquí) quien no viva de la hacienda del Rey. La palabra economía es un lenguaje desconocido para los españoles; el desorden se convierte en punto de honor y de reputación. He oído decir muchas veces a ministros que no quieren saber nada de Colbert (a sugerencia de Mazarino, fue nombrado supervisor general de Finanzas de Luis XIV y reorganizó las finanzas francesas), ni imitar ejemplos de tiranía; que tienen por gloria y voluntad suprimir los estímulos del interés y por cosa indigna de grandes príncipes, detenerse en tales minucias».

La incompetencia iba unida al despilfarro, la apariencia contaba más que el contenido, la mayoría vivía por encima de sus posibilidades, no se concebía que un «señor» se ocupase de administrar su patrimonio, considerándosele más por las fiestas que daba que por la vida austera que llevaba —algo que se trasmitía por osmosis a las clases por debajo de la suya—, permitiéndonos entender lo que vino luego e, incluso, lo que tenemos en parte hoy.

Epitafio de la España imperial

Quiero terminar esta semblanza de los dos siglos en que España protagonizó en buena parte la historia universal con dos opiniones no tan brillantes como las de Quevedo, pero mucho más al ras del suelo. «Mientras en España son más de cinco partes de seis los inútiles al comercio y sustento de la vida humana —escribe en un memorando a Felipe III el conde de Gondomar, uno de los pocos nobles con visión de futuro—, en Inglaterra y Holanda no son de ciento uno de ociosos, y esta es la causa de que crezcan tanto en riqueza, poder y aumento de gente, cuando nosotros menguamos». Mientras el tanta veces citado Domínguez Ortiz, al enumerar las razones por las que a Francia le iba mejor que a España en este periodo, tiene que reconocer que los reyes franceses fueron «netamente superiores a los Austrias contemporáneos, que nunca tuvieron una visión netamente española de los hechos».

Como si le hubieran oído, pronto íbamos a tener reyes franceses en España.

Es muy difícil encontrar en los reinados de los últimos Austrias noticias venturosas, excepto en las letras y las artes, que brillaron por su excelencia, aunque también hubo alguna victoria, como la rendición de Breda, idealizada por Velázquez. Pero política y militarmente hay que reconocer que los desastres se sucedían. España seguía siendo la primera potencia mundial más teórica que realmente, pues se limitaba a defender sus dominios, no siempre consiguiéndolo. Y otro tanto ocurría en el terreno de las ideas.

Últimamente, sin embargo, ha surgido una escuela de historiadores ingleses y norteamericanos con una visión mucho más positiva de nuestro Siglo de Oro, cuyo máximo exponente es Robert Goodwin, que en su libro Spain. The Center of the Wold. 1519-1682 sostiene que nuestro país, siglos antes de la Ilustración, se planteaba «cuestiones morales y legales que deberían reglar todos el proceso del imperialismo y el colonialismo», aparte de tener un sistema legal «dependiente de la Corona, lo suficientemente poderosa para imponer la ley y el derecho a las grandes casas aristocráticas y otras instituciones fuertes». Algo que considera «impresionante».

Se trata, por lo general, de estudiosos que han terminado su carrera académica en España, vivido en ella (Barcelona, Sevilla) en los años felices de la Transición. Me recuerdan aquellos estudiosos franceses, con Barres a la cabeza, que compensaban su escaso número con ardor prehispánico, al descubrir en la España preindustrial actitudes, valores y virtudes tradicionales, junto a un manantial de energía que había desparecido de la Europa burguesa. Ocurre también con los jóvenes y bastantes turistas que nos visitan. Pero una cosa es conocer España de paso o en vacaciones, sobre todo si se trata de los encierros de Pamplona o la Feria de Abril de Sevilla, y otra bastante distinta, vivir en ella todo el año, con la serie de problemas sin resolver.

En cualquier caso, se agradece tras tantas descalificaciones llegadas del exterior, principalmente de Francia y el Reino Unido.

8
IMITANDO A FRANCIA

El nuevo siglo empieza, como acostumbrado, con otra guerra, y España cambia de dinastía, de estatus y de estilo, pero como lo último es bastante más difícil, se queda en intento logrado a medias. Los Borbones sustituyen a los Austrias, y Francia, hasta entonces nuestra principal enemiga, pasa a ser nuestra aliada, aunque ahora lleva ella la voz cantante. Lo que nos trae pérdidas y ganancias. Como primera potencia de Europa, las demás, capitaneadas por Inglaterra, cuya política exterior ha sido siempre ir contra el más fuerte e impedir la unión continental —algo que había conseguido hasta hace bien poco—, Francia es ahora la que se ve rodeada de enemigos, excepto nosotros. Pero eso hace que algunas de las bofetadas destinadas a ella las recibamos los españoles en la cara. La primera, a consecuencia de la Guerra de Sucesión: que un Borbón se siente en el trono español nos cuesta Gibraltar, Menorca y Florida, el precio puesto por Londres para reconocer a Felipe V, nieto de Luis XIV, que así se llama el nuevo rey. Menorca y Florida pudieron recobrarse luego. Gibraltar ahí sigue como algo bastante más molesto que una china en el zapato.

Pero antes de seguir adelante, permítanme una advertencia general: el siglo XVIII no ha sido uno de los más ensalzados de nuestra historia. Muchos incluso le tienen ojeriza, ya sea por el instintivo rechazo a tener como rey a alguien llegado del país que había sido nuestro principal enemigo, ya sea por representar ideas contrarias a lo que venía siendo el espíritu tradicional español. Sobre lo primero, hay que decir que el gran temor a que los nuevos reyes se convirtieran en meros sirvientes de los intereses franceses, no se materializó. Los Borbones españoles cometieron errores, pero desde el primer momento pusieron los intereses de España por encima de los de su país de origen. Es verdad que el «pacto de familia» nos llevó a conflictos y derrotas dolorosas. Pero también el pacto de familia con los Austrias nos trajo problemas. Ahora teníamos la ventaja de no ser ya el principal enemigo a abatir y estar arropados por la primera gran potencia en aquellos momentos. Los valores «franceses» eran muy distintos a los españoles, eso hay que admitirlo. Pero conviene recordar a dónde nos habían conducido nuestros valores, mientras los franceses estaban en aquellos momentos a la altura de los mejores, tanto en el campo intelectual como en el científico, lo que representaba una garantía de poder temporal y desarrollo económico. Digo esto consciente de que en cuestiones de valores, como de gustos, no hay nada escrito (o hay demasiado). Lo que puede ser bueno para uno puede ser nocivo para otro, pero si en el campo del pensamiento no había habido en España nadie comparable a René Descartes y Michel de Montaigne, en el científico, ni muy de lejos había surgido alguien comparable a Antoine Lavoisier, padre de la química moderna, o Jean le Rond D’Alembert, cuya mecánica de los fluidos abrió todo un continente a la física.

El llamado Siglo de las Luces fue una invención especialmente francesa, aunque un escritor de cuyo nombre prefiero olvidarme (entre otras cosas, porque es un prosista excelente) le añadió: «Sí, de las luces fatuas». El progreso estaba por aquel entonces en Francia, que lo pagaría —pues todo se paga en este mundo— con una revolución. España, con nuestros Borbones «chupando rueda», para usar la jerga ciclista, trató de aprovecharlo y ponerse al nivel del resto de las potencias europeas, consiguiendo avances en campos que tenía abandonados, como industria, comercio, hacienda, organización territorial, ciencia y planes de estudio. Liberarnos de la servidumbre de defender nuestras posesiones en Europa nos permitió prestar más atención a las americanas, que experimentaron tanto o más desarrollo que la metrópoli. Es verdad que no tuvimos escritores de la talla que habíamos tenido en los siglos XVI y XVII. Leandro Fernández de Moratín o Juan Meléndez Valdés no pueden compararse a aquellos gigantes que fueron Cervantes, Félix Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca y Francisco de Quevedo. Pero tuvimos escritores que prestaron más atención a la suerte de la gente, como Gaspar Melchor de Jovellanos, y científicos que eran invitados a los grandes eventos internacionales, como Jorge Juan, cosa que antes no ocurría.

Cierro esta introducción con un hecho que tal vez no convenza a los ya convencidos de que el siglo XVIII fue nefasto, pero que seguro hará reflexionar al lector de mente abierta y sentido práctico: dejamos de perder territorios —en Europa porque ya los habíamos perdido todos, y en América conseguimos incluso ampliar en la parte Norte—, que comparado con lo ocurrido en el siglo anterior y las ganas que tenían ingleses y holandeses a nuestro Imperio ultramarino, no era poco.

La Guerra de Sucesión española fue una guerra europea al haber dos aspirantes al trono vacante español con iguales títulos: ambos habían sido elegidos herederos por Carlos II —en distintos testamentos, desde luego— y ambos nietos de una infanta española. Eran el archiduque Carlos de Austria y el duque de Anjou de Francia. A este le apoyaba Castilla, posiblemente ansiosa de un rey con vocación de unidad, como eran los Borbones. Al archiduque le apoyaba la periferia, precisamente por lo contrario: por preferir el modelo de descentralización territorial típico de los Austrias. Tomó la iniciativa Felipe, que se plantó en Madrid, con el poderoso ejército francés detrás. Enfrente tenía al resto de los ejércitos europeos. Y en el mar, a las escuadras inglesa y holandesa, que van a interpretar un papel importante en las operaciones y ocupan Gibraltar en nombre del archiduque, pero que los ingleses se quedarían con él hasta hoy. El pretendiente francés tuvo que abandonar tres veces Madrid ante el acoso de las tropas enemigas y puede que la guerra se hubiera prolongado aún más de los catorce años que duró de no haberse cruzado por medio el destino, al nombrarse emperador de Austria al archiduque, por la muerte de su hermano. Inglaterra cambia entonces de bando —ahora lo que teme es que el Imperio de los Habsburgo se reconstruya bajo una sola Corona— y se llega a una paz negociada. Pero será España quien pague la factura, aunque todo era mejor que la continuación de una guerra que otros libraban en nuestro territorio, con nuestro concurso.

Los catalanes, sin embargo, deciden continuar las hostilidades por su cuenta, temiendo que les ocurra lo que a aragoneses y valencianos: la pérdida de su Gobierno local, la Generalitat, el Consejo de Ciento y demás órganos judiciales y administrativos, según ha dispuesto Felipe V con los Decretos de Nueva Planta, por los que se igualaban los derechos de todos los pueblos de España a los que tuvieran los castellanos. Parecía un favor, pero era en realidad una carga, pues los castellanos venían pagando más impuestos que nadie en aquella España imperial. Barcelona se resiste cuanto puede con el consejero Rafael de Casanova mandando las tropas. Pero el 11 de septiembre de 1714, el último fortín de resistencia, la Ciudadela, tiene que rendirse. Esa fecha se ha convertido hoy en el día de la Diada, fiesta del independentismo catalán. Más tarde dedicaremos la atención que merece a esa fecha y a esos hechos, que es mucha, al afectar no solo a la integridad de España, sino a su mismísimo ser.

De los Borbones puede decirse que no fueron, como personas ni como reyes, nada del otro mundo. El primero, Felipe V, abandonó incluso el trono para retomarlo y mostró, en la segunda parte de su reinado, claros síntomas de locura. Por no mencionar que su segunda mujer, Isabel de Farnesio, pareció en algunos momentos reinar más que él. Fernando VI, su sucesor, orientó su política más hacia la paz que hacia la guerra, lo que era toda una novedad en la historia de España, y no le trajo victorias ni laureles (tampoco derrotas ni vítores). Domínguez Ortiz le describe como «un incapaz que se limitaba a firmar documentos». Pero al menos firmaba los correctos y creó la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Carlos III, su hermano, que le sucedió al morir sin descendencia, ha venido gozando de un alto prestigio, sobre todo en los círculos ilustrados y anticlericales, posiblemente por expulsar a los jesuitas, pero si se le observa de cerca se comprueba que solo destaca si se le compara con los monarcas españoles anteriores y posteriores. Desde luego, no está a la altura de Federico de Prusia con quienes algunos le han comparado, siendo bastante más indolente y conservador de lo que tiene fama. Ahora bien, esos tres reyes tuvieron en común algo que rompía con la tradición de los Austrias: no se apoyaron en la nobleza para gobernar, sino en los hombres que les parecían más adecuados para las tareas de Gobierno. En la mayoría de los casos, acertaron con personajes que habían viajado, conocían a personalidades del extranjero y no eran refractarios a las nuevas ideas, siempre que las considerasen adaptables a nuestro país. Cuando se extralimitaban, allí estaba el rey para frenarles, recordando el consejo de Luis XIV a su nieto antes de partir para Madrid: «No te opongas a las costumbres y tradiciones españolas».

Lo comprobó y sufrió el propio Carlos III, que se había traído de Nápoles, donde había sido rey, a un astuto mesinés, Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, al que puso al frente de la Hacienda española. Desplegó enorme actividad, creando la lotería nacional, el montepío de viudas y huérfanos militares, así como las ordenanzas de reemplazo. Además, organizó los arbitrios de los pueblos y modernizó Madrid, edificando la Casa de Postas y de Aduanas (actual ayuntamiento) e iluminó sus calles a fin de hacerlas más seguras, dado los muchos robos que se cometían. Pero se le ocurrió ordenar el recorte de las capas y alas de los chambergos, y por ahí no pasaban los madrileños, que montaron el motín que lleva su nombre y llevó al saqueo de la casa del interfecto. Si había algo o alguien más que capas y sombreros tras ello, circulan rumores, sin haberse podido confirmar ninguno, aunque era evidente que se había ganado la repulsa del segmento más conservador del pueblo español. En cualquier caso, el rey le envió a Italia, compensándole largamente por los servicios prestados, incluso le nombró más tarde embajador en Venecia. Y aprendió la lección.

Los consejeros de que hablábamos habían tenido predecesores en España, el padre Feijoo, por ejemplo, que en su Teatro Crítico y sus Cartas Eruditas se esforzó por poner al día las mentes españolas. Pero tanto él como quienes lo intentaban, pocos desde luego, no tenían autoridad. Estos sí la tenían y contaban con el respaldo real para la tarea modernizadora. Lo más urgente era racionalizar el comercio con América. Estaba concentrado en la Casa de Contratación de Sevilla, en el Alto Guadalquivir, lo que suponía un problema adicional para las naves que tenían que remontarlo y, además, estaba autorizado tan solo a los castellanos, aunque controlado bajo cuerda por genoveses, franceses, ingleses y holandeses. Su traslado a Cádiz se hacía necesario desde hacía mucho tiempo, lo que unido a la creación de unos astilleros trajo una explosión industrial y comercial de esa ciudad ya con el primer Borbón. Aunque para que se descongelase totalmente el comercio con las Indias habrá que esperar a Carlos III, cuando se autoriza dicho comercio a otras ciudades españolas (1778), que experimentan igual desarrollo.

Ahora bien, ese comercio no podía discurrir con fluidez mientras estuviese amenazado por los corsarios ingleses y holandeses, que asaltaban no solo los galeones cargados de plata y oro, sino también las ciudades costeras, como La Coruña, Santa Cruz de Tenerife y la propia Cádiz, además de las americanas donde veían posibilidad de botín. Vale la pena mencionar, siquiera de pasada, el intento de asalto a Cartagena de Indias —donde se acuñaba moneda con el oro y la plata llegados del resto de los virreinatos— por parte de una gran flota británica mandada por el almirante Vernon y rechazada por Blas de Lezo con fuerzas notablemente inferiores. Fue una de las pocas veces que pudimos batirles en la mar. Tal vez por eso se hable tan poco de ello. Por su parte es explicable. Por la nuestra, no.

Pero sigamos. Había que reforzar las ciudades costeras, crear una flota digna de aquel Imperio y organizar los departamentos navales, con capitanías y arsenales en Ferrol, Cádiz y Cartagena. Había que crear una escuela de oficiales, que se estableció en San Fernando, Cádiz, con un observatorio astronómico adjunto. El encargado fue José Patiño, y le sobró tiempo para hacer el primer catastro de Cataluña.

Pues tanto o más importante era la organización interior, que seguía siendo la de hacía siglos, ya que podía pensarse que el orden existente era injusto, pero lo que a nadie se le pasaba por la cabeza (y si se le pasaba tendría buen cuidado de no decirlo en voz alta) era que fuese mudable. Para ajustar cuentas, estaba el señor del otro mundo. No se piense, sin embargo, que todo eran desventajas en esta situación congelada. El pueblo español, pese a su pobreza, «despreciando cuanto ignora», no desarrolló hasta bastante más tarde el resentimiento del proletariado moderno, al aceptar la estructura social del medievo, con cada clase girando en la órbita que le había tocado en la vida y procurando gozar al máximo de los placeres que tuviera a su alcance, en vez de reconcomerse de resentimiento. Eso también nos llega más tarde. Algo más de pugna había entre la alta nobleza, fuertemente jerarquizada en duques, marqueses y condes, ansiosos de acumular títulos por matrimonio o como fuese, y entre la baja, con caballeros, hidalgos y escuderos, presumiendo si no de doblones, de antepasados. Hasta tal punto estaba aquella sociedad petrificada, al revés de lo que ocurría durante la Reconquista, que seguía en vigor la Recopilación de Juan II, donde se enumeraban los «oficios viles» —comenzando por el de sastre— que «no podían ser ejercidos por caballeros», e incluso se había ampliado y potenciado con el paso del tiempo. Aunque quien más y quien menos trataba de demostrar que el oficio del otro era más vil. Lo que trajo un forcejeo en gremios y corporaciones —del que hablamos en el capítulo anterior— que haría reír si no fuera tan trágico y no hubiera tenido consecuencias tan funestas para el país.

Hay que esperar a 1785 para que la Cédula Real de Carlos III decrete que «todos los oficios son honrados». Fíjense que dice «honrados» no «honorables», que seguía reservándose para los blasones. Pero ya eso, la honradez del trabajo, que es lo que dignifica al hombre, y a la mujer desde luego, era un paso gigantesco, cuando Calvino lo había sacralizado dos siglos antes. Sin que pueda decirse que tal rechazo del trabajo, sobre todo manual, desapareciese de nuestra carácter. Aún hoy la formación profesional es menospreciada en España, prefiriéndose la universitaria, cuando en Alemania la mitad de los jóvenes la eligen, lo que es una de las principales razones de la prosperidad de aquel país. Las consecuencias fueron graves: España necesitaba técnicos, que debían importarse del extranjero. Domínguez Ortiz cuenta hasta 180 000 en el territorio nacional, dedicados a trabajos que van desde la relojería hasta la explotación de minas. Algo que nos lleva a otra de nuestras paradojas, pues fuera de nuestras fronteras, los españoles se dieron buena maña para explotar los yacimientos de metales preciosos en América. Es más, uno de los mejores libros de la época sobre la materia fue el de Alfonso Barba, párroco en Potosí. Por su parte, Fausto de Elhuyar fundó el Real Seminario de Minería en México, y cuando hubo necesidad de construir un horno de aludeles en Almadén, se trajeron ingenieros de aquel centro.

Todo ello se notó en un incremento de la población, que crece en tres millones en este periodo, aunque más en las regiones del litoral que las del interior, que había sufrido un frenazo durante el siglo XVII. Y empiezan a aparecer industrias, sobre todo de derivados de la pesca, como las conservas y los salazones. De todas formas, en el interior, con el 71 % de la población dedicada a la agricultura y dada la falta de empresarios con iniciativa, era el Estado quien tenía que tomarla, con las Fábricas Reales. Serán artículos de lujo —tapices, porcelanas, cristal— más aptos para palacios y casas nobles que para el consumo corriente. Pero algo es algo. Los intentos estatales de crear hilaturas y derivados del metal, en cambio, fracasaron, al ser sus productos caros y malos, prefiriéndose los extranjeros. Solo en el País Vasco empieza a desarrollarse este tipo de industria. Vizcaya alcanza las 178 forjas, Guipúzcoa tiene 3 500 obreros, pero habrá que esperar al siglo XIX para ver un auténtico desarrollo, tanto de la siderurgia y burguesía vasca como de su nacionalismo. Es también allí donde nace una de las instituciones más típicas de la época, la de las Sociedades Económicas de Amigos del País. Su origen fue la tertulia sobre temas de matemáticas, física, historia, literatura, junto a conciertos y representaciones literarias que, desde 1848, mantenían los Caballeritos de Azcoitia. En 1864 se unieron con la Sociedad Bascongada de Amigos del País, a imitación de otras europeas, que se extendería a Álava y Navarra, para crearse la Matritense en 1774 y esparcirse por toda España de forma que al finalizar el reinado de Carlos III pasaban de setenta asociaciones de este tipo. Se centraban en temas económicos y difundían nuevos métodos de cultivo y fabricación, fundando algunas de ellas escuelas profesionales, ofreciendo premios y celebrando asambleas públicas. Digno de destacar es que Carlos III obligó a la de Madrid que admitiera mujeres entre sus socios, que se encargarían de una escuela de muchachas. Un gran paso adelante respecto a la época anterior, pero un tanto artificial, como apunta Richard Herr, ya que «reflejaba una visión de la sociedad ideal que inspiró la élite gobernante, en la que el pequeño agricultor que cultivaba sus tierras aparece como el buen artesano, productor de bienes de consumo y el sacerdote sencillo enseñaba las virtudes morales. La prosperidad de la multitud traería el bienestar de la nación, desapareciendo los jornaleros empobrecidos». Goya lo llevaría a sus cartones, con el pueblo divirtiéndose en juegos inocentes bajo la mirada paternal de aristócratas compasivos.

Si don José Patiño fue el «hombre» de Felipe V, el de Fernando VI será don Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada, continuador y ampliador de la labor de aquel. Abordó y llevó a buen puerto la confección de un Catastro de Castilla, con detalle de los habitantes de cada pueblo, necesario para una Hacienda moderna y unos impuestos más justos, aunque eso era más difícil, por no decir imposible. Lo importante, sin embargo, es que se está en el camino emprendido por otras naciones europeas, según la pauta del despotismo ilustrado: todo para el pueblo, pero sin el pueblo.

Carlos III tuvo dos «hombres», don Pedro Abarca de Bolea, conde de Aranda, y don Pedro Rodríguez, conde de Campomanes. El primero le solucionó al rey el motín de Esquilache y lanzó una política reformista en colaboración con José Moñino, conde de Floridablanca; Jovellanos; Olavide y Campomanes. Esta política incluía la reorganización municipal, la repoblación de Sierra Morena con colonos alemanes, austriacos, franceses e italianos (6 000 en total) que, al tiempo que la labraban, acabaron con los célebres bandidos en aquellos pasos, y firmó la expulsión de los jesuitas, algunos dicen que promovida por él, otros, que por orden del rey. Se decía que era masón, iniciándose la costumbre de tachar de masón a cuantos destacaban y tenían ideas avanzadas, de modo que Carlos III, presionado por lo que se contaba de él, le nombró embajador en París. Allí desarrolló una excelente labor en el asunto de la independencia norteamericana, organizando la ayuda española a la misma.

Sus colaboradores siguieron llevando a cabo su labor en España. Floridablanca fue el encargado de las obras públicas, de organizar la Hacienda y de coordinar las labores interdepartamentales. Jovellanos escribió su Informe sobre la ley Agraria, donde se aborda por primera vez el problema del latifundismo andaluz. Olavide fue el autor de Plan de Estudios para la Universidad de Sevilla, que serviría de modelo para otras de ellas, aparte de ser alma de las citadas colonias alemanas en Sierra Morena, un plan tan avanzado como alguna otra de sus ideas, por lo que fue denunciado a la Inquisición, que le recluyó en un convento, del que logró evadirse y huir a Francia. Pero visto lo que era la Revolución en vivo, regresó a España escaldado, para escribir El Evangelio en triunfo o Historia de un filósofo desencantado. Campomanes, como fiscal del Consejo de Castilla, abarcó cuantos asuntos administrativos y judiciales incluía el todavía mayor reino de España, que intentaba traspasarse al resto de ellos, convertidos ya en regiones. Conviene advertir que el rey les dejaba hacer, pero si veía que iban demasiado lejos, les despachaba, como le ocurrió a Esquilache o al conde de Aranda. Eso sí, con todos los honores y bien provistos. Aquel era un cambio dentro de un orden. Y en ciertos aspectos, ni siquiera cambiaba. Algunas estadísticas arrojan que el 30 % de la población vivía de las rentas propias o del Estado, no precisamente una buena base para el florecimiento de este. Pero dado el enorme retraso que llevaba España respecto a sus vecinos europeos, su desarrollo en estos reinados resulta notable, aunque disputado más por razones ideológicas que materiales.

En cualquier caso, las reformas de los Borbones fueron un buen comienzo, nada más. Surgen también contradicciones entre las mismas. Chocan entre sí, por ejemplo, las corrientes proteccionistas con las liberales en economía. En otras, como el intento de recortar la multiplicación de la nobleza (Carlos III, 1758) hay que dar marcha atrás, por las necesidades de financiación del Estado y así tenemos que vuelven a venderse títulos. Eso sí, bastante más caros: la simple hidalguía pasa a costar 50 000 reales.

La inercia a vencer es tan enorme que se hubiera necesitado más impulso, o más ganas desde arriba y mucho más tiempo desde abajo para cambiar no ya el sistema, sino la mentalidad del pueblo entero. Un buen ejemplo es el pleito que por aquellos años mantienen un herrador madrileño y un sastre vecino, padre aquel de una muchacha con la que quería casarse el hijo de este; y todo era «por tener un oficio inferior al suyo».

Pero si esto es anecdótico, lo que ocurre en las universidades es patético. En vez de ser foros de creación, siguen siendo instituciones viejas, pedantes, completamente inadaptadas a las necesidades de la época. Su decadencia, como les he indicado, venía de lejos. En el siglo XVII, las matrículas de la de Salamanca descendieron un 27 % respecto al siglo XVI. El bajón de la de Alcalá fue «solo» del 15 al 29 %. De las treinta cátedras de matemáticas que había en la primera en 1599, solo quedaba una en 1700, y cuando se pensó en crear otra, los abogados se opusieron. Puede que no solo ellos: un decreto de 1664 establecía que antes de graduarse, todo el mundo tenía que declarar bajo juramento que creía en el dogma de la Inmaculada Concepción. Cuando Carlos III intentó reformar la de Salamanca, la Facultad de Derecho se negó a aceptar los nuevos textos, alegando que le bastaba ser el «baluarte inexpugnable de la religión». Los ejemplos pueden multiplicarse hasta el infinito y uno de los más sangrantes es el de Jorge Juan, cuando regresa de la expedición internacional que acababa de medir el arco del meridiano terrestre, y se le niega el permiso para publicar las conclusiones del estudio hasta que no anteponga que nada en ellas contradice la doctrina de la Iglesia católica sobre el asunto.

El frenazo

Aunque lo que de verdad acaba con el reformismo de los Borbones es la Revolución francesa. El susto que provocó en aquellos ilustrados, que buscaban el bien del pueblo sin el pueblo, contemplar a las turbas parisinas y las horas extra de la guillotina cortó en seco su experimento, como le ocurrió al bueno de Olavide. El pueblo español, que cifraba sus afanes en conseguir la hidalguía en esta vida y el cielo en la otra, ni siquiera se había enterado de que había comenzado una nueva era. Puede que fuera más feliz que otros. Más moderno, de ninguna manera. Pero antes de abordar esa nueva era conviene fijarnos en lo ocurrido en Cataluña bajo los primeros Borbones por lo que tiene de importancia para lo que ocurre en nuestros días.

El problema catalán

Habíamos dejado al conseller en cap Rafael de Casanova el 11 de septiembre de 1714 malherido en la Ciudadela, último reducto de la resistencia barcelonesa a las tropas de Felipe V. Esta sería erradicada para crear el parque que hoy lleva el mismo nombre, en una Cataluña que va a perder sus instituciones tradicionales, con el Consell de Cent a la cabeza, planchadas por el Decreto de Nueva Planta. Decreto que se aplicó también en Aragón y Valencia, y que hacía desaparecer la extranjería dentro de España e imponía, por primera vez, una ciudadanía común española, al igualar a todos los habitantes del reino, dándoles representación en las Cortes de Castilla. El problema era que las Cortes de Castilla, a aquellas alturas y dada la política centralizadora de los Borbones, apenas pintaban nada. Se estableció también una medida de más largo recorrido: un impuesto único en todo el país. Algo sin duda muy moderno. Pero tenía el inconveniente de que como los impuestos castellanos eran los más altos e iban a ser la referencia, los demás verían aumentar los suyos. No es de extrañar que todo ello fuera recibido con íntimo rechazo por los afectados, que terminaría haciéndose crónico. Aunque hemos de apuntar, para ser fieles a la realidad histórica, que Casanova sobrevivió de sus heridas, fue amnistiado y terminó su vida ejerciendo su profesión de abogado. A fin de cuentas, él no había luchado contra España. Había luchado «por otro rey de España», aunque se me podrá decir que, en aquellos tiempos, lo era todo, al cambiar el estatuto de Cataluña.

Pero la historia da otro de esos extraños giros y cuando, tras la larga lucha, la vida vuelve a tomar su curso bajo las nuevas normas, resulta que aquellos Decretos de Nueva Planta que habían arrebatado derechos e instituciones a buena parte de la población peninsular, pueden también tener su lado positivo. Si se piensa que, al crearse una administración general mucho más centralizada, se abolían las fronteras interiores que dificultaban el comercio entre los distintos reinos con todo tipo de aduanas y se creaba una oportunidad para los emprendedores. Es entonces cuando surge el espíritu comercial catalán, que ve un mercado en territorios que hasta entonces les estaban vedados. Únase esto a las otras medidas que hoy llamaríamos de «activación económica» puestas en marcha por los distintos Gobiernos de Felipe V, Fernando VI y Carlos III y supondrán un inesperado auge en Cataluña, que puso en marcha en aquellas décadas su industria textil, suministradora al resto de España.

Los avances técnicos tardan en llegar, pero llegan y la población de Barcelona, que a principios del siglo XVIII era de 35 000 habitantes se planta en 110 000 a finales. El traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz, donde era posible tener «consulado» y la autorización para hacer comercio directo con las Indias (1778) significa el definitivo despegue, con el 93 % de las exportaciones a ultramar españolas, frente al 54 % de mercancías extranjeras desde Cádiz. Barcelona tiene cuatro compañías de Seguros, 58 agentes de Cambio y 91 fábricas. Se da entonces la paradoja de que, aunque Castilla impone su control sobre el resto del país, «empieza a perder terreno en lo económico frente a la periferia» (Richard Herr). Sobre todo destaca Cataluña, que inunda con sus productos, especialmente los tejidos, los comercios de España y América, convirtiéndola en «centro de la primera revolución industrial española».

El británico Henry Kamen, un experto en el tema y periodo, en su largo ensayo España y Cataluña, ha puesto en evidencia las manipulaciones históricas que se han dicho y escrito sobre el nacionalismo, y advierte que precisamente con los Borbones Cataluña se convierte en el territorio más rico de España, sin dejar de reconocer los problemas que existen. También el rector de la Universidad de Lleida, Roberto Fernández, ha terciado con su libro Cataluña y el absolutismo borbónico, en el que rechaza punto por punto la interpretación victimista de la historiografía romántica catalana y pone de manifiesto los lazos establecidos con la Corona española bajo los Borbones, sobre todo durante el reinado de Carlos III.

Pero prefiero dejar el juicio de este periodo al ya citado historiador Ferran Soldevila:

Los catalanes fueron quienes más y mejor supieron aprovechar esta medida (la de abrir el comercio con las Indias a todos los españoles). Baste decir que, en 1792, cuando solo habían pasado catorce años de libertad de comercio, las exportaciones de indianas catalanas a América alcanzaba los 200 millones de reales. El resurgimiento económico de Cataluña era un hecho, situándola a la cabeza de la economía española: así lo demuestra el índice de salarios, estudiado por Pierre Vilar. De toda España, es Barcelona la que ofrece salarios más elevados: especialmente a partir de 1773-1774, se produce un rápido distanciamiento de los salarios de Barcelona en relación con los de Madrid. Cataluña halla de nuevo la situación preponderante perdida a partir del siglo XV. Y ello también demográficamente: la población del Principado que, en 1725, era, aproximadamente, de 402 000 habitantes, se elevaba a 868 668 y, al final del siglo, se acercaba al millón.

El balance se lo dejo hacer al lector, consciente de que depende de factores que nada tienen que ver con cifras y números. «Hay cosas de la razón que el corazón no entiende». Y viceversa. También en la era Franco, Cataluña experimentó un acelerón económico respecto al de las demás regiones españolas y, sin embargo, el regusto que dejó entre buena parte de los catalanes fue amargo, por no haberse tenido en cuenta suficientemente su lengua y su modo de ser. Como si los españoles estuviéramos condenados a repetir siempre los mismos errores.

En cualquier caso, el siglo XVIII español, su nueva dinastía y su Ilustración, no fue tan malo como intentan presentárnoslo sus detractores ni tan bueno como arguyen sus apologistas. Pero comparado con la etapa anterior puede brillar y hay que reconocer la buena voluntad de la mayoría de sus gobernantes, no especialmente los reyes, que, al menos, dejaron hacer. Se hicieron avances, se acometió la tarea fundamental de corregir las muchas deficiencias fundamentales, empezando por la de soldar aquel mosaico mal ensamblado que hasta entonces había sido España. O Españas. Lo malo fue que se hizo de arriba abajo, imitando el modelo francés, en vez de abajo arriba, que es como se sueldan las verdaderas naciones. Ello trajo una conjunción forzada, puramente administrativa, que no llega a calar en el alma de las gentes. Aparte de que para lograr ese cambio se requiere mucha más voluntad y más tiempo, que no había, porque el despotismo ilustrado llevaba dentro el bacilo de su propia destrucción, al intentar destruir el orden social anterior «ordenadamente». Algo muy, muy difícil, porque orden y destrucción se contradicen.

La revolución coge desprevenida a Francia. En España, donde el experimento iba con retraso, tuvo un efecto disuasorio: mucho cuidado con las reformas, que pueden convertirse en revoluciones. Y se frenaron. Mejor dicho, quedaron suspendidas hasta ocasión más propicia. La Revolución francesa va a tener como contrapartida en España una guerra más brutal de lo que son habitualmente las guerras y una comedia cortesana con Carlos IV, su hijo Fernando, José y Napoleón Bonaparte, más un guaperas que pasaba por allí llamado Godoy, en el reparto.

La modernización de España emprendida por los Borbones no llegó a consumarse por el estallido de la Revolución francesa devenida en proletaria, que asustó a los «ilustrados» con su «todo para el pueblo pero sin el pueblo», y la invasión napoleónica, que levantó al pueblo contra ella. Y tal vez convenga señalar las diferencias entre ambas revoluciones, que forcejean en España hasta nuestros días.

El cambio del Antiguo Régimen (monarquía absoluta, nobleza, clero) al Nuevo, ocurrió a través de revoluciones, sangrientas en muchos casos, dada la resistencia de los viejos poderes a cederlos voluntariamente. Quien asumió en un principio el protagonismo de estos movimientos no fue el pueblo llano, impotente, y cuando la asumió, como en la Guerra de los Campesinos alemana, se le aplastó. Fue la clase emergente, la burguesía, la que se convirtió en clase rectora de la democracia parlamentaria, ignorando y explotando a la clase trabajadora tanto o más que los viejos poderes.

Cuando la clase trabajadora, a través de la industrialización, fue lo suficientemente amplia y fuerte para reclamar sus derechos sociales y económicos, sobrevino la revolución proletaria universal, que Marx solo creía posible tras haber tenido lugar la burguesa «por las contradicciones internas del capitalismo». Pero Lenin y Stalin le contradijeron declarando la «revolución en un solo país», que ni siquiera había tenido revolución burguesa. De ahí que abjuren de la democracia parlamentaria y de los partidos políticos, para establecer un régimen corporativista que engloba a la sociedad entera en busca del «paraíso del proletariado», con un partido único que asume todo los poderes sin el menor contrapoder.

9
BORBONES Y BONAPARTES

A Carlos III le sucede su hijo, Carlos IV, que llama al conde de Aranda para que se haga cargo del Gobierno, tal vez para recompensarle por los esfuerzos que había hecho en París para salvar la vida de Luis XVI y su familia, pensando en la suya. Pero Aranda era ya un hombre de otra época, la del Despotismo Ilustrado. Lo único que sabía hacer era unirse a la coalición continental de monarquías contra la revolución, que demuestra mucho más fuerza y, sobre todo, mucho más ánimo del esperado. No solo resiste el acoso conjunto sino que amenaza a los países vecinos, España entre ellos, que ve cómo aquellos desarrapados revolucionarios franceses llegan a ocupar Figueras, San Sebastián y Bilbao, antes de echarlos, con el consiguiente olvido en el cajón de todo proyecto aperturista, visto en qué acababan. Se ve desde el primer momento que aquellos no eran simples soldados mercenarios, sino ciudadanos dispuestos a luchar, y si era preciso morir, por su nación. Lo comprendió Goethe cuando vio caer a un soldado francés abrazado a su bandera gritando «Vive la nation!» en la batalla de Valmy, e hizo dar la vuelta a su carroza mientras decía a sus acompañantes:

—Señores, hemos visto el comienzo de una nueva época.

Sí, la época de las naciones. De los nacionalismos.

Antes de meternos en ella, a fin de no armarnos un lío, ¿es que antes no había naciones? Vamos a aclarar conceptos.

Nace la nación moderna

Nación viene del latín natio, derivado a su vez de nasci, nacer, o sea el lugar de «nacimiento», que según Corominas aparece en 1280, mientras «nación» surge en 1444. Pero estamos hablando del su concepto antiguo emparentado con «pueblo», «raza», o incluso «país», cuyo primer representante es la «nación de Israel», del pueblo judío, que ha vivido muchos siglos sin país. El contexto político va a dárselo la Revolución francesa que aglutina ese pueblo en una conciencia colectiva que le faltaba, al ser meros súbditos, y los convierte en ciudadanos de plenos derechos. Estamos ya en la nación moderna, esa que Renan definió como «un plebiscito diario» y Ortega y Gasset como «un proyecto sugestivo de vida en común». Por mi parte, diría, mucho más modestamente, que se trata de la madurez o mayoría de edad de un pueblo, que pasa de estar gobernado por alguien —monarquía absoluta, dictadura personal, aristocrática, religiosa o militar— a gobernarse por sí mismo, según las normas que se haya dado a sí mismo en forma de Constitución. A partir de ahí podemos empezar a preguntarnos si España es o no una nación y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, cuándo empezó a serlo. Tarea que dejo a los lectores, al estar seguro de que hay diversidad de opiniones.

En cualquier caso, que la España cristiana medieval era una nación en búsqueda de su integridad y modo de ser parece claro, como reconoció el Concilio de Constanza. Pero que no era una nación moderna, al no darse en ella la condición de pueblo gobernado a sí mismo es no menos evidente. Tampoco la España de los Reyes Católicos, pese a sus indudables esfuerzos por lograr la unidad territorial y espiritual. Ni, menos, la de los Austrias, que pensaban más en el Imperio, conjunto de naciones, que en la nación. Tampoco bajo los Borbones, aunque iban hacia ello y se acercaron, sin conseguirlo por faltarles tiempo y ser muchos los obstáculos a salvar. Así llega España a 1808, con mucha historia y muchos siglos a cuestas, sin ser una nación moderna. La oportunidad de serlo se la brinda, paradójicamente, la dejación de deberes de sus reyes y la amenaza de un amigo extranjero convertido en enemigo.

La cosa es tan enrevesada que tiene aire de escena de película de los hermanos Marx. La Corte de Carlos IV tenía algo de película de risa. Había un rey pusilánime, una reina mandona —despachaban juntos con los ministros, imponiendo ella su criterio— y un primer ministro, que solo ganaba a los anteriores en estatura y apostura. Era Manuel Godoy, un hidalgo extremeño que había llegado a palacio como guardia de corps y pronto subió a los despachos. Si llegó también al dormitorio real no está demostrado, pero las muestras de afecto que le dedicaba la reina, incluso en público, daban pie para pensarlo, sin que el rey se diera por aludido o se le viera alarmado. El revés, competía con su consorte en afecto por su favorito, nunca mejor usada la palabra, al que dio como esposa a su sobrina María Teresa. Richard Herr, sin negar lo que pudiera acaecer en las alcobas, lo atribuye a que «posiblemente el rey estaba ansioso de liberarse de los consejeros de su padre e impresionado por la capacidad de Godoy», y se fue deshaciendo de todo el que pudiera hacerle sombra. A Campomanes le siguen para espiarle y decide retirarse; a Floridablanca lo destierran; Aranda termina encarcelado; Jovellanos, acusado de traición y encarcelado de por vida por participar en un complot contra el rey.

Godoy, sin otro apoyo que la pareja real, busca respaldo fuera. En 1796 firma acuerdos con los franceses en la guerra que sostienen contra Inglaterra, que le obligan a entregar el 20 % de los ingresos de España para ella. Esto será ruinoso para nuestra Hacienda y bélicamente, pues nos conduce a la batalla de Trafalgar en la que quedan destrozadas las flotas francesa y española, un verdadero desastre para el comercio con nuestras colonias ultramarinas. Es más, Godoy habla, en términos generales, con Napoleón sobre la sucesión en España y sobre cómo repartirse Portugal. Por el Tratado de Fontainebleau, se agencia un reino para él en las provincias portuguesas de Alentejo y el Algarve «en toda la propiedad», al tiempo que se compromete a «permitir, alimentar y mantener» las tropas francesas para invadir Portugal, cosa que hacen, obligando a la familia real portuguesa a huir a Brasil. Pero las tropas francesas se quedan en España ocupando poblaciones, nudos de comunicación y fortalezas. El plan secreto de Napoleón era bajar la frontera con España de los Pirineos al Ebro, un viejo sueño francés, que tuvo ya Carlomagno, con su Marca Hispánica en Cataluña y sus intentos de penetración por la otra esquina de los Pirineos, que tan mal le salieron en Roncesvalles.

Nada de eso, como puede imaginarse, gustaba al príncipe heredero, Fernando, en especial ese ménage à trois que crecía por días ante sus narices, amenazando con quitarle la Corona. Así fue cómo su despacho se convirtió en nido de conspiraciones, de los llamados fernandinos, que le querían ver en el trono cuanto antes. Descubierta la conspiración, fue condenado en El Escorial (1807), aunque, tras pedir perdón a su padre, lo obtuvo y siguió conspirando.

Nadie veía con tanta satisfacción estos manejos palaciegos españoles como el ya citado Bonaparte, quien, pasados los excesos del Terror, se había hecho el amo de Francia y aspiraba a serlo de Europa. De Napoleón se ha dicho de todo. Hay quien le considera un genio, un héroe, un libertador, Francia, en cualquier caso, le sigue reverenciando. Hay, por el contrario, quien le considera «un ambicioso más», como dijo Beethoven al enterarse de que se había declarado emperador, tachando su nombre de su Quinta Sinfonía, La Heroica, que pensaba dedicarle. En efecto, Napoleón tanto puede considerarse el propagador de la Revolución francesa («Mis soldados llevan en su mochila el Código Civil y el bastón de mariscal») como su sepulturero, al proclamarse emperador. Hijo de la Ilustración, él se consideraba el heredero de la revolución, el hombre que el destino había elegido para acabar con el viejo régimen e imponer un nuevo orden en Europa. En algunos países lo consiguió, como en Suecia, donde dejó a los Bernadotte. En otros, no, como España, que él consideraba uno de los países más decadentes y más propicios al cambio. En lo primero podía tener razón. En lo segundo, no. Pero no adelantemos acontecimientos.

El plan de Napoleón para España era sustituir a los Borbones por otra dinastía, la suya, que encabezaría su hermano José. Para ello, los líos que se traían Carlos IV y su hijo no podían venirle mejor. Uno y otro habían acudido secretamente a él en busca de apoyo, que él les había prometido, con el citado cebo de la toma de Portugal, una vieja aspiración española, que se había convertido en el trampolín de Inglaterra en el continente.

Fernando seguía maquinando contra su padre y le atrajo a Aranjuez donde, en el motín de ese nombre, le hizo abdicar en su persona. Su primera providencia fue destituir a Godoy. Con lo que no contaba Fernando VII era con que las tropas francesas, mandadas por Murat —56 000 hombres—, ocuparan Madrid el 24 de marzo de 1808. Cuando recibe al enviado de Fernando VII, le dice que «no le reconoce como rey, ni como príncipe ni como soberano». Es más, le advierte de que no debe tomar ninguna decisión gubernativa sin permiso del emperador y le prohíbe alejar a Godoy de la Corte, para tenerle controlado. La reacción de este rey sin mando ni Corona es patética: deshacerse en proclamas a favor de las tropas napoleónicas, y cuando Napoleón le envía el recado de que acuda a Bayona, donde ya está su padre, acude sin vacilar. Una vez allí, acepta sin mayores objeciones devolver la Corona a su padre, quien abdica en Napoleón, que la entrega a su vez en su hermano, y allí mismo es jurado rey de España con el nombre de José I. Los documentos, para más inri, los habían redactado Godoy y Murat.

El 2 de mayo

Esa imagen de Corte versallesca tras pasar la criba de la revolución, contrasta con la de Madrid en aquellos momentos. La capital, semiocupada por las tropas francesas, era un hervidero de habladurías, interrogantes, suposiciones, sin que nadie entendiera nada, ni supiese dar razón de lo que estaba ocurriendo a sus vecinos, sorprendidos cada día con un nuevo acontecimiento. En este ambiente tenso, bronco, empezó a correr el 2 de mayo de 1808 el rumor de que los franceses se llevaban al último de los infantes que quedaba en España. Fue el pistoletazo de salida. Toda la tensión, resentimiento, indignación contenida durante meses, alimentadas por la frustración de ver cómo los que habían sido enemigos seculares se convertían en los amos del país estalló de repente, y francés que se veía solo por la calle, francés que apiolaban con una navaja, un trabuco o un adoquín.

Las autoridades españolas, en otro acto de pusilanimidad, ordenaron acuartelar las tropas. Solo el capitán Luis Daoíz, junto al también capitán Pedro Velarde se levantaron en el Parque de Artillería, perdiendo la vida, mientras las tropas francesas imponían el toque de queda y otras medidas draconianas. Llevar una navaja en el bolsillo, algo común en aquel tiempo, costaba la vida. La represión, de la que Goya dejó imágenes escalofriantes en Los fusilamientos, es durísima. Sin embargo, las autoridades centrales comunican a las de provincias que lo ocurrido el 2 de mayo habían sido incidentes sin mayor importancia, por lo que debían seguir colaborando con los mandos franceses.

Es la idea que llega a Bayona, donde sigue el ceremonial de la transición de poderes y primeros pasos de la nueva dinastía. Nadie podía imaginarse allí que los sucesos de Madrid fueran algo más que una algarada. El historiador alemán-norteamericano Ronald Fraser, uno de los grandes expertos de la época, sugiere incluso que fue instigado por los fernandinos, que buscaban la reposición de su rey, «prisionero» en Francia. Al tiempo que advierte que los ilustrados apoyaron al principio el «afrancesamiento» de España y no objetaban tener como rey a Napoleón, en el que veían el mejor vehículo para modernizar España. Así que no dieron mayor importancia a los «sucesos» de Madrid y siguieron adelante con esa «modernización», que incluye la nota triste de que la primera Constitución española, con el título de la ciudad donde fue proclamada, Bayona la recibe España en tierras extranjeras de manos de un Bonaparte (6 de julio de 1808). No era exactamente una de aquellas constituciones calcadas de la francesa, que el emperador iba repartiendo por Europa y que a la postre han resultado lo más duradero de su obra, pues en su redacción participaron españoles —«la Asamblea de Notables», compuesta por 150 vocales por estamentos e instituciones— que procuraron introducir en el borrador que les habían pasado notas específicamente españolas y que se ajustase a su tradición, aunque tampoco puede negársele la impronta napoleónica que había en toda ella.

El episodio merece reseñarse con cierto detalle, no por masoquismo, sino para hacerse una idea exacta de lo que era España en aquellos momentos. El 7 de junio de 1808, José Bonaparte recibe en Bayona a una delegación de los Grandes de España, en cuyo nombre, el duque del Infantado le ofrece fidelidad. Justo un mes más tarde, noventa y un españoles ilustres, entre ellos varios provinciales de órdenes religiosas, juran la nueva Constitución. El único pero que le ponen todos ellos es que elimina ciertos privilegios y exenciones fiscales. El primer gabinete de José I es exactamente el mismo que el último de Fernando VII. Todo marchaba como previsto y sobre ruedas.

Las Juntas de Defensa

Pero se equivocaban. La calma tensa que sigue a los sucesos del 2 de mayo en Madrid va cargándose conforme llegan las noticias: los españoles tienen un rey francés. Nadie entiende que se haya entregado la Corona sin ofrecer resistencia. Encima, la rabia de haber sido engañados, algo que molesta a cualquiera y más que a nadie, a los españoles. Allí donde no hay tropas francesas, las autoridades locales son sustituidas por juntas locales, municipales, provinciales, regionales, con poderes para encargarse de los asuntos públicos y prepararse para la lucha con el invasor. Aunque conscientes de que actuando cada una por su cuenta nunca podrán hacerlo con éxito, las que ya se llaman Juntas de Defensa envían vocales para formar una especie de Gobierno nacional con el nombre de Junta Suprema Gubernativa del Reino. Con el rey retenido (cómodamente) en el castillo de Valençay, al que empieza a llamarse el Deseado, pese a lo que había hecho o, mejor, dejado de hacer. Una prueba de la ingenuidad, o simple ignorancia, del pueblo español.

Las dificultades con que se enfrenta esa Junta Suprema son todas. No había dinero. El ejército, al que se había ordenado no actuar contra los franceses, se mostraba pasivo. Enfrente tenía unas tropas que habían batido a las mejores de Europa. Pero, tras el estallido, no hubo diferencias, todos acudieron a la llamada, incluidos casi todos los afrancesados. Ningún español parecía estar dispuesto a admitir que España estaba vencida, e incluso si no se podía luchar con unidades regulares del ejército, se acudió a una clase especial de guerra, la de «guerrillas», la guerra de los «débiles» la llaman, que libran pequeñas partidas a base de golpes de mano aprovechando el conocimiento del terreno, frente a los poderosos, puesta en práctica durante los seis años que duró esta contienda y cuyo nombre se acogió en todos los idiomas.

El milagro no se detuvo ahí: en 1809, la Junta Central dispuso la convocatoria de unas Cortes Generales para dotar al país de una Constitución que pusiera a España al nivel de los tiempos que corrían y evitase situaciones tan comprometidas como la que estaba viviendo.

¿Había llegado el momento de que España se convirtiera en una nación moderna? ¿Era la Guerra de la Independencia el crisol donde se forjaría la moderna nación española? Todo apuntaba en esa dirección. Pero no nos precipitemos ni nos dejemos deslumbrar por los mitos, y este es uno de los más notables del nuestra historia.

Tras rendir homenaje a los héroes del 2 de mayo de 1808 y reconocer el mérito de quienes organizaron esas Juntas de Defensa Nacional e intentaron aprovechar la lucha contra un invasor para hacer a los españoles protagonistas de su historia, el hecho de que dos siglos después nos estemos preguntando todavía qué es España, indica que la cosa no quedó clara. Pese al esfuerzo y los sacrificios, nuestra cuestión nacional no se resolvió en la Guerra de la Independencia contra los invasores franceses como ocurrió con las guerras de independencia de otros países.

Como esa es nuestra cuestión trascendental, vamos a tratarla aparte.

Existe la nación antigua, en torno a un núcleo unido por vínculos de sangre, lengua, religión, costumbre y tradiciones, bajo la autoridad del más fuerte o inteligente, gobernando paternalmente o absolutamente, o ambas cosas a la vez. No hay duda de que España tuvo este tipo de nación durante muchos siglos, puede incluso que demasiados.

Cuando los súbditos de estas naciones consideran que son lo bastante fuertes e inteligentes como para asumir el mando de su propio destino, es decir, para ser sus propios soberanos, derrocan el viejo régimen y se ponen de acuerdo en las normas que van a regirles, en forma de Constitución. Según esta, el poder está en manos de los ciudadanos, que lo delegan temporalmente en sus «diputados» o representantes en las Cámaras, revalidadas periódicamente, que a su vez nombran los gobiernos según los votos emitidos en las urnas. Estamos ante la «nueva nación», el plebiscito diario que decía Renan. Pero para eso se necesita un proyecto compartido. De no existir ese «proyecto de vida en común» (Ortega), lo que tendremos es una confrontación ininterrumpida, ya en el plano de las ideas, ya en el de las armas, que es lo que hemos venido teniendo los españoles desde hace ya más de dos siglos. Junto a una más que regular esquizofrenia.

10
¿INDEPENDENCIA O INCONGRUENCIA?

Si la guerra contra un invasor es la ocasión ideal para crear una nación moderna, de la Reconquista debió haber salido una nación como ninguna. Pero ya hemos visto que no fue así. De aquellos 800 años surgió un Estado español que incluía a los distintos reinos de la Península, pero con diferencias entre ellos, que el Imperio o Imperios consiguientes aceptaron como tales, y aunque se intentó unificarlos, las diferencias estaban ya demasiado marcadas para borrarse. ¿Ofrecía la Guerra de la Independencia una segunda oportunidad a España? De entrada, lo parecía: el estallido de fervor patriótico, el deseo de sacudirse la tutela ajena, la unanimidad de un pueblo sin distinción de clases sociales, la misma fe religiosa, el lugar de nacimiento, el afán de expulsar al invasor, los sacrificios, incluido el de la vida, que hicieron todos los españoles para libertar su patria indicaban que estábamos ante uno de esos estallidos históricos. Pero se habrán fijado que estoy hablando de patriotismo no de nacionalismo, y existe una importante —diría crucial— diferencia. Patriotismo es amor a la tierra que le vio a uno nacer, a sus gentes, a sus tradiciones, a sus costumbres. La patria es nuestra madre terrenal y hace volver nuestros ojos al pasado. La nación es nuestra empresa a construir cada día, la unión de voluntades para decidir un proyecto común de cara al futuro. En aquellos momentos, nadie tenía tiempo para debatirlo, bastante trabajo había con ganar la guerra. «El pueblo en armas en busca de su libertad», esa era España en la Guerra de la Independencia. Pero, ¿qué quería ese pueblo, recuperar lo que había antes de la invasión extranjera o levantar un país nuevo tras expulsar a los invasores? Lo primero sería volver a la patria de los antepasados, a los viejos usos y costumbres. Lo segundo, crear la nación nueva, moderna, de los hijos. Tradición o revolución. ¿Qué fue nuestra Guerra de la Independencia? Aún hoy lo discuten los especialistas, habiendo incluso algunos que la tildan de bipolar o bifronte: conservadora y liberal, reaccionaria y progresista, de izquierdas y de derechas. Al celebrarse no ha mucho su segundo centenario tuvimos oportunidad de examinar tan distintas versiones, pues hay argumentos válidos para todas ellas.

Marx la consideró una mezcla de ambas y, pensamos, más certera, la de levantamiento: «En general, el levantamiento parecía más contrarrevolucionario que revolucionario. Era nacional, pues proclamaba la independencia de España frente a Francia, pero al mismo tiempo dinástico, pues prefería Fernando VII a José Bonaparte. Era reaccionario, pues contraponía las viejas instituciones, costumbres y leyes a las novedades racionales de Napoleón. Era supersticioso y fanático, pues luchaba por la “Santa Religión” frente al llamado “ateísmo francés” y la eliminación de los privilegios de la Iglesia».

A más de un lector le sorprenderá que Marx se haya ocupado de nuestros asuntos, estando tan lejos. No así a los especialistas, que saben del interés que siempre desplegó el autor del Manifiesto comunista por nuestro país, habiendo escrito incluso sobre sus fueros y estructuras pre-democráticas y pos-feudales. Ya sé que la mayoría de nuestros historiadores suelen tratar condescendientemente sus escritos, aparecidos en su mayoría en periódicos, por contener más de un error. Pienso, sin embargo, que para averiguar si ha habido una revolución nacional en España, la opinión de un clasificador de revoluciones como él siempre resulta interesante.

De entrada, todo parecía dispuesto para que la revolución tuviera lugar. La misma falta de liderazgo, con los reyes en cómodo cautiverio, había obligado a la creación de juntas ciudadanas con el fin de organizar la lucha. Ello despertó al pueblo de su letargo de siglos, poniéndolo en febril actividad. «En cierto sentido —confirma Miguel Artola— las juntas representaron la reasunción popular de la soberanía». Las forman artesanos, algunos menestrales, hidalgos, letrados, clérigos, con el pueblo en masa detrás. Los clérigos lo hacen no solo por patriotismo, sino también por conveniencia. «Han visto lo que les ha ocurrido a sus hermanos en Francia», apostilla Marx. En septiembre de 1808, como queda dicho, las juntas provinciales crean por delegación la Junta Central Soberana. Cabe señalar que ya en el Reglamento de esta Junta aparece la palabra «nación» en su sentido moderno, como especifica su artículo primero: «Los vocales de la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino, reunidos en cuerpo, representan a la Nación entera, y no individualmente, a las provincias de las que son diputados». Se ha dado el salto de la madre patria terrenal a la comunión espiritual de todos los ciudadanos: la nación.

Pero antes de seguir, conviene recordar el mapa socioeconómico de aquella España que se alza en armas. Vicens Vives nos lo presenta así: los jornaleros constituían la mayor parte de la población activa (2 893 713), seguidos de los campesinos con algunas tierras (2 721 291), todo tipo de nobleza (1 440 000), criados (840 275), artesanos (812 867), ejército y administración (500 900), empleados militares y civiles (343 017), clero (203 298), abogados y estudiantes (199 566), fabricantes (119 250) y comerciantes (103 017). No tenemos tiempo para analizar este cuadro, nada sano ya a primera vista, como arroja el balance más sencillo: un total de 6 660 258 de población productiva frente a 3 616 000 de población improductiva. Las conclusiones son dos: el desequilibrio social seguía siendo enorme (cada español llevaba a otro a cuestas) y el segmento burgués apenas contaba.

Marx no niega que hubo «una influyente minoría que consideró el levantamiento popular contra la invasión francesa como la señal para la revolución política y social española. La formaban la alta burguesía, escritores, médicos, abogados, incluso algunos sacerdotes para quienes los Pirineos no habían constituido una barrera lo suficientemente alta para impedir la entrada de las ideas del siglo XVIII». Pero advierte que el bajo nivel general, unido a la inercia de tres siglos, hizo que se eligieran para las juntas a bastantes más nobles provincianos, los famosos hidalgos, que a burgueses propiamente dichos, que tampoco abundaban. En algunas ciudades, como Sevilla, incluso se puso como cabeza de la lista a curas. Fue así como las juntas se vieron pronto llenas de gentes «muy alejadas de la revolución». Muchos incluso buscaban «contrarrestar las corrientes revolucionarias cuando intentaban desbordarse».

Los dos hombres más influyentes de las juntas fueron Floridablanca y Jovellanos. Marx consideraba al primero el típico aristócrata, filántropo, déspota ilustrado, despectivo hacia la plebe y hacia la revolución. Jovellanos, por el contrario, «creía en el pueblo, pero en modo alguno era un hombre de acción revolucionaria». Todo lo más, «un reformador bienintencionado».

Pero las circunstancias pedían de tal modo un cambio que algo tenía que surgir. Cuando la Junta Central inicia sus actividades (seguimos leyendo a Marx), «los franceses no ocupaban arriba de un tercio de España. De las anteriores autoridades no quedaba ni rastro. La Junta hubiese tenido poderes para hacer, sin el menor problema, en nombre de la defensa de la patria, todas las reformas sociales que hubiese querido, para traspasar los bienes e influencia de la Iglesia y la aristocracia a la burguesía y al campesinado. […] Pero no bastándole con considerar la revolución un lastre, actuó en la línea contrarrevolucionaria, restaurando las viejas autoridades, volviendo a soldar las cadenas rotas, extinguiendo el fuego revolucionario donde quiera que surgía, no actuando (revolucionariamente) ella o impidiendo que actuaran otros. El 20 de julio de 1809, cuando la Junta se reunió en Sevilla, el Gobierno conservador inglés (que venía colaborando con ella en la lucha contra los franceses) se creyó obligado a enviarle una fuerte nota de protesta por su comportamiento contrarrevolucionario, preocupado por (su efecto) en el entusiasmo popular. En algún sitio —termina Marx su catilinaria— se ha dicho que España ha tenido que sufrir todas las molestias de la revolución, sin ganar ninguna de sus ventajas. Si hay algo de verdad en ello, no significa otra cosa que una condena de la Junta Central».

Aunque Marx tenía razón en lo fundamental —que las juntas no hicieron la revolución nacional en España pese a la oportunidad que se les ofrecía—, su parcialidad ideológica (al fin y el cabo, era marxista) le hizo olvidar algo tan importante como las circunstancias que se lo impedían:

• Ese «espíritu revolucionario» que él veía estaba más en sus élites que en el pueblo español, que fue quien marcó el rumbo contrarrevolucionario de las juntas, en vez de a la inversa. Sobre todo en las partidas dirigidas por curas, que fueron muchas. Vicens Vives nos cuenta cómo, en algunas de ellas, «la palabra Constitución sonaba a diabólica».

• El hecho de que el alzamiento se hiciera «contra» los franceses —que representaban las ideas más progresistas de la época— maximizó las dificultades de convertirlo en una verdadera revolución (¿cómo combatir a alguien sin combatir sus ideas?). Es como si la Guerra de la Independencia bordeara la lucha contra «el liberalismo extranjerizante».

• Hubo un fallo prácticamente total de la intelectualidad, alma de toda revolución política. La poca que había era afrancesada, aunque patriótica, y no supo o no pudo tender un puente entre el progresismo y el patriotismo. Algo que pagó caro, teniendo que ir buena parte de ella al exilio, el primer exilio político español de los muchos que siguieron. Y lo pagamos: más de doce mil familias, la mayoría pertenecientes a la exigua burguesía intelectual, tuvieron que emigrar a la caída de José Bonaparte, lo que dejó a España aún más huérfana del liderato de ideas. Luego hablaremos de ellos con detalle, pues se lo merecen.

Y sin embargo…, sin embargo, el pueblo español, o al menos el segmento más alerta del mismo, vence no solo a los franceses sino también a su propia inercia, y se da a sí mismo una Constitución. Dan ganas de creer en los milagros. O en el determinismo histórico, pese a las veces que ha fallado en nuestro país. En cualquier caso, algo muy fuerte tenía que haber en el aire, para que eso ocurriera.

Guerra de guerrillas

Pero retomemos el hilo de los acontecimientos donde los habíamos dejado: en el inicio de una guerra que no fue de españoles contra españoles, como había sido la de Sucesión, sino de españoles contra los invasores extranjeros, en la que, por cierto, colaboraron activa y heroicamente los catalanes —Gerona, el Bruch—, para averiguar su verdadero significado histórico.

Aplastada la revuelta de Madrid manu militari, el mando francés ve con asombro que el pueblo español se levanta en armas por todas partes y cada vez son más las unidades de su ejército que se unen. Su asombro no tiene límites cuando en Bailén, las tropas españolas les derrotan (19 de julio de 1808).

Así es el diálogo entre el general Dupont y el general Castaños:

DUPONT: Le entrego mi espada, vencedora de cien batallas.

CASTAÑOS: Le entrego la mía, que no había vencido en ninguna.

José I es obligado a abandonar Madrid y su hermano Napoleón decide intervenir. No puede luchar en dos frentes, firma la paz con Rusia y se presenta en Bayona el 3 de noviembre nada menos que con la Grande Armée, un cuarto de millón de hombres curtidos en todo tipo de batallas. El 6 estaba ya en Vitoria y el 10, en Burgos. El 23 barre a las fuerzas del general Francisco Javier Castaños que habían elegido el Ebro como línea defensiva, continuando su avance arrollador. A Madrid solo le queda la sierra como defensa más las tropas del general San Juan, que son destrozadas por una carga infernal de la caballería polaca.

Madrid tiembla ante la llegada del que ha puesto a sus pies al continente entero, del que pone y quita reyes a su antojo, del que temen desde el papa a los ingleses, que no solían temer a nadie. La Junta Permanente de Defensa recuenta hombres, armas y municiones. Hay escasez de todo, y se invoca a sitios históricos, Numancia, Sagunto, junto a otros bien recientes, Gerona, Zaragoza.

El 2 de diciembre, las tropas imperiales dejan Alcobendas para apostarse frente a la capital. El general Bertrand Bessières exige la rendición. La respuesta es un rebato de las campanas de todas las iglesias y el toque de generala en todos los cuarteles. Poco después, Napoleón llega a Chamartín, entonces un suburbio. Los madrileños, más los 4 000 soldados de guarnición, resisten como pueden las primeras acometidas, pero van cayendo posiciones: el Retiro, Recoletos, Carrera de San Jerónimo, Atocha. Napoleón amenaza con destruir toda la ciudad si no se rinde. A las dos de la tarde del 3 de diciembre se alza la primera bandera blanca en la torre de la iglesia de Santa Cruz. La noche siguiente, los responsables de la defensa convencen a los más exaltados de que es imposible continuar la resistencia. En la madrugada del 4, don Tomás de Mola y don Fernando de Veray y Pelayo se acercan al campamento de Napoleón para pactar la rendición. El emperador se compromete a conservar la religión católica y a garantizar la seguridad, vidas y propiedades de los madrileños, salvo algunos proscriptos, como el duque del Infantado, el marqués de Santa Cruz y el conde de Altamira, que después de haber jurado lealtad a José I le habían abandonado. También se compromete a mantener las leyes vigentes y a no imponer nuevos tributos hasta la reorganización del reino. La guarnición entregaría las armas, como los paisanos. Las tropas serían prisioneros de guerra, con sus derechos y sus deberes, los vecinos se mantendrían en sus casas. Aquella misma noche, Napoleón, acompañado por el general Augustin Daniel Belliard y sus tropas entran en lo que es hoy el viejo Madrid y entonces era la capital. Al día siguiente comienza la limpieza de las calles, la eliminación de barricadas y la reparación del empedrado. Hay que destacar que las tropas francesas se comportaron correctamente. A fin de cuentas, aquella era la capital del reino del hermano del emperador, quien, creyendo controlada la situación, marchó con sus tropas a las batallas que tenía pendientes en el resto de Europa. Y ya que hablamos de José Bonaparte, no estarían de más unas palabras sobre él.

José I

No tenía, ni de lejos, la genialidad de su hermano más joven, pero tampoco tenía sus defectos, empezando por aquella ambición insaciable que fue a la postre su perdición. Abogado por Pisa, participó en la revolución y, bajo el Directorio, fue miembro del Consejo de los Quinientos. Su hermano le utilizó en distintos órganos administrativos y delicadas negociaciones diplomáticas. En la reorganización de Europa que buscaba, le puso al frente del reino de las Dos Sicilias, aunque solo reinó en Nápoles, dado que Sicilia seguía bajo la Corona española, que él pronto ceñiría. Era un hombre, por tanto, preparado, pero no tenía la menor posibilidad de ganarse la estima de los españoles, que con esa tendencia a los apodos que tenemos, le llamaron inmediatamente Pepe Botella, atribuyéndole una afición al vino nunca demostrada. Lo que se ha demostrado es que se opuso a algunas directrices de su hermano, sin éxito, e intentó, sin éxito también, desarrollar una política progresista mesurada, algo más imposible todavía en un país en guerra. Es de suponer que seguiría las incidencias de la misma con la natural preocupación y hasta es posible, como apunta Richard Herr, que fuera su hermano quien, tras haberle colocado en el trono español, se lo hiciera perder cuando ordena a sus comandantes ocupar Cataluña, Navarra y el País Vasco con vistas a anexionárselas, provocando su alzamiento. José I siguió reinando en un país que no le quería, hasta que, en 1813, tuvo que abandonarlo al desplomarse el proyecto napoleónico. Se exiló en Florida, donde todavía se conserva su casa, que puede visitarse, y no le debió ir mal por las obras de arte que atesora, sacadas de España naturalmente, con abundante dinero y alhajas. Pudo ser un buen rey en otras circunstancias, como el general Bernadotte en Suecia. Pero España no era Suecia. Ni lo es.

La guerra, mientras tanto, seguía su curso, de aquella forma peculiar que suelen tomar los acontecimientos en España. No era una guerra de grandes batallas, aunque hubo algunas; ni de ejércitos, pues allí, el único ejército era el francés, el español pese a recibir el asesoramiento del duque de Wellington, que se había trasladado a la Península con un equipo de oficiales, no podía presentar batalla abierta al ser netamente inferior. Era, por tanto, una guerra de guerrillas, de emboscadas, de golpes de mano. Y de tremendas represalias contra los guerrilleros apresados y contra la población civil, de la que Goya nos dejó testimonio gráfico espeluznante en sus grabados. Pero era también una guerra de desgaste, de erosión del enemigo, una guerra sin frente definido que no acababa, y que agotaba a cualquier ejército regular —que se lo pregunten a los norteamericanos en Vietnam—, y mermaba la capacidad bélica de Napoleón en sus diferentes batallas, hasta perder la guerra. Aunque España no obtuvo el premio que merecía por el tremendo esfuerzo que había hecho a lo largo de la contienda, excepto una Constitución, una Constitución propia, genuinamente española, que se dio en medio de aquel maremágnum bélico, político y social.

¿Contra qué se luchaba?

Ahora sí que estamos ya en condiciones de plantearnos la pregunta inicial, la pregunta, diríamos hoy, del millón de dólares: ¿fue la Guerra de la Independencia el parto de la nación moderna española? Por favor, piensen un momento antes de contestar, recuerden lo que dijimos sobre la nación —el proyecto de vida en común—. Les advierto que ya antes de que se acabara la contienda, en las respuestas de distintas juntas al requerimiento de la Central de enviar sugerencias para la Constitución, no hubo unanimidad. El cabildo de Córdoba: «Nación es la comunidad política distinta de otras naciones, pero no de individuos simples, pues está compuesta de nobles, de la iglesia y el pueblo». Pedro Alcántara, de Málaga: «Todos los fueros de las provincias privilegiadas deben de ser eliminados. Todos somos españoles y reconocemos una sola madre patria. ¿Cómo ha de ser el Código (Constitución) completo y universal, si se conservan los mencionados fueros?». La Cancillería de Granada: «Se unieron los diferentes reinos y provincias, pero no se unieron sus leyes. Los castellanos, gallegos, andaluces claman por las suyas, y con toda razón. ¿Qué motivo hay para que aquellas se hayan de regir por las leyes de estas o por el contrario?» La Junta de Trujillo: «La nación española es el pueblo consciente». El obispo de Barbate: «Últimamente creo que el pueblo español, que ha reconquistado su libertad e independencia por sus esfuerzos y sangre derramada, es hoy enteramente libre para darse una Constitución y establecer en ella pactos, condiciones y deberes recíprocos entre el jefe del Estado y la nación». Este último me parece el más moderno de todos.

Pero era evidente que había diversidad de opiniones. ¿Cómo compaginarlas? ¿Sería capaz el pueblo español de alumbrar una Constitución, esto es, una nación moderna en medio de una guerra pavorosa, tras haber aguantado el peso de dos Imperios y haber tenido varias monarquías absolutas durante tres siglos? Por lo menos se intentó.

La Constitución de 1812

El 24 de septiembre de 1810, se reúnen en la isla de León, hoy San Fernando, unas Cortes extraordinarias con ánimo constituyente. El 20 de febrero de 1811, trasladan sus sesiones a Cádiz. El 19 de marzo de 1812, anuncian la nueva Constitución y el 20 de septiembre de 1813 cierran las sesiones. Son 384 artículos que arrancan con: «La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos territorios (peninsulares y americanos)». Tienen un aire moderno, al hablar de nación y de unión de todos los españoles, faltó añadir lo de «iguales ante la ley», aunque tal vez sería esperar demasiado en aquellos tiempos. Pero luego se nos va por los cerros de Úbeda al decir que «el amor de (sic) la Patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y asimismo el de ser justos y benéficos», ya que pedir a los españoles que fueran «benéficos» no sabemos si era una ingenuidad o un brindis a la galería.

En el análisis hecho por Manuel Moreno Alonso, La Constitución de Cádiz. Una mirada crítica, tras reconocer su altura de miras y originalidad, señala sus limitaciones, derivadas de cierto narcisismo utópico y abundantes contradicciones. Nada de extraño que Jorge de Esteban, en el epílogo, califique la Constitución de Cádiz como «el éxito de un fracaso». Más española, imposible.

No es este el lugar para un análisis de la primera Constitución genuinamente española —la Pepa, como se la bautizaría de inmediato por el día de su nacimiento—, pero en un libro que trata de los mitos españoles no puede faltar un bosquejo de la misma, al haberse convertido en uno de ellos. Todos los españoles tienen derecho al voto —las españolas todavía no—, excepto los servidores domésticos, los individuos en bancarrota y los delincuentes. Ningún diputado puede pedir o aceptar pagos, pensiones o condecoraciones del rey. Consejeros de Estado, y cuantos tengan cargos en la Corte no podrán ser diputados. El rey, el príncipe de Asturias y regentes deben jurar la Constitución ante las Cortes. Estas deben ratificar todos los tratados militares, los subsidios y las regulaciones de comercio, así como la entrada de tropas extranjeras en territorio nacional —había buenas razones para ello—, como para prohibir al rey abandonar el país sin permiso de las Cortes. Ya no tantas había para el permiso de contraer matrimonio. Se elimina la tortura, la coacción jurídica, la confiscación de bienes y, como guinda, la Inquisición. Ahora, la bomba: todos los españoles están obligados a pagar impuestos de acuerdo con sus medios, desapareciendo por tanto los privilegios fiscales de la nobleza. ¿Saben ustedes, y perdonen la confianza de preguntarles, a qué me recuerda? A la Constitución de 1978 que los españoles nos dimos tras la era de Franco, con las naturales diferencias de lugar y circunstancias.

En conjunto, era una Carta Magna progresista para su tiempo. ¿Cómo pudo surgir —es lo primero que se le ocurre a uno— en una España tan retrógrada, en lucha, además, con un enemigo que representaba las ideas modernas? Tal vez la respuesta esté en lo que Marx apuntó: que no era una copia servil servil de la francesa de 1791, sino una «reproducción de los fueros a la luz de la revolución, una creación original del espíritu español, que restablece las viejas instituciones e introduce las reformas que habían pedido los hombres más famosos del siglo XVIII, haciendo las inevitables concesiones a los prejuicios del pueblo». Por ejemplo, no hay separación entre Iglesia y Estado, que era una de las bases de la revolución burguesa. «La religión de la nación española es para siempre la católica, apostólica, romana, única religión verdadera», dice en su artículo 12. «La nación la defenderá por disposiciones legales y prohibirá la práctica de cualquier otra religión».

Aun así, era un documento demasiado moderno para una España que en muchos aspectos no había salido de la Edad Media. Bastantes de sus disposiciones tenían que sonar abstractas a un pueblo acostumbrado a vivir y morir con una visión teológica de este mundo y del que viene. Por otra parte, los viejos fueros habían quedado enterrados por tres siglos de absolutismo. Repito: ¿cómo pudieron emerger la Pepa y leyes como la de agosto de 1811, que abolía el vasallaje y otros privilegios feudales en el campo, o la de 1813, que suprimía los mayorazgos inferiores a 3000 ducados? Marx, de nuevo, apunta tres razones:

• En su redacción se dieron cita los hombres más progresistas de aquella España.

• A Cádiz llegaron primero los representantes de las regiones más democráticas, los de la región levantina. Mientras los de las reaccionarias del interior tardaron en acudir, y alguno ni siquiera recibió permiso para ello de su junta.

• Cádiz era entonces la más liberal de las provincias españolas, «casi una ciudad americana», llena de comerciantes y gente interesada en lo novedoso y las ideas del siglo XVIII. «Su población llenaba las galerías de la sala cuando las Cortes estaban en sesión, y mantenía a raya a los reaccionarios (los serviles, como se les había bautizado) por medio de un sistema de atemorización y presión», cuenta Marx, como si fuera un cronista parlamentario.

Así fue surgiendo, en una atmósfera de aplausos y abucheos, aunque un tanto artificial, una Constitución bastante más avanzada que el propio país. Pues pese a las concesiones hechas a las tradiciones españolas, «las Cortes sabían perfectamente que tan moderna Constitución política era incompatible con el viejo orden social». Extraña que a Marx se le olvidase algo importantísimo para ser una Carta Magna verdaderamente moderna: que asuma la monarquía como forma de Estado, sin plantearse la posibilidad de una república, de decidirlo la voluntad popular.

Si a ello se le añade que faltaban en ella los supuestos para una auténtica reforma económica, algo esencial para atraer a los sectores más desfavorecidos, aun con riesgo de enfrentarse con los que salieran perjudicados, tendremos las razones de que la Constitución del 12 no lograra arraigar entre el pueblo llano. En cuanto a la clase media, había demasiado poca para resultar decisiva. «En España —escribiría Larra no mucho después— solo hay clase media en Cádiz y en Cataluña».

Pronto va a comprobarse. El 16 de abril de 1814, derrotado Napoleón, regresa a España su «prisionero», el Deseado. Los gritos entusiastas que acogen a Fernando VII por las calles de Valencia son «¡Viva el Rey absoluto!» «¡Abajo la Constitución!». Dicen que también so oyó«¡Vivan las caenas!», pero eso no está demostrado. Aunque viene a ser lo mismo.

Apagón constitucional

Obedeciendo a su pueblo como nunca le había obedecido y no le volvería a obedecer jamás, Fernando VII deroga la Constitución, reinstaura la Inquisición, anula las reformas agrícolas, llama de nuevo a los jesuitas, envía al exilio o a la cárcel a los redactores del texto constitucional y se declara monarca absoluto. Lo peor, sin embargo, no es eso. Lo peor es que lo hace sin la menor resistencia popular.

¿Por qué?

Las razones se deducen de los hechos apuntados a lo largo de este periodo: el pueblo español estaba exhausto tras la larga, penosa, terrible guerra. La Constitución, pese al aire tradicional que quiso dársele, introducía conceptos abstractos, sin mejorar el nivel de vida de la gente. Al revés, la introducción del impuesto directo sobre las ganancias de fincas, industria y comerció no gustó nada. Por primera vez, los españoles comprobaron con desagradable sorpresa que la democracia —aunque a aquella le faltaba mucho para serlo plenamente— era cara y traía costosas exigencias. Únanse los que no estaban interesados en que la Constitución, cualquier Constitución, se afianzara —conservadores, latifundistas, la mayor parte del clero— y se tendrá que la de 1812, tan española ella, nació prácticamente muerta, al tener a la mayoría del pueblo español en contra. Dos Imperios y trescientos años de absolutismo habían hecho su efecto. «Solo en el Ejército podía el monarca encontrar verdadera resistencia —termina Marx su análisis—. Pero el general Elio y sus oficiales proclamaron a Fernando VII en Valencia sin citar siquiera la Constitución».

Por eso no es tan extraño que diez días más tarde, el monarca la derogase en medio de la general indiferencia. «¿Constitución, para qué?», parecieron preguntarse el Deseado y buena parte de sus súbditos. ¡Qué diferencia con los ciudadanos de otros países dispuestos a morir por la suya! Algo que nos advierte de la debilidad de nuestro constitucionalismo, cuando es la base de la nación moderna. Pero a partir de la primera —que tengo la impresión de que es más popular hoy que cuando se promulgó—, hemos cambiado de Constitución casi como si fueran trajes a medida del Gobierno de turno, sin importar si se ajustan a los demás. Y que seguimos con la misma costumbre lo revelan las críticas que se hacen a la actual. Imagino que bastante tiene que ver la carencia de un nacionalismo integrador, dinámico, cara al futuro. Preferimos el patriotismo, pasivo, nostálgico, con la mirada puesta en el ayer. Quien lo sufre es la nación, que no acaba de cuajar como proyecto común, como no cuajó tras aquel arrebato de furia para expulsar a los franceses.

Me queda solo abordar el tema de los afrancesados, interesante por varios motivos. Primero porque fueron, como queda dicho, doce mil las familias que se retiraron con el ejército del emperador, temiendo las consecuencias. Si se le añade que incluían literatos ilustres, como Fernández de Moratín y Meléndez Valdés, junto a muchos profesionales de distintos ramos, incluidos clérigos, nos damos cuenta del hueco que dejan en una sociedad atada a sus tradiciones. De entrada, eran simples admiradores de las ideas francesas, entonces las más avanzadas del mundo, que deseaban introducir en España. «Europeístas» les llamaríamos hoy. La mayoría convencidos de que estaban sirviendo a un rey elegido constitucionalmente, aunque esa actitud no se sostuvo a partir del momento en que Napoleón dejó ver que su intención era quedarse con un buen pedazo de España. Entonces se convirtieron en «colaboracionistas» por no unirse a quienes los combatían. Por lo que había ganas de ajustarles las cuentas, por «traidores». Con los enemigos de la Constitución exigiendo que se suspendiese para poder perseguirlos sin trabas. Con las heridas de la guerra aún frescas, era difícil negárselo.

Bastantes exiliados se afincaron en el país de adopción e hicieron carrera en él. Otros volvieron acogiéndose a los sucesivos indultos, el padre de Larra, médico de los ejércitos del emperador, entre ellos. Quien no se adaptó aquí fue su hijo, Mariano José, que se hizo célebre con el pseudónimo de Fígaro con sus críticas mordaces de las costumbres españolas de la época, hasta el punto de que, aparte de los amores adúlteros a que se atribuye su suicidio, no sentirse a gusto en España pudo también tener que ver con ello.

Goya, algo más que un pintor

Quien no volvió fue Goya, que también tuvo que marchar a Burdeos, pues su vida peligraba. Estamos ante el artista más característico de la época. El pintor bipolar, delicado de los cartones de los tapices, y el macabro de los desastres de la guerra, el del retrato cruel de la familia de Carlos IV y el amable de los personajes de la Corte, el de la maja vestida y el de la maja desnuda, el afrancesado y el de los fusilamientos de la Moncloa, el de los toros y el de las pinturas negras. El más español de los pintores y el precursor de toda la pintura moderna. ¿Cuál es el Goya verdadero? Pues los dos. Como España.

A la hora de hacer balance de la Guerra de la Independencia, con la perspectiva que dan los dos siglos transcurridos, no queda más remedio que reconocer, al menos por nuestra parte, que aquella trágica oportunidad de poner fin al viejo régimen y crear una nación moderna como gran pacto entre los españoles para aceptar sus diferencias internas y vivir según las normas que convengamos, no se aprovechó. Paradójicamente, los únicos que sacaron provecho fueron los virreinatos americanos bajo el lema «Si España quiere ser independiente, nosotros tenemos derecho a serlo». Se independizaron adoptando incluso la Constitución de 1812. Mientras, en España, se quedaba convertida en fecha solemne del calendario, en memorial histórico, en mito más que en realidad.

Pues lo más triste de todo es que aquel baño de sangre no consiguió unir a los españoles. En cuanto el último soldado francés traspasó los Pirineos, volvieron las viejas rencillas, las reclamaciones de siempre, la desconfianza hacia el vecino, la exaltación de lo propio. La solidaridad había durado justo lo que la lucha con el invasor.

España había logrado independizarse de los extranjeros, pero no de sí misma.

11
EL ROMPECABEZAS DECIMONÓNICO

Lo más grave de la Guerra de la Independencia fue que de ella surgen dos Españas, mirándose más como enemigas que como compatriotas. Dos Españas que forcejearán a lo largo del siglo recién nacido y se enzarzarán en pelea furiosa en el siguiente. Se trata de dos proyectos distintos de vida y de pensamiento. El conservador busca el retorno a la monarquía tradicional y católica. El liberal persigue el cambio de mentalidad, estructuras e incluso de país. Sin puentes entre ellos, solo voces, insultos, amenazas y, en algunos momentos, palos.

Ya el hecho de que existan dos Españas, algo reconocido hasta por los poetas, resulta peligrosísimo para su viabilidad como nación moderna que, como no nos cansaremos de decir, es un proyecto común de la ciudadanía. Perdida la oportunidad que la Constitución de 1812 buscó y no encontró, España inicia casi siglo y medio de ensayos, bandazos, guerras civiles e inciviles, intentando encontrar su equilibrio interno y su papel, cada vez más menguado, en el concierto internacional. Los periodos liberales y conservadores se suceden a ritmo cada vez más frenético, con luchas cada vez más crueles. Siempre con exiliados y cesantes de uno u otro signo, pues los que entran desalojan de los despachos a los anteriores. Entretanto, se pierden los últimos restos del Imperio y ¿qué queda? El país bronco y dividido en dos bandos que se alejan en vez de acercarse. Los conservadores acaparan la «españolidad», mientras los liberales se convierten en abanderados de la modernidad. Al superpatriotismo de la derecha se opone el superinternacionalismo de la izquierda. El uno solo cree en el ayer que se fue. El otro en el mañana que no existe. Es decir, ambos creen en fantasmas. A las matanzas de frailes siguen los fusilamientos de liberales. Con cada vez menos margen entre ellos. Es cuando surge el dicho sin ninguna gracia de «Los españoles vamos siempre detrás de los curas, con una vela o un palo» y me pregunto si el de «Acabó como el Rosario de la Aurora» no se refería también a eso. Bastante más grave fue la definición, nada menos que de un presidente de Gobierno, ya a finales de siglo: «Es español el que no puede ser otra cosa». Aunque lo que más asusta es que incluso nos equivocamos cuando acertamos, quiero decir que los planes con las mejores intenciones producen los peores resultados. Lo irán viendo en el somero repaso que vamos a hacer de un siglo peor que cualquiera de los anteriores con la excepción del VIII y su invasión musulmana, que nos separó de nuestro marco natural, Europa.

La pérdida de las colonias deja al descubierto la desnudez del país. Lasuén sostiene que, después de los reinados benéficos de Fernando VI y Carlos III, España había logrado equipararse a los demás países europeos. Incluso si se acepta esta premisa, para lo que se requiere mucho optimismo, hay dos hechos innegables: que el Despotismo Ilustrado solo arañó la esencia del pueblo español, que seguía siendo el de siempre, es decir, un pueblo de súbditos excepto en los breves periodos de revuelta en que solo mandan los más osados, que no significa los más sabios, y que durante el siglo XIX, España pierde constantemente terreno respecto al resto del continente. El propio Lasuén anota que a mediados de ese siglo, «la renta per cápita española era dos tercios o tres cuartos de la europea, y a finales, solo la mitad de la francesa». Es lo que hace descender a España del décimo al vigésimo cuarto puesto en el rango económico de naciones durante ese periodo. Resulta tan descorazonadora como significativa la anotación del profesor Sardá, citada por Vicens Vives, sobre la política monetaria en la segunda mitad de este siglo: «Se procedía como si aún subsistiese el Imperio colonial, capaz de suministrar cantidades indefinidas de plata; pero como ese Imperio había desaparecido, era abrir una gran brecha por la que marchaba al extranjero la plata que todavía atesoraba España». El país pasa del Imperio al subdesarrollo sin una etapa intermedia.

Con más de la mitad del campo en manos de los nobles y casi un quinto en manos de la Iglesia, con solo entre un 5 y 6 % de habitantes que saben leer y escribir, y «sin una auténtica clase media ni burguesa» (Jiménez Blanco, Historia Social de España, Siglo XIX), a España le va a ser cada vez más difícil hacer lo que más necesita: una revolución nacional.

No porque no lo intentase. Ocho intentos contamos hasta la Guerra Civil de 1936. Hagamos lista, siquiera somera, de ellos, aunque no pertenezcan a nuestros mitos, sino a nuestros sonrojos.

Los bandazos adquieren tal rapidez que pueden darse tres fases distintas en un mismo reinado. Ocurrió en el de Fernando VII, cuyo primer periodo antiliberal se acaba con el levantamiento del general Riego, que le obliga a jurar la Constitución. En cuanto se ven en el poder, los liberales lanzan una serie de reformas en todos los terrenos —desde la administración a la enseñanza, pasando por el campo y la milicia— como si intuyesen que iban durar poco. Lo malo para ellos es que también empiezan a fraccionarse entre moderados y radicales —división que va a serles fatal en lo que resta de siglo— al traer un desorden más que regular en el país, que corta la intervención de una Europa ya de vuelta de la revolución. Son los «Cien Mil Hijos de San Luis», que imponen orden. «Una nueva invasión francesa —dice Ricardo de la Cierva— que no provoca la fulminante reacción popular de 1808. No por el cansancio de una España incansable, sino porque la francesada no venía a llevarse al rey, sino a reponerle en la plenitud del trono y sus derechos absolutos».

Con lo que el reinado termina con un país anodino y un monarca con síntomas de enajenación mental.

La desamortización

La herencia que nos dejó Fernando VII va pareja a su reinado: un conflicto sucesorio y la consiguiente guerra civil. De su primer matrimonio no había tenido descendencia lo que hizo pensar a su hermano, Carlos María Isidro, que él ocuparía el trono. Pero del segundo tuvo dos hijas. Había un inconveniente, sin embargo: la ley Sálica —por la que se regían los Borbones franceses— prohibía el acceso al trono de las mujeres. Fernando VII la abolió, volviendo a la tradición castellana que les daba ese derecho. Carlos María, ni corto ni perezoso, se rebeló, iniciando desde su fortín del norte —con ramificaciones en Cataluña, Valencia y Galicia— la primera de las llamadas Guerras Carlistas, que duró siete años, ya que hubo otras dos, tan crueles o más que la primera. Técnicamente fueron guerras de sucesión. De hecho, fueron guerras de religión. España, que no las había tenido en los siglos XVI y XVII, va a tenerlas en el XIX, e incluso en el XX, pues la de 1936-1939 también lo fue, aparte de otras muchas cosas. La desventaja de ir a remolque de los demás.

Destacan en este periodo las dos regencias: mientras la reina Isabel era una niña, la de su madre, María Cristina, y, luego, la del general Baldomero Espartero. Se la ha llamado la «tercera revolución», aunque en España se llama revolución a cualquier cosa. Hubo, sin embargo, dos importantes innovaciones.

Una nueva Constitución, la de 1837, siguiendo el modelo inglés, con dos Cámaras, de corte progresista pero incapaz de calar en un cuerpo nacional al que, aparte de mostrar una profunda división, le resbalaba todo tipo de reforma.

La «desamortización» o nacionalización de los bienes eclesiásticos y civiles baldíos, para ser vendidos en pública subasta. Se ha llamado «el acto más lleno de resonancia del siglo XIX español». Por lo pronto, hizo a la Iglesia enemiga declarada del Estado liberal, si no lo era ya. Según Artola, en 1834, el presupuesto eclesiástico equivalía al del Estado. Solo en tierras cultivables, poseía el 18 % de todas ellas. Juan Álvarez Mendizábal, primer ministro, vendió 139 521 fincas rústicas de la Iglesia, 19 647 fincas urbanas y 157 116 censos y foros, que se ampliarían a 141 336, 23 365 y 187 356, respectivamente, en la segunda desamortización (1854-1856). Las cifras sobre el dinero obtenido bailan entre los tres millones y medio de reales (Vicens Vives), el tercio de esa suma (De la Cierva) y algo más de un tercio (Artola). Que parte de ese dinero se utilizase para financiar el ejército que derrotó a los carlistas tuvo que parecer a algunos clérigos infame por partida doble. En cualquier caso, fue un golpetazo tremendo al clero, que tardaría décadas, puede un siglo entero, en olvidar.

Pero no fue la reforma agraria que el campo español y España necesitaban para ampliar su base social y estabilizar su economía. La estructura del agro español —que constituía la base del país— apenas cambió. Solo cambian los dueños y no para mejor. Las grandes fincas pasan de manos de la Iglesia a manos de los terratenientes que viven en Madrid y capitales de provincia, lo que ni productiva ni socialmente significaba el menor avance. La sentencia de Vicens Vives es demoledora: la desamortización «habría de alumbrar un neolatifundismo territorialmente más extenso, económicamente más egoísta y socialmente más estéril». Domínguez Ortiz es más detallado y categórico: «La venta de los bienes de propios y baldíos, unida a la generalización de los cerramientos de fincas, la prohibición de antiquísimos usos de aprovechamiento colectivo (espigueo, rastrojera), la decadencia de la enfiteusis (cesión perpetua o por un largo periodo de un inmueble por un canon anual) y otras formas jurídicas en beneficio de un concepto muy cerrado de la propiedad individual agravaron la situación del campesinado modesto hasta límites extremos, con el agravante de que aquellos centros benéficos (hospitales, asilos), que tradicionalmente acogían a los desheredados, también sufrían las consecuencias de las desamortizaciones». Para indicar más adelante: «En las casas de expósitos (que acogían a niños sin padres) las horribles tasas de mortalidad se mantenían e incluso aumentaban». Y termina: «La Iglesia ya no estaba en condiciones de prodigar asilos y limosnas». De la Cierva añade otra consecuencia negativa: «Muchas de la fincas se pagaron con la madera procedente de talas masivas. España se desertiza».

O sea que, como les apuntaba al iniciar el capítulo, ni siquiera los «progresistas» traían progreso, sin que los esfuerzos tanto de los que querían devolverla a un pasado dudosamente glorioso como de los que querían llevarla a un futuro aún más dudoso surtieran efecto. Para muestra, un botón: por aquel tiempo, en un país de dieciséis millones de habitantes, solo cien mil ciudadanos tenían derecho a votar ya que se requería un nivel mínimo de ingresos para poder hacerlo. ¡Y eso, tras varios Gobiernos liberales!

Hubo, sí, una labor legislativa, apareciendo diversos Códigos —aunque el Civil tendrá que esperar a 1889—, pero todos ellos tenían que pasar por las horcas caudinas de aceptar las leyes forales de Cataluña y el País Vasco, que rompían la unidad jurisdiccional del país y la igualdad de sus habitantes. Algo que va a mantenerse incluso después de 1939: Franco «paga» el apoyo que Álava y Navarra han prestado a su causa durante la Guerra Civil permitiéndolas mantener sus privilegios fiscales. Luego la democracia ha ampliado estos privilegios a todo el País Vasco. Para que después creamos que en España cambian las cosas.

Más impacto tuvo la aparición de las provincias, dentro de una reordenación territorial de inspiración francesa. Ortega las consideraba un elemento espurio dentro del cuerpo típico español, las regiones o antiguos reinos. En eso, no estoy de acuerdo con el maestro. Las provincias tuvieron su impacto positivo, al convertirse su capital en centro de todo tipo de actividades, empezando por las administrativas y terminando por las culturales. Surgen los casinos, los «círculos de las artes», los juegos florales, los cafés incluso, con animadas aunque no siempre pacíficas tertulias. Con un inconveniente: esas capitales de provincia van a ser los focos del cantonalismo que estallará en España durante la Primera República y está a punto de desintegrarla. Hablaremos de ello en su momento y, en cualquier caso, creo que ha quedado claro que incluso lo positivo se torna negativo en aquella España que busca su unidad como nación y su perfil como Estado, sin acabar de encontrarlo.

Los militares al poder

Aunque el fenómeno más importante del siglo, pienso, es la aparición de los militares en la vida pública española. Siempre lo habían estado, pero nunca como en este periodo, y como van a quedarse por más de un siglo, habrá que hacer un alto para analizarla. El general Riego ya había dado un aviso al sublevarse con sus tropas destinadas a combatir a los independentistas de las colonias americanas (1820), iniciando el Trienio liberal. Pero es el general Espartero quien inicia esta etapa, al ocupar la regencia de la aún menor Isabel II entre 1841 y 1843. Voy a seguir el análisis de Domínguez Ortiz por su sencillez, realismo y mesura, en un tema que aún levanta pasiones. «El Ejército venía a llenar el vacío de poder producido por el ocaso de la Monarquía absoluta», dice. A lo que podría añadirse: y el de una buena clase política.

Los Borbones habían creado un modelo de ejército profesional a imitación de Francia, que a su vez lo había copiado de Prusia, a uno de cuyos Federicos llegó a llamársele «el rey sargento». Un ejército en el que los oficiales necesitaban tener carta de nobleza. La Guerra de la Independencia lo trastocó todo, ya que fue una guerra librada, sobre todo, por las guerrillas, como he señalado antes, no solo formadas sino también mandadas por paisanos, bastantes de los cuales, al acabar la contienda, se incorporaron al ejército regular. Había entre ellos tanto progresistas como moderados, pero unos y otros sintieron la atracción de la política, que daría lugar a otra aportación española al léxico político: los pronunciamientos, el alzamiento de un jefe militar prestigioso, que ante una situación caótica o, sencillamente, por creer que el Gobierno se equivocaba, decide tomar el mando supremo. No se crea que solo se pronunciaron los generales. Lo hicieron incluso los sargentos de la Guardia Real, y en ese sentido, se puede decir que el ejército español era el más demócrata de su tiempo. Claro que, después, esos «espadones» dejaban los asuntos de cada día en manos de los políticos. Un especialísimo liberalismo que puede chocar a los nacidos en el régimen de Franco, ya que este sometió al ejército a una purga radical de aquellos que no eran estrictamente de su línea ideológica. Pero en el siglo XIX abundaba el oficial, jefe o general liberal, progresista o de cualquier rama de la izquierda. Espartero era progresista, como sus hombres de Gobierno, Salustiano Olózaga y Pascual Madoz, mientras Ramón María Narváez era moderado, como el marqués de Salamanca y Claudio Moyano. «De esta manera —apunta Domínguez Ortiz— la preponderancia militar no llegó nunca a ser una dictadora, fue una mezcla de militarismo y civilismo en dosis diversas», aunque, advertimos, sin olvidar ese sentido autoritario que da la milicia. Espartero, con todo su progresismo y aire populista, acabó a cañonazos con la primera rebelión obrera barcelonesa. Junto con Narváez, abre el camino del poder a una serie de generales y políticos, en algunos casos, indistinguibles, excepto en su grado de inteligencia o su falta de ella.

En la práctica, no hacen mucho más los unos que los otros. La revolución burguesa sigue sin lograrse. Un hombre tan próximo a ella como Vicens Vives constata con pena «la impotencia de la burguesía española para imponer su orden».

Aunque, ¿era realmente burguesía? Pues lo que emerge de la desamortización es una alta «burguesía» agraria en las dos Castillas, León y Andalucía, con ideales muy próximos a los de la más reaccionaria nobleza y dispuesta por tanto a cortar como fuera cualquier intento de reforma, incluida la burguesa. Lo que hace su revolución, extendida ya por Europa, aún más improbable.

Ya estamos a mitad de siglo, de nuevo bajo Espartero. Trajo la escisión del ala avanzada del partido liberal, republicanista incluso, la segunda tanda de desamortizaciones y las primeras grandes huelgas (Barcelona, Andalucía). Digno de destacar también es la aparición en Madrid de un catedrático formado en Alemania, Julián Sanz del Río, que importó el krausismo, que rechaza el absolutismo del Estado y de la Iglesia para abogar por la «superioridad moral de las asociaciones de finalidad universal», abriendo así la puerta a los intelectuales como mentores de la política española, con menos éxito aún que los militares.

Sigue el quinquenio O’Donnell, aunque este general, de origen irlandés (España en aquellos tiempos importaba casi todo, militares incluidos) dominó el periodo antes y después de presidir el Consejo de Ministros. Hombre moderado, lo que no le impidió participar en varias sublevaciones, se alternó en ese cargo con Espartero y Narváez. Dadas las circunstancias, puede hablarse de una relativa tranquilad doméstica, de una cierta estabilidad política, incluso de progreso económico, aunque muy desigual. El centro sigue como siempre, ya que los grandes capitales nacidos de la desamortización prefieren no arriesgar y vivir del cupón de los bonos del Estado o de unas tierras que apenas producen. Mientras el litoral crece, sobre todo en Cataluña, que en 1864 tiene el 40 % de la industria del país, textil sobre todo (3 600 fábricas, 125 000 obreros, 37 000 telares, 1 000 000 000 de reales de inversión). Y el País Vasco, donde al socaire de la exportación de mineral de hierro va creando su propia siderurgia y la Ría de Bilbao se ve flanqueada por los altos hornos de los Ybarra, Murrieta, Umbara, Olano, Echeverría.

Funciona allí la ecuación burguesía-nacionalismo y por si no tuviéramos bastante con la confrontación entre carlistas e isabelinos (que ha librado la segunda de sus guerras entre 1846 y 1849, perdida también por los primeros), emerge una nueva grieta entre el nacionalismo español y los nacionalismos vasco y catalán, con la aparición de los «hechos diferenciales», que se buscan en la lengua, el folklore y las tradiciones. En las dos Castillas, León, Extremadura y Andalucía hay también una burguesía (que incluso crea su propio estilo de muebles, el «isabelino», por la reina), pero Vicens Vives la califica de «falsa, por haber traicionado los ideales de su clase». El hecho de que durante este periodo parte de ella reciba títulos nobiliarios no hace más que subrayar la diferencia con la burguesía europea, que ya ha tomado el protagonismo en sus respectivos países, no solo industrial y comercial, sino también político, mientras en España adopta la pose de la más rancia aristocracia. Por cierto, que todos los generales que acceden a la presidencia del Gobierno reciben su correspondiente título, generalmente el de duque, sin que ninguno de ellos, por progresista que sea, lo rechace.

Se había decidido adelantar la mayoría de edad de Isabel para que pudiera empezar a reinar, cosa que hizo a los trece años, todo un riesgo, como se vio muy pronto, ya que su ingenuidad, excepto en el apetito sexual, convirtió la Corte en una camarilla encabezada por el favorito de turno, que solía empezar por el primer ministro. El matrimonio, a los dieciséis años, con su primo Francisco Asís no arregló la cosa, incluso la empeoró por la escasa virilidad del consorte, con lo que las habladurías sobre palacio se convirtieron en pasto de la chismografía ciudadana hasta el final del reinado, con el natural desprestigio de la reina y de la institución monárquica.

A Espartero le había sucedido Juan Prim, otro general, al frente de los progresistas, mientras Leopoldo O’Donnell seguía al frente de los moderados, con un tercero, Francisco Serrano, en medio, como en una de esas series televisivas donde se intercambian los papeles. Aunque en aquella Corte lo único que cambiaba era el amante de la reina y las constituciones, según el color de los Gobiernos.

Una inoportuna crisis económica trajo paro y movilizaciones obreras. En la Puerta del Sol madrileña tiene lugar una auténtica refriega entre los estudiantes y la policía. Hay una sublevación de sargentos, choques callejeros, ejecuciones. Como último recurso, se echa mano de Narváez, que nada puede hacer porque la oposición entera, progresistas, demócratas y republicanos han firmado en Ostende un pacto para acabar con la monarquía borbónica (sin quererlo, se acuerda uno del «Pacto de San Sebastián», sesenta y dos años más tarde para derribar al nieto de Isabel II) y, naturalmente, lo consiguen con la Gloriosa, nombre que dan a la revolución que viene.

Con la que vamos a tener uno tras otro, en solución de continuidad, todos los cambios pendientes: enviar a la reina al exilio, una nueva Constitución, un rey de otra dinastía, una abdicación, una república, otro pronunciamiento, y la instauración como rey del hijo de la reina depuesta. Siete cambios en seis años (1868-1874), y es que los españoles pasamos del todo a la nada y de la nada al todo como nadie.

Monarquía a la medida

Aquellos países que se adaptan a la marcha de los tiempos, con ajustes regulares en su administración y mentalidad, no necesitan cambios traumáticos. Aquellos, en cambio, que, ya por naturaleza, ya por comodidad, prefieren quedarse ensimismados en su modo de ser, se ven arrollados por los acontecimientos cuando pesan más que su inercia. Mientras el mundo venía evolucionando en prácticamente todos los terrenos desde el Renacimiento, hasta encontrarse ya en otra edad, España no había hecho otra cosa que resistirse al cambio, pese a los loables, pero nunca suficientes, intentos de algunos de sus dirigentes de no distanciarse. Pero lo que se consiguió en los siglos XVI y XVII, gracias al dique de contención de un sellado de fronteras, a un estricto control de ideas y al oro de América, no podía mantenerse en el XIX con las fronteras mucho más porosas, las ideas circulando libremente por Europa y las posesiones americanas perdidas. Como había ocurrido con los intentos de «cambio desde arriba» de los ilustrados en el siglo XVIII, tampoco los frenazos y acelerones de conservadores y liberales en la primera mitad del XIX habían conseguido hacer de España una auténtica nación moderna. Ni siquiera los militares sirven ya de muro de contención porque están divididos, y aunque intentan hacer el cambio lo menos dramático posible, los acontecimientos los arrollan.

El hombre del momento es el más político de los militares (y de los políticos), Juan Prim, que se saca del bolsillo una fórmula de malabarista para evitar la revolución: ya que Italia acaba de acceder a la independencia con una monarquía auténticamente constitucional, y no con una de atrezzo como nosotros teníamos, traigamos un príncipe italiano que nos resuelva todos los problemas —cambio de régimen, cambio de era, cambio de mentalidad—, sin pasar por el amargo trago de la revolución. Lo malo es, como veremos, que vamos a tener revolución sin cambios. Y una revolución sin cambios no es revolución sino reventón más o menos estrepitoso.

La nueva Constitución recogía las ideas más puras del liberalismo: sufragio universal, la nación como única depositaria de la soberanía nacional, libertad de culto, separación de Iglesia y Estado, matrimonio civil, plenas libertades cívicas. Eso hubiera estado muy bien un siglo antes, pero a los veinte años de publicar Marx y Engels el Manifiesto Comunista y a los cuatro de crearse la Primera Internacional, esa «revolución burguesa» no bastaba. Unas masas obreras que se estaban organizando en todas partes, incluso en España, querían su revolución, la «proletaria», con gran alarma de la burguesía. A partir de entonces, habrá en España dos revoluciones que forcejean para imponerse en el país. Dos «revoluciones pendientes» que pese a luchar contra un enemigo común, la España tradicional «reaccionaria», no acaban de complementarse. Al revés, pugnan entre sí, llegando incluso a anularse mutuamente en distintas ocasiones, como veremos.

El príncipe elegido para encabezar esta «monarquía democrática» es Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II. Cumplía todas las condiciones requeridas. Quien posiblemente no las cumplía era España. Por lo pronto, el nuevo monarca no pudo entrar con peor pie, al ser asesinado quien le había traído, Prim. Oficialmente, el asesino fue un anarquista, pero el «autor intelectual» del crimen, como se dice hoy, todavía se discute. En cualquier caso, privaba al nuevo rey del único tutor con conocimiento y valía para defenderle del acoso al que, desde el primer momento, le sometieron tanto los republicanos, esto es, la izquierda pura y dura, como el poderoso bloque conservador, la derecha dura y pura. No sé si Raymond Carr, al definir este periodo como una «monarquía artificial», se refiere a la calidad de extranjero del monarca o a las condiciones anómalas en que se encontraba España. Pero si se piensa en el panorama que encuentra de sublevaciones cantonales; revueltas integristas; rebeliones en Cuba; insurrección de la Armada; el foco sin apagar del carlismo en Vascongadas, Navarra y Cataluña; un atentado fallido contra su vida; el vacío que le hacía la alta sociedad madrileña; las disputas políticas con una serie de presidentes en cadena; y la negativa del Arma de Artillería a obedecer al Gobierno, que opta por disolverla, no debe extrañar que don Amadeo cogiese el tren para Lisboa, donde embarcaría para Génova, no sin antes dejar un mensaje de despedida que debería leerse en todas las escuelas españolas:

Dos años largos ha que ciño la Corona de España y España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos; pero los que con la espada, con la pluma, con la palabra, agravan y perpetúan los males de la Nación son españoles, todos invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien…

Posiblemente era un rey demasiado bueno para una nación que no acababa de encontrarse a sí misma. O que se había encontrado demasiado, lo que le impedía evolucionar. En cualquier caso, el intento de hacer «la revolución coronada» había fracasado. (Y uno, de nuevo, no puede menos de preguntarse: ¿Va a fracasar también el mismo intento un siglo más tarde?).

Aunque antes había que probar algo más fuerte: la República, proclamada al día siguiente de la salida del rey.

La República

La Primera República española es un experimento patético, lleno de idealismo, retórica, ideas sublimes y acontecimientos catastróficos. Se debate, para no perder la costumbre, una nueva Constitución, pero no llega a aprobarse porque no hubo tiempo. Su ingobernabilidad queda patente al ver su desarrollo: en los once meses que duró, tuvo cuatro presidentes; dos de ellos catalanes, Estanislao Figueras y Francisco Pi i Margall; y dos andaluces, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar, porque eran las dos regiones con más protagonismo político y con mayor masa obrera industrial y campesina. De la inocencia democrática de aquellos presidentes da testimonio lo que decía el primero: «Yo no mando ni en mi casa». Tal vez funcionara en su casa, pero no podía funcionar en un país que presentaba peligrosas grietas. Ya en el periodo constituyente habían surgido «juntas», como la de Málaga, que rechazaban «el deber de servir forzosamente al Estado». Por primera vez se veía a simple vista, como en un edificio mal levantado, lo que venimos apuntando: que la desaparición del Imperio dejaba al descubierto la carencia de una auténtica estructura nacional. Carencia que va a notarse especialmente en los periodos de crisis económica. De entonces arranca la mala prensa que tiene la democracia entre los conservadores españoles, que la identifican con desórdenes y carestías, cuando el problema es la falta de una verdadera democracia. En adelante, si España quiere sobrevivir como Estado, tendrá que echar mano de la fuerza para anular las tendencias centrífugas y suplir la falta de coherencia interna. El ejército, hasta entonces liberal en su mayoría, tendrá que actuar como coagulante para evitar la desintegración que amenaza. El «federalismo científico» —ese fue el pedantesco nombre que dieron a la Primera República sus fundadores, y que nos trae a la mente el «federalismo asimétrico» hoy de moda— desembocó en un cantonalismo tan minimalista como agresivo. Estalla buena parte del litoral mediterráneo. Se declaran repúblicas independientes Cataluña, Valencia, Málaga, Cádiz, Granada y bastantes más. La de Gandía declara la guerra a la de Jaén. La de Jumilla se la declara «a todas las repúblicas vecinas». Cartagena establece el divorcio y quiere convertir el cuerpo consular allí acreditado en diplomático. Camuñas, en la línea divisoria entre Toledo y Ciudad Real, se declara, por las buenas, independiente. Cataluña, insatisfecha incluso con unos presidentes de la República catalanes, declara la guerra al Estado central, que de central tiene solo el nombre y la situación geográfica.

Revueltas, todas; revolución auténtica, ninguna. Lo único que se divisa es un Ejército más politizado y dividido que nunca, una burguesía más conservadora y unos movimientos obreros incipientes más radicalizados, hasta el punto de tener una rama anarquizante. Como van a interpretar un papel destacado en el futuro, conviene que nos fijemos en ellos.

El movimiento obrero español pierde muy pronto su confianza en los que teóricamente deberían ser sus aliados: los liberales. Lo hace al comprobar la poca importancia que estos concedían a los problemas económicos, absortos como estaban en los ideológicos. Los políticos tanto de la Gloriosa como de la Primera República, procedentes en buena parte de la cátedra, estaban más interesados en las ideas que en los hechos. Les urgía más reformar el «alma» de España que su cuerpo, pensando tal vez, no sin motivos, que lo que allí se estaba librando era una lucha religiosa. O antirreligiosa. Pero esto a una clase trabajadora hambrienta le sonaba a discusión sobre el «sexo de los ángeles». Fue cómo los obreros se les escaparon hacia el radicalismo desde el primer día.

Vicens Vives encuentra indicios de movimientos obreros en Cataluña ya en la década de 1820. En el resto de España surgen bastante después. La primera confederación de asociaciones obreras data de 1854. La primera petición al Gobierno de que las reconozca, un año más tarde, y la primera huelga general, un año después.

Los tipógrafos madrileños encabezan otra rama del movimiento obrero y uno de sus líderes, Anselmo Lorenzo, asiste en septiembre de 1871 a la Conferencia Internacional de Trabajadores en Londres. En ella se acusa el cisma entre los románticos-libertarios de Bakunin y los dogmático-autoritarios de Marx. Es digno de anotar que tanto en el Congreso de Barcelona de 1870 como en el de Córdoba de 1872, triunfó el bakunismo, que interpretaría un papel importante en los movimientos cantonalistas de que hemos hablado. El movimiento obrero español nace así ya unido al anarquismo. Las causas se discuten. Hay quien, como Brenan, establecen un binomio religión-anarquismo. Hay quienes, como los neomarxistas, hablan de «desviaciones pequeñoburguesas». Y hay quien, sencillamente, lo atribuye a la vena anárquica del carácter español. Cuando puede ser tan solo que el aplazamiento de las reformas necesarias acumula estas hasta que rompen el dique que las contenía y llegan todas juntas.

Conviene advertir que el movimiento obrero organizado se restringe a la población industrial, la menos numerosa. En el campo, donde reside la mayor parte del proletariado, adquiere aspectos aventureros y tenebrosos, como el de la famosa «Mano Negra» o «La Asociación de los Pobres Honrados contra los Ricos Tiranos», que enlazan directamente con los bandidos generosos de las coplas y leyendas andaluzas, que se esparcen por toda España, siglos después que los robin hoods ingleses.

En este bronco panorama, es digno de destacar que los tipógrafos madrileños, con Pablo Iglesias a la cabeza, se orientan hacia la línea dogmático-autoritaria de Marx, aunque no logran imponerla a sus camaradas. Lo más importante, sin embargo, es que de ese sindicato nacerá el PSOE. Los más y los menos que ha tenido ese partido a lo largo de su historia tienen sin duda que ver con esa incertidumbre inicial de hacia dónde orientar sus reivindicaciones: hacia la lucha política o hacia la lucha de clases. Dicho de otra forma: hacia la revolución burguesa o hacia la revolución proletaria. Un dilema que creímos haber resuelto a principios de la Transición, cuando Felipe González eligió la primera vía, pero que, a caballo de la crisis, volvió a plantearse con José Luis Rodríguez Zapatero, y aún hoy revolotea con Podemos como representante de las esencias revolucionarias en un momento en que todo vuelve a estar cuestionado en España.

La Restauración

Habíamos dejado la Primera República con el país a punto de estallar como una granada. Salmerón no dudó en echar mano de las tropas para aplastar la rebeldía de algunos cantones. Pero cuando le presentaron a firmar unas sentencias de muerte, sus escrúpulos democráticos se lo impidieron y cedió la presidencia a Castelar. Bajo el mandato de este la resistencia cantonal se recrudeció, lo que le obligó a tomar medidas más duras, con disgusto de algunos diputados, llegando a perder la última votación pese a su volcánica oratoria. Fue cuando el general Manuel Pavía se presentó en el Congreso al frente de sus tropas, a caballo —dice la leyenda—, y disuelve las Cortes. El general Serrano se hace cargo del Gobierno provisional, aunque quedaban flecos colgando: la guerra carlista en el norte y la insurrección en Cuba. Antonio Cánovas del Castillo negocia mientras tanto con la reina exiliada en París la abdicación en su hijo Alfonso, formado en una academia militar inglesa. No hay problema por esa parte, pues Isabel II seguía más interesada en sus aventuras galantes que en otra cosa. Tampoco por el candidato, que en la entrevista que tiene con Cánovas le dice: «No dejaré de ser buen español, ni como todos mis antepasados, buen católico, ni como hombre de mi siglo, buen liberal». Bastaba e incluso sobraba a unas fuerzas fácticas españolas que se veían al borde del abismo. A la mayor parte del pueblo, harto de anarquía, también. Cánovas quería una restauración con todas las de la ley, pero el general Arsenio Martínez Campos se le adelantó con un pronunciamiento en Sagunto. Y es que cuando se encuentra el gusto a algo, es difícil dejarlo. Pero antes de entrar en el nuevo periodo, examinemos la situación del país que el joven rey va a encontrar.

El balance del medio siglo que va desde la invasión francesa a la Restauración es desolador. España no solo es incapaz de equipararse a las grandes potencias europeas, sino que ha quedado por detrás incluso de Italia, que acaba de alcanzar su unidad e independencia, y a uno de cuyos príncipes ha rechazado como rey. Pocos retratos más expresivos de este retraso que la tabla que Juan Linz ofrece de la estructura laboral de ambos países. En 1877, españoles e italianos distribuían sus ocupaciones como sigue:

Conviene recordar lo ya citado: mientras en España el ideal de la alta burguesía es transformarse en nobleza, la pequeña burguesía está formada casi exclusivamente por funcionarios, clase media regida por las apariencias y el «qué dirán», con menguados sueldos que solo permiten una vida de penuria y estrecheces no muy distinta de la del obrero. En ello encontrarán nuestros novelistas y dramaturgos un filón inagotable tanto para la tragedia como para la comedia.

En cuanto a la nobleza, al contrario de lo que ha ocurrido en los países industriales de Europa, donde ha perdido buena parte de su influencia a no ser que se haya reciclado en la nueva sociedad industrial o financiera que surge, en España sigue teniéndola. Esa es la mejor prueba de que no se ha hecho la revolución burguesa, uno de cuyos objetivos fundamentales era precisamente romper el poder feudal de los nobles. Pero la escasa burguesía española no quiere enviar a los nobles al cuarto de los trastos viejos: quiere unirse a ellos.

Hasta cierto punto, puede decirse que ni siquiera a aquellas alturas había acabado la Edad Media en España. Incluso pudiera ser que la mentalidad medieval fuera más moderna que la imperial desarrollada más tarde en España. Es una opinión que Vicens Vives comparte: esa «casta cerrada» que es la nobleza «no dejó su lugar preeminente en la estructura social española durante los siglos XIX y XX. […] La España eterna y conquistadora se reencarna en la aristocracia. […] El cacique sirve los fines de esa mentalidad posfeudal».

Hasta qué punto esta mentalidad triunfa en los sectores más insospechados lo demuestra la fascinación que la aristocracia sigue ejerciendo entre los que teóricamente deberían estar más inmunes a ella: los intelectuales. En esto tampoco se ha avanzado mucho desde el Siglo de Oro. Si tuviéramos tiempos para habladurías, nos detendríamos a analizar la debilidad de Ortega, no por las marquesas, en eso hay que alabarle el gusto, sino por el «espíritu aristocrático», tan patente en su Rebelión de las masas, como prueba de lo que decimos. Pero posiblemente no sea necesario.

La Renaixença

Ante el doble fracaso de Prim con la «monarquía importada» y la Primera República con el «federalismo científico» de sus presidentes catalanes, estos renuncian al intento de extender su revolución burguesa al resto del país y vuelven sus ojos hacia sí mismos. Se la ha llamado la Renaixença, un especie de Renacimiento tardío, pero no con la antigüedad clásica como guía, sino con la Edad Media, en la que Cataluña no había interpretado un papel protagonista, que correspondió a Castilla y Aragón. Pero eso se suple fácilmente si hay medios y ánimo suficientes y la Cataluña de la segunda mitad del siglo XIX, los tenía. Cataluña está montada en su desarrollo industrial y en su florecimiento artístico, que traen a su vez una despliegue cultural como nunca había tenido, pudiendo decirse que fue entonces cuando toma ventaja sobre el resto de España. La excepción será el País Vasco, con la diferencia de que los vascos son la médula de lo español, mientras lo catalán es solo una forma de ser español. Esta forma se activa por todos los medios posibles, hasta convertirse en «hecho diferencial», que desemboca casi inevitablemente en separatismo. El problema era que tanto Cataluña como el País Vasco vivían del resto de España como mercado. Una simbiosis imperfecta o un matrimonio no de amor, sino de conveniencia que, como todos los de este tipo, igual puede durar eternamente, que irse al cuerno cualquier día. En este caso, ha sido más tumultuoso que placentero, llegándose a lo que Ortega llamó «conllevancia», que significa «aguantarse mutuamente», con momentos de tirarse los trastos a la cabeza (uno de los cuales estamos atravesando ahora), con el catalanismo militante reclamando abiertamente la independencia y el Estado defendiéndose como puede. Como este es uno de nuestros grandes problemas, aprovecho para abordarlo en su conjunto, única forma de comprenderlo.

El despliegue económico de Cataluña marcha paralelo al auge de su nacionalismo en una de esas contradicciones que solo la naturaleza irracional del nacionalismo puede explicar, pues tal despliegue se basa en el proteccionismo del que gozan los productos catalanes en España y en Cuba, donde las rentas azucareras habían aumentado considerablemente. Ya antes, en 1851, Prim se declaraba a favor de «defender a palmos y pulgadas la tan combatida industria catalana, cuna de la industria nacional, y sin la que cual no hay riqueza posible de las naciones». Prim era tan nacionalista español como catalán, quiero decir, no veía conflictos entre ellos. Pero, por lo general, el nacionalismo tiene su propia dinámica, que le lleva a buscar su propia nación, y una vez conseguido, su propio Estado, aunque aún no había llegado ese momento. Estábamos en la etapa de conseguir el práctico monopolio del mercado español y cubano que llevaron a la luna de miel de la Exposición Internacional de 1888, con la visita a Barcelona de la reina regente María Cristina de Habsburgo y Marcelino Menéndez Pelayo como mantenedor de los Juegos Florales con un discurso en catalán. Pero la situación empezó a agriarse conforme la crisis cubana se hacía patente y los problemas españoles se agrandaban, hasta llegar a la debacle de 1898.

La Lliga de Francesc Cambó fue quien heredó la bandera del catalanismo, con un ánimo que Ramiro de Maeztu, vasco, pero también español, describió con frase tajante: «Cataluña y el País Vasco miran a España solo como un mercado». Cambó se entrevistó con Ramón de la Sota, dirigente del Partido Nacionalista Vasco, a fin de impedir el proyecto de Santiago Alba de imponer un impuesto especial a los beneficios extraordinarios que ambas industrias estaban obteniendo durante la Primera Guerra Mundial. Y lo logró, como casi todo lo que se propuso a lo largo de aquel periodo actuando bajo el lema «¿Monarquía? ¿República? ¡Cataluña!». Llegó a ocupar la cartera de Hacienda, pese al reproche de Alcalá Zamora, que le dijo: «Usted no puede ser Bolívar en Cataluña y Bismarck en España».

Aunque a lo único que temía de verdad el nacionalismo catalán en aquel momento era a la clase obrera. No exactamente al PSOE, que por cierto, en su XI Congreso (diciembre de 1918) se mostró a favor de una «Confederación republicana de nacionalidades ibéricas»), sino al sindicalismo anarquista tipo CNT (Confederación Nacional del Trabajo) o FAI (Federación Anarquista Ibérica). De ahí que se entendieran con Primo de Rivera y que saludaran la llegada de la República con la proclamación de una República Catalana, que pudo pararse con la promesa de un Estatuto de Autonomía y dejando a Francesc Macià como presidente de la Generalitat, lo que no impidió que Cataluña se sublevara, junto a Asturias, en 1934. A aquellas horas, sin embargo, habían salido otras formaciones catalanistas a la izquierda de la Lliga y tanto Cambó como importantes figuras catalanas colaboraron con el golpe que llevaría a Franco al poder. Cuando vuelve a saltar la paradoja de que, económicamente hablando, Cataluña era una de las regiones más beneficiadas bajo el franquismo, tanto en mano de obra barata que le llega del resto de España, como en infraestructuras —la primera autopista, la primera fábrica de coches, la primera de televisores, la primera industria editorial—, gozando, según Juan Velarde Fuentes, del «heredado sistema proteccionista-intervencionista», con un desarrollo muy fuerte a partir de 1960. Un sistema que, lo que son las cosas, se vuelve problemático con los tratados que firma España con la Unión Económica Europea, que la obligan a bajar aranceles, y que se desmantela casi totalmente al ingresar España en ella, con lo que el proteccionismo se acaba.

Aunque la mayor de las paradojas la tenemos actualmente en el terreno político. Cuando Cataluña ha llegado a un grado de autonomía superior a la de cualquier Estado federal europeo y creía tener al alcance de la mano la independencia, resulta que el mayor obstáculo hasta ella no le llega de España, sino de Europa. Una Europa que no está para crear nuevas naciones ni, menos, Estados, sino para unir los que ya existen. Paradoja que se repite en el terreno económico: Cataluña va perdiendo poco a poco la ventaja que tenía, al concentrar todos sus esfuerzos y recursos en el soberanismo, mientras el resto de España ha aprovechado la coyuntura europea para avanzar, en algunos casos de forma espectacular, acercándose a ella. Que es la disyuntiva casi de bloqueo en que se encuentra «la cuestión catalana» en estos momentos.

Expuesta a grandes rasgos la trayectoria del nacionalismo catalán, me doy cuenta de que le falta el paisaje de fondo. No ha habido únicamente egoísmo y egolatría por su parte, sino también graves carencias por parte de España, que no supo, pudo o quiso ofrecer a Cataluña un encaje atractivo. Con su revolución burguesa hecha, o por lo menos muy adelantada, Cataluña ofreció, con sus presidentes de la Primera República, con Prim y Amadeo de Saboya, extenderla al resto de España. Y el resto de España lo rechazó, por la miopía de una clase dirigente incapaz de evolucionar y unas clases trabajadoras hartas de ser explotadas. Ante ese fracaso, ¿se puede echar la culpa a los catalanes de querer seguir adelante ya solos, en vez de seguir en un tren a punto de descarrilar en cada curva? Yo, desde luego, no se la echaría. Hay culpas para todos. Otra cosa es que hoy, cuando la situación tanto en España como en el mundo es completamente distinta, todos deberíamos haber aprendido ya de nuestros errores. Pero no hay indicios de que lo hayamos hecho.

El espejismo de un Estado europeo

Vista con perspectiva, la Restauración ofrece sorprendentes semejanzas con la Transición del franquismo a la democracia, un siglo más tarde. No solo por la reposición de un rey en el trono —a pesar de estar Franco en el poder, España volvía a ser un reino en 1947, al menos sobre el papel—, sino también por cómo se hizo. Fue un cambio de estructuras sin sangre y con la colaboración de la mayoría de las fuerzas políticas, aparte de ser la menos mala de las salidas a un país con grietas importantes, sin otra estabilidad que la que le daba un régimen fundado en el ejército y en el poder personal, algo incompatible con la democracia.

La mayor diferencia está en que mientras la Transición tuvo muchos padres, la Restauración tuvo solo uno: Antonio Cánovas del Castillo. Él trajo al nuevo rey, Alfonso XII. Él puso en macha la «España de las provincias» convencido de que «centralizar es la garantía de libertad» (Fusi). Él estuvo detrás de la unificación constitucional de todo el territorio del Estado, por la que se abolían los fueros vascos, aunque trató de suavizarlo con un concierto económico con aquellas provincias. Él montó un sistema de alternancia en el poder. Él creó el nuevo partido conservador, y si nos apuran, también el liberal. Él, en fin, fue el padre del invento. El invento duró medio siglo y muchos españoles llegaron a convencerse de que, ¡al fin!, teníamos un sistema político moderno, de estilo inglés por si fuera poco, e incluso una nación moderna, parecida a las vecinas del norte.

Sobre la Restauración hay opiniones muy distintas, como prácticamente sobre todo cuanto se refiere a la moderna historia española (e incluso a la antigua). Sus descendientes directos fueron muy duros con ella. Ortega la incluyó en el paquete de la «vieja política», de la que no salvó prácticamente nada, ni hombres ni hechos, ni formas siquiera, que le parecieron, como a buen modernista, vulgares. El juicio se fue dulcificando conforme se la comparaba con lo que había antes y con lo que vino después, guerra civil incluida. Un discípulo del «maestro», Julián Marías, hombre que por su honestidad y saber hay que tener siempre en cuenta, tuvo páginas amables para la misma, invocando la paz del periodo, los avances realizados en las artes y la ciencia, la formación de una clase media que podía considerarse nuestra burguesía. Otros estudiosos, sin embargo, resaltan el empeño que la Restauración puso en «sustituir la confrontación fratricida de más de medio siglo por un encuentro civilizado», basado en el transaccionismo (¿predecesor del consenso en la Transición un siglo más tarde?). El símbolo de este intento fue la Constitución de 1876, que «hizo posible un reposo necesario para que florecieran las nuevas generaciones intelectuales desplegadas en plena libertad», según Carlos Seco Serrano. En ese sentido, España se va europeizando y se logran avances en los más diversos campos, desde la economía a la industria, pasando por la ciencia. En esta área España pasa de cenicienta a tener un premio Nobel, y las letras, tienen su nada desdeñable edad de plata. Sin duda, el ánimo conciliador de Cánovas y los amargos recuerdos del pasado inmediato ayudaron a conjurar los malos espíritus. También ayudó la disposición del rey a respetar las normas constitucionales, tan distinta de la de sus predecesores, activistas políticos, cuando no algo peor: alérgicos por completo a las funciones de Gobierno, que, pese a haberse recortado, eran todavía importantes, al representar al Estado, es decir, a toda la nación, como moderador y mediador entre las distintas facciones políticas.

Se hicieron también avances administrativos: se promulgó el Código Civil, la ley Hipotecaria y la de Sufragio Universal, aunque tendría que pasar mucho tiempo para que se aplicara tanto en su espíritu como en su letra. La red de carreteras no se amplió mucho, pero la de ferrocarriles experimentó un considerable desarrollo, llegando a tener 12 000 kilómetros a finales de siglo. Nacen las empresas navales clásicas: Trasatlántica, Ybarra, Aznar. La siderurgia alcanza en 1913 la cifra de producción de 320 000 toneladas de acero, astronómica para España. Todo eso pese a arrastrar enormes lastres de su pasado y sus serios problemas: el carlismo que se negaba a desaparecer, el nacionalismo catalán y vasco que crecían, una sedición cada vez más seria en Cuba, una Iglesia cada vez más dogmática, un ejército cada vez más politizado, una burguesía cada vez más conservadora y unos movimientos obreros cada vez más radicalizados, junto a unos intelectuales que empiezan a asumir su papel de conciencia crítica de la sociedad, con Joaquín Costa al frente del movimiento regeneracionista.

La opinión del autor de este libro es que la Restauración fue un intento original y muy español de hacer la revolución burguesa: pretender que estaba ya hecha e ir haciéndola sobre la marcha. La misma solución que dio aquel general norteamericano ante lo intratable que se había vuelto la guerra vietnamita: declarar que se había ganado, y volver tranquilamente a casa. Lo malo era, en el caso español, que no había casa donde regresar, porque la crisis estaba dentro de ella. Pero del mismo modo que la función crea el órgano, aquella España gobernada, como Inglaterra, por un sistema de alternancia de partidos, con un capitalismo incipiente, una cultura de élite, aunque pujante, iba, en efecto, europeizándose, modernizándose, y hubo momentos incluso en que parecía haber despegado.

Que el sistema durase medio siglo y que muchos españoles llegaran a convencerse de que, al fin, tenían un sistema semejante al de las naciones vecinas más avanzadas, advierte que no todo era ficción en él. ¿Cómo fue posible el milagro o milagrería? La primera razón fue el cansancio: España estaba simplemente exhausta tras casi un siglo dando palos de ciego, la mayoría de las veces contra sí misma. Es así como empieza a caminar hacia un «espejismo», el de la concordia y unidad nacional, comparable, como queda dicho, al de la Transición. También hay semejanzas entre 1876 y 1977: se impone la coexistencia entre las dos mitades españolas, no hay vencedores ni vencidos, se abrazan progresistas y tradicionalistas, vencedores y vencidos de la contienda civil, como Fraga y Carrillo, se pacta la primera Constitución que, a diferencia de las anteriores, no es un trágala de una parte sobre la otra.

De haberse aprovechado aquella oportunidad, de haberse convertido aquel espejismo en una auténtica revolución burguesa, la Restauración sería hoy uno de los capítulos cumbres de la historia de España (de la Transición hablaremos en su momento). Por desgracia, se quedó solo en eso, en espejismo. Los políticos creyeron que bastaba con el mantenimiento del statu quo, con la apariencia de democracia, con celebrar elecciones y crear Cámaras, para convertir España en una nación moderna. Tal vez terminaron creyéndose su propia farsa, con los partidos turnándose en el poder no por su peso específico en cada momento sino por lo dispuesto en el Ministerio del Interior, que distribuye los votos a través del personaje más característico del periodo: el cacique, figura antítesis de la modernización, a caballo entre la oligarquía y el feudalismo. En él se apoyaban unos «partidos relativamente indiferenciados, incapaces de competir por un electorado en expansión, de asimilar los nuevos problemas que surgían, y de luchar honestamente en las urnas», en palabras de Linz.

Por debajo de ellos, los viejos problemas seguían invariables, cuando no agravados: el religioso, el social, el compartimento de clases sociales, la emergencia de una cada vez más radicalizada clase obrera, la guerra colonial latente, cuyos efectos se notarán en una circulación fiduciaria que se dispara de 884 millones de pesetas en 1892 a 1 600 millones en 1900, mientras la peseta, que se cotizaba a 26,31 respecto a la libra esterlina en 1890, se devalúa a 39,24 a finales de siglo e incluso llega a 54,15.

Bajo una capa de falso orden y aparente tranquilidad, todos estos problemas «se pudren». La ciudad alegre y confiada fue el título de una obra de teatro de Jacinto Benavente de enorme éxito que escondía un drama real y explica el mismo. Por cierto que la obra arranca con «He aquí el tinglado de la vieja farsa…» Debía de estar en el aire. La Constitución del 1876, que intentaba ser reformista y conservadora al mismo tiempo, era el libreto. Tan ambigua, con tantas ganas de satisfacer a todos, en el fondo no satisfizo a nadie, aunque todos fingieran aceptarla. Poco después, ya estaban intentando circunvalarla o incumpliéndola. ¿No le suena a lo que le está ocurriendo a la de 1978? Pero no adelantemos acontecimientos.

La primera gran crisis, sin embargo, no llega de los fallos interiores, sino de la gran derrota ultramarina, en 1898, con la pérdida de las últimas colonias americanas, que deja a los militares frustrados, a los políticos en cueros, al pueblo amargado, a la Corona tocada, a los intelectuales convertidos en la conciencia crítica del país, y al régimen sin soluciones. Pero aún se arrastrará otras dos décadas más en el nuevo siglo, precisamente por eso: por no haber alternativas.

Reconozco que puedo ser injusto con ella, con la Restauración y con los hombres que la protagonizaron. En aquella España, con un pasado de guerras civiles, de pronunciamientos, de odios, con una inmensa masa analfabeta dispuesta —u obligada— a vender su voto al mejor postor y una oligarquía provincial más dispuesta a promover sus intereses que a solucionar los problemas nacionales, nada tiene de extraño que el sistema girase en círculo en vez de avanzar. Mientras, iba desgastándose poco a poco y alejándose de la realidad, hasta hacerse completamente ajena a ella.

Es verdad que la paz se mantuvo, que se hicieron cosas y que se realizaron avances. Pero durante la Restauración no se hizo lo que más se necesitaba. No me refiero a una revolución, que como las intervenciones quirúrgicas, son siempre arriesgadas. Me refiero a una auténtica reforma política. Por no hablar ya de la agraria, la industrial o la educativa. Piénsese que en 1915, solo el 36,6 % de los electores pasan la prueba menos que elemental de saber leer y escribir para poder votar. Aunque el censo oficial da «solo» un 60 % de analfabetos, cálculos más realistas lo ponen en un 80. La mortalidad infantil era del 30 por mil, comparada con el 18 al norte de los Pirineos. De los 18 594 000 españoles que había entonces, 15 millones —según el profesor Lacomba— pertenecían a la clase obrera y proletariado agrícola, «que no contaba en la vida nacional, y cinco millones pasaban hambre habitualmente».

La industria continuaba su marcha, pero concentrada en Cataluña y el País Vasco, cada vez más distanciadas de las demás. El que la siderurgia alcanzase en 1913 una producción de 392 000 toneladas de acero no oculta otros hechos penosos: que continuara exportándose el 90 % del mineral férrico, que siguiera siendo necesario importar hierro y acero, que las instalaciones estuvieran mal equipadas y fueran de bajo rendimiento. En cuanto a la minería, seguía pujante, pero acusando la fatiga del la intensa explotación a que había sido sometida. Decae la explotación de mineral de hierro (7 millones de toneladas en 1913, 3 millones en 1920); de plomo (382 000 toneladas en 1901, 246 000 en 1914); de cobre (1 706 000 toneladas en 1901, 1 598 000 en 1918). Aún más grave es que se halla en manos de compañías extranjeras, más interesadas en un máximo de beneficios «dejando solo los salarios de mano de obra y apenas impuestos» (Ricardo de la Cierva).

En el campo, mientras el cultivo del trigo experimenta un lento progreso —sostenido por la protección aduanera contra el grano argentino y australiano—, hay que anotar el desarrollo positivo de la aparición de los agros en la huerta levantina como capítulo importante de la agricultura española, hasta el punto de convertirse en la principal partida española del país a principios de siglo. Se aprueba también el Plan Gasset de aprovechamientos hidráulicos, destinado a convertir en regadío 1 470 000 hectáreas de secano. Pero en 1916 se habían alcanzado solo 110 000, y en 1920, 100 000 más. Sin olvi- dar que, a principios de siglo, 11 100 latifundistas poseían 6 900 000 hectáreas, mientras 6 millones de campesinos tenían menos de una hectárea, por no hablar de los que solo tenían su trabajo que ofrecer. El desequilibrio era demasiado grande para que la sociedad se estabilizase.

Por su parte, la ganadería experimenta cierto incremento en cantidad y calidad, sobre todo en las regiones del norte, donde empiezan a utilizarse las técnicas de la mejora de razas. Pero no en el resto, donde el ganado se utilizaba también como fuerza de tiro, de labranza y otras labores, al no haber llegado la mecanización, que tardaría todavía décadas. Con bastante más de un tercio de su patrimonio en un campo explotado rudimentariamente, España continuaba siendo un país agrícola, y además, subdesarrollado.

Tampoco hubo reforma económica. Podría, en cambio, hablarse de una política económica de doble filo: en parte para defender los productos nacionales, en parte para defender a los terratenientes castellano-andaluces que controlaban los votos en esas regiones, y en parte para «tranquilizar» a Cataluña, donde el nacionalismo se hacía cada vez más coherente y agresivo, los Gobiernos de la Restauración establecieron un sistema proteccionista que permitía a ambas burguesías altos beneficios a cambio de trigo caro y mercancías de baja calidad. Pagado todo por el resto del país. Sin que se renueve el utillaje, se intensifique la producción agraria ni se modernicen las fábricas. Ni siquiera un hombre tan bien predispuesto hacia la burguesía como Vicens Vives puede dejar de reconocer que a la española «le faltó el tacto de coordinación social, el sentirse englobada en la totalidad de la que formaba parte, por rica y poderosa que fuera».

Dejando aparte la figura tan caricaturesca, pero tan real, del «nuevo rico», no podemos menos de insistir en ese rasgo fundamental de la burguesía española, donde está la clave de su incapacidad de hacer «su» revolución en el momento apropiado para ello, al estar arropada por los poderes públicos. No lo hizo por no sentir el orgullo de su clase, diría incluso por avergonzarse de ella, e intentar siempre dar el salto a la nobleza en la primera ocasión que se le presentase. En unos casos a través del matrimonio, en otros, directamente, por la concesión de un título de manos del rey o la reina regente, ya que Alfonso XII muere muy joven y su viuda, doña María Cristina, asume los poderes, no haciéndolo mal, todo hay que decirlo. De esta época datan infinidad de condados y marquesados que hacían el trasvase de la parte más activa de la burguesía al estrato social que consideraba superior. Mientras, de la mitad para debajo de la sociedad está ocurriendo lo mismo, aunque en dirección contraria: la clase media se mira en la burguesía y trata de mantener su estatuto, sin tener medios para ello. El resultado es una vida llena de apuros para cubrir las apariencias y, de hecho, la proletarización de esta franja social, que bordea la pobreza vergonzante. Únanse ambas tendencias centrífugas, una hacia arriba, otra hacia abajo, y se tendrá la razón de que España llegase hasta más allá de la mitad del siglo XX sin una auténtica clase media, espina dorsal de la democracia y lugar de convergencia de una clase obrera en ascenso y de una burguesía democratizada en todos los países desarrollados. Mientras lo que nosotros seguíamos teniendo era cada vez más aristocracia y más proletariado. Algo que solo podía conducir al choque frontal.

Sería injusto, sin embargo, no aludir a los intentos regeneracionistas de este periodo, ya citados, a cargo de los intelectuales. No constituyen una revolución, ni siquiera un cambio, pero sí una llamada a las conciencias. Por primera vez se cuestiona España. En libros de títulos tan expresivos como Idearium Español (Ángel Ganivet), La España invertebrada (José Ortega y Gasset), En torno al casticismo (Miguel de Unamuno), los intelectuales se plantean preguntas que alcanzan la misma médula del país. ¿Qué es España? ¿Cuál es su papel? ¿Adónde debemos mirar? Lo malo es que, como casi siempre, los intelectuales tienen más preguntas que respuestas, cuando no ofrecen respuestas contradictorias.

El régimen, mientras tanto, sigue su marcha por la vía marcada, cada vez más desgastado, cada vez más alejado de la España real, cada vez con enemigos más fuertes.

Los anarquistas, por ejemplo, han conseguido lo que no consiguieron en el resto de Europa: ponerse a la cabeza del movimiento obrero y dirigirlo. Olvidado por el sistema, el trabajador español empieza a ver en ellos la única fuerza que cuida sus intereses, un ingrediente que va a pesar como una losa de plomo sobre todos los intentos de revolución burguesa en España, cuando habría ya triunfado en el resto de Europa, incluso llevada adelante por los conservadores, como Bismarck en Alemania. En adelante, veremos cómo los afanes democratizadores y reformistas tienen que luchar en España no solo contra la reacción más mostrenca, sino también contra la revolución más radical. Los anarquistas —que han tenido la osadía de atentar contra el rey el día de su boda— aprovechan la oposición popular al envío de tropas al matadero africano para lanzar, en 1909, lo que posteriormente se ha llamado la Semana Trágica barcelonesa. Fue un ensayo revolucionario de altos vuelos, que «puso de manifiesto la posibilidad de llegar a la revolución social a través de la huelga general, dando pábulo a la teoría anarcosindicalista de la destrucción del mundo capitalista por esta vía» (Vicens Vives). El fusilamiento de Francisco Ferrer, que es parte de la durísima represión con la que se pone fin a la algarada, arrastra al Gobierno en el poder (el de Antonio Maura) y, de hecho, destruye el turno rotativo, el compromiso tácito en que descansaba la Restauración. Canalejas, que le sucede, en un esfuerzo solitario que no se ha valorado bien, mantiene el experimento posibilista, pero un hombre es demasiado poco contra la marea de la Historia, en esto hay que dar la razón a los marxistas. Además, Canalejas cae también asesinado por los anarquistas, mientras examinaba el escaparate de una librería, para más inri.

A la hora de llevar a la práctica esta España común —escribe Fernando García de Cortázar, nada sospechoso de antiespañolismo—, el empuje perdió fuerza ante la manipulación de la burguesía moderada, los excesos centralizadores del liberalismo y su incapacidad de calar en la conciencia popular. Faltó un proyecto común capaz de suscitar el entusiasmo de los diversos componentes de la monarquía, como ocurriera en el resto de Europa.

Y sin proyecto común, añado por mi cuenta, no hay nación.

Estalla el Boom

La Primera Guerra Mundial prolonga artificialmente la Restauración con un boom tan espectacular como ficticio. Es verdad que las 4 200 000 toneladas de carbón que se habían exportado en 1913 se convirtieron en 7 200 000 en 1918, que Altos Hornos de Vizcaya levantó una filial en Sagunto ante la demanda y que el dinero entró a riadas. Pero esa pompa de jabón estalló al acabar la contienda y los países beligerantes volvieron a su producción normal. La estructura socioeconómica española de España en 1918 —un 42 % de la población dedicada a la agricultura, un 27 %, a la industria y un 16 % a la ganadería y pesca— es aproximadamente la misma que la de 1914. Solo que a estas alturas, la polarización era mucho mayor: la burguesía, que había visto las orejas al lobo, e incluso los dientes, acentúa su conservadurismo, como las clases trabajadoras su radicalismo, mientras crece la desconfianza entre Madrid y las provincias, entre el catolicismo y el laicismo, entre las izquierdas y las derechas, que se miran como lo que empiezan a ser en España: como enemigos a muerte.

El proceso degenerativo hace crisis en 1917, cuando tres estamentos claves del cuerpo social estallan simultáneamente, en busca de su solución particular para un régimen que a ojos vista se venía abajo:

• El Ejército, en cuyo seno se crean unas extrañas Juntas de Defensa, con una ideología entre ordenancista y avanzada.

• El parlamento, donde los diputados poco menos que se sublevan para celebrar en Barcelona una asamblea al margen de sus sesiones normales, que consideran ociosas. (Esto del parlamento dando un golpe contra el parlamentarismo creo que es único en la historia del mismo e ilustra hasta qué punto se había desfondado el sistema).

• Los obreros, desengañados de todo y de todos, partidarios ya de la «acción directa», que en agosto de aquel año se lanzan a la huelga revolucionaria con objeto de proclamar una República socialista emparentada, sin siquiera pretenderlo, con la que en octubre iba a implantarse en Rusia. Pero al contrario que allí, donde los marineros se unieron a los revolucionarios inclinando la balanza, el Ejército español aplastó el levantamiento. Si no, la primera República Socialista Soviética (soviet en ruso significa «asamblea de trabajadores») hubiera sido española. No fue así, como decimos, por la intervención de las tropas, y ello dejaría al Ejército español ya claramente en el campo conservador y contrarrevolucionario, después de haber sido en buena parte liberal en el siglo XIX.

La advertencia había sido muy seria para todos y los Gobiernos se suceden sin que puedan poner en práctica sus planes, en un proceso de desintegración del régimen, al que faltan manos para atender a todos los viejos y nuevos problemas que le desafían: cantonalismo (Galicia reclama también su identidad, Castilla-León reúne su asamblea de diputados), huelga olivarera, terrorismo anarquista, recrudecimiento de la guerra africana. El desastre de Annual (1921), donde 9 000 españoles pierden la vida sin que hasta hoy se hayan deslindado bien las responsabilidades, confirma la bancarrota del régimen.

Al finalizar la Guerra Mundial, que había traído un falso boom económico, se abren dos nuevos frentes. Por una parte, la burguesía catalana, capitaneada por Cambó, busca aprovechar los principios wilsonianos en pro de la autodeterminación de los pueblos para conseguir la autonomía de Cataluña, intento cortado curiosa, pero no sorprendentemente, por Francia. Por la otra, el PSOE, a instancias de su rama catalana, abandona el internacionalismo marxista que subordina las cuestiones nacionalistas a la gran revolución proletaria mundial, y pide en su IX Congreso, celebrado en diciembre de 1918, una «Confederación republicana de nacionalidades ibéricas». Era la primera vez, creo, que se hablaba de las «nacionalidades» que se dispararían medio siglo más tarde, y que el PSOE, un partido de planta obrera e internacionalista, mostraba una querencia hacia el nacionalismo burgués.

La Restauración, sin embargo, agoniza todavía dos largos años más, dando tumbos ladera abajo, entre el desafío de los unos, la inercia de los otros y el desprestigio general. Hasta que el general —¡otro general!— Miguel Primo de Rivera, le da el empujón definitivo, aunque hubiera bastado un soplo para derribarla.

No fue, sin embargo, un pronunciamiento, ni un alzamiento, ni una sublevación al estilo de los tantos que hubo en el siglo XIX, para continuar más o menos lo mismo. La Restauración había desfondado el sistema y era necesario montar otro. Sería el Ejército, en la persona del dictador, quien tomaría el mando no solo del país, sino también de su política. Un ensayo completamente nuevo, al margen de los partidos y de las ideologías. Aunque resulta tan curioso como significativo el telegrama que Primo de Rivera envía al rey, presentando el golpe de Estado que acaba de dar como una «revolución moderada».

A aquellas alturas, y tras tantos intentos fallidos, la nostalgia de una auténtica revolución es tal que sueñan en ella incluso los conservadores. No serán los últimos.

En el siglo XIX, España lo intentó todo, monarquía constitucional, monarquía absoluta, revolución, república, pronunciamientos militares, dinastías extranjeras, constituciones de todo tipo, sin acabar de encontrar su equilibrio interno ni su papel en Europa y el mundo. Lo peor de ese proceso degenerativo es que el nacionalismo español es secuestrado por las fuerzas conservadoras, lo que convierte a las izquierdas en antinacionalistas, surgiendo así las dos Españas de Antonio Machado. Por si eso fuera poco, surgen los nacionalismos locales, que cuartean aún más el proyecto español, abarcador y moderno. Todo parece conspirar contra él, empezando por los propios españoles.

12
DICTADURA DE BOLSILLO

Una de las cosas más curiosas de la dictadura del general Primo de Rivera es que nunca negó serlo. Todas las dictaduras procuran que se las conozca por otro nombre, algunas incluso se atrevieron a llamarse democracia: las repúblicas democráticas del Este de Europa bajo la férula de Moscú o la democracia orgánica del franquismo. Pero don Miguel Primo de Rivera y su equipo asumieron desde el principio esa condición y a lo más lejos que llegaron en ese terreno fue a autotitularse directorio, emparentado con dictadores, pero no tanto. Lo que permite decir que tan dictadores, tan dictadores, no eran. Al menos, como los que hemos conocido antes y después.

Puede que se debiera a que no entró a horca y cuchillo como tantas dictaduras de izquierda y derecha. Ni que fuera esa su forma de proceder. Con decir que mientras estuvo en el poder no se ajustició a nadie por razones políticas está dicho todo. Tuvo que ayudar el hartazgo de la mayor parte de la población con los desórdenes de todo tipo, las huelgas tanto en el sector público como privado y los atentados que no cesaban: también Cánovas había sido víctima de uno de ellos. Estaba visto que la presidencia del Gobierno era una de las ocupaciones más arriesgadas en España. Ya Costa, el regeneracionista, había hablado del cirujano de hierro que se necesitaba y el ejemplo de Italia, donde Mussolini había capitaneado con gran éxito la «Marcha sobre Roma», significaba todo un ejemplo a seguir. Incluso había un no despreciable número de intelectuales, algunos muy influyentes, como Ortega, que no le hacían ascos a esta solución, visto que tampoco la nueva política era más capaz que la vieja de enderezar el país.

Si el rey fue cómplice del golpe es una cuestión que aún hoy se discute. Lo indudable es que no le puso la proa. Como que «dejó hacer» al Directorio con más generosidad que a anteriores Gobiernos, al menos en sus primeros años. Cuando empezaron a irle las cosas mal ya fue otra cosa. Pero estaba visto que esta dictadura, más que impuesta, fue aceptada por la mayoría del país. Unos la veían como mal menor, otros como solución de los males de España. No hubo entre la gran masa animadversión, pero tampoco entusiasmo. El dictador se convirtió no ya en el árbitro del poder, sino en el poder mismo, ejerciéndolo con arbitrariedad, pero sin la crueldad típica de estos regímenes, e incluso con cierto casticismo, algo que sienta siempre bien en España. Pero al pueblo se le dejó aparte, lo que hizo que su identificación con el sistema fuera, en el mejor de los casos, pasiva, de mero acatamiento sin rechazo. El paternalismo elimina el sentido popular, tan importante en todo intento revolucionario para cambiar el sino y contenido de una nación. Fue por lo que la dictadura no logró generar profundas adhesiones, excepto en el círculo más próximo al dictador, aunque el sentimiento general tampoco fuera de animadversión hacia ella. Miguel Primo de Rivera pareció creer que un programa de obras bastaría para reemplazar una política, justo lo contrario de lo que habían venido creyendo los gobernantes españoles: que una política bastaba para reemplazar un programa de obras. Con lo que la perspectiva que el uno y los otros ofrecían a las masas trabajadoras españolas era tan pobre que no es de extrañar que terminaran aceptando la alternativa de la revolución proletaria.

Centrándonos en la dictadura, no hubo en ella apenas reforma política, al revés, se redujo esta al mínimo. La Unión Patriótica que don Miguel creó a su medida no llegó a ser nada: ni partido ni antipartido, ni «movimiento», ni siquiera agrupación fascista. Se quedó al comienzo de todos los caminos, al abrigo del poder, sin ofrecer un programa revolucionario ni antirrevolucionario, conservador o liberal, populista o elitista. La causa era aquella contradicción básica del régimen: todos lo intentos de institucionalización se estrellaban con la personificación paternalista del dictador. Desoía las voces que le recordaban su deber de convocar las Cortes y lo más lejos que llegó en este terreno fue a aceptar que el Directorio militar se transformara en un Directorio civil, pero bajo su mando, lo que significaba que, políticamente, nada cambiaba. Otro tanto puede decirse de la «Asamblea Nacional», nombrada a dedo, por lo que era asamblea, pero no nacional.

Lo único de cierto interés en este terreno que hizo la dictadura fue su intento de aproximación al Partido Socialista, alguno de cuyos miembros se prestaron a colaborar con ella: Largo Caballero, sin ir más lejos, pasó a formar parte del Consejo de Estado. Si esta colaboración hubiera sido plena, sincera, a fondo en ambas direcciones, si la dictadura hubiera dado al Partido Socialista lo que necesitaba, poder efectivo, y el Partido Socialista hubiese dado a la dictadura lo que carecía —contenido político, conciencia pública, raíces obreras—, es más que probable que la esperada revolución hubiera llegado entonces a España. Pero faltó audacia, autenticidad y sobraron recelos por ambas partes, aunque la mayor culpa haya que cargársela a la dictadura, que por ocupar el poder tenía que haber ido más lejos. Pero planteada como estaba, la colaboración quedó reducida a unos cuantos individuos, en zonas muy específicas, sin superar nunca la plena identificación.

Pese a los sinceros esfuerzos del general por integrar a los españoles, no consiguió nunca dar el salto cuántico desde lo que los alemanes llaman Gemeinschaft, comunidad, a Gesellschaft, sociedad propiamente dicha, esto es, un conjunto de ciudadanos conscientes de sus problemas y dispuestos a resolverlos sin apelar a que alguien les dirija como un rebaño de ovejas. El país lo aceptó —incluso con satisfacción— a su llegada, dadas las ansias de tranquilidad que existían en medio del desorden reinante. Pero en cuanto hubo descansado y recuperado fuerzas, surgieron las viejas contradicciones y conflictos sin resolver.

Nada de esto obsta para que la dictadura, como «régimen de obras», pueda presentar un saldo nada despreciable, aun teniendo en cuenta que aprovechó los vientos favorables de una economía mundial en expansión. He aquí sus principales logros:

Liquidó el problema de Marruecos, que había llegado a convertirse en una pesadilla nacional, por las vidas y millones que costaba. El desembarco en Alhucemas, en 1925, con la colaboración de Francia, puso fin a la sangría que suponía la guerra de guerrillas que desde las cabilas venía haciéndose a civiles y militares españoles en el Rif. Fue posiblemente el momento en que la dictadura gozó de más apoyo popular. Hay quien dice que si Primo de Rivera se hubiese retirado entonces, hubiera pasado a la historia de España como uno de sus mejores gobernantes. Es difícil, sin embargo, retirarse en medio del triunfo, aparte de que podía estar creyendo que hacía un favor al país quedándose en el cargo, como creen tantos dictadores.

Para retornar a la lista de sus logros, la creación de un Consejo Nacional de Economía significó para España tener por primera vez —«desde los romanos», he oído a algún experto—, una política económica, con vistas al fomento de la industria, un plan de obras públicas, aumento de las fuentes de energía y, en general, la creación de infraestructuras. Se trataba de un «desarrollo desde el Gobierno» sin llegar a la estricta planificación, con lo que en cierto modo se adelantaba tanto al New Deal de Roosevelt como a las teorías de Keynes sobre el Estado como empresario supletorio.

Se crea el Banco de Crédito Local y el Banco Exterior de España, que servirán para fomentar las actividades interiores y exteriores. Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Hacienda, José Calvo Sotelo traza los primeros presupuestos modernos —uno ordinario, para gastos de administración; otro extraordinario, para planes de desarrollo— que tiene España.

Se crea la CAMPSA, liberando al país de las multinacionales del petróleo. Cuando estas tratan de tomar represalias, se responde con un plan lleno de imaginación: llegando a un acuerdo con el entonces paria Gobierno soviético para el suministro de crudo ruso. Ello salvó a la CAMPSA, pero granjeó al régimen de Primo de Rivera la enemiga del gran capital internacional.

Se crea el Consejo de Energía, de cuyo éxito habla el hecho de que el consumo pasa de 1 040 millones de kw/h en 1923 a 2 609 en 1930.

Se crea la Confederación de Cuencas Hidrográficas, destinadas a aprovechar globalmente —riego y energía— la cuenca de cada río. Tendrán régimen autónomo y estarán financiadas por capital estatal, local y privado. Comienza a funcionar la del Ebro.

Se crea el Circuito Nacional de Firmes especiales, que reconstruye y conserva 7 000 kilómetros de carreteras y repara 6 000 kilómetros de las secundarias.

Se crea el Consejo Superior de Ferrocarriles, para la mejora de servicios y seminacionalización de alguna compañía.

En política agraria, se apoya el cultivo, explotación y exportación de frutos selectos, especialmente cítricos, cuyas ventas al exterior pasan de 3 millones de quintales en 1923 a 11 en 1929, superando en la balanza de pagos a los minerales, el vino y el aceite.

La reforma agraria, sin embargo, fue menos que modesta: fueron asentados solo 4 000 campesinos en 20 000 hectáreas. En esta como en otras áreas, la dictadura trató de transformar más que cambiar la estructura aún feudal del agro español. El Instituto de Reformas Sociales realiza una labor loable, aunque localizada: casas baratas, seguros sociales, jubilaciones, siendo la clase media, por primera vez, la más beneficiada.

En general, el campo no experimentó durante la dictadura el desarrollo de la industria, lo que fue uno de sus mayores fallos, al representar el problema de fondo del país. Pero Primo de Rivera estaba demasiado ligado a los intereses latifundistas para desafiarlos.

En el campo educativo, en cambio, los avances son loables, aunque insuficientes: se crean 5 000 escuelas, 25 institutos de Enseñanza Media y se trazan los planes de la Ciudad Universitaria madrileña. De todas formas, la enseñanza superior sigue siendo archiminoritaria, con 44 000 alumnos matriculados en el curso más alto en los años 1928-1929.

La producción industrial, por el contrario, acusa alzas en algunos casos espectaculares, como muestran dos sectores claves: cemento, 860 000 toneladas en 1923 y 1 820 000 toneladas en 1929. Acero, 459 000 en el primero de esos años, 1 029 000, en el segundo.

Es así como 1929 se convierte en el «año sublime» del siglo, con una renta per cápita de 8 518 pesetas, según el valor de 1953. Todo un récord. Hay que tener en cuenta que la población había crecido notablemente, lo que significa que el aumento de la riqueza nacional fue aún mayor.

Podría pensarse que, con esto, la dictadura se había ganado un largo periodo de regencia sobre los españoles. Pero no fue así, y puede que la causa fuera ese «sobre» los españoles en lugar de «en medio de» los españoles, lo que impidió que estableciese raíces en el común de la población, que gozaba del evidente progreso material que traía el sistema, pero sin sentirse compenetrada con él, por su distanciamiento de los ciudadanos.

Sobre los motivos del la caída de la dictadura se ha discutido bastante, aunque no lo suficiente para que hayan sido aclarados, e incluso un historiador tan analítico y ecuánime como Domínguez Ortiz reconoce que «es un buen tema para la psicología de masas».

Por otra parte, el dictador se había granjeado numerosos enemigos, empezando por los políticos, que había licenciado, mientras la oligarquía industrial estaba inquieta por las corrientes dirigentistas del Gobierno. Tampoco los sindicatos mayoritarios se sentían cómodos en su pasividad, aprovechada por los más radicales para hacer avances entre las masas obreras. Aunque la oposición más abierta le llegó del mundo intelectual. Bastantes de los más destacados «creadores de opinión» habían creído que Primo de Rivera iba a seguir sus consejos sobre cómo gobernar España. Ortega fue uno de ellos, como se aprecia en el giro que van dando sus artículos desde la complacencia primeriza a la crítica, conforme se da cuenta de que no le hacen caso. Unamuno, mucho más temperamental, arremete sin contemplaciones, lo que le vale el destierro. Es esa falta de sensibilidad hacia una minoría cada vez más crítica e influyente, al menos en las capas altas de la sociedad —las bajas seguían indiferentes a lo que ocurría por encima de sus cabezas—, lo que empieza a corroer un régimen que ni siquiera había tenido la precaución de institucionalizarse. El dictador estaba completamente convencido de que le bastaba la eficacia del mismo y el tener detrás a la Corona para seguir eternamente. Un apoyo que no era tan firme como creía. El rey, cuyo papel había quedado muy reducido, se daba cuenta de los muchos enemigos que tenía Primo de Rivera, especialmente entre las capas altas de la sociedad y, poco a poco, se creó el clima de que «había que encontrar una salida a aquello». Cuando las voces de los críticos se hicieron más altas que la del Directorio, Alfonso XIII le dejaría caer para salvar la monarquía, sin darse cuenta de que se había unido de tal forma a él que la arrastraría en su caída.

Hacia finales de la década, Primo de Rivera y su régimen habían dado de sí todo lo que podían dar. Para colmo, la suerte que tuvo a su favor durante el boom económico mundial de los años veinte, bastante hinchado como todos los de su clase, se vuelve en su contra con la gran depresión de 1929. Su tocayo Unamuno truena desde Hendaya. Hay huelgas en Barcelona. Los universitarios se levantan. Incluso hay ruido de cañones en el Arma de Artillería, siempre elitista, temerosa de perder sus privilegios con un nuevo sistema de ascensos. Cuando, visto el panorama, Primo de Rivera reúne a los capitanes generales para preguntarles si cuenta con su apoyo, solo dos responden afirmativamente. Hace entonces algo nada típico de un dictador: dimite. Fue la suya, en verdad, una dictadura poco usual. Pero la revolución que necesitaba España tampoco lo fue.

Si por revolución entendemos un «cambio de régimen», una corrección de abusos, una ejecución de planes, una realización de obras, no hay duda de que la dictadura tendría interesantes argumentos para reclamar tal título. Pero la revolución es bastante más que eso, no nos cansaremos de decir. Es el cambio de conciencia de un pueblo, que, alcanzada su mayoría de edad, reclama el protagonismo de la marcha de su país, detentado hasta entonces por una dinastía, una nobleza, el ejército o el clero. Sin tal protagonismo, no hay auténticamente revolución. En este sentido, la dictadura de Miguel Primo de Rivera pudo ofrecer muy poco. Quitó el poder a las fuerzas del antiguo régimen, pero no se lo entregó a quien le correspondía, al auténtico soberano, a los españoles, no sabemos si por no fiarse de ellos o por no saberlo.

En su honor hay que decir que dejó el poder como lo había ocupado: sin ofrecer la menor resistencia ni derramar una gota de sangre. Marchó a París, como tantos otros exiliados españoles antes que él, donde murió poco después.

Fue la suya en verdad una dictadura diferente. Como casi todo lo español.

«Dictablanda» fue el término acuñado para el mandato del general Dámaso Berenguer, que sustituyó a la dictadura de Primo de Rivera cuando este dejó el cargo y aflojó la mano. Pero solo los muy exigentes objetarán que se aplique también a la de su antecesor. Ya hemos bosquejado sus características, que poco tienen que ver con las dictaduras que siguieron en España y el mundo. Fue un Gobierno paternalista que creyó que con elevar el nivel de vida de los españoles cumplía con sus funciones, sin entrar en los problemas de fondo que tenía España, desde la modernización de las instituciones hasta los nacionalismos periféricos pasando por el más grave de todos: la falta de un proyecto común, sin el que ninguna nación tenía futuro en aquel mundo de las naciones-Estado.

13
LA REPÚBLICA DE LAS DOS REVOLUCIONES

Se cumple la ley de Murphy, «si algo puede fallar, falla», y al rey no se le ocurre otra cosa que elegir otro general para la vuelta a la normalidad constitucional. Es Dámaso Berenguer, jefe de su Casa Militar, que intenta alcanzarla con medidas liberalizadoras escalonadas, pero ineficaces, pues en lugar de contentar a la oposición redobla sus exigencias, como si oliera sangre. En efecto, Berenguer se ve desbordado por los acontecimientos que él mismo había fomentado, multiplicándose las proclamas, las huelgas, las manifestaciones y los ataques, no ya a la dictadura, sino a la propia monarquía. Berenguer es sustituido por el almirante Aznar —nada que ver con los Aznar de nuestra época— que se limita a dejarse llevar por los acontecimientos, ya fuera de control. Los complots se multiplican por todas partes y los líderes de las principales fuerzas políticas, conservadores incluidos, firman un pacto en San Sebastián para traer otra República, por lo que se les detiene. Pero en la cárcel Modelo son tratados más como gobernantes que como presos. Allá se dirige José Sánchez Guerra, encargado de formar Gobierno y de celebrar elecciones constituyentes, para negociar las condiciones de las mismas, pero se niegan a pactar con él. Jóvenes oficiales que habían perdido la paciencia se sublevan en Jaca en el más puro estilo decimonónico y dos de ellos son fusilados tras juzgárseles militarmente. Las incongruencias típicas españolas: lo que no había hecho la dictadura, lo hace el Gobierno que intenta reinstaurar la democracia.

Se celebran elecciones, no generales, sino municipales, el 12 de abril de 1931, y mientras en el cómputo global ganan las candidaturas monárquicas, en la mayoría de las capitales de provincia triunfan los republicanos, que se echan a la calle, la bandera tricolor en alto, proclamándose vencedores. Tal vez no en números, pero sí en ánimo. La frase del almirante Aznar cuando le preguntan sobre ello es toda una declaración de derrota:

—¿Qué puede esperarse de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano?

Falta solo la transmisión de poderes que tiene lugar con idéntico aire festivo y falta de legalidad constitucional: cuando los detenidos en la cárcel Modelo se presentan en el ministerio de la Gobernación de la Puerta del Sol madrileña, los soldados de guardia les presentan armas.

La noche anterior, el rey ha reunido en palacio a su gabinete de crisis. Solo De la Cierva es partidario de una defensa armada de la monarquía. Pero cuando Alfonso XIII pregunta al director general de la Guardia Civil si puede contar con ella, el general Sanjurjo le responde que no. Ante lo que decide marchar al exilio. Lo hace de noche, casi de tapadillo, sin aclamaciones ni insultos, como si la monarquía fuera ya un pasado que no interesa a nadie. «Gloriosamente fenecida» la definió un marqués, hijo del dictador muerto en el exilio, protagonista menor de la etapa entrante y mayor de la siguiente, pese a estar en ella también muerto, por esas extravagancias de la historia de España, con más curvas peligrosas que una carretera de montaña. En aquellos momentos, sin embargo, los que venían siendo firmes apoyos de la monarquía, el Ejército, la nobleza, el clero, no estaban dispuestos a salir en su defensa.

El cambio, por el contrario, es acogido con un auténtico rugido, en muy diversos tonos. Ortega le dedica en Crisol «Un saludo a la sencillez de la República», que pronto tendrá que cambiar por un «No es esto, no es esto», ante un curso de los acontecimientos no previstos por él ni por tantos otros, aunque debieron advertirles las humaredas de que empezó a llenarse el terso cielo azul de Madrid procedentes de los conventos e iglesias incendiadas por unas masas no dispuestas a que la Segunda República española se quedase en un cambio más para que todo siguiese igual.

Tres repúblicas en una

De entrada, hay que advertir que a la Segunda República podrán reprochársele muchas cosas, excepto una: que no naciera con ánimo de cambio profundo, de espíritu de reforma a fondo. Pareció, como queda dicho, tener lo fundamental para conseguirlo, lo que siempre había fallado en los intentos anteriores: el consenso del país. Ni siquiera los «anti» reformistas se oponían, al menos en voz alta, como convencidos, al menos de boquilla, de que España necesitaba cambiar siquiera la piel si quería ponerse al nivel de los países del entorno al que pertenecía.

Ya durante el intermedio Berenguer, la República se había convertido en símbolo de regeneracionismo, lanzado por Joaquín Costa, pero asumido por todas las fuerzas políticas, excepto los extremos, al equipararse regeneración con «modernización», algo contra lo que hay que ser muy dogmático o muy bestia para oponerse. Todos, bueno, casi todos, coincidían en que era la solución para España, al haber fallado todas las anteriores. El único problema era que cada uno tenía una idea distinta de lo que debía ser la Segunda República española. Hay, por lo menos, cinco versiones de ella, muy distintas, como van a ver, dejando aparte los opuestos decididamente a ella, callados de momento, pero más numerosos de lo que parecían. Me refiero, por tanto, a los «leales» a la República:

1. La república de los políticos, dispuestos a hacer la revolución burguesa en España, ocurrida ya en Francia y esparcida por Europa siglo y medio antes, liberando al pueblo de la opresión absolutista, feudal y eclesiástica.

2. La república de los intelectuales, convencidos de que se les debía el advenimiento de un nuevo régimen como a los «ilustrados» en Francia. Sin llegar a suponer que se creían los mentores del mismo, al estilo de los filósofos en la Repúblicade Platón, no es exagerado pensar que esperaban un papel relevante en el concierto nacional. Ahora bien, no hay egos mayores que los de los intelectuales, y tres de ellos van a chocar frontalmente al querer reclamar ese papel: José Ortega y Gasset, Niceto Alcalá Zamora y Manuel Azaña. El primero que tira la toalla es Ortega, al comprender que la política activa no era su fuerte y que todas sus propuestas eran muy aplaudidas, pero nunca llevadas a la práctica. Los otros dos van a mantener su pulso a lo largo de toda la República, uno desde la presidencia, otro al frente del Gobierno, con ventaja de don Manuel, aunque don Niceto tomara también decisiones trascendentales.

3. La república de los trabajadores. Las masas y organizaciones obreras no tenían ya ningún interés en la revolución burguesa ni confianza alguna en la burguesía, por liberal que se mostrase. Catorce años después de la revolución soviética, lo que querían era una revolución proletaria. La quema de iglesias y conventos fue una advertencia de la radicalización de la clase trabajadora, a la que se había unido buena parte del Partido Socialista, por no hablar ya del Comunista, surgido entretanto de una escisión del PSOE, bastante parecida a la que se ha producido en nuestros días de IU con Podemos.

4. La república de los conservadores, que aceptaban el nuevo régimen con tal de que no significase un cambio radical, de que se tratara algo así como una «nueva Restauración», con vuelta al sistema de partidos alternándose en el poder, pero sin cambio real de estructuras.

5. Por último, la república de los que, creyendo haber hecho ya su revolución burguesa —vascos y catalanes—, lo único que querían era desarrollar el nacionalismo en su territorio, sin verse envueltos en los conflictos que iba a sufrir el resto de España al hacer la suya. En pocas palabras: querían un estatuto especial, una quasi independencia. No estaban dispuestos a esperar, como demuestra que antes incluso de proclamarse la Segunda República en Madrid, Francesc Macià proclamaba a primeras horas de la tarde del 14 de abril de 1931 desde el balcón del Palau de la Generalitat de Barcelona la «República Catalana y el Estado Catalán dentro del Estado Federal Español». Algo que el Gobierno provisional solo pudo arreglar con un apresurado viaje a Barcelona y la promesa de un Estatuto de Autonomía, que se aprobaría el 2 de agosto del año siguiente, en el que se les otorgaban amplios poderes en sus asuntos internos, aunque pronto se comprobaría que por más que se dé a los nacionalistas, nunca es suficiente, ya que su verdadero objetivo es la independencia. En cuanto a los vascos, aunque se estaba negociando su estatuto, actuaban ya como si lo tuvieran, amparados en los viejos fueros. Y hubieran ido a por todas si la actitud recelosa de Álava y Navarra ante la independencia, no les hubiera obligado a echar el freno. El tercer estatuto, el de Galicia, se negoció a lo largo de todo el mandato republicano, sin llegar a aprobarse debido al estallido de la Guerra Civil.

Demasiadas discrepancias, demasiadas contradicciones para que pudiera sobrevivir una planta tan delicada como la democracia en una tierra tan bronca. Pero se intentó. Se intentó con ilusión, con decisión, con precipitación en algunos momentos y con pasión de todos. Aunque el primer error al hablar de la Segunda República española es considerarla un todo compacto. Hubo en ella por lo menos tres periodos perfectamente diferenciados:

1. El del primer bienio azañista, por el hombre que desde la presidencia del Gobierno la pilotó, un liberal-demócrata-social convencido de que debía liberar al pueblo español de la opresión feudal y eclesiástica. De ahí que se orientara principalmente a las reformas agraria, educativa y religiosa, aparte de la militar.

2. El del llamado «bienio negro», de Alejandro Lerroux y José María Gil Robles en el poder, más interesados en atenuar las reformas del periodo azañista que en ajustarlas y complementarlas.

3. El del Frente Popular, de febrero a julio de 1936, prólogo de una revolución radical, que origina una contrarrevolución no menos radical, dando lugar a la Guerra Civil.

Dos revoluciones y una contrarrevolución

De entrada, la «revolución republicana» fue la que podía esperarse de sus dirigentes —Azaña, Prieto, Marcelino Domingo, Casares Quiroga— todos ellos burgueses de ideas avanzadas. Buscaban, según Vicens Vives, «europeizar el país», democratizar la vida pública, liberalizar el pensamiento en la cátedra, en la calle y en las costumbres, reestructurar la sociedad dando cabida a las reivindicaciones obreras, además de reconocer las diferencias culturales de las distintas regiones. Querían, en fin, la revolución burguesa, pese a haber tan pocos burgueses y pese a que las bases materiales fueran tan precarias. No les importaba. Lo primero era cambiar el «alma» de España. Lo demás vendría por sí solo, parecieron decirse, sin temer enfrentarse a una realidad lóbrega y a un pasado condicionante. Sin darse cuenta de que ellos también estaban presos en él. Resulta significativo que en el primer Gobierno de Azaña no hubiera ningún economista. Prieto, que asume la cartera de Hacienda, ¡era periodista!

Lo primero que se hace es aprobar otra Constitución, que Domínguez Ortiz define como «avanzada, idealista, utópica», donde se define España como «una república de trabajadores de todas clases», se decreta la separación de la Iglesia y el Estado, se abre la puerta a la autonomía de sus regiones, se da el voto a la mujer (no sin vencer la resistencia de la izquierda que teme la influencia que los confesores pueden ejercer sobre ellas) y se «renuncia a la guerra como instrumento de la política nacional». Cuando Azaña defiende esta Constitución dice: «España ha dejado de ser católica» y ofrece como argumento que «este no es un problema religioso, es un problema político». Podría perfectamente haber dicho lo contrario. La política en aquella España, e incluso en la actual, lleva siempre connotaciones religiosas. O a favor o en contra. No fue casualidad que el primer tema que se abordase fuera este.

Pese a los golpes que había recibido, la Iglesia católica seguía siendo en España una fuerza formidable. Contaba con 31 000 sacerdotes, 20 000 frailes, 80 000 monjas, 3 500 seminaristas y unos 3 000 conventos. Su patrimonio se calculaba en 1 000 millones de pesetas, aunque la mayor parte era capital improductivo. Solo los colegios de ciertas órdenes traían ingresos. El clero dependía de la manutención del Estado, pues al pueblo español nunca se le ha pasado por la cabeza mantener al párroco, tal vez por considerarlo un funcionario celestial. De todas formas, dos tercios de los españoles se declaraban practicantes, y no olvidemos que aquella era una Iglesia preconciliar, muy distinta a la de ahora. Más, considerándose depositaria de las «esencias nacionales» tras la larga andadura juntas. Agravaba las cosas que en la silla arzobispal de Toledo se sentaba un cristiano viejo, monárquico a machamartillo, tan convencido de su fe que no temía nada ni nadie en este mundo: el cardenal Segura. El Vaticano, a través del Nuncio, Tedeschini, intentó evitar el encontronazo, pero la República venía dispuesta a arreglar de una vez y para siempre lo que consideraba «el problema religioso», esto es, a poner a la Iglesia en su sitio, de mera «cura de almas», sin dejarle margen para lo civil. De entrada, promulga la libertad de cultos. Sigue la quema de conventos, si no fomentada, al menos consentida por el Gobierno. Para terminar con el artículo 26 de la nueva Constitución, que prescribe:

— El fin de las asignaciones para el clero en el presupuesto estatal a partir de dos años.

— El sometimiento de las órdenes religiosas al estatuto de asociaciones civiles, disolviéndose aquellas ligadas por voto especial al Vaticano (Compañía de Jesús).

— Prohibición a las restantes órdenes de dedicarse al ejercicio de la enseñanza, el comercio y la industria. Lo de la enseñanza era un torpedo a la línea de flotación, ya que la Iglesia católica ha considerado siempre tanto un deber como un derecho educar a los españoles, especialmente los de las clases pudientes. Con esta medida se le quitaba no solo una importante fuente de ingresos, sino también de la vía decisiva de influencia social.

Tal vez sea exagerado decir que España había dejado de ser católica, pero se ponían los medios para que dejara de serlo. Era una declaración de guerra en toda la línea y la Iglesia así lo tomó, excepto en aquellas regiones donde el nacionalismo se había convertido en prioridad. Me refiero, naturalmente, a Cataluña y, sobre todo, al País Vasco. Pero, en general, la República se había echado como enemiga a la que se consideraba depositaria de los «valores eternos» de España.

El próximo estamento al que se enfrenta la República, siguiendo el plan clásico de la revolución burguesa, es el militar. El Ejército español, mal armado, peor entrenado, pésimamente administrado, necesitaba una reforma, en eso estaban todos de acuerdo, empezando por los propios militares. Pero la reforma que hizo Azaña fue motivo de polémica, como casi todo lo que hizo. Ortega le felicitó por ella, lo que tratándose de un rival, diría más personal que de ideas —ambos pugnaban por ser los mentores intelectuales de la República, pero Azaña se le adelantó en el terreno político, lo que el «maestro» nunca llegó a digerir por considerarle intelectualmente muy inferior— era mucho. Pero lo que importaba no era lo que dijera Ortega, sino lo que dijeran los propios militares, entre los que las opiniones andaban divididas. No por la ley en sí, que contenía elementos de modernización muy valiosos, sino por el espíritu de purga, de imposición con que se diseñó y promulgó, sin contar para nada con ellos, sobre todo en el terreno tan delicado y trascendente como el de los ascensos. Ello enfrentó a la República con bastantes militares que, de entrada, no estaban contra ella, e impidió crear un «ejército nacionalpopular», que era lo que se necesitaba tras el excesivo protagonismo político que había tenido durante el siglo XIX. Posiblemente la razón fuera la apuntada: Azaña era un intelectual, con todos los prejuicios que los intelectuales tienen hacia los militares. Nada hizo para ganarse su confianza y estos le pagaron con la misma moneda, excepto aquellos que fueron promovidos a los más altos grados del escalafón.

La reforma puede reducirse a los siguientes puntos:

— Exigencia de fidelidad a la República. Muy pocos se negaron al juramento, retirándoseles del servicio. Entre los que lo acataron se encontraba el ya general Franco y la mayoría de los que se sublevaron en el 36, demostrando la inutilidad de la medida. Puede que incluso resultara contraproducente.

— Opción a los que querían retirarse de hacerlo conservando sus haberes y pudiendo ejercer una profesión civil. Estos fueron bastantes más.

— Reducción del número de divisiones de 16 a 8. Conversión de las Regiones Militares y Capitanías Generales en Divisiones Orgánicas. Supresión de los grados de capitán y teniente general. Fin de la autonomía jurídica de las Fuerzas Armadas, que pasan a depender de una sala especial del Tribunal Supremo. Nuevo régimen de la industria militar, que se incorpora a la civil. Nuevas normas de reclutamiento de oficiales, tendientes a eliminar el espíritu «clasista». Integración de la escala de complemento en la general. Supresión de la Academia General Militar. Conversión del Ejército de África en cuerpo autónomo de voluntarios. Mejora del parque artillero y de la artillería de costa. Creación de la Dirección General de Aeronáutica. Traducido a cifras, según el mejor especialista en la materia, Salas Larrazábal, significaba la reducción en un 8,4 % de las Fuerzas Armadas, un 4,15 % de los generales y de un 19 % de los jefes y oficiales. Paralelamente, carabineros y guardias civiles quedaban equiparados —una vieja reivindicación de los primeros, que pagaron con su fidelidad a la República al producirse el alzamiento— y se incrementaban sustancialmente las Fuerzas de Seguridad y de Asalto.

Hay en la reforma aspectos muy positivos, como la racionalización de plantillas, unificación de jurisdicciones y el fomento del arma aérea y de la artillería de costa. Pero se hizo y aplicó de una forma tan tendenciosa y dogmática que hizo a bastantes militares enemigos de la República. Sin saberse aprovechar el filón liberal decimonónico que aún quedaba entre ellos. No debía haberse olvidado que el Ejército español se levantó más de una vez contra el integrismo. Azaña, que conocía bien nuestra historia, tenía que saberlo, pero parece que le vencieron los prejuicios. A ese error general se unió el particular de convertir el Ejército de África en un cuerpo independiente. A la larga, terminaría siendo fatal. Es verdad que si se quiere hacer la revolución burguesa hay que eliminar, con la monarquía, los otros poderes fácticos, como la Iglesia y el Ejército. Pero que no se eliminaron se demostró en 1936, cuando buena parte del Ejército y prácticamente toda la Iglesia se levantaron contra la República.

Sería injusto, sin embargo, no citar aquí una medida de tipo militar tomada por Azaña que demostraba su lealtad hacia España y sus intereses: ordenó estacionar un batallón en La Línea y hacer sus ejercicios de instrucción diarios en la franja del istmo gibraltareño que ocupamos. Demostrando que se puede ser de izquierdas y no olvidar ese pedazo de suelo español que nos fue arrebatado arteramente.

La tercera gran reforma que va a hacer la Segunda República española fue la educativa, y aunque no fue tan general, sin duda significó un impulso allí donde empieza: en la Primaria. Marcelino Domingo, primer ministro de Educación, creó 7 000 escuelas el primer año, que se complementarían con otras 3 500 a finales de 1933. Entre 1931 y 1936, se escolarizaron 100 000 niños, lo que representaba el 9 % de la población escolar. La subida del sueldo de los maestros a 3 000 pesetas, cantidad respetable en aquella época, sobre todo para un Magisterio que solo había conocido estrecheces, eleva enormemente su moral e ilusión, fundamentales para despertar la de los alumnos. Por desgracia, no dio tiempo para más, y tanto la Universidad como la Segunda Enseñanza siguieron siendo minoritarias. Piénsese que solo había algo más de 30 000 alumnos en la Universidad, donde, más que una auténtica labor de formación e investigación, tiene lugar en aquellos años una batalla campal, librada no ya con argumentos e ideas, sino con «la dialéctica de los puños y las pistolas» entre un sindicato de clara tendencia fascista, el SEU, y otro de militancia liberal, la FUE, que desborda los campus y se desparrama por las calles adyacentes. Siendo esto triste, casi lo es tanto que uno de los peores récords de la Segunda República sea que el número de universitarios descienda respecto al de los últimos años de la dictadura:

Algo que compensaría en buena parte el ansia de cultura que se despierta por todo el país, con bibliotecas populares, exposiciones, conciertos y compañías de teatro ambulantes, que llegan hasta los últimos rincones. Aparecen también editoriales que ponen a disposición del gran público obras de autores españoles y extranjeros, en excelentes traducciones, a precios asequibles: el volumen sencillo de la Colección Universal, que incluía autores extranjeros, costaba noventa céntimos, lo que fomentó enormemente la lectura.

Era la escuela, pero todavía no la despensa que pedía Costa. La reforma económica que hizo la República fue mínima, excepto en el sector agrario, que analizaré luego con el detalle que merece. Piénsese que no se nacionalizó el Banco de España y que en un momento en el que todos los países cerraban celosamente sus fronteras para paliar los efectos de la gran crisis del 29, España revalorizaba la peseta, lo que encareció sus productos. Además puso en marcha una política presupuestaria restrictiva, justo lo contrario de lo que aconsejaba Keynes y que aplicaron tanto Roosevelt como Hitler: aumentar las inversiones públicas para sacar a sus economías del marasmo. El resultado fue que España no salió de él, con la desesperación de los obreros, que habían creído que la República iba a mejorar su suerte.

En el terreno social apenas hubo cambios respecto a la dictadura, aunque se aprobó una ley de contratos de trabajo, ampliándose los jurados mixtos —con representación de la empresa, los trabajadores y la Administración—, ya existente en la industria, a la agricultura.

Fue donde iba a darse la gran batalla. Al ser España un país eminentemente agrícola, era lógico que la República empezase por ahí su reforma de las estructuras económicas. Era tiempo más que sobrado. Mientras 12 721 terratenientes (el 8 % de los propietarios agrícolas) poseían 11 068 700 hectáreas (el 49,4 % de la tierra productiva), 1 774 104 pequeños propietarios (el 92 % del total) se repartían 11 366 390 hectáreas (el 50 % de la tierra productiva). El contraste se acentúa si se piensa que el 0,1 % de las fincas de más de 240 hectáreas cubrían el 33,28 % de la superficie productiva, mientras el 96 % de las fincas tenían menos de 5 hectáreas. En pocas palabras: el campo español constaba solo de macro y microterratenientes. Más la inmensa masa del proletariado rural: los jornaleros, que solo tenían sus brazos para alquilar. Si se los alquilaban.

El Gobierno ataca el problema a base de decretos escalonados: prohibición de emplear braceros de otros términos municipales antes de haber agotado los del propio. Prohibición de dejar tierras en barbecho. Expropiación de las fincas mayores para ir asentando en ellas entre 60 000 y 70 000 familias campesinas anualmente, con un coste de entre 200 y 250 millones de pesetas a cargo del presupuesto. La resistencia es enorme incluso entre los diputados de la coalición gubernamental, que engloba a la Izquierda Republicana y al Partido Socialista. Por no hablar ya de la oposición, que echa mano de todas las argucias legales y económicas para boicotear el proyecto.

José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, había conseguido un acta de diputado «para defender la memoria de su padre», y muy pronto se convirtió en líder de un «antipartido» de clara tendencia nacionalista como los que habían surgido en Alemania e Italia. Resulta curiosa la argumentación con la que este ataca la reforma agraria republicana: por su escasa efectividad. Reconoce la necesidad de cambiar la estructura del campo español. Pero advierte que dar un pequeño terreno a cada familia campesina no solucionaba sus problemas ni los del país. El campo había que cultivarlo industrialmente, como empezaba a hacerse en los países punteros en su explotación. Pero para ello se necesitaban grandes extensiones que permitieran el uso de máquinas tanto en la siembra como en la recolección, única forma de multiplicar su rendimiento. Tenía razón. Pero lo más urgente era proporcionar a los campesinos españoles un medio de vida, aunque fuera escaso, que siempre sería mejor que nada.

El hecho de que aquella República quisiera hacer las cosas «con todas las de la ley», esto es, indemnizando a los propietarios expropiados, redujo mucho ya de entrada el alcance de la reforma. Piénsese —como advierte el estudioso clásico del tema, el profesor de la Universidad de Columbia, Edward Malefakis— que en su redacción definitiva la ley preveía solo 50 millones de pesetas anuales para llevar a cabo una reforma de esa magnitud, y que ¡ni siquiera se gastaron todos los años!

Como ocurre a menudo en la historia, que gusta de las paradojas, el único acelerón de esta reforma lo produjo, de rechazo, el fracasado alzamiento de Sanjurjo, un episodio más anecdótico que otra cosa, pues aparte de haber sido ese general el que había dado el último empujón a Alfonso XIII para su salida —al negarle el apoyo de la Guardia Civil que mandaba—, su golpe estaba perfectamente controlado por el Gobierno. Conocían no solo los nombres de los envueltos, sino también el plan y el momento de llevarlo a cabo —habiendo sido posible, por tanto, desarticularlo antes de que se sublevaran—, dando la impresión de que se les dejó actuar para darle más relevancia de la que tenía y poder el Gobierno apuntarse un tanto. Estaba a la vista que se trató del típico pronunciamiento decimonónico, condenado a fracasar en las nuevas circunstancias. Se confirma cuando Sanjurjo pide a Franco, entonces un militar de gran prestigio, que asuma su defensa ante el tribunal que va a juzgarle, y la respuesta de Franco, al parecer, fue: «Usted merece dos veces la pena de muerte. La primera por haberse sublevado contra un Gobierno legítimo. Luego, por haber fracasado». Si no fue verdad, merece serlo, como dicen los italianos.

En cualquier caso, al amparo de la fracasada intentona y de la indignación que provocó, el Gobierno dispuso la confiscación de los bienes de cuantos habían intervenido en ella, junto a los de los Grandes de España, sin más indemnización que «el importe de las mejoras útiles no amortizadas».

A efectos prácticos, sin embargo, la ley era mucho más espectacular sobre el papel que sobre el terreno, nunca mejor dicho. De entrada, solo afectaba a los latifundios no trabajados en Andalucía, Extremadura y dos provincias castellanas (Ciudad Real y Toledo), más Albacete y Murcia. Lo que significaba el 18 % de las tierras productivas de dichas provincias. La tierra quedaba en propiedad del Estado, pero podía pasar a los colonos. Durante el periodo de Azaña, 40 000 de ellos recibieron 55 000 hectáreas, una cifra modesta tanto en número como en extensión, pues las cosas van despacio cuando quieren hacerse con orden. Ya bajo el Frente Popular, a caballo del ambiente revolucionario que existía en 1936, su aplicación se aceleró y más que de ampliación, habría que hablar de «ocupación», pues los campesinos ocupaban sin más las tierras, limitándose el Gobierno a legalizarlo luego. En los pocos meses que hay desde febrero a julio de aquel año, cuando se inicia la Guerra Civil, se asentaron 114 343 campesinos en 573 170 hectáreas, diez veces más que en el bienio Azaña.

Aparte de la timidez, los dos grandes fallos de la reforma agraria de la República fueron haberse hecho en el vacío técnico, esto es, que no viniera acompañada de un plan de riego y concentración parcelaria para hacer la tierra realmente productiva, y que no se hiciera nada para la comercialización, financiación y puesta en el mercado de los productos del campo. Igual que la reforma militar, parecía más pensada para romper el espinazo a un estamento del viejo régimen, los terratenientes, que en los beneficios que pudiera reportar a los agraciados del nuevo, los campesinos.

No debe, pues, extrañar que el descontento en el campo continuase. Ya de entrada, la República tuvo que cortar varios brotes de rebelión campesina —Castilblanco, Arnedo, Sallent— a base de emplear a fondo la Guardia Civil. La gran tragedia, sin embargo, sobreviene el 11 de enero de 1933, cuando un pueblecito gaditano, Casasviejas, ocupado por los anarquistas, declara «su» revolución, que nada tiene que ver con la burguesa del Gobierno Azaña. Una revolución total, furiosa, ingenua, enfebrecida, que el Gobierno ordena sofocar con toda contundencia. Si Azaña dijo o no aquello de «tiros a la barriga» al capitán que mandaba el asalto, no cambia las cosas. Lo importante es que ordenó el asalto, y al ahogar en sangre la revolución proletaria, la República burguesa, intelectual, moderada, que había hecho bajar la cerviz a la monarquía, al Ejército, a la Iglesia, a los terratenientes, se cavó su propia tumba. «Sois el Gobierno de la sangre, del fango y de las lágrimas» tuvo que oír en el debate parlamentario que siguió a la refriega. Un debate que llegó a la calle y del que el Gobierno Azaña —y en el fondo, la Segunda República española— sale tocado. Por un flanco tiene a una derecha soliviantada por su «extremismo espiritual». Por el otro, a una izquierda desilusionada por su poco activismo social. De ahí en adelante, pierde la iniciativa y sus esfuerzos se concentrarán en defenderse de sus enemigos de ambos bandos. Hasta que desaparece para dejar a estos dirimir, ya con las armas, a cuál de ellos pertenece España. En exclusiva, lo que significa la erradicación del otro.

El bienio «negro»

Pero antes tendrá que pasar algo más de un mandato: el del bienio conservador y la breve pero intensa etapa del Frente Popular. En el primero, no puede hablarse a todas luces de revolución. Aunque sería también exagerado hablar de contrarrevolución, como lo sería calificar de «fascista» a la CEDA, el partido ganador de las elecciones, dirigido por José María Gil Robles. Fue uno de los grandes errores de la izquierda española: negar todo blasón democrático a los partidos conservadores, no considerar legítimos los intentos de la derecha moderada, insistir en que era fascismo. Al final, terminó haciéndola colaboradora de él.

Desde el poder que había ganado en las elecciones de 1933, la derecha española trató, simplemente, de hacer lo que hacen todos los Gobiernos en una democracia: defender los intereses de sus votantes, en este caso, la burguesía tradicional y patriótica, más un amplio sector de la clase media, asustada de lo lejos que pensaba que se había ido en algunos sectores. Un estamento que pedía, y obtuvo, un frenazo a la reformas de Azaña: los asentamientos de campesinos, la ley de la suspensión de los haberes del clero, los estatutos de autonomía. Se decretó incluso una amnistía para los sublevados con Sanjurjo, algo que podría ser lógico en un país de amplia experiencia democrática. Pero no en aquella España crispada, donde la izquierda veía de nuevo escapársele la oportunidad de cambiar no ya la piel, sino el alma del país. Puede imaginarse cómo reaccionarían las masas radicalizadas, que habían considerado insuficientes las reformas de Azaña viéndolas retroceder. Empieza a ganar adeptos entre ellas, y entre los intelectuales que les sirven de mentores, la idea de que la única salida es la revolución total. Se suceden las huelgas, cortadas con energía, lo que a su vez trae más estallidos, tanto en el campo como en las urbes. Es una espiral de odio y violencia que se engorda a sí misma. «Renuncie todo el mundo a la revolución pacífica, que es una utopía; bendita sea la guerra» proclamaba el 25 de septiembre de 1934 el periódico El Socialista.

Hasta que estalla la revolución contra lo que se llamaba «contrarrevolución en el poder», y era solo la entrada en el Gobierno del partido más numeroso en la Cámara: la CEDA. Así se entendía la democracia en aquella España. El estallido es doble: en Cataluña, donde Lluís Companys proclama el Estat Català, la última reivindicación de aquella burguesía a lomos de su nacionalismo, y en Asturias, donde estalla la revolución proletaria, con 30 000 mineros que ocupan la región. Lo de Barcelona dura apenas unas horas, ya que los obreros no están interesados en jugarse la vida en una revolución burguesa, nacionalista por más señas. Lo de Asturias requiere el envío del Tercio, mandado por Franco. El orden se restablece, pero solo tras una campaña tan larga como sangrienta. Es octubre de 1934 y son pocos los que se dan cuenta de la gravedad de lo que acaba de ocurrir: contra la Segunda República española se han alzado dos de las fuerzas que la han traído, el nacionalismo catalán y la extrema izquierda.

La radicalización en marcha en el país no hace más que acentuarse. Dos partidos que podían haber interpretado el papel de colchón entre uno y otro bloque también se radicalizan: el PSOE, que ha sido uno de los protagonistas en el levantamiento de Asturias, se decanta hacia la extrema izquierda. «Hoy es ya necesidad reconocida por todos la depuración revolucionaria del Partido Socialista; lo que nosotros llamamos bolcheviquización», clama Francisco Largo Caballero, el «Lenin español» como se le llamaba, sin que él pusiera objeciones. Mientras, el lerrouxismo, tocado por la corrupción, se decanta por la derecha, sin fuerza moral ni política para imponer en ella un sentido de generosidad y mínima reforma, necesarias para lograr la paz social.

Para colmo de males, desconociendo las últimas teorías económicas, Joaquín Chapaprieta, desde el Ministerio de Hacienda, lanza un plan de estabilización, cuando se hubiera necesitado uno de reactivación para salir de la crisis, mientras Nicasio Velayos, desde el de Agricultura, da marcha atrás en la reforma agraria, suprimiendo las expropiaciones forzosas, indemnizando a los grandes terratenientes por sus tierras y convirtiendo el mínimo de 50 millones de pesetas anuales previstos para tal fin en el máximo. Con ello, la única medida socioeconómica de importancia puesta en práctica por la Segunda República española queda desmantelada. Comienza el desalojo de arrendatarios bajo distintos pretextos y no se renueva el arrendamiento a otros, lo que supone su expulsión. Pocas veces se habrá visto tanta ceguera y tanto egoísmo por parte de una clase dirigente. «La actitud de la derecha en el campo —escribe Malefakis—, donde vivía la mayor parte de la población española y donde se producían las tres cuartas partes de su riqueza, en el segundo semestre de 1935, fue uno de los principales ingredientes del odio y de la Guerra Civil misma».

No extraña nada que en las elecciones de febrero de 1936, el Frente Popular gane la mayoría. Como tampoco que ante a él se alce un Frente Nacional. Los términos son enormemente expresivos para ilustrarnos de la tormenta bélica que se estaba creando.

Dos frentes

De todas formas, el nuevo Gobierno, formado por republicanos moderados —a su cabeza vuelve a estar Azaña—, aunque mucho más presionado por la calle, continúa interesado en hacer «su» revolución, que aun siendo bastante más avanzada que la de 1931, es todavía una revolución burguesa. Claro que debe hacer concesiones. Se instala, como queda dicho, un número récord de campesinos en tierras expropiadas literalmente a la carrera, en muchos casos limitándose el Gobierno a legalizar una ocupación de facto. Se concede la amnistía a los sublevados en el levantamiento de 1934. Se habla de nacionalizar la banca. Pero ni eso basta. El proletariado quiere su revolución ya, no solo contra el gran capital, sino también contra la burguesía, contra el médico, el abogado, el pequeño industrial, el propietario de la casa en que vive, contra todos aquellos, en fin, que tendrían que apoyar al Gobierno. Como resultado, muchas de estas personas abandonan el centro para irse a la derecha, y desde allí empiezan a mirar al Ejército como su único salvador. Para colmo, o inevitablemente, la unidad nacional vuelve a estar en peligro. Tras Cataluña, el resto de las regiones reclaman su autonomía: Galicia, Aragón, Asturias, Andalucía, Extremadura, Castilla incluso, que tal vez quiera separarse de sí misma.

Si una cosa prueba el Gobierno del Frente Popular español de 1936 es que no pueden mezclarse la revolución burguesa y la proletaria. Forman una mezcla explosiva. Las libertades que concede la primera aceleran la segunda. El resultado se parece más al anarquismo libertario que a cualquiera de las dos revoluciones. O ni siquiera al anarquismo, sino al caos, en el que nadie sabe ya a qué atenerse. Y del caos no surge nada, ni siquiera la revolución. Solo violencia desatada. En cierto sentido, la revolución burguesa y la proletaria se anulan mutuamente. De ahí que Lenin decidiera pasar directamente a la proletaria sin detenerse en la burguesa como Marx había prescrito, temiendo que de dejar sueltas las dos en la Rusia poszarista, lo que vendría sería lo que vino en Francia tras la suya: el «bonapartismo», el militar «salvador de la patria».

Desde el 16 de febrero al 15 de julio de 1936, hubo en España 192 huelgas generales, se quemaron 196 iglesias, se destruyeron 78 centros de diversa índole, se asaltaron 10 periódicos y ocurrieron 334 asesinatos políticos. Parece el balance de un ciclón. Aunque más bien era el ojo de su centro, que desencadena la Guerra Civil, ya prácticamente inevitable. Los asesinatos del teniente Castillo y de Calvo Sotelo —aparte de su simbolismo— fueron el gong para empezar a matarse entre sí unos españoles que parecían estar deseándolo (si no todos, parte de ellos, que arrastraron a los demás). En un artículo publicado en febrero de 1936 José Araquistáin, ¡un intelectual!, advertía que «tras el fracaso de la Segunda República, ya no hay término medio entre el triunfo de la derecha o la revolución proletaria».

Era el mejor certificado de que la Segunda República española, pese a la buena voluntad y los esfuerzos de bastantes de sus líderes, no fue capaz de hacer su revolución, burguesa o proletaria. Y ha sido también la causa de que hasta hace bien poco, centroeuropeos y norteamericanos considerasen España un país excitante «and different». Los países con la revolución a sus espaldas se vuelven tranquilos, estables, aburridos incluso. En España, nunca se sabía si cuando sonaba el clarín a las cinco de la tarde era para anunciar una corrida de toros u otra corrida de españoles. La mejor prueba es que el país se llene de periodistas extranjeros a la menor conmoción interna, dispuestos a emular a Hemingway, algo que ha disminuido bastante, aunque no desaparecido del todo.

Pero estábamos en 1936. La mejor prueba del fracaso de la Segunda República española, más que esas cifras de incendios y asesinatos políticos, es que la renta nacional había descendido desde 1929 hasta 1936 entre 479 y 719 millones de pesetas, según los datos que se manejen. De los once millones de españoles activos, dos millones pertenecían a la burguesía y la clase media. Otros dos eran labriegos acomodados y artesanos. Cuatro millones y medio eran braceros del campo, y entre dos y tres millones eran trabajadores manuales, muy desigualmente repartidos por regiones. Quiero decir que la estructura socioeconómica española no había cambiado apenas durante la República, pese a las proclamas, reformas y convulsiones. También es verdad que no tuvo tiempo, no se lo dimos, mejor dicho.

Cuando se habla de la tendencia al anarquismo del proletariado español como de un determinante genético o de una vena romántica, se olvida que el progresismo liberal no ofreció nunca auténticas soluciones a nuestros campesinos y obreros. Obsesionado por la batalla ideológica, descuidó sus necesidades inmediatas, adoleció de dogmatismo, intelectualismo, incluso de elitismo. Le interesó más ilustrar al trabajador que alimentarle, afán loable pero insuficiente, pues no solo de ilustración vive el hombre.

Bajo esta luz, el distanciamiento, la apolitificación, el radicalismo y tendencia obrera a hacer la guerra por su cuenta ya no extraña tanto. Algo que debería hacernos reflexionar en un momento como el presente en el que esos síntomas se extienden por la sociedad española.

Si la Primera República española fue un zambullirse en la democracia sin ninguno de los condicionantes de la misma, empezando por no saber nadar en ella, ni asumir responsabilidades individuales y colectivas, la Segunda fue un ensayo intelectual para instaurar en España la revolución burguesa sin la necesaria masa crítica de burguesía, en medio de una gran crisis económica mundial (la de 1929), lo que dificultaba aún más las cosas. Se concentró en «cambiar el alma de España» (el anuncio de Azaña «España ha dejado de ser católica» venía a decirlo) como si esas cosas pudieran decidirse por decreto, lo que se tradujo en un esfuerzo cultural y educativo brillante. El económico, en cambio, fue escaso. Con lo que los intelectuales burgueses que la trajeron se vieron pronto desbordados por unas masas trabajadoras que pedían «cambios de su situación, ya». A lo que la España conservadora contestó «cambios a fondo, no». La dialéctica política fue dejando paso a la de «los puños y las pistolas», y cuando nos dimos cuenta, estábamos encuadrados en dos frentes. Y de los frentes ya se sabe lo que sale.

14
LA GUERRA DE LAS DOS GUERRAS

Sobre la Guerra Civil española se han escrito cientos de libros, que se convierten en millares si contamos las novelas que la tienen como escenario. ¿Por qué tal interés, siendo España en aquellos momentos un país secundario en Europa? Hay muy diversas explicaciones —preludio de la Segunda Guerra Mundial, riesgo de que España se convirtiera en la siguiente República Socialista Soviética, la curiosidad que siempre ha despertado nuestro país, dado su carácter «diferente»—, todas ellas válidas, pero me quedo con la que la describe como «la última guerra romántica». Claro que es un nombre bien equívoco. Nada menos romántico que una guerra. La guerra es la última ratio, cuando se han acabado las razones y solo queda la fuerza. Todavía una guerra entre países puede, si no justificarse, al menos explicarse cuando todas las vías de negociación o arbitraje han fracasado sobre cuestiones esenciales, como son las fronteras. Pero apelar a la fuerza dentro de un país indica la incapacidad de sus habitantes de vivir como buenos vecinos y, en este sentido, su fracaso como proyecto común. Eso era precisamente lo que ocurría en aquella España donde forcejeaban dos revoluciones y una contrarrevolución. No había un proyecto de vida común sino dos o más, tan distintos que no había forma de ensamblarlos. Tenían que ser la fuerza y las armas las que decidiesen cuál de ellos se imponía. La nota «romántica» no la daban los españoles dispuestos a morir por su proyecto, sino los extranjeros que identificados con uno u otro bando estaban dispuestos a dar la suya. Se ha dado muy pocas veces, ya que la vida es lo más valioso que tenemos y darla por una idea demuestra un idealismo fuera de lo común. Ese es el único rasgo que ennoblece la contienda española de 1936-1939, ya que el resto de sus características son tan deplorables o más —por fratricida—, como los de cualquier otra guerra.

Podría también llamársela la «última guerra de religión», por la importancia que esta tuvo en las motivaciones, como las que habían asolado Europa durante los siglos XVI y XVII, pero la que el yihadismo ha declarado no solo a Occidente, sino también a los musulmanes que consideran no estrictos seguidores del Corán, nos impide hacerlo.

No fue posible la paz tituló sus memorias uno de los políticos más destacados de la época y fue la explicación dada por el «director» del alzamiento, el general Mola, en Burgos, al presidente del Gobierno, Diego Martínez Barrio, en Madrid, cuando le llamó, el 19 de julio de 1936, para ver la forma de llegar a un compromiso:

«En estos momentos veo en la calle una multitud que pide reconstruir España. Supongo que usted verá en Madrid lo mismo. Si hiciéramos lo que me propone, pactar, esas multitudes nos fusilarían a los dos. Y harían bien».

Lo que ni de lejos podían sospechar ni uno ni el otro era que aquella contienda duraría tanto y traería tanta destrucción y muertes.

Como suele ocurrir en prácticamente todas las guerras, esta también se apoyó en falsos cálculos. Un conocedor tan a fondo de aquellos años en España, y nada simpatizante del alzamiento ni de Franco, como el profesor Edward Malefakis, ha dicho:

Es increíble que Largo Caballero siguiera defendiendo la revolución después del fracaso de octubre de 1934, que demostró que la revolución no podía triunfar en España. Sus provocaciones fueron una irresponsabilidad y contribuyeron a crear el ambiente propicio para que unos cuantos generales se levantaran con la excusa de salvar a España del comunismo. Azaña tenía que haber condenado con fuerza el asesinato de Calvo Sotelo. Tenía que haber ido a la radio a hacer uno de sus grandes discursos que hubieran contribuido a enfriar los ánimos. Franco todavía no había decidido incorporarse a la rebelión y tampoco algunos de los que en Sevilla se decantaron finalmente por el golpe. Sin el aeropuerto de la ciudad andaluza, no hubieran podido llegar las fuerzas marroquíes y, sin estas, la República hubiera resistido. Azaña había sido el gran orador que explicó a las muchedumbres por qué eran necesarios los cambios. Empieza la guerra y se hunde en el mayor de los silencios. ¿Por qué no fue a Ginebra, por qué no explicó al Reino Unido lo que estaba pasando?

Aunque Malefakis no ahorra críticas a Franco:

A Negrín no le quedó más remedio que resistir porque Franco se negó a negociar. Los famosos trece puntos de Negrín buscaban la reconciliación. Luego, intentó negociar sobre la base de que no hubiera represalias con los que se quedaran y que dejaran salir a los que quisieran irse. Fue inútil. Poco después, Franco hizo la ley de responsabilidades políticas con la que hacía a todos culpables.

Está claro que el ambiente estaba maduro para el golpe e incluso está demostrado que el Gobierno conocía lo que se estaba tramando en algunos cuarteles y sedes de partidos. El propio Franco, que era jefe del Estado Mayor, advierte a Azaña cuando este le comunica su traslado a Canarias: «Es erróneo lo que hace. En Madrid puedo servir mejor a la paz de España». El 23 de junio de 1936, en carta al jefe de Gobierno, Santiago Casares Quiroga, le informa sobre la «intranquilidad que está creando la separación de los militares de sus puestos y los peligros que ello encierra para la disciplina del Ejército». Solo le faltaba anunciar el próximo alzamiento. Por cierto que esta carta se publicó en España años después «y no gustó nada a Franco», según me dijo quien la había publicado, Manuel Aznar. Era un estudioso de la Guerra Civil, director de La Vanguardia y embajador en la ONU, y me lo contó en una de las charlas que sosteníamos en las horas muertas que tanto abundan en aquella organización:

No le gustó, aunque no me lo dijo, pero lo deduje perfectamente por la forma de preguntarme cómo la había obtenido —siguió el abuelo del que décadas después sería presidente del Gobierno español—. Seguro que pensaba que dañaba su imagen de opositor a la República. Que lo fue cuando había perdido por completo el control de los acontecimientos. Pero hasta entonces le había sido leal.

En mis conversaciones con don Emilio González López, también en Nueva York, donde llevaba el departamento de Estudios Doctorales en Literaturas Hispánicas, tras exiliarse después de haber sido catedrático de Derecho Penal y diputado en las tres legislaturas de la República, salió numerosas veces a colación. Don Emilio consideraba a Casares Quiroga, coruñés como él, uno de los culpables de que la sublevación tuviera éxito:

Creían que con tener a su lado a los generales al mando de las Divisiones Orgánicas, a los gobernadores militares de las provincias y a los coroneles de los principales cuarteles, les bastaba. Y no era así, porque quien mandaba en la tropa eran los jefes y oficiales de inferior categoría. Pero cuando se les advertía, respondían muy seguros de sí mismos que lo tenían todo bajo control.

Todo apunta a que tanto Azaña como Casares pensaban repetir la maniobra que tan buen resultado les había dado en la «sanjurjada» de 1932, cuando desarticularon el alzamiento desde los puestos de mando militares superiores tanto en Madrid como en provincias, consiguiendo con ello un importante triunfo no solo contra los golpistas, sino también contra la extrema izquierda que pedía la revolución. El plan falló esta vez por dos gravísimas omisiones: no tener en cuenta a las tropas en África, desvinculadas por ellos mismos del resto del Ejército, y por no contar con que los protagonistas de esta nueva sublevación no iban a ser los mandos superiores, sino los inferiores. De los ocho jefes de División Orgánica, solo uno se sublevó. De los 21 generales con mando de División, solo cuatro lo hicieron. Como únicamente el 20 % de los generales de Brigada y el 30 % de los coroneles al mando de cuarteles lo hacen. Pero de tenientes coroneles para abajo lo hace la inmensa mayoría. Y estaban dispuestos a entrar pistola en mano en el despacho de sus superiores y arrestarlos si no se unían a la sublevación. Lo que la permitió triunfar en bastantes capitales de provincia.

Otro factor importante fue que se ensayó por primera vez un «puente aéreo» de tropas, con el que se logró situar en Sevilla a fuerzas de la legión a las pocas horas de sublevarse. Eran pocas, pero el general Queipo de Llano las hizo circular por la ciudad en camiones, dando la impresión de que eran muchas más, lo que le permitió controlar la situación y, desde allí, extenderla al resto de Andalucía, con las que iban llegando, más las que conseguían pasar el Estrecho por mar. Esto privó al Gobierno de una región donde contaba con numerosos seguidores. En el resto de los frentes, la cosa no se presentaba tan bien para los sublevados. Valencia y Cataluña se mantenían fieles a la República, como el País Vasco, Santander y Asturias, mientras en Galicia los sublevados se habían impuesto, como en León y Castilla la Vieja. Madrid fue un caso especial. Tan especial que allí se decidió en 72 horas la marcha de los acontecimientos hasta la batalla final. El plan de Mola era salir con sus brigadas navarras desde Burgos hacia la capital, mientras las fuerzas africanas llegaban desde el sur para hacer la tenaza. Pero ni unas ni otras lograron sus objetivos al ser detenidas en la sierra las tropas del norte y elegir las del sur un largo rodeo en vez de tomar el camino directo a Madrid desde Sevilla y Córdoba, con lo que hubieran podido llegar a la capital en escaso tiempo aprovechando el caos reinante. Franco, sin embargo, prefirió jugar a lo seguro, y ordenó a las tropas africanas dar un rodeo por Extremadura, con el Guadiana a su izquierda, lo que imposibilitaba quedar copadas en un contraataque. Luego, ya tierra adentro, cuando llegaron a Talavera de la Reina, se les ordenó desviarse hacia Toledo, para liberar el Alcázar, que llevaba meses sitiado. Una importante baza propagandística, pero que llevó su tiempo y una vez reemprendida la marcha hacia Madrid, lo encontraron fortificado y con el «¡NO PASARÁN!» como consigna. El frente se estableció en la Ciudad Universitaria y allí se mantuvo hasta el final de la guerra tres años más tarde. Algo que nos advertía de cuál iba a ser la estrategia de Franco en la contienda entera: no arriesgar ni cometer errores. Lo que la prolongaría.

Una guerra a la española

Los primeros tres días en Madrid tras llegar la noticia de la sublevación del Ejército de África fueron de auténtico vértigo. Casares Quiroga dimite, reconociendo sus falsos cálculos, y Azaña nombra sucesor al citado Martínez Barrio, con poderes para buscar una salida negociada a la situación. La conversación telefónica con Mola le advierte que esa salida está bloqueada, mientras se lucha en las calles y en los cuarteles donde se han atrincherado las unidades amotinadas. No hay tropas para hacerles frente pues se han despachado a la sierra a detener a la columna de Mola. La única opción es entregar armas a las milicias sindicales y de los partidos de izquierda. Martínez Barrio no se cree autorizado —por significar ceder el monopolio de la fuerza que el Gobierno tiene en un Estado de Derecho—, y dimite. Azaña nombra a José Giral para sucederle —¡el tercer presidente de Gobierno en 48 horas!— y este no tiene inconveniente en abrir las armerías «al pueblo», que se lanza contra los reductos de los sublevados, no tardando en arrollarlos. Se envían órdenes a los gobernadores militares y civiles para que hagan lo mismo. Quienes pudieron lo hicieron. Pero a bastantes se les habían adelantado los sublevados y estaban detenidos cuando no muertos. «Durante un mes —escribe Sebastian Haffner comentando el libro Revolución y guerra en España de los autores franceses Pierre Broué y Émile Termine—, un mes salvaje, devastador, fantástico, cruel, grandioso, no hubo en España Estado. Donde no dominaba el Ejército sublevado, dominaba la revolución». Todavía en Madrid y alrededores, la UGT se hizo cargo de la situación y organizó —con comités, vales, pases, etc.— algo parecido a los soviets rusos en los principios de aquella revolución. Pero en Castilla, Aragón, Andalucía se va mucho más allá. Atrás queda incluso el modelo soviético, para establecerse la utopía anarquista, la plena colectivización junto al triunfo del individuo. Se rebasa la revolución marxista, la leninista, la estalinista, para implantar la de Bakunin. Es la revolución total, la comuna libertaria, el amor libre, la abolición de todo tipo de autoridad, dinero, propiedad y coacción. El pueblo solo empuñando su destino se hace realidad en buena parte de España.

Bastante diferente es lo que ocurre en la España que empieza a llamarse «nacional». Aunque tampoco falta en ella su parte de confusión. Basta decir que la primera circular anunciando el alzamiento termina con un «¡Viva la República!». No era una broma. No eran pocos entre los sublevados quienes querían una República más ordenada que la que tenían. Aunque también era verdad que eran más los que no querían ninguna.

Organizador del alzamiento era el general Mola, que a sus dotes militares unía las de estratega y político, habiendo ocupado cargos en los Servicios de Seguridad antes de la República. No le faltaba tampoco carisma personal y de su inteligencia habla que prefirió no presentarse como cabeza de la sublevación, que se reservaba al general Sanjurjo, exiliado en Lisboa. Se había tanteado a Franco —puede que el más prestigioso de todos ellos—, pero la respuesta de este siempre había sido: «Hay que dar a la República crédito mientras se atenga a las leyes y normas», aunque también se le veía cada vez más inquieto con el curso de los acontecimientos, como muestran sus mensajes a Azaña y Casares Quiroga de que hablamos. El enlace con él lo llevaba el entonces teniente coronel Dávila, que hizo varios viajes a Canarias, sin llegar a convencerle, y hay evidencias de que entre los conjurados llegó a descartársele. ¿Fue el asesinato de Calvo Sotelo lo que le hizo dar el paso, al haber traspasado el Gobierno los límites de la legalidad? Es lo que viene sosteniéndose, pero conociendo el carácter de Franco, lento en la toma de decisiones, tuvo que tomarla antes, ya que en otro caso no hubiera habido tiempo de preparar el envío del avión que debía llevarle a África para ponerse al frente de aquellas tropas. Lo que sí es posible es que fuera la gota que derramó el vaso de su paciencia.

Entonces, sí, entonces toda su voluntad, que era mucha, y su astucia, que era más, se concentraron en ganar la guerra. Sin importarle quién se le ponía delante. Mola había dicho: «Yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo». Franco lo hizo sin pestañear al día siguiente de sublevarse firmando la pena de muerte de su primo, el comandante De la Puente Bahamonde, jefe del aeródromo de Tetuán, que no se había unido a la sublevación.

Esta sufre otro contratiempo cuando el avión que debe llevar a Sanjurjo a ponerse el frente del alzamiento, capota al despegar, dejándolo sin cabeza. Quedan como figuras Mola y Franco. El primero era quien lo había fraguado, diseñando incluso la configuración provisional del nuevo régimen, en una circular del 5 de junio: estaría regido por un Directorio militar, con un presidente y cuatro miembros. Se derogaría la Constitución del 31, se establecería un «sistema orgánico» (el adjetivo haría fortuna en la forma de «democracia orgánica») y quedarían anuladas todas las leyes incompatibles con él, así como las «inspiradas en el extranjero». En realidad, era hermano gemelo de la dictadura de Primo de Rivera, con algún aditamento prestado de falangistas y carlistas.

Este es el régimen que empieza a funcionar el 24 de julio en Burgos. La Junta Nacional la preside el general más antiguo, Cabanellas, con fama de masón, lo que le debilita enormemente, pero en el Ejército la veteranía es un grado. Además, es el único general de División Orgánica que se ha unido a la sublevación y había que pagárselo. Los demás miembros de la Junta son Mola, Saliquet, Ponte y Dávila, Franco ni siquiera figura en ella, aunque entrará en agosto. Es Mola quien se dirige a la multitud congregada en la Plaza Mayor burgalesa para anunciar que «el bastardo contubernio liberal-socialista ha terminado y la verdadera España ha matado al dragón». Con ello iniciaba otro capítulo de la literatura española directamente relacionado con los libros de caballería. Porque aquella fue también una guerra literaria, aunque en este frente, ganaron los republicanos.

Es Franco, sin embargo, quien toma las medidas oportunas. El primero que envía emisarios a Mussolini y Hitler. El que consigue el favor de ambos. El que con su ayuda organiza el paso del Estrecho. El que lanza una campaña a lo largo y ancho de Andalucía y Extremadura, que le hará ganar tanto terreno como prestigio. Franco creyó siempre que el mejor argumento es una buena victoria.

Cuando el 12 de septiembre la Junta Nacional celebra una sesión en el aeródromo de Salamanca, Orgaz y Kindelán proponen nombrar un jefe militar sobre todas las operaciones. Mola acepta. ¿Creyendo que el elegido será él? Es posible, pero no probable, ya que a él lo que le gustaba era mover los hilos tras los bastidores. Además, a aquellas alturas posiblemente se había dado cuenta de que la guerra iba para largo y no se podía ganar sin un mando unificado. Solo Cabanellas, presintiendo que iba a perder su rango de jefe nominal —efectivo no lo fue nunca— estuvo en contra. Pero pierde la votación. Kindelán propone a Franco como comandante en jefe. Todos le apoyan menos Cabanellas.

La sesión se repite el día 29, mientras las tropas de Franco avanzan hacia el Alcázar de Toledo. Al llegar al aeródromo, falangistas y requetés, al parecer preparados por su hermano Nicolás, que venía asistiéndole como secretario, le saludan con gritos de «generalísimo». Ya ante la Junta, Kindelán propone que se le nombre «jefe de Gobierno». Eso ya parece demasiado a los demás. Jefe militar, bien, con ciertas atribuciones políticas, también. Pero, ¿jefe de Gobierno? ¿No sería demasiado, sobre todo pensando que no se había planteado la forma de Gobierno? Y que ni siquiera había Gobierno.

Pero Franco es categórico: o todo el poder, militar y político, o nada. Ante lo que los demás no tienen más remedio que ceder. El decreto provisional le nombraba exactamente «jefe del Gobierno del Estado». Por el camino, sin embargo, se perdió lo «del Gobierno» en lo que tanto había insistido. Hugh Thomas, el primer historiador de renombre de esta guerra, asegura que su hermano mandó un motorista a la imprenta para alterar allí el texto. Sea como fuera, el caso es que la alteración se hizo. Aunque por aquel entonces la diferencia entre Gobierno y Estado no importase mucho —al no existir el uno ni el otro—, no hace falta subrayar lo trascendental del cambiazo. Se trató de un golpe de Estado dentro de otro —«un 18 de Brumario» lo llama Thomas, recordando el de Luis Bonaparte; «Le petit Napoleón», según Marx, que comenta: «La historia se repite, primero como tragedia, luego como comedia»— o, dicho a la española, el golpe de Franco contra sus compañeros de levantamiento. Las armas que empleó fueron las típicas suyas: audacia y cautela, dureza y suavidad entremezcladas, pensárselo mucho, prepararlo mejor y actuar ya sin la menor vacilación, miramiento o escrúpulo.

No tenemos muchos documentos sobre su monólogo interior durante aquellos días, en los que la vertiginosa acción militar y diplomática debieron acaparar toda su atención, pero si «por su obras los conoceréis», tuvo que llegar a dos conclusiones:

La primera era la misma que Mola: la guerra iba a durar más de lo que los organizadores del golpe habían pensado. Este no era un pronunciamiento del siglo XIX, que se resolvía con unos cuantos tiros, algún herido y bastantes exiliados, para que todo quedase más o menos igual excepto algún cambio en la cabeza. Esta era una confrontación de la mitad del país contra la otra mitad, algo que no se resuelve así como así. Si es que se resuelve.

La segunda: eso que de entrada tiene aspecto de un tremendo obstáculo, puede convertirse en ventaja para realizar los cambios que España necesita y no ha logrado encontrar pese a todos los esfuerzos. La oportunidad no podía desaprovecharse.

Dos días más tarde, el 1 de octubre, Franco se proclama —nunca mejor usado el reflexivo— jefe de Estado en Burgos. En el discurso que pronuncia dibuja por primera vez la España que él ve. Ante la sorpresa de todos, el general apolítico se arranca con la más política de las arengas. El que no quería saber nada de José Antonio Primo de Rivera, le roba su pensamiento. El que hasta entonces no había tenido una palabra grata para la Falange, convierte sus Puntos Fundamentales en la doctrina del nuevo Estado: las elecciones serán sustituidas por otra forma de expresión de la voluntad popular. Los trabajadores recibirán seguridades contra la explotación capitalista. Los agricultores tendrán más garantías para sus esfuerzos. Los valores espirituales serán puestos al día a la luz de la justicia social. Se rechaza tanto el comunismo marxista como el capitalismo internacional. El nuevo régimen luchará contra los enemigos internos y externos de España, volviendo a las esencias de esta, adoptándose el yugo y las flechas de los Reyes Católicos —que, por cierto, eran los símbolos falangistas— en el escudo nacional. Franco necesitaba una ideología de la noche a la mañana y adopta sin la menor consideración la del grupo más pequeño que había apoyado el alzamiento, para levantar un nuevo Estado, el suyo. A los falangistas, este asumir su ideario por parte del nuevo régimen tuvo que parecerles halagador, sin medir las consecuencias. Tampoco estaban en condiciones de ello: con José Antonio en la cárcel, Onésimo Redondo muerto en el Guadarrama, Ramiro Ledesma fusilado en Madrid, los que quedaban en Salamanca eran solo hombres de segunda fila. Aun así, pronto empiezan a sentir inquietud por su pureza e independencia ideológica, y nombran jefe nacional a Manuel Hedilla, un exmecánico que había llegado a Falange con un bagaje revolucionario que no era exactamente el de Franco, que era muy sencillo: lo que España necesitaba, más que una revolución, más que una modernización, más que ninguna otra cosa, era unidad. «Unidad de los hombres y las tierras de España» será la principal consigna de su régimen. No sé si se daba cuenta de la contradicción existente en buscar la unidad a través de una guerra civil, aunque su mente no hizo nunca ascos a la incongruencia. Aparte de que, para Franco, aquellos a quienes combatía no eran auténticos españoles, eran la «anti España», ofuscación muy frecuente en la lucha ideológica. En cualquier caso, al hablar de España, se refería solo a los de su bando. De ahí que discretamente empezase a presionar a falangistas y requetés —las dos fuerzas políticas más activas en la España «nacional»— para que se fusionasen. Pero tres semanas de negociaciones en febrero de 1937 no produjeron resultados: están demasiado distantes, son demasiado arrogantes —o testarudos— y Franco comprende que tiene que forzarles. La ocasión se la brindan los tiros que se disparan cerca de la casa de Sancho Dávila el 16 de abril y el intento de Hedilla de tomar el control directo de los jefes locales del partido. Se le detiene, junto a veinte «camisas viejas» —afiliados de los días duros, que marcaban distancias con las avalanchas de «camisas nuevas» que les estaban llegando en masa—. Puesto a la faena, Franco la completa decretando la unificación de falangistas y requetés sin consultar a unos ni a otros, autonombrándose Jefe Nacional del Movimiento, que será como se conocerá al «antipartido», de ahí en adelante, aunque camisas azules y boinas rojas siguen tan separados como siempre excepto en el uniforme.

Quien se tome la molestia de leer el Decreto de Unificación verá que los 38 años de franquismo que siguieron estaban ya allí. Nosotros lo haremos al abordar ese periodo, ya que antes había que ganar la guerra, a lo que Franco va a dedicarse sin prisas, pero también sin apartarse ni un milímetro de su objetivo. Tiene ya todo el poder en «su» España, solo Mola podía hacerle sombra, pero Mola muere el 3 de julio de 1937, al estrellarse su avión en la sierra de Alcocero cuando volaba hacia Burgos. Se ha hablado de la baraka, de la suerte de Franco, sobre todo en los años de África en los que sobrevivió situaciones y heridas que costaron la vida a muchos, pero tal vez haya que hablar de la mala suerte de sus principales adversarios. O de que no eran tan cautelosos como él. En cualquier caso, era ya el jefe indiscutible en su campo.

En el bando contrario las cosas se habían normalizado hasta cierto punto, pero sin llegar a la férrea unidad de propósito que en el de los sublevados. Tras la explosión libertaria de los primeros meses, los dirigentes republicanos se dan cuenta de que para ganar una guerra no bastaban las masas revolucionarias. Al Ejército de Franco había que oponerle otro Ejército regular, mandado por oficiales profesionales y armado con aviones, tanques, artillería. Se requería también una industria bélica, una economía en marcha, unas relaciones internacionales, un Estado, en suma, no el anti-Estado anarquista. Para ello cuentan con un aliado inesperado: los comunistas, que aceptan colaborar con la izquierda burguesa para lo que pudiéramos llamar la «restauración» de la República española.

Lo hacen por interés propio y por conveniencia soviética. La guerra ofrecía al hasta entonces minúsculo Partido Comunista Español —de hecho, un desgaje de las Juventudes Socialistas capitaneadas por Santiago Carrillo— la oportunidad de interpretar un papel importante en la República, aprovechando la disciplina de sus cuadros y la fragmentación de los otros partidos. Lo consiguió plenamente, convirtiéndose en el grupo más importante de su bando. En cuanto a Stalin, le convenía más el triunfo de la República burguesa española que el triunfo particular de los comunistas españoles. Su prioridad en aquellos momentos era llegar a un acuerdo con Francia e Inglaterra contra lo que presentía que era su gran peligro: la Alemania de Hitler. Pero para llegar a ese acuerdo, lo primero que tenía que hacer era no asustar a ingleses y franceses. Algo que hubiera ocurrido irremediablemente si surgiera la «Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas» que tenía todo el aspecto de surgir durante las primeras semanas de la guerra.

Es así como el Partido Comunista Español —uno de los más radicales hasta julio de 1936— se convierte de la noche a la mañana en partido de orden. Empieza a colaborar con la izquierda burguesa no solo en la lucha contra Franco, sino también en el aplastamiento de la revolución radical, de la revolución proletaria. Para lograr ambos objetivos, vencer a los sublevados y alejar al mismo tiempo las suspicacias occidentales, había que integrar a las milicias populares en el nuevo Ejército republicano. Algo que solo podía conseguirse disciplinando a los anarquistas o aplastándolos. Hubo que hacer esto último pues lo anarquistas, como sabemos, no gustan de disciplinas. La liquidación del POUM en Cataluña fue uno de los episodios más salvajes de esta guerra dentro de la Guerra Civil española. Pero se repitió en cada ciudad, en cada pueblo, en cada regimiento republicano, de forma más o menos abierta. Sin que haya en ella el menor rastro de romanticismo. Es más, muchos de los rusos que habían venido a España en forma de comisarios, fueron «purgados» al volver a su país, temeroso Stalin de que hubieran sido infectados por el «virus anarquista español». La «unificación» que en abril del 37 logró Franco en su campo metiendo en la cárcel a unos cuantos falangistas y poniendo firmes a otros tantos requetés, costó auténticos regueros de sangre en el campo republicano.

Italianos, alemanes, rusos e «internacionales»

Tal vez convendría citar aquí la ayuda exterior que recibieron ambos bandos, para tener una idea exacta de lo que fue aquella guerra sobre la que se había creado un Comité de No Intervención, que nadie respetó. Italia fue la que más ayudó a Franco, tanto con hombres —llegando a enviar hasta 50 000— como con armamento. Los hombres lograron ciertos éxitos —en los frentes andaluz y del norte— pero también clamorosas derrotas, como la de Guadalajara. Pero en material, aviones, cañones, ayuda naval en el control del Estrecho y Mar Balear, resultaron decisivos. No había duda de que Mussolini quería convertir su país en la primera potencia del Mediterráneo, y para eso necesitaba desalojar a Inglaterra, con la ayuda de España. Los alemanes fueron más selectivos. Su principal ayuda fue en aviones y tanques. La legión Cóndor llegó a tener aromas de leyenda en la España nacional. En la republicana dejó la mancha de la destrucción de Guernica, que inmortalizó el cuadro de Picasso y causó más daño moral al régimen de Franco que diez escuadrillas de aviones.

La mayor ayuda para el Gobierno republicano le llegó de Rusia, en toda clase de armas, las más modernas de su arsenal. Eso sí, pagadas a precio de oro, literalmente hablando, pues se pagaron con las reservas de oro del Banco de España. Hombres, envió especialmente comisarios para poner orden tanto en el frente como en la retaguardia. Orden soviético. Las potencias occidentales se anduvieron con muchísimo más cuidado en estos suministros, pero permitieron que en sus países se formaran las Brigadas Internacionales, que interpretarían un papel importante en la contienda. Sin ir más lejos, sin su llegada al Madrid acosado por las tropas franquistas, la capital habría caído en los primeros meses de lucha —el Gobierno se había trasladado a Valencia— y su participación en diversas batallas fue también crucial. Si bien muchos de sus componentes eran comunistas que habían conseguido escapar de países centroeuropeos dominados por el nazismo —el batallón, luego brigada, Thälmann—, no faltaron entre ellos idealistas dispuestos a luchar e incluso dar la vida por lo que estaban convencidos de que era una lucha entre la democracia y la dictadura. Cuando el «apaciguamiento» de Múnich se impuso en la política europea, bastantes de esas unidades internacionales fueron licenciadas. Algunos de sus miembros se quedaron en España, otros volvieron a sus países, no siendo recibidos todos como héroes, sino como sospechosos.

Con la unidad necesaria para continuar la guerra, la República consiguió librarla dos años más, bajo Gobiernos de signo moderado, aunque incluyeron comunistas, que parecían los más moderados de todos y ganaban cada vez más peso. Pero era una unión contra natura. Quieran que no, burgueses izquierdistas como Azaña y socialistas moderados como Prieto, son rivales del comunismo, que tiene un concepto distinto de la sociedad y del mismo hombre, por lo que las tensiones no hacían más que aumentar hasta que se encontró el hombre que parecía capaz de unir ambas tendencias: el doctor Juan Negrín, discípulo de Cajal, al que muchos consideran un submarino soviético en el Gobierno de España y otros, el único con energía y prestigio suficiente para imponerse a grupos tan distintos.

Este autor conoció a su hijo en Nueva York, especialista en el cerebro como su padre, y puedo asegurar que era un burgués liberal perfectamente acoplado en la sociedad norteamericana, una de cuyas ilusiones era poder recuperar las posesiones que el régimen franquista había decomisado a su familia en Canarias, de donde procedían. Visto con la perspectiva de los años, la posición de su padre tras haber rechazado Franco su plan de paz sin vencedores ni vencidos, se reducía a dos alternativas: rendirse o continuar la guerra en espera de que una conflagración continental, que ya se mascaba en el ambiente, salvase a la República española. Fue a lo que apostó Negrín (se equivocó solo en cuatro meses, aunque tampoco sabemos, como apunta Domínguez Ortiz, qué hubieran hecho las Panzerdivisionen de Hitler de haberse encontrado en Hendaya con un régimen hostil al Eje), mientras los demás líderes republicanos, empezando por Azaña, tomaban el camino del exilio, conforme las tropas de Franco avanzan en todos los frentes, tras fracasar la contraofensiva del Ebro de las tropas republicanas. La caída de Cataluña fue el golpe de gracia.

La segunda batalla de Madrid

Quedaba Madrid como último bastión de resistencia. Entonces ocurre lo inesperado: los militares que venían defendiendo la capital y los socialistas moderados que se habían quedado en ella piensan que todo es inútil, que hay que detener la matanza y negociar la rendición en las mejores condiciones posibles. Solo se les oponen los comunistas, decididos a continuar la lucha porque saben que no pueden esperar piedad de Franco (como luego se comprobaría), mientras los anarquistas, que no habían olvidado la durísimas purgas a que habían sido sometidos por los comunistas, se unen a los «burgueses» para cobrarse la deuda.

El resultado es otra guerra civil dentro de la Guerra Civil española: el Ejército regular de la República se enfrenta a las unidades que los comunistas han traído del frente para defenderse hasta el último hombre, ante unos liberales republicanos ya sin ningún papel. Casi todos sus dirigentes están en el exilio, y los que no lo están vuelven a ser meros espectadores, como al principio de la contienda, no sabiéndose ya quién se subleva contra quién, mientras las tropas de Franco avanzan sin encontrar apenas resistencia. La «segunda batalla de Madrid», la que libra el coronel Casado al frente de las tropas de la República contra las columnas comunistas de Ascanio, Barceló y Ortega, es un episodio único en la historia universal, aunque no estoy muy seguro de si en la española. La confusión mental que reina en nuestro país sobre las revoluciones produce las más exóticas alianzas y las más asombrosas rivalidades.

Es así como el parte de guerra «nacional» del 1 de abril de 1939 —«Cautivo y desarmado el ejército rojo…»— contiene un error: no era un ejército rojo el cautivo y desarmado. Eran dos, sin contar a los anarquistas. Como eran también dos las revoluciones derrotadas. La burguesa de la Izquierda Republicana de Azaña, y la proletaria de las masas trabajadoras. «Esa doble derrota —escribe Sebastian Haffner al respecto— puede que aclare mejor que ninguna otra cosa la paz de cementerio que siguió al furioso tempo de los años de la Guerra Civil en España. La doble batalla fue demasiado pesada; la desilusión, demasiado profunda; el divorcio que siguió a la derrota, demasiado amargo».

Enterradas las dos revoluciones junto a un número de muertos sobre los que no acaban de ponerse de acuerdo los historiadores, pero en cualquier caso, alto, en las próximas cuatro décadas no se oirá hablar en España más que de la «revolución nacionalsindicalista». Una revolución con tan poca credibilidad que los padres de la criatura —los falangistas— comenzarían pronto a llamarla «la revolución pendiente».

Aunque son más los historiadores ingleses que se han ocupado de nuestra Guerra Civil, empezando por el clásico The Spanish Civil War, de Hugh Thomas, y el interesante El colapso de la República, de Stanley G. Payne, siempre sereno como es él, que lo atribuye, más que a la ayuda alemana e italiana, a las «diferencias internas, la intransigencia doctrinal, la demagogia y el inmenso desorden en el campo republicano», creo interesante añadir el comentario de un historiador alemán, Golo Mann. Al narrar las vicisitudes de su país entre las dos grandes guerras mundiales (Deutsche Geschichte 1919-1945), dice lo siguiente: «La Guerra Civil española cae en este periodo (el del apaciguamiento). Pero no pertenece a la historia alemana. Fue española en su carácter y no debió ser nunca identificada con los antagonismos europeos: Alemania y las potencias occidentales, fascismo y comunismo, capitalismo y socialismo. España era un país solitario y debió habérsele dejado en su soledad. Como conflicto interno, español por completo, tal vez se hubiera resuelto más rápida y menos terriblemente. De hecho, alemanes e italianos ayudaron al general Franco, rusos y franceses, a los republicanos, pero la ayuda no fue prestada por amor al prójimo sino con fines políticos, estratégicos e incluso de puro ejercicio militar. Lo que sucedió —blancos y rojos matándose en España durante años con ayuda europea— arroja una luz amarga sobre la época del apaciguamiento. De todas formas, España fue solo una escena secundaria de la política alemana, italiana, rusa, y al final sobrevinieron decisiones españolas y no europeas».

Vamos a ver qué decisiones eran esas. Porque sobre ellas tampoco existe unanimidad de criterios. Como sobre casi nada.

La Guerra Civil española —o guerras, pues no hay que olvidar las Carlistas— trajo a España fama de país ingobernable, anárquico, tan amante de las libertades individuales como enemigo de las comunitarias. Lo que no es exactamente cierto, pues como ha demostrado en los escasos momentos en que estuvo gobernada «para todos» y no para una parte, el pueblo español ha sabido obedecer las leyes y aceptar los mayores sacrificios. Pero como han sido muchos más los periodos de «mal gobierno», o sea, de gobierno para una clase o minoría, el enfrentamiento y la autodestrucción han prevalecido entre los españoles, que a la postre nos convierte en los mayores enemigos de nosotros mismos.

15
EL FRANQUISMO, LA REVOLUCIÓN PENDIENTE

NOTA PRELIMINAR: Como en esas películas o noticias escalofriantes en las que se advierte que contienen «escenas que pueden ofender la sensibilidad del público», me creo obligado a advertir que no creo posible todavía, pese a haber transcurrido cuatro décadas de la muerte de Franco, escribir una versión ecuánime sobre él y su régimen. Y, mucho menos, una que contente a todos. Mi generación —los que andamos ya en los ochenta años—, y la siguiente —en los sesenta y setenta— lo tenemos demasiado cerca. Las que siguen, demasiado lejos. No es la mejor perspectiva para emitir un juicio histórico. Se me advertirá que siempre hay autores extranjeros interesados en estudiarlos. Responderé que casi peor: he leído las obras más importantes de esos autores y salí frustrado de todas ellas. Son tan parciales o más que los españoles y lo peor es que ni se dan cuenta. Los hechos que manejan son ciertos. Pero los hechos ocurren en un contexto que se les escapa pues España, en efecto, es, y entonces era aún más, diferente. No por sus playas y montañas, sino porque se apartó de la historia europea en la Edad Media (que es cuando se forjan las naciones) sin haberse incorporado plenamente hoy a ella y, menos aún, en el azaroso siglo XX. Queda, pues, el lector avisado: lo que sigue es solo un intento más de aclarar lo que ocurrió en España entre 1939 y 1975. Sin otra garantía que la de un testigo que lo vivió de cerca y de lejos, y que ya poco se juega en ello).

En lo que creo que todos estamos de acuerdo es en que resulta imposible separar a Franco de su régimen. De ahí que la respuesta negativa que dio a don Juan Carlos, cuando este, ya elegido sucesor, le pidió participar en los Consejos de ministros, no puede ser más rotunda, aunque, como todas las del generalísimo, admite distintas interpretaciones: «Usted, Alteza, tendrá que reinar de forma diferente». Muchos, sobre todo en las inmediaciones de la Casa Real, lo han tomado como la luz verde que Franco dio al sucesor para cambiar su régimen, lo que exoneraría al entonces príncipe de ser un «traidor» al mismo como bastantes adictos le califican. Yo lo veo más bien como una advertencia: usted, Alteza, nunca tendrá los poderes que tengo yo. Como en realidad ocurrió. Pero si don Juan Carlos quería ser «el rey de todos los españoles», como anunció ante distintos foros, tenía que romper con el franquismo, producto, no del acuerdo entre todos los españoles, sino de la victoria de unos españoles sobre otros, o dicho de otro modo, no de «un proyecto sugestivo de vida en común», sino de «la guerra como continuación de la política», y, además, la guerra llevada a su máximo extremo, dictado por Clausewitz como «la aniquilación del contrario». Franco tardó en unirse a la sublevación, pero cuando lo hizo no fue para que terminara en otro «abrazo de Vergara», ni siquiera otra dictadura a lo Primo de Rivera, que, una vez restablecido el orden, entregase el poder a los políticos, y vuelta a lo anterior. Venía a erradicar todo rastro del mismo, material y espiritual. Su victoria iba a ser un auténtico barrido de cuerpos y almas para poner los cimientos de una nueva España, aunque en muchos aspectos se pareciese a la gloriosa e imperial de cuatro siglos antes, cuyos símbolos se recuperaron. Había una contradicción en ello, tres, mejor dicho: el pasado no vuelve, y si vuelve, es como pastiche, como dijo Marx; no se puede construir el futuro con moldes del pasado y, lo más grave: la nación moderna es una compaginación de voluntades, no la imposición de unas sobre otras. A Franco, sin embargo, no le asustaban las contradicciones, al revés, parecían encantarle, y se lanzó a ellas con la misma frialdad que le atribuyen cuando combatía a las tribus del Rif.

Un español muy suyo

El ideario de Franco, como el de casi todos, hay que buscarlo en su biografía (Das Sein bestimmt das Bewusstsein, lo que somos decide lo que pensamos, decía Marx), por lo que tendremos siquiera que bosquejarla para entender su compleja personalidad. Franco es un hijo de su época —finales del siglo XIX, comienzos del XX— y de su clase —media y militar—, pero más como reacción a ambas que como producto de ellas. Había nacido en 1892, había visto, por tanto, a la impresionable edad de seis años, la pérdida de los últimos jirones del Imperio español y el sacrificio inútil de la Armada española en Santiago de Cuba y Cavite. Para alguien que soñaba con ser marino de guerra, encontrar la Academia Naval cerrada tuvo que ser un gran golpe. Pero en vez de quejarse amargamente como la Generación del 98, decidió seguir la carrera militar en Tierra. Sus notas no fueron brillantes, pero luego, su hoja de servicios no pudo serlo más. Era un oficial de valor sereno, mente clara, proceder meticuloso, que pronto destacó entre sus compañeros de promoción, tanto por su austero estilo de vida como por lo rápido de sus ascensos, siendo el que llegó más joven a comandante, teniente coronel, coronel y general. El tío de un buen amigo compañero de bachillerato, capellán militar, don Ramiro Gómez, que coincidió con él en África, lo describía como distinto y apartado de sus compañeros de armas, que disipaban la tensión acumulada en aquella guerra de guerrillas en juergas de vino y mujeres, mientras «sus únicos hobbies eran dibujar, sobre todo fuertes y fortificaciones, que se le daba muy bien, y estudiar francés, que nunca llegó a dominar». Es posible que de entonces le viniera un disimulado desprecio hacia sus compañeros de profesión, mujeriegos y bebedores. Desde Marruecos contempló el hundimiento de la Restauración, el fracaso de la dictadura, la pugna interna de la República. Por dos veces —1917 y 1934— el Gobierno tuvo que enviarle a Asturias a sofocar una rebelión. Para Franco, observador silencioso de la escena española durante esas décadas, en las que alcanzó los máximos grados militares y se ganó la confianza de políticos de muy distintas tendencias —sin dejar ver a ninguno cuál era la suya—, pero sin conocimientos profundos de la historia de España, no es aventurado suponer que democracia burguesa y liberalismo terminaran siendo sinónimo de decadencia. Marxismo, de desintegración. El capitalismo internacional y el comunismo buscaban solo la ruina española y la pérdida de su identidad histórica. Es por lo que metió a todos —liberales, marxistas, capitalistas, masones, comunistas— en el mismo saco. Todos eran los «enemigos tradicionales de España».

El mal de esta era solo uno: la división. Franco la veía en todas partes: en el país, en las regiones, en las ideologías, en el Ejército, en su propia familia, con el padre separado de su madre, viviendo con otra mujer, y entre él y su hermano menor, Ramón, cada vez más radical en su pensamiento. Todo apunta que de ahí partió lo que él llamaría «demonios familiares» de España. Aunque hay más de un análisis psicológico del caudillo, los que he leído al menos, que son más panfletos que otra cosa. Mucho más esclarecedor es el libro publicado en 1942 Raza, firmado por un tal Jaime de Andrade, que resultó ser su pseudónimo. José Luis Sáenz de Heredia realizó una película con el mismo título, a todas luces autobiográfico: gira en torno a una familia de marinos gallegos, con tres varones y una hija —como los Franco— en bandos opuestos en la Guerra Civil, si bien al final el «republicano» se pasa al «nacional», para morir, no de un accidente aéreo como le ocurrió a Ramón Franco, sino víctima de un complot masónico. Dentro de lo caricaturesco del argumento, que incluye un retrato muy negativo de la burguesía acomodada, muy típico de la clase media funcionarial, resulta imposible no ver el simbolismo que encierra, con la «raza» (pueblo, nación) como una inmensa familia dividida por «errores políticos y traiciones». Es el testimonio más fiable que tenemos de cómo veía Franco la realidad española desde su intimidad.

Cuando se analiza la figura de Franco, lo primero que choca es la discrepancia entre él y su obra. Personalmente es todo lo contrario de esos grandes capitanes que hacen o deshacen Estados, crean dinastías y cambian el curso de la historia. Lo de generalísimo, caudillo, centinela de Occidente y otros títulos pomposos, igual que sus rutilantes uniformes, no llegaron a sentarle nunca bien. Su baja estatura, su figura regordeta, su papada, su voz atiplada, su oratoria ramplona llena de latiguillos, eran todo menos glamurosa. Cualquier jefe de centuria levantaba el brazo más marcialmente que él. Por otra parte, ni una sola de sus ideas era original. Solo el enorme respeto que inspiraba, mezclado con miedo, impedía encontrarle cómico, sobre todo cuando hablaba de Imperio o del destino en lo universal. Únicamente al final de su vida cuando los años y la enfermedad hicieron presa en él, logró inspirar una cierta afabilidad y simpatía, que ni siquiera entonces llegaron a ser paternales. Había siempre una barrera de hielo por medio, producto de su desconfianza hacia todo y todos.

Su obra, sin embargo, impresiona. Ganó la guerra, primero, dentro de su campo, con un par de golpes tan secos como certeros. Luego, frente a un enemigo que le aventajaba en territorio, población, potencia industrial y reservas de oro. Apenas alcanzada la victoria, con el país en ruinas, estalló la Guerra Mundial y los que le habían ayudado exigieron el pago de su deuda. Logró, sin embargo, no embarcarse con ellos. Finalizada la contienda con el triunfo del otro bando, sobrevivió el aislamiento, el acoso, las guerrillas, las presiones. Cómo fue sorteando todas esas dificultades, las de fuera y las de dentro, cómo se valió de las divisiones entre los vencedores para romper el aislamiento, cómo pactó con algunos de ellos, cómo hizo cambios sin cambiar su régimen, cómo capeó toda clase de conjuras, cómo sobrevivió a todos, vencedores y vencidos —Hitler, Mussolini, Roosevelt, Churchill, Truman, Stalin—, cómo consiguió un pequeño milagro económico, cómo todos sus planes se fueron cumpliendo a trancas y barrancas, cómo murió en la cama y cómo no solo el designado por él ocupó su puesto, sino el hijo de este sigue en él, es algo que se necesita mayor perspectiva histórica que la que tenemos para evaluar ecuánimemente, al faltarnos saber el éxito o fracaso definitivo del experimento. Pero hasta ahora se va cumpliendo lo que declaró al ABC de Sevilla, en 1938, cuando nadie pensaba en la restauración monárquica: «Si el momento de la restauración llegara, la monarquía tendría que ser muy distinta a la que cayó el 14 de abril de 1931».

Que la idea debía venir rondándole la cabeza lo demostró su respuesta, el 12 de enero de 1937, al requerimiento de don Juan de Borbón de enrolarse como teniente de navío en el crucero Baleares, listo a hacerse a la mar. Tras congratularse por el patriotismo que muestra el infante, Franco no le dio la autorización dado que «la singularidad de vuestra persona no permitiría que pudierais servir bajo el sencillo título de oficial […], sin contar con el lugar que ocupáis en el orden dinástico y las obligaciones que de él se derivan impónense a todos, y exigen de vuestra parte sacrificar anhelos tan patrióticos como nobles sentidos al propio interés de la Patria». Contaban sin duda otras consideraciones: un heredero de la Corona, aunque fuese solo como teniente de navío, complicaría más que facilitaría la unificación de fuerzas antirrepublicanas que Franco consideraba la máxima prioridad del momento. Recordarán que venía presionando a falangistas y requetés para que se fusionaran y, visto que no lo hacían, decidió unificarlos sin consultar a unos ni otros, aprovechando que se habían liado a tiros (16 de abril de 1937), con la consiguiente detención de Hedilla y de una veintena de «camisas viejas». El franquismo del frente comenzaba en retaguardia.

El franquismo

Como quedó dicho, en el Decreto de Unificación quedaron diseñados los 38 años de franquismo que siguieron. «El Nuevo Estado Español nace bajo el signo de la unidad», se decía en él, para remachar: «Esa unidad es incompatible con la lucha de partidos y de las organizaciones políticas». El régimen se definía como «totalitario», aunque se apuntaba la posibilidad de «instalar en la nación el régimen secular que forjó su unidad y su grandeza histórica», lo que de entrada descartaba la monarquía constitucional. Es más, fíjense que habla de «instalar» no de «restaurar» la monarquía, y eso solo ocurriría «cuando hayamos dado fin a esta urgente tarea de reconstrucción nacional». Como medio para ello, se proclamaba la «Revolución Nacional», a fin de «acometer la tarea de la paz». Algo que quedaba muy lejos, pues la guerra prácticamente acababa de empezar. Pero Franco no era un hombre con prisas. Se marcaba un objetivo lejano sin importarle cuánto tardaría en llegar a él. Lo importante era llegar.

¿Cómo lo consiguió? La primera y casi única explicación es: suerte. Suerte de tener a Hitler y Mussolini detrás durante la Guerra Civil. Suerte de no verse arrastrado a la Mundial. Suerte de que, inmediatamente tras esta, estallase la Guerra Fría. Suerte con el boom de la economía mundial que tiró de la española. Suerte de haber elegido a don Juan Carlos como sucesor. Pero la suerte, como todos sabemos, hay que ganársela. Otros tuvieron parecidas oportunidades, y el resultado fue muy distinto. La explicación puede estar en su forma de ser, en una extraña combinación de virtudes y carencias, que venían ayudándole desde el principio de su carrera. ¿Cuáles eran? Desde luego, ninguna de las «grandes virtudes» que Ortega atribuyó a los «grandes hombres», con Mirabeau como modelo. En Franco lo que parecía predominar eran las «pequeñas virtudes», la paciencia, la tenacidad, la laboriosidad, la parsimonia. Hasta su vida privada carece por completo de interés. Si por algo destaca es por el exceso de normalidad que hay en ella, tratándose de un personaje histórico como él. Franco no pareció tener otra pasión que el poder, y aun con este, mantuvo una prudente distancia. Lo ilustra bien lo que se cuenta que aconsejó a distintos personajes: «Haga lo que yo, no se meta en política». Y si no es verdad, merece serlo. Prefería que otros la hicieran por él, es decir, que se desgastaran en el ejercicio de la misma, para cambiarlos cuando ya no le servían, sin inmutarse. Ese puede haber sido su último secreto.

Era tranquilo entre gentes excitables; gris, entre ostentosos; callado, entre parlanchines; modesto, entre vanidosos; metódico, entre desordenados; discreto, entre imprudentes. Ello le daba una especial ventaja sobre el resto de sus compatriotas de un bando y de otro. Su único appeal era carecer absolutamente de él. Como de prisas. Lo de «disparar primero y apuntar después», que tanto se da entre nosotros, no le iba. Todo lo contrario; daba mil vueltas a los planes —como el unirse o no a la sublevación o a la Guerra Mundial— antes de aceptarlos. Eso sí, cuando lo hacía, no vacilaba lo mínimo hasta verlos realizados.

Incluso como militar se le acusa de ser un estratega demasiado conservador, solo atacaba cuando creía tener todas las bazas en la mano. Fue sin duda una de las causas de lo mucho que duró la guerra. ¿O quiso prolongarla a propósito, como insinúan algunos, para que no hubiese posibilidad de compromiso con la otra parte, al tiempo que se afianzaba en el poder en la suya? Es uno de los secretos más fascinantes que Franco se llevó a la tumba.

Parece más que posible que con una estrategia más osada hubiese podido acabar la guerra antes, aunque a costa de más destrucción, más bajas y más riesgos, militares y políticos. Porque si el alzamiento del 36 llega a triunfar en pocos días, como creían la mayoría de los sublevados, era muy difícil que no se hubiera convertido en un pronunciamiento más de los muchos que había vivido España, con el retorno al poder, tarde o temprano, de la clase política que hubiese quedado. Lo más que hubiera podido conseguir era otra dictadura a lo Primo de Rivera con el posible retorno de Alfonso XIII, y vuelta a empezar.

Pero eso no era lo que Franco buscaba. Él quería iniciar un capítulo inédito en la política española, arrancar prácticamente de cero y, para eso, cuando más durase la guerra mejor, para consolidarse en el poder y erradicar al contrario. «Este país necesita un largo periodo de calma» fue una de las primeras cosas que dijo al acabar la contienda. Y de expiación.

Así es como fundó un Estado a su imagen y semejanza. Para consolidarlo, usó toda la dureza que consideró necesaria, aunque la crueldad gratuita, típica de los dictadores como tendencia natural o método de amedrentamiento, le fue ajena por poco práctica. Claro que nunca le tembló la mano a la hora de firmar una sentencia de muerte.

Su secreto de mando consistía, primero, en tener pocas ideas, pero muy firmes. Luego, en saber irlas adaptando a la realidad cambiante sin hacerlas perder su sustancia. De ahí que pueda decirse de él que igual era un dogmático como un pragmático, sabía compaginar las penas más duras con el «no hay mal que por bien no venga» con una naturalidad pasmosa. No tenía amigos, ni pareció necesitarlos nunca. Supo, en cambio, elegir a los colaboradores adecuados según las necesidades de cada momento. Contra lo que generalmente se cree, sabía delegar poder, que es una de las claves para retenerlo. Pero siempre en parcelas, nunca el general ni el último, que se reservaba celosamente. En su sector, sin embargo, cada ministro gozaba de enorme autonomía, incluso para enmendar la plana a su antecesor en el cargo. Si uno de ellos quería lanzar un nuevo plan, mostrarse activo o pasivo en su terreno, podía hacerlo. «Si un exministro de Franco dice que no puede hacer esto o lo otro en lo que correspondía a su jurisdicción —nos dijo López Bravo siendo ministro de Asuntos Exteriores a los corresponsales españoles en la casa del entonces cónsul general de España en Nueva York, Adolfo Martín Gamero— miente. Es porque no quiere o no sabe hacerlo. Franco concede siempre la mayor latitud posible a sus colaboradores. Se lo puedo asegurar por haberlo vivido». Bien mirado, es la más refinada forma de poder: dejar que los otros lo usen por uno. Franco era un hombre enormemente ahorrativo, e incluso el poder lo usaba económicamente, tal vez por saber que se desgasta como un cuchillo.

Por último, tenía un fino instinto para conocer a la gente, para detectar tanto su potencial como sus debilidades. Una vez que alguien le había servido en lo que le interesaba, le dejaba caer sin la menor consideración. Lo que explica el resentimiento de bastantes de sus colaboradores. Pero traicionar no le traicionó nadie. Más bien él traicionó a todos, incluso un poco a sí mismo. Pero ese es, desde Maquiavelo, el supremo arte de la política. La venganza, en cambio, le era ajena, no por impúdica sino por impráctica.

Si los españoles fuéramos capaces de aprender, de Franco aprenderíamos lo siguiente: que el camino más corto para llegar a un punto no es siempre la línea recta. Que la política más brillante no es siempre la más efectiva. Que la fidelidad a los principios no excluye la flexibilidad de los métodos. Y que, sin embargo, el que se olvida de los principios corre el riesgo de que los principios se olviden de él. En los últimos tiempos se viene hablando mucho de la imaginación al poder. Franco, sin embargo, demostró que, a veces, la mayor imaginación es no tenerla, sobre todo en un país de imaginativos como el nuestro.

¿Totalitario o autoritario?

Como producto de una personalidad tan compleja, el franquismo es un armazón muy duro de conceptos muy variados —tradicional y vanguardista, dogmático y flexible, elitista y popular— que toma aspectos distintos a lo largo de sus diferentes épocas, como aquellos personajes de nuestra novela picaresca que adoptan en cada capítulo otro oficio, sin variar en el fondo su modo de ser. Es lo que le permitió sobrevivir las más diversas vicisitudes y lo que hace tan difícil su clasificación.

El último ejemplo de esta dificultad lo tenemos en la controversia surgida a propósito del Diccionario biográfico español publicado por la Real Academia Española de la Historia. La entrada dedicada a Franco, redactada por Luis Suárez, conocido medievalista, aparte de autor de la biografía más extensa (ocho gruesos tomos) del generalísimo, le define como líder de «un régimen autoritario, pero no totalitario». Con lo que la teníamos armada. La izquierda en pleno, con buena parte del centro, se alzó contra tal definición, que, según ella, perdonaba a Franco el carácter de «dictador», que a todas luces fue. Unas cuantas voces intentaron esclarecer que no era así, y la polémica ha continuado, en tono cada vez más agrio, hasta que la nueva directora de la RAH, Carmen Iglesias, ha decidido cortarla con una decisión entre salomónica y de Pilatos: se redactará una nueva entrada sobre Franco en el Diccionario que aparecerá en la versión digital del mismo a partir del próximo otoño. Para Carmen Iglesias, la cosa está clara: «Con lo de Franco, dice, creo que hubo un momento de crispación exagerada, pero que era una dictadura no hay ninguna duda, es una dictadura autoritaria, pero hay que distinguir siempre entre las dictaduras y los totalitarismos». Con lo que, si se fijan, da la razón a ambas partes, ya que atribuye al franquismo el carácter de dictadura autoritaria, no el de totalitario. Dejándonos como estábamos.

Como presiento que esta es una polémica que va a continuar —al pertenecer a lo que en la nota preliminar les advertía, que aún no estamos en condiciones de enjuiciar de forma ecuánime el franquismo—, voy a ponerles en antecedentes de este asunto, para que el lector interesado sepa a qué atenerse y saque sus propias conclusiones.

La diferencia entre regímenes autoritarios y totalitarios la estableció Juan Linz en 1954, y se desarrolló más tarde en An Authoritarian Regime: Spain, dentro de la obra conjunta Cleavages, Ideologies and Party Systems recopilada por E. Allard and Littunen, y publicada por The Westermark Society, en Helsinki, en 1964. En ella se niega a los totalitarios toda concesión a las divergencias con el dictador o el partido, mientras define los autoritarios como «sistemas de una pluralidad limitada, no responsable, sin ideología elaborada ni dominante (aunque con mentalidad distinguible), sin movilización política intensiva o extensiva (excepto en ciertos puntos de su desarrollo), y en los que un líder (o en ocasiones un pequeño grupo) ejerce el poder dentro de unos límites más definidos, pero relativamente predecibles». Parece estar definiendo el franquismo con sus distintas «familias», sobre todo a partir de 1960.

La idea sobre el Estado de Franco era la de un tronco con las mismas raíces y distintas ramas sostenida por su equilibrio interno. La vida nacional debe estar presidida por la estabilidad. Solo en el seno del Gobierno admite divergencias a favor de una rama u otra, según convenga, dadas las circunstancias, pero sometidas todas ellas a la autoridad indiscutible del jefe del Estado.

Es así como, al tiempo que creó un Gobierno, creó una oposición interna con las ramas relegadas en cada momento. Linz analizó las sutiles reglas de este juego y las variedades del mismo, diferenciando entre semioposición —aceptada—, oposición alegal —tolerada— y oposición ilegal —perseguida—. No voy a entrar aquí en detalles, pero sí hay que destacar que tanto la seudooposición intramuros como la oposición extramuros del régimen indican bastante más sofisticación que los totalitarismos clásicos, sin que tengan lo más mínimo que ver con la democracia. La pregunta, dirigida al parecer por Franco a propósito de Ruiz Giménez, que había sido ministro suyo, «¿Y quién ha nombrado a ese señor jefe de la oposición?», es reveladora, incluso si no es verdad. A la oposición la nombra, la crea y la destituye el propio régimen, y todo el que intente actuar fuera de él está condenado a la inoperancia. Por algo Stalin, que sabía bastante de estas cosas, ordenó a los comunistas españoles abrirse paso a través de los sindicatos oficiales.

Dos cosas más sobre la tesis de Linz. La profesora Jeane Kirkpatrick la recogió en un artículo en 1976, que llamó la atención al entonces candidato a la presidencia Ronald Reagan, quien la nombraría embajadora ante Naciones Unidas al llegar a la Casa Blanca. Conviene advertir que la profesora de Harvard va más lejos que el profesor de Yale, al sostener que todos los regímenes autoritarios están en vías de evolución democrática, mientras Linz lo deja solo en una posibilidad.

Por último y para finalizar este capítulo, la última polémica sobre el carácter del régimen de Franco podríamos habérnosla ahorrado si alguien se hubiera tomado la molestia de examinar una de sus primeras leyes, el Fuero del Trabajo. Se promulgó el 9 de marzo de 1938 y asume el punto XXVI de la Falange, que establece: «Nuestro Estado será un instrumento totalitario (el remarcado es mío) al servicio de la integridad patria». Que luego fuera flexibilizando sus estructuras obligado por la marcha de los acontecimientos internos y externos es otra cosa. No por nada se llamaba también «Movimiento Nacional». Movimiento, pero sin correr y siempre en orden.

Las familias del régimen

Antes de pasar a sus diferentes etapas tal vez convenga pasar lista a los «pilares» o «familias» de ese régimen, con las que Franco maniobró hasta su muerte y pudo ir salvando las tormentas que le llegaban de dentro y de fuera.

En primer lugar, el Ejército, «la espina dorsal del régimen» como se le conocía. No el Ejército español, sino el ejército de Franco, pues el republicano fue totalmente barrido. Y los más afortunados pudieron irse al exilio o a su casa. Se refería al Ejército vencedor de la Guerra Civil, Ejército que incluso engrosó al finalizar la contienda, con la incorporación de los «alféreces provisionales» al escalafón militar tras efectuar un curso de «capacitación». Era, por tanto, un Ejército cien por cien franquista, aunque Amando de Miguel, en su Sociología del Franquismo, apunta otra de las paradojas de este: Franco nunca quiso militarizar la sociedad, como tampoco quiso que los militares se incorporasen a la sociedad civil. Como si temiera la contaminación mutua.

Pero ese mantener aparte a los militares iba acompañado de un cuidado especial para ellos. «¿Qué opina el Ejército?» era una de las primeras preguntas que hacía ante los casos difíciles. Sus audiencias militares eran largas y meticulosas, en contraste con las civiles, protocolares y rutinarias. Quería saber qué se decía en los cuarteles, en los cuartos de banderas, en las residencias de oficiales, en los casinos militares. Quería, sobre todo, saber cuanto tuvieran que contarles los contadores de Intendencia sobre los asuntos económicos de unos y otros, en especial los de más alta graduación, a algunos de los cuales les tenía cogidos por ese flanco. Pocos como él han llegado a conocer más a fondo el Ejército español, sus reacciones, sus virtudes, sus flaquezas. Un Ejército con un enorme espíritu de clase, procedente en su mayoría de familiares y huérfanos de militares, a quienes se reservaba un cupo en las Academias, sin apenas vascos y catalanes, clase media preferentemente, pero clase media del interior, es decir, más funcionariado que burguesía propiamente dicha. Un Ejército, sin embargo, con la veta popular que le dio la Guerra de la Independencia, más otra liberal, proveniente del medio siglo de lucha contra los carlistas. Aunque este liberalismo se había ido agotando por las derrotas encajadas frente a enemigos que simbolizaban el espíritu moderno. No la mejor forma de abanderar el progresismo.

A ello se une haber sido llamado cada vez con más frecuencia a intervenir en los asuntos internos, dada la incapacidad de los políticos de resolverlos, lo que hacía crecer su desprecio hacia las autoridades civiles, al tiempo que convertía al Ejército español como «conciencia y salvador de la patria». Ello le compensa de sus derrotas en el exterior, pero con la grave consecuencia de que empieza a ver su misión más dentro que fuera del país, hasta terminar convencido de que su principal papel es defenderlo de los «enemigos internos». Recuerdo perfectamente, pues estas cosas no se olvidan, lo que oí a un ayudante del entonces ministro del Ejército, general Coloma Gallegos, tras visitar Estados Unidos, no en 1939, sino a principios de los años setenta: «El modelo americano no nos sirve. Eso de vivir en fuertes aislados no se adapta a las necesidades españolas. El Ejército español tiene que estar donde está hoy: en cuarteles de las ciudades, que es donde puede venir el peligro». La intentona de Tejero respondía a esa mentalidad: el Ejército está principalmente para salvar a España de sí misma. No era solo culpa suya. Se lo habíamos hecho creer los demás españoles.

Lo curioso, como queda apuntado, es que ese Ejército, atento a lo que ocurre en el interior, se mantuvo lo más lejos posible de la política durante el franquismo. Todavía en la primera etapa del régimen, Franco usa militares para ministerios civiles —Jordana, Martínez Anido, Muñoz Grandes—. Pero, poco a poco, va restringiéndoles a los ministerios de sus respectivas Armas, con algunas excepciones, un Vigón, un Alonso Vega, hasta devenir en lo que era en las postrimerías del régimen: un estamento aparte, con prestigio y privilegios, pero sin influencia directa en los asuntos de Estado, lo que quiere decir, conociendo al personaje, que Franco solo temía realmente a sus compañeros de armas. Choques directos no tuvo con ninguno, aunque el enfrentamiento entre los generales monárquicos, que querían el regreso de la monarquía, y los falangistas, que la consideraban gloriosamente fenecida, le trajo más de un dolor de cabeza. El enfrentamiento entre ellos llegó a su punto culminante cuando, en un acto castrense en honor de la Virgen de Begoña, estalló una bomba, al parecer contra el general Varela, el más monárquico de todos, que Franco aprovechó para fusilar al autor del atentado y distanciar aún más del poder a los generales que pudieran estar envueltos.

Digno también de subrayar es que Franco no promocionó a los más jóvenes, pese a haber tenido una de las carreras militares más meteóricas. Se dice que por su estricta obediencia al escalafón. Pero también pudo tener que ver con ello evitar «nasserismos». En el Ejército de Franco se premió más que nada el silencio y la lealtad, concretamente al jefe de Estado. Era, por tanto, un Ejército gris, sin figuras, una vez desaparecidos los protagonistas de la Guerra Civil, casi todos más viejos que Franco, y sin otro perfil ideológico que «el servicio a la Patria».

Una última curiosidad: Franco no se preocupó mucho de los haberes del Ejército ni de la modernización de su equipo. La instrucción que hacíamos en Milicias Universitarias era con mosquetones de la Primera Guerra Mundial. Las ametralladoras solo podían dispararse una vez porque se encasquillaban y las únicas prácticas de tiro en el minador Marte hubo que suspenderlas al segundo disparo del cañón de proa porque el cartucho volvía a salir sin estallar. Y nada parecía extrañar mucho a la oficialidad.

El prestigio del uniforme, sin embargo, era muy alto, sobre todo en los primeros años tras la contienda. Recuerdo que en la cola para conseguir entradas para ver la película de los domingos, el que un oficial se acercara directamente a la taquilla y comprara las suyas no levantaba la más mínima protesta entre los que llevaban un buen rato esperando. Tenían también sus economatos y otras facilidades de ocio y recreo que les separaban del resto. Es así como terminaron siendo un estamento aparte, con sus viviendas, hospitales, casinos, estrictamente repartidos según sus escalafones y Armas. No por casualidad se hablaba de la «gran familia castrense». Respetados, halagados, en parte temidos, pero cada vez más lejos de las nuevas corrientes que el propio régimen había ido creando, este Ejército cien por cien franquista se quedó sin función cuando el régimen se extinguió, ya que no les habían preparado para tal eventualidad.

Pero nos hemos ido demasiado lejos. Por bastantes años, la identificación España Nacional-Ejército fue total.

Si uno de los pilares del régimen fue el Ejército, el otro fue la Iglesia católica. Una Iglesia preconciliar, tridentina, integrista, que le prestó apoyo inmediato. No le costó mucho trabajo, dado cómo la había tratado la República y cómo la trató el nuevo régimen. Franco la convirtió en religión oficial, llamó a las órdenes expulsadas, le devolvió las propiedades confiscadas, restableció los haberes del clero. La generosidad fue mutua. El 1 de julio de 1937, la jerarquía eclesiástica española envió una carta a todos los obispos del mundo en la que bendecían el «plebiscito armado», así llamaban a la Guerra Civil, para defender «los principios religiosos contra las milicias revolucionarias dispuestas por el Komintern para ocupar el poder en España». Lo que hacía la contienda una guerra justa, y los sacerdotes muertos en ella, «mártires de la fe». La Guerra Civil se convertía en Cruzada y Franco empezaba a entrar en los templos bajo palio. Lo único que no obtuvo fue la condena de los sacerdotes vascos que se habían unido a la República, pero el Vaticano tampoco condenó que metiera en la cárcel a 278 de ellos, más 128 de órdenes religiosas, de los que fueron fusilados 16. Lo comido por lo servido.

Los favores que la Iglesia católica recibió a cambio del nuevo régimen fueron cuantiosos. Entre ellos, el más deseado: la enseñanza. No solo la religiosa en los planes de estudio, sino también la enseñanza general, que pudo empezar a ejercer en sus propios centros a una escala como nunca se había dado en el país en los tiempos modernos. Si para alcanzarlo era necesario empeorar la instrucción pública, se hacía, y se acabó.

Junto a ello, las carteras de Educación, Hacienda y Asuntos Exteriores, quedaron reservadas a hombres en torno al cardenal Herrera Oria, pertenecientes a la Asociación Católica de Propagandistas, a la Acción Católica y a la Editorial Católica. Artajo, Castiella, Ruiz Giménez fueron los más destacados, pero en modo alguno los únicos.

El Concilio Vaticano II sacudió, si no los cimientos, sí las paredes de la Iglesia católica. Casi puede decirse que a partir de entonces, la Iglesia dejó de ser tradicionalista. Hasta la Iglesia católica española, siempre reacia al cambio, lo acusó. Resulta significativo que el ministro que trajo la ley de Libertad Religiosa fuera un «hombre de la Santa Casa», Castiella. No sin oponentes dentro del régimen, pero los caminos del uno y la otra habían empezado a divergir, y se separaron nítidamente cuando, en 1972, los obispos españoles, ahora ya bajo el cardenal Tarancón, se excusaron pública y oficialmente de su endoso a la «Cruzada» treinta y cinco años antes. La resolución que pasaron —eso sí, por apretado margen: 123 votos contra 113— decía: «Reconocemos humildemente y pedimos perdón por haber fallado a su debido tiempo de ser los ministros de la reconciliación en medio de nuestro pueblo, dividido en una guerra entre hermanos». Siguió un pulso con el Vaticano sobre el nombramiento de obispos. El papa Pablo VI insistía en que el Gobierno español renunciara a tal privilegio. Franco se resistió con todas sus fuerzas sabiendo lo que podía significar. Ante lo que el Santo Padre le dio jaque por la espalda, empezando a nombrar obispos auxiliares, que eran los que de verdad llevaban las diócesis.

Pero por aquellos tiempos Franco ya se había buscado un repuesto: un catolicismo más moderno en la forma, aunque más integrista en el espíritu, dispuesto a colaborar con él, e incluso a encargarse de los asuntos de Estado: el Opus Dei.

En cualquier caso, el matrimonio franquismo-Iglesia fue largo, firme y beneficioso para ambos. Duró lo que a la Iglesia le convino. Al fin y al cabo, es eterna, mientras los regímenes políticos son temporales. Un día entendió que había que ir poniendo distancias con un franquismo que se acababa, y lo hizo. Lo malo para ella fue que había estado demasiado ligada a él y le costó trabajo encontrar su papel en la España posfranquista, como luego veremos. El fracaso de montar una democracia cristiana se debe a esto. Fue uno de los mayores errores de los politólogos que vaticinaban un mapa político español parecido al italiano, tras Franco. Linz, uno de los que lo habían predicho, me lo reconocía: «España e Italia se parecen menos de lo que a primera vista parece», confesó en un simposio celebrado en el Spanish Institute neoyorquino ya en plena Transición y tiene validez todavía hoy. La Iglesia española conservaba buena parte de su influencia, pero había perdido prestigio, sobre todo para lanzar una fuerza política, cuya base es la credibilidad. Que haya muerto Juan Pablo II y se haya retirado Benedicto XVI, ambos con excelentes relaciones con el Opus, junto a la aparición de un papa de corte populista, no hace más que alejar a la Iglesia católica española de la actividad política que solía llevar, aunque tal vez le venga bien para recuperar su papel de cura de almas y de cuerpos.

Franco le dijo a Antonio Garrigues, según nos ha contado este, que «la Falange es la claque del régimen». Posiblemente para él, que sentía, como militar y hombre de orden, una repulsa natural hacia los fascismos y, posiblemente, hacia todos los «ismos», aunque, fiel a su norma, nunca se pronunció sobre ellos. De ahí también que prefiriese hablar de Estado más que de nación al referirse a España, posiblemente por el binomio nación-revolución decimonónico que detestaba. Pero si quería que el nuevo régimen que intentaba implantar arraigara y fuese algo más que un paréntesis de orden entre dos épocas convulsas de la historia de España, como lo fue la dictadura de Primo de Rivera, tenía que darle un argumento político. Fue la Falange, con sus desfiles, marchas, tambores, banderas, manifestaciones y acampadas, la que proporcionó al franquismo algo bastante más importante que todo eso y no tenía: doctrina, contenido ideológico. Los dos pilares en que se apoyaban los sublevados, el Ejército y la Iglesia, eran dos fuerzas tradicionales, con fórmulas más que conocidas. La Falange le va a dar el vanguardismo que necesitaba, convirtiéndose en cierto modo en el alma política del régimen. La gran paradoja es que, bajo cuerda, tanto el Ejército como la Iglesia hicieron bastante más política que la Falange, que le prestó sus símbolos, sus emblemas, su retórica, su estilo, su pensamiento, su ideología. Ahora bien, qué ideas se tomaban de ella, qué ideas se rechazaban, cómo se interpretaban y aplicaban, eso lo decidía Franco. En ese sentido, la Falange era, en efecto, la claque. Pero también la que le proporcionaba el argumento.

La Falange como tal dejó de existir, incluso oficialmente, el 19 de abril de 1937, con el ya mencionado decreto de su unificación con los Tradicionalistas, del que devino el Movimiento, con Franco como Jefe Nacional. A partir de ahí, hay falangistas, pero no Falange propiamente dicha. Falange será lo que Franco diga. A los falangistas se les dejaba usar privadamente del régimen, siempre que se dejasen usar políticamente por él. Para ello, apoyó a los antiguos que le ofrecían lealtad incondicional, apartó el resto y promovió a los jóvenes que terminaron siendo más franquistas que falangistas, aunque los más sensibles sintiesen la necesidad de entonar de tanto en tanto una elegía a la perdida pureza de su doctrina y la división entre joseantonianos y franquistas no se borró jamás.

Para la tarea de absorber a la Falange en su régimen, Franco usó a su cuñado, Ramón Serrano Suñer, que había conocido a José Antonio pero que nunca había sido uno de sus colaboradores, al proceder de las juventudes políticas de la CEDA. Ya incorporado al régimen, convirtió el falangismo en la doctrina del nuevo Estado, un poco como san Pablo convirtió el cristianismo inicial en el que se extendió por el mundo. Hay que reconocer que realizó la transformación con brillantez, celeridad y eficacia. Pocas veces se ha visto metamorfosear tan a fondo y tan rápido una doctrina, dejando su apariencia externa y eliminando sus tendencias más radicales. Cosa tampoco tan difícil teniendo en cuenta los elementos tan diversos que había en aquel mejunje que habían creado la Falange Española y las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista.

Lo que son las cosas, junto al aire modernista, popular, junto a consignas rutilantes —«Por la patria, el pan y la justicia», «Ni un hogar sin lumbre ni un español sin pan»—, cada vez más importantes en un mundo donde la radio empezaba a enseñorearse de las ondas, la Falange se convirtió en la conciencia social del régimen, primero, retóricamente, luego salvando al franquismo de ser un simple régimen militar, una pura reacción integrista, una mera vuelta al pasado. Serrano decía que el ideario falangista «permitiría absorber a la España roja». Nunca lo consiguió e incluso es dudoso que Franco lo consintiese. Pero al menos la sustituyó a su manera, dando a la «España Nacional» la dimensión social que le faltaba.

Fue un papel importante, pero la Falange nunca tuvo el poder. Fue el poder quien tuvo a la Falange. Hubo falangistas en el Gobierno, sirviendo algunos de ellos largo tiempo y haciendo una labor meritoria en el sector bajo su mando y frenando en parte el extremado conservadurismo de otros miembros del gabinete. Pero nunca tuvieron el poder último. Quien más se acercó a él fue Serrano y ni siquiera era de los suyos.

Algún lector joven se preguntará qué era entonces la Falange. Payne dice que es «la versión española del fascismo que andaba entonces suelto por Europa». José Antonio, su fundador, rechazó, sin embargo, unirse a la internacional fascista y su encuentro con Mussolini fue todo menos un éxito. Los falangistas que quedaban, pocos pero convencidos, en vista de lo que habían devenido los fascismos, rechazaron tal caracterización y acentuaron sus rasgos socializantes, con la «revolución pendiente» como utopía más que otra cosa. Amando de Miguel, entre ambas posturas, le reconoce «un ímpetu igualitario y modernizante; sobre todo en el plano estetizante», además de «un vago anticlericalismo y hasta cierto progresismo»,

Entre ambos extremos —fascismo y revolución— se movía la Falange, sin encontrar su sitio, mientras sus facciones residuales aún discuten hoy sobre lo que José Antonio realmente pretendía.

José Antonio Primo de Rivera entró en la política pidiendo el voto «para defender la memoria de su padre» en el Parlamento. Se lo dieron, y debió encontrarle gusto porque se quedó allí haciendo la guerra por su cuenta, al frente de un insignificante partido anticapitalista, antimarxista y anticasitodo, por lo que rozaba la casi nada. Su exacta ubicación ideológica no es fácil. Tenía demasiado buen gusto para ser un fascista a secas, demasiados convencionalismos para ser un revolucionario, y demasiada literatura para ser un verdadero político. Es como, de mero figurante en vida, incapaz de influir lo más mínimo en la marcha de su país, se convirtió ya muerto en el gran «presente» llevado en andas por el nuevo régimen. En realidad, fue el gran «ausente», aunque sirvió de coartada tanto a Franco como a los falangistas.

En cuanto a su programa, resumido en 27 puntos, hay que decir que sus grandes reformas, la «nacionalización de la banca» (punto 14), la «nacionalización del crédito agrícola» (punto 18), la «redistribución de la tierra cultivable» (punto 19), y la «expropiación forzosa» (punto 21), no fueron llevadas a cabo por Franco, y lo que ni siquiera se le pasó por la cabeza fue la idea de José Antonio de que las plusvalías no debían ir al empresario (como sostiene el capitalismo) ni al Estado (como sostiene el comunismo), sino a los sindicatos, encargados de distribuirlas. Pero no menos cierto es que ideas como estas impregnaron el régimen de un sentido social que la derecha a secas no tenía, siendo a la postre lo más duradero de él. Su Seguridad Social cubre por primera vez la desesperada desnudez del obrero español ante el paro, la enfermedad y la vejez. Se le garantizan por la vía de sindicar sus derechos frente al empresario, empezando por la seguridad en el puesto de trabajo. Claro que, para ello, el obrero ha de renunciar a todo activismo político. Con lo que los sindicatos, llamados verticales, entran a formar parte del régimen, aunque más bien hubieran debido llamarse horizontales, por amansar las reivindicaciones obreras, en lugar de elevarlas.

En general, la Falange tuvo menos influencia de la que le atribuían sus enemigos, pero más de la que han clamado y lamentado los falangistas, empezando por los altos y bien remunerados cargos que ocuparon, pese a las deserciones que se fueron acumulando a lo largo de los años. Su última paradoja fue que, ya en los estertores del régimen, el hombre clave de la reinstauración monárquica no fue un militar ni un obispo, sino un falangista, Torcuato Fernández Miranda, preceptor del príncipe, que diseñó, «de la ley a la ley», el cambio de régimen, y quien dispuso, de acuerdo con el rey, el nombramiento del ministro secretario general del Movimiento, Adolfo Suárez, como presidente del Gobierno que va a hacer la Transición.

No sabría decir si fue venganza, justicia poética o el último favor de la Falange al país, pero desde luego, no el más pequeño.

Es un hecho incuestionable que la clase pudiente española estuvo en cuerpo y alma con el alzamiento desde el primer momento, hasta el punto de que Juan March fletó el avión que trasladó a Franco desde Canarias a Marruecos, para dar el pistoletazo de salida a la sublevación. Pero, repito, fue la clase entera. Los terratenientes querían recuperar sus tierras, los banqueros temían la nacionalización de la banca, la alta burguesía veía en peligro sus privilegios, la incipiente clase media sufría las vejaciones de una revolución proletaria, en la cual el simple hecho de llevar corbata era motivo de escarnio.

El apoyo de todos ellos al nuevo régimen fue inmediato, decidido, entusiasta. Puede incluso hablarse de simbiosis franquismo-gran capital, aunque con una importante salvedad: tampoco este estamento controló al régimen. Vivió de él, creció con él, se enriqueció aún más con él. Pero no dictó sus directrices. Las directrices las dictó el Gobierno y, en último termino, Franco. En el Gobierno, los hombres que llevaban los asuntos económicos, financieros y comerciales serían técnicos con estrechas relaciones con ese mundo —Demetrio Carceller, Manuel Arburúa—, pero cuya lealtad prioritaria era a Franco. Incluso practicaban un intervencionismo no agradable al capitalismo. Claro que el intervencionismo del régimen, como todo él, fue sui géneris, de manga muy ancha, donde todo capital se siente a gusto. Puede incluso hablarse de una connivencia: se dejó al gran capital manos libres en su terreno: apenas pagaba impuestos, nadie le pedía cuentas en sus transacciones, ni se extremaban los niveles de calidad. Pero todo había de quedar confinado a su parcela. Nada de organizarse en grupo o de buscar capacidad decisoria. Es por lo que Juan Linz y Amando de Miguel (Los empresarios ante el poder político) les han llamado «los privilegiados impotentes», una definición que podría aplicarse a todos los demás estamentos del régimen, desde el falangista al propio Ejército. El poder durante el franquismo solo lo detentó el propio Franco.

Como compensación a las facilidades para aumentar sus ganancias, el gran capital tuvo que aceptar, tal vez como penitencia, la retórica anticapitalista del régimen, tan alta, tan machacona, tan demagógica, que modeló varias generaciones crecidas bajo él. Lo peor fue su ramplona indiscriminación, meter en el mismo saco «la explotación del trabajador» y «la democracia liberal», la «amenaza comunista» y «la conspiración judeomasónica», «la dictadura atea» y «el Estado caduco». Algo que ha quedado grabado en buena parte del pueblo español tras desaparecer el régimen, empujándole hacia un «tercermundismo utópico» (Amando de Miguel, Sociología del Franquismo), y por tanto irreal. La izquierda-izquierda española de hoy se quedaría de piedra si supiera que sus alegatos contra el capitalismo, Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, se quedan cortos comparados con artículos y discursos de José Antonio Girón, Raimundo Fernández Cuesta, Blas Piñar y un tal Ginés de Buitrago, que todavía en 1956 clamaba contra el «capitalismo puro, aún más inaceptable que el comunismo». Ginés de Buitrago era el seudónimo periodístico de Carrero Blanco.

Iría incluso más lejos: buena parte de la retórica del Partido Podemos que hoy parece tan nueva, encaja perfectamente con aquella retórica tan vieja. Y es que en España resulta siempre difícil diferenciar lo nuevo de lo viejo. Es lo que tanto sorprende y encanta a los extranjeros.

Un último apunte sobre este pilar del régimen franquista: el gran capital se sintió cómodo en él, su «impotencia política» quedó de sobra compensada por los pingües beneficios. Fue así cómo un régimen que clamaba contra el capitalismo y el Estado burgués creó el primer capitalismo moderno y la primera burguesía de ancha base en el país. De todas las contradicciones del franquismo, esta fue la más fértil. Pues no hizo la revolución falangista ni, desde luego, la proletaria. Pero puso los cimientos de la burguesa. Incluso con los pecados de esta. Un estudioso norteamericano llama al régimen de Franco «una dictadura suavizada por la corrupción».

Si hubiera que clasificar políticamente a Franco, empresa nada fácil, me atrevería a decir que «era más bien monárquico». No visceral, sino práctico: veía en la continuidad de la institución una garantía contra los vaivenes españoles y recordaba que iba unida a los días de gloria del país (sin caer en que en ellos germinaron sus desgracias). De ahí su interés en restaurarla en España. Pero no en la persona de Alfonso XIII. Pese a haber hecho una fulgurante carrera militar en su reinado y haberle tenido como padrino de su boda, Franco perdió toda su confianza en él, y puede que el respeto, cuando le vio abandonar el país tras unas poco felices elecciones municipales. Para Franco, la capacidad de resistir ante la adversidad era la principal cualidad del mando (de ahí que sometiera a don Juan Carlos a todas las pruebas de resistencia). La monarquía, de reinstaurarse, tendría que ser con otro titular y de nueva planta: popular antes que aristocrática y con alguien capaz de aguantar todos los envites.

Eso sí, cuidó la amistad —ese distante concepto de la amistad que él tenía— de los monárquicos y los introdujo en sus primeros gabinetes —Pedro Sainz Rodríguez, Juan Vigón, conde de Vallellano— o les dio importantes cargos —marqués de Valdeiglesias—, pero cuando se dieron cuenta de que Franco no tenía de momento la intención de restaurar la monarquía, se dividieron en dos grupos: los absorbibles por el régimen —a quienes llena de cargos, José Félix de Lequerica, Antonio Goicochea— y los que entran en la órbita de don Juan en Estoril, para formar un grupo cada vez más definido, sobre todo después de que el conde de Barcelona se ofrece (Manifiestos de Lausana 1943-1945) como alternativa democrática.

La correspondencia entre Franco y don Juan es reveladora no solo para conocer a ambos personajes, sino también sus concepciones políticas. Don Juan urge la restauración en su persona, ante el caos que prevé en España tras el colapso del régimen franquista provocado por la victoria aliada. Franco le contesta que la monarquía ha perdido todos sus derechos en España con la renuncia de su padre, que el alzamiento fue contra la República, pero no a favor de la monarquía y que los monárquicos en la «Cruzada»constituyeron una «exigua minoría». Su título como caudillo era tan legítimo como indiscutible. Pocas veces Franco fue tan poco diplomático. Todo es meridiano en esas cartas y especialmente dos cosas: que no restauraría la monarquía anterior y que empezaba a perder la confianza en don Juan como posible rey.

Así es cómo los monárquicos forman la primera oposición dentro del régimen. No para derribarlo, sino para sustituirlo tras el desplome de los fascismos europeos. La ofensiva le llegó a Franco por doble frente: el civil —con una carta de personalidades influyentes (el duque de Alba, Alfonso García Valdecasas)— y el militar, cuando ocho generales, al tiempo que le expresan su lealtad, le preguntaban, «como compañeros de armas y respetuosos subordinados», «si no estima como nosotros llegado el momento de dotar a España de un régimen que refuerce el actual con aportaciones unitarias, tradicionales y prestigiosas, inherentes a la forma monárquica». Fue uno de los momentos más peligrosos para Franco. Lo superó con sus armas clásicas: resistir el asedio y jugar la baza contraria a la del enemigo. En este caso, la Falange. Franco puso a sus hombres en puestos clave y revalorizó su doctrina social. Fue entonces cuando el régimen adquirió su compromiso definitivo con la transformación social española. Visto que en el Ejército se acusaban deserciones y sabiendo que la Iglesia se alía siempre con el vencedor, Franco tenía que dar a su régimen una base popular para afianzarlo. Algo que solo podía conseguir aliviando la suerte de la clase media y trabajadora. Los frutos tardarían en llegar, pero las bases legislativas se pusieron entonces. Como el peculiar izquierdismo y antimonarquismo del régimen, que nunca llegó a republicanismo.

Lo que no le impidió convertirlo en reino en 1947, en otra de sus principales cabriolas. Las tensiones con don Juan continuaban, pero a aquellas alturas, Franco ya había sobrepasado el dificilísimo momento de la terminación de la contienda, y empezaba a poner en práctica su propio esquema. La llegada del infante don Juan Carlos para educarse en España abrió un nuevo periodo en las relaciones con los monárquicos, cuya actividad, tolerada en parte, vigilada siempre, se repartía entre Madrid y Estoril. Pero la historia del largo noviazgo del régimen con la monarquía, historia picante como podía esperarse de una vieja dama y de un varón astuto, va a durar todavía décadas y, al final, ni siquiera supimos quién se llevó a la cama a quién.

El progresismo franquista

Con estos mimbres construyó Franco la cesta de su régimen. La primera de las que luego se llamarían leyes fundamentales fue el Fuero del Trabajo, dictado ya durante la guerra —3 de marzo de 1938— bastante antes de que el nuevo Estado se organizase. No fue casualidad. Una de las características del Estado franquista fue que lo social iría por delante de lo económico, y lo económico por delante de lo político. Lo político era realmente lo que le costaba por lo que todos los esfuerzos para lograr una representatividad y unas libertades tipo occidental se quedarían en meros sucedáneos. El franquismo no hizo ninguna revolución política. Ni la hizo, ni la quiso hacer. Para ella hubo que esperar al posfranquismo.

Lo social, en cambio, aparece ya en sus mismos comienzos. El Fuero del Trabajo se presentó como una especie de Carta Magna de los trabajadores españoles. De entrada, se quedó en gesto grandilocuente, muy del estilo falangista. Aun así, junto a los postulados huecos, encontramos auténticas perlas, como el punto 6 del artículo segundo, donde se establecía que el Estado «garantizará la seguridad y continuidad del trabajo». De ahí saldría el artículo 99 de la ley de Contratos de Trabajo, que al garantizar el derecho al empleo, rechazaba el despido libre. Una conquista del trabajador español, que venía a compensar su falta de derecho a la huelga y que, desde entonces, no ha hecho más que retroceder por más democracia que haya llegado al país.

El Fuero del Trabajo tenía valor sobre todo como fuente de una compacta legislación laboral posterior, que incluía las más importantes reivindicaciones obreras: salario mínimo interprofesional, vacaciones pagadas —con residencias donde pasarlas—, regulación de la jornada laboral, creación de puestos de trabajo a cargo del Estado, establecimiento de la Magistratura del Trabajo, seguridad personal y familiar del trabajador. Todo esto ayudó a sobrepasar una de las etapas más reaccionarias que ha conocido el país, junto a uno de los peores baches económicos. Los jalones de esta legislación fueron:

• Ley de Subsidios Familiares del 18 de julio de 1938.

• Ley de Seguro de Vejez del 1 de septiembre de 1939, que el 10 de febrero de 1943 se extendió a los trabajadores del campo.

• Ley Reguladora de la Seguridad en los puestos de trabajo del 31 de enero de 1940.

• Ley del Descanso Dominical del 13 de julio de 1940.

• Ley Orgánica del 18 de octubre de 1940, creando el Instituto Social de la Marina, para prestar a los trabajadores del mar dentro y fuera de España.

• Ley de Regulaciones Laborales del 16 de octubre de 1942, afectando a 156 ramos de la producción.

• Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad del 14 de diciembre de 1942, la de utilidad más inmediata y beneficiosa, que se completó con la construcción de una red de instalaciones sanitarias en todo el país, y aunque su crecimiento fue anárquico, acabó con una de las grandes pesadillas de la clase obrera.

• Decreto del 31 de marzo de 1944, que abrió la puerta a los contratos colectivos.

• Ley Orgánica del 17 de octubre de 1944 por la que se creó la Magistratura del Trabajo, tribunales especializados en contenciosos laborales, por lo general parciales hacia el trabajador.

• Orden Ministerial del 24 de octubre de 1946 que creó las mutualidades y Montepíos Laborales, que completaban las prestaciones del Instituto Nacional de Previsión —creado en 1908, pero reducido al Retiro, la Maternidad y los Accidentes Laborales, sin cubrir la enfermedad corriente— en campos como invalidez, viudedad, orfandad, defunción, matrimonio, natalidad, larga enfermedad e insuficiente pensión de jubilación.

• Decreto del 18 de agosto de 1947 creando los Jurados de Empresa, con participación de los empleados.

No incluimos en esta lista la ley Sindical del 6 de noviembre de 1940 porque, sencillamente, no pertenece a ella, como los sindicatos verticales no son auténticos sindicatos. Tras sus halagos a los trabajadores y a su importancia en el nuevo Estado, la finalidad de la misma era más política que laboral. El derecho a sindicarse, la más vieja de las reivindicaciones obreras, se convierte en deber. La huelga ni siquiera se menciona. El salario es el que venga marcado desde arriba. Más que de sindicación, habría que hablar de encuadramiento. Trae ventajas a los encuadrados, como la negociación colectiva y el uso de las instalaciones de Educación y Descanso. Pero el objetivo principal de estos particulares sindicatos no era defender a los trabajadores. Era defender al Estado franquista de los trabajadores.

Toda en esta lista puede parecer hoy normal, sobreentendido, timorato incluso. Pero entonces no lo era. Ni mucho menos. No hay que olvidar el momento: en plena posguerra, con capitalistas, empresarios y terratenientes exigiendo los dividendos de su apoyo al alzamiento militar. Hablar en tales circunstancias de derechos de los trabajadores —que en su mayoría habían militado en el otro bando— sonaba escandaloso, si no ilógico a más de uno. Sin embargo, se habló, se legisló, se metió en el equipaje del nuevo Estado. Fue lo que le salvó de quedarse en pura contrarrevolución, en dura vuelta al ayer. Lo que suavizó también su áspera realidad en otros campos, como el político, que lo fue. Y mucho.

La represión

La guerra no había terminado para Franco el 1 de abril de 1939. Había terminado solo la campaña militar, con la derrota del «Ejército rojo». Quedaba otra batalla tanto o más importante: erradicar las ideas que la República representaba: el liberalismo, el agnosticismo, la democracia parlamentaria y las rivalidades partidistas, que habían llevado España a la ruina, a la confrontación, a la pérdida de sus posesiones y, a la postre, de su ser. Era necesario limpiar España de todo, sin dejar el menor rastro. Comienza así el periodo más negro, más despiadado, más cruel del régimen, porque la violencia de la guerra tiene todavía la explicación de que se hace en caliente, cuando ni siquiera tienes tiempo para pensar, pues si tú no matas al enemigo, el enemigo te mata a ti. Pero la violencia cuando han cesado los disparos, cuando el enemigo se ha rendido, la violencia en frío, calculada ante el vencido es mil veces más atroz. Comienzan las «depuraciones», auténticas purgas de todo sospechoso de contaminación no ya comunista sino simplemente liberal. Bastaba que se hubiera tenido un cargo público en la República para ser juzgado automáticamente. Incluso la mera denuncia de haber votado a un partido de izquierdas o de tener amigos de esas ideas bastaba para encontrarse en dificultades. Los que escapaban con un traslado podían darse por contentos. Pero muchos perdieron su destino, con todo lo que ello significaba para el mantenimiento de la familia. El profesor de filosofía del instituto donde estudié perdió así la cátedra, sin dársele ocasión de defenderse y tuvo que pasarse casi diez años dando clases particulares para poder alimentar a los suyos hasta que, finalmente, se vio su caso, descubriéndose que se trataba de una denuncia anónima sin fundamento. Pues hubo bastantes que aprovecharon la oportunidad para saldar cuentas particulares. Fue una «limpieza ideológica» que nada tuvo que envidiar a las étnicas que abundaron en el siglo pasado y siguen dándose en este. Juan Pablo Fusi la resume en una frase lapidaria: «Franco, que no era hombre temperamentalmente violento, ejecutó la represión de forma serena e implacable, como si se tratara del cumplimiento de un deber». Hugh Thomas va más lejos, al asegurar que «superó en crueldad a la ejercida contra comuneros y afrancesados».

Todo esto agravado por el hecho de que no fue cosa de semanas o meses, sino que se prolongó durante años. El 27 de septiembre de 1940 moría en la prisión de Carmona Julián Besteiro, que en vez de irse al exilio como tantos otros dirigentes republicanos, prefirió quedarse en Madrid para negociar la rendición y acabar con el derramamiento de sangre. El 15 de octubre de aquel año, era fusilado Lluís Companys, expresidente de la Generalitat catalana, huido a Francia y entregado por los alemanes. El 28 de marzo de 1942, moría en la cárcel de Alicante el poeta Miguel Hernández. Y muchos más, la inmensa mayoría anónimos. Los historiadores más benignos con el franquismo estiman en 23 000 los ejecutados en esta represión posbélica. Los más hostiles doblan esa cifra. Pero aunque solo fueran 23 000 es una barbaridad. Sin que valga decir que, de haber ganado la otra parte, hubiera hecho lo mismo.

¿Cómo compaginaba Franco su religiosidad, su patriotismo, su sentido social con la tremenda represión que había desencadenado? Para explicarlo, tenemos que acudir a su compleja personalidad, en la que convivían un amor intenso, filial, absorbente a España con un desprecio desdeñoso a la españoles, a los que consideraba, según nos contó su primo y secretario Franco Salgado, «anárquicos, indisciplinados, incapaces de reconocer los méritos o el talento de otro, tendentes a hacer cada uno lo que le da la gana, sin importarles el cumplimiento de la legislación vigente». Nada de extraño que no nos juzgase aptos para la democracia ni dignos de gozar de la libertad que concede, sino meros irresponsables a los que hay que enderezar. Apoyándose en la frase de un discurso suyo de 1940, desenterrada por Stanley G. Payne —«No es un capricho el sufrimiento de una nación en un punto de su historia, es el castigo espiritual, el castigo que Dios impone a una nación torcida, a una historia no limpia»—, José Javier Esparza sostiene que la extraordinaria dureza de la posguerra debe tomarse como la penitencia impuesta a un pueblo que se ha apartado de su camino. Franco no ve su represión como un acto de crueldad sino como la expiación de los pecados españoles cometidos durante más de un siglo de nefasto liberalismo y algaradas revolucionarias. Como los padres severos, cree incluso que está haciendo un favor al hijo descarriado al aplicarle un duro castigo.

El estraperlo

Esta desolación política se vio acentuada por la desolación económica. España había quedado literalmente arrasada por los tres años de guerra. Ciudades, carreteras, vías férreas, comunicaciones, fábricas, parque móvil, equipos de todas clases se hallaban gravemente dañados. Una sequía atroz y unos inviernos durísimos acentuaron la crisis. Fueron los años del hambre, del frío, del estraperlo, de las cartillas de racionamiento, de las colas, del Auxilio Social, del piojo verde, de los retrasos interminables de los trenes y de los gasógenos en los automóviles. Un dato lo dice todo: el crecimiento económico entre 1941 y 1945 fue negativo. De 1945 a 1959, muy pequeño. Solo en 1951, España recupera el nivel de 1930.

Una de las peores medidas tomadas en aquel periodo fue la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, el 10 de marzo de 1939, a la que siguió, el 30 de agosto de 1940, la Fiscalía de Tasas como organismo supervisor. El 14 de marzo surge la primera cartilla de racionamiento, que presidirá trece años de miseria española. El intervencionismo monopolista del Estado elimina el incentivo de la producción, a la vez que abre las puertas a la transacción ilegal. Surge el estraperlo, otro de los protagonistas de la década. El Gobierno reacciona muy digno, muy fiero, amenazando incluso con la pena de muerte a quienes practiquen el mercado negro. Pero ya en el primer escándalo —el de los Almacenes Jorba, de Barcelona— aparecen implicadas personalidades del régimen y este comete una de las peores cobardías: echarle tierra encima. Pero no consigue enterrarlo. Al revés, le da alas. El estraperlo crece, engorda, se institucionaliza y abarca desde las mujeres que venden barras de pan en las esquinas, ocultas bajo los delantales, hasta los personajes que vender licencias de importación. Tras la ancha, dura, inmisericorde represión de los vencidos, este fue el capítulo más negro del régimen en sus 38 años de vida.

Nace la figura caricaturesca, aunque bien poca gracia tenía, del estraperlista, y un régimen que condenaba el capitalismo lo permitía con cien años de retraso en su forma más salvaje, con creación de todo tipo de fábricas, que muchas veces no pasaban de talleres, nuevas gestoras de trámite oficial y nuevas fortunas, que traían la burguesía del franquismo, que si dejamos aparte su retórica, no se diferenciaba mucho de las otras burguesías, excepto en el mal gusto. Es verdad que parte de ella seguía rechazando la democracia liberal, lo que la separaba de las restantes burguesías continentales. Pero incluía también a muchos que, conforme pasaban los años, buscaban la homologación con las formas europeas. Y, desde luego, sus hijos la defendían casi todos, si no habían ido más lejos, haciéndose marxistas por pura reacción, que tal vez tuviera más de freudiana que de política.

Lo más grave, sin embargo, fue que aquella corrupción no se quedó restringida al primer periodo, sino que poco menos que se institucionalizó, restando al régimen autoridad moral y dejándole en autoridad a secas. Las consecuencias van mucho más lejos de lo que a primera vista parece. Desde entonces, el incumplimiento del deber, la defraudación, el quedarse con dineros públicos, no se considera delito ni siquiera inmoral en España, dado el pésimo ejemplo que dieron sus más altos servidores teóricos. Como estamos viendo, quedan abundantes muestras de ello.

Tal vez el origen de todos los capitalismos sea así, no en vano, en los países donde nació se le conoce como el periodo de los «barones ladrones». Tal vez no haya otra forma de acumular la riqueza suficiente para crear grandes empresas e industrias competitivas que ese capitalismo salvaje. Aunque bastantes de los estraperlistas de aquella etapa del franquismo ni siquiera llegaron a eso: se limitaron a vender su influencia sin crear otro tipo de riqueza que la personal. Eran meros especuladores, con el beneplácito público.

Hendaya

En el intermedio, quedan un par de episodios que tal vez convenga recordar. El primero, los equilibrios que hizo Franco durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando las tropas alemanas se desparraman por Europa en una marcha triunfal haciendo reembarcar a las inglesas con graves pérdidas en Dunkerke, hace ademán de subirse al carro, ocupa Tánger y cambia su condición de país neutral en «no beligerante», es decir, a medio camino entre la paz y la guerra. Es cuando tiene lugar su famoso encuentro con Hitler en Hendaya. Han corrido ríos de tinta sobre él. Se ha presentado como un milagro de astucia del caudillo que consiguió engañar al Führer. Tengo abundante material sobre el encuentro, de fuentes alemanas sobre todo, y puedo asegurarles que en Hendaya se firmaron documentos para llevar a cabo la Operación Félix, la toma de Gibraltar. Correría a cargo de tropas alemanas —como un día las napoleónicas para tomar Portugal—, que atravesarían la Península para proceder al asalto del Peñón, auxiliadas por las españolas, pero sin interpretar un mayor papel, dado lo anticuado de su material. Franco exigió a cambio que Alemania le garantizase los suministros de trigo y petróleo que estaba recibiendo de Canadá y Estados Unidos, así como material moderno para su Ejército. Quería también quedarse con buena parte del Marruecos francés y ampliar sus posesiones en el Golfo de Guinea. Mientras, Alemania pedía una base militar en Canarias, para defender el archipiélago en caso de que los ingleses contraatacaran allí por la pérdida de Gibraltar. Pero cuando el almirante Canaris, jefe de los servicios de inteligencia alemanes, vino a Madrid para concretar los detalles del plan, volvió a Berlín desaconsejándolo. Hay quien lo atribuye a que resultaba demasiado arriesgado hacer cruzar a todo un cuerpo de ejército un país donde casi nada funcionaba. Hay quien dice que fue el propio Canaris quien aconsejó a Franco que se mantuviese firme en sus exigencias, que Hitler no podía cumplir sin enfrentarse a la Francia de Pétain, ahora su aliada. Aparte de que, a aquellas alturas, el Führer estaba ya fascinado con otra aventura bélica que creía más fácil y provechosa: la Operación Barbarrosa, el ataque a la Unión Soviética. Lo que realmente ocurrió solo Canaris podría aclarárnoslo, pero fue condenado a muerte en 1944, por haber participado en el atentado contra Hitler. Los otros protagonistas, Serrano Suñer especialmente, solo han dado versiones demasiado amables para ellos. Franco lo compensó enviando al frente ruso a la División Azul, a luchar contra el comunismo, compuesta de voluntarios y semivoluntarios, pues bastantes personalidades del régimen que no habían podido servir en la Guerra Civil por razones de edad o encontrarse en el campo republicano, pudieron compensarlo alistándose en aquella campaña, que el propio régimen liquidó cuando el curso de la guerra dio la vuelta.

Un reino sin rey

El final de la Segunda Guerra Mundial marcó el punto más bajo del régimen y son muchos, dentro y fuera, los que preveían su caída. La ONU adoptó una resolución pidiendo la retirada de los embajadores y por los Pirineos entraron exiliados españoles que, habiendo liberado París con las tropas aliadas, creían llegada la hora de liberar Madrid. Franco tuvo que movilizar de nuevo tropas para detenerlos. Mientras tanto, la ofensiva diplomática la combatió con las viejas armas españolas de cerrar filas y apelar al espíritu numantino, mostrado en las grandes manifestaciones de «adhesión al régimen», en pancartas donde lucía el más castizo inge- nio español —«¡Si ellos tienen ONU, nosotros tenemos DOS!», «ONU: Ochenta Necios Unidos»— y en los discursos vibrantes. De Argentina llegó una ayuda vital que nos permitió comer pan, aunque se mezclase con salvado, lo que, visto con la perspectiva de hoy, debió ser beneficioso para nuestra salud, como pan integral, que volvemos a comer.

En cualquier caso, la hora de los fascismos había pasado y Franco inicia una nueva travesía de su régimen. Dos meses después de haberse suicidado Hitler, se promulga el Fuero de los Españoles (17 de julio de 1945) cuyo preámbulo proclama «el respeto a la dignidad, integridad y libertad de la persona humana». Es al menos una música distinta a la de las anteriores leyes fundamentales del régimen. Pero la letra sigue siendo la misma. Ya en la primera línea del primer Título se establece «el deber de servicio a la Patria», al frente de los cuales está «la unidad espiritual y social de España», a la que deben subordinarse los derechos de reunión, expresión, asociación, religión y representación que se establecen. Lo que significa que el Estado sigue siendo una entidad superior a sus ciudadanos, no la comunidad de estos voluntariamente organizada para autogobernarse.

No llegaba, naturalmente, ni como hoja de parra para cubrir las vergüenzas democráticas del régimen. Como la denuncia internacional arreciaba, el 22 de octubre del mismo año se promulgó la ley del Referéndum Nacional, sucedáneo de las elecciones. En lugar de eso, «el jefe de Estado podrá convocar una consulta directa a la nación, en caso de que lo juzgase necesario por la trascendencia de las leyes o la incertidumbre de la opinión (pública)».

Era la primera vez que el franquismo admitía que debía consultarse algo a los españoles. De forma extraordinaria, desde luego, como salida de escape a un Gobierno en apuros. En regímenes democráticos, suele salir mal, pues a la gente no se la engaña tan fácilmente como creen sus gobernantes.

El próximo paso que da Franco es uno de los más audaces de su mandato: la ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (26 de julio de 1947), por la que se declara a España un reino, refrendada en referéndum a la búlgara. Un reino sin rey. El rey vendría cuando Franco lo desease, tras su muerte o incapacidad. Aparte de una serie de requisitos, lo que convertía a Franco en un king-maker, en un hacedor de reyes. Con esta ley, más la llegada a España del príncipe Juan Carlos para continuar sus estudios aquí, Franco desmontó la ofensiva de don Juan contra su régimen, si bien quedaba establecido que su sucesor sería un rey. Quién sería ese rey quedaba en el aire, y va a ser uno de los grandes temas de la política española durante las dos próximas décadas. De entrada, se le condicionaba a aceptar los Principios del Movimiento Nacional, declarados «permanentes e inalterables», primera medida para dejarlo todo «atado y bien atado».

Aunque la mayor ayuda va a venir al régimen del exterior. Con un telón de acero cortando media Europa, un partido comunista mayoritario en Italia, potente en Francia y una guerra fría que puede convertirse en caliente al menor error de cálculo de una u otra parte, en Berlín por ejemplo, lo que menos quería Occidente era una España convulsa y, poco a poco, vuelven los embajadores, hasta que Franco consigue no voy a decir honorabilidad, pero sí cierto decoro, cuando firma, en 1953, los Acuerdos de Amistad y Cooperación con Estados Unidos (que podrían llamarse sencillamente de Alquiler de Bases Militares) y renueva el Concordato con el Vaticano. Llegan, por otra parte, los primeros turistas y las primeras inversiones. Mientras los primeros obreros españoles salen al extranjero. El problema estaba en que el sistema económico, basado en la autarquía o producción propia de todo lo necesario, que pudo tener sentido en la España aislada de la posguerra, no encajaba en la economía de mercado que regía fuera, sobre todo en la Europa que se reconstruía a la carrera. Son años de «transición» (dentro del régimen, desde luego), en el que conviven ambos sistemas, sin que se aprecie mucho avance.

El desarrollo

El punto de inflexión de la economía española de la posguerra fue llevado a cabo por la última familia del régimen, los tecnócratas del Opus Dei entre 1957 y 1959, a partir del cual empezó a crecer a velocidades hasta entonces desconocidas. En la primera fecha, se fijó un cambio mucho más realista peseta-dólar, se liberalizó el 50 % de las importaciones y se favorecieron las inversiones extranjeras. En la segunda, se lanzó un Plan de Estabilización y Desarrollo, que sería complementado por otros, mucho más acordes con las normas vigentes en el mundo occidental. Los efectos fueron inmediatos: en 1960, la balanza de pagos se cerró con un superávit de 400 millones de dólares, iniciándose un periodo de rápida expansión que pondría a España a la cabeza de los índices de crecimiento anual —un 7,9 %— entre los países industrializados, tras Japón, mientras las reservas de divisas, que en 1960 eran de 589,6 millones de dólares, se convirtieron en 1 791 millones en 1970.

Les doy algunas cifras de la transformación material que experimentó España en este periodo:

Una sola cifra resume las anteriores: entre 1960 y 1973, la economía española fue la que más creció de Europa.

El posfranquismo con Franco

Lo más curioso, aunque tampoco sorprendente, es que cuanto más éxito tuvo el régimen en el terreno económico, más problemas tuvo en el político. Se cumple la llamada «ley de las expectativas crecientes»: a medida que van satisfaciéndose las necesidades materiales, la población desea más libertades. Los tecnócratas insisten en la reorganización del Estado. No se podía llamar a las puertas del Mercado Común con la sahariana de los Principios Fundamentales del Movimiento. «Tras madura reflexión y un análisis meticuloso de su articulado», Franco anunció la nueva ley a las Cortes, no sin antes recordar que aquello no significaba «la apertura de un periodo constituyente, sino la maduración de lo que ya tenemos». La ley Orgánica del Estado, ese era su nombre, completaba el ciclo constitucional del franquismo, no lo iniciaba. Era la que más se parece a una Constitución clásica, sin serlo. En ella se regulaban las funciones del jefe de Estado, del jefe de Gobierno (que se separaban), de las Fuerzas Armadas, de las Cortes y del Consejo Nacional, que pasaba a ser una especie de Cámara Alta, sin serlo tampoco.

El país seguía creciendo y tal «reforma» duró bien poco. Hay algo patético en estos últimos años del franquismo. Cuantas más libertades da —siempre «dentro de un orden»—, más le piden. Cuantas más concesiones hace, más le exigen. Los periodistas, en vez de agradecer la ley de Prensa de 1966 que eliminaba la censura previa, empiezan a decir que la mejor ley de prensa es la que no existe. La ley de Libertad Religiosa del 68 llegaba cuando la Iglesia católica ya se había liberado. El proyecto de ley de Asociaciones Políticas no satisfizo a nadie, unos por encontrarlo ridículamente estrecho, otros por juzgarlo peligrosamente ancho. En sus postrimerías, el régimen ya no tenía nada político que ofrecer y, como no puede ofrecer la democracia, tuvo que contentarse con sucedáneos: contraste de pareceres en vez de ideologías distintas, conflictos laborales en vez de huelgas, asociaciones políticas en vez de partidos. Estas últimas terminaron convirtiéndose en la piedra de toque, de escándalo y, a la postre, de traspiés para el régimen. En realidad, ¿qué eran las asociaciones políticas? Mejor dicho, ¿qué iban a ser? ¿Partidos camuflados o meras apariencias de partidos? ¿Un truco del franquismo o un gol al franquismo? ¿Un engañalistos o un engañabobos? El debate se alargaba sin llegar a ningún sitio. El régimen se moriría sin dilucidarlo, era superior a él.

La muerte de Carrero Blanco por un atentado inaugura un periodo que casi podría llamarse de posfranquismo con Franco. Porque Franco seguía allí, como un peso muerto o un lastre vivo, escorando la escena política e impidiéndola encontrar su nuevo equilibrio. Todo lo que se hacía era provisional, hasta que él ya no estuviese, y cuantas más medidas se tomaban, más incierto se volvía el panorama. Como el nuevo presidente del Gobierno, Arias Navarro, un hombre pusilánime que daba dos pasos adelante y uno hacia atrás. El 12 de febrero de 1975, lanzó un mensaje casi como la paloma que soltó Noé desde el Arca para ver si había tierra firme. Y como aquella, no volvió. La anunciada apertura, el famoso «espíritu del 12 de febrero» se disolvió entre los rugidos que cosecha desde las catacumbas del franquismo. Hay todavía otro asomo de esperanza cuando Herrero Tejedor, desde la Secretaría General del Movimiento, se dispone a dar la batalla por unas asociaciones políticas que sean más que unos clubes o cofradías. Pero Herrero Tejedor muere en accidente de tráfico y al sucederle el veterano Solís, todo el mundo comprende que el régimen no da más de sí, que agotadas sus posibilidades, tiene que echar mano de sus viejos líderes, pues no puede fiarse de los nuevos. Por primera vez en su mandato, Franco es un anacronismo en la España que había creado. Los chicos del Frente de Juventudes devenidos socialistas o comunistas y los del Opus con su máster en economía liberal bajo el brazo van a iniciar un pulso para ver quién desmonta antes el franquismo y quién es su heredero. El desarrollo económico trae inevitablemente consigo la democracia burguesa, sin que nada ni nadie pueda evitarlo. Franco termina así siendo el último valladar contra ella, después de haber creado las circunstancias para que se instalase en España por primera vez sobre bases firmes. Cuando el 20 de noviembre de 1975 muere, casi podría decirse que había sobrevivido un par de años a su régimen. Tras él, solo queda el desguace.

La historia del franquismo, como queda abocetada en las páginas anteriores, no es una historia gloriosa, brillante, entretenida, ni menos aún, jubilosa. Es una historia dura, cruel, convulsa, como la de todos los cambios profundos. Durante ese periodo, España cambió no solo la piel, sino también las entrañas. Hubo un corrimiento de poblaciones, del campo a la ciudad, y de clases sociales. Si antes existía una bipolaridad, con una clase alta con rasgos todavía feudales y una baja con rasgos de Lumpenproletariät, en adelante será la clase media la que domina. La transfusión que esta ha recibido de millones de trabajadores industriales, por un lado, y la ampliación de la legislación social por el otro, desplazó el centro de gravedad del país hacia el centro. Si los españoles no nos liamos a tiros a la muerte de Franco —como tantos predecían— fue precisamente porque habíamos dejado los extremos.

Con una salvedad: el franquismo creó una clase media, pero no una burguesía. Parecen lo mismo y no lo son. Fue Linz el que apuntó este detalle. Aunque pertenecen al mismo estamento, no son lo mismo. La clase media se siente identificada con el Estado, al estar constituida principalmente por funcionarios, desde los militares a los maestros. Mientras la burguesía, compuesta principalmente por profesionales liberales, comerciantes y empresarios, desconfía del Estado, al que sostiene con sus impuestos. En España, ha habido siempre más clase media que burguesía, excepto en Cataluña y el País Vasco. Sin burguesía es difícil que haya revolución burguesa.

Teóricamente, esa proporción debería haberse invertido durante el franquismo, con el trasvase de tantos trabajadores del campo a la ciudad y la elevación general de los salarios. Sin embargo, no ha sido exactamente así. La proliferación de empresas paraestatales —empezando por los partidos políticos— así como la explosión de las administraciones han convertido en funcionarios a millones de abogados, médicos, farmacéuticos, arquitectos, ingenieros y otros profesionales «liberales» que trabajan en la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Previsión, los sindicatos, etc., etc. Incluso los empresarios ven el Estado como el mejor recurso para producir, exportar, obtener créditos y protegerse contra la competencia exterior e incluso interior. Mientras entre los jóvenes españoles el ideal sigue siendo ser funcionario, a ser posible, de alta categoría. Así, difícilmente llegaremos a tener esa «sociedad civil» que se requiere para tener una democracia operativa. Y una de las escasas, por no decir única, ventajas de la crisis actual es que muchos jóvenes españoles han tenido que hacerse empresarios a la fuerza, al no encontrar otro medio de ganarse la vida. Pero no sabemos si esto es algo coyuntural o que quedará para siempre. Todo apunta que es lo primero, que el franquismo cambió materialmente España, pero no mentalmente, quiero decir, que no cambió a los españoles. Lo que permite considerarlo un proceso evolutivo, pero no revolucionario. Puso las bases para la revolución burguesa —la creación de la clase media especialmente— pero le faltó lo fundamental: la creación del ciudadano responsable tanto de sus derechos como de sus deberes. Esta grave deficiencia tampoco la ha resuelto la posterior Transición, a tenor de lo que estamos viendo, aunque la verdad es que la Transición todavía no ha terminado, por lo que no sabemos si ha sido un éxito o un fracaso.

Lo que había terminado, de eso no cabía la menor duda, era la era Franco, aunque el juicio definitivo sobre ella está todavía por llegar, como les advertí a comienzos de este capítulo. Como compensación a las hagiografías publicadas en vida de su creador, surgió una oleada de libros críticos tras su muerte, de los que pueden ser ejemplo Franco, Caudillo de España,de Paul Preston, y Hoy no es ayer, de Santos Juliá, donde se decían cosas como «Franco bloqueó todas las transformaciones que se habían iniciado en la sociedad española a partir de 1910» o «Tras la victoria surgieron los primeros roces entre la Falange y la Iglesia, pero la Iglesia fagocitó el discurso fascista». Para surgir últimamente biografías más benévolas con él, que los críticos de su régimen tachan de «revisionistas», cuando pueden tratarse de la búsqueda de la equidistancia. Entre ellas destaca la de Jesús Palacios y Stanley Payne, muy familiarizados con el personaje y su época. En ella se le presenta como autoritario de derechas, católico tradicionalista, monárquico en teoría, firme en los principios, pero con flexibilidad para cambiarlo «por eso —concluyen— su régimen cambió más durante su vida que cualquier otra dictadura de la historia contemporánea, aunque en modo alguno tenía ideas modernas». También advierten que «la Guerra Civil hubiera tenido lugar igualmente con Franco o sin él», al tiempo que le califican como «el definitivo modernizador de España».

Prefiero, sin embargo, dejar el juicio final sobre el franquismo a alguien con mucha más autoridad que yo, el tantas veces citado en estas páginas don Antonio Domínguez Ortiz: «Estos cambios materiales han ido acompañados de otros de todo orden; puede afirmarse que las transformaciones experimentadas en las décadas de los sesenta y setenta no tienen igual en toda nuestra milenaria historia, y eso podrá apreciarse cada vez con más claridad con la perspectiva que da la lejanía».

16
LA TRANSICIÓN EN PELIGRO

La saga de lo que luego daría en llamarse Transición es uno de los capítulos más notables de la historia de España. Quienes la vivimos desde el extranjero podemos dar fe del interés y curiosidad que despertó. Por primera vez, éramos pioneros en una asignatura que veníamos suspendiendo y repitiendo curso de manera regular: la constitucionalidad. Hasta 1975, era casi un dogma en las Facultades de Ciencias Políticas que no se podía pasar de un régimen autoritario o totalitario, a efectos prácticos era lo mismo, a la democracia sin derramamientos de sangre o grandes convulsiones. Pues miren ustedes por dónde, los españoles demostramos que era posible, con la consiguiente admirada sorpresa. Una vez que lo demostramos, fueron muchos países los que lo intentaron, con suerte varia. La Unión Soviética, con la Perestroika de Gorbachov, fue el primero.

¿Cómo lo conseguimos? Por una serie de factores que van desde la transformación de una sociedad rural en otra urbana al cambio de ideas, valores y comportamientos. Franco murió sin hacer la última reforma, la política, incompatible con su régimen, pero había sido su régimen, sin querer, quien la había traído. Así que van a hacerla un grupo de franquistas elegido por el rey con él a la cabeza. En un principio, eran ellos solos. Luego, les ayudó la oposición moderada, que termina siendo mayoritaria, una vez que se dieron cuenta de que la cosa iba en serio. La trama fue casi de comedia de enredo: servirse de los propios mecanismos del régimen para desmantelarlo. Durante 38 años, el franquismo se había servido de instituciones equívocas para sobrevivir sin cambiar. Lo que a la muerte de Franco se hace es justo lo contrario: servirse de esas equívocas instituciones para cambiar el régimen desde dentro.

El método era, por lo menos, original. Pero tenía sus riesgos y, desde luego, requería una serie de condiciones que no todos los países tenían. Por lo pronto, se necesitaba un nivel de vida mínimo —se le situaba en 1 000 dólares de PIB—, disponer de mecanismos legales para ello, de los que esos regímenes generalmente carecen, y de una clase política dispuesta a enterrarlo, con un «motor» que sirviera a la vez de amortiguador del salto. Un monarca por ejemplo.

Incluso en España, cumpliendo todos esos requisitos, no se hizo sin resistencias ni sobresaltos. A la muerte de Franco, la enorme inercia de su régimen entra en colisión con la dinámica que él mismo había creado, originándose un forcejeo, con dos etapas muy diferentes: la de Arias Navarro y la de Adolfo Suárez. La primera no merece casi que se incluya en la Transición. Arias Navarro era un hombre sumido en su propia crisis de identidad, como el régimen. A veces hablaba como si quisiera dar el salto sobre el precipicio que separa la dictadura de la democracia. Otras, daba la impresión de que Franco seguía gobernando después de muerto. Lo único que consiguió fue ponerse a mal con todos.

A aquellas alturas, el mapa político español se dividía en tres grandes sectores:

• El franquismo histórico, opuesto a todo cambio sustancial, apoyado por buena parte del Ejército.

• El franquismo renovado, partidario de una reforma a fondo, pero legal, con el apoyo del rey.

• La oposición en bloque, formada por la Junta Democrática, de comunistas y ultraliberales, y la Plataforma de Convergencia Democrática, con el PSOE y otros grupos demócratas más o menos radicales. Exigían la completa rotura con el pasado, la amnistía sin condiciones y la legalización de todos los partidos.

De entrada, la batalla tiene lugar dentro del Gobierno, concretamente, en torno a las asociaciones políticas. ¿Se convertían en partidos o no? Todo indicaba que sí, pero Arias, sin cuya colaboración no podía darse un paso adelante, seguía dudando. El rey, que en conversaciones con periodistas extranjeros ya había mostrado su malestar con el presidente del Gobierno, con dos golpes tan precisos como contundentes, despejó el camino. Ante el Congreso de Estados Unidos, don Juan Carlos dice que «la monarquía se ha comprometido a ser una institución abierta a todos los españoles, sin excepción, reservas ni condiciones». Tras lo que hablar de «asociaciones políticas dentro o fuera del Movimiento» ya no tenía sentido, como no lo tenía el Movimiento mismo.

El que acaba pronto es Arias Navarro, cuya dimisión, solicitada, se produce sin sorpresa. Sorpresa, en cambio, es su sucesor: Adolfo Suárez, nada menos que el ministro secretario general del Movimiento, teórico velador de las esencia del régimen. Hubo quien habló de «apagón» y de «inmenso error». Lo que hubo fue relevo. El rey se desprende de la vieja guardia del régimen, y se echa a andar con la nueva, gente de su generación, como Suárez.

Operación a corazón abierto

La operación Suárez fue la más brillante de la Transición. Su estrategia fue la descrita: usar los mecanismos del régimen para desmontarlo. «No creas que ha sido tan difícil —me decía más tarde Ignacio Aguirre, secretario de Estado, cuando le mostraba mi asombro ante la facilidad del cambio—. Todo se reducía a coordinar la Jefatura del Estado con la del Gobierno. En el momento que se consiguiera, nada ni nadie opondría resistencia porque el país, con el régimen entero, estaba acostumbrado a obedecer. Con Arias, esa sincronización no funcionó. Con Suárez, sí. La concentración de poder que Franco había acumulado durante tantos años en ambos puestos se volvió contra su régimen cuando él ya no estaba».

A toro pasado, parece muy fácil. A la hora de hacerlo ni mucho menos lo era, con tantos enemigos enfrente. Entre la ruptura con el pasado o permanencia en él, Suárez elige desmontar el régimen siguiendo sus propias normas. Comienza una febril actividad legislativa, con la reforma del Código Penal (14 de junio de 1976), que abre las puertas a los partidos en la ilegalidad y a los condenados por delitos políticos siempre que no hubieran puesto en peligro la integridad de las personas. El 9 de septiembre, Suárez reúne a los principales generales para pedirles, «en nombre del rey», que apoyen la reforma política, «adoptada dentro de la más estricta legalidad». ¿Y qué podían hacer los militares sino aceptar la legalidad y obedecer a su comandante en jefe? Al día siguiente, el presidente del Gobierno explica por televisión la reforma política con conceptos hasta entonces tan exóticos como «partidos políticos» y «Cortes constituyentes», para presentar 24 horas después el texto de la misma. «Las leyes —dice en su preámbulo— adquieren significado democrático en el momento que pueden ser reformadas por la voluntad mayoritaria del pueblo». Era el gran salto evolutivo, el cambio de especie. Los Principios Fundamentales del Movimiento ya no eran inmutables, podían cambiarse. Lo atado y bien atado podía desatarse.

A la oposición, sin embargo, no le convence. Había formado un frente común, la Plata-Junta, y redobla sus exigencias: ruptura, amnistía, convocatoria de elecciones, insistiendo en circunscribir la escena política a las «fuerzas democráticas» —o sea, a ellos— y cuestiona incluso la monarquía. Lo más curioso es que buscaban también el apoyo de esta, al menos para empezar. Recuerdo una conferencia de prensa, dada en el apartamento del entonces representante del Opus en Nueva York, Manuel Barturen, por tres componentes de la Junta: Ramón Tamames, José Vidal Beneyto y Rafael Calvo Serer. La salida que ofrecieron a la Transición fue «que el rey encargue a una personalidad democrática, como Calvo Serer, la formación de un Gobierno provisional, que a su vez convocará elecciones». Las palabras fueron de Vidal Beneyto.

Pero esta oposición, que bajo Arias había llevado la iniciativa política, la pierde bajo Suárez. Ahora es él quien marca el rumbo y los demás siguen. Queda la pregunta del millón: ¿aprobarán las Cortes franquistas la reforma? Suárez, con el apoyo de personajes tan ligados al régimen y al rey como Miguel Primo de Rivera, sobrino del «gran presente-ausente», logra que tanto el Consejo Nacional (8 de octubre) como las Cortes (19 de noviembre) la aprueben. Pienso que no estaría de más aquí descubrirse ante el gesto de unas Cámaras que si no se habían cubierto de gloria en vida, supieron morir dignamente. No soy experto en historia política, pero dudo que haya precedente de un Parlamento que se suicide. Las Cortes franquistas, lo hicieron. Confirmándonos de paso que no eran auténticas Cámaras políticas. Un político no se rinde nunca. En cuanto a suicidarse políticamente, ni siquiera sabe qué es eso. Los españoles tenemos a estas alturas abundantes ejemplos de ello.

Falta solo la rúbrica y el franquismo se hace el harakiri con la misma arma que había usado para sobrevivir: el referéndum. El 14 de diciembre de 1976, el 94 % de los españoles aprobaron la reforma política, frente al 2,6 % en contra y un 3 % en blanco. Votó el 77 % del censo. Ni que fuera una consulta convocada por el régimen anterior. Pero aquella era en serio.

Las primeras elecciones democráticas en España desde febrero de 1936 se celebran el 15 de junio de 1977. Las gana la Unión de Centro Democrático, una coalición de reformadores del viejo régimen capitaneada por Adolfo Suárez. Enfrente tiene al PSOE, endosado por la socialdemocracia europea. A mucha distancia quedan, por la izquierda, el Partido Comunista, cuya peluca «euro» no ha surtido el efecto esperado, y por la derecha, Alianza Popular, montada por Fraga sobre el desguazado franquismo. El franquismo no había logrado sucederse a sí mismo. El Frente Popular, tampoco. Es el centro quien empieza a gobernar, como si, finalmente, España hubiera alcanzado la mayoría de edad democrática. Pero quedan todavía unos cuantos sustos hasta llegar a ella.

Para empezar, hay que redactar una Constitución, base de toda democracia parlamentaria. Antes de meternos en ella, sin embargo, un par de detalles sobre lo que no se hizo bien en la etapa Suárez, para entender lo que pasó luego. Faltó una política antiterrorista eficaz. El terrorismo, nacido como una forma extrema de oposición al franquismo, no quiso disolverse cuando este dejó paso a la democracia. Sobre todo en el País Vasco, donde iba unido al nacionalismo independentista y a la extrema izquierda en busca de la revolución total. Suárez y sus ministros, lastrados por la mala conciencia de su «colaboracionismo» con el franquismo, pusieron paños calientes al desafío, mientras los miembros de la izquierda moderada no acabaron de condenar a aquellos «luchadores por la libertad» que continuaban sus atentados, prefiriendo echar la culpa a la represión franquista o a unas fuerzas de seguridad que no hacía mucho les perseguían a ellos. El resultado fue el envalentonamiento de esos grupos extremistas en vez de su absorción por el proceso democrático. Fue un error mayúsculo de los demócratas españoles, que demostraron no saber bien qué es la democracia, pues tanto ETA como el Grapo como todos cuantos seguían practicando la violencia estaban cometiendo el peor de los pecados políticos. En un Estado de Derecho, solo los poderes públicos pueden usar la violencia, y eso, dentro de las normas que marca la ley. Por parte de los demás es delito contra la ciudadanía y contra la democracia. Tuvieron, sin embargo, que ser asesinados cientos de inocentes para que tal convicción llegara a la conciencia de la sociedad española, la vasca incluida, aunque quedan en ella restos radicalizados y, al parecer, irreductibles.

A este grave fallo se une otro también serio: el descuido de la economía. La democracia es cara, algo que no sabíamos los españoles. Es más, los españoles creíamos, y en buena parte aún creemos, que la democracia soluciona de por sí todos los problemas, cuando la democracia tenemos que hacerla entre nosotros cada día. Si se le une que desde la crisis del petróleo, a principios de los años setenta, las finanzas mundiales no andaban boyantes y los gastos extra a los que hay hacer frente con el cambio de régimen, es lógico que las nuestras fueran de mal en peor. Recuerdo que en una comida que tuvimos un colega y yo en el Chinatown de Nueva York con el entonces ministro de Hacienda Francisco Fernández Ordóñez, este se quejó amargamente de que el presidente le estuviera destrozando sus cuentas con las continuas demandas:

—Suárez —fueron sus palabras textuales— quiere arreglarlo todo con tres mil millones de pesetas. «Paco, dame tres mil millones para esto; necesito tres mil millones para lo otro». ¡Así no hay forma de reequilibrar un presupuesto!

Comprendo la indignación del ministro (que, por cierto, fue el que dispuso el primer impuesto serio sobre la renta de las personas físicas en el país, sin el que ninguna democracia puede funcionar), pero imagino también los apuros en que debía encontrarse Suárez para tapar vías de agua por todas partes, y lo que importaba en aquel momento era la política, no la economía, que se subordinó totalmente a aquella.

Para resumir, la Transición española fue un raro ejemplo de mutación política de un sistema al opuesto sin traumatismos. Por una vez fuimos distintos, pero para bien. El proceso requería tanto cuidado como audacia, tanta imaginación como realismo, tanta visión del ayer como del mañana. Con la colaboración de todos, incluidos los que no creían estar colaborando. Los ultras de uno y otro bando sirvieron de acicate y de argumento a los dos centros, el gobernante y el de la oposición, para llevar el proceso a buen puerto. Juan Linz lo ha contado en un párrafo insuperable, que no resisto la tentación de transcribir:

Paradójicamente, incluso los que adoptaron posiciones inmovilitas o rupturistas tenían un papel, pues su presencia daba armas a los moderados para argüir la necesidad de un compromiso, de un pacto implícito; y al Gobierno, para no aceptar una reforma desde arriba, parcial o cosmética. El mérito fue de los que contribuyeron con su esfuerzo, su perseverancia y su habilidad —palabra que se ha usado para infravalorar lo que se hizo— a que fuera posible la transformación política. Pero ni el Gobierno ni los líderes de la oposición al franquismo hubieran podido hacerlo sin el deseo de moderación de la inmensa mayoría de los españoles.

Deseo de moderación, añadimos por nuestra parte, originado por el profundo cambio social y económico ocurrido en el país. Con 2 700 dólares de renta per cápita,que eran los de entonces, resultaba difícil hacer una revolución proletaria. Lo que resultaba imposible era no hacer la burguesa. O algo parecido.

La Pactada

Ahora ya podemos hablar de la Constitución del 78, reflejo del ánimo de conciliación en un país caracterizado hasta entonces por la intransigencia. No es sonora, rutilante, ni pretende siquiera ser perfecta, sino gris, modesta y hasta contradictoria, como la vida misma. La preside el posibilismo, no la ideología. Su alma es el «consenso». Se la conoce como la Pactada, con ese tonillo despectivo que solemos gastar para el compromiso. En eso y en otras muchas cosas se diferencia de sus antecesoras. Lo que no la libra de estar amenazada de correr la misma suerte, o desgracia.

Pero el sobrenombre es legítimo y puede incluso presumir de él. La Constitución del 78 fue producto de un pacto entre el franquismo evolutivo y la oposición moderada —Juan Luis Cebrián lo precisó en una charla sobre la Transición en el Instituto Cervantes neoyorquino: «Entre los hijos de los que ganaron la guerra y los hijos de los que la perdieron»—, que en aquel momento representaban la inmensa mayoría del pueblo español. Fuera quedaban los dos extremos: el franquismo integrista y la izquierda radical, que negaban a la Constitución toda legitimidad. Los unos, por considerar que aceptaba lo que ellos llamaban «los males seculares de España». Los otros, por creer que de alguna manera permitía el continuismo franquista. El que no gustase a los dos extremos exclusivistas era ya un indicio de la bondad de su naturaleza. Lo que tampoco quiere decir que la Constitución del 78 sea perfecta. Tampoco lo pretendía en su modestia. Incluso admite ser mejorable. No por capricho, sino por ser conscientes sus redactores de las contradicciones que encerraba.

Pero es la primera de las constituciones españolas aprobada por referéndum aplastante, no meramente por la clase política gobernante. Más que entusiasmar, las constituciones tienen que convencer, y esta se propuso desde la primera a la última letra abarcar lo más posible de los dos bandos que hasta hacía poco se consideraban enemigos a muerte. No la impusieron los liberales a los conservadores, ni los conservadores a los liberales. No fue el «trágala» del centro a la periferia ni de la periferia al centro, como fueron en mayor o menor grado todas sus antecesoras. Fue un acto de reconocimiento, de aceptación mutua entre españoles de ideologías e idiosincrasias distintas, dispuestos a convivir en paz y libertad, en vez de excluirse, negarse, matarse entre ellos, como tantas veces habían hecho, incluso por una Constitución.

Ese era al menos el ideal de los hombres y mujeres que pusieron manos a la obra para redactarla, y del país que tenían detrás en aquel momento. Plasmarlo en la realidad, sin embargo, no fue fácil. En primer lugar, no había una base legal en que apoyarse. La legitimidad republicana había quedado interrumpida, en parte por su propia culpa, como admitían sus dirigentes, pidiendo perdón por ello (Azaña en sus memorias). Y el franquismo se había suicidado.

Entonces, ¿en qué apoyar el nuevo Estado? Se buscó, se discutió y al final se decidió por la solución más a mano y más sencilla: la que había traído la democracia a España: la monarquía parlamentaria (Art.1-3). El consenso empieza a funcionar desde el primer momento y se mantiene con ligeras discrepancias, hasta el último. Los españoles, que hasta mediados de 1977 no se habían identificado mayoritariamente con la monarquía, endosarán por un 87 % de los votos emitidos una Constitución monárquica. El rey será no solo símbolo de la continuidad, sino también de la «unidad en la permanencia» (Art. 5).

Para ello era necesario que fuese rey de todos los españoles, y aunque don Juan Carlos lo proclamó solemnemente ante el Congreso norteamericano, se ganó el título la noche del 23 de febrero de 1981, cuando detuvo el golpe de Tejero, del que luego hablaremos. Podría decirse que, aquella noche, los mayores monárquicos fueron los que más pegas habían puesto a la monarquía.

Sobre esa base, había que levantar el nuevo Estado, compaginando su unidad con su pluralidad. Fue posiblemente el tramo más difícil, ya que, conforme se retrasaba la llegada de una revolución nacional española, iban perfilándose por lo menos dos nacionalismos periféricos —el vasco y el catalán— cada vez más potentes, más coherentes y más reivindicativos. Y a aquellas alturas, era ya demasiado tarde para incluirlos en la revolución burguesa española. Pero a nadie se le ocultaba el agravio comparativo que se cometería reconociendo un «hecho diferencial» solo a ellos. ¿Qué se hizo para salir del dilema, cómo compaginar la unidad con la pluralidad del Estado español de nueva planta? Pues aceptar simultáneamente ambas cosas. O, como dice el artículo 2 de la Constitución del 78, «Reconocer la indisoluble unidad de la Nación Española» y, al mismo tiempo, «garantizar el derecho a la autonomía de las nacionalidades que la integran». Con este «café para todos», tras convertirse en «monarquía parlamentaria», España se convierte en «Estado de las autonomías» o «nacionalidades», con minúscula y un poco de trampa, todo hay que decirlo, pues nacionalidad suena a nación, pero no es una Nación y, menos, un Estado. España será así un Estado plural sin dejar de ser uno, casi, permítanme la irreverencia, como Dios es Uno y Trino al mismo tiempo. Naturalmente, esto no podía quedarse en mero enunciado, había que plasmarlo en texto legal y todas las regiones se convirtieron en Autonomías, con su correspondiente estatuto, teniendo el Tribunal Constitucional que dar un buen corte de pelo a algunos de ellos que confundían autonomía con soberanía.

Pero si el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, los conflictos políticos están empedrados de equívocos. Nacionalidad, autonomía, autogobierno son conceptos que en un sentido lato o restringido significan cosas muy distintas. Y, como hemos comprobado años desde que estos conceptos se pusieron en circulación, han traído tantos problemas como resolvieron. Hay regiones (vamos a llamar a las cosas por su nombre) a las que Autonomía les viene grande. Mientras a otras les viene pequeña. No hemos sido capaces de resolver aún el encaje territorial de España, aunque la última crisis económica, paradójicamente, lo ha suavizado al hacer ver a la mayoría de los españoles que juntos tenemos más posibilidades de superarla que separados. Los independentistas son otra cosa porque ellos no se darán nunca por satisfechos hasta conseguir la independencia. Con lo que el problema continúa abierto. Como la tendencia de las Autonomías a reproducir a escala regional el centralismo estatal, con los gastos consiguientes. Cómo un país no rico como España va a poder mantener 240 «ministros» o «consejeros» —el sueldo no varía mucho— y más de 2 000 parlamentarios es un verdadero milagro. Aunque hay factores positivos, en los que apenas nos fijamos. Las diferencias regionales, pese a seguir siendo grandes, se han suavizado. España es hoy mucho más homogénea que hace cien o cincuenta años. El enorme trasvase de población ocurrido durante el franquismo —diez millones de personas cambiaron de residencia, la inmensa mayoría de zonas agrícolas a industriales— ha servido de nivelador del viejo desequilibrio, aunque no lo haya eliminado. En cualquier caso, las Autonomías constituyen el gran desafío a la democracia española. De que se logre o no articularlas, dependerá que España cuaje definitivamente como nación moderna.

El Ejército, la «espina dorsal» del viejo régimen, recibe como misión «garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional» según el artículo 8 de la nueva Constitución, que despertó sospechas desde el principio. Esa «defensa de la integridad territorial», ¿contra quién se hace? Si es contra un ejército extranjero que invade el país, ninguna objeción, pero ¿también contra un brote separatista? Fue el argumento de Tejero para invadir el Congreso.

Para evitar tan anchísima interpretación, el artículo 116 dispone que el estado de alarma, excepción y sitio solo podrá ser decretado por el Gobierno, mediante decreto, con autorización del Congreso. Pero si se piensa que el 23 de febrero de 1981 no había Gobierno en España, al haber dimitido Suárez y no haberse elegido todavía a Calvo Sotelo, surge una «ventana de vulnerabilidad» constitucional, que tal vez quiera cerrarse con el artículo 62, que asigna al rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Algo que mantuvo las suspicacias de los que seguían sin confiar en ambos. Una posterior ley de la Defensa Nacional, en la que se pone también al presidente del Gobierno como jefe de las Fuerzas Armadas disminuyó tales recelos, sin disiparlos del todo.

Las relaciones con la Iglesia católica recibieron también la atención que merecen. El artículo 16 de la nueva Constitución establece que «el Estado garantizará la libertad religiosa y de cultos» aunque «tendrá en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española». Que semeja poner una vela a Dios y otra al diablo.

En cuanto al tema candente de la enseñanza —la Iglesia católica española siempre ha pensado que entre sus misiones está enseñar bastante más que el Evangelio y hay más sacerdotes en las aulas que en las parroquias— la situación apenas ha variado. España tiene el doble de colegios religiosos que la media de la Comunidad Europea (un 30 % frente a un 14) con un total de 4 448 centros religiosos, y creciendo, dado el desprestigio de la enseñanza pública, pese a una inversión estatal cada vez mayor. Únasele que somos líderes en abandono escolar y que el nivel de nuestros alumnos, según el informe PISA, está por debajo de la media europea, y tendremos que admitir que en este terreno no hemos hecho ningún avance. Más bien retrocedemos.

En el terreno económico, la Constitución del 78 es también bifronte, y elige como modelo «la economía social de mercado», que no es exactamente un híbrido de socialismo y capitalismo, sino de libre empresa matizada por los logros sociales del franquismo y la democracia.

Para resumir, la Constitución del 78 no fue impuesta por unos españoles a otros, sino pactada por todos, con las excepciones de rigor. De hecho, fue impuesta por la realidad a los españoles. Y la realidad nunca es rosada, sino más bien gris, prosaica, modesta y, a menudo, contradictoria.

El 23-F

Con esta hoja de ruta, que a fin de cuentas son las constituciones, la democracia española tenía que echarse a andar. Ya en los primeros pasos, el equipo dirigente acusa el tremendo esfuerzo que ha costado hacer la Transición. Adolfo Suárez, el primero. Ya que contentos del todo no ha quedado nadie —un imposible— se le ataca con saña desde todos los frentes e incluso desde su propio partido. A fin de cuentas, UCD era una alianza coyuntural de hombres y mujeres de distintas tendencias a los que unía tan solo la urgencia de encontrar una salida al franquismo que no fuera la confrontación civil y, puede, bélica. Una vez conseguido ese objetivo, cada mochuelo a su olivo, ya que la batalla en adelante iba a ser entre los distintos partidos. Se cuenta que había ministros que nada más acabar los Consejos se dirigían al primer teléfono —entonces no había los móviles— para contar al periódico de su línea ideológica lo que podía convenirle, que no era precisamente lo que convenía al Gobierno y a UCD. Se dice también, y está demostrado, que Fernández Miranda consideraba que «su» reforma había ido demasiado lejos, por lo que no estaba de acuerdo con algunos puntos de la Constitución. De hecho, se había ido a Londres, donde moriría poco después, dejando apuntes que lo confirman según el libro publicado por su nieto. Se dice, aunque esto entra en los dominios de la especulación, que al rey le interesaba un cambio de Gobierno «porque no sería realmente —nunca mejor usada la palabra— rey de todos los españoles hasta que no gobernasen bajo su mandato los perdedores del la guerra», en este caso, los socialistas, que también habían hecho su «transición» interna, convirtiéndose en socialdemócratas también a trancas y barracas. Según Charles Powell, Felipe González había informado al embajador norteamericano, Wells Stabler, que «concederían a don Juan Carlos un cierto margen de maniobra, aunque, en su opinión, el príncipe no conocía bien la España actual». Lo que son las cosas: resultó que la conocía mejor que él.

Lo único que podemos asegurar de todo ello es que la Unión de Centro Democrático fue el cojinete sobre el que la Transición pudo deslizarse con la suavidad que lo hizo. Al estar pilotada por gentes que habían servido al franquismo, pero que habían llegado a la convicción de que la democracia era la mejor salida para España, garantizaban a la izquierda que habría cambio y a la derecha, que no iba a convertirse en revancha. La liberalidad y largueza, tanto humana como política, con que desempeñaron su papel permite decir que hicieron más por traer la democracia a España que ningún otro grupo.

Ahora bien, cuando la Constitución estuvo redactada y aprobada, el papel de UCD se acabó, había que empezar a hacer política de cada día, política partidista, y UCD no era un partido político. Era un instrumento para hacer la Transición. Para ser un partido político no basta una coincidencia coyuntural de pareceres sobre un determinado asunto. Se necesita un denominador común ideológico que UCD no tenía, al estar formada por franquistas renovadores, democratacristianos socialdemócratas, liberales, derecha civilizada y técnicos progresistas. De ahí que tan pronto se miraran como aliados que como rivales. En realidad, eran las dos cosas al mismo tiempo. Solo les unía la conciencia de que había que desmontar el franquismo sin traumas. Cosa que hicieron, y además, bien. Pero a partir de ahí, eran adversarios. Suárez quiso ir más allá del papel histórico que tenía asignado. El fracaso fue espectacular. Tanto, que ha empañado su éxito, lo que es injusto. Pero la vida es injusta.

Tan injusta que su final tiene aire de esperpento. Lo que más se temía a lo largo del proceso de cambio tiene lugar cuando ha terminado: el golpe militar, cuando el Congreso nombra al sucesor de Suárez, que ha tirado la toalla.

Se han escrito infinidad de libros sobre el 23-F. Yo lo viví de lejos, con la natural preocupación. Puedo tan solo aportar un dato que no he visto airear en ningún sitio, pero que, sin embargo, puede ser interesante para entender, siquiera en parte, lo que fue aquel momento clave en la historia reciente de nuestro país.

Pueden imaginar la sorpresa de los corresponsales españoles en Nueva York cuando recibimos una llamada del cónsul general —Rafael de los Casares— para decirnos que Adolfo Suárez estaba a punto de llegar a aquella ciudad. ¡Adolfo Suárez nada menos! Al que acabábamos de ver en televisión enfrentarse a los guardias civiles con metralletas que zarandeaban al general Gutiérrez Mellado. ¡El mismo Adolfo Suárez que el rey acababa de nombrar duque!

—El viaje es estrictamente privado —fue lo primero que nos advirtió el cónsul—. Además, ni siquiera viene a Nueva York. Su destino es Centroamérica, donde pasará unos días con su mujer y unos amigos. Aquí solo cambiará de avión. No habrá declaraciones ni información alguna. Ahora, podéis ir a saludarle al aeropuerto, como haré yo.

Como pueden imaginar, allí estábamos todos, en la sala VIP de Iberia en el aeropuerto Kennedy esperándole, tras confirmarse que, en efecto, nada más asistir a la jura de su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, el ya expresidente había tomado el avión para Nueva York, con su esposa, su cuñado Aurelio Delgado, su íntimo amigo Jesús María Viana, también con su esposa, y el periodista Josep Meliá.

—¡Nada de preguntas! —insistió el cónsul cuando ya se oían las pisadas de los viajeros por el pasillo que conducía al avión.

No hizo falta. Nada más vernos y estrechar manos, Suárez se puso a hablar como si hubiera estado reteniendo algo dentro que amenazaba estallar si no lo soltaba:

—¡A mí me ha traicionado todo el mundo! ¿Lo entienden? ¡To-dos! Yo siempre me opuse a que el general Armada volviera a Madrid como Segundo de la Junta del Estado Mayor del Ejército.

Nuestra sorpresa se convertía en asombro, nos mirábamos unos a otros sin entender nada: en aquellos momentos el general Alfonso Armada, sin ser un héroe, era el hombre que había conseguido que la toma del Congreso se hubiera solucionado con el triunfo de la legalidad y sin derramar una gota de sangre. Pero el expresidente seguía hablando si cabe con mayor pasión:

—No me fié de él desde que, de la forma más casual, pero más seria también, en un momento dado le pregunté si apoyaba con toda lealtad la reforma política que estábamos realizando, y me contestó: «Mi lealtad es con España y con el rey». «¿Y con la reforma, con la nueva Constitución?» insistí. Pero él volvió a darme la misma respuesta: «Con España y con el rey». Desde ese momento perdí la confianza en él, por lo que me opuse a que volviera a Madrid a ocupar un puesto de tanta responsabilidad. Pero se impusieron otros criterios, volvió a Madrid y ocupó ese puesto, como saben.

No, no lo sabíamos, pero el cónsul general le cogió de un brazo y se lo llevó, junto a sus acompañantes, dejándonos perplejos. Porque a la sorpresa del golpe, se unía ahora el bombazo de lo que acabábamos de oír. Hubo una breve discusión entre nosotros. Todos estábamos de acuerdo en que se trataba de una declaración importante, pero era evidente que Adolfo Suárez hablaba preso aún del acaloramiento de los graves acontecimientos que acababa de vivir. Además, no había acusado claramente a nadie, ni siquiera a Armada, y no estábamos en condiciones de chequear datos, así que, a la espera de confirmación, decidimos no echar más gasolina al fuego. Cuando las confirmaciones empezaron a llegar con la implicación de Armada, nos dijimos que tal vez debimos haberlo dado, pero de no ser completamente cierta, nos exponíamos a hacer más mal que bien y España no estaba en aquel momento para más errores.

Personalmente, me adhiero a la teoría de que hubo dos, puede tres, planes de golpe solapados, creyendo todos ellos contar con la bendición del rey, cuando el rey, como demostró aquella noche, no había hecho más que lo que ha hecho siempre: escuchar a los que le venían con un plan para arreglar el país —puede que con un militar a la cabeza, pero compuesto por personalidades civiles de los distintos partidos, que reimpusiera la ley y el orden— y que él rey se limitase a escuchar y decir: «Si es legal y están todos de acuerdo, bien». Pero sin comprometerse en absoluto con cualquier uso de la fuerza o actuación ilegal. En este sentido, se entienden perfectamente la exclamación de asombro de Armada en su despacho del JEME cuando un ayudante entra a informarle de que «la Guardia Civil ha entrado en el Congreso a tiros».

—¿A tiros? —pregunta asombrado el general.

Eso no estaba en el guion.

Como se explica también el comentario de Tejero tras fracasar su intentona:

—Quisiera que alguien me explicase lo del 23-F, porque yo no lo entiendo —se refería al Gobierno con socialistas y comunistas, que tampoco estaba en su guion.

El 23-F, sin embargo, tuvo un efecto tan inesperado como beneficioso: vacunó al Ejército español contra la enfermedad que venía aquejándole desde principios del siglo XIX: la de los pronunciamientos. Tomar el poder asaltando el Parlamento pegando tiros a finales del siglo XX era, no ya un delito gravísimo, era un ridículo espantoso. Desde entonces, el Ejército español se ha dedicado a lo que es su cometido: la defensa del país de las amenazas que le llegan de fuera y a cooperar con las fuerzas armadas de los países democráticos en las labores de paz y seguridad del mundo. Lo ha hecho tan a fondo, que hoy figura entre los estamentos más valorados por la sociedad española.

A 25 años vista, con dos mayorías absolutas, tanto del PP como del PSOE, podemos hacer balance más ecuánime tanto de la Transición como de la Constitución del 78. Si bien es verdad que, por primera vez, los españoles podemos enorgullecernos de haber hecho historia política y de que se haya convertido en uno de los mitos de la nuestra, no menos es cierto que cometimos errores de bulto que han terminado hiriéndola, esperemos que no de muerte, pero sí como para enviarla a urgencias.

El primero y más importante fue que, llevados de esa tendencia tan española de ir de un extremo a otro, tanto a los redactores de la Constitución como a los que la pusieron luego en práctica, violaron el principio de separación de poderes, fundamental en la democracia. Del «ningún partido político» del franquismo pasamos a «todo el poder para los partidos políticos», hasta el punto de que, cuando nos dimos cuenta, en vez de una democracia teníamos una partitocracia. Pues se les daban los tres poderes —el ejecutivo, para el partido ganador de las elecciones; el legislativo, para todos ellos en las Cámaras, y el judicial, a través del Consejo General del Poder Judicial, por ellos controlado, que a su vez nombra a los jueces—. Y si el poder corrompe, como advierte el viejo dicho, el poder absoluto corrompe absolutamente. Quien se tome la molestia de examinar las disposiciones tomadas a lo largo de estos 25 años de partitocracia española se dará cuenta de los enormes privilegios acumulados por los políticos, desde un estatuto jurídico especial a planes de pensiones infinitamente más favorables que los del resto de los españoles, por no hablar ya de las sinecuras puestas a su alcance en organismos estatales y paraestatales. Únanse las oportunidades de doblar la ley aquí o allá en beneficio del amigo y correligionario, y no es exagerado decir que la vía más rápida de hacerse rico en España ha venido siendo la política. En los tiempos en que «el dinero público no era de nadie», como llegó a decir una ministra —¡de cultura nada menos!—, la cosa se toleró porque quien más quien menos esperaba beneficiarse de ello. Pero al estallar la última gran crisis, la indignación ha sido general contra los políticos, de rechazo, contra el sistema, y en último término, contra la Transición, cuestionada como nunca.

Antes, sin embargo, tienen que pasar varios periodos tan novedosos como interesantes.

El PSOE al poder

El mandato de Calvo Sotelo fue corto, pero provechoso, pues nos introdujo en la OTAN, ahorrándole a Felipe González el bochorno de tener que hacerlo, tras haber hecho campaña en contra. Su victoria un año más tarde, con la mayoría absoluta, le da luz verde para hacer lo que quiera. No es solo una victoria suya, sino también de don Juan Carlos, que ya puede decir que es rey de todos los españoles, no solo de los franquistas.

Felipe González había hecho también sus deberes, convirtiendo al PSOE, uno de los partidos socialistas más de izquierdas de Europa, en socialdemócrata. Para ello tuvo que mantener un pulso con los «dogmáticos» e incluso renunciar a la secretaría general del partido en su XXVIII Congreso (mayo de 1979), «por razones éticas, morales y políticas», al ver rechazada su propuesta de que el PSOE dejara de considerarse marxista. Pierde la batalla pero gana la guerra porque en el Congreso extraordinario que sigue (septiembre del mismo año) logra que el PSOE se defina como «un partido de clase y de masas, democrático y federal», aunque se le añade la coletilla «que asume el marxismo como instrumento teórico, crítico y no dogmático, para el análisis y transformación de la realidad social, recopilando las distintas opciones marxistas y no marxistas que han contribuido a hacer del socialismo la gran alternativa emancipadora de nuestro tiempo».

Con este nuevo traje, el PSOE podía ya codearse con las socialdemocracias europeas, la alemana sobre todo, que le habían apadrinado durante la larga travesía del desierto de la etapa franquista, en la que se mantuvo como hibernado, mientras el comunismo asumía el papel de oposición pura y dura. Era el gran miedo de un Occidente en plena Guerra Fría con la Unión Soviética, de ahí que la ayuda al socialismo de nuevo cuño que representaban los jóvenes en torno a González fuese uno de los imperativos occidentales, no fuera a ser que España cayera en la órbita soviética a la muerte de Franco.

Pese a que una de las primeras decisiones del Gobierno González no pudo ser más de izquierdas —la nacionalización de Rumasa—, pronto se vio que no era ese el camino que iba a tomar. Tras la desmarxificación teórica, llega la práctica, con la «desobrerización». Ortega se había quejado amargamente del espíritu de clase del PSOE, que no admitía más que a los obreros manuales, lo que le impidió a él y otros como él su aproximación al mismo. Pero Felipe González, que ya había avisado de que «el Partido Socialista tiene la obligación histórica de ser un partido con vocación mayoritaria» (entrevista a Juan Luis Cebrián, El País, 12 de octubre de 1982), tiene una visión general, pudiendo casi decirse que, bajó él, el PSOE empieza a representar más a la clase media creada bajo el franquismo que a su clientela obrera tradicional, debido a que buena parte de los obreros españoles se habían integrado en aquella.

El problema surgió por el lado más inesperado, «por do más pecado había», el de la corrupción. Su segundo ministro de Hacienda, Carlos Solchaga, definió España como «el país donde más fácilmente puede uno hacerse rico». La cosa pasó, porque todo mundo ganaba más dinero cada año. Pero cuando los escándalos alcanzaron tal dimensión que incluían al Gobernador del Banco de España, a la directora del Boletín Oficial del Estado y al director general de la Guardia Civil, por citar solo los casos más sonados, el felipismo se va por la cañería, dejándonos un regalo inesperado. Hasta entonces, la izquierda tenía un aura de pureza, de ética, de idealismo. Cuando Felipe González deja el poder, tras ocuparlo catorce años, la izquierda ya no puede presumir de superioridad moral, aunque siguiera presumiendo de ella. Pero ya no era lo mismo. La mancha seguía ahí. Se trataba, por extraño que parezca, de algo necesario porque la democracia se basa en la igualdad de oportunidades y una izquierda éticamente impoluta llevaba ventaja en el juego político. Tenía que bajar del altar a la arena de la refriega diaria para restablecer el equilibrio.

Aznar, que le sucedió, sacó al país de la quiebra técnica en que lo había dejado el felipismo. Pero fue a cambio de hacer concesiones al nacionalismo «moderado», que Jordi Pujol se preocupó de cobrar en soberanismo efectivo. Hizo frente con energía al terrorismo, del que fue víctima casi costándole la vida y el despliegue económico en su segundo mandato fue espectacular, aunque tuvo el inconveniente de que fue entonces cuando comenzó el boom de la construcción, que nos llevaría a la burbuja inmobiliaria posterior. En política exterior hubo luces y sombras. Aznar buscó potenciar nuestro rango internacional y consiguió importantes éxitos en Europa, que de haberse continuado, nos hubiera puesto entre los países decisivos en la UE. Su seguimiento incondicional a la política norteamericana, aunque le trajo momentos de gloria como la foto de las Azores con Blair y Bush y poder poner los pies en la mesa del rancho de este, nos llevó a una guerra en Irak, que ya han visto cómo ha terminado. Mejor dicho, cómo no ha terminado, pues se ha extendido a los países vecinos, medio ocupados por el Estado Islámico y los norteamericanos librando la guerra ya solo desde el aire, sin saber bien quiénes son amigos y enemigos.

Un balance, el de Aznar, que brilla sobre todo si se compara con el que le siguió, el de Zapatero, cuyo desastre económico, negando una crisis que nos mordía ya las nalgas, solo fue superado por el político, prometiendo a los catalanes «darles lo que le pidieran», que aprovecharon para sacar un Estatuto de Autonomía en el que el Tribunal Constitucional tuvo que meter la tijera a fondo, pues se pasaba unas cuantas normas fundamentales. Lo que no hizo más que exacerbar tal problema.

Siendo eso grave, lo peor de su mandato fue que rompió el espíritu de consenso de la Transición, con una ley de Memoria Histórica que desenterraba los muertos de la Guerra Civil y reavivaba viejos agravios. Las dificultades económicas tarde o temprano se superan, y si no se superan, puede uno malvivir con ellas, pero en la continua conflagración, ni siquiera vivir se puede.

En cuanto a Rajoy, ha logrado lo principal, evitar el rescate y sacar a España de la sima económica en que había caído. Pero a cambio de haber incumplido varias de sus promesas electorales y de descuidar los demás aspectos de su gestión, incluido el comunicar con el gran público, algo hoy importantísimo. Aunque lo más grave es que no prestó suficiente atención a los casos de corrupción en su propio partido, que, en la atmósfera de indignación reinante contra la clase política, puede anular sus triunfos económicos, al menos mientras no lleguen claramente al ciudadano corriente. Se ha apreciado en las elecciones municipales y autonómicas, en las que su partido ha perdido poder y votos de forma considerable.

La crisis

La crisis de 2008 no fue —o es, pues sus efectos continúan— solo una crisis económica, es una crisis total, un cambio de época, de valores, de actitudes y equilibrios en la escena nacional y mundial, donde todo está en entredicho y nada volverá a ser como era. Si alguien se empeña en que vuelva lo anterior, se expone a dejarse las narices contra una realidad que no se deja engatusar por utopías ni embelecos. De hecho, ha tenido los efectos de una guerra mundial, no solo por los bienes destruidos sino también por los cambios que ha ocasionado. Estamos ante una revolución planetaria, que ha implantado nuevos valores y protagonismos. El mundo bipolar Estados Unidos-Unión Soviética, capitalismo-comunismo, ha sido sustituido por otro multipolar en el que resulta difícil distinguir aliados y adversarios. Hay, eso sí, vencedores y vencidos, y mientras China está entre los primeros, Europa se halla entre los segundos, que ha perdido protagonismo y poder decisorio, con problemas de crecimiento y de mengua simultáneos, como muestra el problema griego. África es una enorme llaga y el mundo árabe, un inmenso campo de batalla, con el yihadismo en guerra contra todos los que no participan de su radical interpretación del islam. Lo que ha originado oleadas de refugiados dispuestos a arriesgar cuanto tienen, vida incluida, por dejar el infierno que dejan atrás y alcanzar las costas europeas, donde no se sabe qué hacer con ellos. En España, los recortes económicos unidos a los sonados casos de corrupción han creado una atmósfera explosiva, cuyo resultado más inmediato es la aparición de nuevos partidos populistas que, montados en la indignación generada por la corrupción y los recortes, proponen hacer tabla rasa de cuanto hay y vuelta a empezar, el remedio favorito de los españoles. Personalmente, lo veo más como un conflicto generacional que de regeneración. Los jóvenes quieren abrirse paso en una escena pública taponada por las listas cerradas, los nombramientos a dedo y la endogamia de los dos principales partidos políticos. Darwinismo puro, cruda lucha por la vida y por el puesto, quítate tú para ponerme yo, que me toca, pues sus programas están llenos de populismo, cuando no de marxismo-leninismo tan viejo que se había olvidado, lo que les hace parecer nuevos, sobre todo a las últimas generaciones, que los han acogido con entusiasmo, así como los sectores machacados por la crisis, que les dan su voto y les colocan, si no en posición de alcanzar el poder, de convertirse en king-makers, en los que deciden quién gobierna.

La víctima principal de ello es la Transición en su conjunto, que se ve cuestionada e incluso llega a considerarse que es la culpable de todos nuestros males actuales, lo que es una evidente injusticia, pues no es ella sino nosotros quienes hemos fallado, al no mantener su espíritu inicial. Prefiero, sin embargo, dejar su defensa a Enrique Krauze, director de la revista Letras Libres en un reciente artículo en El País:

A pesar de los muchos errores y desmesuras, es mucho lo que España ha hecho bien después de la Guerra Civil y la dictadura y, en un marco de reconciliación y tolerancia, conquistó la democracia, construyó un Estado de Derecho, un régimen parlamentario, una considerable modernidad económica, amplias libertades sociales e individuales. Y doblegó al terrorismo. Por todo ello, un Gobierno populista en España sería, más que un anacronismo arqueológico: sería un suicidio.

Algo que me ha hecho recordar lo que me dijo, medio en serio medio en broma, en Berlín hace más de medio siglo un colega italiano que nos conocía bien por haber sido corresponsal en nuestra guerra: «¡Lo que hubiéramos hecho nosotros de tener un país como el vuestro, en vez de una bota montada en una cordillera!». Fue una de esas frases que se le quedan a uno incrustadas en la mente. Para estar en una bota sobre una cordillera, los italianos no lo han hecho nada mal y han conseguido salir de todos sus apuros, mientras nosotros, con un pequeño continente, seguimos dando vueltas al problema del ser y existir de nuestro país, una de cuyas muestras es este libro.

Hay vida más allá de los mitos

Si el lector termina con el ánimo abatido en esta cabalgada por los mitos españoles, imaginen cuál será el de quien ha intentado encontrar la realidad escondida bajo ellos para descubrir que hay tantas Españas como españoles. ¿Será ese nuestro problema? ¿Qué nuestro «yo» es tan fuerte, tan dominante, tan imperioso que nos impide convertirnos en nosotros? Sería tremendo, porque la nación se funda precisamente en el nosotros. Sin nosotros no hay «plebiscito diario», sino confrontación diaria, que es lo que volvemos a tener.

Todavía en el pasado había disculpas. La monarquía era incompatible con el regicidio usual de los visigodos. En la Edad Media estuvimos demasiado ocupados expulsando a los moros. Los Reyes Católicos bastante hicieron con lograr la unidad nacional y no que cada reino siguiera su propio curso. Los dos imperios aplastaron la nación bajo los Austrias. Mala suerte que la Guerra de la Independencia fuera contra los franceses, que representaban precisamente las nuevas ideas. El debate político-religioso sobre qué clase de nación es España nos ha ocupado dos siglos, en los que tuvimos dos repúblicas, dos reinstauraciones monárquicas, dos dictaduras, varias guerras civiles, sin lograr ponernos de acuerdo.

Pero ahora ya no hay excusa. Ahora estamos plenamente incorporados a Europa. Ahora tenemos una democracia, una Constitución, una monarquía parlamentaria, una Seguridad Social, todo tipo de servicios, organismos e instituciones y empezamos a salir de una crisis que ha barrido países y continentes como un tsunami. Ahora no podemos echar la culpa a nadie, a los vecinos, a los elementos, a la Iglesia, al Ejército, ni siquiera a los políticos porque a los políticos los elegimos nosotros y podemos enviarles a casa. Si ahora no somos capaces de hacer de España la «patria común de todos los españoles», un país moderno, un Estado de Derecho, no es porque no podamos sino porque no queremos. Porque preferimos seguir enfrentados, discutiendo, debatiendo, forcejeando, diferenciándonos no ya de los extranjeros, sino del resto de los españoles, con cada villa y ciudad preparando su propio partido local. Muchas ya lo tienen, con bandera, himno y demás. Se diría que vamos hacia el cantonalismo de la Primera República, mientras las últimas elecciones municipales y autonómicas han dinamitado la escena política con la entrada de nuevos partidos y la creación de «frentes», que recuerdan los de la Segunda. Como si en vez de avanzar, retrocediéramos. Cuando la realidad es que los españoles nos parecemos hoy más que nunca. Sobre todo, los jóvenes, que hablan igual, se visten igual, comen lo mismo, se divierten de la misma forma, y pasan las mismas dificultades, en especial la dificultad de encontrar un primer empleo. Todavía en mi juventud, las diferencias entre unas regiones y otras eran enormes. Pero esas diferencias se han ido diluyendo en las últimas décadas como el azúcar en el café, incluso entre chicos y chicas, que mañana, con la velocidad que ha tomado todo, serán hombres y mujeres, que tendrán hijos e hijas, que se parecerán aún más de lo que se parecen ellos. Quiero decir que la España plural es hoy más homogénea que en ningún otro periodo de su historia, pese a que cada español y española quiera ser distinto. Pero luego se cogen el coche, el autobús o el avión para ir a un concierto, a un festival, a una boda, a una reunión del curso, cualquier excusa es buena para quemar kilómetros y darse un baño de multitudes y sensaciones. Pronto, esas galopadas no se limitarán al propio país. Hoy los ingleses vienen a Mallorca o Barcelona a pasar el fin de semana en un vuelo que cuesta 29 euros, y nada más, porque no necesitan alojamiento, pasan la noche en los bares. Pronto lo harán los jóvenes españoles, si no lo hacen ya. El trabajo también tendrán que buscárselo en otra ciudad o país. Como sus abuelos, que no habían salido de su pueblo o ciudad, y no paran de viajar. Van de balneario en balneario, de excursión en excursión, de monumento en monumento de los que no tenían idea, hinchándose en los bufés para resarcirse del hambre de la posguerra, bailando por las noches hasta las tantas como no pudieron hacer en su juventud, planeando ya la próxima escapada. Mientras la generación intermedia, al tiempo que saca como puede la familia adelante, se dedica a lo que se han dedicado todas las generaciones españolas: a buscar un culpable de sus desdichas, un enemigo a quien zarandear. La mayoría lo encuentra en los gobernantes de turno, sin querer admitir que quien gobierna, o debería gobernar, es él, el pueblo soberano y responsable. Pero de responsabilidad, la materia prima de la democracia, no hemos querido saber nunca los españoles. La responsabilidad es siempre del otro. Así, apuntándonos con el dedo, seguiremos sin avanzar por los siglos de los siglos.

Si el boom del ladrillo nos hizo creer que éramos ricos sin serlo, la resaca de la crisis muestra lo perecidos que somos, no importa de dónde; Madrid, Barcelona, Pamplona, Valencia, Sevilla y mil lugares más. Nos parecemos más en los defectos que en las virtudes, desgraciadamente: en el desprecio a la ley —«desobedeceré la ley que me parezca injusta»—; las alianzas contra natura —las formadas con marcas blancas de ETA—; ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio —la corrupción—; y el enfoque individualista, partidista o localista de todos los problemas, que nos retrotrae a los peores momentos de nuestra historia.

Pero no es menos cierto que España sigue todavía aquí, zarandeada, descentrada, invertebrada, pero aguantando. Algo debe tener este viejo país para resistir tantos errores. Aunque uno mira alrededor y se da cuenta de que también los demás han cometido errores garrafales. Piensen en los alemanes, tan laboriosos y ordenados ellos, y ya vieron la que armaron el siglo pasado. O en los norteamericanos, que han ido a la Luna, pero no han sido capaces de hacer habitables sus barrios negros. ¿Y qué me dicen de los rusos, presumiendo otra vez de misiles nucleares sin haber resuelto la convivencia con sus vecinos? ¿O de los argentinos? Antes, muchos españoles iban a Argentina. ¿Van hoy? Hoy, vienen los argentinos a España. ¿Estamos exagerando nuestros defectos, aireándolos, alardeando incluso de ellos, que es la forma más arrogante de disimularlos?

¿Será ese el mayor de nuestros mitos? ¿O, sencillamente, tenemos un país que no nos merecemos, como decía sin decirlo mi colega italiano en el Berlín de antes de la caída del Muro?

Espero que las generaciones que van a Berlín como fui yo hace medio siglo, a trabajar, lo averigüen finalmente.

NOTA BIBLIOGRÁFICA

Como obras de consulta general, el lector interesado encontrará en la Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal (Espasa-Calpe), en la Historia de España y América social y económica, dirigida y editada por Jaime Vicens Vives y en la Historia de España Alfaguara, de esa editorial, material suficiente sobre los temas más diversos. Un excelente compendio lo ofrece la Introducción a la Historia de España de la editorial Teide. Todas ellas de diversos autores, especialistas en las distintas épocas. Ya como manuales, España. Tres milenios de historia, de Antonio Domínguez Ortiz (Marcial Pons), y la Historia de España de Raymond Carr (Ediciones Península), ofrecen síntesis enjundiosas del devenir de nuestro país.

Detallar todas las fuentes sobre temas a las que ha acudido el autor de este libro para sacar las conclusiones a que llega requeriría casi otro, por lo que voy a señalar las más importantes, aparte de las ya citadas:

Orígenes de la Nación Española, de Claudio Sánchez Albornoz (SARPE).

España en su Historia, de Américo Castro (Crítica).

Pueblo y nación. Homenaje a José Álvarez Junco,de Javier Moreno Luzón y Fernando del Rey (Taurus).

Las historias de España. Visiones del pasado y construcción de identidad,de José Álvarez Junco (Marcial Pons).

La invención del pasado. Verdad y ficción en la historia de España,de Miguel-Anxo Murado (Debate).

Historia de la nación y del nacionalismo español,deAntonio Morales Moya, Juan Pablo Fusi Aizpurúa y Andrés de Blas Guerrero, directores (Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores. Fundación Ortega-Marañón).

Ser españoles. Imaginarios nacionalistas en el siglo XX,deJavier Moreno Luzón y Xosé M. Núñez Seixas (RBA).

«De la vida del Cid», de Ramón Menéndez Pidal (Revista de Occidente, Año IV, nº XXXII).

Hispania-Spania. El nacimiento de España. Conciencia hispana en el Reino Visigodo de Toledo,deSantiago Cantera (ACTAS). Del mismo autor: Los Reyes Católicos, Reyes de España (conferencia en la Universidad San Pablo-CEU el 4 de mayo de 2001).

Cataluña y el absolutismo borbónico,deRoberto Fernández (Crítica).

Historia General del Derecho Español, de Galo Sánchez, ampliada por su discípulo y también catedrático Rafael Gibert (M. Huerta).

Historia del Poder Político en España, de José Luis Villacañas (RBA).

Das revolutionäre Spanien, deKarl Marx. Todas las citas de este autor están sacadas de las Obras Completas de Karl Marx editadas en la DDR o Alemania Oriental.

Sectores prioritarios del desarrollo español, de José Ramón Lasúen (Guadiana Publicaciones).

La política monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo XIX, de Juan Sardá (Alta Fulla).

Escritos sobre Nacionalismo, deAndrés Morales Moya (Biblioteca Nueva).

Historia social de España, Siglo XIX, de José Jiménez Blanco (Guadiana Editores).

Síntesis de Historia de Cataluña, de Ferran Soldevila (Destino).

Noticia de Cataluña, de Jaume Vicens Vives (Destino).

Historia básica de la España actual, de Ricardo de la Cierva (Planeta).

El laberinto español. Antecedentes sociales y políticos de la guerra civil, de Gerald Brenan (Plaza y Janés).

American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501-1650, de E. J. Hamilton (Harvard University Press).

«Intellectual Roles in Sixteenth and Seventeenth Century Spain», deJuan José Linz (Daedalus). Del mismo autor es el estudio sobre «Opposition in and under an authoritarian Regime: the case of Spain», dentro del volumen Regimes and Oppositions, editado por la Universidad de Yale bajo la dirección de Robert A. Dahl. Así como Cleavages, Ideologies and Party Systems, editado por E. Allardt e Y. Littunen (The Westwermarck Society, Helsinky), y Compared Nations, editado por S. Rockkan y R. Merritt (Yale University Press).

The Spanish Civil War, deHugh Thomas (Eyre & Spottiswoode).

Zur Zeitgeschichte, deSebastian Haffner (Kindler Verlag).

Sociología del Franquismo,de Amando de Miguel (Euros).

Spain and the Western Tradition, deOtis Green (The University of Wisconsin Press).

La Inquisición, de Ángel Alcalá (Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas). Del mismo autor es el artículo «Principales innovaciones metodológicas y temáticas sobre los Orígenes de la Inquisición en la obra de Benzion Netanyahu. Algunos reparos» (Revista de la Inquisición, n.º 7, 1998). El profesor Alcalá fue también el promotor y compilador de los temas abordados en el simposio The Spanish Inquisition and the Inquisitorial Mind, celebrado en 1983 en Nueva York, que reunió a treinta especialistas en la materia.

Hispanismo de los sefardíes levantinos, deMair Jose Benardete (Aguilar).

El sueño de la nación indomable. Los mitos de la Guerra de la Independencia y La herencia del pasado, de Ricardo García Cárcel. Este catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona tiene una amplia obra sobre la problemática española, que abarca desde Las Germanías de Valencia a la confrontación de los nacionalismos, pasando por Las culturas del Siglo de Oro, La Leyenda Negra, La Inquisición, La Revolta catalana, yel reinado de Felipe V en De los elogios de Felipe V.

«1808: nacen las dos Españas», de Miguel Ángel Villena (El País, 2 de febrero de 2008).

«La Constitución olvidada» (la de Bayona), de Santiago Muñoz Machado (El País, 21 de agosto de 2008).

La Nación se hizo carne. España, 1808, edición de Fernando García de Cortázar (Espasa. Fundación Dos de Mayo).

La Constitución de Cádiz. Una mirada crítica, deManuel Moreno Alonso (Alfar).

Espaciosa y triste. Ensayos sobre España, deJon Juaristi (Espasa).

El laberinto republicano. La democracia española y sus enemigos (1931-1936), de Manuel Álvarez Tardío y Fernando del Rey, editores (RBA).

Por qué la República perdió la guerra, de Stanley G. Payne (Espasa).

Deutsche Geschichte 1919-1945, de Golo Mann (Fischer Büchrei).

La Guerra Civil española, deEdward Malefakis (Taurus). El mismo autor tiene el mejor estudio sobre la Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX (Ariel).

Historia del Ejército Popular de la República, de Ramón Salas Larrazábal (Editora Nacional).

La guerra civil española, deAntony Beevor (Crítica).

Hoy no es ayer. Reflexiones sobre el siglo XX en España, deSantos Juliá (RBA).

El mito de la cruzada de Franco, de Herbert R. Southworth (Debolsillo).

Los empresarios ante el poder político, deJuan Lima y Amando de Miguel (I.E.P.)

Franco: caudillo de España, de Paul Preston (Debolsillo).

Sociología del Franquismo, de Amando de Miguel (Euros).

Franco. Una biografía personal y política, deStanley G. Payne y Jesús Palacios (Espasa).

Claves internacionales en la transición española, coordinado por Óscar José Martín García y Manuel Ortiz Heras (La Catarata).

El guionista de la Transición, de Juan Fernández-Miranda (Plaza-Janés).

El Estado sin territorio. Cuatro relatos de la España Autonómica, de Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuentes (Marcial Pons).

La historia de España que no nos contaron

José María Carrascal

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