ADVERTENCIA AL LECTOR

La «revolución pendiente» fue el nombre evocador y resignado que los falangistas dieron a lo que quedó de su revolución nacional-sindicalista tras quedarse atrapados en las espesas redes del franquismo. Era una revolución laica, anticapitalista, fascistoide y antimarxista, de acento social y aires juveniles: «faldicorta», la llamaría su fundador, pues Mary Quant aún no había puesto de moda la minifalda.

Este libro solo aborda esa revolución en el contexto de su época. Su objeto es bastante más ambicioso y mucho más triste: pasar revista a la docena de «revoluciones pendientes» que ha habido en España para convertirla en una nación moderna. La última tan reciente que aún estamos en ella.

El autor

1
EL BINOMIO NACIÓN-REVOLUCIÓN

Nación

Cuando José Luis Rodríguez Zapatero dijo «nación es un concepto discutido y discutible» se equivocó en el objeto, pues se estaba discutiendo de España y España es una realidad como una casa, por más que discutamos sobre ella. Pero no se equivocaba en términos generales, pues hay naciones y naciones tanto en el tiempo como en el espacio. Etimológicamente viene del latín natio-onis, relacionado con el nacimiento de una persona o comunidad de ellas. El diccionario la define como «el conjunto de individuos del mismo origen étnico, que generalmente hablan el mismo idioma, habitan en el mismo espacio geográfico y tienen una tradición común». A lo que podría añadirse la religión, el folklore, la idiosincrasia, la cocina y la forma de vida. Una gran familia, en fin, con reminiscencias tribales o de clan.

Pero ni mucho menos puede tomarse al pie de la letra. Los judíos han venido hablando de la «Nación de Israel», y sintiéndola como tal, durante veinte siglos estando esparcidos por todo el mundo, mientras los suizos hablan tres lenguas y nadie duda de la nación helvética desde Guillermo Tell. Iría más lejos: no existe país más diverso, más multiétnico, más descentralizado que Estados Unidos y, sin embargo, es difícil encontrar otro donde el sentimiento nacional esté más arraigado, incluso entre los más recientes inmigrantes. Mucho cuidado, pues, con la palabra «nación», porque podemos llevarnos unos chascos enormes con ella y conducirnos a errores de bulto. Sobre todo en España, como estamos viendo. José Álvarez Junco mantiene en Dioses Inútiles el paralelismo entre nación y religión, al ser la principal función de ambas establecer una identidad colectiva del individuo, es decir, decirle quién o qué es «lo que le da autoestima». Es más, el catedrático emérito ve a las naciones como continuadoras de las religiones, cuando empieza la decadencia de estas en las sociedades modernas. Y puntualiza: «Se trata de sistemas de creencias que tienen efectos políticos de los que se benefician ciertas élites. ¿Qué élites? Las nacionalistas». Para terminar advirtiendo: «Hoy el nacionalismo es el gran prisma deformador del pasado. A la Historia no le queda otra (misión) que trabajar con los matices para plasmar la complejidad de su objeto de estudio». Algo más necesario hoy que nunca en España.

Pero vayamos a los comienzos de ese extraño maridaje que tratamos de desgranar aquí. No cabe duda de que las revoluciones democrático-liberales de los siglos XVIII y XIX traspasaron la soberanía real («El Estado soy yo», según diría Luis XIV) al pueblo en su conjunto. De ahí que, cuando Luis XVI, asombrado por lo que le estaban haciendo sus súbditos, pregunta: «¿Quién manda aquí? Yo soy el soberano», le contestan «No, perdone, el soberano somos nosotros, la nación». Lo que hace a la revolución la partera de la nación moderna. Dicho a la inversa: si no hay revolución, no habrá nación, al menos en un sentido pleno, se quedará en crisálida. Walter Benjamin, en su Discurso a la nación europea, nos lo advertía: «O sacamos adelante Europa o seremos niños para siempre», tema candente hoy, pero en el que no vamos a entrar, al tener trabajo más que sobrado con nuestro país.

En España, la nación ha sido desde antiguo patrimonio de la derecha —no por casualidad el bando franquista se calificó desde el principio como «nacional»—, con connotaciones conservadoras, tradicionales, reaccionarias incluso; es decir, algo cerrado, exclusivo. Lo que no impidió que durante un largo periodo se hablase de España como «Madre patria» de las naciones hispanas e incluso se denominase el 12 de Octubre «Día o Fiesta de la Raza», cuando lo que se conmemoraba era todo lo contrario: una fusión de razas. Pero en el nuevo continente todavía perdura tal denominación, y la parade de ese día por la Quinta Avenida neoyorkina sigue llevando ese nombre. Miren ustedes cuántas acepciones tiene la nación y a cuántas confusiones puede llevar.

Existe, sin embargo, un concepto de «nación» que poco o nada tiene que ver con este. Un concepto dinámico, activo, que no mira al pasado sino al futuro y ha sido el motor de las naciones modernas. Un concepto que se refiere más a la patria de los hijos, por hacer, que a la de los padres, ya hecha. Renan la definió como «un plebiscito diario» entre los ciudadanos de un país para decidir entre todos los asuntos que a todos conciernen y los representantes encargados de ellos. Ortega, con esa prosa modernista que es una de sus mejores cualidades, la llamó «un proyecto sugestivo de vida en común». La palabra clave es la última, «común». Comunidad es la base de la nación moderna. Las viejas clases sociales, estamentos aislados entre sí, se funden en un proyecto común. Suena muy bien, pero es un proyecto todo menos fácil, pues las clases acomodadas se resistirán por todos los medios a ceder sus privilegios. A menudo no se conseguirá sin echar mano de la fuerza e incluso cortar cabezas. Nación moderna y revolución, que es el tema de este libro, nacen así hermanadas. La una no puede existir sin la otra.

Revolución

Cerca de la hostelería de la Luna, donde se está librando la batalla de Valmy entre las tropas francesas y las de los imperios centrales, el consejero del Ducado de Weimar Johann Wolfgang Goethe ve morir a un guardia republicano envuelto en la bandera tricolor, gritando «Vive la nation!». Oficiales del Ducado se acercan a su excelencia para pedirle su opinión. Su respuesta:

—En este lugar y día, 20 de septiembre de 1792, comienza una época de la historia que durará mucho.

No se equivocaba aquel hombre con ojos de águila para tantas cosas, la historia entre ellas. En efecto, había empezado la época de los nacionalismos. Pero de los nacionalismos modernos, revolucionarios. Y había muerto la de los nacionalismos antiguos, conservadores. Lo que no podía imaginar Goethe era que el nacionalismo acabaría siendo una de las fuerzas más reaccionarias de la escena política. Pero a tanto no llegaba su vista, y ya hablaremos de ello en su momento. En aquel, la nación era la fuerza más dinámica de la escena política, al llegar a lomos del corcel más brioso: la revolución.

Sobre la revolución hay también distintos conceptos, sin llegar a tantos como los de la nación. De forma general podemos decir que se trata de un «cambio violento de la realidad existente», aunque también ha habido revoluciones silenciosas e incluso revoluciones llevadas a cabo por regímenes conservadores, como la tenida lugar en Prusia, donde aquellos «reyes sargentos» acogían a intelectuales como Voltaire, que huían de países donde no podían exponer sus ideas sin graves riesgos. O sea que ojo también con las revoluciones.

El mejor análisis de la revolución, para mí, es el que hace Ortega y Gasset en su ensayo El ocaso de las revoluciones, donde sostenía que las revoluciones se habían acabado debido a su origen idealista, una vez que el idealismo había cerrado su ciclo histórico dejando paso, tanto en la filosofía como en la política, a una era en la que la vida se convertía en eje y motor de la actividad humana. Una tesis que puede tanto aceptarse como rechazarse, pues la vida siempre ha regido nuestra existencia, incluso cuando no nos percatábamos de ello, aunque en aquella época, los años veinte a treinta del siglo pasado, triunfantes los comunismos y fascismos, hubiese adquirido una fuerza arrolladora, con la democracia en franca retirada. Hoy sabemos en qué acabó, por lo que el ocaso de las revoluciones predicho por el maestro que había bautizado su filosofía como «vital» está en duda. Más, cuando se anuncian revoluciones por todas partes y de todos los signos, de izquierdas y derechas. Con todo, sigo pensando que el núcleo de la idea de Ortega sobre la revolución es acertado: «Las revoluciones —dice entrando ya en materia y dando en el blanco con una de esas frases redondas suyas que muestran tanta intuición como reflexión lógica— se hacen contra los usos, no contra los abusos. Si son únicamente contra los abusos, se quedan en meras revueltas, que arreglan muy poco, de mantenerse los usos habituales en el país que ocurren». Es por lo que, añade como corolario y con la vista puesta en el siglo XIX, en España hemos tenido muchas revueltas y muy pocas revoluciones. Tan pocas, añadiría por mi cuenta y riesgo, que ninguna, como intento demostrar en este libro.

Partiendo de esta idea, podemos considerar la revolución no como un mero cambio de Gobierno, sino como un cambio total en la estructura económica, social, política y mental de un país. Una especie de «salto cuántico», como los ocurridos en física, que convierten al país en otro distinto al que era. De ahí que las revueltas de esclavos en la antigüedad no puedan considerarse auténticas revoluciones, ni incluso los alzamientos de los irmandiños o las Guerras de los Remensas en la Galicia y Cataluña medievales, que buscaban solo mejorar las condiciones de una clase determinada, la de los siervos, pero no acabar con el entero sistema feudal.

Habrá que esperar al Renacimiento para encontrarse con cambios de más calado y amplitud. Marx, sin duda el mejor experto en revoluciones, no duda en incluir la Reforma protestante de Lutero como una de las primeras revoluciones, y si pensamos en hasta qué punto trastocó el mapa socio-político de Europa no hay duda de que merece ese nombre. Tiene, sin embargo, un fallo: el económico, fundamental para la transformación de las sociedades. Cuando los campesinos alemanes quisieron aprovechar el alzamiento de sus señores contra el emperador al amparo de la Reforma protestante para sacudirse ellos el yugo feudal, los señores reaccionaron violentamente, aplastándoles en Der Bauernkrieg, la Guerra de los Campesinos, con el respaldo del propio Lutero, protegido de aquellos, lo que impide considerar su Reforma una completa revolución, aunque sin duda los cambios de mentalidad que trajo —sobre todo en lo que respecta a la relación directa del hombre con Dios— ayudaron de forma decisiva a la apertura de mentes y la renovación de ideas que germinarían más tarde en auténticas revoluciones.

También los choques que poco más tarde se dieron entre la Corona inglesa y sus Cámaras sobre quién era el encargado de fijar los impuestos y la forma de gastarlos, que terminaron con el triunfo del Parliament y le costaron la cabeza a un rey, fueron el anuncio de un cambio profundo en el viejo equilibrio entre las fuerzas que venían ocupando el poder y las nuevas que se lo disputaban. El hecho, sin embargo, de que los ingleses hayan vivido al margen del Continent, como ellos llaman a Europa, y de que conservaran la monarquía, pone un interrogante sobre su revolución. Algo parecido ocurre con sus primos hermanos, los norteamericanos, que llaman revolución a su Guerra de Independencia. En realidad se trató del alzamiento de las 13 Colonias norteamericanas contra la Metrópoli (1776), que les exigía pagar impuestos, que ellas no habían aprobado, para financiar sus guerras en Europa, que ellas no habían querido. El resultado fue la creación de una nación de nueva planta, si bien los padres de la misma se inspiraron en las ideas que venían circulando por Europa desde hacía tiempo y estallarían con la Revolución francesa (1789). Pero antes de meternos de lleno en ella creo necesario advertir que tampoco esas ideas, conocidas de forma genérica como La Ilustración, constituyeron en sí una revolución, sino solo el germen de la misma. El lema de los ilustrados, al menos de aquellos que se dedicaban a la política, era «todo para el pueblo, pero sin el pueblo», es decir, pretendían elevar el nivel tanto cultural como económico de las clases bajas, pero manteniendo el estatus de las altas: de ahí que se les conozca como déspotas ilustrados, sin duda mejores que los sin ilustrar, pero no por eso menos déspotas. De ahí también que bastantes de ellos, cuando llegó la verdadera revolución, pusieran tierra por medio, si es que antes no les habían cortado la cabeza. En España tenemos algún ejemplo de ellos, como hablaremos a su debido tiempo.

La verdadera revolución empieza, como queda dicho, en 1789, al negarse los Estados Generales, o representantes de los distintos estamentos de la sociedad, a obedecer la orden del rey, Luis XVI, de disolverse, convirtiéndose en Asamblea Nacional (luego Asamblea Constituyente) con plenos poderes. El Antiguo Régimen dejaba paso a uno Nuevo, en el que los ciudadanos iban a detentar la soberanía, en vez de la monarquía, la nobleza y el alto clero como hasta entonces. Pronto se vio, sin embargo, que era la burguesía la que asumía el mando, con distintas facciones, sin que las clases populares, menestrales, campesinas, tuvieran representación ni participación real en la Asamblea, donde los más radicales (La Montaña, por sentarse en los escaños más altos) lograron imponerse durante algún tiempo, cambiando hasta los nombres de los meses, aunque sus características quedaron reflejadas en el nombre que recibió su etapa revolucionaria, el Terror, en la que la guillotina hizo horas extraordinarias. Estos excesos acabaron con el experimento, e incluso con sus descubridores, aunque su onda expansiva iba a sacudir Europa con la fuerza de un terremoto y la magnitud de un tsunami. Nada, incluso en los países que lucharon contra la revolución, que fueron casi todos los demás, volvió a ser lo mismo, aunque la Francia republicana tuviera que pasar por un bonapartismo que devendría en nuevo imperio. Eso sí, el Código Civil, con sus derechos y deberes ciudadanos, había llegado para quedarse. Fue el legado más importante de la Revolución francesa, como los regímenes que dejó tras sí Napoleón en distintos países europeos, algunos de los cuales, como Suecia, todavía conservan su dinastía. No en España, desde luego.

Como queda dicho, a esa revolución, con toda su capacidad mutante, le faltaba incluir el segmento más amplio y desvalido de la sociedad: las clases bajas. De ahí que Marx la calificase, acertadamente, de «revolución burguesa». La burguesía, compuesta por comerciantes, industriales, banqueros y empresarios, se había convertido en la clase dominante, con el capitalismo como sistema económico incuestionado. Un capitalismo sin escrúpulos, como ilustra el apelativo con el que se le conoció: el de los «barones ladrones», que aprovechando la revolución industrial y el desarrollo del comercio, entre ellos el de esclavos africanos a América, hacían enormes fortunas, mientras los artesanos perdían sus medios de vida al no poder competir con las máquinas. Marx nos ha contado con minuciosidad y dolor la tragedia de aquellos maestros que tenían que cerrar sus talleres, de sus oficiales que se quedaban en paro, de sus aprendices sin futuro, al no poder competir con las grandes fábricas o trabajar en ellas con mentalidad de hormigas, salarios mínimos y sin la menor asistencia social. Los que no encontraban trabajo pasaban a engrosar un proletariado sin oficio ni beneficio en las ciudades, creando bolsas de pobreza junto a los campesinos sin tierras que cultivar que llegaban del campo. Una auténtica bomba de relojería. Marx explica en su teoría de las «contradicciones del capitalismo», que este terminaría trayendo su desplome: el empobrecimiento de la clase trabajadora dejaba a los dueños de las fábricas sin clientes para sus productos llevándoles a la bancarrota, como ya empezaba a ocurrir. Lo que llevaría a otra revolución, la «proletaria», cuyos protagonistas serían los desheredados y en la que los medios de producción estarían controlados por el Estado, al servicio de los ciudadanos. Ello, sin embargo, requería una condición: que antes hubiera tenido lugar una revolución burguesa, propiciadora de ese capitalismo explotador y unas masas proletarias dispuestas a rebelarse. Y en efecto, el siglo XIX fue un siglo revolucionario a la vez que nacionalista, pues surgen varias naciones, entre ellas dos de las más importantes, Alemania e Italia, así como partidos de izquierda, socialistas y comunistas, con sus respectivos sindicatos y constantes agitaciones.

Con lo que no contaba Marx era con la capacidad del capitalismo de adaptarse y reinventarse, muy superior al de la izquierda. Para salir de esa «contradicción» que le llevaba a la ruina y a la revolución proletaria, el capitalismo se inventó un aumento de los salarios de sus trabajadores; no demasiado, desde luego, pero suficiente para convertirlos en clientes de sus productos y evitar así la bancarrota. No en todas partes, desde luego, lo que llevó a innumerables conflictos laborales, algunos de ellos sangrientos, y habrá que esperar al siglo XX para que la clase proletaria se convierta en clase media, así como el socialismo militante se convierta en socialdemocracia, dispuesta a pactar sueldos y condiciones laborales con un capitalismo ya no de los «barones ladrones», sino domesticado por la realidad en los países más avanzados. En España no llegaría hasta 1978. Pero no avancemos acontecimientos.

La última paradoja fue que el único país donde triunfó la revolución proletaria fue Rusia, que no había tenido la revolución burguesa ni estaba industrializado, las dos condiciones señaladas por Marx para que triunfase. Lenin y Trotsky, sus promotores, lo sabían perfectamente. Pero no quisieron desaprovechar la oportunidad que les ofrecía la derrota del régimen zarista por el Ejército alemán en la Primera Guerra Mundial para declarar la revolución proletaria, saltándose la burguesa. Son bastantes los analistas que atribuyen la dureza y falta de libertades del régimen soviético a esa carencia. Sin duda influyó, pues el salto de un régimen de siervos a una «república de trabajadores», como se proclamaba la URSS, era demasiado grande para no llevarse con él muchos restos del pasado. Personalmente, sin embargo, no creo que esa fuera la causa principal. El comunismo lleva en su seno un componente de «sociedad perfecta» que casa mal con la imperfecta naturaleza humana. Por mucho «paraíso de los trabajadores» que se proclame, los hombres no somos ángeles y solo a la fuerza se nos obliga a comportarnos como ellos. Quiero decir que tendrá que ponerles un ángel guardián al lado, pero no con alas, sino con porra, o un purgatorio en forma de gulag. Pero esa es otra historia que la que estamos contando aquí. ¿O es la misma?

En cualquier caso, creo que ya estamos situados en la plataforma para abordar de lleno el tema que intentábamos desarrollar: la revolución es el crisol en el que se funde y funda la nación moderna, es decir, la nación que trasciende el viejo sentido de nación como mero conglomerado de individuos unidos por lazos de sangre, raza, religión, costumbre y tradiciones para convertirse en cuerpo de ideales y propósitos comunes. Sin esos propósitos e ideales compartidos no habrá nación moderna, seguirá siendo la vieja nación, la nación aún sin madurar. La revolución se convierte así en una especie de reválida de las naciones modernas, aquellas que han llegado a la mayoría de edad.

Y la gran pregunta que se nos plantea a los españoles es: ¿ha llegado España a esa mayoría de edad o seguimos todavía en su estado adolescente? Dicho de otra forma: ¿hemos tenido una auténtica revolución, burguesa o proletaria?

Este libro intenta contestar a esa pregunta. Como verán de inmediato, si no lo hemos logrado no es por falta de ganas. No una, sino hasta trece veces lo hemos intentado, la última, con la transición democrática.

«¿Trece? —dirán algunos—. El número de la mala suerte».

Pero no nos precipitemos. Si los caminos de Dios son inescrutables, los de la Historia son, sencillamente, veleidosos.

2
PRERREVOLUCIONES

Una de las primeras cosas que debe tener en cuenta el que se mete en los andurriales de la historia de España es que nuestro país, por circunstancias geográficas y otras contingencias, apenas participó, excepto en los siglos que formaba parte del Imperio romano, en los acontecimientos europeos. La mejor prueba es que estuvo ausente en las grandes guerras, desde la de los Cien Años a las dos últimas mundiales, pasando por las Cruzadas para conquistar los Santos Lugares, uno de los hitos medievales; entre otras cosas, porque tenía una cruzada dentro de casa para reconquistar las tierras ocupadas por los musulmanes. Incluso las novedades artísticas le llegaron con retraso, como demuestra que la catedral de Burgos, de un gótico florido, se estuviera construyendo cuando en Italia ya se alzaban las cúpulas renacentistas de Miguel Ángel en Roma o de Brunelleschi en Florencia. «España es el país de los frutos tardíos», ha escrito Eugenio Montes.

Los frutos incluyen también las revoluciones. Ya hablamos del levantamiento de los irmandiños en Galicia y de las Guerras de los Remensas en Cataluña, negándoles categoría de revoluciones, no porque fueran aplastadas, sino por faltarles el último objetivo de acabar con el régimen feudal existente. Entre otras cosas, por no haber otro en aquellos tiempos. En cuanto a la revuelta de los Comuneros, ensalzados por la izquierda española desde que empezó a existir —también más tarde que las izquierdas europeas— y considerados como unos predecesores de todos los movimientos tanto contra la monarquía absoluta como contra los poderes del Antiguo Régimen, hasta el punto de crearse la leyenda del color morado de su pendón —cuando era más bien carmesí— que se añadió a la bandera española al proclamarse la República y ser adoptado por Podemos. Permítanme hacer las siguientes observaciones:

Ante todo, que el feudalismo no llegó a ser nunca en la España cristiana tan fuerte como en el resto de Europa debido a la especial condición en que se encontraba. La lucha contra los árabes obligaba a ofrecer alicientes a aquellos dispuestos a asentarse en las tierras recién reconquistadas, y por tanto expuestos a perderlas, con su vida y la de sus familias, en una de las razias del «infiel». El principal aliciente era conceder una libertad al intrépido muy superior a la que gozaba el siervo de la gleba en la Europa de aquellos tiempos. Algo parecido ocurría con las ciudades o villas que se tomaban o fundaban al avanzar, que recibían «cartas pueblas» o prerrogativas para no depender de un señor o de un convento, como era usual en aquella época. Sorprende la cantidad de «Villafrancas» en la geografía española. No sé cuántas son, pero desde luego muchas más que las que hay en Francia o Alemania. Se debe precisamente a eso, a que eran «francas» o libres por sí solas, todo lo más dependiendo del rey, poder lejano, no como el del noble, muy próximo para pedir tributo o vasallaje.

Esto creó una clase social casi inexistente en Europa, la del «caballero villano», nombre contradictorio, ya que «villano» se relaciona hoy con vil, malnacido o mala persona, cuando entonces se refería a habitante de villa, concretamente de villa franca o libre: el hidalgo. Podían ser, por tanto, caballeros si tenían un caballo, armas y un pecunio con el que mantenerse, aunque fuera a duras penas. Don Quijote era uno de ellos y los veremos aparecer en nuestra literatura del Siglo de Oro tan profusamente que terminarían siendo la personificación del caballero español.

Los comuneros

La mayoría de los comuneros, empezando por sus tres líderes, Padilla, Bravo y Maldonado, ejecutados al fracasar su alzamiento contra Carlos I de España y V de Alemania, pertenecían a esa clase. De ahí que no pueda considerarlos los predecesores de las repúblicas posteriores ni, menos, de la acampada en la Puerta del Sol del 15-M en 2011, como se ha intentado. Aunque tampoco puede negárseles legitimidad ni considerárselos unos reaccionarios opuestos a todos progreso, como se les ha definido en las épocas más cerradas de nuestra historia. Es verdad que defendían el «viejo orden», pero también lo es que suena a modernismo lo que dijeron al nuevo rey, pronto emperador, cuando le hicieron jurar sus fueros en las Cortes —o al menos eso cuentan las crónicas—: «Señor, debéis saber que el rey es solo el servidor pagado por la nación». Lo indudable es que, frente a la España imperial que se esparcía por media Europa y el Nuevo Continente recién descubierto que Carlos I buscaba, los comuneros defendían la España provinciana y la monarquía nacional que los Reyes Católicos acababan de soldar, rechazando la idea supranacional de su nieto, llegado de Flandes.

Aclarados estos puntos, creo que puede decirse que los comuneros representaban la esencia castellana frente a una política universalista que presentían iba a serles fatal, al quedar diluidos en ella. Representaban también una clase media especialísima, como todo lo que había en Castilla en aquella época, una burguesía sui generis, hidalga y limitadamente democrática, muy distinta de la del resto de Europa, donde nace mercantil e industrial. Posiblemente fracasaron por eso: por no adaptarse a la marcha de unos tiempos en los que se hacían descubrimientos geográficos y astronómicos que iban a cambiar el mundo, limitándose a conservar sus peculiaridades. Cervantes nos lo contó hermosa, tierna y jocosamente con las aventuras —desventuras más bien— de su héroe, dispuesto a repetir las hazañas de los Amadíes y Palmerines para terminar molido a palos.

Algo así ocurrió a los comuneros. No encontraron el apoyo de la nobleza, que respaldó al emperador, ni del pueblo, del que se habían mantenido distanciados por razones de hidalguía ciudadana. Razones por las que los muchos Sanchos de por aquel entonces se mantuvieron al margen de una lucha que no iba con ellos, aunque Cervantes quiso embellecer su fábula con un final feliz, haciendo que el escudero terminara adoptando la locura de su señor.

En la realidad no ocurrió así: los comuneros fueron aplastados en Villalar y sus líderes ejecutados. Con ellos desaparecía el germen de una posible burguesía castellana. La otra, la que representaban los judíos, había sido expulsada en el reinado anterior, con lo que España quedaba huérfana de la clase que iba a ser protagonista en la edad que empezaba. En adelante, durante dos siglos solo quedarían allí el rey, la nobleza, la clerecía y el pueblo llano. Los cuatro con la misma ideología que la del emperador. Un territorio yermo para la revolución.

Los luteranos

Se me preguntará por la Reforma protestante que, si no significó una revolución propiamente dicha, preparó el terreno para ella en el resto de Europa. No en España, por la sencilla razón de que apenas la alcanzó. La Inquisición había establecido un cordón sanitario hermético a las ideas que pusieran en duda los dogmas católicos y aunque el erasmismo, con su suave interpretación de los mismos, tuvo en principio buena acogida, llegando a tener entre sus seguidores al mismísimo arzobispo de Toledo, Alfonso de Fonseca y Ulloa, e incluso al inquisidor general, Alonso Manrique, pronto plegaron velas y sus mayores valedores, los hermanos Valdés, prefirieron poner tierra por medio.

Con el protestantismo ni siquiera se llegó a eso. Tanto Henry Kamen como Joseph Pérez, que han estudiado su incidencia en España, coinciden en su tono menor por dos razones. La primera, porque quedaba lejos de su principal foco, Centroeuropa. La segunda, porque en España se habían hecho ya ciertas reformas de las órdenes religiosas, que habían sido el núcleo inicial de la denuncia de Lutero. Podrían haber añadido una tercera: que esa reforma iba dirigida contra el emperador, que lo era también de España.

Hubo, con todo, brotes protestantes: en Valladolid, de tendencia luterana, en Sevilla, de tendencia calvinista, e incluso el de los monjes Jerónimos del Monasterio de San Isidoro del Campo. Todos ellos cortados en seco y sin que puedan compararse a los procesos contra falsos conversos judíos o desviaciones místicas, como los Iluminados.

Con ello España quedaba al margen de la Guerra de los Treinta Años que asoló Centroeuropa, aunque combatió en ella, no solo con las armas sino también con las ideas. El protagonismo español en el Concilio de Trento fue avasallador. Allí nació la Contrarreforma, y si pensamos que la Reforma protestante fue una prerrevolución al establecer una nueva relación del hombre con Dios, lo que quiere también decir con sus semejantes, tenemos que también nos quedamos sin los brotes de las revoluciones que vendrían. Un déficit que acarrearía carencias en el terreno científico, comercial, industrial e incluso social. España se paraliza durante dos siglos, el XVI y XVII, viviendo del oro de América, al tiempo que nuestras universidades siguen enseñando las disciplinas medievales con criterios medievales, sin apenas cátedras de matemáticas y geometría.

La Contrarreforma

Apostamos al caballo perdedor en el momento cumbre de nuestra historia al convertirnos en los adalides de la Contrarreforma. Mientras Europa daba a luz, con sangre como todos los partos, una nueva era basada en la razón y la duda a partes iguales, España se aferraba a los dogmas y a la literatura, que es excelsa, sí, pero no da de comer. Los costes de aquella desatención los estamos pagando todavía, no solo materialmente, sino también intelectualmente, por más que don Marcelino derrochase erudición para demostrarnos que existió una pujante ciencia española. Los dos únicos premios Nobel en Ciencias son la mejor muestra de ello. Los españoles fuimos a América a ganar almas para el cielo, tierras para la Corona y oro para nosotros. Almas ganaron muchas, como tierras, que casi no podían abarcar. Pero el oro pasó por España «como por una garganta», según dijo Quevedo, pues solo sirvió para financiar guerras en Europa, expediciones contra el turco y la compra de productos extranjeros, arruinando la industria nacional. La Corona tiene que declararse una y otra vez en bancarrota, pese a tener un imperio en el que no se ponía el sol.

Únansele los daños humanos. Los más fuertes, los más audaces, los más emprendedores se marchan a buscar fortuna en las Indias o en las guerras. Durante su Edad de Oro, España pierde población, la materia prima para desarrollarse. Mientras, los intelectuales producen una literatura excelsa, un teatro que aún hoy vive y una poesía que no ha sido superada. Pero se olvidan de su otra función: la crítica, la de conciencia de una sociedad, señalando sus errores. Su mayor aspiración no es mejorarla, sino formar parte del establishment de la misma. Nada de extraño que se anquilosase. Tras descubrir un nuevo mundo, España se refugia en el antiguo.

Todo parecía conspirar contra la creación no ya de una riqueza nacional, sino un «espíritu nacional», cemento de una nación moderna, incluidas las propias leyes del Estado. Piénsese que hasta 1682 no se establece que no se perderá la condición de noble por «poseer una fábrica». Advierto sobre lo de «poseer», pues si el propietario tocaba un martillo, escoplo o tijeras, quedaba excluido de tal círculo mágico. «Prácticamente —dice Juan Reglà en la Historia de España y América dirigida por Vicens Vives— en la España de Felipe IV y Carlos II solo hay dos clases sociales: la de los privilegiados y la de los pecheros», es decir, la de los que tenían prohibido trabajar, refugiados en su egoísmo, holgazanería e insolidaridad, y la de los que pechaban cargando con todos los trabajos y tributos. Dos reflexiones al respecto. La primera, de cajón: todo el mundo aspiraba a entrar en ese círculo exclusivo de una forma u otra. La segunda: el trabajo no era el camino más adecuado para ello. Al revés, era un obstáculo.

A lo que podría añadirse una tercera, directamente relacionada con el tema que abordamos en este libro e incluso con las dificultades que hemos tenido últimamente: la mejor forma de adquirir rango y dinero en España no era trabajar, producir, elaborar, sobre todo si tiene que ver con el sudor de tu cuerpo, sino buscar la manera de evitarlo.

Un panorama poco favorable para levantar una nación moderna de ciudadanos iguales en derechos y deberes.

Las medias Luces

En Europa, el siglo XVIII es uno de los más brillantes y celebrados. Es el Siglo de las Luces, el de la Ilustración, el de la Enciclopedia. Encuentro más exacta la palabra alemana para él: Aufklärung, esclarecimiento, abrir los ojos, abrir la mente. Es el siglo en que se ponen las bases de la física, la química, las matemáticas, la astronomía modernas, al tiempo que Kant fija en su Crítica de la Razón Pura el horizonte del entendimiento humano. Un gran siglo, por tanto.

En España, sin embargo, el siglo XVIII nunca tuvo buena prensa, para decirlo en lenguaje moderno. «De las Luces, sí, de las luces fatuas», dice de él Eugenio Montes con su elegante pluma. Pero hay que tener en cuenta las circunstancias: veníamos de ser la primera potencia mundial y ya no lo éramos. Francia e Inglaterra se disputaban el título y, con él, nuestras colonias. Para colmo, un rey sin descendencia, Carlos II, provocó una guerra de sucesión en España, en la que intervinieron ambas intentando poner a su hombre en el trono de Madrid. Se impuso el aspirante francés, pero nos costó Gibraltar y Menorca. La isla pudimos recuperarla, pero el Peñón no, y ahí sigue británico al sur de nuestro territorio, como señal de que había empezado nuestra decadencia. También es verdad que los escritores de la época, como Meléndez Valdés, Cadalso o Quintana, no resisten la comparación con los monstruos del Siglo de Oro. Pero tampoco hay que menospreciarlos, aunque solo sea por introducir una nueva forma de ver el mundo, mucho más real, como le ocurrió a Feijoo en sus Cartas Críticas, poniendo a los españoles al tanto de lo que estaba ocurriendo en el mundo, o a los fabulistas, intentando educarlos a base de ejemplos clásicos, algo de lo que estaban necesitados. Visto con la perspectiva actual, el XVIII fue un siglo mucho más positivo que el precedente, e incluso el Imperio español se expandió por América del Norte hasta abarcar casi todo el territorio que hoy ocupan los Estados Unidos, algo que apenas se cita.

También en el terreno social, industrial, educativo y económico hubo avances, aunque menos de los ocurridos en Europa. Los Borbones, que habían sustituido en el trono español a los Austrias, adoptan el modelo francés, mucho más avanzado, y los beneficios nos alcanzan por superarles en un punto fundamental para el gobierno de un país: mientras los Austrias, a partir de Felipe III, dejaban los asuntos de Estado en manos de nobles tan incapaces o más que ellos, que se dedicaban a sus entretenimientos favoritos —la caza, las grandes fiestas palaciegas, la persecución de novicias—, los Borbones eligieron a hombres de mundo, que habían viajado y demostrado capacidad en sus propios negocios. Es el siglo de los Aranda, de los Ensenada, de los Floridablanca, de los Campomanes, de los Olavide, de los Jovellanos, que procuraron poner al país a la altura de su tiempo. Que lo consiguieran ya es otra cosa. El «catastro de Ensenada», mucho más ajustado a la realidad que el hasta entonces existente, demostró que se podía recaudar más bajando incluso los tributos, si los terratenientes de la nobleza y las corporaciones eclesiásticas pagaban todo lo que les correspondía. Lástima que los privilegiados ejercieron tal presión que no hubo forma de llevarlo a la práctica. Pablo de Olavide, al hacerse cargo de la Universidad de Sevilla tras la expulsión de los jesuitas en 1767, cambió su plan de estudios de la escolástica a la lógica cartesiana. Mientras, Campomanes lograba convencer al Consejo de Castilla de que ordenase al resto de las universidades hacer lo mismo, incluyendo las matemáticas, la física, la astronomía, el derecho natural y el de gentes, aunque hay que añadir que ni mucho menos todas obedecieron. Pero era un primer paso, que con la entrada de libros mucho más modernos abría la mente de los curiosos, si bien hay que decir que Montesquieu, Voltaire y Rousseau estaban prohibidos por la Inquisición. El Informe en el expediente de la ley agraria de Jovellanos es la «obra maestra de la Ilustración española», según Richard Herr, en el capítulo sobre este periodo de la Historia de España dirigida por Raymond Carr. Admirador de Adam Smith, Jovellanos sostenía que el agro español estaba aherrojado por los grandes latifundios nobiliarios y eclesiásticos, por lo que convenía dar facilidades a los pequeños campesinos para controlar la tierra que cultivaban. Era el primer intento de una reforma agraria que unía economía y democracia liberales. Como bien apunta Herr, la desamortización demostraría un siglo después que no casaban tan bien, ya que esas grandes fincas cambiaron solo de dueño. Más éxito tuvieron las pequeñas colonias agrícolas que Olavide mandó crear en Sierra Morena, con colonos alemanes, a los que se unieron otros españoles, con objeto de explotar aquella comarca y, al mismo tiempo, limpiar la ruta de Andalucía de los bandidos que la habían hecho tristemente famosa. Fuera por la laboriosidad de los campesinos, fuera por lo virgen de aquellas tierras, ganaron pronto fama por los cereales, cáñamo, lino y seda que producían, con cierta industria local de prendas con estos productos. Aunque un tanto olvidadas en el siglo XIX, hoy son centros de una rica agricultura.

El siglo XVIII es también el siglo de las Sociedades Económicas de Amigos del País, de las Reales Academias, del Observatorio Meteorológico, del Jardín Botánico, de la Escuela de Ingenieros, del Museo de Ciencias. Con todo, no es un siglo revolucionario. La estructura social sigue siendo la misma que hace uno, dos, tres siglos. Piensen que hasta 1785 no se deroga la Recopilación de Juan II, en la que, junto a la escalera de nobleza —duques, marqueses, condes, caballeros, hidalgos— se enumeraban los oficios «viles» —empezando por el de sastre— que «no podían ser ejercitados por caballeros». La Real Cédula de Carlos III decreta que «todos los oficios son honrados», pero no bastó. La actitud despectiva hacia el trabajo manual estaba demasiado incrustada en el carácter español. Trabajar para vivir era, y lo fue hasta bien avanzado el siglo XX, poco honorable. Casi mejor vivir de la trampa o de la limosna. Es por lo que entre las muchas cosas que aquella España necesita están los técnicos. Domínguez Ortiz cuenta 180 000 en el territorio nacional, dedicados a todo tipo de oficios, despreciados por los españoles, incluidos por los de las clases más bajas, como la de simple escudero, el peldaño entre una y otra clase. Estaban además los gremios y cofradías, con sus estandartes, patronos y procesiones, cuyos pleitos por cuál era la más ilustre o salía antes en las fiestas daban para las comedias más hilarantes. Los viajeros que por aquel tiempo nos visitaban —ni mucho menos tantos como ahora— destacan el «orgullo de los españoles, incluidos los mendigos» y, en efecto, quien más quien menos se creía igual o superior al vecino. Ocurría también en dirección social contraria. De entonces viene lo de las marquesas vestidas de majas, las verbenas y el «castizo», que igual resultaba ser un conde. Se compartían, por tanto, diversiones, puntos de vista, actitudes e incluso el lenguaje entre las clases sociales que por otra parte estaban a años luz. De ahí que una pieza de teatro como My Fair Lady no pudiera darse en España por la sencilla razón de que la vendedora callejera de flores hablaría tan buen español como la dama más escopetada, o la inversa: la dama más escopetada hablaría tan mal español como la violetera ambulante.

¿Viene de entonces la fama de orgullosos que tenemos, nuestra altivez —patente incluso entre los mendigos—, que asombra, o asombraba mejor dicho, a los escasos extranjeros que se aventuraban por nuestras tierras, junto al retraso general de ciudades y aldeas? Posiblemente.

Aunque espero que coincidan conmigo que esta no era la mejor atmósfera para que estallase una revolución, entendiendo por tal, como queda dicho, un cambio en el orden existente. Cada cual procuraba sacar el mayor provecho en la órbita que le correspondía, y a la inmensa mayoría ni se le pasaba por la cabeza que fuera mudable. Para ajustar cuentas, estaba el Señor del otro mundo.

En una Francia a la cabeza de prácticamente todos los ramos de la actividad humana, los Borbones, empujados por una burguesía ansiosa de protagonismo y una clase intelectual decidida a imponer su concepción del mundo, intentan canalizar el cambio inevitable que se avecina. En España, donde faltan ambos estamentos, es también la Corona la que debe encabezar las reformas, apoyada por algunos aristócratas —los menos— cosmopolitas. En ningún país el despotismo ilustrado lo fue tanto como en el nuestro.

El Estado tiene que suplir la falta de empresarios con la loable iniciativa de las Reales Fábricas. Serán en su mayoría de artículos de lujo —tapices, porcelanas, cristal— con algunas de hilaturas y metalúrgicas. Sus gastos son enormes, y como suele ocurrir con las empresas estatales, sus productos son caros y no demasiado buenos. La mayoría de ellas terminaron cerrando.

Había demasiado que hacer en aquella España —en realidad, todo— y los esfuerzos de algunos gobernantes se ahogan en la penuria general:

— Pese a que el 71 % de la población activa se dedica a la agricultura, esta no cubre las necesidades alimenticias nacionales.

— El comercio exterior sigue en manos extranjeras y volcado en el tráfico de metales preciosos. Según Fontana, la mitad del comercio exterior español era mera importación de mercancías extranjeras y su reexportación a las Indias. Dañaba a la industria nacional, pero interesaba al erario público por los dobles derechos arancelarios que obtenía. En cuanto al comercio interior, se veía obstaculizado por la falta de comunicaciones y la abundancia de fielatos locales.

— La industria acusaba la falta de capitales, empresarios, técnicos y mercados.

— Las universidades seguían con planes de estudio que, sin exagerar lo más mínimo, podían considerarse medievales, cuando el mundo se abría a todos los ramos de la ciencia e investigación que, como hoy sabemos, son la base de la riqueza de las naciones.

Los Borbones acometen la tarea de corregir esas deficiencias, comenzando por la fundamental: la estructura de aquel país, imperio, nación, reino o lo que fuese, englobado por el genérico nombre de «Corona o monarquía española». España había sido hasta entonces un mosaico de territorios dispersos no solo por Europa, sino también por el mundo, mal ensamblados entre sí, y si se quería hacer con ellos un Estado al estilo de su tiempo, lo primero era ensamblarlos al menos dentro de la Península, donde continuaba la disposición de los viejos reinos medievales. De ahí que el primer Borbón, Felipe V, dispusiera, al estilo del modelo centralizador francés, los Decretos de Nueva Planta, que unificaban legislativa, fiscal y aduaneramente todo el territorio español, afectando en especial al antiguo Reino de Aragón, que conservaba desde el famoso «tanto monta, monta tanto» de los Reyes Católicos muchas de sus instituciones, siendo Cataluña la región más afectada, o al menos la que más resistencia opuso, hasta el punto de que tener que despachar el monarca tropas para aplastar la sublevación. El 11 de septiembre de 1714, día en que Rafael de Casanova, el líder del levantamiento, cae herido en el fortín de la Ciudadela barcelonesa ante las fuerzas reales, se conmemora hoy con las grandes manifestaciones de la Diada.

Cataluña

Si fuéramos capaces de contemplar aquellos hechos con la perspectiva histórica de los tres siglos transcurridos, nos daríamos cuenta de que tanto legal como materialmente los Decretos de Nueva Planta no tienen el carácter maligno que se les ha dado en Cataluña ni tuvieron efectos tan dañinos para ella. Pero andando por medio el nacionalismo no sirven de nada ni las razones ni las cifras, aunque conviene no olvidarlas para dejar constancia de lo realmente ocurrido. El arranque de tales Decretos es que desaparecía la extranjería dentro de España, convirtiendo a todos los españoles en ciudadanos con iguales derechos y obligaciones, condición indispensable para asentar no ya una nación, sino un Estado moderno. Luego, se unificaban los impuestos en todo el país, otra de las condiciones para ponerlo al día. Había un problema en ello, sin embargo: que la unificación se hacía según los impuestos castellanos, más altos que los de otros lugares, donde verían aumentar los suyos, algo que no gusta a nadie en ningún lugar ni momento. Pero quedó de sobra compensado con la eliminación de fronteras, aduanas y fielatos locales, abundantísimos en aquella España y constituyendo, junto a las malas comunicaciones, el mayor obstáculo para el comercio interior, que a partir de entonces se dispara. Y, con él, la industria. Los catalanes son quienes más provecho sacan de ello. O para ser más exactos, los únicos, pues el resto del país continúa con la rutina de siempre. De entonces viene el refrán «los catalanes sacan de las piedras panes», y el permiso de comerciar directamente con las Indias (1778) significa el definitivo despegue de su revolución industrial, centrada especialmente en el terreno textil, con miles de telares en la comarca de Barcelona. Tras ellos llegan miles de españoles del resto del país en busca de trabajo, como ocurriría en los dos siglos siguientes. Tanto o más importante es que, al amparo de ello, se crea una burguesía que con el tiempo devendría en nacionalista, aunque su despegue lo hace engranando con el resto de España.

Algo parecido ocurre en el País Vasco, aunque más lento. Está ya a la cabeza de la industria metalúrgica peninsular —Vizcaya tiene 178 forjas, Guipúzcoa, 3 500 obreros del ramo—, pero habrá que esperar al siglo XIX para ver un auténtico desarrollo tanto de la siderurgia como de la burguesía vasca, que emprenderá su propio nacionalismo, de raíz más étnica y tradicional.

Lo que no puede discutirse es que el despegue tanto material como político de Cataluña y el País Vasco tuvieron su origen en lo que luego han considerado el fin de su libertad y prosperidad: la llegada de los Borbones al trono de España y sus Decretos de Nueva Planta. Quien quiera más detalles al respecto puede consultar mi libro anterior, La historia de España que no nos contaron, o dirigirse directamente a los libros que allí comento: España y Cataluña, de Henry Kamen; Historia de Cataluña, de Ferran Soldevila; 1714. Cataluña en la España del siglo XVIII, donde dieciocho especialistas fijan el tema desde todos los ángulos. Serían definitivos si el nacionalismo, con su absoluto desprecio de la verdad y de la realidad, no anduviera por medio. «El nacionalismo histórico es del todo mágico», nos advierte Enric Ucelay-Da Cal. Mientras, Gabriel Tortella considera «profundamente innovadora» la política económica de los Borbones.

Se apagan las Luces

En el resto de España, las cosas seguían como siempre. Alguna estadística arroja que el 30 % de la población vivía de las rentas propias o del presupuesto del Estado: un lastre demasiado grande para permitir avanzar al país. Por otra parte, las reformas se habían hecho a remolque de Francia, no motu proprio. Unas reformas muy dieciochescas, quiero decir, bajo el lema del despotismo ilustrado, «todo para el pueblo, pero sin el pueblo». Pero lo que viene ahora de Francia es algo completamente distinto: va a llegar la revolución.

¿Llega la hora de la revolución española?

3
CÁDIZ: LA PRIMERA CONSTITUCIÓN

Recordarán los rasgos determinantes para darse una auténtica revolución —alzamiento contra los usos, no contra los abusos (Ortega)—, que traducido a hechos significa una movilización ciudadana ya contra las élites privilegiadas locales, ya contra un invasor extranjero. En aquella España la primera circunstancia era difícil que se diera, al compartir el pueblo llano y las clases dirigentes la misma mentalidad, una vez que, erradicado todo síntoma de herejía —religiosa o política— no existía disidencia contra el orden establecido. Del mismo modo que se admitía que la Tierra era el centro del universo, con todos los astros girando alrededor de ella, se aceptaba que las distintas clases sociales giraban en sus respectivas órbitas en un equilibrio tan plácido como infinito. Fue así como el sistema social español, mantenido por el oro y la plata que llegaba de América, se petrificó, mientras el resto de los países europeos crecían e intentaban arrebatarle esas riquezas. Ni siquiera el impulso borbónico fue capaz de eliminar esa tendencia al statu quo, a dejar las cosas tal como estaban. Algo que, trasladado a la política, creó en el subconsciente español una ecuación encadenada: la innovación es antiespañola, antipatriótica; lo patriótico es lo tradicional, lo conservador. Es así como la democracia liberal, por el mero hecho de venir de fuera —de nuestros enemigos— no significaba para España nada bueno. Y no digamos ya la revolución, opuesta a todo lo que hasta entonces había significado y defendido España. La posibilidad de escapar de este callejón sin salida solo podía venir de circunstancias excepcionales, de una coyuntura especialísima, de una crisis de gigantescas proporciones. Ocasión que llegó con la segunda de las posibilidades arriba indicadas para propiciar una revolución y, con ella, el parto de una nación moderna. Me estoy refiriendo, como habrán adivinado, a la invasión napoleónica.

El 2 de mayo

Legalmente no fue una invasión, al estar consentida. Las tropas francesas entraron en España pacíficamente para ocupar Portugal, uno de los pocos aliados que le quedaban a Inglaterra en el continente contra Napoleón. Lo había autorizado la Corona española, que atravesaba uno de sus momentos más bajos, ya que no se sabía bien quién mandaba: el rey, Carlos IV; el favorito del monarca y su esposa, Godoy, o el príncipe heredero, Fernando, celoso por doble motivo, que planea un golpe de Estado y es descubierto, detenido y perdonado por su padre… para seguir conspirando, hasta atraerle a Aranjuez y obligarle a abdicar en su nombre.

Pero los planes de Napoleón eran otros. Él se consideraba el heredero de la Revolución francesa y el designado por el destino para establecer un nuevo orden europeo bajo la norma del Código Civil que sus soldados llevaban en las mochilas. España era uno de esos países decadentes que necesitaban renovarse, e incluso tenía ya dispuesto rey para su control: su hermano José, que aparte de haber sido diputado en el Consejo de los Quinientos era ya rey de Nápoles. Para ello, el emperador manda venir a los dos reyes españoles a Bayona, donde Fernando VII devuelve la corona a su padre, Carlos IV, que a su vez abdica en Napoleón, y este en su hermano José. Una de las primeras disposiciones del nuevo rey es dotar a España de una de aquellas constituciones calcadas de la francesa que el emperador iba repartiendo por Europa y que, a la postre, han resultado lo más duradero de su obra.

El 7 de junio de 1808, José I recibe en Bayona a una delegación de los Grandes de España, en cuyo nombre el duque del Infantado le ofrece fidelidad. ¿Es que nadie, me preguntarán ustedes, se había enterado de lo ocurrido el 2 de mayo en Madrid? Sí, pero no le concedieron mayor importancia. Habían oído hablar de ciertas algaradas populares cuando se intentaban llevar a Francia a los últimos infantes, pero habían sido aplastadas por las tropas de Murat. No podían imaginar que los súbditos que habían dejado atrás pudieran levantarse contra el mejor ejército del mundo.

El 2 de mayo de 1808 se ha convertido en fiesta nacional y «Día de la Independencia», una de las fechas más sublimes de nuestro calendario, y la guerra que siguió fue bautizada como «Guerra de la Independencia». También los norteamericanos llaman así la suya contra los ingleses, pero hay notables diferencias. La más importante, que la Guerra de la Independencia norteamericana va unida al nacimiento de su nación y a una «revolución nacional». Algo que no está del todo claro en la nuestra, primero, porque España ya existía como Estado e incluso como nación, aunque con un viejo régimen. Lo que falta por dilucidar es si fue también una guerra revolucionaria.

Marx, experto en el tema, escribe en Das revolutionäre Spanien: «En general, el levantamiento era más contrarrevolucionario que revolucionario. Era nacional, pues proclamaba la independencia de España frente a Francia, pero al mismo tiempo dinástico, pues prefería a Fernando VII que a José Bonaparte. Era reaccionario, pues contraponía las viejas instituciones, costumbres y leyes a las novedades racionales de Napoleón. Era supersticioso y fanático, pues luchaba por la “Santa Religión” frente al llamado “ateísmo francés” y la eliminación de los privilegios de la Iglesia». O sea, que de revolucionario tenía muy poco.

Pero es verdad que era patriótico: rabiosamente patriótico. Por primera vez en su historia, con el rey secuestrado, el país ocupado por un ejército extranjero, la aristocracia colaborando con el invasor y una intelectualidad afrancesada, el pueblo español se enfrentaba a solas con su destino. Era la ocasión ideal de remozar estructuras, detener la caída, enderezar el rumbo y recuperar el sentido nacional. Si una revolución significa, como hemos dicho, la mayoría de edad de un pueblo, con todo lo que lleva aparejado de responsabilidades personales tras un larguísimo periodo de tutelaje autoritario, la Guerra de la Independencia ofreció la primera gran oportunidad a España para hacer su revolución nacional, no tanto contra los franceses como contra sí misma.

La Guerra de la Independencia

De entrada, todo parecía haberse conjugado para que la revolución tuviera lugar. La falta de liderazgo obliga a la creación de «juntas» en las distintas ciudades, despertando al pueblo de su letargo de siglos para ponerle en febril actividad. «En cierto sentido —confirma Miguel Artola en La Burguesía Revolucionaria, dentro de la Historia de España que dirige—, las juntas representaron la reasunción popular de la soberanía». Las forman artesanos, menestrales, hidalgos, letrados y clérigos, con el pueblo en masa detrás, que en septiembre de 1808 deciden crear la Junta Central Soberana. Marx reconoce que hubo «una influyente minoría que consideró el levantamiento popular contra la invasión francesa como la señal para la revolución política y social española». La formaban «la alta burguesía, escritores, médicos, abogados e incluso algunos sacerdotes, para quienes los Pirineos no habían constituido una barrera suficientemente alta contra la filosofía del siglo XVIII». Pero el bajo nivel general, así como la inercia de tres siglos, hizo que se eligiesen para las juntas a bastantes más nobles provincianos, los famosos hidalgos, que a burgueses propiamente dichos, que tampoco abundaban. En algunas ciudades, como Sevilla, incluso se puso a la cabeza de la lista a curas. Fue así como las juntas se vieron muy pronto llenas de gentes «muy alejadas de la revolución». Muchos de los miembros trataban incluso de «contrarrestar las corrientes revolucionarias cuando amenazaban desbordarse».

Pese a todos ellos, las circunstancias eran tan favorables que algo tenía que surgir, y ese algo no podía ser otra cosa que una constitución, certificado de nacimiento de una nación moderna. El pueblo español, mejor dicho, la parte más alerta del mismo, vence no solo a los franceses, sino también a su propia inercia, y se da a sí mismo una constitución que recoge los principios de la revolución burguesa. Salvando el tiempo y las circunstancias, a uno le viene a la cabeza el recuerdo de la transición democrática tras el franquismo, otro milagro político.

La «Pepa»

Contémoslo. El 24 de septiembre de 1810, se reúnen en la isla de León —hoy San Fernando— unas Cortes con ánimo constituyente. El 20 de febrero de 1811 trasladan las sesiones a Cádiz. El 19 de marzo de 1812 anuncian la nueva Constitución y el 29 de septiembre de 1813 cierran las sesiones. Son 384 artículos que se resumen en uno: «La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales».

A la «Pepa», como la llamaría un pueblo tan amante de los apodos como el nuestro, se la ha ensalzado y denigrado, copiado —sobre todo en las repúblicas hispanoamericanas que pronto surgirían—, e ignorado dentro del propio país. Prefiero ofrecerles los rasgos fundamentales de ella para que hagan su propio juicio.

Derecho a voto lo tienen todo los españoles —las españolas tardarían más de dos siglos en tenerlo—, excepto los servidores domésticos, individuos en bancarrota y delincuentes. Ningún diputado puede pedir o aceptar pagos, pensiones o condecoraciones del rey. Consejeros de Estado y cuantos tengan cargos en la Corte no podrán ser diputados. El rey, el príncipe de Asturias y los regentes tendrán que jurar la Constitución ante las Cortes. Estas deberán ratificar todos los tratados militares, los subsidios decretados y las regulaciones de comercio, así como la entrada de tropas en territorio nacional —había buenas y recientes razones para ello—, teniendo asimismo potestad para prohibir al rey abandonar el país o contraer matrimonio sin su permiso. Se elimina la tortura, la coacción jurídica, la confiscación de bienes y, como consecuencia de todo ello, la Inquisición. Todos los españoles están obligados a pagar impuestos de acuerdo con sus medios, desapareciendo por tanto los privilegios fiscales de la nobleza. ¿Cómo pudo surgir —es lo primero que se le ocurre a uno— una constitución tan moderna en una España tan retrógrada, en lucha, encima, con un invasor que representaba las nuevas ideas? Posiblemente la respuesta sea que la Constitución española de 1812 no fue una copia servil de la francesa de 1791, como fueron tantas otras europeas de su tiempo. De haberlo sido, no habría pasado. Marx la considera «una reproducción de los fueros, a la luz de la Revolución francesa», «una creación original del espíritu español, que restablece las viejas instituciones nacionales e introduce las reformas que habían pedido los hombres más famosos del siglo XVIII, haciendo las inevitables concesiones a los prejuicios del pueblo». Por ejemplo, no hay separación de la Iglesia y el Estado, que es una de las bases de la revolución burguesa. «La religión de la nación española es para siempre la Católica, Apostólica, Romana, la única religión verdadera», dice su artículo 12. «La nación la defenderá por disposiciones legales y prohibirá la práctica de cualquier otra religión».

Aun así, era un documento modernísimo para aquella España, que en muchos aspectos todavía no había salido de la Edad Media. Bastantes de sus conceptos tenían que sonar abstractos a un pueblo acostumbrado a vivir y morir con una visión teológica de este mundo y del otro. Por otra parte, los viejos fueros habían quedado enterrados por tres siglos de absolutismo. ¿Cómo pudo emerger, junto a leyes tan progresistas como la de agosto de 1811, que abolía la supervivencia del régimen feudal en el campo (vasallaje, privilegios, etc.) o la de 1813, que suprimía los mayorazgos inferiores a 3 000 ducados? Marx apunta tres razones:

1. Que en su redacción se dieron cita los hombres más progresistas de aquella España.

2. Que a Cádiz llegaron primero los representantes de las regiones más democráticas —Cataluña, Galicia—, seguidos de los de Levante. Mientras, los de las reaccionarias del interior tardaron en acudir, y alguno ni siquiera recibió permiso para ello.

3. Que Cádiz fuera por aquel entonces la ciudad más abierta de las españolas, «casi una ciudad americana», llena de comerciantes y gente interesada en lo novedoso, influida por las ideas del siglo XVIII. «Su población llenaba las galerías de la sala cuando las Cortes estaban en sesión, y mantenían a raya a los reaccionarios (serviles) por medio de un sistema de atemorización y presión», escribe Marx sin poder refrenar su regocijo.

Así fue surgiendo, en una atmosfera entusiasta, aunque un tanto artificial, una constitución bastante más avanzada que el propio país. Pues, pese a las concesiones hechas a las tradiciones españolas, «las Cortes sabían perfectamente que tan moderna constitución era incompatible con el viejo orden social», admite don Carlos.

Si a ello se añade que faltaban en ella los supuestos para una reforma económica, algo esencial para atraer a los sectores menos favorecidos, aun con riesgo de enfrentarse a los que salieran perjudicados, tendremos las razones de que la Constitución de 1812 no lograra arraigar en el pueblo llano. En cuanto a la burguesía, había demasiada poca para inclinar la balanza. Y, encima, buena parte de ella tiene que emigrar tras la guerra. «En España —escribe años más tarde Larra, cuyo padre, médico del Ejército napoleónico, fue uno de los emigrantes— solo hay clase media en Cádiz y Cataluña».

Cerrojazo

Pronto va a comprobarse. Ya cuando el 16 de abril de 1814 regresa a España Fernando VII, el «prisionero de Napoleón» —aunque pasó la Guerra de la Independencia cómodamente alojado en un castillo francés— es saludado en las calles de Valencia con el grito de «¡Viva el rey absoluto!», «¡Abajo la Constitución!», y dicen incluso el de «¡Vivan las caenas!», posiblemente inventado, aunque se non è vero, è ben trovato.

Además, Fernando VII, el Deseado, no necesita tales instrucciones y deroga la Constitución, restaura la Inquisición, anula las reformas agrícolas, llama de nuevo a los jesuitas, envía al exilio o a la cárcel a los redactores del texto constitucional y se declara monarca absoluto. Lo peor, sin embargo, no es eso. Lo peor es que lo hace sin resistencia popular.

¿Por qué? La mejor explicación que he encontrado es la que da José María Jover en el capítulo correspondiente a este periodo en la Historia de España de Teide:

Al reaccionar espontáneamente contra la invasión, en uso de un derecho primario de toda colectividad humana, el pueblo español lo hace movido por unas ideas, más que “pensadas”, “vividas por cada individualidad”. La palabra “constitución” no tiene, todavía, sentido alguno para la inmensa mayoría de un cuerpo nacional (94% de analfabetos en 1803) que encuentra sencillamente natural que el rey mande y los demás obedezcan. Estas clases populares confían mucho más en “el rey” —mito de una inmensa eficacia en las clases populares españolas durante todo el siglo XIX— que en la minoría intelectual del país; la cual, por otra parte, no va a sentir suficientemente la necesidad de la integración plena de esa masa ciudadana amorfa (un pueblo de analfabetos) en la comunidad política que pretende edificar. El rey como mito, como personificación del bien y de la libertad; la defensa espontánea de la propia tierra, del propio terruño, hollado por unas gentes extrañas que hablan de manera distinta; la defensa de la religión, de unas formas de religiosidad tradicionales, frente a un invasor en el cual, por instinto atávico, el español tiende a ver siempre la personificación de la impiedad y del mal….

La consecuencia no podía ser otra que la siguiente lectura de lo acontecido:

El buen rey Fernando ha caído en el mismo lazo que cada pueblo, cada aldea española invadida. El levantamiento tiene, pues, un sentido claro: echar a los franceses, reponer en su trono a Fernando.

Perdida la oportunidad inmejorable que ofreció la Guerra de la Independencia para hacer su revolución nacional, España inicia siglo y medio de ensayos, bandazos, debates, guerras civiles e intentos de encontrar su equilibrio interno y su papel en el concierto internacional. Los periodos conservadores y liberales se suceden en ritmo cada vez más frenético, con luchas cada vez más crueles. Jorge de Esteban ha descrito el vaivén de constituciones de distinto signo. En el entretanto, se pierde el imperio y, ¿qué queda? Nada, pues la nación en el sentido moderno no ha cuajado, con dos bandos que se la disputan y se consideran enemigos a muerte. Los conservadores se convierten en abanderados de la tradición mientras los liberales enarbolan la bandera de lo nuevo. Al supernacionalismo de la derecha se opone el internacionalismo de la izquierda, sin que la nación moderna, o proyecto común, acabe de surgir. A falta de ella, surgen las dos Españas de Antonio Machado, una negándose a la otra.

4
EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823)

De vuelta al absolutismo, con apoyo popular, y a su tradicional estilo de vida, es fácil imaginarse lo que fueron los seis primeros años del reinado de Fernando VII. Se ha echado la persiana con el exterior y todo vuelve a lo que era, como si nada hubiese ocurrido. El pasado ejerce sobre los españoles una especie de fascinación. No por nada, Jorge Manrique es uno de nuestros poetas favoritos (¡y mejores!). Pero, por muchas persianas que se echen, por mucha vuelta a lo de antes que se intente, el pasado no vuelve, el mundo sigue adelante querámoslo o no. Además, habían sucedido muchas cosas, algunas importantísimas, como la contienda devastadora que acababa de terminar, dejando el país en ruinas. Y las colonias americanas, que se habían tomado más en serio que nosotros la Guerra de la Independencia, empiezan a pensar en la suya. Aunque da la impresión de que no nos dimos cuenta hasta perder las últimas, ya cuando el siglo agonizaba, provocando la gran crisis nacional de 1898.

Pero antes tendrían que pasar muchas cosas, pues, como queda dicho, volver al pasado es imposible por más esfuerzos que se hagan. Lo comprobará Fernando VII que, tan contento en su trono, encontró un buen día —concretamente el 1 de enero de 1820— que las tropas a punto de embarcar en Cádiz para combatir la rebelión de Bolívar en América se sublevaron bajo el mando del comandante Rafael de Riego, quien proclamó la Constitución acordada en aquella misma ciudad. Y no solo eso, sino que el general enviado para aplastarle se unió a él, siendo varias las ciudades que pasaron a regirse por «concejos constitucionales», ante lo que el rey no tuvo más remedio que anunciar que gobernaría por la senda constitucional. Era el primer pronunciamiento, o «putsch» militar, de los varios que le seguirían en España y en lo que habían sido sus colonias americanas.

Dos notas al respecto. La primera, que el Ejército español surgido de la Guerra de la Independencia era muy variado, abundando en él tanto las partidas mandadas por hombres del pueblo llano como las mandadas por clérigos trabucaires. Algunos de los primeros llegaron a los más altos cargos del Gobierno sin abandonar su espíritu libertario. Los segundos se contentaron con mantener en sus comunidades la más estricta fe católica y combatirían más tarde al lado de los carlistas.

El segundo punto interesante es el papel de la masonería en este periodo, exagerado por sus mayores enemigos hasta el punto de verla detrás de todos los complots, algo alimentado por su propio secretismo. Para abordarlo, voy a fiarme de uno de los historiadores que por sus conocimientos e imparcialidad más confianza me ofrece, don Antonio Domínguez Ortiz. En España, tres milenios de historia, que considera su testamento, escribe al respecto: «Descartados sus orígenes fabulosos, resulta que hasta fines del siglo XVIII solo hubo en España algunos masones de origen extranjero. Una masonería nacional no la hubo hasta que los marinos que habían regresado de Brest organizaron una logia en Cádiz que fue descubierta y disuelta. Esta primitiva masonería tenía en su versión británica tintes aristocráticos y religiosos; la versión francesa era más radical, más impregnada de las luces, con algunos rasgos de esoterismo y ritual prerromántico que añadían sal y pimienta a sus ceremonias. La invasión francesa trajo logias militares a las principales ciudades, a las que se afiliaron algunos españoles, por curiosidad unos, buscando los beneficios de la fraternidad masónica otros. A no pocos ciudadanos de a pie encantaría mudar su gris existencia convirtiéndose por unas horas en Caballero Kadosch o Príncipe del Sublime Secreto. Era un medio de ascensión social, muy lejos de toda demagogia. Algunos liberales perseguidos después de 1814 pensaron que las logias, por su secretismo, podrían ser un lugar adecuado para murmurar y conspirar; así se formó esa masonería política, tan alejada de sus genuinos orígenes y que en ciertas épocas influyó bastante en la vida española». Posiblemente don Antonio se refería a su infiltración en los círculos intelectuales, tan acusada durante las dos repúblicas, incluido su rastro en el Ejército. Sin ir tan lejos, Miguel Cabanellas, que como general más antiguo presidía la Junta de Defensa Nacional en la sublevación de 1936 antes de Franco, era masón.

Pero volvamos a la sublevación de Riego. Sobre si este alzamiento tuvo o no el respaldo popular discuten los historiadores. De que contó con el apoyo de las clases ilustradas no cabe la menor duda, pero, como nunca habían sido decisivas, era necesario que existiesen otros apoyos, en el Ejército sin duda. Pero tuvo que contar también con una insatisfacción del pueblo por la nueva situación creada en América, que empezaba a costarnos dinero y vidas. Hubo elecciones, ganadas por los liberales, que retomaron en efecto la senda constitucional. Una de las primeras disposiciones fue abolir la Inquisición y expulsar de nuevo a los jesuitas. Se crea una «milicia nacional», a imitación de la francesa, para fomentar el patriotismo, pero el servir en filas nunca ha sido demasiado popular en España. Antes habría que haber creado un «espíritu nacional» que no existía o era bastante débil. También se reorganiza la enseñanza, con la esperanza de fomentar la ciudadanía, pero ese, que es el buen camino, lleva tiempo, mucho tiempo, pues requiere generaciones. Los liberales que encabezaban el nuevo camino, como presintiendo que no tenían mucho tiempo, lanzaron todo tipo de reformas, por lo que su «revolución» fue tan caótica como ambiciosa, sin establecer prioridades ni medir resultados, aunque el anticlericalismo fue su rasgo más acusado. Nada de extraño que alguno de los curas trabucaires de que hablamos volviera a echarse al monte para combatirla, mientras surge un partido Apostólico —el nombre lo dice todo— que se considera «representante de la verdadera España».

Pero lo que va a traer su fracaso es la secesión que se produce en las filas liberales entre «moderados» y «radicales», una división que va a ser fatal para las fuerzas progresistas y para la revolución que buscan a lo largo de este siglo, sin acabar de encontrarla. Ambas facciones dedican buena parte de sus fuerzas a combatirse entre sí, lo que aumenta el desorden en un país donde ya forcejean liberales y conservadores.

Por otra parte, Europa, ya de vuelta de la revolución, no quiere focos desestabilizadores, y nos envía los «Cien Mil Hijos de San Luis» para imponer orden. «Se trata —escribe Ricardo de la Cierva en su Historia básica de la España actual— de una nueva invasión francesa, que no provoca, sin embargo, la fulminante reacción nacional y popular de la de 1808. No por el cansancio de una España incansable, sino porque la francesada no venía a llevarse al rey, sino a reponerlo en la plenitud del trono y sus derechos absolutos».

El segundo intento de revolución en España había fracasado, esta vez, cuando la contrarrevolución exterior acude en ayuda de la interior.

5
LA DÉCADA LIBERAL (1833-1843)

Los últimos años del reinado de Fernando VII traen un cambio en el monarca, que ya por aquellas fechas mostraba ciertos síntomas de locura, aunque en otros momentos mostró una sagacidad que no había tenido en sus años mozos.

Acosado por los liberales, que desde el exilio no hacían más que planear complots, pero sobre todo por los Apostólicos, que exigían se ejecutase a más liberales y se restableciese la Inquisición, ya que no confiaban en los tribunales civiles, el rey, pese a sus poderes absolutos, llegó a sentirse amenazado por los más fervientes defensores del absolutismo cuando estos buscaron el liderazgo de Carlos, un hermano suyo que todo apuntaba iba a ser su heredero, ya que Fernando, pese a sus distintos matrimonios, no tenía hijos. La cosa llegó al punto de que hubo un levantamiento en Cataluña, siendo necesario el envío de tropas, con el monarca al frente, para aplastarlo. Pero se dio cuenta de que su mayor peligro le llegaba ahora de dentro de casa, y necesitaba por ello congraciarse con los liberales más moderados. La suerte vino en aquel momento crítico en su ayuda: su cuarta esposa, su sobrina María Cristina, le hizo padre. Había un pequeño inconveniente. Mejor dicho, grande: era una heredera, Isabel. Y la ley de los Borbones, llamada Sálica, impedía reinar a las mujeres. Las Cortes de 1789 la habían revocado, pero Carlos IV no le había otorgado su Pragmática Sanción. Fernando VII, previendo lo que significaba, lo hizo durante el embarazo de su esposa, con lo que Isabel nació como reina. Don Carlos negó toda validez a la Pragmática, lo que era todo un desafío a su hermano, al tiempo que advertía a sus seguidores que estuvieran preparados para todo. Fernando toma las medidas oportunas: él, que había sido el azote de los moderados, los incluye ahora en el Gobierno, declarando la amnistía de todos los liberales encarcelados y los que se encuentran en el exilio, que regresan jubilosos. Pero la salud del rey empieza a fallar y los carlistas, como ya se conoce a los seguidores de don Carlos, se disponen a instalarle en el trono como sea. Cuando Fernando muere en septiembre de 1833, su hija es proclamada reina bajo la regencia de su madre María Cristina, y España se encamina hacia la guerra civil, la más larga de nuestra moderna historia —siete años— y la primera de las llamadas Guerras Carlistas. Técnicamente eran guerras de sucesión; de hecho, fueron guerras de religión. España, que no las había tenido en el siglo XVI, iba a tenerlas en el XIX. E incluso en el XX, pues la de 1936 también lo fue, entre otras muchas cosas. Ya decía Eugenio Montes que es «el país de los frutos maduros». También podía haber dicho «de los frutos pasados», pues la causa carlista representaba una vuelta al ayer. Que hubiera tres guerras, a cual más sangrienta, indica hasta qué punto la tradición y la modernidad forcejean en nuestra historia sin ser capaces de entenderse.

Las dos regencias que abarcan este periodo, la de María Cristina (1833-1840) y la de Espartero (1840-1843), traen la legitimación del liberalismo en la Corte madrileña, en el Ejército y en la alta sociedad, al haberse pasado los más reaccionarios de ellos a apoyar al pretendiente carlista. Hubo ahí una oportunidad de hacer la «revolución pendiente», aprovechada solo a medias, tal vez porque la liberalización había sido tan solo a medias también: por conveniencia en unos y forzada por las circunstancias en otros, más que por auténtica convicción. Y es que en España, desde tiempo inmemorial, se hace todo a medias, que a veces es peor que no hacerlo. Es decir, que lo que se hace es una chapuza, algo tan típico nuestro como la siesta o la sangría.

De todas formas se dieron pasos en el camino de la modernidad, aunque esta no llegase plenamente. El primero de ellos fue una nueva Constitución (1837), no según el modelo francés, sino el británico, con dos cámaras que, por repartirse el poder, deberían controlarse mutuamente. La Corona obtiene también su parte en el mismo, cosa que hacen tanto la reina regente como su hija, Isabel, cuando alcanza la mayoría de edad, no siempre con fortuna.

Aunque el paso más importante es la desamortización, la venta de bienes eclesiásticos concebida por Juan Mendizábal, tenido por judío, que había hecho una enorme fortuna en la Bolsa de Londres. Nombrado primer ministro en 1835, se encontró con un Estado en bancarrota al que los carlistas tenían contra las cuerdas. La solución que encontró fue vender las propiedades de diócesis y conventos, que eran cuantiosas, para sanear las cuentas estatales y reforzar al Ejército tanto en hombres como en material. «La biblia de los progresistas —la llama Raymond Carr en la Historia de España que escribe con diversos autores— fue el Curso de economía política de Flórez Estrada, un refrito de las obras de Adam Smith y sus seguidores. Para quienes creían en las virtudes de la competencia, el gran defecto del Antiguo Régimen era la falta de un mercado libre. Así, no solo se “liberaron” para venderse a particulares las tierras de la Iglesia, sino que se abolieron también los mayorazgos, permitiendo a los nobles convertir un paquete de derechos señoriales en derechos de propiedad absoluta». La idea, teóricamente, era buena, pero al pasar a la práctica no lo resultó tanto. Es más, dañó a los que debería beneficiar, como explica el propio Carr: «Al venderse al contado o a cambio de bonos del Tesoro actualizados, la tierra fue a parar a manos de notables locales o de agricultores poderosos. En la revolución liberal de la tierra, los pobres salieron perdiendo frente a los “poderosos” de la sociedad rural».

Esto ocurrió tanto en la primera desamortización (1835-1836) como en la segunda (1854-1856), por lo que no pueden considerarse realmente revoluciones, al «alumbrar un neolatifundismo territorialmente más extenso, económicamente más egoísta y socialmente más estéril que el anterior» (Vicens Vives, Historia de España y América social y económica). Mientras Carr sentencia: «Quienes no tenían propiedades eran gravados con impuestos y llamados a filas (los ricos solían pagar para librarse del servicio militar) y además, se les negaba la ciudadanía».

Llamar por tanto a la desamortización reforma agraria es más un sarcasmo que otra cosa. En cuanto a emparentarla con la revolución burguesa, menos. Lo que crea es una burguesía totalmente refractaria a ella.

6
EL BIENIO PROGRESISTA (1854-1856)

Los moderados, que ocupan el poder a continuación de los progresistas, lo hacen, como estos, sin estridencias ni radicalismos, que en adelante van a estar en manos de carlistas y demócratas, estos últimos surgidos al amparo de las revoluciones europeas de 1848, cuyos ecos intentó apagar Narváez, consiguiéndolo a medias. Se llegó a un nuevo Concordato con la Santa Sede que ponía fin al enfrentamiento abierto por la desamortización, comprometiéndose el Estado a pagar un sueldo a los sacerdotes y subvenciones para atender al culto.

Como ya empieza a ser costumbre al cambiar de signo el Gobierno, se promulga una nueva Constitución (1845) que conserva la estructura de la anterior (1837), hasta el punto de que la mayor parte de los 77 artículos de aquella pasan a los 80 de la nueva. Puede que de entonces nos venga a los españoles la idea de que cambiando las constituciones se arreglan los problemas del país, cuando estos solo se arreglan cumpliendo las leyes que nos hemos dado.

La clase aristocrática sufrió menos que la eclesiástica, e incluso se vio acrecentada por el acceso a la nobleza de los militares más destacados —Espartero recibió el título de príncipe de Vergara— y los políticos más notables —José de Salamanca y Mayol recibió el marquesado de su primer apellido—, mientras desaparecían los patrones de hidalgos en los municipios, lo que no hizo más que aumentar el ansia por los títulos.

El final de la Primera Guerra Carlista (1840) significó un alivio tanto para la Hacienda como para el comercio interior del reino, notándose especialmente en las grandes ciudades: es cuando empieza a levantarse el Ensanche de Cerdá en Barcelona y el Barrio de Salamanca en Madrid. Las del interior, en cambio, seguían en su modorra de siglos.

El propio país no acababa de arrancar, en este balancearse entre militares con aficiones políticas y políticos que se amparaban en militares; un equilibrio inestable, mientras Europa ardía en fiebre revolucionaria. Con el retraso consiguiente (1854), esta llega a España con un «pronunciamiento» del general O’Donnell en las cercanías de Madrid que pone de nuevo a Espartero al frente del Gobierno. La proclama, escrita por un joven Antonio Cánovas del Castillo, cita proyectos tan caros a los progresistas como la mejora de la ley electoral y de la ley de imprenta y de impuestos, descentralización, nuevas bases para la Milicia Nacional y una segunda tanda de desamortizaciones, con cifras que superaban incluso a la primera, como apuntamos al hablar de esta.

Por otra parte, algo empezaba a moverse en el proletariado español. Nos lo advierten las primeras grandes huelgas, que casi pueden considerarse levantamientos populares, en Madrid, Barcelona, Zaragoza y San Sebastián. En Madrid se forman «juntas» según el patrón de la Guerra de la Independencia, con tonos muy políticos, mientras en Barcelona tienen un carácter mucho más social, contra la escasez de puestos de trabajo y los bajos salarios. La cosa iba en serio y tanto Espartero como O’Donnell intentan darle cauce en una nueva constitución que, recogiendo el espíritu progresista de las del 37 y 45, profundiza el concepto de «soberanía nacional», entendiendo por tal la popular. De ahí que se limiten las facultades de la Corona y que establezca ya en su artículo primero que «todos los poderes públicos emanan de la Nación, en la que reside esencialmente la soberanía, y por lo mismo, pertenece exclusivamente a la Nación el derecho a establecer sus leyes fundamentales». Esto no es un mero retoque y tiene ya pinta de revolución, al apuntar a un cambio del sistema, lo que crea tensiones en el partido liberal del Gobierno, cuya ala más avanzada se desgaja al hacerse republicana. Mientras, los generales permanecen fieles a la reina, como esta a ellos y a sus reformas, que terminan embarrancando: esta Constitución, la de 1856, no llega a entrar en vigor.

La revolución nacional española seguía esperando.

7
EL QUINQUENIO LIBERAL (1858-1863)

La época se conoce como «Quinquenio Liberal», pero podría llevar el nombre del general que la presidió: Enrique José O’Donnell. Posiblemente fue el más político de todos los generales, ya que jugó a las dos barajas, lo que le permitió aguantar tanto tiempo en el poder. Sus aventuras bélicas tanto en México como en Marruecos tenían como objetivo más despertar el alicaído patriotismo de los españoles que un afán de conquista, pero estos son triunfos a corto plazo, y el segundo le salió por la culata, pues el héroe que salió de aquella aventura no fue él sino otro general, Prim, que sería el protagonista del próximo episodio, aunque O’Donnell logró figurar siempre en cabeza.

Hubo en su mandato una relativa tranquilidad doméstica, una cierta estabilidad política y un desigual progreso económico. A aquellas alturas España era una nación que, sin haber hecho la revolución industrial, hacía ya sus pinitos en ese terreno. Detrás de ella están los «nuevos ricos» creados por la desamortización, si bien no todos ellos, pues la mayoría prefirió no correr riesgos y continuar con la anticuada —en todos los sentidos— explotación del campo. Hubo, sin embargo, como queda dicho, un cierto desarrollo industrial que se hizo —como en el resto de los países avanzados— a costa de las clases trabajadoras, según las más estrictas normas capitalistas. «El desnivel social, económico, cultural, educativo y ambiental —apunta José Luis Comellas en Los moderados en el poder—alcanza tal vez entonces su máxima elongación».

Lo agrava que está muy desigualmente repartido no solo social, sino también geográficamente. De hecho, la industrialización se centra en dos regiones: Cataluña, que en 1864 tiene el 40 % del capital industrial del país, y el País Vasco. Barcelona y alrededores se convierten en el corazón de una industria textil con rango europeo (3 600 fábricas en 1860, 125 000 obreros, 17 000 telares, 1 000 000 000 reales de inversión), mientras Bilbao aprovecha las exportaciones de mineral de hierro para ir creando su propia siderurgia. El salto en cifras de producción es expresivo: 1815, 5 000 toneladas; 1865, 54 000 toneladas; 1870, 90 000 toneladas. Es entonces cuando empiezan a surgir los grandes altos hornos, los Ybarra, Murrieta, Umbarra, Olano, Echevarría, etc.

Paralelamente se aprecia una «huida hacia el litoral»: mientras las regiones interiores pierden habitantes, las costeras los ganan. Cataluña y el País Vasco hacen su revolución industrial con todas las consecuencias que esta lleva consigo, empezando por la aparición de una burguesía y terminando por el surgir de un nacionalismo. No es casualidad que precisamente entonces veamos brotar el «catalanismo» y el «hecho diferencial vasco», apoyados por sus respectivas burguesías. La ecuación que señalamos al principio de este libro (revolución-nación) se cumple en ambos territorios, que se alejan del resto del país. A partir de entonces, «no puede hablarse de una sola sociedad española, sino de varias, a consecuencia de la introducción del industrialismo», advierte Vicens Vives, que subraya, además, la existencia de otra mentalidad burguesa en la Península completamente distinta: la agraria de las dos Castillas y de León, surgida de la venta de bienes comunales en la desamortización, a la que pronto se uniría la rancia aristocracia del sur y de Extremadura, «cuyos intereses materiales y mentales —constata Vicens— divergían no poco de la burguesía propiamente dicha». Incluso en su tendencia a unirse por matrimonio a la aristocracia, esta falsa burguesía «traiciona» los intereses de su clase. El que en bastantes casos reciba títulos nobiliarios no hace más que acentuar su «huida hacia arriba», renunciando al protagonismo que la burguesía está teniendo en el resto de Europa.

Comparto estas observaciones del historiador catalán con reservas, pues esa «huida hacia la aristocracia» se da también en la burguesía inglesa, francesa, alemana y de otros países europeos. Incluso fue frecuente el caso, en la segunda mitad del siglo XIX, de que nobles ingleses más o menos arruinados marchaban al más democrático de los países del mundo, Estados Unidos, en busca de una rica heredera que quisiera lucir el título. O sea, que no, España no fue una excepción. Pero en ningún lugar se dio con tanta frecuencia como aquí, ni la diferencia entre regiones con la revolución burguesa ya hecha y por hacer fue tan grande.

Sin duda alguna, de haberse aprovechado las oportunidades que venimos enumerando para hacer la revolución burguesa en todo el Reino, nos hubiéramos ahorrado los problemas territoriales y nacionales que venimos arrastrando desde entonces. Pero no se hizo, y nos toca afrontarlos con los intereses de deuda que acarrean.

De hecho, España estaba ensayando sucedáneos de un auténtico cambio para continuar siendo la misma, que era lo que realmente le gustaba. Pero engañarse a uno mismo no suele acabar bien, y la época de los militares metidos a políticos llegaba a su fin. A un quemado Espartero le sucedió al frente del Gobierno Juan Prim, cabeza de los progresistas, brillantes aún sus victorias en África. O’Donnell, al frente de los liberales, intenta pactar con él, pero la realidad les desborda al haberse radicalizado ambos partidos. Aparte de que les falla la última instancia, la Corona: Isabel II es todo un personaje y, aunque esta sea una historia de las revoluciones fallidas, es decir, lo más alejado posible de una crónica de chismorreo, tenemos que referirnos a ella, pues desempeñó un papel importante en aquel agitado periodo.

Nacida después de muerto su padre, causa de la más larga y cruel de las guerras civiles que ha tenido nuestro país, criada bajo la férula de una madre más rígida que inteligente, en cuanto ocupó el trono casi siendo una niña, Isabel II dio rienda suelta a su desbordante naturaleza, encomendando su educación política y como mujer a aquellos generales que presidían sus Gobiernos. Que se la obligase por cuestiones dinásticas —acabar con las guerras carlistas— a casarse con su primo Francisco de Asís, cuya masculinidad estaba más que en entredicho, no hizo más que agravar el problema y acabó de estropearlo el que la reina no se limitó a aventuras galantes, sino que quiso hacer política ella misma, intentando pactos aún más escabrosos que los de su dormitorio. Que fracasaron, como podía suponerse. Y, como cuando las cosas van mal no hacen sino empeorar, una crisis económica dejó sin trabajo a mucha gente al tiempo que las universidades se agitaban. Hay choques entre estudiantes y policías en la Puerta del Sol, se celebra el primer congreso obrero español y los sargentos —sí, los sargentos, que no querían ser menos que los generales o los oficiales— se sublevan en el Cuartel de San Gil: los tumultos populares se multiplican. Por suerte o por desgracia —eso nunca se sabe, pues podía significar otra guerra civil o una salida de escape a una sustitución insostenible— mueren casi simultáneamente los dos grandes apoyos de la reina, O’Donnell y Narváez. Es la oportunidad que esperan Prim y Serrano para sublevarse, al mismo tiempo que lo hace en Cádiz el almirante Topete, al mando de la escuadra.

Los sublevados avanzan sin resistencia —al revés, entre aplausos en muchos lugares— hacia Madrid, y las tropas leales solo les ofrecen una casi teórica resistencia en Alcolea.

La reina, como si se lo hubiera olido, estaba veraneando en San Sebastián, y solo tuvo que cruzar el puente de Hendaya para buscar asilo en Francia.

Es septiembre de 1868, y España estrena una revolución de verdad.

8
LA «GLORIOSA» (1868)

La tendencia española al adjetivo —tal vez para disimular la falta de sustantivo— convirtió la Revolución de 1868 en la «Gloriosa». Viendo llegar a Prim y a Serrano sobre Madrid, Vicens Vives habla de «ataque al Gobierno central de la periferia peninsular». El cuadro tiene que resultar hermoso para todo oriundo del Principado: Cataluña, a través de su general-político más efectivo, tratando de imponer la revolución burguesa al centro. Por su parte, Artola, en la obra ya mencionada, la define como «la última ocasión en la que la burguesía (española) protagoniza un movimiento revolucionario». Intento, sin embargo, que se frustra al haber surgido en el entretanto una nueva situación que crea un peligroso desfase: debido al retraso que lleva España en todos los aspectos, quien viene apretando en Europa no es ya la burguesía, sino el proletariado, el llamado «cuarto Estado». Un proletariado que en Europa es eminentemente industrial y en España eminentemente rural, con focos industriales importantes concentrados en las dos regiones antes citadas, Cataluña y el País Vasco. Que en el resto del territorio sea campesino no impide que coincidan en su objetivo: no se contentan ya con la revolución burguesa, quieren ya su revolución, la proletaria. Dos revoluciones pendientes que pugnan entre sí, llegando incluso a anularse mutuamente en distintas ocasiones, la última, en la Guerra Civil de 1936-1939, y, si me permiten la audacia, la que estamos viendo en nuestros días, con PSOE y Podemos. Pero no adelantemos acontecimientos.

En 1868 lo primero que se hace —era ya una costumbre inveterada, casi un rito— es redactar una nueva constitución. Esta recoge las ideas más sublimes del liberalismo e incluso del libertarismo: sufragio universal, la nación como única depositaria de la soberanía, estricta separación de Iglesia y Estado, matrimonio civil, plenas libertades cívicas. Pero —un inmenso pero— apenas se abordan provisiones para revitalizar económicamente España. Ni siquiera habla de nacionalizaciones en la industria y en el campo. Es así como surge el divorcio entre unos intelectuales que solo piensan en «regenerar» el alma española y unos trabajadores que solo piensan en mejorar su suerte material. Un mal que va a hacerse endémico en la España contemporánea.

La mezcla es explosiva; el caos, inmenso; la confusión, general. Hay una burguesía que quiere cambios «pero dentro de un orden», y hay un proletariado que exige cambios inmediatos y radicales. Complicaba aún más el asunto que la mayoría de los españoles seguían siendo españoles, quiero decir, reacios al cambio, y en las últimas elecciones solo habían sido elegidos 52 diputados republicanos, ante lo que los progresistas españoles, con Prim a la cabeza, se ponen a buscar afanosamente un rey fuera, dado el mal resultado que han dado los de casa. El objetivo era establecer una «monarquía democrática» que encauzase y legitimase la revolución burguesa. Italia, que acababa de conseguir su unidad nacional expulsando a las tropas extranjeras que durante siglos la habían ocupado y reduciendo el Estado Vaticano a poco más que la Plaza de San Pedro, nos ofrece un ejemplo y nos echa una mano en la persona de don Amadeo, uno de los príncipes de la casa de Saboya, que acababa de instaurarse en aquel país con plenas garantías constitucionales.

Pero, aunque el elegido cumplía ampliamente las condiciones exigidas, se encontró con el rechazo tanto de los republicanos, es decir de la izquierda pura y dura, como del todavía poderoso bloque conservador, la derecha dura y pura. El nuevo rey no pudo entrar con peor pie en España, que le recibió con el asesinato del hombre que le había traído, Prim. Se ha escrito y hablado mucho sobre quién estaba detrás del atentado, aunque el dedo popular apuntaba al duque de Montpensier, cuñado de Isabel II y aspirante al trono. Pero eran muchos los que no podían tragarle: de un lado los católicos, por pertenecer el nuevo monarca a una dinastía que había dejado al Papa sin Estados Pontificios, del otro, los que estaban hartos de cualquier monarquía y pedían una república ya. Mientras, los problemas, las dificultades y desgracias no hacían más que multiplicarse, hasta hacer el país ingobernable. El primero en reconocerlo es el rey, que dimite el 11 de febrero de 1873. Su mensaje de despedida no puede ser más noble ni certero:«Si fuesen extranjeros los enemigos, sería el primero en combatirlos al frente de estos soldados tan valientes como sufridos; pero los que con la espada, con la pluma, con la palabra, agravan y perpetúan los males de la Nación son españoles…».

Era el reconocimiento de un fracaso, más que del rey, de sus súbditos: el acta de defunción de la revolución coronada. «La excelente y sobria retórica del mensaje, el mismo gesto de la abdicación, exaltado dentro y fuera de la Península como ejemplo de sabiduría y lealtad, van a tener un efecto secundario; la acuñación del tópico, históricamente inexacto, de la ingobernabilidad de los españoles, que hará fortuna especialmente en los círculos del pensamiento conservador» escribe José María Jover en el capítulo correspondiente de la Introducción a la Historia de España. Posiblemente se refería a la interpretación romántica de nuestra historia, que nos coloca siempre próximos al anarquismo, cuando la realidad es que nos hemos dejado conducir la mayoría de las veces como borregos e incluso nos molesta estar sin Gobierno. Pero no vamos a entrar ahora en ese debate. Lo indudable era que, en aquel momento, había que ensayar algo más fuerte. El mismo día, Congreso y Senado, reunidos en Asamblea Nacional, proclamarían la república como forma de Gobierno. Un auténtico salto al vacío de una España que durante siglos solo había tenido monarquías más o menos absolutas.

9
LA PRIMERA REPÚBLICA (1873)

La Primera República española fue un experimento de laboratorio o de círculo intelectual —la mayoría de sus presidentes (¡cuatro en once meses!) pertenecían a ese sector—, con más ideas que experiencia de gobierno y mejor voluntad que sentido práctico. Su primer problema fue que, como suele ocurrir entre los intelectuales, cada uno tenía una idea distinta de qué república iban a implantar, imponiéndose la federal, defendida por Nicolás Pi y Margall, el más conocido de los cuatro, inspirado en los modernos federalismos alemán y norteamericano, que funcionaban perfectamente. Sin pensar que, en un país que solo conocía regímenes más o menos autoritarios, era como lanzarse a la piscina sin haberse cerciorado previamente de si había agua en ella. Más, cuando ese país había mostrado ya profundas grietas en su estructura territorial y serios problemas de cohesión interna. También hay una importante grieta —sima más bien— entre los republicanos, con los citados federalistas por un lado y los unitarios o centralistas por el otro.

Comienzan los debates para la nueva Constitución, obligada en cada cambio de ciclo en aquel siglo, y ya su primer artículo, dado a luz tras largos debates, nos da idea de que aquello iba a terminar mal: «Componen la Nación española los Estados (¡Estados nada menos!) de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas», mientras «Filipinas, Fernando Poo, Annobón, Corisco y los establecimientos de África componen territorios que, a medida de sus progresos, se elevarán a Estados por los poderes públicos». Una ordenación territorial ya de por sí complicada, pero que salta muy pronto por el aire por la insurrección cantonal, que surge por toda la zona de Levante y el sur —Castellón, Vinaroz, Alicante, Alcoy, Cartagena, Granada, Cádiz, Málaga, Sevilla— y se extiende al centro —Salamanca, Toledo, Béjar, Camuñas, en la línea divisoria entre Toledo y Ciudad Real, que se declara independiente de ambas—.

Puede imaginarse que los carlistas aprovechan la oportunidad para arreciar sus ataques, lo que trae la sustitución en la Presidencia de la ya casi teórica República Española de Pi y Margall por Nicolás Salmerón, más conservador, que, al negarse a firmar las sentencias de muerte que le presentan sus generales, es sustituido a su vez por Castelar. Pero quienes mandan realmente son los militares, que van reincorporando al país sus partes desgajadas, fusilando al que encuentran con armas en la mano. Una vez reincorporados al solar común los pequeños «Estados» que le había salido, el general Pavía entra en el Congreso —la leyenda dice que a caballo— y lo desaloja, dispuesto a constituir un «Gobierno nacional» al frente del que se pone el general Serrano.

A todas luces provisionalmente, pues si los políticos habían fracasado, también lo habían hecho los militares. Y los monarcas extranjeros. Los ojos se vuelven al hijo de Isabel II —ella estaba demasiado ocupada en París con sus lances sentimentales— formado en una academia militar inglesa. Al ser sondeado por Cánovas sobre su disposición a asumir la Corona, responde con un manifiesto que lo dice todo: «No dejaré de ser buen español, ni como todos mis antepasados, buen católico, ni como hombre de mi siglo, verdadero liberal».

A las fuerzas fácticas españolas les basta e incluso sobra. La revolución se aleja y la Restauración puede empezar. La historia de España es un eterno ritornello.

10
LA RESTAURACIÓN (1876-1923)

Si no tienes el original, conténtate con la copia; es una de las prácticas más extendidas en nuestra época y, posiblemente, en todas, con la única diferencia de que ahora resulta más común que nunca debido a la multiplicación de las falsificaciones. La Restauración española, que abarcó el último cuarto del siglo XIX y se prolongó por los comienzos del XX, tuvo ese origen: ya que no habíamos sido capaces de hacer la revolución burguesa, se trató de pretender que estaba ya hecha, como en el resto de la Europa desarrollada, y de actuar en consecuencia. Lo malo es que este tipo de trucos duran lo que duran —«puedes engañar a uno una vez, pero no a todos siempre» reza el refrán norteamericano—, pero terminan descubriéndose y la cuenta que nos pasan suele ser con altos intereses, como nos ocurrió a los españoles.

El tránsito de la república a la monarquía o, más exactamente, la vuelta a la monarquía, fue mucho más suave de lo que nadie preveía, facilitada por el caos en que había caído la primera. Incluso los políticos republicanos admiten que el país quiere, ante todo, estabilidad, y aceptan que «lo único que inspira ya confianza en España es una monarquía hereditaria y representativa, mirándola como irremplazable garantía de sus derechos e intereses desde las clases obreras hasta las más elevadas», según el manifiesto que firma el nuevo rey bajo la inspiración de Cánovas. Tampoco los militares, quemados tras sus incursiones por la política, elevan objeción.

Este clima favorece el acuerdo de la nueva Constitución (1876), que intenta abarcar el más amplio espectro político y, sobre todo, aprender de los errores cometidos: el primero de ellos que cada nuevo Gobierno intentase imponer «su» constitución tras abolir la de su predecesor en el mando. Como ven, se trata de una práctica que viene de lejos y mantiene su tirón hasta nuestros días, cuando se cuestiona la que nos dimos hace 38 años, una de las de más larga duración. Pero ya tendremos tiempo de hablar de ello, por ahora, analicemos la que nos ocupa. Tenía 89 artículos, en los que se dividía el poder legislativo entre las Cortes (Congreso y Senado) y el rey, con derecho de este a veto, disolución y convocatoria, así como a designar parte de los senadores. Es decir, iba más allá de un rey meramente constitucional. Mientras, a las Cortes se las permitía intervenir en la sucesión en el trono, en la minoría de edad del rey y en la regencia, o sea, que tenían derechos también sobre la Corona.

Aunque lo más importante de ella y del entero periodo es lo que no está escrito en su texto. Dado que «un solo partido no puede asegurar y hacer duradera la Restauración», según Cánovas, padre de la misma, «mi deber es procurar la formación de grandes partidos en los que pueda apoyarse el trono para las diversas soluciones que exijan los tiempos». Lo que no dijo Cánovas era que su idea era la de dos partidos, uno conservador —que dirigiría él— y otro liberal —acaudillado por Práxedes Mateo Sagasta—, que se alternarían en el poder con ritmo casi mecánico: el famoso turno.

Se daba prioridad, como ven, a la estabilidad sobre la renovación, y no hablemos ya de la revolución, como si hubiera habido bastantes. Cuando no había habido ninguna, solo revueltas que nos devolvían, una y otra vez, al punto de partida. Pero Cánovas era un realista-posibilista, lo mejor que da el conservadurismo, y si por una parte aceptaba lo de «no hay más cera que la que arde», y en aquella España había bastante poca, por la otra estaba dispuesto a sacar el mayor rendimiento posible de ella, no buscando utopías hacia el ayer o hacia el mañana, sino ajustándose a la realidad de cada día y procurando mejorarla en lo posible.

Una realidad que, por otro lado, no podía ser más gris, por no decir negra. En la mayoría de los índices de desarrollo, España iba detrás no ya de las grandes potencias europeas, sino de la propia Italia, que acababa de acceder a la unidad e independencia. Por otra parte, tenía un serio problema territorial en Cataluña y el País Vasco, que, a poco que se descuidara, podía extenderse a otras regiones, como ya había ocurrido. Y, para colmo, tenía también un problema colonial con los restos de su imperio, Cuba y Filipinas sobre todo, donde crecía la insurgencia. Fue, posiblemente, su mayor equivocación, anunciando solemnemente que las defendería «hasta el último hombre y la última peseta». Al final tuvo que soltarlas tras perder muchos hombres y pesetas, pues detrás estaba el «gigante del norte», como le llamaba Rubén Darío. Pero también es verdad que incluso una negociación con los independentistas se hubiera tomado como traición entre la opinión pública española, convencida de que íbamos a derrotar a «esos salchicheros de Chicago», como llamaba a los yanquis. Y no resisto la tentación de decir que el imperio lastró nuestra nación hasta que no quedó nada de él.

En el resto, el plan de alternancia en el Gobierno de los dos grandes partidos le funcionó, aunque fuese un espejismo, ya que se trataba más bien de un paripé en el que todos estaban involucrados. Los resultados de las elecciones salían, más que de las urnas, del Ministerio de la Gobernación, que decidía cuántos votos sacaba cada uno en cada elección. Si se le añade una de las figuras más características de la época, la del cacique, encargado de mantener la farsa sobre el terreno, tendremos por una parte un perfecto retrato de la época y, por la otra, que reinase una relativa calma e incluso satisfacción, aunque la paz fuera también ficticia, ya que el descontento obrero no hacía más que aumentar y el progreso no bastaba para mantener el paso de las grandes naciones europeas.

Y con todo…, con todo puede hacerse una defensa, si no apasionada, al menos razonada de la Restauración, como la hizo Julián Marías con toda la bondad y vehemencia que tenía aquel hombre. Tan grave era la situación española que incluso impedir que empeorase resultaba encomiable. Por lo pronto, mantuvo la paz interna del país, aunque en los últimos años fuese cada vez más precaria. Luego, debe tenerse en cuenta que la terrible experiencia del pasado inmediato aconsejaba a ambos partidos no poner demasiado énfasis en la diferenciación ideológica. Por último, aquella España no daba para más: con una masa analfabeta dispuesta a vender su voto al cacique y una oligarquía provincial más dispuesta a promover sus intereses que en solucionar los problemas nacionales, nada tiene de extraño que el sistema girase en círculos en vez de avanzar, mientras se desgastaba poco a poco y se alejaba de la realidad hasta hacerse ajeno a ella.

Aparte de que también se hicieron cosas. En el campo legislativo se aprobaron el Código Civil y la Ley Hipotecaria, se restablecieron algunas de las libertades alcanzadas por la «Gloriosa», entre ellas la de prensa y asociación política, y, en 1892, se aprobó por ley el sufragio universal, aunque solo masculino y precisamente entonces, cuando se compraban votos, pareciese un sarcasmo. «En ese momento —escribe Raymond Carr—, España era, sobre el papel, uno de los sistemas de gobierno más democráticos de Europa. El problema estaba en convertir la teoría en práctica». Es decir, en convertir la farsa en realidad, cosa nada fácil porque la realidad era bastante más lóbrega de lo que aparentaba. Aunque el freno venía desde dentro del propio sistema: con un electorado con un 75 % de analfabetos era imposible instituir un modelo democrático inglés, admitía el propio Cánovas, que «hizo la vista gorda a la corrupción electoral», según Herr, y «no dignificó la base del régimen parlamentario con unas elecciones limpias», según un periodista que le admiraba, que el profesor de la Universidad de Berkeley no identifica, aunque añade: «razón de que su lugarteniente Francisco Silvela le abandonó y escindió el Partido Conservador».

En el terreno práctico se amplió la Ley de Carreteras, aunque muy insuficientemente. Los ferrocarriles, en cambio, tuvieron un desarrollo notable, llegando a tener más de 12 000 kilómetros a finales de siglo, como las navieras clásicas: Trasatlántica, Ybarra, Aznar. Pero el sistema gira en torno a sí mismo, lo que le impide evolucionar. Cánovas había inventado la máquina política del movimiento continuo: cambiar para continuar lo mismo. Lo que luego se ha llamado lampedusismo, que sigue teniendo adeptos.

La primera gran derrota de la Restauración, sin embargo, no llega de los fallos interiores, sino de la citada pérdida de las últimas colonias ultramarinas, con hondas repercusiones tanto materiales como morales en el país que darán lugar a una crisis semejante a la sufrida por Estados Unidos casi un siglo después en Vietnam. Con la diferencia de que los norteamericanos, pueblo joven, salieron pronto de ella tras el shock, y dos décadas después vencían a su gran enemigo, los soviéticos. Mientras nosotros, pueblo viejo, lo mejor que producimos fue una generación de escritores que merecieron el título de «Edad de plata de la literatura española». Algo es algo. Pero como saben muy bien los escritores, de la literatura no se vive.

En el largo periodo de la Restauración no se hizo ya una revolución. Ni siquiera se hizo una reforma política a fondo, sino un apaño para ir tirando. Y no hablemos ya de una reforma agraria, industrial o educativa. Como apunta Antonio Domínguez Ortiz en su admirable España, tres milenios de historia, «entró mucho capital extranjero, que hizo fabulosos negocios a costa de esquilmar nuestros yacimientos de cobre y plomo argentífero en Andalucía y Murcia, de mercurio en Almadén y de hierro en Vizcaya». En efecto, hasta diez millones de toneladas anuales de mineral de hierro llegaron a salir de Bilbao hacia los altos hornos de Inglaterra y Alemania, mientras en España se convertía en acero un escaso millón de toneladas y se arruinaba la siderurgia andaluza, alimentada con carbón vegetal, mientras la vizcaína tenía cerca el carbón asturiano.

Tampoco se hizo una reforma económica ni social, clave para crear la sociedad civil, fundamento de las naciones modernas. Al revés, lo que detectamos en la Restauración es una huida hacia arriba de los triunfadores que, en vez de quedarse orgullosos en la alta burguesía, orientan sus objetivos hacia la nobleza. Si pensamos que se trata de una de las clases más típicas del Antiguo Régimen que el Nuevo quiere enterrar, nos damos cuenta de hasta qué punto España seguía viviendo todavía en aquel. La Corona lo fomentó otorgando abundantes títulos nobiliarios, tanto en el campo empresarial como en el militar. Una tendencia que se conservó a lo largo del siglo XX, alcanzando al franquismo, al seguir concediendo condados y marquesados, pese a ser un reino sin rey, y mediante los matrimonios de «las familias del régimen» con la vieja aristocracia. Algo que se mantiene en la democracia que le sucedió, aunque incluyendo a personas más del común, como escritores, artistas y entrenadores del fútbol, siguiendo la línea de la monarquía británica, que es la que marca la línea a todas las demás. Pero en aquellos tiempos fue una traición de la burguesía española a su clase, a sus ideales y a su revolución. Lo que explica otra singularidad hispana ya apuntada anteriormente: mientras en el resto de Europa la nobleza pierde peso, prestigio e influencia, en España lo mantiene. Nada de extraño ante la inyección constante que recibe de sangre y dinero.

En los estratos más bajos ocurre algo parecido, aunque en dirección contraria: la clase media —compuesta mayoritariamente por el funcionariado— se mira en la alta y trata de mantener su estatuto sin tener medios para ello. El resultado es una vida llena de apuros para cubrir las apariencias y, de hecho, la proletarización de esa franja social, que bordea la pobreza vergonzante. Únanse ambas tendencias centrífugas —una hacia arriba, la otra hacia abajo— y se entenderá que España no llegue a tener una amplia clase media hasta bien avanzado el siglo XX. Me atrevería a decir incluso que lo «burgués» ha tenido en nuestro país connotaciones negativas, entrillado entre el desprecio del aristócrata y el odio del proletariado. Contribuyó a ello la retórica falangista, de la que procede el título de este libro: «la revolución pendiente».

Sería injusto, sin embargo, no aludir a los intentos de modernización de los intelectuales en este largo periodo, que por primera vez —con excepciones— asumen su papel de «conciencia crítica» del país. Arrancan con la aparición en Madrid, por los años sesenta del siglo XIX, de un catedrático formado en Alemania, Julián Sanz del Río, que introduce las teorías de Krause, un filósofo de segunda fila en su país natal pero de enorme carga ideológica, lo que le hace muy popular en una España donde el debate de ideas estaba al orden del día. Con Nicolás Salmerón, Laureano Figuerola, Gumersindo de Azcárate y otros catedráticos se formarán los cuadros de la Institución Libre de Enseñanza, de notable influencia tanto intelectual como política. Sin abogar directamente por una revolución, significa una toma de conciencia en la que Joaquín Costa ocupa un lugar destacado. Padre del «regeneracionismo», planteó el problema de España, así como su solución, en los términos más simples que puedan darse: «escuela y despensa». Sin educación y sin poder dar de comer todos los días a los españoles no podía pretenderse ser un país desarrollado y una nación moderna. Un dilema que sigue planteado hasta el día de hoy, cuando el hambre ya no es endémica pero la educación, en su sentido más amplio de conocimientos universales y responsabilidad ciudadana, deja mucho que desear. De ello hablaremos al llegar a ese momento. Pero es entonces cuando, por primera vez se «cuestiona» España. En libros con títulos tan expresivos como Idearium Español (Ganivet), España invertebrada (Ortega) o En torno al casticismo (Unamuno) se plantean preguntas que llegan a la misma médula del país: ¿Qué es España? ¿Cuál es su papel en el mundo? ¿A dónde debemos mirar? Lo malo es que, como tantas otras veces, los intelectuales tienen más preguntas que respuestas; eso, cuando no ofrecen respuestas contradictorias. Pero el mero hecho de que se planteen ya era un avance, pues hasta entonces los españoles creían tener resueltas todas las cuestiones de este mundo y del que viene, actitud bien poco moderna a los tres siglos de haber muerto Descartes.

Desgaste y desplome

El régimen, sin embargo, sigue girando en torno a sí mismo, sin encontrar salida a los viejos problemas sociales, económicos y territoriales, que van agravándose con el tiempo.

Olvidado por el sistema, el trabajador español empieza a ver en el anarquismo la única fuerza que vela por sus intereses, algo que va a hacer aún más difícil la revolución burguesa en España, ya que los anarquistas exigen la revolución radical: la voladura del entero sistema. Tras haber asesinado al propio Cánovas, han tenido la osadía de atentar contra el rey el día de su boda y aprovechan la oposición popular al envío de tropas a África —empresa mediante la que quería compensarse la pérdida de las colonias americanas, pero que estaba resultando una auténtica sangría sin producir siquiera oro que traerse— para lanzar en 1909 la Semana Trágica barcelonesa, ensayo revolucionario de altos vuelos para dinamitar el entero sistema. No lo consigue, pero logra que caiga el Gobierno de Maura y, con él, el turno rotativo en el que descansaba la Restauración. Canalejas, en un esfuerzo en solitario cuyo mérito no ha sido reconocido debidamente, mantiene el experimento posibilista, pero un hombre es demasiado poco contra la marea de la Historia, en eso hay que dar la razón a los marxistas. Además, Canalejas es también asesinado.

Por si los problemas políticos fueran pocos, los territoriales se agigantan. Cataluña exige su autonomía, promueve su lengua en todos los campos y, ante lo que considera indiferencia por parte de Madrid, promueve el independentismo dentro y fuera de sus fronteras. Líder carismático del mismo es el coronel Francesc Macià, que enarbola la bandera de un república libre catalana dentro de un Estado Federal Español, o Ibérico a ser posible, ya que uno de los objetivos del catalanismo es incluir a Portugal en sus afanes. En lo que no han tenido nunca éxito, ya que los portugueses desconfían desde que lo son de todo lazo con España.

En el País Vasco el independentismo es no menos fuerte, aunque de carácter totalmente distinto. Existe en él un fuerte sentimiento comunitario e identitario, pero en vez de ser urbano e internacionalista es rural y conservador. Su líder es Sabino de Arana, perteneciente a una familia carlista —lo que imprime carácter— con fuerte apego a la tierra y a sus costumbres tradicionales, que ve en peligro por la oleada inmigratoria que llega de otras regiones españolas, los maketos, que intentan excluir con la barrera del idioma. «Su nacionalismo era esencialmente racista» sentencia sin ambages Herr. El partido que funda, el PNV, ha luchado para desprenderse de esa mancha, consiguiéndolo solo a medias, pues los «vascos de nueve apellidos», aun sin quererlo, lo son. La connivencia no declarada tanto suya como del clero con ETA lo demuestra, como el fuerte apoyo social, sobre todo en zonas rurales, que tuvo la banda terrorista, incluso en los peores «años del plomo». Todo ello se creó en aquellos años, en los que al Gobierno central le faltaban manos para atender a tantos problemas.

La Primera Guerra Mundial prolonga artificialmente la Restauración, con un boom tan espectacular como ficticio. Se multiplican las exportaciones de todo tipo, pero acabada la contienda, cuando los países beligerantes reanudaron su producción normal, esa pompa de jabón estalló. La estructura socio-económica de España en 1918 —con un 42 % de la población dedicada a la agricultura, un 27 % a la industria y un 16 % a la ganadería y la pesca— era aproximadamente la misma que en 1914, solo que a estas alturas la polarización era mucho mayor: la burguesía, que había visto las orejas —e incluso los dientes— al lobo en Rusia, no quiere saber ya nada de reformas y acentúa su conservadurismo, mientras crece la desconfianza entre Madrid y las provincias, entre el catolicismo y el laicismo, entre izquierdas y derechas, que se miran como lo que empiezan a ser en España: como enemigos a muerte.

El proceso hizo crisis en 1917, cuando tres estamentos clave del Estado —el Ejército, en cuyo seno se forman unas extrañas Juntas de Defensa; el Congreso, que celebra una sesión extraordinaria en Barcelona, y las organizaciones obreras, partidarias de la «acción directa»— se agitan simultáneamente en busca de una solución particular a un régimen que no había logrado crear un proyecto común.

De todos esos desafíos, el más grave es el de las organizaciones obreras que, en efecto, lanzan la huelga revolucionaria en distintas ciudades. De haber tenido éxito, la primera República Socialista Soviética —que en ruso significa sindicato— hubiera nacido en España, aunque aquí, al revés que en Rusia, el Ejército no se unió a los sublevados. Tal vez convenga recordar que uno de los mandos encargados de sofocarla, concretamente en uno de sus peores focos, Asturias, fue el comandante Francisco Franco Bahamonde.

Era una advertencia muy seria para todos, y los conservadores de todos los colores, incluidos los catalanes, cierran filas. Francesc Cambó, fundador de la Lliga, acepta entrar en el Gobierno. Pero ya es tarde para todo: los problemas se multiplican y el régimen no da más de sí. La puntilla va a dársela el Desastre de Annual (1921), en el Rif, donde 9 000 soldados españoles pierden la vida junto a muchos de sus jefes y oficiales, lo que produce un shock en la vida nacional, alegre y confiada, según una obra teatral de enorme éxito. Pasada la oleada de patriotismo y donaciones a las familias de las víctimas, se piden responsabilidades tanto políticas como militares. Una comisión presidida por el general Picasso (nada que ver con el pintor), compuesta por diez diputados liberales y once conservadores, será la encargada de investigar lo ocurrido. Pero el antagonismo que ha sustituido a la anterior tregua ideológica hace que el proceso se alargue hasta que la dictadura de Primo de Rivera viene a barrer todo ello. Que se necesitase como espoleta un desastre como ese advierte de la parálisis que atenazaba el cuerpo social español a aquellas alturas.

11
LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
(1923-1930)

Que ya no el rey, sino buena parte de los intelectuales acogieran con satisfacción el golpe del general Primo de Rivera y lo saludasen incluso con efusión advierte de hasta qué punto el sistema político de la Restauración se había desfondado. Ortega fue uno de ellos, dedicándole en El Sol párrafos como: «Calcúlese la gratitud que la gran masa nacional sentirá hacia esos generales que generosamente han realizado la aspiración de veinte millones de españoles, sin que a estos les cueste céntimo alguno». Claro que había sido uno de sus maestros, Joaquín Costa, el «regeneracionista», el primero que había pedido «un cirujano de hierro» para los males de España.

Si los intelectuales —pues Ortega y Gasset, pese a su juventud, era ya una autoridad entre ellos— decían esto, puede imaginarse lo que decían los conservadores de verdad. «No fue ninguna sorpresa que la burguesía catalana y los terratenientes andaluces, al enfrentarse con la amenaza imaginaria de una revolución bolchevique, dieran una calurosa bienvenida al golpe de Primo de Rivera», escribe Raymond Carr, que le atribuye el considerarse ese «cirujano de hierro» que Costa pedía, aunque de inmediato le niega tal condición: «Los militares tienden a creer que los problemas complejos se pueden resolver mediante decretos, que Primo dictó en abundancia». Para remachar: «Primo de Rivera fracasó al no poder crear una alternativa a la monarquía destruida por él». En eso damos la razón al historiador inglés experto en historia española. Pero la cosa es más compleja de como él la plantea y resuelve, por lo que, para analizarla, comenzamos apuntando al telegrama con el que el general anuncia al rey desde Barcelona que va a hacerse con el poder y habla, nada más y nada menos, de «una revolución moderada». Puede tomarse como una estratagema para ocultar sus propósitos dictatoriales, pero ya que nunca los ocultó, y que incluso aceptó que su régimen fuese calificado de «dictadura», algo que la inmensa mayoría de los dictadores no aceptan, no parece la explicación más acertada. Por lo que aventuro otra hipótesis más audaz, aunque muy en la línea de este libro: a aquellas alturas, la nostalgia por una revolución en España era tal, que soñaban en ella incluso los conservadores. No serían, como veremos más adelante, los últimos.

Viene a confirmar este propósito otra declaración del general: «Vamos a preparar a España para un Gobierno de quienes no han gobernado hasta ahora». O sea, un Gobierno sin políticos, lo que indica que él no es que no pudiera crear una alternativa a la monarquía que había destruido, sino que no quería crearla. La política, y no digamos los políticos, sencillamente le aburrían. Incluso no quiso crear un verdadero partido, ya que la Unión Patriótica Nacional que sus colaboradores crearon era más bien un movimiento de ciudadanos dispuestos a arrimar el hombro para engrandecer a la nación, sin importar la ideología.

Primo de Rivera gobernó como se gobierna un cuartel: a base de «órdenes del día» y de prestar atención a los asuntos más urgentes, guiándose por el sentido común más que por la ideología. De aquí que, siendo el tema africano el más grave, le prestase inmediata atención, con el desembarco de Alhucemas y la destrucción consiguiente de las cabilas de Abd el-Krim, que venían siendo la pesadilla de las tropas españolas y de sus familiares en España. Que la operación se cerrase con éxito dio una enorme popularidad de entrada a la dictadura.

Animado por ello, Primo de Rivera lanzó una «política nacional», llevada a cabo por expertos en las diversas ramas, que incentivaba la industria en busca del autoabastecimiento en este ramo, hasta entonces muy retrasado respecto a los países punteros, que obtuvo algunos éxitos notables, como en el del sector automovilístico, que llegó a duplicar su producción entre 1923 y 1929, lo que obligó a su vez a ampliar y mejorar la red de carreteras. Aunque el mayor «golpe» en este campo fue la creación de CAMPSA, un monopolio estatal para la distribución de la gasolina. Fueron muchos e importantes los economistas que le predijeron un fracaso, por haberse enfrentado a las grandes compañías petroleras internacionales. Pero se les contestó buscado un acuerdo con el Gobierno soviético —también necesitado de interlocutores exteriores— para el suministro de petróleo, que lo garantizó y evitó el embargo. Comienzan también planes ambiciosos para aprovechar los recursos del país, como el apoyo a los productos de huerta, especialmente los cítricos, y se diseña la Confederación de Cuencas Hidrográficas, con vista al aprovechamiento de los ríos tanto para riego como para producción de energía. Pero estos son planes a largo plazo que la dictadura de Primo de Rivera no llegó a cubrir. Y sería injusto no referirse a otro de sus ensayos: su aproximación al PSOE, con su líder, Largo Caballero, entrando a formar parte del Consejo de Estado —cargo más formal que efectivo—, y a UGT, encantada de ver cómo se ninguneaba a su rival CNT, con el fruto de crearse comisiones mixtas para resolver los conflictos laborales, una legislación pionera en la época.

Eran todos ellos pasos en la dirección correcta, que unidos a la bonanza que sobrevino en la economía mundial trajeron cifras récord en la industria española, doblándose la producción de materias tan clave como el cemento y el acero. También la renta per cápita alcanza en 1929 su máximo.

Seguía, sin embargo, faltando algo fundamental, algo de lo que el propio dictador había prescindido voluntariamente: política. No hay duda de que Primo de Rivera quiso elevar el nivel de vida de los españoles, pero sin ellos. Por lo que no consiguió nunca dar el salto de lo que los alemanes llaman Gemeinschaft, comunidad, a Gesellschaft, sociedad propiamente dicha, esto es, conjunto de ciudadanos conscientes de sus problemas y dispuestos a resolverlos sin dirigentismo alguno, como personas mayores. El país lo aceptó, incluso con satisfacción, a su llegada, dadas las ansias de tranquilidad que existían tras el desorden reinante en la etapa anterior. Pero en cuanto hubo descansado y repuesto fuerzas surgieron los viejos problemas, que no tenían inmediata solución, como los nacionalismos locales, que seguían latentes.

Aparte de que la dictadura se había ganado un buen número de enemigos. Los políticos, los primeros, a los que había jubilado o poco menos, por lo que no hacían más que conspirar. Los intelectuales a continuación, por haber creído que iban a convertirse en algo así como «consejeros áulicos» del dictador, y resultaba que este no les hacía el menor caso. Y los mismos empresarios, un tanto molestos con tanto dirigentismo. Lo más sorprendente, solo a primera vista, fue que le faltó también el apoyo de sus colegas militares. La causa fue el intento de Primo de Rivera de abolir los ascensos por estricto escalafón de antigüedad. Al enterarse, los generales aconsejan al rey destituirle. Y el rey, que se la había jugado con él apoyándole, empieza a negarle su confianza.

Si la revolución fuese tan solo un «cambio de cosas», una puesta en marcha de planes materiales, Miguel Primo de Rivera tendría sin duda interesantes argumentos para reclamar tal título para su dictadura. Pero la revolución es, como no nos cansaremos de repetir, un cambio de personas, de conciencia, de actitudes. Los habitantes de un país, hasta aquel momento súbditos de un monarca, de una clase, de un dictador o de una potencia extranjera, pasan, por el proceso revolucionario, a ser ciudadanos, protagonistas de la sociedad, con plenos derechos y deberes. Eso se le olvidó a don Miguel o, posiblemente, ni siquiera lo sabía. En su benevolente cuartel no quedaba otro margen a los españoles que el mero acatamiento de las instrucciones que recibían. De ahí que no generase profundas adhesiones. El paternalismo elimina la emoción popular, tan importante en todo intento revolucionario. Nadie está dispuesto a morir por un «Estado de obras», y esa es la piedra de toque de las revoluciones.

12
LA SEGUNDA REPÚBLICA (1931-1936)

Posiblemente Alfonso XIII pensó que con despachar a Primo de Rivera, que marchó al exilio sin rechistar, actitud muy poco dictatorial, lavaba la mancha de su aceptación del golpe. Se equivocaba de medio a medio. Era el entero sistema, del que formaba parte, el que estaba tocado y, aunque aguantó todavía un par de años caóticos que incluyeron un levantamiento militar en Jaca, el rey se encontró con que ni siquiera el Ejército y la Guardia Civil, por boca de su alto mando, apoyaban el uso de la fuerza para mantenerle en el trono (entre sus ministros, solo Juan de la Cierva lo hacía). Así que decide marcharse para evitar, dice en su mensaje de despedida, un derramamiento de sangre.

Se había votado el 14 de abril de 1931 y, a los 63 años de la Primera República, los españoles parecían haber olvidado lo ocurrido en ella, porque, al menos en las grandes ciudades, triunfaron las candidaturas republicanas, aunque en la España profunda siguieron imponiéndose «las de siempre», las conservadoras. No importa, el ánimo era de cambio e incluso el entonces presidente del Gobierno, el almirante Aznar, al ser preguntado por los periodistas si había crisis, contesta: «¿Qué más crisis quieren ustedes que un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano?». También Ortega saluda el cambio con un risueño artículo, La sencillez de la República, mostrando las preferencias de una intelectualidad que ya había formado una Agrupación el Servicio de la República, dispuesta a bajar a la arena política para que resultase un éxito.

Que el entusiasmo popular se mezclase con la quema de iglesias y el saqueo de conventos advirtió que no iba a ser fácil, y la principal razón era que, aunque el apoyo a la República hubiese sido absoluto, cosa bastante lejos de la realidad, la pregunta «¿qué república?» estaba sin contestar. Pues había varias no ya distintas, sino incluso opuestas. Muy en especial la que defendía un vuelco del sistema, con una ida directa a la «revolución proletaria», y la que abogaba por realizar la tantas veces aplazada «revolución burguesa». Las veremos forcejear a lo largo de toda la Segunda República e incluso durante la Guerra Civil que la siguió, siendo esta la causa principal de su caída. Que el PSOE, el partido más votado (161 escaños), tuviese el alma dividida al respecto, aunque sus bases y principales dirigentes optasen por la solución radical, fue otra fuente de perturbación, hasta el punto de llegar a levantarse en 1934 contra la «república burguesa» que habían instalado los liberales con Azaña a la cabeza. A todo ello, los conservadores se mantenían agazapados, en espera de su oportunidad, aunque habían intentado también su golpe, capitaneado por el general Sanjurjo en agosto de 1932. Fracasó estrepitosamente, lo que fue un balón de oxígeno para una República que empezaba a necesitarlo, pues los viejos problemas se le acumulaban, empezando por el de Cataluña, donde el mismo 14 de abril de 1931, Francesc Macià había proclamado la «República Catalana y el Estado Catalán dentro del Estado Federal Español», galimatías peligrosísimo. Solo la promesa de un Estatuto que satisficiese sus demandas logró frenarle. Pero no era un buen augurio. Hoy, viendo tantas banderas republicanas en las manifestaciones que tienen lugar en España, me pregunto si 80 años después los españoles nos hemos olvidado de cómo acabó aquello.

Pero vayamos por partes. Lo primero que había que hacer, como prescrito en el siglo XIX, era una nueva Constitución. Resultó fácil, al tomarse como modelo la de la República Alemana de Weimar, a la que le quedaban, como se dice hoy, «tres telediarios». España se definía como «una república de trabajadores de todas clases», abolía el Senado, decretaba la separación del Estado y la Iglesia —limitando su riqueza y reduciendo su función a educar a los hijos de las familias pudientes, como venía haciendo—, y daba luz verde a las autonomías regionales y al voto de las mujeres, que se complementaría con una legislación social «avanzada» que incluía el divorcio y supeditaba el derecho privado a la propiedad al bien público. Puede entenderse que no gustase a los conservadores y que la Iglesia se considerase atacada, más cuando el hombre fuerte del nuevo régimen, Manuel Azaña, anunció públicamente: «España ha dejado de ser católica». Lo que, incluso si fuera verdad, un buen político no diría nunca. Pero Azaña, excelente parlamentario, era ante todo un intelectual, y los intelectuales se pirran por las frases redondas. Tendría ocasión sobrada de arrepentirse de ellas cuando, ya con la guerra perdida, escribió sus memorias, en las que puso verdes a todos, los suyos incluidos. Tuvo, sin embargo, la decencia de pedir perdón a los españoles.

Con todo, hay que reconocer que, como primer jefe de Gobierno, no se arredró ante los formidables problemas que tenía ante sí la República. Comenzando por el del Ejército, que padecía una macrocefalia —exceso de mandos para una tropa escasa y mal armada—, que se afrontó adelgazándolo al tiempo que se buscaba una mayor efectividad, al convertir las antiguas Regiones Militares y Capitanías Generales en Divisiones Orgánicas y suprimir los grados de capitán general y teniente general, mejorando a la vez el parque artillero y potenciando la incipiente aviación (que toma desde el principio una posición más a la izquierda que el resto de los cuerpos). También el cierre de la Academia General Militar tiene un viso político, y la conversión del Ejército de África, donde se refugiaba la oficialidad más conservadora, en cuerpo autónomo fue significativa, aunque pasaría una enorme factura: aquellas unidades fueron las primeras en sublevarse en 1936 y sin su colaboración puede que el alzamiento no hubiera prosperado en la Península. Pero tal vez el paso más audaz dado por Azaña en este terreno fuera exigir juramento de fidelidad a la República a todos los jefes y oficiales, aunque ofreciendo una generosa salida a los que no lo hicieran: conservar su sueldo aunque se dedicaran a otra profesión. Bastantes fueron los que lo hicieron, aunque más se quedaron, entre ellos Franco, ya general. Como pese a su juventud había alcanzado prestigio entre sus compañeros de armas, fueron muchos los que le pidieron consejo. Su respuesta a todos: mientras la República se atenga a las leyes el Ejército tiene que serle fiel. Una línea de conducta que mantendría hasta prácticamente la víspera de alzarse contra ella.

Era, en fin, una reforma con aires modernizadores, aunque también cierto tufillo ideológico, que fue tomada por la mayoría de los militares como una purga de los que no comulgaban con la República. Si a ello se añade que la política —nunca mejor usada la palabra— de nombramientos de altos mandos fue favorecer a los «adictos», como no podía ser menos, se entiende que, en 1936, el Gobierno se sintiera seguro pese a los rumores del golpe y que este lo dieran en muchas plazas aquellos que ocupaban rangos de teniente coronel para abajo.

La Iglesia, otro de los estamentos del Antiguo Régimen, fue, como no podía ser menos, otro de los objetivos de la «revolución burguesa» que la República quería llevar a cabo. Ya hablamos del «España ha dejado de ser católica» de Azaña, como si estas cosas pudiesen abolirse por decreto. Pero las medidas adoptadas van por ese camino, al decretarse que las asignaciones al clero se acabarían en dos años, que las congregaciones religiosas se someterían al estatuto de asociaciones civiles —lo que se toma como argumento para expulsar a los jesuitas por su voto especial de obediencia al papa— y al prohibírseles a todas el ejercicio de la enseñanza, el comercio y la industria, que era tanto como dejarlas en la indigencia, ya que los españoles, a fuer de católicos, no nos creemos, como otras ramas del cristianismo, obligados a mantener a nuestros pastores. Especial importancia tenía privarles de mantener abiertos sus centros de enseñanza, por los que habían pasado los hijos de la alta sociedad española. En esto, la República no hacía más que abrir una nueva batalla en la «guerra cultural» iniciada por el enciclopedismo y la Ilustración. Batalla en la que participaban bastantes de los intelectuales educados en colegios religiosos, precisamente contra ellos. Entre los que se encontraba Ortega, que comentando la novela de Ramón Pérez de Ayala —también exalumno de los jesuitas— A.M.G.D., había escrito en diciembre de 1910, que «la supresión de los colegios jesuíticos sería deseable por una razón meramente administrativa: la incapacidad intelectual de los reverendos padres».

Conviene advertir que tan drásticas medidas no mejoraron apenas la Educación Media, que siguió siendo minoritaria, ni la Superior que, aparte de archiminoritaria, se convirtió en campo de batalla real entre el sindicato de estudiantes republicanos, la FUE, y el sindicato falangista, el SEU, con muertos incluidos. Otra cosa fue la Enseñanza Primaria, a la que se presta especial atención, creándose más de 10 000 escuelas y escolarizándose 270 000 niños, que hasta entonces crecían analfabetos pues trabajaban en el campo en cuanto tenían fuerzas para ello. Contribuye el dar a los maestros un sueldo que acabe con el dicho «gana menos que un maestro de escuela», baldón para cualquier país preocupado por su futuro y progreso. Únanse el refuerzo de las clases para adultos, el de las bibliotecas e incluso del teatro popular itinerante, y tendrán que empieza a haber entre el pueblo español algo que hasta entonces no había: hambre de aprender, de cultura, sin la que no hay progreso posible.

Aunque el problema más arduo con que se enfrenta la Segunda República es el del campo, con dos fallos fundamentales: aparte de ser un país eminentemente agrícola, la tierra estaba desigualmente repartida, y el 0,8 % de los propietarios poseían el 50 % de la superficie productiva, lo que condenaba a la inmensa mayoría de los agricultores a cultivar una heredad mínima, que apenas daba para comer, o trabajar de jornalero cuando le contrataban, que muchas veces no daba ni para ello. Una situación que no podía mantenerse sin arriesgar una explosión.

El Gobierno republicano acomete la Reforma Agraria con más ilusión que práctica y más enemigos que amigos, pues tiene enfrente no solo a los poderosos terratenientes andaluces y castellanos, sino también a unas masas campesinas que desde hacía siglos venían pidiendo mejorar su suerte. Que aquellos intelectuales burgueses quisieran hacer la reforma con todas las de la ley es elogiable. Pero, repito, la situación era tan explosiva que no admitía paños calientes ni ir pasito a pasito, como se hizo. Quería indemnizarse a los propietarios de las tierras expropiadas y se destinaron solo 50 millones de pesetas anuales, cuando, para resolver el problema, hubieran sido necesarios cientos de millones. Pero no los había, o había que dejar sin fondos otras partidas del presupuesto. O, simplemente, expropiar sin indemnización. O dejar que los campesinos sin tierra las ocuparan sin más, cosa que hicieron los de algunos pueblos andaluces al darse cuenta de que aquella Reforma Agraria iba a llegarles cuando estuvieran muertos. Pero esto no podía consentirlo un Gobierno de «ley y orden», por lo que ordena a la Guardia Civil cortar estas expropiaciones ilegales. En Casas Viejas, un pueblecito gaditano, los expropiadores se resisten con lo que tienen, viejas escopetas y apeos de labranza, en sus chozas, más que casas. Del encontronazo sale herida, si no de muerte, al menos de ilusión, la Segunda República española. «Sois el Gobierno de la sangre, del fango y de las lágrimas» tendrá que oír Azaña en las Cortes. La consecuencia más nociva de ello fue que las dos Españas empiezan a mirarse no como competidoras, sino como enemigas.

Capítulo aparte merece el problema territorial, que intenta resolverse dando estatutos a las tres regiones donde el nacionalismo era más fuerte, Cataluña, País Vasco y Galicia, aunque solo logró dársele a la primera dada la diversidad de opiniones en ambos campos, con unos exigiendo una independencia camuflada y otros una fingida independencia. Ortega, que durante la dictadura había abogado por las «grandes comarcas», eufemismo de las regiones, como salida a la «articulación de la España», cediéndoles algunas competencias locales pero siempre dentro del conjunto del Estado, se convierte en el mayor crítico del proyecto de Estatuto catalán, que, según él, cede más allá de lo prudente. Sin embargo, es aprobado, lo que significa tal desengaño para él que le lleva al abandono de la política activa y a la reflexión de que no está capacitado para ella, ya que el político busca soluciones inmediatas mientras el intelectual las busca a largo plazo. Hubo intelectuales, como Marañón, que hicieron lo mismo, mientras otros, como Araquistáin, se lanzaron abiertamente a la lucha partidista.

Las siguientes elecciones, en 1933, las gana, previsiblemente, la derecha, aunque hay de todo en ella, desde un Lerroux que ha ido perdiendo radicalismo para aproximarse a un centro oportunista a la CEDA, con Gil-Robles al frente, en la línea de los movimientos nacionalistas que estaban surgiendo en Europa, aunque sin llegar a identificarse con ellos como lo hacía Falange Española y de las JONS, mucho más minoritario. El bienio negro, como se llamó a aquel mandato, refiriéndose tanto al color eclesiástico como a la caracterización negativa que quería dársele. En realidad fue una reacción natural del conservadurismo español a la oleada reformista del periodo Azaña, yéndose al otro extremo. La Reforma Agraria se frenó hasta casi paralizarla, se suavizaron las relaciones con la Iglesia, se indultó a los sublevados en la «sanjurjada» y se reforzaron los derechos de la patronal, con gran disgusto de los sindicatos, que amenazaban una y otra vez con la huelga general, ya que conflictos laborales había cada día. Lo que estalló fue, ni más menos, un alzamiento, en octubre de 1934, cuando la CEDA, que había sido el partido con más diputados en el Congreso, entra en el Gobierno, algo que sería normal en cualquier democracia parlamentaria, pero no en aquella república donde los partidos se miraban por encima de los cuchillos. Fresca la toma del poder del nazismo en Alemania y asentado el fascismo en Italia, la izquierda lo toma como un intento en el mismo sentido en España. En Cataluña, Lluis Companys, en la línea de su predecesor al frente de la Generalitat Francesc Macià, proclama el «Estado catalán dentro de la República Española». En Asturias, el Partido Socialista, en colaboración con comunistas, anarquistas y sindicatos, lanza una auténtica revolución, con los mineros asaltando cuarteles y tomando Oviedo. Las fuerzas regulares que llegan de otras regiones españolas no son capaces de desalojarlas y el Gobierno no tiene más remedio que enviar tropas de élite, de África. La batalla, feroz, se alarga durante más de una semana, y la represión que sigue es tanto o más dura. El alzamiento catalán, en cambio, se solucionó emplazando un cañón frente al palacio de la Generalitat y efectuando unos cuantos disparos.

Pero se pierden algo más que vidas. Se pierde la confianza en el sistema, en la reforma y en los partidos, que acusan profundas grietas entre los moderados y los radicales. Y como los males nunca vienen solos, un escándalo económico, el de una ruleta trucada, afecta incluso a Lerroux, que tiene que dimitir de la Presidencia del Gobierno. Le sucederá Portela Valladares, que intenta gobernar sin decantarse claramente por uno u otro bando cuando se iban dinamitando los puentes entre ellos, haciendo imposible todo acercamiento.

Se convocan nuevas elecciones para que sean las urnas las que decidan. Los preparativos no pueden ser más ominosos: más que partidos van a competir frentes. El Frente Popular, resultado de la alianza entre los socialistas y los republicanos reformistas, abarca todas las organizaciones de la izquierda excepto los anarquistas. Enfrente tenía una derecha que iba desde el Bloque Nacionalista dirigido por los monárquicos de Calvo Sotelo a los falangistas de José Antonio Primo de Rivera, de aroma fascista, con la CEDA en medio, que, visto lo que ocurría, adoptaba una actitud cada vez más beligerante. Un tanto al margen, pero dentro del mismo bloque, estaban los carlistas, añorantes de una monarquía de corte tradicional. De cómo estaban los ánimos hablan claramente los manifiestos de ambos bandos. Araquistáin clama desde Leviatán por «la revolución proletaria tras el fracaso de la burguesa», mientras José Antonio Primo de Rivera habla de la «dialéctica de los puños y las pistolas». No son solo palabras, sino que unos y otras se usan cada vez con más frecuencia.

Las elecciones tienen lugar en febrero de 1935, arrojando un país dividido por la mitad, pues apenas cien mil votos separaban a la derecha de la izquierda, si bien en diputados esta aventajaba claramente a aquella. «Todo fue esperpéntico en aquel semestre rojo que siguió al bienio negro», escribe Domínguez Ortiz, y de ello da muestra que hasta Portela Valladares sale de España temiendo por su vida y que el propio Alcalá Zamora se exilia en Argentina tras ser sustituido por Azaña en la Presidencia de la República. Lo que sigue ya es el desguace de esta, con el colofón del asesinato del teniente Castillo por un comando falangista y de Calvo Sotelo, tras ser amenazado en el propio Parlamento. Las elecciones no habían resuelto nada, y si las derechas miran a los militares como solución, la izquierda mira a las masas trabajadoras revolucionarias. Las conspiraciones abundan tanto en los cuarteles como en los círculos políticos. El Gobierno, con Casares Quiroga al frente, cree que puede controlar la situación con los altos mandos adictos, como ocurrió en 1932. Franco, que había sido trasladado a Canarias, envía una carta críptica a Casares Quiroga advirtiéndole del malestar en el Ejército que casi es un anuncio del alzamiento. Los conspiradores intentan atraerle a sus planes, pero él se muestra renuente, repitiendo lo que ya dijo cuando se les obligó a jurar lealtad a la República: «Mientras se atenga a la ley, hay que seguir obedeciendo». Tales remilgos, según Sebastián Balfour, de la London School of Economic and Political Science, le ganaron el apodo de miss Islas Canarias entre aquellos. De ser así, el asesinato de uno de los líderes de la oposición como era José Calvo Sotelo, organizado por las fuerzas de seguridad del Estado, debió convencerle de que esa línea se había traspasado y la República ya no era un Estado de derecho. Cuatro días después se ponía al frente de las tropas españolas en África contra el Gobierno. Al día siguiente lo hacían, con mayor o menor éxito, las de la mayoría de las guarniciones en la Península. La suerte —o la desgracia— estaba echada. Los dos bandos creían poder imponerse en poco tiempo y sin mayores esfuerzos. Ambos se equivocaban. Era el comienzo de una guerra civil, que se sabe cuándo empiezan pero nunca cuándo acaban.

13
LA GUERRA CIVIL (1936-1939)

Algún lector se preguntará a qué viene incluir la última, y esperemos definitiva, Guerra Civil en la lista de revoluciones frustradas españolas. No lo hago como homenaje a los que en uno y otro bando murieron por sus ideas, cosa siempre noble, o incluso a los que, sin quererlo, se vieron arrojados a la lucha, cosa siempre patética. Lo hago por coherencia con el proceso que vengo describiendo. La guerra del 36 no fue un mero prólogo de la mundial, el ensayo de las armas y tácticas que iban a emplearse en ella, como se ha repetido tan profusa como erróneamente. Fue una guerra cien por cien española, como constata Golo Mann en su Deutsche Geschichte 1919-1945, que explica: «Nunca debió ser identificada con los antagonismos europeos: Alemania y las potencias occidentales, fascismo y comunismo, capitalismo y socialismo. España era un país solitario y debió habérsele dejado en su soledad. Como conflicto interno, español por completo, tal vez se hubiera resuelto más rápida y menos terriblemente. De hecho, alemanes e italianos ayudaron al general Franco, rusos y franceses, a los republicanos… la ayuda no fue prestada por amor al prójimo, sino con fines políticos y estratégicos e incluso de puro ejercicio militar. Lo que sucedió —blancos y rojos matándose durante años con ayuda europea— arroja una luz amarga sobre la época del apaciguamiento. De todas formas, España fue solo una escena secundaria de la política alemana, italiana, rusa, y, al final, sobrevinieron soluciones españolas y no europeas». Lo que invita a pensar si desde fuera no se verán mejor nuestros problemas que desde dentro.

Aunque esa guerra no fue tampoco solo un conflicto más entre nuestra izquierda y nuestra derecha, como había habido tantos en la moderna historia del país. Fue, además, una contienda interna entre las dos izquierdas, la moderada y la radical, que ya venían echando un pulso durante la Segunda República, tal como hemos contado. Las dos revoluciones, la burguesa y la proletaria, chocan con fuerza al estallar el conflicto en el campo republicano, mientras libran la batalla contra los sublevados. Tampoco es que en estos reinara unanimidad. Con decir que en uno de sus primeros manifiestos se justifica la sublevación en nombre de la República, se da uno cuenta de la pluralidad de fuerzas que había en ella, pero Franco corta a tiempo las divergencias internas, estableciendo casi desde el principio su autoridad y mando. Esa sería la clave de su victoria final. Pues, como apunta Ricardo de la Cierva, el alzamiento fue en un principio todo menos un éxito: de los ocho jefes de División Orgánica, solo uno se subleva, de los 21 generales con mando de División, solo cuatro lo hacen, únicamente el 20 % de los generales de Brigada y un 30 % de los coroneles se unen a la rebelión, y comandantes, apenas la mitad. Pero de ahí para abajo, la mayoría, mientras «las principales ciudades, las principales guarniciones, la inmensa mayoría del armamento de tierra y casi toda la Escuadra, lo esencial del sistema de comunicaciones, los medios de pago —el oro— quedaba en manos del Gobierno…».

El problema era, ¿qué Gobierno? Porque del 18 al 20 de julio de 1936, la República tuvo tres —el de Casares Quiroga, el de Martínez Barrio, el de Giral—, tan impotentes ante la sublevación que dan la orden de armar a las masas, que asumen su protagonismo histórico y son las que aplastarán la rebelión en las principales ciudades y las mantienen para la República. Pero no olvidemos que estas masas tenían una idea distinta de lo que tenía que ser la República y la misma España.

Pierre Broué y Émile Temime han descrito en La Révolution et la guerre d’Espagne esta doble guerra, con un enfoque nuevo y, pienso, indispensable para la comprensión de nuestra última contienda. Como queda dicho, el Gobierno burgués, completamente desbordado por los acontecimientos, disolvió las unidades regulares del Ejército, desligó a las tropas de su deber de obedecer a sus oficiales y entregó armas a las masas revolucionarias y a sus dirigentes locales para que hicieran frente a las fuerzas regulares del levantamiento. Fueron las que tomaron el Cuartel de la Montaña en Madrid y detuvieron a las tropas que, desde los cuarteles periféricos, intentaban hacerse con el control de Barcelona. Y las que se organizan, casi como en la Guerra de la Independencia, a lo largo y ancho de España contra los sublevados. Con su propia administración detrás, que poco o nada tenía que ver con la hasta entonces oficial.

Es una situación que se prolonga durante un mes increíble, pues allí donde no dominaban las tropas sublevadas dominaba la revolución total: se había rebasado el modelo soviético para implantar la utopía anarquista, en su sentido más amplio de comuna, amor libre, abolición de autoridad, dinero o propiedad. Media España hace realidad el sueño de Bakunin.

Poco a poco, sin embargo, los dirigentes republicanos se recuperan del shock y tratan de recuperar el control. Para ello cuentan con un aliado inesperado: los comunistas, que aceptan colaborar con la izquierda burguesa para lo que pudiéramos llamar la «restauración» de la República española. Claro que quien está detrás de ello es alguien importante: Stalin. Pocos hombres habrán habido que sientan un odio tan agudo, mezclado con desprecio, hacia el «libertario», el anarquista, el partidario de esa «revolución permanente» que defendía Trotsky, al que persiguió por tierras y mares hasta conseguir matarlo. Dentro de su país, no dejó ni uno de sus seguidores. De ahí que aceptase y diese órdenes de cooperar con el Gobierno republicano. Había, además, razones de peso por ambos lados para hacerlo: a Stalin, consciente de que Hitler tenía a su país como el «Lebensraum» del suyo y de que las potencias occidentales le miraban con la desconfianza del que intenta exportarles su sistema, no le interesaba en absoluto aumentar las sospechas de unos y otros con el triunfo de una revolución, anarquista por más señas, en España. Todo lo contrario, lo que le interesaba era una república burguesa española, como cualquiera occidental. Mientras, a los republicanos españoles les interesaba tanto o más no dejarse arrastrar por las masas revolucionarias que, a la postre, no podrían ganar una guerra contra un ejército regular.

También al Partido Comunista, hasta entonces minoritario en España, le interesaba ese pacto, al permitirle asumir un papel mucho más relevante del que hasta entonces tenía, aunque nada brillante: el de poner orden tanto en el Ejército republicano como en la retaguardia. Lo hace con la implacable contundencia que le caracteriza, dirigido por comisarios llegados de Moscú. Mientras en el frente se restablece la disciplina, en las ciudades, sobre todo en Barcelona, se aniquila hasta el último brote anarquista. George Orwell ha contado con aire de elegía la liquidación del POUM en su Homenaje a Cataluña.

Ello, más el excelente material militar soviético que empezó a llegar —eso sí, pagado a buen precio con el oro del Banco de España—, permitió a la República continuar la guerra dos años más bajo Gobiernos de signo moderado, aunque la influencia comunista era cada vez mayor y las relaciones entre ellos cada vez más tensas. Pero era una unión contra natura. Quiéranlo o no, burgueses izquierdistas, como Azaña, y socialistas moderados, como Prieto, son rivales de los comunistas, que tienen otro concepto de la sociedad y del hombre mismo. En la España de la Guerra Civil les unía solo el deseo común de vencer a Franco. Cuando este se volatilizó, cuando Azaña, Prieto o Besteiro comprendieron que no podían ganar la guerra, que lo único que cabía era detener la matanza y negociar la paz en las mejores condiciones posibles, aquella alianza de circunstancias se vino abajo. Ocurren entonces dos cosas a cual más explosiva, pero no del todo sorprendentes si tenemos en cuenta los actores y las circunstancias:

— Los comunistas son los únicos que quieren continuar la lucha. La razón es muy simple: saben que no pueden esperar la menor piedad de Franco (como luego se comprobaría, los demás se equivocaron en cuanto a la piedad que podían esperar de él).

— Los anarquistas, que nunca olvidaron la tremenda persecución a la que habían sido sometidos, se unieron a los «burgueses» para hacer pagar a los comunistas su deuda.

El resultado es esperpéntico: otra guerra civil dentro de la Guerra Civil española. El ejército regular republicano se enfrenta a las brigadas comunistas traídas del frente, no sabiéndose ya quién se subleva contra quién, mientras las tropas de Franco avanzan casi sin encontrar resistencia. Nunca se vio de manera más plástica que la revolución burguesa y la proletaria se autoexcluyen, cuando no se aniquilan. Enterradas ambas, en los siguientes cuarenta años no se oiría hablar en España más que de «revolución nacionalsindicalista». Una revolución con tan poca credibilidad que los mismos padres de la criatura —los falangistas— comenzarían pronto a llamarla con el título que hemos elegido para este libro: la revolución pendiente.

Una última reflexión sobre nuestra última contienda. Se la ha llamado «la última guerra romántica», un título que le han puesto los extranjeros pensando en los que vinieron aquí a luchar —y perder la vida si era preciso— por una idea, por un ideal. Para los españoles, sin embargo, no tuvo nada de romántica. Fue una guerra en el sentido más feroz, profundo y dilatado que tales conflictos tienen, pues no enfrentó únicamente a regiones, religiones o clases sociales, sino a círculos de amistades, familias e incluso hermanos. El «no es de los nuestros» se impuso a todo tipo de lazos, adquiriendo un papel preponderante en la sociedad. Media España quedó excluida de un tajo de la vida nacional. Fue, de hecho, una mutilación, y lo mismo hubiera ocurrido de haber ganado los perdedores. Quiero decir que en la Guerra Civil no se avanzó —al revés, se retrocedió— hacia la revolución que desde hacía siglos necesitaba España, haciéndola más lejana, más difícil.

Mi reflexión apunta a un hecho sombrío: hoy, a los 77 años de terminarse aquella guerra, tengo a veces la impresión de que no ha acabado.

14
EL FRANQUISMO: REVOLUCIÓN CONTRARREVOLUCIONARIA (1939-1975)

Para empezar, Franco no hizo en España esa revolución burguesa que la República no había logrado hacer. No era ese su propósito ni seguramente hubiera podido llevarlo a cabo de serlo. Quienes le acompañaron en el alzamiento, de hecho quienes lo prepararon, financiaron y lanzaron, eran las fuerzas más típicas del viejo régimen, desde la nobleza al gran capital, pasando por los sectores más reaccionarios del Ejército. Ello autoriza a definirlo como contrarrevolución, aunque calificar sin más de reaccionarias a todas las fuerzas que se integraban en el Estado franquista resulta también inexacto. Enumerémoslas:

— El Ejército. Vencedor de la Guerra Civil. La «columna vertebral del régimen», según la fraseología oficial. Ese régimen, sin embargo, no fue una dictadura militar clásica, como advierte agudamente Linz en An Authoritarian Regime: Spain. Amando de Miguel va más lejos en su Sociología del Franquismo y advierte: «Nunca fue la sociedad española menos militarista». Y es que Franco nunca quiso militarizar la sociedad, como nunca quiso que los militares se incorporaran a la sociedad civil, como si temiera que se contaminaran mutuamente. Llenó a los militares de honores y prebendas (aunque el sueldo se lo mantuvo bajo), pero alejados de la política, excepto en lo que a su profesión concernía, como si creyese que eran los únicos que podían disputarle el poder, en lo que pudiera no estar equivocado.

— La Iglesia. Fue el otro gran pilar del régimen. Una Iglesia preconciliar, tridentina e integrista, que le prestó pleno e inmediato apoyo tras la persecución que acababa de sufrir y que convierte la Guerra Civil en «Cruzada». Franco le da lo que le pide, empezando por lo que más desea: la enseñanza, que puede ejercer en sus propios centros en una escala que nunca se había dado en el país en los tiempos modernos. Junto a esto, los Ministerios de Asuntos Exteriores y Hacienda parecían reservados a hombres próximos a ella. El Concilio Vaticano II significó un cambio en su seno y un distanciamiento respecto al régimen franquista que se iría acentuando hasta convertirse en confrontación en sus postrimerías.

— La Falange. Junto a estas dos fuerzas tradicionales Franco puso una vanguardista, como para compensarlas. Emparentada con los fascismos de la época, la Falange tenía raíces muy españolas y prestó al régimen sus símbolos, emblemas, retórica, estilo, pensamiento e ideología, lo que permitiría decir que fue su alma política si no fuera porque la única política del franquismo la decidía Franco. En uno de sus escasísimos momentos de sinceridad, este dijo a Antonio Garrigues que «era la claque del régimen». Puede que lo fuese, pero le aportó algo más: su sentido social, que las demás fuerzas no tenían, y a la postre es lo que más ha perdurado de él.

— Los monárquicos. Aunque el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, había considerado la monarquía como «gloriosamente fenecida», quedaban bastantes monárquicos, y Franco aprovechó a los que se prestaron a colaborar con él. Es muy posible que ya desde el principio pensara que la salida de su régimen tenía que ser la institución que había venido rigiendo España desde hacía siglos. Pero tenía que ser una monarquía distinta a la de los últimos tiempos, una monarquía filtrada y depurada por su régimen. Y lo consiguió.

— El capital. De que la entera clase pudiente española estaba en cuerpo y alma con el alzamiento no cabe la menor duda, como de que fue quien lo financió y le buscó apoyos en el exterior. Franco se lo pagó con largueza, dejándoles mano libre en las finanzas, hacienda y comercio del país, hasta el punto de poder hablarse de una simbiosis franquismo-gran capital, gran empresa, gran banca. Con una importante salvedad: tampoco este estamento controla el régimen. Vive de él, crece con él, se enriquece con él, pero no dicta sus directrices. Las dicta el Gobierno y, en último término, Franco. De ahí que J.J. Linz y A. de Miguel, en su libro Los empresarios ante el poder político, les llamen «los privilegiados impotentes».

Estos eran los pilares del régimen, abierta y mayoritariamente conservadores, como puede verse. Sin embargo, sería inexacto calificarle de contrarrevolucionario puro y duro, aunque tuviera en su seno demasiada dureza y una pretendida pureza. Como queda apuntado, el alzamiento del 36 iba más contra la revolución proletaria del Frente Popular que contra la burguesa de la izquierda republicana. Pero por aquel entonces, y aunque Azaña siguiera en el poder, la revolución burguesa había sido desbordada por otra mucho más radical, lo que hizo que la burguesía y buena parte de la clase media se unieran a los viejos estamentos para defenderse de lo que se les venía encima. Este matiz antirrevolucionario fue lo que de entrada dio tono a la sublevación, a la guerra y al propio franquismo.

Lo que no impidió que en sectores de este, el propio Franco incluido, reinase la certidumbre de que España tenía una o varias revoluciones pendientes. Por lo pronto, una revolución social, luego, otra económica, y por último, una política. Aunque esta última fuera para muchos, Franco también incluido, algo secundario, dado su desdén por la misma.

Las otras revoluciones, no. Las otras se consideraban no solo convenientes, sino también imprescindibles para la misma viabilidad del régimen. España no podía seguir teniendo a buena parte de su población en condiciones que solo admitían dos salidas: la revolución marxista o el aplastamiento armado.

¿Cómo hacer una revolución económico-social sin hacer una política? Para tal juego de prestidigitación se necesitaba un Estado especial, conservador y transformador, que Franco se hizo a su medida.

Podríamos discutir hasta el infinito sobre qué era el Estado franquista sin ponernos de acuerdo. En lo que posiblemente coincidiésemos sería en lo que no era. No era, desde luego, un Estado democrático-liberal: sus enemigos le acusaban de no serlo, sus leales presumían de ello. Lo que menos pretendía Franco era devolver el país a la «democracia inorgánica». El trauma del siglo XIX se lo impedía. Pero tampoco quería volver a la dictadura, aunque de hecho la ejerció con mucha más contundencia que Primo de Rivera. Y con todo, el monopolio personal del poder no parecía su último objetivo. Prefería repartirlo en parcelas entre los grupos que integraban el régimen, casi como una gracia personal, dando primacía a uno u otro según las circunstancias aconsejaran. Fue uno de los secretos de su larga permanencia en el poder: que los demás se quemaran ejerciéndolo, no él.

Y fue también lo que hizo al franquismo algo más que una dictadura a secas. Para clasificarlo etnológicamente no hay más remedio que referirse a la distinción entre regímenes autoritarios y totalitarios que, según su capacidad de evolucionar o no hacia la democracia, estableció Juan Linz ya en 1954, para desarrollar en 1964 y 1973. Distinción copiada por muchos, incluida la Administración Reagan, que veía a todos los regímenes autoritarios en posibles vías de evolución democrática, mientras el profesor español de Yale negaba tal posibilidad a los regímenes totalitarios o comunistas, sin dar por segura la evolución hacia la democracia de los regímenes autoritarios, aunque sí como posible. Y eso era lo importante: tal potencialidad. Linz los definía como «sistemas con una pluralidad política limitada, no responsable, sin ideología elaborada ni dominante (aunque con mentalidad distinguible), sin movilización política intensiva o extensiva (excepto en ciertos puntos de su desarrollo); y en los que un líder (o en ocasiones un pequeño grupo) ejerce el poder dentro de límites mal definidos, pero relativamente predecibles». Parecía estar definiendo el franquismo, sobre todo a partir de 1960.

La idea de Franco del Estado era la de una inmensa familia, con miembros distintos, pero todos ellos unidos por los lazos indestructibles de la sangre, que se imponen a todos los demás, incluidos los ideológicos, como le ocurrió a él con su hermano menor, Ramón. De ahí su rechazo de los partidos, por lo que tienen de compartimentos enfrentados. La vida nacional debía estar presidida por la estabilidad. Solo en el seno del Gobierno admitía discrepancias, pero sometidas siempre a la autoridad indiscutible del jefe del Estado.

Es así como, al tiempo que creó un Gobierno, creó también una semi o pseudooposición con las facciones en cada momento relegadas. No vamos a entrar aquí en ello, pero en cualquier caso indica algo de más sofisticación que en los totalitarismos clásicos, aunque la «oposición» la nombra, la crea, el propio régimen, y todo el que intente actuar fuera de él está condenado a no existir, a no influirle. Para Franco, todo lo que estaba extramuros del régimen, sencillamente, no existía. Solo el que aceptaba sus reglas de juego jugaba de verdad.

Lo más curioso fue que cuanto más éxito tuvo el régimen, más creció su oposición interna, mientras la externa, desalentada, decrecía. El desarrollo económico alentó la pluralidad de deseos y puso en marcha la llamada «ley de las expectativas crecientes»: las libertades que se van adquiriendo conforme evoluciona un régimen autoritario, en vez de satisfacer a la población, le abren el apetito de más. Tal vez por eso, los regímenes totalitarios, como los comunistas, se cierran a toda posibilidad de evolución. Saben que una vez iniciado el cambio, resulta ya imparable. Franco no lo cerró de plano, aunque sí quiso cerrar la posibilidad de una vuelta al sistema democrático normal. En eso se equivocó de medio a medio: su régimen iba cavándose su propia sepultura a medida que introducía el liberalismo económico, abría las fronteras y permitía una evolución, aunque fuera solo dentro de sus estrechos parámetros. Querer ser una democracia, aunque fuese adjetivada, es decir, impura, y querer ser un Estado autoritario, como quiso el franquismo, no es posible. Por eso no sobrevivió a su fundador. Cuando los españoles pudieron elegir, eligieron, y el franquismo dejó de existir.

Pero antes habían de transcurrir cuarenta años, en los que el régimen trató de construir un nuevo Estado según el diseño de su fundador.

¿Qué diseño era ese?

Un régimen muy especial

El archirrepetido «España. Una, Grande, Libre» no era solo una consigna, un eslogan. Franco buscaba, ante todo y sobre todo, la unidad española, la famosa «unidad entre las tierras y los hombres de España», que veía amenazada desde dentro por los separatismos y desde fuera por las naciones que, tras arrebatarle su imperio, querían quedarse con lo que quedaba de ella. Quería su grandeza, como reacción a los siglos de decadencia, y la quería, por último, libre de toda dominación extranjera, tanto material como espiritual, de ejércitos y de ideas, que, según él, la habían llevado al lastimoso estado en que se encontraba cuando llegó al poder.

Con tan simples ideas, unidas al aislamiento exterior que trajo la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, no es extraño que tanto a él como a sus más directos colaboradores les tentase la autarquía ideológica, política y cultural. España tenía que ser autosuficiente en todo, incluida su fórmula política, que fue a buscarse —al menos eso se nos dijo— no en los fascismos foráneos, sino en los manantiales de la historia patria. Las Cámaras serán Cortes, las leyes, fueros, la democracia, «orgánica», un adjetivo que de entrada suena extravagante, pero si se le mira bien resulta revelador: «orgánico», algo vivo, próximo, cordial, entrañable —uno de los adjetivos preferidos del régimen—, frente al frío racionalismo de lo inorgánico. El nuevo Estado se dispone no según los elementos «artificiales» de la sociedad —los partidos políticos—, sino según los naturales: la familia, el municipio, los sindicatos. Y para quitar a estos últimos todo acento moderno, todo aire de lucha de clases, se les convierte en gremios y hermandades, asociaciones de claras reminiscencias medievales. Da casi la impresión de que Franco quiere volver no al ayer, sino al anteayer. Sus discursos de la primera época están empedrados de referencias a la Edad de Oro, en la que Europa era pequeña, España grande y todos los españoles, unos.

Franco sabía, sin embargo, que con referencias al pasado no se resolvían los urgentes y gravísimos problemas planteados al país. Que, si la unidad nacional podía mantenerla con mano de hierro, la grandeza no se lograba con decretos, policía y discursos floridos. Y sin grandeza no había verdadera independencia. Ya durante la Guerra Civil tuvo muestras de lo que podía esperar de Hitler tras ella, cuando el embajador alemán insistió en obtener concesiones especiales sobre las piritas vizcaínas que venían explotando los ingleses (asunto Montana). Resistir esas presiones le costó Dios y ayuda y le advirtió de que, de seguir como hasta entonces, España iba solo a cambiar de dueño.

Lograr esa independencia requería, en primer lugar, una base económica que España no tenía. Para lograrla se necesitaba montar una firme, costosa y amplia infraestructura, pero esa obra requería estabilidad política y paz social, que no existirían mientras la mayoría de la población no alcanzase unas mínimas condiciones de vida. Era lo que López Rodó llamaría luego «el viejo círculo vicioso español»: la menesterosa economía impedía la estabilidad política y la inestabilidad política impedía el desarrollo económico. A más de setenta años vista, es ya posible decir que Franco trató de romper ese círculo vicioso de un tajo: imponiendo la estabilidad política por la fuerza y montando sobre ella la industrialización sin importar los costes humanos necesarios que se requirieran.

Garantía no había ninguna. Con los elementos de que disponía en 1939 y la situación internacional con que se enfrentaba, muchos expertos dirían que era sencillamente imposible lograr lo que pretendía. Claro que Franco atacó el problema no como un economista, sino como lo que era: como un general. Se enfrentó a la paz como se había enfrentado a la guerra. Por lo pronto, mantener la paz interior a cualquier precio, luego, lanzar un ambicioso programa de industrialización casi sin medios. Como complemento, una legislación social avanzada, pero hueca hasta que no hubiera algo que repartir. Pues otra cosa tenía también muy clara Franco: él no iba a repartir la poca riqueza que habría en España, primero había que crearla entre todos, costase lo que costase. El reparto se daría por añadidura. Algo parecido a lo que hizo Stalin en la Unión Soviética con los Planes Quinquenales, estando en las antípodas de su ideología. Es lo que quita a su Estado toda aureola revolucionaria. Pero Franco no estaba dispuesto a repetir el error de cuantos gobernantes antes que él habían intentado la revolución en España sin una base material, poniendo el carro delante de los bueyes.

El franquismo abordó la tarea con mucha demagogia, poquísimo orden y diferentes protagonistas. Para la revolución social eligió el ideario falangista, para la económica, echó mano de tecnócratas. En ambos terrenos obtuvo resultados nada despreciables. Y aunque al acabar su andadura el franquismo no había hecho, como dijimos, la revolución burguesa en España, la había hecho posible al haber puesto sus bases: una industrialización irregular, pero inequívoca; una educación caótica, pero multiplicada; una legislación social retórica, pero progresista y, sobre todo, una ancha clase media, que irremisiblemente tendría que terminar enterrando al franquismo al exigirle unas libertades que este ya no podía darle.

El cambio social

¿Saben ustedes cómo terminaba el llamamiento hecho por Franco a los españoles cuando se levantó contra la República el 18 de julio de 1936? El autor de este libro no tenía la menor idea de ello hasta que por necesidades de escribirlo consultó tal manifiesto. Comprenderán su susto al tropezarse con las tres palabras finales: «Fraternidad, libertad e igualdad». Ni más ni menos. El mismo grito de la Revolución francesa, aunque en distinto orden.

No pretendo decir, naturalmente, que Franco se dispusiese a lanzar una Revolución francesa en España. Nada más lejos de su mente. Lo advirtió, por si fuese necesario, en el movido mayo de 1939, cuando, recién acabada la contienda, se lanzó a recorrer el país para exponer su idea del nuevo Estado y llegó a decir: «Nosotros tenemos ahora que cerrar la frivolidad de un siglo. Que desterrar hasta los últimos vestigios de la Enciclopedia». ¡De la Enciclopedia nada menos, la madre de la Revolución francesa! Claro que en el mismo discurso, Franco no tuvo inconveniente en decir también: «Hablo de revolución sin que me asuste la palabra».

Estaba hablando, además, a sus compañeros de armas, que acababan de ponerle la Laureada, es decir, que no era un discurso cualquiera. ¿Una de las muchas contradicciones con las que aquel personaje singular cubría dos frentes al mismo tiempo? Pensamos que, por una vez, no, que intentaba, simplemente, decir que su revolución era otra. O él creía que era otra. Como la mayoría de los españoles, y en esto no hay mucha diferencia entre los de izquierda y los de derecha, Franco tenía problemas para distinguir la revolución burguesa de la proletaria y confundía la francesa con la soviética. Aunque luego en la práctica las distinguiese perfectamente.

Que estaba, sin embargo, convencido de la necesidad de un cambio en el país, profundo además, lo demuestra, más que la cita antes apuntada —las palabras de un político nunca garantizan nada—, el hecho de cómo asimiló y llevó a la práctica los aspectos sociales de la doctrina falangista. Era esta un batiburrillo donde había de todo, destacando dos elementos contradictorios: los archirrevolucionarios y los archirreaccionarios. Junto a la nacionalización de la banca y la expropiación de la tierra sin indemnizaciones proclamaba un sentido jerárquico de la vida, cierta debilidad por la violencia y un absoluto desprecio por la democracia liberal. Franco elimina de ello lo que pudiéramos llamar extremismo revolucionario para quedarse con los cambios insoslayables: la justicia social, las legítimas aspiraciones de la clase obrera y la dignificación del trabajo, que él irá tratando de llevar a la práctica hasta convertirlo en una reforma tan ancha como sui generis.

Cabe preguntarse si el aparato legal en defensa de los trabajadores que Franco va a incrustar en su Estado se debe a una sincera compenetración con las aspiraciones de la clase obrera o a simple cálculo político, para impedir que tal clase se le escapase hacia el marxismo, un poco como había hecho Bismarck en Alemania un siglo antes con una legislación social tan avanzada para su tiempo como paternalista. Y cabe contestar de ambas formas, pues hay argumentos para una y otra tesis, así que no vamos a perder el tiempo discutiéndolo. Lo importante, además, fue que se hizo.

La Falange se convierte en instrumento de esa revolución nacional sindicalista —su nombre oficial— que se anuncia el 4 de agosto de 1939 y se afianza el 13 de mayo de 1941 cuando José Luis de Arrese entra como ministro secretario general del Movimiento en sustitución de Serrano Suñer.

Arrese era el símbolo del falangista-franquista, quiero decir, de la Falange como negociado social del régimen: una Falange expurgada de sus elementos extremistas, tanto doctrinales como humanos. Pero desde entonces habrá falangistas que hablarán de «la revolución pendiente» pues, si lo que pretendían era hacer una revolución total, que cambiase no solo España sino también a los españoles —cosa sobre la que podría discutirse—, el franquismo, desde luego, no la hizo. Franco era un hombre de clase media, con ciertas reservas incluso hacia la aristocracia —cuyas debilidades conocía— y cierta debilidad —en la medida que puede hablarse de debilidad en un hombre como él— hacia la clase trabajadora, cuyas urgencias conocía también, entre otras cosas por haber tenido que aplastarlas dos veces en Asturias. Pero la revolución que él buscaba, si buscaba alguna, era la de su clase, la burguesa. Su objetivo fue siempre hacer del proletariado clase media. Y lo hizo también con la parsimonia, precauciones y desconfianzas típicas de esa clase, algo que al falangista visceral no le iba. Pero falangistas viscerales quedaban cada vez menos, sobre todo en las alturas. Con razón escribe Payne: «Con Arrese, la Falange abandona su acento revolucionario y entra en el evolucionismo».

Pero con Arrese entra también en el Gobierno otro hombre que terminará siendo una de las figuras claves del régimen: José Antonio Girón. Él será quien lleve a cabo esos cambios en el terreno social que, dado el ambiente retrógrado de la época y la exagerada retórica de sus protagonistas, llegaron a caracterizarse de revolucionarios, cuando no fueron más que la puesta en marcha de una legislación social española hasta entonces rudimentaria o inexistente. Lo que tampoco autoriza a menospreciarla, aunque bastantes objeten el calificativo de revolucionaria. Ramón Tamames, sin ir más lejos, se hace eco del profesor Torres al preguntarse: «¿De qué sirve una legislación social avanzada si la política económica no es progresista?». Aparte de que discutiríamos hasta el infinito el concepto progresista sin ponernos de acuerdo (¿es progresista la política económica China? ¿Lo fue la de Zapatero? ¿Lo es la de Podemos?), pues cada cual lo interpreta a su antojo, la pregunta del profesor Torres tiene más sentido, pienso yo, planteada a la inversa: ¿De qué sirve una política económica progresista si la legislación social no es avanzada? Puede servir a los empresarios en una economía dirigida, pero no a los obreros, que no se aprovecharían de ella. Para liquidar el asunto, lo mejor sería tal vez dirigirse a estos, preguntar a los trabajadores españoles si fue ociosa la normativa laboral y social del franquismo. Cuando se ve con qué fiereza defienden aún hoy buena parte de sus logros, como la seguridad en el empleo, casi no hace falta esperar la contestación.

La primera de las que luego se llamarían Leyes Fundamentales del Régimen fue una norma de este tipo: el Fuero del Trabajo, dictado ya durante la guerra —3 de marzo de 1938—, bastante antes de que el nuevo Estado se organizase. No fue casualidad. Una de las características más acusadas del régimen franquista fue que lo social iría en él por delante de lo económico, y lo económico delante de lo político, siendo en este último la resistencia enorme, desde la misma cima del Estado. Una vez construida la «democracia orgánica», que como toda democracia adjetivada no era más que el sucedáneo de una auténtica, se frena. El franquismo —y en esto no espero oír voces de protesta a la derecha ni a la izquierda— no logró la revolución política. Ni la logró ni la quiso. Para ella hubo que esperar al posfranquismo.

Lo social, en cambio, aparece ya en sus comienzos, como demuestra la cita que tomo de mi libro anterior, La historia de España que no nos contaron:

El Fuero del Trabajo se presentó como una especie de Carta Magna de los trabajadores españoles. De entrada, se quedó en gesto grandilocuente, muy del estilo falangista. Aun así, junto a los postulados huecos, encontramos auténticas perlas, como el punto 6 del artículo segundo, donde se establecía que el Estado “garantizará la seguridad y continuidad del trabajo”. De ahí saldría el artículo 99 de la Ley de Contratos de Trabajo, que al garantizar el derecho al empleo, rechazaba el despido libre. Una conquista del trabajador español, que venía a compensar su falta de derecho a la huelga y que, desde entonces, no ha hecho más que retroceder por más democracia que haya llegado al país.

El Fuero del Trabajo tenía valor sobre todo como fuente de una compacta legislación laboral posterior, que incluía las más importantes reivindicaciones obreras: salarlo mínimo interprofesional, vacaciones pagadas —con residencias donde pasarlas—, regulación de la jornada laboral, creación de puestos de trabajo a cargo del Estado, establecimiento de la Magistratura del Trabajo, seguridad personal y familiar del trabajador. Todo esto ayudó a sobrepasar una de las etapas más reaccionarias que ha conocido el país, junto a uno de los peores baches económicos. Los jalones de esta legislación fueron:

—Ley de Subsidios Familiares del 18 de julio de 1938.

—Ley de Seguro de Vejez del 1 de septiembre de 1939, que el 10 de febrero de 1943 se extendió a los trabajadores del campo.

—Ley Reguladora de la Seguridad en los puestos de trabajo del 31 de enero de 1940.

—Ley del Descanso Dominical del 13 de julio de 1940.

—Ley Orgánica del 18 de octubre de 1940, creando el Instituto Social de la Marina, para prestar a los trabajadores del mar dentro y fuera de España.

—Ley de Regulaciones Laborales del 16 de octubre de 1942, afectando a 156 ramos de la producción.

—Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad del 14 de diciembre de 1942, la de utilidad más inmediata y beneficiosa, que se completó con la construcción de una red de instalaciones sanitarias en todo el país, y aunque su crecimiento fue anárquico, acabó con una de las grandes pesadillas de la clase obrera.

—Decreto del 31 de marzo de 1944, que abrió la puerta a los contratos colectivos.

—Ley Orgánica del 17 de octubre de 1944, que crea la Magistratura del Trabajo, tribunales especializados en contenciosos laborales, por lo general parciales hacia el trabajador.

—Orden Ministerial del 24 de octubre de 1946, que creó las mutualidades y Montepíos Laborales, que completaban las prestaciones del Instituto Nacional de Previsión —creado en 1908, pero reducido al Retiro, la Maternidad y los Accidentes Laborales, sin cubrir la enfermedad corriente— en campos como invalidez, viudedad, orfandad, defunción, matrimonio, natalidad, larga enfermedad e insuficiente pensión de jubilación.

—Decreto del 18 de agosto de 1947 creando los Jurados de Empresa, con participación de los empleados.

No incluimos en esta lista la Ley Sindical del 6 de noviembre de 1940 porque, sencillamente, no pertenece a ella, como los sindicatos verticales no eran verdaderos sindicatos. Tras sus halagos a los trabajadores y a su importancia en el nuevo Estado, la finalidad de la misma era más política que laboral. El derecho a sindicarse, la más vieja de las reivindicaciones obreras, se convierte en deber. La huelga ni siquiera se menciona. El salario es el que venga marcado desde arriba. Más que de una sindicación, habría que hablar de encuadramiento. Trae ventajas a los encuadrados, como la negociación colectiva y el uso de las instalaciones de Educación y Descanso. Pero el objetivo principal de estos particulares sindicatos no era defender a los trabajadores. Era defender al Estado franquista de los trabajadores.

Todo en esa lista puede parecer hoy normal, sobrentendido, timorato incluso. Pero entonces no lo era. Ni mucho menos. No hay que olvidar el momento: en plena posguerra, con capitalistas, empresarios y terratenientes exigiendo los dividendos de su apoyo al alzamiento militar. Hablar en tales circunstancias de derechos de los trabajadores —que en su mayoría habían militado en el otro bando— sonaba escandaloso, si no ilógico a más de uno. Sin embargo, se habló, se legisló, se metió en el equipaje del nuevo Estado. Fue lo que le salvó de quedarse en pura contrarrevolución, en dura vuelta al ayer. Lo que suavizó también su áspera realidad en otros campos, como el político, que lo fue. Y mucho.

La revolución industrial

Por favor, antes de impugnar esta atrevida cabecera, contemple estas cifras:

Ya sé que se puede mentir con cifras más bellamente que con palabras, pero solo hasta cierto punto. Hay cifras demasiado abultadas para manipularlas o ignorarlas.

Las arriba citadas pertenecen a esas. Lo que ha ocurrido es que el franquismo usó y abusó tanto de ellas que acabó por devaluarlas, pues de sobrepasar cierto nivel crítico la publicidad puede tornarse contraproducente. Resulta sin embargo indiscutible que entre 1939 y 1973 tiene lugar una expansión de la economía española que en algunos sectores alcanza proporciones considerables, mientras en otros no pasa de discreta, pero que en conjunto la hacen llevarse el coeficiente de crecimiento más alto durante la década de los 60 entre los países de la OECD, detrás de Japón.

¿Cómo se logró? Desde luego, no por un milagro, aunque se habló de él. Tampoco por la sabiduría de la gestión gubernamental, donde hubo de todo. Y aunque hubo ayuda exterior, no fue lo decisivo, como en los países europeos que recibieron el Plan Marshall. Lo decisivo fue una estabilidad interna, una coyuntura exterior favorable y, sobre todo, el sacrificio y trabajo del pueblo español, que tras aguantar lo indecible en la inmediata posguerra muestra luego un vigor de recuperación envidiable. Como vamos a ver muy pronto, el detonante de ese proceso fue la liberalización de unas fuerzas económicas aherrojadas durante mucho tiempo, que pone en marcha el voluntarioso afán de un pueblo de salir de la miseria a cualquier precio y encuentra campo para ello en la bonanza mundial de los años 60. De esos tres factores, el único verdaderamente atribuible al Gobierno es el primero. Sin liberalización económica, no hubiera podido aprovecharse la coyuntura exterior favorable. Un país encerrado en sí mismo, por las causas que fuera, como le ocurrió al Portugal de Oliveira Salazar, habría visto cómo la ola de prosperidad le pasaba por encima y no hubiera podido hacer la revolución industrial.

Cuando discutí este punto con Juan Linz me apuntó que la revolución burguesa se habría hecho en España con Franco o sin Franco. Más que en argumentos ideológicos, se apoyaba en «la coyuntura favorable que se extendió por Europa, desde Bulgaria a la península ibérica, durante la década de los 60». Y, concretamente, en la mano de obra barata que los países más retrasados pudieron exportar a los ricos, beneficiándose de las remesas de dinero de esos trabajadores, del enorme auge experimentado por el turismo en ese período hacia los países pobres, de su estabilidad política, que les atrajo inversiones, y, por último, de un petróleo barato que compensó la falta de energía propia y eliminó la desventaja que dichos países tenían frente a Alemania e Inglaterra. Es una tesis con bases firmes en que sostenerse y amplios visos de credibilidad, pero también con sus lagunas. ¿De qué sirve una coyuntura internacional favorable, si por razones de política interna un Gobierno no decide abrirse lo suficiente para aprovecharlas? ¿Hubiesen acudido las inversiones extranjeras a España como acudieron si no se les hubiesen ofrecido las garantías de estabilidad y rentabilidad que se les ofrecían? Asegurar que sin Franco se hubiese hecho también la revolución industrial y puesto las bases de la burguesa es un tanto arriesgado. Pudo ocurrir o no pudo ocurrir. Sin negar ninguno de esos factores favorables en Europa, la clave está en que se aprovecharan o no. Bulgaria, desde luego, no hizo la revolución burguesa, Portugal no hizo la industrial, y otro tanto le pasó a Grecia. La historia de España está llena de ocasiones perdidas para hacer esa revolución, como hemos visto. Lo importante es que esta se aprovechó, si no para realizarla plenamente, al menos para poner sus bases.

Económicamente, la era Franco se divide en dos grandes periodos: de 1939 a 1957 y de 1959 a 1975, con un período de transición (1957-1959) en medio. Las diferencias entre ellos son nítidas, pudiendo hablarse incluso de contraste, ya que las políticas económicas que rigieron en uno y otro fueron, de hecho, opuestas. El panorama que se encontró Franco al acabar la Guerra Civil era desolador. Ricardo de la Cierva hace la siguiente lista del estropicio:

250 000 viviendas destruidas, otras 250 000 inutilizadas. El 41 % del parque de locomotoras inutilizado, el 40 % de los vagones de viajeros inservibles. Hundidas 225 000 toneladas de la flota mercante. El parque automovilístico gravemente dañado. La mayor parte del oro en Moscú. Una deuda de 353 millones de marcos a Alemania, de 5 000 millones de liras a Italia, más diversas partidas a Inglaterra y otros. Sin esperanzas, además, de recibir ayuda de nadie. Al revés, esperando los interesados aliados durante la Guerra Civil que les ayudase a ellos durante la mundial que empieza.

Esta Segunda Guerra Mundial no va a ser para España la bonanza que fue la primera. Con una producción en 1939 un 25 % por debajo de la de 1935, el país tiene muy poco que ofrecer. Los minerales que exporta apenas llegan para cubrir las importaciones agrícolas y el petróleo necesario para vivir. Tiene, además, que esforzarse, primero, en que las potencias del Eje no la arrastren a la contienda, y luego, en que los aliados no la conviertan en el segundo frente. Únanse las malas cosechas, la pésima administración, el mercado negro, las sequías, los deficientes transportes, la falta de abonos, y se tendrá por qué España volvió a pasar hambre imperial sin imperio, excepto en las canciones de los flechas y en los discursos de las autoridades. Y si no tuvo novela picaresca —aunque algo hubo de ella—, tuvo picaresca a secas, y no de la mejor. De la Cierva habla de 20 000 muertes por hambre entre 1936 y 1946. Puede parecer exagerado, pero le oí a don Fernando Maldonado, médico en las barriadas obreras barcelonesas por aquellos años: «Uno de los mayores problemas que tiene hoy un médico es qué poner en el certificado de defunción de alguien muerto de hambre».

El final de la Segunda Guerra Mundial no trae el menor alivio. Trae el ostracismo, el aislamiento, el acoso, la guerrilla incluso, y la continuación de la penuria. Algo que se alarga hasta comienzos de los años 50, cuando vuelven los embajadores y llegan los primeros turistas, las primeras inversiones y la primera ayuda de los Estados Unidos. Que la situación mejora poco lo revela que hasta 1954 no se alcanzara el nivel económico de la anteguerra, como arroja el siguiente cuadro de evolución de la renta nacional:

Hasta 1957 no empieza a cambiar realmente el panorama, con la estabilización primero y la liberalización después, que meterán a España en un crecimiento acelerado. Los dos Planes de Desarrollo (1964 y 1969) tratarán de encauzar, sin demasiado éxito, ese crecimiento, en algunos aspectos vertiginoso y en su conjunto anárquico. Pero es un tipo de anarquismo que, a diferencia del clásico, se digiere bien. Cuando Franco muere en 1975 deja tras sí un país que se parece muy poco al que encontró al llegar de Marruecos con sus legionarios en 1936. Volvamos a las cifras: aquella miserable renta per cápita en pesetas (8 068) se ha convertido en 2 704 dólares. Las cero reservas, en 5 759 millones de dólares en oro y divisas. El 73,7 % de los hogares españoles tenían frigorífico, el 27,9 % lavadora automática y el 77,4 % televisor. Más importante es que había en aquellos momentos en España 1 500 000 pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y 978 738 pequeñas y medianas empresas. Todo esto quiere decir que se había creado lo que faltó hasta entonces: una ancha clase media e incluso una pequeña burguesía. Su revolución podía finalmente llegar.

Si Lenin dijo que comunismo era «soviets más electricidad», Franco podría decir que franquismo era «Movimiento más pantanos». Por aquel entonces se hicieron innumerables chistes sobre estos últimos, sacados un poco de la desesperación reinante. Hoy sabemos que no eran ningún chiste. Y, pese a ser España el país europeo con más «costa interior», no nos vendrían mal otros cuantos embalses, si es que pudieran hacerse, pues, al parecer, las posibilidades geográficas para ellos están poco menos que agotadas y en las que quedan los habitantes del lugar se niegan a autorizarlos.

El empujón hidroeléctrico —solo en 1941 se iniciaron las obras de 25 pantanos— vino acompañado de otro en el sector industrial, paralelo al primero aunque mucho más desbarajustado pese a los intentos de una rígida ordenación, o puede que por efecto de ella misma. Dos de las primeras leyes del nuevo régimen advierten sobre su afán industrializador: la del 24 de octubre de 1939, para «la protección de la industria nacional», y la del 24 de noviembre del mismo año, para «la ordenación y defensa» de la misma. Obedecían ambas al pensamiento franquista de que sin una auténtica autonomía industrial el país nunca podría alcanzar una verdadera independencia, un pensamiento desdoblado hacia una economía de bienes de consumo y hacia un autoabastecimiento de armamentos, a los que se presta muy temprana atención.

La declaración de «industrias de interés nacional», con pingües ventajas para ellas, junto al cierre poco menos que hermético de las fronteras a los productos extranjeros, trajo el brotar de una serie de industrias de los más diversos ramos, aunque la calidad de sus productos dejara bastante que desear. Fue cuando lo de «antes de la guerra» empezó a ser signo de calidad, lo que no era precisamente un piropo para las nuevas industrias del régimen.

Fue también cuando surgió el INI, que analizaremos luego, aunque adelantamos ya que fue el símbolo de una política industrial caracterizada por un crecimiento enmarañado y desequilibrios de todo tipo, junto a una productividad deficiente. Pero crecimiento a fin de cuentas, que en el periodo 1942-1959 alcanza una cuota anual acumulada del 6,3 %, mientras la del siguiente periodo, 1959-1973, sería del 7,9 %, cifra no solo más alta, sino mucho más importante, pues se logra sobre niveles crecientes. Lo que tampoco autoriza a despreciar aquella.

Se logra, eso sí, a base de enormes sacrificios de los segmentos bajos de la población, pues los privilegiados viven como auténticos barones del más primitivo capitalismo, e incluso como señores feudales en algunos casos.

El entusiasmo inicial del régimen por la industria queda también en evidencia en otro tipo de estadísticas: mientras los niveles de producción agrícola bajan a niveles inferiores a los de la anteguerra, los industriales suben. Tomemos, por ejemplo dos años medios:

Divergencias que se acusan en los diversos capítulos de uno y otro ramo hasta producir un fortísimo desequilibrio que incide duramente en el nivel de vida de aquellos años, pues la favorecida industrialización se dirigió hacia la creación de una infraestructura, lo que significó que muy escasos beneficios alcanzaron de momento al público. Por si eso fuera poco, una política de búsqueda de la autarquía distorsionó el entero proceso económico, con graves daños a su productividad.

No sabemos si Franco y sus colaboradores buscaron durante aquellos años la autarquía, o autoabastecimiento tanto industrial como alimenticio, por convicción o por imposición de las circunstancias. Franco era un experto en hacer de la necesidad una virtud, y el concepto autárquico andaba suelto por aquella Europa desasosegada, haciendo guiños a las naciones que habían llegado tarde al reparto de las colonias, lo que era una paradoja referido a España, que fue la primera que las tuvo. En cualquier caso, atrajo desde el primer momento al fascismo italiano. Incluso la palabra, autarquía, que rimaba con jerarquía, sonaba bien y tenía ese bruñido que encajaba en los discursos. Por otra parte, en plena Segunda Guerra Mundial y faltando la mayoría de las fuentes normales de aprovisionamiento, no había mucho donde escoger. Así es como España se embarcó en la aventura autárquica, con resultados menos que satisfactorios. Causa utópica, la llama Tamames, quien certeramente apunta su fallo principal: muy pocos países pueden ser autárquicos, y España, entre los que menos. Agravó la cosa la forma como se hizo: con excesivo intervencionismo, que trajo un enorme lastre burocrático, más obstaculizador que promotor, llegándose al estrangulamiento continuo del proceso productivo y al colapso de ciertas ramas. El intervencionismo monopolista del Estado elimina el incentivo de la producción a la vez que abre un cauce hacia la transacción ilegal, por las ganancias que ofrece. Surge el estraperlo, otro de los protagonistas de la década, que abarca desde las mujeres que venden barras de pan en las esquinas bajo los delantales hasta los personajes que venden licencias de importación. Tras la ancha, dura e inmisericorde represión de los vencidos, este fue el capítulo más negro del régimen en sus cuarenta años de historia. Nace la figura caricaturesca, aunque bien poca risa producía, del estraperlista, y su entorno, toda una clase social que incluye los que se aprovechan de la escasez, a cuantos tienen algo que vender, patatas o chatarra, jabón o «medias de cristal». ¡Hasta libros se llegaron a vender en aquella España a un precio superior al marcado, al llegar tan pocos a las librerías! Cuando se lo cuento a los libreros de hoy les bailan los ojos. Se aprovecharon de la casi total escasez desde los propietarios agrícolas hasta los fabricantes, pasando por todo tipo de intermediarios: tenderos, suministradores y almacenistas. Tres de los segmentos clave del régimen —altos funcionarios, militares y falangistas— se ven también envueltos en este tipo de negocios, a nivel individual, pero con grave daño a las instituciones. Como consecuencia de ello, bajo un régimen que condenaba públicamente el capitalismo para permitirlo en la práctica junto al más desordenado intervencionismo, España vive con cien años de retraso la fiebre del capitalismo salvaje, con la creación de todo tipo de fábricas, que muchas veces no pasaban de talleres, nuevas instituciones de crédito, nuevas gestorías de trámite oficial y nuevas fortunas, que traen una nueva clase, la burguesía del franquismo que, si dejamos aparte cierta retórica, no se diferencia mucho de las otras burguesías. Es verdad que parte de ella seguía rechazando la democracia liberal, lo que la separaba de las restantes burguesías continentales, pero incluye también muchos que, conforme pasan los años, se van inclinando por una homologación con las formas europeas. Y desde luego sus hijos, todos o casi todos, si no se habían ido más allá y hecho marxistas, cosa también frecuente, por una reacción que tal vez tuviese más de freudiana que de política.

Lo más grave, sin embargo, fue que aquella corrupción no se quedó restringida al primer período, sino que poco menos que se institucionalizó, restando al régimen toda autoridad moral y dejándola en autoridad a secas. Las consecuencias son mucho más vastas de lo que suele pensarse: desde entonces, el incumplimiento del deber, la defraudación, el mismo robar al Estado no se considera delito ni inmoral en España, dado el pésimo ejemplo que dieron sus más altos teóricos servidores, que empezaban sirviéndose a sí mismos.

Aunque tal vez el origen de todos los capitalismos sea así: salvaje. Tal vez no haya otra forma de crear y acumular riqueza que dejando sueltos a los Räuberbarone, a los barones bandidos del capitalismo inicial, aunque bastantes de los estraperlistas de aquellos tiempos ni siquiera llegaron a eso, limitándose a vender su influencia sin crear ningún tipo de riqueza. Algo que, como hemos visto, han transmitido a la democracia que siguió.

En cualquier caso, fueron surgiendo empresas —pasando su número de 4 126 en 1940 a 6 732 en 1945—, y el país comienza su industrialización a trancas y barrancas en aquella década triste, desolada, incluso con retrocesos en algunos años: 1943 (–8 %), 1945 (–7 %). A partir de 1950, con el crecimiento del comercio exterior y la primera ayuda americana, el desarrollo se acelera, llegándose a duplicar a lo largo de esa década, como ilustra la siguiente tabla:

Es un flaco, nunca mejor usada la palabra, consuelo al hambre y privaciones que pasaron —pasamos— los españoles durante ese período.

Antes de seguir adelante, tenemos ya que ocuparnos del INI, uno de los héroes o villanos, según se mire, del mismo. Creado por la Ley del 25 de septiembre de 1941, su objetivo era propulsar y financiar, en servicio de la nación, la creación y resurgimiento de nuestras industrias, en especial las que se propusiesen como fin principal la resolución de los problemas impuestos por la exigencia de la defensa del país o que se dirigieran al desarrollo de nuestra autarquía económica, ofreciendo al ahorro español unas inversiones seguras y atractivas. La dotación de entrada fue de 50 millones de pesetas, y pronto se convirtió en un holding estatal con empresas del carbón, la energía, el cemento, los productos petrolíferos, la minería, la metalurgia, los abonos, la celulosa, los productos químicos, los alimenticios, los vehículos, la construcción naval, las comunicaciones terrestres y aéreas y la industria de armamento. En 1980, Tamames le atribuía participación en un centenar de empresas.

Del INI se ha dicho todo lo bueno y lo malo que en este mundo se puede decir, posiblemente todo ello con razón. Por una parte, aparece prácticamente en todos los inicios de la industrialización del país en aquella época, de forma que si no hubiese existido, hubiera habido que inventarlo. La gran pregunta es si hubo que hacerlo así, si no había una forma mejor de hacerlo, ya que sus defectos se centran, más que en su idea, en su forma de operar y disponerse. Por lo pronto, la desorganización parece reinar dentro de él, con una buena dosis de personalismos e improvisación, características ambas muy hispanas. Únase un burocratismo archipesado, muy estatal, y se tendrán unos costes de producción altísimos y una productividad vergonzosa. Para completarlo, apenas hay coordinación entre sus distintas empresas, lo que hace aún más bajo el rendimiento.

Por si ello fuera poco, se le destinó también a salvar empresas en bancarrota, pero de interés social —léase político—, lo que tiró de él hacia abajo, impidiéndole funcionar racionalmente. A todos sus presidentes modernos desde Claudio Boada les ocurría lo mismo: se hacían el firme propósito de que el INI funcionase como una empresa privada, pero ninguno lo consiguió.

De todas formas, cumplió su papel en esta etapa, no solo del franquismo, sino de la vida de la nación, al contribuir a darle una base industrial allí donde la empresa privada no hubiese alcanzado, al tiempo que proporcionaba un colchón social a situaciones desesperadas.

Su problema terminó siendo su identidad. ¿Qué era el INI en los años 80? O más exactamente, ¿qué debía ser? ¿Una empresa estatal o una mixta? El Gobierno del PSOE zanjó esa cuestión como Alejandro Magno zanjó la del nudo gordiano: de un tajo. Luis Carlos Croissier llegó a presidir el Instituto con la misión de desmontarlo, vender todas sus empresas vendibles y reconvertir en pequeñas unidades las que quedaran. Es a la conclusión a que se llegó tras darle muchas vueltas: que, a esas alturas, el INI servía mejor buscando beneficios como fuese que tratando de paliar problemas locales.

La idea era buena, el problema fue cómo llevarla a la práctica, pues el INI se llevó por delante presidentes, empresas y cierres, incluido el suyo (en 1995), antes de ser lo que es hoy: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que reúne a los restos que quedan de él.

Vuelco económico y Planes de Desarrollo

1957 fue el punto de inflexión y 1959 el claro ecuador de la economía española de la posguerra. Cesa el modelo autárquico, para adoptarse otro mucho más próximo al de libre empresa. En la primera fecha, Ullastres y Navarro Rubio lanzan una serie de medidas estabilizadoras, fijando una paridad mucho más realista peseta-dólar, liberalizando un 50 % de las importaciones, reduciendo el intervencionismo estatal y favoreciendo las inversiones extranjeras.

Junto a la ayuda americana que ha empezado a llegar (258 millones de dólares de un total de 546 que entran), los efectos favorables empiezan a notarse pronto. Llegan también los primeros turistas, mientras se van los primeros obreros, lo que significa una doble corriente de divisas, al tiempo que disminuye la presión laboral dentro. Quien ha dicho que quienes pagaron la factura de la estabilización fueron los trabajadores españoles no exageraba en absoluto. Pero esta vez al menos sacaron provecho de ello.

En base al primer informe de la OCDE sobre la economía española se lanza el Plan de Estabilización del 30 de junio de 1959, en el que toma cuerpo una doctrina económica interior y exterior, comercial y monetaria mucho más acorde con las corrientes imperantes en el mundo occidental. Crecen las inversiones extranjeras, mientras la apertura de importaciones permite a las empresas nacionales modernizar su equipo y aumentar su productividad. Nada de extraño tiene que España, como ya se ha visto, se ponga a la cabeza de los índices de crecimiento anual (7,9 %) entre los países industriales tras Japón y los españoles empiecen a tener una preocupación que nunca habían tenido: problemas de peso.

Decir, como se ha dicho, que España se desarrolló en los años 60 a pesar de los Planes de Desarrollo vale como chiste, pero no como realidad. Aunque tampoco es cierto que se desarrollara gracias a dichos planes, como también se ha insinuado. Los planes ayudaron en diversos aspectos, pero no fueron la causa del crecimiento. Tampoco era ese su papel, ya que de entrada se definieron como indicadores más que como vinculantes, como auxiliares del relanzamiento económico nacional más que como dirigentes del mismo. Tuvieron como modelo los de Pierre Passé en Francia, y se diferenciaban de los quinquenales soviéticos en que no eran férreos objetivos gubernamentales de producción a alcanzar, disponiéndose los medios para ello, sino plataformas indicadoras que adelantaban las previsiones de demanda y consumo para que los empresarios privados pudieran hacer sus inversiones y cálculos de producción lo más ajustado posible a lo que iba a necesitarse, lo que debería traer un máximo de productividad y un mínimo de inflación. Al mismo tiempo, el Estado asumía un papel subsidiario, creando la infraestructura necesaria para tal desarrollo, especialmente en obras públicas, y acudía a aquellos ramos donde la iniciativa privada no alcanzaba.

Otro aspecto del plan era la creación de Polos de Desarrollo para el montaje de industrias en lugares necesitados de ello, acogiéndose a diversos beneficios. Por último, el plan buscaba el fomento de las exportaciones en base a la concesión de una serie de estímulos y bonificaciones. Iniciativa esta última laudable, siempre que no llegase al extremo que llegó, en el que las bonificaciones llegaban a superar el valor de lo exportado o poco menos. El escándalo Matesa, a la postre, no fue más que eso: se fingía que se exportaba para cobrar la bonificación. Y eso, tampoco.

El Primer Plan Nacional de Desarrollo (1964-1967) preveía una inversión pública de 334 997 millones de pesetas, la creación de 970 000 puestos de trabajo y el trasvase de 340 000 trabajadores del campo a la industria. De ahí que el 18 % de los 22 800 millones de pesetas dispuestos para la enseñanza estuviera destinado a la formación profesional. Otra de sus previsiones claves era alcanzar un aumento del Producto Social Bruto del 6 % anual y una renta per cápita de 469 dólares al final de los cuatro años, superior en un 20 % a la de los comienzos. Lo más curioso de este plan fue que se equivocó, pero por lo bajo, por modesto, cuando los planes estatales suelen fallar por todo lo contrario: por exagerados, por triunfalistas. El caso más destacado fue el de la renta, el de esos 469 dólares que querían alcanzarse en 1967 y se habían alcanzado ya el primer año, en 1964.

Tuvieron algunos otros «benditos errores»:

Algo parecido ocurrió con la vivienda: se esperaban 750 000 y se construyeron un millón de ellas. Como se creó también un millón de puestos de trabajo, esto es, más de lo programado.

Las críticas que se hacen al plan son el «fallo de control en su ejecución» (Tamames), así como que se equivocara en sus predicciones. Lo que es cierto. Pero se equivocó por quedarse corto, y ¡benditos sean tales errores tras tantos años de penurias y promesas vanas! La saña con que se le golpea, sin embargo, hace pensar más en motivos políticos que de otro tipo, aparte de que cabe preguntarse si alguno de esos críticos no hubiese preferido un acierto en las predicciones, aunque significara quedarnos más bajo. ¿O lo que realmente molesta es que una economía libre, sin verdadera planificación, pueda hacer algo que nunca alcanzará otra planificada: superar sus objetivos? Pero dejémonos de disputas ideológicas, que suenan a sexo de los ángeles en medio de las hogazas del consumo.

Más base tienen ya otro tipo de críticas: que al dispararse, el plan trajo inflación (40 % en cuatro años), que el crecimiento fue desequilibrado, tanto en productos como en regiones, o que los Polos Industriales tuvieron poco éxito, al materializarse solo el 25 % de sus proyectos. En cuanto a que se planificó a favor de «las clases dominantes», es verdad, pero también lo es que la clase trabajadora se aprovechó del plan como se ha aprovechado de pocas iniciativas económicas gubernamentales, incluidas las de la Segunda República.

Fue, en resumen, un plan asistencial al desarrollo económico español, montado sobre la ola del bienestar mundial y aprovechándose de ella en distintos aspectos. Con esta experiencia se pasa al II Plan de Desarrollo y Social (1967-1972). El añadido al título advierte ya de por dónde iban las intenciones: quería corregirse el desordenado crecimiento del primero, así como dar más énfasis a sus aspectos sociales. El crecimiento se calculó en un 5,5 % anual y las inversiones públicas serían de 552 000 millones de pesetas, de las que el 46 % deberían tener carácter social. Una de sus partidas más importantes era la de la enseñanza y formación profesional, que casi se triplicó respecto al plan anterior. También la agricultura recibiría atención especial, con obras de regadío e intensificación de cultivos.

Los índices calculados de crecimiento industrial iban desde el 5 % para el sector alimenticio al 13,7 % en el de la maquinaria, añadiendo la novedad de la aparición de señales de alerta para advertir cuándo los precios empezaban a dispararse.

Las críticas a este segundo plan son las mismas que al primero, incluso intensificadas, ya que, en efecto, sus predicciones se separan cada vez más de la realidad en un sentido u otro, quiero decir, por defecto o por exceso. Lo que no impide que siga el alza progresiva del nivel de vida, e incluso que se logren éxitos espectaculares en algunos ramos, como el del calzado o la construcción naval, aunque poco sólidos, como se vería luego.

El III Plan de Desarrollo (1972-1975) se proponía una mejor distribución de la renta, un equilibrio en el crecimiento y una mayor homogeneidad de las regiones, pero apenas pudo levantar vuelo. El asesinato de Carrero Blanco aparta a López Rodó, alma de estos planes, del ministerio correspondiente, y quienes le sucedieron (Martínez Esteruelas, Gutiérrez Cano) carecían del peso suficiente en el gabinete para hacer girar la política económica en torno a los mismos. Por otra parte, la coyuntura interior y exterior empezaba a no serles favorable. Dentro, la mencionada desaparición de Carrero Blanco y la enfermedad de Franco habían hecho entrar al régimen en una crisis política que hacía imposible todo tipo de planificación económica. Fuera, se había declarado la crisis energética a causa del petróleo y lo que urgía era planificar la escasez, no el crecimiento. La recesión se echaba encima y se imponía ajustar las economías al nuevo capítulo de austeridad.

No se hizo en la española por razones políticas —agonía del franquismo, cambio a la democracia— que aconsejaban seguir con el desarrollo, la expansión y el reparto, aunque lo que se repartió en adelante no fue ya nueva riqueza, sino la acumulada durante los años anteriores y la generada por la deuda, que creció como la espuma: 1972, 443 000 millones de pesetas; 1980, 1 547 000 millones. Era el precio que había que pagar por una transición pacífica.

Pasamos a los principales indicadores industriales españoles durante ese período. Hemos elegido 1935 y 1975, ya que tanto 1936 como 1939 se ven distorsionados por la Guerra Civil. Allí donde no encontramos cifras, hemos elegido las del año más próximo.

Son cifras que ahorran todo comentario, aunque con los españoles, el pueblo menos pitagórico de la Tierra, no se puede estar nunca seguro.

La transformación agrícola

¿Es verdad que, nada más acabar la guerra, Franco dijo: «Voy a poner sitio al campo»? Aunque a la postre, no importa, pues si no lo dijo él lo dijo su ministro de Agricultura, Rafael Cavestany: «Es preciso llegar al convencimiento de que la parte de población que malvive en el campo no puede salir de su miseria si muchos que están en esas condiciones no la abandonan». Pese a la pésima sintaxis, la idea del párrafo está perfectamente clara: hay que convencer a buena parte de los campesinos de que abandonen el campo. Y si no se les convence, hay que forzarles a ello. Lo que coincide con la declaración atribuida a Franco arriba citada y con la política agraria que puso en práctica el franquismo. Pocas veces hablaría tan claro un político de aquel régimen —o de cualquier otro— como habló aquel ministro: «Muchos creen que repartiendo la tierra entre los campesinos, a través de una reforma agraria viejo estilo, es donde se esconde la panacea de una vida rural perfecta. Viejas utopías sobre las que el mundo está de vuelta; es necesaria una reforma agraria, sí, pero profundamente transformadora del medio rural, que lleve al campo todo el capital y toda la técnica que necesita». Algo que Cavestany había dicho ya previamente ante las Cortes, al exponer sus planes: «Hay que librar batallas tan extensas como complicadas, como el incremento de la productividad de la tierra, siguiendo una política de estímulos que haga posible el logro de nuestras aspiraciones por medios indirectos». Ahí está resumida la entera política agraria del franquismo: transformar el campo más que repartirlo, hacerlo más productivo en vez de distribuirlo mejor y reducir el número de campesinos en vez de aumentar el número de propietarios rurales. En una palabra: prestar de entrada más atención a los aspectos puramente económicos del campo español que a los sociales y confiar que por este camino indirecto se solucionase el problema.

Era el enfoque opuesto al de la República, por lo que una de las primeras cosas que hizo el nuevo régimen fue, vamos a decirlo con las palabras del propio Cavestany, «liquidar situaciones jurídicas creadas por improvisaciones del pasado republicano», que era una forma elegante de anunciar la liquidación de la Reforma Agraria. Parecía urgirle, y no solo por razones técnicas. Piénsese que, ya a los pocos días del alzamiento (Decreto del 28 de agosto de 1936), la Junta Nacional de Defensa suspendió los planes no cumplidos de dicha reforma y comenzó a devolver «las últimas fincas expropiadas en los territorios liberados a sus originales dueños». Quienes aseguran que el levantamiento se hizo para impedir la Reforma Agraria —cargo exagerado, pues se hizo para eso y para bastantes cosas más— tienen ahí un buen argumento para su tesis. Es lo que impide hablar de una reforma agraria del franquismo.

De entrada, cuanto hizo en el campo tenía más bien el aspecto de una contrarreforma. Lo justificó con los argumentos técnicos que hemos oído al ministro: el gran problema del campo español era su exceso de gente. Un exceso que repercutía desfavorablemente en la economía general del país por doble vía: aumentando la miseria en el campo e impidiendo un desarrollo equilibrado en otras áreas. Mientras la enorme masa campesina se comiera prácticamente todo lo que producía —y a veces ni le llegase—, no había forma de que España levantase cabeza. El camino no era, pues, repartir la tierra, atando a los campesinos a ella. Era hacer el campo productivo, que fue exactamente lo que intentó el franquismo con el citado decreto y con la institución que crea, el 18 de octubre de 1939, para remplazar al Instituto de Reforma Agraria: el Instituto Nacional de Colonización, destinado a poner en práctica la política agraria del régimen.

Obedecía esta, como hemos dicho, a una filosofía típicamente conservadora: consigamos antes que nada el campo rentable y su problema fundamental, la pobreza, desaparecerá. El reparto vendrá más tarde, incluso de forma natural. Era el clásico principio capitalista que antepone la creación de la riqueza a su distribución, contrario a la norma socialista, donde el reparto tiene preferencia. ¿De qué sirve repartir las tierras entre los campesinos si no se les da la oportunidad de hacerlas productivas?, argüían los técnicos del franquismo. Para hacer el campo productivo —seguía su razonamiento— lo primero es colonizarlo, y para colonizarlo, antes que nada hay que regarlo. Por la Ley de Bases del 26 de diciembre de 1939, el Estado franquista se comprometía a hacer la obra de infraestructura —embalses, canales, acequias principales— a cambio de que las empresas agrícolas se comprometieran por su parte a trabajar sus tierras, convertidas así en regadío. Lo malo fue que no había bastantes empresas agrícolas en aquella España y que la mayoría del capital privado se orientó hacia la industria, mucho más protegida, con rendimientos mucho más altos y a corto plazo. Como era de esperar. Si se implanta el sistema capitalista, hay que aceptar sus leyes no escritas, pero inexorables. El capital no acudió y el campo español apenas se transformó durante aquellos años.

Algo más de éxito tuvo otra ley, la del 27 de abril de 1946, para «una colonización local» más modesta pero más afectiva, ya que atrajo a particulares y a algún ayuntamiento, con un programa de perforación de pozos y ayuda técnica. Pero era a todas luces un recurso complementario, no el motor que debía transformar el agro español.

Viendo lo poco que se avanzaba con tan tibias medidas, se dictó la Ley del 21 de abril de 1949, algo más audaz, pero en modo alguno revolucionaria. Habla de la distribución de la propiedad en las zonas regables e incluso contempla la expropiación. Eso sí, pagada. Tan bien pagada que son más las tierras que se ofrecen voluntariamente para ello (236 000 hectáreas hasta 1965) que las que se expropian de otra forma: 22 663 hectáreas. Fue, sin embargo, un paso adelante, sobre todo por ir acompañado del regadío de esas tierras, esto es, de su revalorización. Los colonos obtenían las parcelas como concesiones, para ir pagando su valor hasta convertirse en propietarios definitivos, si bien con restricciones, como el no subdividirlas o mantenerlas por debajo de las cuotas de producción fijadas. Hasta 1965 se habían asentado así 49 645 colonos, aunque al ser lógicamente muy bajos los pagos del reintegro, solo 8 608 de ellos eran ya propietarios definitivos. Para hacerse una idea, la Reforma Agraria de la República, hasta el formidable acelerón que le dio el Frente Popular, había asentado 12 260 colonos en 116 827 hectáreas. Bastante más importante, como decimos, era la superficie puesta en riego por organismos estatales o con ayuda estatal, que en 1975 sumaba 855 381 hectáreas, lo que representaba el 30,6 % de la entera superficie regada en aquel momento en España. Eran todas ellas cifras laudables, pero insuficientes para la transformación que se buscaba del campo español.

Tal vez por eso el propio régimen buscó otro enfoque al problema, sin abandonar su filosofía de «productividad primero, justicia después». El 20 de octubre de 1952 promulga una Ley Exploratoria de Concentración Parcelaria, que se convertirá en definitiva el 2 de julio de 1959, donde se aborda una de las dos grandes mitades de dicho problema: la de un campo subdividido en parcelas demasiado pequeñas para ser rentables. Porque la otra mitad —las inmensas fincas a menudo no debidamente explotadas— apenas se cita. El franquismo gastó siempre guantes de seda con el latifundio.

La Concentración Parcelaria, en cambio, se acometió con valor e incluso ilusión. Aunque, como ya venía siendo norma, era solo voluntaria: se necesitaba que el 60 % de los propietarios de un término estuviesen de acuerdo para proceder a ella. En tal caso, se clasificaban las tierras del mismo en tres categorías según la calidad y se buscaba la concentración entre ellas según dos criterios:

— Que cada propietario llegase a tener en coto cerrado la superficie que antes tenía desperdigada.

— Que alcanzase siempre una extensión mínima prefijada —unidad tipo— para que el cultivo resultase rentable con medios modernos. Al que no tuviera tierras suficientes para alcanzar ese mínimo se le daban créditos para obtener las que le faltaban.

No es necesario ser un experto para comprender las ventajas de la concentración parcelaria, condición indispensable de toda agricultura moderna. Sin ella no puede aprovecharse debidamente la maquinaria agrícola, los fertilizantes, el regadío ni la defensa contra las plagas. De ahí que la única crítica lícita a la concentración hecha en España durante esa época sea que se quedó corta, que se aplicó en demasiados pocos términos y que sus unidades tipo seguían siendo demasiado pequeñas para la puesta en práctica de una explotación industrial del campo. Pero para eso, como apunta bien Tamames, se hubiera necesitado no solo redistribuir la tierra, sino también redistribuir la propiedad, y hasta ahí no llegó nunca el franquismo. Lo que tampoco quiere decir que la concentración no funcionase, pues lo hizo, incluso con resultados óptimos en algunos puntos. La superficie total concentrada hasta 1975 fue de 4 333 000 hectáreas, que venían a representar el 25 % de toda la tierra cultivada de España. Superficie respetable, pero que dejaba los otros tres cuartos en explotación muy inferior a la deseada.

Visto que la Concentración Parcelaria voluntaria tampoco traía el cambio estructural que se pretendía, el Decreto del 2 de enero de 1964 para la Ordenación Rural trató de activarlo con la concesión de estímulos adecuados —ayudas técnicas, concesiones económicas, etc.— «para la transformación integral de una zona, con participación de todos sus habitantes». Donde se logró no hay duda de que sus efectos fueron positivos, al permitir una explotación mucho más racional del trabajo y de la tierra al tiempo que se aprovechaban al máximo los recursos naturales de la región.

El salto mortal —al menos para la República lo fue—, quiero decir, la redistribución de la propiedad agraria, no lo intentó el franquismo. Lo que sí intentó fue una especie de salto con red debajo, a través de las llamadas leyes de «tierras mejorables», nombre que define bastante bien tanto su filosofía como sus objetivos. Por ellas se exigía a los propietarios un aprovechamiento idóneo de sus heredades, ofreciéndoles los medios para ello. Caso de que no lo hicieran, se les amenazaba con el arriendo forzoso, e incluso con la expropiación. Pero en la práctica, la sangre no llegó al río. Ni siquiera hubo sangre. El régimen continuaba prefiriendo la transformación de los aspectos técnicos del campo, sin meterse en los berenjenales de sus aspectos humanos, y menos aún de los políticos.

Para seguir adelante con esta reforma indirecta, se creó el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), que en adelante englobará los organismos un tanto dispersos que se habían ido creando a lo largo de los años: el Servicio de Colonización y el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural. Será la cúspide de la política agraria del régimen franquista, sobre la que caben dos actitudes opuestas: la condena rotunda por su insensibilidad social y el panegírico entusiasta por su realismo. La verdad, como tantas veces, puede andar por el punto medio.

Franco no hizo la reforma agraria. Ni siquiera pretendió hacerla en su concepto clásico de reparto de la propiedad. Lo que él buscaba era la transformación material del campo español, su cambio técnico-operativo. Para eso puso en marcha una serie de disposiciones e instrumentaciones que deberían aumentar su productividad hasta niveles correspondientes a su población activa, según baremos modernos. De ahí el énfasis en su mejora técnica.

Pero el verdadero medio del que se vale para lograr esa transformación fue indirecto. La mayor palanca para impulsar el agro español durante el franquismo nada tuvo que ver con el campo mismo: sería el hacer la revolución industrial lo que arrastraría la transformación agrícola. Fue poniendo sitio al campo, abandonándolo a su suerte durante los primeros años del régimen, como se logró, brutalmente, eliminar su mayor problema: su exceso de población. Al mantener el campo en su miseria sin perspectivas de reparto mientras las urbes se industrializaban comenzó una emigración en masa, ya hacia esas urbes, ya hacia el extranjero, en busca de mejores salarios, asistencia social y una escuela para los hijos. Fue una cura de caballo, no muy lejos de las decretadas por Stalin, solo que este lo proclamó abiertamente, mientras el franquismo apenas dijo palabra de ello. Pero lo hizo, y al menos el último objetivo lo consiguió. De eso no hay la menor duda. Las discusiones empiezan a la hora de decidir si el camino elegido fue el mejor, aunque visto ya desde este lado del puente, el debate tiene aire bizantino. La transformación, bien que mal, se realizó.

Aparte del efecto beneficioso que este trasvase masivo campo-ciudad tuvo en la economía general española —sin el que esta no hubiera podido dar el salto al desarrollo—, su incidencia en el agro fue favorable por otro motivo: al disponer de más superficie de labranza, los que quedaron pudieron emprender una explotación más racional de la tierra. Es así cómo en los pueblos de montaña, donde el anterior exceso de población obligaba al cultivo desventajoso de cereales para atender a las necesidades de autoabastecimiento, al quedar menos han podido convertir aquellas tierras en pastos ganaderos o dedicarlas a otros cultivos más aptos. Por otra parte, muchos agricultores laborean ya no solo sus propiedades, sino también las de los que se han ido, obteniendo dimensiones de cultivo mucho más apropiadas para la explotación con tractores, que es la única que rinde realmente beneficios. Es así cómo con mucha menos población en el campo se produce sustancialmente más, según veremos en las estadísticas que siguen.

Y es así también cómo, sin haber hecho la Reforma Agraria, el franquismo consiguió transformar el campo español y con él la existencia de los que allí vivían. Naturalmente, al no haberse hecho según un plan global y consecuente, dejándose que ello llegara como efecto secundario de la industrialización, el resultado adolece de innumerables defectos, empezando por sus notables desequilibrios. Mientras hay zonas que han cambiado radicalmente, hasta el punto de resultar irreconocibles respecto a 1936, otras apenas lo han hecho. Si algo se echa de menos en esa transformación del agro español es un mecanismo igualador que allanara diferencias, muchas veces escandalosas. Pero, conforme a la norma clásica del capitalismo, se dejó a la «mano invisible» del mercado que fuera distribuyendo sus favores según la ley bastante más férrea y cruel del rendimiento. En cualquier caso, el campo español es hoy otro, y con él, España entera. Las estadísticas que siguen ilustran sobre ello. Observen que prácticamente todo en él ha dado un salto, empezando por el trasvase de población. El aumento de la producción de cereales, aunque cuantitativamente no sea tan grande, sí lo es cualitativamente, según se aprecia en los rendimientos por hectárea. La causa es la mecanización y el uso de fertilizantes que, dicho sea de paso, quedan todavía lejos de los utilizados en los países realmente desarrollados.

Baja se aprecia solo en las leguminosas, en los garbanzos en especial. No recuerdo qué escritor era aquel que achacaba a los infelices garbanzos todos los males españoles, desde la baja estatura a la mala uva. Viendo esta estadística se sentiría feliz.

Aunque tal vez la verdadera prueba del potencial adquirido por la agricultura española lo sufriéramos en nuestras propias carnes, en esa resistencia que Francia puso a nuestro ingreso en el Mercado Común. A lo despreciable no se le teme.

Ganadería

Tras haber sido una potencia ganadera en el pasado, sobre todo en el sector ovino, España fue perdiendo terreno respecto al resto de las naciones ganaderas a medida que las nuevas técnicas de selección genética y mejoría de piensos traían en aquellas avances considerables. La ganadería no se vio, por otra parte, beneficiada durante el franquismo, ni directamente, como la industria, ni indirectamente, como la agricultura. Es más, una serie de factores actuaron contra ella:

— La ampliación de la superficie triguera —por la prima de este cereal—, la extensión de los regadíos y la repoblación forestal redujeron los pastos excepto en algunas regiones montañosas, donde se vio lo antieconómico que era cultivar allí cereales.

— Unos carísimos piensos de importación.

— Una política de precios no diseñada hasta finalizar el período (1968), y ni siquiera entonces de forma ideal, al menos para los ganaderos, ya que el primero en ser tenido en cuenta había sido, lógicamente, el consumidor general. La fórmula disponía que la Comisaría de Abastecimientos comprase excedentes cuando el exceso de carne en el mercado amenazara con bajar los precios de un mínimo preestablecido y vendiese en el mismo mercado contingentes de «choque» de carnes almacenadas o importadas cuando los precios empezaran a dispararse.

Ello garantizaba ciertos ingresos a los ganaderos, pero al mismo tiempo les advertía que nunca iban a obtener grandes beneficios, lo que bastaba para refrenar las grandes inversiones. Es por lo que la cabaña ganadera española se ha mantenido relativamente estable durante estas cuatro décadas, con el natural descenso de los animales de tiro, junto al caprino, y el alza de porcino. Su productividad, de todas formas, aumenta, si bien no en los índices espectaculares de otros ramos, diferencia que advierte cuánto queda por hacer en este y qué beneficios pueden aún lograrse hasta alcanzar los rendimientos óptimos.

Repoblación forestal

No podemos despedirnos del campo español sin citar siquiera de pasada lo que fue tal vez la obra más importante del franquismo en él: la repoblación forestal. Contra ella no hay nadie que eleve la más ligera crítica. En enero de 1939 se lanzó el Plan General de Repoblación Forestal de España, con el ambicioso objetivo de repoblar seis millones de hectáreas a lo largo de un siglo, a un ritmo anual de 60 000 ha. Hasta 1952 no se alcanzaron, pero a partir de ahí se superaron siempre, doblándose incluso algunos años, como 1957, y cubriéndose desahogadamente las etapas trazadas, como ilustra la siguiente tabla:

Una hermosa cifra si no nos la arruinaran los incendios forestales.

La explosión educativa

No llamaríamos nunca revolución a lo que ocurrió en el terreno educativo bajo el franquismo. Para una revolución se necesita algo más que números, bastante más que masas. Se necesita una idea revolucionaria, un deseo de cambiar la sustancia misma de las cosas y de las personas. Lo hubo hasta cierto punto en el terreno social y en el industrial, e incluso en el agrícola. Pero no en el educativo, en el cultural. Ante la cultura, el régimen de Franco se mantuvo a la defensiva, mientras esta le pagaba con hostilidad. Había buenas razones para tal actitud por ambas partes.

La inteligencia comenzó siendo sospechosa para el régimen, puesto que los intelectuales habían traído la República, o al menos eso creían ellos y buena parte de la población. Los maestros de primera enseñanza no ocultaban su inclinación hacia ella, después de haberla visto satisfacer sus viejas, y tampoco exageradas, reivindicaciones. Gran parte del profesorado universitario se exilió, temiendo lo que pudiera sucederle, y bastantes de los que se quedaron fueron depurados. La España Nacional era todo menos un paraíso para la cultura. Tras el breve paréntesis de Sainz Rodríguez en el Ministerio de Educación Nacional —donde nos dejó un bachillerato humanista que merecía mejor suerte y, sobre todo, mejores profesores de los que tuvo—, se inicia el mandato de Ibáñez Martín, presidido por el más cerrado integrismo. No solo la religión empieza a ser asignatura obligatoria de los tres grados de enseñanza, sino que el entero saber adquiere acentos medievales, al convertirse el tomismo en summa ciencia y tener que adaptarse todas las disciplinas, incluidas las científicas, a la doctrina católica. La Iglesia asume el papel de guardián de la enseñanza, y todo libro de texto ha de llevar el nihil obstat.

Si España se salvó de una peligrosa regresión cultural, de una erradicación de todo pensamiento moderno, se lo debe a aquellos profesores, en todos los niveles de enseñanza, que, saltando individualmente la ciencia oficial, pusieron en contacto a sus alumnos con un saber más vivo que el de los libros de texto. Fueron, por fortuna, bastantes más de los que el régimen hubiera querido. Pero ya hemos dicho que la intelligentsia no le era por lo general adicta, e improvisar una entera clase docente no es empresa fácil. Quienes tuvimos la suerte de contar con profesores de este tipo durante aquellos años, en los que el pan del verdadero conocimiento, el conocimiento crítico, escaseó aún más que el pan material, no podremos pagarles nunca que se molestaran en enseñarnos, a veces con riesgo personal, que el saber humano no se acababa en los estrechos márgenes donde quería meterlo la ideología imperante. Si no otra cosa, el autor quisiera que de este libro quedase la admiración y el cariño hacia esos hombres que en escuelas, institutos y universidades mantuvieron encendida la llama de la cultura en medio de uno de los períodos más oscurantistas de la ya de por sí lóbrega historia española.

Lo más grave, sin embargo, no fue que el Gobierno encargara a la Iglesia la supervisión de la enseñanza en su aspecto dogmático. Lo más grave fue que le entregó buena parte de la enseñanza misma, como ya adelantamos al referirnos a las relaciones Iglesia-Estado. Fue la forma de pagar el decidido endose del episcopado español al régimen, el precio de haber legitimado el alzamiento como Cruzada. Los colegios religiosos de primera y segunda enseñanza proliferaron por la Península, asumiendo no solo una función supletoria de la enseñanza estatal, sino otra paralela, superándola incluso en algunos aspectos por su rango social más elevado y por las mejores instalaciones de que disponían. Es este un problema que no ha disminuido con el paso de los años, como otros. Al revés, se ha acrecentado, hasta ser hoy de muy difícil solución. Los 72 987 alumnos de Enseñanza General Básica que hubo en España en el curso 1979-1980 en centros no oficiales —frente a 135 372 en los oficiales— significan una proporción difícilmente absorbible por estos, cuando en la inmensa mayoría de las democracias la enseñanza pública es no solo la predominante, sino también la primera escuela —en el doble sentido de la palabra— de la ciudadanía.

Pero nos hemos desviado un poco de nuestro camino, aunque era necesario para explicar cuáles fueron los polvos que nos trajeron estos lodos. Lo que en cambio se solucionó por vía natural fue la antinomia régimen-cultura, aunque tampoco puede decirse que llegaran a estar compenetrados. Pero la explosión económica de los años 60 multiplicó las posibilidades de ascenso social a través de una buena preparación y el aumento del nivel de vida, por otra parte, trajo hambre de cultura, incluso admitiendo que fuera solo cultura superficial —el libro de moda, la exposición de que se habla, el disco que se escucha— y afán de conocimientos como simple medio de abrirse paso en una sociedad que buscaba cada vez más especialistas. La situación, en cierto modo, se había invertido respecto a veinte años atrás, cuando había que amenazar a obreros y campesinos para que enviasen a sus hijos a la escuela, ya que los ponían a trabajar cuanto antes para que contribuyesen al menguado presupuesto familiar. En la segunda etapa del régimen son esos mismos trabajadores quienes buscan por todos los medios becas y ayudas para que sus hijos tengan la más alta educación posible.

Subproducto de ello es que se declara una epidemia de «titulitis»: todo el mundo quiere un título, a ser posible universitario, creyendo tal vez que, como en el pasado, sería una garantía de estatuto social y buenos ingresos económicos. Un ansia legítima. O doblemente legítima, si se piensa en el camino por donde se busca el ascenso. Lo malo es que con los títulos ha ocurrido un poco como con los coches: en cuanto los tuvieron muchos, perdieron buena parte de su gracia. A estas alturas, los españoles están aprendiendo lo que saben ya en otros países desarrollados: que un título no garantiza nada. Aunque sin título tampoco puede hacerse nada en una sociedad industrial.

Todo ello hizo que la enseñanza regular se viera totalmente desbordada, pese a los reajustes que se iban introduciendo en ella. Las leyes que la reglaban eran inadecuadas para hacer frente tanto a la multiplicación de alumnos como a los nuevos métodos y disciplinas que la revolución tecnológica traía consigo.

El reajuste llegó con la Ley General de Educación Básica de Villar Palasí. Desde la Ley Moyano de 1857 no se había vuelto a enfocar la educación globalmente. Su eje era la escolaridad obligatoria hasta los 14 años. Luego, se superponía el final de la anterior Enseñanza Primaria con los comienzos del viejo bachillerato, para completar la formación básica de todo español de forma que llegase a tener unos conocimientos correspondientes al anterior bachillerato elemental. Los que desearan seguir, harían tres años más de bachillerato propiamente dicho, rematados por un año de COU, antes de pasar a la Enseñanza Superior.

El plan tuvo abundantes críticos, como ocurre con todo lo que trae cambios drásticos, y este los traía. Dada su envergadura, tuvo también problemas de aplicación. El mayor de ellos la readaptación del entero profesorado al nuevo plan, que en muchos casos llevaba consigo la adopción de nuevos métodos de enseñanza. Pese a todo, el Plan Villar, con su alargamiento de la escolaridad y su voluntad de incrustarse en los distintos niveles de enseñanza, significó un paso importante para equiparar España a los modelos de sociedad occidental en tan decisivo terreno.

Digno de destacar es que el plan llegó con un importante respaldo presupuestario. Sin él, toda su bondad no hubiera servido de nada, como ha ocurrido en España con tantos proyectos excelentes.

Vamos ya a intentar fijar en cifras lo ocurrido con la enseñanza en España durante la era Franco. Todas ellas están tomadas —a no ser que se indique lo contrario— de las estadísticas del Ministerio de Educación Nacional. Como referencias, tomamos el curso 1935-1936, así como el 1940-1941, en vez del 1939-1940, ya que las cifras de este se vieron distorsionadas tanto por el desbarajuste de la recién terminada guerra como por los llamados «exámenes patrióticos» de los excombatientes. Para cerrar, tomamos el curso 1975-1976, a comienzos del cual murió Franco.

A fin de que se tenga en cuenta el aumento correlativo de población, advertimos que la total de España en los años de referencia era:

Que se desglosan: 406 757 en centros oficiales; 280 884 en colegios privados y 130 762 alumnos libres. (La relación de esta cifra con las anteriores viene distorsionada por el hecho de que se han sustituido los primeros cursos de bachillerato por los últimos de E.G.B., lo que reduce el total).

(La verdadera proporción debería ser mayor, por la sustitución de cursos apuntada en la nota anterior, y alcanzaría la cifra de 500 alumnos por 10 000 habitantes de incluirse el anterior bachillerato elemental).

Educación universitaria

Ese 7,47 tiende rápidamente a decrecer según se desprende de la tabla de analfabetismo por grupo de edades:

Recordarán que nos resistimos a calificar de milagro la transformación experimentada por España durante la última etapa del franquismo. Suena, sin embargo, a milagrería lo acontecido en el terreno educativo, precisamente el más hostil. La enseñanza tardó en cambiar, pero cuando lo hizo, salió de estampida. En relación a antes de la guerra, los alumnos de enseñanza primaria habían aumentado al morir Franco en un trescientos por ciento, los de bachillerato, en un seiscientos, y los de estudios superiores, en un mil cuatrocientos. Para un régimen que había empezado con el grito de «¡Muera la inteligencia!» (el de Millán-Astray a Unamuno), no estaba mal.

La cenicienta política

En un sector no se equivocaron los falangistas nostálgicos: en el político. No hubo revolución política bajo el franquismo. Hubo otras muchas cosas, como acabamos de ver: industrialización del país, transformación del campo, multiplicación educativa, creación de la Seguridad Social, aparición de una ancha clase media, etc. Esto es, los elementos necesarios para la revolución burguesa, los factores por los que, al faltar, habían fallado todos los anteriores intentos de ella en España. Pero la revolución propiamente dicha, su materialización política, quiero decir, la implantación de la democracia liberal, no se hizo. Franco no supo ni quiso hacerla, le faltó el valor para dar el salto o prefirió que lo dieran, si se atrevían, sus sucesores. Nunca lo sabremos. Podemos solo especular, con todos los riesgos que ello trae consigo. Por una parte, resulta difícil imaginar que un hombre con aquel brutal sentido de la realidad que él tenía no se diera cuenta de que la realidad española había desbordado en los últimos años a su régimen, por más parches que pusieran a sus instituciones. Algo tenía que decirle a aquel viejo y escéptico general que el franquismo iba a acabar con él, y no por vanidad, que bien poca tenía, sino por su conocimiento de la naturaleza humana. Sobre todo cuando Carrero Blanco, el único que podía haber intentado —sin garantía de éxito— la continuidad, desapareció. ¿O fue, simplemente, que a aquellas alturas le faltó el vigor físico para dar el salto, para dar el golpe de Estado contra su propio Estado, cosa que por otra parte le hubiera agradecido la mayoría del país, incluidos bastantes de sus colaboradores?

Aunque hay también buenas razones para pensar que no fue ese el caso. Los testimonios de los médicos que le trataron durante su última enfermedad —o enfermedades— indican que aunque su estado físico se fue deteriorando hasta alcanzar proporciones alarmantes, Franco no había variado mucho como persona, y menos aún como político. Algo parecido me contó un testigo de la última entrevista que sostuvo con una personalidad extranjera: el secretario general de la ONU, Kurt Waldheim. Llegó esta a adquirir acentos dramáticos, al ser incapaz aquel anciano de mantener inmóvil su mano, que rozaba constantemente la sarga del uniforme que le habían puesto, produciendo un ruido enervante. Pero Franco repitió lo que había repetido siempre —eso sí, con una voz que apenas se le entendía— sobre los principales problemas internacionales, y en especial sobre el más grave en aquel momento para España: el Sahara. Waldheim salió de la entrevista profundamente conmovido. No, Franco no había cambiado, no varió en lo fundamental hasta el mismo día de su muerte, y para comprenderlo basta leer su testamento. Simplemente, seguía convencido, por lo que fuera, de que la democracia liberal no sentaba bien al pueblo español. Todo lo más, aceptaba que podía funcionar en otros países, pero no en el nuestro. Y así murió, sin restaurarla. La gran paradoja, como hemos dicho, es que al mismo tiempo había creado las condiciones precisas, se diría incluso ineludibles, para su llegada. De ahí que a su muerte se apresuraran a instaurarla no ya sus rivales, sino sus propios seguidores.

Es así como el franquismo cosecha su mayor fracaso en el terreno político, y Franco, su mayor y puede que única derrota: después de muerto. Su régimen desemboca precisamente en lo que quería evitar. Y además, sin un tiro. Eso sí, con las tensiones naturales de todo alumbramiento, pero como algo inevitable, natural, lo que nos hace maravillarnos de los extraños medios de que se vale el destino para conducir a los hombres y las naciones. Pues si todo se hubiese preparado, seguro que no hubiera salido tan bien.

Políticamente, el franquismo describe una larga parábola desde un totalitarismo grosero con aromas fascistoides hasta aproximarse a la democracia, pero sin llegar a convertirse nunca en ella. La democracia fue su situación límite, su sueño y su pesadilla. Algo así como la tortuga de la aporía de Zenón de Elea, a la que Aquiles se acerca más y más sin llegar nunca a alcanzarla. No podía. En el momento que el franquismo fuese democracia, dejaría de ser franquismo. Fue tal vez lo que aconsejó a Franco no dar el salto. Podía estropear las dos cosas: el franquismo y la democracia. No iban juntos. Si alguien tras él quería hacer la prueba, que la hiciese, él había hecho bastante con crear las condiciones.

La parábola de que hablamos viene jalonada por lo que se llamaron Leyes Fundamentales del Régimen. Mejor que enzarzarnos en una engorrosa historia de este, que no viene aquí a cuento, vamos a analizar brevemente aquellas, que nos señalan su trayectoria claramente. Se trata de un proceso de institucionalización, que a partir de un momento —cuando la fuerza gravitatoria de la democracia empieza a ser mayor que la de los viejos totalitarismos—quiere presentarse como constitucionalización. Pero vemos también que se trata en el fondo de un esfuerzo no del todo en vano por cambiar sin cambiar realmente. Digo no del todo en vano porque cuarenta años son muchos años en nuestros días para resistir inmóvil.

La primera de esas Leyes Fundamentales, como quedó dicho al principio de este capítulo, fue el Fuero del Trabajo, proclamado el 9 de marzo de 1938. Ya hablamos de él al abordar el capítulo social, el más —por no decir único— importante aspecto del mismo, pues política y constitucionalmente se trata de un documento del más rancio sabor fascista, que no oculta —al revés, proclama como si fuera un honor— el carácter totalitario del Estado, cosa que solo puede comprenderse por los tiempos que corrían, pero que aún hoy hiere por su insolencia. Más cuando se estructuraba aquel como un gigantesco sindicato, con todos los españoles como productores encuadrados en él. Es verdad que también dice que la economía debe quedar subordinada a la «dignidad de la persona humana», pero al mismo tiempo se subordina esta persona a la unidad y el bien común, que decide, naturalmente, el Gobierno. El individuo no tiene, pues, derechos frente al Estado, que se presenta como bien absoluto, al estilo del Leviatán de Hobbes. Y lo peor era que, en aquel momento, el Estado eran simplemente los que mandaban. El propio Franco había dado el cambiazo de jefe de Gobierno a jefe de Estado en la reunión que tuvo con los mandos militares el 29 de septiembre de 1936 en el aeródromo de Salamanca sin que nadie protestara.

Uno de los aspectos más curiosos y menos estudiados del Fuero del Trabajo es que no se habla en él de nación, sino de Patria. Así, con mayúscula. Era como Franco entendía España, lo de nación siempre le había sonado a revolucionario. Así que se dejó para los falangistas, mientras él prefería hablar de Estado.

Pero un Estado con forma de pirámide como el suyo no podía existir sin una estructura legislativa y administrativa. Iba a dársela la Ley Constitutiva de las Cortes Españolas del 17 de julio de 1942, con la que se creaba una cámara que tenía más de sus antecesoras medievales que de los parlamentos modernos. Fue un invento típico del franquismo para vertebrar su «democracia orgánica». Las Cortes deberían ser el órgano superior de la «participación del pueblo español en la tarea del Estado», pero su acceso a ellas no sería directo, sino indirecto, a través de una representación familiar, municipal o sindical. La labor de las mismas sería puramente legislativa, e incluso esta, restringida a los sectores económicos, educativos y administrativos, no al político, y menos aún al control del Gobierno. Es más, incluso estas reducidas funciones legislativas se recortaban, ya que, en caso de urgencia, el Gobierno podría proponer al jefe de Estado la sanción de decretos-leyes, una forma expedita y demasiado cómoda de gobernar que pronto se hizo típica del franquismo y que, por desgracia, no se desterró al llegar la democracia.

Las Cortes podían servir para andar por casa, donde cualquier cosa servía, pero no para andar por el mundo, sobre todo cuando las democracias derrotaron a las dictaduras fascistas. Bueno, las democracias solas no, pues la Unión Soviética había echado una mano en ello. En cualquier caso, el fascismo había pasado.

Es cuando el régimen de Franco inicia su larga, lenta y trabajosa evolución hacia formas que quieren, y no pueden, ser representativas. Nada más terminada la Segunda Guerra Mundial se promulga el Fuero de los Españoles —especie de Carta Magna— en el que se reconoce a estos el derecho de reunión, expresión, asociación, religión y representación. Pero no según las normas admitidas en las democracias parlamentarias, sino dentro de los principios fundamentales de un Estado que se considera un ente superior a sus ciudadanos, no la comunidad voluntariamente organizada de estos para autogobernarse, que es lo que caracteriza a la nación moderna.

No llegaba, naturalmente, ni a hoja de parra para cubrir las vergüenzas democráticas de un régimen desnudo de ellas y, como la denuncia internacional arreciaba, el 22 de octubre del mismo año se promulgó la Ley de Referéndum Nacional, que establecía el proceso para una larga serie de sucedáneos democráticos. En vez de elecciones, el jefe de Estado podía convocar una consulta directa a la nación, o referéndum, en casos que lo juzgase necesario por la trascendencia de las leyes o la incertidumbre de la opinión. Era la primera vez que el franquismo admitía que debía consultar algo al pueblo. En forma, si no irregular, al menos poco corriente. Y aun así, fue avaro en las consultas.

Pero la presión continuaba desde fuera y desde dentro, sobre todo por parte de los monárquicos, con don Juan de Borbón a la cabeza. Franco realiza entonces una de sus jugadas más audaces y de mayor éxito: con la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado declara a España Reino. Sin rey, naturalmente. El rey vendría cuando Franco lo desease, tras su muerte o incapacidad. Aparte, tendría que cumplir una serie de requisitos, entre ellos jurar las Leyes Fundamentales y lealtad a los Principios del Movimiento Nacional. Lo que convertía literalmente a Franco en un kingmaker, en un hacedor de reyes. Pocas veces se ha visto llevada a la práctica tan rotundamente esa expresión anglosajona. Con esa ley, más la llegada a estudiar a España del infante don Juan Carlos, Franco desmontó la más peligrosa ofensiva contra su régimen: la de los monárquicos, entre los que había algunos generales. Como también los había entre los que simpatizaban con el ideario falangista, entre ellos Agustín Muñoz Grandes, más joven que él, en quien muchos veían un posible sucesor de Franco, al menos como «regente», pero resultó que murió antes. En cualquier caso, Franco jugó hábilmente unos contra otros y, de ahí en adelante, solo tendría escaramuzas con los monárquicos. Claro que la monarquía se tomaría luego cumplido desquite montando un régimen de nueva planta. ¿O estaba todo en el libreto? Ese es uno de los mayores secretos que Franco se llevó a la tumba. La respuesta que dio a don Juan Carlos, cuando le pidió participar en los Consejos de Ministros —«usted tendrá que reinar de modo muy distinto»—, admite muy distintas interpretaciones. El propio don Juan Carlos, siendo ya rey, la esgrime para contrarrestar la acusación de que traicionó al régimen que le había llevado al trono. Pero también podría significar: «Usted no tendrá el poder y el prestigio que yo tengo, así que de nada le sirve asistir a mis Consejos de Ministros».

En cualquier caso, para conjurar el peligro de que el futuro rey tuviera tales veleidades, el 1 de marzo de 1958 se promulgó la Ley de Principios del Movimiento Nacional, donde se declaran estos «permanentes e inalterables». Era la primera medida para dejarlo todo «atado y bien atado».

Aunque la verdad es que pronto se empieza a desatar. Montada en una ola de prosperidad, España crecía como un adolescente al que han empezado a dar bien de comer y todos los trajes se le quedaban pronto cortos, incluidos los políticos. Sobre todo, los políticos. Y el nuevo equipo de gobierno, que incluye a tecnócratas y es lo más progresivo que el régimen había logrado crear, insiste en su reorganización, que se plasma en la Ley Orgánica del Estado, en la que se regulan las funciones del jefe de Estado y el de Gobierno, de las Fuerzas Armadas, de las Cortes y del Consejo Nacional, que pasa a ser una especie de Cámara Alta, su viejo sueño, pero solo una especie.

Su novedad más importante es la separación de la Presidencia del Gobierno de la Jefatura del Estado, que hasta entonces Franco venía ocupando. Y aunque el primero saldrá de la terna ofrecida por el Consejo del Reino, quien elegirá el ganador será el jefe de Estado, lo que significa que el último poder sigue en las mismas manos, en las de Franco.

Pero el país seguía creciendo y reclamando reformas en todos los campos, sin que ninguna logre satisfacer las demandas de un público que, pasados los «años del hambre», siente hambre de libertad. Ni los periodistas se sienten satisfechos con la nueva Ley de Prensa (1966), pese a la eliminación la censura previa, ni las Cortes se apaciguan cuando los procuradores «familiares» pasan a ser elegidos directamente por los cabezas de familia (1967). Son todos —bueno, casi todos, pues entre ellos hay muchos adictos al viejo régimen— los que reclaman tal derecho. Tampoco la Ley de Libertad Religiosa (1968) basta cuando la Iglesia católica ya había hecho su renovación en el Concilio Vaticano II. Y no digamos ya el proyecto de Ley de Asociaciones Políticas, que todos protestan: unos por quedarse corto, otros por pensar que va demasiado lejos. ¿Qué van a ser realmente las asociaciones políticas? ¿Partidos camuflados? ¿Meras apariencias de partidos? ¿Un truco del franquismo o un gol al franquismo? El debate se alarga hasta el infinito, sin llegar a dilucidarse.

La muerte del primer presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, en atentado terrorista, abre un posfranquismo con Franco. Con Franco, repito, pues seguía allí, como un peso muerto o como un lastre vivo, escorando el entero paisaje político, impidiéndole avanzar o volver atrás. Todo se hace provisional y todo se vuelven previsiones para cuando él ya no esté. Y cuantas más se toman, más incertidumbre reina. El nuevo presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, es un hombre pusilánime, que da dos pasos adelante y uno atrás, o dos atrás y uno adelante. El 12 de febrero de 1975 lanza un mensaje aperturista, que se disolvió entre los primeros rugidos desde las catacumbas del franquismo. Hubo todavía otro asomo de esperanza cuando Herrero Tejedor, desde la Secretaría General del Movimiento, se dispuso a dar la batalla definitiva por unas asociaciones políticas que fueran más que eso, o eso se dijo. Pero Herrero Tejedor muere en un accidente de tráfico y, al sucederle el veterano Solís, todo el mundo comprende que el régimen no da más de sí. Por primera vez en su mandato, Franco es un anacronismo en la España que ha creado.

El régimen venía cargado desde el principio de sentido social: retórico, propagandístico, literario, demagógico, lo que se quiera, pero sentido social. Por sí solo, poco podía hacer en un Estado autoritario, y así ocurrió durante la primera mitad del régimen. Pero cuando se le unió el desarrollo económico, la mezcla fue explosiva. Los chicos del Frente de Juventudes, devenidos en socialistas o comunistas, y los del Opus, con su máster en economía liberal bajo el brazo, van a iniciar un pulso para ver quién desmonta antes el franquismo y quién es su heredero. A la gran masa del pueblo español aquello le parece natural. La retórica social combinada con la movilidad, flexibilidad y dinamismo del capitalismo moderno crea fuerzas incontenibles, y el desarrollo económico trae inevitablemente consigo la democracia burguesa, sin que pueda hacerse nada para evitarlo. Franco termina así siendo el último valladar físico contra ella, después de haber creado las circunstancias para que se instalara en España. Es la mayor, la más trágica —o alegre— paradoja de una vida llena de ellas. Cuando el 20 de noviembre de 1975 muere, casi podría decirse que el general había sobrevivido un par de años a su régimen. Tras él, solo queda el desguace.

Un observador anglo-español —Felipe Fernández-Armesto—, contemplando el panorama de lejos, ve el franquismo como «carente de ideología. Era un pragmatismo autoritario. Pero al intentar justificarse, el generalísimo se encontró con aquella idea de “centinela de la Iglesia”. Y el Concilio (Vaticano II) fue como un chiste, porque de él salió una Iglesia totalmente distinta de la que pretendió defender. Fue un cambio total que afectó al sentido de identidad de los españoles. He visto que el setenta por ciento de ellos se siguen definiendo como católicos, pero solo el catorce por ciento van a misa, algo que sería incomprensible para Franco».

Con motivo del XL aniversario de la muerte de Franco han aparecido toda una serie de libros que evalúan su persona y su régimen, algunos de ellos escritos por autores que han dedicado su vida al tema y repiten sus argumentos anteriores con nuevos datos, como hace Paul Preston en su biografía clásica, que insiste en los aspectos negativos de sus 38 años de mandato, o Stanley G. Payne y Jesús Palacios en Franco, una biografía personal y política, donde le consideran un modernizador que dio a España una prosperidad sin precedentes. Aunque la mayor distancia permite una mejor perspectiva, sigue el «pro» y el «contra», con predominio de lo último, entre los que destacan Mañana cuando me maten de Carlos Fonseca, donde se reconstruyen las semblanzas de los últimos fusilados, o El botín de guerra en Andalucía, coordinado por Miguel Gómez Oliver, Fernando Martínez López y Antonio Barragán Moriana, que recoge las docenas de miles de expedientes abiertos al amparo de la Ley de Responsabilidades Políticas a ciudadanos que no habían apoyado el levantamiento, condenándoles a la miseria y al ostracismo. También Ángel Viñas, en su reciente La otra cara del Caudillo. Mitos y realidades en la biografía de Franco,carga contra este y le acusa incluso de la muerte —que sería asesinato— del general Amado Balmes, para ir de Canarias a Marruecos y ponerse el frente de aquellas tropas sublevadas. Mientras Joan Maria Thomàs, en Franquistas contra franquistas, describe las tensiones entre las distintas «familias» del régimen para hacerse con más cotas de poder. Por último, Justo Serna Alonso, en Españoles, Franco ha muerto, advierte que no podemos liquidar el franquismo con el olvido o la ignorancia.

Lo que me advierte que, pese al tiempo transcurrido, esa etapa de nuestra historia está todavía demasiado fresca en nuestra memoria para poder hacer un juicio imparcial. Pero sería demasiado fácil por mi parte escabullir mi juicio tras el de otros autores, más cuando estoy intentado algo tan importante como analizar la carencia de un elemento básico en la construcción de nuestro país, así que les transcribo el párrafo que dediqué al franquismo en mi libro La historia de España que no nos contaron, y el lector podrá juzgar si acierto o me equivoco:

La historia del franquismo, como queda abocetada en las páginas anteriores, no es una historia gloriosa, brillante, entretenida, ni menos aún, jubilosa. Es una historia dura, cruel, convulsa, como la de todos los cambios profundos. Durante este periodo, España cambió no solo la piel, sino también las entrañas. Hubo un corrimiento de poblaciones, del campo a la ciudad, y de clases sociales. Si antes existía una bipolaridad, con una clase alta con rasgos todavía feudales y una baja con rasgos de Lumpenproletariat, en adelante será la clase media la que domina. La transfusión que esta ha recibido de millones de trabajadores industriales, por un lado, y la ampliación de la legislación social por el otro, desplazó el centro de gravedad del país hacia el centro. Si los españoles no nos liamos a tiros a la muerte de Franco —como tantos predecían— fue precisamente porque habíamos dejado los extremos. Con una salvedad: el franquismo creó una clase media, pero no una burguesía. Parecen lo mismo y no lo son. Fue Linz el que apuntó este detalle. Aunque pertenecen al mismo estamento, no son lo mismo. La clase media se siente identificada con el Estado, al estar constituida principalmente por funcionarios, desde los militares a los maestros. Mientras la burguesía, compuesta principalmente por profesionales liberales, comerciantes y empresarios, desconfía del Estado, al que sostiene con sus impuestos. En España, ha habido siempre más clase media que burguesía, excepto en Cataluña y el País Vasco. Sin burguesía es difícil que haya revolución burguesa.

Teóricamente, esa proporción debería haberse invertido durante el franquismo, con el trasvase de tantos trabajadores del campo a la ciudad y la elevación general de los salarios. Sin embargo, no ha sido exactamente así. La proliferación de empresas paraestatales —empezando por los partidos políticos— así como la explosión de las administraciones han convertido en funcionarios a millones de abogados, médicos, farmacéuticos, arquitectos, ingenieros y otros profesionales «liberales» que trabajan en la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Previsión, los sindicatos, etc., etc. Incluso los empresarios ven el Estado como el mejor recurso para producir, exportar, obtener créditos y protegerse contra la competencia exterior e incluso interior. Mientras entre los jóvenes españoles el ideal sigue siendo ser funcionario, a ser posible, de alta categoría.

El cambio fue, por tanto, más material que espiritual. La mentalidad española no cambió durante el franquismo, aunque en esos cuarenta años el país se hiciera más confortable, menos frenético, más escéptico, menos extremista. Pero el ingrediente burgués sigue faltándole, al menos en proporción mayoritaria, y tal cambio de mentalidad, como quedó dicho, es condición indispensable para toda revolución auténtica. Es lo que impide a la postre considerar al franquismo un proceso revolucionario. Algo de ello tuvo, menos en lo fundamental, y esta grave deficiencia seguirá siendo un lastre durante la Transición y la propia andadura democrática.

Lo que nos lleva a la hora presente y al tema de este libro. El franquismo cambió España, pero no a los españoles. Y al crear una clase media, más que una burguesía, hipotecaba buena parte de la revolución burguesa que sus avances en otros campos hacían posible, necesaria e inevitable incluso. Pero esa revolución no llegó, quedó pendiente, como las tentativas anteriores. ¿Qué hemos hecho para merecer esta maldición? O tal vez la pregunta sea: ¿qué no hemos hecho?

15
LA TRANSICIÓN (1976-2011)

Cuenta en sus Memorias el general Vernon Walter, intérprete de las entrevistas de los presidentes norteamericanos con Franco, que este le había dicho: «La herencia que dejo a España es una clase media».

No me fío nada de las memorias de los políticos, y Walter era más un político que un militar (¿lo era también Franco? Es una de las muchas incógnitas que se llevó a la tumba), por lo que la frase pudo ser una reflexión suya sobre la situación española, que conocía bastante bien. En cualquier caso, la aparición de una clase media, hasta entonces escuálida, durante los últimos años del periodo franquista era una realidad innegable. La formaban, junto a los funcionarios, los pequeños comerciantes, oficinistas y una buena parte de la clase obrera y campesina, que de constituir la mayor parte de la población sin nada más que su trabajo ahora pasaban a tener un piso, aunque estuvieran pagándolo, una seguridad social, vacaciones pagadas y un coche, también pagado a plazos, con sus hijos pudiendo acceder a la enseñanza secundaria y aún superior si se decidían a ello. Que es lo que tiene la clase media en los países desarrollados.

Pero lo que no tenía esa clase media española era mentalidad burguesa, al menos no la de la burguesía continental dedicada especialmente al comercio, la industria o a las profesiones liberales. Linz hizo un profundo análisis de nuestra clase media, encontrándose que su mentalidad es (o era a mediados del siglo pasado) mucho más restringida, posiblemente por su procedencia funcionarial. No son auténticos burgueses ni pueden serlo, aunque lo pretendan en su estilo de vida, gobernado por el «qué dirán», sus escasos sueldos y la «debida obediencia» a los superiores. Les falta, por otra parte, la creatividad que exige la libre competencia, ajena a sus actividades. Sin embargo, el sueño de la mayoría de los españoles hasta hace muy poco —o puede que todavía hoy— era ser funcionario: sueldo seguro a fin de mes de por vida, no demasiado trabajo y generosas vacaciones. Los mismos trabajadores de las empresas públicas, que el franquismo creó profusamente a falta de empresas privadas, habían desarrollado la actitud y la mentalidad de funcionarios. Lo que quiere decir que la aparición de una clase media española bajo el franquismo no garantizaba la revolución burguesa, que requiere, naturalmente, burgueses.

¿Cambio o ruptura?

Lo que tampoco quiere decir que en el subconsciente de la inmensa mayoría de los españoles no se hubiera instalado la convicción de que algo, o mucho, tenía que cambiar, por la sencilla razón de que Franco ya no estaba allí, bloqueando el cambio con el inmenso poder acumulado a lo largo de casi cuatro décadas. El franquismo había muerto con Franco. Los primeros en saberlo eran, aparte de su familia, los colaboradores, conscientes de que no podían dar ningún paso en falso, pues eso de que «todo quedaba atado y bien atado» era más un deseo que una realidad. Que se apodase a don Juan Carlos «El Breve» lo advertía.

Dos eran las opciones: un cambio gradual, lo más suave posible, o la ruptura, el soltar amarras de todo lo anterior para adentrarse en el océano de lo desconocido. Ni que decir tiene que el establishment del régimen abogaba por la primera y la oposición, que crecía no ya por meses sino por días, por la segunda. No había tiempo que perder, pues aunque nadie sabía exactamente adónde conduciría una ruptura, todos eran conscientes de los riesgos que conllevaba. Solo había una forma de salvar, si no al régimen, a las personas que lo habían aceptado, tolerado y servido (que eran la mayoría de los españoles): enterrarlo con su fundador. Con todos los honores, eso sí, y con su propio ceremonial, para que nadie pudiera protestar. Eso fue la Transición. Un cambio rápido e inteligente. Un escamoteo. Un visto y no visto. Lo que era ayer, ya no lo es hoy ni posiblemente lo sea mañana, sirviéndose de las mismas normas del régimen que quería enterrarse. «De ley a la ley», como dijo uno de los padres del invento, que pudo añadir «para crear una ley nueva». ¿Puede llamarse a eso revolución? No. Las revoluciones requieren un impulso popular general, y aquello fue una partida muy restringida, pero de jugadores habilísimos. Cuando Alfonso Guerra llamó a Adolfo Suárez «tahúr del Mississippi» no le estaba insultando, como puede que pretendiese. Los tahúres del Mississippi, al menos en las películas, eran unos caballeros enormemente hábiles, y Suárez era ambas cosas.

Vamos ya con la película de los acontecimientos.

De Arias a Suárez pasando por el rey

El primer encargado de repartir cartas fue Carlos Arias Navarro, que llegaba de las catacumbas del franquismo y desde el primer día demostró que la tarea le venía cinco tallas demasiado grande. Tan pronto daba un paso adelante como dos atrás, y parecía producirle tanto vértigo avanzar como quedarse parado. El rey, que era quien más prisa tenía por ser el que más se jugaba, ya había anunciado ante el Congreso de los Estados Unidos su disposición de «ser el rey de todos los españoles, sin excepción, sin reservas, sin condiciones», que era tanto como dar por finiquitado el régimen. Contaba a los corresponsales extranjeros su frustración con él, y finalmente le sustituye, en colaboración con Torcuato Fernández-Miranda, cuando encuentra el hombre apropiado para la operación: Adolfo Suárez. La sorpresa es tal que Pedro Altares, en Cuadernos para el diálogo, titula su comentario «El apagón». Porque Suárez era nada más y nada menos que ministro secretario general del Movimiento, uno de los pilares del régimen que se quería desmontar. Pero era también un hombre joven, audaz, sin prejuicios, de acción, que era lo que se requería en aquellos momentos. Uno de los que iba a ser sus colaboradores me lo explicaba así: «El pueblo español estaba acostumbrado a obedecer. El problema estaba en que la Jefatura del Estado y la Presidencia del Gobierno no iban coordinadas con Arias. En el momento que se estableció esa conexión, el cambio funcionó». Incluso mejor de lo esperado, pues el desmontaje del viejo régimen se hace en tiempo récord y, esa fue la maravilla, empezando por la Ley de la Reforma Política (10 de septiembre de 1976), que establece en su preámbulo: «Las leyes adquieren su significado democrático en el momento que pueden ser reformadas por la voluntad mayoritaria del pueblo». No puede decirse más educada, legal y contundentemente que el edificio legislativo del franquismo no era inamovible, podía ser sustituido. Y, en efecto, allí están desde los partidos políticos a las Cámaras (dos), pasando por las elecciones, todos los instrumentos de una democracia parlamentaria. La oposición, que hasta entonces llevaba la iniciativa, la pierde a manos del Gobierno, que el 14 de diciembre somete la ley a un referéndum que gana por goleada: 94 % a favor, por 2,6 % en contra y 3 % en blanco. Casi un resultado a la búlgara, pero en un país que ya nada tenía que ver con Bulgaria, pues los españoles votaron en plena libertad lo que les apetecía. Como en las elecciones que siguieron, el 15 de junio de 1977, en las que se impuso, como era previsible, el partido que Adolfo Suárez había montado, Unión de Centro Democrático, hecho con personas de su edad de diversas ideologías unidas por su afán reformista. Mientras, la Alianza Popular que Manuel Fraga había montado a toda prisa con personalidades del viejo régimen tiene un resultado que bordeaba el ridículo. En la oposición, el PSOE renovado de Felipe González, respaldado por la socialdemocracia europea, especialmente la alemana, se impone tanto al socialismo en el exilio como a la versión más intelectual del profesor Tierno Galván. Más importancia que eso tiene que el Partido Comunista, pese a haber adoptado una peluca «europea» y haber luchado mucho más contra el franquismo, queda a mucha distancia. No había duda de que los españoles querían algo realmente nuevo, nada de imitaciones. Y que no querían saber nada de Frentes Populares ni de Bloques Nacionales, como en 1936.

La Pactada

Quedaba el trámite ineludible de redactar y aprobar una Constitución que regulase el nuevo Estado de la nación. A diferencia de prácticamente todas las anteriores, dictadas por el partido dominante en aquel momento —lo que significaba que duraría tan solo hasta que otro llegase al gobierno— esta quiere hacerse con el concurso de todas las facciones políticas, de ahí que se la conozca por el sobrenombre de «La Pactada». No fue fácil, como puede imaginarse, porque si bien todos —bueno, casi todos— estaban de acuerdo con el cambio, no lo estaban en lo que tendría que venir después.

Las diferencias eran enormes, y abarcaban desde la forma del Estado hasta su estructura territorial, pasando por la Justicia, educación, economía, Ejército, religión y sociedad, por citar solo los capítulos más importantes. Representantes de todos los partidos pusieron manos a la obra con ánimo de llegar a un acuerdo, sin olvidar los intereses de los ciudadanos que representaban. Lo consiguieron en parte, y allí donde no lo alcanzaron lo subsanaron echando mano de la semántica, tapando sus desnudeces con términos equívocos para que cada uno pudiera interpretarlo como quisiera. Fue como la Constitución del 78 se convirtió en la primera Constitución española no impuesta por un bando sobre los demás, sino que estuvo dominada por el concepto de moda en aquel momento: el consenso. Palabra excelsa sin duda, llena de civismo y democracia. Pero también llena de riesgos, como hemos comprobado.

Aunque en 1978, tras una república, una guerra civil y una larga dictadura, la mayoría de los españoles no eran monárquicos —aunque vivían en un reino teórico— los padres de la Constitución eligieron la «monarquía parlamentaria» como forma de Estado por ser la que ya tenía, evitando así buscarse más problemas. Si era preciso cambiarla, tiempo habría de ello. La organización de ese Estado ya era más difícil de acordar. Había una larguísima tradición centralista desde los días del Imperio, pero había también unos nacionalismos periféricos —especialmente el vasco y el catalán— que exigían se reconociese su singularidad. ¿Cómo se combinaban ambas realidades? Tras muchos debates y visto que no podían fundirse, se aceptaron ambas opciones: la nación española, cuya «unidad es indiscutible», y las nacionalidades, «cuyo derecho a la autonomía está igualmente garantizado», según reconoce el artículo 2 de la Constitución del 78. O sea, una Nación, con mayúscula, y unas nacionalidades, con minúscula. Por si ello de por sí no fuera bastante complicado, y dado que vascos y catalanes insistían en reclamar su singularidad, se les concedió, junto a Galicia, el título de «nacionalidades históricas». Y como el resto podían protestar —en España, el territorio con menos historia tiene más de veinte siglos— se permitió a todas ellas alcanzar las plenas competencias autonómicas si sus habitantes lo pedían. Algo que, como podía imaginarse, pidieron todas, aunque a bastantes esas competencias les viniesen grandes. ¡Pero a buenas horas un español quiere ser menos que otro!

El Ejército, fundamental en el franquismo, vio reducida su misión (artículo 8) a «garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento territorial». Se supone que es frente a la amenaza exterior, pero ¿no puede aplicarse también en caso de brote separatista o amenaza terrorista? Fue precisamente en lo que se apoyó Tejero para su intentona de golpe, aunque hay que añadir que su fracaso vacunó al Ejército español contra nuevas intentonas golpistas, acentuando su profesionalismo, y hoy es una de las instituciones más estimadas por el grueso de la población.

A la educación se le dedicó el cuidado que merece al ser la principal fuente de riqueza de las naciones, haciéndola obligatoria en la Primaria y Secundaria y facilitando becas para la Superior. Que tengamos una de las mayores tasas europeas de abandono escolar, junto a uno de las peores calificaciones en el informe Pisa advierte, sin embargo, que algo hemos hecho mal. Puede deberse a que cada nuevo gobierno traía un nuevo plan educativo, con lo que los alumnos empezaban con uno y terminaban con otro, con la consecuencia de que no aprendían bien ninguno, o a que se descuidó la formación del profesorado, clave para una enseñanza efectiva. Aunque el mayor fallo ha sido ceder la educación a las Comunidades Autónomas, que han hecho lo que les ha dado la gana con ella, introduciendo regionalismo, nacionalismo e incluso independentismo, como ocurre en Cataluña y el País Vasco. El daño que está causando al conjunto de la nación es enorme, y lo peor es que seguirá aumentando.

Aunque, para este que escribe, ateniéndome a la calidad de la democracia que nos hemos dado, lo más grave es la Justicia, piedra maestra del Estado de derecho. Y que, sin embargo, se la subordina a los otros poderes del mismo, el ejecutivo y el legislativo, es decir, a los partidos políticos, por dárseles potestad para nombrar los miembros del Consejo General del Poder Judicial, máximo organismo de los jueces y por la irrupción de «juristas de reconocido prestigio» en la judicatura. Aparte de por no proporcionar a los tribunales suficientes medios para tramitar con la debida prontitud sus causas, pues ya dice el viejo axioma judicial: «justicia retardada justicia denegada». Con lo que rompe el famoso «equilibrio de poderes de Montesquieu». De hecho, se ha sustituido la democracia por una partitocracia y, con toda razón, Alfonso Guerra pudo decir con su sarcasmo habitual: «Montesquieu fue enterrado hace mucho tiempo». Pero no hay nada de gracioso en ello. Una de las mayores incorrecciones políticas hoy en España es que se hable de jueces «conservadores» y «progresistas», cuando los jueces deben ser solo eso, jueces. Cualquier adjetivo, sobre todo de signo ideológico, les rebaja. Y el que haya jueces que vayan de los tribunales a la política y viceversa arroja una enorme sombra sobre ellos y sobre la Justicia en general. Personalmente creo que buena parte del desgaste, desconfianza y desprestigio que ha sufrido la Transición se debe precisamente al «secuestro» de la justicia por la política, que los partidos intentan camuflar por todos los medios y bastantes jueces intentan combatir individualmente. Pero cuando se controla la cabeza, se controla todo el cuerpo.

El tema religioso era otro de los capítulos importantes, al haber sido uno de los caballos de batalla en la guerra ideológica española. Que la Iglesia católica hubiera hecho ya su «transición» en el Concilio Vaticano II facilitó mucho las cosas, y el artículo 16 de la nueva Constitución establece que el Estado garantiza «la libertad religiosa y de culto», reforzado con que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», aunque se añade que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de colaboración con la Iglesia católica y las demás confesiones». Difícilmente podría encontrarse una forma menos brusca de separar Iglesia y Estado.

En cuanto al terreno económico, la Constitución del 78 elige como modelo «una economía social de mercado», o sea, libertad de empresa sin olvidar los aspectos sociales, ampliándose los obtenidos bajo el franquismo, con el derecho a la huelga, por ejemplo. El derecho a la propiedad privada, como el de la herencia, es citado expresamente (art. 35), aunque limitado por «su función social». Algo parecido ocurre con las nacionalizaciones, que se prohíben, excepto «por causa justificada de utilidad pública o interés social» (art. 33-2), si bien tendrán que hacerse «mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes». Parecían bastantes garantías, pero lo ocurrido con Rumasa demostró que no era así.

Que el Tribunal Constitucional tenga cada vez más trabajo nos advierte de que las constituciones, por consensuadas que hayan sido, no son la panacea de un país. Ninguna constitución lo es. Es un marco, unas normas de juego que resultarán más o menos buenas según las respeten sus súbditos y las utilicen sus gobernantes. Las constituciones no se evalúan cuando se redactan, sino luego, cuando entran en vigor, estableciéndose entre ellas y la ciudadanía una especie de matrimonio que funciona o no funciona. Cuando sus palabras, conceptos, derechos, deberes, obligaciones y prerrogativas dejan de ser letra impresa y se convierten o no en vida diaria de una nación. En la del 78, lo más relevante fue el acto de reconocimiento, de aceptación mutua entre españoles de ideología e idiosincrasias distintas dispuestos a convivir en paz y libertad, en vez de excluirse, negarse y hasta matarse mutuamente, como tantas veces habían hecho, incluso por una constitución. Lo que la hizo aparte y le dio un aire de madurez que debería garantizarle larga vida. Que a día de hoy se la cuestione advierte que tuvo fallos, aunque puede que estén más en los españoles que en ella misma.

A los fallos apuntados conviene añadir que no previera la lacra del terrorismo, que ensangrentó la Transición desde el primer momento y ha contribuido a desgastar su prestigio hasta el extremo de no tenerlo entre las víctimas de esa guerra cobarde, que no son solo los más de 800 muertos sino también sus familiares, amigos, conocidos y público general, que durante décadas han sido testigos imponentes de esa barbarie.

¿Por qué duró tanto tiempo? ¿Por qué no se supo o se pudo encontrar una política eficaz ante un problema tan enorme y extendido? Vale la pena detenerse a estudiarlo, pues está relacionado con el tema de este libro: la revolución pendiente. Los terroristas se consideran a sí mismos una especie de revolucionarios, de héroes que luchan por la liberación de su patria y de sus gentes. Nacidos como una forma extrema de oposición al franquismo, no se disolvieron cuando este dejó paso a la democracia. Pudiera ser que el cambio político les pareciese al principio sospechoso, no permitiendo ver a los elementos más radicales de la oposición que el tránsito de un régimen autoritario a otro democrático era real. O, simplemente, que la inercia de la violencia hubiese enganchado a los elementos más beligerantes del antifranquismo de tal forma que ya eran adictos a ella y no pudiesen resistir la tentación de continuar su lucha, ya por su «país» (ETA) ya por sus ideas libertarias (GRAPO). No sería la primera vez que una revolución triunfante tuviese que liquidar a algunos de sus más fieros combatientes, incapaces de adaptarse a la nueva normalidad, ¿recuerdan la película polaca Cenizas y diamantes?

En el caso español, el problema se vio agravado por la interferencia de las nacionalidades internas. Para una importante parte de los antifranquistas vascos, la lucha no terminó junto al franquismo. Para ellos, la lucha debía continuar contra el nuevo Gobierno de Madrid hasta conseguir sus últimos objetivos, que no eran otros que la independencia. El Gobierno Suárez, lastrado por la mala conciencia de su procedencia del régimen anterior, más que medidas enérgicas puso paños calientes, mientras un error muy humano —pero muy grave— de los partidos de izquierda les impidió condenar a aquellos «luchadores por la libertad» cuando continuaron sus atentados, prefiriendo echar la culpa ya a la pasada represión, ya a unas fuerzas de seguridad del Estado que no hacía mucho les perseguían a ellos. El resultado fue el envalentonamiento de esos grupos extremistas, en vez de su absorción en el proceso democrático. Y como existía también un franquismo residual que se negaba a admitir su liquidación, un extremismo alimentó al otro, con peligro para la estabilidad democrática. Era una amenaza que fue confinándose al País Vasco, con coletazos esporádicos en otras regiones. Un cáncer cuya única cura tenía que venir de la propia sociedad vasca, generando anticuerpos contra él. Algo que no llegó a producirse ni siquiera cuando ETA incluyó entre sus víctimas vascos que no comulgaban con sus objetivos o métodos, incluidos miembros de la propia Ertzaintza. Tuvieron que ser el Estado español y sus fuerzas de seguridad los que asumieran esa lucha, con todo el desgaste material y psicológico que ello supuso. A pesar de ello lograrían imponerse o, más bien, no ser derrotados, ya que los terroristas, cuando vieron que se les cerraba el santuario francés y las fuerzas de seguridad españolas estrechaban su cerco en torno a ellos, prefirieron pasar de la «lucha armada» —que estaban perdiendo— a la «política», encontrando apoyo en amplios sectores de su población, lo que les permite gobernar hoy en ciudades y territorios, como Navarra, que antes no dominaban. Lo que impide decir que ETA haya sido derrotada. Ha dejado de matar, pero porque ya no lo necesita, al estar en ayuntamientos y diputaciones, e incluso espera gobernar en lo que llaman Euskadi.

Posiblemente sea el aspecto más triste de la Transición.

Protagonistas

La Unión de Centro Democrático, de la que ya hemos hablado, fue la protagonista de la Transición, el cojinete sobre el que el cambio pudo deslizarse con la suavidad que lo hizo. La formaban hombres que habían servido al franquismo en cargos ya gubernamentales, ya administrativos, pero que habían llegado al firme convencimiento de que lo mejor que le podía pasar a este, como al país, era desembocar en la democracia. Eran, pues, la garantía del respeto al ayer, el aval de que el cambio no iba a tornarse revancha, lo que evitaba los traumas que trae consigo cualquier ruptura, pactada o no. Aparte de que en el poder se portaron con una liberalidad y largueza, tanto humana como políticamente, que ya quisieran para sí sus sucesores. Hoy, con suficiente perspectiva, puede decirse que los hombres y mujeres de UCD hicieron por la implantación de la democracia en España bastante más que los socialistas.

UCD, sin embargo, terminó su papel cuando la Constitución del nuevo Estado quedó redactada y aprobada. Lo mejor que hubiera podido hacer entonces era disolverse y dejar a sus miembros que buscaran su natural encuadramiento en las distintas opciones políticas tradicionales. Pero el poder ata, seduce, y UCD intentó ir más allá del papel histórico que tenía asignado. El fracaso fue espectacular. Tanto, que ha empañado su éxito, lo que es injusto. Pero no podía ocurrir otra cosa. UCD no era un partido político, era un simple instrumento para hacer la Transición. Para ser un partido político no basta una coincidencia coyuntural de pareceres, se necesita un mínimo de coherencia ideológica, que UCD no tenía, ya que en su seno se habían dado cita los diversos segmentos del franquismo con ansias renovadoras junto a democratacristianos, socialdemócratas, liberalizantes, la derecha civilizada y técnicos progresistas. De ahí que tan pronto se miraban como aliados que como rivales. En realidad, eran las dos cosas al mismo tiempo. En común tenían solo la conciencia de que había que desmontar el franquismo sin traumas. Cosa que hicieron, y además, bien.

El país, que, pese a lo que dicen, es agradecido, les dio su voto y el poder para la primera andadura demócrata. Pronto se vio, sin embargo, que UCD era capaz de transformar, pero no de gobernar; de demoler, pero no de construir. Alguien ha hablado de «ansias suicidas» dentro de UCD. Fue más simple y prosaico que eso: era la propia dinámica de desmantelamiento, que cuando acabó con el franquismo continuó con ella misma. Y era también, un poco como el viejo Movimiento, más un antipartido que un partido, lo que la ponía en inferioridad de condiciones frente a partidos auténticos. Todas las contradicciones que albergaba, ahora ya sin una mano firme que las mantuviese a raya, surgieron a la superficie en cuanto hubo cumplido la misión que la creó, para lanzarse a una furiosa lucha intestina en busca de imponer cada facción su línea en un conglomerado donde se había esfumado el único denominador común. Con el Movimiento hubiera pasado exactamente lo mismo de no estar Franco alerta, listo a cortar sin contemplaciones cualquier intento de «ir por libre». Piénsese que uno de sus miembros más destacados, Francisco Fernández Ordóñez, socialdemócrata, lo primero que hacía al salir de un Consejo de Ministros era ir al primer teléfono —entonces no había aún móviles— para contar al periódico afín lo que se había decidido en él. O eso se cuenta, con muchas posibilidades de ser verdad. Yo le he oído despotricar en privado de Suárez, lo que no le impidió ser un excelente ministro de Hacienda.

Eso explica también aquel afán de UCD y de su representante más genuino, Adolfo Suárez, de querer ser al mismo tiempo Gobierno y oposición. Algo que podía funcionar bajo el franquismo, que ocupaba todo el espectro político, pero de ninguna manera bajo la democracia, donde los papeles están mucho más definidos y diferenciados.

Todo ello hizo extremadamente difícil, por no decir imposible, los intentos de reconstruirla. Unión de Centro Democrático fue víctima del espejismo de su propio éxito: no supo ver que su labor acabó el mismo día que se había completado la transición a la democracia, y el gran error de sus dirigentes fue creer que el pueblo español les votaba a ellos, cuando lo que votaba era lo que representaban: la transición pacífica, algo que ya había ocurrido.

Los problemas en adelante iban a ser otros. Y ellos mismos, si querían seguir jugando, tenían que reencarnarse en formaciones políticas más tradicionales de uno y otro signo. Tendrá que ser un auténtico partido, con una coherencia ideológica que UCD no tenía, quien se encargue de hacer la revolución que España venía intentado desde hacía dos siglos. Me refiero al PSOE.

La revolución del PSOE

«Vamos a dejar España que no la reconocerá ni la madre que la parió», ponen en labios de Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno de Felipe González, tras su victoria por mayoría absoluta en octubre de 1982. Era la primera victoria socialista en la recién recobrada democracia española, y si no alcanzó la alegría popular que la llegada de la República en 1931 poco debió faltarle. Con el añadido de que esta vez no hubo quema de conventos ni asaltos a periódicos. La satisfacción se extendía por todas las capas sociales, llegando incluso a la Zarzuela. El rumor popular atribuía a don Juan Carlos la confesión: «Hasta que no tenga un Gobierno de izquierdas, no seré realmente rey de todos los españoles», pues sería la prueba definitiva de que no era el rey de Franco. En cualquier caso, su relación personal con Felipe González era mejor que con la inmensa mayoría de los políticos conservadores, una vez desaparecido Adolfo Suárez de la escena.

Pero, antes de entrar en este apasionante capítulo de la historia de España, un breve apunte sobre la del PSOE. Fundado en 1879 por Pablo Iglesias, un tipógrafo gallego asentado en Madrid, impone al partido una estricta disciplina y unos objetivos más prácticos que espectaculares: ir reformando la sociedad española y mejorando en lo posible las condiciones de vida del trabajador, sin dinamitar las estructuras existentes. Conseguir el sufragio universal, la reforma de la Justicia, la eliminación de la censura, la libertad de asociación, organización y expresión, etc., objetivos todos ellos, como ven, más de la revolución burguesa que de la proletaria. Son características que trasmite al sindicato que crea —la Unión General de Trabajadores (UGT)— en 1888, con las mismas normas de disciplina interior y realismo exterior. Es un sindicato «responsable», lo que en España no es siempre un piropo, sobre todo para una organización obrera. De ahí que su rival, la CNT, próxima a la teoría y práctica anarquista, le supere en afiliados, y en fracasos en las huelgas que organiza.

Lo que no impide que el PSOE sintiera de tanto en tanto la llamada de la revolución total y se lanzara a ella con los ojos cerrados, más decidido incluso que los partidos presuntamente revolucionarios: de ahí que se hable de «la doble alma del PSOE». Así fue en 1917, dentro del clima revolucionario que reinaba en el país, y en 1934, cuando se alzan incluso contra la Segunda República, teniendo éxito inicial solo en Asturias, que los mineros llegan a controlar hasta que llega el Tercio y los aplasta.

Es una deriva que mantiene dentro del Frente Popular, cuando sus dirigentes han decidido que los tiempos de la revolución burguesa no bastan. Pero a aquellas alturas había ocurrido un cambio fundamental en ese campo: la URSS es su principal sostenedora. Y la URSS, como les he contado, no está interesada en que España se convierta en una república soviética. Quiere una república burguesa. Es así como el Partido Comunista, hasta entonces el más revolucionario, se convierte en un partido de orden, y aunque en el Gobierno de Largo Caballero hay solo dos comunistas, son los que toman las decisiones, mientras los comisarios se encargan de poner orden en el Ejército republicano.

A los pocos meses de iniciarse la contienda, la penetración comunista en todos los órganos del Estado es tal que Araquistáin y Largo Caballero mantienen conversaciones en París con las potencias occidentales para mantener a España fuera de la órbita soviética. Las conversaciones fracasan porque Francia, Inglaterra, Alemania e Italia mantienen puntos de vista opuestos sobre España, pero los comunistas no perdonarán aquello a Largo Caballero, que en mayo de 1937 tiene que dimitir. Se va con el resentimiento de un amante abandonado que, según Stanley Payne en La revolución española, le llevará a que pase a «preocuparle ya más la lucha contra los comunistas que contra Franco».

Para sucederle, eligen a otro socialista, Juan Negrín, que monta un gabinete parecido al anterior pero más próximo ideológica e incluso sentimentalmente a los comunistas. El forcejeo con estos lo lleva ahora Prieto desde el Ministerio de la Guerra, pero, tras la caída del frente de Aragón en 1938, comprende que la guerra está perdida y no se recató en decírselo a sus compañeros de gabinete. Se le apartó por ello y abandonó el país.

Negrín asumió también la cartera de Defensa, y a partir de entonces su estrategia fue la misma que la de los comunistas: resistir. Resistir hasta que se declarase la nueva guerra mundial, con la que podría engarzarse la española, acudiendo las potencias occidentales en auxilio de la República.

Le faltaron seis meses. Pero incluso de haber estallado antes, no es probable que el plan hubiera funcionado porque Stalin había firmado ya un pacto con Hitler. Y a principios de la contienda, las potencias occidentales estaban necesitadas de más ayuda de la que podían prestar.

A la Segunda República española le asentó el golpe de gracia, como ya contamos, el levantamiento en Madrid de otro Ejército, el propio, el republicano, al comprender sus mandos profesionales que no tenía sentido continuar la lucha. Todo un triste récord de levantamientos en contra. Pocas repúblicas habrá habido más desdichadas que esta. En su defensa acudieron desde el frente las unidades comunistas, lo que trajo otra guerra civil dentro de la Guerra Civil.

Por aquellas fechas, primavera del 39, los socialistas moderados, que poco o nada habían hecho durante la contienda, dan un paso adelante y se ofrecen para la reconstrucción de una España «donde reine el orden y la justicia». Besteiro, el más importante de ellos, rompe su autoimpuesto silencio para hablar alto, primero, a sus correligionarios. Sus palabras al Consejo de Defensa Nacional son un modelo de honestidad política y de hombría de bien. El párrafo es largo, pero trascendente:

La verdad real: estamos derrotados por nuestra culpa, por habernos dejado arrastrar a la línea bolchevique, que es la aberración política más grande que han conocido quizá los siglos… El ciudadano de la República no es fascista. Pero tampoco es, en modo alguno, bolchevique. Quizás es más antibolchevique que antifascista, porque el bolchevismo lo ha sufrido en sus entrañas, y el fascismo, no. ¿Cómo este interesante estado de ánimo puede contribuir a la España del mañana? He aquí el gran problema. Porque pensar que media España puede destruir a la otra media sería una nueva locura que acabaría con toda posibilidad de afirmación de nuestra personalidad nacional, o mejor, con una completa destrucción de la personalidad nacional, peligro que hemos corrido y del cual hemos escapado, poco menos que de milagro. Para construir la personalidad española, mañana la España nacional, vencedora, habrá de contar con la experiencia de los que han sufrido los enormes errores de la República bolchevizada, o se expone a perderse por los caminos extraviados que no conducen más que al fracaso. La masa republicana útil no puede pedir, sin degradarse, una participación en el botín. Pero sí puede pedir un puesto en el frente del trabajo constructivo.

Besteiro soñaba con que Franco aceptase ese socialismo nacional, purificado por la experiencia bolchevizante. Tal vez que le permitiera hacer en él de oposición, o formar parte del ala social del régimen. En eso se equivocó de medio a medio el profesor de Lógica. Franco no tenía la menor intención de colaborar con la «España roja»: quería erradicarla, pensando que era la única forma de acabar de una vez y para siempre con lo que él llamaba los «demonios familiares» del país. Si había una oposición en la «España nacional», la crearía él. A Besteiro le envió a la cárcel, donde moriría un año más tarde. Su error fue creer que todos, o casi todos, eran tan inteligentes y buenas personas como él.

El shock que le había dejado la Guerra Civil, unido al drama del doble fracaso, ante la República y ante Franco, hace que el socialismo español pase la dictadura en silencio, en el exilio y en la diáspora. Si alza la voz es más para hacer examen de conciencia que para proclamas inflamadas. Es verdad que celebra trece congresos en este periodo, pero la acción que sale de ellos es limitadísima, llevando sordina las palabras pronunciadas. El contraste con los comunistas es tan notable como revelador: estos pactan, luchan, acosan, halagan, se infiltran en los sindicatos franquistas, forjan alianzas con los burgueses dispuestos a ello, hacen declaraciones, despachan guerrillas, aparecen por todas partes. Sin abandonar, naturalmente, su deporte favorito: las purgas de tanto en tanto. Y es que mientras los comunistas se mueven como pez en el agua en la clandestinidad —«éramos como los primeros cristianos» me decía un amigo que perteneció al partido para luego dejarlo—, el PSOE, un partido serio, abierto, formalista, apenas tiene relevancia, aunque sigue celebrando sus congresos y lanzando sus publicaciones, sin apenas eco.

Es como, a la muerte de Franco, el PSOE aparece como un animal tras una larga hibernación. O como «una princesa durmiente en espera del beso del príncipe que la despierte», según frase irreverente que escuché en el Congreso para la Libertad de la Cultura celebrado en Berlín en 1959 a un multiheterodoxo español, Julián Gorkin. En 1975 seguía en el mismo estado, sin apenas programa, sin mártires, sin cuadros, sin medios, sin nada. Además, divididos; por un lado, los «históricos» en el exilio, un grupo de venerables ancianos de los que nadie se acuerda, por el otro, un pequeño grupo de jóvenes militantes recién salidos de la Universidad de Sevilla, que pasarían a conocerse como el «clan de la tortilla» por la foto que se hacen en una excursión campestre. En el Congreso que celebran en Toulouse en 1972 rompen. Dos años más tarde, en la casa que les presta el alcalde de Suresnes, reanudan las relaciones e incluso se ponen de acuerdo para nombrar un candidato de compromiso como secretario general: un abogado laboralista sevillano de 32 años, que compensa su inexperiencia con una enorme dosis de atractivo personal, a lo que añade la rara ductilidad de hacer difícil llegar a la confrontación con él incluso queriéndolo. Su nombre, Felipe González Márquez, que va a serle muy útil en los tormentosos tiempos que esperan a España.

Por lo pronto, tiene que completar la unidad socialista. Pues ha surgido un Partido Socialista Popular, capitaneado por el catedrático Enrique Tierno Galván, con mucho arrastre entre los universitarios y prestigio en la izquierda tanto nacional como extranjera, ganado en los dimes y diretes que el «viejo profesor» ha tenido con el franquismo. Le recuerdo invitado por la Freie Universität de Berlín, a finales de los años 50, dando una conferencia sobre «Regímenes totalitarios», en la que defendió la táctica de ir «deshilachando el franquismo desde dentro hilo a hilo». Todos los intentos de incorporarlos al PSOE fueron en vano hasta que, tras comprobar su carácter minoritario en las primeras elecciones democráticas (1977), aceptaron la fusión y desaparecieron.

El verdadero peligro, sin embargo, le llega de un Partido Comunista que tras su lucha abierta contra el franquismo amenaza con convertirse en el mayor partido de la izquierda. Ese miedo, sin embargo, ayuda al PSOE. En plena Guerra Fría, las potencias occidentales temen que, tras morir Franco, la escena política española se parezca a la italiana, con un Partido Comunista dominando el ala izquierda y una democracia cristiana la derecha. También Juan Linz, que desde Yale seguía de cerca los acontecimientos españoles, lo esperaba e incluso hizo estimaciones al respecto. Fue en una de las pocas cosas en que se equivocó: ni la democracia cristiana ni el comunismo fueron las principales opciones elegidas por los españoles en las primeras elecciones libres. La razón fue que la España de 1977 quería un partido de izquierda moderada, y si no existía, había que inventarlo, como se inventó el nuevo PSOE, que no por casualidad se apodaba «renovado». Al pueblo español no le convencía ni el continuismo franquista de Alianza Popular, con sus «siete magníficos» capitaneados por Fraga, ni el comunismo con peluca europea con que se presentaba el viejo Santiago Carrillo, con demasiado historial para iniciar una nueva etapa. Se votó UCD como centro-derecha, que como dijimos no era un partido sino un mecanismo de transición, y faltaba el centro-izquierda, moderado, popular, europeo, integrador, que garantizase el cambio sin traumas. Y ese fue el PSOE de Felipe González, apadrinado por la socialdemocracia europea, especialmente la alemana, que se convirtió en su hada madrina.

Antes, sin embargo, el PSOE tenía que hacer su propia reconversión. Concretamente, tenía que «desmarxsificarse» y «desobrerizarse». O si lo quieren en términos mucho más corrientes, tenía que convertirse en socialdemocracia, como la SPD alemana había hecho en su Congreso de Bad Godesberg en 1959. Pero ser marxista, para un socialista español, era algo que se daba por descontado, algo, además, sagrado dentro de sus esquemas mentales y sentimentales. Dejar a Marx en las bibliotecas, que era la idea de Felipe González, era por tanto un sacrilegio, cuando no una traición. Al menos era lo que pensaban los «puros», los ortodoxos, los dogmáticos, los Bustelo, Castellano o Gómez Llorente, que insistían en mantener a Marx no solo como un prestigioso valor del pasado, sino también como un imperativo del presente, y exigían incluir el calificativo de marxista en la definición del partido como garantía de que continuaba siendo fiel a su tradición revolucionaria.

Es muy posible que todos ellos supieran más de Marx que Felipe González. Pero, pero de que Felipe González sabía más de política que ellos no cabe la menor duda. Y el imperativo político del momento en España no era seguir la doctrina marxista, sino todo lo contrario. Marx había dicho que a la revolución burguesa debía seguir la proletaria. A la primera ya le había preparado el terreno el franquismo, creando una clase media, poniendo las bases de una industria y estableciendo unas leyes sociales, aunque quedaba todavía lo más importante por hacer: el cambio político. Pero, a diferencia de 1870, 1920 o 1931, la España de 1975 cumplía los requisitos exigidos por la teoría marxista para dar el salto a la revolución burguesa o a la proletaria. Pero esta última significaría una dictadura del proletariado, y lo que menos necesitaba aquella España era meterse en otra dictadura. Por más que ser marxista estuviera de moda en aquellos momentos.

Así, con las espadas desenvainadas, llegaron al XXVII Congreso del PSOE, celebrado en diciembre de 1976. A Carlos Marx le hubiese gustado saber que, casi un siglo después de su muerte, los socialistas españoles iban a dedicar un congreso a discutir sobre él, que tanto amaba nuestros clásicos, leídos en el idioma original, como pudo comprobar Anselmo Lorenzo cuando le visitó en 1871 para asistir a la conferencia preparatoria de la Primera Internacional. Lo que no sabemos es si le hubiese satisfecho la polémica que se produjo cuando los «puros» insistieron en un «programa de máximos» que hizo decir al catalán Obiols: «Al PSOE, como el valor al soldado, el marxismo se le supone». A Felipe González, como hemos dicho, le hubiese gustado dejar a Marx en los libros o en las camisetas, pero decide no dar la batalla al darse cuenta de que la tiene perdida de antemano, que es inútil oponerse a aquel sarampión marxista que ha dejado el final del franquismo. Así que se contenta con dar la batalla en otro frente: el de la libertad. Puede parecer baladí, pero no lo es. Pues basta recordar la respuesta de Lenin a Fernando de los Ríos —«Libertad, ¿para qué?»— para comprender que las «libertades burguesas» no son el plato preferido de los marxista-leninistas. Pero logra que el Congreso establezca que «el socialismo es libertad». Tiene, sin embargo, que encajar dos goles por ello: en su declaración programática, el PSOE se define como partido «de clase (obrera), marxista y demócrata». Al secretario general posiblemente le hubiera bastado con lo último.

La gran batalla va a librarse en el siguiente Congreso, el XXVIII, celebrado en Madrid entre el 17 y 20 de mayo de 1979. Felipe González viene dispuesto a apostar todo su capital para que el PSOE retire el calificativo «marxista» de su etiqueta. Lo defiende con su mejor oratoria: «No elevemos al marxismo a los altares del doctrinarismo político, como un todo absoluto que marca la línea divisoria entre lo verdadero y lo falso, entre lo justo y lo injusto. Carlos Marx merece ser estudiado y asimilado críticamente, para que seamos capaces de rendirle, sin sacralización, un homenaje de reconocimiento».

Es inútil. Los «puros» rechazan toda componenda en este punto. Gómez Llorente resume su negativa: «No debe darse la impresión de un vergonzoso giro a la derecha». Lo que hace inútiles las enmiendas que sus leales intentan introducir a la declaración programática, que repite la definición del partido del anterior congreso, añadiéndole lo de «federal».

Fue una victoria bien corta la de los dogmáticos. En realidad, una victoria pírrica. Al día siguiente, en la sesión de clausura, Felipe González anuncia que por razones «éticas, morales y políticas», renuncia a su cargo de secretario general. Al asombro sigue el desconcierto, las lágrimas, los gritos pidiendo que se quede. No hay tiempo de montar una candidatura viable para el cargo, no quedando otro remedio que nombrar una comisión gestora, encargada de convocar un congreso extraordinario en el plazo de seis meses.

Este se celebra el 27 y 28 de septiembre del mismo año, donde no hubo color ni casi debate. La candidatura «crítica» de Gómez Llorente sacó el 6,9 % de los votos por el 85,9 % la de Felipe González. Entre perderle a él y perder la etiqueta marxista, no había duda: se renuncia a esta. En la resolución final, el PSOE queda como «partido de clase y de masas, democrático y federal», añadiéndole la coletilla «que asume el marxismo como instrumento teórico, crítico y no dogmático, para el análisis y transformación de la realidad social, recopilando las distintas opciones marxistas y no marxistas que han contribuido a hacer del socialismo la gran alternativa emancipadora de nuestro tiempo y respetando plenamente las creencia personales». Presentó la farragosa enmienda Benegas, pero llevaba el sello seductor de Felipe González, que incluía otros dos triunfos: el PSOE dejaba de ser un partido únicamente obrero para convertirse en transversal (de masas) y admitían otras opciones no marxistas.

Lo que quiere decir que estaba listo para asumir el gobierno de España e intentar la revolución largamente aplazada. Pero ¿cuál revolución es esa?

Lo de «dejar España que no la reconozca ni la madre que la parió» de Alfonso Guerra, vicepresidente del primer Gobierno González, correspondía a su estilo y su primer arreón tenía, en efecto, toda la pinta de revolucionario de gorro frigio y guillotina o, por lo menos, leninista: nacionalizan Rumasa, aquel imperio con pies de barro que un pintoresco empresario jerezano había creado a base de labia e imaginación. Luego, sin embargo, se comprobó que en la declaración de Guerra había más ruido que nueces, y que las «nacionalizaciones» se acabaron ahí. Es más, fueron seguidas por el despiece y venta de las empresas del grupo, con lo que los amigos del Gobierno hicieron negocios redondos. En cualquier caso, que Felipe González no venía a hacer lo que Lenin en la URSS se vio muy pronto, y el propio Guerra lo confesó al aguar su primera bravata diciendo: «La revolución es una acumulación de reformas que se hacen irreversibles, y que, por lo tanto, son revolucionarias».

De hecho, los socialistas «renovados» venían dispuestos a poner en marcha la revolución burguesa que los burgueses españoles no habían sido capaces de hacer.

¿Por qué Felipe González eligió la revolución burguesa, que no era la suya, al llegar al poder? En parte, ya lo hemos explicado, porque sus padrinos europeos, especialmente los alemanes —aunque en aquel tiempo estos no hacían nada sin consultar con los norteamericanos— era lo que esperaban de él. A lo que puede añadirse que las bases de esa revolución, empezando por una renta per cápita de 1 000 dólares anuales, ya estaban hechas. Podía incluso añadir que ello le permitía enganchar con la legitimidad republicana, saltando por encima de la era Franco.

Recuerden que la revolución burguesa se dirigía contra las fuerzas del viejo régimen: monarquía absoluta, Ejército, Iglesia, nobleza. La monarquía ya no era absoluta, sino parlamentaria. El Ejército, tras la intentona de Tejero, había perdido prestigio e influencia y la reforma que hizo el ministro Serra apenas tenía que ver con la de Azaña. En vez de la purga, se busca la profesionalización tanto de los mandos como de la tropa. Los ascensos, a partir de teniente coronel, se hacen por méritos (cursos, arrestos, medallas, menciones, etc.) y aunque se reducen los efectivos, aumentan los incentivos. No es una reforma contra el Ejército, sino con él. Una nueva Ley de Defensa Nacional impone el mando del presidente del Gobierno, y en su nombre el del ministro de Defensa, sobre las Fuerzas Armadas, hasta entonces directa y exclusivamente bajo el rey. Se unifica el Cuerpo Superior de Policía (con sus agentes, inspectores, comisarios) y el Cuerpo de Policía Armada se convierte en Cuerpo de Policía Nacional. O sea que mientras las Fuerzas Armadas se «militarizan», las Fuerzas de Seguridad se desmilitarizan.

Ocurre también un fenómeno digno de señalar: siendo tanto las Fuerzas Armadas como las de Seguridad uno de los blancos preferidos de ETA, el recelo inicial entre sus miembros y sus superiores civiles fue disminuyendo hasta convertirse en estrecha colaboración a medida que tenían que asistir conjuntamente a los funerales de las víctimas de la banda terrorista.

Respecto a la nobleza, los socialistas se limitaron a eliminar la prioridad masculina en la trasmisión de títulos y a aumentar sus impuestos por palacios, obras de arte y fincas. Otra cosa es lo que ocurrió con lo que podríamos llamar «nobleza administrativa» o altos funcionarios, como notarios, registradores, abogados del Estado, letrados del Consejo del mismo, interventores de Hacienda y diplomáticos, que a un rango especial unían ingresos muy superiores a los del ciudadano corriente. Claro que para ello debían, aparte de haber cursado una carrera más o menos difícil, hacer unas oposiciones durísimas que solo los más capacitados superaban (o los que tenían más memoria, decían los que no lograban pasarlas), formando la élite de la Administración. Contra ellos se arremetió con furia y, de entrada, se estableció la jubilación a los 65 años, lo que supuso que muchos de ellos, que esperaban llegar a embajadores o a las plazas más codiciadas, las de Madrid y Barcelona, quedaron convertidos de repente en simples jubilados. Como el PSOE consideraba a la mayoría de ellos afectos al régimen anterior —que sentía debilidad por los «números uno»—, mataba dos pájaros de un tiro. Esa sí que fue una auténtica purga de la «meritocracia», que significa no solo mérito sino también esfuerzo, dos puntales en el desarrollo de un país. A lo que no se atrevió fue a eliminar las oposiciones, aunque no por falta de ganas, pues incluso lo intentó en algunos terrenos, como al abrir la judicatura a «juristas de prestigio», que a la postre no eran más que abogados próximos a su ideología. Hubo también un intento de convertir en notarios a los agentes de Cambio y Bolsa, pero cuando estos comprobaron que ganaban más en el parqué que en la notaría el experimento no cuajó. Aunque lo que lo detuvo, en general, fue la propia dinámica de los acontecimientos: a medida que hombres y mujeres «de los suyos» accedían a esa élite de la Administración, disminuía la furia socialista contra ella.

Había en el intento una clara intención de «democratizar» la Administración, cosa loable si no fuera porque escondía otra no tan santa: el ataque a la excelencia, el rebajar a los más capaces y trabajadores. Si el franquismo se fundó, teóricamente, en el culto joseantoniano a «la minoría selecta» (que en la práctica resultó la mayoría de las veces fidelidad al régimen), los socialistas arremetieron contra ella sin disimulos. Donde más iba a notarse era en el campo de la enseñanza, y donde más daños causó, ya que afectaba al futuro de enteras generaciones de españoles y, a la postre, del país, que depende de cómo estén formados y capacitados sus ciudadanos. Como se trata de un tema crucial, vamos a prestarle especial atención.

La educación española venía ya sufriendo cambios importantes desde la Ley de Villar Palasí, en los últimos tiempos del franquismo. Cambios necesarios, pero no siempre afortunados. Se intentaba acabar con el «memorismo», es decir, la tendencia a aprender las disciplinas simplemente de memoria, lo que era una buena medida, pues lo importante es que el alumno entre en su contenido, lo analice y discurra. Pero se estaba acortando peligrosamente el bachillerato, lo que, al parecer del autor de este libro, era nefasto, pues este, aparte de aportar un conocimiento integral de las ciencias y las letras al alumno, que adquiere una idea general del saber, corresponde con los años en que se forma también su carácter, lo que será decisivo para el resto de su vida. Y si solo se le da una idea fragmentada o superficial de las materias, no acabará nunca de dominarlas en su conjunto ni tendrá una visión global del conocimiento humano. Tampoco la supresión del libro de texto fue, pienso, una buena idea. Marañón dedicó uno de sus más esclarecedores ensayos al libro de texto como compendio de un saber determinado. Se le sustituyó por los «apuntes» del profesor, que, aparte de estar muchas veces mal tomados, fragmentaban la disciplina y confundían a los alumnos. Excuso decir que no estoy defendiendo el libro de texto como única fuente de la enseñanza, sino como base de ella, que debe completarse con otras lecturas. Pongo por ejemplo lo que ocurría en aquel Instituto de Enseñanza Media de Lugo, donde el texto de Literatura de Díaz-Plaja se completaba con el de Valbuena y Prat o el Hurtado-Palencia, a más de las obras de los distintos autores. O donde las clases de Ciencias Naturales, bajo el entonces jovencísimo catedrático Francisco Bernis, se complementaban con las colecciones de minerales y plantas que recogíamos.

Hablando de catedráticos, ahí puede estar el fracaso de todos los planes de enseñanza desde entonces, ya que estos se fundan más en los docentes que en los alumnos. Los catedráticos, tanto de Enseñanza Media como de Universidad, formaban parte de esos «cuerpos de élite» de que hablaba, no por el sueldo, pero sí por el prestigio y la autoridad que les daba el poder aprobar o suspender a los alumnos según supieran o no la asignatura sin que hubiera modo de recurrir su nota. Como el dictamen del tribunal de oposiciones a las cátedras, un auténtico suplicio que incluía el debate entre los opositores, esgrimiendo los fallos de los demás. Fue una de las cosas que primero se eliminaron, sustituyéndose por «concursos de méritos» u «hojas de servicio», que en la mayoría de los casos han sido servicios a los catedráticos de los que eran ayudantes o auxiliares, tanto en sus trabajos como en sus clases, lo que ha dado lugar a una endogamia en las universidades nada productiva para ellas ni para los alumnos. «Vamos a terminar con las oposiciones» anunció una de las primeras directoras generales de universidades, doña Carmina Virgili, como si fuera un gran logro social. Hemos visto que no es así, ya que lo que se ha conseguido es fomentar el nepotismo, amiguismo y sectarismo, con facultades enteras, de Políticas especialmente, que funcionan como un partido, e incluso han creado uno de ellos.

Agravó la situación el intento de «igualar por arriba», tan destructivo como el de «igualar por abajo», bajo la consigna «¡Todo el mundo a la Universidad!». Es cierto que la base económica de un país se funda en la preparación de sus ciudadanos, pero eso no quiere decir que todos ellos tengan que tener título universitario. El mejor ejemplo de ello es Alemania, donde el 50 % de los alumnos eligen la formación profesional en vez de la universitaria al acabar el bachillerato, y son uno de los primeros países exportadores del mundo. En España hicimos lo contrario: se eliminaron carreras medias —la de Comercio, la de Náutica, la de Periodismo— donde se formaban expertos en esas profesiones, convirtiéndolas en universitarias, con muchos más saberes, pero sin experiencia profesional. Los peritos industriales se convirtieron en ingenieros técnicos, que tienen problemas en un tendido eléctrico, y los peritos mercantiles en licenciados en Economía que no saben llevar los libros de contabilidad. Con la consiguiente pérdida de tiempo, dinero y esfuerzos tanto para los estudiantes como para el Estado.

A qué nos ha llevado esta errónea dirección nos lo explica Ignacio Marco-Gardoqui en un artículo publicado en ABC el 25 de marzo de 2016: apoyándose en un estudio realizado por la patronal vasca, y «extrapolable a todo el país», resulta que «de los puestos demandados por las empresas, el 2,6 % no necesitan ninguna clase de estudios, el 26,7 % deberían ser universitarios y el 46,5 % especiales de la Formación Profesional», encontrándose el 44 % de las empresas que tienen dificultades para cubrir los puestos de trabajo que necesitan, pese al paro que reina en nuestro país. Conclusión del articulista: «Sobran universitarios y faltan grados medios. Cada cual puede elegir los estudios que desee, pero lo que no se debe hacer es malgastar el dinero público en la financiación de capacidades que la sociedad no necesita y lo que no se puede hacer es quejarse luego de que la sociedad no me da el puesto que yo deseo ocupar». Es una de las observaciones más acertadas que he escuchado en los últimos años, que explica, además, el altísimo grado de desempleo entre los jóvenes españoles que, más que su fracaso, ha sido el fracaso de las fuerzas políticas al abordar un asunto tan fundamental como el de la enseñanza, cuyo mal podría resumirse en una palabra: «titulitis». Y lo más grave, hasta el punto de que resultaría jocoso de no tratarse de algo tan serio, es que empezó con un partido socialista dispuesto a acabar con los «títulos» en general, y terminó dándolos a boleo entre profesores y alumnos para terminar en los últimos puestos de los informes Pisa. Pero la historia gasta estas bromas pesadas.

La reforma judicial socialista comenzó, como la general de la Administración, con el adelantamiento de la jubilación de jueces y magistrados de los 72 a los 65 años, lo que representó el retiro de golpe de 320 jueces y el 32 % del cuerpo entero.

Luego se abrió la puerta, como queda dicho, al llamando «cuarto turno», o jueces de libre designación. En cada convocatoria de ingreso a la carrera judicial se reservaría al menos un tercio de las plazas a «juristas de reconocido prestigio». Tal vía extraordinaria se utilizará igualmente para cubrir plazas en el Tribunal Supremo. Y como no es de suponer que abogados de prestigio o catedráticos de reconocida competencia dejen sus bufetes o cátedras para ocupar juzgados de primera instancia, se abría un portillo a los amigos incapaces de ganar una oposición o los adictos dispuestos a seguir la línea que se les indicase. Algunos de esos jueces y magistrados del «cuarto turno» han terminado condenados por prevaricación.

La máxima batalla, sin embargo, se planteó en el Consejo General del Poder Judicial, máximo organismo de los jueces y encargado de nombrarlos. En su artículo 122.3, la Constitución señala que estará formado por 20 miembros, llamados «vocales», «cuatro de los cuales los nombrará el Congreso y otros cuatro, el Senado, mientras los otros doce serán elegidos por jueces y magistrados de todas las categorías judiciales». El mandato sería por cinco años. Pues bien, el Gobierno socialista lo interpretó como que esos ocho miembros nombrados por las Cámaras era un mínimo, no un máximo, quedando abierta la posibilidad de que Parlamento y Senado nombraran los veinte miembros del CGPJ. Lo que, al tiempo de llamar tontos a los padres de la Constitución —pues de haber querido decir eso lo hubieran escrito sin más—, era dar a un Gobierno con mayoría absoluta el control de la Justicia.

Era incluso más que eso: era cargarse el equilibrio de poderes, base de la democracia tal como la entendemos en Occidente. Ante lo que la propia clase judicial, en peligro de convertirse en mero brazo del ejecutivo, reaccionó, presentando un recurso ante el Tribunal Constitucional. Hubo sus forcejeos y al final se consiguió que tanto los doce vocales nombrados por ambas Cámaras (seis cada una) entre jueces y magistrados, como los ocho (cuatro cada una) entre «juristas de reconocida competencia» tenían que ser refrendados por los tres quintos de las mismas. Lo que eliminaba el derecho de pernada del poder legislativo sobre el judicial, aunque seguía teniendo una excesiva influencia en él, causa de bastantes de los problemas que nuestra democracia ha tenido últimamente, ya que meter a los políticos a controlar los tribunales es como poner a la zorra guardando el gallinero.

Hay un terreno, sin embargo, en el que el Gobierno González cumplió más que de sobra sus promesas. Me refiero al de la mal llamada «revolución cultural», y digo mal llamada por fundarse en la contracultura que los hippies norteamericanos extendieron por Estados Unidos en la década de los 60 y España solo conoció de oídas. El que la llegada de los socialistas al poder coincidiera con la llamada «movida madrileña» y la «izquierda divina» barcelonesa creó el ambiente necesario para ello. En ningún terreno como en este el Gobierno González mostró mayor actividad. En escasísimos meses, se legalizó el aborto, se despenalizó el uso de la droga «blanda», se eliminaron las discriminaciones a los homosexuales, se estableció el habeas corpus, que solo conocíamos por las películas, se redujeron las detenciones preventivas, surgió una generosa condena provisional, se autorizó la cirugía transexual, se crearon los delitos ecológicos, se reformó el Código Penal y se desató una campaña de educación sexual con ardor idéntico al que antes se ponía en ignorarla. Ahí sí que se movió a gusto el PSOE en el poder. Su simpático, decidido y candorosamente atrabiliario ministro de Cultura, Javier Solana, no tuvo inconveniente en proclamar que «el esqueleto de la campaña del partido era el cambio basado en lo cultural». ¡Al fin sabíamos qué era el cambio! No la revolución marxista, ni la socialista, ni la proletaria, sino la cultural. El propio Felipe González lo confirma en las declaraciones que hace a la prensa el 29 de mayo de 1984: «Es necesario una revolución cultural para resolver la situación». Y todo el mundo encantado.

¿Qué es la revolución cultural? ¿Una revolución per se, con impulso, entidad y objetivos propios? ¿El fragmento de otra mayor? ¿O, simplemente, una moda? De todas esas formas se le ha llamado. De que toda revolución tiene un importante ingrediente cultural no hay duda. La raíz misma de la revolución es intelectual, al suponer un cambio más lógico y justo de la situación existente. De ahí que el sintagma revolución cultural tenga algo de redundante. Toda revolución, en cierto modo, es cultural. Lo que no quiere decir que la revolución cultural sea una revolución por sí sola.

Lo más acertado que he leído al respecto ha sido, como tantas otras cosas, de Sebastian Haffner. Al analizarla, encuentra en ella solo avances del individuo, en vez de la sociedad en su conjunto. Se ensancha hasta límites insospechados la libertad, autonomía y disposición del propio cuerpo y espíritu, sin tener en cuenta a los demás. A mayor abundamiento, nada en la revolución cultural afecta a la economía, a los medios de producción ni a la mejora del nivel de vida de los desheredados. Todo, en cambio, afecta a la moral y a las costumbres: aborto, homosexualidad, nuevas formas de convivencia, uso de drogas, enseñanza creativa, justicia comprensiva, educación permisiva. Todo muy progre. Nada que tenga que ver con la sociedad en general. Su protagonista es el individuo, a quien se le facilitan los vehículos necesarios para emanciparse totalmente de los demás —«realizarse» es el término que se usa— en vez de fundirse en una idea y propósito común con ellos, que es el motor de todo proyecto revolucionario. De ahí que Haffner sostenga que la revolución cultural, con su sublimación del individuo, no sea más que el colofón, el epílogo, la traca final de la revolución burguesa y, si pensamos que esta se dirigía contra las estructuras del Antiguo Régimen —Iglesia, Estado absoluto, estructuras rígidas—, mientras la revolución cultural arremete contra la familia tradicional, toda forma de autoridad o la moralidad estricta, tendremos que darle la razón. En ese caso, el felipismo no había hecho la revolución proletaria ni la burguesa, sino la cultural, que es la última traca de aquella. O sea, que había puesto una vez más el carro delante de los bueyes. Juan Linz se lo había advertido en su ponencia en las Jornadas sobre «Nueva Política Española» celebradas en Madrid en mayo de 1984: «El futuro español se libra en el terreno económico, no en el político». Y remachaba: «La homogeneización no se ha logrado en las clases, ni en las regiones, ni en la relación ciudad-campo, donde se unen los problemas del desarrollo y del subdesarrollo». Lo estamos viendo incluso hoy. Pero era mucho más divertido apostar por la revolución cultural como sucedáneo de una auténtica. Lo guay era la movida.

La «prueba del algodón» de que el felipismo no hizo la revolución proletaria ni la burguesa, sino un corolario de esta (la «cultural»), fue su relación con empresarios y la banca. Con el «capitalismo», en suma, enemigo tradicional de la izquierda. El comienzo, como les conté, no pudo ser más estruendoso, con la expropiación de Rumasa, que hacía temer una oleada de nacionalizaciones. Pronto se vio, sin embargo, que no era esa la intención del Gobierno. Y cuando el choque entre Guerra y Boyer por ver quién mandaba más se saldó con la salida del que había ordenado la expropiación de Rumasa y su sustitución por Carlos Solchaga la atmósfera mejoró mucho, como si el Gobierno hubiera comprendido que sin los empresarios y el capital le iba a ser muy difícil sacar adelante el país y ponerle a niveles europeos. Una vez establecida esa confianza —que a fin de cuentas es la base de una economía de producción y consumo— España empezó a crecer, apoyada en el turismo y las inversiones extranjeras, los dos grandes pilares de nuestra economía, llegándose a la paradoja de que el propio Solchaga dijese otra frase célebre: «España es el país donde más fácil es hacerse rico». Lo que en labios de un ministro de Economía socialista suena, por lo menos, extraño.

Extraño y peligroso, pues, en efecto, crecía la riqueza en España, pero crecía al mismo tiempo la corrupción. Una corrupción fomentada, de un lado, por la escasa experiencia de los españoles en la democracia —en la que vemos solo los derechos que trae, no los deberes que exige— y, del otro, las mayorías absolutas que el Gobierno González gozó en sus primeros mandatos. Pues si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Añádanle que una de sus ministras, de Cultura nada menos, llegó a decir que «el dinero público no es de nadie» —cuando es de todos— y se comprenderá el grado de irresponsabilidad al que se llegó. Nada de extraño que, en un momento de su último mandato, Felipe González se encontrase con el director general de la Guardia Civil buscado por la Policía y encontrado en el otro extremo del mundo, la directora del Boletín Oficial del Estado con cargos por la compra del papel y el gobernador del Banco de España con cuentas corrientes opacas bajo su segundo apellido.

El juicio definitivo sobre Felipe González y sus catorce años al frente de España tendrá que hacerlo la historia. El nuestro, provisional, es más positivo que negativo. Por lo pronto, supo resistir la tentación de su partido hacia el radicalismo de izquierdas, que había resultado fatal para él y para el país en la Segunda República, por lo que, de entrada, confinó el marxismo a las bibliotecas y buscó el acomodo de España en el mundo occidental, que es el que le corresponde geográfica y culturalmente. Toda una proeza para un líder del PSOE.

Su segundo legado ya no lo buscó aposta: mostró a los españoles que la izquierda puede ser tan inhábil y tan corrupta como la derecha. Puede parecer baladí, pero no lo es. La izquierda tenía en España un aura inmaculada de honestidad, idoneidad, generosidad, de eficacia incluso, tal vez por no haber nunca gobernado, excepto durante la Guerra Civil en la zona republicana, que en la práctica no cuenta. En los catorce años de felipismo pudimos comprobar que en ninguno de esos terrenos superan a los conservadores, aunque muchos de ellos siguen pretendiéndolo. Lo que no impide que la mayoría de los españoles sigan considerándose de izquierdas.

La era Aznar

A Felipe González le sucedió José María Aznar, un joven inspector de Hacienda al que Fraga había entregado los «trastos de matar» del PP, una vez comprobado que no conseguía desbancar al PSOE pese al desgaste que este padecía. Aznar lo consigue en la segunda tentativa, el 3 de marzo de 1996, cuando logra 156 escaños frente a los 141 de un PSOE capitaneado ya por Joaquín Almunia. Le queda sin embargo un poco lejos la mayoría absoluta, 176 escaños, por lo que decide pactar con CiU, que había logrado 16. Juntos tienen 172 muy cerca de aquella. Es una oportunidad y un riesgo para ambos. Aznar, como castellano, tiene que demostrar que admite la pluralidad, no el centralismo, en España. Pujol, como catalán, tiene que demostrar que quiere de verdad contribuir a la gobernabilidad de España, no solo aprovecharse de la debilidad del Gobierno central para avanzar su causa nacionalista. Para eso hace falta que ambos sean realmente lo que dicen ser: Aznar, un político de centro; Pujol un nacionalista moderado. Y ambos, dos hombres de Estado.

Ya a las primeras de cambio se comprueba que Pujol pide por sus votos un precio no solo económico, con más inversiones estatales y una nueva financiación autonómica, sino también político: la cabeza de Vidal-Quadras, el molesto líder del PP en Cataluña. Aznar se la da. Lo que le importa es llegar a la Moncloa y ponerse a gobernar, porque el país está como unos zorros tras años de alegrías y despilfarros. Con él no habrá Expos, ni Juegos Olímpicos, ni juergas, ni esperpentos, sino que cuadren las cuentas a fin de mes. ¿Cuadrarán? No será fácil, pero va a intentarlo, para algo es inspector de Hacienda. No tiene el carisma de Felipe González, un seductor nato, pero es un chico serio y formal, y al frente de la Comunidad castellano-leonesa lo ha demostrado, retirando las tarjetas de crédito oficiales a sus consejeros. Tiene también a su favor que ETA atentó contra él y no consiguió matarle, lo que indica que tiene suerte. Pero los problemas que tiene por delante son tales que muchos dudan. Sobre todo viendo a Pujol hablando y actuando como si fuera «el hombre más importante de España» sin necesidad de ser presidente del Gobierno, con todas las pejigueras que trae consigo.

«¡La economía, estúpido, la economía!» parece gritar Aznar a sus ministros, copiando a Clinton. Ese es de momento su entero programa de gobierno. A la gente le importa cada vez menos la política, le aburre el GAL y le trae sin cuidado la polémica monarquía-república, lo que le interesa es que la economía vaya bien, que se creen puestos de trabajo, que se garanticen las pensiones. Es en lo que está volcado el presidente del Gobierno. Y puede tener razón. Los españoles están hartos de escándalos, piden tranquilidad, estabilidad, vivir cada vez un poco mejor. Y parece que lo está consiguiendo, aunque los sindicatos protesten, ETA siga asesinando y muchos de su partido tuerzan el gesto ante las concesiones que hace a los nacionalistas vascos y catalanes. Si Felipe llevó el AVE a su ciudad, Sevilla, Aznar lo ha llevado a Barcelona, mientras los feudos del PP no lo ven ni en lontananza. «¡Ojalá tuviéramos en Madrid alguien que supiera defender y promover los intereses españoles como Jordi Pujol defiende y promueve los catalanes!», se dijo por aquel entonces.

Pero si el objetivo de Aznar era sacar al país del abismo económico en que lo habían dejado los socialistas, lo estaba consiguiendo: la Bolsa subía, la inflación bajaba y todos los indicadores económicos eran positivos. La explicación que me dio un especialista era la siguiente: «Por primera vez en veintitrés años se ha hecho un presupuesto económico, no político. Desde finales de la era Franco, pasando por los periodos de UCD y el PSOE, nuestros presupuestos eran políticos. ¿Qué había problemas con los astilleros, la siderurgia, la minería o el campo? Pues se le echaban unos cuantos millones de pesetas encima y en paz. El presupuesto de cada año era el del anterior, más las partidas extraordinarias que se incorporaban. Así hemos ido acumulando un déficit cada vez mayor. Hasta que ha llegado alguien que ha hechos unos presupuestos como se debe: ajustando ingresos y gastos. Ha bastado para que la confianza vuelva a la Bolsa y a la producción».

Y, al parecer, a los ciudadanos, porque cuando llegaron las próximas elecciones el 12 de marzo del año 2000 el PP no solo las ganó, sino que le sobraron votos para la mayoría absoluta: 183, quedándose el PSOE con solo 125 y convirtiendo en inútiles los 15 de CiU.

Una vez más, sin embargo, se comprueba el dicho griego de que cuando los dioses quieren perder a los hombres les llenan de triunfos. Aznar se ensoberbece. El hasta entonces cauto gobernante, atento solo a la economía doméstica, olvida esta y se lanza a la gran escena internacional, sin darse cuenta de que esa economía doméstica tiene los pies de barro, o de ladrillo, para ser exactos: en España se desata una fiebre de construcción que la hace levantar más viviendas anuales que toda Europa junta. «Compra un piso hoy y lo venderá por el doble en un año», es el consejo que corre. Todo a crédito, naturalmente, la compra del piso y la construcción del mismo. Además teníamos ya una moneda dura, el euro, lo que nos convertía en ricos y encontrábamos Nueva York barato. La euforia económica que vive Occidente anima a ello. España y su Gobierno creen haber encontrado en el ladrillo el nuevo vellocino de oro, y Aznar se dice que es hora de estrenarse internacionalmente.

Hay que reconocerle que sus primeros pasos en Europa fueron buenos. Lo prueba el éxito que tuvo en la Cumbre de Niza, donde consiguió para España más poder de decisión que todos los demás excepto los grandes —Alemania y Francia—, lo que es un estatuto que nunca habíamos alcanzado ni volveremos a alcanzar, pues lo perdimos en uno de los primeros traspiés de Zapatero.

Lo malo fue cuando Aznar quiso jugar aún más alto, en el círculo de las grandes potencias. La oportunidad se la ofreció la Segunda Guerra del Golfo, ya que en la Primera apenas intervenimos. Esta se declaró cuando Sadam Hussein, presidente de Irak, en uno de los movimientos más estúpidos que haya podido cometer un gobernante, invadió el emirato de Kuwait, rompiendo el equilibrio del llamado «polvorín del Oriente Medio». La reacción norteamericana fue la previsible: el presidente Bush (padre) ordena, el 2 de agosto de 1990, el bombardeo de Bagdad y despacha sus tropas para una de las operaciones estratégicamente más complejas desde la Segunda Guerra Mundial, ya que significa liberar un país invadido por el vecino, en otra esquina del globo, con el único anclaje de fuerzas navales y aéreas. Pero entonces se demuestra por qué los Estados Unidos tienen más portaviones que todos los demás países juntos, y las tropas norteamericanas no solo liberan Kuwait en tiempo récord, sino también infligen al Ejército iraquí tales pérdidas que ya no se recuperará nunca del todo. Eso sí, cuando llegan a la frontera con Irak, Bush da orden de que se detengan. Es una orden que muchos critican, incluso dentro de su país, porque dejaba a Sadam en el poder, pero Bush padre sabe que derribarle significa precisamente aquello que quería evitar con la operación: acabar con el frágil equilibrio en la zona más neurálgica del planeta.

Su hijo mayor, sin embargo, no se atuvo a tal estrategia cuando, tras dos mandatos de Bill Clinton, ocupa la Casa Blanca. Claro que han ocurrido muchas cosas en ese espacio. Tal vez la más importante el ataque a las Torres Gemelas neoyorkinas, el 11 de septiembre de 2001, que abre una nueva era y una nueva guerra en la que uno de los contendientes es casi un fantasma: Al Qaeda, dirigido por un islamista fanático, Bin Laden, dispuesto a atacar a Occidente donde pueda y donde más duela, para terminar derrotándolo. Estados Unidos es su principal enemigo, y el desplome de las Torres Gemelas, con sus más de tres mil víctimas, va a quedar como una de las fechas de luto en la historia norteamericana.

Su presidente no está dispuesto a olvidarlo y declara a ese enemigo una guerra sin cuartel. George W. Bush no es, según confiesa su madre Barbara, «el más listo de mis hijos», pero ha conseguido llegar a la Casa Blanca y es de los que piensan que su padre se equivocó al no acabar con Sadam cuando podía haberlo hecho. Así que anda buscando la oportunidad de hacerlo, para vengar de paso la ofensa del 11-S. La oportunidad se la ofrece el propio Sadam, que tampoco es un genio y trata de reconstruir su Ejército de todas las formas posibles. Corren rumores de que busca fabricar armas nucleares. Los inspectores internacionales que recorren sus instalaciones no encuentran indicios, pero las dificultades que les ponen las autoridades iraquíes resultan sospechosas. Y unos tubos que la CIA ha fotografiado desde el aire parecen confirmar esas sospechas a sus expertos. El presidente no necesita más. En la reunión que tiene con su Consejo de Seguridad Nacional anuncia a sus miembros que está dispuesto a atacar Irak y acabar de una vez y para siempre con Sadam Hussein. Solo el general Colin Powell, secretario de Estado, se atreve a levantar una objeción:

—Are you aware, Mr. President, that you’ll own the country?

(¿Se da cuenta, sr. presidente, de que va a hacerse cargo del país?)

Bush Jr. no responde directamente, sino como las personas enfadadas:

—Are you with me or against me?

(¿Está conmigo o contra mí?)

—With you, Mr. President, of course.

(Con usted, sr. presidente, desde luego).

Ahí se acabó el debate y comenzó la Segunda Guerra del Golfo, que duró aún menos que la Primera (del 20 de marzo de 2003 al 1 de mayo del mismo año), con George Bush proclamando desde la cubierta de un portaviones la victoria y el fin de la guerra. En lo que se equivocaba por partida doble o incluso triple: esa guerra aún no ha terminado, pues no solo tuvo que ocupar el país, sino que tuvo que abandonarlo, porque el Irak sin Sadam Hussein —que metía en la cárcel a los ayatolas— es un país destrozado por la lucha interna de sunitas contra chiitas, con parte de él ocupado por el nuevo gran enemigo, Al Qaeda, Daesh o Isis, como quieran llamarle, que ocupa también parte de los países vecinos. Completa el cuadro de pifias que los tubos tomados como parte de instalaciones nucleares eran simples tuberías. Pero Bush Jr. tuvo su cuarto de hora de gloria.

Otro que lo tuvo fue José María Aznar. Metido de lleno en la política internacional, vio su oportunidad de interpretar un papel importante en ella uniéndose al pacto antiterrorista islámico que el presidente norteamericano, al darse cuenta de que la guerra no había terminado sino comenzado, intentaba soldar a toda prisa, no encontrando demasiados aliados por temor a convertirse en objetivo de los atentados. Otro que se prestó fue Tony Blair, que, como buen inglés, estaba siempre dispuesto a echar una mano a sus primos del otro lado del Atlántico. Fue como se forjó la famosa «reunión de las Azores» entre los tres, con Portugal haciendo de anfitrión. Aznar, como víctima del terrorismo, aunque fuera de ETA, aportaba la experiencia, y tuvo una destacada intervención. Las conclusiones eran las esperadas: combatir el terrorismo con todas las armas allí donde apareciese. España, que ya lo padecía internamente, figuraba en primera línea en ese frente, y su presidente era huésped bienvenido en el rancho del presidente norteamericano.

Ese sueño acabó el 11 de marzo de 2004, cuando un atentado múltiple en Madrid contra los ferrocarriles de Cercanías causó 192 muertos y 1 858 heridos, el segundo más grave en Europa tras el de Lockerbie en 1988. La obsesión gubernamental con ETA (en realidad, de todo el país), hizo que su autoría se atribuyera a la banda criminal vasca, incluso cuando no estaba confirmado. Aquella misma tarde, una amiga norteamericana muy relacionada con su embajada me llamó para decirme: «No ha sido ETA». Debo reconocer que a mí me costó trabajo creerlo. El Gobierno insistía en su teoría y la manifestación que llenó las calles madrileñas contra el atentado fue en realidad una manifestación contra el terrorismo etarra.

El domingo siguiente, 14 de marzo, se celebraban elecciones con un resultado que hablaba muy claro del tremendo desencanto de los españoles ante la tragedia, sus perpetradores y un Gobierno que no había sabido evitarla ni evaluarla: ganó el PSOE, con 164 diputados, seguido de un PP con 148, con Rajoy al frente, ya que Aznar había decidido no presentarse a un tercer mandato. Fue una de sus decisiones más acertadas.

Con este vuelco, tan inesperado como brutal, la Transición española iniciaba su despedida. De la revolución pendiente nadie se acordaba. Bastante teníamos con los 192 muertos del 11-M, que ni siquiera sabíamos a quién adjudicar.

ZP

La suerte, esa lotería cósmica, había sido generosa con José Luis Rodríguez Zapatero en la primera mitad de su vida. Nacido en Valladolid, aunque con fuertes raíces leonesas, en el seno de una familia acomodada, apuesto, amable, sencillo, con una sonrisa eterna en sus labios que irradiaba inocencia. Había cursado la carrera de su padre, Derecho, aunque su verdadera pasión fue la política, sin destacar en un ramo ni otro, ya que lo más lejos que llegó profesionalmente fue a ayudante de cátedra, mientras políticamente ni siquiera llegó a concejal en el ayuntamiento de sus dos ciudades matrices. Solo el desbarajuste que había dejado Felipe González en su partido, combinado con la arrasadora marcha de Aznar en su segundo mandato, permiten entender que el PSOE le eligiera como candidato en las elecciones de 2004, que daba por perdidas.

Pero el destino tiene sorpresas que sobrepasan toda la imaginación humana y, de golpe y porrazo —nunca mejor usada la expresión— José Luis Rodríguez Zapatero se encontró en la Moncloa, catapultado por las bombas de los terroristas islámicos y los errores del Gobierno del PP. Y allí estuvo ocho años, dos mandatos, que podemos considerar el final, el desenlace, la agonía incluso de la Transición.

Hay dos etapas claramente marcadas en ellos, que corresponden a cada uno de los mandatos, aunque el espíritu que los mueve es el mismo. Que Zapatero, o ZP, como empieza a llamársele, es un hombre más de izquierdas que Felipe González y toda la primera hornada de socialistas que le acompañaron en la transformación del PSOE y el gobierno del país lo demostró desde el primer momento que alcanzó el poder. Una izquierda clara, simple, idealista, utopista incluso —«roussoniana» la llamarían los expertos—, que parte de la contradicción de considerar que el «el hombre nace libre y por doquier se encuentra encadenado», como escribió el pedagogo ginebrino, por lo que hay que liberarle de esas cadenas, al mismo tiempo que achaca al capitalismo, protagonizado también por hombres, todas las desgracias que ocurren en este mundo, que hay que combatir. Es la clásica actitud de los adanistas, de los que desprecian todo lo ocurrido anteriormente y quieren empezar de cero, anteponiendo sueños a realidades. De ahí que ZP perteneciese al grupo minoritario, pero en aquel momento en el poder, convencido de que en la Transición se habían cometido demasiados errores, se habían olvidado demasiadas cosas y hecho demasiadas concesiones al franquismo, que urgía corregir. Montado en el «boom del ladrillo», que hizo creer ricos a muchos españoles, empezando por los gobernantes, no perdió tiempo en lanzar una ofensiva legal en ese sentido que dejaba chico todo lo hecho durante la «revolución cultural»: legalización del matrimonio homosexual, Ley de Dependencia, Ley de Igualdad para la Mujer, con tribunales especiales para la violencia contra ella, intentos de negociación con ETA y nuevos Estatutos para el País Vasco y Cataluña, prometiendo a los catalanes «darles lo que ellos decidiesen», con lo que arma un formidable lío pues, lógicamente, piden más de lo que legalmente puede dárseles, prácticamente el «derecho a decidir», algo que solo tiene el pueblo español en su conjunto. Tiene que arreglarlo el Tribunal Constitucional con una sentencia que crea mala sangre tanto entre aquellos nacionalistas, que ven frustrados sus sueños, como en el resto de los españoles, que consideran que se han hecho demasiadas concesiones al independentismo.

El último y más grave paso en este sentido es la llamada «Ley de la Memoria Histórica» (26 de diciembre de 2007) por la que «se reconocen y amplían los derechos de los que padecieron violencia durante la Guerra Civil y la dictadura». El capítulo más negro de nuestro pasado reciente, que intentó cerrarse con la Transición, vuelve a abrirse. Como las tumbas de los fusilados por los «nacionales», a lo que se dedican hasta 14 organizaciones privadas. Al darse cuenta de los riesgos de venganza en ambos sentidos que conlleva, el Gobierno advierte que la ley no incluye las «fosas comunes». Pero es demasiado tarde, y la Ley de la Memoria Histórica termina por no satisfacer a un lado ni a otro, como podía preverse. En el capítulo dedicado a la Segunda Transición analizaremos esta ley con la profundidad que merece.

La política internacional no interesa apenas a Zapatero, aunque toma en ella dos decisiones de gran calado. Por un lado ordena la retirada de las tropas españolas de Afganistán sin avisar siquiera a los aliados, lo que les crea problemas estratégicos, aunque lo que más les molesta es que recomienda a los demás países que tienen allí destacamentos que hagan lo mismo. «Ese hombre no hace más que ponernos zancadillas» oí decir a un funcionario medio norteamericano.

Con el resto del mundo, sin embargo, no puede ser más amable y lanza su otro gran proyecto exterior: la Alianza de Civilizaciones, una idea, o simple aspiración, grandiosa, llena de buenas intenciones y etéreas realidades pues, que sepamos, no ha producido hasta la fecha más que palabras.

De bajarle de las nubes se encarga la mayor crisis económica que asola el mundo tras el desplome del banco de inversiones Lehman Brothers. Una tras otra, las instituciones que habían aprovechado la desregulación bancaria para crear unos valores «sub-prime», que no eran otra cosa que el viejo «sistema piramidal» puesto al día por la ingeniería financiera, van cayendo como fichas de dominó. Se trata de un auténtico terremoto con billones de pérdidas. En España, como si nada. ZP la cree inmune a la catástrofe, e incluso anuncia muy orgulloso que «ya hemos sobrepasado a Italia y pronto sobrepasaremos a Francia», mientras su vicepresidente y ministro de Hacienda, Pedro Solbes, se permite el lujo de reírse del asesor económico del PP, Manuel Pizarro, en el debate televisado que sostienen antes de las elecciones de 2008, afirmando que España está más que blindada ante esta crisis. Pocas veces se habrá visto tamaño cinismo en un político español, pues el presidente podía seguir en esa nube, pero Solbes tenía que saber que, en realidad, vivíamos encima de una bomba de relojería.

La bomba estalló en la madrugada del 9 de mayo de 2009, cuando el presidente Obama despertó a Zapatero de su sueño natural y político para decirle que acababa de llamarle la canciller alemana, Angela Merkel, alarmadísima, porque España, la quinta economía de la Eurozona, podía declararse en quiebra y «el presidente español no hace nada ni escucha a nadie, poniendo en peligro la estabilidad económica europea, por lo que le rogaba insistiese sobre él para hacerle ver la gravedad de la situación».

Hay que reconocer que José Luis Rodríguez Zapatero no solo escuchó a Obama, sino que siguió al pie de la letra sus instrucciones, con el mayor programa de ajustes tomado en España, que rebajaban incluso las pensiones, por no hablar ya del sueldo de los funcionarios. El Consejo General de Economistas ha hecho balance del destrozo causado por la crisis en España: «Mientras el PIB se contrajo un 6 %, la producción industrial manufacturera y el número de empresas se redujo un 30 %, lo que se ha traducido en la destrucción de 750 000 empleos, dejando el sector con un 25 % menos de trabajadores», dice en su informe.

El segundo mandato de Zapatero se alargó todavía dos años más a trompicones, pues era evidente que lo que hacía no le gustaba y lo que le gustaba no podía hacerlo. Un compás de espera, una pausa hasta que alguien viniese a arreglar los desaguisados que había hecho, mientras los españoles se preguntaban si la Transición había sido tan buena como habían venido creyendo.

Desde luego, de revolución, de cualquier clase, ni rastro.

16
LA SEGUNDA TRANSICIÓN (2011-2016)

Hay un gran debate sobre cuándo empezó, política e históricamente, el siglo XXI. Desde luego, que no empezó el 1 de enero del año 2000 lo demuestra que las cosas siguieron durante un año y medio prácticamente igual. De ahí que, para la mayoría de los observadores, el nuevo siglo empezó el 11 de septiembre del 2001, cuando aviones secuestrados por terroristas islámicos se estrellaron contra las Torres Gemelas de Manhattan y el Pentágono en Washington. Que se trataba del comienzo de una nueva guerra de dimensiones incalculables era innegable. Pero guerras las ha habido siempre y, por desgracia, parece que seguirá habiéndolas, por lo que hay quien sitúa el comienzo del nuevo siglo en el 15 de septiembre de 2008, cuando Lehman Brothers, una de las mayores firmas de inversiones mundiales, se declaró en bancarrota, provocando un auténtico cataclismo financiero internacional y la mayor crisis económica desde la de 1929, cuyos aftershocks, o sacudidas posteriores, aún notamos, lo que ha permitido decir a algunos que cambiamos no solo de siglo sino también de era. Basta observar los cambios estratégicos, políticos y económicos en Estados Unidos, Rusia, Europa y el mundo árabe, para suponer que tienen razón. En cualquier caso, estábamos en un escenario completamente nuevo.

España, como siempre, tardó en incorporarse a la nueva etapa histórica. Podríamos decir que la llamada de Obama a Zapatero el 9 de mayo de 2009 marcó el comienzo de la misma, al dar paso a los años de vacas flacas, tras los de vacas gordas, aunque engordadas artificialmente. Pero el zapaterismo no tenía la voluntad de cambio ni el espíritu de sacrificio que exigía la nueva coyuntura y se alargó —arrastró más bien— en su adanismo durante otros dos años en los que la situación tanto económica como política no hizo más que deteriorarse en espera de las siguientes elecciones.

Se celebraron el 21 de diciembre de 2011 y las ganó, como estaba cantado, el PP, con Mariano Rajoy al frente, por mayoría absoluta: 186 diputados. Un PSOE dirigido por Alfredo Rubalcaba tuvo que contentarse con 110, su peor resultado hasta entonces en la democracia, seguido de una CiU con 16, ya con la independencia in mente. Es lo que permite decir que el siglo XXI español comienza en esa fecha. Lo anterior era todavía siglo XX, con sus características y condicionamientos, que, pese al fogonazo de la Transición, no era precisamente como para tirar cohetes.

La Transición cuestionada

Si le hubiéramos preguntado a Rajoy qué clase de revolución buscaba, seguro que nos hubiese contestado, con asombro, que ninguna. A él no le interesaba, ni puede que interese, ningún tipo de revoluciones. Todo lo más, evoluciones en la dirección del centro-derecha, que para él garantiza el progreso y la estabilidad de las naciones. Así que, tras comprobar que el déficit dejado por Zapatero era aún mayor del que había dicho, su programa de gobierno se concretaba a estos tres puntos:

— Evitar el rescate de España.

— Reducir el déficit a los parámetros señalados por Bruselas.

— Iniciar la recuperación.

O sea, que otra vez podía haber dicho lo que Clinton a uno de sus consejeros, que le venía con la monserga de la política: «¡Es la economía, estúpido!», pero no lo dijo porque es un hombre educado, aunque puso toda su labor de gobierno al servicio de la economía. Hasta cierto punto tenía razón, pues si falla la economía, no hay política social, ni de seguridad, ni educativa, ni de ninguna clase, al no poderse pagar las pensiones, los profesores, la policía, ni nada que garantice un nivel de vida adecuado. De ahí que, para él, todo lo demás podía esperar, incluidas las promesas que había hecho en campaña —comenzando por la bajada de impuestos—, los problemas territoriales, el cambio de estrategia de ETA —al pasar de la «lucha armada» a la arena política— o los escándalos que, como bombas de relojería, explotaban en todos los territorios, instituciones y partidos, incluido el suyo. Por olvidarse, incluso se olvidó de explicar por qué estaba haciendo todo aquello tan desagradable. Un grave error en democracia, donde la comunicación interpreta un importante papel. De ahí que, aunque haya logrado su objetivo económico —evitar el rescate, poner España en el camino de la recuperación—, políticamente se encuentre tan cuestionado como el primer día. O más, pues sus enemigos, que son todas las demás fuerzas políticas, van a por él, al darse cuenta de que, como triunfe, no verán el palacete de la Moncloa más que desde el coche cuando pasen por la A-6 camino de sus chalets, si es que los conservan. Es de lo que vamos a ocuparnos en esta post-Transición, que en bastantes aspectos es anti-Transición y ha hecho de la política española un tobogán o una batidora.

Han sido cuatro años de penitencia por los excesos anteriores, con los recortes, ajustes y austeridad prevaleciendo sobre el resto de la labor de gobierno, algo que puede permitirse una democracia asentada, en un país estructurado con una opinión pública madura, pero no una democracia recién instaurada como la española, con un problema territorial grave y una sociedad convencida de que el dinero cuelga de las ramas de los árboles. El desencanto que siguió a la euforia de la Transición, al comprobarse que la democracia no solucionaba como por ensalmo todos los problemas del país, no fue nada comparado con el amargo desengaño de ver que estábamos al borde de la bancarrota cuando nos creíamos ricos. Más, al no estar los españoles acostumbrados a asumir responsabilidades. Preferimos echar las culpas a los demás. Los que sean. Y la cabeza de turco más a mano era la Transición. Ya durante el mandato de Zapatero había sido objeto de críticas que revivían la polémica entre ruptura y reforma, zanjada a favor de esta última, aunque seguía habiendo quienes sostenían que la Constitución del 78 «había tenido que pasar por las horcas caudinas de los sables». Ahora se trataba de meterla en el cuarto de los trastos viejos.

Memoria Histórica

El éxito tanto político como económico de la Transición en sus dos primeras décadas acalló esas voces críticas, con la inmensa mayoría de los españoles satisfechos e incluso orgullosos de la misma y de sus resultados. Pero cuando el globo estalló con la gran crisis económica, la vieja polémica revivió y empezaron a encontrársele fallos: el primero, la amnistía de cuantos crímenes y barbaridades se había cometido durante la Guerra Civil. Una injusticia, decían los críticos, porque los perdedores ya habían pagado duramente por esas barbaridades —exilios, expedientes, cárceles, incluso condenas a muerte— mientras los vencedores se habían ido de palmitas. A lo que los defensores de haber pasado página argüían, invocando el consejo bíblico de «dejar a los muertos enterrar a los muertos», que la revancha solo conduce a más muertos.

Conviene advertir que España no fue el único país que se encontró en tal dilema. Alemania e Italia, tras el hundimiento del nazismo y el fascismo, y los países de Europa del Este, tras el desplome del Imperio soviético, se encontraron en la misma tesitura. Alemania fue la que tomó las medidas más drásticas con el Entnazifizierung —la desnazificación—, que alcanzó a todos los estamentos de la sociedad, mientras el resto adoptaron medidas como los procesos a los colaboracionistas con «Democracias Populares», nombre que adoptó el comunismo de inspiración soviética que, al desplomarse, ha dejado paso a Gobiernos ultraconservadores, como ha ocurrido en Polonia, Hungría o en la propia Rusia, que, tras la Perestroika de Gorbachov (su versión de la Transición), está gobernada hoy por un antiguo miembro de la KGB.

España, como quedó dicho, eligió un camino intermedio, aunque más cerca de pasar página que de ajustar cuentas. Algo que quiso corregir Zapatero con su Ley de Memoria Histórica de 2007, para rescatar del olvido a los vencidos, algo que llevaba implícito reabrir fosas, viejas heridas y antiguas polémicas. Nadie puede negar a unos familiares el deseo de que los restos de sus antepasados, muertos en el fragor de una Guerra Civil y enterrados en fosas comunes o simples hoyos de cunetas, encuentren sepultura decente para rendirles el cariño y recuerdo que merecen. Pero, aparte de la dificilísima tarea de dar con esos restos tras tantos años —y el mejor ejemplo es la búsqueda de los de Lorca—, era inevitable revivir una de las más feroces contiendas, entablada entre hermanos que se consideraban sus peores enemigos. Hay, por otra parte, un fallo en el planteamiento de la entera cuestión: mientras la memoria es subjetiva, individual, con una narración distinta de cada testigo —lo que ejemplifica Rashomon, la película japonesa sobre una violación múltiple, con versiones diferentes de los protagonistas como si se tratase de hechos distintos—, la historia es un acontecimiento colectivo, o debiera serlo mejor dicho, pues con frecuencia se introduce en ella el punto de vista de quien la narra, como ocurre en los fenómenos de la física subatómica, contaminados por quien los observa. Lo que explica que la Memoria Histórica de Zapatero no satisficiera a nadie, ni a los vencedores de aquella contienda, que se creyeron sentados en el banquillo de los acusados, ni a los vencidos, que se consideraron, de nuevo, injustamente tratados, pues el cambio de nombre de algunas calles o la retirada de algunas estatuas, que es lo que se ha hecho, no satisface en modo alguno sus reivindicaciones. Muestra de lo que decimos es la controversia interna en el ayuntamiento de Madrid, donde la alcaldesa Manuela Carmena retiró a la concejala de Cultura, Celia Mayer (Podemos), la competencia de Memoria Histórica, tras varios errores en el cambio del callejero y monumentos «por precipitación o por falta de conocimiento», según la nueva encargada, Paca Sauquillo, una veterana socialista. A lo que Mayer ha respondido con el ardor de la juventud y la virulencia de su partido: «No habrá concordia ni reconciliación posible mientras siga habiendo muertos enterrados en las cunetas». La controversia ha querido zanjarse poniéndola en manos de un «comité de expertos» mucho más equilibrado, que deberá decidir qué se quita y qué se deja, aunque falta por saber si llegarán a un acuerdo. Y si esto ocurre entre fuerzas políticas afines, es fácil imaginar lo que sucede entre las ideológicamente distintas. En cualquier caso, a la Transición, que tan bien empezó, se le empezaron a encontrar cada día más fallos, y que no ha convertido a España en un país moderno, próspero, tranquilo, que resuelve sus problemas por la negociación y el pacto está a la vista.

Uno de nuestros grandes novelistas actuales, Juan Marsé, testigo a la vez del franquismo y posfranquismo, ha escrito: «La Transición española se construyó sobre la base de la memoria pactada; el gran sacrificado en España es la memoria colectiva. La desmemoria fue decretada en este país oficialmente a partir de la Transición y después macerada y propiciada por determinadas políticas culturales; nos robaron y adulteraron el pasado». Marsé incluso la ha convertido en la protagonista de su última novela, cuyo título no puede ser más expresivo: Esa puta distinguida. Tomando como hilo el asesinato de una prostituta de alto estándar en la Barcelona de los años 40 del pasado siglo y convencido de que «el escritor es memoria o no es nada; el pasado no acaba de pasar nunca», nos presenta «esa España triste, remendada y presumidilla de la posguerra» y, de paso, ajusta cuentas con la Transición, identificándola con «esa puta distinguida» con mucha mayor contundencia que todos los politólogos que se han dedicado a estudiarla. Si me he detenido en este punto es para mostrar el deterioro sufrido por lo que veníamos creyendo que era el momento más brillante de nuestra reciente historia. Es posible que Marsé, como artista, exagere. Pero que expresa una opinión bastante generalizada hoy sobre ese momento lo demuestran dos de los muchos libros aparecidos sobre ella. Desafección, populismo, antipolítica, titula José Manuel Ortí Bordás el suyo, enumerando los tres escalones que la crisis ha producido en el ánimo de los españoles. El fracaso, más general que particular (el español nunca asumirá culpas, siempre serán «de los demás»), crea desafección hacia el sistema, que a su vez genera populismo (soluciones simples para los problemas complejos) tanto de izquierda como de derecha, con escepticismo hacia la democracia, que el autor denomina «antipolítica», con aparición de partidos nuevos, aunque sean los antiguos reciclados. Mientras, Tom Burns Marañón usa la metáfora en el título de su documentado libro sobre la Transición, De la fruta madura a la manzana podrida, para contarnos cómo lo que empezó tan brillantemente llevaba en sí el gusano del fracaso: la cerrazón y jerarquización del poderoso aparato de partidos. «Desde entonces —escribe Burns Marañón— el sistema político español ha huido de cualquier saludable ejercicio de catarsis. Las elecciones las ganan todos, incluso los que las pierden. El partido estigmatiza a todo el que pretende provocar un debate interno, y excomulga al que osa lavar en público la ropa sucia de sus órganos directivos». Lo que aquí hemos llamado partitocracia.

Corrupción y partitocracia

¿Cómo pudo ocurrir un cambio tan brusco, tan radical, sobre un acontecimiento tan reciente? Lo atribuyo a la conjunción de dos fenómenos que, si individualmente podían calificarse de graves, juntos adquirían la potencia de un tsunami o de una explosión termonuclear. Me refiero a la ya citada crisis económica y a la salida a la luz de una serie de escándalos de corrupción que afectaban no solo a los dos grandes partidos, sino también a instituciones del Estado, alcanzando incluso a la Casa Real, tanto en la persona del entonces monarca, don Juan Carlos, como de su hija, la infanta Cristina. Al rey le costó la abdicación en su hijo. A la infanta, sentarse en el banquillo por los negocios turbios de su marido. En el banquillo va a sentarse también el PP, por la contabilidad B que lleva su tesorero (caso Gürtel), y el PSOE, por el fraude en el dinero destinado a los parados (caso ERES), con centenares de implicados. Por si ello fuera poco, se descubre el saqueo de las Cajas de Ahorro —las instituciones más venerables del sistema financiero español— a cargo de sus administradores, partidos, sindicatos y exaltos cargos, que llevan a la bancarrota a buena parte de ellas. Tampoco la gran banca sale limpia, pues se descubre que las «acciones preferentes» que había colocado entre sus clientes más ingenuos como valores seguros eran en realidad productos de alto riesgo, por lo que muchos de ellos vieron volatilizarse los ahorros de toda la vida, hasta que los tribunales intervinieron para impedir los casos más sangrantes.

Que la corrupción es un detritus de la imperfecta naturaleza humana nadie lo niega, de ahí que siempre haya existido y, por desgracia, seguirá existiendo. La diferencia viene de si se tolera o si se persigue y castiga. En las dictaduras apenas sale a la luz, al ocultarse por ser monopolio de quienes ocupan el poder, mientras en la democracia la corrupción es noticia frecuente, ya en las páginas de sucesos, ya en las de tribunales. Lo peor es si se hace endémica, quiero decir, si se incrusta en el sistema, primer paso para acabar con él, pues una democracia que hace sitio a la corrupción, como la de Ademar de Barros, aquel alcalde de Sao Paulo que decía «Eu robo, pero fago» —«Yo robo, pero hago»—, deja de serlo al romper una de las normas fundamentales de las democracias: la igualdad de oportunidades de todos sus ciudadanos.

Este, por desgracia, fue el estadio al que condujo la partitocracia instalada en España por la Transición, movida por uno de sus impulsos más característicos: hacer justo lo contrario de lo que había hecho el franquismo. Si este había puesto todo su empeño en erradicar los partidos políticos, a los que achacaba todos los males de España, a los redactores de nuestro nuevo ordenamiento constitucional no se les ocurrió otra cosa que dar a los partidos tales poderes que prácticamente los convirtieron en hegemónicos: el poder ejecutivo lo controla, por principio, el partido que ha ganado las elecciones, con el PP o el PSOE alternándose en el poder, lo que hace recordar a algunos los turnos rotatorios de la Restauración. Gracias a una Ley d’Hont generosísima con los más votados controlan también las Cámaras, esto es, el poder legislativo. Y, no contentos con ello, como quedó dicho al explicar la Constitución del 78, se las ingeniaron para controlar también el Consejo General del Poder Judicial, máximo organismo de los jueces, cuyos 20 miembros son elegidos por el Congreso, o sea, por ellos, que controlan así también el poder judicial. El copo, vamos.

Los privilegios que se autoconcedieron los políticos empezaban por el aforamiento —solo el Tribunal Supremo podía juzgarles— y terminaban por unas pensiones mucho más generosas que las de los demás ciudadanos, pues podían cobrarlas habiendo cotizado mucho menos que el resto, aparte de viajes gratis, dietas y toda una serie de canonjías queles convertían en lo que Milovan Djilas llamó «la nueva clase» en los países del Este europeo, formada por la nomenklatura del Partido Comunista, solo que en la España de la Transición eran los partidos los que la formaban, con todo tipo de privilegios. Algo que encaja con la más nefasta de las tradiciones políticas españolas: quien ocupa el Gobierno se convierte, como por arte de magia, en dueño y señor de las vidas y haciendas de sus habitantes. De ahí el drama de los «cesantes» despedidos en cada cambio de Gobierno en el siglo XIX y que, en el XX, el bando vencedor actuase como si aquella España entera le perteneciese por haber ganado la Guerra Civil. Pues bien —o mal—, llegada la democracia, nuestros partidos políticos han venido actuando como si España les perteneciera por haber ganado unas elecciones generales, autonómicas ¡e incluso municipales! Además, y esto es lo más grave, con la aquiescencia de la mayoría de los españoles. La reflexión en voz alta «voy a ver si mi amigo el alcalde (o diputado o secretario del partido) coloca a mi hijo tonto, pues el listo ya se las arreglará por su cuenta», describe una situación nada sana democráticamente. Como el grito multitudinario: «¡Felipe, colócanos a todos!», que podría dirigirse a cualquiera de sus sucesores en la Moncloa.

Podría incluso irse más lejos. La picaresca tiene en España una tradición más larga y sólida que la democracia, que todavía está en mantillas. Basta recordar que ocupa todo un género en nuestro acervo literario, y no de los peores, excepto en el tema. El Lazarillo de Tormes, el Buscón llamado don Pablos, Guzmán de Alfarache, Estebanillo González y tantos otros son celebrados, por no decir admirados, por un público que ha hecho decir a Álvaro Martínez que «de todas las especies del Homo hispánicus puede que el gorrón sea la más antigua y rica en variedad». En la Transición los tuvimos de toda índole, desde banqueros a grandes empresarios, desde políticos de alto nivel a directivos de organizaciones benéficas, desde grandes estafadores a simples asalariados que se dejaban jubilar irregularmente por su partido o sindicato, en fin, desde «las cabañas a los palacios», para usar un símil literario. Añadan el escaso sentido de la responsabilidad, tanto individual como colectiva, que existe entre nosotros —el responsable es siempre otro— y tendrán el escenario perfecto para que la corrupción se fuera apoderando de la vida pública como una mancha de aceite. A fin de cuentas, el español da por sentado que su familia, sus amistades o su partido le ayudarán a obtener ventajas sobre los demás, siendo como es un pecado de lesa democracia. Diría más: la simple recomendación, para un examen, para una oposición o para obtener un puesto de trabajo, en España no es solo habitual, sino prescriptiva, sin que asuste ni asombre a nadie. Pues bien, se trata de una práctica corrupta, al dañar los derechos de quienes tienen más méritos. Algo que sorprenderá a casi todos los españoles y hasta puede indignar a algunos.

Para resumir lo dicho: los partidos se convirtieron en el vehículo más rápido y seguro para alcanzar dinero y prestigio en la España de la Transición, por lo que no tiene nada de extraño que atrajeran una riada de arribistas más interesados en buscar su propio beneficio que el de la ciudadanía. Mientras reinó la idea de aquel ministro que dijo que el nuestro era «el país donde más fácilmente podía uno hacerse rico», la cosa se toleró, al creer todo el mundo que tarde o temprano, de una forma u otra, podía tocarle la lotería de un «buen enchufe». Eran los tiempos del «pelotazo», del «boom del ladrillo» y de personajes que se habían hecho célebres y millonarios de la noche a la mañana. Pero al estallar la burbuja y empezar los recortes, pues en otro caso nos íbamos por la cañería, comenzaron las quejas, que se convirtieron en clamor popular al descubrirse los latrocinios de todo tipo que se habían hecho desde las instancias públicas, sin quedar ninguna de ellas inmune, en contraste con una ciudadanía que vio descender de golpe su nivel de vida. Un estudio del BBVA dice que la crisis expulsó de la clase media a tres millones de españoles, con un amplio segmento de ella yendo al paro. Ha producido el efecto, como les decía, de un terremoto fuerza nueve o una explosión termonuclear.

Indignados y conflicto de generaciones

Retomando el hilo de los acontecimientos, me atrevo a fijar el cambio de siglo y de era en España en el 15 de mayo de 2011, cuando los «indignados» montaron su campamento en la Puerta del Sol madrileña, con toda su reata de tiendas, bártulos, pancartas, guitarras, perros, altavoces y demás parafernalia, dispuestos a mostrar al gran público su disconformidad con lo que estaba ocurriendo en el país y con quienes hasta entonces lo habían llevado. Conviene decir que, como suele ocurrir a lo largo de nuestra historia, la inspiración venía de fuera. Concretamente de un nonagenario, Stéphane Hessel, que con un librito —pues apenas llegaba a las cien páginas— había logrado un enorme eco entre la juventud europea, que adoptó su título, ¡Indignaos!, como consigna de su movimiento de protesta. Y aquí quiero llamar la atención sobre un punto al que no se le ha dado la importancia que, a mi entender, tiene.

Es posible que los historiadores del futuro consideren la gran depresión de 2008 tanto o más que una crisis económica, un conflicto de generaciones, al contarse los jóvenes entre sus principales protagonistas. Muy a su pesar, conviene añadir. Pues, por primera vez en más de medio siglo, toda una generación se encontró de golpe y porrazo con que tenía menos salidas, sueldos más bajos y más dificultades que la de sus padres. En todos los sectores de la sociedad, incluida la política. Nada de extraño que su indignación alcanzase niveles de confrontación abierta y reivindicación agresiva. Aunque la tensión padre-hijo es una constante histórica (con el complejo de Edipo como su manifestación más espectacular y, posiblemente, menos sólida), nunca había aparecido de forma más clara y extendida como en el movimiento de los indignados, ya que el «no te fíes de nadie con más de treinta años» del movimiento hippie de los años 60 del pasado siglo era más una pose, una moda que desapareció en cuanto sus líderes, los Beatles los primeros, fueron cruzando esa barrera de edad. Aparte de otro factor: indignados los había también entre los padres. Unos por haber perdido su empleo, otros por ver que sus hijos no lo encontraban, con un tercer grupo que protestaba sencillamente por su disconformidad con los escándalos que estaba viendo. Fue lo que hizo tan ancho y vociferante el grupo. Me creo obligado, sin embargo, a hacer una advertencia al respecto, para dejar las cosas en su sitio: es verdad que las últimas generaciones no lo tienen tan fácil como las anteriores. Pero gozan de una libertad y de unas posibilidades que ni soñar podían aquellas, al moverse ya en un mercado global, lo que multiplica las oportunidades, y haber desaparecido numerosos tabúes, incluido el sexual, que no es cosa baladí. Algo que, como todo en este mundo, hay que pagar. A veces, incluso a un precio superior a lo que se obtiene. Pero acostumbrados como estamos a la idea del «progreso continuo e ininterrumpido», consideramos derechos adquiridos los logros ya alcanzados y exigimos que, por lo menos, se mantengan. Un imposible, pues el progreso necesita destruir algo para obtener algo mejor. Lo malo, como digo, es si se obtiene algo peor, ya que el progreso, como muestra la historia, no es lineal sino zigzagueante, habiendo etapas históricas en las que se retrocede para dar luego un gran salto adelante. El mejor ejemplo es el de la culta Alemania antes de Hitler, la brutal bajo Hitler y la actual.

En cualquier caso, de esa protesta, y, concretamente, del 15-M, con sus acampadas, manifestaciones, «democracia participativa», escraches e incluso «asaltos al Congreso» tanto español como catalán, nace un escenario socio-económico completamente nuevo. La rebelión alcanza, como queda dicho, a todas las capas sociales: desde los muchachos que ni siquiera han acabado el bachillerato para dedicarse a la construcción y que, al detenerse esta, van directos al paro, a los universitarios que no encuentran empleo pese a tener carreras, doctorados y todo tipo de cualificaciones. También en la política nacen nuevos partidos, dispuestos a sustituir a los anteriores, que consideran «casta» en el peor sentido de esa palabra, es decir, arrogantes, egoístas, anticuados, ineptos y corruptos. Un párrafo de Cayetana Álvarez de Toledo (El Mundo, 28.04.2016) describe la situación con frases como latigazos: «Hemos generado expectativas de bienestar infinito sabiendo que eran imposibles de cumplir. Hemos antepuesto nuestros prejuicios ideológicos a una educación de calidad, formando los adultos con la comprensión lectora más baja de la OCDE. Hemos hecho negocio con la corrupción: con su ocultación y con su denuncia. Hemos contribuido a la banalización de la política y a la politización de la justicia…». El cuadro lo completa una frase de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, impagable: «Ser okupa es una forma de vida». Solo falta asignarles un sueldo.

Podemos y Ciudadanos

Eran juicios que compartían buena parte de los españoles, creándose un caldo de cultivo ideal para nuevas formaciones políticas, que han tenido un crecimiento espectacular, pues si una cosa no aguantamos los españoles es ser menos que los demás, aunque en ese cabreo generalizado haya habido un ingrediente no cuantificado de envidia transformada en furia contra los sinvergüenzas que han hecho fortunones a costa de los demás, que políticamente se encauzaría hacia los llamados partidos «emergentes».

Podemos y Ciudadanos, los dos principales, tienen entre sí tantas semejanzas como diferencias, algo que se refleja en sus respectivos líderes, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Jóvenes ambos —andan en la treintena de años—, con dominio de las técnicas audiovisuales y amplias dosis de carisma, son, humana y políticamente, la cara y cruz de la moneda. Iglesias ha elegido como vehículo de su mensaje una versión extrema de la izquierda, que le emparienta con el leninismo por un lado y el chavismo por el otro, dándole un colorido difícil de olvidar, como su figura y vestimenta. Detrás de ello, sin embargo, hay un táctico frío y calculador, un jugador al que no le arredra apostar a lo más alto. Su último objetivo, que no oculta, es desplazar al PSOE como referencia de la izquierda española, competir mano a mano con el PP y ganarle para implantar en España un régimen «de progreso», aunque no se ha molestado en detallarnos qué clase de progreso, si bien en alguna ocasión ha aludido a la socialdemocracia escandinava. Pero por los informes que ha hecho a varios regímenes populistas hispanoamericanos sabemos que poco o nada tiene que ver con esa socialdemocracia ni con ninguna otra, sino que más bien se trata de un comunismo de fuerte acento caudillista. Oyéndole y observándole, destaca en él una tendencia a la violencia, un instinto vengativo, un enojo que no sabemos si es real o fingido, pero que encaja muy bien en la atmósfera de indignación que reina en España tras los duros ajustes económicos y los casos de corrupción descubiertos. «La guillotina es la madre de la democracia», es su frase más célebre. Sus alusiones a las «bofetadas» a los «fachas» son también sonadas, como los desplantes a los periodistas y a todo tipo de interlocutores. De entrada no le pasaron factura, al revés, engrandecieron su imagen y taparon las partes más oscuras de su mensaje, como sus relaciones con los regímenes venezolano e iraní, lo que advierte del resentimiento almacenado en el país. Tiene entre los jóvenes, universitarios sobre todo, su mayor reserva de seguidores, pero también entre los mayores en paro e incluso entre los en nómina que han perdido la confianza y el respeto a los partidos tradicionales.

Todo ello encaja perfectamente con el culto al «todo o nada», la fascinación por la sangre, el impulso cainita y el «disparar primero para apuntar después» que, nos guste o no, forma parte del carácter español, junto a cualidades mucho más positivas, pero que en los momentos de crisis se ven arrolladas por aquellas. Son por las que Pablo Iglesias ha apostado. Hasta ahora le ha ido bien, pero es imposible mantener esa tensión tanto tiempo, lo que, unido a discrepancias entre lo que dice y hace, está causando algunas grietas en su armadura, que él se apresura a cerrar. Luego las analizaremos, pues de ellas depende nada más y nada menos que el futuro de España.

Casi de la misma edad que Iglesias, pero de ideología y talante muy distinto, es Albert Rivera, líder de Ciudadanos. Tienen, sin embargo, una meta común: si Iglesias quiere convertirse en la referencia de la izquierda española, desbordando al PSOE, Rivera intenta convertirse en la referencia de la derecha —del centro-derecha para ser exactos— desplazando al PP hacia la extrema derecha, trasnochada y sombría. Todo lo que tiene el líder de Podemos de beligerante, truculento y agresivo lo tiene el de Ciudadanos de amable, sonriente y dialogante: «el yerno que todas las madres desean», se decía de él. Ya su plataforma de entrada en la política estuvo marcada por la buena estrella, pues se presentó en una Cataluña presa de la fiebre nacionalista como un catalán que cree en España y en la posibilidad de compartir ambas lealtades, lo que le serviría de excelente tarjeta de visita para presentarse en el resto de la nación. Su éxito electoral no puede compararse con el de Iglesias, pero de todos modos los 40 escaños que sacó el 20-D no estaba nada mal para un partido que hasta entonces había limitado su actividad a Cataluña, y le convirtieron en el «objeto de deseo» de los dos grandes, que quedaron lejos de una mayoría suficiente para gobernar. Se le consideraba «la marca blanca del PP», de ahí la sorpresa de que hiciera con el PSOE un pacto de gobierno. Hasta qué punto le benefició o dañó no lo supimos hasta las elecciones del 26 de junio, que Rivera enfocó volviendo a su posición de partida: el centro, que es donde está su caladero de votos y que puede haber perdido, al menos en parte, al pactar con el PSOE. En cualquier caso, de que tanto Ciudadanos como Podemos están aquí para quedarse no cabe la menor duda. La incógnita es si como protagonistas, como pretendían, o como escuderos o muletas de uno de los tradicionales, que es muy distinto.

Rajoy

Apuntamos que el plan de gobierno con que Rajoy llegó a la Moncloa fue esencial y casi exclusivamente económico: evitar el rescate, poner orden en las finanzas públicas, iniciar la recuperación. Olvidándose de todo lo demás, lo que fue un gran error. O errores, mejor dicho, pues los olvidos incluían consentir a un asesino en serie como Bolinaga salir de la cárcel para disfrutar los últimos años de su vida en su pueblo natal, un agravio a las víctimas que causó. O tener consideraciones con presuntos corruptos de su partido, como Bárcenas, enviándole mensajes de ánimo, una ofensa a los millones de españoles que le habían votado y, muy en especial, a los cientos de miles de militantes honrados de su partido. Incluso el destinar a un controvertido ministro como Wert a París como regalo de bodas fue un desplante a la democracia, donde los jefes de Gobierno no están para hacer favores a los amigos, sino para predicar con el ejemplo. Han sido errores graves, agrandados por la crisis, cuando ese ejemplo era más necesario que nunca.

Acertó, sin embargo, en su principal objetivo: la economía española volvía a crecer, incluso a mayor ritmo que la del resto de Europa. El paro bajaba, lentamente, eso sí, y con buena parte de los puestos de trabajo que se creaban precarios, pero es la tónica de nuestros días y, puede, de nuestro tiempo. Lo importante era que se estaba dando la vuelta a la situación, porque sin crecimiento económico no se pueden pagar las pensiones, mantener los hospitales, ni las escuelas, ni la seguridad ciudadana ni eso que llamamos «Estado de bienestar», que se ha mantenido, aunque recortado, a costa de grandes sacrificios por parte del grueso de la población, en la que se acusa una enorme desconfianza hacia los partidos y los políticos por lo que han mentido, despilfarrado y robado durante las pasadas décadas. Lo que ha hecho preguntar a más de uno, remedando a Vargas Llosa respecto a Perú: ¿Cuándo se jodió la Transición?

Me he hecho la pregunta muchas veces, llegando siempre a la conclusión que ya les he apuntado: no es que la Transición naciera pura y se torciese en un momento determinado, sino que tenía un defecto de fábrica, como esos coches que salen de fábrica con fallos, Montagcars, coches de lunes, los llaman los alemanes, mostrando un sentido del humor poco habitual en ellos, aludiendo a las resacas del fin de semana. Solo que nosotros, en nuestra euforia por haber hecho el cambio de la dictadura a la democracia sin liarnos a golpes, no nos dimos cuenta y seguimos conduciendo tan contentos. Hasta que los fallos griparon el coche. ¿Cuáles eran esos fallos? Pondría en primer lugar no haber establecido una estricta separación de poderes, fundamento de toda democracia que merezca ese nombre, abriendo la puerta a todo tipo de privilegios y abusos: a la corrupción, en suma.

El 20-D

Toda esa rabia, indignación y resentimiento irrumpieron en las elecciones celebradas el 20 de diciembre de 2015 como una presa que se rompe, cambiando la escena política española. El batacazo que se dieron los principales partidos fue de campeonato. El PP pasó de tener 10 830 693 votos en 2011 a 7 215 752 en 2015, una pérdida de más de tres millones y medio de votos (en escaños, un bajón de 186 a 123), mientras el PSOE bajó de 6 973 880 votantes a 5 530 779, casi millón y medio menos (en escaños, de 110 a 90), sus peores resultados en la democracia. Los partidos emergentes, en cambio, explotaron: Podemos obtuvo 5 189 463 votos (a menos de 350 000 del PSOE), con 69 escaños, mientras Ciudadanos alcanzó 3 500 446 votos y 40 escaños, lo que no estaba nada mal para un partido sin estructura nacional y con raíces solo en Cataluña.

Conviene advertir, sin embargo, que los dos partidos tradicionales aguantaron, salvando por lo menos los muebles, aunque quedando tocados y muy lejos de poder formar Gobierno por sí mismos, e incluso con enormes dificultades para hacerlo con un solo socio. Mientras, ante los dos emergentes se abría un futuro tan prometedor como rosado. Sobre todo para Podemos, con el PSOE a tiro: fue cuando comenzó a hablarse del sorpasso, de sobrepasarle en las siguientes elecciones, primera etapa para la «conquista del cielo», metáfora que Iglesias había tomado de Marx para indicar la formación del Gobierno. Pero no hay cosa más peligrosa es este mundo traidor que triunfar demasiado pronto. Así comenzó una cadena de errores que iba a prolongarse durante los cuatro meses siguientes. El primero en equivocarse fue Iglesias que, convencido de ser ya dueño y señor de la izquierda española, tuvo la osadía de anunciar, tras la entrevista de protocolo con el rey, un Gobierno con él como vicepresidente, controlando no solo las principales carteras, sino también los centros neurálgicos del Estado, como los servicios de inteligencia y los medios de comunicación públicos. Pedro Sánchez quedaba así reducido a una figura meramente decorativa en el hipotético gabinete. Fue la primera de una serie de humillaciones que le infligió a lo largo de esos meses, que el secretario general del PSOE ha aceptado estólidamente. Quien no lo aceptó fue el Comité Federal de su partido que, conocedor de las intenciones de Iglesias de deglutirles, le marca muy estrechamente para que no caiga en esa tentación, ante lo que Sánchez se buscó un nuevo socio que no despertase tales alarmas: Ciudadanos, al otro lado del espectro político y deseoso lógicamente de protagonismo. Firmaron un pacto de 200 apartados, que enviaron al resto de los partidos sin encontrar eco alguno. Mejor dicho, las únicas respuestas, de Podemos y de los nacionalistas, fueron que, con Ciudadanos, ni hasta la próxima esquina, al tiempo que este perdía su virginidad política: ya no era el partido en el centro del centro, sino el compañero de viaje de un socialismo que no se sabía bien hacia donde tiraba. Lo intentaron, de todas formas, dos veces en el Congreso, recibiendo en ambas un no rotundo, en una atmósfera cada vez más caldeada e insultos de todas clases. ¿Qué hacía Rajoy a todo ello? Pues, tras ofrecer pro-forma —pues sabía que no se lo iban a aceptar— un pacto a tres PP-PSOE-Ciudadanos, le dijo al rey que declinaba la oferta de formar Gobierno por no encontrar socios y se refugió en sus cuarteles de invierno, para contemplar desde allí cómo el resto tampoco eran capaces de formarlo, pues en lo único que parecían estar de acuerdo era en echarle de la Moncloa. Así, cuatro meses, ante una opinión pública estupefacta y cada vez más impaciente.

No fueron, sin embargo, cuatro meses perdidos. Sirvieron para algo tan importante como para conocer mejor a los nuevos partidos. No solo en su forma de negociar, sino también en la de gobernar, pues en la primavera de 2015 se habían celebrado elecciones autonómicas y municipales, que pasaron en buena parte a manos de las nuevas formaciones, sobre todo en ciudades tan importantes como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia o Cádiz y comunidades como Aragón, Valencia, Baleares, Extremadura o Castilla-La Mancha. Lo que quería decir que los «indignados» de la Puerta del Sol en 2011 estaban ya al frente de ayuntamientos y autonomías, produciéndose cambios, en ellas, pero no los esperados. Se cambió el callejero y se retiraron estatuas, monumentos, placas y festejos, pero los problemas seguían siendo los de siempre: el tráfico, los desahucios, el abandono escolar, la violencia machista, la atención a los mayores y demás plagas de la vida diaria. Más grave es que también continuaba el clientelismo, colocar al familiar, al amigo, al correligionario, estuviese o no preparado para el cargo. Y ya, lo que ha producido más meditación que indignación, tal vez porque el cupo de esta lo habíamos agotado en la etapa anterior, fue enterarnos de que la «célula madre» de Podemos, la Fundación CEPS, fue financiada por el Gobierno venezolano, con el que los líderes de este partido mantienen estrechas relaciones. Si se le añade que Pablo Iglesias ha mostrado muy poco aprecio a las estructuras democráticas tradicionales y una pulsación casi instintiva hacia el control de los medios de comunicación tanto privados como estatales, resulta preocupante. No entre los jóvenes, tengan o no estudios, que según arrojan todas las encuestas siguen fieles a Podemos. Tal vez se deba a aquello que decía Kurt Schumacher, el líder socialdemócrata alemán: «El que no es comunista a los 20 años no tiene corazón. El que lo sigue siendo a los 40 tampoco lo tiene», o simplemente a que no sepan lo que es el comunismo y piensen que un vuelco de la situación, no importa el que sea, mejorará la suya. Aunque algo parecido ocurre también en el segmento de profesionales con empleo entre 30 y 50 años, el mayor manantial de votos de Ciudadanos, a los que no parece importar la doble vara de medir que tiene el partido de Rivera cuando trata con el PP o con el PSOE. Mientras, los de 50 para arriba buscan mayoritariamente un partido sólido y de confianza, el PP.

Lo que nos lleva directamente a la médula del dilema en que se encuentran hoy los españoles: se tomaron los resultados de las elecciones del 20 de diciembre de 2015 como una manifestación del deseo de cambio de la ciudadanía, lo que es cierto, pero ¿qué cambio? Porque cada partido —y casi me atrevería a decir, cada español— quiere un cambio distinto. Incluso dentro de las formaciones políticas hay diferencias. En la izquierda, sobre todo, hay una opción extrema que propugna un cambio radical, un cambio de sistema, mientras hay quien quiere confinarlo a reformar lo que ha ido mal y conservar lo que funciona. También en la derecha hay divergencias, aunque no tan acusadas. Y si analizamos a fondo las propuestas de cambio nos damos cuenta de que muchas de ellas, sobre todo en la izquierda, no son de cambio, sino contra el cambio, contra los ajustes, contra el «austericidio», nueva palabra maldita. Se quiere volver a lo que había antes de la crisis y las medidas tomadas para atajarla como a un paraíso perdido, al «Estado de bienestar», al Gobierno-providencia que se encargaba de nosotros desde la cuna a la sepultura. Una utopía, un imposible, no ya ahora sino siempre, pues ese «Estado de bienestar» es caro, hay que pagarlo, y como no se genere suficiente riqueza para mantenerlo, nos lleva directamente a la bancarrota, como hay abundantes ejemplos en Europa, y nosotros todavía corremos el riesgo.

La cuestión es, por tanto ¿qué cambio nos conviene? Hay tantas respuestas como partidos. Pero, de seguir así, nos pasaremos no meses, sino años votándolo y discutiéndolo, con Rajoy al frente de un Gobierno «en funciones», sin llegar a ninguna parte, como ocurre en la mayoría de las tertulias.

El 26-J

Este fue el leitmotiv, el lema y el tema de la corta y tensa campaña electoral de junio de 2016, una vez que el rey se convenció de que ninguno de los aspirantes a formar Gobierno era capaz de hacerlo, con dos opciones tan claras como tradicionales: la de la izquierda —más gasto, más impuestos, más cobertura social— y la de la derecha, que venía practicando el Gobierno Rajoy. Una situación inédita, y no precisamente elogiosa para nuestra clase política, ni para la ciudadanía en general. Pues si los políticos no habían conseguido romper el impasse en que nos hallábamos, nosotros éramos quienes los habíamos elegido. Para describirla, voy a echar mano de una frase que la describe mejor de lo que yo podría hacerlo. Es de Fernando Savater (El País, 18.02.2016) que, como acostumbra, une profundidad e ironía: «Los españoles piden que sus elegidos en las urnas supriman los males y fomenten los bienes». Con lo que viene a decirnos que somos unos listillos que pedimos a nuestros políticos que nos resuelvan los problemas, sin poner nada por nuestra parte. Actitud tan cómoda como estéril, pues sin colaboración ciudadana no se llega a ningún sitio, que muestra la debilidad de la sociedad civil en nuestro país, así como la falta de responsabilidad tanto individual como colectiva y, a la postre, la baja calidad de nuestra democracia.

Desoyendo a san Ignacio, que recomienda no cambiar de cabalgadura en tiempos de tribulación, Pedro Sánchez cambió de entrada no solo de cabalgadura, sino también de compañía e incluso de canción. Nada de Podemos y de Ciudadanos, sino vuelta a los orígenes, al PSOE, y no el PSOE de los chicos y chicas que le vienen acompañando, sino el PSOE fetén, el PSOE de Felipe González, alguno de cuyos hombres y mujeres recobra para su «Gobierno en la sombra». Y, puesto ya en ese camino nostálgico, se proclamó heredero de Adolfo Suárez, invocando su frase más célebre: «Puedo prometer y prometo…». Patético. Claro que su situación es cada vez más precaria y, con Rajoy enfrente como una estatua de piedra dispuesta a enviarle a los infiernos como el Comendador a don Juan, Iglesias a la espalda aguardando el momento de darle la puntilla y sus barones esperando a repartirse sus despojos, no tiene dónde agarrarse ni en quién confiar. Aunque no crean que los demás lo tienen fácil. A Iglesias le pasaron factura sus fanfarronadas, sus desplantes y, a la postre, su propio programa de máximos. Pero, con la agilidad que le caracteriza, taponó esa vía de agua firmando con Izquierda Unida un pacto para acudir juntos a las elecciones. Según las encuestas, con esa inyección —¡casi un millón de votos!— sobrepasaría al PSOE. E incluso, si la indignación del electorado se mantenía alta y lograba coagular todo el voto de la izquierda, sobrepasaría en votos al PP. Cuentas de la lechera. El 26-J, en vez del sorpasso del PSOE, trajo su mantenimiento en el segundo lugar, y en vez del retroceso del PP, le trajo una ganancia de 14 escaños, lo que le colocaba en la mejor situación para seguir en el Gobierno. Los españoles nos declaramos de izquierdas, pero no jugamos con las cosas de comer. Como un pacto PP-PSOE nos parece contra natura, uno PP-Ciudadanos es el más probable dadas las afinidades ideológicas, aunque quedan las personales. Rivera viene diciendo que, con Rajoy, ni al cielo. ¿O eran solo «promesas electorales» destinadas a no cumplirlas? Probablemente. Pero de mantenerlas, nos van a tener votando hasta el día del Juicio.

La segunda oportunidad

Con lo que el bucle de este libro nos devuelve a su principio: ¿Ha conseguido la España de 2016, tras 40 años de democracia impura, su revolución nacional, su revolución pendiente, su revolución buscada?

Para contestar a esa pregunta tenemos que recordar qué es la revolución: un cambio de los usos de un país, no simplemente de los abusos. Un cambio del modo de ser de sus habitantes, no del simple estar. No basta, pues, tener un nivel de vida equiparable al de los países más ricos —en ese caso, muchos países árabes hubieran tenido la suya, y no la han tenido—, ni tener una clase media, especialmente si nuestra clase media, diezmada por la crisis, mantiene la mentalidad y hábitos del viejo régimen. Se necesita un cambio de conciencia de sus ciudadanos. Y ¿ha cambiado la conciencia de los españoles durante la Transición? Mira uno alrededor y tiene que reconocer, con tristeza, que no es así, que seguimos siendo los mismos que en el franquismo, que en la Segunda República, que bajo la Restauración, que bajo los Borbones e incluso bajo los Austrias. Hemos conseguido llenar las despensas, como pedía Costa, aunque no todas, pero la escuela, sobre todo de ciudadanía, sigue faltándonos. No se cambia por tener un coche, poseer un apartamento en la playa o gozar de una Seguridad Social. El verdadero cambio es el de los comportamientos, valores y actitudes, y ese tipo de cambios no los hemos visto en la Transición. Al revés, lo que hemos visto al amparo del desarrollo económico es la proliferación de los viejos vicios: el compadreo, el «¿qué hay de lo mío?», «el que venga detrás que arree». Todos queremos una «democracia escandinava», pero practicamos la «democracia española», que consiste en procurarnos un trato de favor, un amigo en la Administración, alguien a quien echar las culpas de nuestros fracasos y el «a mí, que me registren».

El resultado es tan sorprendente como exasperante: del mismo modo que, pese a la transformación física que España experimentó durante el franquismo —la aparición de una clase media en primer lugar— no logró hacer su revolución pendiente, el salto aún mayor experimentado durante la Transición, con firmas en el ramo de la confección —Inditex, Mango— que compiten con las mejores italianas y francesas, o en el de las grandes obras —Construcciones y Contratas, Ferrovial, Sacyr— que tienden autopistas, líneas de alta velocidad y abren canales mundo adelante, seguimos sin alcanzar el último peldaño democrático, como si funcionásemos mejor fuera que dentro de casa.

Esa es la situación de España en el verano de 2016. Se nos ofrece una nueva oportunidad, con una Segunda Transición, pero no estamos seguros de hacia dónde tirar. A los viejos partidos les cuesta regenerarse y los nuevos parecen haber heredado sus malos hábitos, con una ciudadanía que no ha cambiado su indiferencia hacia la labor colectiva y busca solo que le resuelvan su problema particular, actitud más contrarrevolucionaria que revolucionaria. O, como nos ha descrito Javier Gomá (El País, 22.02.2016) en un artículo-ensayo tan hermoso como triste: «Un país sin revolución liberal, ni revolución burguesa, ni revolución industrial, ni revolución obrera, o al menos interrumpidas, irregulares o fallidas, un país además resistente a ese universo florido en los vecinos países occidentales […] hasta justamente la Transición, que supuso la definitiva mayoría de edad de España […] que atraviesa las dificultades de una democracia sin buenas costumbres […] no pudo heredarlas de la dictadura y no ha sabido inventarlas en estos 40 años […]. A lo mejor queremos reformar las instituciones para no reformarnos a nosotros mismos y así permanecer instalados en nuestra suave vulgaridad moral, libres y sin compromiso para siempre como en una juventud eterna».

¿Estamos condenados los españoles a no tener revolución, burguesa, proletaria o de cualquier tipo? ¿O es que no la queremos, que preferimos seguir con nuestro «viejo régimen» con otro nombre pero el mismo contenido: individualismo, insolidaridad, irresponsabilidad, criticarlo todo y no aportar nada, echar las culpas a los demás, lampedusianismo puro, esto es, cambiarlo todo para que todo siga lo mismo? ¿Somos los españoles, tanto de derecha como de izquierda, antimodernos por naturaleza?

Sería tremendo que la revolución no llegara nunca a España, que una y otra vez parezca que va a llegar pero no lo haga, como los personajes de Beckett, que el tiempo se haya estancado en nuestro país como en las novelas de Rulfo, con figuras estáticas en un paisaje donde ni siquiera se mueve el aire. Sería tremendo, digo, porque ahora ya no estamos sujetos a una monarquía absoluta o a una dictadura. Porque ya podemos elegir el sistema político que nos rige y los gobernantes que nos dirigen. Porque tenemos en nuestras manos la posibilidad de demostrar que podemos ser como los escandinavos, que cometen errores, pero los corrigen, en vez de recrearse narcisística y masoquísticamente en sus cortedades y errores, como nosotros.

Si planteo esta pregunta es más como provocación que como constatación de lo que veo. Porque es triste rastrear los intentos de revolución en tu país durante siglos y encontrarse con que ninguno de ellos ha logrado cuajar, que todos se quedaron en actos fallidos, incluido el último, cuando ya creíamos haberlo alcanzado.

¿O es ese nuestro destino: vivir en una eterna revolución pendiente?

España: la revolución pendiente (1808-2016)

José María Carrascal

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Juramento de la Constitución Española de 1978 por Juan Carlos I. © Central Press / Hulton Archive / Getty Images.

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