En las siguientes páginas el autor esboza su tesis del por qué España, a lo largo de su historia (desde los romanos hasta el siglo XXI) no ha conseguido vertebrarse como una nación unificada y homogénea, tras su pasado esplendoroso e imperial y su actual realidad de configuración en diecisiete comunidades autónomas (tres de ellas con una realidad histórica, política y cultural bien diferenciada) y que supone de facto una realidad estatal incompleta e invertebrada.

España sigue siendo una nación inacabada. Su proceso de formación como nación de nacionalidades sólo se ha completado sobre el papel. Falta completarlo, consolidarlo y legitimarlo en la práctica.

José María Carrascal

España

La nación inacabada

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Titivillus 29.09.17

José María Carrascal, 2004

Diseño de cubierta: Enric Jardí

Editor digital: Titivillus

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¿Nación? ¿Estado? ¿Nación de naciones?

Que España es un Estado ni siquiera lo discute ETA, cuya mayor aspiración es negociar con el Estado español. Que sea una nación ya no está tan claro, como reconoce su propia Constitución, que admite la existencia de «nacionalidades», y su definición oficiosa, «nación de naciones», que diluye el principal rasgo de una nación, la unidad, en la galaxia de la pluralidad. ¿Es España una nación multinacional, a medias, o una nación a secas, sin darle más vueltas?

Ya sé que el mero hecho de plantear esta pregunta suena a herejía a muchos españoles. Pero éste es un viejo conflicto que no se resuelve enviando herejes a la hoguera. Que a estas alturas sigan cometiéndose asesinatos por su causa nos advierte de la ineficacia del tratamiento. En pleno proceso de la integración de Europa, los españoles hemos de resolver el problema de nuestro país aunque sólo sea para no presentarnos como unos indocumentados. Este libro no pretende tener la solución del enigma que tantos han buscado. Es un intento más que se añade al esfuerzo hecho por otros, y que llega, eso sí, a una conclusión que reconcilia puntos de vista hasta ahora excluyentes. Podría adelantársela sin más, de modo que tanto ustedes como yo pudiéramos dedicarnos a quehaceres más placenteros, aunque no tan apasionantes. Pero eso la convertiría en una proclama más de las infinitas que se han hecho sobre el «ser» de España desde todos los ángulos del espectro ideológico. Necesita un sostén de hechos fehacientes que la ancle en la realidad y un respaldo histórico que la avale para que pueda ser tenida en cuenta. Así que emprendamos la tarea de dilucidar la verdadera naturaleza de España. Para ello, lo primero es dejar claro qué es una nación y qué es un Estado. Son dos conceptos distintos pero indiferenciados para muchos españoles, lo cual puede constituir, por lo menos, parte del problema.

Sobre qué es un Estado no existe mayor controversia. Desde que Max Weber lo identificó como el «legítimo detentor del monopolio del uso de la fuerza en un territorio para el mantenimiento del orden», nadie ha ofrecido una definición más oportuna, lo que tampoco impide que surjan otras, dados los rápidos cambios a que están sometidas las estructuras políticas. Pero, de momento, lo que caracteriza un Estado es ese monopolio legal del uso de la fuerza, a cargo del aparato judicial y policial correspondiente. España lo posee de sobra, pese a la cesión de buena parte del mismo a las comunidades autónomas. Pero, en último término, el monopolio de la fuerza legal sigue en manos del Estado, aunque no haga mucho uso de ella como consecuencia de los reflejos, o falta de ellos, que le ha dejado una larga dictadura. Esa condición teórica permite definir a España como Estado sin más consideraciones. Un Estado incluso tan viejo que Ortega llegó a decir de él que era «el primero de los Estados modernos». Lo de «primero» se lo admitimos con todas las reservas que requieren las ordenaciones cronológicas. Lo de «moderno» se lo rechazamos, con pesar, a la luz de la más moderna historiografía. El Estado que crearon los Reyes Católicos y prolongaron sus sucesores fue más moderno en apariencia que en realidad, ya que, junto a elementos novedosos, arrastraba otros arcaizantes, que le impidieron adaptarse plenamente al mundo moderno que por entonces surgía, como luego veremos. Eso no le impidió, sin embargo, entrar en la categoría de Estado, en lo que se refiere a la aceptación voluntaria o forzosa de una autoridad en el marco de un determinado territorio. En este sentido puede hablarse del Estado francés, del Estado alemán —que hasta hace no mucho eran dos—, del Estado danés o de Estados Unidos, así como de Estados ya desaparecidos, como el prusiano o el soviético. Y sin lugar a dudas, del Estado español, pese a los recortes de soberanía que últimamente se ha autoimpuesto. Hasta aquí espero que estemos todos de acuerdo.

Lo de nación ya es otra cosa. Estamos ante un concepto elástico en la forma, roqueño en la sustancia, que se imbrica a menudo con el de Estado, pero de contenido muy distinto. Hay naciones mayores que Estados, las hay que se solapan con Estados y las hay menores que ellos. Hay incluso naciones sin Estado, como fue el caso de la «nación de Israel», proclamada por sus almas más sensibles durante su larga diáspora. Algo parecido podría decirse de la «nación alemana» a la que Fichte dirigió sus discursos, desparramada entonces por distintos Estados grandes y pequeños. Tanto Fichte como los profetas israelíes se dirigían esencialmente a un pueblo, su pueblo. Pero tampoco el conjunto de un pueblo corresponde exactamente a la nación, pese a que ésta coincida a menudo con él. Hay naciones que incluyen pueblos muy distintos. El mejor ejemplo es Estados Unidos, aunque hay otros casos, como Brasil y todas las naciones multiétnicas, hacia las que por cierto nos dirigimos. En general, y para no dar más vueltas, hay que distinguir entre el viejo concepto de nación, similar al de familia, tribu o, simplemente, individuos nacidos del mismo tronco, y el moderno, con miembros procedentes de troncos distintos, pero con voluntad de pertenencia a una entidad común. El viejo concepto de nación (del latín vatio, -onis) equivalía al del colectivo humano conformado por la raza, las leyes, las tradiciones y las costumbres dentro del que nacemos. Se trataba, por tanto, de una nación restringida étnica y culturalmente, que a estas alturas de la historia no existe en ninguna parte, dadas las corrientes migratorias de los últimos tiempos. Todo intento de imponer este concepto desembocará inevitablemente en un conflicto armado, como hemos visto en los Balcanes. Lo que no impide que, aquí y allá, trate de imponerse, como vemos está sucediendo no demasiado lejos.

Otra cosa son las naciones modernas, basadas no en lo que se «es», sino en lo que se «busca», en la mayoría de los casos, la liberación, ya de una clase dirigente interior —monarcas absolutos, aristocracia, clero—, ya de un ocupante extranjero. Las naciones modernas nacen así bajo el lema de la libertad y se basan, no en determinadas características raciales, culturales o religiosas, sino en unos ideales compartidos. Las naciones antiguas nos las encontrábamos hechas, nacíamos en ellas. Las modernas las buscamos junto a gentes iguales o distintas, pero con el mismo propósito: ser libres. La identidad nacional ya no nos viene dada, impuesta, como en el Antiguo Régimen, sino que la creamos en la lucha contra él, que genera entre nosotros un hermanamiento de ideales, una aspiración tan íntima como generalizada. Es el famoso salto de «súbdito» a «ciudadano», el juramento tácito entre individuos —en realidad, una conjura—, que se ponen de acuerdo, primero, para derribar a sus opresores, y luego para vivir bajo las normas, ideales y objetivos que ellos mismos se han dado en forma de Constitución. La nación moderna es, pues, el resultado de la transformación del Estado clásico, cuando éste «decide dotarse de los elementos de igualdad y libertad frente al absolutismo anterior» (estoy citando a García de Cortázar), arrebatando al rey la soberanía y transfiriéndola al pueblo, que pasa a ser el soberano. Esto es algo que no se consigue gratuitamente: hay que ganárselo luchando contra los poderes establecidos, a través de la revolución, auténtico crisol de las naciones modernas. De lo que se infiere que sin revolución —o sin su sucedáneo, una guerra de independencia contra un invasor extranjero— no hay nación. Les ruego que no lo olviden, pues va a ser clave para definir la nación española, su naturaleza, contenidos y carencias.

Ya de modo general, podemos establecer una secuencia cronológico-política que empieza por las viejas naciones o reinos medievales, sigue con los Estados modernos, casi siempre monarquías absolutas, transformadas a través de un proceso revolucionario en las naciones-Estados contemporáneas. Nación y Estado se imbrican así, sin llegar nunca a confundirse. Tras los excesos nacionalistas que condujeron a la segunda guerra mundial, las instituciones supraestatales, han ido adquiriendo cada vez más protagonismo. En España, sin embargo, ha ocurrido lo contrario: los nacionalismos se han avivado, aunque en cierto modo era lógico tras cuarenta años en los que hubo en ella tan sólo el «Estado español» franquista. Si se trata de un mero reflejo, de un sarampión, o de algo mucho más profundo que pone al descubierto la falta de coherencia de la nación española es algo que sólo podrá aclararse en el futuro y que trataremos de dilucidar en este libro. Lo indudable es que los nacionalismos se hallan en plena ofensiva en España, a excepción del nacionalismo español, que atraviesa una de sus horas más bajas. ¿A qué se debe? No, desde luego, a que España vaya mal. Sin que vaya tan bien como dice Aznar, no hay duda de que nuestro país ha hecho notables avances en las últimas décadas, convirtiéndose en una potencia media europea que tiene ya poco que envidiar a los países del entorno. Si el nacionalismo, según Fernando Savater, da respuesta a esa aspiración tan humana de trascender, de ser más que nosotros mismos, de pintar algo en el gran teatro del mundo, donde solos pintamos poco, brindándonos la posibilidad de capitalizar la suma de logros, virtudes, gestas, milagros y éxitos de nuestros compatriotas, ofreciéndonos «mito e historia, razón y sentimiento, religión y política» ya con categoría sagrada laica, el nacionalismo español debería haberse fortalecido en los últimos tiempos. Sin embargo, no es así, sino todo lo contrario. Su falta de vigor hay que atribuirla, pues, a otras causas, entre las que la debilidad de nuestra nación aparece como la primera sospechosa.

Lo que nos obliga a retomar el hilo de nuestro discurso. No hay duda de que España es un Estado. Puede aceptarse también sin problemas que es una nación al viejo estilo, así como su condición de hecho histórico y de realidad geográfica. Pero la nación moderna, como queda dicho, va más allá de la historia y la geografía: es una realidad más metafísica que física; un cúmulo de voluntades libremente asociadas; un «estilo de vida» según García Morente; un way of life como dicen los norteamericanos. Un sentido de pertenencia a algo superior a uno mismo; una alianza laica de individuos de distintas procedencias que han aceptado un destino común. ¿Se dan estas circunstancias en España? Si contestáramos por lo que vemos y oímos a diario, resultaría difícil hacerlo afirmativamente. En la España de hoy prevalece la pluralidad sobre la unidad, la descentralización sobre el centralismo, los hechos diferenciales sobre la identidad común. Lo más cómodo es atribuir esta tendencia a una fiebre pasajera, a una reacción instintiva al franquismo ahormador. Por desgracia, hay tras ello algo más amplio y profundo. Les advertía antes de que las naciones modernas son productos de la revolución, o, visto a la inversa, de que las revoluciones son las parteras de las naciones modernas. Pues bien (o mal): si la Reforma protestante fue la primera de las revoluciones modernas, tal como coinciden hoy todos los tratadistas políticos, España no sólo no colaboró en ella, sino que luchó contra ella. No sólo no participó en la Reforma, sino que capitaneó la Contrarreforma, quiero decir, la contrarrevolución, la antítesis de la nación moderna. Las consecuencias de este hecho son tantas y de tal envergadura que desbordan con mucho los límites de este libro. Pero tengo que hacerme eco de una que incide de lleno en el tema que nos ocupa. Me refiero a la postura de la izquierda ante la nación española y el nacionalismo español. La identificación de España con la Contrarreforma, su defensa secular de la religión —no por nada empieza su andadura bajo los Reyes Católicos—, de los valores tradicionales y del Antiguo Régimen, la hicieron, ante los españoles y ante el mundo, el símbolo de la reacción. Nada de extraño en que la izquierda haya tenido siempre dificultades para asumirla. Con más motivo cuando la derecha ha acaparado el nacionalismo español, no ya desde Franco, que se apresuró a calificar de «nacional» a su España y de «roja» e incluso de «Antiespaña» la de sus enemigos, sino desde mucho antes. Esta identificación de España con el conservadurismo más reaccionario convirtió a la izquierda en paria del nacionalismo español. Algo que ha lastrado como el plomo todos los intentos de completar la nación española y puede hacer descarrilar el que actualmente está en marcha. La izquierda actual, llevada por ese tic, por el alarde de patriotismo que está haciendo el Partido Popular y, todo hay que decirlo, por consideraciones electorales, viene facilitando el avance de los nacionalismos internos. Piénsese en el papel de Izquierda Unida en el País Vasco, aliada sin empacho a un nacionalismo reaccionario, y en los pactos del PSOE con los distintos nacionalismo pese a ser el socialismo internacionalista por naturaleza. Ya decía Hegel que un geniecillo irónico mueve los hilos de la historia. En este caso, irónico y maligno.

Pero Hegel afirmó también que la historia es la larga marcha de la humanidad hacia la libertad y, en este sentido, me resisto a creer que cuando España ha emprendido decididamente el camino de la salvaguardia de las libertades, se frustre el intento por los reflejos, agravios y cortedades de unos u otros. Es verdad que no tuvimos Reforma sino Contrarreforma, que, en vez de revoluciones hemos tenido alzamientos y que no hemos logrado desprendernos del todo de un pasado demasiado aplastante. Pero no es menos cierto que, junto a todo eso, existe un hecho importantísimo para el asunto que nos ocupa. Me refiero a la existencia de un modo de ser, de vivir, de sentir español, por encima de las variedades que incluye y de sus virtudes o vicios. Los extranjeros lo ven mucho mejor que nosotros. Si preguntáramos a un francés, a un inglés, a un alemán, a un italiano, a un ruso: «¿Existe lo español?», sin duda alguna nos dirían: «¡Claro que existe! Los españoles tienen una forma especial de hablar, de comer, de andar, de reírse, de enfadarse, de amar a las mujeres, de tomarse una copa». Lo malo es que si se lo preguntásemos a los españoles de nuestros días, posiblemente nos dirían que lo que realmente existe es lo catalán, lo vasco, lo gallego, lo andaluz, lo aragonés, lo canario, lo valenciano, y así hasta las diecisiete partes más en las que se ha dividido nuestro Estado de las Autonomías, más alguna otra que busca ese estatuto. Lo que nos lleva a la encrucijada actual, y a este libro. No hay duda de que España está afectada de fiebre nacionalista, aunque no precisamente española. Pero las naciones, aparte de todo lo dicho sobre ellas, son también una identidad genérica de los individuos que las componen. Identidad que en este caso existe. Y si existe «lo español», lo lógico es que exista España. ¿Existe realmente? ¿O nos faltan esos ideales compartidos, ese sentido de pertenencia a algo superior y ese destino común que constituyen también los ingredientes básicos de toda nación moderna? En el rápido vistazo panorámico que acabamos de echar ya hemos podido darnos cuenta de la complejidad de la pregunta. Así que no vamos a apresurarnos a contestar, no sea que, como tantas veces, pongamos el carro delante de los bueyes. Sólo enjaulando el corazón para que no emborrache de sangre nuestro cerebro y poniendo la mano sobre los ojos a modo de visera, para que no nos deslumbren tantas luminarias, podremos rastrear desapasionadamente nuestra historia, para saber si cumplimos esas premisas, y somos por tanto una nación hecha y derecha. O no lo somos.

2
De Iberia a Hispania

No faltan quienes encuentran el sustrato de la nacionalidad española ya en los primeros pobladores de estas tierras. De hecho, ha sido la tesis sostenida por la historiografía oficial de forma más o menos abierta. La península Ibérica ofrecía, por sus condiciones geográficas, su delimitación territorial y su propia lejanía, las condiciones ideales para que los pueblos que en ella habitaban fuesen desarrollando características comunes, que a lo largo de milenios se convertirían en el modo de ser español. Hay una parte de verdad en ello. Situada en el finis terrae de la Antigüedad, cercada por el mar y una imponente cadena montañosa, la península más occidental del Mediterráneo adquiriría desde muy pronto un carácter específico que recogieron todos los historiadores clásicos. Incluso en la Biblia se la cita de pasada, es «tierra de conejos» o «de comadrejas» para Herodoto, y sus habitantes son ferae et bellicosae gentes, gentes fieras y belicosas según Tito Livio. Pero tal enfoque, dado que cubre sólo una parte ínfima de la realidad, resulta también engañoso. La península Ibérica tiene no sólo una marcada delimitación geográfica, sino que también está surcada por grandes cadenas montañosas que hacen difícil su comunicación interior. De hecho, algunos accesos a través de estas cordilleras son tan recientes que, por ejemplo, el paso del puerto de Piedrafita no ha sido facilitado por una autovía hasta 2002, ayer como quien dice. Y si en nuestro tiempo vencer estos obstáculos naturales ha resultado tan trabajoso, no hace falta decir cuán difícil resultaba en la Antigüedad. Los pueblos primitivos de la Península han vivido aislados en sus valles o mesetas, sin apenas contactos con los vecinos hasta fechas muy recientes, lo que les ha dado características muy marcadas y personales. De tales dificultades en las comunicaciones interiores da idea el hecho de que, no ya los fenicios o los griegos, sino los propios romanos, constructores natos de grandes vías terrestres, las calzadas, preferían, siempre que podían, el transporte marítimo, y daban incluso un largo rodeo a toda la Península para llevarse el estaño gallego, tan apreciado para fabricar el bronce. Entre los primitivos pobladores existía, pues, una diversidad manifiesta, junto a unos rasgos unitarios, que un historiador tan solvente como Antonio Domínguez Ortiz resumió como «ciertos factores de unidad e interrelación». Se trataba de unos pueblos guerreros, con grandes riquezas agrícolas, ganaderas y, sobre todo, minerales: hierro, cobre, estaño, oro y plata. De todo ello surgió, entre la leyenda y la historia, Tartessos, «el primer reino español», cuyo rey Argantonios pertenece más a la categoría de mito, ya que posiblemente fuera más una dinastía que un solo monarca.

Ya en un plano exclusivamente histórico, tenemos los tres pueblos que han dado el nombre a la Península y —aunque esto resulta mucho más problemático— el carácter a sus habitantes. Nos referimos, naturalmente, a los iberos, los celtas y el producto de su mezcla, los celtíberos, que vienen siendo considerados los primeros españoles. Lo que no impide, según Martín Almagro-Gorbea, que «Hispania ofreciera mayor diversidad étnica y cultural que cualquier otra región europea, sin excluir la misma Italia o los Balcanes». No obstante, el catedrático de Prehistoria de la Universidad complutense matiza su afirmación al añadir que «la interacción continua entre unos grupos y otros dio como resultado un cuadro que debería aproximarse más a un mosaico étnico que a espacios homogéneos delimitados por fronteras definidas». Lo que curiosamente ofrece un mapa de España bastante parecido al actual, si cambiamos lo étnico por lo autonómico.

De lo que no cabe duda es de que los iberos, pueblo mediterráneo aunque no haya logrado fijarse su exacta procedencia, y los celtas, de etnia indoeuropea, constituían la principal población de la España prerromana. Su encuentro, tanto militar como humano, tuvo lugar en la Alta Meseta, encrucijada de la Península, y dio lugar al pueblo celtíbero, que tenía rasgos culturales, sociológicos y étnicos de ambos y constituirá, con un poco de imaginación, el primer español autóctono.

Pero que estamos todavía a mil leguas de cualquier bosquejo nacional lo demuestra que ninguna de las tribus de la Península percibió otro horizonte que el guerrero-pastoril en el que había nacido. Incluso las más desarrolladas, las que habían logrado una estructura ciudadana, se mantenían como organizaciones fuertemente jerarquizadas, donde «las mujeres se ocupaban de la tierra y de la casa, mientras que los hombres se dedicaban a la guerra y a las razias», según el historiador romano Justino. Como tales, estas tribus podían lograr un cierto potencial bélico, pero carecían por completo de idea de conjunto. Fue la causa de que destacaran únicamente por la fiera oposición que opusieron a los distintos invasores y, luego, por las alianzas militares que hicieron con éstos, siempre en el papel de subalternos. Así, los encontraremos en los ejércitos de Aníbal y, luego, en las centurias romanas, como «carne de cañón», que entonces era más bien de lanza, sin tener la más remota idea nacional. Podían defender hasta la muerte sus ciudades, como hicieron algunos. Pero que nadie les pidiese ir más allá. E incluso estaban dispuestos a traicionar a los suyos a cambio de una buena recompensa, táctica empleada con éxito por los romanos contra los caudillos más recalcitrantes. Y no quiero decirles nada de las tribus menos desarrolladas, las del norte, los galaicos, los astures, los cántabros y de los más arcaicos de todos, los vascos, que protegidos por sus montañas, apenas se romanizaron o no se romanizaron en absoluto. En aquella España, si así puede llamarse, predominaba la división y el particularismo, en un proceso que el profesor Almagro Gorbea ha llamado de fagocitación o selección cultural, en el que los más fuertes se imponían a los más débiles, pero sin tener otra conciencia que la más elemental del clan o tribu. Algo, dicho sea de paso, que en parte ha perdurado entre nosotros hasta nuestros días.

Hay que esperar, pues, a la llegada de los romanos para tener una idea del conjunto peninsular. Que la romanización fue un hecho decisivo en nuestra historia, hasta el punto de que se pueda decir, como hace Domínguez Ortiz, que «España es una de las muchas invenciones romanas», no creo que lo discuta nadie. Los romanos no sólo nos conquistaron, con esfuerzo, eso sí, sino que también nos educaron a conciencia, como ellos solían hacer las cosas. Nos enseñaron a comer, a vestir, a traer agua a las ciudades para beber y lavarnos, a tender vías de comunicación y puentes para ir de un lugar a otro, a escribir poesía y asistir al teatro. Nos dieron su lengua, que durante mil quinientos años fue la lengua de la cultura occidental. Nos dieron también su derecho, que unificó las mil normas locales y, en un gesto inédito en todos los imperios que han existido, nos dieron también su ciudadanía bajo Vespasiano. Por todo ello puede decirse que la historia de España, y por tanto también España como tal, empieza en este momento. Pero que se creara también una «identidad hispana», germen del futuro nacionalismo, como afirman bastantes historiadores (el propio Domínguez Ortiz entre ellos), ya no lo vemos tan claro, aunque tampoco nos atrevemos a oponernos rotundamente a voces tan autorizadas. Es verdad que Hispania se romaniza profunda, aunque desigualmente, con una intensidad especial en la Bética. Es verdad que Cádiz llegó a tener hasta 500 equestres o caballeros e incluso una familia senatorial, los Galba. Es verdad que en la literatura latina hay una Edad de Plata protagonizada en buena parte por escritores hispanos y que en Hispania nacieron dos de los mejores emperadores, Adriano y Trajano, además del último de los grandes, Teodosio. Pero se trataba de romanos más que de hispanos propiamente dichos. Eran miembros de familias romanas llegadas a la Península en «comisión de servicio», que regresaban luego a la capital del imperio o que, si se quedaban aquí a cuidar de sus haciendas, vivían más pendientes de lo que ocurría en Roma que de los acontecimientos locales. Muchos de ellos no volvieron ni mantuvieron ningún tipo de contacto con su lugar de origen. Es, pues, exagerado, por no decir falso, considerarlos «españoles», como se hace en bastantes manuales de historia. Eran romanos de cuerpo y alma, aunque algunos de ellos conservasen el acento de la provincia. Y aunque el senequismo se presenta como parte del acervo cultural español, se trata de una variante más de la cultura clásico-romana, emparentada con el estoicismo que aparece cuando el imperio empieza a declinar.

Para resumir: los romanos unificaron administrativa y legislativamente la península Ibérica, dotándola de los elementos necesarios para emerger a la historia propiamente dicha. Le confirieron también su forma de vida, su lengua, su moneda, su sistema de pesas y medidas, sus modas, sus estructuras políticas y económicas, sus dioses, sus virtudes y sus vicios. Pero precisamente por eso resulta complicado hablar de una identidad hispana. Todo lo más, hispanorromana, con énfasis en lo segundo. Aparte de que la romanización fue, como queda dicho, muy desigual no sólo según los lugares, sino también según las clases sociales. La aristocracia local adoptó plenamente las costumbres romanas, mientras que el pueblo seguía apegado a los usos anteriores y a las lealtades de tribu más que a las costumbres cívicas que traía la nueva administración. Algo que también notamos conforme nos alejamos de las ciudades, focos de la romanización, aunque en los siglos III y IV comenzarán a sufrir la decadencia que afectó a todo el imperio. Estamos, por tanto, ante una unidad impuesta y un nacionalismo prestado, pese al arraigo que consiguió alcanzar. Los romanos pusieron a la península Ibérica en situación prenacional, lo que es mucho dado el montaraz mosaico que encontraron. Pero decir que ya entonces había una nacionalidad hispana resulta muy exagerado. Existía ese potencial, no más, que podría cuajar o no según las circunstancias posteriores. Un ejemplo de esto último lo tenemos con lo ocurrido en las Mauritanias Cesariana y Tingitana, las provincias del Imperio romano en el norte de África, que pese a su notable desarrollo y estrechos lazos con la metrópoli —san Agustín era de allí— fueron más tarde sepultadas por el empuje combinado de las tribus bereberes y la fe islámica, para quedar integradas ya para siempre en el mundo árabe. ¿Hubiera pasado lo mismo en Hispania de no haber habido Reconquista? Es imposible hacer historia en pretérito imperfecto de subjuntivo. Pero dada la tendencia del islam a ahogar toda manifestación político-cultural-religiosa ajena a él, es muy probable que hubiese ocurrido así y en este momento formáramos parte de su fe y de su mundo.

Y ya que hablamos de fe, no podemos dejar de citar el cristianismo, que llegó a la Península en aquellos tiempos, arraigando en ella de tal manera que es un elemento más de su tradición y carácter. La cristianización de Hispania fue relativamente rápida, como demuestran los tempranos y, luego, abundantes mártires. Posiblemente, los soldados veteranos que venían a asentarse fueron uno de sus principales medios de propagación, aunque la nueva fe alcanzó también a las clases altas. Con la crisis del imperio, la Iglesia se convirtió en continuadora del mismo, pues heredó de él su estructura administrativa —diócesis, archidiócesis, sedes metropolitanas—, que permanecerá más allá de las invasiones bárbaras hasta nuestros días. Y será durante esas invasiones cuando la Iglesia toma el relevo de la autoridad civil, por lo menos en el plano moral, lo que explica la enorme influencia social que adquiere. Aunque algo parecido ocurre en el resto de las provincias del imperio, conviene destacar el enorme auge del cristianismo en Hispania. Un auge que se demuestra no sólo por los frecuentes concilios, sino también por las figuras destacadas que la Iglesia hispánica aportó a la religión que se estaba convirtiendo en universal. Sin ir más lejos, fue un obispo de Córdoba, Osio, quien en el Concilio de Nicea hizo frente a la herejía más potente, la arriana, y redactó el credo tal como hoy lo conocemos. Como sería un hispano (o lusitano más bien, pues nació en Braga), Orosio, quien escribió el primer ensayo de historia universal cristiana. Lo subrayamos para advertir del importante papel que tendrá la religión en el nacionalismo español, hasta el punto de que hay quien la identifica con él. Desde luego, hubo entre ambos una atracción tan fuerte como temprana, que puede explicar muchas cosas, positivas y negativas. Entre las primeras, el carácter de cruzada religiosa que tendrá en su fondo la Reconquista. Entre las segundas, las dificultades que tuvo el nacionalismo español para «laizarse» cuando empezaba a ser hora de ello, impidiéndole ser plenamente moderno, como veremos en su momento. En cualquier caso, si la romanización preparó el terreno para que la península Ibérica pudiera convertirse en una protonación, el cristianismo aportó la unidad de creencias, afanes y ritos, tan necesarios en toda construcción nacional. Los elementos ya estaban ahí. Faltaba sólo cortar el cordón umbilical con la metrópoli para que Hispania comenzase su larga andadura hacia la nación, como harían las Galias, Britania y otras provincias del imperio. El corte no tardaría en llegar, envuelto, además, en circunstancias dolorosas y sangrientas: el desplome del Imperio romano y las invasiones bárbaras. Pero todos los partos son así.

3
«¡Vengo de los godos!»

El primer reino español fue instaurado por gentes llegadas de fuera, con otra religión, otra raza y otras costumbres, y la primera proclama de nuestro nacionalismo apareció incluida en la crónica de esos invasores, la «Historia de los godos». Sobre tan débiles cimientos, aunque también es verdad que los tiempos no daban para más, se asienta nuestro primer Estado y nuestro temprano nacionalismo. Lo que no impidió que luego, o tal vez por eso mismo, el español de pro, el «castellano viejo», exclamara «¡Vengo de los godos!» para dejar las cosas y las personas en su sitio. Los godos se convirtieron en punto de referencia en un país que si se caracteriza por algo es por su mezcla de etnias y culturas. De elemento foráneo, minoritario y elitista, lo godo se transformó en seña de identidad de todo un pueblo, a lomos de la literatura, de la escasa información y de las muy humanas aspiraciones de ennoblecimiento, aunque sea a costa de perder cultura universal y base real. Aunque, cabría preguntarse, ¿no ocurre lo mismo con todos los nacionalismos? ¿No tienen una base más legendaria que histórica, más fantástica que real? A la vista de lo que observamos en sus últimas manifestaciones, cabe pensar que todos los nacionalismos tienen su «bucle melancólico», para usar la expresión de Jon Juaristi. En cualquier caso, el capítulo visigodo es uno de los más cortos, confusos y frágiles de la historia de España. Lo que no ha impedido que el amor entre españoles y godos haya sido de los más largos, profundos y apasionados que puedan darse, como, por otra parte, suelen ser los amores imposibles.

Los visigodos llegan a Hispania como representantes de los romanos, para poner orden en la Península asaltada, saqueada y puesta patas arriba por los primeros invasores germánicos, los suevos, vándalos y alanos. Estos últimos se habían perdido ya en las arenas del Sahara, presos de su propio impulso. Los segundos sólo habían dejado su nombre en el idioma español como indicativo de barbarie, y los primeros se habían confinado en Galicia, donde llegaron a formar un reino que en un momento determinado se extendió por el norte de lo que hoy es Portugal y alcanzó Extremadura. Imagino que a los actuales nacionalistas gallegos les encantará saber que el primer reino independiente en la Península se dio en su tierra. Aunque espero que no lo tomen como excusa para crear la «Gran Galicia».

Pero estábamos con los visigodos. Procedentes de lo que hoy es Rumania, en el 410 asaltaron Roma —deporte favorito de los invasores bárbaros, hasta el punto de que ninguno que se tuviera en algo podía dejar de hacerlo—, y el emperador Honorio no vio mejor forma de quitárselos de encima que despacharlos a las provincias occidentales con plenos poderes para restablecer el orden. De entrada se instalaron en el sur de Francia, donde crearon el reino de Tolosa, con sólo una entrada proforma en Barcelona de su rey Ataúlfo, al que el emperador había entregado, junto con los reinos, a su hermana Gala Placidia como esposa. Apenas hay documentación sobre aquellos años tumultuosos, pero todo indica que hubieran seguido en la Septimania tan ricamente de no haber sido derrotados por otra tribu germánica, los francos, en la batalla de Vouillé (507), lo que les obligó a ponerse en marcha en sus grandes carros tirados por bueyes hacia las otras tierras cedidas por el emperador. Era un pueblo «bárbaro» pero que gracias a sus contactos con el imperio había perdido parte del pelo de la dehesa. En este hecho, que España fuera invadida por unos bárbaros romanizados en vez de por otros en estado puro —bruto sería más exacto—, han visto algunos (Ortega y Gasset entre ellos) nada menos que el origen de todos nuestros males. Vale, pues, la pena detenerse para estudiar esta teoría. Los visigodos, según ella, llegaron a España «borrachos de romanismo», lo que les convertía en «un pueblo decadente», cuyo declive transmitirían a la sociedad que encontraron. Conviene advertir, sin embargo, que esto se decía en el primer tercio del siglo XX, en pleno desprestigio de la democracia y auge de las ideas totalitarias e incluso racistas. Los pueblos, se insistía, tienen que ser conducidos por «minorías selectas» para producir naciones pujantes. En ese sentido, los germanos, fundadores del feudalismo, estaban mucho más capacitados que los mediterráneos, padres de la democracia, para la tarea. Una teoría que se viene abajo con un solo argumento: los anglosajones, de raíz claramente germana, han sido los inventores de la democracia moderna. A estas alturas podemos decir que ni la romanización de los visigodos era tan profunda como para hacerles perder sus señas de identidad germánicas, que conservaron durante dos siglos, ni el feudalismo es el padre del mundo moderno, sino la burguesía comercial. La cosa, en fin, es bastante más complicada y fue precisamente el prolongar la Edad Media en la Moderna lo que impidió a España cuajar como nación. Si sigue «invertebrada», un adjetivo con el que Ortega acertó de lleno, no se debe a que no tuviera feudalismo, sino justo a lo contrario: a que lo tuvo cuando ya había pasado su hora, como trataremos de demostrar más adelante.

De momento estábamos con los visigodos, recién llegados a Hispania. No eran muchos, de 200 000 a 300 000. Entre los 4 o 5 millones de hispanorromanos corrían el peligro de diluirse, así que tomaron medidas para evitarlo. Por lo pronto, se concentraron en un territorio muy específico, el centro de la Península, y adoptaron Toledo como capital. Además, procuraron no mezclarse con la población local. Como ven, estos últimos invasores eran, como buenos germanos, bastante racistas. Mucho más no traen. Ni arte, ni letras, ni ciencia, ni monumentos, ni casi oficios. Son gente guerrera, regida por una nobleza de las armas, entre la que se elige al rey. Pero como su monarquía no es hereditaria, la sucesión es casi siempre violenta. De ellos viene la expresión «monarquía visigoda», que equivale a que un rey pueda ser asesinado por un hijo o un pariente codicioso del trono. Son cristianos, pero arrianos, lo que les separa también de la población local, católica. Todo ello produce una sociedad dispuesta en dos estratos perfectamente diferenciados: arriba, una delgadísima capa goda; abajo, la gran masa hispanorromana. Cada uno con su fe, usos y costumbres. Los contactos, de todas formas, se hacen inevitables, cumpliéndose la ley de que el pueblo más culto termina conquistando a su conquistador más tosco. Aunque llevó su tiempo —más de un siglo— y aunque faltan documentos, todo apunta a que la plena fusión nunca llegó a realizarse, quedando limitada a las familias notables de ambos grupos. Claro que tampoco el contingente godo daba para más.

Eurico puede considerarse su primer rey autónomo en la prefectura de las Galias, a la que pertenecía la diócesis de Hispania, al romper sus lazos con Roma en el 476. Pero tendremos que esperar a Leovigildo (565-586) para tener un rey y un reino netamente hispano-godos. Derrotó a los suevos en Galicia, sometió a cántabros y vascones en la medida en que éstos podían ser sometidos, unificó la legislación y abolió la prohibición de los matrimonios mixtos. Su hijo Recaredo (586-601) completa su obra convirtiéndose al catolicismo y, con él, todos los godos, en el Tercer Concilio de Toledo (589). Estamos ante una de esas fechas claves de la historia de España, hasta el punto de que hay historiadores que la consideran «el punto de partida de nuestra nacionalidad». Desde luego, los condicionamientos parecían darse. Había un rey que ejercía su autoridad sobre un determinado territorio, había una religión y una legislación común, y se habían eliminado las barreras para que pudiera comenzar la fusión de ambos pueblos, el visigodo y el hispanorromano, así como la de ambas sociedades, la germana y la latina, lo que daría lugar a una personalidad española y a un nacionalismo español. Nacionalismo que poco después san Isidoro, arzobispo de Sevilla, hijo de padre hispanorromano y de madre goda, cantaría en su famosa Laudes Hispaniae: «De cuantas tierras se extienden desde el Occidente hasta la India, tú eres la más hermosa, oh sagrada y feliz España, madre de príncipes y de pueblos. Con razón se te puede llamar reina de las provincias, pues iluminas no sólo el Océano sino también el Oriente. Tú, honor y ornato del mundo, la más ilustre porción de la tierra donde florece y recrea la gloriosa fecundidad del pueblo godo…». Desde luego, ningún nacionalista antiguo o moderno hablaría con más pasión ni puede darse acta de nacimiento más sonora de un nacionalismo. Así lo han interpretado, repito, innumerables estudiosos y así ha venido mostrándonoslo la historiografía oficial. Hay, sin embargo, importantes lagunas en tal interpretación, debidas principalmente a la escasez de documentos de la época. La más importante se refiere a que no existe certeza sobre el grado de mezcla de ambas sociedades. Por los indicios que tenemos, repito, podemos deducir que no era profunda ni extendida. Sin ir más lejos, no sólo el rey, sino el Oficio Palatino, que abarcaba a los condes, los jefes de los espatarios o guardia real, los encargados de las caballerizas y los mandos del Ejército, tenían que ser godos. También en el Aula Regia, o consejo asesor del monarca para cuestiones políticas, militares y legislativas, los godos tenían un peso decisivo, mientras que a los hispanorromanos se les permitía ocupar tan sólo cargos de la Administración. La Iglesia era más abierta, y entre su jerarquía abundaban los hispanorromanos. Y el hecho de que los concilios de Toledo se convirtieran con el tiempo en órganos importantísimos para la regulación no sólo de los asuntos eclesiásticos, sino también de los judiciales, administrativos e incluso de Estado, constituyó una vía de comunicación entre ambas sociedades. Y que los reyes, para ser debidamente coronados, tuvieran que obtener la aprobación de tales concilios dio a éstos un enorme poder, y a menudo los hizo centro de intrigas palaciegas y les confirió gran influencia sobre la sociedad civil, si es que así podía llamarse. No era tampoco extraño que los reyes solicitasen de los concilios consejo en las tareas de gobierno y enviasen a los miembros del Aula Regia a los mismos, aunque sólo fuese para que encauzasen sus decisiones en la dirección que convenía a su política, ya que el monarca ejercía prácticamente todas las potestades (legislativa, ejecutiva y judicial), así como las relaciones con otros países y el poder declarar la guerra o concertar la paz, aunque esto último resultase extraño en las tribus germánicas. Lo usual, en caso de torcerse la suerte de las armas, era morir en el campo de batalla, como le ocurrió a Alarico II en la citada batalla de Vouillé frente a los francos. Pero que los concilios de Toledo fueron ganando cada vez más protagonismo dentro de la monarquía visigoda está fuera de toda duda. Es otro rasgo que perduraría e incluso se afianzaría en el Estado español, en aquellos momentos todavía en fase embrionaria.

Podemos imaginar que mientras que algunas estructuras germánicas tomaban carta de naturaleza entre la población local —el Fuero Juzgo estuvo vigente en España hasta finales del siglo XIII—, hubo en sentido contrario una progresiva romanización de los estratos sociales visigodos más altos, que se hizo evidente en su alejamiento de las armas y su afición a la vida palaciega, intrigas incluidas, que terminarían siendo su perdición. Los últimos reinados no pudieron ser más tumultuosos, algo que nos indica lo delgado que debía de ser su barniz cultural. Un complot de nobles y alto clero contra Wamba, que incluyó su tonsura clerical mientras estaba inconsciente a causa de una pócima que le habían dado, le incapacitó para seguir reinando según la ley goda y tuvo que ingresar en un convento. Pero la anarquía no hizo más que crecer bajo sus sucesores y cuando los partidarios de Witiza, depuesto a su vez por don Rodrigo, piden ayuda a los árabes para derribar a éste, lo que desencadenan es el terremoto. El gobernador Muza despacha a su lugarteniente Tarik, que derrota a don Rodrigo en la batalla de Guadalete (711). Pero tras contemplar la vega del Guadalquivir, tan distinta de los eriales africanos de donde venía, en vez de devolver el trono a los witizanos, se apodera de él. Un año después desembarca el propio Muza y convierte la ayuda en gran conquista. Con lo que desaparece el reino visigodo.

Éste va a quedar, sin embargo, grabado en la imaginación, a menudo más poderosa que la realidad, de los vencidos. «La España perdida» va a ser durante los siglos posteriores un grito recurrente entre los cristianos españoles, primero muy débil, luego cada vez más fuerte por su carácter legendario y lejano. Y así, el reino visigodo, tan efímero, tan frágil, formado por elementos tan dispares, acabó convirtiéndose en referencia del nacionalismo español. De no haber habido invasión árabe y haberse mantenido a lo largo de la Edad Media, todo apunta a que su evolución hubiera sido parecida a la de otros países vecinos y los visigodos se hubieran convertido en los padres de hecho y de derecho de la nación española, como los francos lo son de la francesa. Pero la invasión árabe fue mucha invasión, y los ocho siglos que se quedaron, muchos siglos, por lo que la impronta visigoda no pudo conformar ella sola nuestro nacionalismo, por más que haya intentado presentarse así. Le faltó tiempo y le sobraron elementos ajenos. España, a diferencia de lo que dicen los españoles castizos, no viene de los godos. Viene de bastantes pueblos más. Los godos no lograron construir un «Estado nacional», al no haber logrado la plena fusión de sus habitantes, requisito fundamental del mismo. La prueba la tenemos bien a mano: con un reducido contingente (¿12 000 hombres Tarik, 18 000 Muza?), los árabes se apoderaron de toda la Península en sólo siete años, que de hecho fueron cuatro: del 711 al 715. Tuvo que ser un auténtico paseo. Los cuatro o cinco millones de hispanorromanos los debieron de ver como un invasor más, que con un poco de suerte podía incluso ser más benévolo que el que ya tenían encima. Tamaña falta de resistencia sólo puede significar una cosa: no consideraban el reino visigodo como suyo y no movieron por tanto un dedo para defenderlo. Toda referencia, pues, a una «nación hispano-goda» o a un «temprano nacionalismo español» entra más en los dominios de la leyenda que en los de la historia. Nada nuevo, como ven, nacionalísticamente hablando.

4
El rompecabezas medieval

Que la invasión árabe distanció la península Ibérica del resto de Europa y que los ocho siglos siguientes fueron claves para desarrollar su carácter, su estilo y su posición en la historia universal lo acepta todo el mundo. Pero ahí se acaban las coincidencias y empiezan las discrepancias, tan grandes como apasionadas. Aunque hay casi tantas interpretaciones como estudiosos, podemos reducirlas fundamentalmente a dos:

Los que sostienen que España se forja durante la Reconquista, en la que asume la representación de la cultura occidental y de la fe cristiana frente al islamismo, lo que la marcará para siempre.

Y los que ven la España medieval como lugar de encuentro de tres culturas, la cristiana, la musulmana y la judía, que moldearán su carácter polivalente, incluso sin que tome conciencia de ello.

Principal defensor de la primera tesis fue Claudio Sánchez Albornoz, que partiendo del estudio del reino de Asturias, consagró su vida a rastrear señas de identidad romano-góticas por asentamientos, villas, municipios, cartas pueblas, fueros y Cortes de toda la Península. En cambio, Américo Castro, portavoz insigne de la tesis multicultural, la resumió en un solo libro, España en su historia, aunque logrando con él un impacto semejante al de una bomba atómica. Sin duda hay argumentos para defender una y otra teoría, que ahorramos al lector por ser de sobra conocidos. Pero también los hay para oponerse a ellas. Por lo pronto, la Edad Media fue una etapa demasiado larga, demasiado compleja, demasiado turbulenta, como para ser reducida a esquemas tan simples como los que ofrecen ambos historiadores. Hubo en ella de todo, a veces incluso contradictorio entre sí. Además, la Reconquista no fue una cruzada, una idea que está en el fondo de la primera tesis. España no participó en las Cruzadas, arguye ésta, por tener ya la suya particular dentro de su propio territorio, equiparable a las otras. Pero la realidad no sostiene esta tesis. Las Cruzadas fueron expediciones militares muy concretas, producto de la fiebre religiosa y el entusiasmo popular del momento, que se extinguieron con la misma rapidez que brotaron. Aunque tuvieron repercusiones comerciales y culturales, su espíritu, su desarrollo y su desenlace las reducen a un tiempo y a un espacio muy específicos. Por el contrario, la Reconquista fue algo mucho más dilatado y complejo. Estamos ante un proceso de lenta expansión de los reinos cristianos, con frecuentes luchas entre ellos y períodos de tregua con el invasor, por lo que reducirlo a «la lucha contra el infiel» es simplificarlo de tal forma que induce al error. Al final, sí, se expulsó a los árabes. Pero entretanto ocurrieron en la península Ibérica demasiadas cosas y demasiado importantes para que podamos ignorarlas sin desvirtuar el cuadro general.

Pero del mismo modo, presentar la España medieval como un oasis de convivencia y ejemplo de unidad en la diversidad, que es el fondo de la tesis de Américo Castro, choca con una serie de hechos que contradicen también tamaña simplificación. Es verdad que judíos, musulmanes y cristianos coexistieron en aquella España, en algunos momentos incluso con armonía y provecho para todos. Pero no es menos cierto que dicha convivencia fue mucho mayor en la parte árabe que en la cristiana, donde sólo se produjo en períodos aislados. Y que fue deteriorándose a medida que avanzaba la Reconquista, de forma que, a partir de la mitad del proceso, arreciaron las persecuciones en una parte como en la otra, y al final no puede honestamente hablarse de ella. Lo que se dice convivencia la hubo sólo al principio, y únicamente forzada por las circunstancias. Los escasos invasores árabes tuvieron que ser tolerantes con la enorme masa de población local si querían no despertar su animosidad. Con el avance cristiano, sin embargo, el ambiente cambió para todos, y de forma paralela creció el desafecto, que a partir del siglo XIII se traduce en pogroms, persecuciones y expulsiones. Hablar, pues, de «la España de las tres culturas» es, cuanto menos, una exageración. Hubo dos culturas perfectamente diferenciadas, la cristiana y la musulmana, como no podía ser menos dado el rigor de las religiones en que se asentaban, con una tercera, la judía, tratando de servir de puente entre ambas. El roce diario trajo sin duda influencias mutuas, sobre todo en hábitos y costumbres, que quedarían impresas en el carácter nacional. Pero no es menos cierto que la obligada convivencia forzó también a unos y otros a subrayar sus rasgos diferenciales, que los elementos más fanáticos de sus respectivas comunidades se encargarían de potenciar. En una palabra: la Reconquista fue al mismo tiempo una lucha y un abrazo, un rechazo y un saludo, una amputación y una ampliación. Limitarla, por tanto, a uno de esos rasgos conduce inevitablemente al error.

Para sintetizar este preámbulo, podemos decir que en la Edad Media se fabrican los diversos ingredientes que darán lugar, ya en la Moderna, al Estado español. Allí surgen nuestras aptitudes y nuestras carencias, nuestros vicios y virtudes, nuestras coincidencias y diferencias. Se la ha comparado a la infancia de España, esa edad en la que se forja de modo indeleble el carácter de individuos y naciones. Sin negarlo, añadimos que es también nuestro subconsciente colectivo, el pozo al que hay que acudir siempre para conocernos. De ahí que le dediquemos un poco más de atención que a otras épocas, sabiendo, además, que nunca acabaremos de desentrañarla del todo.

El inmenso y abigarrado tapiz de la Reconquista puede abordarse desde muy distintos ángulos. A fin de no perderlos, nosotros vamos a reducirlos a cuatro:

El del equilibrio de poder, con dos fases perfectamente diferenciadas. La primera, de clara hegemonía musulmana, coincide con el califato de Córdoba y las campañas de Almanzor. En la segunda, la hegemonía pasa a manos cristianas, que llevan la iniciativa bélico-política. Existen muchos acontecimientos que podrían considerarse el punto de inflexión en ese equilibrio. Nosotros nos inclinamos por la conquista de la ciudad de Toledo (1085).

El geográfico. Existen dos núcleos de reconquista perfectamente diferenciados. El occidental, mucho más dinámico, que partiendo del reino de Asturias se extiende por León, Castilla y Andalucía. Y el oriental, con Aragón y Cataluña como bases, que, por arrancar más tarde, ve reducidas sus posibilidades de expansión. Mientras que Toledo es ya cristiana en 1085, Lérida no lo será hasta 1149. En medio de ambos focos, Navarra tiene una temprana oportunidad de convertirse en protagonista de la lucha, que desaprovechará, para quedar encajonada entre los dos reinos más potentes.

El bélico. Se trata del capítulo que más sorpresas nos depara, pues cuanto más de cerca lo estudiamos, más nos percatamos de que, pese a su nombre, la Reconquista tuvo muchos más períodos de tregua que de lucha. Pero no es tan sólo eso. Lo más asombroso es que los cristianos lucharon entre sí tanto o más que con los musulmanes.

Por último, el económico político-socio-cultural. Con una primera parte en la que España queda prácticamente aislada de Europa, lo que la lleva a ensayar fórmulas propias en todos esos terrenos, algunas de las cuales van a marcarla para siempre. Paulatinamente, los contactos se fueron ampliando, sobre todo a través del Camino de Santiago, y al final de la Edad Media apenas hay ya diferencia con el resto de Europa.

Vamos a repasar, siquiera sumariamente, cada uno de esos enfoques, para ver si entre todos ellos conseguimos obtener una idea global de qué fue realmente la Reconquista y la España que surgió de ella.

Equilibrio de poder

Resulta difícil, por no decir imposible, conocer con exactitud el impacto de la derrota de Guadalete en la España de principios del siglo VIII. Todo un legado épico-legendario nos la ha presentado como una hecatombe de alcance nacional, que incluye a don Rodrigo muriendo no en la batalla, sino en una cueva, expiando sus pecados personales y políticos en las fauces de un dragón. Para los visigodos fue sin duda brutal, ya que significaba la pérdida de su dominio sobre la Península. Pero no olvidemos que seguían siendo una fina capa en lo alto de la pirámide social. A la gran masa de población, en cambio, no pareció afectarle demasiado, como prueba la citada falta de resistencia que ofreció al invasor y las conversiones en masa a su religión: el 10 por ciento en el siglo VIII, el 20 por ciento en el IX, y en el X el 80 por ciento de la población de Andalucía. Y éstas son estimaciones a la baja, pues hay autores que las doblan, sobre todo entre los campesinos. La conversión al islam no debe atribuirse tan sólo a la tibieza de su fe. Había un importante aliciente económico. Quien se hacía musulmán dejaba de pagar el impuesto especial que gravaba a los «infieles». Los califas eran tolerantes en materia religiosa… siempre que se pagara por ello.

Parte de la nobleza visigoda, en cambio, huyó hacia el norte, aunque hubo también entre ella quien pactó, e incluso emparentó, con el vencedor. Entre los que huyeron se encontraba Pelayo, personaje del cual resulta difícil distinguir la realidad de la leyenda. Al parecer, había formado parte de la corte de don Rodrigo. Hasta qué punto fueron las apetencias del gobernador árabe de Gijón hacia su hermana o el orgullo nacional herido lo que lo llevó a encabezar una rebelión, no está claro. En cualquier caso, la historia le ha consagrado como el caudillo del levantamiento, que obtendría su primera victoria en Covadonga. Posiblemente se trató de una escaramuza entre montañas, pero la mitología cristiana la convirtió en batalla providencial y punto de arranque de la Reconquista, al amparo de la Virgen del mismo nombre. Don Pelayo instaló su corte en la cercana Cangas de Onís. Todo apunta a que los musulmanes no dieron importancia al incidente. A ellos no les atraían lo más mínimo aquellos valles húmedos y riscos fríos, sino que preferían las tierras mucho más soleadas del sur. Una querencia va a notarse también en la distribución que hacen de éstas. Los árabes auténticos, líderes de la conquista, se quedan con las tierras fértiles del valle del Guadalquivir, mientras que dejan las mucho más pobres de la Meseta y Extremadura a los bereberes que sirven en su ejército, algo que causará fricciones entre ellos. Pero en la cornisa cantábrica ninguno de los conquistadores musulmanes está interesado, por lo que la retirada de los escasos contingentes allí llegados se hizo de forma natural, para suerte de los sucesores de don Pelayo, todo hay que decirlo, que trasladarían la corte a Oviedo y establecerían en ella el ceremonial visigodo. Y hay aquí un hecho tan paradójico como significativo que conviene resaltar. Asturias, como Cantabria, se contaban entre las regiones peninsulares que más se resistieron a Roma. Sin embargo, van a estar en la vanguardia de la lucha contra los árabes. La Reconquista arranca así apoyada en los dos elementos menos romanizados de aquella sociedad: los visigodos en su cima y los cántabros y astures en su base. Lo que puede explicar el rasgo germánico que adquiere desde el principio y que mantendrá ya hasta el final. Rasgo, sin embargo, no justificado por la estructura de la población cristiana, mayoritariamente hispanorromana.

El primer rey astur que cruza la cordillera es Alfonso I. Dirige expediciones de tanteo, para volver al refugio de las montañas en cuanto el peligro amenaza. Los musulmanes tampoco le conceden mayor importancia. Además, han ocurrido hechos importantes entre ellos: un príncipe omeya, Abderramán, ha llegado a Córdoba huyendo de Damasco, donde buena parte de su familia ha sido exterminada por los abasíes, y se proclama emir independiente, estableciendo de hecho el primer Estado árabe en la Península. Los gobiernos de sus sucesores, hasta Abderramán III, que se proclamará califa y reinará hasta el 961, marcan el período de máximo esplendor árabe. Por aquel entonces, los cristianos, un poco a la chita callando, han instalado su capital en León e ido avanzando posiciones, alzando castillos, fortificando ciudades hasta el Duero. Pero son notablemente inferiores y han de sufrir las razias de castigo que de tanto en tanto les envía Córdoba o bien pagar los tributos correspondientes. Algunas de esas razias, como las de Almanzor, fueron tan poderosas que llegaron a Santiago y a Barcelona, dejando tras de sí un rastro de destrucción y muerte.

El califato, sin embargo, desaparece prácticamente después de Almanzor. Le sustituyen los reinos de taifas, con los que cambia el signo de la lucha, y a mediados del siglo XI se produce el vuelco: ahora serán los reyes musulmanes los que deberán pagar tributo a los monarcas cristianos. Es la mejor prueba de que el viento ha rolado. Aunque no todo resulta beneficioso con el cambio. A partir de entonces, los reyes cristianos deberán tener en cuenta un efecto secundario adverso de sus conquistas: cuantos más reinos árabes conquisten, menos tributos recaudarán. Este hecho no anima precisamente a la adquisición de nuevos territorios y puede ser una de las infinitas causas de la ralentización que adquiere la Reconquista. Las repercusiones sociales de esta caída de ingresos reales van a ser, si cabe, más graves, ya que muchos españoles la pagarán con la mengua de sus libertades, como veremos más adelante.

Desequilibrio geográfico

Una de las cosas que resulta más chocante al contemplar el mapa general de la Reconquista es su asimetría. Mientras que por la parte occidental avanza, no vamos a decir que a buen paso, pero sí de forma apreciable, en la oriental sus progresos son mucho más lentos. Desde el principio hay núcleos cristianos en el Pirineo. Pero les costó abrirse paso hacia el sur. La principal razón puede ser que mientras los árabes apenas se asentaron en las ásperas tierras al norte del Duero, sí lo hicieron en las fértiles del valle del Ebro, por lo que costaba mucho más desalojarlos. Por otra parte, Cataluña había pasado a formar parte del imperio carolingio, como Marca Hispánica, o límite meridional del mismo, aunque el conde Borrell II se proclamó independiente y, de hecho, «rey». Un matrimonio —el de Ramón Berenguer IV con Petronila, hija de Ramiro II el Monje— unirá la corona catalana a la aragonesa, que continuarán ya juntas la Reconquista. Pero este retraso inicial, unido a la mayor resistencia que encuentran, les hace ir muy por detrás de leoneses y castellanos, que llegan a Andalucía bastante antes. Conquistan incluso el reino de Murcia, de forma que el rey de Aragón y conde de Barcelona Jaime I el Conquistador encuentra taponada su marcha hacia el sur, por lo que inicia una expansión por el Mediterráneo (Mallorca, Sicilia, Cerdeña) que llevará a los catalanes nada menos que a Atenas y Neopatria.

Navarra es un caso aparte. Sancho el Mayor, a caballo del milenio, incorpora el condado de Castilla y las tierras del Alto Aragón, lo que hace suponer un gran futuro para su reino. Pero a su muerte lo divide entre sus hijos, y Navarra, devuelta a su tamaño original, encontrará su avance taponado por los de Castilla y Aragón, lo que la hace buscar alianzas con Francia que durarán hasta que Fernando el Católico la une definitivamente a la Corona de Castilla, ya finalizada la Reconquista. No obstante, también hay que decir que cuando se necesitó el concurso navarro en alguna batalla clave contra los musulmanes (las Navas de Tolosa, por ejemplo), éste no faltó.

Puede debatirse hasta el infinito si los avances más rápidos del núcleo occidental se debieron a su arranque más temprano o si fueron producto de su mayor afán reconquistador. El caso es que Castilla («Tierra de castillos»), de pequeño condado en el triángulo vasco-burgalés-riojano, pasó a ser el protagonista de la lucha gracias al espíritu guerrero de sus gentes y a la audacia, sin demasiados escrúpulos, de sus dirigentes. Pero era lo que requerían los tiempos y tanto los demás reinos cristianos como los árabes pudieron sentir pronto en sus carnes la muestra de aquel dinamismo. Que las tierras de La Mancha recibieran el nombre de Castilla la Nueva al ser reconquistadas y que incluso se sopesara la posibilidad de rebautizar Andalucía como Castilla Novísima indica hasta qué punto era preeminente el papel de aquel pequeño condado dentro de la nación, Estado, reino o lo que fuera, que se estaba gestando. Papel que mantendrá, para bien y para mal, en los siglos venideros, hasta el punto que «castellano» llega a ser sinónimo de «español», no sólo en lo que a la lengua se refiere, lo que es un hecho, sino también en lo tocante a la nación, lo cual ya no corresponde a la realidad. Pero de entonces arranca el equívoco. Y uno de los mayores problemas de la nación española.

El escenario bélico

El rasgo más característico y menos aireado de la Reconquista es la discontinuidad: en ella no se dieron en absoluto una lucha continuada y un avance paulatino. Los progresos se hacen a empellones, seguidos por largos períodos en los que apenas hay actividad bélica. Como en la física atómica, los saltos ocurren sólo cuando se ha almacenado un determinado cuanto de energía, no antes. Los ríos son los que marcan los límites de esos saltos cuánticos. El primer objetivo cristiano es el Duero, que alcanzará Alfonso III hacia el año 900. Alfonso VI extiende los dominios cristianos hasta el Tajo, dos siglos más tarde. Siglo y medio después, Fernando III conquista Sevilla y el valle del Guadalquivir, lo que dejaba a los árabes tan sólo el reino de Granada, que además se convertía en un reino vasallo. Que el Rey Santo había dado prácticamente por acabada la Reconquista lo demuestra que cuando murió estaba planeando el asalto a África. En la parte oriental ya hemos dicho que los avances fueron bastante más lentos, pero con Jaime I, que negoció con Fernando III los límites de sus respectivos reinos, también quedaba finalizada la lucha contra los invasores. ¿Qué hubo en medio de esos grandes empellones? Pues hubo de todo. Treguas, repoblación de los territorios conquistados, incursiones aisladas en los territorios enemigos y, sobre todo, luchas entre los distintos reinos cristianos. Pues, posiblemente, lo que demoró más el avance fueron las guerras entre los hermanos de fe, que consumieron buena parte de las energías y recursos de todos ellos. La costumbre de dividir el reino entre los hijos fue, en este sentido, letal, ya que, por una parte, fragmentaba la potencia, y por la otra, incitaba al más fuerte o audaz de ellos a arrebatar las posesiones a sus hermanos, en vez de hacer todos causa común contra los musulmanes. Menos mal que éstos estaban tanto o más desunidos, porque de haberse mantenido con la fortaleza de los primeros califas, la Reconquista duraría todavía hoy. La Reconquista se convierte así en una especie de tela de Penélope que los monarcas más competentes tejen durante su mandato, para deshacerlo en el testamento con el reparto del reino entre los hijos. No es de extrañar por tanto que la Reconquista durase ocho siglos. He contado doce reyes de Asturias, quince exclusivamente de León, diecinueve de Castilla y León, cinco exclusivamente de Aragón, quince de Aragón y Cataluña y veintiuno de Navarra, ochenta y siete en total. Pues bien, sólo pueden considerarse auténticos reconquistadores en Asturias los dos Ordoños, el I y el II. En León y Castilla, cuatro Alfonsos, el III, el VI, el VII y el XI, y dos Fernandos, el I y el III. En Aragón-Cataluña, un Ramón Berenguer, el I, un Alfonso, el I, y un Jaime, el I también. Y en Navarra, dos Sanchos, el III y el VII. Trece tan sólo, un sexto del total. Es más, casi todos ellos, antes de lanzarse contra los reinos musulmanes, tuvieron que dirimir con las armas sus diferencias con hermanos y reyes vecinos. No es, pues, exagerado sostener que los reyes cristianos batallaron entre sí tanto o más que con los árabes, aunque lo que prevaleció durante la Reconquista fueron períodos de escaramuzas, treguas armadas o paz comprada con tributos. Miguel Ángel Ladero resume esta idea al hablar de «la gran reconquista, ocurrida entre 1212 y 1266», que fue el período en que se hicieron los mayores avances. Cincuenta y cuatro años de casi ochocientos.

Pero lo peor no fue el tiempo perdido o las energías malgastadas. Los hombres hemos perdido el tiempo en todas las edades, incluida la actual, y somos expertos en dedicar nuestros mayores esfuerzos a causas que no valen la pena. Lo peor de esas luchas intestinas de la España cristiana fue que crearon animosidad entre sus distintas partes y personalidad propia en ellas. Asturias, León, Castilla, Galicia, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia, nacen entonces. Y nacen enfrentadas entre sí, con hablas, leyes, normas, héroes y tradiciones diferentes. En su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, titulado significativamente «Las raíces medievales de España», Julio Valdeón ha enumerado lo que había de común en todos esos reinos, aportando pruebas testimoniales de que incluso los más distantes se consideraban «parte de España» y que el nombre de ésta, Hispania, Espanya, Spanya, Aspanya, Hespaña, aparece en todas las lenguas vernáculas que van surgiendo en la Península. El viejo sueño de reconstruir la monarquía visigoda retumba como un eco a lo largo de la Edad Media española en todos los reinos cristianos, dándoles una cierta homogeneidad de pasado y de futuro, de sustrato y de intenciones. Sin embargo, no es menos cierto que eran reinos perfectamente diferenciados, con capital, corte y leyes propias, que conservaban celosamente. Se unían mediante matrimonio o conquista. Pero eran uniones generalmente efímeras, que volvían a separar testamentos o sublevaciones. Poco a poco, sin embargo, va imponiéndose la ley del más fuerte, que engloba a los demás. Pero hasta que eso acontece han transcurrido siglos de separación, han corrido ríos de sangre, se han afianzado los rasgos diferenciales y se han profundizado los prejuicios mutuos. Lo que esto significa no ha sido suficientemente subrayado por la historiografía oficial, siendo, como es, fundamental para entender nuestro país. España se forja, en efecto, durante la Edad Media, en la lucha contra los árabes y en la convivencia con ellos, tal como aseguran Sánchez Albornoz y Américo Castro. Pero al mismo tiempo que España se forjan los distintos reinos que la componen, cada uno con su matiz particular. Un matiz tan particular que va a persistir hasta nuestros días. Pues si se fijan, los viejos reinos medievales españoles darían —lugar etimológica (regio, -onis) y administrativamente a las posteriores regiones y corresponden a nuestras actuales autonomías. Es significativo que cuando un monarca reclamaba para sí la soberanía nacional, no se proclamaba «rey» —reyes eran los de cada uno de los reinos cristianos—, sino «imperator», emperador. El primero en usar tal título fue Alfonso VI, Imperator totius Hispaniae, aunque será su nieto, Alfonso VII, quien se haga coronar emperador en León, en una elaborada ceremonia que incluía «capa bordada y corona de oro puro». Queda muy bien. Hasta que caemos en que un imperio no es una nación. Es un conjunto de ellas. De ahí surgirá el término «las Españas», que aunque sea un «cultismo», según José Antonio Maravall, se viene empleando hasta nuestros días, mientras que «monarquía» equivaldrá a «imperio» en nuestros autores clásicos. Desde muy pronto, España fue algo más que un reino sin llegar a ser una nación.

Para resumir este apartado: la Reconquista no fue una empresa nacional. Fue una empresa regional. Cada uno de los pequeños reinos cristianos hizo la guerra por su cuenta contra el invasor musulmán, al tiempo que batallaba contra sus correligionarios. Sólo en contadas y muy específicas ocasiones éstos unieron sus esfuerzos contra el enemigo común. Eso fue algo que duró desde el primer al último día. La toma de Granada no se hizo en nombre de España, sino en el de Castilla.

Panorama económico-político-socio-cultural

Nuestra visión de la España medieval quedaría totalmente coja si no echásemos siquiera una ojeada a sus circunstancias socioeconómicas. Aquel avance asimétrico y a trompicones, aquellos bruscos acelerones y largas paradas produjeron peculiaridades que dejaron profundas huellas. Cuando hasta hace poco se decía «España es diferente», no éramos conscientes de sus vastas y profundas implicaciones. Advertíamos antes del corte que representó la invasión árabe respecto a Europa. Aquel desenganche íbamos a pagarlo caro, ya que prácticamente hasta nuestro ingreso en la Comunidad Europea fuimos incapaces de superarlo. Ello nos obligó a resolver solos las grandes crisis del crecimiento europeo —Reforma, revolución, industrialización— y, aunque nos ha evitado más de un trago amargo (por ejemplo, la guerra de los Cien Años o las dos últimas mundiales), no hay la menor duda de que el balance total de aquella desvinculación es negativo. Hemos avanzado con el paso cambiado, cosa siempre incómoda, y los grandes progresos del continente nos han llegado siempre tarde y mal, lo que ha causado que, de los Pirineos para acá, gentes y hechos adquiriesen un aire especial.

La sociedad que va surgiendo de aquella lucha intermitente y aquellos avances discontinuos es también peculiar, con diferencias entre los distintos territorios, aunque también con ciertos rasgos comunes producto de su aislamiento. Sólo en Cataluña, debido a su proximidad con Europa, puede decirse que se dio un auténtico feudalismo, con señoríos y servidumbre de la gleba. En la otra esquina, en Galicia, veremos algo parecido, pero a cargo especialmente del alto clero y de los monasterios, que intervendrán activamente en la política y en la guerra. En el resto del territorio cristiano, sobre todo en la zona asturleonesa, surgirán una sociedad y una economía muy especiales, que impondrán su sello característico a la Reconquista, sobre todo en sus primeros siglos. Esta singularidad va a venir impuesta por las circunstancias: cuando los cristianos abandonan las montañas del norte para iniciar su expansión, se enfrentan con la dificultad de que no sólo hay que conquistar tierras, sino que también es necesario repoblarlas. Tienen que levantar villas, fortines, granjas y alquerías si quieren establecer un dominio efectivo sobre ellas. Lo que conlleva un grave riesgo, sobre todo en la primera etapa, cuando la superioridad islámica era apabullante: una de aquellas razias a las que los musulmanes eran tan aficionados significaba para los repobladores perder el ganado, las cosechas, la casa y, en muchos casos, la libertad, pues podían ser hechos prisioneros por los asaltantes para ser vendidos como esclavos. Los incentivos tenían que ser muy altos para decidirse a afrontar tales peligros. Y, en efecto, lo fueron: para repoblar el ancho y casi vacío valle del Duero, los primeros reyes leoneses ofrecieron algo tan precioso como raro en aquellos tiempos, libertad. Quienes estuvieran dispuestos a asentarse en aquellas tierras serían libres de toda servidumbre, tendrían sólo el rey como señor. Esto servía tanto para los individuos como para las poblaciones, lo que dio origen a las tierras y villas de realengo, abundantes en aquella comarca. Sus habitantes iban a ser los más libres en la Europa de aquellos tiempos. Claro que al precio de vivir con el peligro siempre sobre sus cabezas. Lo que les obligaba a tener la espada cerca del arado y a fortificar sus villas, creando a menudo en ellas milicias para defenderlas y comités ciudadanos para regirlas. La importancia y autonomía que adquiere el municipio español viene de entonces, y se materializaba en su concejo rector. En mi infancia presencié en el pueblo de mis abuelos, Folledo de Gordón, perdido en la alta montaña leonesa, cómo los cabezas de familia, tras la misa y la partida de bolos, se reunían todavía en el atrio de la iglesia para decidir los asuntos comunales: si se comenzaba la siega de la hierba, si se echaban las vacas al monte, qué camino había que arreglar en hacendera entre todos. La decisión se tomaba mediante votación a mano alzada, tras exponer cada uno su punto de vista. Ha sido la democracia más directa que he visto en mi vida, incluida la norteamericana. Hoy, la partida de bolos se ha sustituido por ver la televisión, y el concejo, por acercarse a la Pola de Gordón, cabeza de partido, para pedir que envíen una «pala» que arregle lo que haya que arreglar. En cuanto a las vacas, han sido sacrificadas a Bruselas. Pero ésa es otra historia.

Estábamos ante el nacimiento de una sociedad bastante más igualitaria que sus contemporáneas, aunque pronto surge un elemento diferenciador en ella: el caballo. En la lucha siempre probable contra los musulmanes, quien disponía de un caballo y las armas correspondientes aventajaba siempre al peón de a pie. Había que recompensarle por ello, y es lo que hacen las ciudades, creando una categoría especial de ciudadano: el caballero, a mitad de camino entre el noble y el burgués, sin ser ninguno de ellos, que va a convertirse en uno de los protagonistas de la escena española, no sólo histórica, sino también literaria, artística e incluso burlesca.

El valle del Duero se repobló así, con astures, cántabros, vascos y gallegos. En la repoblación del valle del Tajo hubo ya bastantes mozárabes, cristianos que, tras haber vivido bajo los árabes, se trasladaban a vivir con los de su fe, al haberse deteriorado la convivencia en territorio musulmán y comenzar las persecuciones. Y ya en el valle del Guadalquivir apenas hay repobladores venidos de fuera: se deja sobre el terreno a la población autóctona, incluso si es musulmana (eso sí, pagando el correspondiente tributo), lo que supone una notable diferencia con el norte. En el sur hay muchas menos tierras y villas de realengo, o sometidas tan sólo al rey, abundando en cambio las señoriales, que se sitúan bajo la soberanía de un señor, el cual a menudo es quien las ha conquistado, ya que los reyes encomiendan tal misión cada vez con más frecuencia. Aquí está el origen de los grandes patrimonios de Andalucía. En los siglos finales de la Reconquista hay señores que disponen de auténticos ejércitos, que prestan o no al monarca según su conveniencia. La autoridad del monarca, tan firme en los primeros siglos, disminuye, como las libertades de la población, mientras crece el número y poderío de los nobles. Tenemos así la paradoja de que España se feudaliza a medida que avanza la Edad Media, al revés de lo que ocurre en el resto de Europa, donde monarcas y ciudades van adquiriendo poder a costa de la nobleza. Un rasgo que va a diferenciarnos hasta casi la Edad Contemporánea.

Esto en cuanto al núcleo principal de la Reconquista, el que integran León y Castilla. El resto sigue su propia evolución. Así, Cataluña conserva su carácter feudal y patricio, que la llevará a levantamientos campesinos a finales de la Edad Media, las guerras de la Remensa, muy parecidos a los de otras partes de Europa. También hay levantamientos en Galicia, el de los Irmandiños, pero aunque parecen semejantes, tienen notables diferencias, ya que en la sublevación gallega intervienen nobles y va dirigida principalmente contra el alto clero, que allí asumía casi las funciones de la Corona. Estoy hablando, naturalmente, a grandes rasgos, y seguro que podrían encontrarse mil ejemplos contrarios a lo que digo. Pero pienso que el cuadro general es el descrito, y aquí no tratamos de recrear la historia de España, sino de rastrear los orígenes del nacionalismo y de la nación española, para lo que necesitamos mirar desde cierta distancia, sin perdernos en los detalles.

Aragón es un caso intermedio, con unos reyes relativamente fuertes, que han de vérselas con una nobleza y unas ciudades también muy celosas de sus privilegios, lo que da lugar a un «equilibrio de poderes» (sigo hablando a grandes rasgos e incluso con el riesgo de caer en el equívoco al usar terminología moderna, pero es la única forma de que se me entienda), que en la mayoría de los casos resulta beneficioso para todos. Las Cortes aragonesas tuvieron un papel bastante más activo que las castellanas en la administración de aquel reino. Serán también un elemento diferenciador a la hora de buscar la unidad nacional y la nacionalidad común.

Navarra siguió a lo largo de aquellos siglos su propia política de alianzas con Francia, colaboración esporádica en la Reconquista y puerta de peregrinos del Camino de Santiago. A su vez, los vascos, tras haber formado parte del núcleo fundacional de Castilla, conservan celosamente sus fueros en sus valles montañosos, aunque los más dinámicos de ellos interpretarán papeles relevantes en la milicia, religión, navegación, industria y diplomacia de los otros reinos peninsulares, Castilla preferentemente.

Este mosaico político se complementa con el cultural. El aislamiento de Europa se verá compensado por la influencia árabe, que se filtra incluso durante la lucha. No olvidemos que toda pelea es también un abrazo. Una influencia que se verá incrementada por los mozárabes, cuando empiezan a llegar a los reinos cristianos cada vez en mayor número. Casi todos ellos se habían arabizado completamente en cuanto a costumbres, y que al mismo tiempo que habían aprendido sus artes agrícolas, vestían y reaccionaban como ellos. De todas formas, la influencia árabe fue también muy desigual a lo largo y ancho de la Península. Muy débil en el norte y noroeste, encontramos abundantes huellas de ella en Aragón, donde estuvieron mucho más tiempo, y en Andalucía fue muy fuerte, tal como se aprecia hoy.

La sociedad que va surgiendo de este microcosmos viene determinada por sus condicionamientos. Era una sociedad ante todo guerrera, pues aunque no siempre se luchaba, había que tener a mano las armas, por si el enemigo aparecía de improviso. Eso pondrá en la cima social a los hombres que las empuñaban, de los que irá saliendo la nobleza. Tras ellos vendrán los clérigos, ya que la religión es otro de los componentes de su visión del mundo, no sólo por la importancia que ésta adquiere en el medioevo, sino también porque la «lucha contra el infiel» se ha incorporado a la vida ciudadana. Tras ellos vendrán todos los hombres libres, que son más que en el resto de la Europa contemporánea, tanto en las ciudades como en el campo. Entre ellos surge un tipo muy especial, el del «caballero villano», que parece una contradicción pero en aquella España no lo es: el habitante de la ciudad libre, de probado linaje, que sin llegar a noble, puede portar armas, y de hecho las lleva. Será el antecesor del más típico de los caracteres españoles: el hidalgo. Detrás vienen los artistas, los comerciantes, los artesanos, de mucho menor rango, ya que el único oficio verdaderamente honroso para el español de aquellos tiempos es pelear, mientras se dejan otras ocupaciones a los «francos», a los judíos o a los mudéjares, musulmanes entre cristianos, ocupados preferentemente en la agricultura. Este desprecio por el trabajo, físico e intelectual, y por el comercio se mantendrá hasta ayer como quien dice y va a ser a la larga una de las principales causas de la decadencia española, al impedir la emergencia de una burguesía, la clase protagonista de la Edad Moderna, ya que el caballero villano no puede considerarse realmente un burgués. Su ideario se acerca bastante más al de la nobleza que al de la burguesía propiamente dicha.

Pero aunque en aquella sociedad prevalece un aire antiguo, reina también un cierto igualitarismo que le viene, por un lado, de la falta de implantación del feudalismo y, por el otro, de la fácil ascensión social que ofrece la lucha contra los musulmanes y el poder irse a vivir a territorios recién conquistados. El Cid, enfrentándose al rey y buscándose la vida por su cuenta tras caer en desgracia con éste, simboliza como nadie ese espíritu a la vez guerrero e independiente. Desde entonces existe en España una forma de democracia a ras del suelo, más real que política, más humana que de abolengo o dinero, que no se da en el resto de Europa, y un tipo muy peculiar de español, orgulloso, rotundo, altanero, sin que importe su categoría social, que ha sorprendido siempre a los extranjeros, asombrados ante el empaque que exhiben incluso los mendigos españoles. También desde entonces ha podido decirse que España es antigua y moderna al mismo tiempo, aunque más lo primero que lo segundo.

El Camino de Santiago va a ser la vía de penetración de las ideas y usos europeos. A lo largo del Camino van estableciéndose albergues, hospitales, monasterios y villas, que adoptan las normas de más allá de los Pirineos. En torno a estas villas se crean los barrios francos, nombre genérico que se da a los extranjeros, aunque ni mucho menos todos ellos sean franceses, pues los hay de todas las nacionalidades. Son generalmente comerciantes, pero también abundan los artesanos, cambistas, mendigos y juglares. Los monarcas, por lo general, favorecen la peregrinación, por los beneficios económicos que aporta, como hoy los gobiernos favorecen el turismo. Y dan facilidades para el establecimiento de albergues y monasterios a lo largo de la ruta. No todo son ventajas, como en el turismo, pues la irrupción de nuevas gentes y costumbres trae los naturales choques culturales y personales.

De todas maneras, no fueron muchos, al menos comparados con los que tuvieron lugar en el resto de Europa. La sociedad medieval española fue relativamente tranquila, perturbada sólo en ocasiones por algunos disturbios esporádicos (las ya citadas guerras de la Remensa y los Irmandiños fueron más una excepción que una regla). La falta de un acusado feudalismo, la amenaza latente del enemigo común y la posibilidad siempre presente de trasladarse a tierras fronterizas si uno no estaba a gusto donde vivía servían de válvula de escape a los espíritus más inquietos, de forma que no se produjeron las grandes revueltas de otras villas y regiones europeas. Tumultos ciudadanos los encontraremos sólo hacia el final, con pogroms cada vez más frecuentes. A esas alturas, la convivencia étnico-religiosa se había deteriorado hasta el punto de prácticamente no existir. El pueblo reaccionaba a las calamidades, hambres o pestes arremetiendo contra los judíos, movido por la envidia y los prejuicios religiosos, bajo la mirada benévola de los reyes, que veían resolverse así sus problemas. No todos los monarcas actuaron así, sin embargo, e incluso encontramos algunos (Pedro el Cruel, Enrique IV) que protegieron a los judíos, acogiéndolos en su corte como médicos y banqueros (lo que no hizo más que acentuar la animosidad popular contra ellos).

Creo que tras este vistazo panorámico a la España medieval podemos sacar ya unas cuantas conclusiones. La más importante es también la menos aireada. Se viene diciendo que durante la Edad Media, durante la Reconquista para ser exactos, se forjó la nación española, ya como representante de la cultura occidental y cristiana frente al islam, ya como personificación de las tres culturas que en ella habitaban. Aunque a vista de pájaro aquella España pueda parecer tanto lo uno como lo otro, si nos fijamos bien, nos damos cuenta de que se trata más bien de sublimaciones que de realidades. Lo que a ras de tierra se forja durante la Reconquista son los distintos reinos dentro de la Península, las distintas «nacionalidades» que diríamos hoy. El débil grado de unidad e identidad adquirido bajo los visigodos sobre un sustrato romano se diluyó en buena parte a consecuencia de las luchas entre gallegos, leoneses, castellanos, portugueses, navarros, aragoneses, catalanes, etc., a las que hay que añadir las importantes diferencias entre cristianos, musulmanes y judíos.

Tanto o más que «España», en la Edad Media surgen «las Españas», término que va a seguir utilizándose durante mucho tiempo después de la unificación lograda por los Reyes Católicos. A fin de cuentas, los viejos reinos seguían vigentes de hecho y en muchos aspectos de derecho bajo las dos Coronas.

Lo que tampoco impidió que bajo esas «Españas» empezara a surgir un común denominador, una especie de unidad más metafísica que física, que conectaba las sensibilidades de los distintos reinos cristianos de la Península. El ejemplo más concreto lo tenemos en el Concilio de Constanza (1414), convocado para acabar con el Cisma de Occidente, que Luis Suárez ha estudiado con erudita pasión. Para evitar que los italianos, debido a su número, decidieran las votaciones, se acordó que éstas se hicieran por naciones, de las que se identificaron cinco, a saber: la anglicana, que incluía a ingleses y escoceses; la gálica, que incluía a los franceses; la germánica, que incluía al vasto conglomerado del Sacro Imperio Romano Germánico; la itálica, la de los italianos, y la hispánica, la de los españoles pertenecientes a los distintos reinos de la Península. Fue la primera aparición de la nación española en la escena internacional. Un año después, con el concilio ya encarrilado, el que era su padrino y alma, el emperador Segismundo, se encontró primero en Perpiñán, luego en Narbona, con Carlos III de Navarra, Fernando I de Aragón y Catalina de Lancaster (reina regente de Castilla durante la minoría de edad de su hijo Juan II), para salvar el mayor obstáculo que quedaba: la renuencia de Benedicto XIII, el Papa Luna, a renunciar a la tiara papal. Pese a pertenecer a la nobleza aragonesa y poseer una obstinación que le llevaría a terminar sus días aislado en el castillo de Peñíscola, los monarcas asistentes decidieron retirarle su apoyo y que sus representantes en Constanza siguieran votando bajo el nombre común de nación hispana. O sea, que bajo las discrepancias que surgen entre los diversos reinos peninsulares a lo largo de la Edad Media, va formándose también un sustrato común a todos ellos que dará lugar al genérico «lo español», una curiosa mezcla de orgullo, religiosidad, individualismo y ánimo más guerrero que mercantil, que quedarían ya para siempre. Resulta curioso que los extranjeros perciban esas señas de identidad antes y mejor que nosotros, más dados a ver nuestras diferencias internas. Incluso este libro puede pecar de ello.

En cualquier caso, y para terminar este movido y equívoco capítulo de nuestra historia, la Reconquista es el crisol que funde tanto el carácter español como los rasgos diferenciales que lo caracterizan. Pero sería, no ya una exageración, sino un error, decir que España se formó en aquellos siglos como nación. Le sobraban diferencias entre sus distintos territorios y le faltaba sentido de solidaridad entre sus habitantes. Algo que sólo podía proporcionarle una empresa común, que hiciera a todos ellos españoles por encima de su condición de castellanos, aragoneses, vascos, catalanes, gallegos, asturianos y demás. Los Reyes Católicos lo intentarían por todos los medios a su alcance.

5
Tanto monta

Los Reyes Católicos vienen siendo considerados los padres de la nación española. Ya que aún no hemos aclarado si esa nación ha cuajado, no podemos darles ese título fundacional. Pero ni nosotros ni nadie podemos negarles que lo intentaron hasta el fin de sus días con todas sus fuerzas. Hay un antes y un después de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en la historia de España. Algunos de sus cálculos no se cumplieron. Varias de sus decisiones pueden considerarse, a la luz de los resultados, desafortunadas. Pero ni sus mayores críticos ponen en duda su afán apasionado de convertir el variopinto mosaico que era la península Ibérica a finales del siglo XV en un reino moderno.

El matrimonio fue todo menos fácil. Buena parte de la nobleza de ambos reinos se oponía temiendo, con razón, un fortalecimiento del poder real. Fernando tuvo que llegar a la boda disfrazado de mozo de mulas. Las capitulaciones matrimoniales, sin embargo, demuestran que ambos cónyuges estaban dispuestos a respetar escrupulosamente las peculiaridades de sus respectivos reinos. Eligen como lema el «tanto monta, monta tanto» que los pone en un nivel de absoluta igualdad. El nombre de Fernando iría delante en los documentos de palacio, pero en la enumeración de reinos, el de Castilla precedería al de Aragón. La única que podría dar títulos y mercedes en el territorio castellano sería la reina. Se mantenían las diferencias existentes en pesas, medidas, arbitrios y legislación. En una palabra, más que una unión se produjo una confederación de dos reinos, con el deseo tácito de sus monarcas de irlos acercando.

En este empeño, sin menospreciar para nada la total entrega de Isabel a la empresa, puede decirse, sin embargo, que Fernando puso más, al ser quien más tenía que perder. Castilla cuadriplicaba en territorio a Aragón y lo sextuplicaba en habitantes. Era también considerablemente más rica, y el poder real mucho más efectivo. A Fernando iba a corresponderle, pues, interpretar el papel de segundón en la andadura que iniciaban juntos. Sin embargo, no vaciló en hacerlo, como habría hecho un monarca más pusilánime. Luego, como rey, mostró un tacto exquisito en los asuntos castellanos, para que nadie pudiera acusarle de inmiscuirse en ellos. Durante el primer viaje que hicieron a Andalucía, la gente decía que parecía un mero figurón, tal era su retraimiento. Sólo tuvo un momento de vacilación: al morir, Isabel deja como reina de Castilla a su hija Juana, en la que ya apuntaban signos de locura. Sólo en caso de incapacidad, su padre gobernaría como regente. Fernando, despechado, se casa con Germana de Foix, sobrina de Luis XII de Francia. El peligro se duplica cuando de tal matrimonio nace un hijo, destinado a ser rey de Aragón. La unión tan laboriosamente conseguida se ve amenazada. Pero el infante muere. Como muere Felipe el Hermoso, esposo de Juana, ya completamente trastornada.

Fernando asume la regencia y, tras conquistar Navarra, la incorpora al reino de Castilla, no al de Aragón. Luego, al morir, deja su reino a su nieto, el hijo de Juana, Carlos, lo que consolida la unión. Tal vez le salió el Trastámara que era, esto es, el castellano. Tal vez, sencillamente, tenía ese sentido de Estado que ha hecho decir a algunos que Maquiavelo lo tomó como modelo de su Príncipe. Aunque hay aragoneses que no se lo perdonan, y le consideran un traidor a su patria chica.

Pero nos hemos ido demasiado lejos en esta galopada político-sentimental y debemos regresar al principio de ese reinado si queremos retomar el hilo en nuestra búsqueda de la nación española. La primera preocupación de los jóvenes monarcas fue hacerse con el control de sus respectivos reinos. Fernando lo tenía más fácil, ya que su padre, Juan II, pese a tener todo tipo de conflictos en Navarra y Cataluña, había conseguido imponerse gracias a su habilidad diplomática y a su suerte militar. Pero Isabel lo tenía realmente (nunca mejor usada la palabra) difícil. La sobre el papel hija de su hermano, y a decir del pueblo hija del favorito de éste, Juana la Beltraneja, le disputaba los derechos al trono, apoyada por el rey portugués y por buena parte de la nobleza. El contencioso se dirimió con las armas, y los vencedores fueron Isabel y Fernando, que se habían puesto al frente de las tropas castellanas.

Ya asentados en el trono, emprenden la tarea de armonizar en lo posible sus reinos, tomando una serie de medidas que los vinculaban entre sí, aunque manteniendo siempre un escrupuloso respeto a las instituciones de cada uno. Curioso y significativo para nuestro tema resulta que cuando el Consejo Real debatió su denominación, los monarcas rechazaron la propuesta de algunos consejeros de tomar el título de «Reyes de España», prefiriendo mantener el de los reinos respectivos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Permitieron, sin embargo, que lo usasen sus panegiristas, aunque la mayoría de ellos prefiriera el de «Reyes de las Españas», que no sólo era más literario, sino también más ajustado a la realidad. Los monarcas conocían mejor que nadie las diferencias entre sus súbditos y territorios. Es por lo que buscaron la unidad respetando la pluralidad («yuxtaponiendo sus reinos sin fundirlos», según Gómez Mampaso). Lo formidable de la tarea, el poco tiempo de que disponían y las circunstancias inesperadas que les salieron al paso constituyeron obstáculos impresionantes. Ellos, en cualquier caso, lo intentaron, y recorrieron un buen trecho de ese camino.

Lo más urgente era establecer la autoridad sobre sus reinos, desafiada por un bandolerismo rampante —al que se hizo frente con la Santa Hermandad, nuestra primera policía rural— y una nobleza rebelde, sobre todo en Castilla, donde los últimos reyes habían sido un ejemplo de dejación de responsabilidades y concesiones disparatadas. Con decir que uno de ellos, Enrique II, ha pasado a la historia con el sobrenombre de el de las Mercedes, y otro, Enrique IV, con el de el Impotente, que hacía referencia al ámbito sexual pero que también podría ser aplicado al político, está dicho todo. No sólo se habían creado infinidad de nuevos títulos con sus correspondientes señoríos, sino que tierras y villas hasta entonces de realengo habían pasado a manos de señores no siempre de forma lícita. La Castilla relativamente libre de la Alta Edad Media se había ido feudalizando, en un proceso inverso al del resto de Europa. Buena parte de estos nobles fueron los que se pusieron de parte de Juana la Beltraneja oliéndose lo que se les venía encima. En efecto, una de las primeras medidas que tomó la joven pareja de monarcas tras su victoria fue ordenar la devolución de las tierras ilegalmente ocupadas, reclamar las villas que pertenecían a la Corona y disponer el derribo de las almenas de determinados castillos, para mostrar quién mandaba allí. Son medidas muy jaleadas por la inmensa mayoría de los historiadores. Sin duda fueron en su conjunto positivas. Pero hay que verlas también en su justa proporción. Si se desmocharon almenas, fueron las de castillos fieles al bando de la Beltraneja. Algo parecido puede decirse de los nobles obligados a restituir tierras y privilegios. Por el contrario, los que apoyaron la causa de Isabel fueron recompensados. También recibieron generosa recompensa los que ayudaron en la conquista de Granada. Buena parte de los grandes señoríos de Andalucía proceden de entonces. O sea, que junto a la loada mano dura de los Reyes Católicos con los nobles, hubo también mano blanda silenciada. O más exactamente, mano suave. Isabel y Fernando restablecieron la autoridad real sobre una nobleza que se había salido de madre. Pero en modo alguno redujeron en términos globales el prestigio y la riqueza de ésta. Intuyeron que eran sus aliados naturales frente a los enemigos internos y externos que podían surgirles y presintieron que iban a necesitarla en las grandes empresas que proyectaban, por lo que llegaron a un acuerdo tácito con ella, según el cual se conservaban sus privilegios a cambio de que acudiera en apoyo de la monarquía con dinero y armas siempre que ésta lo necesitase. Era un compromiso beneficioso para ambas partes, que inició un período de colaboración entre la Corona y la aristocracia que se mantuvo durante los siglos siguientes. A partir de entonces, la nobleza española se hace palaciega, la monarquía, aristocrática.

Tras domesticar a los nobles, a los que se integrará en el proyecto imperial, estos y los siguientes reyes irán vaciando las instituciones representativas, como Cortes y concejos municipales. Quienes van a salir perdiendo con esta connivencia es la baja nobleza y el pueblo llano. Pero, curiosamente, hubo pocas protestas. Sin duda influyó el que buena parte de los españoles se creían nobles de una u otra manera. Fue lo que mantuvo la paz social hasta que el imperio empezó a mostrar sus grietas y España, sus carencias como nación.

El reino de Granada era la asignatura pendiente de la Reconquista. Fácil de defender por lo montañoso de su terreno, había logrado conservarse durante un siglo gracias a los tributos que pagaba y a las intrigas que plagaban la corte de Castilla. Pero aquella situación no podía satisfacer a los nuevos monarcas, que la abordaron en cuanto hubieron despachado los asuntos internos. Isabel, sobre todo, se lo tomó como algo personal. De ahí la leyenda de que prometiera no mudarse la camisa hasta que Granada hubiese caído. Esto no sucedió hasta el cabo de diez años, por lo que esperamos, aunque sólo sea por consideración a su consorte, que no cumpliera su promesa. Finalmente, el 2 de enero de 1492, Boabdil les entrega las llaves de la ciudad, poniendo con ello fin a ocho siglos de dominio musulmán en España. Se habían firmado unas generosas capitulaciones que sólo se respetaron al principio. Los monarcas estaban decididos a conseguir la unidad no sólo geográfica, sino también religiosa como forma de afianzar sus reinos. Es por lo que el mismo año decretan la expulsión de todos aquellos judíos que rechazaran bautizarse. Estamos ante una de las medidas más controvertidas de su reinado, que ha hecho correr ríos de tinta, tras producir ríos de lágrimas. Los judíos, que a lo largo de la Edad Media habían progresado en la Península como en pocos otros lugares, habían sufrido severos golpes en los últimos siglos de este período. Los pogroms eran cada vez más frecuentes y sangrientos, forzando a muchos a la conversión o a la marcha. Quedaban, de todas formas, varios cientos de miles cuando llegó el decreto de expulsión. Se calcula que unos 200 000 emigraron y otros tantos se quedaron, aunque las cifras bailan, ya que hubo quien regresó, como hubo entre los que se quedaron algunos que se fueron después. En cualquier caso, hoy es una idea generalizada que, cualesquiera que fueran los beneficios de la homogeneización religiosa, los perjuicios causados por la salida de esta minoría laboriosa e inteligente fueron mayores. La España que hacía sus pinitos como nación moderna perdió con ellos el germen de una burguesía mercantil y profesional, que iba a ser la clase protagonista en la edad que comenzaba. Sin duda, los expulsados perdieron más, la casa, la hacienda, los medios de vida, la que hasta entonces había sido su patria. Pero los daños sufridos por ésta se han notado hasta nuestros días.

Algo parecido puede decirse de la Inquisición, que aunque sólo indirectamente está relacionada con este asunto, pertenece a la misma línea de actuación. Nacida en Francia en el siglo XIII, venía funcionando en Aragón de forma intermitente como defensora de la fe. Pero serán los Reyes Católicos quienes la adopten dentro de su política de unificación. Técnica y legalmente, su cometido era vigilar que los judíos conversos lo fueran realmente, esto es, que no siguieran practicando a escondidas su anterior religión. Pero pronto el Santo Oficio empezó a perseguir a todo tipo de pecadores, desde los bígamos a los falsos místicos, pasando por los clérigos que se aprovechaban del confesonario para conseguir favores sexuales, además de moriscos y protestantes. A estos últimos con especial inquina, pues representaban el último peligro: la Reforma luterana. La Inquisición se convierte así en guardiana del orden establecido, en freno de procederes, en dique de conciencias. Estamos ante lo que Ángel Alcalá llama una represión inmanente, que va a dejar su impronta rebanadora, tanto en la nación como en el modo de ser español. A la Inquisición no le hacía falta actuar, aunque lo hiciese de forma implacable siempre que lo considerase necesario. Le bastaba con que todo el mundo supiera que «estaba ahí», con su red de confidentes (familiares se les llamaba, en una de las mayores tergiversaciones que haya tenido esta palabra), alerta a cualquier desviación de lo política o religiosamente correcto. En este sentido, puede considerársela la primera policía secreta de Estado, como fueron luego la Gestapo, la GPU o la Stassi. El freno que supuso para la intelectualidad española fue parecido al que éstas impusieron en sus sociedades respectivas. La escasez de pensamiento crítico en España se debe a ella. Trajo tranquilidad ciudadana en una época tumultuosa de enormes cambios políticos, culturales y económicos en Europa. Pero el precio pagado —la ausencia de esos cambios— fue demasiado alto. Y aquí no tenemos más remedio que abandonar la Península para echar una ojeada más allá de los Pirineos.

El reinado de los Reyes Católicos coincide con la llegada de la Edad Moderna, uno de los períodos más creativos y, al mismo tiempo, convulsos de la historia universal. Impulsado por artistas, pensadores, científicos, políticos, clérigos inquietos, hombres de acción y todos aquellos a quienes las normas medievales les venían estrechas, el mundo da la vuelta. La Tierra deja de ser el centro del universo para convertirse en un pequeño planeta que gira alrededor del Sol, y en el ámbito del conocimiento, la teología es sustituida por las humanidades como saber supremo. El hombre empieza a estudiar su cuerpo más que su alma y esta vida adquiere más importancia que la eterna. Los que habían sido considerados dogmas irrebatibles se ponen en duda y da la impresión de que tanto el cielo como el suelo tiemblan. Kepler, Copérnico y Galileo invierten la concepción que se tenía del universo, inaugurando un capítulo completamente nuevo de la ciencia, mientras Erasmo invita a media Europa a dejar de utilizar el entendimiento para confirmar los supuestos conocidos y emplearlo para someterlos al implacable escrutinio de la lógica y de la ironía. Ya no hay nada sagrado. Todo es cuestionable en ciencia, religión, política y arte. La burguesía, por saber unir ideas y sentido práctico, se adapta mucho mejor a las nuevas condiciones y va a sustituir a guerreros y clérigos como clase predominante. El papa, como los reyes, ve desafiada su autoridad. Estamos ante un vuelco copernicano —de entonces precisamente viene el adjetivo—, cuyas repercusiones, como ese eco del big bang que detectan todavía los astrónomos en el espacio, duran hasta nuestros días. Europa se incendia en el primer gran debate sobre la libertad individual, el libre albedrío, que suscitará la Reforma protestante, la primera de las grandes revoluciones modernas. Y aquí me permito recordar lo que advertíamos en la introducción: las naciones modernas son hijas de la revolución. ¿Vivió España ésta?

España aporta a la Edad Moderna el descubrimiento de América, el ensanchamiento del mundo, la prueba documental de que los supuestos medievales de un planeta plano eran falsos y una muestra de lo que el hombre es capaz con audacia y fantasía. Pero nuestra aportación se quedó ahí. Existe en España un Renacimiento, pero refrenado en todos los aspectos, lo que le impide estallar con la exuberancia que alcanza fuera y, digámoslo también, caer en sus tumultos y excesos. Los Reyes Católicos amaban sin duda la cultura: la propia Isabel se esforzó en ampliar la suya buscando las enseñanzas de Beatriz Galindo, la Latina. Pero amaban más el orden y la tranquilidad de sus reinos. Es por lo que tuvieron mucho cuidado de que no se alterasen. La Inquisición sirvió así de filtro de «ideas peligrosas y subversivas». Hubo erasmistas en aquella España, pero los más destacados (Vives, los hermanos Valdés) prefirieron emigrar por si las moscas. En cuanto a los pocos luteranos, acabaron todos en la hoguera. Pensar por cuenta propia, una de las características de la Edad Moderna, comienza a ser peligroso en España, donde todo el mundo se guarda muy bien de expresar opiniones que puedan parecer heréticas. Incluso el arte renacentista español, el plateresco, añade al modelo italiano motivos del último gótico, como si quisiera disfrazarse por miedo a parecer demasiado avanzado. Los Reyes Católicos establecieron un círculo de seguridad, una especie de cortafuegos que aisló España del incendio declarado fuera. Pero, al mismo tiempo, ahogaron el sentido crítico, clave del mundo moderno. Es una carencia que acusará el espíritu español en los siglos por venir. Una carencia que encontrará su cauce en una fabulosa perfección formal —barroquismo, culteranismo— y en un agresivo sarcasmo. Brillante todo ello pero improductivo la inmensa mayoría de las veces, como todo aquello que se preocupa más de la forma que del fondo. Podría incluso decirse que, en parte por imposición, en parte por comodidad, aquella España prefiere prolongar la Edad Media y adopta sólo lo más imprescindible del Renacimiento. La misma conquista de América se hace como una prolongación de la Reconquista, «ganando tierras para la Corona y almas para Cristo». Un ideal muy alejado del mercantilista y práctico que presidirá los siguientes imperios modernos. Incluso las controversias que suscita —como el trato de los indios—, que hoy nos parecen tan modernas, y desde el punto de vista de los derechos humanos sin duda lo fueron, eran en el fondo cuestiones teológicas (¿tienen alma los indios?) más propias de la Edad Media que de la Moderna. En aquel momento, España empieza a elegir su propio camino. Que no es exactamente el europeo. Empieza a «ser diferente», a preservar como oro en paño sus rasgos antiguos, que la harán tan romántica, tan atractiva a los demás europeos cuando éstos se harten de modernidad, pero unos rasgos que van a retrasar su desarrollo.

Naturalmente, los Reyes Católicos no eran conscientes de ello. Ellos iban a lo suyo, a establecer un Estado nacional lo más fuerte posible, basado en la unidad geográfica, política y religiosa. Lo persiguen de todas las formas posibles: la guerra y la paz, la astucia y la fuerza, la diplomacia y los matrimonios. Estos últimos constituyen todo un capítulo de su reinado. Isabel y Fernando casaron a sus hijos e hijas con casi todas las dinastías europeas, empezando por la portuguesa, con la esperanza de conseguir alianzas contra Francia, la gran enemiga, y de paso, algún nuevo territorio si había suerte. Con toda la buena intención que les animaba —siempre es mejor conseguir reinos en la cama que en el campo de batalla—, fue una política que trajo más calamidades que venturas. Sólo en Portugal, tras varios matrimonios y dos generaciones después, dio resultado, al unirse ambas Coronas, aunque por poco tiempo. En Inglaterra desencadenó Un conflicto que se convertiría en endémico entre ambos países e incluso entre ambos pueblos (el reino insular pasó a ser la pérfida Albión); por otra parte, el enlace con la casa de Borgoña nos reportaría un imperio en Centroeuropa que nos trajo más desgracias que provechos.

Algo parecido puede decirse de sus logros interiores. Los éxitos de las armas españolas frente a las francesas y el oro de América, junto a una hábil política hacia los nobles, proporcionaron una riqueza y poderío tan real como artificial. «Lo que vemos —dice Felipe Fernández-Armesto al enjuiciar el período— no es un Estado nacional, sino un marco político que funcionó durante un tiempo; no una centralización “moderna” del poder, sino una moral y unos hábitos difundidos que facilitaron la obediencia; no una bonanza, sino una moderada productividad fiscal (para los criterios de la época); no unas proezas heroicas, sino una capacidad tenaz para mantener ejércitos en el campo de batalla y flotas en el mar […]. Al mismo tiempo, persiste la paradoja en el centro de la cuestión: la fragilidad de los logros es siempre evidente; y su perdurabilidad, siempre impresionante».

La última paradoja es que aquellos reyes que buscaban tan ansiosamente la unidad se habían autoimpuesto límites a la misma. El mejor ejemplo lo tenemos en Fernando, obligado a renunciar al trono de Castilla, o en la propia Isabel, que no se interesó más que proforma en los asuntos aragoneses. Era la suya una unidad prendida con alfileres, arropada por el oropel de los éxitos logrados fuera, que podían ocultar las disimilitudes internas, pero no borrarlas. «Confederación de reinos, unidos por la dependencia común de un monarca», es la definición de José María Jover. Los reyes ejercen un poder hegemónico sobre una serie de territorios muy distintos en leyes, costumbres e incluso lenguas. Las diferencias establecidas durante la Edad Media se mantienen y, aunque la autoridad real llega a los últimos rincones del país, es más teórica que efectiva, primero por lo extenso de los dominios y las dificultades de desplazamiento; luego, por esa «red de competencias locales y regionales» que era de hecho la primera y a menudo última instancia de autoridad, pues los reyes no podían estar en todo, pese a lo que dice nuestro teatro clásico. Hay que subrayar, sin embargo, que los monarcas ejercieron un poder muy personal, procurando estar lo más posible en contacto con sus súbditos, concediendo audiencias y desplazándose incluso a los puntos más apartados de sus dominios (Galicia, Cataluña, Andalucía) como parte de esa labor unificadora. Pero las diferencias internas estaban ya claramente grabadas en el «disco duro» de los distintos reinos. Los dos principales, Castilla y Aragón, conservaban sus Cortes respectivas, independientes, muy celosas de sus derechos y prerrogativas, que los reyes no podían ni querían pasar por alto. Resumiendo, pudieron gobernar como auténticos soberanos en todo el territorio nacional y llevar adelante una Staatpolitik, una política de Estado, en asuntos religiosos e internacionales de largo alcance y gran envergadura. Pero sólo tuvieron tiempo material para poner los cimientos de una nación propiamente dicha y empezar a desmontar las barreras de todo tipo existentes dentro de ella, al mismo tiempo que emprendían una serie de proyectos exteriores tan audaces como arriesgados, por lo que representaban de distracción de fuerzas y medios para la tarea interior. Pero más que «españoles», sus súbditos seguían siendo castellanos, aragoneses, catalanes, gallegos, etc. Tan marcados eran ya esos rasgos que incluso los llevan consigo los judíos expulsados, «no mezclándose los catalanes con los aragoneses», «afincándose los procedentes de Galicia en los cortijos» y «no tardando los castellanos en mostrar su superioridad, llegando el caso de llevar capa y espada», según nos cuenta Joseph Nehama en su Historia de los israelitas de Salónica. Incluso los propios reyes prefirieron mantener sus títulos particulares, como queda dicho. Consiguieron, en fin, la unión formal, pero no la fusión efectiva. Pusieron los cimientos de la nación española, pero en modo alguno la levantaron y, menos, la consumaron. Aunque el verdadero problema es si a estas alturas está acabada.

Nada de ello disminuye el mérito de los Reyes Católicos. Y no nos referimos sólo a que lograron convertir, a base de tesón, habilidad y firmeza, un reino de la periferia de Europa en la primera potencia del continente. Nos referimos a que sin su esfuerzo unificador, la península Ibérica se hubiera convertido en algo parecido a los Balcanes, donde diversos y pequeños reinos defendían enérgicamente sus peculiaridades frente a sus vecinos, con las armas de ser necesario. Sin que hubiese muchas posibilidades de que, luego, la Revolución francesa sirviera de crisol nacional entre ellos. Pues si en el siglo XV esos reinos eran ya distintos, tres siglos más tarde lo serían bastante más. Los españoles, pues, tenemos una importante deuda con Isabel y Fernando, aunque su reinado no fuese exactamente lo que nos han contado.

6
Imperio en vez de nación

«¿Qué es lo contrario de nacionalismo?», se preguntaba Sebastián Haffner tratando de definir éste por el ingenioso método de hallar su contrario. Y seguía: «¿El internacionalismo? En modo alguno, nacionalismo e internacionalismo se llevan mutuamente la mar de bien, se complementan, se necesitan. Podría decirse incluso que se entrelazan el uno con el otro: donde hay naciones, debe haber reglas de juego e instituciones internacionales, ya que ninguna nación está sola en el mundo. No, el verdadero polo opuesto del nacionalismo es el imperialismo. La alternativa a un mundo de naciones soberanas es un imperio universal». En otras palabras: el gran enemigo de la nación es el imperio, que la devora, adultera y mixtifica.

No sé si se habrán dado cuenta de la enorme importancia que tiene tamaña afirmación para el tema que estamos tratando. Porque sobre la nación española en ciernes, sobre aquel conglomerado de reinos mal trabados que los Reyes Católicos habían conseguido unir con enorme esfuerzo, van a caer, no uno, sino dos imperios, el europeo y el americano, el que le traen sus navegantes y el que le reporta la política matrimonial. Hubo y aún hay quien lo considera una enorme suerte. Si nos atenemos fríamente a los hechos, no fue así. Esos dos imperios reportarán a España oro, gloria, territorios como nadie había imaginado. Pero le traerán también guerras, envidias y animosidad en grado igual o mayor, aparte de costarle ríos de sangre y bastante más oro del que se obtuvo. Y eso no fue lo peor. Lo peor fue que la aventura imperial se llevó también los afanes y esfuerzos españoles durante los dos siglos siguientes. Esfuerzos y afanes que, de haber sido dedicados a consolidar la recién creada nación española, la hubieran hecho crecer robusta y lozana. Pero no fue así. Al revés, la nación española va a ser la cenicienta, la criada de esos imperios, en especial del europeo, la gran olvidada. Nada tiene de extraño que creciese tan frágil, tan débil, tan desgalichada, como esas madres que lo dan todo para que sus hijos tengan lo mejor.

(Intermedio. Hagamos la comparación con Francia. Durante la Edad Media, Francia estaba también constituida por diversos reinos enfrentados entre sí. No olvidemos que los borgoñones entregaron Juana de Arco a los ingleses. Pero a comienzos de la Edad Moderna, tras varios intentos frustrados de expansión exterior —frustrados en buena parte por España—, llega al trono francés un Borbón, Enrique, que concentra sus esfuerzos en crear una nación francesa, y que convierte a Francia en la nación por excelencia, lista ya para crear un imperio. España, en cambio, recorre el camino contrario. Empieza, por decirlo así, la casa por el tejado. Primero, el imperio [dos, por si uno fuera poco]; luego, la nación. No es ningún milagro que ésta apenas se desarrollase, aplastada por el peso que tenía encima. Ante lo que cabe preguntarse: ¿Fue una suerte o una desgracia que Colón descubriese América y que nos tocara un imperio centroeuropeo en la lotería matrimonial? Preguntas superfluas, naturalmente, a estas alturas. Pero interesantes para todo el que indague las razones de la debilidad crónica de la nación española).

El personaje que va a personificar la conversión de uno de los reinos más periféricos de Europa en la primera potencia del continente es un mozalbete nacido en Gante, hijo de una reina perturbada y de un atractivo infante borgoñón. Ha tenido como preceptor al cardenal Adriano de Utrecht, que le educa en los dogmas de una Iglesia sin reformar y en el mito germano de un imperio universal, suavizados por la tolerancia que desde Rotterdam esparce Erasmo por todo el continente. Habla varios idiomas, los chapurrea mejor dicho, ya que el único que habla bien es el flamenco («Uso el español para hablar con Dios, el italiano para hablar con las damas, el francés para hablar de política y el alemán para hablar con mi caballo»), y se le ha presentado como modelo de príncipe renacentista. Si se le examina de cerca, sin embargo, tiene más de emperador medieval. No sólo por su afición a las armas —Tiziano lo pintó lanza en ristre en Mühlberg—, sino especialmente por su idea de gobierno: los poderes materiales y espirituales unidos en beneficio de los súbditos y de la paz universal, algo más propio del período que había acabado que del que comenzaba. En esto y tantas otras cosas era un típico Habsburgo, un alemán cien por cien. Los alemanes se pasaron la Edad Media tratando de reconstruir el Imperio romano, a través del Sacro Imperio Romano Germánico, tal vez para compensar no haber formado parte de aquél, una de sus grandes frustraciones. Carlos, más V de Alemania que 1 de España, protagonizó el último intento, ya en la Edad Moderna.

Sus dominios han sido calificados de «agregado inorgánico» por su diversidad y dispersión: Austria, Tirol, Bohemia, Moravia, Silesia, Estiria, Carintia y Cardiola, los Países Bajos, el Franco Condado, la Borgoña y el Charolais, Castilla y Aragón con sus posesiones en Nápoles, Sicilia, Cerdeña y el Rosellón, aparte, naturalmente, de la América que acababa de descubrirse. Una auténtica galaxia de los territorios más distantes y dispares. En unos era emperador, en otros, rey, en algunos sólo señor. Durante toda su vida, no muy larga (cincuenta y ocho años), va a luchar para mantenerlos unidos bajo la espada y la cruz, hasta que al final abandona, como un don Quijote que ha comprendido la imposibilidad de su empresa, para pasar sus últimos días en un monasterio. Todo ello, como queda dicho, más propio de un monarca medieval que de un príncipe renacentista.

Cuando recibe la noticia de que ha heredado los dominios de sus abuelos maternos, se pone en marcha hacia la Península rodeado de nobles flamencos, que levantan las naturales suspicacias entre los españoles. La desconfianza se agudiza al comprobarse que sus prioridades son los asuntos europeos, concretamente conseguir la corona imperial, para lo que necesita fondos, que pide a sus recién ganados súbditos. No es la mejor forma de empezar un reinado. En este momento se produce su primer gran conflicto: el de los comuneros. A los comuneros se les ha calificado de reaccionarios y de demócratas, de defensores del viejo orden y de adalides de la libertad, de gentes que no veían más allá de sus narices y de adelantados de los derechos del pueblo. Posiblemente tenían de ambas cosas, por lo que toda interpretación exclusivista de su movimiento es errónea. Eran conservadores al no compartir los grandes proyectos de la era que comenzaba, pero eran demócratas al defender los intereses de la ciudadanía. Les interesaba más su bienestar y sus libertades que el mundo que se estaba formando fuera. No eran propiamente burgueses, al estilo de los que estaban surgiendo en el resto de Europa, sino más bien «caballeros villanos», miembros de la baja nobleza que venía gobernando las plazas castellanas desde hacía siglos, muy apegados a los viejos conceptos del honor y los fueros. Les molestó la forma displicente con que les trataban aquellos flamencos que venían a gobernarles y que, encima, les pedían dinero para ello. En estas circunstancias, el conflicto estaba servido y la sublevación se extendió por Castilla como un incendio veraniego. Al principio, llevaron ventaja los sublevados. Pero cuando los nobles se dieron cuenta de que el levantamiento podía dar la vuelta al statu quo vigente en el país, en el que ellos interpretaban un papel privilegiado, se pusieron de parte del emperador para aplastarlo, cosa que consiguieron (Villalar, 1521). Los principales cabecillas del alzamiento fueron decapitados. Así terminó lo que Marx consideró la primera revolución española. «Los conjurados —afirma con esa prosa heroica que utiliza para hablar de asuntos políticos, que contrasta con el lenguaje plúmbeo de los temas económicos— cayeron en el campo de batalla y las viejas libertades españolas desaparecieron».

¿Qué hubiera ocurrido de haber ganado los comuneros? Los escenarios son tan diversos y tan evidente la inutilidad de tales ejercicios de imaginación, que nos abstenemos de hacerlo. Pero que Villalar fue una encrucijada de la historia de España lo discutirán pocos. De haber sido otro el ganador, las cosas hubieran ido de forma muy diferente. Lo que ya no nos atrevemos a decir es si mejor o peor. A corto plazo, no hubiera habido territorios, fama, gloria, imperio. A cinco siglos vista, sin embargo, la cosa cambia, incluso radicalmente. Pero mejor no hacer cábalas.

Apaciguada por completo la escena interna con el aplastamiento de las germanías de Valencia y Mallorca, movimientos ya claramente revolucionarios protagonizados por los sectores más bajos de la población, Carlos puede dedicarse a lo que realmente le interesa y que va a ocuparle la mayor parte de su vida: guerrear en defensa de sus vastas y desperdigadas posesiones. Tiene que luchar con el turco, que amenaza Viena y el Mediterráneo. Tiene que luchar con los ingleses, que inician su política de atacar a la potencia hegemónica en el continente, no importa cual sea. Tiene que luchar, sobre todo, con Francia, la enemiga natural de España en aquellos momentos, que se siente ahogada por el abrazo de oso del imperio Habsburgo. Tiene que enfrentarse incluso con el papa, que como señor terrenal de los Estados Pontificios no ve con buenos ojos cómo se amplía el dominio español en sus cercanías y que, como Churchill frente a Hitler, no repara en aliarse con el mismísimo diablo (los turcos). Son tantas guerras y tantos enemigos que se produjo la paradoja de que las tropas del emperador de la cristiandad saquearon Roma, no respetando lugar profano ni sagrado. Algo que el papado tardará en perdonar y olvidar, si es que alguna vez llegó a hacerlo. A España, el emperador viene sólo a pedir dinero para sus campañas, cosa que unas Cortes ya domesticadas le dan, aunque cada vez con más esfuerzo, tal es la magnitud de las peticiones. Y en medio de ese fragor, una nota político-sentimental: su casamiento con Isabel de Portugal, prima suya. Fue una boda de Estado —se lo habían pedido las Cortes de Castilla (una de las pocas cosas en la que les hizo caso)—, pero se convirtió en el amor de su vida, lo que no impidió que tuviera amoríos e incluso hijos ilegítimos. Del imperio americano apenas se ocupó. Lo único que le interesaba de él era el oro que le traía.

Todo ello hubiera podido soportarse —las guerras y la confusión general fueron la característica de la época— de no haber explotado una mina en la misma línea de flotación de aquel imperio: la religión. Desde la llegada de la nueva era, la Iglesia católica venía atravesando una profunda crisis tanto en sus dogmas como en sus estructuras, que de una forma u otra tenía que estallar. Estalló en el extremo este del imperio, cuando un fraile agustino que había vuelto, como tantos, escandalizado de Roma propuso una reforma de bastante más calado de cuantas se venían barajando. Pues que aquello no podía seguir así lo comprendía todo el mundo, empezando por los verdaderos creyentes. Pero lo que Martín Lutero planteaba iba más allá del reajuste y se convertía en un vuelco completo, al poner el libre examen, esto es, la conciencia de cada uno, por encima de dogmas y potestades. Era un desafío tanto al papa como al emperador, cogidos por sorpresa. Su primera reacción fue intentar atraerse al díscolo monje, con concesiones y buenas maneras. Pero lo único que consiguieron fue que creciese su altivez y se afianzara en sus posiciones heréticas. Y acabó de estropearlo todo que lo que empezó siendo una cuestión religiosa pasara pronto a convertirse en un problema político. Bastantes príncipes alemanes vieron en la herejía un vehículo para sacudirse la autoridad del emperador. Uno de ellos incluso ofreció su castillo a Lutero, que lo tomó como refugio para traducir la Biblia al alemán, algo taxativamente prohibido por la Iglesia. Así fue como la Reforma protestante se convirtió en una auténtica revolución —la primera de las modernas revoluciones europeas—, y la Biblia escrita en alemán, en el germen del nacionalismo germano.

Ante las dimensiones que había tomado la crisis, el emperador no tuvo más remedio que actuar militarmente. Pero sus triunfos en el campo de batalla no le sirvieron de nada, como suele ocurrir cuando se enfrentan las viejas armas con las ideas nuevas. Se pasó décadas combatiendo el protestantismo, pero al final no tuvo más remedio que aceptarlo en la mitad de sus dominios germanos. Y menos mal que dentro de, ellos se produjo una crisis, pues en otro caso hubiera podido perderlos todos. Lo que en principio era sólo una revolución aristocrática se convirtió pronto en revolución de las clases bajas, al intentar éstas conseguir sus libertades (guerra de los campesinos). Los nobles se dieron cuenta de que también ellos podían ser barridos por la riada, e iniciaron una severísima represión, aprobada por Lutero. Pero era ya tarde para dar vuelta atrás a la Reforma, que va a partir en dos el cristianismo y el imperio. El emperador cede a su hermano Fernando los Estados patrimoniales de los Habsburgo y a su hijo Felipe el resto de sus posesiones. Tras esto se retira al monasterio de Yuste, donde pasará sus últimos días en el más puro estilo medieval: contemplando a sus caballeros practicar la esgrima en la sala que ha dispuesto a propósito, oyendo misa diaria a través del pasadizo que comunica su dormitorio con el altar, ya que la gota le tenía cada vez más inmovilizado, y dando cuenta de las patas de oso que se hacía traer de Asturias —no precisamente la dieta más indicada para él—, bien regadas con la cerveza producida por el lúpulo que había mandado plantar en el valle del Jerte, para que no le faltase. Alemán hasta el fin que, sin pretenderlo, dio alas al nacionalismo alemán y ahogó en su raíz al español. Como emperador tal vez merezca el aprobado. Como rey de España, título que nunca ejerció, el suspenso más rotundo.

Su hijo es un personaje muy distinto. «Rey Prudente», culto, moderado, comedido para unos, «Araña del Escorial», fanático, cruel, ambicioso para otros, ha atraído sobre sí todos los panegíricos, condenas, odios y entusiasmos despertados por el imperio español en el mundo. El juicio exterior ha sido mayoritariamente negativo, aunque últimamente se nota una especie de reivindicación, a caballo de voluminosas biografías tanto de estudiosos extranjeros (Kamen) como españoles (Fernández Álvarez). Posiblemente la verdad esté, como tantas veces, en el medio: que no fuera el pérfido y tenebroso personaje que nos presenta la Leyenda Negra ni el príncipe renacentista que tratan de vendernos algunos autores modernos. Es posible también que sufriese una transformación, que hubiese un Felipe II de los primeros años como rey, optimista, seguro de sí mismo, amante de las artes, la danza incluida, y un Felipe II del final de su vida, retraído, desconfiado, tal vez rencoroso. Pues hay dos épocas completamente distintas en su reinado, que cubre la cumbre del imperio español, una ascendente, en la que queda libre de medio imperio y logra las victorias militares sobre los franceses en San Quintín y Gravelinas y la resonante victoria contra los turcos en Lepanto. Y otra que empieza con la sublevación de los Países Bajos, que no puede ser dominada ni con mano dura ni blanda, ni con sangre ni con oro, largamente invertidos allí, y cuyo resultado es la independencia de la parte norte del territorio. Una pérdida de sobra compensada por la incorporación de Portugal, una vieja aspiración española, al quedar vacante aquel trono y hacer valer Felipe II sus derechos como hijo de infanta lusitana, lo cual amplía sus dominios de tal forma que en ellos «no se ponía el sol». Durante dos años traslada la corte a Lisboa y orienta su política hacia el Atlántico, lo que acrecienta sus problemas con los ingleses, que venían apoyando a los rebeldes flamencos y asaltando cuantos galeones españoles se les ponían a tiro. Felipe II no vio otra salida que atajar el mal en su raíz y ordenó la construcción de la Armada Invencible para la invasión de las islas. El fracaso fue espectacular, y marca el inicio del declive del poderío naval español, imprescindible para una potencia con colonias ultramarinas. El rey se retrae cada vez más en el palaciomonasterio de El Escorial, que ha mandado construir, donde pasa sus últimos años de vida. Hay demasiados contrastes en su personalidad, fría e intensa, crédula y desconfiada, piadosa y rígida, para completar un retrato exacto de la misma. Estamos faltos de una biografía psicológica sobre él, al estilo de las que escribía Stefan Sweig, ya que de su reinado lo sabemos casi todo. Era un hombre metódico, meticuloso, y como tal, puso en pie una burocracia centralizada sobre la que ejercía una supervisión personal. Legisla, ordena, trata de poner orden en aquel caos; crea el Archivo de Simancas, donde deben quedar guardados todos los documentos importantes de nuestra historia; dispone las Relaciones Topográficas, la primera recopilación de nuestra geografía. En las labores de gobierno creó los cargos de secretarios de los distintos asuntos, antecesores de los ministros, y reformó la administración de justicia. Eso no impidió que sus distintos reinos siguieran funcionando según sus propias normas y que uno de esos secretarios, Antonio Pérez, le implicara en uno de los mayores escándalos de su reinado: el asesinato de otro de ellos, Escobedo. Las consecuencias fueron de un alcance inimaginable; cuando se detiene a Pérez, éste se pone bajo el amparo del justicia mayor de Aragón, Juan de Lanuza. El problema jurisdiccional que se plantea es enorme, pero el monarca accede a violar los fueros aragoneses a través de la Inquisición, y llega al extremo de ajusticiar a Lanuza, lo que crea un enorme resentimiento en aquel reino. Y ni siquiera se consigue detener a Pérez, que escapa a Francia, donde escribe unas memorias que van a ser la base de la Leyenda Negra contra el rey y contra España. Peor no podía haber salido.

Aunque sí, hubo algo peor: que toda esa burocracia y ordenancismo, sin duda beneficiosos, no impidieron que la hacienda española estuviera siempre en números rojos. Pese al oro y la plata que llegaban de América, pese a los impuestos cada vez más gravosos, pese a los títulos que se vendían y las tierras de realengo que se enajenaban, las cuentas no cuadraban y el rey tuvo que declararse en bancarrota tres veces (1560, 1575 y 1596), una situación realmente embarazosa para la monarquía más poderosa de la Tierra. España, Castilla en particular, estaba aguantando un peso demasiado grande para sus fuerzas.

Y eso empieza a traducirse en síntomas de fatiga y descontento, como el alzamiento de los moriscos en Granada y el que la flota anglo-holandesa tomase en 1590 Cádiz, mal fortificada y peor defendida. El ejército que peleaba fuera en media docena de escenarios no era capaz de defender una de sus ciudades. Felipe II hubiese podido aprovechar la partición del imperio para desentenderse de las luchas contra los protestantes en Centroeuropa. Pero su celo religioso se lo impidió. Flandes se convierte así en un pozo sin fondo, que, para colmo, arruina la principal industria castellana, la de la lana, que no podía seguirse exportando allí, como venía haciéndose. No importa. El rey siguió invirtiendo en aquella lucha hombres y doblones, incluso cuando no los tenía. Su respuesta a las objeciones es la misma que da a Bartolomé Leonardo de Argensola cuando, en su Conquista de las islas Molucas, se atreve a proponerle que, dadas las enormes distancias «sería recomendable que el rey concentrase sus fuerzas en España». Felipe II le contesta que «la causa de la fe» no permite abandonar las almas de los nativos del Pacífico a «los heréticos holandeses y a los abominables mahometanos». Una actitud bien distinta a la de Enrique de Borbón, del que hablábamos antes, que, puesto a elegir entre ocupar el trono de Francia y mantenerse en su fe protestante, dijo aquello de «París bien vale una misa». En España, una misa valía más que todo. Esa mentalidad antimoderna se impuso en aquella sociedad y la desvinculó del mundo mercantilista que se estaba creando fuera. Pues no era sólo el monarca y su corte, también el ambiente general estaba dominado por valores e ideales desfasados. La España de Felipe II se convierte en la campeona de la Contrarreforma. La Compañía de Jesús, fundada por un español, es una réplica religiosa de las órdenes militares y los teólogos españoles llevan la voz cantante en el Concilio de Trento. Esto quizás nos enorgullezca, pero si recordamos que la Reforma protestante fue la primera gran revolución moderna, debería también preocuparnos. No tuvimos Reforma y tuvimos en cambio Contrarreforma. Empezábamos a ir contra corriente, aparte de ir contra todos, lo que no auguraba nada bueno.

Pero sería erróneo deducir de ello un descontento popular. El cordón sanitario impuesto por la Inquisición para que no se filtrasen ideas «subversivas», la coincidencia de valores en los distintos niveles de la sociedad y las victorias que todavía se alcanzaban, aunque cada vez más espaciadas y con más esfuerzos, permitían mantener dentro del país un clima tranquilo e incluso satisfecho. Existía en aquella España que se divertía, pasaba hambre, exploraba mundos y moría en los más lejanos campos de batalla un consenso entre gobernantes y gobernados que hubiera producido una de las naciones más sólidas que se hayan conocido de haber satisfecho un requisito indispensable: que ese consenso hubiera estado a la altura de su tiempo. Pero no lo estaba. El proyecto español en el momento álgido de su historia era un proyecto desfasado, pertenecía al ayer, no al presente ni al futuro. Fue lo que impidió que cristalizase como designio político, y a España, cuajar como nación moderna. Se quedó en antigua, aplastada por el imperio, que como todos, acabaría esfumándose, dejando al descubierto nuestro anacronismo nacional. Tal vez, como queda dicho, habíamos empezado la casa por el tejado, posiblemente hubiéramos tenido que modernizar primero la nación, para levantar sobre ella el imperio, como hicieron otros países. Pero es muy fácil arreglar los errores pasados y puede incluso que lo único factible en aquellas circunstancias fuera actuar como se actuó. «¡España no existía como país!», exclama Henry Kamen, autor del último libro sobre su imperio. Y añade: «Y todavía hoy existe difícilmente. Ha tardado siglos en realizar su existencia». El historiador británico advierte del carácter «plurirregional» del imperio español, al contribuir a él gentes de toda la Península más bastantes de fuera de ella: flamencos, italianos, nativos americanos, chinos incluso, «siendo en muchas cosas más importantes los vascos y los castellanos, aunque convertidos todos ellos en españoles».

Es por aquel entonces cuando el español —orgulloso, apasionado, dogmático, seductor— irrumpe con fuerza en la escena internacional, como una síntesis de sus variedades internas. Lo llevan los tercios, los teólogos, los conquistadores, los predicadores, los pícaros, los diplomáticos, y desde entonces no hará más que universalizarse y afianzarse. Julio Camba nos lo explicará cuatro siglos más tarde, en un artículo rebosante de agudeza e ironía, como todos los suyos, tras conocer en un café de Ginebra a un danés que le asegura sentirse español. «Yo no creo que eso de ser español —le dice— sea una cuestión de nacionalidad, sino de temperamento. De Suiza hacia el norte, cuando una mujer dice que un hombre es muy español, está muy lejos de decir que ha nacido en España. Lo que quiere decir es que es muy apasionado, violento y celoso». Camba cierra el artículo confesando sentirse «achicado» ante el personaje.

Agrada saber que el español se ha mantenido como uno de los arquetipos humanos, junto al inglés, francés, italiano, alemán, ruso, chino y algunos más, no muchos. Lo malo es que, dentro de la Península, seguía habiendo lo de siempre: La lozana andaluza, El celoso extremeño, El vizcaíno fingido y otras variedades regionales. Complica las cosas que ese español surgido por entonces no es sólo una personalidad artificiosa. Es también algo obsoleto, que puede despertar curiosidad, simpatía, rechazo, sorpresa, hilaridad, admiración incluso, pero en ningún caso una voluntad de imitación. Lo vemos en el mito español por excelencia, nacido en esta época, don Quijote. ¿Quién es don Quijote? Pues un anacronismo andante, un héroe trasnochado, un personaje patético que no recibe más que palos en su empeño de conservar el ayer. No sabemos si Cervantes se dio cuenta de que estaba haciendo el retrato más exacto, más cruel, más espléndido de la España que le tocó vivir, la de Lepanto y la de la Armada invencible, o fue, simplemente, uno de esos golpes de genio que de tanto en tanto produce la mente humana para definir una realidad mucho mayor que ella. El caso es que la realidad quedó así inmortalizada en el que ha pasado a ser mito español por antonomasia. En adelante, España se empequeñecerá al tiempo que lo español se universalizará. La historia gusta de estas paradojas.

Pues la nación española seguía tan lejos o más que hacía un siglo. «Don Phelipe Segundo por la gracia de Dios rey de las Españas, de Aragón, de León, de las Dos Sicilias, de Herusalén…», así comenzaban las cartas que los hermanos Doria escribían al monarca desde Italia. Un autor nada sospechoso de antiespañolismo como Sánchez Albornoz, al tratar de Carlos I y Felipe II tiene que reconocer que «ni en sus mentes ni en las de sus colaboradores emergió la idea de articular a todos los españoles en un Estado unitario. Es verdad que organizaron el moderno Estado Castellano, pero al hacerlo acumularon los obstáculos creados en la misión española. Por colocar a Castilla, convertida en eje político de su monarquía, y a los demás reinos peninsulares a distintos niveles, transformados en meros satélites, de igual importancia a otros Estados Europeos insertados en el marco general de su inmenso imperio…». Y concluye: «Es la enorme responsabilidad de Carlos V y Felipe II: el haber relegado la unidad de España. Puede exigírseles por ello una gran deuda».

Una deuda que estamos pagando todavía. Con intereses.

7
Cuesta abajo

Phillip de Montebello, curator del Metropolitan Museum de Nueva York y especialista en Velázquez, sostiene que la gran aspiración de don Diego no era ser el mejor pintor del mundo. Era convertirse en aristócrata. Existen documentos que lo acreditan, así como sus propios autorretratos, en los que nunca olvidaba la cruz de caballero de Santiago. Pero si era así, y todo apunta que lo era, Velázquez no estaba solo. De hecho, acceder a la nobleza se convirtió en una obsesión para los españoles de los siglos XVI y XVII, y eso se transmitió como un tic a sus descendientes. Traía sin duda ventajas —menos impuestos, cárcel especial, trato preferente— pero, con ser grandes, hay razones para creer que no era el principal motivo. El principal motivo era que aquella sociedad estaba organizada según un criterio nobiliario, y quien no formaba parte de ese estatuto no era nadie. Aunque incluso éstos tenían título: el de «don nadie». Antonio Domínguez Ortiz nos ha dejado un retrato tan detallado como vivo de la misma, por el que podemos ver su estructura, su funcionamiento y sus valores, ordenados según ese criterio. Baste decir que el propio Felipe II confeccionó un manual de tratamientos para darse cuenta de hasta qué extremos «aristocratizarse» traía de cabeza a los españoles del Siglo de Oro. El que los monarcas, acuciados por sus campañas exteriores, estuviesen siempre necesitados de dinero les hacía vender cada vez más títulos, más villas, más tierras de realengo, que iban a parar a manos de comerciantes, industriales, banqueros y otros «nuevos ricos» ansiosos de entrar en el paraíso nobiliario. Con la consecuencia de que automáticamente dejaban de ejercer una función productiva, ya que su nueva condición les prohibía trabajar. La sociedad heredada de la Edad Media no sufre por tanto un cambio profundo con la llegada de la Moderna. Al revés, se medievaliza aún más si cabe, al aristocratizarse en vez de aburguesarse, un movimiento opuesto al que ocurría en las más dinámicas de su tiempo. Carlos V había seleccionado los títulos más selectos para constituir lo que desde entonces iba a ser una especie de «nobleza de la nobleza», los Grandes de España. En un principio eran sólo treinta. Pero dos siglos más tarde se habían convertido en doscientos. Igual inflación sufrieron los demás estamentos nobiliarios, incluidos los más bajos, los simples caballeros, o incluso los escuderos, que, como podemos comprobar en la literatura de la época, se hacían llamar señores, y se daban tantas ínfulas como el que más. Naturalmente, lo más ansiado era el título nobiliario. Y lo más caro. Podían comprarse condados y marquesados pagando 60 000 escudos. Y como además se necesitaba tener vasallos, los reyes vendían pueblos y comarcas enteros. Lo hizo Carlos I. Lo hizo Felipe II. Lo hizo el hijo de éste, Felipe III, aunque en menor grado. Pero su nieto, Felipe IV, llegó a vender 40 000 vasallos en 200 pueblos de realengo. Algunas villas se empeñaban hasta las cejas para comprar su propia jurisdicción y evitar caer en las garras de un señor, que trataría luego de recuperar el dinero exprimiéndolas como limones. Bajo Carlos II «casi no quedaba nada por vender», según Domínguez Ortiz, tras haberse vendido trescientos títulos de marqueses y condes al precio de saldo de 30 000 escudos, algunos a extranjeros. Pero se vendía todo y se aristocratizaba todo, incluido lo menos aristócrata, los gremios. Pronto algunos de ellos exigieron rango por encima del de mero pechero, carente de toda distinción social. Así, los que de alguna forma servían al rey, como médicos, boticarios, plateros, pintores, argüían dedicarse a labores «creativas», sin nada que ver con las manuales, lo que les permitía reclamar la hidalguía… y daba lugar a escenas hilarantes, como la de algunos de ellos ejerciendo su profesión espada al cinto. Menos mal que Velázquez no se pintó con ella. «El horror al trabajo manual —señala el citado historiador llegó a ser obsesivo en la Castilla de los siglos XVI y XVII». Algunos restos de ello todavía quedan en la España actual. Piensen en los que se ponen un «de» antes del apellido. O en las pujas dentro de las cofradías para llevar el estandarte. O en las disputas entre las procesiones por ser la primera en salir. O en los hábitos, emblemas, distinciones de todo tipo, de claro signo caballeresco. Todo ello nació entonces. España entera buscaba desesperadamente aristocratizarse, de verdad o de mentira. A los que no lo conseguían siempre les quedaba el consuelo de la aristocracia natural, la «pureza de sangre», el «vengo de los godos», que valía más que todos los dineros de este mundo. Y no crean que se quedó allí. Julio Camba tiene otro artículo magistral que nos ilustra de lo profundamente que está grabada esta actitud en el modo de ser español: un amigo suyo desprecia olímpicamente a un tal Riera, a quien ha tocado el gordo de la lotería, por tener unas narices claramente semíticas, que nunca podrán competir con las suyas de castellano viejo. Camba advierte a su amigo de que, en nuestros tiempos, con dinero pueden conseguirse las narices que uno quiera. Sin conseguir convencerle. Lo que queremos destacar es la actitud, el considerar que no tener rastro de moro o de judío era lo más importante del mundo. Con una actitud así, ¿cómo podía crearse una nación moderna?

Es verdad que en otros países europeos surgía una burguesía que no hacía ascos a los blasones. Pero eso no le impedía continuar dedicándose a sus negocios una vez conseguidos aquéllos. En España, no. En España, una vez obtenido el título de aristócrata, ya no se hacía otra cosa. El propio estatuto de la nobleza lo prohibía, aunque hubiera formas de obviarlo. Pero la mayoría no estaba interesada en ello. «El burgués español —escribe Domínguez Ortiz— lo era a su pesar, su idea seguía siendo escapar a su clase». La nobleza era la estación final y tras ella sólo había más nobleza, que podía alcanzarse a través de enlaces matrimoniales o servicios en la corte. La española fue una nobleza particularmente cortesana, en un pacto tácito con el monarca que convenía a ambos y explica su nulo o casi nulo afán de conspiración. Cotilleos, todos. Conspiraciones, sólo las justas para confirmar la regla. Todo ello dentro de una monarquía católica —equivalente a imperio—, que abarcaba muy diversos reinos —equivalentes a prenaciones—, y cuyas ideas, mentalidad y hábitos la alejaban cada vez más del mundo que tenía alrededor. Este proceso se producirá de forma aún más acusada bajo los tres últimos Austrias.

Aunque muy diferentes en estilo y personalidad, Felipe III, Felipe IV y Carlos II pueden tratarse en bloque, ya que presiden un período de la historia española compacto, homogéneo: el de la caída, al final ya en picado. Tras haber alcanzado su cenit bajo Felipe II, el imperio español apenas conoce a partir de entonces más que desgracias y desgajaduras. Va a durar, de todas formas, dos siglos, debido a causas muy diversas: a su enorme extensión; a la capacidad de resistencia exhibida por los españoles, que en el caso concreto de Castilla llegó a límites sobrehumanos (así quedó ella, exhausta) y, también, a que sus enemigos tuvieron durante ese período graves problemas, en especial las guerras de religión que asolaron Centroeuropa durante treinta años. Pero la suerte estaba echada desde el principio. Tal como estaban las cosas, España no tenía más remedio que sucumbir. Sus dominios eran demasiado dispersos, sus enemigos demasiado numerosos y su régimen interior demasiado anticuado para resistir tamañas presiones.

De esas tres desventajas, posiblemente la última fue la peor. Los tres últimos Austrias no estuvieron a la altura de las difíciles circunstancias con que se enfrentaron en su labor de gobierno. Ya el hecho de que la delegaran advierte que no eran los reyes que necesitaba España en aquellos momentos. Felipe III tal vez fuese el más haragán e irresponsable de todos. Si no se notó tanto fue porque el imperio gozaba aún de una notable robustez. Pero dejó los asuntos de Estado en manos del duque de Lerma —no mucho más capaz y responsable que él, pero infinitamente más codicioso— para dedicarse a fiestas, saraos y partidas de todo tipo. Todo era digno de celebrar, y el pueblo se unió al festejo con la avidez y entusiasmo del que nada tiene que perder en esta vida y en la siguiente le espera un paraíso, con tal de tener la precaución de confesarse en el último minuto, una actitud que era la de la mayoría de los españoles de aquel tiempo. Cualquier acontecimiento grande o pequeño en la corte, cualquier reliquia, verdadera o falsa, encontrada, cualquier nombramiento, importante o minúsculo, cualquier capricho, gracioso o disparatado, eran motivos para que todos tirasen la casa por la ventana, y cuando no había nada que tirar, se tiraran ellos mismos. El traslado de la corte a Valladolid (1600-1607), una de las mayores insensateces que podían imaginarse, no trajo otra cosa que un tremendo caos burocrático, unos gastos astronómicos y una especulación inmobiliaria que sólo aprovechó a algunos, entre ellos el propio Lerma. La expulsión de los moriscos (1610) significó un golpe brutal para Aragón y Valencia, donde representaban una fuerza agrícola insustituible. Hacia el final del reinado, la corrupción era tan escandalosa que Lerma tuvo que ser sustituido por su hijo, el duque de Uceda. Pero las cosas no cambiaron. El mal parecía ya incurable.

A Felipe III le sucede su hijo Felipe IV, del que tenemos juicios muy diversos. Manuel Machado nos lo ha descrito «siempre de negro hasta los pies vestido», «pálida su piel como la tarde». Es la idea generalizada de él: refinado, apático y distante. Domínguez Ortiz, sin embargo, lo ve «laborioso y dedicado a las artes», con el drama íntimo de ser al mismo tiempo muy piadoso y muy sensual, lo que le trajo serios problemas de conciencia, ya que atribuía los descalabros de su reinado a sus pecados personales. Aunque poco importa cómo fuese: dejó los asuntos de Estado en manos del conde-duque de Olivares, un hombre que tenía toda la decisión que a él le faltaba, pero que carecía de la sutileza necesaria para llevar un imperio como aquél, con problemas de toda índole por todas partes. Pues en Europa había estallado la guerra de los Treinta Años. Y aunque España no estaba directamente implicada en ella, tanto los lazos familiares como los religiosos la obligaban a intervenir al lado del imperio austríaco. Ya tenemos otra vez a los tercios españoles batiéndose en Bohemia, Moravia, el sur de Alemania o el oeste de Francia contra los protestantes, que reciben refuerzos hasta de Suecia. Y para colmo, resurge el maldito problema de Flandes, que se creía haber solucionado con su cesión a la infanta Isabel Clara Eugenia y al archiduque Alberto. Pero mueren sin descendencia y vuelve a manos españolas, con todo lo que aquella especie de Vietnam significa. Y ya tenemos de nuevo el río de sangre y oro desembocando allí. Hay que pedir a los segundones de las familias nobles que empuñen de nuevo la espada.

Hay que imponer nuevos tributos, pues la plata que llega de América no basta, cuando llega y no ha sido robada por los piratas ingleses y holandeses. Hay que endeudarse todavía más.

Olivares se da cuenta de algo fundamental: que con aquella disposición del imperio español no podían hacerse frente a las necesidades de un Estado moderno. Castilla estaba aguantando el mayor peso, en un esfuerzo que más tarde o temprano iba a aplastarla. Era necesario repartir las cargas y para ello exige la colaboración de aquellos territorios de la Corona que aportaban mucho menos —Aragón, Cataluña, la propia Portugal—, merced a sus viejos fueros y privilegios. Y es entonces cuando queda de manifiesto la endeblez interna de aquel imperio, la falta de una conciencia colectiva, la ausencia de una auténtica nación española. Catalanes y portugueses se rebelan contra las levas y los impuestos, como se sublevarían dos siglos más tarde las colonias norteamericanas contra los impuestos que la metrópoli les impuso para financiar campañas que no sentían como suyas. Hay que apagar la sublevación y ya tenemos tropas españolas combatiendo dentro de la Península. Estamos en la década de 1640 y se inicia el último acto del drama. ¿He dicho el último? Perdón, el antepenúltimo, pues nos quedaban todavía varios tragos amargos.

Si combatir fuera contra enemigos siempre es penoso, hacerlo dentro contra compatriotas es espeluznante. Y aquellas dos campañas no lo fueron menos. Para hacer la cosa corta: se conseguiría recuperar Cataluña, gracias en buena parte a que las tropas francesas que vinieron a ayudar a los catalanes se hicieron aún más impopulares que las castellanas. Pero Portugal se separó para siempre, pese a las generosas ofertas que se le hicieron en un primer momento y los denodados esfuerzos de los tercios allí despachados. La realidad es que la unión con España no había sido popular entre los portugueses ni siquiera en los momentos de esplendor de ésta. En los de claro declive como aquéllos, menos. Sencillamente, nunca estuvieron interesados en los proyectos continentales de los Austrias. Ellos miraban al océano abierto ante sus ojos, no a las tierras en disputa a sus espaldas. Así que aprovecharon la primera ocasión que se les presentó para separarse. Y hasta hoy. Pudo ocurrir lo mismo en Cataluña. O en Andalucía, donde hubo también un alzamiento. Aunque éste, capitaneado por algún noble, no tuvo el respaldo popular que el catalán, por lo que pudo ser reconducido sin mayores problemas. Pero el golpe estaba dado, y había puesto de manifiesto la vulnerabilidad del enorme mosaico que era aquel imperio y la fragilidad de la nación española.

Fuera de nuestras fronteras se seguía batallando —y cosechando derrotas— por una causa que sólo nos incumbía de refilón. Hasta que los dos imperios, el español y el austríaco, deciden firmar la paz con sus enemigos. Van a hacerlo en Münster, Westfalia, y si a los españoles va a salirnos cara (se produce la plena independencia de los Países Bajos), a Austria va a costarle perder la hegemonía en Centroeuropa, que pasará a Francia. Menos mal que en ésta estalla una revuelta nobiliaria (la Fronda) que significa un alivio para España, aprovechado para recuperar Cataluña. Pero esto no va a durar mucho: los siguientes reinados van a representar la cima del poderío francés (Luis XIV) y la sima del español (Carlos II).

Carlos II es una de las figuras más patéticas de la historia de España. Los retratos que nos han llegado de él nos muestran el fin de una raza: el prognatismo de la mandíbula típico de los Austrias se ha acentuado, como la longitud de la cara y el hondón de sus ojos, convirtiéndole casi en una caricatura de los de su casa. Enfermizo desde su nacimiento, heredó el trono a los cuatro años, por lo que su madre asumió la regencia, aconsejada por su confesor, austriaco como ella, odiado por el pueblo. Frente a ambos surge la figura del segundo don Juan de Austria, hijo natural de Felipe IV con una actriz que, sin llegar a ser un gran estadista, tenía al menos dotes militares, lo que le permitieron sofocar la rebelión de Nápoles y de Cataluña. Fracasó, en cambio, en Flandes y Portugal, lo que no impidió que se convirtiera en héroe del pueblo cuya sangre en parte compartía. Sin mostrar nunca aspiraciones al trono, no dudó en intervenir en asuntos de palacio y fue quien capitaneó la revuelta que obligó a la reina regente, primero a despedir a su confesor, y luego a retirarse a Toledo, dado que la buena señora seguía eligiendo pésimos consejeros. Lo malo fue que el hermanastro no lo hizo mucho mejor cuando asumió esta función, siendo el rey ya mayor de edad. Se sigue peleando fuera, se siguen perdiendo territorios (el Franco Condado), se siguen aumentando los impuestos y vendiéndose todo lo que queda por vender. No cambiará nada cuando, poco después, muere don Juan de Austria. Al revés, quien asume el verdadero poder es la alta nobleza, que arrambla con cuanto puede, dando un triste ejemplo de cómo no debe llevarse un país, ante la mirada apagada de un rey casi siempre enfermo, sobre el que empieza a correr el rumor de que está hechizado. La corte es en aquellos momentos un semillero de habladurías, que saltan a los mentideros con toda la desvergüenza que tiene el pueblo español para estas cosas.

Nos salvan de lo peor la coyuntura externa y la miseria interna, dos fenómenos imprevistos aunque naturales. Por una parte, la emergencia de Francia como primera potencia del continente hace unirse a todas las demás contra ella, en vez de contra España, como hasta entonces. Por la otra, la incapacidad de Carlos II de tener un heredero va a dejar vacante el trono español. Todos tienen un aspirante para él, todos esperan hacerse directa o indirectamente con aquel imperio tan amplio, tan rico en las Indias, tan débil en Europa. Y empiezan a cortejarlo, a mimarlo incluso, mientras los embajadores en Madrid se convierten en public relations que intentan vender sus respectivos candidatos. Encabezan la lista Carlos, archiduque de Austria, y Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV. El primero no es aceptable porque reconstruiría la alianza de los Habsburgo. El segundo, porque reforzaría aún más el poder de Francia. Las intrigas para que Carlos II elija a uno u otro se hacen cada vez más intensas, más descaradas, mientras en la corte se busca por todos los medios que el rey deje embarazada a su esposa. Ninguna tentativa tuvo éxito, pese a usarse todo tipo de pócimas, exorcismos y reliquias. Es incluso posible que con ello se debilitase aún más la ya frágil salud del monarca. Todos los detalles son conocidos por los habitantes del reino, que siguen el esperpento con una mezcla de incredulidad, cinismo y jolgorio. Tanto o más que el rey, España era en aquellos momentos el «enfermo de Europa».

La crisis se resuelve como se resuelven las crisis sin posibilidad de componenda: con una guerra. En la guerra de Sucesión española, a la muerte de Carlos II, participan todas las potencias europeas, conscientes del botín. Asolará la Península durante catorce años, nos costará algunas posesiones, como Gibraltar, y nos traerá una nueva dinastía. Tal como se nos habían puesto las cosas, era lo menos malo que podía habernos ocurrido. Pues pudimos saltar por los aires.

El siglo XVII termina así sin mayores cambios en España, sólo que estábamos ya en el fondo de la sima donde habíamos caído. Todo él consistió en una lucha casi continua, un forcejeo desesperado para retener los territorios transpirenaicos fuese como fuese, costase lo que costase, frente a enemigos muy superiores, gastándonos en ello lo que llegaba de América y los recursos internos. Al final, no sólo se perdieron esos territorios, sino que las tropas extranjeras entraron en el territorio nacional, destruyeron las ciudades costeras y dejaron a España desangrada, exhausta, arruinada. Castilla no se recuperaría de ello. Portugal se separaría definitivamente. Cataluña intentaría hacerlo y el resto de los reinos peninsulares empezarían a mirar con desconfianza la empresa común. En una palabra, los últimos Austrias sacrificaron España al imperio, debilitando la una, perdiendo la parte europea del mismo y terminando por perder ellos mismos la Corona española. Pocos negocios se habrán visto más ruinosos. Aunque lo peor de todo fue que aquel Estado peninsular trabajosamente logrado por los Reyes Católicos quedó herido, si no de muerte, seriamente. No sólo no se avanzó y consolidó el proyecto de una nación común, sino que se mantuvieron e incluso reforzaron las viejas diferencias regionales, como ocurre siempre que las cosas van mal. España retrocedió en vez de avanzar en la construcción nacional, mientras que sus enemigos —Francia, Inglaterra, Holanda— hacen justo lo contrario. El descontento interior se esparce, la sociedad se estratifica, los bienes públicos se subastan y el desprestigio exterior crece. Ser español empieza a no ser ningún negocio.

Si se contempla la situación desde la perspectiva que dan tres siglos, lo más extraño es que no hubieran sonado los timbres de alarma en el sector de la sociedad que se supone más sensible: los intelectuales. Que reyes, capitanes, clérigos y público en general no se dieran cuenta de la caída es disculpable, por estar en el fragor de la pelea o en el bullicio de la fiesta. Pero los intelectuales suelen tener las antenas mucho más sensibles para percibir lo que está ocurriendo bajo la superficie. Sin embargo, la intelectualidad española de aquel tiempo no lo percibió. Y si lo percibió, no quiso manifestarlo. Hubo, sí, denuncias de abusos específicos, acusaciones a determinados validos, clamorosos lamentos por las derrotas sufridas, dolidos pliegos de cargos ante los males del país. ¡Tan español todo ello! Ahí están la Epístola censoria de Quevedo al conde-duque y su famoso Memorial a Felipe IV, en que da cuenta de todo ello. Se trata, en efecto, de denuncias sobre la calamitosa situación —«familias sin pan y viudas sin tocas / esperan hambrientas y mudas sus bocas»—, pero Quevedo no propone un nuevo camino para el país, sino todo lo contrario: la vuelta a los viejos tiempos, heroicos, honestos, frugales y sencillos. Lo que le molesta es que los infanzones de España «gasten un caballo en una caña» o que las damas se adornen y perfumen. Que crezcan los palacios «y al gran san Isidro, ni ermita ni entierro». Quevedo posee una mentalidad tan profundamente conservadora que en otra de sus poesías llega a denunciar el patronato de Santa Teresa por considerar que ello empequeñece a Santiago, «general patrón», aquel con el que España solía «salir a campaña / diciendo en todo estrago / ¡España, cierra! ¡A ellos, Santiago!». Es la misma actitud que late en su Discurso de las armas contra las letras, una de las diatribas más duras y bellamente escritas que se hayan lanzado contra el espíritu, que resume la actitud de la antiintelectual intelectualidad española del Siglo de Oro. La simbiosis entre el rey y la nobleza se extendía no sólo a un pueblo que participaba de los ideales caballerescos y vivía inmerso en unos valores periclitados, sino también a los intelectuales. Traicionan así su cometido de «conciencia crítica» de la sociedad, para convertirse en parte del establishment, unos como caballeros, otros como clérigos, otros como cortesanos, no sabemos si por convicción, comodidad o miedo al Santo Oficio. Puede que por las tres cosas al mismo tiempo. Sus obras alcanzan altísimos niveles literarios. El teatro y la poesía del llamado Siglo de Oro no han sido superados en lengua castellana en lo que a forma se refiere. En lo que respecta al fondo, en cambio, se andaban con muchísimo cuidado, ya que podían encontrarse pronto con dificultades.

Se contentaban, pues, con decir a los españoles lo que querían oír, a repetirles sus mitos y reflejar sus valores bellamente, pero sin profundizar ni, menos aún, criticar. No tiene nada de extraño que aquella sociedad, basada en el pensamiento único, se inmovilizase. El espíritu español en la cima del imperio no era el del Wühler (el hurgador, el hozador, el agitador) que decía Jacob Burckhardt, era el del defensor de lo establecido, el de un cómplice del statu quo. Puede alegarse que muchos de sus contemporáneos hicieron lo mismo: Shakespeare no denunció los males de la sociedad inglesa de su tiempo y Montaigne prefirió el análisis conceptual a enfrentarse con la realidad de la Francia contemporánea. Pero ninguna otra intelectualidad occidental —el mundo islámico es otra cosa— ha colaborado de tal forma en la defensa de las ideas establecidas como la española de aquellos siglos. La consecuencia fue un consenso entre las distintas clases sociales, que trajo paz interior, pero que a la larga resultó letárgico para el espíritu y fatal para el país al faltarle a éste el espoletazo estimulante. Mientras más allá de los Pirineos se exploraban los nuevos campos del saber, España se contentaba con regodearse en los viejos.

Vamos a terminar este bosquejo del período áureo de la historia de España con un par de opiniones desmitificadoras, de mucha más autoridad que la nuestra. «Mientras en España son más de cinco partes de seis los inútiles al comercio y sustento de la vida humana —escribe a Felipe III el conde de Gondomar, uno de los pocos nobles con visión de futuro—, en Inglaterra y Holanda no son de ciento uno los ociosos, y ésta es la causa porque crezcan tanto en riqueza, poder y aumento de gente, cuando nosotros menguamos». Esta advertencia, como otras, va a caer en saco roto. Al enumerar las razones por las que a Francia le fue mejor que a España en el siglo XVII, un autor tan poco dado a la crítica negativa como Domínguez Ortiz, pero conocedor como pocos del período, tiene que terminar pintando a los reyes franceses «netamente superiores a los Austrias contemporáneos, que nunca tuvieron una visión netamente española de los hechos». Es una sentencia, casi en el sentido judicial de la palabra. La conexión España-imperio ocultaba las carencias básicas de la nación española. Al perderse aquél, casi se la lleva consigo. Antes, sin embargo, vamos a tener un intermedio Borbón. Y un esfuerzo para subordinar el imperio a la nación.

8
Imitando a Francia

«Si no puedes batir a tu enemigo, abrázate a él», reza un refrán anglosajón. Sin conocerlo, tal vez sólo por instinto de supervivencia, fue lo que hizo aquella España desangrada, arruinada e invertebrada de finales del siglo XVII, que por no tener ni siquiera rey tenía. Se había batido con Francia durante doscientos años y aunque al principio todo fueron victorias, al final no cosechó más que derrotas. Dando pruebas de más sentido del que le atribuye la leyenda, Carlos II se decidió finalmente por el candidato francés como heredero. La Corona española iba a pasar de los Austrias a los Borbones, en la persona de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV. No fue, sin embargo, tan sencillo. Nada era sencillo en aquella Europa (ni en ninguna), y una decisión de tal magnitud, que cambiaba el equilibrio del continente, no podía hacerse sin crear enormes resistencias. Austria, Inglaterra, Holanda, ahora unidas, se opusieron a la formación de un «eje» Madrid-París, y propusieron como candidato al archiduque Carlos de Austria. Estalló entonces la guerra de Sucesión española, en la que combaten buena parte de los europeos. Pero combaten, sobre todo, los españoles, que eran los que más se jugaban. Mientras que la nobleza castellana apoya al pretendiente Borbón, en busca del cobijo francés para conservar el imperio, aragoneses, catalanes, valencianos y mallorquines apoyan al austríaco. Han visto de lejos el absolutismo centralista que Luis XIV ha implantado en Francia y temen que su nieto lo trasplante a España. De los austríacos, en cambio, conocen su sentido cuasifederal del Estado, y tienen la esperanza de poder conservar sus fueros y peculiaridades bajo él. La lucha fue larga y sangrienta; se peleó tanto tierra adentro como en la costa, con los navíos ingleses causando enorme destrucción en algunas ciudades y apoderándose de Gibraltar y Menorca. Lo hicieron en nombre del archiduque Carlos, como aspirante al trono español. Pero allí se quedaron, y en Gibraltar siguen todavía.

La crisis se resolvió por una de esas ventoleras inesperadas que de tanto en tanto barren la historia: muere el emperador José I, y su hermano Carlos, el pretendiente al trono español, es proclamado emperador. Eso cambia totalmente el panorama. Ni ingleses ni holandeses están interesados en que Madrid y Viena vuelvan a estar bajo la misma corona, y el archiduque renuncia a sus aspiraciones al trono español para ocupar el de su país. Por lo tanto, el contencioso continental acaba a favor del candidato francés. Pero quienes pagaron la factura fueron los españoles, ya que los ingleses se quedaron con las plazas ocupadas en nombre de su candidato, aparte de obtener privilegios en el comercio con las Indias.

Los catalanes, con todo, no se rinden y continúan luchando incluso cuando el archiduque ha tirado la toalla. No combaten por él, sino por ellos, por sus fueros. Felipe V envía un ejército para liquidar la resistencia barcelonesa, lo que hace sin miramientos (1714). Pero que la situación ha cambiado radicalmente lo demuestra que las cosas no acaban ahí, como había ocurrido tras la revuelta contra Olivares. El nuevo rey, que ya había abolido los fueros de Valencia y Aragón (1707, 1711), dejándolos sometidos a las «leyes de Castilla y al uso, práctica y forma de gobierno que tiene y se ha tenido en ella», está dispuesto a acabar con las jurisdicciones particulares que convertían el país en una maraña jurídico-administrativa. La culminación de su propósito es Decreto de Nueva Planta (1716), que elimina losórganos de autogobierno catalanes y hace recaer los poderes en el capitán general-gobernador y en la Audiencia. De ahí que cuando se le pregunta a Jordi Pujol qué es lo que quiere para Cataluña, responda «Volver a antes de 1716». Pero antes de entrar en detalles, veamos lo que se esconde tras ello.

A diferencia de los Austrias, que pensaban y se movían en el ámbito del imperio, los Borbones tenían muy claro el concepto de nación. Lo habían, para usar una expresión popular, «mamado». Francia venía siendo Francia desde por lo menos el siglo IX. Era y es la nación por antonomasia, incluso en nuestros días. No hace falta más que ver su renuencia a renunciar a su condición de tal en la Unión Europea. De Gaulle ya lo dijo: «Quiero una Europa de las naciones». No es extraño que los Borbones se propusieran desde el primer momento hacer de España una nación, en vez de la simple cabeza del cuerpo multiforme y variado que había sido hasta entonces. En una palabra, si los Austrias habían sacrificado España al imperio, los Borbones van a subordinar el imperio a España. Para ello se marcan tres prioridades:

Ante todo, conservar su integridad. Así que lanzan campañas en los focos de insurrección (Cataluña, Andalucía) para aplastarlos, lo que consiguen. Incluso intentan recuperar Portugal, lo que ya les resulta imposible.

Segundo, unificarla administrativamente, para reducir las enormes divergencias que había entre sus distintas regiones, que casi seguían funcionando como los viejos reinos medievales en lo que a gobierno y fisco se trataba.

Por último, modernizarla. España llevaba un retraso respecto a los principales países europeos de por lo menos medio siglo, que en algunos terrenos llegaba a ser de uno entero. Un ejemplo era el de la armada, muy inferior a la inglesa y holandesa, como quedaba de manifiesto en cuantos choques se producían con ellas. ¿Cómo podía mantenerse el imperio transatlántico sin una armada fuerte? Fue uno de los primeros capítulos que abordaron los Borbones, creando astilleros, departamentos marítimos, escuelas de oficiales, fortificaciones portuarias. No se conformaron tan sólo con cambiar lo material, sino que también trataron de cambiar hábitos y costumbres, modas y tradiciones, el sistema educativo y los valores religiosos. Pero no lo hicieron desde una perspectiva popular —lo típico español era precisamente una de las cosas que atacaban— sino aristocrática. Aunque su aristocratismo era bastante distinto al que imperaba en España: no se fundaba en los blasones, sino en el servicio. No en la espada, sino en la inteligencia. No en la sangre, sino en el mérito, elevando a la nobleza a quienes se habían distinguido en los servicios al Estado. «Sobre estas bases —escribe José María Jover—, la política de los primeros Borbones logra el milagro de levantar lo que pudiéramos llamar una segunda monarquía de España […], que ya no es la propia del Renacimiento, y que no se fundamenta en la unión de varias Coronas ni en la diversidad de naciones, sino en la grandeza y en la extensión». Una monarquía que acorta rápidamente distancias con el resto de los países europeos pese a encontrar en su camino dos enormes obstáculos. El primero, lo arraigadas que estaban usanzas y tradiciones en el pueblo español, refractario a todo lo que venía de fuera, en especial si era de Francia, la enemiga tradicional. Los Borbones no tuvieron «buena prensa»; la mayoría los vio como una especie de infiltrados para hacer de España una criada al servicio de los designios galos. Puede que ésos fueran los planes del Rey Sol, pero en honor a la verdad hay que decir que sus descendientes españoles mostraron hacia el país que les había dado la corona una lealtad plena, y lo sirvieron lo mejor que pudieron. Se equivocaron, sin duda, en más de una ocasión y algunos de sus reyes fueron nefastos. Pero nadie puede dudar de su patriotismo.

El segundo obstáculo que encontraron fue la falta de tiempo. El siglo XVIII escondía, bajo el fulgor de sus «luces», la elegancia de sus casacas, el polvo de sus pelucas y el absolutismo de sus reyes, un inquietante desasosiego. El Antiguo Régimen estaba siendo carcomido desde dentro por la misma inteligencia que le hacía brillar. Aires de fronda sacudían los salones, donde una nueva clase, la burguesía, reclamaba el protagonismo que le correspondía, e incluso por debajo de ella el proletariado se agitaba disgustado. La relativa prosperidad que la expansión del comercio y la industria incipiente había traído, en vez de tranquilizar los ánimos, los agitaba. Es una ley implacable, que no entienden los que gozan del poder absoluto: cuando llena su barriga, el pueblo, en vez de dar las gracias, quiere más. Pero no pan, que ya tiene, sino libertad, protagonismo social. Era lo que iba a pedir pronto en Europa, convertida en escenario revolucionario. Será el intruso que se cruza en el camino de los Borbones. A los franceses los enviará a la guillotina. A los españoles, los paralizará en su labor modernizadora. Habían empezado con bastante retraso, y sólo tuvieron tiempo para la mitad de su obra. Ellos hubieran querido completarla, realizando pacíficamente los cambios desde arriba. Pero ante la explosión revolucionaria, sintieron miedo y recogieron velas. Una verdadera lástima, para ellos y para todos los españoles.

Pero aun así, el siglo XVIII fue bastante mejor de lo que venía diciéndose.

Habíamos dejado el hilo del relato con Felipe V promulgando el Decreto de Nueva Planta, con el que se abolían los fueros, desaparecía la extranjería dentro del país e imponía por primera vez una ciudadanía común española, al igualar a los castellanos el resto de los vasallos del reino. Perdían éstos sus instituciones locales —el Consell de Cent, por ejemplo, los catalanes—, a cambio de estar representados en las Cortes de Castilla. Teóricamente no era un mal trueque. Lo malo era que las Cortes castellanas apenas pintaban ya nada. Se ensayaba también por primera vez una especie de impuesto único en todo el país, que también teóricamente era un avance. Pero como ese impuesto común se fijaba según los tributos castellanos, y éstos eran los más altos, los demás perdían. Perdían también autonomía los ayuntamientos, al crearse una administración general mucho más centralizada, y se abolían las aduanas interiores, a fin de fomentar el comercio. Aragón, Cataluña y Valencia reciben finalmente permiso para negociar con América y la Casa de Contratación se traslada a Cádiz, para evitar las dilaciones que suponía el remonte del Guadalquivir hasta Sevilla. También se impulsa el desarrollo de los puertos militares, como Cartagena y Ferrol. Todo ello trajo progreso y desarrollo, aunque a un precio: Madrid empezó a ser el único foco de poder en la Península y quien tenía más influencia allí era el que sacaba mayor tajada. Galicia, Cataluña, Valencia, Murcia, la propia Andalucía, y no digamos ya los dos archipiélagos, no tenían tanto «músculo» en la capital y se sentían discriminadas. Desde entonces tendremos una tensión entre el centro y la periferia, que en vez de disminuir ha ido creciendo hasta nuestros días.

Felipe V ha sido según su último biógrafo, Henry Kamen, uno de los reyes españoles más malentendidos. Tampoco él nos lo puso fácil. Un maniático-depresivo, que llegó a abdicar en favor de su hijo para retomar la Corona al morir éste, sólo fueron capaces de sacarle de sus melancolías sus dos mujeres —María Luisa de Saboya e Isabel de Farnesio— y el castrato Farinelli. Se discute si estaba loco durante sus últimos años de reinado. Kamen lo niega, pero su comportamiento no podía ser más extravagante (como, por ejemplo, recibir en audiencia sólo de noche). Lo importante, sin embargo, fue que supo rodearse de consejeros bastante más capacitados, al menos en su mayoría, no elegidos exclusivamente entre la nobleza, como venía ocurriendo en la corte española, sino por sus méritos personales. Felipe V se apoyó sucesivamente en Alberoni, Ripperdá, Campillo y Patiño, para hacerlo finalmente en don Zenón de Somodévilla, un riojano que tenía lo que hasta entonces había faltado a casi todos los consejeros reales: ideas claras y sentido práctico. Un sentido práctico que le haría cuidar de su bolsillo, sin descuidar el bien del país. Por fortuna, siguió en su cargo con el siguiente monarca, Fernando VI, bastante más corto que su predecesor, pero al menos con cordura suficiente para firmar lo que le ponía delante su ministro universal, convertido ya en marqués de la Ensenada. El catastro que mandó confeccionar, que lleva su nombre, es la primera recopilación seria y detallada de los pueblos castellanos, con sus habitantes y riqueza correspondiente. Si pensamos que es la única base de un censo tributario moderno, nos damos cuenta de hasta qué punto aquella España estaba avanzando con botas de siete leguas hacia una nación moderna.

Un avance que se acelera incluso durante el siguiente reinado. Carlos III llega a Madrid en 1759, tras haber sido rey de Nápoles, donde ha estado en contacto con las últimas corrientes de la época. De entrada, sin embargo, está a punto de cometer el mismo error que Carlos I. Se trae consigo consejeros italianos, entre ellos a Leopoldo de Gregorio, marqués de Squilace, hombre de origen humilde elevado a la nobleza por lo eficaz de su gestión al frente de la hacienda, guerra y marina napolitanas. En España, el nuevo rey le convierte en secretario de Estado de Hacienda. Creó la lotería y el montepío de viudas y huérfanos militares; dictó las ordenanzas para el reemplazo militar; reorganizó los arbitrios de los pueblos; mandó edificar la Casa de Postas y Aduanas (sedes actuales de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Hacienda); limitó los privilegios del clero, exigiendo a la Iglesia el cumplimiento del Concordato, y modernizó la capital con un sistema de alumbrado. Fue precisamente ahí donde tropezó. Para acabar con la delincuencia nocturna, prohibió las tradicionales capas largas y sombreros de ala ancha que usaban los españoles. Éstos, que desde el primer momento no vieron con buenos ojos que los gobernase un extranjero, italiano por más señas (a quienes ellos habían gobernado hasta hacía bien poco), lo tomaron como una ofensa al honor nacional, y se sublevaron con el llamado motín de Esquilache en las principales ciudades, de inusitada violencia. La propia casa del ministro fue saqueada. El rey captó el mensaje, relevó a Esquilache de su cargo y lo despachó a Italia, eso sí, bien provisto de rentas y regalías.

Carlos III cambió de ministro, pero no de política. Para cubrir el puesto de Esquilache elige a don Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, que, tras una brillante carrera militar, había ocupado cargos diplomáticos y políticos. Sus viajes por Europa le habían puesto en contacto con el Estado prusiano, entonces el más dinámico del continente, y con la Ilustración francesa, la más avanzada. Se le ha acusado de masón, de ateo, de volteriano. Domínguez Ortiz dice al respecto que «de sus viajes a Europa trajo ideas que parecían avanzadas en aquella España». Como presidente del Consejo de Castilla, especie de primer ministro, dirigió la política reformista inspirada por el rey, rodeándose de colaboradores que sintonizaban con ella: Floridablanca, Campomanes, Olavide, Jovellanos, de diversas extracciones sociales, pero todos ellos animados por un idéntico espíritu. El rey les dejaba hacer, pero cuando veía que se pasaban, un simple gesto era suficiente para que recogieran velas. Las reformas alcanzaron prácticamente todos los aspectos de la vida nacional, desde la hacienda a la justicia, pasando por la educación, la marina, las obras públicas y la administración interior, sin olvidar algunos aspectos folclórico-religiosos, como fue prohibir las procesiones implorando lluvia en épocas de sequía o eliminar los cruceros en las vías públicas. Dignas de mención fueron las sociedades económicas de amigos del país, instituciones que procuraban elevar el nivel cultural de un pueblo hasta entonces desinteresado en el tema. Dado el peso del campo en la economía española, el Informe sobre la Ley Agraria, de claro sentido antilatifundista, confeccionado por Jovellanos, y el Plan de Estudios de Olavide, donde se prevén cátedras de ciencias hasta entonces prácticamente inexistentes en las universidades españolas, marcaron jalones en uno y otro campo. Idéntico espíritu modernizador tuvo la creación de las Reales Academias de la Historia y de la Lengua, la Escuela de Guardiamarinas, el Laboratorio de Química y el Real Gabinete de Máquinas. Y realmente imaginativo resultó la creación de pueblos en Sierra Morena con colonos alemanes, que aparte de hacer productivos aquellos parajes, debían de limpiarlos de bandoleros. Al mismo tiempo se rescataban para la Corona bienes y privilegios que habían ido a parar a manos de aristócratas o de la Iglesia. El mayor choque con ésta sobrevino a causa de la expulsión de los jesuitas, que entonces representaban el sector más tradicional y dogmático del clero. Corrió incluso el rumor de que habían estado tras el motín de Esquilache, algo que no pudo probarse nunca. Pero que no les gustaban lo más mínimo las reformas emprendidas y metían un palo en las ruedas de las modernizaciones era evidente.

Tanto o más alcance tuvo el decreto que abolía la prohibición de que los hidalgos se dedicasen a trabajos manuales, que los condenaba a convertirse en una clase ociosa, y la creación de los llamados «diputados del común», concejales encargados en los ayuntamientos de proteger los intereses del vecindario, con los que trataba de romperse el monopolio de poder que mantenían los regidores propietarios del cargo durante generaciones.

Ni que decir tiene que muchas de esas reformas se quedaron en el papel sin pasar a la realidad. Bastantes «diputados del común», sin ir más lejos, se vendieron a los viejos corregidores, que siguieron ejerciendo su poder omnímodo. En cuanto a las cátedras de ciencias, resultó un problema casi insuperable encontrar profesores capaces de cubrirlas. Menos efecto aún tuvieron las disposiciones que trataban de desarraigar costumbres tradicionales, que rayaban en el fetichismo, aunque estuvieran sancionadas por la Iglesia. Aquel pueblo llevaba demasiados siglos practicándolas para que unos señores, por muy ilustrados y poderosos que fuesen, le hicieran desprenderse de ellas. Pero era el primer intento serio, sistemático, de apartar a los españoles del camino que llevaban y de igualar España a los países punteros de Europa. Y hay que reconocer que, aunque no se logró del todo, el avance fue importante, pues las distancias se recortaron en más de medio siglo, aunque estas cosas son siempre difíciles de medir. En cualquier caso, se estaba «haciendo patria», nación.

El impulso, sin embargo, va a frenarse hasta quedar prácticamente paralizado en el reinado siguiente. No ya porque el rey, Carlos IV, no tuviese la altura de su antecesor, sino por causas exteriores, que difícilmente podían ignorarse. El estallido de la revolución en Francia es una auténtica bomba puesta bajo el asiento de los ilustrados. Estos aristócratas y semiaristócratas cultos y arrogantes estaban convencidos de conocer los intereses del pueblo mejor que el pueblo mismo, por lo que nunca se habían molestado en consultarlo. Puede imaginarse su sorpresa, susto mejor, cuando vieron al pueblo alzarse en nombre de los principios que ellos mismos habían proclamado, y comenzar a cortar las cabezas de los de su clase. En Francia, bastante hicieron con escapar los que pudieron. En España, el efecto fue disuasorio: mucho cuidado con las reformas, que ya vemos en lo que pueden acabar. El mejor ejemplo lo tenemos en Olavide, el más anticlerical de todos ellos, que tras ser testigo del Terror robespierrano, regresó a España para contarlo convertido en devoto ejemplar (El Evangelio en triunfo o Historia de un filósofo desengañado).

Para tan difícil travesía, Carlos IV elige como principal consejero a Manuel Godoy, un guardia de corps joven y atractivo, perteneciente a la pequeña nobleza extremeña, al que el rey había hecho grande de España. Aunque las habladurías aseguraban que quien realmente lo había hecho era la reina María Luisa, esa señora de nariz torcida y gesto avinagrado que Goya pintó sin piedad en más de un retrato de la familia real. Sobre Godoy se ha dicho y escrito de todo, generalmente malo, merecido en parte, aunque no siempre. Era más liberal de lo que se dice, y si bien tuvo la suerte de estar en el lugar adecuado en el momento en que la reina buscaba alguien con quien pasar sus ratos libres, tuvo también la mala suerte de que le tocase gobernar en un momento tan difícil como complicado de la política continental. Él hizo lo que pudo, sin que fuera suficiente, pero se hubiera necesitado un auténtico genio para tener éxito en su lugar. Tras esforzarse inútilmente en salvar la vida de Luis XVI, se encuentra con que la Convención francesa, con la osadía típica de los revolucionarios, declara la guerra a España e Inglaterra. Como Inglaterra está protegida por el canal de la Mancha, las tropas francesas arremeten llenas de ardor contra España y avanzan por Cataluña y el País Vasco. A Godoy no le queda otro remedio que firmar la paz, aunque al precio de ceder a los franceses la mitad de la isla de Santo Domingo, lo que hoy es Haití. Carlos IV recompensa a su primer ministro con el título de Príncipe de la Paz y encima le permite casarse con una prima suya. Puede imaginarse que nada de ello aumenta la popularidad del favorito.

Es una paz que va a durar poco. Pronto se reanudan las hostilidades entre Francia e Inglaterra, que pide a España unirse de nuevo a sus esfuerzos bélicos. España se niega por dos razones: porque sabe que es la que más tiene que perder en un nuevo encontronazo con Francia y porque en ésta ha habido un cambio fundamental. Napoleón Bonaparte ha sido nombrado primer cónsul, tras una serie de victorias militares que le convierten en el amo del continente. Oponérsele sería un suicidio para España, que reanuda con él los pactos de familia de los Borbones, aunque éstos ya no reinen en Francia. Había otra razón para tal proceder: a aquellas alturas, un Napoleón ya emperador se había convertido en el mayor baluarte contra la revolución. Al menos eso creían Carlos IV y Godoy, pues Napoleón se consideraba el propagador de ésta por Europa, aunque, eso sí, bajo su norma, dictado e incluso familia. La idea del emperador era implantar el nuevo orden revolucionario en el Viejo Continente —«Mis soldados llevan en su mochila el bastón de mariscal y el Código Civil»—, sustituyendo las viejas dinastías por otras de nuevo cuño, salidas de su familia o de sus mariscales. España, naturalmente, entraba en sus planes.

Con lo que llegamos a otra de las encrucijadas de nuestra historia. Un momento tan delicado como controvertido, pues admite interpretaciones no ya distintas, sino opuestas. Vamos, pues, a examinarlo con calma.

De entrada, la reanudada alianza con Francia comporta para España el ataque masivo británico a los buques españoles que hacían la «carrera» de las Indias, con enormes pérdidas para nuestro comercio e industria, que quedaron en buena parte paralizados, sin que Napoleón pudiera hacer nada. Su dominio en tierra era aplastante, pero en la mar seguían mandando los ingleses, como demostraron en Trafalgar, donde destrozaron las flotas conjuntas de Francia y España. El emperador propone entonces atacar al enemigo por el flanco: Portugal, tradicional aliada de Inglaterra en la península Ibérica. Para ello, un importante contingente de tropas francesas debía atravesarla. Madrid accede. Hoy conocemos los verdaderos objetivos de Napoleón. No descartaba ocupar Portugal. Pero lo que realmente le interesaba era España, donde las diferencias entre el rey —Carlos IV— y su hijo —el futuro Fernando VII— a causa del valido habían llegado al extremo de que el segundo se sublevase —motín de Aranjuez—, entre el regocijo popular. Todo apunta a que, a aquellas alturas, el emperador consideraba España uno de aquellos países retrógrados a los que se hacía un favor regenerándolos. Entre sus planes para ella figuraba adelantar la frontera de los Pirineos al Ebro y poner en el trono de Madrid a su hermano José. Para ello le viene de perlas el forcejeo que mantienen Carlos IV, su hijo Fernando y Godoy. Napoleón los cita en Bayona y en parte con halagos, en parte con presiones, consigue una auténtica carambola monárquica: Carlos IV abdica a favor de su hijo, Fernando VII, y éste lo hace a favor del hermano del emperador, José I, al que el pueblo español apodaría pronto Pepe Botella, por su supuesta afición a ella. Toda una muestra del ánimo con que le recibió.

El reformismo moderado acaba entonces. Sus intentos de transformar el Estado español fueron claros; su patriotismo, evidente; sus éxitos, importantes. Sobre todo si tenemos en cuenta que actuaba en una nación aplastada por un imperio, con costumbres, tradiciones, ideales y valores del Antiguo Régimen arraigadísimos en todas las capas sociales. Pero le faltó tiempo. La Revolución francesa se cruzó en su camino, impidiéndole terminar su obra. Los ilustrados no consiguieron, pues, crear la nación moderna que buscaban. Dejaron demasiados cabos por atar. O desatar. Aun así, el siglo XVIII español fue bastante mejor de lo que solía ser considerado en los manuales de historia hasta hace bien poco. Aunque «mejor» y «peor», en la historia, sean conceptos relativos.

9
Independencia, pero no liberación

Mientras construir un Estado suele ser una tarea larga, lenta, laboriosa, que requiere sobre todo habilidad y paciencia, las naciones suelen forjarse en momentos de máxima tensión, al calor de las ansias de libertad, entre entusiasmos febriles y odios desatados. Sólo en esa olla a presión, que acelera tiempos e impulsa voluntades, pueden fundirse gentes de muy diversas clases y procedencias, bajo la bandera de un ideal común, que adoptarán como norma de vida. El momento idóneo para ello suele ser el de un levantamiento contra la opresión interna o externa. Es como se han formado la mayoría de las naciones modernas: luchando contra el tirano de dentro o contra el invasor de fuera, a través de una revolución o de una guerra de independencia. Ejemplo del primer proceso son Francia e Inglaterra, que alcanzaron su configuración moderna con sus correspondientes revoluciones, que incluyeron rebanar la cabeza al rey que había tenido la mala suerte de reinar en aquel momento. En cambio, Estados Unidos e Italia la alcanzaron en su lucha por la independencia contra ingleses y austriacos. En la práctica, ambos procesos suelen darse juntos. Las guerras de independencia contra el ocupante extranjero dan lugar a revoluciones internas contra los viejos poderes —monarquía absoluta, aristocracia, clero— que alumbran nuevas naciones, basadas en ese pacto de igualdad y convivencia que llamamos Constitución. Como las revoluciones, las guerras de independencia pueden también considerarse pues parteras de las naciones modernas. No por nada, los norteamericanos llaman a la suya The American Revolution.

La guerra de la Independencia española (1808-1814) reúne ambos requisitos. Fue una guerra contra un invasor extranjero, y puede considerarse una revolución contra los viejos poderes, que habían rendido pleitesía al rey impuesto desde fuera. De su raíz popular no cabía la menor duda. Fue el pueblo madrileño el que se sublevó el 2 de mayo al correr la voz de que se llevaban a los infantes. El problema estaba en que no era sólo un estallido contra los soldados franceses, sino también contra las ideas francesas, entonces las más avanzadas de Europa. Karl Marx, que dedicó tiempo y esfuerzo a los acontecimientos españoles del siglo XIX, nos ha dejado la que considero la visión más exacta de lo ocurrido, pese a hablar desde la distancia, o tal vez por eso mismo. Nosotros vamos a seguirle de cerca en este capítulo. «El levantamiento —escribe en el New York Daily Tribune medio siglo más tarde— parecía más contrarrevolucionario que revolucionario. Era nacional pues proclamaba la independencia de España frente a Francia, pero al mismo tiempo reaccionario, porque contraponía las viejas instituciones, costumbres y leyes a las novedades racionales de Napoleón». En este corto párrafo está condensada toda la tragedia de la guerra de la Independencia española. Fue la gran oportunidad para que el país levantado en armas contra un invasor se sacudiese de encima no sólo a los extranjeros sino también las viejas estructuras que venían impidiendo su modernización. A los extranjeros consiguió expulsarlos. El Antiguo Régimen, sin embargo, permaneció intacto. Y permaneció intacto porque quienes capitanearon el alzamiento fueron precisamente quienes más se oponían a la regeneración: curas, frailes, hidalgos provincianos y reaccionarios en general, que desde hacía tiempo veían con malos ojos la entrada de las «corruptas ideas francesas». Era su oportunidad para combatirlas. Y además, con la espada, que es como más nos gusta discutir a los españoles.

Hay que reconocer, sin embargo, que el emperador tuvo buena parte de la culpa, al no jugar limpio y herir de lleno el orgullo de todo un pueblo. Los «afrancesados» se quedaron al principio sorprendidos por el estallido popular. Pero bastantes de ellos reaccionaron al darse cuenta de la traición napoleónica y se unieron al levantamiento. Lo hicieron por dos razones. La primera, por simple patriotismo, ya que el suyo era de tan buena ley como el del resto. Luego, porque aquella incipiente burguesía que se estaba formando, sobre todo en los puertos (comerciantes, armadores de buques, abogados, médicos), vio en el alzamiento una oportunidad para la renovación política y social que España necesitaba. Así fue como reaccionarios y revolucionarios se unieron en defensa de la patria. Ya que se habían quedado sin cabeza dirigente (monarcas, nobles, alto clero), se ven obligados a la creación de «juntas» en las distintas ciudades, que serán las encargadas de organizar la lucha. Ésta despierta al pueblo español de su letargo de siglos. «En cierto sentido —confirma Miguel Artola—, las juntas representaron la reasunción de la soberanía popular». Las forman artesanos, menestrales, hidalgos, clérigos, con el pueblo en masa detrás. Los clérigos lo hacen no sólo por patriotismo, sino también por conveniencia: «Han visto lo que les ha ocurrido a sus hermanos en Francia», apostilla Marx. Desgraciadamente, el bajo nivel general, la inercia de siglos y la lucha contra el francés hicieron que la mayoría de las juntas estuviesen dominadas por los sectores más retrógrados de la población, clérigos e hidalgos, mientras que escaseaban los burgueses. La de alguna ciudad, como Sevilla, incluso la encabezaban los curas. Fue así como las juntas se vieron muy pronto llenas de gentes muy patrióticas, pero muy poco revolucionarias. Querían la liberación, pero no la revolución. Querían expulsar a los franceses, pero no que cambiase España. Al revés, querían que siguiera como estaba. Así se frustró aquella oportunidad única.

Las distintas juntas deciden coordinar sus esfuerzos y crean la Junta Central. Los personajes más influyentes en ella —lo que tampoco quiere decir que lo fueran mucho, dado el desbarajuste general— fueron Floridablanca y Jovellanos, dos hombres de la etapa anterior que, pese a su admiración por las ideas francesas, no dudaron en unirse al levantamiento popular. Marx considera al primero el típico aristócrata filántropo, déspota ilustrado, despectivo con la plebe y reacio a la revolución. Jovellanos, en cambio, «creía en el pueblo […]. Pero en modo alguno era hombre de acción revolucionaria». Era todo lo más «un reformador bienintencionado». En cualquier caso, no eran los hombres más indicados para una situación como aquélla, en la que se necesitaba gente de acción. La hubo en el frente, no en la retaguardia, donde debería haberse diseñado la nueva nación. Ello explica también cómo se perdió la oportunidad. Que la hubo. El estallido pilla por sorpresa a los invasores, que sufren una severa derrota en Bailén. El propio José I tiene que abandonar Madrid al mes de llegar. Marx usa la más socorrida prosa revolucionaria para describir lo ocurrido cuando la Junta Central inicia sus actividades: «Los franceses no ocupaban arriba de un tercio de España. De las autoridades no quedaba rastro. La Junta hubiese tenido poderes para hacer, sin el menor problema, en nombre de la defensa de la patria, todas las reformas sociales que hubiera querido, para traspasar los bienes de influencia de la Iglesia y de la aristocracia a los campesinos y a la burguesía […]. Pero actuó en la línea contrarrevolucionaria, restaurando las viejas autoridades, volviendo a soldar las cadenas rotas, extinguiendo el fuego revolucionario dondequiera que surgía, no actuando (revolucionariamente) ella e impidiendo que otros actuaran. El 2 de julio de 1809, cuando la junta se reunió en Sevilla, el gobierno conservador inglés (que venía colaborando con ella en la lucha contra los franceses) se creyó obligado a enviarle una fuerte nota de protesta por su comportamiento contrarrevolucionario». «En algún sitio se ha dicho —termina Marx esta diatriba contra la Junta Central— que España ha tenido que sufrir todas las molestias de la revolución, sin ganar por ello fuerza revolucionaria». Sustitúyase la última frase por «sin conseguir una nación moderna» y tendrán el mayor fallo de nuestra guerra de la Independencia. Después de haber tenido una Contrarreforma sin Reforma, España tuvo una guerra de la Independencia sin revolución. O, si lo quieren, una independencia a medias: contra el opresor externo, no contra el interno.

Aun coincidiendo con la tesis básica de Marx —las juntas no hicieron la revolución nacional en España pese a la oportunidad inmejorable que se les presentó para ello—, conviene hacer tres precisiones a un juicio tan duro:

El entusiasmo marxista por «el espíritu revolucionario del pueblo español» no se correspondía con la realidad. Fue precisamente el pueblo español, tanto o más que las juntas, quien marcó ese rumbo contrarrevolucionario, sobre todo en las partidas encabezadas por los curas, que fueron muchas. Vicens Vives nos cuenta que en alguna de ellas «la palabra constitución sonaba a diabólica».

El hecho, ya apuntado, de que el alzamiento se hiciera contra los franceses, símbolo por aquel entonces de las ideas más avanzadas, dificultó convertir la guerra en revolución (¿cómo combatir a alguien sin combatir sus ideas?). Por eso la guerra de la Independencia se aproximará muchas veces a la lucha contra el «liberalismo extranjerizante».

La parálisis de buena parte de la intelectualidad, alma de toda revolución. Afrancesada la poca que había, se debatió durante toda la contienda entre el patriotismo y el progresismo, sin tender un puente entre ambos ni asumir el papel dirigente que hubiese podido exigírsele. Fue un vacío que se notará por mucho tiempo. Cuando, finalizada la guerra, más de doce mil familias, pertenecientes a la burguesía liberal, la de Goya entre ellas, se vieron obligadas a emigrar, quedó un enorme hueco, del que se aprovecharon los más conservadores. O sea, que a la sangría material se unió la intelectual. Bastante más que una ocasión perdida, fue un trágico despilfarro.

Pues la guerra no pudo ser más dura ni más cruel. No es éste lugar para detallarla, pero tampoco podemos dejar de anotar sus rasgos fundamentales, que pasarían a nuestro acervo nacional y alguno incluso al internacional. Tras la derrota de Bailén, vuelve Napoleón con la Grande Armée, entra en. Madrid, repone a su hermano y derrota a cuantos encuentra a su paso. Pero los acontecimientos europeos le obligan a irse, aunque dejando aquí a 50 000 de sus mejores hombres. Domínguez Ortiz asegura que con ellos hubiera podido ganar la batalla de Leipzig. En cualquier caso, los españoles apelan a las guerrillas para hacer frente a fuerzas superiores, lo que abre un capítulo en la táctica militar moderna. La lucha se hace brutal por ambas partes, sin cuartel, con celadas, asaltos por la espalda, represalias, incendios, saqueos y absoluta falta de compasión hacia nadie, ya sea de condición civil o militar, hombre o mujer, niño o viejo. Goya dejó testimonio de ello en la serie de Los desastres de la guerra. Hay episodios realmente épicos, como el sitio de Gerona o la gesta de Agustina de Aragón, sirviendo el cañón tras el que había muerto su marido. Se pelea en todo el territorio nacional con alternancia de suertes. Cuando el emperador está aquí, sus tropas logran importantes triunfos. Cuando se marcha a apagar cualquiera de los muchos incendios que estallan fuera, son los españoles, ayudados ahora por los ingleses, quienes ganan. Pero es, más que nada, una guerra de desgaste, y las guerras de desgaste las pierden los ejércitos regulares, por buenos que sean. Sobre todo si luchan fuera de su país, como comprobaron siglo y medio más tarde los norteamericanos en Vietnam. Cuando el emperador vuelve de Rusia con su ejército hecho jirones, la suerte también estaba echada en la península Ibérica, con españoles e ingleses claramente a la ofensiva. Faltaba sólo el cerrojazo final, que llega en Waterloo.

España, que había quedado literalmente asolada, no obtuvo, sin embargo, en el Congreso de Viena la recompensa que merecía por su esfuerzo y sacrificios en las guerras napoleónicas. Ni siquiera le devolvieron Gibraltar y Menorca. Claro que Inglaterra iniciaba su escalada hacia la hegemonía mundial, mientras España se alejaba cada vez más de ella. Otra de las consecuencias de la guerra de la Independencia fue la pérdida de las colonias americanas, que, siguiendo el ejemplo del norte, se independizaron. Aunque eso no fue lo peor. El peor legado de esa guerra fue que en vez de unir a los españoles, los dejaría divididos en liberales y conservadores, clericales y anticlericales, tradicionalistas y progresistas. Hasta nuestros días. Pocas guerras de independencia habrán sido tan poco productivas.

(Aquí tengo que hacer otro alto para reflexionar en voz alta sobre lo que está emergiendo de esta búsqueda desesperada de la nación española. Resulta que los hechos más relevantes de nuestra historia —descubrimiento de América, imperio universal, guerra de la Independencia— terminaron siendo aciagos para la nación española. Ya decía Hegel que un geniecillo irónico manejaba los hilos de la historia. Irónico y malvado, añadiríamos).

No todo, sin embargo, fueron desgracias. Mientras se lucha, el pueblo español, o al menos el segmento más alerta del mismo, se da a sí mismo una Constitución que recoge las ideas más avanzadas de la época. Un auténtico milagro que merece le dediquemos siquiera un minuto de atención.

El 24 de septiembre de 1810, se reúnen en la Isla de León unas Cortes extraordinarias con ánimo constituyente. El 20 de febrero de 1811 trasladan las sesiones a Cádiz. El 19 de marzo de 1812 anuncian la nueva Constitución. Son 384 artículos que se reducen a uno: «La esencia de la soberanía reside en el pueblo, que es, por tanto, el único con capacidad para dictar leyes».

Tras ello hay todo un catálogo de ideas innovadoras, sobre todo en España: derecho a voto lo tienen todos los españoles —las españolas, todavía no—, excepto los servidores domésticos, individuos en bancarrota y delincuentes. Ningún diputado puede pedir o aceptar pagos, pensiones o condecoraciones del rey. Los consejeros de Estado y cuantos tengan cargo en la corte no podrán ser diputados. El rey, el príncipe de Asturias y los regentes deben jurar la Constitución ante las Cortes. Éstas deben ratificar todos los tratados militares, los subsidios y las regulaciones de comercio, así como la entrada de tropas extranjeras en territorio nacional. Había razones para esta última disposición tras la reciente experiencia con las tropas francesas. También las había para prohibir al rey abandonar el país sin permiso de las Cortes. Se elimina la tortura, la coacción jurídica, la confiscación de bienes y, como consecuencia de todo ello, la Inquisición. Todos los españoles están obligados a pagar impuestos de acuerdo con sus ingresos, desapareciendo por tanto los privilegios nobiliarios… ¿Cómo es posible —es lo primero que se le ocurre a uno— que pudiera surgir una Constitución tan moderna en una España tan retrógrada, en lucha, encima, con un invasor que representaba la modernidad? Hay varias explicaciones a ese auténtico acertijo. La primera es que la Constitución española de 1812 no fue una copia servil de la francesa de 1791, como fueran otras europeas de su tiempo. De haberlo sido, no hubiese sido aprobada. Marx la considera, un tanto exageradamente, «una reproducción de los fueros a la luz de la Revolución francesa», «una creación original del espíritu español, que restablece las viejas instituciones nacionales e introduce las reformas que habían pedido los hombres más famosos del siglo XVIII, haciendo las inevitables concesiones a los prejuicios del pueblo». Por ejemplo, no había separación entre Iglesia y Estado, prohibiéndose la práctica de cualquier otra religión que no fuese la «Católica, Apostólica, Romana, la única religión verdadera».

Ese ejemplo, sin embargo, no es característico del entero texto de la Constitución, que Domínguez Ortiz considera «avanzada, no fruto del consenso, más progresista de lo que podía tolerar una sociedad todavía, en su conjunto, muy tradicional». Algo que sin duda hizo que le faltase apoyo popular.

Lo que nos devuelve a la pregunta anterior: ¿Cómo pudo emerger una Constitución como ésta en una España como aquélla? Aquí sí que podemos fiarnos de las tres razones que da Marx:

Porque en su redacción se dieron cita los hombres más progresistas de aquella España.

Porque a la Isla de León llegaron primero los representantes de las regiones más democráticas —Cataluña, Galicia, Levante—, mientras los del interior, más reaccionarios, tardaron en acudir, y alguno ni siquiera pudo hacerlo, ya por dificultades de desplazamiento, ya por no haber recibido de su junta permiso para ello.

Porque Cádiz era entonces la más radical de las ciudades españolas, «casi una ciudad americana», llena de comerciantes y gente influenciada por las ideas del siglo XVIII. «Su población llenaba la galería de la sala cuando las Cortes estaban en sesión, y mantenía a raya a los reaccionario-4 (los serviles) por medio de un sistema de amedrentamiento y presión.»

Así fue surgiendo, en una atmósfera entusiasta, pero un tanto artificial, una Constitución bastante más avanzada que el propio país. Pues pese a las concesiones hechas a las tradiciones españolas, el carácter renovador de la misma era indisimulable. Si a ello se añade que le faltaban los mecanismos para una auténtica reforma económica, que le hubieran traído el apoyo de los sectores más desfavorecidos de la población, tendremos explicado por qué la Constitución de 1812 no logró arraigar en el pueblo llano. En cuanto a la burguesía, la nueva clase que debiera haberla defendido, era demasiado escasa para inclinar la balanza. «En España —escribiría Larra no mucho después— sólo hay clase media en Cádiz y Cataluña».

Pronto vamos a comprobarlo. Cuando el 16 de abril de 1814 regresa el «prisionero de Napoleón», Fernando VII, es saludado por las calles de Valencia con los gritos de «¡Viva el Rey absoluto!» y «¡Abajo la Constitución!». Si algunos gritaron también «¡Vivan las cadenas!», como dice la leyenda, no está comprobado, pero es lo mismo. Era el ánimo popular.

Fernando VII, «que supo estar a la altura de su pueblo, no en su heroísmo, pero sí en su ignorancia» (J. M. Jover), deroga la Constitución, reinstaura la Inquisición, envía al exilio o a la cárcel a los más liberales, llama de nuevo a los jesuitas y se declara monarca absoluto. Lo peor, sin embargo, no es eso. Lo peor es que lo hace sin la más mínima resistencia popular. Se había logrado liberar España del yugo napoleónico. Pero no del que, desde dentro, la impedía convertirse en una nación moderna.

10
Las dos Españas

Perdida la oportunidad inmejorable que ofreció la guerra de la Independencia para hacer su revolución y convertirse en nación moderna, España inicia un período de ensayos, bandazos, debates, guerras civiles e intentos de encontrar su equilibrio interno y su papel en el concierto internacional. Las guerras religiosas que nos ahorramos en los siglos XVI y XVII vamos a tenerlas, convertidas en políticas, en el XIX. A falta de una España, surgen dos, «una de las cuales va a helarte el corazón», como diría el poeta que dio con su muerte testimonio de ello. Los períodos conservadores y liberales se suceden a ritmo cada vez más frenético, con odios cada vez más profundos y luchas cada vez más crueles. Jorge de Esteban ha descrito el vaivén de las Constituciones de distinto signo, impuestas por la facción que ejercía el poder en cada momento mediante expeditivo procedimiento del «trágala». Entretanto, se pierden la inmensa mayoría de las colonias americanas, y la desnudez del país queda al descubierto. José Ramón Lasuén sostiene que después de los reinados benéficos de Fernando VI y Carlos III, España había logrado equipararse a los demás países europeos. Un poco exagerado parece, pero ello no contradice dos hechos innegables: que pese a los avances conseguidos, el despotismo ilustrado sólo alcanzó ciertas capas del pueblo español, mientras la gran masa seguía fiel a sus «esencias». Agrava la cosa que durante el siglo XIX, el de la industrialización, España pierde terreno respecto al resto del continente. El propio Lasuén anota que a mediados de siglo, «la renta per cápita era sólo 2/3 o 3/4 de la europea, y a finales, sólo la mitad de la francesa». Es lo que la hace descender del décimo al vigésimo cuarto puesto en el rango económico de las naciones durante ese período. Resulta significativa la anotación de Juan Sardá, máxima autoridad en la materia, sobre la política monetaria de la segunda mitad del siglo: «Se procedía como si aún subsistiese el imperio colonial, capaz de suministrar cantidades indefinidas de plata; pero como ese Imperio había desaparecido, lo que se hacía era abrir una gran brecha por la que marchaba al exterior la plata que todavía atesoraba España». Es también posible que la conservación de Cuba y Puerto Rico, junto a la de Filipinas, actuara como un espejismo y convenciera a los españoles de que el imperio aún existía. En realidad, aquellas colonias sólo beneficiaban a unas cuantas familias y suponían grandes gastos al Estado, que a finales de siglo se cobrarían no sólo en oro, sino también en sangre.

A partir del primer tercio del siglo XIX, ¿qué quedaba de aquel imperio en el que no se ponía el sol? Apenas nada, mientras que en la metrópoli existían dos bandos que empezaban a considerarse enemigos a muerte. Los conservadores acaparaban la «españolidad», proclamándose defensores de la misma, mientras los liberales se convertían en abanderados de la modernización, abogando por el regeneracionismo a ultranza. Al integrismo de la derecha se opone el jacobinismo de la izquierda. Una de esas Españas cree sólo en el ayer; la otra lo rechaza de plano. A la expulsión de los jesuitas seguirá el exilio de los liberales. París, Londres, el propio Gibraltar van a ser el destino de miles de familias españolas que no pueden vivir en su país. Con más de la mitad de su campo en manos de los nobles y casi un quinto en manos de la Iglesia, con sólo entre el 5 por ciento de sus habitantes sabiendo leer y escribir y «sin una auténtica clase media y burguesa» (Jiménez Blanco), a España le va a ser cada vez más difícil hallar ese consenso, esa «identidad superior y futurista, esos valores e ideales compartidos, esa forma y destino común», que según G. Morente caracteriza a las naciones modernas. Existen dos proyectos enfrentados, que pronto se fragmentarán a su vez, en una especie de desintegración en cadena, dentro de un clima de radicalización progresiva y animosidad creciente. Aquélla es ya una España de «nosotros» y «ellos», que no zanjarán sus diferencias con simples debates dialécticos, sino que a menudo echarán mano de los «golpes» o «pronunciamientos» —otra aportación española al vocabulario político— sólo para provocar una reacción más furiosa de la otra parte. El consenso que presidía la sociedad española del Antiguo Régimen se había roto, para dejar paso a todo tipo de enfrentamientos y fracciones. La fama que tenemos los españoles de ingobernables viene de entonces. No era éste, desde luego, el clima más apropiado para crear una moderna nación-Estado, al estilo de las que se estaban creando fuera. Se intentó, sin embargo, no una vez, sino media docena, poniendo todos el máximo empeño. Lo malo fue que cada uno quería «su» España, sin admitir la de los otros. El fanatismo no fue monopolio de ningún bando.

Se pueden señalar, de todas formas, tres novedades en aquella España que vive a bandazos, en la que se suceden los períodos conservadores y liberales, como un coche que avanza a base de acelerones y frenazos. La primera es la aparición del Ejército como fuerza política, que terminará dominando toda la escena. Hasta entonces, su fidelidad a la Corona y su anclaje en el Antiguo Régimen estaban asegurados por la pertenencia a la nobleza de prácticamente toda la oficialidad y altos mandos. La guerra de la Independencia, sin embargo, había hecho generales a líderes guerrilleros pertenecientes a las capas más bajas de la población, con ideas y actitudes mucho más democráticas. Serán los que encabecen la mayoría de los «pronunciamientos» liberales durante esta época y presidan los gobiernos de ese signo. Pues, por mucho que le cueste imaginar a un español del posfranquismo, el Ejército español fue mayoritariamente liberal en la primera mitad del siglo XIX. Algunos mandos fueron incluso radicalmente liberales, otros sólo moderadamente, pero su tendencia general fue ésa.

La segunda novedad es la aparición de un conflicto dinástico que dio lugar a una guerra civil, o a una serie de ellas, ya que se prolongaron en el tiempo y en el espacio, tanto que hay quien dice que llegan a nuestros días con el conflicto vasco. Me estoy refiriendo, naturalmente, a las guerras carlistas. La decisión de Fernando VII de restablecer el derecho castellano de las mujeres al trono daba éste a su hija Isabel, aunque debido a su minoría de edad sería su madre, María Cristina, la regente. Su tío Carlos María Isidro no reconoció la legitimidad de esa sucesión, reclamó la Corona en virtud de la legislación anterior y desencadenó la primera guerra carlista (1833). Pronto, sin embargo, la cuestión dinástica cedió el paso a la ideológica, con los carlistas convertidos en defensores de las más rancias tradiciones españolas, y los «cristinos», de las ideas liberales. Aunque los «cristinos» se impusieron y quiso terminarse la lucha amistosamente —Abrazo de Vergara (1839)—, ésta se reanudó no una vez, sino varias, lo que demuestra lo profundo de la fractura. Los carlistas eran particularmente fuertes en el arco norte del país, desde Galicia a Cataluña, y combatían por sus fueros, por su rey y por su religión, que para ellos representaban lo mismo. «Dios, Patria, Rey» era su lema. Pero detrás de ese integrismo patriótico-religioso se escondía un primer intento de secesión dentro de España. Curiosamente, reivindicando la legitimidad. Los carlistas se consideraban «representantes de la verdadera España», mientras que los liberales eran españoles espurios. Y ya que no podían imponerse en toda España, se contentaban con hacerlo sólo en una parte, pero de acuerdo con sus esencias. Los carlistas son, pues, separatistas a fuer de ultraespañoles, algo que conviene tener en cuenta, pues pronto veremos surgir otros separatismos, pero de signo muy distinto: claramente antiespañoles.

La tercera novedad va a traerla una medida revolucionaria para aquella España. Me refiero a la desamortización, que hará a la Iglesia enemiga declarada del Estado liberal, si no lo era ya. Según Miguel Artola, el presupuesto eclesiástico antes de 1834 equivalía al del Estado. Sólo en tierras cultivables poseía el 18 por ciento de todas las del país. Esto va a dar un vuelco espectacular. Entre 1835 y 1836, Mendizábal declaró bienes nacionales, y vendió a continuación toda una serie de propiedades de la Iglesia, con lo que quebró, aunque en modo alguno enterró, el poder de ésta, al tiempo que obtuvo el dinero que le permitió formar el gran ejército con el que derrotó a los carlistas. Esto tuvo que parecer a muchos conservadores infame por partida doble. Detenida durante los períodos moderados intermedios, la desamortización se completó en el bienio progresista, 1854-1856. En el primer período se desamortizaron, esto es que se vendieron, 139 521 fincas rústicas de la Iglesia, 19 647 fincas urbanas y 157 115 censos y foros. En cuanto al valor, los autores varían. El golpetazo, en cualquier caso, fue tremendo.

La desamortización, sin embargo, no llevó a cabo la reforma agraria que el campo español y España misma necesitaban para ampliar su base social y estabilizarse política y económicamente. La estructura del agro español —que constituía la base del país— apenas cambió. Simplemente, las grandes fincas eclesiásticas pasaron a manos de terratenientes que vivían en Madrid o capitales de provincia, lo que ni productiva ni socialmente significó el menor avance. La sentencia de Vicens Vives al respecto es demoledora: «La reforma española habría de alumbrar un neolatifundismo territorialmente más extenso, económicamente más egoísta y socialmente más estéril que el precedente». La suerte del campesino, desde luego, no mejoró. En muchos casos incluso empeoró, pues la Iglesia era mucho más compasiva que el terrateniente en casos de sequía o catástrofes naturales. Aparte de que la venta de tierras comunales privaba a muchos campesinos del disfrute que venían haciendo de ellas. A pesar de su aroma popularista y anticlerical, la desamortización acabará siendo un obstáculo para la renovación de las estructuras del campo, dada la aparición de una alta burguesía agraria en ambas Castillas, León y Andalucía, con ideales muy próximos a los de la más reaccionaria nobleza, y dispuesta por tanto a cortar como fuera cualquier tipo de reforma estructural. En aquella España, hasta lo revolucionario se tornaba contrarrevolucionario, tal era el peso de la tradición. No es extraño que Kant la llamase «el país de los antepasados».

La cronología de los cambios de gobierno nos muestra los bandazos que da el país:

1814-1820. Período absolutista, con la Constitución de Cádiz derogada y persecución de los liberales.

1820-1823. Trienio liberal. El pronunciamiento de Riego obliga al rey a reinstaurar la Constitución. Ahora son los liberales los que persiguen a los conservadores. Pero una Europa de vuelta de las revoluciones decide enviar a «los Cien Mil Hijos de San Luis» para imponer orden. Esta vez, el pueblo español, exhausto y escéptico, no ofrece resistencia a las tropas francesas.

1823-1833. La llamada «Década ominosa», con Fernando VII de nuevo con los poderes absolutos. La persecución de los liberales fue dura pero, aleccionado por la experiencia, el rey se procuró apoyos, al tiempo que buscaba la forma de que su hija le sucediera.

1833-1843. La llamada «Década liberal», con dos regencias, la de la reina María Cristina y la de Espartero, que legitiman el liberalismo en la corte, en el Ejército e incluso en parte de la alta sociedad. Se corresponde con la primera guerra carlista y la desamortización.

1843-1853. Mayoría de edad de Isabel II y gobiernos moderados, bajo Narváez.

1853-1856. Trienio progresista. De nuevo bajo Espartero. Trajo la escisión del partido liberal entre más y menos avanzados, la segunda tanda de desamortizaciones y las primeras grandes huelgas (Barcelona, Andalucía).

1856-1858. Hubo una relativa tranquilidad interior, una cierta estabilidad política y un relativo progreso económico, sobre todo si se compara con las etapas anteriores. Incluso se hacen los primeros pinitos industriales. Detrás de ello están los «nuevos ricos» creados por la desamortización, o mejor dicho, parte de ellos, pues la mayoría prefirió no correr riesgos y continuar invirtiendo en bienes raíces. El crecimiento, en cualquier caso, está muy desigualmente distribuido. De hecho, la industrialización se centró en dos regiones: Cataluña, que en 1864 tiene el 40 por ciento del capital industrial del país, y Vasconia, con otro tanto. Barcelona y su comarca se convierten en el corazón de la industria textil (3600 fábricas, 125 000 obreros, 37 000 telares), mientras que Bilbao va creando su propia siderurgia. El salto de cifras de producción es expresivo: 1815, 5000 toneladas; 1865, 54 000 toneladas; 1870, 90 000 toneladas. Sin embargo, la mayor parte del mineral de hierro se exporta, para que sean otros los que lo conviertan en acero.

Estamos en plena «huida hacia el litoral». Mientras que las regiones interiores pierden habitantes, las costeras los ganan. Cataluña y el País Vasco hacen así su revolución industrial con todas las consecuencias que ésta trae aparejadas, empezando por la aparición paralela de una alta burguesía y de un proletariado, y terminando por el surgir de un nacionalismo. No es ninguna casualidad que por aquel entonces veamos brotar el «catalanismo» y el «hecho diferencial vasco». La ecuación revolución burguesa-construcción nacional se cumple matemáticamente en ambos territorios. Pero esto no ayuda a hacer la nación española (al revés, la hace más problemática). A partir de entonces, «no puede hablarse de una sociedad española, sino de varias articulaciones sociales, imbricándose en función del choque producido por la introducción del industrialismo», advierte Vicens Vives. Juan Pablo Fusi pasa lista a las calamidades que durante aquella mitad de siglo fueron cayendo sobre el país: pérdida completa del poderío naval en Trafalgar, guerra de independencia devastadora, pérdida del imperio americano, régimen catastrófico de Fernando VII y una guerra civil de casi siete años. Su conclusión es la siguiente: «España se había quedado prácticamente sin Estado y las consecuencias de todo ello iban a condicionar la política española durante buena parte del siglo XIX». Y del XX, podríamos añadir. Por lo pronto, la burguesía, en un principio progresista y reformadora, sufre sucesivos cuarteamientos. Una parte, temerosa ante el avance del proletariado, se une a los conservadores. La otra, se radicaliza, y opta incluso por el republicanismo. La reina, Isabel II, con su tendencia a compartir poder y cama con el favorito de turno, no ayuda desde luego al prestigio de la monarquía. Una inoportuna recesión económica mundial en la década de los sesenta causa despidos y bancarrotas. España comprueba que el capitalismo tiene también su cara amarga. El descontento popular se nota por todas partes. Los estudiantes se alborotan, los obreros se asocian y los políticos no se ponen de acuerdo. Mueren casi simultáneamente O’Donnell y Narváez, los dos últimos baluartes de la reina. Prim y Serrano encabezan un golpe de Estado que se encuentra con una resistencia mínima y un apoyo máximo. Esta vez los insurrectos no van a contentarse con que Isabel II les entregue el poder con los añadidos personales que solía darle. Exigen que abandone el trono por «deslealtad hacia la autoridad nacional». El entusiasmo popular marcha paralelo a la indignación contra la soberana. Corre 1868 y después de haberlo intentado casi todo, España va a intentar realizarse finalmente con una revolución, casi un siglo después de la francesa. Hay otra diferencia con ella aparte del tiempo: no va a correr la sangre. Se permite a la reina hacer sus maletas e irse a París, donde sobrevivirá, como dice una de sus biografías, «a su hijo, a su marido y a la inmensa mayoría de sus amantes». España, en cambio, seguirá con sus problemas, aumentados si cabe.

11
La Gloriosa

Esa tendencia tan española de preferir el adjetivo, rimbombante o degradante, al sustantivo, convirtió la revolución de 1868 en la Gloriosa, cuando en realidad tuvo más pena que gloria. Si se la compara con la francesa de un siglo antes, se comprueba que mientras que ésta suelda y solidifica Francia, convirtiéndola en un torbellino capaz de enfrentarse a todos sus vecinos juntos, la española de 1868 hace estallar como una granada aquel país mal soldado, hasta el punto de llevarlo al borde de su desintegración. Vicens Vives habla del «ataque al gobierno central de la periferia peninsular». Miguel Artola, de «la última ocasión en que la burguesía (española) protagoniza un movimiento revolucionario». Ambos se refieren a Cataluña y Andalucía, que trataban de imponer al centro la más que prescrita revolución nacional burguesa, a través de sus generalespolíticos más dinámicos. Intento que se frustra por haberse creado entretanto una nueva situación y un peligroso desfase: debido al retraso con que dicha revolución llegaba a España, quien venía exigiendo sus derechos ya no era la burguesía, sino el proletariado. Un proletariado eminentemente industrial en Europa, eminentemente agrícola en España, aunque con importantes focos industriales, que no se contentaba ya con las reformas burguesas. Quería su propia revolución, la proletaria, la marxista. Debe recordarse que Marx había redactado con Engels el Manifiesto comunista en 1848, que El capital se publicó en 1867 y que la Primera Internacional se fundó en 1864, para espanto de la burguesía europea, que deja a la carrera de ser revolucionaria y se hace conservadora. Y España «con estos pelos», quiero decir, sin siquiera haber tenido una revolución burguesa.

El gran problema de la burguesía española durante el medio siglo que media entre ambas Repúblicas será cómo hacer «su» revolución, sin ser desbordada por la que pretenden las clases inferiores, la marxista. A partir de 1868 habrá dos revoluciones que forcejean por imponerse en el país. Dos revoluciones «pendientes» que, pese a luchar contra un enemigo común —la España tradicional, conservadora—, no acaban de complementarse. Al revés, pugnan entre sí, llegando incluso a anularse mutuamente en distintas ocasiones, como veremos más adelante. Como consecuencia, la nación que una y otra trataron de levantar siguió sin fundarse e incluso se mantuvo la anterior, la vieja, con algún que otro revoque.

En 1868, lo primero que se hizo —era ya costumbre inveterada— fue redactar una nueva Constitución. Recogía ésta las ideas más puras del liberalismo e incluso libertarismo, de acuerdo con los tiempos que corrían: sufragio universal, la nación como única depositaria de la soberanía nacional, libertad de culto, separación de Iglesia y Estado, matrimonio civil, plenas libertades cívicas. Pero apenas tenía provisiones para una revitalización económica que beneficiase a los trabajadores. Surge así el divorcio, fatal para todos los intentos reformadores españoles, entre unos políticos liberales que sólo piensan en «regenerar» el alma española y unos obreros que sólo piensan en mejorar su nivel de vida. La mezcla es explosiva; el caos, inmenso; la confusión, general. Hay una burguesía que apoya las reformas, «pero con orden», y hay una clase trabajadora que quiere cambios inmediatos y radicales. La solución de este acertijo es una «monarquía democrática», distinta a la borbónica. Pues, curiosamente, la mayor parte de los españoles seguían siendo monárquicos, aunque en las elecciones habían sido elegidos 52 diputados republicanos. Por tanto, un militar progresista, Juan Prim, se pone a buscar afanosamente en el exterior el rey idóneo que no encuentra en el interior. La elección viene a recaer en Amadeo de Saboya, tal vez influido por el hecho de que su casa no sólo acababa de unificar Italia, sino que también la estaba convirtiendo a la carrera en una nación moderna. Pero aunque el elegido cumplía las condiciones establecidas, se encontró con el rechazo de los republicanos, o sea de la izquierda pura y dura, y del todavía poderoso bloque conservador, la derecha dura y pura. Por no hablar ya de los anarquistas, que estaban contra todo. El nuevo rey no pudo entrar con peor pie: España le recibió con el asesinato del hombre que le había traído, Prim. No sé si Raymond Carr, al definir este período como una «monarquía artificial», se refiere a la calidad de extranjero del titular o a la anarquía reinante en España. Pero si se piensa en el panorama que encuentra, de sublevaciones cantonales, revueltas integristas, rebeliones en Cuba, insurrección de la Armada o indisciplina del Ejército, no extraña lo más mínimo que don Amadeo dimitiese digna, aunque tristemente, y abandonase España a su suerte. Su mensaje de despedida no puede ser más patético ni más certero: «Dos años largos ha que ciño la Corona de España, y España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos; pero los que con la espada, con la pluma, con la palabra, agravan y perpetúan los males de la Nación son españoles, todos invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien…». Posiblemente era un rey demasiado bueno para una nación que no acababa de encontrarse a sí misma. En cualquier caso, el intento de hacer una revolución desde arriba, de la revolución coronada, había fracasado. Había que ensayar algo más fuerte: la República.

La Primera República española es un experimento patético, lleno de idealismo, retórica, ideas sublimes y acontecimientos catastróficos. Se debate una nueva Constitución, pero no llega a aprobarse. Sencillamente, no dio tiempo, tan breve y caótico fue todo. De su ingobernabilidad ilustra el hecho de que en los once meses que duró, tuvo cuatro presidentes, dos catalanes, Figueras y Pi i Margall, y dos andaluces, Salmerón y Castelar, las dos regiones con más protagonismo político, aparte de con mayor masa obrera y campesina. De la inocencia democrática de aquellos presidentes da buena prueba lo que decía el primero, don Estanislao Figueras: «Yo no mando ni en mi casa». Tal vez esto podía servir en su casa, pero no podía servir en un país que presentaba peligrosas grietas. Ya en el anterior período constituyente habían surgido juntas, como la de Málaga, que rechazaban «el deber de servir forzosamente al Estado». Por primera vez puede verse claramente lo que veníamos apuntando en capítulos anteriores: la desaparición del imperio dejaba al descubierto la carencia de una auténtica estructura nacional. Carencia que va a notarse especialmente en los períodos de mayor libertad. De entonces arranca la mala prensa que tiene la democracia entre los conservadores españoles, que la identifican con el desorden. En adelante, si España quiere sobrevivir como Estado, tendrá que echar mano de la fuerza para anular las tendencias centrífugas y suplir su falta de coherencia interna. El Ejército, hasta entonces liberal, tendrá que actuar como elemento coagulante para evitar la desintegración que amenaza. El «federalismo científico» —ése fue el pedantesco nombre que dieron a la Primera República sus fundadores— desembocó en un cantonalismo tan minimalista como agresivo. Estalla el entero litoral mediterráneo. Se declaran repúblicas independientes Cataluña, Málaga, Cádiz, Granada, Valencia, Huelva y algunas más. La de Gandía declara la guerra a Jaén. La de Jumilla amenaza con tomar todas las «naciones vecinas». Cartagena establece el divorcio y quiere convertir el cuerpo consular allí acreditado en diplomático. Camuñas, en la línea divisoria entre Toledo y Ciudad Real, se declara, por las buenas, independiente. Y Cataluña, fracasado el intento de «catalanizar España» a través de sus presidentes republicanos, declara la guerra al Estado central, que de central tiene sólo el nombre y la situación geográfica. A todo ello hay que unir los conflictos laborales, la agitación carlista y la rebelión cubana, que completan un cuadro clínico que pide el ingreso inmediato en la UVI. Castelar hace frente a la situación con un duro programa que incluye el envío de tropas contra los cantonalistas y la pena de muerte para sus cabecillas. Pero los escrúpulos democráticos de algunos diputados hacen que pierda el apoyo de la mayoría. El general Pavía, gobernador militar de Madrid, considerando que tanto él como sus oficiales, «como militares y ciudadanos», tenían la obligación de salvar la sociedad y la patria del caos, el 3 de enero de 1874 entra en el Congreso al frente de sus tropas, a caballo dice la leyenda, y lo disuelve con cuatro tiros. El general Serrano se hizo cargo del gobierno provisional, a la vez que Antonio Cánovas del Castillo, arquitecto de la Restauración y gran figura política de ella, negocia con el hijo de Isabel II, formado en una academia militar inglesa, su regreso. Su respuesta a las preguntas de Cánovas es todo un manifiesto político: «No dejaré de ser buen español, ni como todos mis antepasados, buen católico, ni como hombre de mi siglo, verdadero liberal». A las fuerzas fácticas españolas, que se han visto al borde del precipicio, les basta y sobra. A la mayoría del pueblo, harto de la anarquía, también. La Restauración puede empezar. Y con ella, un intento original de hacer la revolución burguesa, o lo que es lo mismo, la moderna nación española: pretender que estaba ya hecha e ir haciéndola luego sobre la marcha. La solución es del mismo estilo que la de aquel general norteamericano que, visto lo ingobernable que resultaba la crisis vietnamita, proponía resolverla declarando que se había ganado la guerra y regresando tranquilamente a casa. La propuesta es ingeniosa en uno y otro caso. Lo malo era, en el español, que no había casa a la que regresar. La crisis estaba dentro de ella, como veremos en el siguiente capítulo.

Antes de terminar, tres notas a pie de página. La primera, el mal sabor de boca dejado por este período revolucionario. La Gloriosa y la Primera República no satisficieron a nadie. Al revés, todos quedaron descontentos. El centro se vio desafiado, la periferia no consiguió sus objetivos, los conservadores sufrieron el ataque a sus prerrogativas, los liberales no lograron imponer su proyecto más audaz, los patronos vieron las orejas al lobo, los obreros siguieron como estaban. Revueltas, todas; revolución auténtica, ninguna. Nación moderna, menos. Lo único que se divisa es una Iglesia más retrógrada, un Ejército más politizado, una burguesía más conservadora y unos incipientes movimientos obreros más radicalizados. Ahora bien, en este panorama de ruinas humeantes, una cosa queda clara, como apunta Raymond Carr citando a Romanones: las «conquistas liberales» de la Constitución de 1868 —como los cambios culturales de un siglo más tarde— «nunca, nunca serían reversibles». En otras palabras, la revolución y la República sirvieron para demoler muchas cosas, la mayoría inútiles, y en este sentido fueron positivas. Desgraciadamente no crearon nada nuevo. Y menos aún integraron el país. En la partida de nacimiento del célebre bandolero Luis Candelas, extendida en Madrid, todavía se hace referencia a su padre «Estevan, natural del Reyno de Valencia».

La segunda observación hace balance del medio siglo que va desde la invasión napoleónica a la Restauración. España fue incapaz no ya de acortar distancias con las grandes potencias europeas, sino que se había quedado detrás incluso de Italia, que acababa de alcanzar su unidad nacional. Juan Linz lo ha expuesto en un gráfico expresivo, que ofrece la estructura laboral de ambos países. En 1877, el 72 por ciento de los españoles se dedicaban a la agricultura y el 3,1 por ciento a la industria, mientras que entre los italianos el porcentaje era del 36 y el 21 por ciento, respectivamente. En cuanto al grado de industrialización, bastan tres simples cifras: en 1870 había en España 10 altos hornos, en Inglaterra más de 300, y en Francia más de 200.

Por último, aunque no menos importante: en aquella España apenas existe pequeña burguesía, base de los modernos Estados-naciones. El comerciante o profesional con éxito se dispara hacia arriba, y el que no lo tiene se hunde. La pequeña burguesía, tan activa en los países europeos, terminarán formándola mayoritariamente en España los funcionarios, cuyos ideales no son precisamente burgueses, sino de clase media. Tampoco lo es su estilo de vida: forzados por el «qué dirán» a fingir unas apariencias que sus menguados sueldos no permiten, llevan una existencia de penuria y estrecheces no muy distante de la del obrero. En ellos encontraron los novelistas y dramaturgos de la época un filón inagotable tanto para la tragedia como para la comedia.

En cuanto a la alta burguesía, como queda dicho, no pretende, como la del resto del continente, sustituir a la aristocracia como clase dirigente ni romper su poder feudal. La alta burguesía española no quiere enviar a los nobles al cuarto de los trastos viejos. Quiere unirse a ellos por matrimonio u obtención de título. Si de ella dependiera, la Edad Media no habría acabado. Esa casta cerrada que es la nobleza «no dejó su lugar preeminente en la estructura social española durante los siglos XIX y XX», apunta Vicens Vives. No son las mejores condiciones para renovarse. Pero ya que no podía hacerse una renovación, se intentó al menos una restauración. A eso, en el lenguaje de la calle, se le llama «salvar los muebles».

12
La Restauración

La legitimidad le vino a la Restauración por descarte: era la menos mala de las salidas posibles. Pero no la ideal para nadie. Pero tampoco nadie tenía solución para los problemas que aquejaban al país: las profundas grietas que se apreciaban entre sus partes, la falta de verdadera democracia, la corrupción, la ineficacia, el retraso. Había que improvisar. Fue lo que se hizo.

La Restauración fue obra de un hombre: don Antonio Cánovas del Castillo. Él trajo al nuevo rey, Alfonso XII. Él puso en marcha la «España de las provincias», convencido de que «centralizar era garantía de libertad» (J. P. Fusi). Él estuvo detrás de la unificación constitucional de todo el territorio del Estado de 1876, por la que se abolían los fueros vascos. Y él trató de suavizarla con un régimen de concierto económico con aquellas provincias. Él montó el sistema de alternancia en el poder. Él dispuso las reglas de juego. Él creó el nuevo partido conservador, y si nos apuran, también el liberal. Él, en fin, fue el padre del invento.

El caso es que el invento duró medio siglo y que muchos españoles llegaron a convencerse de que, al fin, tenían un sistema político moderno, de estilo inglés por más señas, e incluso una nación moderna, parecida a sus vecinas del norte. «En ese momento —escribe Raymond Carr— España era, sobre el papel, uno de los sistemas de gobierno más democráticos de Europa». «El problema —añade— estaba en convertir la teoría en práctica».

¿Cómo se consiguió el milagro o milagrería? Sólo se explica por el cansancio. España estaba, simplemente, exhausta tras tres cuartos de siglo dando palos de ciego, la mayoría contra ella misma. Por eso inicia una de sus «épocas ficticias», como la llama Vicens, «en la que el país se desinteresó de la cosa pública, sólo interesado por los propósitos inmediatos». Un poco como esos boxeadores que, tras haberse zurrado de lo lindo, llegan «groguis» a las postrimerías del combate, abrazándose más que golpeándose, conservadores y liberales españoles se sostuvieron mutuamente durante varias décadas, repartiéndose los asaltos que quedaban. Había también otra razón: las organizaciones obreras que emergían, amenazando con la revolución proletaria. Ante ese peligro, los viejos rivales cierran filas, se reparten los papeles y actúan como si el poder cambiase realmente de manos, como si las estructuras sociales se hubieran reformado y el sistema económico se hubiese adaptado a las exigencias del capitalismo avanzado. En una, palabra: como si España fuese una nación moderna, cuando sólo pretendía serlo. Era, sencillamente, un combate amañado. Es como venía considerándose este período.

Últimamente, sin embargo, se aprecia algo así como una reivindicación del mismo. Uno de los empeñados en la tarea es Julián Marías, hombre que por su honestidad y saber hay siempre que escuchar. Junto a otros estudiosos, subraya el largo período de tranquilidad que supuso la Restauración, el empeño que puso en «sustituir la confrontación fratricida de más de medio siglo por un encuentro civilizado, basado en el transaccionismo de que fue símbolo la Constitución ecléctica de 1876, que hizo posible un reposo necesario para que florecieran las nuevas generaciones intelectuales desplegadas en plena libertad» (Seco Serrano), así como los avances que se lograron en los más diversos campos, desde la economía a la industria, pasando por la ciencia, que de cenicienta pasa a tener un premio Nobel, y las letras, que tienen una edad de plata. Aunque lo más importante es ese consenso que se logra entre facciones que hasta entonces se habían combatido a muerte. Sin duda, el ánimo conciliador de Cánovas y los amargos recuerdos del pasado reciente ayudaron a conjurar los malos espíritus. También ayudó la disposición del rey a respetar las normas constitucionales, tan distinta de las de sus predecesores, activistas políticos. Y se hicieron sin duda cosas: se promulgó el Código Civil, la Ley Hipotecaria y la del Sufragio Universal, aunque tendría que pasar mucho tiempo para que se aplicara en su espíritu y no sólo en su letra. Pero allí quedaba. La red de carreteras no se amplió mucho, pero la de ferrocarriles experimentó un considerable desarrollo, llegando a tener 12 000 kilómetros al finalizar el siglo. Nacen las empresas navales clásicas: Trasatlántica, Ybarra, Aznar, y la siderurgia alcanza, en 1913, la cifra de producción, para España astronómica, de 392 000 toneladas de acero.

¿Con qué carta, pues, quedarse con respecto a la Restauración? Pienso que lo correcto, como tantas veces, es adoptar una postura intermedia. Ni la del completo tongo, ni la de la total realidad. Del mismo modo que la función crea el órgano, aquella España regida como Inglaterra por un sistema de alternancia de partidos, con un capitalismo cada vez más potente y una cultura cada vez más europeizada, no sólo llegó a creérselo, sino que iba, en efecto, europeizándose, internacionalizándose y modernizándose. Hubo un momento incluso en el que pareció que el espejismo podía materializarse, y España, despegar.

Por desgracia, los problemas de fondo seguían manteniéndose, si no agravados, invariables: el religioso, el social, el económico, la falta de amalgamiento de la sociedad, la radicalización de la clase obrera, la guerra colonial latente. Sólo el brote carlista, que había vuelto a explotar, pudo ser dominado, pero a costa de dejar un rescoldo en el norte que durará hasta nuestros días. Bajo aquella capa de aparente orden y tranquilidad, los demás problemas se pudrían. Lo de la «ciudad alegre y confiada» no fue sólo el título de una obra de teatro, fue también un drama real, que puede explicar parte de su éxito. Por cierto que la obra de Benavente arranca con: «He aquí el tinglado de la vieja farsa…». Debía estar en el aire.

Y con todo, como decimos, puede hacerse una defensa, incluso apasionada, de la Restauración. Aquella España no daba para más. Con una masa analfabeta dispuesta a vender su voto y una oligarquía provincial más dispuesta a promover sus intereses que a solucionar los problemas nacionales, nada tiene de extraño que el sistema girase en círculo en vez de avanzar, desgastándose poco a poco hasta caer totalmente agotado. Los políticos de la Restauración cometieron el error de creer que para montar una democracia bastaba una Constitución de consenso, un partido liberal, otro conservador, unas elecciones y un turno rotativo en el gobierno de la nación. Tal vez terminaron creyéndose su propia farsa, ya que funcionó durante largo tiempo. Los partidos se turnaban en el poder, no por su peso específico en cada momento, sino según las decisiones tomadas en el Ministerio del Interior, que distribuía los votos a través del personaje más característico del período: el cacique, figura opuesta a la modernización, a caballo del despotismo y el feudalismo. En él se apoyaban unos partidos «relativamente indiferenciados, incapaces de competir por un electorado en expansión, de asimilar los nuevos problemas que surgían y de luchar honestamente en las urnas», según los describe Juan Linz.

La primera gran crisis, sin embargo, no llega de los fallos interiores, sino de la gran derrota ultramarina en 1898 ante Estados Unidos, que deja a los militares frustrados, a los políticos en cueros, al pueblo amargado, a la Corona tocada, a los intelectuales convertidos en la conciencia crítica del país y al régimen sin soluciones. Con la pérdida de Cuba y Filipinas, España no sólo perdió los últimos restos de su condición imperial, sino también todo atractivo como nación. ¿Quién puede tener interés en permanecer en un buque que se hunde? Nada de extraño que florezcan los nacionalismos internos al grito de «¡Sálvese quien queda!».

Es conveniente decir dos palabras sobre los intelectuales. Desde que a mediados de siglo un oscuro catedrático, Julián Sanz del Río, introdujera a un más oscuro filósofo alemán, Krause, y creara en torno a él un círculo de pensadores comprometidos con la modernización y europeización del país, su influencia no hizo más que crecer. Su colaborador más destacado fue Francisco Giner de los Ríos, fundador del Instituto Libre de Enseñanza, que poco a poco se va a convertir en una alternativa a la enseñanza oficial, muy poco efectiva, y a la de las clases altas, dominada por la Iglesia. Los muchos discípulos y seguidores que tiene dan cuenta de su éxito. Más importante si cabe es que el intelectual emerge por primera vez como figura importante en la escena española, reclamando su papel de conciencia crítica de los poderes tradicionales. En adelante serán los que denuncien los fracasos y señalen las deficiencias que padece el país. La derrota del año 1898 dará a una generación de ellos una razón para «cuestionar» lo que hasta entonces no se había cuestionado: a España misma. En libros con títulos tan expresivos como Idearium español (Ganivet), En torno al casticismo (Unamuno) y España invertebrada (Ortega, ya posterior), los intelectuales se plantean preguntas hirientes, que alcanzan la misma médula del país: ¿Qué es España? ¿Cuál es su papel? ¿Somos europeos? ¿Hacia dónde debemos mirar, dirigirnos? Lo malo es que, como siempre, los intelectuales tienen más preguntas que respuestas, cuando no ofrecen respuestas contradictorias. Pero al menos los recuperamos para su verdadero papel, que van a interpretar con más pasión que acierto (como suele ser típico en ellos) en la Dictadura y República que vienen.

Sobre la Generación del 98, sin embargo, hay un hecho apuntado, pero no suficientemente subrayado. La formaron escritores llegados de la periferia —Maeztu, Unamuno, Azorín, Baroja, Pérez de Ayala— descontentos con la realidad española y decididos a regenerarla bajo la fórmula «España es el problema, Europa, la solución» (aunque Unamuno no pudiera resistir los guiños de la paradoja y pidiera «la españolización de Europa»). En el empeño, no obstante, se volcaron en España, «redescubriéndola», sobre todo a Castilla, hasta el punto de que hay quien los considera padres de un «nuevo nacionalismo español», algo que no está muy lejos de la realidad. Sólo que no era el nacionalismo rancio de siempre, sino otro dinámico y moderno. El arranque de Vida de don Quijote y Sancho, de Unamuno, podría considerarse una proclama del mismo. Los hombres del 98 no negaban España, al revés, «les dolía» su realidad por amarla profundamente e hicieron cuanto estaba a su alcance para transformarla.

Mientras tanto, la Restauración seguía su marcha, cada vez más cansina, con éxitos parciales, como la aparición de los agros en la huerta levantina, que se convertirán en la principal partida exportadora del país a principios de siglo, y el Plan Gasset de aprovechamientos hidráulicos, aunque sólo se llevará a la práctica una parte mínima de él.

También hay que advertir que aunque la siderurgia alcanza un notable desarrollo, el 90 por ciento del mineral férrico seguía exportándose. Pese a sus pequeños focos industriales, España seguía estando a la cola de los países desarrollados. En cuanto a la agricultura, dos cifras lo dicen todo: a principios del siglo XX, 11 100 latifundistas poseían 6 900 000 hectáreas, o sea, una media de 621 hectáreas cada uno, mientras seis millones de campesinos tenían menos de una hectárea. Por no hablar ya de los que sólo tenían su trabajo que ofrecer, que eran también millones. El desequilibrio era demasiado grande para que la sociedad se estabilizase. Con bastante más de un tercio de su patrimonio en un campo explotado aún rudimentariamente, España continuaba siendo un país agrícola y, además, subdesarrollado.

Reforma económica no hubo. Podría incluso hablarse de una política económica de doble filo: en parte para satisfacer a los terratenientes castellano-andaluces que controlaban el voto en esas regiones, en parte para «tranquilizar» a Cataluña, donde el nacionalismo se hacía cada vez más palpable, los gobiernos de la Restauración establecieron un sistema proteccionista que permitió a ambas burguesías altos beneficios a cambio de que los españoles pagasen el pan más caro y tuviesen paños de inferior calidad, sin que se intensificara la producción agrícola ni se modernizasen las fábricas. Ni siquiera un hombre tan bien dispuesto hacia la burguesía como Vicens Vives puede dejar de reconocer que a la española «le faltó el tacto de coordinación social, el sentirse englobada en la totalidad de la que formaba parte, por rica y poderosa que fuese». Así no hay forma de construir una nación moderna.

No tiene nada de extraño que los anarquistas lograran en España lo que no consiguieron en el resto de Europa: ponerse al frente del movimiento obrero. Olvidado por el sistema, el trabajador español empieza a ver en el anarquismo la única fuerza que defiende sus intereses, algo que va a pesar como una losa sobre todo en los posteriores afanes democratizadores y reformistas en España. En adelante veremos cómo todos esos intentos tienen que luchar no sólo contra la reacción más cerrada, sino también contra la revolución más radical. Los anarquistas —que asesinan a Cánovas y atentan contra el nuevo rey el día de su boda aprovechan el rechazo popular al envío de tropas al matadero africano para promover en 1909 la Semana Trágica barcelonesa, ensayo revolucionario de altos vuelos, que «puso de manifiesto la posibilidad de llegar a la revolución social a través de la huelga general, dando pábulo a la teoría anarcosindicalista de la destrucción del mundo capitalista por este sistema» (Vicens). El fusilamiento de Ferrer, convertido en mártir de la causa, al que sigue una dura represión, arrastra al gobierno Maura, acaba con el turno rotativo y destruye el consenso en que descansaba la Restauración. Canalejas, en un esfuerzo solitario que no se ha valorado bien, mantiene el experimento posibilista. Pero un hombre puede poco contra todos. Y además, Canalejas cae también asesinado por los anarquistas. «A la hora de llevar a la práctica esta España común —escribe Fernando García de Cortázar, nada sospechoso de “antiespañolismo”—, el empuje perdió fuerza ante la manipulación de la burguesía moderada, los excesos centralizadores del liberalismo y su incapacidad de calar en la conciencia popular. Faltó un proyecto común capaz de suscitar el entusiasmo de los diversos componentes de la monarquía, como ocurriera en el resto de Europa». Y sin proyecto común, no hay nación. Punto.

La primera guerra mundial prolonga artificialmente la Restauración con un boom económico tan espectacular como ficticio, generado por las exportaciones a los países beligerantes. Pero esta pompa de jabón —que benefició sólo a los especuladores— estalla cuando los demás países reanudan su producción al acabar la contienda. La estructura socioeconómica de España en 1918 es aproximadamente la misma que en 1914. Sólo que a estas alturas la polarización es todavía mayor: la burguesía, que no sólo ha visto las orejas al lobo, sino incluso ha sentido sus dientes, no quiso saber ya nada de reformas y acentuó su conservadurismo. El proletariado, desengañado de todos, organizó una huelga revolucionaria con objeto de proclamar una república socialista, que fue sofocada por las armas allí donde fue más violenta, Asturias. Mientras, crece la desconfianza entre Madrid y las provincias, entre el catolicismo y el laicismo, entre las izquierdas y las derechas, que empiezan a mirarse como lo que terminarían siendo: enemigas a muerte.

El Desastre de Annual (1921) —donde 9000 soldados españoles pierden la vida sin que hasta hoy hayan logrado deslindarse bien las responsabilidades, las regias incluidas— confirma la agonía del régimen. Sobrevive, sin embargo, todavía dos años largos más, dando tumbos ladera abajo, entre el desafío de los unos, la inercia de los otros y el desprestigio general. Hasta que el general Primo de Rivera le da el último empujón, aunque hubiera bastado un soplo para derribarlo. La Restauración había cumplido su ciclo. Había sido una ilusión. El espejismo se había evaporado y todas las diferencias religiosas, ideológicas, económicas, regionales se presentan de repente, sin que nadie tuviera solución para ellas.

13
La Dictadura

Si consideramos la nación moderna como un cúmulo dinámico de voluntades, como un concierto de anhelos, como un afán de pertenencia a algo superior a uno mismo, la dictadura implica el reconocimiento del fracaso de tales aspiraciones. Al no existir un ideario común, la voluntad de uno se impone a la de todos para lograr la convivencia por la fuerza. Estamos ante la anulación de la nación, no por su derrota exterior sino por la incapacidad interior de constituirse a sí misma.

Era la situación de España en 1923. El sistema se había desfondado y era necesario montar otro. Pero no bastaba ya el simple «pronunciamiento», el «golpe», la espadona para quitar a unos y poner a los otros. Todos habían agotado su crédito. Y fue el Ejército, dirigido por el general Primo de Rivera, quien asumió por primera vez tanto el mando como la operatividad política. Aunque lo primero que hace es advertir que quiere abandonar la «vieja política», para conseguir obras, hechos, resultados. «Sacar al país de su letargo» es la consigna, e incluso alguno lo ve como el «cirujano de hierro» que pedía Joaquín Costa. El país lo contempla con más curiosidad que expectativas. Pero también sin animosidad. Estaba desengañado de todos y quería al menos un poco de orden. Hasta el rey acepta al dictador, que se rodea de «técnicos», más preocupados en administrar que en conseguir una amplia participación ciudadana. Al pueblo se le deja aparte, lo que hizo que su relación con el sistema fuera, en el mejor de los casos, pasiva, en el peor, desconfiada. El paternalismo elimina el sentido de pertenencia, la casa donde uno vive no es la suya, es la de sus padres, y aunque el dictador ejerció el poder con arbitrariedad, pero sin la crueldad inherente a estos personajes, incluso con cierto casticismo, no logró generar profundas adhesiones, excepto en su círculo más próximo. Y ésta no es, desde luego, una forma de construir una nación, que requiere, ante todo, entusiasmo, participación. Lo único que hizo en este terreno la dictadura de Primo de Rivera fue un intento de acercamiento a los socialistas, alguno de cuyos líderes (Largo Caballero) llegó incluso a formar parte del Consejo de Estado. Si esta colaboración hubiera sido plena, sincera, a fondo, en ambas direcciones, si la dictadura hubiese dado al partido socialista lo que necesitaba, poder efectivo, y el partido socialista hubiera dado a la dictadura lo que carecía —razón política, conciencia revolucionaria, raíces populares—, es más que probable que se hubieran podido poner las bases de un Estado de nueva planta, sobre el que construir la moderna nación española. Pero faltó audacia y autenticidad, y sobraron recelos por ambas partes, por lo que la colaboración quedó confinada a unos cuantos individuos, a zonas muy específicas y a sólo a los primeros años, sin superar nunca la etapa vergonzante.

Nada de ello obsta para que la dictadura de Primo de Rivera, como «régimen de obras», pueda presentar un saldo nada despreciable, sobre todo en obras públicas, aumento de fuentes de energía y, en general, infraestructuras. Se crea el Banco de Crédito Local y el Exterior de España, el Consejo de Energía, la Confederación de Cuencas Hidrográficas, el Circuito Nacional de Firmes Especiales y el Consejo Superior de Ferrocarriles, aparte de CAMPSA, que debía liberar al país de las multinacionales del petróleo. La producción industrial experimenta alzas en algunos casos espectaculares: el cemento pasa de 860 000 toneladas en 1923 a 1 820 000 en 1929; el acero, de 459 000 toneladas a 1 029 000. A su vez, el consumo de energía se multiplica por 2,5. El campo, en cambio, no experimentó igual desarrollo, lo que fue uno de los grandes fallos de la dictadura, al representar el agro uno de los grandes problemas. Se asentaron 4000 campesinos en 20 000 hectáreas, una gota de agua en el océano latifundista del país. Primo de Rivera no se atrevió a desafiarlo.

Aun así, 1929 se convierte en el «año sublime» del siglo, con una renta per cápita de 8518 pesetas, según el valor de 1953. Todo un récord. Debe además tenerse en cuenta que la población había crecido notablemente, lo que significa que el aumento de la riqueza nacional fue bastante mayor.

Con tales logros, unidos al hecho de tratarse de la dictadura menos sanguinaria del siglo XX, podría esperarse que la de Primo de Rivera se ganara un largo período de vigencia sobre los españoles. No fue así, y la causa puede estar en que fuera «sobre» los españoles en vez de «entre» ellos. El dictador nunca se preocupó de involucrar a sus compatriotas en su régimen, convencido de que les bastaba la eficacia del mismo. Los trataba como a menores de edad. Claro que de haberlos tratado como a ciudadanos adultos no hubiera sido un dictador. Tampoco hizo nada por institucionalizar su régimen, pues creyó tener el respaldo ilimitado de la Corona. Que el régimen no era tan bueno como él creía se vio cuando empezaron las protestas de todos aquellos a los que se había enfrentado: los partidos, apartados del poder; la oligarquía industrial, inquieta por las corrientes ordenancistas; las masas obreras, que no se veían representadas, y, sobre todo, los intelectuales, de los que Primo de Rivera se ganó la oposición por su arbitrariedad, desplantes personales y falta de sensibilidad hacia ellos. Y de ellos hacia él, todo hay que decirlo. Pero entraba en su papel de conciencia crítica. En cuanto a la Corona, le apoyó hasta que las voces de la calle se hicieron más altas que las del gobierno. Entonces le dejó caer para salvarse ella, sin darse cuenta de que iba a hundirse con él.

Se hacía cada vez más difícil establecer un objetivo común para todos los españoles, con una sociedad dividida en compartimentos estancos: izquierdas y derechas, creyentes y laicos, centralistas y regionalistas, tradicionalistas y modernizadores. Que ni siquiera el Ejército estaba unido se demostró cuando el 26 de enero de 1930, Primo de Rivera preguntó a los capitanes generales si le apoyaban. Sólo dos le respondieron afirmativamente. En ese momento decidió dimitir, cosa bastante rara entre los dictadores, para irse al exilio. Dimitirían también los que dejaba detrás, entre los que empezaba a decirse, «se es español porque no se puede ser otra cosa».

14
La República

Por la influencia de la etimología y la ayuda de la ideología, suele equipararse «república» a «nación». Res publica significa cosa pública, asuntos comunes, materias que conciernen a todos y entre todos deben resolverse. La república es la nación en su estado más puro y simple, que las formas posteriores de gobierno adulteran en mayor o menor grado. Por defender la república romana apuñaló Bruto a César. Modernamente se la ha unido a revolución —nación francesa, república francesa, revolución francesa—, crisol de entusiasmos y voluntades que crean los modernos Estados-naciones. También la Segunda República española, pese al mal recuerdo dejado por la Primera, llegó envuelta en ilusiones. Había un consenso generalizado de que el país necesitaba una reforma profunda y otro, ya no tan generalizado, aunque mayoritario, de que la república era el vehículo más apropiado para la misma. Pero incluso los «anti» callaron, y si no la aceptaron, transigieron, convencidos de que al menos, de momento, nada tenían que hacer. Ni el Ejército, ni el clero, ni la nobleza estaban dispuestos a acudir en apoyo del rey y del Antiguo Régimen. La República se había convertido en símbolo del regeneracionismo y todos (bueno, casi todos) coincidían en que era la solución para España. O puede que, en el fondo, influyera en ello el temor al vacío, la constatación del fracaso de todas las demás fórmulas, el darse cuenta de que ése era el último tren para hacer de España una nación civilizada y moderna.

La España que quiere construir la República es la que podía esperarse de sus dirigentes Azaña, Marcelino Domínguez, Alcalá Zamora, Casares Quiroga, todos ellos burgueses de procedencia intelectual. Vicens describe así sus proyectos y esperanzas: querían la «europeización del país; democratización de la vida pública; liberalización del pensamiento en la cátedra, en el libro y en las costumbres; reestructuración de la sociedad dando cabida a las reivindicaciones obreras en las preocupaciones gubernamentales». En cuanto a modelo de Estado, reconocían la necesidad de descentralizarlo y admitían la peculiaridad de algunas de sus regiones, pero yendo con mucho cuidado y admitiendo tan sólo una autonomía limitada. El problema era España, y hacia ella debían encaminarse todos los esfuerzos. Querían, en suma, la revolución burguesa, aunque en España siguiera habiendo poca burguesía y las bases materiales para llevarla a cabo fueran más bien precarias. No les importaba. Lo primero era cambiar el espíritu, el «alma» de España (el resto vendría por sí solo). No se dieron cuenta de que las circunstancias eran otras, de que existían unas masas obreras y campesinas que exigían «su» revolución, la proletaria, de que en algunas regiones se habían desarrollado unos nacionalismos locales con tintes independentistas, de que hacer una revolución burguesa sin burgueses era más bien construir castillos en el aire, de que en Europa habían surgido unos movimientos de nuevo cuño, los fascismos, antidemocráticos y con un tremendo atractivo para las masas de desheredados que había dejado la gran recesión del año 1929. Se descuidó totalmente la parte económica. No se nacionalizó la banca. No se hicieron obras públicas. No hubo reforma fiscal. No había ni un ingeniero ni un economista en el primer gobierno de la República. El ministro de Hacienda, Prieto, ¡era periodista!

No importaba, aquellos hombres estaban convencidos de que lo más urgente era hacer en España la revolución que Europa había hecho hacía ya más de un siglo. Así que apuntaron sus baterías contra los pilares del Antiguo Régimen: la Iglesia, la aristocracia y el Ejército.

Pese a los golpes recibidos, la Iglesia católica seguía siendo una institución formidable. Contaba con 31 000 sacerdotes, 20 000 frailes, 60 000 monjas, 3500 seminaristas y unos 5000 conventos. Su patrimonio se calculaba en unos mil millones de pesetas, aunque la mayor parte era capital improductivo. Sólo los colegios de ciertas órdenes constituían una fuente de ingresos. El clero dependía de la manutención del Estado, ya que al pueblo español nunca le ha cabido en la cabeza eso de mantener a su párroco, tal vez por considerarlo un funcionario celestial. De todas formas, dos tercios de los españoles se declaraban católicos practicantes, y no olvidemos que aquélla era una Iglesia preconciliar, muy distinta de la de ahora. Agravaba las cosas que en la silla arzobispal de Toledo se sentara un cristiano viejo, monárquico a machamartillo, tan convencido de su fe que no temía a nadie en este mundo: el cardenal Segura. El Vaticano, a través del nuncio, Tedeschini, trató de evitar el encontronazo, pero la República venía dispuesta a acabar de una vez y para siempre con lo que consideraba «el problema religioso», esto es, poner a la Iglesia en su sitio, el de mera pastora de almas. De entrada, promulga la libertad de culto, a la que sigue el mazazo del artículo 26 de la nueva Constitución: en dos años se acabarían las asignaciones para el clero en el presupuesto estatal. Las órdenes religiosas se someterían al estatuto de asociaciones civiles, y se disolverían aquellas ligadas por voto especial al Vaticano (Compañía de Jesús), al tiempo que se prohibía a las restantes el ejercicio de la enseñanza, el comercio y la industria.

Sacándolo de contexto, se ha hecho decir a Azaña que España había dejado de ser católica. Ésa es una exageración en todos los sentidos. Pero que el Estado español iba a dejar de ser confesional no ofrecía lugar a dudas, como que la Iglesia considerara esta acción una declaración de guerra por parte de la República. Por bastante menos, Roma ha empuñado las armas.

A la aristocracia se la desposeyó de sus títulos, anulándolos de un plumazo. Era una medida un tanto ingenua, pues los condes pasaron a ser excondes, los marqueses, exmarqueses, y los duques, exduques. Desaparecida la monarquía, su influencia social había disminuido considerablemente, por lo que la República no les dio demasiada importancia a los monárquicos, limitándose a vigilarlos de lejos, al reconocerlos como enemigos. Pero se olvidó de su poder económico, que seguía casi intacto. Pensó que podría influir sobre él con la reforma agraria, pero ésta fue, como veremos, demasiado tímida para romperlo.

Con los militares, en cambio, intervino más a fondo, consciente del poder que representaban, y estaba decidida a acabar con su ya crónico intervencionismo en la política. Que el Ejército español, mal armado, peor entrenado, sobredimensionado en su cabeza y anémico en su base, necesitaba una reforma lo reconocían todos, incluidos los propios militares. Que esa reforma fuese precisamente la que hizo Azaña es ya otra cosa. Y no por la ley, que fue mucho más benigna y generosa de lo que ha llegado a decirse, sino por el espíritu de purga, de revancha, de humillación incluso con que se promulgó, en vez de con el de modernización, como el exhibido medio siglo más tarde por Narcís Serra. Ello puso frente a la República a bastantes militares que en un primer momento no estaban contra ella, al tiempo que impedía la creación de un «ejército nacional-popularista» sobre el que apoyarse. Tal vez la explicación estuvo en el hecho de que Azaña era un intelectual, con todos los prejuicios que la intelectualidad tiene hacia los militares. Nada hizo para ganarse su confianza y éstos le pagaron con su misma moneda, más intereses, cinco años más tarde. La esencia de la reforma era el juramento de fidelidad exigido a jefes y oficiales a la República. Los que se negaban podían retirarse conservando sus haberes, incluso si decidían ejercer una profesión civil. Hubo en la reforma aspectos muy positivos, como la racionalización de plantillas, unificación de jurisdicciones y el fomento del arma aérea y de la artillería de costa. Pero se hizo, como queda dicho, con tan malos modos que empujó al Ejército, o por lo menos a parte de él, al lado de los enemigos de la República, sin que se aprovechara el filón liberal que aún quedaba en su seno. No debería haberse olvidado que el Ejército español se había levantado más de una vez contra la opresión absolutista. Azaña, que conocía bien la historia de España, tenía que saberlo. Pero parece que le vencieron los prejuicios. A ese error general unió el concreto de convertir el Ejército de África en cuerpo independiente. A la larga, terminaría siéndole fatal en el sentido literal de la palabra, a él y a la República.

La tercera gran reforma iba a afectar el campo. Siendo España un país eminentemente agrícola, era lógico que la República empezase por ahí. Más aún con el 0,8 por ciento de los propietarios agrícolas poseyendo la mitad de la tierra productiva, mientras que la otra mitad pertenecía al 99,2 por ciento de pequeños propietarios. Por no hablar de la enorme masa de jornaleros, que sólo tenían sus brazos. En pocas palabras: el campo español constaba sólo de macro y de infraterratenientes.

El gobierno atacó el problema expropiando las fincas mayores para ir asentando en ellas a familias campesinas. La resistencia fue enorme, no ya entre la oposición, sino incluso en las filas gubernamentales, que englobaba moderados y socialistas. El hecho de que aquella República quisiera hacer las cosas «con todas las de la ley», esto es, indemnizando a los propietarios expropiados, redujo considerablemente la extensión de la reforma. Piénsese —como nota el estudioso clásico del tema, el profesor Malefakis— que, en su redacción definitiva, la ley preveía sólo 50 millones de pesetas anuales para llevar a cabo una reforma de tal magnitud y que ¡ni siquiera llegaron a gastarse todos los años!

Aparte de la timidez, los dos grandes fallos de la reforma agraria de la República fueron que no viniera acompañada de un plan de riego y concentración parcelaria para hacer la tierra realmente productiva, y que no se hiciera nada para la comercialización, financiación y puesta en el mercado de los productos del campo. Como la reforma militar, parecía más pensada en la rotura del espinazo de un estamento del Antiguo Régimen, los terratenientes, que en los rendimientos que pudiera reportar a los beneficiarios del nuevo reparto.

En el terreno industrial prácticamente no se hizo nada, excepto dictar una ley de contratos de trabajo y otra para la creación de jurados mixtos. En el ámbito económico se hizo todavía menos. Piénsese que ni siquiera se nacionalizó el Banco de España y que en un período en el que todas las naciones cerraban celosamente sus aduanas para paliar los efectos de la gran crisis de 1929, España revalorizaba la peseta y practicaba una política económica restrictiva, justo cuando Keynes aconsejaba lo contrario y tanto Roosevelt como Hitler hacían amplio uso de las inversiones públicas para sacar a sus economías del marasmo. El resultado fue que España no salió de él, con la consiguiente desesperación de sus obreros, que habían creído que la República iba a significar una mejora de su suerte.

En la enseñanza, por el contrario, los cambios fueron importantes y efectivos. Se crearon 7000 escuelas el primer año, que se complementarían con otras 2500 al siguiente, con lo que 270 000 niños más se escolarizarían entre 1931 y 1936. Los institutos y las universidades seguirían siendo clasistas, pero no hay la menor duda de que la República prestó una atención especial tanto a la enseñanza como a la cultura, despertando por ellas un ansia general en todo el país, con bibliotecas populares, exposiciones, conciertos y compañías de teatro ambulantes que llegaban a las últimas aldeas.

Todo eso estaba muy bien…, pero no daba de comer.

Y la República sufre, junto a un fallido golpe militar, brotes de rebeldía que no vienen de sus enemigos tradicionales, la Iglesia o los terratenientes, sino de sus aliados, los campesinos de Castilblanco, Arnedo o Sallent, que no ven materializarse sus esperanzas. La Guardia Civil tiene que emplearse a fondo con ellos. La gran tragedia, sin embargo, sobreviene el 11 de enero de 1933. En un pueblecito gaditano, Casas Viejas, los anarquistas declaran «su» revolución, que naturalmente nada tiene que ver con la burguesa de Azaña. Fue una revolución total, inmediata, ingenua, enfebrecida, que el gobierno ordena sofocar con toda contundencia, ya que tales violaciones de la ley no entraban en sus planes. No consta, como se han hartado de repetir sus enemigos, que Azaña dijera al capitán que mandaba las tropas gubernamentales aquello de «tiros a la barriga», pero, a estas alturas, no tiene ya mayor importancia. Lo importante es que no supo prever el conflicto y sólo supo resolverlo con el asalto. Al ahogar en sangre la revolución proletaria, la República burguesa, intelectual —que había hecho bajar la cerviz a la monarquía, al Ejército, a la Iglesia—, se cavó su propia tumba. «Sois el gobierno de la sangre, del fango y de las lágrimas», tendrá que oír durante el debate parlamentario que siguió a los hechos. Un debate que trascendió a la calle y del que el gobierno Azaña —y en el fondo la Segunda República española— salió herido de muerte. Por un flanco tiene una derecha soliviantada por su «radicalismo intelectual»; por el otro, una izquierda desilusionada por su tibieza social. De ahí en adelante pierde la iniciativa y todo lo que hará será defenderse de sus enemigos de ambos polos, cada vez más crecidos. Hasta que desaparece para dejar a éstos dirimir, ya con las armas, a cuál de ellos pertenece España.

Pero antes tendrán que transcurrir varias etapas, de signo muy distinto:

Una etapa conservadora (el llamado Bienio negro), en la que los sectores más tradicionales del país, aupados en el poder por las elecciones de 1933, tratan de frenar las reformas del primer bienio, desde los asentamientos de campesinos a los estatutos de autonomía, pasando por la ley de supresión de haberes del clero. Puede imaginarse la reacción de buena parte de aquellas masas que consideraban insuficientes las reformas de Azaña. Empieza a ganar adeptos entre ellas la idea de que la única salida es la revolución total. Se suceden las huelgas, cortadas con energía, lo que a su vez trae más estallidos violentos, tanto en el campo como en las ciudades. Fue una espiral de odio y violencia que se engordaba a sí misma. «Renuncie todo el mundo a la revolución pacífica, que es una utopía; bendita sea la guerra», proclamaba El Socialista el 25 de septiembre de 1934.

El estallido revolucionario de octubre del mismo año, con dos grandes focos: Cataluña, donde Companys proclama el «Estat Catalá» dentro de la República española, y Asturias, donde 30 000 mineros se hacen con el control de la región. Lo de Barcelona dura unas horas. Lo de Asturias requiere el envío del Tercio. El orden se restablece, pero sólo tras una campaña tan larga como sangrienta.

Un período de bipolarización acelerada, con los dos partidos que podían haber hecho el papel de bisagra, socialistas y radicales, escorándose a su vez. El PSOE se decanta hacia la extrema izquierda («Hoy ya es necesidad reconocida por todos la depuración revolucionaria del partido socialista; lo que nosotros llamamos su bolcheviquización», decía por entonces Largo Caballero, al que llamaban el «Lenin español»), mientras los lerrouxistas se decantan hacia la derecha, sin fuerza moral ni política para imponer en ella un sentido de generosidad y mínima reforma, necesarios para lograr la paz social. Se dio marcha atrás en la reforma agraria, pues se suprimieron las expropiaciones forzosas y los 50 millones de pesetas anuales previstos para tal fin se convirtieron en máximo. Con ello, la única medida socioeconómica importante de la República queda desmantelada. Pocas veces se habrá dado una actuación tan ciega por parte de una clase dirigente. El egoísmo suicida de los unos y la demagogia irresponsable de los otros son el caldo de cultivo de la guerra civil.

Nada de extraño que el Frente Popular ganara las elecciones de febrero de 1936. Tampoco que en el lado opuesto se formara un Frente Nacional. Los términos son enormemente expresivos. Estamos deslizándonos peligrosamente de la política a la guerra, y se promulgan leyes que parecen partes militares. Se dio una cifra récord de expropiación de tierras (en realidad eran ocupaciones protagonizadas por los campesinos, que el gobierno se limitaba a sancionar). Se concedió la amnistía a los condenados por la revolución de 1934. Empieza a hablarse de la nacionalización de la banca. Pero no basta. El proletariado quiere ya «su» revolución, no sólo contra el gran capitalismo, sino también contra la propia burguesía, contra el médico, el abogado, el pequeño industrial, el propietario de su casa. Con el resultado de que muchas de esas personas, que en un principio respaldaron a la República, abandonan el centro para irse a la derecha, desde donde empieza a mirarse al Ejército como único salvador. Para colmo, o inevitablemente, la unidad nacional vuelve a entrar en crisis. Tras Cataluña, el resto de las regiones reclaman su autonomía: Aragón, Asturias, Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla incluso, que tal vez quiso separarse de sí misma. El escenario de la tragedia estaba servido.

Si una cosa prueba el gobierno del Frente Popular español es que no pueden mezclarse las revoluciones burguesa y proletaria. O la una o la otra. Juntas forman una mezcla explosiva. Las libertades que concede la primera dan rienda suelta al radicalismo de la segunda, de forma que el resultado se parece más al anarquismo que a cualquiera de ellas. O ni siquiera al anarquismo, sino al caos. Y del caos no surge la nación, ni la revolución, ni nada. Sólo violencia. En cierto sentido, la revolución burguesa y la proletaria se anulan mutuamente y alimentan la contrarrevolución. Haciendo inevitable el choque de esas dos grandes fuerzas.

Desde el 16 de febrero al 15 de julio de 1936 hubo en España 192 huelgas generales, se quemaron 196 iglesias, se destruyeron 78 centros religiosos, se asaltaron 10 periódicos y se perpetraron 223 asesinatos políticos. El del teniente Castillo y el de Calvo Sotelo, más que los detonantes del conflicto armado como se ha dicho, fueron las primeras escaramuzas del mismo. En aquellos momentos, la res publica se había convertido en bellum publicum. Y en España, en vez de una nación moderna teníamos dos tribus paleolíticas, dispuestas a lanzarse la una contra la otra, hacha de piedra en la mano.

«La República —ha escrito Carlos Seco Serrano en la mejor síntesis que conozco sobre ella— fue el triunfo del regeneracionismo “rupturista”: una gran esperanza, que había de partir de cero. Y se malogró, precisamente, porque se presentaba como un rechazo de lo que había sido el mejor legado de la Restauración, la convivencia civilizada mediante el pactismo […]. Por desgracia, al radicalismo de la izquierda replicó muy pronto el radicalismo de la derecha. El desafío de esta última —la “sanjurjada” de 1932— fue seguido pronto por el desafío de la izquierda —la doble revolución de octubre de 1934—. Enconadas hasta el extremo las dos posiciones antagónicas, desembocaron en guerra civil: el radicalismo contundente se había hecho extremismo excluyente».

En vez de una nación, teníamos dos. Además, enemigas a muerte.

15
Era Franco

Si la dictadura significa el fracaso de una nación, la guerra civil equivale a su suicidio. El «proyecto común» se convierte en incompatibilidad total, en aborrecimiento mutuo, en lucha a muerte. En 1936, los españoles, después de haber ensayado todas las formas de convivencia posibles, monarquía absoluta, monarquía constitucional, dictadura, república, sin encontrar una apropiada, se lían a golpes. Circula una versión caritativa de nuestra guerra civil, que la convierte en prólogo de la mundial que seguiría, e incluso la hace formar parte de la misma. Son ganas de engañarse. La guerra de 1936-1939 fue una guerra ciento por ciento española, como señala bien Golo Mann en su Historia de Alemania 1918-1945. Ciertamente, desde el extranjero se ayudó a ambas partes, e incluso hubo intervención foránea, pero tanto en su origen como en su desarrollo y desenlace fue producto de los problemas, carencias y defectos españoles. Simplemente, media España no podía aguantar a la otra media y ambos bandos trataron de aniquilarse mutuamente para poder vivir a sus anchas en el territorio común. Eso no era una nación. Era la negación de ella.

En ningún momento se ve más claro como en los primeros momentos del conflicto. En aquellos «tres días de julio» —que Luis Romero ha descrito a base de fogonazos sangrientos—, en aquella España no había nación, ni Estado, ni nada más que caos y violencia. Tres gobiernos tuvo en esas setenta y dos horas la República, cada uno más impotente que el otro, mientras que los sublevados, perdido el jefe que habían elegido, el general Sanjurjo, actuaban cada uno por su lado, tratando de hacerse con el control de la población donde estaban. En los siguientes meses, la España «nacional» estuvo constituida por dos zonas militarizadas, sin el menor soporte de administración civil. Por su parte, la España «republicana» era un experimento revolucionario de altos vuelos, donde se intentó aplicar la revolución total, la utopía anarquista, la desaparición de la propiedad privada, el amor libre y la eliminación de todo rango o jerarquía. Con el fusil en la mano, eso sí, pues era necesario defenderla. Estado, desde luego, no había en ninguna de las dos partes. Donde no mandaba el ejército, mandaban los comités revolucionarios. Los imperativos de la guerra, sin embargo, fueron dando paso a paso a una situación algo más ordenada. En su lado, Franco consigue hacerse con las riendas, apoyado en los éxitos de sus tropas, lo que no impide que los poderes que recibe sean exclusivamente militares, aunque él se encargó luego de convertirlos en políticos. Pero es una coalición la que preside, con mano de hierro, eso sí, que no tiembla a la hora de mandar fusilar tanto a enemigos como a disidentes. En el lado republicano son los comunistas quienes se encargan de imponer orden cuando queda de manifiesto que no puede ganarse una guerra contra un ejército regular sin oponerle otro enfrente. Tienen también que usar mano dura, como ocurrió en Barcelona con el sangriento aplastamiento de anarquistas y trotskistas. Las diferencias entre las distintas ideologías volverán a darse en Madrid, al final de la contienda, con la confrontación entre republicanos y comunistas.

De ahí que reducir la guerra civil española a un enfrentamiento de la izquierda contra la derecha sea simplificar la hasta un extremo que la relativiza. Fue, en efecto, un choque frontal de las dos Españas. Pero fue, además, un choque de las dos izquierdas, la moderada y la radical, que venían viéndose con malos ojos desde hacía mucho tiempo. Si en el otro bando no hubo también un choque parecido fue por estar mucho más militarizado y por la habilidad de Franco, que supo hacerse muy pronto con el mando y cortar de raíz toda disidencia. Fue la clave de su victoria final.

La era Franco, tan alejada ya en el tiempo, sigue tan presente en la memoria de los españoles que la vivieron que tal vez necesite de una mayor lejanía para ser evaluada en sus justos términos. Basta ver la ola de protestas que levanta en determinados sectores algo tan obvio como que se la califique de «dictadura» o la indignación que provoca en los contrarios cualquier alusión al progreso material conseguido en sus últimos años para darse cuenta de que las heridas siguen aún abiertas. Así es muy difícil el juicio ecuánime.

Lo que sí puede decirse es que dentro de su carácter general autoritario, que no abandonó hasta el último día, la era Franco presentó una serie de etapas diferenciadas entre sí, con una suavización progresiva, forzada por las circunstancias. La durísima represión de la posguerra no puede compararse con los años finales del general, mucho más benignos y plurales. Aunque siguiera firmando sentencias de muerte. El «régimen», pese a su evolución, no perdió nunca sus señas de identidad.

Lo que a nosotros nos interesa saber es si durante él se forjó la nación española. Desde luego, presumió de ello. Se hizo llamar desde el principio la «España nacional» y tomó como lema «España una, grande y libre». Incluso hizo alarde de su propia revolución, ni burguesa ni proletaria, sino «nacional-sindicalista», que al mismo tiempo que rechazaba las anteriores, trataba de fundirlas en una, asumiendo tanto las legítimas reivindicaciones de los trabajadores, plasmadas en una legislación social moderna, como el legado más tradicional de España, incluida la simbología y la nostalgia del imperio.

Es muy posible que ésta fuera la España que se hubiera impuesto de haber ganado la guerra mundial las potencias del Eje (siempre que Hitler no la hubiera reducido a subalterna, debido a su escasa potencia y a su mezcla racial). Pero el triunfo de los aliados hace a Franco corregir el rumbo, y las divisiones entre los vencedores (guerra fría) le salva definitivamente. Durante esos años orientará su régimen hacia fórmulas cada vez más compatibles con las occidentales, sin perder nunca su carácter autoritario. Empiezan a llegar la ayuda norteamericana, las inversiones extranjeras, el turismo, la emigración a Europa, el crecimiento, el desarrollo, el teléfono, la televisión, el seiscientos, el piso. La sociedad rural y agraria se vuelve industrial y urbana, y aparece lo que hasta entonces no había habido en España: una clase media. Ello consolida al mismo tiempo que socava el régimen. Pues una vez resueltos los problemas materiales más urgentes, se piden libertades. La notable transformación que experimenta España durante los años sesenta del pasado siglo, en vez de traer tranquilidad, lo que trae es agitación. Hay huelgas en las fábricas y desórdenes en las universidades. Surge incluso el terrorismo, que llega, como en los viejos tiempos, a asesinar al primer jefe de gobierno de Franco. La modernización sin democracia, como pretendía el régimen, es imposible. Del mismo modo que los soldados de Napoleón llevaban en su mochila el Código Civil, el desarrollo trae consigo la democracia. El «milagro económico» —como apunta Sebastian Balfour— no afianza el régimen, sino al revés, lo desestabiliza. Es la gran ironía con que tropieza el franquismo: cuanto más se moderniza, más problemas tiene, cuantos más éxitos logra, más peligros le acechan, sin que las viejas recetas, como la pena de muerte, sirvan ya para los nuevos problemas.

Franco tuvo la habilidad, o simple prudencia, de no crear una dinastía, cosa que hubiera podido hacer y muchos le pedían. Tal vez pensaba que la única posibilidad de que su régimen le sobreviviese era la de que fuera regido por una persona con mayor legitimidad, por lo que eligió como sucesor a un príncipe de sangre real. Pero ni por ésas. Su régimen murió con él. Puede incluso que hubiera muerto ya antes, arrollado por los mismos cambios sociales y económicos que había puesto en marcha.

¿Se modernizó España durante el franquismo? Sin duda alguna. ¿Se creó una clase media? Desde luego. ¿Se industrializó el país, se le dotó de las leyes sociales que venía necesitando, se transformó su sociedad de agraria en urbana? Está a la vista. Pero ¿se creó una nación en el sentido más amplio y profundo de esa palabra? Pienso que ni los franquistas más convencidos, a la vista de lo sucedido tras la muerte de Franco, se atreverán a asegurarlo. El propio Franco prefirió siempre hablar de Estado, como se aprecia en todos sus decretos, leyes y discursos, «Nuestro Estado debe ser católico» (1937). «El Estado español no va a ser liberal» (1946). «El pueblo español […] constituye el Estado nacional» (Ley de Principios del Movimiento, 1957). «El nuevo Estado social…» (1961), etc. En otras palabras, el Estado sustituye a la nación. Posiblemente, ésta tenía para Franco demasiadas connotaciones liberales, revolucionarias. Y él sólo admitía la revolución nacional-sindicalista, que tenía bastante de contrarrevolucionaria, pues negaba el protagonismo directo de los ciudadanos en el proceso político. Por tanto, el «proyecto sugestivo de vida en común», la comunión de voluntades, el sentido de pertenencia a algo superior a nosotros mismos no se creó durante el franquismo, tal como pudimos comprobar cuando éste se acabó. Es más, puede incluso que retrocediera en algún aspecto fundamental. Desde el primer momento que ocupó el poder, Franco no pretendió hacer una patria común para todos los españoles. Pretendió hacer «su» España con la mitad de ellos. La otra mitad constituían la «Antiespaña», la España que había que erradicar. De ahí que tras aplastarla en la guerra, continuara la criba con la dura represión de la posguerra. Había que eliminar todo resto, todo órgano, todo miembro contaminado del cuerpo social, enviándolos a la cárcel o al exilio, como se corta un miembro gangrenoso. Si a ello se añade que identificó España con el autoritarismo, con el imperio, con lo más antimoderno y antieuropeo de su historia, no debe extrañarnos el desprestigio que a su muerte sufrió el nacionalismo español y el desarme ideológico de la nación española. Desprestigio y desarme que estamos todavía pagando, pues su vacío fue llenado por los nacionalismos locales. Y sin nacionalismo es muy difícil hacer una nación. Que se lo pregunten a todos los gobiernos que ha tenido nuestra democracia. Posiblemente de haber ganado el otro bando hubiera ocurrido exactamente lo mismo, sólo que al revés: que hubiera sido la «España nacional» la erradicada. Los «¡Viva Rusia!» frente a los «¡Viva España!» que se oyeron en aquel bando son bastante esclarecedores. Pero eso no cambia las cosas. La realidad es que durante el franquismo España se desarrolló, modernizó y socializó, pero no se convirtió en una nación. Y no se completó una nación por la misma causa por la que no se había convertido bajo la República: «por intentar ignorar o liquidar realidades insoslayables» (Seco Serrano); por ignorar a la otra media España; por no ser capaz de alumbrar «un proyecto sugestivo de vida en común» para todos los españoles. Esta incapacidad de crear una auténtica nación fue posiblemente la mayor y más amarga frustración de los «nacionales».

16
Nación de nacionalidades

La pregunta más frecuente que se hacían tanto españoles como extranjeros al morir Franco era: «¿Cuánto tiempo tardará en volver a armarse?». Que los cálculos no eran muy optimistas lo demuestra que al rey elegido se le conocía con el sobrenombre de el Breve y que los periodistas norteamericanos acudieran a Madrid dispuestos a convertirse en nuevos Hemingway, contando a sus lectores por quién doblaban en ese momento las campanas.

Para sorpresa de propios y extraños, no doblaron por nadie. Mejor dicho, doblaron por muchas cosas, pero no por lo esperado. Aquello no voló como un polvorín ni continuó exactamente igual. Entre los dinamiteros y los inmovilistas, el régimen eligió urda línea intermedia de evolución acelerada, que le permitió transformarse de arriba abajo sin traumas. No hubo ruptura, como pedían muchos, sino reforma, hecha desde dentro, aunque apoyada por la mayoría de los que hasta entonces habían estado fuera. Fue una prueba de madurez cívica y habilidad política que asombró al mundo e incluso hoy sigue sirviendo de ejemplo a los regímenes autoritarios que quieren transformarse en democráticos, aunque no es fácil de imitar. Aquello no hubiera sido posible sin la concurrencia de tres condiciones: un desarrollo económico suficiente para aguantar los elevados costos que supone toda transición; una clase política lo suficientemente madura para anteponer el bien general a su ideología particular, y una clase media lo suficientemente amplia para que, en caso de una nueva confrontación civil, quienes tuvieran más que perder superasen a quienes tuviesen más que ganar. Combinados, los tres factores permiten el milagro político español, más espectacular que el económico de la década anterior. En vez de suicidarse España, quien se suicida es el régimen. No soy experto en historia política pero dudo que haya un precedente de un parlamento que se haya hecho el haraquiri como lo hicieron las Cortes franquistas, de modo que consiguieron con su muerte una gloria que no alcanzaron en vida.

Las primeras elecciones democráticas las ganó la Unión de Centro Democrático, una laxa coalición de reformadores del viejo régimen, capitaneada por Adolfo Suárez. Enfrente quedó un PSOE dirigido por una nueva generación, próxima a la socialdemocracia europea y separada de los socialistas históricos. A mucha distancia se situaron, por la izquierda, el Partido Comunista, que no logró sacar rédito de su lucha antifranquista, y por la derecha, Alianza Popular, capitaneada por Manuel Fraga y formada por lo salvable del viejo régimen. El franquismo no había sido capaz de sucederse a sí mismo. El Frente Popular, tampoco. Es el centro quien empieza a gobernar y quien seguirá haciéndolo desde entonces, escorado a la derecha o a la izquierda según lo exijan las circunstancias. En adelante va a ocurrir lo que en todas las democracias europeas: ganará el partido que en cada momento represente mejor el centro sociológico del país. Recordemos los detalles de la hábil travesía.

Conscientes de que conjugar la pluralidad de España con su unidad iba a ser la clave de su futura convivencia o desavenencia, los padres de la Constitución de 1978 resolvieron esta cuadratura del círculo con malabarismos semánticos, uniendo ambas opciones en el Artículo 2, que reconoce «la indisoluble unidad de la Nación española» al tiempo que garantiza «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran». En una palabra, España es una Nación (con mayúscula) compuesta de nacionalidades (con minúscula). Hubiera sido todo más fácil si se hubiese utilizado el viejo nombre de «región» para designar a las distintas entidades que componen España. Pero vascos y catalanes se opusieron rotundamente, y como llamar «naciones» a las suyas hubiera sido demasiado, se eligió «nacionalidad», término ambiguo donde los haya, ya que léxicamente describe más bien una condición o estado que una entidad, mientras que conceptualmente puede significar cualquier cosa. Era de lo que se trataba para salir del atolladero.

La plasmación en la realidad del «Estado de las Autonomías» fue igualmente imaginativa. Ya que el modelo de la Segunda República, que concedía un estatuto sólo a determinadas regiones —Cataluña, País Vasco, Galicia—, podía ser peligroso al establecer categorías entre ellas (pocas cosas aguanta menos un español que ser menos que otro), se dispuso que todas tuvieran derecho a constituirse en comunidades autónomas. Pero mientras las «históricas» podían gozar desde el primer momento de todas las competencias autonómicas, las demás debían constituirse con competencias restringidas durante cinco años, que luego se irían ampliando gradualmente hasta alcanzar la plenitud autonómica.

Era una fórmula que derrochaba imaginación no exenta de realismo. Lo malo fue que, puestas a elegir entre la vía rápida y la gradual, la mayoría eligió, como podía preverse, la rápida, estuvieran o no preparadas para ello. Con lo que tuvimos una proliferación autonómica galopante, que trajo a su vez un sordo malestar entre las «comunidades históricas», al sentirse discriminadas negativamente por quedar igualadas a las demás. En otras palabras, el «café para todos» autonómico devaluaba la autonomía y no debe extrañarnos demasiado que, al cabo de unos años, las «históricas» reclamen no sólo transferencias, sino también diferencias con respecto al resto. Dicho de otro modo, no sólo autonomía, sino también soberanía (con lo que nos metemos en un camino peligrosísimo).

La razón son los equívocos en que se funda el entero andamiaje. «Autonomía», «autogobierno», «nacionalidad» son conceptos que, según se interpreten en el sentido lato o en el restringido, significan cosas muy distintas, de modo que algunos hoy reclaman incluso que significan «soberanía», «gobierno», «nación». La misma definición oficiosa de España, «nación de naciones», significa «pura y simplemente negarle su entidad como nación, y dejarla reducida a eso: a Estado superpuesto a presuntas naciones bien definidas y diferenciadas. Algo así como era en el siglo XIX el afacetado Imperio austrohúngaro», según Seco Serrano. El imperio, recordemos, saltó por los aires y se convirtió en una serie de Estados muy distintos. Es la idea que tienen de España los nacionalistas. Aunque también es verdad que una cierta ambigüedad era absolutamente necesaria, ya que en otro caso no hubiera habido consenso ni Constitución ni nada. ¿Pero tanta? Una pregunta aún sin contestar.

Al reconocer la pluralidad del Estado español, la Constitución de 1978 hizo una apuesta interesantísima, aunque con indudables riesgos. ¿Qué evolución tendrían luego las nacionalidades? La esperanza era que, al ver reconocidas sus diferencias y cumplidos sus deseos de autogobierno, se dieran por satisfechas y aceptasen su integración en la unidad nacional, legitimando lo que Linz ha llamado «doble conciencia» o doble lealtad de la mayoría de los españoles. O sea, que se pueda ser perfectamente español y al mismo tiempo catalán, vasco, gallego, valenciano, andaluz, etc.

El riesgo estribaba en que la evolución fuera de signo contrario. La originalidad y audacia de la fórmula, así como su falta de precedentes, puede llevar a cualquier sitio: al federalismo, a la desintegración, a la cuasiindependencia o a un robusto Estado de las Autonomías. El mayor peligro está en que, del mismo modo que el apetito viene comiendo, las nacionalidades intenten acabar convirtiéndose en naciones —como ya pretenden algunas ser—, en autogobierno, en autodeterminación —cada vez más reclamada—, y la autonomía, en independencia, último objetivo de todo auténtico nacionalista. Ni que decir tiene que, en ese caso, el experimento habría fracasado por completo. Pese a tener ya más de un cuarto de siglo de andadura, es demasiado pronto para decir en qué acabará. De momento, lo que tenemos es una monarquía sin monárquicos, unas nacionalidades con ínfulas de naciones y una España sin apenas españoles.

Pero sería injusto no aludir a lo mucho adelantado por este Estado en las últimas décadas. Hasta los años sesenta del pasado siglo, España era un país subdesarrollado económica, política y socialmente, sin clase media, sin separación Iglesia-Estado y sin reconocimiento exterior. Sin embargo, ha conseguido industrializarse, «mesocratizarse» y democratizarse en tiempo récord. El Ejército ya no constituye una amenaza para la democracia. La Iglesia ya no se opone a las reformas. El país se halla firmemente anclado en la Unión Europea, en la OTAN y en todas las grandes instituciones internacionales. Los socialistas han ocupado el poder durante catorce años y lo han abandonado sin que se produjera ningún trauma. Las diferencias regionales se acortan y la apertura al exterior se agranda. Hemos pasado de ser emigrantes a tener inmigrantes. Aparte del asunto territorial, nuestros problemas son los de cualquier país de nuestro entorno: paro, baja natalidad, seguridad ciudadana. Si nos lo hubiesen ofrecido al morir Franco, estoy seguro de que la mayoría de los españoles hubiéramos firmado. ¿A qué, pues, tener miedo? Pues a que los peligros son tan reales como todo eso, y más.

España es hoy, en efecto, un Estado moderno, democrático, desarrollado, con un sistema político flexible aceptado por la inmensa mayoría de sus ciudadanos, con una economía de tipo medio que va a más, miembro de pleno derecho de los clubes internacionales más exclusivos. Pero como nación sigue teniendo problemas estructurales. Como esos edificios levantados sobre débiles cimientos con materiales de muy diversa calidad, presenta grietas tanto en su fachada como en su interior, que quedan expuestas en este libro.

Los optimistas creen que los españoles hemos encontrado finalmente la fórmula de la auténtica condición de la nación al concebirla «no unitariamente desde el centro, sino como una suma de las Españas, de las identidades, en la que todos convivamos pacíficamente». La definición es de Jordi Nadal. Resulta una síntesis tentadora. Pero advirtamos que el catedrático de la Universidad de Barcelona habla, otra vez, de «las Españas», lo que puede ser muy atractivo desde el punto de vista del Estado, pero que resulta fatal desde la óptica de la nación, ya que donde hay varias naciones no hay una auténtica. Y la triste realidad es que el único nacionalismo que no se admite hoy en España es el español.

Los españoles sentimos orgullo individual, orgullo de nuestros padres, de nuestros hijos, de algún amigo famoso, de los éxitos de nuestro club de fútbol, del lugar donde nacimos. Pero cada vez hay menos que se sientan orgullosos de ser españoles, cuando hay tantos motivos para estarlo: la pacífica e imaginativa Transición, el desarrollo económico, la democracia que gozamos, lo mucho que hemos avanzado en todos los órdenes en tan poco tiempo. Sin embargo, esta nueva España no ha logrado despertar no ya orgullo, sino simple entusiasmo entre sus ciudadanos. Es nuestra asignatura pendiente, como la que tumba a algunos estudiantes convocatoria tras convocatoria y les impide terminar la carrera. En este caso, la carrera de nación. Raymond Carr lo ha resumido con una frase lapidaria: «El problema de la pobreza, que impidió al Estado español del siglo XIX hacer efectivos sus planes, sí, se ha resuelto. El territorial, todavía no». Aunque el historiador británico especializado en nuestro país es de los optimistas: «He dicho muchas veces que la Historia de España ha llegado a un final feliz». Esperémoslo, pero no demos nada por seguro. Las incógnitas son demasiado grandes, como lo demuestra el hecho de que veinticinco años después de que se aprobara la Constitución, el tema candente sea si se cierra o no el proceso constitucional, si tanto la Carta Magna que nos dimos para recuperar nuestras libertades como el Estado de las Autonomías que establecimos para reflejar la pluralidad de España son textos cerrados o abiertos, disposiciones firmes, que no deben sufrir mayores cambios, o disposiciones transitorias, que requieren revisiones sustanciales. Para Aznar y el PP, la cosa está clara: se ha realizado más del noventa por ciento de las transferencias, el Estado de las Autonomías ha alcanzado su plenitud y sólo necesita pequeñas correcciones. Hay que dar pues por terminado el proceso constituyente. Continuar por otro camino vaciaría el Estado de contenido, lo convertiría en mera cáscara de unas nacionalidades convertidas ya en protagonistas. Como advirtiera Francisco Tomás y Valiente poco antes de que le asesinaran, entre otras cosas por advertirlo, «un Estado no puede permanecer de forma indefinida en proceso constituyente sin poner en riesgo la unidad de su política subyacente». Los nacionalistas, por el contrario, sostienen que el Estado de las Autonomías no se acaba con la recuperación de sus instituciones históricas de autogobierno. Es necesario mantener abierto el proceso de transferencias, primero, porque lo exige la propia dinámica social y, segundo, «porque las Autonomías no pueden aparecer como meras gestoras de la política del Estado. Siendo muy peligroso impedir que el proceso autonómico continúe avanzando». Esto último lo dice un nacionalista tan moderado como Miquel Roca. Imaginen lo que dicen en el otro extremo del espectro. Allí, la Constitución del año 1978 ya no es un «punto de referencia». Es un modelo totalmente superado, que se debe revisar de arriba abajo.

Así pues, tras haber recibido las mayores alabanzas dentro y fuera del país, la Transición española se ve sometida hoy a dos lecturas críticas opuestas. Una dice que fue realizada bajo la amenaza involucionista y, por tanto, el consenso alcanzado es apócrifo. Otra sostiene que quienes la aprobaron cedieron más de lo debido para hacerse perdonar su pasado, siendo por tanto peligrosa para la nación. Aunque ambas reclamaciones tienen algo de razón, en modo alguno la tienen toda. Los condicionantes, como advierte Patxo Unzueta, «jugaron en ambas direcciones […] y tan influyente como el miedo al golpe fue la mala conciencia de los gobernantes con pasado franquista». La verdad, como tantas veces, debe situarse en un punto medio: que aquel consenso no era la solución ideal, pero sí la mejor, puede que la única posible, a los problemas derivados no ya de una cruenta guerra civil seguida de una larga dictadura, sino de la propia historia española. La Constitución de 1978 supuso un esfuerzo para superar las dos Españas, un pacto de no agresión entre los herederos de los vencedores y los de los vencidos de la guerra civil, lleno de generosidad por ambas partes, pues si unos cedían buena parte del poder que ejercían, otros renunciaban a su derecho a exigir compensaciones. Aunque nada de ello hubiera podido alcanzarse sin un claro deseo de la inmensa mayoría del pueblo español de no reabrir las heridas del pasado y gracias a una situación económica muy superior a la que había tenido España en cualquier otro momento de su historia. También ayudó que prácticamente todos los países estaban interesados en el éxito del experimento. Una conjunción que difícilmente volverá a repetirse.

Sin embargo, pasado un cuarto de siglo desde el inicio del proceso democrático, seguimos con los mismos problemas, incluso agravados. El nacionalismo más agresivo, el vasco, ha hecho una propuesta soberanista en forma de asociación con el Estado español que sobrepasa todos los parámetros autonómicos y se equipara a la independencia de facto. Por su parte, los nacionalistas catalanes reclaman una reforma tan sustancial de su estatuto que, a la postre, iría a parar a lo mismo. Les hablaré con detalle de ello en los apéndices dedicados a los nacionalismos históricos. Las razones que esgrimen son las arriba apuntadas: tanto la Constitución de 1978 como los estatutos de autonomía fueron redactados bajo la presión de las fuerzas del régimen anterior, los militares especialmente, por lo que pueden considerarse «disposiciones transitorias». Hoy, cuando ya no existen tales presiones, tanto la Constitución como los estatutos deben ajustarse a la verdadera realidad de España, la de las particularidades vasca y catalana especialmente, que desborda ampliamente lo pactado entonces. No hace falta ser un experto en política ni en leyes para darse cuenta de lo que significaría reabrir el melón constitucional: replantear el modelo de Estado, alterar el equilibrio inestable que lo sostiene. Con la casi certeza de que, esta vez, no volvería a lograrse el consenso alcanzado en 1978. Es ésta una perspectiva no ya preocupante, sino amenazante. Ante esto, algunos se preguntan: ¿No hubiera sido mejor que hubiésemos vencido nuestro vértigo ante la revolución y en vez de cambio hubiera habido ruptura, que, en vez de Estado de las Autonomías, hubiéramos hecho una nación sin adjetivos, incluyendo a todos los españoles con sus diferencias y semejanzas, pero en condiciones de absoluta igualdad, como han hecho las demás? Pero discutir sobre el ayer son ganas de perder el tiempo. Lo que importa es el hoy, que se ha puesto muy difícil. Aunque precisamente en esas dificultades reside el mayor motivo de esperanza. Es el pesimismo lo que nos hace ser moderadamente optimistas. La voladura del Estado de las Autonomías traería consecuencias catastróficas. No me refiero a despachar el Ejército a las comunidades que se declarasen independientes, como piden algunos, que nos retrotraería a los momentos más negros de nuestra historia. Me refiero al conflicto que se declararía dentro de esas comunidades entre los partidarios de independizarse y los opuestos en ello. Una perspectiva que debe hacer reflexionar incluso a los nacionalistas más convencidos, aunque nunca detendrá a los más radicales.

No acaban ahí las complicaciones. Que los nacionalistas vascos y catalanes se sientan constreñidos en sus actuales estatutos, pese a gozar, sobre todo los primeros, de tanta autonomía como el que más en Europa, no debe extrañarnos. Son nacionalistas y no se sentirán cómodos más que consiguiendo la independencia. Lo realmente grave es que los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE, han llevado su rivalidad a este terreno, enzarzándose en un duelo de descalificaciones cada vez de mayor calibre. El PP acusa a los socialistas de poner en peligro la unidad de España al romper el frente constitucional. En cambio, los socialistas acusan al PP de negar la pluralidad de España con su lectura minimalista de la Constitución. Un debate que favorece a los nacionalistas y daña a España. La defensa de la Constitución no puede correr a cargo de un solo partido por fuerte que sea. Y no puede porque ésta no es una batalla de partido. Es una batalla de Estado, en la que está en juego nada menos que la suerte de éste. España puede resistir sin mayores problemas la alianza de IU y los nacionalistas. Lo que no podrá resistir es la alianza, o la simple inhibición, del PSOE en este conflicto vital para su existencia. Algún lector recordará lo que les decía al iniciar el libro a propósito de la izquierda y su desconfianza instintiva hacia la nación española, debido al acaparamiento que de ella había hecho la derecha. De ahí el alivio y la sorpresa que produjo en su día ver aparecer a Felipe González como un «nacionalista de izquierdas», como le calificó el New York Times. Pero la era González queda lejos, y hoy, la estrategia del PSOE es buscar alianzas con los nacionalistas. Una apuesta con tantos riesgos como posibilidades. Si logra que los nacionalista renuncien a la independencia, si consigue que acepten el Estado de las Autonomías, sería la mejor noticia para España desde que recobró la democracia. Pero si lo que consigue con esos pactos es aumentar el apetito nacionalista, si el resultado es convertir el Estado de las Autonomías en Estado de las soberanías, el tiro habrá salido por la culata. Y no hay que olvidar que el sueño de todo auténtico nacionalista es crear una nación, y a ser posible un Estado propios. Si no, no serían nacionalistas.

Como consecuencia, el Estado de las Autonomías, esa ingeniosa invención de unos políticos que luchaban contra el reloj, la historia y la geografía, no acaba de solucionar el problema de España, su cierre definitivo como nación. Puede aún hacerlo. Pero para eso tiene que haber lealtad por ambas partes, que tanto el Estado como las autonomías jueguen limpio. El Estado ha cumplido sus compromisos, transfiriendo competencias, en algunos casos incluso con excesiva largueza, pues algunas autonomías no estaban preparadas para asumirlas; en otros, con las debidas precauciones. Pero sin que pueda acusársele de deshonestidad, como hacen algunos, pues éste es uno de los Estados más descentralizados de Europa. El problema se produce porque los nacionalistas siguen reclamando sin que parezca que sus demandas vayan a tener fin. Si esto continúa, si no se acepta el Estado de las Autonomías como estación final del trayecto, sino que se considera más bien un final de etapa hacia la independencia, este Estado no servirá para afianzar definitivamente España, sino para desintegrarla. Dicho en términos técnico-legales: si lo que piden los nacionalistas es autonomía, no hay problema, pues la Constitución de 1978 tiene previsto concederles toda la necesaria hasta alcanzar el máximo techo autonómico. Pero si lo que piden es soberanía, se acabó. La Constitución del año 1978 no admite otra soberanía que la del pueblo español en su conjunto. En el momento que la reclame para sí una de las partes que lo componen, se rompe el pacto alcanzado, el modelo establecido, el entero ordenamiento legal vigente. Y es lo que algunos, los nacionalistas vascos abiertamente, los catalanes implícitamente, están haciendo. No son los únicos. De hecho, todas las autonomías, ricas y pobres, creen dar más de lo que reciben. Un imposible matemático. Pero una áspera realidad político-social.

Como resultado de ello, en el año 2004. España sigue inacabada («incompletada» sería tal vez más exacto si el término no chirriara en los oídos). Le falta ese último hervor revolucionario que necesita toda nación para convertirse en moderna. Sigue siendo una nación al viejo estilo, de ahí que sus antiguos reinos reclamen sus prerrogativas. Cómo encajarlas en el cuerpo nacional es la tarea más importante y urgente de todas. Como consuelo en las horas bajas, puede servirnos otro hecho, apenas mencionado, pero tan real e importante como ninguno. Durante las últimas décadas, todo el énfasis se ha puesto en la descentralización. Algo lógico tras cuarenta años de férreo centralismo. El proceso autonomista ha sido tan febril como extendido, una auténtica carrera hacia la plena autonomía. Estaba en el aire, era la moda. No es extraño que haya crecido la conciencia nacionalista y bajado la nacional. Pero al mismo tiempo, sin que nadie se haya dado o querido dar cuenta, España se ha hecho más homogénea, y los españoles, más parecidos. Las diferencias entre el campo y la ciudad son hoy infinitamente menores que hace cincuenta años, como lo son las existentes entre las distintas regiones, algo que puede comprobar cualquiera que viaje por ellas. Mantienen sus características —acentuadas por el folclorismo nacionalista—, pero la facilidad de las comunicaciones y el aumento del nivel de vida de las más pobres las ha asemejado hasta el punto de que se viste, se vive, se trabaja, se divierte, se habla lo mismo en todas ellas, incluidas las que tienen lengua propia. Tan volcados estamos en los hechos diferenciales que nos hemos olvidado del hecho español. Y aunque los españoles nos diferenciamos en muchas cosas, todavía son más las que tenemos en común. No sólo la historia, sino toda una serie de rasgos, unos buenos, otros regulares, otros malos, pero característicos, que permiten concretarnos, definirnos, como les confirmará cualquier extranjero al que pregunten. Lo español existe, incluso ensanchado a estas alturas en lo hispano. Y si lo español existe —recuerden lo que decíamos en el primer capítulo—, existe de una manera u otra España. Ahora todo depende de qué forma queramos hacerla. O deshacerla.

Al lector que ha llegado hasta aquí le pido disculpas por no haber respondido a la pregunta de si España es una nación. Podría escapar de la trampa en que yo mismo me he metido diciendo que es una nación más a la antigua que a la moderna, un Estado-nación más que una nación-Estado. Pero ésos son juegos de palabras, no auténticas respuestas. Hoy, la única respuesta es la que figura en la portada de este libro: España es una nación inacabada.

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Los nacionalismos históricos

Cualquier análisis de la nación española que no incluya los llamados «nacionalismos históricos» que bullen en su seno como complemento o desafío al «hecho nacional español» se quedará cojo, aunque conviene advertir que no son los únicos, pues han encontrado imitadores en casi todas las demás autonomías. A fin de cuentas, si hay algo que no falta en España es historia. Vamos a hacerlo con la brevedad no exenta de rigor que preside este trabajo. Pero antes de adentrarnos en cada uno de ellos creemos oportuno subrayar la diferencia establecida por José Luis Villacañas entre el nacionalismo liberal clásico «que emergió de los grandes Estados europeos al hilo de la Revolución francesa» y los nuevos nacionalismos históricos y no tan históricos que florecen hoy en España, ligados a un grupo específico y a un territorio determinado.

Los primeros tenían como objetivo la creación de un Estado liberal, con iguales derechos y deberes para todos sus ciudadanos, a los que trataba de homogeneizar jurídica, social y culturalmente. Los segundos, en cambio, parten de la diferencia específica de un grupo étnico, cultural o social, para construir una nación-Estado a la medida de esa comunidad. En otras palabras, mientras el nacionalismo clásico era abierto e integrador, los que vemos surgir hoy son cerrados y discriminadores. Ello refuerza su coherencia interna y les proporciona un «núcleo duro» de convencidos dispuestos a todo. Pero les aparta de esa «aldea global» plural y mestiza hacia la que se encamina el mundo y de la que pudieran ser un efecto secundario de rechazo.

Es más, a algún lector de buena memoria este tipo de nacionalismo le recordará el concepto premoderno de nación citado al principio de este libro: un colectivo humano conformado por la raza, las tradiciones y las costumbres ancestrales de ese grupo, enfrentado a los demás.

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Catalunya

Tierra de paso entre Centroeuropa y la península Ibérica, a orillas de un mar surcado en todas direcciones desde la más remota Antigüedad, Cataluña no podía aspirar a una pureza étnica o cultural. Pero ha sabido tomar de los diversos pueblos y culturas que pasaron por ella lo que le pareció más conveniente, para crear un «hecho diferencial catalán», que en su sentido más burdo queda reducido a una innata habilidad para los negocios, y en el más excelso, a una brillante capacidad artística, mezclada con una disposición para el compromiso desconocida en el resto de la Península. No todos los catalanes son nacionalistas, pero la inmensa mayoría de ellos sienten su peculiaridad. El grado de la misma va a darnos el coeficiente de catalanicidad, y por tanto de nacionalismo, desde los que se sienten sólo catalanes a los que se consideran genuinos españoles. Diría que la mayoría se halla en la mitad superior de ese espectro, o sea, catalán, aunque perteneciente por los avatares del destino a una entidad mayor llamada España. Esto nos da ya el mejor retrato de ese pueblo ecléctico, laborioso, sentimental y realista, para desesperación tanto de los catalanistas como de los españolistas.

Pero antes de nada hagamos un brevísimo resumen histórico que nos ponga en situación. Cataluña emerge por primera vez como tal en la historia como Marca Hispánica o frontera sur del imperio carolingio. Al desmembrarse éste, se constituye como condado independiente hasta que, en 1137, Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona (de hecho, rey de Cataluña), se casa con Petronila, la hija de Ramiro II de Aragón, y formaliza la unión de las dos Coronas. El nuevo reino inicia su expansión hacia el norte, sur y este, llegando incluso a Grecia, ya que Castilla había tomado ventaja en la reconquista peninsular, cerrándole el paso hacia el sur, a la altura de Murcia. La unión con ésta se realiza con el matrimonio de Fernando e Isabel bajo el lema de «Tanto monta, monta tanto», conservando cada reino sus normas, gravámenes, leyes, pesos, medidas, dignidades e instituciones. Pero no es una unión entre iguales: Castilla tiene casi cuatro veces la extensión de Aragón y seis veces más habitantes. Esta inferioridad se ve acentuada por el hecho de que los turcos empiezan a ejercer el papel de tapón en el Mediterráneo, mar hacia el que se había orientado hasta entonces la política catalano-aragonesa, mientras que Castilla descubre América y se abre a Europa al recibir Carlos I la corona de los Habsburgo. Tanto o más importante es la diferencia de estructuras políticas. Frente al centralismo castellano establecido en torno al rey, en Aragón, nobles, ciudades y cortes tienen muchas más prerrogativas, que llegan incluso a la facultad de deponer al monarca. En aquellos tiempos, sin embargo, la cohesión de poderes es una ventaja y Castilla sigue su avance en la formación de un Estado, que pronto se convertirá en imperio, del que Aragón es una pieza más, al mismo nivel que Nápoles o el Franco Condado. La protagonista es Castilla, propietaria también de las tierras descubiertas y conquistadas en América, donde aragoneses y catalanes tenían la condición de extranjeros. Eso sí, conservaban sus leyes, sus fueros y su hacienda.

Tal desequilibrio tenía que pasar factura tarde o temprano y llega el momento de las primeras derrotas del imperio español (castellano para ser exactos) en Europa. La Corona necesita dinero para pagar sus muchas guerras externas y, al estar agotadas las arcas castellanas, no ve otra solución que pedir a los demás reinos de la Península que contribuyan. Se sublevan Portugal y Cataluña, y esta última pide ayuda a los franceses contra los ejércitos que ha despachado el rey. Pero los soldados franceses resultan tan odiosos o más que los españoles, con lo que la sublevación fracasa, aunque el rescoldo queda. Y cuando en 1716 Felipe V unifica la legislación de su reino, derogando fueros y privilegios anteriores, siembra en Cataluña esa nostalgia de un pasado libre y privativo, que está en el germen de todo nacionalismo moderno.

Los bandazos del siglo XIX tienen en Cataluña unas características muy peculiares. Dada su proximidad a Europa, participa de las ansias de modernización que animan a los sectores más liberales de la sociedad española. Pero los liberales eran también unificadores y, en ese sentido, opuestos al sentimiento catalanista. Los carlistas, en cambio, defendían los fueros y tradiciones, pero eran claramente retrógrados en el resto de los aspectos. Con lo que la sociedad catalana bascula entre un campo que se decanta por los carlistas y una ciudad donde comerciantes, industriales y profesionales tienden al liberalismo, aunque tratando de conservar su identidad a través de instituciones culturales: el Liceo (1844), el Ateneo (1860), el Círculo Mercantil (1864).

La revolución de 1868 y la República consiguiente ofrece a los catalanes la posibilidad de salir de tal dilema. ¿Cómo? Poniéndose al frente de las reformas y haciendo una España donde cupiera la Cataluña catalana que ansiaban. Dos de los cuatro presidentes de la Primera República fueron catalanes, que abogaron por un Estado federal. Pero el federalismo degenera muy pronto en cantonalismo y la descentralización, en revuelta radicalizada. La dicotomía campo conservador-ciudad liberal se hace más evidente, y a ella se añade la tensión clericalismo-laicismo que envenena la vida social. Para colmo, una incipiente clase trabajadora exige por primera vez sus derechos de forma amenazante. La burguesía catalana se echa atrás y apoya al general Prim, catalán también, que trae al nuevo rey, Amadeo de Saboya. Cuando éste abdica, los catalanes pierden también buena parte de sus esperanzas de regenerar España y en adelante van a buscar la salvación por y para sí mismos. La revolución moderada, burguesa, piensan, es sólo posible en Cataluña, y hacia ella encaminarán sus afanes durante la Restauración. Todos los catalanes que se dediquen a la política desde entonces lo harán ya buscando «la libertad de Cataluña»: unos, como Cambó, «dentro de la grandeza de España»; otros, como Maragall, dentro de un Estado federal. Algo que no parece haber olvidado su nieto.

Esa nación ya se estaba haciendo en el plano cultural a través de la llamada Renaixenca, auténtica explosión de artes como la música, la poesía, la pintura o la arquitectura, junto a las tradiciones catalanas y el florecimiento de su lengua, paralelas a un desarrollo de la industria y el comercio que ponen a Cataluña a la cabeza de las regiones españolas, y la hacen consciente de su «hecho diferencial» traducido en nacionalismo de altos vuelos. Ahora bien, esa industria y ese comercio necesitaban tarifas protectoras frente a los productos de otros países más desarrollados, y tales tarifas sólo podía concederlas Madrid. Por eso el nacionalismo catalán no llegó nunca durante este período a plantearse el secesionismo. Se conformó con reclamar una «nación catalana en el Estado español». O sea, una amplia autonomía, que será siempre un nacionalismo a medias, y que acarreará a la burguesía catalana la acusación de haberse vendido para sacar ventajas arancelarias.

La ambivalencia se mantiene durante la dictadura de Primo de Rivera y se acentúa durante la Segunda República, que concede un estatuto de autonomía a Cataluña. Pero que esto no era la solución se demostró el 6 de octubre de 1934, cuando, aprovechando la revuelta contra el gobierno de centro-derecha, el presidente de la Generalitat, Companys, declara «el Estado catalán dentro de la República federal española», un experimento que nunca sabremos cómo se hubiera puesto en práctica, pues apenas duró unas horas. La intentona fracasó al negarse los socialistas a apoyar a los burgueses nacionalistas catalanes, entre los que tampoco reinaba unanimidad respecto al camino que seguir.

Durante la guerra civil, sin embargo, Cataluña se alineó decididamente con la República, aunque no faltaron catalanes en el bando de Franco. Éste le quitó hasta el último atisbo de autonomía, equiparándola al resto de las regiones españolas, si bien favoreciendo su industrialización por encima de otras que le habían apoyado. No faltan nacionalistas que ven esta preferencia como un regalo envenenado: hacia esas industrias acudieron millones de españoles de otras regiones que no encontraban en las suyas puestos de trabajo. Serían, de creer esta hipótesis, no avalada por declaración o documento alguno, una especie de quinta columna destinada a diluir la catalanicidad de Cataluña. Lo que pueda haber de verdad en ello se lo llevó a la tumba, como tantas otras cosas, el general Franco.

En cualquier caso, Cataluña no recobró su autonomía hasta la llegada de la democracia, cosa que hizo con auténticas ansias. Ahora bien, ella misma había cambiado. Por lo pronto, había doblado su población. Pero la inmensa mayoría de sus nuevos habitantes habían nacido fuera de Cataluña, sobre todo en las ciudades, en bastantes de las cuales sobrepasan el 50 por ciento. Incluso en la más catalana de todas, Gerona, el porcentaje era del 40 por ciento. La primera reacción fue de rabia casi xenófoba. Hubo quien habló de invasión pacífica y Pujol los describió como «hombres destruidos e inadaptados». Los socialistas, sin embargo, se dieron cuenta de que ahí tenían un enorme filón electoral y se hicieron con los cinturones industriales de las grandes ciudades, además de la propia Barcelona. Los partidos nacionalistas se percataron de que se trataba de un hecho irreversible y del error que significaba enfrentarse a él. Desde entonces, su política ha sido la de atraerse a els altres catalans y, a ser posible, asimilarlos. «Es catalán —sentenció Pujol— el que vive y trabaja en Cataluña». Así pues, la política de la Generalitat se concentra en la integración de esa masa de gente venida de fuera y, especialmente, de sus hijos. El cemento debe ser la lengua, hasta el punto de que la definición anterior podría sustituirse por la de «catalán es todo el que habla catalán, e incluso aquel que sólo lo entienda». El propio Pujol lo ha puesto fácil: «El problema del idioma se resuelve, si se quiere, en tres o cuatro meses. Entender catalán no es difícil». Esto encaja perfectamente en su programa, pues ya hemos dicho que el nacionalismo catalán es esencialmente cultural y ¿puede haber algo más cultural que la lengua, vehículo de la cultura? No sólo se cambian los nombres de las calles y ciudades, sino que todas las comunicaciones oficiales pasan a hacerse en catalán, así como la enseñanza en escuelas, institutos y universidades, aunque el profesor que quiera dar su clase en castellano puede hacerlo. Pero no es bien visto. El catalán es promocionado hasta el punto de que hablarlo y escribirlo vale tanto como un doctorado en un concurso-oposición. Se trata de una «discriminación positiva» al estilo de la que se aplica a los jóvenes negros que desean ingresar en una universidad de élite norteamericana, a fin de compensar los siglos de discriminación que han sufrido los de su raza. En el caso del catalán, dicen sus promotores, se trata de compensar no sólo la discriminación sufrida durante la era Franco, sino también el carácter preponderante que tiene el español como idioma universal que es. Sólo con esta ayuda, arguyen, el catalán puede subsistir y Cataluña, mantener su identidad. Las últimas medidas en este sentido han consistido en conceder subvenciones a los comercios que se anuncian en catalán y reducir a la mitad las cuatro horas semanales de castellano que exige la nueva Ley de Calidad de la Enseñanza.

Pero circunscribir el nacionalismo a la lengua tiene sus riesgos, como apunta José Antonio Rodríguez Tous, profesor de Filosofía de la Universidad Pompeu Fabra, cuyo estudio de la cuestión seguimos aquí. Por lo pronto, introduce el concepto de la «ciudadanía incompleta», no demasiado ortodoxo en democracia. Si la nacionalidad catalana se basa en la lengua catalana, aquellos que no la dominen no serán ciudadanos plenos. El pragmatismo del catalán ha hecho que no se haya caído en extremismos y hoy convivan los dos idiomas perfectamente en la calle, como convivían durante el franquismo, aunque los términos se hayan invertido: entonces, el idioma oficial era el español, y el catalán se usaba sólo como idioma familiar. Ahora es a la inversa: la lengua oficial es el catalán y el español se usa sólo en caso de no conocerse aquél. Pero en mis muchas visitas a Cataluña nunca he visto «conflicto idiomático» en la calle. Ahora bien, si un padre quiere que su hijo sea educado en español, tiene que solicitarlo. Se acepta, pues, pero se dan todas las preferencias oficiales al catalán, por lo que ese ciudadano incompleto «gozará de plenos derechos civiles, políticos y sociales, pero no de aquellos del ámbito propio de la cultura», como son las conferencias o la educación. Puede ejercer sus derechos individual, no colectivamente.

El foro Torre de Babel, que busca la equiparación de ambas lenguas, advierte de otro peligro: que la sociedad bilingüe catalana pase a ser monolingüe o, por lo menos, que las nuevas generaciones dominen mal un idioma universal como el español. Ese riesgo no es reconocido por los nacionalistas, pues el español, insisten, es lo bastante potente y está tan presente en la vida catalana que no corre peligro.

Pero el mayor riesgo es otro, como apunta el profesor Rodríguez Tous: al reducir el nacionalismo catalán a la lengua se minimiza aquél. ¿Qué pasa con los otros signos de identidad nacional, los valores, el temperamento, el carácter? ¿Es que no cuentan? ¿Basta saber hablar catalán para ser catalán? ¿Se puede ser catalán sin seny? ¿Son catalanes los que celebran la Feria de Abril en Badalona o Sabadell? ¿No se está diluyendo la catalanicidad con tal reductivismo? Preguntas que sólo tendrán respuesta en el futuro.

Es lo que ha llevado al nacionalismo catalán a una encrucijada. Si quiere construir una nación-Estado sobre el hecho diferencial catalán, esto es, sobre sus diferencias de carácter y temperamento con el resto de España, se encuentra con media población de la actual Cataluña excluida. Si lo reduce a hablar o entender su idioma, el hecho diferencial catalán disminuye. Como queda dicho, el espíritu práctico del catalán ha elegido la segunda opción, aceptando el «catalanismo incompleto». Lo malo es que ni siquiera ése basta. Los inmigrantes que llegan de otros continentes son infinitamente más difíciles de integrar que los gallegos, extremeños o andaluces que llegaron en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo. Aparte de que muchos de los nuevos inmigrantes no son católicos. Las quejas de doña Marta Ferrusola al respecto fueron más elocuentes que todos los discursos de su marido. La esposa del President expresó el desasosiego de los catalanes ante esta nueva invasión, «que trata de sustituir las iglesias por mezquitas». Aunque también hay inmigrantes católicos que son problemáticos. Los hispanoamericanos concretamente se resisten más que nadie a aprender otro idioma que el que ya hablan. Es un factor inquietante para muchos nacionalistas catalanes, que les ha hecho preferir como emigrantes a gentes del este de Europa o del norte de África, algo que no pueden imponer como política oficial si no quieren ser acusados de promover la xenofobia cultural. Aparte de que la realidad es tozuda y un reciente estudio afirma que los niños de sus escuelas públicas hablan mayoritariamente en castellano en sus recreos, aunque en las clases se expresen en catalán.

Lo que no quiere decir que el nacionalismo catalán no siga empeñado en fer la nación catalana. Tras haber exprimido al máximo el actual estatuto, reclaman otro, «más ambicioso, que desarrolle en toda la mayor extensión posible el papel de Constitución interna de Cataluña», según reza su proyecto. Piden en él desde representación exterior a competencias plenas en materia judicial, pasando por la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los impuestos recaudados en Cataluña. Un programa de máximos presentado como de mínimos, como suele ser habitual en ellos.

Últimamente les ha salido un competidor: el Partit Socialista de Catalunya, que bajo la dirección de Pasqual Maragall ha tomado una deriva claramente nacionalista, que les ha llevado incluso a pedir la creación de una «región económica» que abarque los territorios del que un día fuera el reino de Aragón, esto es, desde Valencia al Rosellón francés, archipiélago balear incluido. Más todo lo que viene reclamando el nacionalismo militante: reconocimiento de Cataluña como nación dentro del Estado español, derecho a la autodeterminación de sus habitantes, participación de la Generalitat en las organizaciones internacionales, competencias plenas en materia de justicia y equiparación financiera con Euskadi y Navarra, respetando la contribución que Cataluña debe hacer a la solidaridad territorial, pero ya con una hacienda separada. Éstas son demandas que no por venir de un socialista encajan mejor en el presente marco constitucional que cuando las hacen los nacionalistas. De llevarse a la práctica, el marco no sería ya el de un Estado federal, sino el de una confederación de Estados.

El PSOE ha tratado de arropar y, al mismo tiempo, diluir tal proyecto en otro más general, que concedería a las distintas autonomías poderes para reformar sus estatutos, una agencia tributaria, una presencia en Bruselas, la transformación del Senado en una cámara de representación territorial y una conferencia anual de los presidentes de las comunidades autónomas con el del gobierno de la nación. Con calzador, este proyecto podría caber en la Constitución. Pero pactando con Esquerra Republicana, Maragall tanto ha podido dar en el clavo, reconduciendo a los independentistas, como haber vendido su alma por un plato de lentejas, plegándose a ellos. Ahora puede demostrarnos que ser profundamente catalán no impide ser español, como ha dicho tantas veces. Pero para eso tendrá que convencer a su socio de gobierno, Carod-Rovira, que se ha cansado de repetir que no se siente español en absoluto. Su primer acuerdo, que Cataluña debe tener Agencia Tributaria propia, apunta a un gobierno más nacionalista que de izquierdas. De continuar por ese camino, Maragall habría hipotecado no sólo su partido, sino también el Estado de las Autonomías. Escribo estas líneas el mismo día del anuncio de ese pacto, por lo que cualquier juicio es prematuro. Habrá que verles actuar. Y ni qué decir tiene que nada celebraríamos tanto como que concentrasen su labor en «las mejoras sociales, el rigor, la honestidad y la ética en Cataluña», tal como ambos prometieron en la campaña electoral. Pero si deciden concentrarse en el autogobierno, España pasaría a tener no uno, sino dos focos de tensión autonómica, siendo difícil decir cuál de ellos es más grave. Existe siempre la esperanza de que la moderación típica de los catalanes termine imponiéndose. Pero andando el nacionalismo, que es pasión, por medio, nada está garantizado. En Cataluña, desde luego, nos esperan horas tumultuosas y más de un susto antes de que se normalicen las cosas. Si es que llegan a normalizarse algún día.

19
Euskadi

Si el nacionalismo catalán es esencialmente cultural, el vasco es telúrico, atávico, del latín atavus, tatarabuelo, ancestral, de antecesor, perteneciente a los antepasados remotos, que se pierden en la noche de los tiempos. Y en ese sentido, primario, elemental, incontenible, como todo lo que viene por la sangre. «Lo primero que constituye la esencia de una nacionalidad —decía el capuchino Evangelista de Ibero en su Catecismo vasco— es la sangre, la raza, el origen». Lo de los «diez apellidos vascos» no es una fanfarronada, sino el mejor documento de identidad para aquel nacionalismo. Como el desprecio al maketo, al inmigrante proveniente del resto de España, que en el nacionalista radical se torna odio. «El nacionalismo vasco —escribe Juan Pablo Fusi— fue, por un lado, una reacción a la abolición foral de 1876, pero, por el otro, una reacción a la amenaza que para la identidad tradicional vasca suponían los cambios económicos y sociales que se estaban produciendo a finales del siglo XIX en el propio País Vasco».

Sobre tan firmísima roca —la raza—, el nacionalismo vasco se construye luego apoyándose en paradojas, contradicciones y antinomias, capaces de volver loco a cualquiera que no tenga una fe ciega en lo que cree. El nacionalismo vasco tiene más de sentimiento que de razonamiento, de irracionalidad que de racionalidad, de leyenda que de historia. Pero del mismo modo que la moneda falsa desplaza a la verdadera, la leyenda desplaza a la historia siempre que entran en colisión. Entre otras cosas, porque la leyenda suele ser mucho más bella, mientras que la historia, si es verdadera, tiene más páginas tristes que alegres, como la vida misma que narra. Aparte de que la leyenda podemos manipularla a nuestro antojo. Es como ha ido surgiendo el nacionalismo vasco, como un mito más que como una realidad, como una religión más que como un programa político, con sus ritos, sus héroes, sus mártires y su fanatismo.

De todas sus contradicciones, sin duda la fundamental se refiere a su relación con España y los españoles. Que los vascos vivían en sus valles y montañas antes incluso que iberos y celtas llegaran a la Península es aceptado por la mayoría de los historiadores, aunque nos movemos en épocas donde resulta difícil fijar fechas. Son, por tanto, los primeros españoles, de igual modo que el idioma vasco está en la base del castellano, según afirma Menéndez Pidal y muestran las Glosas emilianenses, en las que un monje vasco apunta los primeros balbuceos del español. Es más, Castilla, la antigua Bardulia, en la frontera nororiental del reino astur-leonés, tenía como capital nada menos que Amaya, nombre sagrado para los vascos. Los valles de La Losa, Valdegovia, Valdejo, Tobalina, donde se tocan Burgos, Álava y Vizcaya, eran gobernados por condes díscolos y guerreros, entre los que destacó Fernán González, que consiguió imponerse a los demás y declararse independiente de la corte de León al filo del año 1000. «En la repoblación —dice Rafael Lapesa— fue poderoso el elemento vasco, asegurado por toponímicos como Vizcaínos, Gascones y Basconcillo». Lo que quiero decir con todo ello es que los vascos se cuentan entre los padres tanto del castellano como de Castilla y, consecuentemente, de España, por mucho que les pese a sus nacionalistas. ¿Acaso el Atlétic de Bilbao, compuesto únicamente por vascos, no fue considerado el equipo de todos los españoles hasta que empezó la furia terrorista? ¿Acaso no hay en Sabino Arana y en todo el nacionalismo vasco un eco del cristiano viejo, con su manía de pureza de sangre? «Si coges a un burgalés y a un vasco —me decía en Nueva York don Emilio González López, parlamentario en las tres legislaturas de la República, desde la perspectiva que da el exilio y los años—, apenas notarás diferencia. A fin de cuentas, ¿cuáles son los rasgos característicos vascos? La religiosidad, el tradicionalismo, el machismo, el cantar en coro, la arrogancia. ¡Pero ésas son precisamente las características del español! Lo que quiere decir que hay un hecho diferencial catalán, gallego, andaluz. Pero no vasco. Lo vasco es, como decía Baroja, “el alcaloide de lo español”».

Sin embargo, y ahí tropezamos con la gran paradoja, el nacionalismo vasco considera al español su enemigo a muerte, el enemigo al que combatir y destruir. Será su consigna, su bandera de combate: guerra al español y a lo español. Por eso precisamente nos resulta tan difícil combatirle. ¿Cómo se puede luchar con alguien que es la esencia de uno mismo? En el forcejeo que sostienen vascos y españoles desde hace casi dos siglos, los españoles ganan siempre por ser más, pero los vascos no pierden nunca por ser más españoles que el resto. Tal vez la clave, y la tragedia, esté ahí, en que el vasco sea, como se ha dicho tantas veces, el español puro, el español no romanizado, ni visigotizado, ni arabizado, ni afrancesado, ni germanizado, y que al pretender el español «mestizo» imponer su norma en el País Vasco, los vascos la rechacen por impura, por adulterada. De aceptarse esta teoría, no serían los vascos los que se separan de España, sino el resto de los españoles los que se han separado de la España auténtica. Algo que encaja perfectamente en el ideario de las guerras carlistas, como veremos luego.

Pero ya está bien de disquisiciones, volvamos a la historia, ya que uno de los mayores problemas del conflicto vasco es precisamente la abundancia de aquéllas. No hay referencias históricas de desavenencias entre el señorío de Vizcaya, primero con los condes castellanos, luego con la Corona. Los vizcaínos, nombre genérico que se daba entonces a los vascos, intervinieron prácticamente en todas las empresas imperiales de Castilla, como capitanes, pilotos, diplomáticos, clérigos y descubridores, alcanzando algunos de ellos renombre universal. El que durante la guerra de Sucesión apoyasen al candidato Borbón les ahorró las penalidades y castigos que sufrieron los catalanes. Felipe V prefirió posponer las medidas centralizadoras en el País Vasco, donde siguieron vigentes los fueros y privilegios, como una hacienda propia y la exención del servicio militar. Algo parecido a lo que hizo Franco, al mantener parte de la autonomía foral de Álava y Navarra como premio al apoyo que le habían prestado durante la guerra. O sea, que los vascos no fueron siempre víctimas del Estado español, como pretenden los nacionalistas, dicho sea de pasada. También gozaron de privilegios. Y no insignificantes.

El enfrentamiento, que envenenará todo el siglo XIX y se convertirá en endémico, va a venir por el problema dinástico. En su lecho de muerte, Fernando VII deroga la Ley Sálica, que impide acceder al trono a las mujeres, lo que franquea el camino hacia él a su hija. No es a ésta, entonces con dos años, a la que temen en el norte, sino a su madre María Cristina y a su camarilla, sospechosas de tendencias liberales. No se equivocan. Ya los primeros decretos de la regente apuntan en esa dirección. El herma no del rey no lo acepta y se hace proclamar Carlos VI, sublevándose y arrastrando tras de sí a buena parte del norte peninsular, con Navarra y el País Vasco como centro de operaciones. Los partidarios de Carlos, los carlistas, inician la primera de las tres guerras que llevarán ese nombre.

Los carlistas se sublevan contra el gobierno central, no porque sea español, sino porque es liberal, antirreligioso y, según ellos, antiespañol. La Constitución de 1834, de corte europeizante y, sobre todo, la desamortización que Mendizábal pone en marcha a continuación, poniendo en venta buena parte de los bienes eclesiásticos, no hacen más que confirmar los peores temores de los carlistas, que se baten con fiereza y en más de una ocasión ponen en apuros al ejército «cristino». Pero son incapaces no ya de conseguir una victoria decisiva, sino de tomar Bilbao, al que sitian. Las deserciones en sus filas, las divisiones en su mando y la promesa de que serán respetados en lo posible sus fueros e integrados sus oficiales en el Ejército regular conducen a la contienda a su finalización, rubricada por el Abrazo de Vergara. Pero habrá otras dos (1846-1849 y 1872-1876), puesto que un Estado que deseaba modernizarse no podía seguir con las normas del Antiguo Régimen, tal como querían los carlistas. El resultado fue siempre el mismo: victoria de los liberales y recorte paulatino de los fueros, que en 1876 fueron suspendidos definitivamente. Se trata de una fecha clave para el nacionalismo vasco, el momento en que «perdimos las libertades», y «empezamos a estar sometidos a los españoles». Una exageración, si no una mentira, ya que las guerras carlistas no fueron guerras entre vascos y españoles, sino guerras civiles entre españoles. Hubo vascos que luchaban con los carlistas y los hubo que luchaban con los liberales, como demuestra que Bilbao resistió todos los sitios de los partidarios de don Carlos. Pero sobre esa última derrota se levanta, como una pira funeraria, todo el doliente, sollozante, victimista y a menudo poético y frenético nacionalismo vasco. No hay que olvidar que el romanticismo dominaba en Europa. La verdad no era tan importante como la melancolía, y como ha demostrado Jon Juaristi, la melancolía es el alma del nacionalismo. A falta de victorias reales, el nacionalismo vasco se alimenta de leyendas. Una novela de Francisco Navarro Villoslada, Amaya o los vascos del siglo VIII, se convierte en la epopeya de aquel pueblo. Amaya es la princesa que, oponiéndose a la sacerdotisa pagana Amagoya, integra a los vascos en el cristianismo y los conduce a Covadonga, a luchar contra los infieles. La alegoría es clara: los carlistas son los descendientes de aquellos vascos, y como ellos, están luchando contra los paganos liberales, como Pelayo y sus fieles lucharon contra los musulmanes. El éxito de la novelita fue inmenso. A partir de ahí, todo está permitido para recobrar una patria que nunca existió, incluida la llegada a Vizcaya de un infante inglés, que dirige a los vizcaínos en la batalla de Padura contra los leoneses y deja el campo cubierto de sangre enemiga. Vicente de Arana es el primero en abordar la leyenda del Caudillo Blanco, de Jaun Zuría. Pero quien la llevará a la apoteosis del nacionalismo vasco es el padre del mismo, Sabino Arana, que convierte a Jaun de Zuría en Lope de Zuría, natural de Busturia e hijo de un vizcaíno del mismo nombre y de una infanta de Escocia. Hemos dicho que Arana es el padre del nacionalismo vasco y nos quedamos cortos: es su profeta, su maestro, su precursor y su mesías, su alma y su cuerpo. El mensaje que predica es muy simple, como el de todos los iluminados: España es la enemiga secular de la nación vasca, que abolió sus libertades, acabó con sus honestas tradiciones, violó sus montañas vírgenes, emponzoñó sus ríos cristalinos y la invade con los maketos que llegan a trabajar. Es el mensaje que el nacionalismo vasco ha mantenido hasta el día de hoy. No importa que quien horadara esas montañas y ensuciara esos ríos fueran los capitalistas vascos en busca de mineral de hierro, y que fueran también ellos quienes trajesen a los obreros españoles que necesitaban para sus minas y altos hornos.

España es la culpable, la enemiga, aunque Arana reserva algunas críticas para los empresarios vizcaínos. En cualquier caso, el programa que propone se compone de dos elementos que son en realidad las caras de una misma moneda: por un lado, reconstruir la nación vasca a base de recuperar sus elementos autóctonos, diferenciales, empezando por el euskera. Por el otro, limpiarla de toda contaminación españolista, desde el liberalismo (hacía falta imaginación para considerar liberal a aquella España) al baile agarrado. Con materiales tan elementales, Sabino Arana se lanza a la arena política. Que tenía madera de profeta lo demuestra que aún hoy, un siglo más tarde, su mensaje constituye la esencia del nacionalismo vasco. No puede decirse que tuviera mucho éxito en vida, pero no era de esos hombres a los que el fracaso desanimase. Creía en lo que decía, tenía fe en ello y, lo más importante, era capaz de transmitírselo a otros. El Partido Nacionalista Vasco que creó ha corrido toda suerte de avatares y ha sufrido una serie de divisiones, que podrían considerarse más bien cismas, ya que el nacionalismo vasco tiene casi más de religión que de política. Sin embargo, ha aguantado, siempre en la cuerda floja, siempre en la contradicción, siempre al borde del precipicio, pero siempre representando una parte importante del pueblo vasco.

La primera contradicción que ha tenido que orillar ha sido la de quién es realmente vasco. La segunda, quién es nacionalista. Y la tercera, qué relaciones debe tener el País Vasco con España. Analicémoslas siquiera sucintamente.

Para Sabino Arana «lo vasco» viene definido por la estirpe —que demostrarán los apellidos—, por la lengua, distinta a todas, y por la religión, la católica romana, en su versión más integrista. Se trataba de un programa de máximos, como podía esperarse de un profeta, que chocaría pronto con la realidad. Hay vascos con apellidos no vascos, extranjeros incluso algunos de ellos (como los hay, y muchos, que no hablan euskera), tibios, e incluso escépticos en materia de religión. Todos ésos no podían ser, según Arana, nacionalistas. En realidad, ni siquiera los consideraba auténticos vascos, ya que identificaba al vasco con el nacionalista. Pero los que le siguieron, sobre todo quienes se lanzaron con su ideario a la batalla política, tuvieron que hacer concesiones, ya que, de otro modo, se arriesgaban a permanecer como un grupo marginal, sin posibilidades de ocupar nunca el poder en su tierra. Qué concesiones hacían ha venido siendo motivo de debate eterno entre ellos, y ha provocado todo tipo de divisiones, expulsiones y cismas en el seno del PNV. Los «puros» defienden íntegramente la doctrina del fundador. Los pragmáticos dicen que hay que ser flexibles para alcanzar la meta final. Pues en ésta están todos de acuerdo: el objetivo es lograr un Euskadi independiente de España. Es en los métodos para lograrlo donde surgen las diferencias. Y los pragmáticos, por su mayor adaptación a la realidad, se imponen, dibujando en la escena política española la imagen de un partido nacionalista moderado, que acepta las reglas de juego democráticas, pero que no olvida las consignas de su fundador, el PNV Su mayor lastre es una alta burguesía vasca, que ha asumido un papel dominante en la banca y la industria españolas e incluso aceptado títulos de la monarquía. No está por tanto interesada en veleidades independentistas. El PNV se convirtió así en el partido de las clases medias urbanas y, sobre todo, del campo vasco, donde el clero mantenía y aún mantiene viva una religión muy tradicional y donde las costumbres ancestrales siguen vigentes. En cierto modo, es el heredero del carlismo, aunque con concesiones a los nuevos tiempos. La decadencia de España, que se evidencia de un modo espectacular en 1898, ayuda al distanciamiento con ella, mientras que la llegada de obreros procedentes de otras regiones españolas agudiza la conciencia vasca de pertenecer a una entidad distinta. La Segunda República genera tantas esperanzas como suspicacias entre los nacionalistas vascos. Por una parte, viene dispuesta a realizar las reformas que España necesita para convertirse en un país moderno, entre las que figura abandonar el centralismo y reconocer la personalidad de las regiones. Pero, por la otra, su espíritu laico, aconfesional, que en algunos de sus dirigentes es claramente antirreligioso, no puede en modo alguno converger con el de una gente, como la del PNV, de misa diaria y Primeros Viernes. Esta desconfianza mutua hace que mientras Cataluña recibe su estatuto de autonomía muy pronto, el País Vasco no lo recibirá hasta comenzada la guerra civil, cuando se pone al lado del gobierno de la República. Aunque no crean que todos los nacionalistas vascos estuvieron de acuerdo. Había entre ellos quienes consideraban el conflicto «una guerra entre españoles» e incluso quien propuso aprovecharlo para declarar la independencia. Fue lo que hizo que los vascos luchasen como unidades independientes dentro del ejército de la República y que negociasen su rendición por separado, con un general italiano, por cierto.

De poco iba a servirles. Con la entrada de sus tropas, Franco liquida el estatuto, aunque premia a Álava, que se había puesto de su parte, con el mantenimiento de las prerrogativas fiscales de las que disfrutaba. No hay que olvidar tampoco a los vascos que le apoyaron, que fueron muchos e importantes, en el campo de la banca, en el de la industria y en el de la intelectualidad. Algunos de ellos ocuparon cargos relevantes en su régimen.

El nacionalismo vasco se refugia en el exilio exterior, donde lleva una vida lánguida pese a mantener su gobierno, y en el interior, donde se mostrará mucho más activo, pese a la represión, o puede que debido a ella. No hay que olvidar que el nacionalismo vasco es victimista y fabulador por naturaleza, y es frente a la persecución como mejor se mueve. Los colegios religiosos se convierten en auténticos invernaderos de jóvenes nacionalistas, aleccionados por sacerdotes que hacen pocos distingos entre religión y nacionalismo. El de los Escolapios de Bilbao, según Juaristi, fue la verdadera cuna de ETA. La doctrina se la proporcionaban sus profesores o se la procuraban ellos a través de publicaciones clandestinas. La justificación práctica la tenían ante sus ojos: la represión franquista, a la que se unía la nueva «invasión» española, los miles de obreros que llegaban de otras regiones en busca de un puesto de trabajo que en la suya no tenían. Que fuera una situación generalizada en toda España no les importaba. Ellos sólo veían la de su patria hollada y esclavizada. Otra de las características más destacadas del nacionalismo es su perspectiva selectiva.

Cuando esos chicos se hacen adultos, el mundo ha entrado en una fase revolucionaria. Corren los años sesenta del pasado siglo, los de la descolonización, la revolución cultural, el cambio de costumbres y el no fiarse de nadie con más de treinta años. Y aquellos cachorros del nacionalismo no pueden ser inmunes a ello. Han leído a Mao y al Che, han visto nacer a docenas de nuevas naciones, han seguido los alzamientos de Castro en Cuba, del FLNA en Argelia y del vietcom en Vietnam. Saben que «el poder viene por el cañón de un fusil» y que la guerrilla es el arma del débil contra el fuerte. Están convencidos de que con la negociación no alcanzarán nunca el objetivo buscado, entre otras cosas porque muchos vascos no lo quieren. Pero no les importa. Se lo impondrán. ETA se convierte así en un Frente de Liberación Nacional, con todas sus características de radicalismo y violencia. El nacionalismo vasco adquiere un nuevo ingrediente, el marxismo, no tan extraño como a primera vista pueda parecer, pues el marxismo, a fin de cuentas, es también una religión. Sin Dios, pero religión, con sus dogmas, santos, mártires, paraíso e infierno. Los biznietos de los viejos carlistas se convierten en la izquierda abertzale. La táctica que siguen es la más pura de Hó Chi Minh: golpear donde y cuando puedan, sin pararse en barras, para obligar al Estado español a responder con una violencia indiscriminada, que les atraiga la repulsa del pueblo. Es la que siguen utilizando hasta nuestros días. Una nación española desarmada ideológicamente tras una dictadura que monopolizó el patriotismo y un Estado español que trata de reestructurarse bajo todo tipo de presiones, ceden una y otra vez ante el empuje de los nacionalismos periféricos, el vasco especialmente, que se hacen dueños de su feudo, ayudados incluso por los socialistas, aunque algún apoyo reciben también de los populares. Así logran una autonomía con competencias difíciles de igualar en Europa. El drama, y la fuerza, del nacionalismo es que no conoce fronteras. Dentro de las propias, no parará hasta adquirir todos los poderes de forma práctica. Fuera, trata de expandirse por los territorios vecinos. Desde luego, la autonomía no es la estación final para los nacionalistas vascos, tanto moderados como radicales. Es una mera parada intermedia hacia el último destino, la independencia. Y si el PNV gobernante en Euskadi se olvida de ello, allí está ETA para recordárselo, con sus atentados y amenazas, dirigidos también a los nacionalistas tibios. Aquí conviene hacer un pequeño alto para abordar un punto fundamental para el nacionalismo vasco y su lucha por la independencia. Aun manteniendo los principios diseñados por Sabino Arana sobre la esencia, medios y fines del vasquismo, los ideólogos de ETA no podían ignorar dos cosas. Una, la irrupción de cientos de miles de españoles en su territorio durante las últimas décadas. Otra, su condición de marxistas, que les obliga a la solidaridad con la clase obrera, no importa su procedencia. Resuelven el dilema con la agilidad con que sus predecesores resolvieron otros parecidos: serán aceptados tan sólo aquellos españoles que colaboren en la lucha por la liberación vasca. Todo el que no lo haga, y no digamos ya los adheridos a una organización no nacionalista, serán considerados enemigos y tratados como tales. Por eso hay en los comandos de ETA apellidos españoles. Fíjense en los de los etarras más sanguinarios: abundan los Hernández, López, Díaz, Torres y Martínez. Los hijos e hijas de algunos trabajadores gallegos, extremeños o andaluces quieren ganarse así el derecho de ser vascos. Ya que no tienen pura sangre vasca, pueden «lavarla» derramando sangre española.

La estrategia ha tenido sus éxitos. El más importante de todos, haber atraído al PNV a la línea dura de los abertzales, hasta el punto de que firmaron un pacto con ellos (Lizarra, 1998). En qué medida influyó en ello el miedo —a fin de cuentas, los etarras no discriminan demasiado en sus blancos— y en qué medida una comunión última de objetivos —«Unos sacuden el árbol, otros recogen las nueces», dijo Arzalluz— es una cuestión que pertenece a la esfera privada de cada uno y suponemos que habrá de todo. Pero que esta aproximación del PNV es un gran triunfo de ETA está a la vista.

No obstante, ETA ha debido también pagar un alto precio por ello. En primer lugar, en prestigio, no sólo suyo, sino del entero mundo nacionalista. No se asesinan niños impunemente y, al hacerlo, ETA ha dejado de ser el movimiento de liberación que pretendía ser para colocarse a la altura del más brutal de los fundamentalismos. Son cosas que a la larga se pagan, aunque la organización terrorista parece decidida a pagar ese precio.

Aunque el error fundamental no es creer que la España de comienzos del siglo XXI es la Argelia o el Vietnam de 1960, sino aquel que vienen cometiendo inconscientemente o a sabiendas los nacionalistas vascos desde el principio: Euskadi no es, como dicen, un país ocupado. No existe comparación con Quebec o Irlanda del Norte, sus grandes referencias. Los vascos no son un pueblo oprimido. En Euskadi mandan, hoy más que nunca, los nacionalistas. Y si hay allí alguien perseguido, amenazado, «segregado», son los no nacionalistas, que constituyen la mitad de la población. A lo que puede añadirse que Euskadi es un país moderno, desarrollado, plural, donde los nacionalistas constituyen sólo una parte, y los nacionalistas radicales, una minoría. Esto significa que sus objetivos exclusivistas sólo podrán alcanzarse con una limpieza étnico-político-cultural que recuerde los peores tiempos de las guerras balcánicas. Pero es la estrategia que ETA está poniendo en práctica. El que no esté conmigo, está contra mí. Y con insultos, amenazas, secuestros y atentados contra todos los que se supone que no están en su línea, vascos y no vascos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, civiles y militares, trata de implantar el sueño de Sabino Arana de una Euskadi donde sólo vivan los vascos nacionalistas. El PNV, siempre un paso por detrás, busca una sociedad con dos clases de ciudadanos: los vascos de pleno derecho y los «otros», a los que se permitirá seguir viviendo allí pero ya como extranjeros. «Como los alemanes en Mallorca», según la frase, siempre oportuna, de Arzalluz. ¿Puede ocurrir algo así en la Europa del siglo XXI, en un país miembro de la Unión Europea, el club más exclusivo y democrático de la escena internacional? Teóricamente, no, y las condenas de distintas instituciones europeas del carácter «xenófobo» y «étnico» de parte del nacionalismo vasco advierten que un proyecto de este estilo no puede salir adelante. Pero hemos visto también tantas estupideces, tanto fanatismo, tanta cobardía, que debemos estar preparados para todo.

Aunque no es menos cierto que, tras haber perdido la razón moral, los nacionalistas empiezan a perder la política. Un partido, como Batasuna, que sirve de tapadera a una banda terrorista, no merece la cobertura legal y ha sido ¡legalizado! El propio PNV ha sido excluido de la Internacional Democristiana, que ayudó a crear, y de otras organizaciones de partidos de centro, de modo que cada vez más adquiere un papel de paria en el exterior. A su vez, dentro de España ha perdido prácticamente todo el prestigio que tenía como representante de un nacionalismo democrático, excepto para una Izquierda Unida que se apunta a todo con tal de recoger las migajas del poder. Y es que un gobierno que no garantiza la seguridad ni la libertad de sus ciudadanos no merece el respeto de ningún auténtico demócrata. Incluso en el propio País Vasco la oposición individual se ha ido convirtiendo en abierta rebeldía de los amenazados, como queda de manifiesto tras cada nuevo atentado. Desde el asesinato de Miguel Ángel Blanco, hemos asistido a una movilización cívica contra una situación asfixiante. Las víctimas, en lugar de callar y aguantar como hasta ahora, se han echado a la calle tras la pancarta del «¡Basta ya!», y denunciado abiertamente al PNV como cómplice de ETA, lo que arrebata a aquél sus dos joyas más preciosas. Por un lado, le expulsa del centro del conflicto vasco, en el que pretendía estar, para arrojarle a uno de los extremos, el de los que matan. De ahí sus esfuerzos desesperados de recuperarlo igualando «¡Basta ya!» y ETA. Por el otro, negándole la representación de todo el pueblo vasco que se arrogaba. Hoy ni siquiera tiene la de todos los vascos-vascos.

Hay vascos con diez apellidos vascos que rechazan un proyecto soberanista de ruptura con España. ¿Qué hacer con ellos? ETA, sencillamente, los elimina. El PNV, siempre sinuoso, los considera «michelines» superfluos. No dice que conviene eliminarlos, pero sin duda considera que sobran, pues no caben en el proyecto nacionalista, se han autoexpulsado del mismo. Ahora bien, el proyecto de una nación de este tipo resulta inadmisible en la Europa del siglo XXI. Las últimas guerras balcánicas sólo han dejado clara una cosa: no se acepta una nación étnica.

El PNV ha reaccionado a esta pérdida de posiciones y prestigio con una huida hacia adelante: un programa nacionalista de máximos, con la meta clara de la independencia. Aunque se le pone la hoja de parra de una «reforma del actual Estatuto», choca frontalmente con varios puntos de la Constitución española —nacionalidad y ciudadanía vasca, libre asociación con el Estado español, representación exterior, seguridad social propia, poder judicial totalmente autónomo, superioridad de las leyes vascas sobre las del Estado—, e incluso no tiene cabida en la Constitución europea que se está gestando. Pese a ello, el lehendakari Ibarretxe se ha marcado un calendario de ejecución de su plan y Arzalluz ha advertido que la única alternativa al mismo es la independencia. Esperan contar con el apoyo de todos los nacionalistas, moderados y radicales, con la complicidad de Izquierda Unida y la no beligerancia del PSOE. Su primer problema es que un programa tan maximalista resulta difícilmente digerible para todos los vascos, empezando por los empresarios, que ya han advertido de los daños que puede causar a su economía. El segundo, que si quieren cumplir, como dicen, todos los trámites legales, no van a superarlos, empezando por la ratificación del Parlamento español y terminando por la diputación foral de Álava, que ha presentado recurso contra el Plan por defecto de forma y fraude de ley. También lo ha hecho el gobierno central ante todos los tribunales pertinentes, con la amenaza añadida de reformar el Código Penal para convertir en delincuente a todo cargo público que vulnere la Constitución. Lo malo es que las autoridades vascas no reconocen la jurisdicción de ningún «tribunal español».

¿Qué puede hacerse ante ello? ¿Meter en la cárcel a Ibarretxe? Nada les gustaría más. La foto del lehendakari esposado entre dos guardias civiles sería presentada como prueba de lo que proclaman y no es cierto: que están subyugados por España. Pero tampoco el Estado puede cruzarse de brazos ante tamaño desafío. Quiero decir que la situación, aparte de explosiva, es peliaguda. Y por si todo ello fuera poco la ya citada batalla a muerte que libran PP y PSOE, olvidando que el verdadero enemigo es un nacionalismo excluyente, pese a sus disfraces, y violento, pese a sus jeremiadas. El divorcio de los dos grandes partidos constitucionales ante un tema tan crucial es, sencillamente, suicida. Suicida para ellos y suicida para la nación española, cuya defensa, y la de los ciudadanos amenazados, se deja a cargo de un solo partido. Demasiado poco ante el asalto combinado de fuerzas que escatiman en medios. «¿Cómo puede llamarse a la rebelión ciudadana (contra el terrorismo y quienes están tras él) sin el respaldo unitario de esos dos partidos?», se pregunta tan angustiado como contrariado el catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad del País Vasco Aurelio Arteta. Y recuerda a los socialistas vascos que hace año y medio declaraban solemnemente que «la vida y la libertad son exigencias tan básicas, tan primarias y tan urgentes, que no admiten diferencias partidistas». José Luis Rodríguez Zapatero ha rechazado, no una, sino varias veces, el Plan Ibarretxe. Pero al mismo tiempo sigue distanciándose del PP y buscando una equidistancia entre éste y el PNV En una situación normal sería lógico. Pero la situación que reina hoy en el País Vasco es todo menos normal, aparte de que nos encontramos ante un auténtico golpe de Estado a plazos. Ibarretxe trata de conseguir, escalonada y legalmente, lo mismo que ETA con sus bombas: la separación de España. Cuando se ha puesto sobre el tapete algo tan grave como la secesión, hablar de profundizar en el estatuto, de diálogo con el PNV, al mismo tiempo que se negocian alcaldías con él, en vez de resolver la crisis, la agrava, al dar alas a los que van a por todas. Lorenzo Contreras lo ha dicho con esa prosa conceptual que se gasta: «El Plan Ibarretxe no puede sentirse inquietado, más bien esperanzado, por la política del PSOE».

Es por lo que no conviene hacerse ilusiones y hay que estar preparado para todo. Estamos ante un conflicto muy viejo, muy enquistado, tal vez con un cáncer con el que tengamos que vivir. O morir. Lo peor del mismo es el ingrediente de leyenda, irracionalidad y atavismo que encierra. Dado que viene envuelto de visceralidad, con el nacionalismo vasco no sirve ni la razón ni apelar a la historia, pues, como apunta Juaristi, es «intrahistórico», transcurre por debajo de ella. Ni siquiera sirve derrotarle, porque vive del victimismo, y cuantas más derrotas cosecha, más justificado se cree. En realidad se alimenta de ellas. Dicen que el amor se cura con el tiempo. Pero ¿se cura el odio? Parece que no, que es al revés. El tiempo lo alimenta. Y el nacionalismo vasco se fundamenta en el odio. Odio a lo español, ese hijo espurio que le ha salido. El odio sólo puede acabar con la muerte. Es lo que está proclamando ETA a todas horas, en todas partes.

Para el resto de los españoles, al drama se une la impotencia: ¿cómo luchar contra quien es más español que uno mismo? Pues ¿han visto ustedes algo más castizo que la chulería de Otegui, más tridentino que la militancia de Arzalluz, más parecido a las viejas procesiones que una manifestación nacionalista por las calles de cualquier villa o ciudad de Euskadi?

20
Galiza

Si el nacionalismo catalán se basa en la lengua y el vasco en la sangre, el gallego nace da terra. La saudade no es más que dolor de ausencias del paisaje que se dejó detrás. Rosalía lo expresó como nadie:

Miña terra, mina terra,

terra donde me eu criéi,

hortiña que quero tanto,

fingueiriñas que plantéi.

… … … … … …

Non me olvides, queridiña,

si morro de soidás.

«¿E da terra?», es lo primero que preguntan los gallegos cuando se encuentran, por esos mundos de Dios, con alguien vagamente familiar. Y si lo es, se establece de inmediato una corriente que arranca del orvallo sobre la cara y de las nubes prendidas en el follaje del castaño. Es tan fuerte todo eso que el gallego se lo lleva en su maleta cuando sale por el mundo y nunca le abandona, como no le abandonará el dulce acento, de forma que puede decirse que el gallego nunca deja Galicia por lejos que se vaya, pues la lleva dentro. Es el suyo, desde luego, uno de los nacionalismos más fuertes y profundos, y les asombrará saber que hay más gallegos que hablan su idioma que catalanes el suyo, y no digamos ya vascos. Lo que pasa es que no presumen de ello. Al revés.

Pues hay una diferencia fundamental entre el nacionalismo gallego y estos otros dos. Mientras los nacionalismos catalán y vasco se apoyan en un sentido de superioridad sobre el resto de los españoles, el nacionalismo gallego parte de un sentido de inferioridad, de autocompasión. «Nos tratan mal. Se ríen de nosotros», es su queja generalizada. Por muy orgullosos que estén los gallegos de serlo, por más que amen su patria, su lengua, su terca, siempre habrá en ellos la queja de ser tratados despectivamente, de no ser reconocidos como iguales. También lo dijo Rosalía como nadie, cantando a los gallegos que iban a segar a Castilla:

Castellanos de Castilla,

tratade ben os gallegos;

cando van, van como rosas;

cando vén, vén como negros.

La «lástima de sí mismo», característica de todo nacionalismo, aparece en el gallego más fuerte que en ningún otro. El nacionalismo gallego surge después de los otros dos, siendo en buena parte reflejo de ellos, del catalán especialmente. En 1907 nació Solidaridad Gallega —influida, incluso en el nombre, por Solidaritat Catalana—, que organizó un gran mitin en Betanzos, pero su vida fue corta. Hay que esperar a 1916 para ver surgir las Irmandades da Fala, de carácter intelectual, aunque buscando el contacto con el pueblo, que en Galicia es eminentemente campesino. Los nacionalistas catalanes continuarán interpretando el papel de tutores hasta nuestros días, como lo demuestra el hecho de que la primera cátedra de gallego fuera de Galicia se estableciese en la Universidad de Barcelona, poco después de la última transición democrática. El radicalismo del nacionalismo vasco, sin embargo, tiene cierto atractivo para los nacionalistas gallegos de la última hornada, mucho más decididos y exigentes que sus predecesores. Así, el BNG, más conocido por el «Bloque», bascula entre CiU y el PNV, con más puntos de contacto con éste que con la coalición catalana en algunas cuestiones clave, como son las relaciones con el gobierno central. Pero no adelantemos acontecimientos y hagamos el recorrido histórico habitual, para no perdernos en el laberinto nacionalista.

Galicia fue desde la Edad Media una de las regiones más olvidadas de España debido a su alejamiento y a los obstáculos orográficos que dificultaban el acceso a ella. Ya hemos dicho que el último de los grandes puertos montañosos, el de Piedrafita, no fue salvado por una moderna autovía hasta 2002.

El alejamiento trajo la perpetuación de instituciones y formas de vida arcaicas incluso para España, que nunca ha sido ejemplo de modernidad. «Galicia es víctima de tres empobrecimientos —me dijo en el Berlín del Muro Felipe Fernández Armesto, Augusto Assía, uno de los gallegos más universales que he conocido—: el empobrecimiento de la tierra, traído por el minifundio; el empobrecimiento del feudalismo, que sobrevivió de una forma u otra hasta nuestros días, y el empobrecimiento de la gente, pues los más fuertes, los más emprendedores emigraban a América». Ello trajo un retraso en prácticamente todo, incluido el nacionalismo, que hubo de luchar contra otros dos obstáculos importantes, el de un clero no ya preconciliar, sino pretridentino, opuesto a cualquier tipo de reforma que amenazase su puesto preeminente en aquella sociedad rural, y el de unas élites urbanas que elegían el funcionariado como vehículo de ascensión social. Los gallegos ilustres fueron militares, marinos, catedráticos, notarios, o sea, servidores del Estado español, si es que no se iban a Madrid para dedicarse a la política, con éxito muchos de ellos. «No hay gobierno sin un par de ministros gallegos», se decía con guasa y cabreo entremezclados en el siglo XIX. Lo malo era que esos ministros gallegos seguían practicando más clientelismo que galleguismo: un favor a éste, un puesto al otro, una concesión al de más allá, siempre, naturalmente, que perteneciesen a su partido, pero sin pensar nunca en Galicia en su conjunto. Era éste un caciquismo ministerial, que nunca podría sustituir a una política nacional. De ahí el odio que han profesado siempre los galleguistas hacia estos personajes.

En tales condiciones, ya no extraña tanto que el nacionalismo gallego sea tardío. En 1916, como queda dicho, un grupo coruñés, capitaneado por los hermanos Vilar Ponte, decide organizar la primera Irmandade dos Amigos da Fala. Antonio Vilar Ponte publica poco después Nacionalismo gallego. Nuestra afirmación regional, que puede considerarse la partida de nacimiento del nacionalismo gallego. Subrayamos de él dos cosas: que está escrito en castellano y que se habla de «afirmación regional», un grado inferior a «nacional». De todas formas, la intención es clara: despertar en torno al idioma gallego la adormecida conciencia galleguista. Para ello, lo más importante era promover el uso de la lengua materna, despertar el amor hacia ella, rescatándola del abandono e incuria en que se encontraba. O si lo prefieren, conseguir que dejase de ser el medio de expresión de la servidumbre a que había sido confinada, pues, a partir de la clase media, sólo se hablaba castellano e incluso las madres procuraban que sus hijos no adquiriesen las expresiones y acento que les enseñaban las criadas.

De 1916 a 1936, las Irmandades van proliferando en las capitales de provincia y consiguen éxitos limitados, aunque importantes, al atraer a intelectuales que en otro caso hubieran ido al arca común de la cultura española. Eran hombres de sólida preparación, completamente bilingües, pero que reservaban para el gallego lo más cuidado de su pensamiento y de su pluma: Otero Pedrayo, Cavanillas, Carballo, Calero. Otros, como Eugenio Montés, tras unos brillantes inicios en gallego, pasarán a escribir en castellano, como parece ser el destino de tantos escritores de su tierra. Piénsese en Valle-Inclán o Cela, que han dado al español la dimensión poética del gallego, pero que han hecho poco o nada en y por éste.

En el grupo de las Irmandades destaca, en lo concerniente a la cuestión que nos interesa, Vicente Risco, un profesor de historia especializado en los aspectos más antropológicos de ésta. Su Teoría do nacionalismo galego (1920) es considerada la Biblia del mismo, y ha sido reeditada profusamente, tanto en Galicia como en América. Nos vamos a concentrar en esta obra, pues en ningún otro lugar veremos reflejados tan fielmente el alma, sentido y objetivos del nacionalismo gallego.

Tras un rápido vistazo panorámico al nacionalismo del siglo XIX y principios del XX, Risco se plantea las «cuestiones candentes» de Galicia: ¿Cuáles son las características de su «raza»? ¿Le conviene seguir siendo una nación (interesante salto desde la región) agrícola o le interesa convertirse en una industrial? ¿Reivindica la zona carbonífera de Ponferrada? ¿Fomenta los sindicatos agrarios? ¿Le conviene reconstruir los concejos municipales? Para pasar a la cuestión básica: la relación con España. Ahí, Risco se detiene para hacer una consideración: hay dos modelos de España, el oficial, centralista, que es contestado por todos, y el «vital», que reconoce el conjunto de sus diversas nacionalidades internas. Risco aboga, naturalmente, por el segundo modelo, y tras este rodeo, coge el toro por los cuernos: ¿Queremos que Galicia se separe de España? Para responder: de la primera, sí; de la segunda, no. Desea que desaparezca el Estado unitario y que se cree una España donde convivan democráticamente sus distintos pueblos. «Nuestro arel no es separatista», repite poco después, aunque rechaza, por pacato, el «regionalismo», y elige el «nacionalismo».

¿En qué consiste entonces el nacionalismo gallego? Pues en «la reconstrucción espiritual, política y económica de Galicia», para lo que se necesita dotarla de una autonomía que encauce y fomente dicha reconstrucción, ya que de Madrid y de los partidos de ámbito nacional no debe esperarse. Los gallegos tienen que hacerse dueños de su propio destino, poniendo su idioma al nivel del castellano, acabando con el caciquismo y promoviendo los productos gallegos dentro y fuera de su país, para sacar de ellos el mayor provecho posible. En resumen, sin lanzar el grito de «Galicia para los gallegos», Risco defiende una «Galicia de los gallegos», que mire para sí antes que para otros, en los terrenos cultural, político y económico. A efectos prácticos, esto significa un estatuto de autonomía para Galicia que legitime su hecho diferencial y permita a los gallegos ocuparse de sus propios asuntos dentro del Estado español. La proclamación del gallego como idioma oficial dentro de Galicia será condición indispensable para el reconocimiento de la personalidad de ésta. A lo que se añaden las viejas reivindicaciones de mejores comunicaciones, tanto dentro de Galicia como con el exterior, industrialización de sus productos naturales y promoción de los mismos en el resto de España y el mundo.

No puede decirse que fuera un programa de máximos para un nacionalismo, lo que tal vez hizo que no llegara a despertar demasiado entusiasmo entre su gente ni demasiada alarma en Madrid. Por eso los galleguistas siguieron confinados a la esfera intelectual. Es más, ya con la Segunda República a la vista, surge un nuevo grupo, la ORGA, Organización Republicana Gallega Autonomista, de bastante más pujanza. Pero no era en realidad un partido nacionalista, sino un aliado de la Izquierda Republicana de Azaña, capitaneado por Casares Quiroga y compuesto principalmente por profesionales, muchos de ellos relevantes. Lo que les diferenciaba de los nacionalistas puros era que creían que Galicia podía sacar mucho más provecho uniéndose a un partido progresista de ámbito nacional que yendo en solitario. Uno de sus prohombres, el ya citado don Emilio González López, catedrático de Derecho Penal y diputado por La Coruña en las tres legislaturas de la República, me contó durante su exilio en Nueva York un hecho significativo: consiguió su acta —concretamente contra el marqués de Ribaduya, padre del general Alfonso Armada, que sería jefe de la Casa Militar de Don Juan Carlos— apoyado por los «indianos», los gallegos que habían regresado de América tras hacer fortuna. Aquellos hombres, liberales casi todos, convencidos de que Galicia necesitaba un cambio, pensaban también que la mejor forma de hacerlo era de la mano de un gran partido progresista español, en vez de intentarlo por su cuenta. Que algo consiguieron lo demuestra el hecho de que cuando estalló la guerra civil se estaba preparando el estatuto de autonomía para Galicia. Aunque también es verdad que todo se quedó en el intento. Y aquí tenemos que hacer un alto para abordar un factor determinante y exclusivo del nacionalismo gallego. Me refiero al componente americano que existe en todo gallego, incluidos los que no han pisado América. Siempre tendrán algún pariente allí. Galicia es la comunidad española con más lazos con Hispanoamérica, debido a la gran corriente emigratoria gallega que se produjo hacia aquellos países, hasta el punto de que Camba —que también emigró en su juventud— decía que Buenos Aires o La Habana estaban más cerca de La Coruña o Vigo que Madrid. Pero en Hispanoamérica el gallego se convierte en español, o incluso al revés, el español se convierte en gallego, como ocurre en Argentina. En cualquier caso, al gallego le resulta mucho más difícil dejar de ser español, por fuerte que sea su galleguismo, que al vasco o al catalán. Y esto ha determinado siempre su forma de nacionalismo, no voy a decir más débil, pero sí menos refractario que los otros dos.

Pero sigamos con su andadura histórica. Guerra y posguerra lo congelan por completo. Franco, aunque gallego, no hizo prácticamente nada por Galicia, pese a haber sido ésta una de sus piezas básicas para ganar la guerra. Comparado con lo que de su régimen recibieron Cataluña, el País Vasco, Asturias e incluso Extremadura, Galicia se quedó en ayunas. No hablamos, naturalmente, de desarrollo político, vedado para todos, sino de infraestructuras, pues siguió teniendo las que tenía, mientras que otras partes de España mejoraron las suyas. Galicia tuvo que esperar a la Transición para recibir su estatuto de autonomía y para iniciar su despegue económico, apoyada en un hecho inesperado: la mala situación de Hispanoamérica hace que la emigración hacia allí decrezca hasta paralizarse por completo. La consecuencia es de cajón: los gallegos más emprendedores, en vez emigrar, se quedan en casa, y empiezan a «hacer las Américas» en ella, con resultados espectaculares. Galicia es, con la Comunidad Valenciana, la autonomía española que más ha cambiado, para bien, en los últimos años. Naturalmente, ha ayudado la ejecución de un plan de infraestructuras —especialmente comunicaciones, con autovías, puertos y aeropuertos—, que permite la salida de mercancías a un precio y velocidad que las hace rentables.

Tanto es así que si comparamos las reivindicaciones de los nacionalistas tipo Risco y la situación actual de Galicia nos damos cuenta de que se han cumplido en su inmensa mayoría. ¿Significa eso que el nacionalismo gallego actual se da por satisfecho? En modo alguno. Sigue pidiendo mayores poderes y atribuciones. Pero su estancamiento electoral y las diferencias dentro del Bloque, entre un ala dispuesta a colaborar con fuerzas no nacionalistas y otra que se resiste a ello, demuestran dos cosas: que si el nacionalismo cesa de reclamar, como el ciclista que cesa de pedalear, se cae. Y que el nacionalismo gallego es diferente al vasco o al catalán. O tal vez la diferente sea Galicia, una prueba más de la pluralidad de España.

Recientemente, el hundimiento del Prestige y la llegada de la marea negra a esas costas dieron alas al nacionalismo, al permitirle airear las viejas llagas: el desdén del gobierno central; la incompetencia de las autoridades; el mancillamiento da terra (e do mar, que en Galicia vienen a ser lo mismo); la postergación; las humillaciones. Nunca máis fue así una plataforma más política que económica o ecológica, y logró un notable éxito ciudadano, al hacerse portavoz de una doliente y difusa reivindicación popular. Por un momento pareció incluso capaz de convertirse en plataforma del galleguismo militante. Pero las elecciones del 25 de mayo de 2003 mostraron que, aunque los gallegos siguen considerándose agraviados, la mayoría no piensa que los agravios son suficientes para una movilización contra el Estado de las Autonomías, y menos aún para rechazarlo. Quieren extraer el máximo de él, pero no abandonarlo ni dinamitarlo. Por eso, el Nunca máis se ha convertido en Máis de Madrid. Eso no constituye exactamente un programa nacionalista, pero ésa es la tragedia de los nacionalistas gallegos: el pueblo les sigue más con el corazón que con el voto.

Pese a las diferencias notables entre ellos, los tres «nacionalismos históricos» que hay en España pueden exhibir unos progresos y una pujanza que ni los más optimistas de entre sus representantes hubieran imaginado hace sólo unas décadas. El que no se den por satisfechos no impide que el País Vasco tenga tanto o más autogobierno que cualquier otra región autónoma de Europa y que tanto Cataluña como Galicia hayan sobrepasado con mucho el estatuto recibido una o que estaba a punto de recibir la otra de la República. Nada de ello, sin embargo, impide que tengan problemas comunes, algunos serios. El primero de ellos es el de su identidad. El dilema del nacionalista hoy es que si acepta a los de fuera, a los «no vascos», a los «no catalanes» o a los «no gallegos» (aunque en el caso de Galicia apenas se da por no tener inmigración, aunque terminará teniéndola si sigue creciendo), pierde su esencia. Pero si no los acepta, va contra corriente en la aldea global hacia la que caminamos. El nacionalismo es diferencia, mientras el mundo se hace cada vez más mestizo, lo que disminuye el hecho diferencial, base de los nacionalismos.

Un problema todavía mayor les plantea su pretensión de alcanzar sus «fronteras naturales», incorporando territorios vecinos. Para el País Vasco es crucial, dada la pequeña extensión de sus tres provincias. Navarra, sin embargo, ha dicho no una vez, sino ciento, que quiere continuar como está. Y que es también el sentimiento mayoritario en las dos provincias vasco-francesas no cabe la menor duda. Eso por no hablar de que, muy posiblemente, la mayoría de los alaveses no se unirían al proyecto nacionalista.

En Cataluña ocurre algo parecido, aunque siempre con la falta de virulencia propia de su carácter. El proyecto de los Paños Catalans lanzado por Pujol suscitó la enemiga Valencia, que reivindica su propia personalidad y en donde se acusa a Cataluña de imperialismo, sosteniendo que el valenciano es un idioma, no un dialecto del catalán, y habiendo tomado muy a mal que se hayan apropiado de Tirant lo Blanc, la obra de su Joanot Martorell. En cuanto a la Cataluña francesa, el Rosellón y el Midi-Pyrinées, las posibilidades son aún menores. Los catalano-franceses, como los vasco-franceses, son en su inmensa mayoría franceses antes que nada. Como queda dicho, Pasqual Maragall ha desenterrado por su parte el viejo reino de Aragón, no sabemos si como alternativa a los Paños Catalans o como entidad completamente nueva. Está por ver en qué consistiría, cuáles serían sus lazos con el Estado español y dónde encajaría en él la nació catalana. Pero que tienen difícil encaje no ya en el Estado español, sino en la Unión Europea, está a la vista.

Galicia no ha hecho reivindicaciones externas, en todo caso la zona leonesa del Bierzo. Pero ésta, junto a su parte gallega, quiere su propia autonomía, no unirse a Galicia, como comprueba el viajero que cruza la zona en las pintadas hechas al borde de la carretera. Está, sí, la vieja ilusión de algunos nacionalistas convencidos de que el destino natural de Galicia es unirse a Portugal. Pero aquí ocurre algo curioso: Portugal no está interesada en esa unión. Significaría aceptar los problemas españoles, y si algo ha procurado Portugal a lo largo de su historia es mantenerse alejada de España. Incluso los portugueses prefieren hablar español con los gallegos en vez de en gallego, para marcar diferencias, pese a que portugués y gallego son dos idiomas muy próximos. Las «nacionalidades históricas», en fin, deberían conformarse con vivir en sus actuales límites si alcanzaran un día su independencia, lo que pone un interrogante sobre su viabilidad como Estados-naciones, aparte de las dificultades que tendrían para que una Europa que tiende a unir y no a dividir las reconociera como tales.

Epílogo
Esperanzas sin ilusiones

Como ven, si el nacionalismo español está prácticamente en la UVI, los «históricos» y no tan históricos tampoco gozan de buena salud, pese al auge alcanzado en los últimos tiempos y al denodado esfuerzo de sus representantes. Sus contradicciones internas, por un lado, y la globalización en marcha, por el otro, les crean dificultades que hasta el momento nadie ha sabido resolver. Y lo primero que se le ocurre a uno es si tanta debilidad por todas partes no podría conducir a un compromiso entre ellos, como suele ocurrir con los enemigos que, hartos de pelear, buscan un modus vivendi. ¿Y qué mejor modus vivendi que el Estado de las Autonomías, casa común de los distintos nacionalismos y solar a su vez de otro nacionalismo más amplio y abierto? Debería haber sido la solución del conflicto, la cuadratura del círculo, con un nacionalismo íntimo, a ras de tierra, y otro más amplio y general. Lo malo es que los nacionalismos, como los grandes amores, parecen autoexcluirse: si se es nacionalista de algo, no cabe serlo de otra cosa. Así resulta muy difícil compaginar el amor a la patria chica con el de la patria grande. O uno u otro, nos dicen los grandes sacerdotes nacionalistas. Por eso creo que la única forma de conjugarlos es dejarse de dobles lealtades y de dobles conciencias, de un nacionalismo genérico y otro para andar por casa, y empezar a pensar que el nacionalismo catalán, el vasco, el gallego, el andaluz y todos los demás son parte esencial del nacionalismo español, hasta el punto de que éste se evaporaría sin ellos, al ser la suma de todos. Sólo así podríamos salir de la antinomia. Para ello, sin embargo, se necesita algo que los españoles, incluidos los que no se consideran como tales, tenemos poco: flexibilidad y paciencia. Debe haber concesiones por todas partes, de España especialmente, por ser la mayor. Ya lo ha hecho en buena parte, creando el Estado de las Autonomías. Pero el Estado de las Autonomías, en el que tantas esperanzas habíamos depositado, se ve cuestionado frontalmente por el Plan Ibarretxe e, indirectamente, por cuantos piden la reforma de sus estatutos, lo que comportaría una ordenación territorial completamente nueva. Y la cuestión hoy candente es: ¿Sigue sirviéndonos el Estado de las Autonomías o se ha quedado anticuado? ¿Ha sido la fórmula para articular España o el mecanismo para terminar de desarticularla? Habrá que esperar acontecimientos, pero salta a la vista que estamos en una encrucijada de la historia y la vida españolas, y también ante un problema demasiado profundo para resolverlo con meras disposiciones administrativas. Se necesita un reconocimiento sincero de la pluralidad del Estado español y, a la vez, de la realidad de España. Algo que sólo puede lograrse con la participación de todos, o por lo menos de la inmensa mayoría. A España tenemos que hacerla los españoles. Si esperamos que nos la den hecha los políticos, no se hará nunca. Los políticos, en el mejor de los casos, nos pondrán las bases para hacerla. En el peor, la cuartearán aún más de lo que está con sus luchas partidistas. Tenemos que hacerla nosotros. Y tenemos que hacerla con pruebas palpables de que hemos dejado atrás una interpretación particularista de nuestro país y de que tan español es el seny catalán como la sobriedad castellana, la franqueza aragonesa, la cautela gallega, la gracia andaluza, la dulzura canaria, el dinamismo valenciano, el internacionalismo balear, y tantos otros rasgos diferenciados, pero no incompatibles, que forman el acervo común de todos los españoles, que deben sentirlos como propios. No bastan los meros pronunciamientos, por solemnes u oficiales que sean. Son necesarios también gestos que convenzan a los «nacionalistas» de que los «españoles» deseamos compartir con ellos el proyecto común. Viajar por España, por ejemplo, en vez de por países exóticos, para descubrir la variedad de sus gentes, tradiciones y culturas. Y, estando allí, participar, vivirlo, no limitarse a hacer fotos de turista. Sería también más que conveniente que en la enseñanza media se enseñase una de las lenguas autonómicas —que son también lenguas del Estado—, a elegir entre ellas. Ya veo a algunos torcer el gesto y decirme que es mejor estudiar inglés. Pero el inglés que se estudia en el bachillerato no sirve para nada, como sabemos todos, mientras que el catalán, el gallego o el vasco que se estudiaran servirían para saludar a éstos en su idioma, incluso para mantener una corta conversación con ellos, demostrándoles que no sólo reconocemos su peculiaridad sino también que la asumimos como nuestra. Sólo algo así podría desmontar la tremenda desconfianza creada entre los españoles, que, además, no va a menos, sino a más, en parte por viejos prejuicios, en parte por errores recientes. Pienso que el último fue no apoyar la candidatura de Miquel Roca. Un nacionalista moderado en la presidencia del gobierno español nos hubiera ahorrado montones de problemas. Sin embargo, fueron muchos los que no le votaron precisamente por ser catalán. ¡Y luego se quejan! Pero nada se consigue llorando sobre la leche derramada, como dicen los estadounidenses. Lo que conviene es no volverla a derramar.

No hay que olvidar tampoco que el nacionalismo es un sueño, un ansia, una potenciación de la personalidad individual. El individuo, que aislado sufre sus limitaciones personales se siente realizado en una entidad superior, en la historia, hazañas y glorias de la nación a que pertenece. En ese sentido, nada ayudaría más a cerrar el proceso nacional español como el éxito de España en el concierto de las naciones. Recuerden que nuestros problemas interiores comenzaron con nuestros fracasos exteriores. Nadie quiere pertenecer a una empresa en bancarrota. Pero por la misma regla, nadie quiere quedarse al margen de una empresa con éxito. Si los vasco-franceses o los catalano-franceses se sienten más franceses que vascos o catalanes es porque Francia les ofrece más de lo que pueda ofrecerles un Estado-nación vasco o catalán. Si España se lo ofreciera a vascos y catalanes ocurriría exactamente lo mismo. Lo malo es que durante los últimos siglos no les ha ofrecido más que fracasos y golpes, parte de ellos propinados a sí misma. ¿Quién va a sentir ganas de unirse a ese proyecto? Sólo el éxito del mismo movería a participar en él. No se trata de hacer de España una gran potencia. Ya lo fuimos —de hecho, la primera mundial— y no nos fue nada bien. Se trata de crear en ella las condiciones de libertad, nivel de vida, justicia y cultura que la hagan acogedora e incluso deseable tanto para los españoles como para los extranjeros.

Las condiciones materiales ya se cumplen. España es hoy, finalmente, un país moderno, comparable a cualquiera de los de su entorno. Funcionan el teléfono, la recogida de basura, el suministro de agua, los aires acondicionados, los trenes, los aviones, la sanidad pública, el pago de pensiones. Hay fallos en todo ello, debido unas veces a la incompetencia, otras, a la misma complejidad del sistema. Pero no más que en las naciones punteras —Francia, Alemania, el Reino Unido—, que tampoco son lo que eran, como demostró la sanidad francesa el pasado verano, los apagones en Londres o los problemas presupuestarios alemanes. Aparte de que la benignidad de nuestro clima iguala o supera las diferencias que aún puedan quedar.

¿Qué nos falta, pues, para ser una nación moderna? Pues nos falta voluntad de serlo, confianza en nosotros mismos, visión abarcadora de nuestra entera realidad. ¡Con lo satisfechos que deberíamos estar los españoles de tener, en un mundo que va hacia la policromía, un país tan diverso, tan variado, en climas, en paisajes, en temperamentos! Un país que incluye dos archipiélagos de fábula, un norte húmedo, un soleado sur, pinos y palmeras, mares y cordilleras, vegas y mesetas, que lo convierten en un continente en miniatura. Y encima, ya plenamente incorporado a Europa, desarrollado, con una democracia estabilizada y un nivel de vida que poco o nada tiene que envidiar al de los más avanzados. Pero para completarse como nación necesita que sintamos todo eso como propio, no como ajeno. ¿Lo conseguirá? ¿Lo conseguiremos? No me atrevo a contestar, por las razones sobradamente expuestas a lo largo de estas páginas. Y aquí les dejo, pues si España como nación está inacabada, este libro, por fortuna para ustedes y para mí, tiene que terminar.

Fechas claves en la vida de la nación española

Hacia el 750 a. C. Tartessos, el primer reino peninsular, entre la leyenda y la historia.

416. Eurico, rey autónomo de la prefectura de las Galias, a la que pertenece Hispania, rompe sus lazos con Roma.

589. Tercer Concilio de Toledo: Recaredo se convierte al catolicismo, unificando la fe de sus dominios. Punto de partida para algunos historiadores de la nación española.

711. Batalla de Guadalete e invasión árabe.

722. Batalla de Covadonga, inicio de la Reconquista.

1414. Concilio de Constanza, donde se integra a todos los participantes de la península Ibérica en un «grupo español».

1469. Matrimonio de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón, que dará lugar a la unificación de la mayor parte del territorio peninsular cuando accedan al trono.

1492. Conquista de Granada, que pone fin al dominio árabe. Descubrimiento de América. Expulsión de los judíos.

1512. Fernando el Católico, ya como regente, conquista Navarra, con lo que quedan unidos todos los reinos cristianos españoles de la Península.

1521. Batalla de Villalar, en la que Carlos I derrota a los comuneros, lo que le permite proseguir su política imperial.

1525. Batalla de Pavía, en la que Francisco I de Francia es hecho prisionero.

1557. Nueva victoria en San Quintín contra los franceses, que se repetirá en Gravelinas en 1558.

1568. Primera sublevación de los Países Bajos, que cuatro años más tarde se hace general, para declararse en 1581 independientes.

1571. Batalla de Lepanto contra los turcos. Posiblemente representó la cúspide del poderío español, aunque sus efectos prácticos no fueron tantos ya que los piratas turcos y berberiscos continuaron activos en el Mediterráneo.

1581. Incorporación de Portugal a la Corona española.

1588. Derrota de la Armada Invencible.

1591. Decapitación de Juan de Lanuza, justicia mayor del reino de Aragón, a cuyos fueros se había acogido en su huida Antonio Pérez.

1598. Publicación en París de las Relaciones de Antonio Pérez, base de la Leyenda Negra.

1640. Levantamiento de Cataluña y Portugal contra las medidas unificadoras del conde-duque de Olivares. En la primera, la rebelión sería sofocada, mientras que la segunda se separaría definitivamente de España.

1640. Paz de Westfalia, que sanciona el ocaso de España en Europa.

1659. Paz de los Pirineos, en la que se cede a Francia el Rosellón y parte de la Cerdaña.

1701-1714. Guerra de Sucesión española, en la que luchan las principales potencias europeas. Finaliza con el acceso al trono español de los Borbones y la pérdida de Gibraltar y Menorca (ésta recuperada más tarde) a manos de los ingleses.

1707-1716. Abolición de los fueros y órganos de autogobierno de Aragón, Valencia y Cataluña mediante los Decretos de Nueva Planta.

1759-1788. Reinado de Carlos III, con reformas en los campos económico, cultural, de comunicaciones y militar.

1805. Batalla de Trafalgar, en la que queda destruida la Armada española.

1808-1814. Guerra de la Independencia contra la ocupación francesa.

1811. Venezuela y Paraguay se declaran independientes, abriendo el camino para que el resto de las colonias continentales americanas se desvinculen de España.

1812. Cortes de Cádiz y primera Constitución genuinamente española.

1814. Regreso de Fernando VII, que deroga la Constitución.

1833. Primera guerra carlista.

1835-1836. Desamortización de Mendizábal.

1839. Abrazo de Vergara.

1868. Revolución conocida como la Gloriosa.

1869. Constitución de espíritu abiertamente progresista.

1873. Primera República.

1874. Restauración, con Alfonso XII como rey y Antonio Cánovas como tutor de la misma.

1898. Guerra de Cuba y pérdida de las últimas colonias ultramarinas. Generación del 98.

1923. Dictadura de Primo de Rivera.

1931. Segunda República, con nueva Constitución, que da vía libre a los estatutos de Cataluña, País Vasco y Galicia.

1936-1939. Guerra civil, con victoria del general Franco, que establece un mandato personal sobre el país.

1975. Muerte de Franco. Juan Carlos I es proclamado sucesor.

1976. Don Juan Carlos proclama en una sesión conjunta de las dos cámaras estadounidenses que quiere ser «el rey de todos los españoles». De regreso a España nombra presidente del gobierno a Adolfo Suárez, que inicia un período de rápidas reformas.

1978. Se aprueba la Constitución pactada entre los distintos grupos políticos, que «reconoce la unidad indisoluble de la Nación Española» al tiempo que «garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran».

2003. El Estado de las Autonomías es cuestionado por el Plan Ibarretxe de Libre Asociación con el Estado español. Otros políticos, no todos ellos nacionalistas, piden la reforma de sus respectivos estatutos de autonomía.