A mi mujer, Ana

A mis hijos, José María, Ana y Alonso

A mis nietos, Alejandro, Rodrigo, Pelayo, Alonso y Valvanuz

PRÓLOGO

Mayoría absoluta

El éxito de un proyecto para España

«Está en el manual del buen político, presidente. Tienes que adelantar las elecciones generales.» Eso me decían prácticamente todos mis colaboradores, y ésa era la opinión casi unánime de comentaristas y opinadores. Me animaban a aprovechar el éxito de la entrada de España en el euro para ampliar la mayoría parlamentaria del Partido Popular y consolidar nuestra posición política. Las intenciones de todos ellos eran buenas, y su razonamiento, lógico. Habíamos trabajado con éxito razonable por el país, y ahora teníamos la posibilidad de recoger en las urnas los frutos de nuestro esfuerzo. Pero también había argumentos para agotar la legislatura, argumentos que a la hora de tomar la decisión fueron para mí más poderosos.

El primero era la coherencia. Yo siempre había dicho que mi deseo y objetivo era cumplir el mandato que nos habían otorgado los españoles, y ese mandato era para gobernar cuatro años. En el primer Consejo de Ministros que tuve el honor de presidir, en mayo de 1996, le había dicho a mi nuevo equipo: «Tenemos dos obligaciones: cambiar España y perdurar». Algunos habían interpretado aquellas palabras como una declaración retórica más, propia del momento. La realidad era que expresaban un propósito muy meditado y muy firme.

El segundo era la estabilidad política. He sido siempre un decidido partidario de la estabilidad política. Lo soy ahora y lo era entonces, cuando en España no existía aún lo que podríamos llamar una «cultura» de la estabilidad. Tanto la Unión de Centro Democrático (UCD) como el Partido Socialista habían protagonizado legislaturas abreviadas. Frente a la tentación de convocar las elecciones generales en función de las circunstancias o las encuestas, me parecía fundamental cumplir el plazo máximo establecido en la Constitución. Me parecía que España necesitaba estabilidad y que esa estabilidad exigía la continuidad del Gobierno.

A estas dos consideraciones se añadían las circunstancias particulares del Partido Popular en aquellos momentos: por una parte, no teníamos ninguna necesidad de precipitar unas elecciones; habíamos conseguido acuerdos parlamentarios razonables que, en líneas generales, nos estaban permitiendo sacar adelante nuestros objetivos y políticas. Por otra, yo estaba convencido de que necesitábamos más tiempo.

Aún estaban muy cerca en el recuerdo los trece años de Gobiernos socialistas y muy asentada en la opinión pública la idea de que la sociedad española era, por definición, de centro-izquierda. Mi impresión era que, en las elecciones generales de 1996, los españoles nos habían dado una oportunidad condicionada. Nos habían otorgado su confianza a la espera de ver qué hacíamos con ella, cómo la administrábamos. No podíamos volver a reclamársela sin antes haber demostrado con absoluta claridad que la merecíamos. Necesitábamos tiempo para consolidar nuestra posición política y nuestro crédito ante los españoles. Teníamos que demostrar que no éramos un paréntesis en la historia de España, sino un Gobierno con vocación de permanencia y con un proyecto político serio, ambicioso y necesario para el país. Por eso, frente al aluvión de consejos bien intencionados de que anticipara las elecciones, decidí agotar la legislatura. Fue la legislatura más larga de la democracia.

Todos los sondeos apuntaban a un fortalecimiento de la posición del Partido Popular, pero ninguno anticipó la contundencia de nuestra victoria. Tampoco las encuestas que el Gobierno manejaba internamente. Puestos a hacer cálculos sobre posibles escaños que pudiéramos arañar en tal o cual circunscripción, algunos expertos vaticinaron que sacaríamos algo más de ciento setenta diputados, pero ninguno llegó a apuntar la cifra decisiva de los 176; es decir, que obtuviéramos mayoría absoluta o incluso un resultado apreciablemente mayor. Y, sin embargo, recuerdo que yo era muy optimista.

Mi sensación de que podíamos conseguir la mayoría absoluta venía alimentada por varias fuentes. Mi propia impresión personal de la situación general de España y del clima de opinión pública era muy buena. Pero, además, a medida que se fueron acercando las elecciones, me fueron llegando diversas impresiones demoscópicas de expertos cercanos a la izquierda que coincidían: «Al PP le va a ir más que bien en las elecciones». Por la vía sindical me llegó el mismo mensaje: el ambiente era extraordinariamente favorable para nosotros. Aun así, el resultado superó nuestras mejores expectativas. Fue un triunfo sin precedentes en el centro-derecha español.

El 12 de marzo de 2000 el Partido Popular obtuvo 183 escaños, 27 más que en 1996. El PSOE, que cuatro años antes había intentado justificar o incluso disfrazar su derrota con el calificativo «dulce», perdió otros 16 diputados y se quedó en apenas 125. Las encuestas y los analistas se habían equivocado; como en tantas otras ocasiones, por cierto. No habían tenido en cuenta la enorme ola de confianza que recorría España. No habían valorado hasta qué punto los españoles, que unos años antes languidecían entre la incertidumbre y el desistimiento, habían recuperado el optimismo, la confianza en sí mismos y la ilusión por el futuro. No habían apreciado la consolidación del Partido Popular en las clases medias españolas. Y, significativamente, no habían previsto el comportamiento de una parte importante de la izquierda social. Muchos votantes tradicionales de izquierdas iban a expresar en las urnas su satisfacción con la gestión y las políticas del Gobierno. Unos lo harían no votando al Partido Socialista, y otros directamente votando al Partido Popular.

El 12 de marzo de 2000 fue uno de los días más importantes y también felices de mi vida política. La mayoría absoluta demostró que había sido un acierto agotar la legislatura, pero, sobre todo, dejó en evidencia que el Gobierno del Partido Popular había logrado una conexión muy profunda con el sentir y las aspiraciones de la sociedad española.

La victoria del Partido Popular no fue fruto del fracaso del adversario ni de su derrumbamiento. Fue el aval rotundo a una gestión de Gobierno y a un proyecto político. Un proyecto que aspiraba a hacer de España una de las grandes democracias del mundo desde la más firme confianza en la enorme capacidad de los españoles.

Yo no he aceptado nunca la idea resignada de que España está condenada a ser diferente. Condenada a sobrevivir bajo la triple losa de un paro masivo, un déficit desbocado y una corrupción generalizada. Condenada a soportar el chantaje del terrorismo y los desafíos separatistas. Condenada a la marginalidad o la irrelevancia internacional. Siempre he pensado que España reúne todas las condiciones para ser una Nación fuerte, territorialmente cohesionada, socialmente justa, económicamente próspera e influyente en el mundo. Así lo reiteré en los actos de precampaña y campaña de las elecciones generales del año 2000, y así lo sigo pensando ahora, a pesar de las enormes dificultades que atraviesa nuestro país.

Recuerdo un gran acto político celebrado en Salamanca a unas semanas de las elecciones. Allí, ante varios miles de militantes y simpatizantes, afirmé que el nuestro era un proyecto político positivo y abierto a todos. Un proyecto asentado sobre la convicción profunda de que la España de la Constitución, la España de la libertad y la España de la prosperidad eran posibles:

«La nuestra es la España que confía en sí misma, la España positiva, la España que cree en sus posibilidades, la España del “sí puedo”, la España del “es posible”, la España ambiciosa.»

También recuerdo muy bien el mitin de cierre de campaña en Madrid. El Palacio de los Deportes de Madrid estaba abarrotado de simpatizantes entregados. Mi intervención vino a resumir la visión que nuestro Gobierno tenía de España y también nuestra actitud, una actitud positiva, optimista, dispuesta a hacer frente a los grandes retos del país con convicción, coraje y capacidad de desafío:

«Yo no quiero que vuelvan los años de la resignación, los años negativos, los años del “no”, los años de la España resignada y de la España del paro. Yo estoy aquí para pedir a todos un voto para la España optimista, para la España vital, para la España creadora, para la España innovadora, para la España que es capaz de crear empleo, que es capaz de generar bienestar, que es capaz de estar en Europa; para la España que es capaz de ser la mejor de Europa; para ese país que deseamos mejor entre todos. Para eso quiero pedir vuestro voto, que es un voto de esperanza, que es un voto ilusionado, que es un voto de futuro.»

No eran sólo palabras. No era retórica hueca ni un simple discurso político. Nuestro optimismo se asentaba en la experiencia real de millones de españoles cuyas vidas habían cambiado radicalmente a mejor en cuatro años y que, por primera vez en mucho tiempo, miraban al futuro con esperanza. Así lo reflejaban las encuestas del CIS de aquellos meses. El porcentaje de españoles que se decían de clase media había crecido exponencialmente. La confianza en el futuro, también. Incluso el sentimiento europeísta de los españoles había alcanzado máximos históricos.

Desde el Gobierno habíamos hecho una apuesta muy seria por la recuperación de lo que yo llamaba la «normalidad» en la vida política española, y lo habíamos conseguido. En cuatro años habíamos demostrado que no todos éramos iguales. Que existen Gobiernos competentes y Gobiernos incompetentes, y también políticas buenas y políticas malas. Y que con Gobiernos competentes y políticas buenas es posible acabar con el desempleo y el desistimiento, y colocar a España en la senda del optimismo y la prosperidad.

Los indicadores del cambio eran espectaculares. En cuatro años se habían creado en España 1,9 millones de empleos nuevos. Casi dos millones de personas que antes no trabajaban ahora sí lo hacían. En tan sólo una legislatura, habíamos reducido la tasa de desempleo de los jóvenes a la mitad: del 40 por ciento al 20 por ciento. El paro femenino había descendido más del 30 por ciento. España tenía el mayor número de personas trabajando de toda su historia, y el ritmo de crecimiento y de creación de empleo más elevado de Europa. El 50 por ciento de todo el empleo que se creaba en Europa era entonces empleo español.

Todo esto se había conseguido siendo fieles a nuestras ideas y principios. No a pesar de esa fidelidad, sino precisamente gracias a ella. En cuanto llegamos al Gobierno, en 1996, llevamos a cabo la primera de varias rebajas del impuesto de sociedades con el objetivo de estimular a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. También habíamos empezado a trabajar en una profunda reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) con el propósito de reducir la carga fiscal que soportaban los españoles. La reforma se había aprobado en 1998 y había tenido un impacto inmediato sobre los hogares: los tipos medios efectivos habían caído casi un 18 por ciento y las rentas netas habían aumentado el 3 por ciento.

Con más dinero en sus bolsillos, los españoles habían empezado a consumir, lo que a su vez había estimulado la actividad económica, mejorado la recaudación y permitido al Gobierno fortalecer el modelo de bienestar en aspectos decisivos para la gente. Entre otras cosas, habíamos podido garantizar por ley el poder adquisitivo de las pensiones y crear un fondo de reserva para salvaguardarlas de cara al futuro.

En cuatro años, las cuentas de la Seguridad Social habían pasado de la quiebra al equilibrio, y la economía española había dejado de ser considerada un caso prácticamente perdido y se había convertido en un modelo que imitar. Fueron cuatro años de duro y apasionante trabajo político, de reformas profundas y ambiciosas, y de resultados tangibles y en muchos casos espectaculares.

Gracias al trabajo y al compromiso de aquel primer Gobierno del Partido Popular y sobre todo gracias a la extraordinaria fortaleza de la sociedad española, que demostró su sobrada capacidad para superar los mayores desafíos, logramos cumplir lo que habíamos prometido: en cuatro años, España estaba en el euro y rumbo a una prosperidad desconocida en toda su historia.

Con estos resultados y en este ambiente optimista, la campaña no fue demasiado complicada de enfocar o dirigir. Prácticamente, hubiera bastado con recordar la transformación protagonizada por España en tres años y sus efectos concretos sobre la vida, las oportunidades y las expectativas de la gente. Sin embargo, yo creía que el mensaje debía ir más allá de la comparación con la herencia que habíamos recibido o del balance de nuestra gestión. Me parecía que debíamos poner en valor nuestro proyecto político para España y recordar a los españoles que estábamos a la mitad del camino. Que todavía quedaba mucho por hacer. Que la reforma y modernización de España requería esfuerzo, tiempo y algo más: una mayoría amplia, sólida y dispuesta a asumir su responsabilidad con generosidad y valentía. Así se lo dijimos a los españoles. Y así lo entendieron, entre otras cosas porque era verdad.

Los partidos nacionalistas no habían administrado bien para sus intereses el papel decisivo que las urnas les habían concedido en 1996. A finales de 1999, con la vista puesta en las elecciones generales, Convergència i Unió había roto su alianza con el PP y se había sumado al resto de la oposición para aprobar una Ley Orgánica de Extranjería en contra del criterio del Gobierno, que tenía serios motivos para pensar que la nueva norma provocaría un pernicioso «efecto llamada» entre millones de potenciales inmigrantes. En lugar de fortalecer su posición, el gesto oportunista de CiU contribuyó a acentuar la sensación de que el PP necesitaba más apoyo y más escaños.

En cuanto al PNV, se vio atrapado en su estrategia de acercamiento al brazo político de ETA. El 21 de enero de 2000, los terroristas rompieron su tregua con un coche bomba que acabó con la vida del teniente coronel Pedro Antonio Blanco. Un mes después, el 22 de febrero de 2000, inauguraron la campaña electoral asesinando al portavoz del Partido Socialista en el Parlamento vasco, Fernando Buesa, y a su escolta, Jorge Díez. La condescendencia de los nacionalistas vascos con los responsables de estas y tantas otras atrocidades recibiría su castigo en las urnas.

Pero el mayor error estratégico lo cometió el Partido Socialista.

Cuatro años después de su derrota en 1996, el PSOE seguía sin encontrar un líder o un discurso. Tras las elecciones generales, Felipe González había abandonado la dirección del partido. Joaquín Almunia le había sustituido como secretario general, pero había convocado unas primarias y las había perdido frente a Josep Borrell, que había empezado su andadura con buenas valoraciones en la opinión pública.

Sin embargo, bastaron un fracaso parlamentario en el debate sobre el estado de la nación y una campaña orquestada en su contra desde sus propias filas políticas y mediáticas para que Borrell anunciara su dimisión. Y así volvió Almunia, un líder cuestionado por los suyos, cuya peculiaridad en aquellos momentos no era que no tuviera un proyecto para España, cosa que no tenía, sino su falta de capacidad para evitar que en su partido proliferaran proyectos absolutamente disparatados y contradictorios entre sí.

Por un lado, estaban los socialistas catalanes, que abogaban por el reconocimiento del «derecho a decidir», en la línea de sus amigos y aliados de Esquerra Republicana de Catalunya. Por otro, estaban los socialistas de comunidades como Castilla-La Mancha o Castilla y León, que con creciente incomodidad defendían el modelo autonómico vigente. Y luego estaba el PSOE nacional, que, en su búsqueda desesperada y estéril de una tercera vía que neutralizara a las otras dos, proponía en su programa electoral una confusa vía federal.

El caos programático del PSOE era la prueba de la absoluta desorientación política del partido que durante trece años había gobernado España. Así lo denuncié a lo largo de la campaña:

«No se puede defender la autodeterminación en un sitio, el impulso federal en un sitio, la revisión constitucional en otro sitio... ¿En qué quedamos? ¿Se reforma el modelo o no se reforma? ¿Se acepta o no se acepta? ¿Se defiende la autodeterminación o no se defiende? ¿En qué quedamos? ¿O es que uno va a presentarse a las elecciones defendiendo la autodeterminación en Cataluña, el federalismo en Andalucía, el Estado de las Autonomías en Castilla y lo que se le ocurra cualquier día por la mañana en Madrid o en Albacete? ¿Qué es lo que se quiere defender?»

El asunto era muy serio. Quizás entonces el riesgo no se percibía con tanta claridad porque todo el mundo daba por hecha una nueva victoria del PP y porque otros asuntos acaparaban el debate público y la campaña. Sin embargo, la deriva socialista me inquietaba ya mucho.

La campaña, en la que me acompañó permanentemente mi familia, se preparó en el gabinete de la Moncloa —Carlos Aragonés, Javier Zarzalejos, Alfredo Timermans, Javier Fernández-Lasquetty, Gabriel Elorriaga, Baudilio Tomé y Román Escolano— y la dirigió Mariano Rajoy. El lema iba a ser «Más», pero finalmente fue «Vamos a más». En ella insistí en la reivindicación pedagógica de la España plural y el Estado de las Autonomías. Hablé mucho de la importancia de la cohesión en todas sus expresiones. De la cohesión territorial. Es decir, de la unidad de la Nación española y el necesario fortalecimiento de los vínculos que nos unen. De la cohesión económica. Es decir, de la importancia determinante de la unidad de mercado a la hora de competir en Europa y el mundo. De la cohesión social. Es decir, de la capacidad del Estado para garantizar la viabilidad del sistema de bienestar social y la igualdad de los españoles a la hora de disfrutarlo. Y también de la cohesión cultural. Es decir, de la necesidad de preservar el equilibrio que nos permite a los españoles identificarnos con nuestra historia y aprovechar las oportunidades que ofrece un mundo cada vez más competitivo y globalizado.

Para mí, las discusiones sobre la pluralidad de España y la organización territorial del Estado siempre han tenido un límite muy claro. Ese límite es la lealtad a la premisa básica o fundamento de la Constitución de 1978, que es la existencia de la Nación española:

«Quien quiera dialogar para mejorar las cosas cuenta conmigo, sin duda. Pero digamos claramente qué es lo que se defiende, porque la España posible es la España constitucional. Con eso no se juega, ni con lecturas, ni con federalismos, ni con frivolidades, ni con piruetas electorales. Queda muy clara cuál es nuestra posición de presente y de futuro.»

La reacción de la izquierda

Las contradicciones del PSOE en torno al modelo de Estado protagonizaron parte de la campaña de las elecciones generales del año 2000 y acentuaron la brecha entre el partido y la mayoría social española. Una brecha que Almunia convirtió en abismo con una decisión insólita anunciada a principios de año.

El 24 de enero de 2000, Joaquín Almunia hizo público que el PSOE le había ofrecido a Izquierda Unida —presidida entonces por Francisco Frutos, del sector más radical del antiguo Partido Comunista— un acuerdo para presentarse a las elecciones con un programa común. Según explicó Almunia, su objetivo era ofrecer a los españoles un «Gobierno de progreso». Yo decidí bautizarlo de una forma un tanto distinta.

Al día siguiente del anuncio de Almunia, tenía previsto dar una conferencia de prensa en Salamanca con motivo de la cumbre hispano-portuguesa. Antes de coger el avión convoqué a un pequeño grupo de mis colaboradores —Javier Zarzalejos, Carlos Aragonés, Alfredo Timermans y Gabriel Elorriaga— y les dije: «Que sepáis que voy a denunciar el pacto social-comunista». «Hombre, presidente, las cosas se pueden decir de otra manera...» «Voy a decir “el pacto social-comunista”.» Por decirlo en lenguaje periodístico, la expresión entró «como un cañón».

La referencia al comunismo sintetizaba bien el carácter reaccionario y extravagante del acuerdo alcanzado por el PSOE con Izquierda Unida. En lugar de rivalizar con el Partido Popular en el centro político y social español, los socialistas habían decidido echarse en brazos de la izquierda más extrema. No sólo era una respuesta absolutamente equivocada a todo lo que representaba el Partido Popular. Además, daba una medida perfecta de las graves consecuencias que frenar el proyecto del PP podía tener para las clases medias españolas y su futuro.

Dos días más tarde, tras participar en el Foro Económico Mundial en Davos, aproveché una comparecencia ante los medios de comunicación para explicar estos riesgos con más detalle: «Un Gobierno social-comunista haría una política social-comunista; es decir, más impuestos, más gasto público, más déficit, y, por lo tanto, pondría en riesgo los elementos de creación de empleo, de prosperidad y de progreso de la sociedad española».

La identificación del PSOE con los comunistas produjo una reacción espectacular en los medios, en la calle y en círculos políticos. Recuerdo que me hacía mucha gracia ver cómo muchos socialistas e incluso dirigentes de Izquierda Unida se mostraban ofendidos de que yo emplease el término «comunistas» para referirme a los flamantes socios de Almunia. Mi respuesta a sus quejas y aspavientos era siempre la misma: «Pero vamos a ver, ¿alguien me puede explicar cómo tengo que llamar yo a los comunistas, si son comunistas?».

Las elecciones generales fueron el domingo 12 de marzo del año 2000. Pasé toda la jornada electoral en la Moncloa. No éramos muchos. Estaba sólo con Ana y mis hijos, y con algunos de mis colaboradores más cercanos, como Carlos Aragonés, Javier Zarzalejos, o Alfredo Timermans. Los primeros datos arrojaban el resultado que habían pronosticado las encuestas: una victoria clara del PP, con 173 o 174 escaños. Pero de pronto se produjo un gran salto. Un salto espectacular. No era sólo una mayoría absoluta. Eran 183 escaños.

Aquella noche hablé varias veces con el Rey para contarle cómo iban evolucionando los resultados, hasta que llegó el definitivo de la mayoría absoluta. Joaquín Almunia me llamó para felicitarme y reconocer nuestra victoria. Desde el extranjero, la primera llamada que recibí fue del presidente francés, Jacques Chirac, que me telefoneó desde su avión. Estaba muy impresionado por la magnitud de la victoria del PP. «Superbe victoire», dijo.

Al acabar el recuento me fui a la sede del partido, en la calle Génova. La alegría de la gente era inmensa. Como suele ocurrir en todas las victorias y algo menos en las derrotas, había muchos voluntarios para salir al balcón de la primera planta a saludar a la gente que cantaba y celebraba el resultado en la calle. En esta ocasión, quise que primero saliésemos únicamente Ana y yo. Luego llamé a quienes con su brillante trabajo en el Gobierno y el partido más habían contribuido a una victoria histórica: Rodrigo Rato, Mariano Rajoy y Javier Arenas.

En mis breves palabras, di las gracias a los millones de españoles que habían avalado nuestra política y dejé claro que ni nuestra actitud ni nuestro proyecto para España iban a cambiar. Íbamos a emprender todos aquellos aspectos de nuestro proyecto que habían quedado pendientes por falta de respaldo o de tiempo. Pero eso no iba a significar un cambio de rumbo ni una política distinta de la seguida durante la primera legislatura. Continuaríamos trabajando en el mejor interés de España y buscando el mayor acuerdo político posible para conseguir nuestros objetivos.

Uno de los tópicos más arraigados en la historia política de aquellos años es que la segunda legislatura del Partido Popular supuso un cambio radical en las prioridades y en la actitud del Gobierno. Realmente creo que no es verdad. Algunos de los pactos y acuerdos políticos más importantes de mis ocho años como presidente del Gobierno de España se alcanzaron durante la segunda legislatura. Ahí están el Pacto Antiterrorista y el Pacto por la Justicia, por ejemplo. En la segunda legislatura aprobamos 219 leyes, de las cuales sólo dos contaron con el único apoyo del PP, y firmamos 18 acuerdos con los agentes sociales. También pertenecen a la segunda legislatura el Acuerdo de Financiación Autonómica, aprobado por unanimidad, los grandes acuerdos políticos para la financiación de la sanidad y la financiación local, y el Plan Hidrológico Nacional.

No fue nuestro proyecto político para España el que cambió en la segunda legislatura, ni tampoco nuestra disposición a alcanzar acuerdos buenos para todos los españoles. Los que cambiaron fueron la izquierda y el nacionalismo. Cambiaron sus proyectos y cambiaron sus actitudes como consecuencia de la mayoría absoluta del Partido Popular. Y cambiaron en la peor dirección posible. En la dirección del radicalismo, del extremismo, del todo vale para acabar con el PP.

La mayoría absoluta del año 2000 desmontó muchos mitos y demostró muchas cosas. Desmontó el tópico de que España era por definición o naturaleza de izquierdas. Pulverizó los viejos prejuicios y las perversas estrategias que buscaban deslegitimarnos mediante la vinculación con un bando de la guerra civil. Y demostró que el Partido Popular no iba a ser un paréntesis en la historia de España. Nuestra mayoría absoluta no había sido fruto de la debilidad o el descrédito ajenos. Había sido el aval sereno, maduro y rotundo a un proyecto político. Un proyecto de reforma y modernización de España, que los españoles, con su voto mayoritario, nos pedían mantener y profundizar. Para muchas personas, también en nuestras filas, esto supuso una verdadera revelación. En un sector de la izquierda española causó verdadero estupor.

En lo estrictamente orgánico, la mayoría absoluta del PP provocó la dimisión inmediata de Joaquín Almunia como secretario general del PSOE. De hecho, mi contrincante socialista en el debate de investidura no fue ninguno de los dirigentes de primera fila del PSOE, sino el entonces portavoz de su Grupo Parlamentario, Luis Martínez Noval, ya fallecido.

Pero mucho más importante que el cambio en la dirección del PSOE fue el cambio en su actitud. Después de tantos años en el Gobierno, el Partido Socialista había llegado a albergar un sentimiento patrimonial de España y del poder. Como si estuviera llamado a gobernar España casi por derecho natural. Los principales referentes del PSOE entendían la victoria del PP de 1996 como una anomalía, un hecho aislado y excepcional, fruto de años de desgaste y de unas circunstancias muy particulares. El estrecho margen de nuestra victoria en aquellas elecciones los confirmaba en esta percepción. Por eso, cuando en el año 2000 el PP no sólo no perdió respaldo electoral, sino que alcanzó una rotunda mayoría absoluta, la reacción fue de estupor. Estupor y una profunda y mal digerida irritación.

Los dirigentes del PSOE y sus entonces poderosos apoyos mediáticos no entendían que la realidad los hubiese desmentido. No entendían que los españoles nos hubieran respaldado masivamente. No entendían que el PP fuese a consolidarse como mucho más que una alternativa para tiempos de excepción. En los periódicos y en los ambientes de opinión cercanos al PSOE proliferaron todo tipo de análisis introspectivos destinados a descifrar el misterio de la mayoría absoluta popular. ¿Cómo ha sido posible? ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Qué le ha pasado a España? ¿Qué ha hecho Aznar?

En el Grupo Prisa el pasmo era total. En respuesta a la catarata de insultos que el periódico y la radio del grupo me dedicaban prácticamente a diario —con editoriales en los que comparaban mi gestión con el nazismo—,* yo había decidido no concederles entrevistas durante la campaña. Entre mis colaboradores, hubo quien lo consideró un error. Sin embargo, yo no estaba dispuesto a participar en determinadas estrategias. Una cosa es aceptar la crítica, aunque sea despiadada, y otra hacerle el juego a quienes persiguen tu destrucción política y civil mediante el engaño sistemático. El hecho de que ganásemos por mayoría absoluta no ya sin su apoyo, sino con su manifiesta hostilidad y frontal oposición, los dejó atónitos.

El desconcierto de la izquierda pronto dio paso al temor. El temor por un futuro que, de pronto, había dejado de ser lo que era. Basta con repasar algunas de las reflexiones recogidas en el libro que Felipe González y Juan Luis Cebrián publicaron por aquellas fechas: «Es como si Franco hubiese ganado las elecciones».

Un sector de la izquierda empezó a analizar las consecuencias profundas de las elecciones generales del año 2000 y llegaron a una conclusión para ellos aterradora: si esto continúa, el cambio de mayoría social será inevitable; y si hay cambio de mayoría social habrá también un cambio de paradigma político: el poder ya no será del PSOE por defecto y del PP por accidente, sino que el centro-derecha puede acabar siendo predominante en España.

El miedo de la izquierda a perder definitivamente su hegemonía social y política la empujó a tomar decisiones y diseñar estrategias que tendrían consecuencias graves para España en todos los ámbitos. La impugnación de la Transición, la ruptura de los consensos constitucionales, la estrategia de demonización del Partido Popular, la apertura de las fosas reales y metafóricas de la guerra civil... Casi todo lo que vendría después tuvo su origen en la mala digestión por parte de un sector de la izquierda del resultado electoral del año 2000. Por eso digo que no fue el Gobierno del PP el que cambió con la mayoría absoluta. Cambiaron quienes decidieron acabar con el PP para impedir que nuestra mayoría absoluta impulsara una transformación más profunda de la sociedad y la política en España.

La noche del domingo 12 de marzo, cuando aún resonaba el eco de las celebraciones en la calle Génova y en los despachos de nuestra sede, le comenté a un grupo de colaboradores: «Hoy se acabó la guerra civil como argumento político». Era verdad. Quizás por eso hubo quienes pusieron todo su empeño en desmentirlo.

CAPÍTULO 1

Una España fuerte en el mundo

España, Europa y el Atlántico

El martes 12 de junio de 2001, George W. Bush, que ocho meses antes había ganado las elecciones presidenciales norteamericanas, iniciaba su primera gira por Europa como presidente de Estados Unidos. Contra todo pronóstico y todo precedente, lo hacía en Madrid. El valor político y simbólico de aquella decisión no escapó a la mayoría de las cancillerías europeas, que la recibieron con una mezcla de asombro y desconcierto. Era la primera vez que algo así ocurría, y especialmente los británicos, los franceses y los alemanes se preguntaban qué estaba ocurriendo en España para que un hecho político de esa importancia estratégica se hubiera producido. Los británicos, porque esperaban hacer valer su relación especial con la primera potencia del mundo. Los franceses y alemanes, porque su tamaño e influencia eran muy superiores a los de España. Todos tomaron nota. Todos eran conscientes de que el gesto no era fortuito y de que anticipaba cambios significativos en el tablero de las influencias internacionales. Cambios, sobre todo, buenos para España.

España había iniciado con la Transición un camino de recuperación de su posición en el mundo. En los primeros años, había tenido que dedicar muchos esfuerzos a llamar a las puertas de otros países y de los distintos organismos internacionales. Era una tarea colectiva, de interés estratégico nacional, y tuvo consecuencias en la política interna: el consenso en política exterior se elevó a nivel de categoría y el PSOE, que había abanderado las manifestaciones contra la OTAN, acabó reorientando su posición hacia el atlantismo originalmente defendido por la UCD y por AP.

Una vez reconocida como interlocutora y aceptada en las instituciones, el segundo reto de España había sido hacerse notar. Para conseguirlo, había tenido la ventaja de que no representaba una amenaza real para nadie; España era entonces un país sin aristas, y su proceso de transformación política y constitucional generaba admiración y simpatía en mucha gente. El resultado, entre otras consecuencias, fue una notable presencia de españoles en cargos internacionales de relevancia.

Y, sin embargo, la posición de España tenía aún claras limitaciones. Venía definida por reglas no escritas pero respetadas escrupulosamente tanto interna como externamente. Por ejemplo, se daba por hecho que en las reuniones europeas los representantes de España hablarían en el quinto lugar. Como se daba por hecho que España asumiría una posición complaciente frente a Estados Unidos y un tanto paternalista con Iberoamérica, por supuesto sin reconocer abiertamente lo uno ni lo otro.

Nosotros llegamos al Gobierno con una visión distinta de la política exterior y del papel de España en el mundo. Si tuviera que resumirla, diría que nos propusimos fortalecer la dimensión atlántica de España en una Europa, por definición, también atlántica.

La decisión de fortalecer la dimensión atlántica de España tenía, en mi caso, un componente de convicción personal, otro de visión o interpretación histórica, y un tercero de cálculo estratégico.

Yo no puedo entender a España —su cultura, su historia y su identidad— sin el Atlántico. España se forjó como Nación coincidiendo con la exploración y el descubrimiento de América. España alcanzó la modernidad política con un proyecto de libertad elaborado por españoles de «ambos hemisferios», en feliz expresión de la Constitución de Cádiz. Y España tiene en el Atlántico, punto de encuentro con Iberoamérica, su ámbito de proyección más extenso, más prolífico y más evidente.

Lo mismo puedo decir del conjunto de Europa. Europa es para mí incomprensible al margen de lo que significa el Atlántico. Europa y Norteamérica están unidas por valores comunes muy profundos y esenciales: las libertades individuales, la democracia representativa, el Estado de derecho, la economía de mercado y la sociedad abierta. Si Estados Unidos no se entiende sin sus raíces filosóficas, políticas y sociales europeas, la Europa de hoy —la Europa unida y en paz surgida tras la segunda guerra mundial— tampoco puede explicarse sin la contribución decisiva de Estados Unidos. Juntos, europeos y norteamericanos fuimos capaces de derrotar a los dos grandes enemigos de la libertad: el fascismo y el comunismo. Y juntos, europeos y norteamericanos podemos hacer frente a los nuevos desafíos que plantea un mundo abierto, globalizado y competitivo. Ésa era mi visión entonces y lo sigue siendo ahora. El Atlántico es, para Europa, la garantía más sólida de liderazgo, la oportunidad más cierta de prosperidad, prestigio e influencia internacional. Y para España, por supuesto, también. Nuestro futuro pasa por aquí.

Esta visión no era compartida por todos los dirigentes europeos. Había quienes insistían en poner el énfasis en el papel desempeñado por el núcleo mismo de la construcción europea, al margen de la influencia o las aportaciones atlánticas. Como si las dos cosas fueran incompatibles.

La historia de Europa desde la segunda guerra mundial es, en buena medida, la historia de la construcción de la Unión Europea. Esa construcción no puede comprenderse si no es sobre la base del vínculo que une América —en este caso Estados Unidos— con los países europeos. Sin ese vínculo, que la segunda guerra mundial reforzó, no hay forma de imaginar la prosperidad de los países europeos democráticos a partir de los años cincuenta. La voluntad y el proyecto son europeos, pero el apoyo y la defensa ante el bloque soviético vienen —también— del otro lado del Atlántico. La caída del Muro de Berlín se debe también, en gran parte, a la actitud norteamericana. A partir de ahí llega la reunificación alemana, la desaparición de la URSS y la recuperación para la Europa democrática de los países sometidos al totalitarismo soviético. También en esto el papel de Estados Unidos resultó crucial, como lo saben bien nuestros amigos de Polonia, de la República Checa, de las repúblicas bálticas y de otros muchos países. La gran ampliación de la OTAN continuaba esa relación y ampliaba el compromiso de los norteamericanos. Esa voluntad, esa visión siguen estando en el origen de la Europa que conocemos hoy en día.

Mi concepto de la Europa atlántica se basa además en la historia y la experiencia de España, que siendo como es un país volcado en el mar, una gran potencia naval desde el siglo XVI, incorporó a Occidente buena parte del continente americano y la margen oriental del océano Pacífico. En contra de lo que muchas veces se piensa, es eso lo que contribuye a hacer de España un país aún más esencialmente europeo de lo que lo es por situación y por historia. España, desde este punto de vista, no se limita a ser un país europeo más. Es uno de los países que más ha contribuido a la construcción de Europa en los siglos en los que la Europa actual se estaba gestando. De esa dimensión atlántica de España surge mi convicción de que Europa no puede dar la espalda al atlantismo sin traicionarse a sí misma.

Esta convicción me conduce naturalmente y más allá de nuestra rivalidad histórica a adoptar una nueva visión en la relación con el Reino Unido, que es otro de los países que representan esta dimensión atlántica europea. Me sentía a gusto con los representantes de un país con el que compartimos esa visión y esa historia, y siempre he estado convencido de que los dos tenemos mucho que ganar si profundizamos nuestra relación. Esa misma convicción atlántica me llevaba también a intentar aproximar España a los países europeos que se habían incorporado recientemente a la democracia y que tenían una experiencia muy directa de lo que significa el lazo atlántico y de lo que podría haber significado su inexistencia... Es posible que, en los primeros años después de la caída del Muro de Berlín, la seguridad que les proporcionaba la OTAN fuera tanto o más importante que el ser miembros de la Unión Europea.

Mi visión de la Europa atlántica y continental se deduce por tanto de una visión de Europa, de una visión de España y de la voluntad de incorporar nuestro país al núcleo decisorio de Europa, que no puede dejar de tener en cuenta el pacto atlántico. Yo siempre he avalado y sigo avalando los valores que sostienen el pacto atlántico: la libertad, la democracia, la ley y la seguridad jurídica... Son esenciales para España en todas las dimensiones: en la relación de nuestro país con Iberoamérica, en la presencia de España en la propia Europa y, además, y dada nuestra posición geográfica, en nuestra relación con el norte de África y Oriente Medio. En este ámbito también teníamos que poner en valor nuestra dimensión atlántica, porque es eso lo que nos distingue de nuestros vecinos europeos y lo que nos proporciona, o nos debería proporcionar, una capacidad de maniobra que no tiene el resto.

Todo esto quedó muy claro durante una visita a Jacques Chirac en el Palacio del Elíseo, en febrero de 2003, en pleno debate sobre la intervención en Irak. Hubo un almuerzo en el comedor oficial del Elíseo, donde los franceses expusieron con absoluta claridad la idea de que existen dos Europas: una «Europa atlántica» y otra Europa que llamaban «europea», como si la primera no lo fuera. Pero había más, y es que estas dos Europas eran incompatibles. Los franceses sabían cuál era la suya, aquella en la que ellos tenían más influencia. Ésa era la Europa que iban a apoyar y reforzar. Así que si nosotros optábamos por la «Europa atlántica», deberíamos asumir las consecuencias de quedarnos al margen. Fue un almuerzo bastante tenso. Después lo he comentado alguna vez con Jean-Pierre Raffarin, con quien tuve y mantengo buena relación, que era entonces el primer ministro, y lo recuerda con espanto, porque lo que escuchaba de Chirac era una amenaza de exclusión de la Europa atlántica, que es, históricamente, la Europa verdadera.

Chirac insistía en que no veía ninguna posibilidad para una Europa distinta, ahora que habíamos creado el euro y el mercado único. Decía que no entendía nuestra posición porque el eje de la Unión seguía siendo el de siempre, la relación entre Francia y Alemania. Eso no podía cambiar y, de hecho, no iba a cambiar. Los demás socios, y los que se habían incorporado después, tenían que ser conscientes de que eso constituía la naturaleza misma de la Unión. Si nosotros queríamos hacer algo distinto, nos colocaríamos fuera del proyecto europeo. También hablamos de Estados Unidos, un asunto en el que Chirac, cada vez que nos veíamos, se mostraba más y más obsesivo. Ni entendía a los norteamericanos ni se esforzaba por entenderlos. Parecía considerarlos seres irracionales, incapaces de comprender nada.

Recuerdo que en un momento determinado, para ver si conseguía hacerle recapacitar sobre nuestra posición desde otro punto de vista, le pregunté qué haría él si hubiera cuarenta millones de francófonos en Estados Unidos, como había cuarenta millones de personas que hablaban español como lengua materna. Entonces se paró, pensó un momento y me dijo que era una cuestión interesante. Le pregunté entonces si su posición, en tal caso, seguiría siendo la misma. «Permíteme creer que no», añadí. Por esta razón, entre otras, me he opuesto siempre a la denominada «excepción cultural», tan querida por los franceses y por una parte de la izquierda española, que parece no comprender dónde se encuentran los intereses de la cultura en español.

En aquel momento habíamos alcanzado una diferencia de opiniones y de intereses de tal categoría que derivó, sin que yo lo quisiera, en enfrentamiento. Había llegado el momento de establecer con claridad si los europeos éramos o no solidarios con Estados Unidos, que se sentían amenazados en su seguridad, en relación con la crisis de Irak. Yo pensaba, como ya he dicho muchas veces, que el pacto atlántico nos llevaba a mantenernos junto a nuestros aliados norteamericanos, aunque no participáramos en las operaciones, como sí hizo el Reino Unido. En mi opinión eso no entrañaba ninguna contradicción con el proyecto europeo; al revés, era una expresión del ideal europeo. De hecho, nosotros estábamos ya en el corazón de Europa con una presencia y una influencia que hacía mucho tiempo que no teníamos.

En el corazón de Europa

La Unión tenía dos pilares fundamentales, el mercado único y el euro, y nosotros estábamos en los dos. También habíamos sido agentes activos en algunas de las políticas nuevas más importantes, como eran la política de libertad, seguridad y justicia y la política de inmigración. Como consecuencia de la actitud de los Gobiernos españoles en las negociaciones de los tratados, la voz de España se oía con fuerza y se escuchaba con respeto. Teníamos por tanto un mayor peso institucional, y nuestra posición también era mejor que nunca porque gracias al esfuerzo que habíamos hecho nos respaldaba una situación económica saneada y boyante. En la Unión nos escuchaban y habían empezado a tener muy en cuenta lo que decíamos porque nuestra posición era clara, enérgica y consistente. Nada de esto había sido fácil de conseguir, pero se hizo. Así lo entendieron los principales interlocutores europeos del Gobierno: Jacques Santer y Romano Prodi en la presidencia de la Comisión; y Pedro Solbes y Loyola de Palacio, comisarios españoles. Loyola fue un apoyo muy importante para España en las instituciones europeas, especialmente con motivo del accidente del Prestige. Como vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Transportes, su esfuerzo ayudó a que la respuesta de las instituciones fuera muy eficaz y produjera muy buenos resultados, como pudo comprobarse poco después.

El caso del Prestige podría situarse en algún otro capítulo de este libro. Pero no me interesa tanto la grosera manipulación partidista de aquella catástrofe cuanto la consideración de algunos aspectos de esta desgracia con la perspectiva del tiempo. El hundimiento del Prestige y la marea negra que produjo fue una catástrofe de una enorme fuerza icónica, más intensa aún por el tiempo que transcurrió desde la rotura del casco, la fractura y el hundimiento del barco hasta la llegada del crudo a las costas. Reconocí en su momento errores iniciales al valorar el impacto político y social del accidente, pero no escatimamos ni esfuerzos ni medios, todos los disponibles, para paliar una catástrofe ante cuya dimensión teníamos muy pocas opciones. Creo que acertamos en las decisiones fundamentales, entre ellas alejar el barco en vez de intentar remolcarlo hasta el puerto de La Coruña. Era inimaginable el daño que se podría haber producido si se hubiese adoptado esta medida. Se llevaron a cabo con razonable eficacia la gestión de las ayudas a todos los afectados y las actuaciones para la recuperación de la costa. Habría que recordar alguna de las profecías apocalípticas que se hicieron y comprobar cómo ha evolucionado el entorno afectado por la marea negra para reparar en lo mucho de demagogia y catastrofismo que se dispensó en dosis masivas para incendiar el ambiente. La plataforma Nunca Máis, una metamorfosis de la izquierda y el nacionalismo gallego radical, atrajo sin duda a ciudadanos que no estaban por la estrategia de alteración de ese grupo. El Prestige recuperó para la izquierda el gusto por la agitación callejera y el aprovechamiento de una desgracia en beneficio político; una oposición exasperada por su incapacidad que empezaba a confiar más en su poder en la calle que en las urnas, lo que siempre ha sido un peligro. Junto al trabajo que realizó Loyola en la Comisión Europea, hay dos nombres que quiero recordar. Uno es Manuel Fraga, presidente de la Xunta de Galicia, que soportó injustas descalificaciones. Otro es, sin duda, Mariano Rajoy, que, como vicepresidente del Gobierno, coordinó todas las actuaciones de la Administración y dirigió la respuesta del Gobierno en el Parlamento poniendo en evidencia el uso sectario que la oposición hizo de la catástrofe. Fue un gran trabajo político. Luego, Rodolfo Martín Villa fue designado comisario para hacerse cargo de esa coordinación. Nuestro compromiso con Galicia se plasmó en el plan que aprobamos en el Consejo de Ministros que tuvo lugar en La Coruña el día 24 de enero de 2003. El «Plan Galicia» supuso una inversión de más de doce mil millones de euros. El alcalde de la ciudad, Francisco Vázquez, cedió el ayuntamiento para celebrar el consejo. Vázquez siempre tuvo una actitud de colaboración que valoré muy sinceramente y agradecí en aquellas circunstancias en las que pocos parecían resistirse a intentar obtener réditos partidistas. Los resultados de las elecciones municipales en Galicia y, en especial, en las localidades más directamente afectadas fue muy bueno. Al parecer, a juicio de los ciudadanos, nuestros aciertos para Galicia habían superado nuestros errores.

Durante mucho tiempo dio la impresión de que todos en España compartíamos un consenso muy amplio sobre el euro. No era del todo así, sin embargo, y sobre el asunto existían en los años noventa posiciones diversas. En particular, no todo el mundo era partidario del euro y de que nuestro país se incorporara a él, o de que lo hiciera en aquel momento. Los no partidarios argumentaban algo que es imposible de negar, como es la existencia de una tradición histórica de la economía española en la que prima la alternancia de periodos de crecimiento intenso con otros de contracción acusada.

Cuando el ciclo económico era expansivo, España solía conocer picos de crecimiento más altos que los demás países europeos, mientras que, al producirse una contracción, la economía española sufría más que el resto. En realidad, esto tenía su causa en que la economía española no había sido capaz de encontrar un punto de estabilidad a partir del cual hacer frente a las diferentes fases del ciclo. España tenía una carencia de cultura de estabilidad. Acudía periódicamente a devaluaciones para tratar de ganar competitividad artificialmente, y mostraba una clara incapacidad para crear empleo. La consecuencia era esa tendencia a mostrar picos de actividad y de depresión económica.

Antes de 1996, la última manifestación de este estado de cosas se puede encontrar en la crisis de 1992 y 1993, cuando en España se destruyen más de millón y medio de empleos. En 1992, España estaba en un gran momento. Fue el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la Exposición Universal de Sevilla. Aquel gran escaparate respondía sin duda a una realidad social y económica, y al gigantesco cambio ocurrido en España desde hacía quince años. Ahora bien, al mismo tiempo, y sin que mucha gente quisiera enterarse, había empezado a golpearnos una crisis muy seria que acabó estallando en el año 1993. Ese año la peseta se devaluó tres veces en apenas nueve meses. La situación de fragilidad de la moneda provocó un viaje de González a Alemania para pedir a Helmut Kohl apoyo a la peseta.

Por eso mismo, había personas que pensaban que no era obligatorio establecer una moneda única. Bastaría con establecer unos tipos de cambio más o menos fijos, y esos mecanismos ofrecerían suficiente flexibilidad en cuanto a las reformas necesarias. Por otra parte, había un temor bastante generalizado, dadas la historia y las circunstancias españolas de aquel momento, de que España fuera incapaz no ya de cumplir los criterios establecidos para entrar en el euro, sino de salir adelante una vez dentro del marco de dicha moneda.

Desde un punto de vista estrictamente económico, no les faltaba razón a quienes advertían de estas dificultades. Pero al hacerlo aplicaban un criterio sólo económico, cuando el establecimiento de la moneda única y la entrada en el euro eran también decisiones políticas de la máxima importancia. Y para España era fundamental estar en ese proceso. Corríamos el riesgo de no llegar a tiempo, con lo que nos habríamos quedado descolgados como un país periférico, o ultraperiférico, al margen del proceso económico y político europeo, que es nuestro espacio natural.

Estas dudas se trasladaron a los hechos y, cuando llegó el momento de instaurar un nuevo espacio económico con la moneda única, España no cumplía ninguna de las condiciones requeridas. Era necesario un cambio económico y cultural de gran calado que propiciara la estabilidad del país. También era imprescindible un liderazgo político particularmente consistente, alejado de los problemas que aquejaban a los gobernantes de aquellos años. Efectivamente, entonces España era más que nada un caso de desorden y falta de rigor y disciplina: en cuanto al déficit, en cuanto al endeudamiento y en cuanto al desempleo, entre otras muchas cosas. No es de extrañar que se plantearan muchas dudas en relación con nuestra capacidad para estar entre los países fundadores del euro.

Algunos de estos problemas se habían planteado ya en las negociaciones del Tratado de Ámsterdam, alcanzado en 1997, que institucionalizó un nuevo proceso para la toma de decisiones.

Empezamos aquellas negociaciones en una posición difícil. En 1994, Felipe González, bajo presidencia griega, había conseguido que la Unión asumiera un compromiso en relación con la mayoría cualificada necesaria para aprobar una decisión, en una Unión que pronto se iba a ampliar a dieciséis miembros. El compromiso —conocido como el compromiso de Ioánina, por la ciudad griega en la que se alcanzó— preveía que en las negociaciones de Ámsterdam el consejo tendría en cuenta la posición de los Estados miembros que antes podían formar una minoría de bloqueo y que ya no podrían hacerlo. Concretamente, se hacía referencia a la posición singular de España. El compromiso estaba muy bien en su espíritu. El problema era que no tenía letra: nunca se llegó a poner por escrito ni a ratificar. Fue un acuerdo verbal, alcanzado en el momento y olvidado el minuto después.

Cuando llegué a Ámsterdam puse sobre la mesa de negociaciones la existencia de aquel compromiso. Nadie parecía acordarse de Ioánina, ni de Grecia, ni de nada de lo que había ocurrido allí. No sólo eso, sino que los países grandes aplicaron la táctica negociadora habitual de los Consejos Europeos: cerraron todos los acuerdos sustanciales y dejaron para lo último la cuestión más conflictiva —en este caso, la planteada por nosotros—, a la espera de que nos viéramos obligados a ceder por la propia presión ambiental y el deseo generalizado de llegar a un acuerdo. Fue entonces cuando yo les pedí a Abel Matutes, nuestro ministro de Exteriores, y a Marcelino Oreja, entonces comisario europeo, que informaran a los alemanes y al presidente holandés de turno de la Unión de que yo no estaba dispuesto a dar por bueno el acuerdo sin que se tomaran en cuenta las reclamaciones de España. Abel y Marcelino me miraron con estupor, pero hicieron lo que les pedí.

Para España, la cuestión de la participación venía siendo crucial desde el primer momento por razones específicas. Nosotros no somos, evidentemente, un país pequeño, pero tampoco tenemos la dimensión suficiente —en particular en cuanto a población— para formar parte del grupo de los mayores. España siempre estaba en una posición delicada, en la que no se sabía muy bien si era el pequeño de los grandes o el grande de los pequeños. La cuestión, para mí, estaba bien clara. El lugar de España era con los grandes. España tenía y tiene que estar entre los grandes. Y con eso paralizamos el Consejo de Ámsterdam.

Estábamos todos sentados en torno a una gran mesa cuando el primer ministro holandés, Wim Kok, tomó la palabra para decir que, en relación con el proceso de toma de decisiones, podíamos dar por cerrado el acuerdo porque todo el mundo estaba a favor. Levanté la mano —una solitaria mano en medio de una sala muy concurrida por la presencia de todas las delegaciones— y recordé que quedaba pendiente el asunto de España.

«¿Y cuál es el asunto de España?», me preguntaron. «El asunto es que España no puede aceptar el acuerdo tal como ha quedado sustanciado porque España tiene unas circunstancias específicas que es imprescindible resolver antes de continuar. No daré mi aprobación al tratado si no se resuelve este problema.» El consejo se paralizó. Helmut Kohl ejerció de Kohl; se levantó, se me acercó, me dio un toque en la espalda y los dos salimos de la sala donde se estaba celebrando la reunión. De pie, apoyados en una mesa, le expliqué con detalle la situación.

Algunas personas del equipo de la presidencia holandesa revoloteaban alrededor, cada vez más nerviosas. Les dije que no había salido a hablar con ellos, sino con el canciller Kohl. Nos marchamos a otra sala, a la que se acercaron luego otros primeros ministros, entre ellos Tony Blair. Allí redactamos el borrador que sirvió de base para el acuerdo posterior. Una vez redactado, lo revisamos, lo modificamos y, cuando acabamos, Kohl y yo regresamos a la mesa de negociaciones.

Se aprobó un protocolo, que tiene rango de derecho primario en la Unión Europea, con el siguiente texto:

«Se acuerda que, hasta la entrada en vigor de la primera ampliación, se prorrogará la Decisión del Consejo de 29 de marzo de 1994 (“compromiso de Ioánina”) y que, antes de esa fecha, se encontrará una solución al caso especial de España.»

Aquel acuerdo fue fundamental para los intereses de España. Fue la base de la posición española negociadora para el Tratado de Niza. Sin esa declaración habríamos seguido en el limbo de Ioánina y no hubiéramos podido conseguir todo lo que logramos en el año 2000 en cuanto a peso político e institucional en la Unión Europea.

En lo personal, aquel consejo me labró una cierta fama de negociador duro y tenaz. Tony Blair se hace eco de ello en sus estupendas memorias, A Journey. Recuerda cómo, en pleno momento de tensión, cuando el acuerdo parecía descabalgar por mi negativa a ceder en la defensa de los intereses de España, se me acercó y me preguntó: «José María, ¿qué vas a hacer ahora?». «Pues me voy a fumar un puro.» «¿Y después?» «Pues tengo otro.»

La posición política de España en Europa se vería reforzada aún más gracias a la buena marcha económica del país. Así quedaría acreditado en la negociación de la Agenda 2000, que tuvo lugar en Berlín, en 1999, bajo la presidencia alemana.

Las reuniones previas al Consejo Europeo de Berlín no apuntaban bien para España. La decisión de congelar los presupuestos de la Unión había llevado a la presidencia y a la Comisión a rebajar de forma sustancial nuestras demandas y expectativas. Sobre todo en comparación con lo logrado en 1993, cuando Felipe González, tras una buena negociación, había conseguido importantes cantidades para España en concepto de fondos de cohesión. Claro que entonces se vivía una fase de expansión de los presupuestos europeos. El problema de Berlín, y el desafío para nosotros, era que la tarta era más pequeña.

El contexto era el de siempre: ya antes del consejo, todos los participantes estaban de acuerdo en todo, salvo algunos pequeños detalles que se podían arreglar allí mismo. El único problema serio era el que se nos planteaba a nosotros, porque, a consecuencia de la congelación del presupuesto, querían reducir nuestra parte, y eso era algo que yo no estaba dispuesto a aceptar.

En realidad, los problemas empezaron nada más iniciado el consejo, cuando se trató el asunto de los idiomas en los que se podían registrar las patentes. Tan sólo estaban previstos tres: inglés, alemán y francés. Fue entonces cuando los españoles aclaramos que había que incluir el castellano. Sin el español —advertimos— no íbamos a llegar a un acuerdo. Así empezaron las maniobras, que ya nos conocíamos muy bien, en las que se ponía en escena la unanimidad de todos los presentes..., salvo aquel señor, el presidente del Gobierno español. Y así era. Hubo que quedarse solo dos veces en un día, y eso no era fácil, pero había que resistirse a esas tácticas de presión de Schroeder. Yo no estaba de acuerdo con aquella decisión. Sigo sin estarlo hoy en día y, de hecho, el desacuerdo continuó durante mucho tiempo, hasta que en tiempos de Rodríguez Zapatero el Gobierno español cedió y aceptamos lo que quisieron imponernos.

Después llegamos al asunto de los presupuestos, que prometía un enfrentamiento más de fondo. La reunión sobre el asunto fue muy breve porque de inmediato se puso en marcha lo que se llamaba la táctica del confesionario. Consistía en que la presidencia iba llamando a los presentes país por país. En estas conversaciones casi particulares se iban arreglando los asuntos de cada uno. En nuestro caso, la presidencia no nos llamó hasta el último momento. Cuando nos sentamos, se nos vino a decir que todo el mundo estaba de acuerdo con el nuevo reparto de los fondos, y que ahí se acababa todo. Yo les pregunté si eso era todo lo que tenían que decirme. «Así es», me respondieron. «Pues bien, en ese caso la respuesta va a tener que ser negativa.» Nos levantamos y la conversación acabó ahí.

Cuando en la reunión del consejo se anunció que no habíamos llegado a ningún acuerdo, se abrieron negociaciones entre España y la presidencia, y entre la presidencia y otros países. Fueron largas y complicadas. Hubo un momento en el que yo ya no sabía si sentarme o ponerme de pie o pasearme por los pasillos. Así que para cambiar me senté en el piano que había en el hall del centro de convenciones. Tal vez fue para ver si sonaba alguna tecla... Por allí iban pasando Javier Elorza y Abel Matutes. Pero yo no estaba dispuesto a ceder. Al final, en el bar, sobre las cuatro o las cinco de la madrugada, alcanzamos un compromiso. Allí mismo Schroeder y yo nos estrechamos la mano, y luego explicamos el acuerdo en una rueda de prensa a las seis de la mañana.

Fue un gran éxito para España. Nosotros participábamos en el presupuesto, claro está, pero éramos también receptores netos de fondos. Lo que se estableció allí fueron unos ingresos netos de un billón de pesetas anuales. Una cantidad muy importante, en concepto de distintas procedencias y de distintos fondos: el fondo de cohesión, la PAC, el FEDER, el Fondo Social Europeo. Todo políticas estructurales.

Aquella negociación confirmó nuestra reputación de duros negociadores y nos otorgó prestigio entre el resto de los países europeos. También tuvo consecuencias a medio plazo. Algunos países, en particular entre los grandes, consideraban que un país receptor de fondos de cohesión como España no podía o no debía mantener una posición propia. Creían que debíamos seguir siendo un país dependiente. Como es obvio, yo no aceptaba ese planteamiento.

Una de las particularidades de nuestra situación era que, aunque nosotros recibíamos más dinero en términos absolutos que muchos otros países, recibíamos menos en términos relativos. Irlanda, por ejemplo, recibía de la Unión un total equivalente al 5 por ciento de su PIB, mientras que nosotros recibíamos mucho menos. Además, muchos otros países recibían fondos europeos de distintos tipos, incluida la PAC, que beneficiaba claramente a Francia.

Que España fuera un Estado receptor neto de fondos de cohesión era visto por algunos como un factor de debilidad política, factor que pretendían explotar. A los países que estaban por ingresar en la Unión había quien les contaba, por ejemplo, que España constituía un obstáculo para que ellos empezaran a recibir fondos, porque estábamos empeñados en seguir acaparando el dinero comunitario. Nunca fue así.

La tercera gran negociación en este terreno fue la del Tratado de Niza, a primeros de diciembre de 2000, bajo presidencia francesa. Entonces Francia tenía un Gobierno de cohabitación, con Jacques Chirac en la presidencia de la República y Lionel Jospin como primer ministro. El objetivo del tratado, que se firmó en febrero de 2001, era reformar los tratados vigentes para organizar el reparto institucional del poder en una Unión Europea que iba a tener veinticinco miembros.

El problema fundamental que se planteó en Niza era el de la paridad entre Francia y Alemania, una paridad que venía de los tiempos de la fundación de la Comunidad y que los franceses consideraban intocable, porque para ellos, aunque las diferencias entre Francia y Alemania fueran importantes, toda la Unión reposa sobre la igualdad política de los dos países. Los alemanes habían aceptado siempre esta situación. Ahora bien, de la unificación, después de la caída del Muro de Berlín, salió una Alemania transformada, sustancialmente distinta a la República Federal de la posguerra y la guerra fría. Con la incorporación de nuevos países a la Unión, además, tenía que cambiar el sistema de votos y la ponderación de la importancia de los países a la hora de tomar decisiones en el consejo. Así que los alemanes pensaban que la paridad con Francia, tal y como había sido diseñada en los comienzos de la Comunidad y como se había mantenido a lo largo de todos aquellos años, había dejado de tener sentido.

El Consejo de Niza de 2000 fue el consejo de la divergencia entre Francia y Alemania. Era una novedad histórica, que replanteaba todos los equilibrios que durante mucho tiempo parecían inmutables en el seno de la Unión. Resultaba arriesgado, pero también abría oportunidades nuevas.

Para nosotros, la primera cuestión que se planteaba era encontrar la manera de preservar nuestros intereses en la nueva situación, con una Unión de veinticinco miembros. España corría el riesgo de verse en posición de minoría y por tanto en la incapacidad de defender sus intereses en la UE. Hasta entonces, en una votación por mayoría cualificada del consejo, a los españoles nos bastaba con aliarnos con un país mediano y dos pequeños, por ejemplo, para salvaguardar nuestra posición.

En la fórmula que nos ofrecían en Niza, en cambio, necesitábamos sumar siete países para el mismo objetivo. Esto era parte de un cambio en las reglas que afectaba a todos los países. A nosotros nos concernía muy en especial porque nuestro encaje en las nuevas fórmulas de toma de decisiones seguía pendiente desde Ámsterdam. Y existía una divergencia de fondo entre Francia y Alemania a propósito de la paridad de voto, cuya solución nos afectaría a todos.

El proceso de negociación no empezó bien. Por entonces, aún existía la costumbre de que los representantes del país que ocupaba la presidencia del consejo realizaran una ronda de visitas preparatorias con los demás países de la Unión. Como entonces todavía éramos quince, resultaba posible hacerlo. Chirac llegó a Madrid a finales de noviembre y se iba a celebrar una cena en la Moncloa el día 29 de ese mismo mes. Era el día de su cumpleaños. Llegó acompañado de un séquito numeroso y nada más entrar me dijo que tenía que hablar conmigo a solas.

Entramos en el despacho oficial y allí me dio a entender que sus socios socialistas en el Gobierno le estaban presionando con el asunto de la lucha contra el terrorismo etarra y que iba a necesitar mi comprensión y mi apoyo en el asunto de la paridad. Le contesté que me parecía imprescindible separar la política antiterrorista de unas negociaciones sobre la Unión Europea. Me negué por tanto a entrar en una propuesta que me parecía fuera de lugar. Al salir, nos sentamos a cenar y, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos, la velada resultó desangelada. Incluso se había preparado una tarta, que se sacó al final, aunque por poco se quedan sin soplar las velas. Solana quedó impresionado por lo frío que Chirac se mostró conmigo en todo momento, y así me lo dijo. «Razones tiene para estarlo», le respondí. Él no conocía la reunión sobre terrorismo que acabábamos de mantener.

Así se abrieron las negociaciones que condujeron al Tratado de Niza. Desde el principio tuve la impresión de que fue Jospin quien desempeñó un papel moderador que logró limar las aristas. Claro está que Chirac y Jospin —con quien tuve buen entendimiento— respetaban al milímetro sus respectivos papeles, tanto en público como en privado. No había por tanto fisuras en la defensa de la posición francesa. También hay que tener en cuenta que en Francia el primer ministro no se ocupa tanto de la política exterior como el presidente de la República, quien concentra las competencias constitucionales de dirección de la política exterior. En épocas de «cohabitación», cuando el presidente de la República y el primer ministro pertenecen a partidos distintos, ambos participan en los Consejos Europeos. Cuando no se da esta circunstancia, al presidente de la República sólo le acompaña el ministro de Asuntos Exteriores.

Una vez en Niza, Chirac procedió a inaugurar el consejo, y me dijo que todos esperaban un José María Aznar constructivo, muy activo, pero que abandonara su afición a fumar puros sin parar durante toda la noche... No fue del todo así. Uno de nuestros grandes objetivos en aquel consejo era asociar a Polonia con nuestra posición. A mí me interesaba mucho tener una relación sincera, abierta e intensa con Polonia. Trabajé para ello con Jerzy Buzek y con Leszek Miller. De Polonia nos distinguen muchas cosas, pero por tamaño y población es un país comparable al nuestro y podía ser un gran socio dentro de la Unión. Era importante para nosotros que se la tuviera en cuenta al mismo nivel que a España. Por lo menos en parte, fue nuestro empeño el que acabó consiguiendo que, al terminar el consejo, Polonia obtuviera una importancia de primera categoría. Ni que decir tiene que muchas personas, en especial los profesionales del enredo, decían a los polacos que los españoles les estábamos poniendo trabas. Era exactamente lo contrario, y fue justamente la relación tan estrecha que yo quería conseguir con Polonia la que despejó la posición de nuestros amigos.

Desde este punto de vista, el tratado fue todo un éxito. En la nueva arquitectura institucional de la Unión ampliada, España y Polonia quedaron equiparadas con veintisiete votos cada una, mientras que los «grandes» —es decir, Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia— tenían veintinueve. A cambio, nosotros cedimos unos cuantos escaños en el Parlamento Europeo, tres o cuatro, algo casi irrelevante si tenemos en cuenta lo que habíamos ganado en el reparto del poder en el consejo.

Si nosotros estábamos satisfechos, los alemanes, en cambio, no lo estaban del todo. Se había mantenido la paridad entre Francia y Alemania, y además Polonia había adquirido un peso que consideraban excesivo, como los franceses consideraban desproporcionada la importancia de España.

Así fue como, incluso antes de que entrara en vigor el Tratado de Niza en febrero de 2003, volvieron a empezar las negociaciones para un futuro acuerdo. Se cumplía así la tradición europea de volver a empezar antes de haber terminado.

Fue entonces cuando se puso en marcha el proceso para la elaboración de un tratado constitucional europeo: lo que acabaría siendo la frustrada Constitución europea. En el consejo celebrado en Laeken, cerca de Bruselas, a mediados de diciembre de 2001, se empezaron a poner los cimientos de la nueva Unión. Ahí reapareció Valéry Giscard d’Estaing, que quedó encargado de presidir los trabajos para ese nuevo tratado.

En España, Giscard tenía mala prensa porque se recordaba su actitud, muy negativa para nosotros, en relación con el terrorismo de ETA en los años setenta. Yo conocía esto, pero también había mantenido una larga relación con Giscard desde hacía mucho tiempo. Habíamos sostenido algunas conversaciones privadas interesantes. Yo mismo había asistido a varios congresos de su partido, la UDF. Le había invitado a varios actos del Partido Popular e incluso participamos juntos en algún mitin en la campaña de las elecciones municipales en 1994. Teníamos una relación cordial, y cuando Chirac me pidió que respaldara a Giscard para presidir los trabajos acerca del nuevo tratado, lo hice sin el menor reparo. Luego la relación se enfrió, porque Giscard mantuvo una posición totalmente federalista en cuanto al diseño institucional de la Unión, y porque incumplió sus compromisos. Quizás pensó que iba a ser el Jefferson de una nueva Europa destinada a superar la dinámica histórica de los Estados-nación para forjar una nueva unidad nacional. Yo compartía muy poco de todo aquello, y además no me gustaba nada porque sabía que, en realidad, de lo que se estaba hablando era de la revisión del sistema de reparto en la toma de decisiones y que esa revisión nos podía perjudicar seriamente.

Por eso, cuando se puso en marcha lo que se llamó la Convención Europea, que era el grupo encargado de redactar lo que iba a ser —y no fue— la Constitución de Europa, yo anuncié que sometería a referéndum el nuevo texto. Estaba convencido de que resultaría casi imposible que un nuevo reparto en el proceso de la toma de decisiones igualara —no digamos ya mejorara— lo que habíamos conseguido en Niza. Tampoco entendía que, si habíamos logrado una distribución razonable, tuviéramos que volver a revisarlo todo casi de inmediato. Era una medida de presión, una toma de posición ante las negociaciones que estaban teniendo lugar y ante lo que se estaba fraguando allí, que a mi juicio no pretendía más que producir un nuevo reparto de poder en la Unión para que España perdiera el peso que había logrado en Niza. Lo que quería decir era bien sencillo: si de aquel proceso salía perjudicada la posición de España, era posible que los españoles, consultados en referéndum, se negaran a ratificar el nuevo reparto. Es lo que acabó ocurriendo, aunque los protagonistas del «no» fueran los franceses y los holandeses. Ésa era la posición de fondo y aquélla era nuestra estrategia.

Entonces nadie imaginaba lo que iba a ocurrir en España tras las elecciones de marzo de 2004. Lo natural es que un Gobierno continúe, profundice y aproveche los avances conseguidos por el anterior. Pues bien, los socialistas proclamaron la doctrina de «la vuelta al corazón de Europa».

Esa doctrina, o ese lema, no dejaba de tener su gracia. Primero, porque nunca, desde el siglo XVIII, habíamos tenido tanto peso en el contexto europeo. Habíamos fundado el euro, disponíamos de más recursos que en ninguna otra etapa anterior y teníamos más capacidad de decisión que nunca. Y, segundo, porque la vuelta al corazón de Europa interpretada por los socialistas no fue otra cosa que la vuelta a una posición marginal y secundaria. Rodríguez Zapatero aceptó que España desapareciera, literalmente, de la mesa de negociaciones a cambio de recuperar los tres o cuatro diputados que habíamos perdido en Niza. Con su decisión, condenaba a España a estar siempre en minoría, de tal forma que nuestro país no iba a ser capaz de defender sus intereses básicos. No solamente descartó el referéndum como posible forma de presión, sino que aceptó las posiciones de quienes salían ganando con la retirada de España y, no contento con eso, dejó claro que iba a utilizar el referéndum para que los españoles tuvieran la magnífica oportunidad de ser los primeros en ratificar un tratado que nos perjudicaba. Así se hizo, efectivamente. Es muy fácil hacerse simpático en el seno de la Unión Europea, pero es bastante más difícil defender los intereses del país.

Ante todo lo que se venía encima, decidí hacer una declaración en el Campus FAES del verano de 2004. Allí advertí a la opinión pública española que debía reflexionar con cuidado en lo que estaba ocurriendo con la Constitución europea. Era imprescindible que los españoles se preguntaran si aquel texto les convenía o no. Como era de esperar, la invitación a pensar se consideró una provocación, y hubo gran aparato de indignación y rasgado de vestiduras. El caso es que todo aquello resultó un paso atrás muy serio para España, como se demostró luego en las múltiples ocasiones en las que nuestro país ha quedado en minoría, sin capacidad para defender sus intereses. Al pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada, en el Consejo de Niza, nosotros habíamos logrado defender e incluso promocionar los intereses de España. Luego se perdió todo lo que se había conseguido.

Los demás socios europeos no daban crédito a lo que estaba ocurriendo. España se había hecho un sitio en la mesa de decisión de los grandes a fuerza de tesón y de insistencia. Habíamos aprovechado todas las oportunidades que se nos presentaron y no dimos nunca la espalda a la ocasión de ver a nuestro país por delante.

Era de esperar que los demás socios respondieran como nosotros estábamos actuando. Así como nosotros presionábamos, los demás nos presionaban a nosotros. Es la forma de actuar en la Unión. Lo que nadie se esperaba, ni se espera nunca, era que alguien se marchase de la mesa y abandonara la posición que había conseguido previamente. Es probable que algunos de nuestros socios alcanzaran un grado de felicidad inefable. Nunca habían visto nada parecido, ni habían soñado con que les tocara aquel premio, que era mucho más que el gordo de la lotería. Nos íbamos, actuábamos en contra de nuestros intereses, rendíamos pleitesía al resto y, por si todo eso fuera poco, les dábamos las gracias. Aquello venía a corroborar lo que siempre habían pensado sobre España. Volvíamos al papel que nos ha correspondido tradicionalmente, que es el de cumplir las decisiones tomadas por los demás. Durante unos años, España había estado actuando por encima de su categoría y ahora volvía al nivel que según algunos le correspondía. Ahí seguimos.

El vecino del sur

Cuando llegamos al Gobierno, nuestro primer gran reto exterior había sido la entrada en el euro. Su culminación con éxito nos había convertido en socios de la refundación de la Unión Europea. Habíamos mejorado nuestra posición económica e institucional. Habíamos dado un nuevo alcance a nuestra política atlántica. Nuestra posición dentro de la UE había quedado plasmada en el Tratado de Niza, pero antes, en la Agenda 2000, también se había puesto de manifiesto nuestra capacidad para influir en las prioridades que asumía la Unión con compromisos de liberalización, apertura y competitividad. Esta posición de fortaleza en Europa la hacíamos compatible con un discurso y una política de vinculación y colaboración con Estados Unidos. Defendíamos Europa como un gran espacio de innovación y crecimiento, en el marco del reforzamiento de su dimensión atlántica.

Por supuesto, estos objetivos no eran incompatibles con otras prioridades de nuestra política exterior y de cooperación. Esas prioridades eran tradicionalmente tres, y lo siguieron siendo bajo mi Gobierno: el norte de África, el Mediterráneo y nuestra relación con Iberoamérica.

Como era tradición, o simplemente práctica habitual, decidí que mi primera visita oficial como presidente del Gobierno de España fuera a Marruecos. Era una manera de reconocer la singularidad de las relaciones con nuestro vecino del sur y de transmitir un mensaje de continuidad con los elementos básicos de la política exterior española. Pero también había otro motivo: quería despejar dudas. No estaba nada seguro de que Marruecos hubiera visto con buenos ojos el cambio de Gobierno en España. Más bien lo contrario. Tenía la impresión de que la salida de los socialistas del poder y la llegada del Partido Popular habían generado serias suspicacias en Rabat. Pero yo quería tener una buena relación con Marruecos y quería que se supiera. No iba a ser fácil.

En la agenda bilateral había entonces cuatro temas espinosos, algunos de los cuales siguen hoy ahí.

El primero era el Sáhara. Toda la diplomacia marroquí estaba orientada a conseguir un cambio en la posición española, que era de respeto a las resoluciones de las Naciones Unidas, incluida la referente a la celebración de un referéndum sobre el futuro del territorio. España había convivido con situaciones de hecho impuestas por Marruecos, y no faltaban voces, bastante influyentes en la definición de nuestra política exterior, que opinaban que había llegado el momento de reconocer definitivamente las reclamaciones marroquíes sobre el Sáhara.

El segundo tema en la agenda eran los acuerdos de pesca, que Marruecos había convertido en su principal instrumento de presión sobre España. La negociación era competencia de la Unión Europea, pero sus resultados afectaban de lleno a los intereses españoles.

El tercero era la vieja pretensión marroquí sobre Ceuta y Melilla, islas, islotes, peñones, etc. El Gobierno marroquí llevaba proponiendo insistentemente desde hacía años la creación de una «célula de reflexión» sobre el futuro de las dos ciudades. Felipe González se había opuesto, pero se había creado una plataforma de encuentro cultural y de la sociedad civil —el llamado Comité Averroes— que intentaba ejercer como sucedáneo de la célula «oficial».

El cuarto asunto era la inmigración ilegal. No era un problema nuevo, pero sí había adquirido creciente importancia por distintos motivos: el número de marroquíes afincados en España; la posición estratégica de Marruecos en las rutas de inmigración ilegal hacia España; la mayor o menor intensidad del control ejercido por el Gobierno de Rabat sobre esos flujos migratorios y, muy especialmente, sobre las mafias de tráfico de personas; y la presión que la inmigración ilegal ejercía sobre Ceuta y Melilla, que en aquellos momentos apenas disponían de infraestructuras y equipamientos para el control de las fronteras y la atención a los inmigrantes.

Más allá de estos asuntos estrictamente bilaterales, la posición de Marruecos planteaba consideraciones estratégicas evidentes. La estrecha relación de Marruecos con Francia colocaba a España en medio de lo que algunos analistas calificaban certeramente como una «pinza» o «tenaza». Por otra parte, Marruecos mantenía una muy buena relación con Estados Unidos. Era considerado un aliado importante de Washington y valorado como factor de estabilidad en el convulso mundo musulmán.

Cuando llegamos al Gobierno, nuestro interlocutor en Marruecos era el rey Hasán II, un hombre con una enorme experiencia de poder e implacable en su ejercicio. Había sobrevivido a numerosas maniobras para derrocarle y, en caso de considerarlo necesario, no le había temblado el pulso a la hora de prescindir de sus más leales y eficaces colaboradores.

En la relación de España con Marruecos, la referencia de las dos monarquías era, por supuesto, muy importante. Se podría decir que el Rey Don Juan Carlos ejercía, desde su papel, una influencia estabilizadora. Por su parte, Hasán probablemente hubiera querido pasar por alto las diferencias constitucionales entre ambos monarcas, confundiendo la relación institucional y política con la personal, lo que hubiera provocado una clara disfunción en las relaciones bilaterales. Sin embargo, la Corona española siempre constituyó un activo fundamental en una relación crucial para España y que se jugaba en un tablero complejo y sensible.

Mi primera visita a Marruecos tuvo lugar los días 27 y 28 de mayo de 1996. Nos recibieron con una cortesía extraordinaria. Grandes agasajos. Una gran hospitalidad. Una cordialidad total. En un gesto poco habitual, el rey Hasán salió a recibirme a la entrada del Palacio Real de Rabat. Después de una larga conversación, nos ofreció un almuerzo espléndido en uno de los patios del propio palacio. A nuestra mesa estuvieron sentados el príncipe heredero y su hermano. Me sentí muy agradecido y así lo expresé en mis discursos e intervenciones, en que me comprometí también a atender algunas viejas reclamaciones del país, como la instalación de una interconexión eléctrica con España a través de un cable submarino, algo que, efectivamente, quedó resuelto poco después.

Aquel primer viaje parecía haber disipado las dudas y presagiaba una relación de colaboración activa y eficaz entre los dos países. Sin embargo, las cosas no serían tan fáciles.

Un año después, en mayo de 1997, el príncipe heredero, el futuro Mohamed VI, vino a España. Visitó Córdoba y Madrid, donde le ofrecí un almuerzo en la Moncloa con la más alta consideración protocolaria.

Antes de la llegada del resto de los invitados, nos reunimos los dos en mi despacho de trabajo. La conversación no fue fácil. El príncipe me planteó abiertamente la exigencia de que España cambiara su posición en relación con el Sáhara. Estaba muy inquieto. La vigencia del Plan de Arreglo y las gestiones de James Baker como representante personal del secretario general de la ONU le hacían temer por el futuro estatus del Sáhara. Yo le expliqué que España iba a mantener su posición.

Eso provocó un segundo reproche, esta vez a cuenta de mi negativa a abordar las pretensiones marroquíes sobre Ceuta y Melilla. Mi respuesta, obviamente, también le disgustó. Lo cual, debo decir, me sorprendió. Está claro que Marruecos no había valorado bien las intenciones y objetivos del nuevo Gobierno español. No sería su único error de cálculo en relación con nosotros.

Dos años después, en abril de 1998, hice mi segunda visita oficial a Marruecos. En el marco de la cumbre bilateral, mantuve una audiencia con el rey Hasán. Éste me planteó su reivindicación sobre Ceuta y Melilla. La conversación fue aún más complicada que la que había tenido con el príncipe en Madrid. En un momento dado, Hasán llegó a pronunciar la palabra «guerra». Eso sí, para decir que su país no la declararía por esta cuestión. Su comentario me pareció fuera de lugar y decidí replicar: «Me parece muy bien su postura, porque, de hacer la guerra a España, Marruecos la perdería.» La conversación llegó a un punto muerto. A los diez minutos, el rey me dijo que creía que la conversación se podía dar por terminada. Le dije que estaba en su derecho, puesto que yo era su huésped, pero que pensaba que había otros temas de interés sobre los que podíamos hablar. Así lo hicimos. Pasamos a hablar del euro. Él se mostró escéptico respecto al futuro de la moneda única; dijo que Europa era muy diversa y que el euro no cuajaría. Yo le expresé mi discrepancia y le dije que el euro podía ser muy positivo para Marruecos. Fue la última vez que nos vimos.

En julio de ese año, el rey Hasán murió. Desde el Gobierno, quisimos hacer un gesto de apoyo inequívoco a su joven heredero. El Rey presidió la representación española en los funerales y yo también asistí. Fue un espectáculo muy impresionante. Las multitudes desbordaron todos los dispositivos de seguridad y varias veces estuvimos a punto de ser arrollados. Recuerdo que el presidente del Yemen y yo íbamos cogidos del brazo para no caernos. Me regaló una masbaha, el hilo de cuentas que utilizan los musulmanes.

Los funerales del rey Hasán fueron un acontecimiento político de gran relevancia para la región. La asistencia del presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, supuso un gesto de deshielo en unas relaciones muy difíciles. Para nosotros, también sirvió como punto de reencuentro. Una de las decisiones importantes que habíamos adoptado era la de dar a nuestros acuerdos con Argelia el mismo rango que tenían los acuerdos con Marruecos.

Antes del funeral, Don Juan Carlos y Doña Sofía se reunieron con el ya rey Mohamed. También estábamos el primer ministro marroquí y yo. Las fotos del encuentro son conocidas: Mohamed llora junto a los Reyes españoles, también muy emocionados. En la mano de Don Juan Carlos aparece un pañuelo blanco. Era el mío. Se lo di para que se secara las lágrimas. Don Juan Carlos recordó su estrecha relación con Hasán, al que llamaba su «hermano mayor», y le dijo con afecto a Mohamed: «Ahora el hermano mayor soy yo».

La frase reflejaba un afecto auténtico. Sin embargo, yo siempre pensé que, si lo que marcaba la política exterior de Marruecos eran las relaciones filiales, entonces el verdadero hermano mayor era Jacques Chirac. Éste a menudo me hablaba de su muy estrecha relación con el rey Mohamed, de cómo lo había tenido sobre sus rodillas cuando era niño y de cómo había jugado con él.

Con la muerte de Hasán II y el ascenso al trono de Mohamed VI se inicia una nueva etapa en la política de Marruecos respecto a España. De forma perceptible, Marruecos se alinea con Francia contra los intereses de España.

En un momento determinado y como manifestación de una ruptura total de los frágiles acuerdos mantenidos hasta entonces, Marruecos decretó la prohibición total de faenar en sus caladeros. Fue una decisión inspirada por Chirac, que se equivocó por completo, porque yo pensaba que el precio de no tener acuerdo de pesca con Marruecos se podía absorber mucho mejor que el precio de estar permanentemente renegociándolo. También aumentó la presión sobre Ceuta y Melilla, y de nuevo Chirac participó en esta estrategia de presión, que tenía una finalidad: modificar la posición española sobre el Sáhara, cosa que no ocurrió.

Recuerdo que, en una reunión que mantuve con él durante la presidencia española de la Unión Europea, Chirac llegó a decirme: «Tratas a Mohamed peor que Sharon trata a los palestinos». Además de falsa, la acusación era paternalista. Y, como todo paternalismo, a quien más perjudicaba era al hijo. La prueba está en lo ocurrido en un islote de nombre Perejil. Algo difícil de entender sin tener en cuenta lo que Chirac pensaba sobre la relación entre España y Marruecos, según dijo en esa misma cumbre europea. «Tenéis que empezar a devolverlo todo», afirmó. «No tengo nada que devolver», respondí.

Gibraltar

En algún momento de su mandato, todos —o casi todos— los Gobiernos españoles han tenido que afrontar el contencioso de Gibraltar con el Reino Unido para hacer valer la reivindicación de soberanía española sobre ese territorio y administrar las consecuencias muy diversas y perturbadoras que conlleva la persistencia de la última situación colonial en Europa.

Nosotros también lo hicimos, con la voluntad de dar un impulso determinante a la solución del contencioso, abriéndolo a una fórmula de acuerdo todo lo realista que fuera posible pero todo lo inequívoca que era necesario en cuanto a la reivindicación de soberanía por parte de España.

El 12 de julio de 2002, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Jack Straw, anunciaba formalmente ante la Cámara de los Comunes que ambos países habían alcanzado «un principio de acuerdo» en torno a la cosoberanía sobre Gibraltar, y confirmaba que las conversaciones continuarían después del verano con el objetivo de llegar a un acuerdo global.

Habíamos avanzado hasta un punto que nunca se había alcanzado para un acuerdo que encarrilara el contencioso con un cambio real, equilibrado y con recorrido de futuro para la plena reintegración de la soberanía sobre el territorio gibraltareño.

Poco después de que llegáramos al Gobierno, el ministro Abel Matutes ya habló de cosoberanía como una vía que teníamos que explorar. El mensaje quedó sobre la mesa, para retomarlo cuando hubiese condiciones para ello. Un Gobierno conservador en declive, con un futuro ya cercano de derrota electoral, como el que presidía John Major en un partido que vivía en plena exacerbación nacionalista a cuenta de sus tradicionales divisiones en torno a la Unión Europea no era el mejor interlocutor para abrir esta vía.

Abel Matutes fue precursor en este camino y un ministro experimentado y fiable, que suscitaba un gran respeto y conocía perfectamente la Unión Europea, desde donde había llevado a cabo una política muy activa de cooperación con Iberoamérica. Fue un gran activo en ese primer Gobierno, que tenía precisamente en la política exterior una tarea muy exigente.

Hubo que esperar algún tiempo para que ambos Gobiernos coincidiéramos en que se daban condiciones adecuadas para abordar el asunto en los términos que España había planteado.

Tanto Blair como yo teníamos el apoyo de sólidas mayorías parlamentarias. Habíamos alcanzado un grado de confianza y de interlocución que nos permitía hablar de esta grave diferencia en nuestras relaciones sin las restricciones que eran habituales en un guión argumental ya muy establecido. Éramos conscientes de que las relaciones hispano-británicas podían tener una proyección de futuro que no debía quedar frenada por la persistencia de este contencioso. La posición internacional de España y su papel dentro de la Unión Europea reforzaban nuestra importancia para los británicos, siempre limitados por su relativo aislamiento en Europa.

El primer ministro Tony Blair y yo mismo hablamos a fondo de esta oportunidad. Blair contó en sus memorias cómo, mientras él remataba el Acuerdo de Viernes Santo en Irlanda del Norte, aproveché la estancia de su familia en Doñana, adonde fuimos a pasar la Semana Santa con el matrimonio Blair, para hablar con su suegra y explicarle nuestra posición sobre Gibraltar. Con humor, el primer ministro británico anotó en sus memorias cómo aquello era una estrategia de presión en todos los frentes. Blair y yo nos comprometimos con un proceso de negociación que queríamos que tuviese plazos concretos y que concluyera con un acuerdo global que cada uno pudiera presentar ante sus respectivos Parlamentos no sólo como aceptable sino como el compromiso posible y deseable para la relación bilateral y el bienestar de los ciudadanos de Gibraltar y de la comarca circundante.

En julio de 2001, los ministros Josep Piqué y Jack Straw acordaron relanzar el llamado «Proceso de Bruselas», el compromiso alcanzado en 1984 de emprender negociaciones bilaterales en las que el Reino Unido aceptaba abordar cuestiones de soberanía. Ese mismo año, en noviembre, me reuní con Tony Blair en la residencia de campo del primer ministro en Chequers. Tratamos en detalle y en el mejor ambiente posible los aspectos más delicados que planteaba la negociación y conseguimos aproximar las posiciones lo suficiente para poner en marcha las conversaciones.

A partir de entonces se inicia un trabajo diplomático muy serio y consistente dirigido por Josep Piqué y llevado a cabo por un equipo de profesionales muy solventes del Ministerio de Asuntos Exteriores que se enfrentaban a la tarea de encontrar fórmulas de acuerdo para un problema que parecía insoluble.

Se hizo una gran labor. Blair mantuvo su compromiso con el avance de la negociación y en mayo de 2002 conseguimos acordar un proyecto de declaración conjunta hispanobritánica que recogería el acuerdo final.

En el texto de la declaración se decía que «los Gobiernos de España y el Reino Unido comparten el siguiente objetivo: resolver sus diferencias sobre Gibraltar y, de esta forma, proporcionar a Gibraltar un estatus moderno y sostenible, incluyendo su participación más efectiva en las políticas de la Unión Europea». Se preveía la conclusión de un tratado bilateral por el que ambos Estados deberían «compartir la soberanía respecto a Gibraltar, incluyendo el istmo».

Se aseguraba que Gibraltar podría preservar «sus tradiciones, costumbres y modo de vida» mientras que España y el Reino Unido, «como cosoberanos», ostentarían «conjuntamente competencias apropiadas, en particular en materia de defensa, relaciones exteriores, control de espacio marítimo y aéreo y de las fronteras, inmigración y asilo y respecto de aquellas medidas» que pudieran resultar necesarias «para asegurar la estabilidad económica y financiera».

Ambos Gobiernos compartiríamos la obligación de «proteger y promover los intereses de Gibraltar en la Unión Europea y en el ámbito internacional». Nos comprometíamos a trabajar para obtener la máxima financiación de la UE para Gibraltar y la comarca, a eliminar las restricciones sobre el aeropuerto y a iniciar conversaciones con el Gobierno local para la inclusión de Gibraltar en la Unión Aduanera, el Acuerdo de Schengen y otras políticas de la Unión Europea. Los gibraltareños podrían mantener la nacionalidad británica y acceder a la española según las disposiciones del futuro tratado.

Cuando Straw anunció el principio de acuerdo, se estaba avanzando en los tres puntos que requerían mayor esfuerzo negociador. Se trataba, en primer lugar, de la temporalidad del acuerdo. Es decir, el futuro tratado no debería entenderse como algo que satisfacía la reivindicación española, que seguía apuntando a la reintegración plena de la soberanía sobre la colonia. Los equipos negociadores manejaban ya algunas propuestas que permitían anticipar un acuerdo.

El segundo punto se refería al alcance del referéndum que se celebraría en Gibraltar. Nosotros no podíamos aceptar un referéndum que decidiera sobre el tratado bilateral que ambos Estados preveíamos concluir. Eso equivaldría a un referéndum de autodeterminación que daría a Gibraltar capacidad para invalidar las decisiones soberanas de dos Estados. Aceptábamos un referéndum sobre el estatus de autogobierno que mantendría Gibraltar, pero no sobre el acuerdo de cosoberanía en sí. Aquí era donde lo jurídico y lo político adquirían toda su sensibilidad.

El tercer punto por resolver era la presencia española en las instalaciones militares. Nosotros pusimos sobre la mesa el mando conjunto de dichas instalaciones, mientras el Reino Unido hablaba de «uso conjunto», lo que para nosotros resultaba insuficiente. Nuestra común pertenencia a la OTAN, en cuya estructura integrada de mando ya estábamos, podía ofrecer una solución.

A pesar de las dificultades, se estaba trabajando bien en encontrar fórmulas aceptables y manteníamos la voluntad de seguir impulsando el proceso negociador.

Bien es cierto que empezaban a aparecer algunos síntomas preocupantes, sobre todo el endurecimiento creciente de las posiciones que defendían los diplomáticos del Foreign Office (el conocido poder de la alta burocracia británica), las divergencias que empezaban a manifestarse en el Gobierno británico y una agenda política que se iba complicando para Tony Blair.

El anuncio de Straw en la Cámara de los Comunes pretendía marcar el inicio de la fase final de la negociación y oficializar el compromiso del Gobierno británico con un acuerdo global. Sin embargo, provocó una agresiva reacción de las autoridades gibraltareñas y la activación del lobby de la colonia en Londres. El ministro principal, Peter Caruana, elevó su desafío y anunció un plebiscito en la colonia con el que quería deslegitimar la negociación y dejar al Gobierno Blair sin margen de maniobra. La estrategia encontró apoyos suficientes para inhibir la respuesta que habría sido necesaria por parte del Gobierno británico para mantener la negociación. El 7 de noviembre se produjo el plebiscito anunciado, con el resultado esperable. Poco más de diecisiete mil personas, cuyos derechos e intereses se respetaban escrupulosamente en el acuerdo que estábamos diseñando, y que se iban a beneficiar de la apertura económica y de la ampliación de los intercambios, ponían un obstáculo decisivo que malograba la oportunidad más clara y desarrollada de un acuerdo que favorecería a todos.

Sin duda, la posición de las autoridades gibraltareñas es una cuestión política previa que tendrán que resolver los que busquen una solución en el futuro. La responsabilidad compete al Gobierno británico y a su disposición a hacer frente a un desafío a las relaciones bilaterales como el que se produjo entonces.

De nuevo, es incomprensible que, en vez de continuar explorando las posibilidades abiertas con el avance sustancial en la vía de la cosoberanía, nuestros sucesores en el Gobierno retrocedieron hasta un punto insólito y gravemente perjudicial para la reivindicación española al aceptar un foro trilateral que incorporaba a Gibraltar como una parte más reconocida por España. Un grave error que sólo podía tener una interpretación: la debilidad y el abandono, claves de nuestra política exterior durante demasiado tiempo.

Perejil

Es difícil saber qué llevó a Mohamed VI a cometer un error estratégico del calibre de la ocupación ilegal del islote de Perejil. Sin duda, el apoyo inequívoco que recibía de Francia desempeñó un papel importante. Pero probablemente también contribuyó la actitud y posición de algunos sectores políticos y mediáticos españoles.

Ahí está, por ejemplo, la estrafalaria visita que José Luis Rodríguez Zapatero, entonces ya líder de la oposición, realizó a Marruecos en diciembre de 2001, cuando las relaciones bilaterales pasaban por un momento de tensión, retirada de embajador marroquí incluida. El resultado de aquel viaje es conocido: una foto de Zapatero posando sonriente delante de un mapa en el que aparecen Ceuta, Melilla y hasta Canarias como parte del territorio marroquí. Y quizás también algo más. El apoyo del líder socialista posiblemente también generó en círculos oficiales marroquíes la sensación de que el Gobierno del Partido Popular no las tenía todas consigo en la defensa de sus posiciones. Se equivocaron.

Recibí la noticia por Ángel Acebes. Era la primera llamada que me hacía Ángel como ministro del Interior tras haberse estrenado en el cargo apenas unos días antes. No di crédito. Me parecía increíble que Marruecos hubiera mandado a personas armadas, lo que suponía una ruptura del statu quo. Y me parecía increíble que no nos hubiéramos enterado hasta un día después, gracias a una patrullera de la Guardia Civil que había pasado casualmente por la zona y que había actuado prudentemente ante la falta de información sobre lo que sucedía.

Me puse en marcha de inmediato con el objetivo de no aceptar los hechos y de devolver el islote a su situación anterior. Tras un primer análisis de la situación, teníamos claro lo que había pasado: Marruecos había decidido ponernos a prueba; quería comprobar hasta dónde estábamos dispuestos a llegar en la defensa de los intereses de España; quería medir los límites de la determinación del Gobierno y de la firmeza de la opinión pública española. De ahí que fuera crucial acertar en la respuesta. Tenía que ser una contestación medida, pero que no dejara ninguna duda sobre nuestra posición: no íbamos a aceptar hechos consumados; si Marruecos había querido ver fisuras en la postura española y albergaba esperanzas de que esas fisuras le iban a permitir avanzar en sus pretensiones sobre Ceuta, Melilla y los peñones, se había equivocado.

Informé al Rey y me puse en contacto con el primer ministro de Marruecos, Abderramán Yusufi, un viejo socialista, amigo de España y castellanoparlante al que conocía bien. Tiempo atrás le había invitado a una visita privada a Doñana. Yusufi se había mostrado un tanto reacio a venir, quizás porque temía que fuera una encerrona. Le había tenido que aclarar que el único motivo para invitarle a Doñana y no a la Moncloa era mi deseo de conversar en un ambiente más distendido y de tranquilidad, una manifestación de amistad personal. Finalmente, Yusufi había accedido a venir y habíamos pasado una estancia muy agradable.

Cuando lo llamé para preguntarle qué hacían gendarmes marroquíes en Perejil, me contestó que no tenía ni idea y que se enteraría. En términos que no permitían la más mínima duda sobre la gravedad que concedíamos al asunto, le pedí que lo hiciera cuanto antes. «Esto tiene que estar resuelto dentro de veinticuatro horas», le dije. Lejos de añadir confusión, mi conversación con Yusufi me confirmó en nuestra percepción inicial respecto al origen e intencionalidad de la ocupación de Perejil.

A continuación, pedí a nuestro ministro de Defensa, Federico Trillo, que fuera preparando un plan para la recuperación de la isla en caso de que la vía del diálogo con Marruecos no fructificara. Claro que queríamos dialogar. Pero no estábamos dispuestos a aceptar que el diálogo fuera utilizado para postergar la rectificación de Marruecos y que ello consolidara la ocupación de un territorio.

Nuestro siguiente paso fue conseguir el aval de nuestros socios europeos y de la OTAN. Hablé personalmente con todos los presidentes o primeros ministros europeos. Todos me mostraron su apoyo salvo uno: Jacques Chirac. También me pareció necesario solicitar el aval formal del Congreso de los Diputados, que en esas fechas tenía previsto celebrar el debate sobre el estado de la nación.

Simultáneamente, Ana Palacio, que como Ángel se acababa de estrenar en el Gobierno, en su caso como ministra de Exteriores, se puso en contacto con el Gobierno de Estados Unidos a través del entonces secretario de Estado, Colin Powell. Ana mostró una enorme capacidad de trabajo, una gran habilidad y una extraordinaria paciencia durante toda la crisis.

Yusufi nunca contestó a mi llamada. Desde el entorno más directo de Mohamed VI tampoco hubo ningún gesto o reacción. Pronto supimos por qué. Ese entorno, formado por personas sin experiencia y, por lo general, hostiles a España, era el que había ideado, propiciado y ordenado la ocupación de Perejil.

Federico Trillo y los altos mandos militares me presentaron varias opciones para desocupar Perejil. La primera consistía en utilizar fuerzas de la Guardia Civil. La propuesta parecía lógica en la medida en que, inicialmente, la ocupación había corrido a cargo de gendarmes de Marruecos, y no de soldados. El problema era que no teníamos prácticamente ninguna información: ni sobre el número de gendarmes, ni sobre el armamento del que disponían, ni sobre las instrucciones que habían recibido. Lo cual no dejaba de ser insólito y, en mi opinión, poco comprensible desde el punto de vista de la eficacia de nuestros servicios de inteligencia.

En la reunión que mantuvimos en la Moncloa, pedí a los jefes de Estado Mayor de los tres Ejércitos y al jefe del Estado Mayor de la Defensa que me diesen su opinión sobre qué hacer. Los jefes de Estado Mayor de Tierra, Aire y de la Armada se mostraron a favor de una actuación militar. En cambio, el JEMAD, el almirante general Antonio Moreno, se manifestó en contra. Decidí reiterar con claridad mi pregunta. El JEMAD volvió a manifestarse en contra. Seguimos analizando y valorando la opción de una acción militar. Antes de acabar la reunión, insistí por tercera vez. La respuesta del JEMAD fue, otra vez, la misma: no.

Mi decisión final fue que sí. A la vista de las alternativas que me presentaron, y de la información que teníamos —y de la que no teníamos—, me pareció la opción más segura. La tarea recayó en las unidades de operaciones especiales con base en Alicante, bajo el mando del general Pedro María Andreu. En presencia de los mandos militares y del ministro de Defensa, el general Andreu me explicó los detalles de la operación, las fuerzas que intervendrían y el apoyo logístico que iba a necesitar. Con la decisión tomada y la información en la mano, fui a ver al Rey y le conté lo que íbamos a hacer.

La operación tuvo lugar la madrugada del 17 de julio de 2002 y fue un gran éxito. Andreu y sus hombres no sólo consiguieron desalojar a los soldados marroquíes (los gendarmes habían sido sustituidos por militares), sino que lograron hacerlo sin usar la fuerza.

Yo no buscaba la humillación de Marruecos, sino sencillamente defender a España y transmitir un mensaje claro: el Gobierno no iba a aceptar resignadamente la ocupación de ningún territorio. Ni aunque se tratara de una isla rocosa, pequeña y deshabitada. Renunciar a Perejil hubiera sido un primer paso hacia la renuncia de Ceuta, Melilla, las islas o los peñones.

Los ocupantes marroquíes de Perejil fueron llevados a Melilla y devueltos en el acto a las autoridades de su país. Nos aseguramos de que la entrega no corriera a cargo del Ejército, sino de la Guardia Civil, para minimizar la gravedad de los hechos. En términos jurídicos, acepté una vuelta al statu quo ante. Es decir, a la situación que había antes de la ocupación marroquí, sin dejar en Perejil ni unidades de la Guardia Civil ni del Ejército. Tampoco quise que en el desfile del 12 de octubre de ese año hubiese ninguna referencia a la acción en la isla. Lo que sí ordené fue mantener un despliegue importante y visible de la Armada en torno a Ceuta y Melilla durante un mes.

A pesar de todo ello —y, sobre todo, a pesar de que había sido Marruecos quien había provocado el conflicto y quien luego se había negado a dialogar—, el rey Mohamed reaccionó con indignación por boca de sus consejeros y ministros.

Su círculo más próximo había errado el cálculo. Habían confiado en el apoyo de Francia y en las fisuras dentro de España. Se habían creído aquel viejo chiste que circulaba en épocas coloniales según el cual «los ingleses pegan y pagan, los franceses pegan pero no pagan, y los españoles ni pegan ni pagan». Habían creído que no haríamos nada y se habían equivocado. La reacción de España cambió la visión que muchos tenían de nosotros, y no solamente en los países del norte de África.

En las Fuerzas Armadas el éxito de la operación produjo gran satisfacción. Poco tiempo después, invité a cenar a la Moncloa a los jefes de Estado Mayor y al JEMAD con sus respectivas esposas. Estaban exultantes, incluido el JEMAD. Agradecí a todos el gran trabajo realizado y su buen criterio a la hora de proponer la operación. No hice mención a las reticencias del almirante general Moreno Barberá, con quien, por otra parte, mantuve siempre una buena relación.

Reconciliaciones

La crisis de Perejil no sólo afectó a nuestras relaciones con Marruecos. Inevitablemente, también afectó a las que manteníamos con Francia. Estoy seguro de que Marruecos jamás se hubiera lanzado a una operación de alto riesgo como aquélla sin la percepción de que podía contar con el respaldo de Francia. Otra cosa es que esa percepción fuera cierta, equivocada o simplemente demasiado optimista.

Tengo la impresión de que, ya al principio de la crisis, el Gobierno francés se percató de su error: la brecha abierta con España podía ser grave y su alineamiento con los aventureros del círculo de confianza del rey de Marruecos resultar precipitado. Tras la desocupación de Perejil, Ana Palacio recibió una llamada de París. Los franceses se ofrecían a albergar un encuentro de los Gobiernos español y marroquí para «formalizar» la vuelta al statu quo previo a la ocupación del islote. Cortésmente, rechazamos la propuesta, entre otras cosas porque no hacía falta ningún acto formal para restaurar la normalidad. Tuve la impresión de que el Gobierno francés estaba inquieto: no quería quedarse al margen de una solución bilateral en la que Estados Unidos había desempeñado un papel importante. Y, sobre todo, no quería quedar demasiado estrechamente vinculado a la parte, por decirlo de alguna manera, derrotada.

Poco tiempo después, Chirac dio un paso más en esta dirección. A principios de agosto recibí una visita de Nicolas Sarkozy. Nicolas era entonces ministro del Interior, siempre se había caracterizado por su apoyo a España (de manera muy importante en la lucha contra ETA), y era amigo personal mío. Chirac le había pedido que viniera a verme para transmitirme un mensaje: reconocía que el episodio de Perejil había sido un error, sentía mucho que hubiera podido afectar nuestras relaciones, y esperaba que cualquier discrepancia o recelo se viera superado. Mi respuesta fue clara y sincera: le expliqué los motivos de nuestra actuación y le dije que para España una buena relación con Francia era absolutamente prioritaria, y que yo siempre haría cualquier cosa para hacerla posible.

A partir de Perejil, el Gobierno, y de manera muy especial Ana Palacio, inició una labor diplomática intensa para recuperar una buena interlocución con Marruecos. Se realizaron varias visitas políticas de alto nivel, entre ellas la de Miguel Arias Cañete, entonces —como ahora— ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. También viajaron distintas delegaciones empresariales para reforzar las áreas de interés y cooperación común.

Mohamed VI actuó con inteligencia y se sumó al esfuerzo por recuperar las relaciones. Tuvo un buen gesto, que valoré mucho, tras la catástrofe del Prestige. A pesar de que no había un acuerdo de pesca vigente, ofreció a 64 pesqueros gallegos faenar en los caladeros marroquíes durante tres meses sin pagar ningún canon.

Unos meses después, los caminos de nuestros dos países volverían a cruzarse, esta vez por un atentado terrorista. El 16 de mayo de 2003, un grupo de terroristas suicidas sembraba de muerte y pánico la ciudad de Casablanca. El primero de varios atentados arrasaba la Casa de España en la ciudad y mataba a veintitrés personas. El primer ministro, Dris Yettu, visitaría poco después España. Me acompañaría a Quintos de Mora, donde tendríamos la ocasión de conversar sobre los muchos intereses comunes de España y Marruecos, entre ellos la seguridad y la lucha contra el terrorismo.

Mi último encuentro con Mohamed VI fue en diciembre de 2003. Nos vimos en Marrakech con motivo de una cumbre bilateral. Se produjo una normalización plena.

CAPÍTULO 2

La comunidad iberoamericana

Las cumbres

La recuperación política, democrática y económica de España desde la Transición tuvo profundas consecuencias en la relación de España con el mundo iberoamericano. Más allá de la retórica sobre las naciones hermanas y los vínculos históricos y culturales comunes, aquella relación empezó a cuajar de verdad a partir del establecimiento de las cumbres iberoamericanas en 1991. Fue una buena iniciativa del Gobierno de Felipe González, en la que desempeñó un papel determinante la acción conjunta entre España y México.

Iberoamérica atravesaba entonces momentos política y económicamente complejos, y España ejercía un papel de referencia por el éxito de la Transición. El sistema de cumbres iberoamericanas se fue consolidando con los años, a pesar de que España era la única contribuyente real a la financiación de sus iniciativas. Al principio, esas iniciativas se limitaban a los programas de cooperación. Pero luego, durante mi etapa en el Gobierno, se produjo un avance muy importante. Nuestro objetivo era dotar a las cumbres de una mayor institucionalidad y darles carácter anual. Para eso, y después del análisis realizado por un grupo de trabajo que dirigió Fernando Henrique Cardoso, propusimos la creación de una Secretaría General Iberoamericana permanente. Nos ofrecimos a aportar la sede y el mantenimiento de la estructura administrativa y de apoyo, y dejamos claro que el secretario no debía ser español. Designamos a Enrique Iglesias, excanciller de Uruguay, un hombre inteligente y hábil, con una gran capacidad de interlocución en las dos orillas del Atlántico y con la experiencia de haber dirigido el Banco Interamericano de Desarrollo.

El entendimiento con México era esencial para que las cumbres progresaran. Y ese entendimiento funcionó. En los años noventa, España despegó como una potencia política y económica de peso en Iberoamérica, hasta el punto de ser la referencia inevitable para la aproximación, ya sea en términos políticos o de inversión, desde Europa o hacia Europa.

España pronto empezó a ser vista en el mundo como algo más que España: como España más Iberoamérica, sin contradicción alguna entre nuestra dimensión atlántica y nuestra posición en Europa.

Durante mis mandatos tuve la fortuna de trabajar con una serie de líderes políticos que, juntos, dieron un impulso muy poderoso a las cumbres y a nuestra relación con América Latina: Fernando Henrique Cardoso en Brasil; Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle en Uruguay; Carlos Menem en Argentina; Eduardo Frei, primero, y Ricardo Lagos, después, en Chile; Andrés Pastrana y Álvaro Uribe en Colombia; Alejandro Toledo en Perú; el propio Hugo Chávez en sus primeros años en Venezuela; Jorge Tuto Quiroga en Bolivia; Armando Calderón Sol y Paco Flores en El Salvador; Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco en Costa Rica; Ricardo Maduro y Carlos Flores en Honduras; Álvaro Arzú en Guatemala; Enrique Bolaños en Nicaragua; y Ernesto Zedillo, primero, y Vicente Fox, después, en México.

Las cumbres iberoamericanas siempre ofrecían alguna noticia o imagen relacionada con Fidel Castro. Éste aprovechaba la repercusión mediática de aquellos encuentros para rentabilizar, aunque fuera de manera fugaz, la mitificación de su figura. Una mitificación que reflejaba la fascinación —en mi opinión, incomprensible; incluso diría perversa— que el dictador ejercía sobre muchas personas, más allá de sus partidarios dentro y fuera de la isla.

Regreso a Cuba

Cuba siempre ha sido especial para España, y también lo es para mí. Es difícil encontrar familias españolas sin alguna conexión con la isla y es todavía más difícil contemplar Cuba sin un componente sentimental y afectivo. En Cuba vivió mi familia desde 1923 a 1931, durante los años en los que mi abuelo fue director primero de El País y luego del Diario de la Marina. En Cuba vivió mi padre y allí nació mi tía María Teresa, la única hermana de mi padre que todavía vive.

Siempre he sido contrario a la política castrista. Nunca me han impresionado nada ni la figura del Che ni la de Castro. Tampoco de joven. La actitud complaciente ante Castro, justificada con el argumento fácil de que suponía un contrapeso frente a Estados Unidos, me producía indignación y rechazo. Lo cual no significaba que tuviera compromiso alguno con el mundo de Miami, dominado entonces por la figura de Jorge Mas Canosa y que acabó haciendo de Cuba una cuestión de política interna norteamericana.

Cuando llegamos al Gobierno acuñamos una frase que refleja sincera y profundamente mi posición hacia la isla: «Queremos para Cuba lo que queremos para España». El mismo régimen democrático, el mismo respeto a los derechos y las libertades individuales, las mismas oportunidades de progreso y bienestar. Evidentemente, al régimen castrista esta declaración de principios no le gustaba. Pero nuestro objetivo nunca fue caerle mejor o peor al Gobierno de Castro. Nuestro objetivo era contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a que el pueblo de Cuba recuperara la libertad. Desde el Gobierno, algo hicimos en ese sentido: ahí está la posición común de la Unión Europea, que condiciona la política comunitaria sobre Cuba al respeto del régimen a los derechos humanos.

El régimen castrista vio la llegada del PP con manifiesto desagrado y como una amenaza para él. Castro sabía que no íbamos a estar en una política de juegos de espejos, y tenía razón.

Mi primer encuentro con Castro tuvo lugar en la Cumbre Iberoamericana de Viña del Mar, Chile, en 1996. Se dio la circunstancia de que, en la enorme mesa redonda que reunía a todos los presidentes y jefes de Estado, estuvimos sentados uno al lado del otro. Todas las miradas se centraron en nosotros. Castro aprovechó la ocasión para pedirme que cambiara mi posición. Yo le contesté que, si él movía ficha, yo también lo haría. Mi respuesta le contrarió. La conversación se tornó tensa. Pero, de pronto, en un gesto de despiste típico de Castro, me dijo: «Me gusta tu corbata». Le contesté: «A mí la tuya no. Pero te la cambio encantado aunque tú salgas ganando». Y eso hicimos, ante la mirada atónita del resto de los asistentes.

A pesar de lo que se decía para intentar descalificar nuestra política hacia Cuba, basada en la exigencia de respeto a los derechos humanos, siempre me opuse a la llamada Ley Helms-Burton, conocida por los apellidos de los congresistas que la propusieron. La ley sanciona a empresas que inviertan en Cuba con el argumento de proteger los activos estadounidenses confiscados sin compensación cuando Castro tomó el poder. A mí siempre me ha parecido que la norma tiene unas pretensiones de aplicación extraterritorial inaceptables y que afecta de manera ilegal a empresas españolas que operan en la isla. Siempre me opuse a la ley, también ante la Administración norteamericana. Como también rechacé las presiones para impedir que la cumbre iberoamericana de 1999 se celebrase en La Habana.

Antes de aquella cumbre, se produjo un acontecimiento que en justicia puede calificarse de histórico. En febrero de 1998, el Papa Juan Pablo II visitó Cuba por primera vez.

Yo tenía serias reservas hacia aquella visita. Evidentemente, no dudaba de las buenas intenciones del Papa ni del sentido que quería darle a su viaje, con la mirada puesta en una futura Transición. Sin embargo, conocía al régimen e intuía que intentaría utilizar la visita en su provecho, y así se lo transmití al Vaticano.

La visita del Papa tuvo un efecto colateral en España, y es que avivó el interés de los Reyes por viajar a Cuba. De pronto, se generó en España un clima no sólo favorable sino casi de apremio para que esa visita se produjese.

El Rey siempre ha tenido una profunda conciencia de la trascendencia de su papel y de su figura en las relaciones con Iberoamérica, y a esa responsabilidad respondía su interés por viajar a Cuba en visita bilateral. Mi consideración partía del mismo punto, pero llegaba a una conclusión diferente: creía que el Rey era un activo demasiado importante y que nuestra responsabilidad era preservarlo de cualquier utilización.

Castro vio la oportunidad e insistió en forzar una visita bilateral de los Reyes antes de la Cumbre de La Habana.

Mi respuesta fue que una visita bilateral del Rey a Cuba «no tocaba». La frase produjo gran escándalo en algunos círculos. Pero el Rey entendió mi inquietud y aceptó la posición del Gobierno. Castro, sin embargo, se buscó una represalia.

Con motivo de la cumbre iberoamericana, los Reyes, mi mujer, Ana, y yo hicimos un recorrido por La Habana Vieja para ver la rehabilitación llevada a cabo con los fondos y la asistencia técnica de la Cooperación Española. Las calles estaban totalmente vacías. Parecía una ciudad fantasma. Recuerdo las fachadas desconchadas y alguna mirada furtiva desde lo alto de un balcón. Lo demás era ruina y silencio. Castro se había encargado de que no hubiera nadie. De que ningún cubano pudiera saludar o aplaudir espontáneamente a los Reyes de España. Su gesto me reafirmó en mi convicción: efectivamente, la visita de Estado que Castro había querido forzar «no tocaba».

De cara a la Cumbre de La Habana, habíamos mantenido diversas conversaciones con el Gobierno cubano para normalizar las relaciones diplomáticas.

Aquella estancia en La Habana —durante la cual me entrevisté con la oposición— me permitió visitar la casa donde había vivido mi familia. Castro hizo pintar los edificios de toda la calle y reunió los artículos de mi abuelo en el Diario de la Marina. La casa estaba dividida en pequeños espacios. Varias familias convivían en ella, en condiciones de precariedad. Algunos vecinos habían conocido a mi familia y la recordaban.

Castro siempre se encargaba de ser el centro de atención. En los debates privados de la cumbre, la mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno competían entre sí para ver quién le exigía con mayor vehemencia que cambiara sus políticas, que abrazara la democracia, que respetara los derechos humanos... Yo no participaba en eso. Es más, pensaba que era un error, porque qué más quería Castro que tener a veinte jefes de Estado y de Gobierno haciéndole reclamaciones que le entraban por un oído y le salían por otro.

Un año más tarde, volví a encontrarme con Fidel Castro en la Cumbre Iberoamericana de Oporto. La cumbre coincidió con el comienzo del llamado caso Pinochet, impulsado por el juez Baltasar Garzón. A Castro, el intento de un magistrado español de procesar a un exjefe de Estado extranjero no le gustó nada. Una vez concluida la cumbre, Castro viajó a España y nos reunimos en la Moncloa. A partir de aquel momento, las relaciones bilaterales entraron en una fase distinta. La discrepancia era la misma, pero la confrontación, menor, o, por lo menos, no tan explícita.

De todos modos, mi confianza en la evolución natural o espontánea del régimen castrista hacia la democracia siempre fue ínfima, por no decir nula. Y siempre pensé que, desde el punto de vista de España, la única política eficaz hacia la dictadura era la presión. Lo mismo valía para Europa. Por eso, promoví en la Unión Europea la llamada «posición común», que se aprobó el 2 de diciembre de 1996. Se trataba de establecer unos criterios de actuación comunes para todos los países de la Unión. Esos criterios condicionaban la relación de Cuba con Europa al respeto a los derechos humanos en la isla.

En cuanto a la disidencia cubana, nunca entramos en apuestas por uno u otro de los grupos opositores. No se trataba de discutir de ideologías en el campo de los demócratas. Con todas sus diferencias y sus diversas tradiciones políticas —socialista, democristiana, liberal—, todos los disidentes cubanos merecían nuestro mayor respeto y respaldo. Su coraje y sacrificio en defensa de la libertad eran —y siguen siendo— admirables.

Llegué a conocer bien a muchos de los principales dirigentes de la oposición. Entre ellos, Oswaldo Payá desempeñaba un papel especial, reconocido por todos y al que nosotros quisimos rendir tributo promoviendo su candidatura al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que concede el Parlamento Europeo. Cuba también ha dado otras personalidades extraordinarias, como Carlos Alberto Montaner, un hombre inteligente y templado, que no ha flaqueado nunca en la denuncia del régimen de Castro. Estoy seguro de que tendrán su momento, su responsabilidad y su oportunidad de aportación patriótica y democrática al futuro de un país que se merece vivir en libertad.

Las distintas caras de Chávez

Mi primer contacto significativo con la política venezolana tuvo lugar poco después del intento de golpe de Estado cometido por Hugo Chávez en febrero de 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez.

Poco después de aquel primer intento fallido, visité Venezuela y me reuní con el presidente Pérez en el palacio presidencial de Miraflores. Carlos Andrés me enseñó los destrozos provocados por el golpe, y hablamos de la situación política del país. Recuerdo que me transmitió una visión muy optimista y tranquilizadora de la situación, lo cual me generó una honda inquietud.

Entonces, la relación entre Venezuela y España estaba marcada por la amistad entre Pérez, que era líder del histórico partido ADECO, miembro de la Internacional Socialista, y Felipe González. González y Pérez me pidieron que interviniera ante Eduardo Fernández, líder del partido democristiano Copei.

Eduardo vino a Madrid. Felipe González y yo nos reunimos con él y le pedimos que, después del llamado «caracazo» y ante la situación de tensión política y social que vivía Venezuela, hiciera lo posible para contribuir a la estabilidad.

En un ejemplo de compromiso patriótico y sacrificio personal, Eduardo aceptó y permitió que Carlos Andrés Pérez se mantuviera en el poder. El gesto le costó su carrera. Su mentor, Rafael Caldera, montó una operación para desplazarlo del liderazgo de la democracia cristiana y consiguió ser elegido presidente. Por poco tiempo.

En la cumbre iberoamericana celebrada en isla Margarita en 1997 fui testigo de la agonía del modelo bipartito venezolano. La sensación de agotamiento que transmitió Caldera, mayor y desorientado, su ausencia y distancia de la realidad, su desgana..., todo apuntaba a un fin de régimen. Y así fue.

Poco después de aquella cumbre se produjo la llegada de Chávez al poder. El Chávez que accede a la jefatura del Estado venezolano, ya sin estrategias golpistas, era un militar carismático, una personalidad enormemente vitalista, capaz de aprovechar en beneficio propio el descrédito de los partidos clásicos y la corrupción del sistema político. Se apoyó en sus ensoñaciones bolivarianas, en el afán de recuperación de la grandeza venezolana y en su propio pragmatismo. No tenía un programa político claro ni sabía bien lo que tenía que hacer.

Vino a Madrid como presidente electo de Venezuela. Lo recibí en la Moncloa y tuvimos una larga conversación, con almuerzo incluido. En aquel encuentro, hice un esfuerzo por no situarme en la idea del Chávez golpista. Lo recibí como la persona que se había hecho cargo de un país en estado de descomposición y a quien España debía ayudar en la tarea de recuperación. A aquel Chávez, que existió y que recuerdo, le intenté ayudar en todo lo que pude. Lo primero que hice fue sugerirle que huyera de cualquier tentación de convertirse en el típico caudillo iberoamericano, siempre efímero, y que apostara por ser un reformista democrático profundo.

En mi primera visita a la sede presidencial de Miraflores, Chávez me llevó a un despacho muy pequeño. Trabajamos allí, mano a mano, al margen de los protocolos oficiales, durante más de tres horas. Habló sobre todo de economía, y dejó muy claro hasta qué punto lo ignoraba casi todo sobre esta materia. Preguntaba con la avidez de quien no sabe. Abordamos también muchos temas de la relación bilateral, y asuntos de política interna e internacional. Más tarde, en su residencia de Caracas, en La Casona, hablamos de un asunto que para nosotros era absolutamente prioritario: la cooperación antiterrorista. Su actitud entonces parecía abierta, dispuesta a colaborar y ayudar a España en la lucha contra ETA. Pero yo no me quedé tranquilo.

En aquel momento Chávez era, o al menos parecía, un tipo con el que se podía llegar a acuerdos, dentro de sus singularidades. En la cumbre de 2000, Chávez incluso dejó solo a Castro, y de hecho ése fue el último viaje internacional del dictador cubano. Con el tiempo, sin embargo, su actitud fue cambiando. Creo que la influencia del régimen cubano y de los sectores comunistas venezolanos que le auparon al poder fue decantándole hacia posiciones cada vez más beligerantes y radicales.

«Tú tienes que elegir», le dije en alguna ocasión. Chávez optó por una estrategia de movilización popular y encontró un marco teórico y doctrinal aparentemente nuevo en el que enmarcar su política y su persona: el llamado socialismo del siglo XXI. Chávez pudo decidir entre dos modelos: el reformista que yo, entre muchos otros, le había recomendado; y el revolucionario, que pretende convertir a Venezuela en una Cuba repintada, mucho más grande y con ingentes cantidades de petróleo.

El hecho determinante que empuja definitivamente a Chávez a decantarse por la opción revolucionaria de raíz comunista y aliento cubano es el golpe de Estado frustrado del 11 de abril de 2002. Ahí es donde Chávez escoge. Atribuye la intentona a España y Estados Unidos, y se erige en líder de una revolución bolivariana que ha tenido consecuencias nefastas para Venezuela en términos democráticos, institucionales, económicos y sociales.

Por supuesto, es rotunda y absolutamente falso que España tuviera algo que ver en el intento de golpe de Estado en Venezuela. Yo mismo me encargué de decírselo personalmente a Chávez, cenando una noche en el restaurante La Rosa Náutica, de Lima, con motivo de la cumbre iberoamericana de la que el presidente peruano Alejandro Toledo era anfitrión. Hablamos claro. Muy claro. Le dije que estaba harto de sus acusaciones, e incluso fui un poco más lejos: «Mira, Hugo, si yo hubiera querido dar el golpe y lo hubiera organizado, te aseguro que tú ahora no estabas aquí».

La historia había sido incluso más enrevesada de lo que la imaginación de algunos ha querido creer y difundir. Nosotros no habíamos recibido ningún dato o información que apuntara a la preparación de un golpe de Estado en Venezuela. Cuando se produjo el golpe, recibí una llamada de Cuba. El Gobierno cubano me pedía que organizara un convoy para sacar a Chávez de Caracas y que lo trajera a España. No sólo eso. Los amigos castristas de Chávez también querían que interviniésemos para garantizar la seguridad de la Embajada de Cuba en Caracas y que la Embajada de España asumiera sus funciones de protección de los cubanos en el país. Daban por supuesto que el golpe iba a triunfar y que las relaciones con La Habana se iban a romper.

Mi respuesta a los cubanos fue tajante: yo no iba a sacar a Chávez de Venezuela. Primero, porque nunca lo haría a petición de un tercero; y, segundo, porque si accedía y sacaba a Chávez de Venezuela, me acusarían de formar parte del golpe, y yo no estaba dispuesto a que eso ocurriera.

Les dije que, si querían sacar a Chávez de Venezuela, lo sacaran ellos.

Otra cosa es que me preocupara la seguridad personal de Chávez —que, al parecer, había sucumbido al pánico—, y eso también lo dejé claro. Después de la llamada de Cuba, recibí otra, esta vez de Eduardo Fernández desde el propio Palacio de Miraflores. Fernández me pasó con el presidente de la llamada Junta Cívico-Militar, Pedro Carmona, al que expresamente pedí garantías para Chávez y respeto a la legalidad. No pensaba que el presidente, entonces depuesto, fuera a ser objeto de violencia o maltrato, pero creí que mi obligación era decirlo.

La realidad era que los líderes del golpe pensaban mantener a Chávez en Venezuela con la intención de someterle a juicio. Pero la decisión acabó perjudicándolos. La permanencia de Chávez en el país generó confusión y dudas, y los apoyos al golpe comenzaron a flaquear.

Las personas que se habían hecho cargo del poder no supieron manejar la situación y el golpe fracasó. Lo cual me ha llevado muchas veces a la siguiente reflexión: si desde España hubiéramos accedido a la petición cubana, es mucho más probable que el golpe hubiera triunfado y que Chávez hubiera muerto en el exilio. De ahí que siempre me resultara paradójica y absurda la acusación de haber intentado derrocarle. No sólo no lo hice, sino que involuntariamente contribuí a mantenerle en el poder. Todo esto no impidió que Miguel Ángel Moratinos, el ministro socialista español de Asuntos Exteriores, años después me acusase públicamente en televisión de haber organizado el golpe.

En todo caso, el golpe fallido fue un punto de inflexión en la vida de Chávez y en su relación con España y mi Gobierno. A partir de aquel episodio, su violencia verbal contra nosotros se dispara y su disposición a cooperar, por ejemplo en la lucha contra el terrorismo, se esfuma. La consecuencia fue que Venezuela se convirtió en el nuevo refugio de terroristas de ETA en América Latina.

En la Cumbre de Panamá del año 2000 habíamos conseguido arrancar de la comunidad iberoamericana un compromiso muy importante de cooperación contra el terrorismo. Castro no había querido firmar la declaración especial de condena de ETA. Había exigido que se hablara del «terrorismo» que, según su criterio, Estados Unidos practicaba contra su régimen. Nadie le siguió, y Castro se quedó solo en la que resultó ser su última salida de Cuba. Recuerdo la brillante intervención del presidente de El Salvador, Paco Flores, en defensa de la declaración, y también la conversación que mantuve con Chávez para pedirle que no la obstaculizara. Se comprometió a no hacerlo y cumplió. Sin embargo, de la retórica a los hechos se abrió luego un abismo. El mismo abismo del que los venezolanos, con gran coraje y espíritu cívico, intentan salir tras la muerte de Chávez y el fracaso del socialismo del siglo XXI.

Al rescate de Argentina

Cuando llegué al Gobierno, el presidente argentino era Carlos Saúl Menem, al que ya había conocido siendo yo líder de la oposición. Recuerdo muy bien una visita que hice a Buenos Aires. Menem me recibió en la Casa Rosada. Sobre la mesa tenía un libro sobre mí que había subrayado meticulosamente y sobre el que me preguntó detalles. Simpático y cortés, me dijo que le había sido muy útil.

Fue un encuentro interesante y grato. Menem me causó una buena impresión. Parecía tener las ideas claras y una fuerte determinación, lo que resultaba esperanzador para Argentina. Todos los principios y objetivos que señaló me parecieron razonables y positivos. Me reconoció que Argentina era un país «fundido» —es decir, quebrado— y que su intención era sacarlo adelante. Me dijo, también, que Argentina era un país occidental, que su intención era restablecer una buena relación con Estados Unidos, y que no provocaría conflictos innecesarios con el Reino Unido. Su prioridad, me aseguró, era recuperar la confianza del mundo en su país. Ése era su objetivo y a eso se iba a dedicar. Durante un tiempo es verdad que lo hizo. Hasta que algunos de los problemas y defectos endémicos del peronismo lo acabaron por enredar.

Menem quedó muy afectado por la muerte de su hijo. Creo que nunca se recuperó del todo de aquel terrible golpe. Lo cual es lógico.

Su relación con España fue siempre buena. La que mantuvimos él y yo personalmente, también. El compromiso de Menem de hacer de Argentina un país generador de confianza permitió a muchas grandes empresas españolas invertir y generar riqueza y puestos de trabajo. España se convirtió pronto en el primer inversor mundial en Argentina. Infraestructuras, energía, telefonía, servicios públicos... España, su Gobierno y su gente hicimos una apuesta decidida por un país al que los españoles siempre hemos considerado aliado y amigo. Esa apuesta era para mí profunda y duradera. Y tuve la ocasión de demostrarlo.

Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, habían tomado la decisión trascendental de equiparar el peso con el dólar con el objetivo de estabilizar la economía de un país proclive a las convulsiones económicas. La dificultad —o el desafío— de la paridad era que exigía una gran disciplina fiscal, un profundo proceso de reformas estructurales y un compromiso con el fortalecimiento institucional. No todas esas reformas llegaron. Y, al no llegar, las tensiones económicas y sociales se fueron acentuando hasta el estallido final. El sucesor de Menem, el radical Fernando de la Rúa, se vio obligado a gestionar una crisis económica de enormes proporciones: la hiperinflación arrasó con la riqueza nacional y con la prosperidad y esperanzas de millones de argentinos.

Tras ser elegido presidente, De la Rúa vino de visita a Madrid. Le expresé mi apoyo y, en presencia de su canciller, Adalberto Rodríguez Giavarini, un hombre inteligente y muy capaz, tuvimos una conversación política muy franca. De las más francas que recuerdo. Al acabar la reunión, me quedé con la duda de si De la Rúa finalmente tendría el empuje necesario para lograr el apoyo que la situación requería. Aunque es cierto que sufrió una oposición feroz que le hizo la vida imposible, su salida en helicóptero desde la Casa Rosada, entre las protestas y la indignación de la gente, marcó el final de su etapa.

Lo que vino después es conocido: un carrusel de presidentes que duraban apenas unas horas en el cargo. No habíamos tenido tiempo de felicitar a uno cuando ya lo habían sustituido por otro. Hasta que llegó Eduardo Duhalde. Éste consiguió estabilizar la situación. Pero Argentina aún tenía un inmenso desafío que afrontar: nada menos que la quiebra del país y el empobrecimiento abrupto y generalizado de su gente. En esa tarea, yo estaba decidido a ayudar.

Esa decisión no respondía únicamente a motivaciones económicas o estratégicas de España, aunque éstas existían. Recuerdo muy bien una conversación con Bush desde Menorca en la que me dijo: «Sé muy bien lo que te juegas en Argentina». Y así era, nos jugábamos mucho. España se había convertido en el primer inversor europeo en Iberoamérica, y en el segundo del mundo en la región, después de Estados Unidos. Y era el primer inversor mundial en Argentina. Pero para mí esas consideraciones no eran las fundamentales. Yo creía que los españoles teníamos una deuda de gratitud con Argentina. Allí, en las suaves orillas del Río de la Plata, miles de exiliados españoles habían encontrado un país abierto y generoso. Habían sido acogidos. Habían podido rehacer sus vidas tras los horrores de la guerra civil y sacar adelante a sus familias. No sólo eso. La generosidad argentina, en forma de envíos masivos de carne y cereales, había rescatado de la hambruna a la España devastada de la posguerra. Argentina era, por tanto, para mí —y lo sigue siendo— mucho más que un país aliado o una apuesta estratégica. Era un país amigo, en el sentido más hondo y sincero de la palabra.

Para ayudar a Argentina adoptamos dos iniciativas. Por un lado, aprobamos un préstamo al país por mil millones de dólares en condiciones muy favorables. La decisión tuvo objetores, también dentro del Gobierno. Había quien aducía, con motivo, que Argentina ofrecía muy pocas garantías y que el riesgo era demasiado elevado. Pero precisamente por eso yo creía que debíamos ayudar. Si no lo hacíamos nosotros, no lo haría nadie.

La segunda iniciativa fue aprovechar nuestras excelentes relaciones con Estados Unidos para interceder a favor de Argentina ante su Gobierno y ante el Fondo Monetario Internacional. Luego mantuve varias conversaciones con George W. Bush sobre Argentina. Le pedí que me ayudara para que el FMI no dejara caer a un país amigo.

Bush era, en principio, receptivo, pero tenía sus dudas. El Fondo quería convertir el desplome de Argentina en un caso ejemplarizante; en una poderosa advertencia a todos aquellos países que se deslizaban por la pendiente de la irresponsabilidad fiscal.

Entonces, aproveché una visita oficial a Washington para reunirme con una delegación del FMI encabezada por su director gerente Horst Köhler, que fue luego presidente de Alemania. También estaba la entonces subdirectora del Fondo, Anne Krueger, conocida por la firmeza de sus posiciones, que acudió acompañada de todo su equipo. La reunión tuvo lugar en Blair House, la residencia de las visitas oficiales a la Casa Blanca, donde estábamos alojados mis colaboradores y yo. Köhler y Krueger me manifestaron con claridad la posición del Fondo. El FMI era «totalmente contrario» a mi propuesta de salvar a Argentina y haría todo lo posible para que mi petición al presidente Bush —de la que habían sido informados— no prosperara. No lo consiguieron. Bush, que valoraba nuestra posición, finalmente dio instrucciones a su secretario del Tesoro, John Snow, de defender ante el FMI el rescate de Argentina.

Condoleezza Rice ha explicado en sus memorias cómo la serie inacabable de llamadas y reuniones sobre la situación de Argentina llegó a su fin como resultado de esta conversación personal que sostuve con Bush, y cómo éste zanjó la cuestión sin dejar dudas. «Me vi envuelta en reuniones y conversaciones telefónicas sin fin. El proceso estaba todavía yendo atrás y adelante, pero una llamada personal de Aznar, primer ministro de España, al presidente hizo que cambiara la marea y que todo terminase. “El presidente quiere realmente ayudar a Argentina”, le dije a Anne [Krueger, del FMI] cuando nos reunimos a cenar. La decisión fue impopular en la Administración así como en el FMI.»*

Todo esto no impidió que la oposición me criticara en el Congreso por no haber mostrado solidaridad con Argentina.

Algún tiempo después, el presidente Duhalde hizo una visita relámpago a Madrid con un solo motivo: dar las gracias a España y a su Gobierno. Fue un gesto que me conmovió y que le agradecí muy sinceramente. Duhalde me contó que había decidido no presentarse a la reelección, que hacía falta un relevo y que como sucesor iba a proponer a Néstor Kirchner. Le pregunté: «¿Y ése quién es?». Me explicó que era el gobernador de Santa Cruz, una provincia en el sur de la Patagonia con apenas doscientos cincuenta mil habitantes, y dijo que era un tipo muy listo. Como prueba de lo listo que era, me contó que, para evitar la hiperinflación, se había llevado el Tesoro de la provincia con dos presupuestos anuales a Suiza.

Coincidí otra vez con Duhalde en septiembre de 2002 con motivo de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo organizada por la ONU en Monterrey, México. Le presenté a Bush, a quien no conocía y con quien ni siquiera había hablado por teléfono, y tuve tiempo de conversar sobre la situación de su país y las perspectivas de futuro.

Condoleezza Rice señala en sus memorias que Kirchner jamás mostró la menor gratitud por el esfuerzo que el Gobierno estadounidense hizo ante el Fondo Monetario Internacional. Y es cierto. Kirchner visitó España en 2003. Vino con su mujer y luego sucesora, Cristina Fernández, que intervenía resueltamente en las conversaciones. Venía de lanzar un ataque furibundo contra Estados Unidos en presencia de Bush durante una de las cumbres de las Américas. Bush se había sentido profundamente ofendido por aquel exabrupto, y le había pedido a Condoleezza Rice que se lo transmitiera a Kirchner, en términos también muy duros. Bush me llamó para comentarme el incidente y la desastrosa impresión que le había producido Kirchner. En aquel momento España actuaba como mediador entre los dos países. En Madrid, llevé a cenar a Casa Lucio al matrimonio —que al día siguiente estuvo en la Zarzuela con los Reyes— y le pregunté a Néstor Kirchner por su relación con Estados Unidos. «Fenomenal, todo estupendo», vino a decirme. Le contesté que no era ésa mi impresión y que, en mi opinión, no era razonable ni aceptable atacar de esa manera al país y al Gobierno que habían hecho posible el rescate de Argentina.

Kirchner venía de la extrema izquierda peronista. Era una persona muy difícil, con la que sin embargo pudimos trabajar. De su mujer, Cristina, me llamó la atención su empeño en visitar el Valle de los Caídos.

El gran cambio colombiano

Pasada una primera etapa de coincidencia, el verdadero salto cualitativo en nuestra relación con Colombia se produjo a partir de la llegada de Andrés Pastrana a la presidencia en 1998. Andrés y su mujer, Nohra, eran amigos nuestros desde hacía muchos años. Amigos políticos y amigos personales. Andrés había participado en varias campañas del Partido Popular, y Ana y yo los habíamos visitado a él y a Nohra en Bogotá cuando Andrés era alcalde de la capital.

Andrés Pastrana es hijo de Misael Pastrana Borrero, también presidente de Colombia entre 1970 y 1974. Pertenece a una familia con sólida tradición política colombiana, que él continuó de manera sobresaliente. Había sido secuestrado por los llamados «extraditables», narcotraficantes sobre los que pesaba la posibilidad de que los entregaran a Estados Unidos, y estuvo a punto de ser asesinado. Como por cierto le había ocurrido a su suegro.

Conocía de primera mano la dureza de la política colombiana y el horror de la violencia narcoterrorista, que desgarraba al país y neutralizaba sus instituciones. Pastrana es un hombre de una extraordinaria calidez personal y tiene lo que se llama don de gentes. Es un profundo amante de España y un ferviente taurino.

La llegada de Andrés a la presidencia de Colombia facilitó muchísimo la relación bilateral entre nuestros países. Hablamos mucho y hablamos siempre con claridad. En nuestra primera conversación, le aseguré que el Gobierno de España iba a apoyar a Colombia con toda determinación y que siempre le hablaría con la franqueza que nuestra amistad exigía.

Andrés Pastrana puso en marcha dos iniciativas de gran calado político que, en mi opinión, merecen valoraciones distintas. La primera fueron las negociaciones de paz con las FARC. En sí misma, la iniciativa no era nueva. Prácticamente todos —si no todos— los presidentes colombianos habían abordado su propio proceso negociador con las FARC, como si fuera un deber impuesto por su responsabilidad, como si los ciudadanos esperaran de ellos que al menos hicieran el intento de acabar con la violencia por la vía del diálogo. De eso sabíamos bastante en España.

Yo nunca dudé de la buena voluntad con la que Andrés afrontaba la estrategia de negociación con la guerrilla. Por eso, y por la confianza que nos unía —y que nos une—, siempre le expresé mi discrepancia. Negociar con las FARC me parecía un error. Me parecía que la negociación sólo serviría para consolidar entre las FARC la impresión de que iban ganando en su batalla contra la democracia y el Estado. En mi opinión, la estrategia correcta consistía en hacer lo contrario: en fortalecer el Estado para asegurar el control efectivo de todo el territorio colombiano —control que entonces no tenía— y empujar a las FARC al agotamiento, la desesperanza y la derrota. Así se lo dije, siempre en privado, a Andrés, que me escuchó con atención. Poco después, y una vez constatado el fracaso de las negociaciones, a petición de Pastrana hice lo necesario para que las FARC fueran incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, como así ocurrió.

En septiembre de 1998, poco más de un mes después de la toma de posesión de Andrés, hice mi primera visita oficial a Colombia. Aterrizamos en Cartagena de Indias, una de las ciudades más preciosas y evocadoras del mundo. Fue una visita especial. Andrés se había empeñado en que visitáramos una comunidad indígena en Sierra Nevada, en las alturas de Cartagena. Allí fuimos Ana, un reducido grupo de mis colaboradores y yo en helicóptero. Pasamos el día con los integrantes de la comunidad indígena. A sus jefes se les llamaba «mamos». El jefe era el «mamo» Valencia. Y ellos me llamaban a mí «hermanito mayor».

Nos entregaron un pequeño documento que acreditaba, a modo de diploma, nuestra visita y nos enseñaron sus costumbres. Los hombres llevaban siempre una bolsa con hojas de coca colgada del hombro. Colocaban conchas en un cuenco llamado «poporo», las trituraban con un palo hasta convertirlas en polvo muy fino, y luego chupaban el palo mientras masticaban las hojas de coca. Era un hábito reservado sólo a los hombres a partir de los 15 años.

De aquel viaje a las cumbres de Sierra Nevada proceden también las pulseras de fibra de colores que llevé durante un tiempo y que generaron todo tipo de comentarios entre los periodistas. Se llaman «aseguranzas» y me las regalaron los indígenas de Sierra Nevada. Decía la tradición, o la leyenda, que una vez puestas no te las debías quitar porque te protegían contra las desgracias y los malos espíritus. Tenías que dejar que se gastaran hasta romperse solas. El «mamo» Valencia me regaló una bolsita y me insistió mucho en que no dejara nunca de llevarlas. Le hice caso. Hasta que me quedé sin reservas.

De Sierra Nevada volamos en helicóptero hasta la Ciudad Perdida, un territorio bajo influencia de la guerrilla al que era prácticamente imposible llegar por tierra. Teníamos previsto estar una hora, pero al final nos quedamos toda la tarde. Nos sorprendió un diluvio, del que nos resguardamos en una cabaña de paja. El cielo se ennegreció de nubes y niebla. En semejantes condiciones, el helicóptero no podía despegar. Y menos atravesar el estrecho paso entre las montañas por el que debíamos regresar. El equipo de apoyo de Pastrana empezó a prepararlo todo para que pasáramos la noche allí. Todo no era mucho, porque realmente la única opción era adjudicarse una manta con la que taparse. Íbamos con un acompañamiento mínimo. Afortunadamente, estaban con nosotros los funcionarios del gabinete de comunicaciones de la Moncloa, que habían llevado un teléfono vía satélite. Eso sí, con poca batería. Hablamos con el Rey e informamos de la situación al resto de la delegación, que nos esperaba, inquieta, en Cartagena junto con los periodistas que cubrían la visita oficial.

La visita oficial empezaba al día siguiente en Bogotá. Pero, aprovechando que estábamos varados en medio de la sierra, Andrés y yo decidimos adelantar algunos de los temas que teníamos en la agenda. Unas horas después, cuando por fin se levantó la niebla, pudimos despegar en dirección a Santa Marta, donde visitamos la casa en la que murió Simón Bolívar, antes de regresar a Cartagena de Indias.

Recuerdo aquellos días en Cartagena con mucho placer. Cartagena de Indias tiene un hondo significado para un español. La América hispana se salvó en Cartagena. Fue gracias al coraje mostrado frente a la flota británica por ese gran español de origen guipuzcoano llamado Blas de Lezo. Quise que mi último viaje a América como presidente del Gobierno de España, en febrero de 2004, fuese a Cartagena. Junto al presidente Álvaro Uribe, del que luego hablaré, inauguré el nuevo Centro de Formación de la Cooperación Española erigido en el maravilloso convento de Santo Domingo.

La otra gran iniciativa que definió la presidencia de Pastrana fue el Plan Colombia. El Plan Colombia fue la plasmación del compromiso de Estados Unidos con la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla en Colombia. Supuso una inyección de ayuda económica, militar y tecnológica sin precedentes por parte de la Administración norteamericana en la seguridad de Colombia. Pero no se quedó ahí. Pastrana también tuvo la visión y la habilidad de ampliar el enfoque del plan para que Europa también se viera implicada.

Así, el Plan Colombia llegó a ser mucho más que un importante acuerdo de cooperación en materia de seguridad entre Colombia y Estados Unidos. Se convirtió en una poderosa palanca para la renovación y el fortalecimiento del conjunto del Estado colombiano y sus instituciones.

Incluso en los momentos más difíciles, Colombia había logrado mantener su vida institucional. Una vida institucional reducida, quizás, y en algunos aspectos limitada, pero real y dispuesta a defenderse. En parte esto se debía a la calidad de sus dirigentes: un núcleo de personas inteligentes, cultas, bien formadas y con visión histórica. Era un país que se hacía querer y respetar, y que luchaba duramente, unas veces con más acierto que otras, para superar el acoso del narcotráfico y el chantaje de la violencia terrorista.

El gran salto adelante en la lucha contra ambos se produjo con la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia del país. Nuestra sintonía fue total desde el primer minuto.

Álvaro Uribe es un paisa, originario de Antioquia, de cuya capital, Medellín, había sido alcalde. Los paisas tienen un carácter muy distinto a los bogotanos, con los que mantienen una relación mejorable. En los paisas está muy arraigada la idea del bogotano señorito, poco trabajador, amante de la vida social y la buena bebida. A su vez, los bogotanos opinan de los paisas que son menos refinados. En todo caso, la procedencia y el propio temperamento de Uribe le convertían en algo así como un outsider que venía a airear la política colombiana. Con una buena formación jurídica y económica, Álvaro destacaba por su capacidad de trabajo: son famosas sus jornadas inacabables que arrancaban a las cinco de la mañana y que ponían al límite la resistencia de sus colaboradores.

El día de la toma de posesión de Uribe, la guerrilla de las FARC cometió un brutal atentado que causó la muerte a veintiuna personas. Sabían que venían tiempos difíciles para ellos. Uribe puso en marcha la llamada «política de seguridad democrática»: una política de combate frontal contra el narcotráfico y la guerrilla narcoterrorista; una política que planteaba como gran objetivo nacional la defensa de las instituciones y la recuperación para los colombianos de todos los elementos básicos de un Estado democrático de derecho: la libertad, el respeto a la ley, la seguridad y hasta el control y disfrute del propio territorio. Si el Estado no ejerce la autoridad, otros la ejercen. Había que recuperarla.

La «política de seguridad democrática» planteaba una gran exigencia. Tanto a los poderes del Estado y las Fuerzas Armadas, a los que reclamaba una mayor eficacia y una mayor capacidad de iniciativa, como a la propia sociedad colombiana, a cuya moral y disposición a ganar una dura batalla apelaba de forma franca y directa. Por eso, porque era exigente, el propio Uribe asumió su liderazgo de forma personal y constante. Actuó como un verdadero comandante en jefe para dar a su política el impulso y la dirección necesarias. No tengo ninguna duda de que la convicción, coraje y capacidad de liderazgo de Álvaro Uribe marcaron un punto de inflexión en la historia de la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico en Colombia. Los resultados de su política fueron sencillamente espectaculares. En muy poco tiempo, los colombianos pudieron empezar a disfrutar de unos niveles de seguridad y libertad, y también de prosperidad, desconocidos hasta la fecha.

El gran cambio de Uribe fue que la gente podía salir a la calle e ir de una ciudad a otra sin peligro. En resumen, vivir en tranquilidad. Fue una verdadera revolución de la seguridad.

Gracias a los éxitos de su política, Uribe se convirtió en un presidente carismático, adorado por los colombianos, con unos altísimos niveles de popularidad. También por ello pagó un precio. Una parte importante de la izquierda europea lo convirtió en objeto de sus fobias y ataques. Los Gobiernos de Venezuela y Cuba se sumaron a la campaña, conscientes del peligro que Uribe suponía para sus objetivos. Se intentó extender la imagen de Uribe como un político duro, intransigente, cerrado al diálogo y violento, lo que en absoluto es verdad.

No sólo eso. Hugo Chávez puso en marcha un doble juego perverso. Por una parte, ofreció cobijo a las actividades de las FARC: permitió a la guerrilla establecer sus campamentos en la zona fronteriza con Colombia y puso oficinas a disposición de sus representantes en Caracas. Por otra, con el apoyo de Cuba y de otros países de la órbita bolivariana, lanzó una campaña internacional para obligar a Uribe a negociar un «acuerdo humanitario» con las FARC consistente en canjear a guerrilleros presos por víctimas de secuestros. Entre ellos, la ciudadana colombiana de origen francés Íngrid Betancourt.

Sometido a una creciente presión externa e interna, Uribe tuvo que ver cómo algunos grandes países del mundo aceptaban la implicación directa de Chávez en los asuntos internos colombianos. A mí eso no me parecía de recibo y decidí actuar cuando ya no era presidente del Gobierno. Fui a ver a Nicolas Sarkozy, que para entonces ya era presidente de Francia. Con la confianza que nos otorgaban muchos años de colaboración y amistad, le dije dos cosas: primero, que comprendía muy bien su interés en lograr la liberación de Íngrid Betancourt, pero que no podía tratar a Colombia, una nación soberana, de una forma que él no aceptaría que nadie tratara a Francia. Y, segundo, que convertir a Hugo Chávez en mediador o hacedor de un hipotético acuerdo con la guerrilla me parecía un auténtico disparate. Chávez iba a visitar Francia pocos días después, y yo temía que de esa reunión pudieran surgir equívocos que perjudicaran la seguridad no sólo de Colombia sino del conjunto de América Latina. Era un suicidio político, era entregar las llaves del proceso a Chávez.

Por aquellas semanas hice una visita a Bogotá. Uribe tuvo la deferencia de invitarme a comer en el palacio presidencial de Nariño. La tarde anterior me vino a ver Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa y actual presidente de Colombia. Conversamos largamente. Santos me transmitió su preocupación de que las presiones que estaba recibiendo Uribe pudieran poner en jaque todos los logros conseguidos por la política de seguridad democrática. Le respondí que compartía su inquietud, que mi posición era la de mantener esa política con todas sus consecuencias y que así se lo trasladaría a Uribe al día siguiente. Y así lo hice. Me pidió que luego, si podía, le llamara para comentarle cómo había ido, lo que también hice con mucho gusto.

Antes de sentarnos a comer, Álvaro Uribe y yo dimos un largo paseo por los amplios pasillos del Palacio de Nariño. Le transmití mi preocupación ante las implicaciones y consecuencias de una negociación con las FARC. Le dije que entregar a Chávez las llaves de la situación no sólo sería un error sino también su ruina. Él estaba bajo gran presión y muy inquieto. Tenía serias dudas de que la negociación fuera a servir para algo, pero se veía muy presionado, tanto desde fuera como por sectores de la opinión pública colombiana que le acusaban de intransigencia y de dificultar la liberación de los secuestrados. Apelando a mi experiencia en la materia, le dije que en la lucha contra la violencia y el terrorismo no hay camino más seguro que la firme aplicación del Estado de derecho. Que ni el diálogo ni las negociaciones sirven para nada. Al contrario. Sólo empeoran el problema porque permiten a los violentos legitimar sus posiciones y avanzar hacia sus objetivos. Aquella conversación fue de tan sincera franqueza que sólo cabe entenderla entre personas que se saben dos buenos amigos.

A la comida, Uribe había invitado también a varios ministros y a un grupo de personas relevantes en la vida pública del país. Cuando nos sentamos, Uribe tomó la palabra y, dirigiéndose a mí, dijo: «Querido presidente Aznar, quiero pedirte una cosa, y es que exactamente lo mismo que me has dicho a mí hace un momento lo repitas ahora para que lo oigan también todos estos señores». Y eso hice.

Aunque Uribe tuvo que lidiar con un entorno internacional muy complicado, mientras el chavismo estaba en su momento estelar y Europa marcaba distancias, la eficaz colaboración con Estados Unidos que habían iniciado Pastrana y Clinton siguió funcionando muy bien y se vio reforzada con Bush. Eso a su vez permitía una triangulación con España muy positiva para todos.

La liberación de Íngrid Betancourt y Clara Rojas representó un gran éxito para Uribe y Santos. La presión sobre las FARC se había mantenido con operaciones muy importantes por parte del ejército colombiano y aquella operación espectacular, impecablemente desarrollada, disipó las dudas sobre la capacidad del Gobierno de Uribe para mantener su política de seguridad.

El final de la presidencia de Uribe se complicó bastante por su deseo de optar a una tercera reelección. Mi opinión ha sido siempre favorable a la posibilidad de reelección de los presidentes, pero por un solo mandato. Creo que cuatro años es un periodo insuficiente para desarrollar un proyecto de Gobierno con entidad, sobre todo cuando se trata de impulsar políticas que necesitan continuidad y afianzamiento. Pero buscar un tercer mandato requería una operación constitucional de recorrido dudoso y más dudoso desenlace que, en mi opinión, no era aconsejable. Además, las políticas básicas que Uribe había impulsado parecían tener la continuidad razonablemente asegurada. Uribe insistió en su propósito mediante una reforma legal que la Corte Suprema declaró contraria a la Constitución.

En mi opinión, Álvaro Uribe es uno de los dirigentes políticos más importantes que ha dado Iberoamérica en décadas.

Lo que no pude ver culminado durante mi mandato fue el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos por el que personalmente había abogado ante la Administración Bush. La Casa Blanca era totalmente partidaria del acuerdo, pero su aprobación había quedado bloqueada por las presiones proteccionistas habituales de grupos de presión, sindicatos y otras organizaciones, en general del ámbito demócrata. No era de recibo que Estados Unidos negara el Tratado de Libre Comercio a su aliado más estrecho en América Latina. A pesar de todos los esfuerzos, el tratado tuvo que esperar a las presidencias de Santos y Obama para salir adelante.

Juan Manuel Santos llegó a la presidencia de Colombia y, frente a lo que podía esperarse, trazó una política de seguridad distinta de la diseñada por Uribe y ejecutada por él mismo como ministro de Defensa. La brecha entre Uribe y su sucesor se hizo aún más grande cuando Santos formalizó el giro en su política frente a las FARC con una iniciativa negociadora auspiciada nada menos que por Cuba y Venezuela. Este desmarque de la política de seguridad democrática y el hecho de que no fuera Santos el candidato preferido por Uribe para sucederle han hecho que la relación entre ambos se haya deteriorado hasta niveles de gran crudeza.

Mi relación con Santos es muy estrecha. Siendo ministro de Defensa, nada más terminar la operación de liberación de Íngrid Betancourt, Santos acudió al Campus FAES. En distintas ocasiones he estado en su casa de Bogotá. Y siendo ya presidente electo pero antes de tomar posesión, él y su mujer cenaron con Ana y conmigo en mi casa de Madrid. Tuve el placer de acompañarlo más tarde en Valencia, en 2012, cuando recibió el Premio de Convivencia Manuel Broseta, y desde allí acudimos juntos a Cádiz, donde se celebró la cumbre iberoamericana.

En la cena que tuvimos en mi casa, una de las cosas que me dijo fue que Sarkozy lo había recibido ya con la pompa propia de un jefe de Estado en ejercicio y que le había invitado a visitar Francia. Yo le pregunté: «¿Qué tal te ha ido con las autoridades españolas? ¿Cuándo te han invitado a visitar España?». Me respondió: «No me han invitado». Añadí: «¿Me estás diciendo que te han invitado a visitar Francia pero no te han invitado a visitar España? Si no te importa, quisiera tratar de arreglarlo, porque el primer país europeo que debes visitar es España». Al día siguiente llamé al Rey para pedirle que se interesara por la cuestión, y para que intentara evitar algo que se debía evitar. Finalmente, España fue el primer país europeo que Santos visitó.

Creo que Santos ha querido definir su propia política y no ser visto como un mero continuador de la de Uribe, y supongo que considera que la situación de las FARC es hoy lo suficientemente débil —sin duda gracias a la política de su antecesor— como para que el Estado pueda abordar una negociación en situación de ventaja. Siempre me he manifestado respetuoso con sus decisiones y estrategias, aunque Santos conoce mis objeciones de principio a la negociación con los terroristas, en cualquier país y en cualquier situación. Tuve la oportunidad de manifestárselas en alguna ocasión. Durante la cena en mi casa le dije que lo habían elegido para mantener la política antiterrorista, que su elección como presidente de Colombia había sido consecuencia precisamente del éxito de su política de firmeza frente al terrorismo, que los colombianos le veían como una garantía de seguridad.

Santos siempre ha sido muy explícito y firme al asegurar que las negociaciones con las FARC no van a suponer un retroceso para la seguridad en Colombia, aunque hay quienes afirman que ese retroceso ya se está produciendo.

La boda de Fox

Uno de los interlocutores más brillantes con los que tuve la fortuna de colaborar durante mi mandato como presidente del Gobierno de España fue Ernesto Zedillo. El entonces presidente de México es un gran hombre de Estado, una persona de enorme inteligencia y fortaleza reformista. Con él, la relación bilateral entre España y México alcanzó una gran profundidad y una total sintonía. Zedillo entendía muy bien la importancia de articular una verdadera comunidad iberoamericana de naciones y fue uno de los grandes promotores del sistema de cumbres. Tanto él como sus colaboradores —recuerdo a Rosario Green, la canciller, y a José Ángel Gurría, secretario de Hacienda y Crédito Público y hoy secretario general de la OCDE— estaban sinceramente comprometidos con aquel proyecto y con el estrechamiento del vínculo con España. Juntos, conseguimos impulsar políticas esenciales. Entre ellas, la cooperación antiterrorista para acabar con las estructuras y los activistas de ETA en territorio mexicano.

Cuando celebramos la que se denominó «exposición de los virreinatos», de la que se nombró comisario al gran hispanista Jonathan Brown, se pensó en que la sede fuera el Museo Nacional del Virreinato. Miguel Ángel Cortés, entonces secretario de Estado de Cultura, pensaba que se podía conseguir una sede mejor, y cuando le dije que iba a ver a Zedillo en Doñana, le pregunté si teníamos algo pendiente con México en materia cultural de lo que hubiera que tratar. Cortés me dijo que íbamos a hacer una gran exposición sobre el virreinato en México y que sería fantástico que la sede se pudiera llevar al Palacio de los Virreyes. Así se hizo. Se daba la circunstancia de que ningún miembro de la Casa Real podía acudir a la inauguración. Acudió Ana, a la que Zedillo trató maravillosamente. Durante la cena, Miguel Ángel Cortés dijo: «Esta exposición es muy importante para las relaciones de España y México.» A lo que Zedillo respondió: «Sobre todo, esta exposición es importante para las relaciones de México con México».

Zedillo apoyaba su relación con España en el concepto de «gran nación», que era como consideraba a España. Su compromiso en esta relación fue ejemplar.

Las cosas fueron ligeramente más difíciles con su sucesor. Vicente Fox y yo nos conocíamos desde antes de su acceso a la presidencia de México. Nos llevábamos bien, aunque teníamos algunas diferencias. Primero, de personalidad: Vicente es un tipo estupendo, pero con un temperamento algo cachazudo y a veces complicado. Y, segundo, de enfoque político. Fox tenía colaboradores muy buenos, y otros con los que yo difería y que le aconsejaban menos bien, como el canciller Jorge Castañeda.

Recuerdo un incidente con motivo del primer viaje de Fox a Europa. Me enteré de que su intención era empezar la gira por Francia. Cogí el teléfono y lo llamé para decirle que no podía hacerle ese desaire a España. Fox lo aceptó y vino primero a Madrid. Pero poco después tuve que llamarlo de nuevo. Es tradición que los jefes de Estado en visita oficial a España ofrezcan a los Reyes una recepción en agradecimiento por la gran cena que Sus Majestades organizan en su honor en el Palacio Real. De pronto, nos informaron de que Fox había decidido no hacerlo. Le dije que me parecía que su decisión carecía de todo sentido político o protocolario, y que sería muy mal entendido. Al final hubo cena.

Así eran las cosas con Fox. Algo más a contrapelo o, digamos, complicadas.

Recuerdo siempre lo ocurrido en una de mis visitas oficiales a México con Fox como presidente. Llegamos y nos dirigimos al Palacio Nacional, en el Zócalo, donde se iba a celebrar nuestro primer encuentro oficial. Me recibió con los brazos abiertos, me llevó a un rincón del patio y me dijo: «José María, tengo que darte una noticia: me he casado hoy a las siete y media de la mañana». Y así, en mi primera comparecencia ante los medios de comunicación mexicanos y por supuesto con el permiso del contrayente, me convertí en portavoz de la feliz noticia. Y así también la cena de gala que Fox había organizado en mi honor en el Palacio Nacional se convirtió en su banquete de boda. Al día siguiente tuve un almuerzo con mi amigo Enrique Krauze y los colaboradores de su revista, Letras Libres, que no daban crédito a lo sucedido.

La palabra de Lula

Brasil era y es junto con México el otro gran pilar de la comunidad iberoamericana en la región. De ahí la enorme importancia de la posición y el compromiso que muestren sus presidentes. Fernando Henrique Cardoso fue, en este sentido, un líder ejemplar. Su apuesta por la comunidad iberoamericana era clara. En la Cumbre de Bávaro (República Dominicana) de 2002, a propuesta mía, fue elegido por unanimidad para presidir el grupo de trabajo encargado de estudiar y proponer las mejoras en los mecanismos y la institucionalización de las cumbres. Un año después, en Santa Cruz, Bolivia, presentó sus propuestas. Fue entonces cuando se acordó la creación de la Secretaría General Iberoamericana como órgano permanente de las cumbres.

La figura de Cardoso debe ser elogiada y resaltada. Sentó las bases y el modelo para la gran transformación de Brasil en uno de los países más importantes y con más peso del mundo. Acabó con las hiperinflaciones y con las políticas económicas equivocadas que habían lastrado la historia de su país, y trazó el camino de la estabilidad y el desarrollo que luego respetaría, con gran talento y habilidad, Lula da Silva. En lo que se refiere a la relación con España, nuestro entendimiento fue impecable en todos los terrenos.

Cuando Lula llegó al poder, muchos pensaron que las relaciones con España sufrirían algún tipo de retroceso o tensión. Fue al revés. Brasil había empezado a emerger como gran potencia económica, y yo tenía claro que a España le convenía mantenerlo y afianzarlo como gran socio estratégico en la región. Pero, además, Lula mostró una sagacidad y un pragmatismo poco comunes, que facilitaron mucho las cosas. Recuerdo lo que me dijo en su primera visita oficial, en una larga conversación en mi despacho de la Moncloa. Con total sinceridad me reconoció que, de haber aplicado desde el poder las políticas prometidas durante la campaña, Brasil se habría hundido al cabo de quince días.

En aquella visita, Lula se comprometió a firmar un acuerdo estratégico con España. Acordamos que estaría listo para firmar en la cumbre iberoamericana que se iba a celebrar en Santa Cruz de la Sierra en noviembre de 2003.

Llegado el momento, sin embargo, empezamos a percibir algunas reticencias. La diplomacia brasileña —el famoso Itamaratí— estaba poniendo dificultades para la firma del acuerdo. Decidí reunirme a solas con Lula. Recuerdo perfectamente el momento. Mirándole directamente a los ojos, le recordé que se había comprometido personalmente conmigo a firmar el acuerdo y que ese acuerdo debía firmarse. Lula me contestó: «José María, yo respeto la palabra dada». Y el acuerdo se firmó.

Trabajé también con intensidad para favorecer unas buenas relaciones entre Bush y Lula. Al principio, Bush desconfiaba profundamente, y Lula tenía serias reservas. Los dos me pidieron que actuase, y así lo hice. Cuando al fin Lula visitó Estados Unidos le dije personalmente a Bush: «Por favor, trátalo como si fuera yo». Bush me respondió: «Lo voy a intentar y luego te cuento». Y, en efecto, así fue. Cuando terminó la visita me llamó y me dijo: «Le he tratado casi como si fueras tú. Ha ido muy bien. Lo que no entiendo es por qué lleva en la solapa una insignia roja con una estrella en lugar de la insignia de Brasil».

Con Lula trabé una buena amistad, que me alegro mucho de haber podido mantener tras nuestras respectivas salidas del Gobierno.

Un amigo de Chile

Había visitado Chile como líder de la oposición en plena transición democrática de aquel país. El democristiano Patricio Aylwin había ganado para la Concertación las primeras elecciones presidenciales después de la salida del general Pinochet.

Como presidente del Gobierno, sin embargo, mi primer interlocutor fue Eduardo Frei, hijo del que fue presidente de Chile y líder histórico de la Democracia Cristiana chilena, y él mismo candidato de la alianza de centro-izquierda entre democristianos y socialistas. Nuestra relación fue siempre muy bien. Yo lo había conocido siendo él un senador que no estaba entre los mejor colocados para ser candidato en una reunión en el hotel Carrera, junto a la Moneda.

Mi primera visita a Chile tuvo lugar en 1996 con motivo de la Cumbre Iberoamericana de Viña del Mar. Poco después, regresé en visita oficial. Guardo un muy buen recuerdo de aquel viaje. Nuestros anfitriones nos organizaron una gran cena en el patio de naranjos del Palacio de la Moneda, que sirvió a su vez para avanzar en la normalización institucional del país: según me contaron, había sido la primera vez que el general jefe del Ejército asistía a un acto oficial, fuera del ámbito castrense, desde que Pinochet dejó de ser presidente.

Dos años después, las relaciones entre Chile y España se verían afectadas por la decisión del juez Baltasar Garzón de pedir la extradición de Pinochet desde Londres a España. El Gobierno chileno no entendía que un juez español se hubiese inmiscuido en un asunto interno de su país. Ni entendía tampoco que se quisiera enjuiciar un proceso de transición hacia la democracia, como todos muy complejo, y que los chilenos habían apoyado mayoritariamente con muy buenos resultados para la convivencia y el desarrollo del país. Yo entendía la perplejidad de los chilenos ante la situación creada. Y entendía también que considerasen las acciones de Garzón como una injerencia doblemente incomprensible en tanto en cuanto procedían de un país —España— que había protagonizado su propia Transición y conocía bien la importancia de preservar sus fundamentos y equilibrios. Sin embargo, cuando desde distintos ámbitos recibía presiones para detener el procedimiento, mi respuesta era siempre la misma: el Gobierno tenía la obligación de respetar la independencia judicial. Aunque la petición de extradición tenía que aprobarla el Consejo de Ministros, se trataba simplemente de una formalidad. No era una decisión política ni un acto político.

Ya fuera del Gobierno, mi relación personal con Frei se enfrió cuando yo llegué al convencimiento de que en Chile debía producirse una alternancia que afianzara el sistema. Así lo dije públicamente, y dado que los dos candidatos que estaban compitiendo en ese momento eran el propio Frei, por la Concertación, y Sebastián Piñera, tomé partido por Piñera, lo que no significaba tomarlo contra Frei. Durante mucho tiempo ayudé activamente al reconocimiento de la derecha democrática chilena, y era natural que mi apoyo en esas circunstancias fuera para Piñera. Frei, como era lógico, no lo tomó muy bien.

Más tarde asistí a la toma de posesión de Piñera y viví también el primer terremoto de mi vida.

Nuestra relación con Chile superó las tensiones propias del llamado caso Pinochet y se afianzó de manera fructífera durante la presidencia del socialista Ricardo Lagos. Desde el punto de vista político y personal, mi relación con Lagos fue impecable, y nuestra sintonía en muchos asuntos, total. Parecida a la que mantuve con Ernesto Zedillo en México. El trabajo bilateral y en el marco de las cumbres iberoamericanas fue muy bueno. Sólo atravesamos un momento difícil a cuenta de la intervención en Irak. Chile, como España, formaba parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo que su posición era muy importante. En un principio, Lagos decidió adoptar una posición realista y pragmática. Daba por hecho que habría una intervención en Irak y creía poco conveniente que los norteamericanos la lideraran con el único apoyo de los británicos.

Sin embargo, con el tiempo —en parte, por las presiones muy fuertes de Francia y Alemania— su posición fue variando. Bush y Blair estaban convencidos del apoyo de Chile. Recuerdo que hablé con Bush y le advertí de que la información que yo tenía no avalaba sus expectativas de un apoyo chileno a la intervención en Irak. A Bush le dolió especialmente el cambio en la posición de un país amigo y aliado, con el que además tenía pendiente aprobar un tratado de libre comercio, y me lo dijo.

Tiempo después me enteré de que Bush le había dicho a Lagos que, si había dado luz verde al Tratado de Libre Comercio, era porque se lo había pedido yo. En una magnífica y muy concurrida cena en la Moneda, en 2004, Lagos dijo, refiriéndose a mí: «Todo el mundo sabe que gracias a él Chile firmó el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. [...] Pero —añadió— lo que no todo el mundo sabe es que si Chile ha firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es también gracias a él».

Cuando Bush me llamó para darme las gracias por mi ayuda sobre Irak me dijo que nunca lo olvidaría y que quería agradecérmelo de alguna manera. Entonces le respondí: «Tienes un modo de agradecérmelo. Firma el Tratado de Libre Comercio con Chile». Bush reaccionó mostrando su enfado con Chile por su actitud y negándose, pero insistí: «Te equivocas. Tú ya has ganado. Tienes que tener la generosidad del vencedor». Le dije que las diferencias sobre Irak no debían afectar a los acuerdos comerciales, que me parecían esenciales para Chile y para la evolución y apertura de toda la región. Finalmente, dijo: «Está bien. Lo haré. Pero que te conste que le voy a decir a Lagos que creo que se ha portado muy mal, y que lo hago por ti, porque tú me lo has pedido». Lo hizo, efectivamente, y eso es lo que Lagos contó públicamente en aquella cena. No tenía por qué, pero quiso reconocerlo.

Debo decir que me sentí muy contento y halagado. Uno de mis grandes objetivos en América Latina siempre había sido ése: hacer valer el nuevo peso e influencia ganados por España en beneficio de la consolidación política y económica de la gran comunidad iberoamericana. Creo que Bush mostró gran valor y gran visión política cuando decidió firmar ese acuerdo.

He vuelto a Chile casi todos los años desde que dejé la presidencia. Continúa siendo para mí un país de apertura y de oportunidades, y sigo su vida política con gran interés.

CAPÍTULO 3

La alternativa al nacionalismo

ETA reanuda su campaña de exterminio

La lucha contra el terrorismo que queríamos llevar adelante tuvo que vencer numerosos obstáculos, y uno de los más importantes fue un obstáculo social. Durante demasiado tiempo la sociedad española había estado recibiendo un único mensaje en relación con el terrorismo, un mensaje que hablaba de la imbatibilidad de ETA, de la imposibilidad de derrotarla con los instrumentos del Estado de derecho; un mensaje que incluía también, en consecuencia, un horizonte más o menos lejano de negociación y de resignación ante el predominio nacionalista. Lo que hacía ETA y lo que el propio Estado había hecho hasta ese momento no era más que tratar de mejorar su posición dentro de un «empate infinito» de fondo, con vistas a una hipotética negociación, con las consecuencias desastrosas de todo tipo que esa actitud había producido.

Para poder avanzar en la política antiterrorista necesitábamos transformar la resignación en voluntad de victoria, en convicción de que la derrota del terrorismo era posible y era necesaria. La democracia podía y debía mostrar su superioridad frente a sus enemigos porque sus valores, sus recursos jurídicos y operativos y su determinación eran superiores.

Enfrentar el terrorismo en nombre de la democracia y de la libertad obligaba a desarrollar una ofensiva integral, no solamente contra quienes cometían los atentados directamente, sino contra todos los que de uno u otro modo actuaban contra aquéllas. Nuestras convicciones y nuestro enfoque conducían de manera lógica y natural a plantear la necesidad de detener comandos, por supuesto, pero también al objetivo de desarticular redes de apoyo, estructuras de financiación, medios de propaganda y cualquier otra actividad destinada a dar cobertura y a proporcionar recursos a quienes mediante el asesinato o cualquier otro tipo de actividad impedían el normal funcionamiento de la democracia, especialmente en el País Vasco.

Esto encontraba un obstáculo grave en la actitud del nacionalismo, que siempre había tratado de evitar la derrota del terrorismo. La política del nacionalismo ha consistido en mantener el poder por encima de cualquier otra cosa y en servirse de lo que fuera para lograrlo, incluido el terrorismo, cuya derrota policial y social considera anticipo de su propia derrota política y, por tanto, trata de evitar. Cuando se va al fondo de la cuestión, se ve que, tanto si se trataba de Arzalluz como de Ardanza o de Ibarretxe —con sus respectivos planes y proyectos—, lo que había era siempre lo mismo: la idea de que la existencia de ETA manifestaba un conflicto que debía zanjarse mediante una negociación en la que el Estado debía aceptar lo que el nacionalismo quería. Como expresó Ibarretxe ante mi propuesta de recuperar el espíritu de Ermua: «Antes muertos que volver al espíritu de Ermua».

ETA, para el nacionalismo, no es una banda criminal, sino una especie de argumento de autoridad a favor de sus pretensiones, la pieza que necesita para ganar la partida. A modo de ejemplo, baste recordar el sórdido relato que Eduardo Uriarte hace en sus memorias sobre cómo el PNV y Arzalluz personalmente trataron de sabotear la liquidación de ETA político-militar. La posibilidad de que el Estado de derecho derrote a la banda terrorista constituye para el nacionalismo un serio problema, porque en ese caso la existencia de la Constitución y de las leyes no puede ser presentada como problema; al contrario, pasa a ser justamente la solución en la desaparición de ETA.

El nacionalismo sólo ha alterado esta posición de fondo forzado por las circunstancias y sin ninguna convicción, como ocurrió después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, pero ese tipo de cambios han durado siempre lo mínimo posible.

La nueva política antiterrorista que pusimos en marcha implicaba, por tanto, dos cosas. En primer lugar, una defensa explícita de las instituciones, del Estado de derecho y de quienes lo representaban y lo servían. Por eso, entre otras razones, debía ser una política intachable, escrupulosamente respetuosa de los derechos y de las libertades. Es decir, debía ser una lucha con toda la fuerza del Estado de derecho y sólo con ella. Y, en segundo lugar, a la vista de la actitud del nacionalismo, esa política antiterrorista conducía inevitablemente a una conclusión: había que crear, fortalecer y consolidar una alternativa constitucionalista capaz de derrotar al nacionalismo, una alternativa en la que no podía estar sólo el Partido Popular. Esto suponía un cambio radical de actitud política en el socialismo, que había llegado a interiorizar la hegemonía nacionalista hasta el punto de haber renunciado a hacer efectiva su victoria electoral en escaños en el País Vasco en 1986.

Éste era nuestro ánimo en el momento en que ETA dio por terminada su tregua-trampa de 1998. El asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco García —cuya familia ha mostrado siempre un comportamiento ejemplar, incluido el funeral que tuvo lugar en el Cuartel General del Ejército— inició la ofensiva terrorista más sangrienta en muchos años. Pero aquel 21 de enero de 2000 no sólo había un Gobierno dispuesto a derrotarla, sino que había también una sociedad que lo respaldaba. La visión que los españoles tenían del terrorismo había cambiado radicalmente.

Cuando llegaron las elecciones generales unos meses más tarde y el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta, no hubo duda de que los españoles, también en esto, sabían perfectamente lo que votaban. Se había creado un nuevo escenario político que no se podía desaprovechar. Muchas personas habían perdido la vida para que eso fuera posible, y muchas otras la perderían después, pero se había iniciado un camino que durante la segunda legislatura recorreríamos casi hasta el final.

La respuesta desesperada de ETA ante la nueva política antiterrorista le llevó a asesinar a veintitrés personas en ese año 2000, la cifra más alta en ocho años. Y algunos de esos asesinatos tuvieron una significación política especial. El 22 de febrero, la explosión de un coche bomba en la zona universitaria de Vitoria causó la muerte de Fernando Buesa, portavoz del Partido Socialista en el Parlamento vasco. Con él murió también su escolta, Jorge Díez Elorza. ETA, tras la ruptura de la tregua, dejaba claro que, además del Partido Popular, también el Partido Socialista pasaba a formar parte de sus objetivos. Buesa era una personalidad importante dentro del socialismo vasco, y había desarrollado una larga trayectoria política. Visité su capilla ardiente en el Parlamento vasco, y fui acogido con respeto y con cortesía por su familia. En ese momento inicié una estrecha relación con Mikel Buesa, hermano de Fernando.

Apenas unos días antes de su asesinato, Fernando Buesa había participado en una manifestación convocada por ¡Basta Ya! en San Sebastián y había exigido al Gobierno nacionalista en el Parlamento vasco que defendiera «los derechos y las libertades de la gente que no piensa como los nacionalistas». Fernando Buesa formaba parte de una línea política dentro del Partido Socialista en la que también se encontraban personas como Fernando Múgica, igualmente asesinado en 1996, su hermano Enrique, Nicolás Redondo y Nicolás Redondo Terreros. También parecía encontrarse en ella entonces Javier Rojo, más tarde presidente del Senado, quien solicitó verme en la Moncloa para decirme que estaba completamente de acuerdo con la política antiterrorista del Gobierno y que se podía contar con él para lo que se considerase necesario. Nunca hablé de esa conversación con nadie del Partido Socialista.

Pero ese socialismo encontraba en sus propias filas la oposición de quienes afirmaban la necesidad de dialogar y de negociar con los terroristas, uno de cuyos más claros exponentes era Ernest Lluch. Su asesinato el 21 de noviembre en Barcelona tuvo por ello un gran impacto en el seno del socialismo. Lluch creía que la política antiterrorista que impulsaba el Partido Popular era un error, pensaba que había que dialogar permanentemente con ETA y que había que ponerse a ello de inmediato, creía que el responsable político de la situación era el Gobierno porque se negaba al diálogo con Herri Batasuna y que había que forzar todos los instrumentos y todas las posibilidades de ese diálogo. Él tomó la iniciativa en ese sentido, de acuerdo con Maragall, con algunos sectores del partido socialista catalán y con Odón Elorza, entre otros.

Recuerdo que Jon Juaristi escribió una extraordinaria «Tercera» en ABC a modo de obituario. Juaristi consideraba: «Al matar al exministro, el verdadero objetivo de la banda ha sido propiciar la alianza de ambos partidos [PSOE y PNV] contra el PP y las plataformas ciudadanas que defienden, en el País Vasco, la Constitución y el Estatuto». Juaristi continuaba reconociendo la mutua antipatía que sintieron Lluch y él, y cómo, a su juicio, Lluch se extraviaba cuando creía ver en el nacionalismo vasco «de los Arzalluz, Otegi y García Gaztelu» impulsos cívicos en vez de «locura etnicista, odio y desprecio al otro; voluntad de exclusión», y reprochaba: «Las propuestas conciliadoras [de Lluch], su filoabertzalismo dividían a los demócratas como siguen dividiéndonos hoy más que ayer».

Pero la voluntad de diálogo de Lluch no condujo a ninguna parte, como se puso de manifiesto. Al contrario, terminó en su propio asesinato.

Acudí a la manifestación que se organizó en Barcelona poco después. Y lo que se pudo percibir allí parecía hacer bueno el análisis de Juaristi. A mi llegada hubo división de opiniones, aunque más respeto que otra cosa. Sin embargo, pronto comenzaron a escucharse gritos que pedían «diálogo». Durante todo el recorrido fue evidente que en lugares estratégicos se habían ido colocando grupos del PSC que respondían perfectamente a la posición de Maragall y que proferían continuos gritos a favor del diálogo. No eran gritos generalizados sino concentrados, claramente de grupos organizados situados en cada manzana, en cada esquina a derecha o a izquierda de la calle.

Era una consigna extraña para un momento como aquél, cuando uno de sus más notables defensores acababa de ser asesinado precisamente por aquellos a los que había ofrecido dialogar. Pero una consigna que revelaba toda una posición política, que nos acompañó todo el trayecto y que finalmente alcanzó su máxima expresión en el cierre del acto. La periodista Gemma Nierga —en cuyo programa colaboraba Ernest Lluch— se permitió añadir su propia opinión al comunicado conjunto que estaba encargada de leer, para introducir una parte final que alteraba el acuerdo previo. Al terminar la lectura del documento afirmó: «Estoy convencida de que Ernest hasta con la persona que lo mató habría intentado dialogar; ustedes que pueden, dialoguen, por favor».

Tenía a mi derecha a Pujol y a mi izquierda a Zapatero, y recuerdo haber dicho: «Eso no estaba en el comunicado». Hubo muchas caras de sorpresa, porque era evidente lo improcedente de la reflexión de la periodista; no sólo porque rompía un protocolo previamente acordado, sino porque si algo demostraba la muerte de Ernest Lluch, incluso los detalles de su asesinato, era precisamente que la vía del diálogo carecía de sentido cuando se trataba del terrorismo, y que ante el pistolero que lo asesinó —José Ignacio Krutxaga—, Lluch trató de salvar su vida, como es lógico, y no de dialogar.

Esa petición de diálogo con quien está a punto de asesinarte reflejaba bien lo que pensaba una parte del Partido Socialista y todo el nacionalismo. Creían que ésa debía ser la posición del Gobierno ante ETA, y en eso estaban Maragall, Elorza, Eguiguren y el propio Lluch. Un grupo que contaba entre sus referentes con Miguel Herrero.

En ese año 2000, ETA mató a veintiuna personas más, entre ellas a Jesús María Pedrosa Urquiza, concejal del Partido Popular en Durango (Vizcaya). El 4 de junio, un pistolero lo asesinó junto a su domicilio. A Jesús María lo habían amenazado en muchas ocasiones, pero no pensaba abandonar, porque, según decía: «No sé si voy a ir al cielo o al infierno; procuraré ir al cielo. Lo que sí sé es que voy a ir desde Durango». En Durango asistí a su entierro.

Recibí una acogida muy afectuosa, mucha gente en la calle gritaba a favor del Gobierno. También se habían reunido en algunas esquinas miembros de Herri Batasuna. Cuando me paré para mirarlos fijamente y vieron la actitud que adoptaba la mayoría de la gente que se encontraba allí, terminaron por dar media vuelta y marcharse.

Al terminar el entierro me acerqué a Ibarretxe para decirle que la actitud de su partido era intolerable y vergonzosa: «Se te debería caer la cara de vergüenza, si es que la tienes». La suya era una política miserable que consistía en no romper con Herri Batasuna en el Parlamento de Vitoria y seguir gobernando gracias a sus votos. Ésa era la fórmula política que el nacionalismo mantenía: depender políticamente de los cómplices de los asesinos y acudir luego al entierro de los asesinados.

El Pacto Antiterrorista

El Pacto Antiterrorista comenzó por ser una respuesta meramente táctica de un socialismo que entendió que la política del Gobierno era imparable y había arraigado en la sociedad española. Pese a los llamamientos a la negociación que seguía haciendo una parte de la izquierda, la opinión pública era ya muy sólida a este respecto, y encontraba en el Gobierno el liderazgo necesario. Esto movió al nuevo secretario general socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, a buscar un acercamiento que le permitiera no parecer ajeno a la nueva situación, no parecer descolgado de un proceso político y social contra el terrorismo que se había consolidado sustancialmente.

La primera propuesta que se realizó al Gobierno carecía de contenido relevante. Claramente se trataba de escenificar un acercamiento que en realidad no generaba ningún beneficio práctico a la lucha contra el terrorismo ni ayudaba a dar el impulso político que se necesitaba. Por eso, nuestra reacción fue la de aceptar la propuesta de pacto, pero a condición de que se llenara de contenido real y de que sirviera para algo. No podía limitarse a ser una escenificación sobre obviedades en las que estábamos de acuerdo sin necesidad de muchas conversaciones. Si realmente aspirábamos a un verdadero pacto de Estado, teníamos que ser mucho más ambiciosos y, por tanto, mucho más exigentes. Tenía que ser un acuerdo que, sin voluntad excluyente, sí estableciera con claridad que se basaba en el entendimiento entre el partido de Gobierno y el principal partido de la oposición. Tenía que ser un pacto que superara la idea de que la política antiterrorista tenía que limitarse a los mínimos en los que existiera acuerdo entre todos, lo que en la práctica equivalía a dar un veto al PNV, de modo que medidas que no fueran asumidas por dicho partido se entendía que no debían adoptarse. Tenía que ser un vehículo político para que el Partido Socialista revisara algunas de sus posiciones sobre el cumplimiento de penas y la ilegalización del brazo político de ETA. Y, finalmente, tenía que ser un acuerdo para garantizar la continuidad de una política antiterrorista comprometida con la derrota de ETA como objetivo. Es evidente que no todo fue así.

Era preciso un trabajo político que se llevó a cabo tanto desde el partido, con Javier Arenas y Jaime Mayor Oreja, como desde el Gobierno, donde Javier Zarzalejos fue el encargado de hacerlo; el interlocutor en el Partido Socialista fue Alfredo Pérez Rubalcaba. En el lado socialista, Nicolás Redondo Terreros apoyó con una posición muy clara el acuerdo. A nadie se le podía ocultar que un acuerdo de este alcance, en aquel momento de radicalización nacionalista, abría, de manera natural, una perspectiva de colaboración política entre nosotros y los socialistas para asentar una alternativa de Gobierno en el País Vasco. Se elaboraron sucesivas redacciones de los diez puntos que componen el acuerdo. Me encontraba en el Consejo Europeo de Niza cuando ya bien entrada la noche recibí por fax el texto que Zarzalejos y Rubalcaba daban por cerrado. Pregunté si los socialistas estaban dispuestos a firmarlo y le di luz verde. Era un texto bien estructurado que trataba con un detalle apreciable todos los aspectos relevantes de la política antiterrorista, pero lo verdaderamente decisivo desde el punto de vista político fue la redacción del preámbulo al Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo que finalmente se firmó en diciembre de 2000.

Ese preámbulo otorga un sentido político profundo al conjunto del acuerdo. Lo contextualiza como la respuesta de los dos partidos mayoritarios frente la vuelta a la violencia de ETA y a la estrategia promovida por el PNV y por EA, «que abandonaron el Pacto de Ajuria Enea para, de acuerdo con ETA y EH, poner un precio político al abandono de la violencia. Ese precio consistía en la imposición de la autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco».

Frente a la violencia y frente a la estrategia del nacionalismo de ampararla, el acuerdo afirmaba la voluntad inequívoca de derrotar al terrorismo y establecía: «El abandono definitivo, mediante ruptura formal, del Pacto de Estella y de los organismos creados por éste, por parte de ambos partidos, PNV y EA, constituye una condición evidente y necesaria para la reincorporación de estas fuerzas políticas al marco de unidad de los partidos democráticos para combatir el terrorismo. La recuperación plena de esa unidad para luchar contra el terrorismo debe llevarse a cabo en torno a la Constitución y el Estatuto de Guernica, espacio de encuentro de la gran mayoría de los ciudadanos vascos». Esa ruptura era asimismo «requisito imprescindible para alcanzar cualquier acuerdo político o pacto institucional con el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna».

De este modo se dejaba perfectamente claro que los diez puntos del acuerdo —referidos a la eficacia policial, a las víctimas, a los movimientos cívicos, etc.— no constituían meros enunciados genéricos, sino que formaban parte de una política antiterrorista destinada a derrotar a ETA y a romper un frente nacionalista que había nacido para ofrecer una salida a la banda criminal en un momento crítico para ella. El preámbulo enmarca el Pacto Antiterrorista como el resultado de un «acuerdo en el diagnóstico y en las consecuencias políticas que del mismo se derivan».

La redacción final del acuerdo no fue una negociación sobre la política antiterrorista del Partido Popular, sino sobre la forma en que el PSOE se sumaba a ella. Fue iniciativa del Gobierno y del PP, y fue aceptada por el Partido Socialista.

Zapatero sabía perfectamente que el Gobierno tenía intención de seguir adelante con su política, sin aceptar dilaciones ni revisiones de fondo. Así se lo hice saber personalmente durante una cena que tuvo lugar en el comedor oficial de la Moncloa, cuando le dije: «Nuestra política antiterrorista es la que es, y se va a seguir aplicando con o sin tu apoyo». Ése era el límite de cualquier acuerdo y, por tanto, la única decisión que el Partido Socialista tenía que adoptar era si se sumaba o no a la política que el Gobierno iba a llevar adelante de todas formas. Éste fue el auténtico significado político del pacto. Zapatero buscó ese acuerdo forzado por el éxito de nuestra política, pero no por convicción, sino arrastrado por las circunstancias, y prueba de ello es que en cuanto pudo no sólo lo abandonó, sino que hizo exactamente todo aquello que el pacto pretendía evitar.

Pero en aquel momento fue un paso muy importante, que tuvo su continuación natural en otras iniciativas, como la Ley de Partidos, y sobre todo en la elaboración de una alternativa política al nacionalismo. De las dos almas del socialismo —por una parte la que quería dialogar con el terrorismo y consideraba inevitable la hegemonía nacionalista, y por otra la que quería derrotar al terrorismo y poner fin a la hegemonía nacionalista—, la segunda parecía haberse impuesto sobre la primera. Esto hacía posible dar un paso más y pensar en elaborar una alternativa política constitucionalista que desafiara electoralmente al PNV.

El nacionalismo acusó la firma del Pacto Antiterrorista. Unos días después, el PNV hizo público un documento lleno de despropósitos titulado «Análisis y valoración del acuerdo suscrito por el PP y el PSOE» que manifestaba un profundo malestar. Un documento carente de lógica en el que el PNV sostiene entre otras cosas que, pese al rechazo del PP y del PSOE a pactar con él, él puede pactar «con quien crea necesario», y que, significativamente, termina con dos líneas que vale la pena citar: «¿Dónde queda la exigencia masivamente coreada de “diàleg ja” en la gran manifestación de Barcelona? ¡ETA asesinó a Lluch, y los firmantes de este pacto han matado sus ideas!». La firma, para que conste como motivo de sonrojo, era del Consejo Ejecutivo Nacional del PNV.

Este vínculo entre el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco contra la existencia de una alternativa constitucionalista y a favor del diálogo con el terrorismo aparecería con toda claridad poco tiempo después.

Documentos como ése acreditaban plenamente la necesidad del preámbulo del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, y la mención expresa de que el PNV no podía ser socio político del PP ni del PSOE mientras no rompiera explícitamente con el terrorismo y quienes lo servían.

La alternativa constitucionalista como expresión de la normalidad democrática

Siempre había creído necesaria una alternativa política al nacionalismo en el País Vasco, y en aquel momento, con la estrategia antiterrorista arraigada en la sociedad y con el PSOE sumado a ella a través del Pacto Antiterrorista, se materializó la posibilidad de hacerla realidad, de articular una alternativa política auténtica, lo que se llamó la alternativa constitucionalista. La idea de base era muy sencilla, y la expresé con claridad en numerosas ocasiones, entre ellas en la conferencia que pronuncié en la Sociedad El Sitio, de Bilbao, en febrero de 2000. Dije entonces en el Palacio Euskalduna: «El nacionalismo tiene que aceptar que es una expresión importante, pero sólo una expresión, entre otras, de la pluralidad vasca, y aceptar con naturalidad que hay otras fórmulas, otras alternativas, que pueden legítimamente abrirse paso, como de hecho ya ocurre en diferentes niveles de las instituciones vascas».

Sólo esta idea constituía para muchos una especie de provocación, porque pretendía poner en cuestión un statu quo que consideraban intocable. Se trataba casi de una resistencia psicológica a aceptar que la alternancia pudiera llegar a producirse en el País Vasco, pero precisamente de eso se trataba. Con frecuencia eran los mismos que habían dicho cosas parecidas cuando el Partido Popular parecía poder ganar las elecciones generales al PSOE.

Para mí, la existencia de una alternativa constitucionalista era la conclusión política lógica de todo un planteamiento integral de la lucha antiterrorista. Si la lucha antiterrorista encontraba en el nacionalismo un obstáculo, era necesario encontrar la fórmula para superarlo, porque estábamos determinados a llevar hasta el final la lucha contra el terrorismo. El nacionalismo era una parte del problema. Y de igual manera que habíamos afirmado con éxito que la idea de la imbatibilidad de ETA era falsa y que la idea del empate infinito era falsa, ahora teníamos que ser capaces de decir que la idea de la hegemonía eterna del nacionalismo también era falsa.

Yo jugué, con todas sus consecuencias, esa baza, plenamente convencido de que era lo que teníamos que hacer. Nos habíamos preparado a conciencia. Habíamos dedicado muchísimo tiempo a los medios de comunicación, en las reuniones periódicas que teníamos en la Moncloa con los directores de los medios, a los que yo personalmente explicaba el sentido y la importancia de lo que pretendíamos. Habíamos cuidado mucho todos los movimientos cívicos; habíamos hablado con las asociaciones de víctimas; habíamos desarrollado una conexión especial con el mundo intelectual, con el mundo cultural y universitario vinculado a la resistencia frente al terrorismo. Mantuve almuerzos con el Foro de Ermua, con la Fundación de Víctimas del Terrorismo y con ¡Basta Ya!, que recibió el Premio Sájarov del Parlamento Europeo. Las víctimas fueron condecoradas y recibieron un reconocimiento civil visible y solemne.

La alternativa constitucionalista empezaba a ser una realidad social y comenzaba a ser una realidad electoral apoyada en dos pilares: la derrota del terrorismo y la afirmación de los valores constitucionales en el País Vasco. Recuerdo haber recibido a toda la familia Chillida, y cómo Eduardo Chillida, paseando por la Moncloa, me cogió del brazo y me dijo: «Tienes todo mi apoyo en todo lo que estás haciendo contra ETA y contra el terrorismo». Una escena muy parecida se produjo con Imanol Arias y con muchas otras personas.

La posición del PP era muy sólida, absolutamente homogénea y sin fisuras, y eso permitió que liderara la alternativa constitucionalista. Una alternativa en la que estuvo plenamente comprometida una parte del Partido Socialista, pero contra la que se situaron activamente quienes seguían creyendo que el diálogo, el empate y la hegemonía nacionalista era lo que se debía proteger.

Una vez decidido que el proyecto iría adelante, era necesario encontrar quien lo liderara. Jaime Mayor era la persona del Gobierno para el País Vasco, por así decirlo. Él me pidió encabezar la candidatura en las elecciones vascas que debían celebrarse en 2001, y entendí que no había ninguna razón para que no fuera así. Era coautor e impulsor de toda nuestra política para el País Vasco, así que mi respuesta fue: «Si quieres ser candidato, serás candidato».

La apuesta electoral era arriesgada, pero que existiese la alternativa, que existiese una política definida, que existiese por primera vez y que plantase cara al nacionalismo de esa manera era algo de enorme importancia. Para mí, esto ya era un gran triunfo.

Lo que ocurría era que muchos pensaban que las cosas podían ir demasiado deprisa. La política vasca no sigue los mismos ritmos que la del resto de España, porque las cosas allí no son iguales. Era necesario actuar con determinación, generar un mensaje muy claro que llegara a todas partes, y además era también necesario estar dispuestos a perseverar, porque era difícil derrotar al nacionalismo a la primera después de tantos años de hegemonía política y de dominio social, especialmente cuando a ese dominio y esa hegemonía se añaden décadas de terror, de acoso, de amenaza, de violencia y de asesinatos. Cambiar eso exigía determinación, pero exigía también constancia. Hubo determinación, pero no hubo constancia por parte del Partido Socialista.

La determinación existió, a pesar de que en algún momento hubo el peligro de hacer una campaña para no ganar las elecciones, una campaña de perfil bajo. Pero frente a esa idea se produjo una reacción fulminante de Jaime Mayor, que vino a verme pensando que yo tenía conocimiento de que era ese tipo de campaña el que se quería hacer. «¿Quién está manteniendo esa posición?», le dije. «Pues Arriola y otras personas.» Ante eso le pregunté directamente: «¿Tú estás dispuesto a hacer una campaña para ganar?». Su respuesta fue «sí». En ese momento le expresé mi máximo compromiso y mi absoluta implicación con la campaña. Y así fue. Fui tres veces, a Bilbao, San Sebastián y Vitoria, los tres viajes en los que ETA intentó derribar con un misil SAM-7 el avión en el que viajábamos. ETA nos tuvo en su punto de mira tres veces, pero el misil no funcionó. Los misiles estuvieron escondidos en Lizarza y fueron encontrados cuando se detuvo en 2004 al entonces jefe de ETA, Antza.

En aquella campaña constituyó un hito el acto celebrado en el Kursaal de San Sebastián el día 28 de abril. En él, abarrotado, se hizo visible la unidad de los demócratas frente a la imposición nacionalista. Un acto en el que se pidió el voto para quienes defendían la democracia, representados por Jaime Mayor y por Nicolás Redondo Terreros, por encima de cualquier otra diferencia. El nacionalismo reprochaba ya a los socialistas su clara posición constitucionalista, y veía con sorpresa y con gran preocupación cómo la sociedad vasca comenzaba a liberarse de las ataduras que el nacionalismo le había impuesto durante años. La imagen de Fernando Savater levantando el brazo de Nicolás y de Jaime fue seguramente una de las expresiones más claras y también más emocionantes de que el proyecto de crear una auténtica alternativa política para el País Vasco empezaba a ser una realidad.

Sin embargo, esa imagen fue demasiado para una parte del socialismo. En un mitin celebrado en Baracaldo, Felipe González destrozó conscientemente la campaña de Nicolás Redondo y de su partido cuando dijo: «No te equivoques, Nicolás. Nuestros amigos son los del PNV». Fue la síntesis de una larga defensa de los pactos con los nacionalistas. No creo haber visto en mi vida política una «puñalada» mayor que ésta.

El resultado electoral mostró hasta qué punto esta intervención de González fue decisiva para que una parte del electorado renunciara a hacer realidad la alternativa constitucionalista, y hasta qué punto en una parte del socialismo pesaba más el sectarismo contra el PP que la defensa de la libertad. Probablemente, los 20.000 votos que faltaron en la margen izquierda para completar el vuelco habrían bastado para que todo fuera diferente.

Además, en aquella campaña ETA y el nacionalismo volvieron a hacer lo que siempre habían hecho: ejercer la violencia y utilizarla políticamente. El domingo 6 de mayo, una semana antes de las elecciones vascas, ETA asesinó en Zaragoza a Manuel Giménez Abad cuando se dirigía a La Romareda a ver un partido de fútbol del Real Zaragoza, acompañado de uno de sus hijos. La manifestación a la que asistí en Zaragoza fue verdaderamente impresionante.

Cuando el Partido Popular y el Partido Socialista pidieron que los vascos respondieran al asesinato llenando de votos las urnas, Arzalluz tuvo la desvergüenza de considerar «una bajeza moral increíble» que los constitucionalistas se sirvieran de «un cadáver caliente» para obtener beneficios políticos. Ibarretxe acudió al funeral de Giménez Abad en Jaca, donde le abuchearon, y dio la impresión de que fue para eso y para activar de ese modo el voto nacionalista. Todavía seguía gobernando con el voto de EH.

Una vez más, ETA, el nacionalismo y la parte del socialismo que era incapaz de combatirlos se aliaron en el plazo de unos días para hacer imposible la victoria de la alternativa constitucionalista. Un empresario vasco que por entonces participó en una cena en la Moncloa me lo expresó con toda claridad: «Hay mucha gente que tiene una duda fundamental entre votar a los que tenéis razón o votar lo nuestro».

Ese tipo de actitudes, tan arraigadas en el País Vasco, eran las que había que vencer. Y eso requería mucho tiempo, perseverar en un mismo proyecto político.

Por cosas como éstas, yo siempre pensé que la victoria en aquella ocasión, a la primera, era muy difícil. El PNV logró 33 escaños; el Partido Popular, 19, y el Partido Socialista, 13. Faltó muy poco, y dadas las circunstancias, se trataba de un gran éxito. Casi dos de cada tres votos nuevos en esas elecciones fueron para la alternativa constitucionalista. Y aunque no haber alcanzado las expectativas a corto plazo era un revés significativo, existían muy buenos datos para el medio y largo plazo.

Lo importante ahora era que lo que se había iniciado tuviera continuidad. Se había conseguido algo extraordinario, algo que pronto daría sus frutos si se conservaba y se fortalecía. Pero si Redondo Terreros había padecido durante la propia campaña el fuego amigo de los suyos, una vez pasadas las elecciones y sin haber obtenido el Gobierno, sería muy difícil que pudiera seguir trabajando para consolidar la alternativa constitucionalista. Así ocurrió.

El Partido Popular no iba a cambiar de política, pero en el PSOE incluso Zapatero había mostrado síntomas inquietantes. En la misma cena en la Moncloa en la que le había dado la bienvenida a nuestra política antiterrorista y le había dicho que se haría con o sin él, me preguntó cuál era el «plan B» en el caso de que no se consiguiera la victoria electoral en el País Vasco. «La defensa de la Constitución no tiene plan B», le contesté.

Pero el socialismo sí tenía un «plan B». Consistía en liquidar la alternativa constitucionalista; en convertir en tesis oficial del Partido Socialista las tesis de Maragall y de los partidarios del diálogo y de la negociación con ETA, así como la intangibilidad de la hegemonía nacionalista. La ruptura pública con el Gobierno y con el fondo del Pacto Antiterrorista tardaría en llegar, pero la voluntad de hacerlo fue ya clara casi inmediatamente. Durante una reunión en la que hablamos del País Vasco, Zapatero llegó a decirme: «Hay que huir como de la peste de la política de Mayor Oreja y de lo que se ha venido haciendo durante los últimos años». El mismo que había firmado el Pacto Antiterrorista.

Quien puso en marcha y por escrito este cambio radical de posición, en una de esas piezas periodísticas que quedan para la historia, fue Juan Luis Cebrián en su conocido artículo «El discurso del método», publicado unos días después de las elecciones vascas. En él manifestaba con claridad su alegría por lo que consideraba un fracaso de la alternativa constitucionalista —que había animado a torpedear—, acusaba a quienes habían tomado parte en ella, incluidos los muchos intelectuales que se habían adherido, exculpaba al nacionalismo de cualquier responsabilidad en la pervivencia del terrorismo y acreditaba al PNV como un partido ejemplarmente democrático, a diferencia del Partido Popular. Solicitaba un «cambio severo» de la política antiterrorista del Partido Popular, al que acusaba de instrumentalizar el dolor de las víctimas y de no ocuparse de «la prevención de los hechos, ni de la localización y detención de comandos», y llamaba a recuperar la unidad de los demócratas alrededor del PNV y mediante el liderazgo de Ibarretxe.

En realidad, Cebrián, en un estilo que fue calificado como «vomitona», no hacía un análisis, sino que prescribía una política de ruptura y aislamiento del Partido Popular, sumisión al nacionalismo y negociación con el terrorismo. Una política que el Partido Socialista comenzó a poner en práctica hasta llegar un tiempo después a hacerla explícita incluso en sede parlamentaria. Una política de exclusión que alcanzó incluso a los profesionales del Grupo Prisa comprometidos con el constitucionalismo, que fueron apartados progresivamente.

Dado que el Gobierno no sólo no tenía la menor intención de cambiar de posición, sino que iba a profundizar en todas y cada una de sus políticas, la progresiva separación entre el Partido Popular y el Partido Socialista fue inevitable, especialmente desde que Nicolás Redondo Terreros abandonó su cargo en el Partido Socialista del País Vasco, ante la evidencia de que no era posible dar continuidad a su proyecto político y después de sufrir presiones incalificables que afectaron incluso a su vida familiar.

Profundizar en esas políticas fue lo que puso a ETA al borde de su derrota.

El «modelo Maragall»

La corriente de fondo del socialismo comenzó a ser la que marcaba Maragall, y la política que el socialismo hacía en Cataluña se adueñó del PSOE. Maragall era un hombre intelectualmente desordenado, víctima frecuente de sus propias ocurrencias, con el que mantuve poca relación. En una ocasión dijo: «Aznar no se fía de González. Hace muy bien». Fue una lástima que Redondo no tomara en cuenta esta advertencia.

Maragall fue decisivo para que Zapatero alcanzase la Secretaría General del Partido Socialista, y el PSC fue también artífice de algunas de las campañas más repulsivas que se han hecho nunca en la democracia española.

Se ponía rumbo a la negociación de Carod-Rovira con ETA —cuyos contactos comenzaron en el verano mismo del año 2001—, al Pacto del Tinell y a la campaña que pretendía establecer el carácter anticatalán del Partido Popular. Lo cierto era que las inversiones que Cataluña había recibido hacían imposible hablar de maltrato o de falta de interés. Proyectos como el apoyo al Gran Teatro del Liceo, el Museo de Arte de Cataluña, el Auditorio, el Palau de la Música, la Biblioteca de Barcelona, el Archivo de la Corona de Aragón, la Universidad Politécnica y la Autónoma de Barcelona, la inversión en ferrocarriles, recursos sanitarios, investigación, carreteras, aeropuertos, y tantas otras iniciativas prueban que jamás existió nada parecido a lo que se pretendía decir. Es difícil ocultar la ampliación del aeropuerto del Prat, el AVE, las depuradoras del Besós y del Bajo Llobregat o el sincrotrón de la Universidad de Barcelona.

Lo que hubo fue una decisión política de alimentar la ruptura y el radicalismo, incluso después de que el PP hubiera facilitado la gobernabilidad en Cataluña con un acuerdo público firmado con CiU tras las elecciones de 1999. En una conversación con Pujol en la Moncloa en el año 2002 le ofrecí integrarse en el Gobierno. Una oferta que realicé con mayoría absoluta y sin que existiera ningún interés de partido en ello, sino por puro sentido de Estado. La respuesta fue «no». «A mí —añadió— el pacto constitucional ya no me vale.» Pujol había decidido romper con la Constitución e iniciar una ruta en competencia con la izquierda que para CiU sería suicida: «Te equivocas. En una carrera entre radicales siempre ganan los más radicales», le dije. La fábrica de nacionalistas radicales no fueron mis Gobiernos, sino el propio nacionalismo, que eligió entre hacer eso o construir España.

El desistimiento de la izquierda en la alternativa constitucionalista condujo al «cuatro años más de Aznar y España estalla», en frase de Maragall. Es decir, «la hacemos estallar». Por sectarismo. El mismo Zapatero que firmó el Pacto Antiterrorista, que estuvo en la alternativa constitucionalista, que apoyó la Ley de Partidos, pasaría sin solución de continuidad al Pacto del Tinell y a la negociación con ETA.

CAPÍTULO 4

«España va bien»

La alternativa de centro reformista

Estábamos en lo que se llama el «traspaso de poderes», ese limbo que va de la victoria en las urnas a la responsabilidad del Gobierno, cuando recibo una llamada de Felipe González, ya presidente en funciones. Quiere invitarme a almorzar con Adolfo Suárez. Luego Leopoldo Calvo-Sotelo me comentó su extrañeza al haber sido excluido.

Comimos los tres juntos en el despacho oficial de la Moncloa, en el que habían dispuesto una mesa redonda. Recuerdo muy bien la conversación. Hablamos de España y sobre todo de la situación económica. Felipe González me insistió mucho en que no bajara los impuestos. Me advirtió que bajarlos podía poner en peligro el sistema público de pensiones, las políticas sociales, la sanidad... Incluso fue más allá y me recomendó subirlos. «Tenéis margen», me insistió.

Ante la mirada atenta de Adolfo Suárez, le contesté a González: «No voy a subir los impuestos». Había tres motivos para no hacerlo. Primero, porque me comprometí a bajarlos antes de la campaña electoral y durante ésta. Después, porque subir los impuestos supondría continuar la política económica socialista que había llevado a España a la crisis. Y, tercero, porque los temores que expresaba González no tenían fundamento: el modelo económico del PP no sólo no suponía una amenaza para las pensiones, las políticas sociales o la sanidad, sino que era su mejor y más firme garantía. Lo que ponía en peligro la sanidad y la Seguridad Social era la política que se estaba siguiendo. Dicho de otro modo, no era verdad, como se habían cansado de advertir los socialistas durante la campaña e insistía ahora el presidente en funciones, que la suya fuera «la única política económica posible», la única social y la única viable. Existía una alternativa. Una alternativa de «centro reformista» capaz de colocar a España en la senda del crecimiento, el empleo y la prosperidad.

Esa alternativa de centro reformista no se improvisó de la noche a la mañana. Cuando llegamos al Gobierno en 1996 ya teníamos los deberes hechos, un horizonte claro y un plan para alcanzarlo. Ese plan se había ido perfilando a lo largo de muchos años con la ayuda de expertos de gran valía de todos los ámbitos. Habían colaborado con nosotros tanto a través de nuestros Grupos Parlamentarios en el Congreso y el Senado como muy especialmente a través de FAES, auténtico semillero de ideas para el nuevo Gobierno. En FAES se habían celebrado cientos de reuniones de expertos, seminarios y grupos de trabajo que con discreción y un trabajo continuado habían ido produciendo un acervo programático de una gran solvencia. Por mi parte, mantenía reuniones habituales con diversos sectores profesionales y empresariales, y contaba con los análisis y el consejo de economistas tan relevantes como Juan Velarde, José Barea, Cristóbal Montoro o José Luis Feito. Manuel Pizarro, César Alierta y Francisco González eran interlocutores cuyos puntos de vista apreciaba mucho. Y recuerdo también las comidas que organizaba Juan Abelló y que me daban la oportunidad de reunirme con personas muy cualificadas que me permitían conocer de primera mano los problemas, las inquietudes y las expectativas del mundo económico y empresarial.

Desde que asumí la presidencia del Partido Popular y la candidatura a la presidencia del Gobierno de España, yo había tenido una idea clara: nosotros no nos íbamos a conformar con ser mejores gestores de un modelo ajeno. Aspirábamos a realizar el proyecto al que nos habíamos comprometido con los españoles.

Queríamos cambiar las cosas. No por capricho, no por sectarismo, no porque considerásemos que el cambio fuera bueno en sí mismo, sino porque estábamos convencidos de que nuestras políticas eran mejores para los españoles. Para todos ellos y de forma especial para las clases medias, protagonistas de nuestro proyecto de centro-reformista.

La aplicación de nuestra alternativa encontró no pocos obstáculos. Al más mecánico rechazo ideológico de algunos se sumaron las consideraciones por parte de otros sobre si el cambio era oportuno.

Recuerdo una conversación en aquellos primeros meses de Gobierno con un importante empresario. Me dijo: «Presidente, yo comparto vuestro modelo, vuestras ideas; pero me temo que sólo pueden aplicarse en tiempos de bonanza; no ahora con un déficit del 7 por ciento y un paro del 23 por ciento». Le respondí algo de lo que sigo firmemente convencido: si las políticas económicas de libertad son siempre recomendables, lo son de forma especial en tiempos de crisis. El modelo del centro-reformista que queríamos no era un lujo para tiempos de prosperidad; estábamos convencidos de que era la mejor política para el crecimiento y, por tanto, la mejor garantía para avanzar hacia la recuperación en tiempos de crisis.

Esta convicción, que compartíamos todos los miembros del nuevo Gobierno y señaladamente Rodrigo Rato, al que nombré ministro de Economía y Hacienda, tenía implicaciones muy importantes en dos terrenos. En primer lugar, había que instaurar y enraizar una nueva cultura de la estabilidad basada en la austeridad en el gasto y el equilibrio fiscal. En un país económica y presupuestariamente muy poco disciplinado, con una tendencia acusada a incurrir en déficits muy altos y que venía de protagonizar hasta cuatro devaluaciones en muy poco tiempo, esto tenía bastante de revolucionario.

En segundo lugar, teníamos que ampliar decididamente los ámbitos de libertad económica. Es decir, reducir el tamaño del sector público, el peso del Estado, para facilitar la iniciativa individual, dinamizar la economía y promover las oportunidades de la gente.

Estos dos objetivos exigían, desde el primer minuto, un impulso reformista muy decidido. Un impulso reformista que no se quedase en la superficie ni a medias, sino que aspirase a transformar las bases y estructuras de la economía española para hacerla más libre, más abierta, más dinámica, más flexible y más competitiva. Lo hicimos intensamente y muy pronto. En los primeros días de junio de 1996, el Gobierno aprobó un paquete de medidas de liberalización económica presentado por Rodrigo Rato con el que tomaba altura nuestro proyecto.

Conseguirlo no iba a ser fácil, y lo sabíamos.

La herencia que habíamos recibido era objetivamente una mala herencia. España sufría una grave crisis económica y social. En España trabajaban poco más de doce millones de personas, el mismo número que veinte años atrás. La tasa de paro era del 23 por ciento. El 40 por ciento de los jóvenes y el 30 por ciento de las mujeres no encontraban trabajo. La renta por habitante se encontraba estancada en el 78 por ciento de la media comunitaria, lo mismo que en 1976. El déficit alcanzaba casi el 7 por ciento del PIB. Los tipos de interés superaban el 11 por ciento y nuestro diferencial con Alemania era de 442 puntos. No cumplíamos ninguno de los cinco requisitos para acceder a la Unión Monetaria Europea y, por tanto, para ser socios fundadores del euro.

Estos datos, y sobre todo la suma de todos ellos, pintaban un panorama de incertidumbre y dificultad. Precisamente, la profundidad de la crisis nos movió a mantenernos firmes e impulsar los cambios que creíamos necesarios con más ahínco y más rapidez.

Esa manera de afrontar nuestra responsabilidad quedó plasmada en la idea de «centro reformista» con la que nos definimos como partido en el año 2001. Con la invocación al «centro», el PP se identificaba con una gran mayoría social española, con esa amplia clase media que se había ido consolidando gracias a las oportunidades ofrecidas por la apertura económica y política. Al definirnos abiertamente como «reformistas» manifestábamos una visión de la política entendida como un proceso permanente de renovación para ganar en libertad, eficacia y bienestar. Reformismo no significaba ruptura ni radicalidad. Como en la propia Transición, significaba adaptación, mejora y modernización desde el diálogo político, económico y social, y con objetivos claros.

La entrada en el euro era un objetivo de un gran valor económico y político, comprendido y compartido por la inmensa mayoría de los españoles. Aspiraba a romper con una especie de maldición por la que España llegaba con retraso a todas sus citas históricas. Estábamos dispuestos a que esta gran oportunidad no se transformara en un nuevo motivo de frustración colectiva. Esa firme decisión lanzaba un mensaje de determinación. Actuaba como impulso y motor de las reformas que el país necesitaba, y por esa razón venía a reforzar el proyecto económico del nuevo Gobierno. Más estabilidad y más libertad eran los dos grandes requisitos de la Europa del euro, y más estabilidad y más libertad eran los dos pilares del nuevo proyecto de centro reformista del Partido Popular.

Estabilidad

Las primeras semanas en la Moncloa fueron de una intensidad reformista máxima.

Desde el primer minuto enfrentamos el objetivo de reducir el déficit público y alcanzar la estabilidad. Había quienes se quejaban de que el ajuste era demasiado duro o demasiado rápido. Pero, una y otra vez, yo les contestaba con una explicación sencilla: «Si los españoles tuviésemos la reputación de disciplinados que tienen los alemanes, no tendríamos que hacer el enorme esfuerzo de disciplina que estamos haciendo; pero desafortunadamente no la tenemos, por lo que nuestro esfuerzo tiene que ser aún mayor que el de los demás. Es una cuestión de credibilidad».

Para ganar esa credibilidad hacían falta muchas cosas. Lo primero, evidentemente, era llevar a cabo un profundo ajuste del gasto en las Administraciones Públicas. Así lo hicimos en el primer Consejo de Ministros, con un acuerdo de no disponibilidad que llevaba al límite la exigencia de austeridad en todos los ministerios. En aquella tarea, que era ardua y muchas veces ingrata, conté con el apoyo imprescindible del profesor José Barea, al que nombré director de la Oficina del Presupuesto que decidí crear en la presidencia.

Pero para ganar credibilidad no bastaba con rectificar las políticas de despilfarro y ajustar las cuentas. Había que perseverar. No flaquear en la disciplina. Mantener la misma política de rigor y equilibrio fiscal de forma sostenida a través del tiempo. Esto era absolutamente esencial. Porque esto era lo que nos iba a permitir romper los ciclos habituales de la economía española, que se caracterizaban por periodos de crecimiento rápido seguidos por correcciones y fuertes crisis: lo que los anglosajones resumen como «boom and bust». Y porque esto es lo que haría realmente creíble nuestra apuesta por convertir España en una de las mejores democracias del mundo.

Nuestro compromiso con la estabilidad presupuestaria fue público y notorio desde que llegamos al Gobierno en 1996. El rigor y la austeridad en el manejo del dinero de los contribuyentes se convirtieron en una política transversal, que afectaba a todos los ministerios y decisiones. Existía una regla no escrita con la que se elaboraron todos los presupuestos durante los Gobiernos del PP de 1996 a 2004: año tras año se presupuestaba un incremento de gasto inferior a la tasa de crecimiento prevista de la economía. En consecuencia, el gasto público como porcentaje del PIB fue descendiendo año tras año. Entre 1996 y 2004, el total del gasto público bajó desde el 45 por ciento al 39,8 por ciento del PIB, nivel en el que se conseguía el equilibrio presupuestario.

Y, sin embargo, éramos conscientes de que nuestro compromiso con la estabilidad, por más firme que fuese, no era suficiente. Por su vital importancia para la economía española, la estabilidad presupuestaria no podía depender exclusivamente de la buena voluntad del Gobierno de turno. Por eso, en mi discurso de investidura de la segunda legislatura, en el año 2000, anuncié la intención del Gobierno de ir un paso más allá y aprobar una ley que le diera institucionalización jurídica y eficacia normativa directa. Esa ley, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se aprobó en diciembre del año siguiente y se convirtió en la clave de bóveda de todo el sistema presupuestario español y también en una referencia para otros países de la Unión Europea. Fue muy importante también la nueva Ley General Presupuestaria, que aseguraba una rigurosa ejecución de los Presupuestos Generales del Estado.

La ley creaba un nuevo incentivo político para mantener la estabilidad macroeconómica y presupuestaria ahora que ya habíamos superado el incentivo inicial, que había sido la entrada en el euro.

Me preocupaba que el éxito del ingreso en el euro provocara una cierta relajación que acabara derivando en una vuelta a viejas actitudes y comportamientos poco rigurosos. Que ese riesgo existía —y no era exclusivo de España— lo demostraba lo ocurrido en Francia y Alemania, donde el giro hacia posiciones neokeynesianas ya era entonces evidente y acabaría desembocando en la crisis del Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo en 2003.

Recuerdo que, cuando hablé por primera vez de la idea de fijar la estabilidad presupuestaria por ley, Rodrigo Rato me dijo: «¿Tú te das cuenta de que vivimos en un Estado autonómico y que eso va a ser muy difícil de aplicar?». Le contesté: «Pues precisamente porque vivimos en un Estado autonómico me parece que es indispensable».

La Ley de Estabilidad significaba un verdadero hito en nuestra historia económica. A partir de su entrada en vigor, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los entes locales, así como todas las entidades que integraban el sistema de la Seguridad Social y los organismos públicos administrativos, quedaban obligados a cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria de equilibrio o superávit.

Las consecuencias de estas políticas fueron muy importantes. La nueva cultura de la estabilidad española se convirtió en fuente de confianza interna y de inversión extranjera. El 20 de diciembre de 2001, la agencia Moody’s otorgaba por primera vez a España la categoría AAA, que colocaba a la economía española en el máximo nivel de prestigio de sus cuentas públicas. Esto a su vez tenía un efecto positivo sobre los mercados, lo que facilitó aún más nuestra financiación e impulsó el proceso de transformación y modernización de nuestra economía.

La profundidad de ese proceso quedó de manifiesto tres años más tarde, en 2003, con un hecho de gran impacto simbólico: el diferencial de tipos de interés de la deuda española en euros respecto a Alemania se redujo a cero. España no sólo había dejado de ser considerado un país europeo de «segundo nivel» o de «segunda velocidad», sino que se había convertido en un país que generaba confianza y credibilidad en el mundo.

Desgraciadamente eso ya no es así porque hubo quienes, en lugar de perseverar en la política de la estabilidad, decidieron derogarla. Ésa es, precisamente, una de las causas esenciales de la grave crisis que sigue atravesando España. No sólo ignoraron el sano principio de que el crecimiento del gasto no superase el crecimiento económico, sino que pusieron en marcha una espiral de despilfarro que se comió el superávit y arrastró al país a niveles insostenibles de déficit, con las consecuencias inevitables de desconfianza e indisciplina fiscal. Si se hubiera continuado en la senda de la prudencia presupuestaria —y era posible—, los españoles se hubieran ahorrado muchos sacrificios y mucho sufrimiento.

Libertad

Junto con la estabilidad, el otro eje fundamental de nuestra política fue la ampliación de los espacios de libertad. Este eje tenía dos elementos: por un lado, la reforma fiscal; por otro, la liberalización de la economía.

En lo que se refiere a la política fiscal, desde la oposición habíamos hecho de la bajada de impuestos uno de los más importantes compromisos programáticos del Partido Popular. Era uno de los elementos que más claramente nos diferenciaban de la izquierda y uno de nuestros más sólidos puentes de conexión con la clase media. Expliqué nuestra propuesta de reforma fiscal en la campaña de 1996 durante un acto en el Casino de Madrid. Lo presentó Manuel Lagares, la gran autoridad en materia fiscal a cuyo trabajo tanto debería el éxito de la reforma.

Cuando llegamos al Gobierno, España soportaba una de las mayores presiones fiscales del mundo. Además, nuestro sistema fiscal tenía serios problemas de ineficiencia. Como consecuencia de la falta de creación de empleo, no se había producido el imprescindible ensanchamiento de las bases fiscales; es decir, del número de personas que pagaban impuestos. Esto tenía un doble efecto negativo: primero, la parte productiva del país sufría un castigo desproporcionado, con impuestos sobre la renta y de sociedades muy altos. Y, segundo, como ocurre en todos los países con tipos impositivos muy altos, el fraude y la economía oculta eran muy altos y con pocos incentivos para salir a la luz. Aun así, siempre rechacé los procesos de regularización fiscal que algunos proponían. Comprendía los argumentos que me daban, pero, en mi opinión, en un país de cultura fiscal digamos que frágil los perjuicios superan a las posibles ventajas.

Desde el primer momento, nosotros tuvimos claro lo que queríamos hacer. No en vano veníamos reflexionando y proponiendo medidas al respecto desde hacía varios años. Íbamos a promover un cambio profundo del sistema fiscal español; una reforma en profundidad que iba a comprender, entre otras cosas, la primera bajada de impuestos en la historia de España. Ése era nuestro objetivo y la dirección en la que trabajamos desde el primer día en el Gobierno.

Para eso tomamos una decisión que a la vista de hechos posteriores me parece especialmente relevante: rescatamos el concepto y la figura del contribuyente, del ciudadano que, con espíritu cívico y sentido de su responsabilidad personal, paga sus impuestos y al hacerlo sostiene el sistema institucional, económico y social. El concepto de contribuyente no estaba entonces muy arraigado en España. Quizás porque el sentido profundo de la responsabilidad tampoco lo estaba, responsabilidad a la hora de pagar los impuestos y también a la hora de decidir sobre el gasto público.

Cuando se ven actitudes irresponsables o se leen declaraciones demagógicas del tipo de «¡que lo pague el Estado!», hay que preguntarse: «¿Y el Estado quién es?». El Estado no es el Gobierno, ni una poderosa máquina de imprimir dinero, ni una fuente de bienestar gratuito y perpetuo. El Estado es el contribuyente de hoy que paga sus impuestos o el contribuyente de mañana que tendrá que pagarlos para sufragar nuestra deuda. En contra de los que piensan que «el dinero público no es de nadie», ese dinero sí tiene dueño: son los hombres y mujeres que pagan sus impuestos, los contribuyentes, a los que hay que reconocer y proteger.

Sigo pensando que el concepto del contribuyente es fundamental a la hora de definir los debates políticos, económicos y sociales propios de los sistemas del bienestar que disfrutamos los europeos. Con un concepto claro de la importancia del contribuyente, esos debates y las políticas necesarias son mucho más fáciles de explicar y de llevar a cabo.

Fue por eso por lo que decidimos promover y aprobar el Estatuto del Contribuyente. Por primera vez, se reconocía públicamente la figura del contribuyente y se establecía un sistema de garantías para reconocerle como lo que realmente es: el eje del sistema; el ciudadano con sus derechos, sus libertades y su responsabilidad.

En coherencia con este planteamiento, desde nuestra llegada al Gobierno en 1996 empezamos a trabajar en la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

Nuestro objetivo era que España tuviera un sistema fiscal capaz de impulsar el crecimiento, la competitividad y el empleo. Un sistema a su vez más sencillo, más equitativo y más eficiente. Un sistema que repartiera de forma más justa la carga tributaria. Un sistema que mejorara el cumplimiento voluntario y redujera el fraude. Y un sistema que contribuyera a dinamizar la economía y a aumentar los ingresos públicos por medio del ensanchamiento de las bases imponibles; lo que yo he resumido alguna vez con una fórmula sencilla: «Más personas pagando menos impuestos».

En 1996 iniciamos un proceso gradual de reforma del IRPF que tuvo un primer gran hito con la aprobación de la Ley 40/98 dos años después. La de 1998 fue la primera gran bajada de impuestos jamás llevada a cabo en España. Cuatro años más tarde, en 2002, aprobaríamos una segunda reforma del IRPF, que mejoraría aún más el tratamiento fiscal de las familias, introduciría nuevas reducciones, simplificaría aún más las tarifas e introduciría una nueva en los tipos marginales.

Gracias a estas reformas, la factura fiscal de los hogares españoles bajó de manera espectacular: más de un 33 por ciento. A su vez, la renta disponible —el dinero en el bolsillo de los españoles— aumentó un 5,28 por ciento, lo que impulsó su capacidad de consumo y ahorro, e indirectamente por tanto también el crecimiento de la economía y la creación de nuevos puestos de trabajo. Y lo que además, y esto es fundamental, contribuyó a aumentar los ingresos del Estado.

Arthur B. Laffer tenía razón: bajar los impuestos aumentó la recaudación.

Junto a las reducciones del IRPF, redujimos también los impuestos que lastraban la competitividad y productividad de la economía española. Queríamos fomentar la innovación de nuestras empresas, favorecer su internacionalización, que fueran más productivas y tuvieran mejor capacidad de financiación. Para ello aprobamos en 1996 la eliminación del impuesto sobre actividades económicas para el 90 por ciento de las empresas de menor tamaño —más tarde lo suprimiríamos para todas— y bajamos el impuesto de sociedades. También, a través de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, impulsamos la supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones en las transmisiones de padres a hijos.

El resultado de todas estas reformas fue muy tangible. Se trataba de una verdadera revolución fiscal. El Estado no imponía más cargas a los ciudadanos, sino que aumentaba el dinero del que disponían. Los ciudadanos, la sociedad española en su conjunto, fueron los verdaderos protagonistas de lo que algunos, equivocadamente, llamaron el «milagro económico español». No fue un milagro: fue la consecuencia de una política asentada en la convicción de que no hay combinación más creativa y poderosa que la del individuo y la libertad.

Fue muy importante el funcionamiento del área económica del Gobierno, donde Rato y su equipo hicieron frente a una enorme responsabilidad. José Folgado, Cristóbal Montoro, Luis de Guindos, Juan Costa, Jaime Caruana, Fernando Díaz Moreno, Pablo Isla, Elvira Rodríguez formaban un plantel de extraordinarios servidores públicos, comprometidos con el proyecto que queríamos sacar adelante y con capacidad técnica para hacerlo. En el Gabinete de la Moncloa conté con jóvenes expertos económicos y fiscales de gran preparación y sensibilidad política entre los que destacaban Baudilio Tomé, Gabriel Elorriaga y Román Escolano, a los que habría que añadir a Jaime García-Legaz y Pablo Vázquez. Fue determinante la eficacia de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que Rodrigo Rato dirigía con habilidad y autoridad. Personas como éstas hicieron posible uno de los procesos reformadores más importantes de la historia de España.

El éxito económico de aquellos años no se puede contar sin una referencia explícita a Rodrigo Rato y a la capacidad que demostró.

Aunque había estudiado Económicas, Rodrigo era un político. Le gustaba la política y ejercía la política. Contaba con una larga experiencia dentro del PP y tenía un intenso sentido del poder que ejercía con la misma intensidad. Fue un portavoz parlamentario muy bueno en tiempos muy duros; y era una persona muy respetada y muy querida en el PP.

Echando la vista atrás, creo que uno de los secretos del éxito del proceso de apertura y liberalización que pusimos en marcha a partir de junio de 1996 fue la decisión de dar la batalla conceptual: la batalla del lenguaje y de las ideas. Cuando llegamos al Gobierno existía un pudor absurdo ante la palabra «privatizar».

Una manifestación clara de esa hipocresía era la política seguida hasta entonces consistente en privatizar pequeños trozos de empresas públicas sin reconocer que se estaba haciendo, y sólo para hacer caja en momentos de necesidad. Las privatizaciones así entendidas tenían poco que ver con la apertura o la liberalización. De hecho, muchas de esas operaciones no hacían más que transfigurar el monopolio; el control de la empresa simplemente se modificaba: si antes lo ejercía sólo el Estado, ahora lo ejercían en comandita el Estado y los beneficiarios de esas decisiones, que se convertían en los «núcleos duros» de las empresas parcialmente privatizadas.

Nuestro proyecto de centro-reformista pasaba por cambiar todo esto. Para nosotros, la pregunta esencial era: «¿Cuál debe ser la misión del Estado?». Del mismo modo que el Estado no puede dedicarse a intervenir en la vida de los ciudadanos, sino que debe intentar ampliar y promover sus espacios de libertad, tampoco puede ocuparse de gestionar en calidad de propietario los grandes servicios y operadores del país que se explotan en régimen comercial, sino que debe actuar como regulador y garante del correcto funcionamiento del mercado y asegurar el acceso en igualdad de condiciones a esos servicios.

Este planteamiento nos llevó a rechazar las privatizaciones parciales. En nuestra opinión, las privatizaciones debían ser del cien por cien de las empresas públicas e ir acompañadas de un proceso de liberalización de sus respectivos sectores que diera entrada a la competencia y, por tanto, a una mayor eficiencia y a precios más bajos. En 1997 y 1998, el Gobierno del Partido Popular puso en marcha el mayor proceso de privatizaciones de la historia de España como parte del proceso de apertura y liberalización económica. En 1996 la participación del Estado en la capitalización bursátil del mercado español era del 10,87 por ciento; en 2004, del 0,52 por ciento.

Del proceso de privatizaciones impulsado por el Gobierno del PP nacieron algunas de las grandes empresas multinacionales de primera fila a escala global como Telefónica, Repsol, Endesa... Los hechos demostraron que la realidad nada tenía que ver con las imputaciones que se nos hacían. Lejos de poner en peligro el tejido empresarial español, las privatizaciones fueron una gran oportunidad para su fortalecimiento y expansión. Un ministro del Gobierno saliente nos recomendó vender Iberia a Lufthansa por el precio simbólico de una peseta. Como es público y notorio no lo hicimos. Eso sí habría sido destrucción de tejido económico y laboral. Estas compañías han sido una fuente de prestigio y de creación de riqueza y de empleo en España y en otros países del mundo. Si entre 1990 y 1995 España había invertido en Iberoamérica cinco mil millones de dólares, entre 1996 y 2000 invertimos más de ciento cinco mil millones, lo que nos convirtió en segundo inversor mundial en la región y primero de Europa.

Pero los mayores beneficiarios del proceso de privatizaciones fueron, sin duda, los consumidores —los españoles y sus familias—, que vieron cómo la liberalización abría la puerta a la competencia y cómo la competencia empujaba los precios a la baja. Y lo que desde luego nadie, ni entonces ni hoy, ha podido cuestionar es que ese proceso se desarrolló con el máximo rigor y la más absoluta transparencia.

De hecho, precisamente para ofrecer garantías de transparencia, establecimos un Consejo Consultivo de Privatizaciones, que cumplió su tarea de vigilar el proceso de forma escrupulosa. También creamos, por primera vez, toda una serie de órganos reguladores de la competencia: la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Mercado de Valores...

Posteriormente, hubo quienes nos acusaron de nombrar a los gestores de las empresas privatizadas siguiendo criterios poco objetivos. Nada más lejos de mi intención.

Exactamente lo mismo que afirmé para el caso del Banco de España —«yo quiero el mejor gobernador posible, y el mejor gobernador posible es Luis Ángel Rojo»—, lo dije para el caso de las empresas privatizadas: «Yo quiero los mejores profesionales; me da igual de donde vengan». Y había muchos buenos profesionales donde elegir.

En los años de oposición, habíamos tenido ocasión de coincidir y contar con la colaboración de muchas personas inteligentes, con buenas ideas y reconocida capacidad de gestión. Como es lógico, algunos tenían aspiraciones legítimas y ganas de asumir nuevas responsabilidades.

Poco después de las elecciones de 1996, Ana y yo organizamos una cena grande en nuestra casa de La Moraleja. Todavía no nos habíamos trasladado a la Moncloa. Había unas cincuenta o sesenta personas. En un momento dado, alguien comentó la posibilidad de que Juan Villalonga fuera elegido presidente de la privatizada Telefónica. Juan estaba delante y rápidamente interrumpió: «Ya ves. Me quieren hacer presidente de Telefónica». Le contesté: «Pues yo me opondré».

A Juan le conocía bien, con sus virtudes y sus defectos. Nuestra amistad venía de muchos años atrás. Me parecía un excelente profesional, pero no le veía encabezando una compañía como Telefónica. Además, era amigo mío y no quería que nadie pudiera pensar que había sido nombrado por ese motivo.

Economía tomó la decisión y es cierto que, al final, dejé que así se hiciera. Mi primera reacción había sido contraria al nombramiento de Juan. Y debo reconocer que en este caso, como en otros, la primera reacción era la correcta.

La revolución del empleo

En el primer volumen de estas memorias escribí que si de algo me siento satisfecho es de haber promovido a lo largo de mi vida, y de forma especial desde el Gobierno de España, la visibilidad y el reconocimiento público de las víctimas del terrorismo. De distinta forma, pero con la misma intensidad, lo que mayor satisfacción me puede reportar hoy es lo que, con el esfuerzo y la ayuda de tantas personas, conseguimos en relación con el empleo en España. Creo que no exagero si digo que de 1996 a 2004 tuvo lugar una auténtica «revolución del empleo», un proceso que cambió a mejor la vida de millones de españoles. España pasó de tener una población empleada de doce millones de personas a tener una de diecisiete millones: un 40 por ciento más. Cinco millones de personas encontraron trabajo bajo los Gobiernos que tuve el honor de presidir.

La revolución del empleo, insisto en ello, no fue fruto de un milagro, ni de un cúmulo de casualidades, ni estaba garantizada. Fue el resultado de unas determinadas políticas: del compromiso con la estabilidad, de la apertura de la economía a la competencia, de las bajadas de impuestos, y de las reformas del mercado laboral que emprendimos apenas llegar al Gobierno con ambición pero con realismo, salvaguardando el marco del diálogo social, lo que resultó muy positivo.

Esto del «milagro» dio lugar a algún malentendido cuando Fred Kempe, editor europeo de The Wall Street Journal, me entrevistó en Madrid. A la pregunta de cuál era el «milagro» español, contesté: «El milagro soy yo». Es fácil imaginar algunas reacciones. En realidad, lo que quería explicar —sin duda con poco acierto— era precisamente lo contrario a cualquier planteamiento egocéntrico. «El milagro soy yo», pero ¿quién era ese «yo»? Pues lo que había: una política razonable que había planteado una alternativa a la que se estaba practicando, un Gobierno competente en el que había gestión y política con grandes dosis de ambas, y un presidente del que se insistía en destacar su falta de carisma. El milagro consistía precisamente en que no había milagro, sino buenas ideas y mucho trabajo. De eso sí podía jactarme.

Cuando asumimos las responsabilidades de Gobierno en 1996 teníamos claro que debíamos mejorar y modernizar el marco de las relaciones laborales en España, ya que era anticuado y estaba lastrado por importantes rigideces en unos casos y por una tremenda precariedad en otros. Un mercado de trabajo dual en el que la política socialista había consistido en flexibilizar más allá de lo razonable la entrada en el empleo a través de fórmulas precarias de contratación porque flexibilizar la salida, rebajando el coste del despido, era inasumible para los socialistas. El resultado fue la creación de dos mundos: uno de empleo fijo y protegido al máximo, y otro de precariedad sin apenas protección. Éramos conscientes de que el empleo era nuestro gran reto, y aquello por lo que los españoles nos iban a juzgar. Eran buenas razones para encargarle a Javier Arenas, nombrado ministro de Trabajo, que iniciara cuanto antes las negociaciones con los agentes sociales.

Javier se puso manos a la obra con su probada habilidad y capacidad para tejer acuerdos. Tras una intensa negociación, en abril de 1997 consiguió pactar con las organizaciones sindicales y empresariales una primera reforma, que quizás podría haber sido más ambiciosa, pero que produjo unos efectos muy positivos, sobre todo para la promoción del empleo estable y la lucha contra la temporalidad.

A lo largo de los años siguientes, seguimos emprendiendo cambios y mejoras en el mercado de trabajo. Estos cambios, unidos a las demás reformas estructurales impulsadas, lograron romper la parálisis del mercado laboral español. Después de veinte años con las cifras del empleo estancadas en el entorno de los 12,5 millones de personas ocupadas, en sólo ocho años se crearon en España casi cinco millones de empleos netos.

Este gran auge en el empleo nos permitió rescatar la Seguridad Social del borde del abismo donde la habíamos encontrado y llevarla a una situación de superávit. No sólo eso. Culminamos la separación de fuentes de financiación. También nos permitió crear el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, al que más recientemente se ha tenido que recurrir para pagar las pensiones. Para eso se creó, aunque a todos nos habría gustado no tener que haberlo utilizado.

En todo este proceso, fue esencial el diálogo con los agentes sociales. De hecho, y en contra de la versión recreada posteriormente por algunos, el periodo 1996-2004 fue el más fructífero de la historia del diálogo social en España. En esos años, firmamos catorce acuerdos en los ámbitos laboral y social. Evidentemente, también hubo malentendidos. Pero creo que no fueron tanto fruto de discrepancias insalvables como de la necesidad que sintieron los propios sindicatos de justificarse en su oposición al Gobierno durante nuestra segunda legislatura.

Durante nuestros primeros años en el Gobierno, mantuvimos una relación fluida con los sindicatos. Habíamos mantenido con ellos muchos contactos en la oposición. Al principio, nos habían visto con cierto recelo. Pero gracias al importante trabajo de personas como Celia Villalobos y Pedro Arriola, nuestra relación se había ido normalizando y afianzando. A ellos les venía bien demostrar autonomía frente a su tradicional dependencia de los partidos de izquierda. Y para eso los acuerdos con nosotros les eran útiles. Nosotros, evidentemente, los reconocíamos como interlocutores sociales cualificados, de modo que nos interesaba ensanchar el terreno de los posibles acuerdos en las reformas que queríamos poner en marcha y facilitar un clima de paz social.

Algunas personas facilitaban más el entendimiento que otras. El líder de la Unión General de Trabajadores (UGT) cuando nosotros estábamos en la oposición era Nicolás Redondo Urbieta. Con él alcanzamos algunos muy buenos acuerdos, que proporcionaron mucha tranquilidad social. Por ejemplo, ellos apoyaron nuestra propuesta a Felipe González de firmar un acuerdo por el que las pensiones quedaban fuera de la disputa política, el famoso Pacto de Toledo. A Nicolás Redondo le profeso un sincero aprecio y quise demostrárselo también en algunos momentos difíciles.

El sucesor de Redondo al frente de UGT, Cándido Méndez, mantuvo esa buena actitud y predisposición al diálogo durante mucho tiempo. De hecho, uno de los primeros grandes acuerdos que firmamos tras nuestra llegada a la Moncloa fue precisamente el acuerdo con los agentes sociales.

En el caso de Comisiones Obreras, nuestro primer interlocutor fue el antiguo dirigente comunista Antonio Gutiérrez. Era un hombre inteligente, aunque quizás algo complicado; siempre transmitía la sensación de guardar una cierta reserva, incluso una cierta desconfianza. No era agradable de trato, pero sí fácil de tratar.

La sustitución de Gutiérrez por José María Fidalgo fortaleció de forma considerable nuestras relaciones con ese sindicato. Fidalgo y yo nos entendíamos muy bien. Cenábamos juntos de vez en cuando, al margen de las conversaciones oficiales. Yo le invitaba a la Moncloa y conversábamos a solas, sin reservas y sin testigos. Compartíamos aficiones literarias y nos intercambiábamos libros para el verano o la Navidad. Creo que su salida de Comisiones Obreras fue negativa para España y probablemente también para el propio sindicato, que pasó a estar dirigido por el sector más radical encarnado por Ignacio Fernández Toxo.

Supongo que ese sector fue el que animó al resto a convocar una huelga general en respuesta a la reforma del sistema de prestaciones por desempleo que aprobamos en mayo de 2002.

Aquella reforma de 2002 no merecía una huelga, y la verdad es que tampoco merecía ser aprobada. Fue un intento de reforma laboral limitada, que probablemente se planteó mal y que yo no debí dejar pasar. Fue la excusa que encontraron los sindicatos para contestar al interrogante que les planteaban algunos sectores de la izquierda: pero ¿cómo vais a dejar que Aznar se vaya sin hacerle antes una huelga general? Si se las hacíais a González, ¡¿cómo no a Aznar?!

La huelga, convocada el 20 de junio, no fue un éxito. No lo fue ni para los sindicatos ni para el Gobierno. ¿Se podría haber evitado? Sí. ¿Fue grave que ocurriera? No.

Los sindicatos reaccionaron a la huelga general con alivio más que otra cosa. Como si por fin pudieran decir: «Bien, ya le hemos hecho la huelga general a éste; ahora nos podemos quedar tranquilos». También en el Gobierno había la sensación de haber superado un trámite inevitable: «Bien, ya nos han hecho la huelga general; ahora a seguir trabajando».

Ese «a seguir trabajando» tuvo distintas manifestaciones. Una fue la decisión de retirar los aspectos más conflictivos de la reforma laboral y reanudar la relación con los sindicatos. Poco tiempo después decidí también renovar los equipos del Gobierno. En el caso del ministro de Trabajo saliente, Juan Carlos Aparicio, pudo crearse la sensación de que había pagado los platos rotos de la huelga, y lo sentí por él. Yo le tenía a Juan Carlos Aparicio, y le sigo teniendo, un gran aprecio. Nos conocíamos desde hacía muchos años, fue vicepresidente de la Junta de Castilla y León en sustitución de Juanjo Lucas, y teníamos la suficiente confianza como para que pudiera explicarle las razones de mi decisión.

Como nuevo ministro de Trabajo, nombré al entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana.

Zaplana llevaba muchos años en Valencia y veía con agrado la posibilidad de incorporarse al Gobierno de España. Había transformado el PP de la Comunidad Valenciana con personalidades de la talla de Rita Barberá. Su magnífica gestión al frente de aquella comunidad había supuesto un gran éxito político, económico y electoral. Valencia tenía para nosotros un significado especial. Cambiar el signo político del Levante español representaba para el centro-derecha un gran reto, y conseguirlo fue una operación histórica que suponía un valioso factor de equilibrio general en España. El vínculo entre Madrid y Valencia generaría por razones de cercanía geográfica unas sinergias muy importantes en la Comunidad Valenciana, que contribuirían a fortalecer en ésta una posición propia frente al acoso del expansionismo nacionalista radical desde Cataluña y al propio nacionalismo dentro de Valencia.

En los años noventa, el Partido Popular no tenía prácticamente ninguna base de poder político desde la que hacer esa operación. Fueron la capacidad, la determinación y el tirón electoral de personas como Zaplana en Valencia y Ramón Luis Valcárcel en Murcia los que lo harían posible. En apenas una década, el PP pasó a ser la fuerza no ya mayoritaria, sino prácticamente hegemónica en el Levante. De resultas, la transformación económica y social fue espectacular.

La primera instrucción que recibió el ministro de Fomento del primer Gobierno, Rafael Arias-Salgado, fue la de terminar la autovía Madrid-Valencia como fuera. Se diseñó una política específica para todo el Levante español, que luego los propios valencianos supieron aprovechar y consolidar con gran habilidad. La gente en Valencia mostraba ánimo y ambición. Tenían ganas de hacer cosas, ganas de aprovechar las oportunidades y de asumir un nuevo papel de protagonismo en el proceso de modernización de España.

En ese proceso de modernización también desempeñaron un papel importante dos elementos. La aportación de fondos europeos ayudó mucho a la economía española. Después de la dura negociación de las perspectivas financieras de la Unión, España recibiría, entre 2000 y 2007, 8.300 millones de euros anuales, 62.300 millones en total. Entre otras cosas, éstos contribuyeron a financiar el gran salto adelante en infraestructuras de aquellos años: nuevas y mejores carreteras, autopistas, kilómetros de línea de alta velocidad, puertos y aeropuertos cambiaron la fisionomía de España y la calidad de vida de sus ciudadanos. Rafael Arias-Salgado, que es un hombre de gran inteligencia política, se aplicó a esta tarea desde el Ministerio de Fomento con una visión muy acertada de cómo abordar estas grandes cuestiones de modernización y cohesión.

De todas esas infraestructuras, en mi opinión una de las más importantes —y, por tanto, cuyo abandono por parte del Gobierno socialista posterior más lamento— fue el Plan Hidrológico Nacional, presentado en julio de 2000.

El Plan Hidrológico Nacional hubiese supuesto un valioso elemento de vertebración de España y la resolución de uno de los problemas más graves que tiene nuestro país, de pasado y de futuro: no tanto la escasez de agua, sino su desigual distribución y su mala utilización. El agua ha sido causa de graves conflictos a lo largo de la historia y lo será aún más en las décadas venideras. En España el problema sigue sin estar resuelto, como nos recuerdan los habituales ciclos de sequía que nos afectan. Recuerdo que, en la cena que ofreció el Rey en el Pardo con motivo de su septuagésimo aniversario, Rodríguez Zapatero nos explicaba como si no tuviese que ver con él que, si la situación de sequía no cambiaba, al cabo de dos meses Barcelona se quedaría «sin agua». De hecho, se tuvo que poner en marcha lo que se llamó el «minitrasvase». Ése fue uno de los temas de conversación en la mesa presidida por los Reyes en la que nos sentaron a los expresidentes; conversación que despertó la curiosidad de la Princesa Letizia.

Robert Kaplan lo explica muy bien en un libro estupendo titulado La venganza de la geografía. Cuenta, por ejemplo, que para la integridad territorial china fue muchísimo más importante el trasvase entre los ríos Amarillo y Yangtsé que la decisión de construir la Gran Muralla. También explica cómo el trasvase del río Colorado es lo que hace viable el estado de California. Cualquiera se preguntaría: pero, entonces, ¿el trasvase del río Colorado está sirviendo para que se hagan campos de golf en Phoenix? Pues sí. ¿Y? Para eso y para que exista la industria cinematográfica en Los Ángeles; y para que California haya sido una de las grandes potencias de Estados Unidos; y también para que se beneficie enormemente Colorado. En eso consiste formar parte de un país. En estar territorial y socialmente cohesionado y conectado.

Eso es lo que yo quería para España, como otros antes, desde diferentes ideologías, lo habían querido también. Por eso decidí impulsar el Plan Hidrológico Nacional, a pesar del coste político que sabía que iba a tener que asumir.

Empezamos a trabajar en el proyecto en la primera legislatura, con Isabel Tocino como ministra de Medio Ambiente. Isabel fue una ministra muy eficaz, que entre otras cosas consiguió firmar el acuerdo hidrológico con Portugal. En la segunda legislatura, los impulsores del proyecto fueron Jaime Matas, a quien nombré ministro tras su salida del Gobierno de Baleares, y Elvira Rodríguez, que sustituyó a Matas cuando éste volvió a la política balear.

Era consciente de que el proyecto encontraba una oposición frontal en Aragón. Yo insistía: «A ver, el Ebro empieza en Cantabria, pasa por Navarra, pasa por La Rioja, atraviesa Aragón y desemboca en Cataluña. ¿De dónde propongo yo que cojamos el agua? De la desembocadura. Y si cogemos el agua de la desembocadura, entonces eso no perjudica a Aragón. Yo entendería que os preocuparais si la cogiésemos de Aragón, pero no la vamos a coger de Aragón. O si la cogiésemos de Cantabria, o de La Rioja; pero es que no la vamos a coger de ahí; la vamos a coger de la desembocadura». No tuve mucho éxito.

Algunos accedían a decirme: «Vale, pero para que nosotros aceptemos eso antes tenéis que hacer todas las obras del Pacto del Agua en Aragón». Bien. Pues yo hago todas las obras del Pacto del Agua; todas las obras que haya que hacer. Pero entonces surgía una nueva exigencia: «Hay que garantizar un caudal del Ebro por Aragón». Y yo volvía a empezar: «A ver, si yo cojo el agua abajo, el caudal será el que llegue después de pasar por Aragón, después de que los aragoneses hayan utilizado todo el agua que necesiten». Si no conseguíamos hacernos entender o no querían entendernos, más imposible aún sería que lo aceptaran.

También guardo un vivo recuerdo de un mitin en una abarrotada plaza de toros de Zaragoza: explico todo esto despacio y de la forma más clara y sencilla posible. Me explayo. Doy detalles. No se oye una mosca. La atención de la gente era absoluta y total. Pero no fue suficiente. La decisión de impulsar el Plan Hidrológico Nacional nos costó las elecciones en Aragón. Soy consciente de ello y del sacrificio que supuso para el partido allí y para sus dirigentes. Aprecié especialmente el esfuerzo de Luisa Fernanda Rudi, y su actuación. Defendió los intereses legítimos de Aragón en este proceso, pero con total lealtad a su compromiso político y a su partido, lo cual no era siempre fácil. Sé muy bien que el vínculo de Aragón con el Ebro es mucho más que económico y por eso insistía en garantizar que el Ebro seguiría siendo, en su integridad, lo que era para Aragón y además con una mejora sustancial en sus infraestructuras hidrológicas. Sigo pensando que mereció la pena.

Habíamos alcanzado un grado de consenso muy difícil de lograr: después de intensos debates, el Consejo Nacional del Agua, en el que estaban presentes los representantes de los regantes, de las confederaciones hidrográficas y de las comunidades autónomas, lo había apoyado por 69 votos a favor y 15 en contra. Habíamos conseguido el respaldo de Convergència i Unió, lo cual no dejaba de tener su importancia porque la alternativa que se planteaba en Cataluña para el abastecimiento de agua a Barcelona era el trasvase del Ródano. Teníamos la financiación y los fondos; entre ellos, más de mil doscientos millones de euros aportados por la Unión Europea. Y, lo más importante, teníamos una buena solución para uno de los problemas más serios y difíciles de resolver de España.

Rodrigo Rato se preguntaba con gracia: «¿Qué clase de país estamos construyendo en el que no puedes llevar agua de un sitio a otro? Y ahora algunos quieren que no pases tampoco la renta. Si no se comparte la renta y no se comparte el agua, ¿qué se quiere compartir?».

Una clase media reforzada

La revolución del empleo en España tuvo consecuencias muy profundas y duraderas.

La más evidente fue el avance de la convergencia real de la economía española con las del resto de los grandes países de Europa. La convergencia real era una vieja aspiración de nuestra economía y de nuestra sociedad. Era el indicador o termómetro que permitía valorar hasta qué punto nuestro país había dejado de ser «diferente» en el sentido peyorativo con el que históricamente ese adjetivo se había utilizado. Diferente en el sentido de atrasado, incapacitado para el desarrollo o los niveles de modernidad disfrutados por las grandes democracias del mundo.

En 1996, el nivel de la convergencia de España respecto a la media europea estaba en torno al 78 por ciento, el mismo porcentaje que en 1986. Comparativamente, seguíamos estando a la misma distancia de nuestros nuevos socios y vecinos.

Fueron las políticas impulsadas de 1996 a 2004 las que nos permitieron romper esa situación de práctica parálisis y dar un gran salto adelante. Tras ocho años de crecimiento estable, sostenido y constante, en 2004 la convergencia real de la economía española alcanzó el 89 por ciento de la media de los quince países que entonces formaban la UE. España se había convertido en la cuarta economía más grande de la eurozona y estaba muy cerca de entrar en el G-8. No llamé a la puerta del G-8 porque estaba convencido de que, si perseverábamos en esa trayectoria, entraríamos en un plazo razonable.

Estos porcentajes ocultaban una transformación radical de la sociedad. La revolución del empleo produjo a su vez una revolución social: un cambio en la mentalidad del país, en el humor del país, en el estado de ánimo de la gente y en sus aspiraciones vitales.

Hay una casa en la que no entra ningún dinero porque todos los miembros de la familia están en el paro; de pronto entra un salario, y luego dos. Los hijos mayores encuentran trabajo y hay plena ocupación: el ánimo de esa familia cambia. Y también su mentalidad, su forma de ver las cosas y de plantearse el futuro.

Millones de españoles se convirtieron en accionistas de empresas, bien directamente, bien a través de fondos de inversión. Entre levantarte por la mañana con la única perspectiva de pasar horas en las oficinas del INEM y levantarte por la mañana para ir a trabajar —y quizás en un momento determinado invertir algunos ahorros que has podido hacer en comprar algunas acciones y luego ver cómo evoluciona su cotización— media un abismo. Lo primero es sinónimo de desesperanza y resignación. Lo segundo responde a un proceso de consolidación de clases medias como el que tuvo lugar en España en esos años.

En este proceso también se extendió un objetivo muy arraigado en nuestra cultura económica: acceder a la propiedad de una vivienda. Muchos factores facilitaron ese propósito a un gran número de españoles, y también a los extranjeros que decidieron comprar en España. La mayoría de esos factores eran positivos (financiación asequible, buenas expectativas y confianza, crecimiento del empleo, ventajas fiscales), pero existía un modelo de intervención administrativa y una verdadera sobrerregulación que daba demasiadas oportunidades a la corrupción y controlaba artificialmente la oferta de suelo. La Ley del Suelo que aprobamos en 1998 quería modificar esa situación y liberalizar la oferta de suelo. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional la vació de contenido con una sentencia que dejaba las cosas como estaban al interpretar que la ley afectaba a las competencias en materia urbanística de comunidades autónomas y ayuntamientos. Lo curioso es que algunos atribuyan a esa ley todos los males posteriores cuando, en lo que se refiere a la construcción de viviendas, ésta alcanzó sus máximos en los años 2005, 2006 y 2007.

Los años en el Gobierno nos ofrecieron a mí y creo que también a muchas otras personas una importante lección. Demostraron que habíamos tenido razón en confiar en la capacidad de los españoles y en el inmenso potencial de España. Las clases medias españolas protagonizaron una transformación profunda. La vida de muchos españoles cambió sustancialmente a mejor.

España podía reconocerse como una sociedad de oportunidades, y también como una sociedad más abierta, generosa y solidaria. La presencia de europeos en España se multiplicó, y la llegada de inmigrantes en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias creció de forma exponencial. Unos y otros fueron acogidos de forma admirable, sin tensiones apreciables, y contribuyeron a consolidar las bases de nuestro crecimiento y de nuestro bienestar.

Todo esto se consiguió en un ambiente no siempre favorable. A veces se olvida que el contexto internacional de aquellos años tampoco era boyante. Relativamente pronto en nuestro primer mandato, Francia y Alemania —nuestros principales clientes y proveedores— entraron en una etapa de crecimiento débil que los llevó a replantearse las políticas de disciplina presupuestaria. En Alemania, Gerhard Schroeder, que luego impulsaría unas reformas muy relevantes, se había comprometido a no superar la cifra crítica de los cuatro millones de parados; y la superó. A las turbulencias europeas vendrían a sumarse la crisis financiera asiática, que supuso una ralentización del crecimiento mundial, la crisis de las economías latinoamericanas, que lógicamente repercutía de forma especial en España, y la crisis de las nuevas tecnologías.

Y, sin embargo, España no sólo aguantó las tensiones internacionales, sino que siguió creciendo e incluso empezó a tirar del carro europeo. En aquellos años España se convirtió en el quinto país con más inversión exterior del mundo y en exportador neto de capital. En parte como consecuencia de la bajada de tipos de interés, pero sobre todo gracias al enorme esfuerzo realizado por eliminar el déficit, la deuda española se redujo aceleradamente y el Estado liberó recursos para dedicar a la inversión y a las políticas sociales.

El discurso del miedo no funcionó en 1996. Pero aún quedaba un poso de cierto recelo; los españoles estaban a la espera de ver qué hacíamos con las políticas sociales. Y lo que vieron les gustó.

Tras ocho años del Partido Popular en el Gobierno, los españoles gozaban de un sistema de protección social más seguro, solidario y con mayor cobertura. Año tras año, los presupuestos para políticas sociales se fueron incrementando. Entre 1996 y 2004, la dotación a las políticas de acción social aumentó más del cien por cien, con programas de atención a las mujeres, las familias, los jóvenes, los discapacitados y los pensionistas. A estos últimos, además, les garantizamos que no perderían nivel de vida como consecuencia del aumento de la inflación, y para ello decretamos la actualización automática de las pensiones en función del IPC.

Pero el gran cambio lo produjo el empleo. Fue entonces cuando acuñamos la frase que viene a sintetizar una parte fundamental de las políticas económicas de aquellos Gobiernos del PP: «La mejor política social es el empleo». El acceso al empleo fue lo que hizo de España un gran país de clases medias. Y es la pérdida masiva de empleo lo que ha erosionado de forma muy preocupante esa misma clase media.

Insisto en ello: la clase media es la columna vertebral de una sociedad; lo que la sostiene y cohesiona. Lo que le otorga fortaleza, confianza y estabilidad. Cuanto más amplia y pujante sea su clase media, más próspera, fuerte y estable será una Nación. Ése es, en mi opinión, uno de los grandes desafíos de España en esta encrucijada: recuperar las clases medias que las políticas de centro-reformista de aquellos Gobiernos del Partido Popular hicieron tanto por promover, fortalecer y consolidar. Cuando lo hagamos, España irá bien.

CAPÍTULO 5

La cultura y la creación

Una gran potencia cultural

España se suele definir como una potencia regional, una potencia de dimensión media. En lo político, en lo económico y en lo militar, tal vez. En la cultura, desde luego, no. España es una gran potencia cultural. No creo que, en general, los españoles en su conjunto hayamos llegado todavía a ser plenamente conscientes de todo lo que eso significa, de la proyección que otorga a nuestro país, de las oportunidades que supone, de la riqueza y profundidad que ha creado en nuestros vínculos con la comunidad iberoamericana, de la pujanza creativa que podemos alcanzar, de la importancia de nuestra lengua común.

Nuestra cultura es, para mí, la expresión que nos enorgullece de una historia extraordinaria, rica y compleja como es la de España. En virtud de esa historia podemos hablar tanto de cultura española como de cultura en español, una lengua pujante, en expansión, con una vitalidad asombrosa, en torno a la cual se articula a ambos lados del Atlántico una comunidad cultural única. Hay una idea de España, como la hay de otras grandes naciones, que se forma en la sucesión de generaciones y se identifica a través de su cultura.

El conocimiento de la cultura y de la historia ha sido objeto de una atención permanente por mi parte. Creo que la historia y la cultura de España, que son las de toda España, deben ser dignificadas, y la mejor manera de hacerlo es extender su conocimiento a través de la enseñanza, de su presencia en el espacio público, de la valoración de sus creadores y cultivadores —ya sea en la academia o en las artes— y de la protección de su obra, de su incorporación a la revolución tecnológica, haciendo de ésta una gran oportunidad en vez de un riesgo.

La cultura debe ser, a mi juicio, una manifestación creadora del presente, que adquiere una importancia mayor ahora, cuando faltan modelos globales alternativos, relatos totales como los que se enfrentaban en un pasado todavía reciente. La española no es inmune a los males que afectan a la cultura en general: la banalización, tan agudamente analizada por Mario Vargas Llosa en La civilización del espectáculo, y una cierta desorientación histórica ante la desaparición de esos modelos globales. Sin embargo, no soy pesimista. No sólo por el potencial que encierra, sino por la realidad presente de la cultura española y la vitalidad de ese gran espacio cultural definido por la lengua española que comparten cuatrocientos millones de personas.

«¡Era verdad!»

Personalmente, he sentido siempre una inclinación muy definida hacia la historia y la cultura. Eso, mucho más que mis opciones políticas, es lo que he querido transmitir a mis hijos y, ahora, a mis nietos. La historia y la cultura nos proporcionan las coordenadas de nuestra ciudadanía, nos hacen reconocibles y nos sitúan generacionalmente. Por eso, al menos en mi caso, han dado sentido profundo a mi compromiso político y a mi idea de España.

Desde esta inclinación personal, me parece necesario que en nuestro país la cultura se resista a que la arrastren hacia el sectarismo, para no convertirse en un instrumento de confrontación y descalificación cainita. Al sostener esta idea ni soy ingenuo ni pretendo una cultura esterilizada, al margen de la realidad. El sectarismo no es una cultura más «comprometida» ni más «progresista» ni más «transgresora». Es sectarismo.

Me parece también que, junto con el sectarismo, el otro grave riesgo de la cultura —que no es exclusivo de la española, pero que también es real entre nosotros— radica en esa tendencia a rendirse a la novedad, considerar que cualquier novedad es buena por sí misma sin valorar su significado y sus consecuencias. Consecuencias que llevan, por tanto, al desprecio de la historia en una absurda pretensión de reinventarla todos los días, por cierto, con resultados más bien efímeros.

Esta inclinación personal se manifestó como presidente del Gobierno en lo que podría denominarse una «política de atención» a las manifestaciones culturales. Mi implicación personal con un mundo, en general, no muy próximo a nuestras posiciones políticas me proporcionó varias anécdotas que tienen algún valor testimonial.

En enero de 1997 ofrecí un almuerzo en la Moncloa al equipo de la película El perro del hortelano encabezado por su directora, Pilar Miró. Asistían también Enrique Cerezo, el productor, y los actores Ana Duato, Emma Suárez y Carmelo Gómez. Después del aperitivo y antes de pasar al comedor, había la costumbre de hacernos una foto que no se difundía nunca a los medios, sino que se enviaba a los invitados como recuerdo. Cuando nos íbamos a situar para la foto, me viene Pilar Miró, algo apurada, y me dice: «Presidente, perdona, pero Carmelo Gómez no quiere hacerse una foto contigo». Le dije a Pilar Miró que no se preocupara, porque ni él ni nadie tenía obligación de hacerse fotos en la Moncloa; era un recuerdo y nada más. Hubo foto para los demás, que sí quisieron, y la comida, con todos, fue interesante y entretenida.

Lo de las fotos, al parecer, no sólo preocupaba a uno de mis invitados. En otra ocasión, fui al Museo Reina Sofía a una reunión en la que iba a tratar de la ampliación del centro. En aquellas fechas tenía lugar una exposición de Eduardo Arroyo, un pintor que me gustaba mucho pero al que no conocía personalmente, y decidí aprovechar la ocasión para visitarla. El pintor estaba en el museo durante mi visita. En un momento determinado, me viene un funcionario de protocolo y me dice: «Presidente, el señor Arroyo dice que no quiere sacarse una foto con usted». Era un claro ejemplo de invisibilidad preventiva por parte del pintor, aunque en este caso precipitada. De modo que instruí a mi colaborador de protocolo: «Vaya con el señor Arroyo y pregúntele quién coño le ha dicho que yo quiero sacarme una foto con él». La historia tuvo un buen desenlace. Luego los dos nos conocimos y tuvimos muchas ocasiones de conversar en una relación que fue muy cordial. Con él y con Isabel de Azcárate pasamos muy buenos ratos juntos y, cuando podemos, lo seguimos haciendo. Eduardo, además, era amigo de Schroeder, y en alguna ocasión cenamos juntos con el canciller alemán y los amigos del artista en Madrid. Isabel, a la que habíamos tratado a propósito de las iniciativas con la Residencia de Estudiantes, amplió su relación con nosotros desde su posición en la Institución Libre de Enseñanza y la casa de Gumersindo de Azcárate, que yo visité y cuya reforma emprendimos.

Además de las fotos, parece que tampoco mi afición a la poesía encajaba con la imagen que algunos tenían de mí. Tal vez por aquello de no permitir que la realidad les estropease una buena historia, en la caracterización que pretendían hacer de mí no cabían semejantes aficiones. Según estos detractores, eso de que yo era un persistente lector de poesía no era más que una fabricación para mejorar mi imagen. En un ambiente de injustificada supremacía cultural de la izquierda, el que un presidente «de derechas» fuese aficionado a la poesía resultaba inaceptable. La verdad es que fue mi padre quien me inculcó la afición a la poesía. Él fue un gran lector. Había tenido su época de poeta aficionado y había conocido a varios de la generación del 27.

La primera vez que Mario Vargas Llosa y su mujer vinieron a cenar a nuestra casa después de dejar la Moncloa, me entretuve con Mario enseñándole la biblioteca donde había reordenado mis libros, que ya eran unos cuantos. Le enseñé dónde estaban los suyos y luego le llevé a mi despacho. Al ver la biblioteca de mi despacho íntegramente dedicada a la poesía, con libros llenos de papelitos amarillos señalando páginas, Mario —a quien le habían contado que todo aquello era un cuento— exclamó con su acento suave y expresivo, como si de una revelación se tratara: «¡Ah..., entonces, era verdad!».

Lo cierto es que tuve la suerte de cultivar mi afición a la poesía con sus propios creadores, los poetas. Con la frecuencia que podíamos, los viernes organizábamos tardes de poesía en las que un autor leía los poemas que él mismo había seleccionado. Eran ocasiones para el encuentro y la conversación que siempre me resultaron muy gratas, especialmente después de cumplir una semana de agenda en general poco propicia para la lírica. En aquellas tardes estuvieron José Hierro, Carlos Bousoño, José Ángel Valente, Felipe Benítez Reyes, Francisco Brines, Carlos Marzal, Luis García Montero, Antonio Colinas, Andrés Trapiello, Guillermo Carnero, Laura Freixas, Ana Rossetti, Carmen Jodra, Amalia Bautista, Almudena Guzmán, Ramiro Fonte, Luis Antonio de Villena, Joan Margarit, Pere Gimferrer, Julio Martínez Mesanza.

También asiduos eran Luis Alberto de Cuenca, ante todo culto, poeta, cinéfilo y secretario de Estado de Cultura; Jon Juaristi, cuya dimensión poética espero que siga creciendo, y el escritor y periodista Raúl del Pozo. Abelardo Linares, por el que siento un gran afecto, también venía con frecuencia. Fui a visitar su librería en el barrio de Santa Cruz de Sevilla y recuerdo que luego almorzamos con un grupo de poetas amigos suyos. La prensa, extrañada, preguntaba a qué había ido a Sevilla y yo contesté que a ver a Abelardo y a hablar de poesía. Desde entonces, Abelardo me tiene al tanto de las novedades que publica en su editorial Renacimiento en poesía, ensayo e historia. Junto con José Jiménez Lozano y Pere Gimferrer, es con quien he mantenido una relación epistolar más continuada.

Las pasarelas de la moda

Merecía la pena que la Moncloa estuviese abierta a un mundo cultural respetado pero ignorado y que extendiera esa apertura a sectores de creación merecedores de atención y apoyo. Éste era el caso de la moda, un sector afectado por la crisis, pero que había demostrado capacidad de proyección y potencial de crecimiento con efectos muy positivos sobre la percepción de nuestro país. Yo estaba convencido de que había una buena oportunidad de impulsar la industria de la moda española a los niveles de los países más destacados.

Recuerdo que, entre otras iniciativas, quisimos unificar las dos pasarelas de moda —la Gaudí, de Barcelona, y la Cibeles, de Madrid— en unos términos que no significaran la absorción de ninguna por la otra, sino para compartir una plataforma desde la que nuestros creadores podían tener mucha más fuerza y proyección internacional. Lo intentamos, hablé personalmente del asunto con Jordi Pujol, aseguramos que la pasarela integrada se celebraría alternativamente en Barcelona y Madrid. Pero no fue posible. La Generalitat de Catalunya daba una muy generosa subvención a la plataforma Gaudí que ésta no quería perder, a pesar de las ventajas de la fusión y el apoyo que estábamos dispuestos a prestar.

Elio Berhanyer, Felipe Varela, Agatha Ruiz de la Prada, Pedro del Hierro, Javier Larrainzar, Roberto Torretta, Amaya Arzuaga, Purificación García, Enrique Loewe, Jesús del Pozo, Antonio Pernas, Modesto Lomba, Francis Montesinos, Adolfo Domínguez, Toni Miró, Roberto Verino, Kina Fernández, Ángel Schlesser, Andrés Sardá, José Víctor Rodríguez Caro y José Luis Medina del Corral (Victorio y Lucchino), Juan Duyos, Sybilla, Álex de la Nuez son, entre otros, nombres que representan un extraordinario valor creativo y de iniciativa empresarial al que no eran ajenas las grandes modelos españolas como Nieves Álvarez, una persona de grandes cualidades con la que Ana y yo tuvimos una buena relación de amistad que mantenemos, pero también Vanesa Lorenzo, Martina Klein o Eugenia Silva. Yo deseaba que todos tuvieran en nosotros una referencia clara de proximidad y de apoyo. Lo agradecieron y, después de dejar la presidencia del Gobierno, varios de ellos me ofrecieron un almuerzo en el Museo del Traje —que habíamos creado— simplemente para darme las gracias por todo el apoyo que les había prestado. Guardo un magnífico recuerdo de aquellos encuentros en los que conocí a magníficas personas.

Arte, Aub y Netanyahu

El teatro creo que vivió buenos años. Aunque sólo asistí a dos funciones mientras fui presidente, tuve contacto con muchos actores y productores, y apoyé al Ministerio de Cultura en el esfuerzo que hizo para invertir en la infraestructura teatral, especialmente desde 1999 y hasta 2003. Una de las funciones a las que asistí fue Arte, que representaban en Madrid con un gran éxito —y justificado— Josep Maria Flotats, Josep Maria Pou y Carlos Hipólito. Junto con el productor, Alejandro Colubi, los había invitado a comer en la Moncloa con motivo de su estreno y me insistieron en que tenía que ir a verlos. «Esta misma tarde voy», les respondí. Creo que no se lo tomaron muy en serio, pero allí estuve con Ana y fue una gran función. A otros no fui a verlos, pero sí pude hablar con ellos en la Moncloa. Directores como Francisco Nieva, José Luis Gómez y Calixto Bieito; actores como Julia Gutiérrez Caba, Carlos Larrañaga y su hija Amparo Larrañaga, Fernando Guillén, Cayetana Guillén Cuervo, Emma Penella, María Jesús Valdés, Manuel Tejada, Juan Gea, Concha Cuetos, Blanca Marsillach, Carmen Conesa, Silvia Marsó y también Toni Cantó; autores como José Luis Alonso de Santos, Santiago Moncada, Paloma Pedrero y Fernando Arrabal; empresarios como Enrique Cornejo, Jesús Cimarro, Luis Ramírez y Daniel Martínez.

La otra función a la que asistimos fue San Juan, de Max Aub, que sólo se ha representado una vez, en 1998. En una visita a Israel en la que presidí la presentación del Instituto Cervantes en Tel Aviv le conté a Benjamín Netanyahu la obra de Aub, que trata de un grupo de judíos que viaja en un barco, el San Juan, al que no autorizan a atracar en ningún puerto. En la reclusión de un barco de verdaderos condenados, al mismo tiempo éxodo y gueto flotante, la desesperación provoca todo tipo de conductas en ese cuadro humano de exilio y sufrimiento. A Netanyahu le interesaron la obra y el autor, y me dijo que iba a intentar que se representara en Israel. Creo que se hizo.

La representación del San Juan, de Aub, era uno de esos muchos actos de justicia histórica que deben trenzarse en una Nación reconciliada. Aub, español, judío, republicano, socialista, exiliado, prisionero de la Francia de Vichy, víctima de los campos de concentración y finalmente acogido en México, era expresión de la tragedia colectiva que España primero y toda Europa después empiezan a sufrir en la década de los treinta del siglo pasado. Antonio Muñoz Molina, años después, escribió en Letras Libres una gran reflexión sobre Aub y su obra, donde recordaba la noche en que asistió a la representación del San Juan en el teatro María Guerrero de Madrid: «No era nada difícil, esa noche, notar una acidez de melancolía bajo el arrebato de una emoción compartida, de un triunfo que su autor había deseado y merecido tanto, y siempre se le negó: por las circunstancias adversas que rodearon su vida, pero también por una soledad intelectual que le martirizó siempre».*

Elena Aub, hija del autor y una persona llena de delicadeza y humanidad, se ocupaba del legado de su padre, incluida la Fundación Max Aub, que tuve la satisfacción de inaugurar en Segorbe (Castellón). Se organizó también la exposición dedicada a Jusep Torres Campalans, la genial creación de Max Aub. Se contaba que Siqueiros había dicho que Torres Campalans existir existió, pero era un mal pintor. Torres Campalans era Aub. Elena nos visitaba con cierta frecuencia y en una de esas visitas en el año 2000, cercanas ya las elecciones generales, me susurró al oído durante el almuerzo: «Presidente, le quería decir una cosa, y es que, si fuera posible, no se meta mucho con los comunistas, porque yo lo soy».

En la Huerta de San Vicente

Precisamente en 1998 se conmemoraba el centenario del nacimiento de Federico García Lorca, un acontecimiento que contrastaba con las dificultades de preservación de su legado biográfico y literario, inseparable de Granada. El año anterior, 1997, la sobrina nieta del poeta, Laura García Lorca, a la que yo no conocía, se dirigió a mí sin ninguna mediación para explicarme las dificultades del Patronato Municipal que regía la casa-museo de la familia en la Huerta de San Vicente, que fue la última residencia de Federico en la que entonces era la vega de Granada.

Hablé con Francisco González, presidente de Argentaria —que todavía era un banco público—, para pedirle que la entidad apoyase las actividades culturales en la celebración del centenario que se iban a realizar en torno a la casa-museo y hacer posible el adecuado mantenimiento de ésta. González respondió y, mediante un convenio con el patronato, Argentaria puso ochenta millones de pesetas —entonces era una cantidad respetable— que acabaron con los dolores de cabeza de Laura García Lorca, su tía Isabel, su tío Manuel Fernández Montesinos y algunos otros.

En marzo del 97 visité la Huerta de San Vicente y presentamos una colección de siete obras del poeta y dramaturgo, una de las cuales incluía una pieza inédita, El primitivo auto sentimental. Luis García Montero realizó una bonita introducción y quedó lanzada la iniciativa de hacer de 1998 el año de Lorca. Se apoyó la Fundación Federico García Lorca, que estaba en la Residencia de Estudiantes. Luego, fue una gran satisfacción que años después Pilar del Castillo, como ministra de Cultura, firmara con el consorcio que se creó al efecto el convenio para levantar en Granada un gran centro cultural dedicado al legado de García Lorca, centro que habíamos promovido y que el Estado iba a financiar con fondos comunitarios y su propia aportación de los Presupuestos Generales. El proyecto y las obras se adjudicaron el 2003, y diez años después el centro no se había abierto. La memoria histórica, al parecer, no daba para eso. Supe después que, con el cambio de Gobierno, habían tenido problemas por su relación con nosotros. El sectarismo de algunos los cegaba hasta el punto de considerarlo inadmisible en los García Lorca. Era triste pero no me podía extrañar. Un grupo de amigos en Sevilla me contaron que pidieron ayuda al Ministerio de Cultura, regido entonces por Carmen Calvo, para afrontar algunas obras de restauración en Itálica. Se les negó la ayuda y tuvieron que escuchar de la ministra justificar su negativa con el argumento de que «no había que olvidar que Roma había sido la cuna del fascismo».

El cine

Es comprensible que tenga un buen concepto del presidente de la Academia de Cine, Enrique González Macho. Alguien que, en su posición, se haya atrevido a decir que «cuando el cine tuvo más ayudas fue con el PP» y que el «Fondo de Protección a la Cinematografía fue el más alto con Aznar» o que no tiene problema en reconocer que «Aznar dio un impulso bastante grande al cine español» es una persona a la que tengo motivos para considerar.

Tal vez alguien podría decir, como Mario Vargas: «¡Ah..., entonces, era verdad!». Pues sí, lo era, y tengo que añadir que ninguno de los acontecimientos posteriores que determinaron la ruptura del mundo del cine con el Gobierno y con el Partido Popular hicieron que me arrepintiera de haber prestado ese apoyo en la medida en que lo podía proporcionar.

Para mí no había duda de que el cine tenía que participar de esa política de acercamiento a las manifestaciones culturales y creativas con la que estaba comprometido personalmente. Sabía que el mundo del cine —llamémoslo así— era el más alejado y crítico con nuestras posiciones, aunque tampoco era cierta esa imagen de unanimidad «anti-PP» que los activistas más dedicados querían transmitir. Y sabía que me esperaba una profunda desconfianza basada en prejuicios que algunos no querían superar, sino que buscaban reafirmarse en ellos. Para franquear esta brecha creía que nosotros también teníamos que hacer nuestro propio recorrido, debíamos andar el trecho que nos correspondía. Me importaba mucho menos la distancia de posiciones políticas que la superación de un estado de incomunicación dominado por el prejuicio, precisamente con un Gobierno que había destruido el primer prejuicio de todos: el de que el PP quería acabar con el cine español. Al cine español sólo le pedí una cosa: que cuidaran la historia, que ahí había también buenas historias que contar. No parece que el eco de mi petición llegara muy lejos.

El contacto con actores y actrices, con directores, productores y autores fue frecuente y muy productivo, con conversaciones muchas veces ingeniosas y brillantes y, en todo caso, imprescindibles para conocer un mundo en el que no se puede entrar de oídas. La verdad es que mi voluntad de apoyarlos la tomaron muy en serio. Como presidenta de la Academia de Cine, Aitana Sánchez-Gijón creo que se estrenó en sus relaciones con el Gobierno pidiéndome un edificio del Estado para sede de la Academia. Le dije que sí, pero que tenía que verlo. Y lo vi. Se trataba de un magnífico edificio en la calle Zurbano de Madrid que cedió Patrimonio del Estado. Aitana Sánchez-Gijón me hizo esa petición en una comida en la Moncloa a la que asistía también Luis García Berlanga, que cuando escuchó mi respuesta soltó: «Haz lo que quieras, presidente, pero que sepas que éstos para lo único que quieren la Academia es para tener un búnker para disparar contra Garci». El tono en que habló Berlanga propició la risa entre los que estábamos a la mesa, que prefirieron tomarlo como una de las ocurrencias brillantes de Luis. A Aitana Sánchez-Gijón la sucedió al frente de la Academia Marisa Paredes, que pidió —y así lo hicimos— ratificar el compromiso que le había dado a su antecesora y que correspondió ejecutar al Gobierno siguiente. Debió de quedar muy bien la sede de la Academia, aunque no llegué a visitarla.

Las conversaciones las definían las personalidades, ya fueran Berlanga o Fernando Fernán Gómez, con el que recuerdo una larga noche después de una cena en la Moncloa en la que estuvimos hablando hasta las tres de la madrugada con Emma Cohen, Aitana Sánchez-Gijón, Tina Sainz, Rosa Regàs y Miguel Ángel Cortés. Se suscitó el asunto del doblaje y Aitana Sánchez-Gijón se mostró contraria; ella era partidaria de la versión original subtitulada. Fernando Fernán Gómez defendió el doblaje con toda su vehemente capacidad de argumentación. Explicaba que los actores interpretan con los ojos y que es en los ojos, en su expresión, en lo que hay que fijarse; los subtítulos precisamente impedían eso porque obligan a bajar la vista para leerlos. La discusión no avanzaba hasta que, con algún enfado, Fernán Gómez soltó: «Mira, niña, a ver si te enteras de que los subtítulos se ponen a la altura de los cojones».

Invitaba a cenar con cierta asiduidad a un grupo en el que se encontraban Imanol Arias, Ana Duato y su marido, Tina Sainz, Assumpta Serna y Raúl del Pozo. No sé si se ha contado en otro sitio, pero la idea de la famosa serie «Cuéntame» nació en una de esas cenas. Lo que pasa es que a las ideas hay que ponerles ruedas. Algún tiempo después Ana Duato me dice que el proyecto está atascado y que es muy posible que TVE al final no lo apruebe. Me interesé por el asunto para que lo reconsideraran, porque creía que era un buen proyecto. Se reconsideró y ha sido un gran éxito. Ana Duato y su marido me invitaron a comer a su casa, no recuerdo si para celebrar el lanzamiento del proyecto, pero, en todo caso, sí recuerdo que cuando llegué hubo una cierta sorpresa. La anfitriona me confesó que estaban convencidos de que en el último momento alguien llamaría de la Moncloa para decir que el presidente lo sentía mucho, pero que al final no podía asistir por un asunto que le había surgido.

En esos años dediqué mucho tiempo a cultivar una relación de respeto, de interés y de colaboración con ese complejo mundo de la cinematografía. Creo que se acortaron distancias personales y se superaron muchos prejuicios. Las cosas no eran como se las habían contado y, en general, todos ganábamos cuando nos conocíamos. La cinematografía implica a un conjunto muy amplio de profesionales. A muchos de ellos —creo que, en aquel periodo, a casi todos— tuve la oportunidad de conocerlos, de tratarlos y de escucharlos. Directores como Pilar Miró, José Luis Garci, Antonio Giménez-Rico, Fernando Trueba, José Luis Borau, Montxo Armendáriz, Alejandro Amenábar, Ventura Pons, Imanol Uribe, Patricia Ferreira, José Luis Cuerda, Fernando Colomo, Manuel Gutiérrez Aragón, Antonio Mercero, Antonio del Real, Andrés Vicente Gómez; productores como Enrique Cerezo, Enrique González Macho, Gerardo Herrero, Eduardo Campoy, Jorge Arqué, Luis Méndez, Iona de Macedo; actores y actrices, además de los mencionados, como Concha Velasco, Alfredo Landa, Maribel Verdú, Antonio Resines, Victoria Vera, Iñaki Miramón, Fiorella Faltoyano, Ángela Molina, Paz Vega, Pilar Velázquez, Juan Luis Galiardo, Carlos Iglesias, Ana Fernández, Pilar López de Ayala, Leonor Watling y Lola Baldrich. Luis Alberto de Cuenca y Eduardo Torres-Dulce, que, como todo el mundo sabe, además de fiscal es un gran cinéfilo, nos acompañaban a veces en estos encuentros.

Es evidente que las cosas luego cambiaron cuando la crispación y la agresividad que se introdujeron en la estrategia de oposición al Gobierno movilizaron lealtades partidistas también en el mundo del cine. Creo que el precio pagado por nuestra cinematografía ha sido muy alto en un amplio sector de la población española que se sintió injustamente herida y agredida en sus convicciones. Ahora que las aguas se han retirado, no sólo creo que debería apreciarse el esfuerzo que se hizo entonces en aproximación y apoyo, sino pensar en el futuro, con el ánimo abierto y nuevas ambiciones creativas, mirando a ese espacio cultural inmenso y privilegiado de la lengua común desde el que podemos proyectar el talento hacia el mundo.

Pude terminar de conocer en profundidad la diversidad del tejido cultural español, que sería imposible detallar en todas sus expresiones. En pintura y escultura, Gerardo Rueda —mi favorito—, Cristóbal Toral, Eduardo Arroyo, Fernández-Braso, Cuixart, Ciria, Feito, Naranjo, Antonio López, Xavier Mascaró, entre otros. También galeristas como Soledad Lorenzo, Juana de Aizpuru, Isabel de Azcárate y Carles Taché.

La novela y el ensayo con José Jiménez Blanco, Luis Mateo Díez, Antonio Muñoz Molina, Fernando Savater, Eugenio Trías, Luis Goytisolo, Elvira Lindo o Luis Landero, Fernando Sánchez Dragó y Gustavo Bueno. La historia y el ensayo político con personalidades tan destacadas como José Varela Ortega, Juan Pablo Fusi, Fernando García de Cortázar, Antonio Morales Moya, Charles Powell. El análisis sociológico con personalidades de la talla intelectual de Víctor Pérez-Díaz o Emilio Lamo de Espinosa.

No olvidé otras expresiones de eso que se llama cultura popular pero que también debe ser atendida: el deporte, que refleja valores positivos y nos ha dado muchos motivos de alegría colectiva, o los toros, una fiesta de la que nunca me ha atraído la lidia pero de la que, sin embargo, aprecio su estética y su singularidad. Me reconozco aficionado al fútbol y madridista, afortunado por tener como amigos a grandes jugadores como Di Stéfano, Amancio, Benito, Camacho, Gallego, San José o Butragueño. Llamaba a los deportistas españoles que competían, como la selección de fútbol cuando la entrenaron Javier Clemente y después José Antonio Camacho. Sentía cercanía con el mundo del deporte como aficionado y practicante. Al llegar a la Moncloa, comencé a hacer deporte de manera metódica y disciplinada de la mano de un atleta clásico español, Bernardino Lombao. Salíamos a correr a las 7.15 de la mañana y luego nos encerrábamos en el gimnasio. Eso lo combinaba con mis deportes favoritos: el pádel, el esquí de fondo y, más esporádicamente, el golf. Todavía conservo aquella disciplina que adquirí entonces.

La canción llevó a la Moncloa a algunos artistas que posiblemente no contarían con entrar en la residencia del presidente del Gobierno. El comedor de la Moncloa escuchó cantar a Rocío Jurado en una sobremesa inolvidable en la que marcaba el ritmo golpeando la mesa con sus manos, y recibió a los grandes de la ópera, desde Montserrat Caballé hasta Plácido Domingo, Teresa Berganza y Alfredo Kraus.

La labor de Ana como anfitriona de estos encuentros fue insustituible. Su preocupación por hacer de la Moncloa un lugar en el que todos se pudieran encontrar cómodos permitió, en buena medida, el encuentro cordial de gentes tan diversas.

La política para la cultura. El Prado

Cuidar la relación con la cultura, sus creadores y empresarios era muy importante, pero no era un fin en sí mismo desde el punto de vista de mi responsabilidad como presidente del Gobierno. Se trataba de impulsar políticas coherentes con lo que pensábamos, de elegir prioridades, de gestionar bien el dinero disponible y de abordar proyectos que considerábamos necesarios.

El órgano central para la definición y la ejecución de las políticas culturales fue la comisión delegada que creamos específicamente para los asuntos culturales y que yo presidía personalmente.

En la comisión delegada se acordó el Plan de Inversiones en Instituciones Culturales de Cabecera, que incluía las ampliaciones de los museos del Prado, Reina Sofía, Thyssen, Arqueológico, y archivos de Indias, Simancas, Real Chancillería, Histórico Nacional, Biblioteca Nacional y Biblioteca del Born, entre otros.

Sin duda, la ampliación del Museo del Prado fue la operación más ambiciosa y compleja. Siempre recuerdo lo que decía Azaña: que el Prado era más importante que la República y la Monarquía juntas. Lo que se podría traducir en la necesidad de un verdadero acuerdo de Estado para su protección. Lo propusimos al Gobierno socialista en 1995 cuando desde la oposición abogamos por un acuerdo sobre el futuro del Prado que, no obstante, podría extenderse a los demás grandes museos nacionales. El Partido Socialista lo aceptó, pero no llegó a materializarse.

Ya en el Gobierno, el presidente del patronato, José Antonio Fernández Ordóñez, me invitó a visitar el museo. José Antonio y yo no nos conocíamos, y su prevención hacia mí, tal vez simplemente incertidumbre, era bastante perceptible. A pesar de ese comienzo vacilante, ganamos un gran aprecio mutuo. Sentí muy sinceramente su fallecimiento y siempre he reconocido su gran trabajo y su dedicación a esta gran causa de la historia y la cultura españolas. En aquella visita comprobé con preocupación el grado de deterioro al que había llegado el museo, lo que no podía ser sino la consecuencia de años de desatención. De aquella visita salió la decisión final de acometer la ampliación del Prado, que, en las condiciones en las que se encontraba, tenía también mucho de recuperación.

En 1997, el patronato aprueba el plan museográfico que había optado por la ampliación en los edificios más próximos al museo para dar contigüidad al conjunto. Al año siguiente se resuelve al concurso de anteproyectos y se elige por unanimidad la propuesta del arquitecto Rafael Moneo, que ya como proyecto se aprobó definitivamente en marzo de 2000.

La operación incorporaría al museo el claustro de los Jerónimos, el salón de Reinos y el Casón del Buen Retiro, lo que requería una obra considerable, así como un edificio ocupado por la empresa estatal Aldeasa que habría que desalojar. Era necesario un acuerdo con el arzobispado de Madrid sobre el claustro y proceder al traslado del Museo del Ejército para destinar el salón de Reinos a la ampliación. El arzobispado es un negociador persistente y a los militares no les gustó nada que el traslado del museo se les diese como un hecho consumado. Sin embargo, me parecía que era necesaria una decisión muy expeditiva si se quería poner en marcha la ampliación y que éste no fuera uno de esos proyectos eternos que a veces hemos sufrido.

Había que trasladar la sede de Aldeasa para que la ocuparan las oficinas del Prado y, así, liberar casi tres mil metros cuadrados útiles para la exposición de la colección permanente. El director general de Patrimonio del Estado, al que pertenecía Aldeasa como empresa estatal, era Pablo Isla, actual presidente de Inditex y uno de los ejecutivos de mayor prestigio internacional. Le llamé personalmente y, cuando le dije que era el presidente del Gobierno, simplemente no me creyó y me dijo que para comprobarlo le llamara de nuevo. Es lo más cerca que he tenido a alguien de colgarme el teléfono siendo presidente, pero me pareció prudente por su parte y le llamé de nuevo. Esta vez sí se creyó que yo era quien decía ser y me escuchó con la atención que cabía esperar. Simplemente le dije: «Señor director, tiene un mes para dejar libre el edificio de Aldeasa y buscar otra sede». Isla se puso a ello y, con una eficacia ejemplar, al cabo de un mes aquel edificio enfrente del museo estaba vacío y disponible.

La ejecución del proyecto propiamente dicha empezó en 2001 y terminó en 2007. Entretanto pudimos ver aprobada con un amplio apoyo la Ley Reguladora del Museo Nacional del Prado que creaba el organismo público rector del centro.

La ampliación suponía un incremento de casi dieciséis mil metros cuadrados útiles, además de los tres mil que se habían ganado con el traslado de las oficinas, más de un 50 por ciento sobre la superficie del edificio Villanueva.

Dediqué mucha atención también a la recuperación de la Residencia de Estudiantes, una institución que languidecía y que es esencial para nuestra historia cultural. En ella se creó la Biblioteca de la Edad de Plata de la Literatura Española, gracias al patrocinio del Banco de Santander. Había aprovechado la inauguración de la exposición de la colección de Sorolla de la Hispanic Society de Nueva York —que esa entidad también había patrocinado— para pedir a Emilio Botín su apoyo a esta iniciativa. El banco aportó cuatrocientos millones de pesetas que hicieron posible la biblioteca.

Me ocupé de la cultura en Cataluña y mantuve contactos regulares con sus principales expresiones. No oculté mi gusto por la obra de Josep Pla y aprendí de sus grandes conocedores como Valentí Puig. Tuve una buena relación con muchas personalidades de la cultura en Cataluña, algunas ya mencionadas, y otros como los arquitectos Ricardo Bofill, Oriol Bohigas y Óscar Tusquets, buen compañero de conversaciones interesantes. Ayudé cuanto pude en las grandes instituciones artísticas y culturales catalanas necesitadas de apoyo como el Palau y el Liceo, y en ellas alcanzamos buenos ejemplos de colaboración.

Fuimos muy activos en la responsabilidad de promoción y de comunicación cultural. Todos los viajes de los Reyes y los que yo mismo realizaba incluían siempre alguna exposición o muestra cultural española. Cuidamos la celebración de aniversarios y centenarios, como dan prueba las magníficas exposiciones sobre Isabel la Católica, Carlos V, Felipe II, López de Legazpi, Cánovas y la España de la Restauración o la celebración del año de Lorca, e hicimos de Iberoamérica una prioridad en la que destacaron dos ambiciosos programas culturales, uno con México y otro con Brasil que incluía una gran exposición con motivo del quinto centenario del descubrimiento del país. El Gobierno brasileño quería realizar esa gran exposición, para la que habían pedido seis cuadros de Velázquez al Prado, pero no había museo que reuniera las condiciones necesarias y el Prado no aceptaba peticiones de obras importantes con menos de dos años de antelación. Queríamos que una visita de los Reyes que se iba a producir fuera la ocasión para el anuncio de la exposición. Mi amigo Marco Maciel, vicepresidente del Gobierno con Cardoso, me dijo: «Si hay Velázquez, dentro de seis meses estará acondicionado el museo», a lo que yo simplemente le contesté: «Si acondicionáis el museo, del Prado me ocupo yo».

El diálogo político en torno a nuestros intereses culturales fue muy intenso con los Gobiernos iberoamericanos, y la cultura estuvo presente de manera singular en varias de las cumbres.

Nos ocupamos de nuestro patrimonio histórico y monumental con acuerdos de gran alcance para la restauración y conservación de monasterios y catedrales, y se produjeron adquisiciones valiosas de obras de Picasso, Velázquez (El barbero del Papa) y Goya (La condesa de Chinchón). Y dejamos ya definida una de las iniciativas culturales que marcarán un gran hito, ya próxima a concluirse: el Museo de Colecciones Reales, que será una referencia mundial sobre el conocimiento de nuestra historia.

Me siento muy satisfecho de la gestión que en todo lo que era importante realizaron los Gobiernos que presidí en relación con la cultura. Se hicieron muchas cosas y se hizo mucho perdurable (véanse los datos en el cuadro de la página siguiente). Confieso mi predilección por el proyecto del Museo del Prado y me declaro orgulloso de haber abierto a todos esa casa transitoria pero importante que es la presidencia del Gobierno.

(1) Dato de 2003. (2) Bibliotecas. De 1996 a 2000 la estadística se basó en una definición de biblioteca modificada a partir de 2000 por otra definición basada en la Norma ISO 2789. Esto produce que en 2002 la cifra se redujera a 6.371. (3) Datos de 2002. (4) Datos de 2000.

CAPÍTULO 6

El Gobierno y la Iglesia

La importancia de la Iglesia

A lo largo de los años, en las numerosas ocasiones en las que tuve relación institucional con la Iglesia y con sus representantes, nunca nadie me preguntó por mis creencias personales. Creo que se asumía de un modo implícito lo que podríamos llamar mi «simpatía» hacia la Iglesia, pero nadie pretendió hacer de ello un asunto político ni apelar a mis creencias para obtener una respuesta favorable por parte de mi Gobierno.

En alguna ocasión ha circulado el rumor de que mi familia, especialmente Ana y yo, formamos parte de algún movimiento religioso. No es cierto, ni lo ha sido nunca. Pertenezco a una familia católica, una familia practicante, pero desde niño mis profesores me vieron como alguien muy reservado en materia de fe. Y no me vieron mal, porque lo soy. He dado a mis hijos una educación católica y he procurado que en mi familia se viviera un ambiente católico. Pero, a mi juicio, la vivencia religiosa, cuando es auténtica, raramente produce seguridades absolutas y no admite mucha exhibición.

El Vaticano siempre me ha hecho sentir incómodo. Admiro su belleza y su valor artístico. Incluso en uno de mis viajes tuve la oportunidad de realizar una visita nocturna inolvidable. Admiro también su sentido del orden y del protocolo, su ceremonial. Pero, en cuanto a la fe, las dudas que en ocasiones he podido tener nunca he tratado de disiparlas acudiendo a la experiencia vaticana.

Probablemente porque mi sentido de la vida tiene mucho más que ver con las cosas sencillas. Para mí, el discurso más hermoso que se haya pronunciado nunca —siendo como es mucho más que un discurso— es el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. No es fácil imaginar una Iglesia más sencilla que ésa, pero a la vez más llena de sentido.

Sin embargo, por encima de la incomodidad que me genera esa parte de ella, creo que la Iglesia guarda un patrimonio institucional, cultural y ético que tiene un valor esencial en la civilización, que en mi opinión es única en todas partes y que no admite adjetivos ni restricciones geográficas. Por eso fui partidario de que se mencionaran las raíces cristianas de Europa en los tratados de la Unión Europea —no exclusivas ni excluyentes, pero fundamentales—, y cuando el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Rouco, me solicitó que apoyara esa mención con motivo de la finalmente fracasada Constitución europea, pude responderle que así venía haciéndolo desde hacía tiempo por convicción personal.

Había hablado de esto con el Papa Juan Pablo II en varias ocasiones y él agradecía sinceramente mi posición. Lo hice también en 2005 —muy poco después de ser elegido Papa— con Benedicto XVI, uno de los más brillantes y lúcidos opositores a un relativismo que animaba campañas como aquélla, destinada a excluir el cristianismo de los tratados europeos de una forma completamente arbitraria.

Benedicto XVI no tenía entonces buena información sobre España y quiso verme para conocer mi opinión sobre lo que podía esperarse del nuevo Gobierno socialista español. Le dije que la Iglesia española debía evitar encerrarse en las sacristías cuando se produjeran los ataques contra ella que yo creía seguros por parte del Gobierno y que lamentablemente tuvieron lugar.

Europa es inexplicable sin el cristianismo; es más, la Europa que nosotros estábamos haciendo en el Consejo Europeo era en buena medida continuación histórica de la Europa cristiana, y la fundación misma de las Comunidades Europeas contó entre sus más importantes inspiradores con muchas personas de fe. Eso no significaba que desde el punto de vista jurídico la Unión debiera adoptar ningún tipo de confesionalidad, sino, sencillamente, reconocer cuál era la historia de Europa desde la que se pretendía proyectarla hacia el futuro. Con motivo del quincuagésimo aniversario del Tratado de Roma, Benedicto XVI afirmó que, de seguir así, dentro de cincuenta años esa Europa no existiría.

Para mí, del mismo modo que suelo decir que es imposible comprender España y Europa sin el vínculo atlántico, es imposible explicar España y Europa sin el cristianismo. Helmut Kohl iba bastante más lejos, y llegaba incluso a emplear la expresión «club cristiano» para referirse a Europa, lo que tenía implicaciones evidentes sobre la posible adhesión de Turquía.

Juan Pablo II lo expresó en sus justos términos cuando afirmó, en su discurso ante el cuerpo diplomático en diciembre de 2002, que «reconocer un hecho histórico innegable no significa en absoluto ignorar la existencia moderna de una justa laicidad de los Estados y, por lo tanto, de Europa».

Por todo esto, incluso en el supuesto de que yo fuese un ateo militante, o simplemente un agnóstico declarado —cosas que, desde luego, no soy—, defendería la existencia de la Iglesia, y defendería también el valor de su legado histórico y de su mensaje de esperanza.

Defiendo la Iglesia como generadora de una obra social, cultural y espiritual milenaria de valor incomparable. La Iglesia como organización que ayuda a construir un buen orden social y a dignificar la existencia de cualquier persona en cualquier parte. Y la Iglesia como transmisora de un mensaje que ofrece una respuesta humana a las preguntas radicales de nuestra existencia. Un mensaje que, además, tiendo a creer que es verdadero.

La religión católica se expresa en varios planos. Hay un ámbito de conciencia individual, de creencia personal, que forma parte de la intimidad de cada uno y sobre el que yo he sido siempre extraordinariamente reservado. He hablado de ello con muy pocas personas, con casi nadie, en realidad. Bien sea por cautela, por timidez, por pudor o simplemente por reserva intelectual. Y creo que está bien que sea así.

Pero también hay una Iglesia que expresa una forma de orden social, que lo vertebra y le da sentido. Y hay un tronco moral que la Iglesia transmite y representa, pese a que en ocasiones una parte de ella pueda no actuar de manera ejemplar.

En estos sentidos, e independientemente de mis creencias, soy firme defensor de la Iglesia. Por eso he procurado siempre entenderme bien con ella y facilitarle las cosas, porque creo que desarrolla una función social irreemplazable. Para ello no he necesitado nunca hablar de cuestiones espirituales con ninguno de los representantes de la Iglesia con los que traté como presidente del Gobierno.

Juan Pablo II

La relación entre el Gobierno y la Iglesia durante mis años de presidencia estuvo marcada por la presencia de Juan Pablo II en la Santa Sede. Él es la figura pública más importante que he conocido en mi vida. Un hombre único. De fe auténtica, radiante, visible; de una personalidad arrolladora, cuya cercanía ejercía el efecto contrario al de la pompa vaticana, y cuyo apabullante carisma tenía mucho que ver con su sencillez y su naturalidad.

Un hombre capaz de ver el mundo en toda su amplitud y de comprenderlo en toda su complejidad. Consciente del sentido histórico de su misión, de su responsabilidad en la tarea de transformar profundamente la sociedad de su tiempo. Sin él no se puede entender la resistencia de la sociedad polaca ante el empuje del totalitarismo, ni se pueden explicar tampoco la crisis y la posterior caída del sistema comunista. Él fue también quien renovó la Iglesia después de los complicados años que siguieron al Concilio Vaticano II y a los pontificados de Pablo VI y —muy breve— de Juan Pablo I.

Juan Pablo II desencadenó un proceso que dio nueva vida a la Iglesia. Comprendió antes que muchos la honda transformación que estaba experimentando el mundo cuando apenas comenzaban a percibirse los primeros efectos de la globalización, que en realidad él mismo impulsó al ayudar a quebrar la división en bloques opuestos. Entendió que debía ser un papa viajero y que a finales del siglo XX ser pastor de la Iglesia significaba hacerse presente en ella en cualquier lugar del mundo.

Fue, en todas esas dimensiones, alguien excepcional. Esa grandeza la demostró, hasta su muerte en 2005, en su impresionante lucha diaria contra el párkinson, una lucha verdaderamente titánica.

No es fácil que vuelva a producirse una situación tan providencial para la Iglesia y para el mundo como lo fue la elección de Karol Wojtyla como Papa en 1978.

No siempre estuvimos de acuerdo en todo —por ejemplo, yo le desaconsejé viajar a Cuba, porque pensaba que su presencia no ayudaría a debilitar el régimen de los Castro sino a fortalecerlo—, pero sí en lo más importante. Y nunca las diferencias de opinión se dejaron sentir sobre la cordialidad de su trato.

Juan Pablo II fue siempre un gran amigo de España. Quería a España de verdad, profundamente, y dejó muestras de ello durante todo su pontificado. Un joven Karol Wojtyla escribió una tesis doctoral que llevaba por título Del problema de la fe en san Juan de la Cruz, que expresaba su deseo de unir el pensamiento y la poesía (era un papa poeta) y también su amor por la cultura española.

Aunque le costó entender la rápida transformación social que se produjo en España durante los años ochenta del siglo pasado —algo parecido a lo que le ocurría con su país, Polonia—, siempre se sintió muy ligado a los españoles y siempre se sintió muy a gusto en España. Los españoles lo recibimos siempre con gran alegría y con grandes muestras de afecto. Porque él daba alegría y suscitaba afecto de manera natural.

Juan Pablo II comprendía muy bien la importancia de España en la historia de la Iglesia y en la historia universal, y por ello mantuvo siempre unas posiciones muy claras sobre lo que afectaba a nuestro país. No estaba dispuesto a aceptar que se jugara ni con el valor histórico ni con el significado de la España democrática. Soportó muchas presiones para que hiciera gestos públicos de implicación política en el sentido equivocado. Y siempre supo resolver estas situaciones de manera que quedaran reconocidos y reafirmados sus sentimientos y sus ideas sobre España.

Lo conocí en Madrid en junio de 1993, en la sede de la Nunciatura, con motivo de su visita de aquel año a España. Habían pasado menos de dos semanas desde las elecciones generales. Y lo vi de nuevo —con Ana y con mis hijos— unos meses más tarde, en diciembre de ese mismo año, durante el puente de la Inmaculada, que pasamos en Roma. El día de la Inmaculada tiene un sabor muy español en Roma. El Papa acude a la plaza de España a realizar el tradicional homenaje a la Virgen, cuya imagen se encuentra frente a la Embajada de España, y allí le reciben el embajador español y el alcalde de la ciudad. Toda esa agitación se notaba durante aquella visita.

El momento del encuentro fue una audiencia posterior a la misa que oficiaba a las seis y media de la mañana en la capilla de sus apartamentos privados de la Ciudad del Vaticano. Había que estar en pie muy temprano para llegar allí con la antelación suficiente. El Papa había padecido ya algunos problemas serios de salud. A las secuelas del atentado que sufrió en la plaza de San Pedro en 1981 se había sumado en 1992 una intervención quirúrgica importante. Y apenas un mes antes de nuestro encuentro había sufrido una caída que le había dañado el hombro derecho; le habían inmovilizado el brazo y había tenido que limitar su actividad. Pero se encontraba ya muy recuperado y el día anterior le habían retirado los vendajes, lo que le permitía desenvolverse con normalidad.

Una vez terminada la misa, pude hablar con él durante unos minutos. Fue una gran experiencia. Y guardaba una gran sorpresa. En un momento de la conversación, el Papa, que seguía de cerca los asuntos españoles y conocía bien el clima político que se vivía entonces, me miró fijamente y me dijo: «Dígame, y usted ¿cuándo va a ganar las elecciones en España?».

Quizás aquella frase tan espontánea del Papa expresara entonces algo más que una pregunta. Estaba aún muy reciente el eco de las elecciones y era evidente el deterioro que estaban experimentando desde hacía años las relaciones de la Iglesia vaticana con el Gobierno socialista. Después de la audiencia tuve ocasión de entrevistarme con el arzobispo Giambattista Re, representante de la Secretaría de Estado del Vaticano, y con Jean-Louis Tauran, secretario para las relaciones con los Estados. Ambos mostraron su preocupación por la situación que vivía España y a los dos les expresé mi deseo de que nuestras relaciones recuperaran la cercanía que habían ido perdiendo.

Almorcé luego con el cardenal español Antonio María Javierre —con quien mantuve siempre muy buena relación y a cuyo hermano, José María, también traté durante mucho tiempo—, y por la tarde tuve un encuentro con los alumnos del Pontificio Colegio Español de San José, en Roma. Fue una jornada intensa y aprovechada.

Desde estos encuentros en 1993, mi relación con Juan Pablo II fue siempre muy buena. Excelente. Eso hizo posible que más adelante, en momentos delicados, las cosas fueran más fáciles.

Lo visité ya como presidente del Gobierno en marzo de 1997. De la importancia de la visita habla el hecho de que fuera la primera del presidente del Gobierno español a la Santa Sede desde 1984. Además, desde 1986 el Gobierno había rebajado el nivel de la representación oficial en los actos que tenían lugar allí. Coincidiendo con la beatificación de sacerdotes y religiosos asesinados durante la guerra civil, esas representaciones dejaron de estar encabezadas por ministros o altos cargos socialistas, que fueron sustituidos por el embajador español en la Santa Sede.

La visita creó un nuevo clima en las relaciones y sirvió para iniciar una nueva etapa de mayor confianza y mejor colaboración entre el Gobierno y la Iglesia.

Durante mis años de Gobierno visité a Juan Pablo II en tres ocasiones más. Una en Roma, en febrero de 2003, cuando ya se había desencadenado la polémica acerca de la intervención en Irak y cuando las relaciones entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española acababan de atravesar unos meses complicados a causa de la carta pastoral de los obispos del País Vasco. Otra en mayo de ese mismo año, en Madrid, con motivo de su visita a España. Y, finalmente, otra vez en Roma, en enero de 2004, en una visita de despedida en la que quise agradecerle lo mucho y bueno que había hecho por España y el afecto y la cercanía que siempre nos había mostrado a mi familia y a mí.

Incluso en los momentos de mayor dificultad y de mayor tensión, como cuando lo visité en febrero de 2003, Juan Pablo II mantuvo siempre una gran cordialidad. Hablamos sobre el nacionalismo y la Iglesia, y hablamos también mucho sobre Irak. El Papa mostró un interés especial en conocer mi opinión sobre la posibilidad de que la democracia arraigara y se consolidara en ese país, y conversamos en profundidad sobre el derecho a la vida y la protección de los derechos humanos. A él, obviamente, no le gustaba lo que ocurría, pero a pesar de ello me sentí reconfortado durante aquella conversación.

En su visita de mayo lo visité en la Nunciatura, que ocupaba Manuel Monteiro de Castro desde 2000, en sustitución de Lajos Kada. El Papa tuvo la amabilidad de recibir a toda mi familia. En un momento del encuentro, Juan Pablo II, con algo de pena, me dijo: «Yo creo que en España me quieren menos que antes». Él recordaba con gran cariño su visita de 1982 y cómo se le había recibido y aplaudido en un estadio Santiago Bernabéu lleno de jóvenes, donde se agolpó una multitud que se extendía también por el paseo de la Castellana y por las calles cercanas del centro de Madrid.

En esta nueva visita no se había programado ningún acto en el Santiago Bernabéu, y el Papa pensaba que era porque el estadio no se iba a llenar. Pero en realidad ocurría lo contrario, lo que pasaba era que se había quedado pequeño. Le dije que en Cuatro Vientos le esperaban ya muchos más jóvenes de los que cabían en el Bernabéu, y así lo pudo comprobar poco después, esa misma tarde, porque en ese aeródromo (que por primera vez se empleó entonces para un acto de estas características) lo recibió una inmensa multitud. En ese acto el Papa los exhortó a mantenerse «lejos de toda forma de nacionalismo exasperado», y sabía muy bien por qué lo decía.

Durante su visita canonizó a cinco nuevos santos españoles, uno de ellos, san Pedro Poveda, asesinado durante la guerra civil. Una vez más, como ya había ocurrido en 1986, algunos consideraron políticamente incorrecto que la Iglesia reconociera el martirio de una víctima de la guerra civil. Otros, que por supuesto no tenían nada que ver con la Iglesia, llegaron incluso a pedir mi excomunión. Pero el Papa obró con la naturalidad que su claro sentido común le aconsejaba, no se dejó influir por ese tipo de campañas, que fueron tan intensas como minoritarias, y agradeció mi presencia y la de mi familia en las celebraciones. La sociedad española se echó masivamente a la calle para saludar al Papa, y lo hizo en una actitud festiva y respetuosa.

Yo creo que él era perfectamente consciente de que en España se estaban viviendo momentos de gran tensión. Sabía que existían intentos de fracturar a la sociedad, de polarizarla y de crear enfrentamientos. Su visita tuvo un efecto tranquilizador, apaciguador, reconciliador. El Papa supo devolver a la sociedad española algo de su buen humor, y creo que lo hizo sabiendo muy bien que era lo que España necesitaba de él en ese momento.

La Iglesia tiene una enorme capacidad de organización y tenía también un gran entusiasmo por hacer que ese viaje se desarrollara de la mejor forma posible. Y así ocurrió. Fue un viaje de gran importancia pastoral y política. El Gobierno puso de su parte todo lo que estuvo en su mano, y la verdad es que la visita fue un enorme éxito. Fue el último gran regalo que Juan Pablo II le hizo a España cuando más necesitada estaba de gestos como ése.

El Papa evitó todas las trampas que algunos quisieron ponerle para forzar una descalificación del Gobierno, sin que eso significara dejar de lado sus propias opiniones, que eran públicas y que defendía abiertamente en todo momento. Y supo devolver el optimismo y la alegría a una sociedad que lo necesitaba con urgencia.

Cuando el cardenal arzobispo de Madrid agradeció al Gobierno la ayuda y el esfuerzo que hicieron posible el éxito de la visita, expresó una profunda satisfacción y una sincera gratitud. El cardenal Rouco creía que las personas que más intensamente habían cooperado con él en nombre del Gobierno —Javier Zarzalejos, José María Bethencourt, Fernando Arias, Juan Sunyé y Carmen Batres— no sólo lo habían hecho «con gran profesionalidad y competencia, sino también con el cariño de quien espera a una persona muy cercana y querida». No se equivocaba.

Cuando me despedí de Juan Pablo II en enero de 2004, en Roma, le transmití nuevamente ese afecto que como persona cercana y querida sentía por él. A él y al cardenal Angelo Sodano, secretario de Estado, les expresé también el agradecimiento de España.

El Papa Juan Pablo II es la única figura pública por la que he sentido a la vez respeto, admiración y devoción.

La relación con la Conferencia Episcopal

La agenda de las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia tiene dos partes formalmente bien diferenciadas, pero en realidad muy vinculadas entre sí. Por un lado están las cuestiones relativas a la relación entre el Vaticano y España, una relación entre Estados. Por otra, los asuntos que afectan a la relación entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española, es decir, la relación Iglesia-Estado en España.

En la primera, en aquellos años, destacaban el rango de las delegaciones oficiales en los actos vaticanos, la cooperación conjunta entre Estados en lugares como Iberoamérica, o el nombramiento de nuevos cardenales españoles. En la segunda parte, la enseñanza de la religión, la financiación de la Iglesia y asuntos de orden social o moral, algunos recurrentes y otros que empezaban a estar de actualidad, como la manipulación genética. Y, por supuesto, la relación de la Iglesia con el nacionalismo y con el terrorismo.

También existían otras cuestiones de menor relevancia, como la presencia de la Iglesia en los actos oficiales —a los que al parecer no se la solía invitar—, el Plan Nacional de Catedrales —firmado en febrero de 1997— o la ampliación del Museo del Prado sobre el claustro y parte del atrio anejo a la iglesia de los Jerónimos de Madrid, cuyo convenio se firmó en julio de 1998.

Cuando visité el Vaticano en 1997 había sólo cinco cardenales españoles: dos de ellos en la curia, el mencionado Javierre y Eduardo Martínez Somalo; dos más ya jubilados, Ángel Suquía y Marcelo González Martín, y uno en activo, Ricardo María Carles. Comparativamente con otros países, era un número pequeño. Porque además no todos ellos podían participar en el cónclave, llegado el caso. Cuando renunció Benedicto XVI en 2013 había diez cardenales españoles, cinco de los cuales participaron en el cónclave que eligió al Papa Francisco.

En 1998, un año después de mi primera visita oficial al Vaticano, nombraron cardenal a Antonio María Rouco, que presidió la Conferencia Episcopal desde 1999 hasta 2005 —reelegido para el mismo cargo en 2008 y en 2011— y con quien siempre tuve muy buena relación. Pero, antes que Rouco, presidió la Conferencia Episcopal monseñor Elías Yanes, y con él no llegó a haber buen entendimiento. Como no lo hubo en asuntos importantes con la propia Conferencia Episcopal en esos años, dejando aparte los de carácter cultural ya mencionados.

Mi impresión sobre Yanes era la de un hombre distante, frío, alejado. Mostraba una prevención hacia el Gobierno que iba más allá de lo que una comprensible voluntad de neutralidad ideológica aconsejaba. Y tenía también cercanía con personas poco simpáticas para mí por su nacionalismo militante y por la «comprensión» que mostraban hacia el entorno de ETA, como el obispo de San Sebastián, monseñor José María Setién. Alguna reunión, a la que asistió también el entonces secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor José Sánchez González, me dejó malas sensaciones.

Así como la relación del Gobierno socialista con el Vaticano era mala, no podía decirse lo mismo de su relación con la Conferencia Episcopal Española, que se sentía cómoda con el socialismo español. En ocasiones, cuando se planteaba algún problema concreto, los obispos podían buscar la ayuda de un Partido Popular aún en la oposición, pero se trataba de un acercamiento transitorio que enseguida se echaba de menos.

De hecho, las cosas una vez llegados al Gobierno no empezaron demasiado bien. En marzo de 1997, apenas unos días antes de mi visita al Vaticano, monseñor Sánchez González efectuó unas declaraciones a la prensa que dejaban muy clara una crisis entre el Gobierno recién constituido y una Conferencia Episcopal que desde hacía tiempo venía expresando en los medios que no nos recibía con la mejor actitud.

La enseñanza de la religión, la financiación de la Iglesia, la remuneración de los capellanes que prestaban asistencia religiosa en las instituciones penitenciarias eran, entre otros, asuntos importantes a los que se debía buscar solución. Pero el tono y la forma de plantear esas demandas —en la portada del diario El País—, demandas sobre las que ya se estaba trabajando aunque en algún caso no se hubieran alcanzado aún acuerdos, estaban fuera de lugar.

Probablemente la Conferencia Episcopal quiso reaccionar ante la acusación —no necesariamente cierta— de querer la victoria del Partido Popular. Y lo hizo exhibiendo una hostilidad injustificada hacia el Gobierno, especialmente cuando secundó la abierta oposición con que se nos distinguía desde las diócesis vascas y catalanas. También pretendía presionarnos de cara a la visita a la Santa Sede. Pero, en ocasiones como ésa, lo que demostraba la Iglesia española era que le faltaba sentido político y que a algunos de sus miembros les sobraba un molesto tono de exigencia al que creían tener derecho por su condición de confesión mayoritaria. Un tono que no ayudaba en nada, sino que lo hacía todo más difícil en un contexto en que la Iglesia española perdía influencia y presencia social de manera palmaria.

Afortunadamente, la actitud del Vaticano era muy diferente. Se reconocía el alivio que suponía el cambio de Gobierno en España, y se tenía muy claro que había que darle tiempo y que en todo caso cabía anticipar una colaboración más profunda y más leal que la obtenida del anterior. Se esperaba que el Gobierno avanzara en la solución de los problemas planteados, pero se comprendían las razones políticas que lo llevaban a fijar su propio orden de prioridades. Y, por supuesto, se tenía ya noticia de los problemas de fondo en las Iglesias vasca y catalana, encarnados, entre otros, en la figura de monseñor Setién.

En ese mismo mes de marzo de 1997 se presentó en Pamplona un documento, apoyado por la firma de casi quinientos sacerdotes, en el que se solicitaba a la Santa Sede la constitución de una provincia eclesiástica vasca formada por la archidiócesis de Pamplona y las diócesis de Bilbao, San Sebastián, Tudela y Vitoria.

El documento mereció una nota del arzobispado de Pamplona lamentando la forma elegida para presentarlo y también su contenido, que no correspondía a la realidad de Navarra ni respondía a sus necesidades pastorales, pero el hecho en sí anticipaba ya problemas mucho más graves en la Iglesia, y de ésta con el Gobierno. En junio de 2002, una carta pastoral de los obispos vascos mostraba su oposición radical al proyecto de Ley de Partidos que el Gobierno estaba preparando, sobre el argumento de que existían en el País Vasco comunidades nacionales enfrentadas y que Batasuna era la expresión política de un conflicto que venía de lejos y que en cierto modo la justificaba. Es decir, los obispos hacían suya una interpretación de las causas del terrorismo prácticamente coincidente con la de los propios terroristas.

Los obispos Ricardo Blázquez, de Bilbao; Juan María Uriarte, de San Sebastián; Miguel Asurmendi, de Vitoria, y Carmelo Etxenagusia, auxiliar de Bilbao, decían ante la posibilidad de la ilegalización de Batasuna: «Nos preocupan como pastores algunas consecuencias sombrías que prevemos como sólidamente probables y que, sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y ETA, deberían ser evitadas».

Una vez más, los obispos del País Vasco se equivocaban en sus juicios políticos, porque a la Ley de Partidos no siguieron consecuencias sombrías salvo para ETA y quienes la apoyaban; para el resto de la sociedad lo que hubo fue más libertad y más seguridad. La relación existente entre Batasuna y ETA era precisamente la clave que se encontraba en el origen de la nueva ley, y la que la hacía absolutamente necesaria y justificada, una «necesidad social imperiosa», como afirmó años después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero ante ese hecho, bien conocido por los obispos vascos, y ante la voluntad del Gobierno de poner fin a la impunidad, la reacción de la Iglesia vasca era proteger lo que había que combatir y combatir lo que había que proteger, un lamentable «sean cuales fueren las relaciones existentes» e incluso una advertencia al Gobierno sobre lo que se le vendría encima si continuaba adelante.

Desde Finlandia, donde me encontraba en visita oficial, califiqué la pastoral como la expresión de «una perversión moral e intelectual», cosa que sin duda era, y fueron muchas las voces que se escucharon en el mismo sentido. Sin embargo, la primera reacción de la Conferencia Episcopal Española no fue afortunada ni buena para la Iglesia española. Consideró injustificadas las reacciones políticas que se suscitaron y amparó la iniciativa de los obispos vascos apelando a partes del texto que habían quedado en segundo plano. Pero el sentido del documento era inequívoco para cualquiera que lo leyera, y la ruptura entre la Iglesia y la opinión pública se produjo de inmediato.

Se hacía evidente que el problema político de fondo de la Iglesia española lo constituía su relación con el nacionalismo y su posición ante el terrorismo, y que ésa iba a ser la gran dificultad a la que tenía que enfrentarse el cardenal Rouco como presidente de la Conferencia Episcopal, quien quizás se vio superado por los acontecimientos en un primer momento.

Sin embargo, Rouco comprendió pronto la magnitud del problema y la urgencia de ofrecer una solución que despejara cualquier ambigüedad sobre la sincera condena que el terrorismo merecía para la Iglesia y sobre el respeto y el afecto que mostraba a sus víctimas, una solución que no dejara duda alguna sobre su claridad moral.

Tuvo que respetar los tiempos y las servidumbres de una institución tan compleja como lo es la Iglesia, pero actuó bien, y pocos meses más tarde, en noviembre de ese mismo año 2002, la Conferencia Episcopal Española enmendó su error mediante la aprobación por amplísima mayoría de una instrucción pastoral dedicada a la «Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias». Un documento que despejó las dudas y disipó en parte el profundo malestar que sobre el conjunto de la sociedad española, pero especialmente sobre los católicos, había dejado la pastoral de los obispos vascos y la reacción de la Iglesia española. Ese malestar se había dejado notar sensiblemente en la aportación económica a la Iglesia, que descendió significativamente y que el Gobierno compensó.

Así se lo expresé al cardenal en la reunión que mantuvimos a principios de diciembre en la Moncloa. La imagen de la Iglesia ante los españoles cambió radicalmente en ese tiempo. Si en mayo de 2001 el Centro de Investigaciones Sociológicas registraba que casi el 50 por ciento de los españoles decía tener alguna o mucha confianza en la Iglesia, en septiembre de 2004 ese número no alcanzaba el 35 por ciento. El nacionalismo hizo y continúa haciendo un daño terrible a la Iglesia española.

El cardenal Rouco es un hombre de gran formación, de pensamiento profundo y de visión amplia. Un español cabal prevenido contra todo tipo de pulsiones identitarias y nacionalistas, que conoce muy bien y de primera mano.

Yo lo había tratado desde hacía tiempo, cuando era arzobispo de Santiago de Compostela, y luego con más cercanía como arzobispo de Madrid. Mantuve con él una relación magnífica, de provechosa colaboración, que entre otros frutos duraderos hizo posible la ampliación del Prado, donde desempeñaron un papel muy importante Pablo Isla —entonces director general de Patrimonio— y José Antonio Fernández Ordóñez, persona con la que entablé una gran amistad y que fue presidente del patronato del Museo del Prado hasta su fallecimiento.

La intervención de Rouco en aquel momento clave de 2002 fue muy importante desde el punto de vista político y para fijar una posición oficial, pero una parte de la Iglesia continuó mostrando su cercanía a las posiciones nacionalistas e incluso en ocasiones asumió su portavocía. Un vínculo que pocas veces he podido ver con tanta claridad como en una ocasión en que monseñor Uriarte acudió a una cena en la Moncloa. Llegó nervioso, con una carpeta de la que no se separó ni siquiera cuando la fisiología aconsejaba hacerlo. En un momento de la cena se decidió a abrir la carpeta, y lo que sacó de ella fueron unos papeles que inmediatamente comenzó a leer y cuyo parecido con lo que fue más tarde el plan soberanista de Ibarretxe era más que llamativo. Punto por punto. Nunca dijo hablar en nombre de nadie, pero era evidente que lo estaba haciendo. En casos como ése, la connivencia de la Iglesia vasca con el nacionalismo era absoluta.

Más tarde, con motivo de la última visita de Juan Pablo II a Madrid, Uriarte se encontraba entre los obispos que habían ido a recibir al Papa al aeropuerto de Barajas. Recuerdo su cara de preocupación ante la posibilidad de que yo le hiciese un desaire y le negara el saludo, cosa que por supuesto no sucedió. Fue una escena parecida a la que años antes tuvo lugar con su antecesor, el obispo Setién, durante el funeral que siguió al asesinato de Gregorio Ordóñez, cuando algunas personas se negaron a recibir la comunión de su mano o no le saludaron. Tampoco a él le hice ningún desaire.

El problema del nacionalismo se planteó desde el primer momento en las relaciones con la Santa Sede. Y especialmente la situación de la Iglesia en el País Vasco y en Cataluña, donde, como resultado de su activismo político, se encontraba peor que en ningún otro lugar de España. Allí, con frecuencia la religión ha sido sustituida por el nacionalismo, y no pocas veces los pastores de aquellas iglesias han dedicado más tiempo a ser buenos nacionalistas que a ser buenos pastores.

Lo que el Gobierno pretendía era evitar el goteo constante de declaraciones favorables al nacionalismo desde esa parte de la Iglesia. Buscaba un compromiso firme y expreso del Vaticano a favor de la unidad de España y contra las posiciones nacionalistas, que con frecuencia progresaban a través de la Iglesia. Obviamente, esto hacía que la información circulara intensamente cada vez que se procedía al nombramiento de un obispo.

No siempre con éxito. Con motivo de la sustitución por edad de monseñor Carles, arzobispo de Barcelona, mi Gobierno insistió a la Santa Sede en el error de ceder a la presión de las diócesis catalanas para nombrar a un sustituto de perfil nacionalista y en la conveniencia de atenerse al principio de universalidad, que hacía posible y recomendable un nombramiento diferente, como ocurría en tantos otros lugares del mundo. El nombramiento se retrasó a la espera de las elecciones de 2004, tras las cuales la opinión del Gobierno de España ante el Vaticano cambió. En el verano de ese mismo año, Lluís Martínez Sistach —de marcado acento nacionalista— fue nombrado nuevo arzobispo de esa sede, con el resultado que se encuentra a la vista.

Tanto el Papa como el cardenal Rouco eran personas de completa fiabilidad en cuanto a la oposición al nacionalismo se refiere, pero existe una resistencia profunda en algunos círculos vaticanos a comprender la naturaleza del nacionalismo y el daño que para la propia Iglesia supone que se anteponga la defensa de una supuesta identidad como pueblo a la tarea pastoral auténtica. En aquel momento, el deseo por parte del cardenal Re —el prefecto de la Congregación para los Obispos, encargado de proponer al Papa su nombramiento— de dar a la Iglesia catalana un obispo catalanista fue suficiente en el instante en que desapareció la oposición del Gobierno.

Cuando Juan Pablo II llamó a los jóvenes de Cuatro Vientos a mantenerse alejados del nacionalismo, lo hizo en este contexto y no por casualidad.

La enseñanza de la religión y la financiación de la Iglesia fueron, junto a los ya mencionados, los dos grandes asuntos que estuvieron presentes en la agenda de esos años.

En la enseñanza de la religión confluían dos tipos de problemas. Por una parte, la regulación de los contenidos y de su valor curricular. Por otra, el régimen laboral de los profesores que la impartían. El punto de partida era el rechazo por parte de la Iglesia a la forma en que el Partido Socialista, una vez suprimida la Ética, había regulado la materia alternativa a la Religión. Esta materia alternativa había terminado por convertirse en una actividad paraescolar sin contenido académico real. Devaluándola, se devaluaba la asignatura misma de Religión.

Desde 1999 el Gobierno había intentado modificar esta situación, y aunque el proyecto se interrumpió con las elecciones del año 2000, fue retomado con la aprobación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación. Tanto esta ley como los reales decretos que la desarrollaron fueron aceptados por la Iglesia católica. La nueva regulación estableció una única asignatura obligatoria para todos los alumnos que se denominó Sociedad, Cultura y Religión, y que ofrecía dos opciones. Una de carácter confesional, según el credo por el que optaran los padres de entre los que habían suscrito acuerdo con el Estado. La otra, de carácter no confesional, que incluía historia de las religiones y otras materias relacionadas, cuyo contenido determinaba la Administración y era impartida por profesores de Historia y de Filosofía. Ambas materias eran evaluables, aunque no tenían consecuencias en la promoción al curso siguiente. Esto, sin embargo, no terminó con los problemas en la enseñanza de la religión, principalmente por la actitud de una parte de la izquierda.

La legislatura terminó con el asunto en manos del Tribunal Constitucional, y cuando visité la Santa Sede en enero de 2004 existía una voluntad por su parte de alcanzar un consenso que permitiera el normal desenvolvimiento de la docencia.

Las relaciones financieras entre la Iglesia y el Estado se regían por el sistema de asignaciones de un modo provisional, hasta que pudiera lograrse la autofinanciación de la Iglesia. Existía un proyecto que se estructuraba en tres fases sucesivas. Una primera, en la que el Estado consignaría en los Presupuestos Generales del Estado una cantidad global destinada al sostenimiento de la Iglesia. Una segunda, en la que nos encontrábamos, con un sistema mixto, en la que la Iglesia contaría con una cantidad asignada por los contribuyentes (un porcentaje en el IRPF), complementada por una asignación presupuestaria. Y una última, en la que se eliminaría la asignación presupuestaria y la Iglesia se autofinanciaría con la asignación del IRPF, que no llegó a producirse hasta algunos años más tarde, con el Partido Socialista.

El principal problema para avanzar hacia el modelo definitivo fue que el porcentaje de quienes marcaron la casilla de la Iglesia en la declaración del IRPF comenzó a descender bruscamente con el cambio de siglo, lo que habría hecho imposible la autofinanciación, y movió al Gobierno a garantizar los ingresos que la Iglesia necesitaba. En algunos casos el descenso fue dramático, motivado por los errores políticos —en el País Vasco, entre 1997 y 2003 la asignación descendió en un 40 por ciento— y también económicos, como el caso Gescartera, sociedad intervenida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en la que algunas instituciones de la Iglesia habían invertido grandes sumas de dinero.

En ocasiones como ésas, y pese a la firme voluntad del Gobierno y a la del cardenal Rouco, la Iglesia no hacía mucho por dejarse ayudar.

En defensa de la vida

Cuando recibí al cardenal Rouco por primera vez como presidente del Gobierno, él aún no era cardenal, sino arzobispo de Madrid. Estaba entonces preocupado por el desarrollo de la manipulación genética, pero también por la posibilidad de que se aprobase el matrimonio homosexual. Le di seguridad de que durante mi mandato no se aprobaría ese cambio en el modelo de matrimonio y también de que cualquier iniciativa relativa a la protección de la vida contaría con mi apoyo.

Así lo hice también en respuesta a una carta enviada en enero de 1999 por monseñor Yanes, aún presidente de la Conferencia Episcopal. En ella manifestaba su preocupación por varios puntos del borrador del programa que estaba elaborando el Partido Popular Europeo para las elecciones de aquel año y que autorizaban la experimentación con embriones humanos. La acción de los representantes españoles hizo posible que el programa finalmente aprobado descartara mencionar esa experimentación. Más tarde, en noviembre de 2003, el Gobierno español votó en contra de la propuesta de financiación comunitaria de proyectos de investigación con embriones humanos.

La investigación con embriones se convirtió en esos años en uno de los temas más controvertidos y de mayores implicaciones morales. Yo tenía todas las reservas sobre la posibilidad de autorizar ese tipo de investigaciones. El conocimiento de que se disponía era escaso, y la necesidad de tener una opinión solvente y contrastada me llevó a crear el Comité Asesor de Ética para la Ciencia y la Tecnología, un grupo de reflexión de gran nivel, de gran cualificación, que estuvo presidido por el microbiólogo César Nombela y que contó con eminentes especialistas.

Existía una enorme presión en algunos medios para que se autorizara cualquier tipo de experimentación, e incluso se afirmaba que la prudencia del Gobierno constituía un obstáculo para la ciencia y una regresión hacia posiciones prácticamente inquisitoriales. Muy pocos —entre ellos George W. Bush— actuamos al margen de esas presiones y nos mantuvimos en una posición de defensa de la vida. Hubo muchas resistencias en el seno del Consejo Europeo y en la ONU, pero era evidente que en las posiciones favorables a la experimentación faltaba reflexión y sobraban ideología e intereses.

La ligereza con que se había hecho en España la Ley de Reproducción Asistida, que procedimos a reformar, había dado por resultado una gran cantidad de embriones congelados sobre los que en aquellos momentos había que tomar una decisión. Ana Pastor hizo un buen trabajo en esta materia.

Recuerdo una célebre reunión con científicos durante la inauguración del Instituto de Astrofísica en la que alguien me propuso: «Destruya usted los inviables y quédese los viables». Pero al preguntar cómo era posible distinguir unos de otros no había forma de encontrar una respuesta clara. La posición mayoritaria era que había que destruirlos porque eso simplemente ahorraba problemas. Hablé con mucha gente, también con la Iglesia, que fue muy activa, y tomé la decisión de no descongelarlos, de no destruirlos. Siempre es preferible errar a favor de la vida.

Pero es que además aquella decisión no fue un error, sino un acierto. El tiempo y la ciencia nos han dado la razón a quienes mantuvimos posiciones más conservadoras, pese a las durísimas críticas que tuvimos que recibir de personas como Bernat Soria, que luego sería ministro en el Gobierno socialista. La experimentación con células madre y el uso de embriones no era el único camino por el que la ciencia podía avanzar, como se ha demostrado. Era posible encontrar modos de ayudar a la vida sin destruir la vida.

Uno de los temas inevitablemente polémicos que conciernen a la defensa de la vida es el del aborto. En algunas ocasiones, ya fuera del Gobierno y con motivo de las reformas legales que se abordaron hace unos años por el Partido Socialista, hubo quien se preguntó por qué no impuse una reforma en sentido contrario.

Yo voté en contra de la modificación de la Ley del Aborto en los años ochenta. Me considero un militante del derecho a la vida. Y lo cierto es que nunca se me planteó una propuesta de modificación de la ley que estaba en vigor y que el del aborto no fue nunca un tema significativamente presente en la agenda de las relaciones con la Iglesia, aunque en sí mismo no se trate de un tema propio de la Iglesia.

En realidad, la presión social y política se ejercía en sentido contrario, como dejó de manifiesto en 1997 la nueva propuesta de uso de la píldora abortiva RU-486, y en 1998 la pretensión de ampliación de los supuestos no punibles de aborto. En ambos casos el Gobierno y el Partido Popular se opusieron, pero la reforma de ampliación del aborto sólo pudo rechazarse después de varios empates en una votación que podía haberse perdido, y la relativa a la píldora RU-486 fue aprobada por la mayoría parlamentaria.

Siempre tuve mis reservas en cuanto a la legislación del aborto, siempre dudé de si debía impulsar o no una reforma, pero era claro que no existía una mayoría social ni política para ello. Pregunté en diversas ocasiones sobre cómo estaba funcionando la ley vigente y debo decir que no estoy seguro de que se me dijese toda la verdad.

Nadie nunca ni dentro de la Iglesia ni fuera de ella me habló seriamente de ese tema ni me propuso una reforma en sentido contrario a la que se logró rechazar en 1998. Se trataba entonces de un tema sobre el que no existía tensión social en España, lo que seguramente tendría que ser motivo de reflexión para todos. Hoy día, hay lugares en los que antes de abortar las mujeres deben escuchar los latidos del corazón de su hijo. Creo que la ciencia avanza en un sentido que hará que la destrucción voluntaria de la vida del no nacido encuentre cada día menos coartadas.

CAPÍTULO 7

La historia se reanuda

El primer semestre de 2002, España iba a asumir la presidencia semestral de la Unión Europea. La Unión se encontraba en pleno proceso de ampliación hacia los países de Europa central y del Este, a los que ya se incluía en la ronda de visitas que realizaba el presidente de turno. Con veintisiete países para visitar, en el semestre de presidencia no había tiempo suficiente, de modo que había que empezar antes. Y así fue como me encontré en Estonia el 11 de septiembre de 2001.

Estaba reunido con el primer ministro cuando, cerca ya del final de la reunión, nos avisan de que algo grave ha pasado en Nueva York y que las televisiones están emitiendo imágenes de las Torres Gemelas en llamas por el impacto de dos aviones. Nos quedamos en el despacho del primer ministro estonio, donde vemos el derrumbe de las torres. Me puse en contacto con Madrid y anulé el encuentro que tenía previsto en Lituania, el siguiente país que iba a visitar en esa gira.

Hablé con Mariano Rajoy, que como vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior se hizo cargo de coordinar las primeras medidas de seguimiento y prevención que había que adoptar. Rajoy convocó un gabinete de crisis en el Ministerio del Interior en el que analizaron las primeras informaciones de que se disponía y las decisiones que era necesario tomar. Se dispuso una vigilancia reforzada de lo que los expertos llaman infraestructuras críticas, se reforzó el contacto con los medios y se tuvo que actuar ante el cierre del espacio aéreo de Estados Unidos, que afectaba a varios vuelos de compañías españolas que tenían como destino el territorio norteamericano o tenían que sobrevolarlo. La situación aumentaba en confusión ante el ataque al Pentágono y la noticia de que otro avión había sido derribado sobre Pensilvania por los propios pasajeros, quienes se enfrentaron a los terroristas para impedir que éstos lo pudieran dirigir contra otros objetivos. El presidente Bush había embarcado en su avión oficial de acuerdo con los procedimientos de seguridad previstos, y se desconocía su paradero.

Pronto se vio que estábamos ante un ataque terrorista de unas enormes proporciones en víctimas y daños, y en el impacto moral y simbólico que causaban los objetivos elegidos y el procedimiento para llevarlo a cabo. Estados Unidos había sido atacado por primera vez en su territorio continental. Lo que no había ocurrido en décadas de guerra fría y de amenaza nuclear soviética había pasado precisamente cuando el colapso de la Unión Soviética y sus satélites habían abonado la tesis del «final de la historia» tan brillantemente elaborada por Francis Fukuyama.

Las imágenes, las opiniones y el reflejo que los medios iban ofreciendo daban idea del estupor y la conmoción que aquello estaba causando. Algunos dieron también la medida de su iniquidad hablando abiertamente de los atentados como un castigo merecido a los norteamericanos por su política en Oriente Medio. El contento de algunos sectores al sentir que aquello era el ajuste de cuentas con Estados Unidos que estaban deseando los metía de lleno en la justificación de los terroristas. Todos teníamos conciencia de que estábamos asistiendo a un hecho absolutamente singular, de los que marcan la historia con mayúsculas.

Regresé a Madrid desde Estonia. La situación en España era tranquila. El tráfico aéreo iba normalizándose a pesar de las restricciones en Estados Unidos, y no habíamos registrado alteraciones del orden. En estas circunstancias siempre cabía temer que alguien, persona o grupo, se sintiera impulsado a cometer algún acto de violencia queriendo imitar a los terroristas. Nada de eso ocurrió.

La primera reacción, superada la conmoción inicial, no podía ser otra que la de una cerrada solidaridad y apoyo al pueblo norteamericano ante el ataque sufrido, nuestra condolencia a las víctimas y nuestro compromiso frente al terrorismo, cualquiera que fuese su cara o la motivación que alegara.

Así lo hice en una declaración institucional desde la Moncloa.

El primer dirigente europeo que visitó Estados Unidos después de los atentados fue el presidente francés Jacques Chirac. Chirac me llamó para aclarar que no pretendía arrogarse la representación de la Unión Europa, sino que tenía un viaje previsto a Washington y Nueva York, y los propios norteamericanos le habían dicho que no lo suspendiera. Chirac quería saber si yo tenía algún inconveniente en que él pudiera transmitir un mensaje de carácter general que recogiera el sentir de los europeos. Le aseguré que no tenía ningún problema en que lo hiciera. Es más, me parecía lógico en aquellas circunstancias. Para entonces yo había hablado con Bush y le había expresado mi apoyo, asegurando que mi solidaridad en la lucha contra el terrorismo iba a ser completa. Le añadí que por mi experiencia en otras situaciones domésticas ahora iba a recibir las expresiones de solidaridad de todo el mundo, y eso era importante y había que valorarlo. Pero que, al cabo de unos meses, no serían tantos los que quedarían.

No tuve prisa en ir a Nueva York porque aquello se había convertido casi en una carrera. Bush me llamó para preguntarme por qué no iba. Buscamos fechas y se organizó el viaje para noviembre. Visité la Zona Cero junto con mi mujer Ana y el alcalde Giuliani. Vimos el efecto devastador que habían tenido los atentados. Tuve la oportunidad de reunirme con españoles afectados por la tragedia de las torres y escuchar su historia. Unos habían perdido a sus familiares. Otros tenían a sus familiares desaparecidos. Y otros, milagrosamente, habían conseguido salir, entre ellos, un gallego que estaba arriba del todo, en la azotea de una de las torres, bajó por las escaleras todo el edificio, salió a la calle y se salvó. Una cosa que me pareció totalmente milagrosa.

Para entonces, no sólo estaba clara la autoría de los atentados, sino que ya se había reconstruido la historia de los terroristas y sus movimientos, así como la responsabilidad última de Osama bin Laden y de la red de Al Qaeda, que conducía directamente a Afganistán.

El terrorismo, amenaza global y amenaza común

La historia, a veces, nos sitúa en puntos culminantes, ante hechos decisivos, con responsabilidades y oportunidades que podemos aprovechar o no. Por mi parte, tenía una idea bastante clara de que si, a raíz de estas circunstancias, nosotros queríamos dar un salto cualitativo determinante en la lucha contra el terrorismo interno, nuestro grado de implicación en los asuntos de seguridad internacional tenía que aumentar. El juego había cambiado. No podíamos pedir a los demás lo que nosotros no estábamos dispuestos a aportar. Y, a mi juicio, había llegado el momento de aportarlo, lo que significaba que España habría de asumir responsabilidades internacionales más intensas de lo que estaba acostumbrada a asumir. De hecho, alguna pista se dio cuando decidimos la integración en la estructura militar de la OTAN. Ésa es la posición que transmití al Gobierno y ésa sería una de las reglas en las que se iba a mover la política exterior española.

En esas semanas se forjaron dos cosas. La primera fue que el terrorismo se convirtió en el primer problema del mundo después de que nada menos que la primera potencia hubiera sido atacada en su corazón político, financiero e institucional. La segunda fue que la amenaza terrorista no era sólo un problema de Estados Unidos de consecuencias globales, sino que era en sí mismo una amenaza global de la que nadie podía sentirse a resguardo. Había que articular respuestas globales, había que revisar todos los medios de la lucha antiterrorista y de cooperación entre los países y, finalmente, había que aplicar no sólo los mecanismos de seguridad existentes, sino diseñar nuevas fórmulas flexibles de actuación donde fuera necesario, tanto desde el punto de vista de la obtención de información e inteligencia como desde el punto de vista de la persecución de los responsables de organizaciones y redes.

A esta nueva situación da respuesta la doctrina sobre seguridad y lucha global contra el terrorismo basada en la prevención que Bush emprende y lidera con una enorme determinación. Deja claro que Estados Unidos ha sido atacado, que a partir de ahí se establece una diferencia muy clara entre los que están con Estados Unidos en su responsabilidad con la seguridad propia y la global, y los que no lo están; pero no puede haber nadie neutral cuando está en juego la seguridad. Todos aquellos que amparen, financien o alienten el terrorismo serán considerados terroristas; todos aquellos que den cobijo a los terroristas serán considerados terroristas. Y Estados Unidos será el principal actor de esta doctrina. Bush lleva a cabo una reestructuración gigantesca de los organismos de seguridad de Estados Unidos, introduce las reformas legislativas necesarias para habilitar la nueva estrategia de seguridad y define los papeles que cada una de las agencias y las Fuerzas Armadas desempeñarán en este escenario de lucha global contra el terror.

Pero no sólo se queda en eso. Hay una idea importante que se desarrolla desde los llamados «neoconservadores» cuya reflexión estratégica contribuye a la nueva doctrina de seguridad. Se trata de establecer una relación directa entre el carácter del régimen político y el peligro que reviste. Las democracias puede comprobarse que no van a la guerra. Los regímenes autoritarios y corruptos en el mundo islámico están enajenando a sus ciudadanos y lanzándolos hacia el radicalismo religioso y la yihad. Se empieza a gestar la iniciativa del Gran Oriente Medio y se pone el acento en la necesidad de promover transformaciones democráticas porque en ellas, en nuevos sistemas democráticos, radicaría, en último término, la garantía más duradera de seguridad.

El impacto de los atentados del 11 de septiembre y los cambios que provocaron afectaron claramente a España en tres aspectos. Los compromisos antiterroristas entre España y Estados Unidos que habíamos anudado en la visita de Bush a Madrid se fortalecen, es decir, se estrecha nuestra relación, aumenta la colaboración y, sobre todo, la confianza, entre otras razones, porque nosotros teníamos una cierta autoridad nacida del ejercicio de la lucha antiterrorista en España, la sociedad española acumulaba un gran sufrimiento y resultábamos creíbles cuando afirmábamos nuestra solidaridad, que siempre habíamos manifestado.

En este terreno fui muy claro dentro y fuera de España cuando dije que la solidaridad tiene que ir en dos direcciones: no podías pedir solidaridad en la lucha antiterrorista que tenías que mantener por la seguridad de tu país y pensar que no tenías que dar esa misma solidaridad cuando otros tenían que afrontar esa misma lucha. A estos efectos, para mí, todos los terrorismos eran iguales, los perpetrase quien fuera, ocurriesen donde ocurriesen. Daba igual que fuese en Nueva York, en Tel Aviv o en Roma, en Pamplona o en Madrid. Podía haber distintas manifestaciones del terrorismo, distintas estrategias y diversas raíces ideológicas, diferencias en su forma de actuación y de organización que naturalmente había que conocer para actuar con eficacia contra los terroristas. Pero Bin Laden no era la protesta por la pobreza o la opresión en el mundo; era la expresión de una decisión ideológica criminal que obligaba a combatir tanto los crímenes como las ideologías criminales que los alentaban.

El segundo cambio crucial para España derivado del 11-S consiste en que el terrorismo deja de ser un fenómeno doméstico que algunos países —como España— sufrían localmente y que, en todo caso, debía ser objeto de la cooperación bilateral. Eso deja de ser así y el terrorismo que uno sufre empieza a tener para los demás las mismas connotaciones que el terrorismo global. Podías establecer diferencias en cuanto a la matriz ideológica en que cada expresión del terrorismo se movía; pero, de la misma manera que Bin Laden no era expresión de la lucha contra la pobreza, tampoco ETA era la expresión de la opresión de España sobre los vascos, como sostenían. En la lucha contra el terrorismo interno, el que representaba ETA, nuestra posición se fortaleció extraordinariamente. Había una exigencia compartida de un nuevo modelo de cooperación internacional, el terrorismo era objeto de una visión global en la que se situaban también las expresiones consideradas locales o nacionales y se asumió que la lucha contra el terror no podía parcelarse, no podía fragmentarse, sino que había que actuar en todos los frentes en los que se desafiaba nuestra seguridad y nuestra democracia.

El tercer efecto que produjeron los atentados del 11-S fue un cambio en la posición de la Unión Europea sobre el terrorismo y un avance muy importante en los instrumentos y en la cooperación entre los socios de la Unión en esta materia.

España había sido en gran medida la impulsora del llamado «tercer pilar», el espacio de seguridad, libertad y justicia por cuyo desarrollo trabajamos mucho. Fue especialmente importante el Consejo Europeo de Tampere, durante presidencia finlandesa, donde salen adelante propuestas muy ambiciosas que habíamos planteado de modo que la UE se dotase de los instrumentos de cooperación necesarios para dar respuesta al terrorismo. Sabíamos que teníamos que aprovechar aquella oportunidad para impulsar la política antiterrorista en la Unión. Era un momento propicio, pero también estaba convencido de que aquello tenía un efecto limitado y que pasados unos meses del impacto del 11-S renacerían los viejos prejuicios, los viejos problemas, las antiguas desconfianzas. Por eso quisimos darle toda la celeridad a la aprobación y a la puesta en marcha de aquellos compromisos, y aprovechamos la presidencia española en el primer semestre de 2002 para hacerlo.

La tarea no era fácil porque partíamos de muy abajo. Nuestra ventaja fue que los acontecimientos nos habían encontrado trabajando. En preparación de la presidencia española, los ministros de Interior y Justicia, Ángel Acebes y José María Michavila, habían trabajado intensamente con sus colegas europeos para impulsar que todos los países de la Unión tipificasen el delito de terrorismo y que se avanzara en la euroorden, un instrumento de cooperación judicial que tenía que superar el procedimiento de extradición clásico. Se trataba de que, en este terreno, las relaciones entre Estados dejaran de regirse por el principio de sospecha al que llevaba el procedimiento de extradición por el de confianza, que era el que alentaba la euroorden. El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, me contó que cuando los aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas se encontraba comiendo con el embajador alemán en Madrid para convencerle de que su país apoyara esta propuesta. Todavía en aquellos momentos, la primera respuesta era que se trataba de un problema bilateral de cooperación antiterrorista entre Francia y España y que no hacía falta meter a la Unión. Bien es verdad que una semana después, en Bruselas, los ministros de Justicia aprobaban la euroorden, de acuerdo con una propuesta que un experto español había redactado para el Gobierno semanas antes.

Después de los atentados de Nueva York y Washington, se convocó un Consejo Europeo Extraordinario, al que llevamos un conjunto de medidas muy importante. Fue allí donde propusimos la creación de la lista europea de organizaciones terroristas, en términos parecidos a la que tenía Estados Unidos, para incorporar tanto a individuos como a organizaciones. Se encargó a la Comisión proponer el procedimiento de inclusión en la lista y las consecuencias de ello. Los norteamericanos tienen dos —una lista del Departamento de Estado y otra del Departamento de Comercio— a efectos de penas, congelación de activos y sanciones a financiadores.

La lista europea funcionó bien para los efectos que nos proponíamos y para todas las expresiones del terrorismo; también, por ejemplo, las FARC de Colombia, que incluimos a petición del presidente Pastrana tras la ruptura de las negociaciones con este grupo.

De este modo, fuimos capaces de impulsar un nuevo marco de cooperación contra el terrorismo y crear instrumentos para ello que pocos consideraban posibles.

Afganistán

Era evidente que Estados Unidos tenía que responder. La respuesta era atacar el refugio talibán en que se había convertido Afganistán, donde se escondían Al Qaeda y sus dirigentes, empezando por Osama bin Laden.

La respuesta tenía complicaciones. Y, sin duda, Pakistán era seguramente la mayor complicación de todas por la sensibilidad que tenía con el radicalismo islámico, por la relación con el régimen talibán y por un intrincado circuito de poder en el que alguno de los aparatos más poderosos del Estado mantenían una relación cuando menos ambigua con los talibanes y la propia red de Al Qaeda.

La respuesta militar de Estados Unidos vuelve a transformar a un presidente norteamericano en comandante en jefe. La presidencia de Bush queda radicalmente transformada. Cuando Bush llega a la Casa Blanca tiene las ideas que, como decía Kohl, tienen todos los presidentes norteamericanos: grandes ideas de transformación del país para concentrarse en la política doméstica de Estados Unidos mucho más que en la exterior. El pequeño problema que tenían, y tienen, es que todo el mundo forma parte de la política doméstica de Estados Unidos cuando se trata de los problemas que deben resolver un presidente, un secretario de Estado o un secretario de Defensa.

Bush estaba muy interesado en una nueva definición de las relaciones con la Unión Europea. Quería ampliar el elenco de amigos, lo cual para España era muy importante. Concedía un gran valor a la relación con Rusia y a la revisión de los efectos estratégicos de esa relación en la que situaba el famoso escudo antimisiles. Y, finalmente, Bush quería hacer de Latinoamérica un foco prioritario de su gestión, de ahí su primera visita al rancho del presidente de México, Vicente Fox.

Precisamente es en ese lugar donde las cosas se empiezan a complicar porque cuando está reunido con Fox a Bush le llega la noticia de un ataque angloamericano sobre Bagdad. La noticia del ataque a Bagdad hace reventar la reunión y la conferencia de prensa posterior. La noticia presentada así no se ajustaba a la realidad. Aquello no era un ataque deliberado de norteamericanos y británicos, sino que se trataba de un incidente en las misiones que vigilaban las zonas de exclusión aérea para impedir actuar a la aviación iraquí. Sin embargo, aquello fue como un primer aviso de que los deseos pueden torcerse y de que por el mundo había otras complicaciones inesperadas.

Bush actúa como comandante en jefe de una nación que se considera en guerra y que hace de la lucha global contra el terrorismo su máxima prioridad. Lo lleva hasta el detalle, hasta el punto de establecer que los informes de inteligencia que recibía todas las mañanas a las siete empezasen siempre por una valoración de la lucha antiterrorista en diversas partes del mundo.

Bush daba la razón a los que sostenían que la debilidad es provocativa, y es posible que pensara que Estados Unidos no había acertado a interpretar correctamente las advertencias que ya había sufrido.

Me pareció muy inteligente que, a pesar de la contundencia con que Bush quería responder a los terroristas, desde el primer momento tuvo cuidado en no demonizar al islam o a los musulmanes. El islamismo, el fundamentalismo islámico, es visto como una gran amenaza, pero hay que recordar que lo primero que hace Bush después de los ataques es acudir a la mezquita de Washington para dejar claro que él no considera al islam en sí como una amenaza.

La intervención en Afganistán da lugar a que se contrapongan visiones distintas dentro de la Administración norteamericana, lo que luego se reproduciría en Irak. Rumsfeld era partidario de golpear con dureza a los talibanes y a las bases de Al Qaeda y marcharse después, y siempre se mostró en contra de un compromiso militar de la entidad que se requería. Se abre un debate sobre el alcance de la persecución del terrorismo y la implicación militar, el cambio de régimen y la institucionalización. Todos estos temas reaparecían a propósito de Irak. En Afganistán este debate no afectó al compromiso de todos los países que, como España, en el marco de la misión de la OTAN, participamos en la respuesta. Irak no sería lo mismo.

El accidente del Yakovlev-42

La presencia militar de España en Afganistán se encuadraba en esa política de compromiso activo con la seguridad internacional que fue uno de los pilares de nuestra política exterior. Pero los riesgos existen y son de diferente naturaleza. Todos los españoles que antes y después han dado su vida en el cumplimiento de su deber en estas misiones merecen el mayor reconocimiento, y nos recuerdan la gravedad de las responsabilidades que España había asumido en su contribución a la seguridad global.

El 26 de mayo, lunes siguiente a las elecciones municipales de 2003, toda la satisfacción que habían traído unos buenos resultados se volvió consternación y una enorme tristeza cuando supimos que un avión que transportaba a militares de vuelta a España tras su periodo de servicio en Afganistán se había estrellado en Turquía. No había supervivientes. Era una tragedia que se había llevado la vida de 62 españoles, junto con la de 12 ucranianos y un bielorruso miembros de la tripulación. Nuestra reacción fue inmediata. El ministro de Defensa, Federico Trillo, viajó hasta el lugar del accidente con los jefes militares correspondientes para impulsar los trabajos de rescate y repatriación de los restos.

Aunque los fallecidos procedían de diferentes provincias, se optó por celebrar un funeral oficial con los féretros de todos los fallecidos acompañados por sus familias en la base de Torrejón. Lo iban a presidir los Reyes y asistiría el Príncipe. Se quería dar a la ceremonia la máxima solemnidad en reconocimiento de las víctimas del accidente, la expresión de un homenaje merecido.

Al llegar, Federico Trillo me advierte de que hay un ambiente de gran división.

La imagen de los 62 féretros alineados en Torrejón era de una gran intensidad. Hacía mucho calor aquel día de final de mayo. En la tribuna reservada a los familiares era visible su duelo y seguramente también su cansancio.

Reconozco que no fue la única pero sí una de las experiencias más dolorosas que he vivido. Por un lado, como presidente del Gobierno me sentía muy cerca de quienes habían muerto por razón del cumplimiento del deber. Por otro, fui testigo y objeto de unas reacciones que no podía esperar.

Oímos de todo. Los ministros del Interior, Ángel Acebes, y de Defensa, Federico Trillo, fueron insultados de una manera brutal e injustificable, sobre todo Trillo. Creo que fueron tres personas las que se negaron a saludarme cuando acompañamos al Rey a dar el pésame a las familias. Hubo quien profirió cosas atroces. Alguien a tres metros de mí me lanzó las injurias más graves que nunca he recibido. Vi en estas actitudes un odio que me impresionó. Costaba creer que algunos hubieran ido a llorar a seres queridos. Yo no había pasado por una desgracia como aquélla, pero desgraciadamente había acompañado muchas veces a muchas familias en momentos terribles de dolor y había sido testigo de su presencia de ánimo. Nadie podía reparar lo ocurrido, y aquellas reacciones hacían más dolorosa aquella tragedia. También es verdad que hubo comportamientos ejemplares en medio de todo el dolor de aquel momento, personas que pidieron excusas por lo que se había oído allí y reprochaban las actitudes que se estaban manifestando. La Reina, visiblemente afectada por la situación, tuvo palabras de ánimo para nosotros.

Había hecho mella en la sociedad española la demonización del Gobierno a la que había conducido una estrategia de agitación que pasaba por hacernos culpables directos de todas las catástrofes.

Pendiente de las conclusiones de la investigación, la impresión era que se había tratado de un error humano en la maniobra de aproximación en medio de unas malas condiciones meteorológicas. En la contratación del aparato se había seguido el procedimiento habitual a través de la NAMSA, la agencia de la OTAN encargada de ello.

Todavía en plena conmoción por el accidente, se vuelve a culpabilizar directamente al Gobierno. Ése era el objetivo político, al margen de las responsabilidades que hubiera que determinar o de los procedimientos de actuación que conviniera revisar.

Posteriormente, se descubrió que 30 de los 62 cadáveres habían sido repatriados sin acreditar su identidad. Las familias tenían derecho a una explicación que diera cuenta de lo que había ocurrido y a una reparación del daño moral que se les había infligido. Tres jefes militares, entre ellos el general jefe de la Inspección General de la Sanidad de la Defensa, fueron condenados.

El informe oficial sobre el accidente se hizo público en julio de 2005, más de un año después de que saliéramos del Gobierno, y confirmó la hipótesis inicial: el aparato no tenía deficiencias estructurales ni defectos en los motores, llevaba combustible suficiente y contaba en ese vuelo con doble tripulación. La tripulación era experimentada, disponía de todas las habilitaciones necesarias y, en contra de lo que se especuló, dio negativo en los análisis de alcoholemia. El accidente fue causado por un error en la aproximación al aeropuerto de Trebisonda.

Pero el Gobierno estaba en la diana de todo, y ese «todo» llegaba a la atribución de culpabilidad. Eso no era ni razonable ni aceptable. Pronto resultó que los que menos apoyaban el gasto en defensa, o lo criticaban en los términos más duros, empezaron a reclamar que aumentara.

Sólo unos días después, el 3 de junio, se produjo un grave accidente ferroviario en Chinchilla. Diecinueve muertos. El escenario que había dejado era sencillamente aterrador.

Por aquellos días, recuerdo que escribí en uno de mis cuadernos: «¿Cuándo llegará nuestra porción de buena suerte?». Recordaba el libro de un autor británico, Ron Butlin, titulado Nuestra porción de buena suerte, que, por cierto, regalé a Blair.

España en los Balcanes

Antes de la presencia española en Afganistán, nuestras Fuerzas Armadas y de seguridad habían tenido una intervención muy activa junto con nuestros aliados en el conflicto de Bosnia, primero, y después en el de Kosovo.

El conflicto en los Balcanes es un indicador de los nuevos factores de inestabilidad internacional que se ponen en juego después del fin de la guerra fría. Era parte de esa «reanudación de la historia». El paradigma internacional cambia y desaparecen los elementos de orden internacional que introducía la bipolaridad de Estados Unidos y la Unión Soviética.

El colapso de Yugoslavia y la reaparición de los conflictos étnicos era una expresión del fin de este modelo y un sangriento recordatorio del abismo moral y de la destrucción a la que el nacionalismo excluyente y etnicista volvía a arrastrar a Europa.

Quería apoyar los esfuerzos que nuestros militares venían realizando en un conflicto que había devuelto a Europa a episodios de genocidio que creíamos imposibles de revivir. Decidí hacer una visita muy pronto, al comienzo de mi mandato, a las fuerzas españolas en Bosnia-Herzegovina y en la base italiana de Aviano, desde donde se llevaban a cabo las misiones aéreas en las que los pilotos españoles destacaron por su altísima cualificación.

El 8 de julio de 1996, dos meses después de llegar al Gobierno, viajé a Bosnia. Empecé visitando Mostar, una ciudad destruida, de edificios acribillados por los impactos de balas que atestiguaban el encono de los odios entre gentes que habían decidido dejar de convivir. Era la imagen misma de aquel conflicto.

Primero en el marco de UNPROFOR y después en el de IFOR —las misiones internacionales de paz y de protección de la población civil—, el trabajo de las fuerzas españolas estaba siendo admirable y su relación con las comunidades locales se tenía por un ejemplo de cómo había que actuar en aquel entorno tan complejo. Así lo pude confirmar en el encuentro con los líderes locales. En la plaza de España de Mostar presidí un solemne acto en honor de los caídos y descubrimos una placa con los nombres de los soldados españoles que habían dado su vida en la misión humanitaria. De allí seguimos hacia Medjugorje para visitar al destacamento español. De vuelta a Madrid, habíamos incorporado una visita a la base italiana de Aviano. Me explicaron en detalle las misiones que realizaba el Destacamento Ícaro de la fuerza aérea y pude hablar con los pilotos de los F-18 que habíamos desplazado allí. Fue una jornada larga y de agenda muy apretada, pero me resultó muy útil para conocer en persona las responsabilidades que habíamos asumido y tuve la satisfacción de ver que nuestras fuerzas estaban realizando un gran trabajo que era objeto de reconocimiento general.

La participación en estas misiones me reafirmaba en la necesidad de proseguir con la modernización de nuestros ejércitos. La profesionalización había sido un paso importante, pero era necesario mejorar su dotación de medios. Con este objetivo se pusieron en marcha los grandes programas de armamento, que no solamente han supuesto un gran salto en las capacidades de las Fuerzas Armadas desde entonces, sino que han tenido un gran impacto positivo, tecnológico e industrial que ha resultado decisivo para el mantenimiento de la industria de defensa española.

Cuando el 24 de marzo de 1999 el secretario general de la OTAN, Javier Solana, ordenaba el comienzo de los bombardeos sobre objetivos militares serbios, la Alianza Atlántica abrió un nuevo capítulo en su historia. El objetivo era la protección de la población de Kosovo frente a la limpieza étnica que el líder serbio Slobodan Milosevic estaba llevando a cabo.

La intervención militar se justificaba en la obligación de protección humanitaria, pero el veto ruso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a toda actuación sobre el régimen de Milosevic privaba a esta decisión de la habilitación legal que, sin embargo, años más tarde se exigiría airadamente en el caso de Irak. La acción sobre el régimen de Belgrado se encontraba justificada por principios básicos de protección de los derechos humanos ante una situación en la que la responsabilidad la habríamos contraído si no hubiéramos actuado.

La intervención era necesaria y, además, perentoria para evitar un nuevo desastre humanitario de enormes proporciones. Al iniciarse la intervención, más de cuatrocientos mil refugiados kosovares ya habían sido desplazados hacia Albania y otros veinte mil se encontraban camino de esa frontera. Macedonia había acogido para entonces a casi doscientos mil refugiados y otros ochenta mil habían sido recibidos en otros países.

Las acciones militares aliadas duraron algo más de dos meses. Milosevic tuvo que desistir de sus propósitos, pero quedaba por delante garantizar la protección de la población de Kosovo tras el cese de las operaciones militares y llegar a un marco de convivencia en la zona. Y ninguno de los dos objetivos eran fáciles.

Para la protección de la población y el mantenimiento de la paz se puso en marcha una nueva fuerza internacional, la Fuerza Multinacional de Seguridad en Kosovo (KFOR), liderada por la OTAN y habilitada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que supuso el despliegue de 42.000 efectivos de 30 países en Kosovo, de los que España llegó a aportar 1.200.

Asumimos nuestra parte de responsabilidad en el remedio a la crisis humanitaria que el conflicto de Kosovo había desatado. Las Fuerzas Armadas levantaron un campamento de refugiados en Albania y acordamos acoger en España en diversos centros a un número de refugiados que a primeros de junio de ese año superaban con creces el millar. En esas fechas recibí en Madrid al líder kosovar Ibrahim Rugova, que vino a agradecer la ayuda que España había prestado.

Años después, en febrero de 2008, la cuestión de Kosovo tuvo un desenlace político que rechacé públicamente, al aceptarse la declaración unilateral de independencia acordada por el Parlamento kosovar.

Quise dejar constancia no sólo de mi rechazo a que se aceptara la independencia de Kosovo por decisión unilateral, sino a que se distorsionara el sentido de la actuación de la OTAN a la que habíamos prestado una contribución destacada.

Tuve oportunidad de hacerlo en un artículo en el periódico italiano Il Messaggero. Creía necesario contar las cosas como habían sido y recordar —y yo lo recordaba muy bien— que «la OTAN no fue a la guerra en 1999 para asegurar la independencia de Kosovo», sino para proteger los derechos de todas las minorías al ser inaceptable la construcción de Estados nacionales sobre la base de la limpieza étnica. Es decir, «la OTAN se embarcó en su intervención militar para preservar la tolerancia y consolidar los Estados multiétnicos. Quien piense lo contrario se equivoca. Y quien lo diga, si conoce las deliberaciones de aquel momento, miente». Porque no se podía ni olvidar ni convalidar el maltrato que la mayoría albanokosovar había infligido a la minoría serbia en un deleznable desquite, forzando la expulsión de la población serbia tras la destrucción de sus templos y de sus monumentos históricos. Por eso, «reconocer ahora a Kosovo —escribía— es olvidarse de los principios que inspiraron y guiaron nuestra intervención del 99».

La independencia unilateral de Kosovo fue un error y un precedente lamentable que persiste en esta Europa en la que quiere revivir con fuerza el nacionalismo excluyente que impide la pluralidad y la convivencia en libertad.

CAPÍTULO 8

«A por ellos»

Un nuevo impulso internacional

El 11-S cambió la historia, y este cambio se tradujo en una profunda modificación de las prioridades estratégicas globales. Se trataba ahora de combatir y neutralizar el terrorismo.

Cambia también la dimensión del problema al mundializarse éste. La amenaza procede de grupos situados fuera de los países atacados pero con frecuencia con redes más o menos amplias de apoyo local, nuevas técnicas, disposición de utilizar la propia vida como arma y la asistencia de Estados que bien utilizan el terrorismo como un instrumento de estrategias para la desestabilización internacional, o bien se trata de organizaciones estatales penetradas y dominadas por redes terroristas.

El enorme impacto que produjo el 11-S también cambió radicalmente la percepción de la comunidad internacional sobre esta amenaza. Ese cambio era necesario, y más en Europa, donde el terrorismo se veía como un fenómeno local que no comprometía la seguridad global. El terrorismo de raíz nacionalista seguía asociándose a problemas políticos internos de los Estados que lo sufrían, lo que, en buena medida, inhibía la cooperación debida entre Estados democráticos. Sin embargo, no todo podía atribuirse a la lejanía con que otros países contemplaban el terrorismo que nos golpeaba. Las estrategias seguidas para afrontar el problema, que habían oscilado entre la negociación recurrente y la guerra sucia, debilitaban la posición de España para requerir a sus socios y aliados que dieran un impulso más firme a la cooperación. Teníamos que ser conscientes de que si queríamos aprovechar la gran «ventana de oportunidad» que se nos abría debíamos hacer todo lo que dependía de nosotros.

La conmoción causada por los atentados de Nueva York y Washington era algo más que una «ventana de oportunidad» para dar un salto decisivo en la cooperación internacional. Pero, por nuestra parte, no podíamos mandar mensajes contradictorios sobre nuestra propia estrategia antiterrorista. En la cooperación contra ETA nadie iría más allá de lo que nosotros mismos estuviéramos dispuestos a llegar con la ley en la mano. Nosotros éramos los que teníamos que marcar la pauta si queríamos que nuestros socios la siguieran.

Se dio la circunstancia de que España debía desempeñar la presidencia de turno de la Unión Europea en el primer semestre de 2002. Nos correspondería, por tanto, promover y gestionar las iniciativas europeas para una estrategia global de lucha contra el terrorismo, y plasmar en la agenda transatlántica el nuevo marco de cooperación entre Europa y Estados Unidos. España tenía experiencia, autoridad moral y liderazgo para hablar con una voz respetada en esta materia. Además, es cierto que la Unión se había empezado a mover en el desarrollo de un espacio común de libertad y seguridad. Había varias iniciativas planteadas que se fueron culminando en un plazo relativamente breve de tiempo.

El 21 de septiembre de 2001, diez días después de los atentados, nos reunimos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión en un Consejo Europeo Extraordinario que celebramos en Bruselas bajo presidencia belga. En la convocatoria, el primer ministro belga Guy Verhofstadt hablaba de «la necesidad de desarrollar e instaurar una política europea de lucha contra el terrorismo» que debería ser «global y perdurable en el tiempo». Estábamos de acuerdo.

Éramos conscientes de la importancia de que aquel Consejo Europeo alcanzase compromisos claros en la lucha antiterrorista. Si no se aprovechaba para hacerlo así, era bastante probable que reaparecieran las reticencias tradicionales y la tendencia a acomodarse en políticas de mínimos. En aquella situación teníamos un papel que desempeñar —y creo que eso era lo que los demás esperaban— y estábamos decididos a hacerlo. Preparamos a conciencia la intervención en el consejo, donde propuse un conjunto de medidas que marcarían el gran salto que debíamos dar en este terreno. Urgí a que se aprobara la orden europea de detención y entrega (la llamada «euroorden») y a acordar con carácter inmediato la constitución de equipos conjuntos de investigación. Pedí que se concluyera la revisión de la directiva antiblanqueo y que estableciéramos un marco de sanciones para los que se negaran a cooperar.

Fue en ese consejo donde, además de estas medidas, propuse —con éxito— la creación de una lista europea de organizaciones terroristas. Se trataba de incorporar a una lista aceptada por todos a los grupos y a las personas vinculadas a éstos que estuvieran identificados como amenaza terrorista. La incorporación a esa lista suponía definir objetivos prioritarios, y acababa con las coartadas políticas con las que los terroristas querían encubrir la violencia que practicaban.

Era importante también que la Unión reaccionase mostrando su voluntad de llevar a cabo una nueva política transatlántica en la lucha contra el terrorismo. No era sólo una cuestión de solidaridad. Nuestra seguridad como europeos dependía mucho de ello. Por eso, propuse que la UE promoviera una resolución en las Naciones Unidas para incluir al terrorismo en la categoría de crimen contra la humanidad. También, que estableciera un marco formal de relación con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, que negociara en este marco un acuerdo de cooperación judicial e incluyera la lucha contra el terrorismo internacional entre las misiones que debía contemplar la política europea común de seguridad y defensa, para lo que había que revisar los objetivos de nuestras capacidades militares.

Finalmente, me parecía claro que teníamos que afirmar el interés europeo para fortalecer el Proceso de Barcelona como foro de diálogo entre las dos orillas del Mediterráneo y allanar el camino para avanzar en una política europea de inmigración.

Este consejo fue, en ese sentido, un adelanto de nuestra presidencia, que prolongó y reforzó las iniciativas que desde Europa había que adoptar para dar una respuesta a la altura de las circunstancias al desafío que el terrorismo nos lanzaba.

En los meses siguientes fuimos avanzando en la mayoría de las medidas propuestas y sumando apoyos y despejando alguna de las objeciones que ciertos países mantenían hacia alguna de las propuestas de cooperación más innovadoras. Todas las medidas que se fueron concretando en esos meses tuvieron un impacto positivo extraordinario. Suponían avances prácticos que, como el caso de la orden europea de detención y entrega, fundamentaban la cooperación en la confianza entre países democráticos o, como ocurría con la lista de organizaciones terroristas, incorporaban nuevos instrumentos al acervo europeo.

La lista de organizaciones terroristas tuvo una importante repercusión, lo que venía a confirmar su utilidad. Como presidente semestral de la Unión recibí la petición expresa de Andrés Pastrana para incorporar a las FARC y al ELN. Un mes después, las FARC y el ELN eran considerados oficialmente a todos los efectos organizaciones terroristas en la Unión Europea, algo que tenía un especial valor dadas las simpatías con que en determinados sectores políticos y de opinión en Europa contaban estos grupos, que suscitaban en parte de la izquierda europea la misma e inexplicable fascinación que todo lo que en América Latina se autoproclamara como revolucionario. También incorporamos a las denominadas «Autodefensas Unidas de Colombia», un grupo paramilitar de extrema derecha formado para combatir a las FARC. El primer ministro Ariel Sharon también me escribió para pedir formalmente la inclusión de Hezbolá en la lista europea. Se ha tardado once años en lograr un acuerdo para la ilegalización parcial de Hezbolá.

España había alcanzado una relación muy estrecha con Estados Unidos. El entendimiento con Clinton había sido muy productivo. Yo había visitado oficialmente la Casa Blanca en dos ocasiones, y Clinton había realizado una visita oficial a España en julio de 1997 con motivo de la cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid. Aquella cumbre fue importante no sólo porque éramos los anfitriones y por ser la primera en la que España participaba como miembro pleno de la Alianza y su estructura integrada de mando, sino porque se aprueba la ampliación de la Alianza a Hungría, Chequia y Polonia, y se identifica el terrorismo como amenaza común. Esa prioridad se reproduce en la nueva doctrina estratégica de la OTAN que se aprueba en 1999 en la Cumbre de Washington, donde conmemoramos el quincuagésimo aniversario de la organización.

Había una magnífica sintonía entre las Administraciones española y estadounidense. A esa sintonía contribuyeron con dedicación y eficacia personalidades como Madeleine Albright, la secretaria de Estado del momento, una gran política por la que siento un sincero afecto personal y a la que siempre he reconocido su aportación a las relaciones con Europa en general y a nuestra relación bilateral. Esa relación se fortaleció aún más con la llegada a la Casa Blanca de George Bush. Había empezado su primer viaje a Europa por España y ya en este primer encuentro hablamos en detalle de la amenaza terrorista y acordamos compromisos de cooperación importantes. Bush me había mostrado su apoyo sin reservas a la estrategia del Gobierno contra ETA y no tardó en demostrar que ese apoyo no era sólo retórico.

La relevancia de nuestra relación bilateral con Estados Unidos nos situaba en una posición muy sólida para impulsar una agenda transatlántica de lucha contra el terrorismo en todos los frentes en que ésta tenía que desarrollarse. La cumbre entre la Unión Europea y Estados Unidos debía celebrarse en mayo de 2002 bajo presidencia española; y ése era, en aquel contexto, un acontecimiento político y diplomático que debería culminar ese nuevo marco en que íbamos a combatir el terrorismo a uno y otro lado del Atlántico.

Para preparar la cumbre y para reforzar la cooperación bilateral se produjo en abril de 2002 la visita a Madrid del secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell. Una de las figuras más respetadas en la vida pública norteamericana. Su brillante carrera militar desde un humilde origen en una familia de emigrantes jamaicanos era toda una historia admirable en la que se identificaba la imagen de Estados Unidos como tierra de oportunidades, de superación personal y de patriotismo. Su nombre había aparecido como posible candidato a la presidencia por el partido republicano en 1996 y luego a la vicepresidencia en el ticket republicano de 2000 encabezado por Bush. Al parecer por razones personales, no aceptó estas posibles nominaciones, pero luego tuvo la satisfacción de ser nombrado secretario de Estado y ver su designación aprobada por unanimidad en el Senado. Mi relación personal con Powell fue siempre afectuosa y de mutua confianza, más allá de las convenciones diplomáticas. El diálogo con Powell era fácil y su disposición a impulsar y trabajar con inteligencia en el fortalecimiento de las relaciones resultó siempre de gran ayuda para nosotros, como tuvo oportunidad de demostrar en la crisis de Perejil.

Dos meses antes de su visita a Madrid, Powell había presentado ante el Congreso las prioridades de la política exterior norteamericana, en las que dominaba la misión y el liderazgo que Estados Unidos debía asumir en la lucha contra el terrorismo ante los riesgos asociados al proceso de globalización y la interacción entre la dimensión exterior y la seguridad interna norteamericana.

Los focos de preocupación eran la proliferación nuclear y el control de materiales radiactivos, el acceso a armas químicas y bacteriológicas, y la persistencia de regímenes políticos en Estados fallidos al margen de la comunidad internacional que eran verdaderos factores de desestabilización y de complicidades, en unos casos posibles, en otros comprobadas, con grupos terroristas, algo a lo que el presidente Bush se había referido como el «eje del mal».

La cooperación bilateral iba muy bien y la visita de Powell lo confirmó. Además de ETA, en marzo, Estados Unidos había incluido a veintiuna personas y organizaciones del entorno de ETA en la lista del Departamento de Estado que habilitaba la congelación de cuentas y activos en cualquier lugar, lo que impedía cualquier actividad en territorio norteamericano. Para entonces se había intensificado de manera muy notable la colaboración entre las agencias de seguridad de Estados Unidos, cuyos medios tecnológicos y su capacidad para el tratamiento de información potenciaron la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ya era muy alta.

El Gobierno, por su parte, había autorizado la aportación de España a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) en Afganistán, cuya misión era apoyar al Gobierno interino.

Quisimos materializar la ampliación de nuestra relación bilateral a través de un Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa. Se trataba de resolver algunas cuestiones pendientes sobre la presencia militar norteamericana en España, pero, sobre todo, queríamos dar un impulso muy serio a la cooperación bilateral en materia industrial y tecnológica en el ámbito de la defensa y en materia de seguridad. Así formalizamos nuestra voluntad de seguir avanzando en estas prioridades.

Sólo con la ley pero con toda la ley

El avance que se estaba produciendo en la cooperación internacional y la nueva percepción del terrorismo como un problema que no sólo afectaba a quien lo sufría directamente nos ofrecían nuevas oportunidades de impulsar la lucha contra ETA. Pero también nos planteaba nuevas responsabilidades.

Coincidían factores muy diversos en aquella situación. El cambio de actitud internacional en relación con el terrorismo ocurría cuando estaba reciente la ruptura por parte de ETA de la «tregua» que había declarado en 1998. El Partido Popular había conseguido una amplia mayoría absoluta en las elecciones del año 2000, lo que abría la posibilidad de aprobar instrumentos legales que hasta entonces la falta de apoyo parlamentario había vedado. Además, el Partido Socialista, después de proponer un pacto de mínimos que en realidad pretendía escenificar principios obvios de la lucha antiterrorista sin valor añadido para ésta, se avino a un acuerdo de fondo en el que establecimos el objetivo de la derrota de ETA en lo que fue el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo de diciembre de 2000. Por otra parte, la persistencia criminal de ETA no hacía más que dejar en evidencia la política rupturista del nacionalismo vasco y sus pretensiones «soberanistas» que representaba desde la presidencia del Gobierno vasco Juan José Ibarretxe, a pesar del fracaso y la división que había deparado el Pacto de Estella. El fracaso de las políticas patrocinadas hasta el momento frente a ETA tanto por parte de la izquierda como del nacionalismo extendió el convencimiento de que había que continuar, fortalecer y ampliar una estrategia legal, judicial, policial y cívica, dentro y fuera de España, que movilizara todos los medios del Estado de derecho para derrotar al terrorismo. ETA debía perder toda esperanza de legitimarse a través de una negociación política, las organizaciones políticas y sociales bajo la disciplina etarra debían saber que esa sumisión a ETA tenía consecuencias, y los presos debían ser conscientes de que, en contra de lo que les contaban sus abogados en las cárceles, las condenas se iban a cumplir.

La insistencia de muchos a lo largo de muchos años en soluciones pretendidamente «políticas» al terrorismo había conducido a una verdadera crisis de legalidad y a desistir de afrontar el problema con los instrumentos del Estado de derecho. Ese desistimiento había alimentado tanto las estrategias de quiebra de la ley en la lucha antiterrorista como la aceptación de que ETA, de un modo u otro, acabaría sólo tras una negociación política. En esta visión, la ley era un elemento secundario y muchas veces su aplicación se denunciaba como un obstáculo para la paz. Con ello, la defensa de la democracia quedaba inhibida por cálculos políticos y de oportunidad que una y otra vez se demostraban equivocados.

No estábamos dispuestos a continuar transitando por caminos que en el mejor de los casos no nos llevaban a ningún lado más que a acrecentar la sensación de impunidad del mundo de ETA y de indefensión de tantos ciudadanos. Lo dijimos desde el comienzo de nuestra etapa de Gobierno y seguíamos en ello. Era el momento de redoblar ese impulso.

Se tenían que superar las causas que habían llevado a esta situación que nos proponíamos cambiar. Por un lado, los socialistas se escudaban en un garantismo mal entendido para oponerse a nuevos instrumentos legales para combatir a ETA en todas sus expresiones. El PP, en legislaturas anteriores, había propuesto sin éxito medidas como el cumplimiento íntegro de las penas para delitos de terrorismo que el PSOE había rechazado alegando que iría en contra de la reinserción contemplada en la Constitución. Aquellas posiciones de los socialistas siempre pretendían exhibir la supuesta superioridad moral de la izquierda cuando se entraba en el terreno de las garantías constitucionales. Pero además de intentar dar lecciones sobre respeto a derechos fundamentales, para lo que el PSOE carecía de autoridad, la razón de este bloqueo sistemático a avanzar en los medios de defensa del Estado de derecho radicaba en la idea de que el PNV tenía algo así como un derecho de veto tácito sobre las medidas de política antiterrorista. Invocando la necesidad de mantener la unidad en la política antiterrorista, se excluía todo lo que el PNV no aprobaba. Se había aceptado que el nacionalismo se convirtiera en la hipoteca perpetua sobre la política antiterrorista que condenaba a ésta a moverse a la velocidad que marcaba el más lento o que, simplemente, no quería avanzar en absoluto, para forzar una imaginaria «solución política» de la que el PNV sería beneficiario.

Era evidente que este paradigma era incompatible con el compromiso de derrotar a ETA, pues de derrota se trataba, no de otra cosa. Por eso, cuando Rodríguez Zapatero habló de un acuerdo en materia de terrorismo entre el PP y el PSOE, nuestra respuesta fue que pacto sí, pero no para mantener una estrategia frente a ETA negativamente condicionada por el nacionalismo vasco, sino para comprometernos con la derrota de la banda, es decir, con el reconocimiento a las víctimas, con la movilización social y con el apoyo sin reservas a los instrumentos del Estado de derecho.

No podía ser que, mientras la sociedad española —y dentro de ella, con una valentía cívica ejemplar, muchos vascos— se movilizaba dolorida e indignada contra los crímenes terroristas, los cómplices y defensores de éstos siguieran instalados en las instituciones. Era inaceptable que el terrorismo callejero, dirigido por ETA, impusiera su violencia en las calles del País Vasco, acosando a ciudadanos e instituciones sin las consecuencias penales adecuadas para sus responsables. Como tampoco era de recibo que una legislación anticuada malbaratara las condenas a terroristas con beneficios penitenciarios y fórmulas de redención de condena que resultaban escandalosas. Un firme estado de opinión entre la gran mayoría de los ciudadanos, unido a nuestra mayoría parlamentaria, permitía un cambio sustancial de las cosas. Teníamos que llevar a los españoles al convencimiento de que a ETA se la podía derrotar, y que para ello el terrorismo debía ser considerado como un todo, pues se trataba de una estrategia concertada entre organizaciones, en apariencia de diferente naturaleza, pero unidas por una finalidad común, e instrumentos todas ellas de la banda terrorista.

La primera ley que pusimos en marcha, en diciembre de 2000, fue la que regulaba la responsabilidad penal de los menores en relación con los delitos de terrorismo. El terrorismo callejero, la llamada kale borroka, se calificó como un delito de terrorismo, con lo que la jurisdicción para instruirlo y juzgarlo pasó a la Audiencia Nacional. Se excluyó en estos casos la aplicación de la ley penal del menor y se estableció la exigencia de responsabilidad civil para los padres de los menores que resultaran responsables de actos de terrorismo callejero, que siempre implicaban destrucción del patrimonio público.

Los efectos fueron inmediatos y los episodios de terrorismo callejero disminuyeron de forma muy acusada en cuanto comenzó la aplicación de la ley. Destrozar mobiliario urbano, quemar autobuses, agredir a la policía y amedrentar a la gente no era cosa de héroes que hacían méritos como aprendices de pistolero, sino de delincuentes a los que se les reducía el terreno de impunidad.

El acoso terrorista se había cebado con los cargos municipales del PP y el PSOE y con las propias instituciones locales donde ETA y Batasuna querían imponer su ley. Querían forzar el abandono de los concejales a través de amenazas y de una presión brutal que terminara por hacer quebrar la representación municipal. Promovimos la Ley para la Garantía de la Democracia en los Ayuntamientos y la Seguridad de los Concejales, que pactamos con el PSOE. La ley facultaba al Consejo de Ministros para disolver aquellos ayuntamientos que apoyaran a ETA o a sus terroristas, quienes eran objeto de homenajes y señalados con nombres de calles en diversos municipios vascos. Pero, además, protegía el funcionamiento de los ayuntamientos frente a los actos de sabotaje que llevaba a cabo Batasuna. Para evitar lo que ETA pretendía, la ley preveía el nombramiento como concejales de personas que no se habían presentado como candidatos en el caso de que abandonaran todos los componentes de una lista electoral.

Junto con la Ley de Partidos Políticos y casi tan importante como ésta, establecer el cumplimiento efectivo de las penas fue un avance decisivo para quebrar las estructuras de ETA. Había adquirido carta de naturaleza una interpretación abusiva del principio de reinserción, como si éste fuera el derecho a que se acortaran las penas. En junio de 2003 se aprobó la ley que ponía fin a unos beneficios injustificados para los responsables de delitos de la máxima gravedad (homicidio, asesinato, violación). En virtud de esta ley —cuyos principios luego fueron extendidos mediante la llamada «doctrina Parot»—, en lo sucesivo los beneficios penitenciarios para estos delitos se aplicarían sobre el total de las penas impuestas y no sobre el máximo tiempo de cumplimiento de condena que establecía el Código Penal. Hasta entonces el sistema de cálculo de las condenas al aplicar los beneficios sobre el máximo de cumplimiento legal, situado en treinta años, suponía de hecho la impunidad para buena parte de la trayectoria criminal de terroristas condenados por varios delitos de máxima gravedad. Se elevó a cuarenta años el máximo legal de cumplimiento, y se estableció un periodo mínimo de cumplimiento de la condena para acceder al tercer grado penitenciario. Se protegieron los intereses legítimos de las víctimas y su resarcimiento, y se establecieron criterios de cumplimiento de las penas que dejaban claro a los terroristas condenados el futuro que les esperaba. Sabíamos lo importantes que eran los presos para ETA y el esfuerzo que la banda terrorista hacía para mantener la disciplina entre ese grupo en el que la banda alimentaba esperanzas de salir asegurándoles negociaciones inminentes y campañas de violencia que harían claudicar al Gobierno. Pero no se trataba sólo de hacer de la política penitenciaria un instrumento más eficaz de lucha contra ETA. Estaba en juego un principio de justicia y de reparación hacia la sociedad y hacia las víctimas, de firmeza y de credibilidad del Estado de derecho. José María Michavila, entonces ministro de Justicia, resumió la lógica de esta reforma legal en el argumento de que no tenía sentido que se aplicaran los beneficios penitenciarios de la misma manera a quien había sido condenado a tres o cinco años que al que se le había impuesto una pena de mil años, como, por otra parte, era el caso de los peores asesinos de ETA. Matar no les iba a salir tan barato como podían pensar.

La ley abordaba aspectos sensibles desde el punto de vista político y acababa con una especie de tabú político. La negociamos con el Partido Socialista, que detrás de objeciones constitucionales escondía su incomodidad. La negociación no siempre fue fácil, pero alcanzamos un acuerdo que mantenía los objetivos y la eficacia de la nueva norma, y resultaba aceptable para los dos. A los socialistas les tocaba hacer el trayecto más largo desde las posiciones que tradicionalmente habían mantenido, y éramos conscientes de ello. Si podíamos facilitar las cosas para que hicieran ese viaje, manteniendo el sentido y la eficacia de la ley, estábamos dispuestos a ello. Desde luego que Batasuna y ETA se dieron perfecta cuenta de lo que aquello suponía para el control que ejercían sobre las cárceles y, más aún, lo que aquello significaba de determinación de acabar con la estructura de organizaciones que mantenía todavía en pie la actividad terrorista. Estábamos rompiendo el compacto entramado del terror, y sus responsables lo sabían. Escuchamos las críticas previsibles que hablaban del cumplimiento efectivo de las penas como una cadena perpetua encubierta y nos acusaban de introducir leyes de excepción. Pero ni lo uno ni lo otro. Contraponer a la ley la reinserción en el caso de ETA era un argumento más bien falaz porque la banda prohibía a sus presos acogerse a estas medidas y el balance de etarras reinsertados y genuinamente arrepentidos era perfectamente descriptible.

La Ley de Partidos Políticos

La creación de una nueva arquitectura legal que pusiera en manos del Estado de derecho los instrumentos necesarios para combatir el terrorismo en todos sus frentes necesitaba fortalecer el eslabón más débil. Éste era la persistencia de organizaciones políticas al servicio de ETA que podían actuar desde la legalidad, estar presente en las instituciones, disfrutar de la protección de éstas, recibir dinero público y ostentar poder en distintos niveles institucionales al mismo tiempo que ETA ejercía la violencia más sangrienta contra el sistema del que ilegítimamente se beneficiaba. De eso se trataba la Ley de Partidos Políticos, de impedir que esta situación se prolongara por más tiempo. Emplear los medios de la legalidad para impedir el atentado diario contra la democracia y la Constitución que perpetraban los cómplices políticos de ETA fue un objetivo central en la estrategia antiterrorista que pusimos en marcha.

De nuevo aquí, el garantismo mal entendido, los cálculos de oportunidad que siempre consideraban contraproducente actuar contra el brazo político de ETA y la paradójica creencia de que uno es más demócrata si deja actuar libremente a los que quieren acabar con la democracia habían recluido cualquier propuesta en este sentido al terreno de lo políticamente incorrecto. Sin embargo, Batasuna y antes Herri Batasuna y las demás marcas políticas de ETA habían ofrecido evidencias de su sometimiento a la banda y de su desprecio a las mínimas reglas del juego democrático. Eran disciplinados apologistas del crimen, legitimaban con su discurso el terrorismo, ofendían a las víctimas y propagaban el odio que allanaba el camino a la violencia terrorista. Eran la sección mafiosa de la banda, que actuando en la legalidad amenazaba a ciudadanos, intentaba silenciar a periodistas, gestionaba la extorsión y el chantaje, y señalaba a los pistoleros detrás de ellos para hacer saber las consecuencias a que se exponía aquel que se les opusiera.

Lejos de desvincularse de la banda terrorista, como muchos intentaban convencernos que harían, no perdían ninguna oportunidad de demostrar su estricta obediencia a los dictados de ETA, su inserción plena en el entramado etarra en una posición y con un papel esencial para la subsistencia de la organización.

Durante demasiado tiempo habíamos vivido instalados en una contradicción, la de luchar contra ETA y dejar intacto su soporte político en las propias instituciones democráticas. Esa contradicción se quería justificar en la imposibilidad jurídica de actuar contra la llamada «izquierda abertzale»: tenemos el convencimiento moral de que Batasuna es ETA —decían los más sesudos—, pero otra cosa es que podamos probarlo. Bueno, pues había llegado el momento de demostrar que esa resignación estaba fuera de lugar y que, con el marco jurídico adecuado, el apoyo de la opinión pública y la actuación de las instituciones del Estado, aquella situación podía y debía acabar.

Esa contradicción a la que me refiero chirriaba aún más en el nuevo escenario que el 11-S había creado y en el que España había asumido una posición muy destacada en el ámbito europeo y de relación con Estados Unidos. La lista de organizaciones terroristas de la Unión Europa lo puso en evidencia. Inicialmente pudimos incorporar a la lista a individuos condenados por terrorismo y a la propia ETA como organización. Pero no era posible incluir a Batasuna ni a otras marcas políticas que ETA venía utilizando porque nadie había impugnado estas organizaciones, ni las habían llevado a los tribunales como tales organizaciones, ni constaba en ningún lugar acusación de ilegalidad contra ellas. Objetivamente, este vacío, esta carencia en la actuación del Estado de derecho, nos abría un flanco de debilidad en nuestras peticiones de cooperación y solidaridad. Insisto: nadie iba a ir un paso más allá de allí donde nosotros estuviésemos dispuestos a llegar. Y teníamos que mandar un mensaje muy claro de que estábamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias que, con la ley en la mano, había que extraer, una vez comprobado que un partido político era un instrumento en manos de una organización terrorista y tenía por finalidad la destrucción del orden constitucional y democrático.

Años antes, en mayo de 1998, con motivo de la presentación de la candidatura de Carlos Iturgaiz a la presidencia del Gobierno vasco en las elecciones que iban a tener lugar en el mes de octubre de ese año, anuncié que ETA y Herri Batasuna acabarían en la cárcel, «que era donde debían estar». Aquellas palabras fueron acogidas con las previsibles reacciones de escándalo, atribuyéndolas, en el mejor de los casos, a un «calentón» por mi parte. No había tal. Era una firme convicción que la propia evolución de ETA afianzaría hasta poder cumplir con un compromiso democrático de defensa de nuestras instituciones años más tarde.

La movilización social contra el terrorismo ya no tenía sólo a ETA como referencia. Era creciente el clamor contra el papel que desempeñaban en la estrategia terrorista los cómplices políticos de la banda, entre los que figuraban influyentes dirigentes de ésta. También en el ámbito judicial se había avanzado sustancialmente en el esclarecimiento de las relaciones entre la izquierda abertzale y ETA a través de una doctrina jurisprudencial, debida en buena parte al magistrado Baltasar Garzón, que «levantaba el velo» de la apariencia y ponía de manifiesto el sometimiento a la banda de Batasuna y sus partidos antecesores.

A primeros de 2002 anuncié que enviaríamos al Congreso un proyecto de Ley Orgánica de Partidos Políticos y que promoveríamos la ilegalización de las organizaciones políticas bajo las que actuaba la denominada «izquierda abertzale».

Meses antes había pedido a Ángel Acebes un informe reservado sobre la viabilidad jurídica y el encaje constitucional de una Ley de Partidos que previera determinados supuestos de ilegalización. Ángel me entregó el informe, que despejaba el horizonte para proceder a una operación jurídica, legislativa y política que me parecía crucial en la estrategia contra ETA.

A primeros de 2002 reuní en la Moncloa a Mariano Rajoy, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja y Javier Zarzalejos. Les anuncié mi decisión de poner en marcha las actuaciones necesarias que llevaran a la ilegalización de Batasuna y las otras marcas políticas que ETA había utilizado (para entonces Herri Batasuna y Euskal Herritarrok). Todos comprendieron y apoyaron la decisión, y cada uno expuso sus observaciones, en las que variaba el análisis de las dificultades que aquello iba a comportar.

Era una operación jurídica compleja y sensible. Afectaba a una de las libertades fundamentales de la Constitución, y algunos casos de ilegalización de partidos habían llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, por lo que nuestras decisiones era seguro que serían escrutadas dentro y fuera de nuestro país. Como había ocurrido con otras iniciativas —y ocurriría después con el cumplimiento efectivo de las penas— seguíamos enfrentándonos a los tabúes que durante décadas, de manera más o menos comprensible, habían condicionado la política antiterrorista. Lo que ocurría es que este de la ilegalización era el tabú por excelencia.

Cuando anunciamos la iniciativa, los socialistas se molestaron. Dijeron que los compromisos del Pacto Antiterrorista obligaban al Gobierno a tratar estas iniciativas en el seno del pacto antes de hacerlas públicas. Pero yo no quería que una previsible polémica antes de que la iniciativa hubiera tomado cuerpo la malograra. Íbamos a dialogar con el Partido Socialista, que era nuestro interlocutor cualificado en este terreno, y queríamos llegar a un acuerdo sobre la ley, como, por otra parte, hicimos. Sin embargo, tomar la iniciativa, definir las prioridades y fijar la agenda del debate era responsabilidad del Gobierno, y más en un asunto de la máxima trascendencia como éste.

El 19 de febrero se reunió la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista, en una sesión a la que junto a los secretarios generales del PP y el PSOE, Javier Arenas y José Luis Rodríguez Zapatero, asistió Mariano Rajoy como ministro del Interior. En la reunión se iban a tratar medidas que aumentaran la seguridad de las sedes de ambos partidos y varias iniciativas legales para responder al acoso terrorista sobre los cargos municipales y la utilización de estas instituciones para diferentes manifestaciones de apoyo a ETA. La futura Ley de Partidos Políticos entró también en el ámbito del pacto.

El Partido Socialista se debatía entre su incomodidad ante una iniciativa de esta naturaleza y la constatación de que la Ley de Partidos Políticos contaba con un claro apoyo social, de modo que quedarse al margen sería muy difícil de explicar, y más para un partido que se quería presentar como una alternativa creíble. Pero también en este caso queríamos trabajar en los acuerdos posibles siempre que no desnaturalizaran el sentido y la eficacia de la ley.

La tarea de elaborar el proyecto correspondió al Ministerio de Justicia, que dirigía Ángel Acebes. Fue Ignacio Astarloa quien dio forma al texto. Realizó un magnífico trabajo y consiguió una más que afortunada formulación de cómo plasmar la regulación jurídica de aquello a lo que la Constitución habilitaba para hacer en defensa de la propia Constitución. Los exigentes filtros que la ley superó hasta llegar al Tribunal de Estrasburgo ratificaron la calidad jurídica y el acierto conceptual de aquella iniciativa. Era, probablemente, la norma más compleja y sensible de todas las aprobadas desde la promulgación de la Constitución. Ángel Acebes e Ignacio Astarloa acreditaron una extraordinaria solvencia jurídica y política, a la altura de un momento tan exigente como aquél.

Después de algunas declaraciones por parte de los socialistas que no ayudaban, las conversaciones que Ángel Acebes, Javier Zarzalejos e Ignacio Astarloa mantuvieron con sus interlocutores, especialmente Alfredo Pérez Rubalcaba, avanzaron hasta un punto en el que el Partido Socialista insistía con inflexibilidad. El PSOE no quería que un determinado número de diputados y senadores estuvieran legitimados para instar la ilegalización de un partido, de manera análoga a lo que ocurre con los recursos de inconstitucionalidad. Su idea era que pedir la ilegalización fuera una decisión del Gobierno que en modo alguno pudiese ser atribuida al Legislativo. Estábamos ante una cuestión de principio porque, tratándose de una decisión como la de pedir a los tribunales la disolución de un partido político, creímos que los tres poderes del Estado deberían quedar comprometidos. Se produjo una cierta escalada de declaraciones cada vez más desabridas de los socialistas poniendo en cuestión el proyecto. A pesar de todo el 19 de abril aprobamos en Consejo de Ministros la remisión al Congreso del proyecto de ley mientras continuaban las conversaciones para alcanzar un acuerdo con los socialistas, que también ponían pegas por la supuesta retroactividad de la ley. La ley —aclaramos— no sería retroactiva en el sentido prohibido por la Constitución a las leyes sancionadoras o restrictivas de derechos, pero eso no significaba que se pusiera el contador a cero en el caso de Batasuna. Llegado el momento de enjuiciar, habría que tener en cuenta su trayectoria y los vínculos estables con ETA que se habían mantenido en el tiempo.

La situación empezó a ser apremiante. La tramitación parlamentaria de la ley no debía tener retrasos innecesarios, y eso exigía cumplir los plazos. El 14 de mayo a las ocho de la tarde terminaba el plazo de enmiendas y, aunque se había aclarado satisfactoriamente la cuestión de la supuesta retroactividad que habían suscitado los socialistas, seguíamos sin acuerdo en lo que se refería a la intervención del Parlamento en el procedimiento de ilegalización. Poco antes de que concluyera el plazo de enmiendas, Alfredo Pérez Rubalcaba llamó a Javier Zarzalejos para comunicarle que en aquellas circunstancias el PSOE no presentaría enmiendas acordadas. Zarzalejos le informó de la decisión de seguir adelante con la tramitación del proyecto porque ya se había hecho un esfuerzo de acercamiento en una cuestión que afectaba a la propia filosofía de la ley y que los socialistas debían comprender. No obstante, acordaron apurar el escaso margen de tiempo que quedaba. Javier me dio cuenta de su conversación con Pérez Rubalcaba y le confirmé la decisión de no retrasar el tránsito de la ley. Apenas unos minutos antes del cierre del registro de enmiendas, Pérez Rubalcaba volvió a ponerse en contacto con Javier Zarzalejos. Ignacio Astarloa y Diego López Garrido estaban trabajando casi con el reloj parado en una fórmula: el Parlamento votaría sobre la ilegalización, pero no para instarla directamente, sino para solicitar del Gobierno que ordenase a la Fiscalía la presentación de la correspondiente demanda. Dimos el visto bueno a la fórmula, que confirmaba la intervención determinante del Congreso, como sosteníamos nosotros, aunque los Grupos Parlamentarios no fueran parte directamente legitimada, que era lo que los socialistas querían decir. De este modo pudimos presentar un texto que desde el principio de su discusión parlamentaria contaba con el apoyo de los grupos mayoritarios de la Cámara.

Correspondió a Ángel Acebes como ministro de Justicia presentar la ley en el Congreso. Fue una exposición de una gran brillantez, sólida y exhaustiva en su argumentación tanto política como jurídica, que situó el debate donde debía estar, es decir, en la necesidad de defender la democracia, las reglas del juego, el ejercicio del voto y de la representación no contaminado por la violencia terrorista. Al final la ley fue aprobada con los votos de PP, PSOE, CC y CiU, frente a PNV, IU y ERC, que votaron en contra.

El resultado de la votación y las iniciativas que PNV, EA, Izquierda Unida y Batasuna habían adoptado en el Parlamento vasco mostraban que el fracasado Pacto de Estella se había reactivado y reunía a sus firmantes para oponerse a la ley con argumentos que, desde luego, no nos sorprendían.

Xabier Arzalluz hablaba de una vuelta a los tiempos de la guerra civil y Juan José Ibarretxe, presidente del Gobierno vasco, se esforzaba en elaboraciones algo más sofisticadas para decir que el proyecto obstaculizaba «el debate que se estaba produciendo en el MLNV y en Batasuna que contestaba cada vez con más fuerza a la violencia de ETA», y añadía que la mayor parte de la sociedad vasca estaba convencida de lo siguiente: «Todo proceso de ilegalización nos aleja de la paz, en lugar de acercarnos a ella». Otros personajes, que continúan en la política vasca, sostenían que la ilegalización era «sociológicamente inviable». Se equivocaban y arrastraban a otros al error. El tiempo demostró su pertinacia en el error, pero éste fue tan grave que, desde que la Ley de Partidos Políticos y, en general, la acción del Estado de derecho demostró ser el instrumento determinante para la derrota del terrorismo, todos los esfuerzos de los que tanto se equivocaron han ido dirigidos a imponer un relato que oculte que fue la ley, la ley democrática, la que arrinconó a la banda terrorista, la ley que sistemáticamente rechazaron, que deslegitimaron y que ahora siguen intentando borrar como uno de los grandes logros de nuestra democracia.

Sin duda la reacción más grave en contra de la ley vino de la pastoral que los obispos vascos hicieron pública el 30 de mayo.

«Nos preocupan como pastores —decían los obispos— algunas consecuencias sombrías que prevemos como sólidamente probables y que, sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y ETA, deberían ser evitadas.» Y añadían: «Nuestras preocupaciones no son sólo nuestras. Son compartidas por un porcentaje mayoritario de ciudadanos de diversas tendencias políticas, [...] probablemente la división y la confrontación cívica se agudizarían».

Lo que decían y el contexto en el que lo decían, el desequilibrio que encontraba en el enfoque del problema y el alineamiento inequívoco con las posiciones nacionalistas que cargaban sobre la Ley de Partidos la responsabilidad de una supuesta confrontación civil en el País Vasco me causó una profunda indignación que no oculté. Se creó una situación complicada con la jerarquía eclesiástica, luego resuelta.

Con todo, fue útil que se manifestaran las posiciones que auguraban estas consecuencias, las que insistían en que la ilegalización era inviable, para probar hasta qué punto su diagnóstico estaba equivocado. Porque la Ley de Partidos y la ilegalización después no provocaron ese amotinamiento popular en defensa de Batasuna que algunos esperaban. Más bien lo contrario. Lo que se puso de manifiesto fue la soledad en la que queda el matón cuando se le hace frente y la eficacia de la ley cuando acaba con la impunidad de los que se acostumbran a imponerse mediante el miedo y la coacción.

La ilegalización de Batasuna, «una necesidad imperiosa»

El 4 de agosto, ETA atentaba contra un cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante). Un coche bomba había asesinado a un hombre de 57 años y a Silvia, una niña de 6, hija de un guardia civil, que se encontraba jugando en casa. El atentado causó cuarenta heridos y más de doscientas cincuenta personas tuvieron que ser evacuadas. Los terroristas habían puesto todas las condiciones para causar una masacre con un resultado aún más letal que el que habían conseguido. Lo que siguió nos reafirmó en lo inaceptable de seguir manteniendo en la legalidad a los que después del silencio se atrevieron a justificar semejante crimen, amenazar con más violencia y atribuir al Estado la responsabilidad de las atrocidades que ETA cometía. El entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, recibió una instrucción precisa: «Esto se ha acabado, Ángel. Hay que pedir la ilegalización ya».

Asistí al funeral de la niña en Santa Pola. Al día siguiente, me desplacé a Palma, donde mantuve un largo despacho con el Rey, el primero de los dos que tenían lugar durante el mes de agosto. Hablé con el Rey en detalle de la situación creada por el atentado y las medidas que el Gobierno se proponía adoptar. Después del despacho, comparecí ante los medios en los jardines del Palacio de Marivent y afirmé literalmente: «No estoy dispuesto a que por más tiempo la basura que son los dirigentes de Batasuna sigan paseándose libremente, impunemente, por las calles mientras los españoles tenemos que enterrar víctimas inocentes, niños incluidos».

Al vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los ministros de Interior y Justicia, Ángel Acebes y José María Michavila, correspondía poner en marcha el proceso. Requería un acuerdo parlamentario y la decisión posterior del Consejo de Ministros. Pero antes había que reunir y ordenar las pruebas que se debían presentar en la Sala Especial del Tribunal Supremo y redactar los escritos de la Fiscalía y de la Abogacía General del Estado que iniciarían el procedimiento de ilegalización. Estos órganos, dirigidos por Jesús Cardenal y Arturo García-Tizón, ofrecieron con gran solvencia una argumentación jurídica muy sólida.

El día 10 de agosto José María Michavila y Javier Zarzalejos se reunieron con Alfredo Pérez Rubalcaba y Carmen Chacón para acordar la forma de proceder. El ministro de Justicia presentó un informe detallado de los fundamentos jurídicos en que se iba a basar la demanda de ilegalización. Era necesario convocar un pleno extraordinario que por primera vez en democracia se celebraría en el mes de agosto y, aunque hubo algunas reticencias entre los socialistas para dar la máxima celeridad a la tramitación, finalmente la convocatoria salió adelante. «Lo que había que hacer, ya está hecho» fue lo que me limité a declarar.

Tres días después, el 13 de agosto, se presentaba la propuesta de resolución que habría de votarse en el Congreso. El texto resumía los hechos más relevantes que mostraban la vinculación con ETA de Batasuna y sus antecedentes, la negativa a condenar el terrorismo, la concertación en una misma estrategia en la que la banda terrorista y sus organizaciones se repartían los papeles, y la sucesión de amenazas con las que Batasuna extendía la violencia y la coacción que ETA generaba en la sociedad y las instituciones. Mariano Rajoy coordinó las diferentes actuaciones del Gobierno y a él le correspondió la interlocución con los demás Grupos Parlamentarios para conseguir el máximo apoyo a la resolución parlamentaria.

El 26 de agosto se celebró el pleno del Congreso que iniciaba el camino de la ilegalización de las organizaciones políticas de ETA. Unos días antes, el magistrado Baltasar Garzón había decretado la suspensión de actividades de Batasuna en el marco de un procedimiento penal que se estaba instruyendo en la Audiencia Nacional. Cada una de estas iniciativas tenía su propio ámbito, de modo que no entraban en colisión. La resolución en la que se solicitaba al Gobierno el inicio del procedimiento se aprobó con 295 votos a favor, 10 en contra y 29 abstenciones. CiU e Izquierda Unida se abstuvieron. El PNV votó en contra. Cuatro días después, el Consejo de Ministros tomó la decisión que el Parlamento le había pedido.

Las reacciones fueron muy positivas y venían a confirmar la evolución de la opinión pública hacia el fin de la tolerancia con la presencia impune de los cómplices políticos de ETA en las instituciones. Muchos análisis y comentarios destacaban que no se habían producido las reacciones de apoyo a Batasuna que unos esperaban y otros temían. Por el contrario, aquel verano había sido uno de los menos conflictivos de los últimos años. La sociedad vasca, que mejor que nadie sabía que ETA y Batasuna eran lo mismo, no parecía estar dispuesta a cumplir las sombrías predicciones que se habían extendido para poner en cuestión las razones y la eficacia del paso que habíamos dado.

Unos meses después, el 21 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo declaró ilegales a Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, y ordenó su disolución.

La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que la ratificó y estableció una doctrina que daba una respuesta cumplida a las objeciones y dudas sobre la constitucionalidad de la medida que se habían expresado. Faltaba el recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se veía como una instancia favorable a los detractores de la ley. Creo que lo que se esperaba del Tribunal Europeo no era sólo la anulación de la ilegalización, sino la descalificación del Estado en una iniciativa que comprometía al Legislativo, al Gobierno y a los tribunales. Los que hablaban de España como una democracia «de baja calidad» esperaban que Estrasburgo les diese la munición para mantener su diatriba contra el Estado de derecho. De nuevo estaban equivocados. El Tribunal Europeo consideró que la ilegalización respondía a «una necesidad social imperiosa». Con una interpretación que reforzaba aún más las causas de disolución de un partido que se habían definido en la ley, el tribunal reafirmaba su doctrina, según la cual no sólo el apoyo a la violencia terrorista justifica la ilegalización de un partido, sino también que éste proponga un programa incompatible con un régimen democrático de libertades. La sentencia del Tribunal de Estrasburgo avalaba al cien por cien la operación jurídica y política más compleja que se había llevado a cabo en España desde la Constitución. Con razón un portavoz del partido ilegalizado declaró que aquello era «un desastre» para la «izquierda abertzale».

Hoy han vuelto a una legalidad refinando su engaño. No han condenado el terrorismo ni lo han rechazado. No han reconocido la injusticia del daño que han causado y que ellos justificaron y jalearon desde las instituciones. Los mismos que actuaron de transmisores y beneficiarios del terror que sembraba ETA quieren presentarse como pacificadores. Lo ha permitido una desgraciada sentencia del Tribunal Constitucional que revoca lo decidido por el Tribunal Supremo. El Estado de derecho ha demostrado que puede legítimamente actuar contra sus enemigos. No debemos olvidar que los cómplices de ETA lo siguen siendo. Aquí no hay excusa para el olvido.

CAPÍTULO 9

Irak

Una decisión estratégica

El jueves 20 de marzo de 2003, las fuerzas militares de Estados Unidos y del Reino Unido dieron inicio a la Operación Libertad Duradera contra el régimen dictatorial de Sadam Hussein. La decisión de intervenir en Irak se enmarca en el contexto internacional y estratégico provocado por el 11-S. Sin embargo, también fue el desenlace de un proceso más largo: fue el resultado de la evolución a peor de la situación en Irak tras la primera guerra del Golfo. El régimen de Sadam Hussein había incumplido sistemáticamente las obligaciones internacionales impuestas después de su derrota para garantizar que Irak no volviera a representar una amenaza para la paz y la seguridad de la zona y del mundo.

Tras la invasión de Kuwait y la derrota de Hussein por las fuerzas de la coalición internacional, Estados Unidos había adoptado la decisión estratégica de no tomar Bagdad ni forzar la caída del régimen. Se había pensado que el derrocamiento de Sadam acarrearía males mayores. El dictador logró salir relativamente bien parado de la guerra: había perdido, pero conservaba el poder y todos sus resortes. Desde Occidente se confió en que la oposición interna —kurdos en el norte, chiíes en el sur— acabaría provocando la caída de Hussein. Se alentó a la disidencia interna; se alimentaron sus expectativas y esperanzas. Pero, a la hora de la verdad, no se la respaldó. Sadam Hussein pudo comprobar así la fortaleza de su posición. La comprobó y la demostró mediante una represión brutal de la población kurda y chií.

A partir de ese momento, desde el punto de vista de la comunidad internacional, la única opción razonable era intentar contener al régimen iraquí mediante obligaciones, prohibiciones y sanciones. Se establecieron zonas de exclusión en el espacio aéreo en el norte y el sur, y se impuso un programa de inspección y destrucción de armas químicas, biológicas y nucleares. Se sabía que Sadam tenía armas químicas porque no había dudado en utilizarlas. Tanto contra los iraníes en la guerra que enfrentó a ambos países en los ochenta, como más tarde contra los kurdos. También se sabía que pretendía convertir a Irak en una potencia nuclear. Tanto es así que, para intentar frenar el programa que estaba en marcha, los israelíes se habían visto impelidos a destruir el reactor de Osirak en 1981.

Cuando Bill Clinton asumió la presidencia de Estados Unidos, fue especialmente explícito respecto a la amenaza que suponía Sadam Hussein para la paz y la seguridad. Poco tiempo después pudo comprobarlo. La noticia de que los servicios de inteligencia iraquíes pretendían aprovechar la presencia del expresidente Bush a los actos que conmemoraban la liberación de Kuwait para asesinarle obligó a Clinton a actuar. Clinton denunció con claridad la existencia de un arsenal químico y biológico en Irak, el continuo incumplimiento de las obligaciones de desarme por parte de Sadam Hussein y su empeño en desarrollar capacidad nuclear. En su primera intervención ante los jefes de Estado Mayor y el Pentágono después de ser reelegido presidente, Clinton incluso llegó a sugerir la posibilidad de una intervención militar. Literalmente, sentenció: «La fuerza no puede ser la primera respuesta, pero a veces es la única respuesta».

Cinco años antes del 11-S, por tanto, Sadam Hussein ya era una preocupación estratégica de primer orden para Estados Unidos. Una preocupación en torno a la cual se fue construyendo un consenso político muy amplio entre demócratas y republicanos. Ese acuerdo se materializó en la Iraq Liberation Act, una ley aprobada por el Congreso en diciembre de 1998 y firmada por Bill Clinton que establece como política oficial de Estados Unidos la de «apoyar los esfuerzos para derrocar al régimen encabezado por Sadam Hussein y promover el surgimiento de un Gobierno democrático que lo sustituya». La ley comprometía la ayuda norteamericana a los grupos de oposición, incluido equipamiento militar, y preveía un tribunal de crímenes de guerra para enjuiciar a los dirigentes del régimen. No contemplaba la intervención militar directa, pero definía un acuerdo político muy amplio y sólido que cuatro años después sería la base para autorizar al presidente de Estados Unidos a utilizar la fuerza contra Sadam Hussein. La evolución de Sadam es la que va dando cuerpo a la doctrina, y el consenso cada vez es más amplio en las instituciones y entre la población estadounidense. Un consenso que se construye entre los dos partidos, que en buena medida es Clinton quien lo encabeza y que se prolonga con George W. Bush.

Aquel verano de 1998, Clinton me llamó para explicarme que la situación con Sadam era especialmente grave y que era necesario actuar. Me preguntó por nuestra posición en el caso de que se produjera una acción militar y, a la vista de la información que me dio, le contesté que le apoyaríamos. El año anterior, en la visita oficial que realicé a Washington, Clinton me había planteado formalmente la petición de apoyo a España para la intervención sobre objetivos del régimen iraquí. No me pidió compromisos militares, pero sí la disposición a prestar apoyo logístico, si fuera necesario, a las operaciones que se estaban planeando.

Le manifesté nuestra solidaridad porque me parecía que era la posición coherente ante la evolución de la situación en Irak y la existencia de un marco de obligaciones que se estaban incumpliendo de manera grave y reiterada. Muchos interpretaron que el endurecimiento de la posición de Clinton frente a Sadam y la expectativa del empleo de la fuerza formaban parte de una maniobra del presidente para desviar la atención del caso Lewinsky, que le había colocado en una situación política y personal muy delicada. No digo que algunos no vieran en aquello una útil coincidencia, pero era sólo eso y no una situación que Clinton hubiera forzado por razones de política interna.

El 17 de diciembre tuvo lugar un contundente ataque sobre objetivos iraquíes de interés militar. En su comparecencia para dar cuenta del ataque, Clinton no dejó lugar a dudas sobre su análisis de lo que estaba ocurriendo en Irak y de lo que había que hacer: «Si Sadam desafía al mundo y no somos capaces de responder, nos enfrentaremos a una amenaza mucho mayor en el futuro». Terminó con una afirmación inequívoca de lo que ocurriría si no se actuaba: «Sadam volverá a atacar a sus vecinos. Declarará la guerra contra su propio pueblo. Y, quédense con mis palabras, Sadam desarrollará armas de destrucción masiva. Las desplegará y las usará».

La trayectoria de Sadam Hussein era una historia terrorífica. La represión contra los kurdos y chiíes de Irak respondía a un impulso verdaderamente genocida. El mundo lo había podido comprobar cuando se conoció que, en marzo de 1988, Sadam había utilizado armas químicas contra la población de Halabja, una localidad de población kurda fronteriza con Irán. Previamente, los bombardeos del ejército iraquí habían acorralado a los habitantes del pueblo para concentrarlos y así facilitar la diseminación de gases tóxicos. Murieron más de cinco mil hombres, mujeres y niños.

De la crueldad de Sadam Hussein sabían también sus adversarios y aquellos que perdían su favor. No sólo aspiraba a mantener y aumentar su arsenal destructivo, sino que seguía beneficiándose de las penalidades de su pueblo con la administración corrupta del Programa Petróleo por Alimentos que la ONU había autorizado para atenuar el efecto de las sanciones económicas que se habían impuesto al régimen. El régimen iraquí estaba especialmente activo en su intento de que se levantaran las sanciones. A mí me lo pidió personalmente el ministro de asuntos Exteriores Tariq Aziz cuando nos reunimos en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Sadam era un factor de inestabilidad y un peligro para sus vecinos. Había mantenido una guerra de ocho años con Irán a un coste humano y económico devastador, había invadido Kuwait para anexionarlo como una nueva provincia de Irak, y había atacado a Israel y a Arabia Saudí.

Desde la comunidad internacional, se habían hecho y seguían haciéndose los mayores esfuerzos diplomáticos para desactivar la amenaza de Sadam y obligarle a cumplir las exigencias impuestas por la ONU. Después del alto el fuego de 1991, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había obligado a Irak a declarar todos sus arsenales y abrirlos a la inspección en el plazo de treinta días. Ocho años después, Sadam hacía imposible la labor de los inspectores, se negaba a facilitar información veraz o significativa sobre su capacidad armamentística y, según todos los informes de la misión de inspección de la ONU, ONUSCOM, retenía una considerable capacidad en medios químicos y bacteriológicos.

Cuando a finales de 2002 se aceleraron los acontecimientos que desembocarían en la intervención militar de norteamericanos y británicos, el ya expresidente Clinton vino de visita a Madrid. Almorzamos juntos en la Moncloa. Recuerdo muy bien lo que me dijo: «La verdad es que no sabemos lo que pasa en Irak desde hace cinco años». Es decir, desde que Sadam Hussein había expulsado a los inspectores de la ONU. El reconocimiento era impresionante. Equivalía a admitir que el dictador de Irak y uno de los adversarios o enemigos más relevantes de Estados Unidos estaba literalmente fuera del control de la comunidad internacional.

El marco legal y el entorno internacional

A finales de 2002 se negoció la que luego sería la Resolución 1441 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Desde el cese de las hostilidades de la guerra del Golfo once años antes, en 1991, ese mismo Consejo de Seguridad ya había aprobado otras dieciséis resoluciones. Todas imponían obligaciones claras y terminantes que se habían incumplido abiertamente: desde la obligación de declarar arsenales hasta la de facilitar el trabajo de los inspectores, pasando por la de destruir capacidad militar prohibida.

Durante esos años, Irak había sido objeto de acciones militares de contención y de castigo por parte de Estados Unidos y el Reino Unido. Dos tercios de su espacio aéreo estaban bajo control de estos dos países, que en distintos momentos decidieron la adopción de medidas de fuerza, en algunos casos muy intensas.

El incumplimiento sistemático de las resoluciones de la ONU por parte de Sadam parecía conducir inevitablemente hacia nuevas acciones militares para las que no se había exigido una legitimación internacional añadida al marco jurídico que ya existía. Sin embargo, a pesar de la evidencia de que su predecesor Bill Clinton había utilizado la fuerza militar cuando lo consideró necesario sin nuevas autorizaciones de las Naciones Unidas, George W. Bush no quiso hacerlo y decidió acudir al Consejo de Seguridad. Tomó esta decisión contra la opinión de algunos destacados miembros de su Gabinete que, no sin argumentos, alegaban el precedente de Clinton.

Echando la vista atrás, sin duda resulta bastante paradójico que el Bush al que ya entonces se le acusaba de «unilateralismo» decidiese trabajar dentro de las Naciones Unidas, mientras que Bill Clinton, oficialmente multilateralista, lo había considerado un trámite prescindible porque estaba convencido de contar con suficiente amparo legal, como parecían confirmar el silencio o la aprobación de la mayoría de los más destacados miembros de la comunidad internacional.

Bush lo estableció así en septiembre de 2002, cuando intervino ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La víspera de su intervención me llamó para adelantarme lo que iba a decir. Quería trabajar con las Naciones Unidas a partir de la constatación evidente del incumplimiento por parte de Sadam de las resoluciones que le afectaban. Hablé también con Blair de esta estrategia de implicación de las Naciones Unidas que, coincidíamos, era la correcta.

Liderada por Bush, la diplomacia estadounidense se puso a trabajar en las Naciones Unidas hasta alcanzar un consenso en torno al texto que se votaría como Resolución 1441 del Consejo de Seguridad aprobada el 8 de noviembre de 2002. En virtud de dicha resolución Irak debía presentar en el plazo de treinta días una «declaración cabal, exacta y completa de todos los aspectos de sus programas para el desarrollo de armas químicas, biológicas y nucleares, misiles balísticos y otros sistemas vectores». Cuatro meses después, en vez de hacer esa declaración, Irak pedía aclaraciones al consejo sobre su resolución y seguía obstaculizando arbitrariamente la labor de los técnicos de la OIEA y de UNMOVIC, la nueva misión de inspección de la ONU.

Pronto se desencadenó una ruidosa controversia jurídica sobre el alcance de la resolución y en qué medida ésta habilitaba para utilizar la fuerza contra el régimen de Sadam Hussein. Los argumentos a favor de esta interpretación —que yo compartía— tenían peso. Irak estaba técnicamente en guerra, la situación era de «alto el fuego» tras el cese de hostilidades de la guerra de 1991. En su resolución, el consejo actuaba en virtud del Capítulo VII de la Carta de la ONU que trata de las medias coactivas. La resolución recordaba que el consejo había autorizado a los Estados miembros a adoptar las «medidas necesarias» para forzar a Irak a cumplir las obligaciones de desarme impuestas en 1990 y todas las resoluciones posteriores, y advertía a aquel país de las «graves consecuencias» que se derivarían de un nuevo incumplimiento. El estado de guerra se había mantenido con diversas acciones militares de Estados Unidos y el Reino Unido, lo que venía a avalar la interpretación de que, en todo caso, la Resolución 1441 reforzaba una habilitación de la que esas dos potencias hacían uso en su responsabilidad de contención del régimen de Sadam.

La oposición a esta interpretación no ofrecía una explicación de por qué, con mayor cobertura de la ONU, era inaceptable lo que se venía aceptando hasta entonces como una actuación legítima contra Sadam. Tampoco oí nunca a nadie ofrecer una explicación solvente de por qué era legítima la intervención en los Balcanes, sobre la que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no había producido resolución alguna, pero no lo era la posible intervención militar en Irak. Lo que algunos querían justificar como una intervención por razones humanitarias en el caso de los Balcanes sólo revelaba su doble moral y su insensibilidad ante un régimen que, entre otras brutalidades indescriptibles, había utilizado armas químicas contra su propia población civil e incurría en un permanente desprecio de sus obligaciones internacionales. Episodios posteriores, como la actuación occidental en Libia, en la que a mi juicio se fue más allá del marco legal establecido por el Consejo de Seguridad, ponen en evidencia el arbitrario rasero por el que se midió la actuación en Irak desde el punto de vista de la legalidad internacional y su interpretación y aplicación en la práctica.

En este clima, se planteó la conveniencia de buscar una nueva resolución del Consejo de Seguridad que actuara, si llegaba el caso, como desencadenante de la acción militar. El primer ministro británico Tony Blair y yo mismo aconsejamos esa iniciativa, no porque la considerásemos jurídicamente necesaria, sino porque parecía políticamente conveniente si con ello se ayudaba a ensanchar y fortalecer el consenso desde el que afrontar la crisis. Bush, de nuevo, aceptó volver al Consejo de Seguridad, en la confianza, compartida con Blair, de que, entre otros, México y Chile le apoyarían y de que Francia no utilizaría su veto. Se trataba de contar con una mayoría clara en el consejo, aun previendo el veto de Rusia y tal vez de Francia. París en ningún caso parecía dispuesto a apoyar la intervención, pero intentaría evitar el coste político de un veto a Estados Unidos en el consejo.

En realidad, que hubiera o no una nueva resolución parecía traer sin cuidado a los demás; a quienes importaba era a nosotros. Habían adoptado una postura de oposición a Estados Unidos y habían elegido este asunto, de una enorme gravedad, para poner en práctica algunas teorías sobre Europa como contrapoder de Estados Unidos o para buscar un factor de movilización política y callejera que reviviera la suerte política de una izquierda que se sentía perdedora histórica frente a los norteamericanos.

En España, el entonces líder de los socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero, lo dejó muy claro cuando llegó a reconocer que no apoyaría la intervención aunque hubiera una nueva resolución de las Naciones Unidas. Las pretendidas insuficiencias jurídicas de nuestra posición eran en realidad una excusa para el combate político y la búsqueda de rédito electoral.

Chirac, Schroeder y Putin

La discrepancia en Europa respecto a Irak no estribaba en el grado de peligrosidad o de amenaza que representaba Sadam Hussein para la seguridad y la paz mundiales. En contra de lo que tanto se ha dicho y repetido, tampoco se centraba en la existencia de armas de destrucción masiva. Lo primero no lo dudaba nadie, y lo segundo, casi nadie, en tanto en cuanto el propio Sadam Hussein había contribuido a hacernos creer que las tenía y en gran cantidad.

El verdadero motivo de la discrepancia europea eran las pretensiones de Francia y Alemania. Ambos países llegaron a la conclusión de que era el momento de romper amarras con Estados Unidos e inaugurar una nueva concepción de la defensa de los países europeos, más alejada del atlántico y todo lo que ello significa. Una concepción —y esto es clave— en la que España y otros países europeos no tendríamos mucho que decir y en la que nuestros intereses quedarían supeditados a los de los grandes, al autoproclamado núcleo de la «Europa europea». Ésa, y no otra, es la verdadera razón de la discrepancia europea sobre Irak.

Las motivaciones francesas quedaron muy claras cuando Chirac mandó callar a los países europeos que no estaban de acuerdo con la posición de Francia. En particular a Polonia, Hungría y la República Checa, a los que les advirtió que los europeos «de siempre» ya habían hecho bastante con aceptarlos en la Unión y que ahora lo que debían hacer era acatar lo que dijeran los franceses y los alemanes. En este grupo de países considerados «de segunda» se incluía también a otros, como Italia, Holanda, Portugal, Dinamarca y, por supuesto, España. Era una concepción muy poco integradora de Europa y la Unión Europea.

Chirac aprovechó la oportunidad de la crisis de Irak para asociar a Schroeder a una estrategia que se presentaba como pacifista. Y Schroeder se sumó, a pesar de lo que había dicho y prometido. Antes de las elecciones alemanas, en septiembre de 2002, el canciller alemán se había reunido con Bush y le había asegurado su apoyo a una eventual intervención en Irak. Lo curioso es que ese ofrecimiento se lo hizo a Bush sin que éste se lo pidiera. Bush le creyó, quizás por ese punto de ingenuidad que tenía en relación con Europa. Luego se sintió engañado y nunca lo olvidó.

En todo caso, la voz cantante la llevó Francia. Probablemente porque Alemania le había entregado el testigo a cambio de que Francia suscribiese la preeminencia de Alemania en la cuestión de la paridad dentro de la Unión Europea.

Fue entonces cuando Putin vio una oportunidad con la que nunca había soñado y se apresuró a aprovecharla. Lo que no había sido capaz de conseguir la antigua Unión Soviética —romper la solidaridad atlántica— se lo encontraba servido en bandeja, gracias a un enfrentamiento en el que la ira francesa recaía precisamente sobre los países que se habían liberado del dominio soviético.

Putin es un hombre pragmático que está convencido de que Rusia necesita una fuerte autoridad central. Se veía con la responsabilidad de recomponer internamente Rusia después del colapso de la URSS, restablecer la relación con las antiguas repúblicas soviéticas y contener la expansión de la OTAN para consolidar su primacía en ese espacio.

En abril de 2003, Putin, Schroeder y Chirac se fotografiaron juntos en una cumbre en San Petersburgo que llamaron los Diálogos de San Petersburgo, no sé si en referencia a la obra de De Maistre, que tan útil les debió de resultar. La imagen del canciller alemán unido al presidente ruso ante la presencia de Chirac en un asunto clave sobre el debate de seguridad europeo tuvo los efectos que se podían esperar en aquellos países que, muy conscientes de un pasado todavía próximo, habían buscado en la OTAN la protección del marco occidental de defensa antes incluso de aspirar al ingreso en la Unión Europea.

La cuestión era qué íbamos a hacer los demás. Y los demás —no todos, pero sí muchos— decidimos que no íbamos a aceptar que nadie se arrogara el derecho a decidir la posición del resto de los países y, mucho menos, si esa posición no era conveniente a nuestros intereses.

La posición de España ante la cuestión de Irak era una continuación lógica —no digo que necesaria— del papel que nos habíamos ganado en la Unión, un papel que todavía no había calado en todas partes. En España seguía muy extendida la idea de que cualquier cosa que viniera de «Europa», como suele decirse, era de por sí positiva y buena para España. Esto era probablemente la consecuencia de la Transición y del importante papel desempeñado por Europa en nuestra apertura a la democracia y nuestra posterior consolidación económica. Eso hacía prácticamente imposible oponerse o plantear una posición propia. Y, ni mucho menos, alternativa.

Yo no estaba dispuesto a aceptar esa dinámica. Lo importante para mí era preservar y hacer respetar los intereses de España. Por eso, cuando Francia y Alemania decidieron hacer pública una declaración sobre la cuestión de Irak sin contar con el criterio o la opinión del resto de los países de la Unión, mi respuesta fue decir «no». No, ningún país europeo, por fuerte o poderoso que sea, puede arrogarse el derecho a hablar en nombre de los demás. En esa posición yo no estaba solo, ni muchísimo menos.

Un grupo de países que no aceptábamos las pretensiones hegemónicas de Francia y Alemania, y que no queríamos que se produjera una grave quiebra en la relación atlántica, nos planteamos la posibilidad de hacer una declaración política pública para explicar nuestra posición. A sugerencia y petición del periódico The Wall Street Journal, aquella declaración se convirtió finalmente en un artículo titulado «United We Stand». Yo fui el ponente del texto, que circuló entre los Gobiernos europeos, y que inicialmente suscribimos ocho primeros ministros o presidentes: los de Italia, el Reino Unido, Dinamarca, Hungría, Polonia, Chequia, Portugal y España. Una vez publicado, fuimos recibiendo nuevas adhesiones. Al final, de los veinticinco Estados que entonces formaban la Unión Europea, dieciocho apoyaron el texto.

Como era de prever, nuestra iniciativa agudizaría las discrepancias internas en la medida en que Chirac pretendía lisa y llanamente que los nuevos Estados candidatos de la Europa central y del Este simplemente se callaran. Recuerdo bien la comida que mantuvimos con los candidatos en Bruselas el 21 de marzo, durante el Consejo Europeo de primavera. No se los había invitado al consejo por presiones de Francia. Las caras de Chirac y Schroeder lo decían todo.

En lo que afecta a España, tuve la oportunidad de decidir si nuestro país continuaba con una política de complacencia ante el núcleo de lo que se autodenominaba la «Europa europea» o si, por el contrario, dejaba de jugar a ese juego y enfocaba la política exterior tal y como yo creía que era más conveniente a sus intereses. Tuve la oportunidad y tomé una decisión. Eso supuso someter al país a un proceso de cambio y aceleración muy profundo. Lo habíamos hecho con el euro y ahora tocaba hacerlo en relación con la posición de España en Europa y en el mundo. No iba a ser fácil.

Entre México y Crawford

A finales de febrero de 2003, George W. Bush y su mujer, Laura, nos invitaron a Ana y a mí a Crawford, una pequeña localidad de Texas donde los Bush tienen un magnífico rancho. Era una prueba de confianza y amistad, y así lo valoramos.

Puesto que México era miembro del Consejo de Seguridad, me pareció lógico, antes de ir a Crawford, hablar con Vicente Fox, el presidente amigo de un país amigo. El encuentro no salió como esperaba.

Antes de aterrizar en Ciudad de México, ya habíamos recibido algunas señales de lo que podía ocurrir. Habíamos quedado en que el encuentro sería de carácter formal y que luego habría una comparecencia conjunta ante los medios. De pronto se nos anunció que había habido un cambio de planes: la reunión sería informal y no habría rueda de prensa. Cuando por fin llegué a México, lo que me encontré tampoco puede calificarse como una reunión informal: Fox hizo su aparición como si acabara de bajarse de un caballo...

Cenamos en la residencia presidencial de Los Pinos acompañados por el canciller mexicano. La conversación fue cordial, pero Fox, que estaba incómodo con la situación, dejó claro que no asumía ningún compromiso de apoyo a una nueva resolución de las Naciones Unidas. Después de la cena, comparecí ante la prensa en el hotel Four Seasons. El ambiente no podía ser más tenso, con una visible hostilidad por parte de los medios locales, que se referían a mi visita como un acto de presión e injerencia sobre el Gobierno mexicano.

La posición de Fox no hizo más que acentuarse con la crisis. Lo que empezó con reticencias acabó en una incomunicación total. Bush intentaba hablar con él y Fox ni siquiera le devolvía la llamada, aunque fuera para explicarle su posición.

Desde México, volamos a Houston, donde visitamos en su casa a Bush padre y a su esposa Barbara. La recuerdo como una visita muy agradable, en la que los Bush derrocharon cordialidad con nosotros y con toda la delegación. Tuve una conversación muy interesante con Bush, en la que hablamos a fondo de Oriente Medio y coincidimos en que la gestión de la crisis de Irak no debía perder de vista el conflicto entre Israel y los palestinos. Bush quería que Estados Unidos hiciera un esfuerzo visible por solucionar el conflicto, precisamente en aquellos momentos. Valoraba la sensibilidad de España ante este problema y esperaba que la confianza que yo tenía con su hijo sirviera para que abordáramos esta cuestión durante el fin de semana que íbamos a pasar juntos en Crawford. Así lo hicimos, y cabe recordar que George W. Bush fue el primer presidente de Estados Unidos que ha propuesto en el Congreso de su país una solución basada en un Estado palestino independiente que viva en paz con Israel.

Llegamos a Crawford en coche desde el aeropuerto de Waco. Nos acompañaban Javier Rupérez, nuestro embajador en Washington, Javier Zarzalejos, secretario general de la Presidencia, Alfredo Timermans, secretario de Estado de Comunicación, y Alberto Carnero, director del Departamento de Internacional de la Presidencia.

Javier Rupérez tuvo un papel muy relevante en el extraordinario fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales con Estados Unidos. Un gran profesional, un sólido político y un servidor público leal, Javier Rupérez ejercía como un atlantista sincero e inteligente. Su gestión en Washington puso de manifiesto unas dotes personales y profesionales que le situaban a la cabeza de la diplomacia española.

La estancia en Crawford con el matrimonio Bush fue muy agradable. Hablamos largamente y nos reunimos a solas la tarde de nuestra llegada y en la mañana del día siguiente. Ese día, a primera hora, compartí el briefing que el presidente de Estados Unidos recibe diariamente de un funcionario de alto nivel de la CIA que le informa de las novedades en la situación política y de seguridad del mundo. A la reunión se incorporó después Condoleezza Rice, que entonces ejercía como una muy eficaz asesora de Seguridad Nacional del presidente. Recorrimos el rancho y conocimos al círculo de amigos personales de los Bush, con quienes cenamos la tarde de nuestra llegada.

El objetivo en aquellos momentos era recabar apoyos para la nueva resolución que se quería acordar en el seno del Consejo de Seguridad. Años después, un periódico reprodujo la minuta de una de mis conversaciones con Bush que había redactado el embajador Rupérez para enviar al Ministerio de Asuntos Exteriores, como era su obligación. Me gustó mucho ver ahí reflejado el contenido exacto de mis posiciones.

Bush estaba dispuesto a trabajar por una segunda resolución que facilitara la situación a aquellos países cuyas opiniones públicas se mostraban muy contrarias a una intervención en Irak. Entre ellos, España. Le encontré optimista respecto a esa posibilidad, completamente decidido a que Sadam Hussein se plegara a las condiciones acordadas por las Naciones Unidas. No habría más plazos ni condiciones. Se trataba de que el Consejo de Seguridad constatara que el régimen iraquí insistía en quebrantar sus obligaciones y recordara que eso facultaba a la comunidad internacional a adoptar todas las medidas que fueran necesarias para obligarle a cumplir. Bush me dijo que no esperaría más allá de mediados de marzo y que confiaba en conseguir el apoyo de países como México o Chile. A mí, su pronóstico me parecía demasiado optimista y así se lo dije.

En las Azores

La reunión en las Azores fue el último episodio antes de la intervención de las tropas de Estados Unidos y el Reino Unido en Irak. Los tiempos se habían agotado y los esfuerzos por recabar el apoyo de otros países con una segunda resolución del Consejo de Seguridad no habían dado fruto. Francia había anunciado ya su veto. Había llegado el momento de tomar una decisión.

A iniciativa de Bush se planteó la posibilidad de celebrar una reunión. Aunque muchos otros países europeos habían prestado su apoyo a la intervención, a España se la convoca por su doble condición de aliado y miembro del Consejo de Seguridad. Como ya he contado en alguna otra ocasión, la idea inicial de Bush era que la cumbre se celebrara en las islas Bermudas. Pero yo me negué, por las connotaciones que pudiera tener, y propuse las Azores. Me pareció una alternativa razonable: las Azores se encuentran a mitad de camino entre Europa y Estados Unidos, y Estados Unidos tiene en ellas una base militar, lo que facilitaba la organización.

Hablé con el primer ministro portugués, José Manuel Durão Barroso, y le informé de los objetivos de la reunión: por un lado, que fuera visible la concertación política en la que tanto habíamos trabajado desde el comienzo de la crisis, y, por otro, hacer un último intento de que Sadam Hussein abandonara el poder. Porque, a esas alturas, de eso se trataba: la condición necesaria para restablecer las condiciones de seguridad que la comunidad internacional llevaba exigiendo sin respuesta durante más de una década era la renuncia o el derrocamiento de Hussein.

Barroso aceptó sin reservas actuar como organizador y anfitrión de la reunión. Ello le acarreó fuertes críticas, a las que contestó con inteligencia y acierto. Declaró sentirse muy satisfecho de estar acompañado por el presidente de la más importante democracia del mundo, el primer ministro del aliado histórico de Portugal y el presidente del Gobierno de su país vecino y principal socio.

Antes de reunirnos, intercambiamos algunas ideas y también avanzamos el sentido general de las declaraciones que íbamos a hacer al término del encuentro, en las que cada uno pondría el acento, como es lógico, donde creyese más necesario y oportuno.

La reunión transcurrió como habíamos previsto. Analizamos los términos en los que había que formular el emplazamiento a Hussein para que abandonara el poder y, en previsión de que una intervención militar parecía inevitable, abordamos también el necesario esfuerzo de reconstrucción de Irak y sus instituciones. También hablamos del papel que habría de desempeñar la ONU en el Irak post-Sadam.

La posición de Tony Blair era especialmente delicada en términos políticos: su partido, el laborista, estaba dividido a cuenta de Irak, y su posición dependía en esos momentos del apoyo de los conservadores. Los dos éramos conscientes del precio político y personal que estábamos pagando por apoyar una intervención en Irak. Pero los dos coincidíamos en que mucho más grave que nuestro coste personal era el coste para Europa y para nuestros dos países de una ruptura de la relación atlántica.

Tras el encuentro y la rueda de prensa, cenamos en las instalaciones de la base. Tony Blair no pudo quedarse porque al día siguiente tenía que comparecer en la Cámara de los Comunes. Recuerdo que Bush estuvo especialmente conversador y contó muchas anécdotas y episodios de su «primera vida», antes de seguir el camino de su padre e implicarse en la política.

En la cena le entregué un mensaje de parte del presidente libio, Muamar el Gadafi. Comentamos en términos positivos la decisión del régimen libio de destruir su arsenal de armas químicas y bacteriológicas. A diferencia de Sadam, Gadafi parecía haberse tomado en serio los cambios provocados por el 11-S: había entendido que con la seguridad internacional ya no se podía jugar y había decidido desarmarse y despejar dudas sobre su capacidad armamentística no convencional. Era el revés del espejo de Sadam, que seguía una política de provocaciones, convencido probablemente de que Estados Unidos no se atrevería a intervenir. La pregunta circulaba por muchos ambientes: si Sadam Hussein no tiene armas de destrucción masiva, ¿por qué impide a los inspectores que lo certifiquen y se evita así una intervención militar o, aún peor, su propia caída? La pregunta, aun siendo muy lógica, nunca obtuvo respuesta, pero hoy todo indica que Sadam había unido su suerte a que los demás creyeran que tenía esas armas porque pensaba que de ese modo se aseguraba de que nunca se produciría una intervención contra él. Se equivocó, porque fue precisamente eso lo que hizo necesaria la intervención. Y es importante afirmar que Sadam pudo evitar la actuación militar en Irak. No sólo no lo hizo, sino que creó todas las condiciones para que la intervención se produjera.

En lo que me afectaba a mí personalmente, tenía perfecta conciencia del coste que estaba asumiendo como presidente del Gobierno de España y líder del Partido Popular. Un coste político y también personal. Sin embargo, estaba convencido de que apoyar a Estados Unidos en esta difícil encrucijada convenía a España. Nos convenía porque el enemigo contra el que luchábamos era el mismo, el que más daño nos había hecho y seguía haciendo a los españoles: el terrorismo. Y porque nos permitía participar e influir en las grandes decisiones estratégicas que se toman en el mundo.

No ignoraba el vértigo que podía sentir una parte importante de los españoles. Y sabía muy bien que mi decisión sería utilizada torticeramente por la izquierda. Primero, para contraponer de forma ridícula y falaz a los partidarios de la guerra con los partidarios de la paz. Como si cualquiera en su sano juicio pudiera ser favorable a la guerra o contrario a la paz. Y, segundo, para potenciar su ya de por sí implacable campaña política contra el Partido Popular. A esa campaña se sumó un factor de animadversión personal contra mí. Algunos sectores de la izquierda no me habían perdonado la victoria del 1996 y, menos aún, la del año 2000. No aceptaban que pudiera haber alcanzado un cierto grado de influencia para España en el mundo. Y, menos aún, que lo hubiera conseguido sin un compromiso militar propiamente dicho. Es decir, sin poner soldados sobre el terreno.

El propio Felipe González lo formuló con aplastante sinceridad. Contrapuso la posición de Blair, que consideraba «respetable» porque había comprometido tropas británicas, con la mía, que no lo era porque yo no había comprometido tropas españolas. El razonamiento era curioso. Y no sólo porque entraba en colisión frontal con una de las grandes mentiras repetidas hasta la saciedad por Zapatero y sus compañeros de que yo había mandado soldados a Irak. También porque reflejaba el sentir más íntimo de algunos personajes del socialismo español. Me lo explicó una vez un amigo del PSOE: «Felipe habría ido a las Azores aunque fuese remando». Y es que, para algunos, lo más irritante de la foto de las Azores no es que existiese, sino que los protagonistas no fueran ellos.

España no participó en las operaciones militares que desembocaron en la caída del régimen de Hussein, pero sí en los esfuerzos posteriores de estabilización del país. En el viaje que hice a Irak en diciembre de 2003, pude comprobar el extraordinario trabajo de nuestras unidades; su profesionalidad, entrega y la magnífica labor que hacían para ayudar a las comunidades locales. Dije entonces —y lo reitero ahora— que estoy muy orgulloso del trabajo de nuestros soldados en Irak. Un trabajo que se realizó siempre bajo el amparo de las Naciones Unidas. Ningún soldado español estuvo ni un minuto en Irak sin la plena cobertura de las resoluciones de la ONU.

La Cumbre de las Azores marcó el punto más alto de la relevancia internacional de España y tuvo importantes consecuencias. Nuestra cooperación con Estados Unidos se afianzó aún más en áreas para nosotros muy importantes, singularmente en la lucha antiterrorista.

Analizado con la distancia que da el tiempo, me resulta todavía más insólito que esa posición de fortaleza e influencia internacional se perdiera. Mejor dicho, que el propio Gobierno de España abandonara esa posición de forma deliberada. No sólo por lo que supuso en cuanto a pérdida de ventajas y oportunidades, sino también por lo difícil que es recuperarla. Una posición como la que alcanzó España en aquellos años sólo se consigue en circunstancias históricas muy particulares. Por supuesto, esas circunstancias no necesariamente tienen que ser conflictivas ni mucho menos bélicas. Sin embargo, sí son especiales y desgraciadamente no está en nuestra mano decidir cuáles son. Son las que son, y lo que a nosotros nos corresponde decidir es si las aprovechamos o no.

Y luego está la forma en la que se renuncia a esa posición. Convertir una decisión legítima del Gobierno español, como lo fue la decisión de retirar las tropas de Irak, en una afrenta a Estados Unidos por efectismo o simple cálculo partidista me parece un error de proporciones históricas. Una torpeza que desvela muy poco juicio y una nula preocupación por los intereses políticos, económicos y estratégicos de España.

El debate en España

Las operaciones de las tropas estadounidenses y británicas en Irak empezaron la madrugada del jueves 20 de marzo con el ataque a objetivos militares entre los que se incluían las residencias de Sadam Hussein. Recibí la noticia con el apunte de que los norteamericanos habían bautizado sus acciones con el sugerente nombre de Operación Conmoción y Pavor. «¡Lo que nos faltaba! —pensé—. ¡¿Quién asesora al Pentágono a la hora de elegir estos nombres?!» La verdad es que luego lo cambiaron.

Bush me informaba a diario de la evolución de las operaciones. En esos días cruciales, también se intensificaron las conversaciones que mantenía rutinariamente con los principales dirigentes del mundo árabe. En especial, con el presidente egipcio Hosni Mubarak y el rey Abdalá de Jordania. Los dos insistían mucho en la importancia de que la operación militar fuera rápida y de que la presencia de las tropas se prolongara el menor tiempo posible. Con razón, pedían también un plan claro para la estabilización y recuperación del país.

Precisamente con ese objetivo se puso en marcha la iniciativa de una Conferencia Internacional para la reconstrucción de Irak bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Cinco días después del inicio de la intervención, el ministro de Defensa, Federico Trillo, recibió una llamada del Pentágono con el ofrecimiento de que fuera España la que organizara la conferencia. Así lo hicimos unas semanas después, en Madrid.

Para el seguimiento de la situación en Irak y el análisis de las decisiones que había que adoptar, activamos la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis. La comisión se reunía en una sala del llamado «búnker» de la Moncloa. Como coordinador de nuestras actuaciones en el esfuerzo de recuperación de Irak designé a Fernando Díaz Moreno, entonces secretario de Estado de Defensa y hombre de gran competencia jurídica y gestora.

Si la evolución de la situación militar, política y social en Irak era crucial, la tensión creada internamente en España como consecuencia de la movilización de la izquierda contra el Gobierno empezaba a adquirir una dimensión cada vez más alarmante. El nivel de radicalismo y agresividad era proporcional a las mentiras lanzadas desde una izquierda política y mediática ayuna de argumentos y sedienta de poder. Se había conseguido difundir la idea de que España «había ido a una guerra ilegal», aunque ni una cosa ni la otra fueran verdad: ni los soldados españoles habían participado en ninguna operación militar, ni la intervención en Irak carecía de base o cobertura legal.

La crispación se disparó. Edificios oficiales y sedes del Partido Popular fueron atacados. Nuestros dirigentes y simpatizantes eran agredidos e insultados. La cercanía de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2003 era un factor añadido de movilización para unos y preocupación para otros.

Y en eso se produjeron dos acontecimientos trágicos. El 7 de abril de 2003, Julio Anguita Parrado, periodista de El Mundo e hijo del histórico dirigente de Izquierda Unida con quien yo había compartido tantas buenas conversaciones y momentos interesantes durante los años en la oposición, fue alcanzado por fuego iraquí cuando cubría las operaciones militares como corresponsal empotrado en una unidad del ejército norteamericano. Le escribí a su padre una carta de mi puño y letra, en la que le expresaba a él y a su familia mi profundo dolor y mis más sinceras condolencias. Julio Anguita nunca me contestó. Lo llamé por teléfono, pero tampoco me respondió. Lo sentí muchísimo. Sentí la muerte de su hijo y sentí la quiebra de una relación que siempre había apreciado de forma especial.

No fueron tiempos fáciles. En España se creó un estado de opinión en el que el Gobierno aparecía como culpable directo de la muerte de un corresponsal de guerra en un escenario bélico. Y la situación fue a peor. Al día siguiente de la muerte de Julio Anguita, el 8 de abril, un cámara de Telecinco, José Couso, moría como consecuencia de los disparos de un tanque norteamericano sobre la planta 15 del hotel Palestina de Bagdad.

De poco o nada sirvió que Estados Unidos pidiera perdón por esa acción, que había sido fruto del trágico error de un militar norteamericano que confundió la cámara del periodista español con el arma de un francotirador iraquí. Una vez más, el Gobierno de España se convirtió en objetivo de las iras de sectores empeñados en imputarle las más graves responsabilidades.

La tensión política alcanzó niveles con pocos precedentes en la historia democrática. La crisis de Irak ya había suscitado intensos debates parlamentarios. En contra de otro de los mitos de aquellos años, el Gobierno hizo una intensísima labor de explicación y comunicación. Entre el 5 de febrero y el 18 de marzo, se celebraron cuatro debates parlamentarios sobre Irak en el Congreso de los Diputados. Todos fueron a petición del propio Gobierno. En todos comparecí yo mismo para explicar la posición de España y debatir con los distintos Grupos Parlamentarios la evolución de la crisis y las decisiones que íbamos adoptando.

Aquellos debates dejaron muy claro el sesgo ideológico y partidista con el que algunos grupos afrontaban la cuestión de Irak. Los socialistas vieron en la crisis de Irak una gran oportunidad política para asomar la cabeza, y no estaban dispuestos a desaprovecharla.

Nunca llegaron a esbozar un discurso coherente sobre la seguridad internacional. Se lanzaron gustosos a la vieja demagogia sentimental y pacifista; a una retórica hueca tejida sobre banalidades y falacias. Y, de ahí, a la negación total de cualquier compromiso con la realidad. Así, en un alarde de sinceridad que los historiadores han de agradecer, Zapatero llegó a reconocer que la cuestión no era tanto lo que dijeran las resoluciones del Consejo de Seguridad —ni la famosa Resolución 1441 ni ninguna otra que se pudiera aprobar en el futuro— como la oposición frontal del PSOE al Gobierno.

A partir de ese reconocimiento se sucedieron todo tipo de disparates. Desde la afirmación paladina de que el objetivo de la política exterior de España debía ser aislar a Estados Unidos, hasta la pretensión de convertirnos en principales avalistas del régimen de Sadam, negando la posibilidad de su sustitución. La radicalización de las posiciones socialistas era evidente. Nada de lo que decían reflejaba una sincera preocupación jurídica o una postura meditada en relación con las exigencias y límites de la seguridad internacional. Irak fue para el PSOE un arma contra el Gobierno del PP. Nada más. Y nada menos.

Las operaciones militares concluyeron con la toma de Bagdad en el tiempo previsto. Su final supuso un alivio. España se había comprometido a estar presente en la tarea de estabilización del país, y pronto las Naciones Unidas establecieron el marco jurídico para la realización de nuestros compromisos.

Como suele ocurrir, el éxito atrajo apoyos tardíos y también provocó alguna inquietud en quienes habían apostado por la confrontación dentro de la comunidad atlántica, lo que los había hecho renunciar a la posibilidad de influir en el desarrollo de los acontecimientos. Algunos de estos últimos veían la posición de España no sin cierta envidia.

No habíamos comprometido a nuestras Fuerzas Armadas en la intervención, pero habíamos logrado alcanzar una gran relevancia e influencia internacional gracias a nuestra posición de sólido apoyo y solidaridad. Habíamos participado —y estábamos participando— en la construcción de una nueva arquitectura internacional. Una arquitectura internacional en la que España adquiría un peso y una influencia que futuros Gobiernos podrían administrar en beneficio de nuestro país. Era una mirada nueva sobre el mundo y sobre el papel de España en ese mundo. Una mirada nueva que exigía tiempo y, sobre todo, continuidad para consolidarse.

Viajé a Washington para reunirme con el presidente Bush. Quería sellar una nueva etapa de cooperación en la lucha contra el terrorismo y ampliar nuestra relación bilateral a nuevos terrenos.

Aquel viaje puso de manifiesto el grado de sintonía y profundidad alcanzado por nuestra relación bilateral con Estados Unidos. Ello a su vez fortaleció extraordinariamente la posición de España en Europa e Iberoamérica, y, aún más relevante, nuestra propia posición interna. Estados Unidos aceptó incluir a las marcas políticas de ETA y a varios de sus dirigentes en la lista de organizaciones terroristas. Fue un paso muy importante que facilitó enormemente la persecución de las actividades internacionales de ETA y coincidió con las primeras elecciones municipales y forales en el País Vasco y Navarra sin una candidatura proetarra.

En ese viaje también pude comprobar que dentro de la propia Administración norteamericana existían opiniones encontradas respecto de cuáles debían ser los objetivos de Estados Unidos tras el derrocamiento de Sadam Hussein. Lo cierto fue que Washington tardó mucho tiempo —en mi opinión, demasiado— en aclarar el nivel de su compromiso militar con el futuro de Irak, con su estabilización y con las políticas de recuperación e institucionalización del país.

En este punto, Donald Rumsfeld apareció injustamente como responsable. No lo conocí personalmente hasta la cena de despedida que Bush me ofreció en la Casa Blanca. Él, según dijo, tenía mucho interés en conocer al único dirigente político extranjero que le había mandado callar. Se refería a unas declaraciones mías en el Wall Street Journal en las que había aludido a la necesidad de rebajar el nivel de confusión en los medios y de mantener una actitud más calmada. Rumsfeld era un buen conocedor de Europa —había sido embajador ante la OTAN en Bruselas— y de España. Había estado en la delegación del presidente Ford cuando éste visitó nuestro país en 1975, y era un apasionado de los encierros de San Fermín, en los que había participado. Mantuve una buena relación con él después de dejar el Gobierno, y lo visité en su oficina. Rumsfeld suele trabajar de pie, porque padece un problema de espalda. Fue muy amable, me regaló una impresionante fotografía nocturna de las dos Coreas, tomada por un satélite, que conservo en mi despacho. Me pareció que se encontraba algo solo. En su país se le hizo responsable de demasiadas cosas, y en Europa algunos no le perdonaron que hablara de «la vieja Europa frente a la nueva Europa».

En España, la radicalización y desesperación de la izquierda anticipaban algunas actitudes y comportamientos que tiempo después marcarían el rumbo político de nuestro país.

El 16 de mayo, un grupo terrorista vinculado al radicalismo islamista cometía un brutal atentado en la Casa de España de Casablanca. Veintitrés personas morían asesinadas. Estábamos en plena campaña electoral. El candidato socialista creyó encontrar una nueva oportunidad para desgastar al Gobierno del PP y llegó a hacernos responsables de la masacre por nuestra posición favorable a la intervención militar en Irak. Aquellas declaraciones superaban todas las reglas tácitas de la disputa partidista en una democracia moderna y civilizada. La izquierda iba a por todas, sin reparar en ningún límite político o moral.

Victoria en las urnas

La estrategia de acoso al Gobierno del PP encabezada por el PSOE —y apoyada por el resto de la izquierda y sectores del nacionalismo— tenía como primer gran objetivo ganar las elecciones autonómicas y municipales del 25 de mayo de 2003. Esas elecciones iban a ser el primer gran test del impacto de Irak en la política doméstica española. El resultado de esas elecciones nos iba a decir hasta qué punto era real y profunda la oposición de los españoles. Y hasta qué punto esa oposición se traducía en una voluntad de cambio.

Yo era muy consciente de que no estábamos ante una campaña cualquiera. Sabía lo que estaba en juego. La izquierda quería convertir las elecciones autonómicas y municipales en un plebiscito contra el Gobierno de Aznar, en el punto de inflexión que quebrase la trayectoria ascendente del PP y pusiese fin a nuestro proyecto político de cambio para España. Si siempre he tenido un sentido acusado de mi propia responsabilidad, en esta ocasión lo tenía aún más. Hasta el punto de que llegué a plantearme una posibilidad que nunca antes había valorado: si las elecciones salían muy mal y la estabilidad del partido se veía seriamente comprometida, revisaría mi decisión de no repetir como candidato en las siguientes elecciones generales. Afortunadamente, no lo tuve que hacer.

Aquella campaña, sin lugar a dudas, fue la más intensa que he vivido y disputado nunca. Decidí implicarme a fondo, a tope y sin reservas. Era fundamental estar con el partido, con sus dirigentes y sus militantes, con toda esa buena gente que lo había pasado mal, a quienes la izquierda había acosado, presionado y demonizado durante meses. El Partido Popular había respondido de forma admirable a las campañas de insultos y agresiones, y yo quería retribuirle con todo mi esfuerzo y todo mi empeño.

En el momento de elaboración de las listas, Antonio Basagoiti, que entonces se presentaba a la alcaldía de Bilbao, llamó a Javier Zarzalejos para preguntarle si yo aceptaría cerrar su candidatura. Javier me transmitió el deseo de Antonio y acepté sin dudarlo.

La campaña fue físicamente agotadora, con dos grandes mítines diarios y muchos kilómetros de viaje. Y, sin embargo, fue la más gratificante de toda mi vida política. Muchos de aquellos mítines, sin guiones previos ni intervenciones preparadas, se convertían en diálogos espontáneos con la gente. El contacto con la militancia y la cohesión del partido me reafirmaban en la impresión de que las elecciones no estaban perdidas ni muchísimo menos. El Gobierno había sufrido un evidente desgaste, pero no había perdido la iniciativa. Y, en cambio, la radicalización del PSOE amenazaba con desbordarle.

Pasé la jornada electoral en la Moncloa. No recibí apenas datos ni previsiones de resultados en todo el día. En mi entorno había incertidumbre y preocupación. Pero, al final, ocurrió lo que mi intuición y la experiencia de la campaña me habían dicho que sucedería: ganamos.

En la sede del partido en la calle Génova resumí los datos. Habíamos ganado en 35 de las 52 capitales de provincia. Habíamos ganado en 9 de las 13 comunidades que celebraban elecciones autonómicas. Teníamos más alcaldes y concejales que ningún otro partido. Y, sobre todo, habíamos demostrado que el Partido Popular —al que algunos creían, si no desahuciado, sí muy debilitado— seguía siendo el partido mejor valorado y más apoyado por los españoles. También di las gracias a todos mis colaboradores y al conjunto del partido por el impresionante esfuerzo realizado y por el ejemplo que cada uno de ellos había dado de civismo, fortaleza y entrega al gran proyecto del PP para España. Fue una noche de alegría y muchas emociones.

Aquella contienda electoral ofreció varias lecciones relevantes. Demostró que no hay mejor estrategia electoral que la defensa firme de las convicciones y del proyecto. Y demostró, también, que agitar las llamas del radicalismo es muy peligroso porque siempre beneficia a los más extremistas. A partir de esas elecciones, el PSOE de Zapatero se vería arrastrado por la izquierda más radical y por los nacionalistas hacia posiciones cada vez más escoradas y perjudiciales para España. En lo que a mí respecta, el camino parecía despejado para completar con cierta tranquilidad mi segunda y última legislatura como presidente del Gobierno de España. Esa tranquilidad, sin embargo, duraría muy poco.

CAPÍTULO 10

Mis diarios del 11-M

Introducción

El 11 de marzo de 2004 fue el día más duro de mi vida. Más duro que el día del atentado que sufrí a manos de ETA. Más duro que el asesinato de mi amigo y compañero Gregorio Ordóñez. Fue el más duro porque ese día 190 personas murieron brutalmente asesinadas en Madrid (que serían 192, por fallecimiento a los dos días de un bebé herido y por el asesinato de un policía en la operación de Leganés, el 3 de abril) y más de mil quinientas resultaron heridas, algunas de enorme gravedad, incluso de forma irreversible. Todos esos hombres y mujeres, sus familiares y seres queridos ocupan un lugar central en mis recuerdos. Como dije en la comisión parlamentaria de investigación celebrada a finales de 2004 en el Congreso de los Diputados: «Ninguno podremos olvidar, nadie debe olvidar, las imágenes que contemplamos el 11 de marzo». Yo no lo he hecho nunca ni lo haré jamás.

Mucho se ha escrito y dicho sobre el 11-M: sobre sus autores materiales e intelectuales; sobre su evidente intencionalidad política; sobre la gestión del Gobierno y los aparatos del Estado; y sobre la campaña de bulos y mentiras organizada por una izquierda política y mediática dispuesta a saltarse todos los límites de la decencia democrática para alcanzar el poder.

Estas memorias no pretenden arrojar una luz definitiva sobre uno de los episodios más tristes y decisivos de la historia de España, un episodio que, estoy convencido, algún día se esclarecerá en su totalidad. Su intención es algo más modesta. En estas páginas quiero compartir con los lectores mis vivencias directas y más personales de aquellos días. Para que sepan exactamente lo que viví, sentí y pensé en esos momentos, cuando aún no tenía la visión de conjunto ni todos los matices que dan el tiempo y el conocimiento posterior de los hechos. Y porque creo que puede ser un testimonio útil para quienes, ya sea desde la pasión por la historia o la simple curiosidad, se interesan por la verdad. Para ello he tenido que alterar el formato del resto de estas memorias y desempolvar algunos de los cuadernos azules, los de formato pequeño, que tengo guardados en el despacho de mi casa. He tenido que reabrirlos después de casi diez años y releer mis entradas y anotaciones. Esto es lo que dicen. Éstos son mis diarios de marzo y abril de 2004.

Diarios

1 de marzo

Es el primer día en el que voy a participar en la campaña de las elecciones generales.

Antes por la mañana cumplo el compromiso de visitar el Instituto Superior de la Moda. Allí, junto a Covadonga O’Shea, encuentro a Mariano Puig, al presidente de Mango, a Loewe y otros.

Luego, acto en Tomelloso. Ahí me ha enviado «el mando». Voy a gusto, aunque hay gente que no entiende nada. Gran calor y recibimiento popular. Digo que no quiero homenajes, quiero mayorías.

Mi preocupación por la marcha general de las cosas aumenta.

2 y 3 de marzo

He llamado a Rajoy y le he citado a almorzar con Elorriaga, Aragonés y Arriola. Antes despacho con el Rey y entrego los premios de la Fundación Lilly de Investigación, que siempre es un acto relevante. Aprovecho para hacer balance de los años de Gobierno en investigación, que sale bastante lucido.

Almuerzo. Les digo sin contemplaciones lo que pienso. No me dejo nada. Mariano reacciona con inteligencia y sensatez. Arriola se ve en la obligación de dar explicaciones. Le digo: «No te preocupes, que si las cosas no salen la culpa la tengo yo». Elorriaga se explica. Le digo: «No me cuentes lo que yo he hecho». Aragonés, silencio completo.

Espero que esto sirva de reacción, que hace falta.

Luego hablo con Lula y me voy a Melilla.

Quería hacer esta visita. Paseo por la ciudad y largo recorrido. Lleno de gente. Cena. Por la mañana corro por el paseo marítimo. Me cruzo con media ciudad, regulares incluidos.

Avión a Málaga, helicóptero a Ceuta: acto, gran recibimiento; la gente aquí no olvida. Desde Perejil, la construcción se ha disparado y la inversión también. Nada como crear confianza. Sobrevuelo la Costa del Sol, todo un espectáculo. Al ir a Ceuta, dejé a la derecha Gibraltar y la bahía de Algeciras y sobrevolé Perejil antes de aterrizar.

Vuelta a Madrid.

4 de marzo

Presentación de los cuadernos de FAES. Sale un buen discurso.

Entrevista larga para Le Monde.

Cena en la Zarzuela con todos los presidentes centroamericanos que habían venido a Madrid a despedirme. El Rey me dice que el Príncipe tiene algún compromiso y no puede asistir. Algo muy importante debe de ser para estar ausente.

5 de marzo

Consejo de Ministros. Reunión con los centroamericanos, que han venido todos. Se firma, ¡por fin!, el ingreso de España en el Banco Centroamericano. Conozco al nuevo presidente guatemalteco, Óscar Berger. El anterior, Alfonso Portillo, ha tenido que salir del país y se ha refugiado en México: pesan sobre él muchas acusaciones por escándalos de corrupción.

Los presidentes se llevan bien entre ellos, pero tienen que atender más a su integración.

6 y 7 de marzo

Cosas domésticas. Rioja: magnífico mitin. Me lo paso muy bien. Dormimos allí. Sevilla: emocionante intervención de Teresa Jiménez-Becerril, hermana de nuestro concejal asesinado con su mujer. Estoy preocupado por cómo van las cosas. Creo que perdemos gas. Los sondeos así lo reflejan, pero eso me importa poco.

• Los activos de los ocho años no se explican.

• La necesidad de la mayoría, tampoco.

• De economía se habla poco.

• En Cataluña literalmente no se hace nada; como me temía, nos hemos quedado sin mensaje.

• El tono general es bajo.

• Soy consciente de las dificultades, pero creo que se podría hacer más.

No me han pedido que vaya al País Vasco, ni a Cataluña, ni prácticamente a ningún sitio. ¿Habrán sido tan malos los ocho años? Particularmente doloroso me resulta lo del País Vasco, pero todo es cuestión de acostumbrarse. Simplemente equivocado me parece lo de Cataluña, donde cuidar a los nuestros es el trabajo que se tendría que hacer allí.

8, 9 y 10 de marzo

Lunes: he estado con Paco Flores, presidente de El Salvador y gran amigo. Aspiraba a la Secretaría General de la OEA, pero no la va a conseguir por pronorteamericano. Me habla de cosas de futuro que me gustan.

Ayer los griegos de Nueva Democracia ganaron las elecciones. Hablé con Costas Karamanlis para felicitarle.

No ha sonado el teléfono ni una sola vez en toda la mañana.

Así es esto. Hoy comienza la recta final de la campaña. La impresión es que vamos hacia abajo. Ojalá se reaccione y se consiga.

Firma de un contrato con IBM para instalar en Barcelona el segundo supercomputador del mundo. Un buen éxito.

Salvo lo de Salamanca el lunes, tengo la impresión de estar encerrado y sin hacer nada en la campaña. Además es así. Creo que las cosas no van bien y me muerdo los puños pasando horas aquí dentro.

11 de marzo

La infamia más cruel y negra cayó sobre nosotros. Doce bombas, luego se recogería una decimotercera, en mochilas y sacos. Son repartidas en un tren de cercanías lleno de gente y activadas por teléfono. La matanza es un espanto y en poco tiempo los muertos y heridos se multiplican vertiginosamente.

Como me ocurre siempre en situaciones límite, me invade una gran serenidad: sé lo que hay que hacer. Pero al mismo tiempo tengo una gran sensación de sufrimiento por la gente, y también de tristeza porque a pocos días de las elecciones y de finalizar nuestro mandato ocurra esto.

En poco tiempo, las noticias que nos dan son más de cien muertos, que luego llegarían a doscientos. Hablo con el Rey varias veces. Estoy en contacto permanente con Acebes.

Organizo con Arenas: visitar hospitales. Todo el mundo se vuelca, la actitud de la gente es extraordinaria. No hay palabras.

Todo apunta a ETA; es lógico. A las 9.30, los primeros en salir son los del Gobierno vasco con Ibarretxe a la cabeza. Luego los demás. Yo no hablo hasta las catorce horas, para tener todos los datos.

Interior y el CNI apuntan a ETA: sabíamos que querían intervenir antes de la campaña.

Sabíamos que querían hacer visible la tregua de Cataluña.

Una semana antes detuvimos una caravana con quinientos kilos de explosivos. Los detenidos habían querido atentar en el este de Madrid; pretendían también hacer estallar trenes con explosivos.

En Nochebuena, se evitó en Chamartín lo mismo de ahora. Años antes, en el 2000, lo intentaron con el objetivo de volar la Torre Picasso.

Esto es lo que hay después de treinta años de terror.

Hablo con Zapatero, Rajoy y con los directores de medios.

Por la tarde Acebes me comunica que ha aparecido una furgoneta en Alcalá de Henares con detonadores y cintas; alguna de ellas, con versos del Corán. Vuelvo a hacer las mismas llamadas y les digo a todos lo que hay. Le digo a Acebes que lo cuente.

Quiero que se investigue todo —se lo digo a los míos— y que se sepa todo.

A tan pocos días de las elecciones y con lo que hay por aquí, el asunto es el siguiente: la izquierda acaricia [sic] por que sean los árabes y poder echar la culpa al Gobierno por la guerra de Irak. Si es ETA, se callan y a remar. Siembran dudas sobre lo que dice el Gobierno: «Que no dicen la verdad», «que no detienen a nadie», etc.

Mi decisión es completa partiendo de una base sencilla: para mí todos son iguales; me importa poco a estos efectos que sea ETA o Al Qaeda. Pero para ellos no: si es Al Qaeda, la culpa la tengo yo. Pero para que no haya dudas, si ha sido ETA, también.

Nadie dice nada, el entorno de ETA enloquece y busca echar la culpa a los árabes.

Un extraño grupo islámico reivindica en Londres el atentado. Pero todos dicen que es de poca fiabilidad.

El CNI habla con los norteamericanos, con los ingleses, con los franceses, con los alemanes, con los árabes, con los judíos: nadie tiene ni idea. Pero no les suena que sea una actitud propia de Al Qaeda. También ETA muchas veces, nos dicen, puede jugar al despiste y no reconocer cosas.

Hablo con medio mundo; la conmoción mundial es enorme.

Sigo tranquilo; soy consciente de que España ha sido atacada y que empiezan cosas nuevas para el país que espero que entienda.

12 de marzo

Consejo de Ministros: ofrecemos la nacionalidad española a las víctimas extranjeras y la regularización a los ilegales. Hay víctimas de doce países hasta ahora. Hay cuarenta con dificultades de identificación.

Raffarin, Berlusconi, Durão Barroso, Prodi y otros vienen a la manifestación de Madrid. Millones en la calle. En Madrid más de dos millones, bajo una lluvia intensa.

Poco antes una llamada en nombre de ETA: dicen que ellos no han sido. Casualidad.

Al llegar a la manifestación noto mal ambiente y enseguida me doy cuenta de por qué. Los más radicales del PSOE e IU han tomado el trayecto organizado desde Cibeles a Atocha. La noche es desagradable. Las consignas: «¿Quién ha sido?» y «Queremos la verdad».

El Príncipe y las Infantas vienen en la cabecera, donde hay lío, como siempre.

Los extranjeros —nunca se había producido en Europa una presencia tan masiva de primeros ministros y ministros de Asuntos Exteriores— están asombrados: les explico lo que pasa. Pregunto si hay datos. Me dicen dos millones de personas. Conclusión: Llamazares y compañía estarán contentos. Han movilizado a todo el mundo y han manchado para su vergüenza este día. En Barcelona, como era de esperar, Maragall cumple lo «pactado», y Rato y Piqué lo pasan mal.

¿Adónde vamos con esta gente?

13 de marzo

Sábado por la mañana. Sigo con la situación. Vendrá a almorzar Rajoy. Ahora espero a Acebes. Todos los de casa, como siempre, maravillosos.

Hoy sábado: reunión con Ángel Acebes. Conversación con J. Dezcallar.*

A la hora del almuerzo una pista marroquí se abre paso. A partir de ahí todo va a gran velocidad. Hay más marroquíes detenidos. Les están tomando declaración. Espero ansioso las noticias de Acebes. Acebes me dice que la izquierda se prepara para concentrarse en Génova a las 18.30. Aviso a Rajoy. La presión va a ser tremenda, y el juego antidemocrático, también. Están preparando el día de mañana y el lunes postelectoral.

¿Hasta dónde serán capaces de llegar en esta carrera enloquecida?

Escribo esto a las dieciocho horas del sábado 13.

He envejecido más en dos días que en los anteriores ocho años.

14 de marzo

Elecciones. Primavera espléndida en Madrid. Hemos ido a votar Ana y yo a las 10.30. El colegio está lleno de gente que nos hace un recibimiento tan cariñoso que desborda todas las emociones. Minutos y minutos de largos aplausos. Ana no puede aguantar la emoción y llora y llora. La tensión de estos días se desborda. Logro contener la emoción. No íbamos con papeletas y las tenemos que recoger y poner las cruces en el Senado. Saludamos a todos los miembros de las mesas.

Llamo a Bernardo Lombao, que cuando llega me da un abrazo emocionado. Corremos durante cincuenta minutos.

Viene el padre Álvarez a decirnos la misa. Almuerzo en familia con Javier Zarzalejos, que está instalado abajo con las pantallas de resultados.

Los datos de participación son altos, y los sondeos, malos. Esperemos.

Hablo con Ángel Acebes, cuyo comportamiento estos días es de una entrega y ejemplaridad extraordinarias. Me cuenta las últimas novedades en relación con el atentado del jueves. No hay grandes cambios.

La de ayer sábado fue una jornada agotadora. Por aquí estuvieron todo el día Lasquetty, Timermans y Javier Zarzalejos. Acebes vino dos veces.

A mediodía, noticia del vídeo de reivindicación de Al Qaeda. Ángel Acebes tiene instrucciones claras de decir la verdad y toda la verdad. Nada más. Así lo hace, cueste lo que cueste.

La izquierda ha movilizado a la gente que se manifiesta delante de Génova, también en Barcelona y otras ciudades.

Las noticias de las actuaciones de Otegi, Carod-Rovira y compañía son lamentables.

Todo tipo de bulos, amenazas y coacciones se ponen en marcha. Digo a Rajoy que el partido responda con contundencia.

La policía ha pedido a Acebes que no salga a contar lo del vídeo. No se fían. Son conscientes de lo que puede pasar, y su lealtad personal y su respeto por lo que ha sido mi actitud en la lucha antiterrorista los tiene doloridos y emocionados. Esta parte merece la pena.

Actitud lamentable del PSOE e IU en la calle.

Sea como sea, la historia está ahí y tengo asumido que si perdemos es por mi culpa, y si ganamos, a pesar mío. En todo caso, estoy tranquilo y sereno. ¿Qué dirán los españoles?

Me preocupan la inmadurez de la izquierda y el espíritu claramente antidemocrático de una parte de ella. Ojalá los españoles se den cuenta.

Ayer, durante toda la tarde me fui colocando en las hipótesis peores. Para qué ocultarlo. Todo ha sido planificado por una mente implacable y diabólica, sin tiempo a las reacciones ni a nada.

La reacción de la gente, admirable. Pero todo viene de atrás. A estas horas, 16.30 de la tarde, sólo puedo esperar, aunque las esperanzas no son grandes. Así ocurrió también en las últimas elecciones, en la primavera de 2003, y luego tuvimos alegría. Ahora no sé. Pienso en España.

He servido a mi país con decisión, entrega y una pasión que algunos pueden considerar hasta excesiva. Pero no estoy hecho para ocultar convicciones. Me duelen y desprecio tantas actitudes repugnantes que conozco, que hemos soportado y que deberían estar al margen del comportamiento democrático normal...

17 de marzo

Tendré que ir hacia atrás. Estos días no quiero pararme; hago cosas continuamente. Hoy he dado orden de que se vaya recogiendo mi despacho, con lo que ahora estoy en el «oficial». Esta mañana hemos tenido reunión del comité de crisis para aprobar el plan de medidas extraordinarias de seguridad y que llamaremos adicionales para que creen la menor alarma posible. Ayer Acebes se lo comunicó a Rubalcaba, que dio su visto bueno.

Antes recibí a Ana Palacio y luego me dediqué a ordenar la bodega; esto lo estoy haciendo personalmente.

Han venido a almorzar mi madre y mis suegros. Luego me he dado un paseo por el jardín con mis gatos Manolo, Lucas y Margarita, que no se separan de mí. Pobrecillos, espero encontrar a alguien que se ocupe de ellos. Me dan mucha pena; me los llevaría a todos, pero no es posible.

Ayer por la tarde me reuní con el gabinete. La indignación es seria y los tranquilizo; pero las cosas están complicadas.

Esta mañana he hablado con Rajoy; le he dicho que publique en los periódicos páginas dando las gracias. Hemos quedado en celebrar una Junta Directiva el próximo martes y un gran acto el sábado 22 en Vista Alegre. Luego Rajoy me llama para preguntarme si estoy seguro de la celebración del acto. Le digo que sí.

Se han convocado manifestaciones «espontáneas» en Génova que van a ser desautorizadas. El estado de indignación de mucha gente es grande, y aumentó mucho cuando ayer circuló el bulo de que habíamos pretendido dar un golpe de Estado el sábado 13 y que el Rey lo había parado. Semejante dislate fue luego abonado por el ilustre señor Almodóvar en rueda de prensa durante la presentación de su última película. Es increíble.*

Ayer llegamos a tres conclusiones:

a) desclasificar papeles del CNI desde el día 11;

b) pedir autorización al juez para el conocimiento de las escuchas autorizadas judicialmente;

c) valorar todo el proceso de toma de decisiones e información del Ministerio del Interior.

No voy a aceptar que se mancille el honor del Gobierno ni el mío. Para eso es preciso reaccionar; el Gobierno debe actuar en este sentido, y el partido, también. Defiendo los ocho años de Gobierno como un bloque compacto.

Las llamadas son continuas y la desolación entre nuestros amigos es grande, así como la algarabía por nuestra derrota en los Schroeder y Chirac.

Las declaraciones de Zapatero sobre la retirada de tropas de Irak han sido desoladoras. Sin duda, es la decisión legítima de quien ha ganado las elecciones, pero es la demostración de un error gravísimo. El daño para España es extraordinario.

La segunda declaración que hace es que podemos renunciar a Niza, es decir, a nuestra posición en Europa; todo sea por la simpatía. Volvemos otra vez a la posición de campaña, y esto sin llegar todavía al Gobierno. En cuarenta y ocho horas se han arruinado años de trabajo.

18 de marzo

Consejo de Ministros. Acabamos de desclasificar algunos documentos del CNI, todas las actuaciones del Gobierno por orden cronológico. Hemos preparado la demostración de la manipulación incalificable del Grupo Prisa. Otros siguen actuando. Un consejero vasco llamado Azcárraga dice que me quiere ver delante de los tribunales y la consejera de Interior de la Generalitat de Catalunya habla de golpe de Estado.

Los bulos y rumores son incalificables. Demostraciones de una miseria que produce náuseas. Dicen que Acebes fue a ver al Rey para suspender las elecciones, que el Rey se negó, que amenazamos con un golpe. Es la cumbre de la difamación.

No estoy dispuesto a aceptar esto sin respuesta. Una cosa es perder las elecciones o no estar de acuerdo con decisiones que se puedan tomar, pero que son legítimas, y otra aguantar todo esto. También vamos a hacer un gran acto político; algunos no quieren, yo sí.

Después del consejo, Acebes y Zaplana lo hacen muy bien.

Sigo recibiendo cartas y llamadas especialmente emocionantes que agradezco mucho en estos momentos.

Mudanza y preparación de los papeles. Rajoy viene a verme. Le sugiero:

• Organiza bien los grupos y empieza a mover el partido.

• El congreso, después del verano.

• Defensa en bloque de los años de Gobierno.

• No consentir fisuras en el partido.

Contesto decenas de llamadas.

Veo cómo pierde el Madrid la Copa del Rey. Di Stéfano y Amancio se han quedado en Madrid para verlo conmigo.

Han comenzado ya las reuniones para el traspaso de poderes.

Sanguinetti, Uribe y los demás iberoamericanos llaman preocupados. Powell y Rice mandan mensajes.

19 de marzo

Estas líneas están interrumpidas, pero quiero tomar algunas notas para que no caigan los hechos en el olvido.

Día de mi santo. Doñana, maravilloso. Habrá alguna romería al Rocío. Pasaban caballistas. Puesta de sol perfecta. Llamadas de felicitación. Estamos aquí con los Zarzalejos, Zaplana, Timermans, Lasquetty, Aragonés, Ana y Alejandro. No leo la prensa, pero sé que lo de ayer ha salido bien.

Me llama Raffarin. Ayer lo hizo muy cariñoso Balkenende, primer ministro de los Países Bajos. Están en Bruselas y también se pone Alain Juppé.

José, mi hijo, está muy desanimado. Desde Nueva York tiene un sentido especial para ver las cosas: el prestigio de España ha caído en cuarenta y ocho horas ni se sabe cuánto.

24 de marzo

«Señor Aznar, yo le hago a usted responsable de la muerte de mis dos hermanas.» Justo cuando iba a empezar el funeral por las víctimas del 11-M, como un puñal cruel y helado se me clavaron esas palabras en el corazón, dichas por alguien que se creía con derecho a ello.*

El día había amanecido gris, frío y lluvioso. Muchas representaciones del exterior. La Familia Real. Rouco oficia con gran cantidad de obispos, muchos se acercan a desearme ánimos. Esta mañana han venido a verme Leszek Miller, primer ministro de Polonia, y Colin Powell, ambos preocupados, pero con un gesto que agradezco mucho.

Anoche cenamos con Cherie y Tony Blair. «Me voy a encontrar muy solo», me dice Tony. Se le ve muy preocupado e impresionado. Le hago todo tipo de consideraciones sobre su seguridad y hablamos largo tiempo de las consecuencias para todos de la situación creada. Amigos sinceros, les echaré de menos.

A mediodía el teléfono suena mientras Ana y yo almorzamos solos. La Infanta Cristina con palabras de aliento y cariño por «la injusticia terrible» que dice que estoy sufriendo. Luego se pone la Infanta Elena y casi me dice lo mismo, porque no termina y se echa a llorar. Me ha llamado emocionada y conmovida. Les escribo en nombre de Ana y mío una carta de gratitud sentida y sincera; hay gestos que no se olvidan.

Chirac y Schroeder, que han estado por aquí, y ni atisbo de visita y ni siquiera de llamada.

Me llama Joaquín Navarro-Valls. Me habla del afecto del Papa y me dice que ha seguido las cosas y que le preguntaba por mí continuamente.

Prodi me llama sólo para decirme que lo de hoy en la catedral es una terrible injusticia. Y nada más. Ciao. Le agradezco el gesto.

Ayer por la tarde, Junta Directiva Nacional, pero antes por la mañana vino a verme Rajoy. Le animé a hacer los nombramientos que quería esa misma tarde. Me dice que será candidato al congreso del partido. Me alegro de los nombramientos de Acebes, Zaplana y García-Escudero.

Como ayer hablé de «un poder fáctico claramente reconocible», Prisa está encolerizada. Me da igual. Siguen enzarzándolo todo, ahora a cuenta de mi llamada a Ceberio el jueves 11.

Cuando le dije que a Otegi no le prestábamos ningún crédito me contó lo siguiente con toda claridad: «He mandado cambiar la portada del periódico y que el titular diga “Matanza de ETA en Madrid” en lugar de “Matanza terrorista en Madrid”». La edición del periódico es de las 13.00 horas del jueves; mi llamada es de las 13.10. Será también por lo del periodismo independiente.

Dedico todo el tiempo posible a las cosas de la nueva casa. Hoy he estado tres horas allí con libros a cuestas. A Ana se le nota el sufrimiento. No se nos está ahorrando ni una pizca de crueldad.

Acebes me informa de las investigaciones, que avanzan, y de que hay cosas importantes.

El lunes 22 fui a Telecinco. El señor Echevarría ni se molestó en aparecer. El consejero delegado tuvo la amabilidad de bajar del despacho una vez que le avisaron de que habíamos llegado.

25 y 26 de marzo

Consejo Europeo. Medidas antiterroristas bajo los impulsos del 11-M. Solidaridades y simpatías. Reunión previa emotiva del Partido Popular Europeo. Todo es afecto y palabras de aliento. Silvio (Berlusconi) quiere que me dedique a las cosas europeas. Se ofrece para lo que necesite. Luego le explicaré por qué no es una buena idea.

La conclusión del debate es que hay que hacer lo que se aprobó y no se hizo después del 11-S. El debate es desolador; solamente Tony Blair está en su sitio. Durão y Balkenende están a la altura. Chirac hace una intervención lamentable sobre las causas del terror. A él se une todo un coro de voces mediocres y acobardadas. Nada hará Europa de esta manera.

Por la noche, Conferencia Intergubernamental. Quieren cerrar en junio. A Chirac y Schroeder se les ve el júbilo.

A la mañana siguiente, despedida. «Hasta luego», digo. Aplausos y elogio de Bertie Ahern, presidente del consejo.*

Terminamos en el Consejo Europeo. La mayoría de la gente se despide con gran afecto. Schroeder me da la mano y se va. Chirac no comparece.

27 de marzo

Acto en Vista Alegre. Ambiente vibrante. Estoy a gusto. Sale un buen discurso. Rajoy anuncia cambios en el partido y efectivamente los hace. Yo los hago en FAES.

29 de marzo

Cena en la Moncloa con miembros de todos nuestros Gobiernos.

Reflexiones sobre España y sobre Europa. El pasado viernes a las once apareció en las vías del AVE a Sevilla una bolsa con doce kilos de dinamita y más de ciento cuarenta metros de cable, dispuesta para ser activada. Su mecanismo no funcionó y la presencia de una patrulla de la Guardia Civil la detectó. La posibilidad de volar el AVE haciéndolo saltar por los aires produce terror. Cientos de personas podrían haber muerto.

Doy instrucciones a Acebes y Trillo de que se reúnan y ordenen un despliegue adicional al ya dispuesto. Las Fuerzas Armadas controlarán los puntos estratégicos. Madrid se encierra en un círculo de cien kilómetros.

Ayer por la tarde me cuenta Dezcallar que el día anterior ABC recibió un vídeo de un comando de Al Qaeda Europa. El mismo Al Qaeda Europa que reivindicó el 11-M en un vídeo.

Esta mañana he despachado con Interior, Defensa, gabinete. He hablado también con Rodríguez Zapatero, que quiere venir a primeros de la próxima semana.

Coll y Sánchez han tenido grandes divergencias en Irak; espero que se solucionen.*

Escribo a Kofi Annan para el asunto de Javier Rupérez en el Comité Antiterrorista. Parece que los socialistas dan el visto bueno.

El martes de la pasada semana fui a la Cope por la mañana al programa de Federico Jiménez Losantos. Vieja amistad recuperada. Están presentes Pedro J. Ramírez y Alberto Recarte.

Se hace pública la nota acordada en Georgetown. Estoy contento. Le había pedido a DeGioia que se lo contase al Príncipe. El día 1 en el almuerzo en el Palacio Real el Príncipe me lo cuenta. El Rey, la Reina y las Infantas han estado estos días especialmente cariñosos.

1 de abril

El Rey, la Reina y el Príncipe nos invitan a almorzar en el Palacio Real. Palabras; rompo el protocolo y contesto al Rey.

Entrego la bandera de Azaña al museo militar.**

3 de abril

Quiero estar ocupado. Llegan buenas noticias; lo de Georgetown está cerrado.

Día infernal. El núcleo duro de la célula terrorista islámica es detectado en Leganés. Actúan; se inmolan. Continuas comunicaciones con Acebes y con el Rey, que está de viaje en Bahréin para asistir a la carrera de Fórmula 1.

Previamente, operación contra ETA en Francia. Cae el jefe del aparato logístico, Mobutu, y a renglón seguido aparece el gran arsenal de ETA. Más detenidos.

La Guardia Civil se emplea a fondo. Astarloa me cuenta que la Guardia Civil está decidida a darme lo que un día le pedí. La semana pasada estuvo a punto de caer toda la cúpula, pero llegar hasta ellos habría sido demasiado peligroso.

4 de abril

Doñana. Tengo que ir en el relato una vez más hacia atrás. Durante estos días han ocurrido todo tipo de cosas. He procurado estar lo más ocupado posible, con el traslado de la casa, hasta llegar a ilusionarme. He empaquetado, trasladado y transportado muchas cosas, sobre todo libros, cajas, papeles, preparando la casa y preparando el despacho de la fundación.

Hemos tenido noticias alarmantes del terrorismo islámico y de la situación en Irak, y cambios que afectan a la situación general.

Hoy he ordenado en casa más cosas. He ido a ver al jefe del Grupo de Asalto de Operaciones Especiales herido ayer, y he asistido al funeral por el GEO muerto, acompañado por Acebes. Rajoy no quiere ir, pero al final va.

Las familias, a lo largo del funeral, respeto y silencio que agradezco.

A lo largo de todo el día llegan noticias malas de Nayaf, en Irak; la insurrección es casi general. Conversaciones con Trillo. Los norteamericanos quieren dar un escarmiento.

7 de abril

Sigo las cosas con marcada distancia y por el momento intento disfrutar al máximo en Doñana. Ayer por la tarde dimos un paseo a caballo de dos horas por las llanuras al borde de la marisma; espectáculo excepcional: ciervos, gamos, jabalíes, caballos, luz, agua, árboles, todo era un prodigio de armonía que te hace sentirte ciertamente un privilegiado.

En general la prensa acogió bien lo de Georgetown. Me estoy ocupando de la candidatura de Rodrigo al FMI. Se lo merece, el cargo le viene como anillo al dedo. La Casa Blanca lo apoya con entusiasmo. Hoy he hablado con Koizumi, el primer ministro de Japón, que ha estado receptivo, y esta tarde hablaré con Putin, con el que supongo que habrá más dificultades.

Ayer tarde, nueva manifestación de la izquierda en Leganés «contra el terrorismo y la presencia española en Irak». Allí estaban dirigentes socialistas: el comunicado lo leyó Pilar Bardem en apoyo de la retirada de Irak. Es decir, el todos en contra del PP, como de costumbre.

Desde hace tiempo vengo diciendo que la izquierda española es la peor de Europa, y lo sigo pensando. España no tiene un problema por el centro-derecha, moderno, abierto, popular. Esto lo hemos resuelto. Pero sí lo tiene por la izquierda, donde el radicalismo es cada día mayor, acompañado de una insolencia nacionalista insoportable.

Yo tuve la ambición de situar a España entre los grandes y para eso era necesario jugársela, arriesgar y asumir responsabilidades; y lo hice. España tiene condiciones, aunque a una parte del país no le guste. Aposté por una España pujante y orgullosa. Es en lo que creo y lo otro no me interesa. Hay país, hay base para ello. El camino era difícil, pero había que intentarlo.

Los atentados del 11-M vinieron en ayuda de todo lo contrario.

En todo esto destaca el lamentable espectáculo que se ha dado en Cataluña. Me temo que con el nuevo Gobierno vamos a ver todas las tonterías progres con las que se excitan algunos hasta comprarlas por catálogo.

Pero están contentos: han ganado a Aznar, que no se presentaba; pero no han ganado ellos, y lo saben. Dudo mucho que tengan inteligencia para sacar las conclusiones apropiadas.

Ejemplo de lo que nos pasa: Moratinos, un señor que debería estar especialmente agradecido por todo el apoyo que se le ha dado estos años, me acusa de manipulador, de haber roto el consenso en política exterior. Dice que va a cambiar la relación privilegiada con Estados Unidos, pero sin sumisión, y que tendríamos que haber mandado médicos a Marruecos y no soldados a Perejil. ¿Cabe una tontería mayor?

8 de abril

Jueves Santo. Ha amanecido nublado y vienen chubascos. Corro dos horas seguidas por la playa. Después vamos al cerro de los Ánsares. Por la tarde, paseo a caballo. La tierra húmeda, el campo vivo.

Ayer por la tarde hablé con Putin. Me despedí. Le hice testimonio de amistad y le pedí apoyo para Rodrigo. Como suponía, tiene un acuerdo con el francés. Me dice: «Lo que ha pasado en España es gravísimo para todos, un precedente fatal. [...] He trabajado muy a gusto contigo, aquí tienes tu casa; voy a tratar de llevarme bien con tu sucesor, pero te digo que lamento de veras que uno de los mejores líderes de Europa se vaya». Se lo agradezco.

Hoy Acebes me ha contado las últimas novedades de la investigación.

9, 10 y 11 de abril

Terminamos en Doñana. Vinieron Ana y Alejandro, y el viernes lo hicieron a almorzar Miguel Arias Cañete, su mujer y sus hijos. Miguel ha sido un buen ministro de Agricultura, como también fue un buen eurodiputado.

He dedicado el tiempo a disfrutar de largos paseos a caballo. El domingo por la mañana, largas galopadas por la orilla del mar. Hacía mucho tiempo que no tenía una sensación tan maravillosa. «Te echaré de menos, Figo», le digo al caballo.

Todos los de Doñana nos dan un aperitivo de despedida el sábado a mediodía en el Camino del Viejo Inglesillo. Son muy buena gente.

El domingo por la mañana yo hago lo mismo con los guardias civiles que prestan servicio allí cuando yo estoy. Los saludo a todos. Me impresionan con lo que me dicen: «Presidente, nosotros lo que queremos es ir a Irak». Me dan el testimonio de lo agradecidos que están por nuestra tarea y del respaldo a la Guardia Civil.

El domingo vamos a Rota en la patrullera. Varios pescadores han estado dos horas de espera y de camino para saludarme. Fotos. Se lo agradezco nuevamente.

El Rey llamó el sábado para felicitar las Pascuas.

12 de abril

Solamente pendiente de todas las cosas de la mudanza. Arreglo mis cosas de inglés. Entrevista en The Times que da mucho juego. Luego audiencia con el Rey; cortesía.

13 de abril

A las 8.30, Zapatero. No sé qué interés tenía en la entrevista. Le hago alguna consideración sobre personas: Ara, Carnero, Arias y otros. Le hablo del CNI, de terrorismo, de seguridad, de Irak, de la Guardia Civil. Es de suponer que no me haga caso.

Paco González, del BBVA, viene a darme un abrazo, y se lo agradezco.

Entrevista con la Fox, que da aún más juego que la de The Times. Sigo sin leer la prensa española.

Consejo de Ministros. Sobriedad y agradecimientos.

Voy a Quintos de Mora a recoger. Echaré de menos la casa del campo. He sido feliz aquí. Todo el personal espera y comemos juntos unos huevos con migas que Nati, el jefe de guardas, ha preparado. Buenas personas.

Regreso a Madrid y activo la mudanza. Acabo el día extenuado. Ayer fue el último día que dormimos en la Moncloa; hoy ya lo hacemos en la nueva casa.

También despedida de la Comisión de Secretarios y Subsecretarios. Palabras afectuosas y bandeja firmada. Han hecho un buen trabajo y hay gente muy preparada.

Paso por buena parte de los despachos de la Moncloa de despedida. Sigo los trabajos de la casa.

Investidura. Discurso de Zapatero en un tono de Zapatero del que ya se ve el fondo: diálogo, más diálogo, sólo diálogo, frente a mi prepotencia y autoritarismo. Abre todos los problemas sin cerrar ninguno: reforma constitucional, reforma de los Estatutos, retroceso antiterrorista. Actitud clara de intentar aislar al PP: el todos contra el PP. De economía no habla; matrimonio homosexual, igualdad, etc. Vuelco exterior. No se cita la retirada de las tropas de Irak.

A muchos gustará este discurso, que denota la ausencia de programa y de proyecto; aquí no importa lo que se piense, sino el talante. Ésta es la nueva majadería de lo progre correcto. Rajoy hace un buen discurso. Luego me voy.

Por la mañana, después de oír a Zapatero, me fui a Génova y vacié el despacho. Me fui silenciosamente. Me dedico a las cosas de la casa.

Voy a la votación. Zapatero es presidente de Gobierno con el apoyo de comunistas e independentistas, para afrontar una política:

a) que va a revisar el consenso antiterrorista,

b) que va a la reforma institucional,

c) que va a congelar la de educación,

d) que va a anular el Plan Hidrológico Nacional,

e) que va a cambiar la política exterior y que amenaza la economía.

El peor escenario posible.

Almuerzo en Casa Ciriaco con los del gabinete. El Rey llama a dar un abrazo.

17 de abril

Voy a la Zarzuela a la jura de Zapatero. Vuelvo rápido a casa, y con Ana y Alonso vamos a la Fundación. Luego voy a El Corte Inglés de compras y se organiza el correspondiente revuelo. Conozco la casa de [mi hija] Ana. Vuelta a casa; ordeno cosas.

Ceno en casa de Emilio Botín.

18 de abril

Domingo. En casa de Michavila, bautizo de su hijo.

Por la tarde, Zapatero hace el anuncio de la inmediata retirada de tropas de Irak. Se consumó el dislate:

a) España se sitúa en la peor de las posiciones posibles. Ya no es de fiar para los aliados y es débil para los terroristas.

b) La España atacada el 11-M envía un mensaje de desistimiento. Me temo que España va a pagar muy caro este hecho sin precedente histórico. No se van a salvar las cosas así como así, sin pagar un precio tremendo.

Ésta es la consecuencia de la lección del 11-M.

19 y 20 de abril

Me dedico a poner en marcha FAES. Llamadas, visitas. Traigo a parte de los que han trabajado conmigo.

Almuerzo en la Fundación Endesa con Rodolfo Martín Villa, José Miguel Ortí Bordás y Gabriel Cisneros. Hace ya nueve años de mi atentado.*

Por la tarde, en la fundación hasta las ocho.

Vuelvo al ejercicio matinal. Me preguntan si me voy a tomar vacaciones y digo que no.

El martes almuerzo con Rajoy.

Hablo con Bush. Quedamos en vernos.

Dedico buena parte del día a cuestiones de la fundación.

Epílogo

En julio de 1988, siendo presidente de Castilla y León, durante una entrevista en el programa «Cara a Cara», de Televisión Española, un periodista me preguntó: «¿Usted no aspira a ser presidente del principal partido de la oposición?». Mi respuesta fue: «Yo a lo que aspiro es a ser presidente del Gobierno». Después de la sorpresa de los entrevistadores ante la claridad de la respuesta, expliqué que se trataba de una aspiración que gestionaría con prudencia y con paciencia, pero que consideraba lógica en un político de vocación.

En la pregunta, tal y como fue formulada, y en la respuesta que di a ella, se encierran algunas claves importantes de la política española de aquellos años que me propuse superar: la afirmación tomada por un axioma de que en España el centro-derecha sólo podía aspirar a languidecer en la oposición; los personalismos que fragmentaban el espacio político del centro-derecha y neutralizaban la posibilidad de confluir en un proyecto político convincente para la mayoría de los españoles; el empobrecimiento del sistema democrático por la falta de una alternativa viable de Gobierno.

La de presidir la oposición me parecía una aspiración incompleta, insuficiente, para mí mismo o para cualquiera en Alianza Popular. Por sí solo eso no ayudaría a España a tener un futuro mejor. El objetivo final debía ser gobernar, no otra cosa, y el partido debía ser un instrumento para eso. Si creíamos en lo que hacíamos, si pensábamos que nuestras ideas y nuestras propuestas políticas eran buenas, ésa debía ser nuestra meta. Hacer una buena oposición era lo primero, pero para eso era necesario querer ser Gobierno. Un paso debía seguir al otro.

La contribución del Partido Popular a la estabilidad política y a la consolidación de las instituciones democráticas ha sido importante. El PP nunca ha creado un problema institucional, territorial o constitucional al sistema democrático. No todos pueden decir lo mismo. Y es conveniente subrayar que esa contribución se ha hecho desde su voluntad de ser alternativa, sin aceptar la posición que algunos querían asignarnos en el sistema de 1978, una posición de subordinación a la izquierda, derivada del estigma que se quería grabar sobre nosotros desde el propósito perverso de hacernos herederos de la dictadura.

Lo que aquí he contado ha sido posible gracias al Partido Popular. Y si el PP existe es porque, durante muchos años, muchas personas trabajaron muy duro para hacerlo realidad: es el fruto de un trabajo en equipo. Personas que incluso arriesgaron su vida, y en muchos casos la perdieron. No por el Partido Popular, sino por aquello a lo que sirve el Partido Popular, que es España.

El PP rompió con el juego guerracivilista que otros querían mantener como el sonido de fondo de la política española. Ya la propia sociedad había roto con ese juego e iba trazando un nuevo mapa político de futuro. Por eso el Partido Popular consiguió ganar las elecciones. Desde que se produjo aquel cambio de fondo, el Partido Popular ha sido el que más votos ha recibido, sumando elección tras elección. El mito de que España «era» de izquierda se vino abajo poco después de que decidiéramos ponerlo a prueba.

Voluntad y trabajo llevaron a la mayoría absoluta del año 2000 y a consolidar un suelo electoral próximo a los diez millones de votos. El más reciente intento de aislar al Partido Popular llevado a cabo entre 2004 y 2011 ha conducido a sus promotores a un desplome electoral rigurosamente histórico, y ha proporcionado al Partido Popular una nueva mayoría absoluta.

En este relato personal de mi trayectoria política está presente la intolerancia y la crispación con que se ha respondido siempre a la pretensión legítima y democráticamente necesaria de ser una alternativa reconocida de Gobierno. Es verdad que para ello no sólo hay que ser capaz de expresar esa ambición. Es preciso impugnar los paradigmas culturales de la izquierda, otro de los terrenos donde ésta sólo admite la sumisión a su primacía. Por eso, las grandes empresas políticas —y ésta lo era— también eran grandes iniciativas de ideas, apuestas ambiciosas de influir con buenos argumentos en la opinión de los ciudadanos; era ocupación del espacio público de debate, y hacerlo con convicción y credibilidad. El Partido Popular es uno de los proyectos políticos más importantes de nuestra historia. Es un activo de extraordinaria importancia para España, ahora y en su continuidad.

El partido que hoy conocemos es la consecuencia de dos grandes procesos políticos en el centro-derecha español: un proceso de integración y un proceso de definición. Integración territorial, de personas y de grupos; y definición de un proyecto político alternativo al del socialismo capaz de obtener el respaldo mayoritario de los españoles. Dos procesos que se hicieron simultáneamente, porque sólo podían hacerse así. Para poder integrar tanto como era necesario fue preciso avanzar mucho en la definición del proyecto.

Se trataba de unir todas las fuerzas sociales y electorales que se encontraban en el centro-derecha, o, en expresión de Miguel Ángel Cortés, todo lo que estaba a la derecha de la izquierda. Era evidente que ésa era la tarea política de fondo que había que hacer, pero era igualmente evidente que ésa era precisamente la tarea siempre inacabada.

El Partido Popular se creó del único modo en que podía crearse un partido serio en el centro-derecha español dadas esas circunstancias: sumando, uniendo, nunca excluyendo ni tratando de imponer una parte sobre otra. Se creó con generosidad y renuncia a aspiraciones legítimas, pensando siempre en el interés general, sacrificando mucho para poder lograr mucho más. No se preguntaba de dónde venía cada cual, con quién había estado, de qué «familia» era. Lo importante era adónde se quería llegar, y que sólo era posible llegar juntos. De hecho, las familias políticas dejaron de existir y al poco tiempo nadie hablaba ya de ellas: simplemente, se era del PP. Sólo quedaron fuera quienes quisieron estar fuera, y debo decir que fueron muy pocos y que, desde el punto de vista político, se equivocaron.

En el contexto español, construir un partido con vocación de Gobierno, capaz de generar una alternativa y de hacerla mayoritaria, era incompatible con los personalismos, con los sectarismos y con los intereses particulares, así que había que dar forma a un proyecto político fuerte y definirlo con claridad, un proyecto que constituyera el verdadero núcleo de todo. Las personas son muy importantes en política, pero la capacidad integradora que necesitábamos para construir una alternativa de Gobierno no podía generarse sólo alrededor de las personas, debía generarse alrededor de los proyectos y de las políticas. Más aún, el liderazgo sólo se podía ejercer en la medida en que se tenía claro para qué.

Así se hizo, con un proyecto abierto, moderno, de clases medias; un proyecto nacional, adaptado al hecho autonómico, que lo hacía suyo, pero ajeno a cualquier tentación particularista. Un proyecto que expresaba la voluntad de cambio y de modernización.

El Partido Popular integró y fortaleció a toda esa parte de la sociedad española que pensaba que las cosas sí podían ser distintas. Y mejores. Le dio un sentido político y una opción electoral. Hacía falta un partido, no veinte; un proyecto, no veinte. Durante años, el centro-derecha español había sido visto, dentro y fuera, como una casa dividida, y por tanto como algo en lo que no se podía confiar. Esto cambió radicalmente y tuvo efectos muy beneficiosos.

Tras la refundación, las bases del proyecto del Partido Popular se explicitaron en el Congreso de Sevilla, donde se fijaron diez puntos que definían los fundamentos y el espacio político en el que queríamos trabajar para España: 1) defensa de España como Nación; 2) protagonismo de los ciudadanos; 3) regeneración institucional; 4) Estado eficaz; 5) europeísmo; 6) diálogo y moderación; 7) modernización de la sociedad; 8) progreso económico; 9) sociedad del bienestar y solidaria; y 10) sociedad libre. Un proyecto que debía ser servido por un partido unido, disciplinado, nacional y abierto. Un partido en el que se contaba con los mejores, no con los más cómodos, y que estaba en constante «renovación por adición», en expresión que empleé en la reunión del RPR francés en Arcachon, en 1989, y nuevamente en el congreso del PP en Valencia, en 2008.

A la luz de los hechos, parece claro que acertamos. En 1989 recibimos el testigo y la confianza de Manuel Fraga para hacer un partido que pudiera ganar y cambiar España. En 2003 había un partido con mayoría absoluta y un país en uno de los mejores momentos de su historia. Un partido de muchos millones de votos incluso en las condiciones más adversas, con una enorme capacidad de resistencia cuando las cosas se ponían cuesta arriba. Un partido que era garantía de estabilidad política y de respeto a las instituciones, que dio continuidad histórica a la Transición mediante la alternancia, porque la alternancia era la que asentaba definitivamente el sistema político de 1978 y demostraba que éste hacía posible el normal funcionamiento de la democracia española.

Un partido de Gobierno y, por tanto, identificable por sus políticas. Políticas para una España fuerte, para la libertad, para la prosperidad, para asegurar el Estado de derecho y combatir el terrorismo; políticas reformistas, para ampliar los recursos y los espacios de la sociedad y ajustar los del Estado, para proteger, fortalecer y extender las clases medias, para bajar impuestos, para crear empleo; políticas para afirmar una posición internacional en defensa de nuestros intereses y con nuestros aliados.

Entre 1990 y 1993 la oposición se convirtió en alternativa. Entre 1993 y 1996 esa alternativa se consolidó y maduró hasta hacerse mayoría de Gobierno. Desde ese momento, el Partido Popular demostró que España podía encontrar en él la seguridad del respeto a las reglas, de la defensa de la Constitución y de la legalidad, y también la seguridad de un proyecto que funcionó, que cumplió con las expectativas, que cambió lo que se debía cambiar y reforzó lo que se debía reforzar.

Desde la salida de la CDU y de Helmut Kohl del Gobierno en Alemania, el Partido Popular se convirtió en la referencia del centro-derecha europeo y latinoamericano, en el modelo que imitar, en el caso de éxito. Lo fue en países como Alemania, Francia e Italia, algo que parecía imposible pocos años antes. Cuando una vez, al final de mis años de Gobierno, se me preguntó: «¿En qué consiste el liderazgo?», respondí: «En que antes éramos nosotros quienes íbamos a ver a los demás para saber lo que teníamos que hacer, y ahora son los demás los que vienen a vernos para saber qué es lo que tienen que hacer».

La esperanza de cambio que los españoles pusieron en el Partido Popular no fue defraudada. Hubo una España más fuerte, se llegó al límite de la derrota del terrorismo, se hizo una auténtica revolución económica y en el empleo, se ampliaron las oportunidades, se aseguró la viabilidad de la sociedad del bienestar, se puso orden en las cuentas públicas, se hizo realidad un europeísmo atlantista que protegía nuestros intereses, un país fundador del euro y respetado en el mundo. Hubo más libertad, más riqueza y más igualdad. Un Estado sólido para una sociedad fuerte.

En todo esto fue decisivo el trabajo de personas extraordinarias con las que tuve la fortuna de trabajar en el partido y en el Gobierno. Personas sin cuya dedicación y sin cuyo talento político el Partido Popular no sería hoy lo que es. Que trabajaron con lealtad y con eficacia, que sirvieron con entrega y con acierto al proyecto político que los convocaba a todos. Me refiero especialmente a Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos, Federico Trillo, Ángel Acebes y Mariano Rajoy. Confié completamente en ellos.

«El Gobierno del Gobierno», por expresarlo así, permitió dar coherencia y profundidad a un mandato que se llenó de trabajo todos los días. Se escuchaba mucho y se hablaba con sentido, se manejaban enormes cantidades de buena información que se estudiaba y digería, y existía una clara asignación de funciones y una fluida relación jerárquica. Había disciplina, pero también gran libertad para decidir y para impulsar la acción del Gobierno.

En mi gabinete, en la presidencia del Gobierno y en los ministerios, tuve oportunidad de conocer a algunas de las personas más brillantes que he podido tratar a lo largo de mi vida y de trabajar a su lado. Estoy sinceramente agradecido a todas ellas por haber contribuido generosamente a que desde 1996 hasta 2004 España, de la mano del Partido Popular, viviera una de las mejores etapas de su historia.

Conté con colaboradores de una sólida preparación y una extraordinaria vocación de servicio público, que fueron parte fundamental en los éxitos y que limitaron los fracasos. Entre ellos, quiero citar especialmente a Carlos Aragonés, Javier Zarzalejos, Gabriel Elorriaga, Javier Fernández-Lasquetty, Alfredo Timermans, Ramón Gil-Casares, Alberto Carnero, Baudilio Tomé, Román Escolano, Pablo Vázquez, Jaime García-Legaz, Verónica Lipperheide, Ignacio Fernández Bargues, Eugenio Nasarre y José Luis Puerta. La Moncloa es una organización de alguna complejidad. La actividad que aquí se ha contado fue muy intensa, y para poderla desarrollar era necesario contar con unos servicios dedicados y dirigidos por buenos profesionales en las áreas de protocolo, seguridad, crisis, comunicaciones y dirección de la gestión: José María Bethencourt, Javier Ara, Fernando Arias, Enrique Pastor, Andrés Costilludo, Manuel Durbán, José Miguel Esteban e Isidro Pinilla. Sobre quienes fueron mis ayudantes recayeron muchas horas de servicio y muchos viajes: Alejandro Agag, luego secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López-Istúriz, que sustituyó a Alejandro en ese puesto, Pablo Arias, hoy eurodiputado; los diplomáticos Jorge Urbiola, Juan Reig y Gonzalo Quintero; y los militares Antonio Moralejo y Fernando Soteras.

La enseñanza fundamental de todos esos años y de la dedicación de tantas personas es que no hubo «milagro», ni económico ni de ningún otro tipo. Hubo política, entrega, esfuerzo y trabajo bien hecho. Hoy, recordar lo que se hizo y cómo se hizo puede ayudarnos a reforzar la esperanza en nuestro futuro. Ningún país está nunca condenado a nada, y ningún país se encuentra nunca a salvo de casi nada.

Hemos vivido años de políticas devastadoras, alimentadas muchas de ellas en la división entre los españoles; políticas cultivadas en el afán de exclusión que ya había prevalecido en los peores momentos de nuestra historia. Años en que, en lo político, oscurecieron todas las referencias integradoras desde 1978; en lo económico, arrumbaron las reformas; y en lo social, pusieron en peligro los instrumentos de cohesión y de bienestar. Se confundió la política con la retórica y la propaganda, en un alejamiento temerario de la realidad con la que nos reencontramos dolorosamente en una crisis agravada hasta niveles críticos por la incapacidad y la inacción.

El socialismo quedó superado por los conflictos que él mismo había creado. El vértigo ante lo que ocurría se apoderó de la sociedad española. Y, en ese contexto, el Partido Popular, con una historia que contar y con una hoja de servicios que exhibir, emergió como la garantía de que las cosas podían tener aún remedio: «Lo hicimos y volveremos a hacerlo».

Una gran mayoría de los españoles han pensado que lo que España necesita es el proyecto del Partido Popular. Yo me encuentro en esa mayoría. Hay un camino para que la sociedad española pueda llegar a donde quiere ir.

Hay una España posible que no es la que nos han contado los intérpretes del pesimismo nacional ni los glosadores de una supuesta singularidad histórica que nos incapacita para la vida en libertad bajo instituciones democráticas. Tampoco esa España posible es la de quienes creyeron que la única Nación buena era la que debía construirse sobre la exclusión de media España por la otra media. Aquéllos nos trajeron melancolía y desconfianza. Éstos, sufrimiento y odio. Unos y otros deben quedar fuera de nuestro futuro, y las suyas deben ser vigiladas como ideas oportunistas, todavía latentes, que esperan a reaparecer en cuanto la debilidad o la desvertebración de la sociedad y el Estado generen condiciones propicias para que proliferen estos mensajes de desconfianza e incivilidad.

El valor de la Transición radica precisamente en mostrarnos la España posible, Nación de ciudadanos libres e iguales, capaz de prosperar, de tener su posición reconocida en el exterior, orgullosa sin arrogancia; una Nación de leyes e instituciones de libertad y una sociedad de solidaridad y oportunidades. La Transición fue la impugnación más valiosa y concluyente de ese pesado lastre que creíamos condenados a arrastrar. Estoy convencido de que continuar y actualizar aquello que la Transición significó, recuperar su espíritu adaptando su letra, es la gran cita con la política que nos espera a los españoles.

Estas páginas son el relato de mi compromiso para acercarnos a esa España posible. Un compromiso que emprendí y que he mantenido desde mis ideas, sostenidas en dos firmes convicciones: la libertad y la Nación. Sin ellas, España no me resulta inteligible.

España tiene ante sí años de prueba. El empleo, el modelo de bienestar, la cohesión, la organización del Estado, la educación, el desarrollo científico y tecnológico, la seguridad, su papel en el mundo, la cultura en español deben ocupar los mejores esfuerzos de nuestros dirigentes, con fortaleza y convicción. Difícilmente podremos dar la respuesta que estos verdaderos retos requieren si la sociedad civil no gana terreno a la intervención estatal, si no abandonamos la pretensión, ya imposible, de seguir financiando nuestro bienestar con deuda en vez de con crecimiento económico, si aceptamos que España tiene que resignarse a vivir bajo el desafío recurrente a su unidad que promueven los nacionalismos, si no valoramos las instituciones, si nos desinteresamos de lo que pasa fuera, si no entendemos que en la educación y la formación, en un contexto global competitivo como nunca, nos jugamos los empleos del futuro.

Pues bien, al concluir estas memorias quiero manifestar mi confianza en que España superará la profunda crisis política y económica que padece. Y también mi confianza en que el Partido Popular, como gran actor político y partido de Gobierno, será protagonista de ello. Sería mucho lo que se perdería si no fuera así. Y estoy convencido de que no ocurrirá.

Agradecimientos

A Javier Zarzalejos, Cayetana Álvarez de Toledo y Miguel Ángel Quintanilla.

A José María Marco, Pilar Marcos, Mira Milosevic y Amalia Agero.

Con Leopoldo Calvo-Sotelo, Adolfo Suárez y Felipe González en la Moncloa, con motivo del vigésimo aniversario de las primeras elecciones democráticas. 13 de junio de 1997.

Con el Rey en la interpretación del nuevo arreglo del himno nacional en el Palacio Real. Septiembre de 1997.

En la Huerta de San Vicente, la última residencia de Federico García Lorca. 26 de marzo de 1997.

Con Tony Blair y su familia en Doñana. Semana Santa de 1998.

Una de las muchas giras que hice como presidente a América Latina. Aquí, conversando con los periodistas en el avión. Marzo de 1998.

Con el presidente Andrés Pastrana, el «mamo» Valencia y su comunidad en la Sierra Nevada de Colombia. Nos quedamos varias horas aislados por la niebla. Septiembre de 1998.

En la inauguración de una nueva sala de Goya en el Museo del Prado, con mi cuadro favorito, Perro semihundido. 27 de marzo de 1999.

En la Casa Blanca con Bill Clinton, que me enseña el cuadro de la rendición de España tras la guerra de Cuba. Abril de 1999.

Con los Reyes, el Príncipe de Asturias y el ya rey Mohamed VI en la audiencia celebrada con motivo del funeral de Hasán II de Marruecos. 25 de julio de 1999.

Almuerzo con personalidades del mundo de la moda en la Moncloa. Asistieron Javier Larrainzar, Sita Murt, Felipe Varela, Roberto Torretta, Joaquim Verdú, Marcos Marrero, María Díaz, Valentín Herráiz, Juan Duyos, Ángela Arregui, Kina Fernández, Francis Montesinos, José Víctor Rodríguez Caro y José Luis Medina del Corral (Victorio & Lucchino), Daniel Carrasco, Xisco Caimari, Elio Berhanyer, Carmela Rosso, María José Navarro, Pedro del Hierro, Agatha Ruiz de la Prada, Nieves Álvarez, Amaya Arzuaga, Paco Casado, Purificación García, Guillermina Baeza, Josep Font, Enrique Loewe, Veva Medem, Jesús del Pozo, Roberto Verino, Antonio Pernas, Modesto Lomba, Ignacio Malet, Macarena Kindelan, Vanessa Lorenzo y Verónica Blume. Septiembre de 1999.

Con el matrimonio Chirac, visitando Córdoba. 3 de octubre de 1999.

Con los presidentes de Venezuela y Colombia, Hugo Chávez y Andrés Pastrana. 25 de octubre de 1999.

Saludando a Fidel Castro en la cumbre de La Habana. 14 de noviembre de 1999.

Con motivo de la cumbre de La Habana, acompañé al Rey a visitar una fábrica de puros. A la salida nos fotografiamos con la plantilla. Noviembre de 1999.

Acto de cierre de campaña de las elecciones generales. Palacio de Deportes de Madrid, 10 de marzo de 2000.

Noche electoral de las generales del año 2000, en el balcón de la sede del PP de la calle Génova. Quise salir en primer lugar sólo con Ana a saludar a toda la gente que se había concentrado para celebrar la victoria.

En mayo de 2000 viajé a Marruecos para una de las reuniones de alto nivel. Aquí estoy saludando a la gente en Tetuán.

En el Palacio de las Marismillas, en Doñana. 22 de julio de 2000.

Era habitual que los viernes por la tarde me reuniera en la Moncloa con gente del mundo de la cultura y las artes. Aquí, con algunos de ellos. 2 de junio de 2000.

Visita a la Residencia de Estudiantes. Junio de 2000.

Encuentro con intelectuales en la Moncloa. De izquierda a derecha: Luis Landero, Luis Goytisolo, Juan Pablo Fusi, Eugenio Trías, Elvira Lindo, Fernando García de Cortázar, Luis Alberto de Cuenca, Antonio Muñoz Molina y Luis Mateo Díez. 29 de septiembre de 2000.

Con el Rey, en uno de los desfiles del 12 de octubre en Madrid.

En el Palacio de El Pardo con el Rey, antes de la ceremonia oficial de recibimiento al presidente argentino, Fernando de la Rúa. 25 de octubre de 2000.

Firma del Pacto Antiterrorista en la Moncloa. 12 de diciembre de 2000.

Encuentro con personalidades del mundo del cine en la Moncloa. De izquierda a derecha: Eduardo Torres-Dulce, José Luis Garci, Manuel Gutiérrez Aragón, Aitana Sánchez-Gijón, Luis Alberto de Cuenca, Marisa Paredes, Gerardo Herrero, Pilar del Castillo (ministra de Educación, Cultura y Deporte), José María Otero (director general del ICAA) y Eduardo Campoy. 22 de diciembre de 2000.

Con los futbolistas Fernando Hierro y Pep Guardiola en un almuerzo en Valencia. 26 de marzo de 2001.

Visita al monasterio de Poblet. 27 de marzo de 2001.

En un viaje que realicé a Rusia y Eslovenia en mayo de 2001 me reuní con «niños de la guerra» en la Casa de España.

El 12 de junio de 2001, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, inició su primer viaje a Europa en España. Lo invité a la finca del Estado de Quintos de Mora.

Invité a Adolfo Suárez a cenar con el ya expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, al que no conocía. 27 de octubre de 2001.

Con Yasser Arafat, Hosni Mubarak y Simon Peres en el segundo Foro Formentor. Mallorca, noviembre de 2001.

En la «zona cero» de Nueva York con el alcalde, Rudolph Giuliani. Noviembre de 2001.

Con personalidades del teatro y las artes escénicas en la Moncloa. De izquierda a derecha: Josep Maria Flotats, Tina Sainz, Carlos Hipólito, Victoria Vera, Luis Alberto de Cuenca, Lola Baldrich, Eva Cobo, Raúl del Pozo, Cayetana Guillén Cuervo y Albert Boadella. 22 de febrero de 2002.

Toda la familia en la boda de nuestra hija, Ana. 5 de septiembre de 2002.

El 28 de octubre de 2002, Ana y yo renovamos nuestros votos matrimoniales.

Con los entonces dirigentes de la oposición alemana, Angela Merkel, Wolfgang Schäuble y Edmund Stoiber. Berlín, 10 de junio de 2002.

Con Silvio Berlusconi, Gerhard Schroeder, George W. Bush, Jacques Chirac, Jean Chrétien, Vladimir Putin, Tony Blair, Junichiro Koizumi y Romano Prodi en la cumbre del G8 en Canadá. 26 de junio de 2002.

Con uno de los grandes líderes de la resistencia democrática cubana, Osvaldo Payá, en la Moncloa, después de que el Parlamento Europeo le concediera el Premio Sájarov. 20 de diciembre de 2002.

Con cargos públicos y concejales del Partido Popular del País Vasco, encabezados por María San Gil. La Moncloa, 21 de enero de 2003.

Tras la catástrofe del Prestige, decidimos celebrar Consejo de Ministros en La Coruña. El entonces alcalde, Francisco Vázquez, puso a nuestra disposición el ayuntamiento. Allí aprobamos el Plan Galicia. 24 de enero de 2003.

Con George W. Bush y Tony Blair en las Azores. 16 de marzo de 2003.

Intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas. 23 de septiembre de 2003.

Con directivos y jugadores del Real Madrid y sus mujeres en la Moncloa. 19 de diciembre de 2003.

En vuelo hacia Irak para visitar a las tropas españolas. 20 de diciembre de 2003.

En el puesto médico de la base española de Diwaniya, en el sur de Irak. 20 de diciembre de 2003.

Saludando a los dirigentes locales de Diwaniya. 20 de diciembre de 2003.

El 23 de enero de 2004, el Papa Juan Pablo II me recibió, junto con mi familia, en audiencia privada en el Vaticano. Fue mi visita de despedida como presidente del Gobierno y la última vez que lo vi.

Intervención ante el Congreso de Estados Unidos. Washington, 4 de febrero de 2004.

Minuto de silencio en la Moncloa tras los atentados del 11-M. 12 de marzo de 2004.

Notas

* Editorial de El País, febrero de 1997: «Si añadimos a todo ello las peculiares formas del portavoz del Gobierno y del vicepresidente político, empezamos a sospechar que nos encontramos ante una mezcla de estilos entre la bravuconería fascista y la manipulación informativa, en la que eran expertos los nazis. Mientras la crispación política siga en aumento, la confianza en el Gobierno y sus aledaños declinará cada día más. Con su desprecio por las formas, que supedita siempre a los fines, Aznar amenaza con destruir los valores del consenso democrático tan trabajosamente obtenido, mientras somete a este país a la ducha fría de sus iras y sus desconsuelos. Caída ya su máscara centrista, la España profunda se levanta del sueño. No vemos cómo vamos a poder cumplir así con Maastricht».

* Condoleezza Rice, No Higher Honor, Crown Publishers, Nueva York, 2011, p. 182.

* «Escritor sin público, ciudadano sin país». Letras Libres, mayo, 2003.

* Había encargado personalmente un informe a Jorge Dezcallar, director del CNI, con su análisis sobre el atentado y la cuestión de la autoría. El día 13 Dezcallar me lo hace llegar. Se trata de un informe personal, no clasificado. Después de una serie de consideraciones, como conclusión, el informe dice textualmente lo siguiente: «No estamos en condiciones de respaldar o rechazar ninguna de las dos grandes alternativas en presencia. Ni antes ni después del atentado se ha detectado absolutamente nada ni dentro ni fuera de España que pudiera indicar una preparación o satisfacción por lo que ha ocurrido. El silencio es total, como atestiguan todos los contactos mantenidos con los servicios de Inteligencia de nuestro entorno o el mundo árabe. Nadie ha detectado nada, ni antes ni después (y eso que la NSA de Estados Unidos lleva veinticuatro horas dedicada a este tema con la máxima prioridad)».

* En la jornada de reflexión, personas y sectores vinculados al PSC, ERC, Batasuna, el Gobierno vasco y el Gobierno catalán pusieron en circulación este bulo.

* Al término del funeral se me acercó una persona y me dijo que el señor Maragall quería hablar conmigo. Maragall vino y me dijo: «Quiero decirle que lo ocurrido aquí es una injusticia muy grave». Aprecié esa reacción.

* Primer ministro de la República de Irlanda.

* Fulgencio Coll, general jefe de las fuerzas españolas en Irak, y Ricardo Sánchez, general jefe de las fuerzas de Estados Unidos.

** Museo del Ejército.

* Rodolfo Martín Villa, todos los años desde mi atentado, organizaba una comida cada 19 de abril para celebrar «mi segundo nacimiento».

El compromiso del poder

José María Aznar

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal)

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47

© del diseño de la portada, Departamento de Arte y Diseño, Área Editorial Grupo Planeta

© de la imagen de la portada, David Mudarra

© José María Aznar López, 2013

Fotografías del interior: archivo del autor, M. Povedano, PP Departamento Gráfico, © Kote Rodrigo / EFE, EPA PHOTO PA / EFE, © Javi Martínez / El Mundo

© Editorial Planeta, S. A., 2013

Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)

www.editorial.planeta.es

www.planetadelibros.com

El editor quiere agradecer las autorizaciones recibidas para reproducir imágenes protegidas en este libro. Se han realizado todos los esfuerzos para contactar con los propietarios de los copyrights. Con todo, si no se ha conseguido la autorización o el crédito correcto, el editor ruega que le sea comunicado

Primera edición en libro electrónico (epub): noviembre de 2013

ISBN: 978-84-08-12247-0 (epub)

Conversión a libro electrónico: Newcomlab, S. L. L.

www.newcomlab.com