José María AZNAR

MEMORIAS I

PRÓLOGO. Mi decisión más difícil

La decisión más difícil que he tomado en mi vida fue la de mantener mi compromiso de no presentarme a un tercer mandato. Es decir, la de voluntariamente no permanecer más de ocho años seguidos en la presidencia del Gobierno de España. Fue una decisión personal, tomada y anunciada con mucha antelación; no fue fruto de ninguna ocurrencia o arrebato, a los que no soy muy proclive. Lo anuncié por primera vez durante una entrevista en una cadena de radio al final de la campaña de las elecciones europeas de junio de 1994. Entonces afirmé que «si alguna vez los españoles me dan la responsabilidad de presidir el Gobierno, sólo me presentaré una vez a la reelección». Era un compromiso firme y sincero, que respondía a dos convicciones que siempre han guiado mi actuación política: la de que cuanto más sólidas son sus instituciones, más fuerte es un país. Y la convicción de que las instituciones se afianzan cuando no existe una excesiva personalización de la política. De eso se trataba: de contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas de España, y de evitar la tentación de aferrarse al cargo, algo que en aquellos primeros años noventa había derivado en una clara degradación de la vida pública.

La historia demuestra que, pasado un tiempo en el poder, uno se acaba convirtiendo más en un mecanismo de resistencia que en un factor de innovación. Con esto no quiero decir que deba institucionalizarse la limitación de mandatos. Siempre he pensado que es difícil que un país genere oleadas sucesivas de buenos dirigentes, sobre todo en el caso de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Si las legislaturas duraran cinco años en lugar de un máximo de cuatro, tal vez podría contemplarse la limitación a dos mandatos para el Gobierno de la Nación. En todo caso, esta discusión no se planteaba en aquellos momentos. Mi decisión no fue fruto de ningún debate abierto en la sociedad porque ese debate no existía.

¿Por qué fue mi decisión más difícil? Lo fue porque estaba en la plenitud de mi vida política en cuanto a capacidad, resultados y aprobación. Lo fue también porque estaba en la plenitud de mi vida personal. Pero, sobre todo, lo fue porque presidir el Gobierno de España era una tarea que me apasionaba. Para alguien con vocación política, no hay reconocimiento más grande ni responsabilidad mayor que ser el presidente del Gobierno de tu país. Sé que nunca seré nada más importante de lo que he sido. Nunca seré nada parecido.

Por encima de la gestión de mi propia pasión política, me preguntaba si la idea de dejar el Gobierno después de ocho años sería una decisión acertada para España. ¿Estaré entendiendo correctamente la situación del país y mi responsabilidad ante los españoles? ¿Funcionará? ¿Causará un problema mayor? No eran preguntas fáciles de responder. Sin embargo, sobre todas ellas se impusieron la lealtad a la palabra dada y la certeza de que nadie es imprescindible.

La dificultad de la decisión se vio acentuada por la presión ambiental. Mi anuncio de que no optaría a un tercer mandato había tenido una amplia repercusión en los medios, pero muy pocas personas creyeron que fuese a cumplir mi palabra. Muchos pensaron que se trataba de la típica argucia política: primero la descartaron como una de las tantas promesas electorales que se formulan para llamar la atención, conseguir un titular y captar algunos votos en vísperas de unas elecciones. Y luego, cuando se fue acercando la hora de hacerla efectiva, decretaron que formaba parte de una maniobra astutamente enrevesada para prolongar mi estancia en el cargo por aclamación popular. En opinión de esa mayoría incrédula, al final encontraría un buen pretexto para volver a presentarme. Recuerdo bien un almuerzo con la plana mayor del diario El País en la Moncloa. Tras escuchar atentamente mis argumentos, uno de ellos me dijo: «Me parece muy bien lo que has dicho, presidente, pero no lo vas a cumplir».

En el XVI Congreso Nacional del PP, que celebramos del 25 al 27 de enero de 2002, demostré que sí lo haría. En mi intervención como candidato a la presidencia del partido, dije que era la quinta y última vez que me presentaba. Que lo hacía por responsabilidad, para cumplir un compromiso con mi país, con mi partido y conmigo mismo. Que creía que el PP no debía ser nunca un proyecto personal, ni una agrupación al servicio de intereses particulares, ni una máquina de poder, sino que tenía que ser un buen instrumento al servicio de España. Y que lo había meditado a fondo:

«Sé muy bien que en toda decisión hay riesgos y hay ventajas, y estoy convencido de que estas decisiones aportan muchas más ventajas que riesgos. Yo no las hubiera tomado, tal vez, si tuviese o albergase dudas, si no supiese que entre nuestros compañeros, entre nuestros dirigentes, hay personas, mujeres y hombres, con muy grandes cualidades de liderazgo y que tienen que ser puestas cada vez de manifiesto con más intensidad. Tal vez si no pensase que hay jóvenes muy capaces, muy preparados, muy brillantes, en los que merece la pena confiar. Tal vez si no supiese y no hubiese trabajado tanto por la fortaleza de este partido, por su capacidad y por su proyecto. Tal vez no la hubiese tomado si no supiera que tenemos un gran proyecto capaz de unir a una gran mayoría de los ciudadanos españoles. Y tal vez hubiese tenido dudas si no estuviese convencido de que los españoles, si acertamos, van a seguir confiando en nosotros en las próximas elecciones para ganar, para gobernar y para seguir conquistando nuevas metas para nuestro país. Espero que eso sea así, pero tenemos que poner todos de nuestra parte para que así sea.»

Al escepticismo de unos se sumaba la oposición de muchos otros. Esta oposición se fue recrudeciendo con el tiempo y se hizo especialmente intensa en los meses previos a la propuesta de la persona que debía sucederme al frente del Partido Popular y como candidato a la presidencia del Gobierno. Mucha gente dentro y fuera del partido quería que reconsiderase mi decisión. Su reconocimiento era reconfortante. Me lo reclamaron aquellos a quienes yo pedí expresamente su opinión y me lo solicitaron también algunas personas por iniciativa propia. No sólo en España. Importantes mandatarios internacionales también me animaron a continuar. Para algunos, mi decisión era sencillamente incomprensible. Recuerdo una conversación con el presidente francés Jacques Chirac en la finca de Quintos de Mora, en los Montes de Toledo, con motivo de la última cumbre bilateral hispano-francesa que tuvo lugar bajo mi mandato. Chirac, que relataba los acontecimientos de Mayo del 68 desde su óptica como ministro del general Charles de Gaulle, me reconoció abiertamente sus dudas respecto a la sinceridad de mi compromiso. Me retó: «Si es verdad lo que me dices, me quitaré el sombrero e inclinaré la cabeza». Clinton, en una visita que hizo a España después de dejar la Casa Blanca, me preguntó: «Si la ley no te obliga a ello, ¿por qué lo haces? Si yo pudiera, si en Estados Unidos no existiera la limitación de mandatos, me hubiera gustado ser el presidente de mi país el resto de mi vida». No fueron los únicos. Otros, como Tony Blair, George W. Bush o Vladimir Putin, fueron especialmente expresivos en sus opiniones a favor de que continuara.

En España, una de las personas que con más vehemencia se manifestó públicamente en contra de mi decisión de no presentarme a la reelección fue Manuel Fraga. Ocurrió en abril del año 2000, en un mitin celebrado en Sevilla con motivo del décimo aniversario del congreso en el que asumí la presidencia del PP y unos días después de nuestra victoria por mayoría absoluta. Desde lo alto del escenario, con toda la fuerza y autoridad que era capaz de exhibir, Fraga soltó: «Si no lo digo, reviento. ¡No hagas planes a menos de diez años! ¡El proyecto que necesita España no puede hacerse en menos de diez años!».

Otros no se atrevían a tanto. Dejaban las invocaciones para conversaciones privadas, de las que tuve muchas, sobre todo a medida que se fue acercando la fecha que me había fijado para hacer efectivo el relevo. Recabé la opinión de mucha gente, sobre todo de dirigentes relevantes del Partido Popular. El propio Fraga, al comprobar que mis intenciones eran firmes, me dijo: «Si hay que aguantar que estés sólo ocho años en el Gobierno, lo aguantaremos. Pero el partido no lo dejes. El partido, no». Le contesté que las decisiones no se pueden tomar a medias.

Con los ministros, salvo contadas excepciones, preferí no abordar el tema. Y a quienes venían a verme con la intención oculta y sin embargo evidente de condicionar mi decisión respecto a la persona que me fuese a suceder, les preguntaba, de forma genérica, cómo veían las cosas. Puesto que las personas —y en especial los políticos— suelen ser precavidas, también me contestaban con generalidades: me pedían que siguiese y luego me hablaban mejor de unos aspirantes que de otros, dejando entrever sus simpatías y afinidades personales.

Con esta ronda de consultas yo no pretendía trasladar ninguna duda sobrevenida acerca de una decisión que ya estaba tomada, sino transmitir a mis interlocutores que en un momento próximo la maquinaria de la sucesión iba a ponerse en marcha y que debían estar preparados. Además, me interesaba escuchar a unos y otros porque en conversaciones de este tipo uno siempre se entera de cosas interesantes. Como es lógico, también lo hablé con Ana y con mis hijos.

Aunque no pedí expresamente su opinión, tanto Adolfo Suárez como Leopoldo Calvo-Sotelo me trasladaron en reiteradas ocasiones su criterio en contra de una retirada que consideraban prematura. Ambos lo hicieron en nombre propio y, según me pareció entender, por encargo de otras personalidades relevantes del momento. También recibí la visita en la Moncloa de personas que habían sufrido la violencia del terrorismo, víctimas de ETA y sus familias, a quienes escuché con especial interés, atención y —debo reconocerlo— emoción. No olvidaré lo que me dijeron: «¿Qué va a ser de nosotros cuando ya no estés en el Gobierno?». Pero la decisión estaba tomada y yo iba a cumplir mi palabra.

El viernes 29 de agosto de 2003, al finalizar el Consejo de Ministros, pedí a todos que se quedaran un momento: «Ha terminado el Consejo de Ministros. Os pido que os quedéis un minuto. Ha llegado el momento. Quiero que sepáis que he dado instrucciones al secretario general del partido, Javier Arenas, para que convoque un Comité Ejecutivo el lunes que viene y una Junta Directiva el martes. Quiero proponer al partido la persona que creo que debe ser el próximo candidato a la presidencia del Gobierno».

Esa misma tarde, llamé a todos los dirigentes regionales del Partido Popular para decirles que la decisión estaba tomada y para pedirles su respaldo. Todos me mostraron su apoyo.

A última hora, pedí a Mariano Rajoy que viniera a verme a mi despacho. Nos sentamos frente a frente. Le di las gracias por venir. Me dijo: «Presidente, prefiero que no me digas lo que intuyo que me vas a decir. Pero quiero que sepas que siempre te estaré agradecido. Nunca olvidaré que me has hecho cinco veces ministro y, además, vicepresidente del Gobierno. Con esto, todas mis aspiraciones políticas están más que colmadas». Le contesté: «Gracias, pero te lo voy a decir. Creo que tú eres la persona adecuada».

Fue una conversación breve, pero intensa en emociones. A Mariano se le veía muy contento y, lógicamente, también abrumado. Me dijo que aceptaba el encargo y yo sólo le pedí que de momento no le comentase nada a nadie. «Esta conversación es sólo entre nosotros, porque la convocatoria con los demás, incluido tú mismo, será mañana.» Recuerdo que me preguntó: «¿Ni siquiera a mi padre?». «Ni siquiera a tu padre.»

A mediodía del sábado, convoqué a Mariano Rajoy, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja en la Moncloa. Pedí que se sumara a la reunión Javier Arenas, como secretario general del partido. Nos sentamos en torno a una mesa baja en mi despacho. Todos sabían a qué venían y fui directamente al grano. Les dije que eran unos momentos muy difíciles y muy importantes para todos, que teníamos una responsabilidad muy grande y que el único criterio que yo había tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión sobre la persona que quería proponer como sucesor era el interés general. El interés de España. También les dije que era muy consciente, probablemente más que nadie, de que los tres tenían grandes cualidades, pero que las decisiones se toman en un momento determinado, con un horizonte concreto. En aquellas circunstancias, frente al complicado panorama que se abría ante nosotros y ante el país, mi opinión era que la persona más indicada para sustituirme como líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno de España era Mariano Rajoy. Recuerdo mis palabras:

«No hace falta que os diga el aprecio y la gratitud que os tengo por todo el trabajo de estos años. Sólo quiero que entendáis que en mi decisión no he pensado en nada más que en intentar servir lo mejor que sé al interés general de España. Con este criterio, he pensado que la persona que mejor puede hacerse cargo de la situación en estos momentos es Mariano.»

Le pregunté si aceptaba. Aceptó y agradeció. Jaime y Rodrigo también dijeron que aceptaban la propuesta. Como es natural, su respuesta llevaba aparejada una cierta resignación, pero también una disponibilidad clara e incondicional para colaborar con Mariano, y así lo manifestaron los dos. Les dije que iba a hacer una cesión completa de mis responsabilidades en el partido. Eso implicaba que Mariano debía asumir la secretaría general del PP con todos los poderes y dejar la vicepresidencia del Gobierno, que pasaría a ejercer Javier Arenas. Javier aceptó el cargo, se puso a disposición de Rajoy y los cinco salimos al jardín para comer. Antes del almuerzo hice dos llamadas: al Rey y a Manuel Fraga. El Rey tomó nota de la decisión y Fraga me dijo: «Me alegro porque has elegido la mejor opción». No estoy seguro de que fuese lo que pensaba, pero ésas fueron sus palabras. Después le dije a Mariano: «Ya puedes llamar a tu padre».

Al día siguiente, el domingo 31, invité a Mariano y a su mujer, Elvira Fernández, a quienes todos llamamos Viri, a que nos acompañasen a Ana y a mí a la finca toledana de Quintos de Mora. Allí tuvimos la oportunidad de hablar con profundidad sobre las implicaciones y procedimientos de la sucesión. Yo quería trasladarle a Mariano cercanía y tranquilidad porque él y yo no habíamos sido amigos como lo éramos algunos otros de la misma generación política del PP. Además, yo era consciente, porque lo había vivido con Fraga, de que todas las sucesiones son difíciles. Por eso le insistí mucho a Mariano en que a partir de ese momento debía hacer las cosas a su aire, a su manera. Le dije que eligiera a sus colaboradores, que teníamos mucha gente muy buena y muy preparada: «Tienes toda la libertad para tomar las decisiones que tengas que tomar. Cuando lo consideres necesario, me llamas. Y si no lo consideras necesario, no me llamas». En definitiva, quería que Mariano se sintiese absolutamente libre para tomar todas las decisiones que le pareciesen oportunas. Y eso incluía, por supuesto, las decisiones sobre las personas. No le sugerí ningún nombre, ni aquel día ni después. Jamás le propuse a nadie. Rajoy me comunicó allí mismo, en Quintos de Mora, su primera decisión: «Quiero que mis colaboradores principales sean Ángel Acebes y Eduardo Zaplana». Incluso llamó a Ángel delante de nosotros. Más adelante me dijo que quería a Gabriel Elorriaga para dirigir su campaña electoral. Tampoco ese nombre se lo sugerí yo, aunque conocía bien la capacidad de Gabriel porque estuvo en mi Gabinete durante nuestra primera legislatura en el Gobierno.

También le dije a Mariano que no asistiría a las reuniones del partido. Y así fue. Rompí esa norma de forma excepcional dos veces. Acudí al Comité Ejecutivo celebrado tras la derrota electoral de marzo de 2004 porque no quería que se pudiera pensar que intentaba esconderme o que no daba la cara. Si hubiésemos ganado, no habría ido para evitar que se dijese que pretendía apropiarme de parte de la victoria. Y acudí al Comité Ejecutivo celebrado tras el triunfo electoral de noviembre de 2011 para manifestar mi alegría y felicitar al nuevo presidente del Gobierno y al conjunto del partido.

Nadie me obligó a irme, y si lo hice no fue para seguir ejerciendo el poder. Si hubiera querido seguir ejerciéndolo, me habría quedado. Me fui porque creí que eso era lo mejor para España. Y me fui con todas las consecuencias. El 2 de septiembre de 2003, la Junta Directiva Nacional refrendó a Mariano Rajoy como secretario general del PP y candidato a la presidencia del Gobierno. A partir de ahí, Mariano pudo actuar con total libertad, y así lo hizo.

Es evidente que un relevo como el que estábamos protagonizando tenía sus complicaciones. Se trataba de una situación inédita: en la política española nunca había ocurrido que un presidente del Gobierno en ejercicio, y menos aún con el respaldo mayoritario de los ciudadanos, decidiese ceder voluntariamente el testigo y renunciar a la posibilidad más que verosímil de un tercer mandato. Sin embargo, ocurrió, y creo que, en líneas generales, la operación salió bien. De hecho, estoy seguro de que habría salido perfectamente si no hubiese sido por los atentados del 11 de marzo de 2004.

Entre los dirigentes y cuadros del partido, la actitud ante la sucesión era, en general, de acatamiento. Unas veces había resignación y otras no tanto. El grito de «¡no te vayas!» en los mítines de la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2003 me emocionaba. Guardo un profundo agradecimiento a los militantes y simpatizantes del partido por esas manifestaciones de aprecio y lealtad. Según las informaciones que me llegaban, aunque nadie en el partido quería que me fuera, una vez asumido que lo iba a hacer, todo el mundo estaba dispuesto a aceptar a la persona que propusiese para liderar el PP. Creo que a esas alturas, conociéndome como me conocían, siendo como soy una persona bastante previsible, sabían que respetaría una cierta jerarquía interna en el partido. Lo que yo llamo la jerarquía histórica del PP.

Desde el principio, había tenido claras la necesidad y la importancia de respetar esa jerarquía. Para el partido y para España. Primero, porque la política española ya se había rejuvenecido mucho desde la Transición, incluso demasiado, con saltos generacionales muy grandes. Y, segundo, porque España y el Partido Popular estaban por fin en una posición objetiva de fortaleza que hacía posible la continuidad sin crisis. España se había convertido en un ejemplo de pujanza económica, bienestar social y proyección internacional. No hubiese sido lógico ni justo ni positivo que una decisión absolutamente personal como la que yo había tomado de no optar a un nuevo mandato acabase afectando a toda una generación del PP. Era una generación de políticos muy brillantes, que habían colaborado conmigo de manera leal y eficaz durante muchos años. Quería que mi decisión formase parte de un proceso lógico en el que, en la medida de lo posible, se respetase el orden natural de los liderazgos dentro del partido. Y eso significaba que la persona llamada a sucederme debía estar entre los tres dirigentes con más peso histórico y político en el PP: Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y Mariano Rajoy.

La preocupación por preservar una cierta continuidad en el partido no suponía una aversión al cambio. Era consciente de que la sucesión supondría en muchos sentidos un punto de partida. Es más, estaba convencido de que la persona que me relevase debía representar algo distinto. De ninguna manera quería favorecer con mi actitud la impresión de que yo pretendía seguir manejando el partido desde la sombra. Entre otras cosas, porque conocía muy bien la historia del PP, con sus virtudes y sus defectos.

A la hora de valorar las distintas opciones, los criterios fundamentales eran, para mí, tres: que se garantizase una continuidad básica de las políticas desarrolladas con éxito por el Partido Popular en el Gobierno; que se preservase la jerarquía interna del partido, sin rupturas generacionales innecesarias, y que la persona que me relevase no fuese ni pudiese ser vista por nadie como una prolongación personal mía.

En mi entorno más cercano, había opiniones muy variadas respecto a quién reunía mejor estas condiciones. Unos eran partidarios de unos, otros de otros; unos consideraban más apropiados a unos, y otros, a otros. El debate no se circunscribía a las tres personas ya citadas. También se especulaba con los nombres de Ángel Acebes, de Alberto Ruiz-Gallardón y, en algunos círculos del partido, con el de Eduardo Zaplana. El nombre de Acebes circuló mucho, hasta el punto de que, media hora antes de que se hiciese público que yo iba a proponer a Mariano Rajoy, la Cadena SER anunció como gran exclusiva que el sucesor era Ángel.

En un momento dado, me informaron de que Rodrigo y Mariano habían llegado a una suerte de pacto o acuerdo: en caso de que el sucesor fuese uno de ellos, lo aceptarían, pero si finalmente resultaba ser cualquiera de los más jóvenes, intentarían cerrarle el paso.

El dato no me generó la más mínima inquietud: me parecieron movimientos lógicos de personas con una legítima ambición, que esperaban hacer valer su peso y autoridad en el partido. Sin embargo, sí me confirmó la impresión que yo ya tenía acerca de las posibles consecuencias de mi decisión: si al final me decantaba por uno de los dirigentes de la nueva generación —alternativa que, como he dicho, tenía sus candidatos, sus argumentos y sus defensores—, el conjunto del partido lo habría aceptado, pero las personas con legítimas aspiraciones no lo habrían considerado justo ni razonable. Por tanto, lo más conveniente era respetar el orden natural de las cosas, sin más emociones que las estrictamente necesarias, que ya eran bastantes.

Hubo sólo un momento en el que llegué a plantearme la posibilidad de proponer a una persona de la nueva generación del PP. Fue ante la hipótesis de que las elecciones municipales y autonómicas nos fueran tan mal como pronosticaban algunas encuestas. Estaba convencido de que podíamos ganar y salí a ganar. Pero si hubiéramos sufrido el batacazo que quería la izquierda, quizás habría llegado el momento de considerar que los dirigentes de mi generación cediésemos el testigo a la siguiente. En todo caso, esta hipótesis ni siquiera llegó a plantearse porque los resultados de las elecciones municipales fueron excelentes. Incluso mejoramos en medio millón de votos el resultado de 1999.

Con el criterio de la jerarquía histórica del PP, el sucesor natural parecía ser Rodrigo Rato. Así lo entendí y así se lo hice saber unos días después de nuestra victoria en las elecciones generales de mayo de 2000. Le pregunté a Rodrigo qué quería hacer. Teníamos que formar Gobierno y le ofrecí la posibilidad de escoger el puesto que quisiese: ministro de Economía y Hacienda, como hasta entonces; ministro de Asuntos Exteriores; vicepresidente primero del Gobierno; o incluso compatibilizar el Ministerio de Asuntos Exteriores con la vicepresidencia primera del Gobierno. Rodrigo me contestó que le gustaría seguir al frente del Ministerio de Economía, pero que ya no quería ocuparse de los asuntos de Hacienda. Es decir, me proponía que volviésemos a crear un Ministerio de Hacienda desgajado del de Economía, como antes de nuestra llegada al Gobierno en 1996. La idea no me gustaba nada, pero la acepté. Primero, porque me lo pedía Rodrigo. Y, segundo, porque contábamos con personas competentes para gestionar la Hacienda Pública y pensé que ello podía contribuir a reforzar un área importante.

Lo que desde luego no me parecía razonable era que ni Rodrigo ni nadie fuese al mismo tiempo vicepresidente primero y ministro de Economía. Es cierto que a partir de septiembre de 2003, tras la salida de Mariano del Gobierno, Rodrigo compatibilizó ambos cargos y dejó la vicepresidencia segunda en manos de Javier Arenas, al que Rajoy había sustituido como secretario general del PP. Pero estábamos ya en la recta final de la legislatura, a pocos meses de las elecciones generales. Como regla general, mi opinión era contraria a la acumulación de estos dos cargos, por una razón muy sencilla: en ese momento me parecía que la carga de trabajo del vicepresidente primero era ya lo suficientemente abultada como para que la misma persona tuviese que ocuparse también de los asuntos económicos.

Unos meses después de nuestro primer intercambio, tuve una segunda conversación con Rodrigo sobre sus aspiraciones. Fue en las Navidades de 2000, en un largo viaje en coche que hicimos juntos a la estación de esquí de Baqueira, en los Pirineos. Rodrigo y yo teníamos una relación de mucha confianza y llegamos a ser muy amigos, no sólo porque llevásemos trabajando más de veinte años juntos. Nos conocemos desde el año 1978. Nuestros padres habían sido amigos por su relación con el mundo de la radio. Nuestras madres eran amigas por ser asturianas las dos y conocerse desde jóvenes. Y también nuestras mujeres, Ana Botella y Gela Alarcó, eran amigas. Rodrigo tiene cerca de Carabaña, en la Alcarria, un molino muy bonito en el que pasamos muchos fines de semana en familia. También acudimos allí casi todas las jornadas de reflexión antes de las elecciones.

Durante aquel viaje en coche a Baqueira, le anuncié a Rodrigo que iba a cumplir mi compromiso de no estar más de ocho años en el Gobierno. Le dije que debía pensar seriamente si quería ser el próximo líder del PP y el candidato a la presidencia del Gobierno. La primera reacción de Rodrigo fue decirme que mi renuncia provocaría un lío monumental y que debía reconsiderar mi decisión de no presentarme. Esa misma noche me planteó objeciones concretas a su candidatura. Me dijo que por motivos personales —tenía niños muy pequeños— no se veía capaz de asumir una responsabilidad tan relevante en esos momentos.

Esa misma semana volví a insistir: «Piénsate bien lo que te he dicho. Aún faltan cuatro años. Tienes tiempo. Yo no hablaré del asunto con nadie». Esta vez Rodrigo no me contestó directamente. Tres meses después me encontré con su respuesta en una carta dominical del director de El Mundo que se titulaba «Rodrigo no quiere». Lo que no me había dicho a mí se lo había contado a un periodista. No volvimos a hablar del asunto hasta el verano de 2003, unos días antes de marcharnos de vacaciones. Entonces fue Rodrigo quien puso el tema sobre la mesa. Me anunció que había cambiado de opinión y que ahora sí quería ser el candidato del PP a las elecciones generales previstas para el mes de marzo siguiente. Le contesté: «Tú me has dicho dos veces que no». Y él respondió: «Pero ahora te digo que sí». No le contesté nada. Sólo tomé nota.

Nuestra última conversación a solas sobre la sucesión tuvo lugar ya a finales de agosto de 2003, el sábado 30 por la tarde, después de la reunión en la que les anuncié a los tres y a Javier Arenas mi decisión. Cuando terminamos de comer, le pedí a Rodrigo que se quedase un momento. Quería tener un gesto de deferencia hacia él. Entonces me volvió a decir: «Pues ahora hubiese querido». Yo sabía que él quería. Lo sabía entonces y lo supe en el momento de tomar la decisión. Sin embargo, después de una reflexión larga y profunda, había llegado a la conclusión de que elegir a Mariano en lugar de a Rodrigo tenía más ventajas que inconvenientes.

La designación de Rajoy obligó a Rato a reflexionar sobre su futuro y a rehacer sus planes. Poco después de nuestra comida en la Moncloa, me pidió ayuda para optar a un puesto de gran relevancia económica y política: la dirección del Fondo Monetario Internacional (FMI). Era una apuesta complicada. Había otros candidatos de mucho peso, como el francés Jean Lemierre, presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, o el italiano Mario Monti, entonces comisario de Competencia de la UE y ahora primer ministro de su país. Pero Rodrigo tenía posibilidades: gozaba de mucho prestigio y era un hombre muy respetado, también fuera de nuestras fronteras. Rodrigo fue decisivo en el gran éxito económico español de los ocho años de mi Gobierno y así era reconocido por todos. Contaba con el apoyo de Francia: no directamente de Chirac, pero sí del entonces primer ministro, Jean-Pierre Raffarin. Y, lo más importante, España había conseguido una posición de fortaleza internacional inimaginable unos años antes. Teníamos voz y voto. Contábamos.

En cuanto Rodrigo me lo pidió, me puse manos a la obra y comencé a recabar apoyos para su candidatura. Lo hice con mucho gusto. Llamé personalmente a cuatro personas: George Bush, Tony Blair, Jacques Chirac y Gerhard Schroeder. De los cuatro, los realmente determinantes, por su peso y capacidad de influencia, eran Bush y Blair. A ellos les pedí de manera especial que respaldasen a Rato. La respuesta de ambos fue incondicionalmente positiva: me aseguraron un apoyo cerrado para Rodrigo y se lo dieron, incluso después de que perdiéramos las elecciones.

Quizás por eso me costó comprender la posterior reacción de Rodrigo. Yo era consciente de su decepción ante el desenlace de la sucesión y sabía que, después de tantos años de amistad, nuestra relación ya no sería la misma. Sin embargo, no esperaba que Rodrigo pusiese una distancia tan grande desde tan pronto. Yo le llamaba para interesarme por el buen desarrollo de nuestras gestiones para lograr su nombramiento al frente del FMI, pero él a mí no me llamaba para contarme nada. La constatación de que se había abierto una brecha se produjo con motivo de la primera visita que Rodrigo realizó a España ya como director gerente del FMI, en la que se citó con una amplia representación del mundo político y económico español. A mí no me llamó.

Con Jaime Mayor, las cosas fueron más fáciles. Su reacción tras conocer que yo me decantaba por Mariano como candidato fue de absoluto respeto, colaboración y lealtad. Nunca, ni en aquel momento ni después, me hizo la más mínima insinuación ni el más mínimo reproche. Probablemente, Jaime era consciente de que tenía menos posibilidades que Rodrigo o Mariano. No porque no contase con mi afecto, respeto y consideración personal, que sabía que los tenía y en gran cantidad. Jaime y yo somos muy amigos. Siento especial afecto por su mujer, Isabel, y por sus hijos, y tengo gran admiración por el papel que ha desempeñado desde los años setenta en el País Vasco. Supo lo que era enfrentarse a una campaña de exterminio como la que padeció la UCD en aquellos años y como la que luego padecimos en el PP. Siempre le agradeceré que aceptara la candidatura a la alcaldía de San Sebastián tras el asesinato de Gregorio Ordóñez y su magnífico trabajo como ministro del Interior. Jaime es un hombre con principios y que dice la verdad. El problema era que había apostado muy fuerte en una partida arriesgada. Esa partida fueron las elecciones vascas de mayo de 2000. Si Jaime hubiese conseguido desalojar al PNV del poder con el apoyo de los socialistas, creo que él mismo habría presentado su candidatura al liderazgo del Partido Popular. De hecho, había alcanzado un acuerdo con Nicolás Redondo Terreros que le despejaba el camino en sus aspiraciones nacionales: en caso de sumar los escaños suficientes para gobernar el País Vasco, Jaime sería presidente del Gobierno vasco los dos primeros años y Nicolás, los dos últimos. Era una operación política de gran envergadura. De haber tenido éxito, habría cambiado el rumbo político del País Vasco y del conjunto de España. Pero no salió como todos deseábamos.

Dentro de la jerarquía histórica del partido, el otro candidato natural era Mariano Rajoy. Mariano había tenido una exitosa carrera política desde principios de los años ochenta en Alianza Popular en Galicia. Conocía el partido como pocos y había sido un gestor eficaz en nada menos que cinco ministerios y en la vicepresidencia del Gobierno. De los tres aspirantes más claros a la sucesión, Mariano era el menos amigo mío. Teníamos un trato muy cordial, pero no era lo que cualquiera puede entender como un amigo. En todos los años en los que trabajamos juntos, ninguno de los dos había descolgado nunca el teléfono para decirle al otro «vamos el sábado a cenar», algo que sí ocurría con Rodrigo y con Jaime.

Esta falta de cercanía personal no afectaba en nada mi valoración sobre su capacidad política. Además de su historial de servicios en el partido y el Gobierno, Mariano parecía la persona más indicada para abordar los dos grandes retos del momento: proporcionar al Gobierno cierta continuidad política, con tranquilidad y sin sobresaltos, y neutralizar el ataque de la izquierda y de los nacionalismos contra el entonces previsible tercer mandato del PP.

En esos meses, era ya evidente que la izquierda estaba dispuesta a hacer lo que fuera para impedir que el Partido Popular volviese a ganar. Lo percibí con claridad tras la catástrofe del Prestige, cuando los socialistas responsabilizaron al Gobierno de que un petrolero naufragara en alta mar. Su política era la del todo vale para expulsar al PP del Gobierno. En esa estrategia se unieron al nacionalismo.

Tras nuestra victoria por mayoría absoluta en el año 2000, yo había hecho un intento serio de integrar al nacionalismo catalán. Había invitado a Convergència i Unió a entrar en el Gobierno en lo que podía convertirse en una gran operación de Estado que habría beneficiado mucho a Cataluña y al conjunto de España. Pero Pujol, como tantas veces a lo largo de su trayectoria política, había optado por objetivos coyunturales. Tres años después, el Gobierno catalán había cambiado de color, pero su estrategia de separación y enfrentamiento seguía siendo la misma. O peor. Primero fue el acuerdo de Gobierno entre el PSC y Esquerra Republicana de Catalunya. Luego vendrían el Pacto del Tinell para la exclusión del PP de la vida pública catalana, y la entrevista del vicepresidente de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, con la cúpula de ETA en Perpiñán. Yo tenía la impresión de que el desafío no había hecho más que empezar. Así lo había podido comprobar en la primera reunión que mantuve con Pasqual Maragall tras su investidura como nuevo presidente de la Generalitat, en noviembre de 2003.

Sentados en el despacho oficial de la Moncloa, interrogué a Maragall acerca de sus proyectos y objetivos. Me contestó que él quería ser como el gobernador de Nueva York, que mandaba sobre todas las áreas de gobierno y tenía una policía federal. Le contesté que en Estados Unidos la policía federal es una institución llamada FBI y que ni el gobernador de Nueva York ni el gobernador de ningún otro estado tiene competencias sobre ella. Pero él insistía en su reivindicación: «Yo quiero ser como el gobernador de Nueva York». Según Maragall hablaba, yo pensaba: «Esto no tiene sentido; esto no va a ningún sitio». Cuando acabó con lo del gobernador, siguió con el AVE. Me explicó que había que cambiar todo el planteamiento de las obras públicas en España: en lugar de un AVE Madrid-Barcelona, había que construir un AVE Barcelona-Bilbao y otro Barcelona-Valencia, porque eso era lo justo y lo conveniente. Yo le escuché en silencio, hasta que, para terminar, me planteó su tercera exigencia. El Gobierno, me dijo, tenía que «aumentar el respeto y el reconocimiento a la lengua catalana». Le pregunté: «¿Y eso qué significa?». Maragall me contestó: «Pues que hay que respetarla más». «¿Y eso en qué consiste?» «En respetarla más.» Así terminó nuestra conversación. Una conversación circular, absurda, inútil, en la que Maragall no me decía lo que realmente pretendía porque no me lo podía decir.

Lo que de verdad pretendía Maragall se hizo explícito pocos meses después, cuando publicó un artículo en El País titulado «Madrid se va» y cuando, en una conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI, afirmó que «cuatro años más de Aznar y España estalla». Maragall no buscaba un buen acuerdo para Cataluña, sino la confrontación con el PP y su exclusión de la vida pública. Su verdadero planteamiento era «cuatro años más de Aznar y hacemos que estalle España».

En este contexto, con la izquierda y los nacionalistas dispuestos a hacer lo que hiciera falta contra el PP, incluido socavar los principios del régimen constitucional —empezando por el consenso básico sobre el que se fraguó la Transición—, me incliné por Rajoy. Me parecía que la personalidad de Mariano era la más adecuada para gestionar un reto de estas características. Quizás porque era la más alejada de la mía, lo que en aquellas circunstancias me parecía una ventaja. Si hubiese pensado que Rato iba a administrar mejor el desafío del nacionalismo, lo habría propuesto. Pero, en este tema, Mariano me inspiraba más confianza. Rajoy y yo compartíamos la misma postura ante el nacionalismo. Mariano no sentía la menor simpatía hacia los nacionalistas —buena prueba eran sus años en la Xunta de Galicia—, pero, en cambio, sabía bien lo que era el Estado autonómico. Además, nunca se había refugiado en el burladero ante situaciones difíciles, como demostró frente a la manipulación que hizo la izquierda del desastre del Prestige.

No sería capaz de identificar el momento exacto en el que tuve claro que el mejor de los candidatos para afrontar los retos que entonces tenía España era Mariano Rajoy. Sí recuerdo que en noviembre de 2002 su nombre ya estaba escrito en mi cuaderno azul.

El 15 de noviembre de 2002, cogí un viejo Boeing 707 de la Fuerza Aérea con rumbo a la República Dominicana. Me acompañaban Ana y un grupo reducido de mis colaboradores. En otro avión viajaban los Reyes y la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio. Nos dirigíamos a la XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se iba a celebrar en la localidad dominicana de Bávaro. Cuando sobrevolábamos el Atlántico, el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, me avisó de que teníamos un problema. El comandante le había pedido que me transmitiera que, según todos los indicios, estábamos perdiendo líquido hidráulico. Aún no tenía claro si se trataba de una avería real o de un fallo en los sensores.

Le pedí al comandante que me explicara la situación. Me dijo que estábamos en contacto con Torrejón para averiguar el alcance del problema. Le pregunté qué consecuencias tendría la pérdida de líquido hidráulico y me contestó que no se podría bajar el tren de aterrizaje. En cuanto me confirmaron que la avería era muy seria y que no teníamos combustible suficiente para regresar a España, me puse en contacto con el avión del Rey para decirle a Don Juan Carlos dos cosas: primero, que nos adelantaran porque teníamos un problema mecánico potencialmente grave. Y, segundo, que si nos ocurría algo, en la cartera que llevaba conmigo en el avión había un cuaderno azul en el que estaba apuntado el nombre de la persona que en mi opinión debía hacerse cargo de la situación. No le dije nada más. Como si fuese fácil encontrar los restos de un cuaderno azul en un avión siniestrado... En todo caso, no fue necesario. Al final, bajaron el tren de aterrizaje a mano y conseguimos tomar tierra. Fue el último esfuerzo de aquel viejo Boeing. Se quedó varado en mitad de la pista con todos nosotros dentro. Recuerdo la hora de agobiante calor que tardaron en evacuarnos con una mezcla de espanto y alivio.

Diez meses después, el 2 de septiembre de 2003, tras ser refrendado por la Junta Directiva Nacional, Mariano Rajoy asumió el control total del Partido Popular: le cedí todas las funciones de la presidencia del PP y me quedé en el Gobierno. De vez en cuando intercambiábamos impresiones sobre la evolución de la situación política, pero no interferíamos en las tareas o responsabilidades del otro. Ni yo consultaba con Mariano las decisiones del Gobierno ni Mariano me consultaba a mí las suyas como secretario general del PP y candidato a las elecciones generales, que convoqué para el domingo 14 de marzo de 2004. Él decidió el tipo de campaña que quería hacer y los temas que debían centrarla. Y yo me puse a disposición de mi partido para lo que quisieran. Es lo que me había comprometido a hacer en el Congreso Nacional de enero de 2002 y es lo que hice:

«Yo deseo ver a España, a nuestro país, convertido en una de las mejores democracias del mundo y, si me permitís la expresión, “donde me toque”. Pero yo no voy a parar. No voy a dejar de pensar y no voy a dejar de trabajar en otra cosa que en hacer de nuestro país una de las mejores democracias del mundo, sencillamente porque queremos serlo, porque tenemos capacidad para serlo.»

CAPÍTULO 1

De Madrid a Logroño y vuelta.

El origen de una familia y el origen de una vocación política (1953-1980)

Un inspector de Hacienda

En mayo de 2011, con motivo de las elecciones municipales y autonómicas, el presidente de La Rioja, mi buen amigo Pedro Sanz, me invitó a dar un mitin en Logroño. Fue un acto muy especial, el más emotivo al que asistí durante aquella campaña. Yo le había pedido a Pedro que antes del mitin convocara a todos los veteranos del partido, personas a las que yo había conocido y con las que había colaborado hacía más de treinta años. Nos reunimos casi todos —el paso de los años hizo que faltaran algunos— y tuvimos la oportunidad de charlar y rememorar viejos tiempos. El mitin tuvo lugar en el mismo sitio donde años atrás yo había pronunciado mis primeras palabras en un acto público: el antiguo polideportivo Las Gaunas. Junto con la redacción y los talleres del periódico La Nueva Rioja, aquel recinto delimitaba los confines de la ciudad pequeña, plácida y hospitalaria que era Logroño a finales de los años setenta.

Una vez acabado el mitin, con sus agradecimientos y sus intervenciones, con sus saludos y sus abrazos, me llevé a mi hijo Alonso, que me había acompañado en el viaje, a dar un paseo nocturno por la ciudad. Mientras caminábamos juntos por las calles iluminadas del centro, por la elegante plaza del Espolón, con su escultura ecuestre de Espartero, le fui relatando cómo había sido aquella etapa de mi vida, la etapa en la que, de una manera mucho más fortuita y escalonada de lo que muchos podrían suponer, sin pretenderlo ni tampoco buscarlo, acabé entrando en política.

Logroño fue mi primer destino profesional. En aquella época, la oposición de inspectores financieros y tributarios funcionaba de manera similar a la del Cuerpo Diplomático. Si aprobabas la oposición, tenías que quedarte un año y medio en la Escuela de Inspección Financiera, que entonces estaba situada en el mismo edificio en el que nos habíamos examinado: el número 6 del paseo del Prado de Madrid, esquina con la calle Zorrilla.

Empecé a preparar las oposiciones en octubre de 1975. España estaba inmersa entonces en pleno proceso de Transición política, y yo, en pleno proceso de transición personal y profesional. Estaba organizando mi vida. La Transición la viví como un ciudadano más, como un vecino pacífico; en ningún caso como actor ni mucho menos como protagonista. Mi objetivo era sacar las oposiciones en la primera convocatoria, en septiembre de 1976. Elegí el Cuerpo de Inspectores por recomendación de Antonio Barrera de Irimo, que había sido presidente de Telefónica y luego fue ministro de Hacienda. Le conocía porque fue él quien había llamado a mi padre, que entonces era director de la Escuela Oficial de Radio y Televisión, para ofrecerle que se incorporara a Telefónica.

Para preparar las oposiciones acudí a una academia situada en el número 32 de la Gran Vía, en el mismo edificio del que ya entonces ocupaba una planta la Cadena SER y donde más tarde instalaría su sede el Grupo Prisa. El edificio me resultaba familiar porque mi padre había sido director de Radio Madrid y, de pequeño, yo había ido a veces a buscarle allí. Recuerdo que aún se podía aparcar en las calles laterales de la Gran Vía porque había pocos coches. Al llegar a la academia pedí ver al director y le dije que quería sacar mis oposiciones en un año. Me contestó que para eso tenía que estudiar ocho horas, todos los días, a partir del día siguiente. Le respondí: «Eso haré». Desde la mañana siguiente, me dediqué a estudiar sin descanso, con la excepción de un día en verano y otro en Semana Santa. Todas las mañanas desayunaba en la cafetería Nebraska. Luego subía a la academia a exponer los temas que había preparado el día anterior. En la jerga opositora los temas se cantan y los profesores los toman. De ahí volvía a casa y estudiaba hasta la hora de comer. En esa etapa me alojé en un estudio abuhardillado encima de la casa de mis padres, lo que tenía dos grandes ventajas: primero, estaba solo, no me molestaba nadie y podía estudiar todo lo que fuera capaz; y, segundo, tenía a mis padres al lado, con todas las ventajas de intendencia que eso supone. Después de comer, volvía a ponerme a estudiar hasta el final de la tarde, cuando salía a buscar a Ana, que también estaba preparando sus oposiciones. Dábamos un paseo o íbamos a tomar algo. Al volver a casa repasaba hasta las doce de la noche. A la mañana siguiente, otra vez la misma rutina.

Como todo ejercicio de disciplina, al principio fue duro: tardaba varias horas en aprenderme un tema. Pero al final, con el tiempo y la práctica, acabé repasando muchos temas al día. Mi oposición tenía 220 temas y, para acudir con cierta garantía de ganarla, tenías que haberle dado unas seis vueltas a cada tema. Creo que las oposiciones son bastante útiles para la vida y para la política: te enseñan que no hay atajos y que con vaivenes no se llega; que primero tienes que saber lo que quieres, luego proponértelo con total decisión y, por último, trabajar muy duro. Tus deberes tienes que hacerlos tú y no puede hacerlos nadie más que tú.

Terminé el último ejercicio de las oposiciones en diciembre de 1976, y en enero de 1977 empecé mis tareas en la Escuela de Inspección Financiera. Un año después, en enero de 1978, fui nombrado funcionario en prácticas, lo que me otorgaba el derecho a cobrar una pequeña beca de 19.998 pesetas al mes. Recuerdo bien la cantidad porque fue el primer dinero que gané. Había abierto una cartilla en la Caja Postal de Ahorros —una cartilla grande, con el escudo de Correos sobre una portada naranja— y allí lo ingresaba cada mes. En mayo, después de un breve periodo de prácticas en Segovia, fui destinado a Logroño. Había dos plazas disponibles: la otra la sacó quien años después se convertiría en presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.

Muchas veces me han preguntado por qué decidí opositar para inspector de Hacienda. Vocación de inspector no tenía. En realidad, no tenía vocación ni de inspector, ni de abogado del Estado, ni de notario, ni de registrador de la propiedad, ni de ninguna de esas cosas. La verdad era que quería hacer una oposición de alto nivel para poder casarme pronto con Ana, a quien había conocido en la Semana Santa de 1975, en el viaje de fin de carrera que organizamos un grupo de compañeros de universidad. Decidimos ir a Roma, Estambul y Atenas.

Lo nuestro fue lo que cualquiera llamaría un flechazo: nos conocimos en el vuelo de Estambul a Atenas, y en Atenas nos hicimos inseparables. Dos días después, ya de regreso en Madrid, le propuse que se casara conmigo. Me dijo que sí. Tardé sólo dos días en pedírselo y siempre he pensado que con un día habría bastado. A partir de ese momento empezamos a orientar nuestras vidas y Ana cambió radicalmente la mía. Ana quería seguir una carrera profesional y pensamos en hacer oposiciones y prepararlas juntos. A mí me daba igual hacer una oposición que otra. Lo que quería era organizar mi vida de la manera más estable posible para casarme. Así fue como Ana empezó a preparar las oposiciones para el Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración Civil del Estado, los famosos TAC, una salida profesional poco habitual para una mujer en aquellos años. Las convocaron antes que las mías. Ana las aprobó en la primera convocatoria ante un tribunal presidido por Tomás Ramón Fernández, catedrático de Derecho Administrativo y miembro de la cátedra de Eduardo García de Enterría. Después de un breve periodo de prácticas, Ana empezó a trabajar, y el 28 de octubre de 1977 por fin nos casamos y nos fuimos a vivir a un apartamento alquilado en el paseo de La Habana. Aquélla fue nuestra primera casa y durante algunos meses fue Ana la que mantuvo a la familia.

Llegamos a Logroño a finales de mayo y allí vivimos dos años y medio, de los que guardo un recuerdo enormemente feliz. Nos adaptamos rápidamente. Ana llegó embarazada de nuestro primer hijo, José María, del que siempre decimos con orgullo que es riojano. De nacimiento y de carácter. Todo era cómodo. Todo era fácil. Todo era sencillo. Nos pusimos a buscar casa y muy pronto encontramos dos pisos en el mismo edificio en el centro de la ciudad, en la calle San Antón, esquina con Gran Vía. Uno tenía mejores vistas que el otro. Como Miguel Blesa y su mujer, María José Portela, también estaban buscando piso, decidimos tirar una moneda al aire para ver quién se quedaba el mejor. Tuvimos más suerte nosotros.

Nuestro piso era alegre, acogedor y, gracias a la moneda que lanzamos al aire, tenía unas vistas magníficas. Desde el salón se podía contemplar el paisaje de la Rioja Alavesa, el pueblo de Oyón y los picos distantes de la sierra. Aquél fue nuestro primer hogar, aunque ya era la segunda casa que montábamos; nos costó hacerlo porque no teníamos prácticamente nada. Era un piso nuevo, muy bien situado, y allí conocimos a dos de nuestros mejores amigos. En el piso de arriba vivían Pepe Rudíez y Pepa Perea. Pepe era empresario y se habían casado cuando Pepa tenía sólo 17 años. Los conocimos cuando ella tenía 18 y seguimos siendo muy buenos amigos.

Ana, que trabajaba como vicesecretaria general del Gobierno Civil, no tenía más que atravesar la plaza del Espolón para llegar a su despacho. Cuando sacaban a nuestro hijo José María a pasear, bastaba con que Ana se asomara por la ventana para verle y quedarse tranquila. Y yo sólo tenía que cruzar la calle, girar un poco a la izquierda, y ya había llegado a la Delegación de Hacienda.

Mis compañeros de la Inspección eran buenas personas que hacían lo imposible para cumplir eficazmente con sus obligaciones en unas condiciones francamente rudimentarias: mesas y sillas viejas, un solo teléfono para compartir entre todos y, por supuesto, ningún soporte mecánico o informático. Dependíamos formalmente de la Delegación Territorial de Hacienda de Zaragoza. Concretamente de un hombre llamado Jesús Villaro, al que recuerdo como una persona cabal, un caballero.

Como inspector en Logroño, mi tarea consistía esencialmente en llamar uno a uno a los contribuyentes que me asignaban y revisar su situación fiscal de acuerdo con los cambios introducidos por la reforma impulsada por Francisco Fernández Ordóñez. El propio Fernández Ordóñez me había entregado el título de inspector financiero y tributario a comienzos de 1978, apenas unos meses después de la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes que invalidaba buena parte de lo que habíamos aprendido en la escuela. España se estaba modernizando a gran velocidad y a mucha gente le costaba seguir el ritmo del cambio. Recuerdo a una de las primeras personas que atendí en la Delegación de Logroño: un señor muy amable que, una vez concluidas las gestiones, se levantó y, dándome las gracias, me preguntó: «Dígame, por favor, cuánto le debo». Sorprendido, le contesté que no me debía nada, que yo estaba haciendo mi trabajo y que él ya me pagaba a través de sus impuestos. Eran tiempos de cambio y transición en España y, para mí, de rutina y tranquilidad. Por poco tiempo.

El salto a la política

En Logroño empezó mi vida política. Al llegar a la ciudad, Ana y yo, una pareja de jóvenes profesionales venidos de Madrid, nos habíamos convertido en la novedad. Recuerdo que a los pocos días de instalarnos fuimos a comer al Cachetero, un restaurante clásico, fundado a principios del siglo pasado, que era entonces una parada obligada para cualquiera que pasase por Logroño. Una señora muy simpática llamada Floren, miembro de la tercera generación de dueños del restaurante, no tardó ni un minuto en hacernos la ficha. Muy pronto todo Logroño sabía quiénes éramos, a qué habíamos venido y qué vida llevábamos. Entre ellos, los responsables de distintas organizaciones políticas, que entonces estaban en plena ebullición.

Llevábamos menos de un año en Logroño cuando recibí mi primera oferta política. Faltaba poco tiempo para las elecciones generales del 1 de marzo de 1979, las primeras celebradas tras la aprobación de la Constitución. Un grupo de personas que representaban en Logroño al partido Acción Ciudadana Liberal se acercó a mí para pedirme que fuese a Madrid a ver al fundador de su organización, José María de Areilza. En Logroño, aquel grupo era ciertamente reducido. Se limitaba a poco más de dos personas. El presidente se llamaba Celso Rubio y era un personaje realmente singular. La otra figura destacada se llamaba Mateo Berroeta y tenía una galería de arte.

En todo caso, acepté encantado ir a ver a Areilza, a quien había conocido de niño porque era muy amigo de mi abuelo paterno, Manuel Aznar Zubigaray. Me interesaba hablar con una persona de su trayectoria. Areilza había sido alcalde de Bilbao; embajador en Buenos Aires, París y Washington; miembro del Consejo Privado de Don Juan; y ministro de Asuntos Exteriores del primer Gobierno de la Monarquía. Era una figura muy relevante de la Transición, un escritor brillante, un hombre de una gran capacidad intelectual, un espíritu abierto y un gran conversador. Desde el punto de vista político, sin embargo, sus aciertos eran sólo relativos, como luego se demostró y como quizás yo intuí desde nuestro primer encuentro.

Areilza me recibió en unas oficinas que tenía su partido en la calle Lagasca. Tras conversar un rato, me explicó que estaba negociando las listas con Alianza Popular y me propuso ser el candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Logroño, que era como se llamaba entonces la circunscripción que en 1980 adquiriría la denominación oficial de La Rioja. Le agradecí mucho la confianza, por la que me sentía muy halagado, pero le dije que no. La verdad es que me pareció raro que un señor que apenas me conocía me ofreciese a mí, que era un recién llegado a Logroño, la candidatura de su partido al Congreso de los Diputados. Pensé: «Aquí hay algo que no cuadra; esto no puede salir bien en ningún caso». Regresé a Logroño como me había ido. Y, sin embargo, ese primer contacto con Acción Ciudadana Liberal me condujo a Alianza Popular. Años después, un nieto de Areilza, también llamado José María, colaboraría conmigo en la Moncloa. Entre otras cosas, organizaría la primera conferencia que di en la Universidad de Harvard, en Boston.

Cuando los dirigentes de Alianza Popular de Logroño se enteraron de que había ido a Madrid a reunirme con Areilza quisieron conocerme. El presidente se llamaba Benedicto Bericoechea y era una persona enormemente bondadosa, de profesión odontólogo. El gerente era Neftalí Isasi, que tenía un comercio en la ciudad y luego ha tenido una larga trayectoria política. Quedé con ellos. Les dije que yo no quería tener un perfil político activo ni dar mítines, pero que estaba dispuesto a echarles una mano en la campaña, sobre todo con artículos e intervenciones en los medios de comunicación. Así fue como empecé a colaborar en el periódico La Nueva Rioja, cuyo accionista mayoritario era Álvaro de Lapuerta, quien unos años más tarde se convertiría, a propuesta mía, en el tesorero nacional del Partido Popular, cargo que desempeñó durante muchos años. Un par de veces al mes me acercaba al periódico y entregaba mi artículo a un redactor, que luego se encargaba de editarlo y maquetarlo sobre aquellas viejas planchas de plomo con las que todavía entonces se hacían los periódicos.

Eran artículos largos, de fondo, y la mayoría versaba sobre las principales cuestiones políticas del momento, sin entrar directamente en la disputa partidista. Al releerlos después de tantos años, no puedo evitar sentir cierta nostalgia. Ahí está la huella indiscutible de una vocación política temprana que, sin embargo, tardó bastante en materializarse en un compromiso activo. Y ahí está también la primera expresión pública de algunas de mis convicciones políticas más duraderas. La apelación a la participación política frente a la irresponsabilidad y la resignación. El horror al revanchismo y el rechazo absoluto de la violencia. La inquietud ante lo que, con cierta licencia, bauticé como «delirio carguista»: esa fiebre, incubada al amparo del nuevo modelo autonómico, de crear más y más puestos en la Administración, todos generosamente remunerados a costa del contribuyente, incluso en tiempos de crisis económica. Pero, sobre todo, ahí está la preocupación por el auge y la deriva del nacionalismo en España y sus consecuencias para el régimen constitucional de 1978.

Éstas son algunas de las opiniones que aquel joven inspector de Hacienda expresaba desde las páginas de La Nueva Rioja: «Se han fomentado nacionalismos de tres al cuarto en regiones donde jamás había existido la más mínima pretensión nacionalista». «Hemos consagrado una práctica autonómica delirante, en la que lo que ayer era bueno hoy es malo... Si este fenómeno no mengua, las hipotecas que tendremos que soportar, como más adelante veremos, pueden ser ciertamente graves.» «¿Qué sentido tiene fomentar partidos regionalistas o veladamente nacionalistas en las presentes circunstancias? [...] ¿Acaso se pretende hacer una carrera de locos, de a ver quién puede más o llega antes?»

Está claro que la política me gustaba. Me gustaba como me gustaban la historia y el debate público: con intensidad y una mezcla de inquietud intelectual y pasión todavía contenida. A quien no le gustaba entonces la política, o al menos la participación demasiado directa en la vida política, era a Ana. Fue la mayor rival, la oposición más firme a mi decisión de entrar en política. Ella quería que tuviésemos una vida tranquila y lo más volcada posible en nuestras profesiones. Ana no había vivido en su casa las peripecias de la política con la misma intensidad con la que yo las había seguido desde muy pequeño. En su casa, la política era algo distante, contemplado con poco apasionamiento. Le interesaban los asuntos generales y estaba dispuesta a colaborar en lo que pudiese. De hecho, en las elecciones de 1977 había participado en una mesa, en el Pozo del Tío Raimundo, como interventora de Alianza Popular. Había que tener coraje y compromiso para ir a una mesa electoral como aquélla en esos momentos. Al terminar la jornada, fui a recogerla al colegio electoral y asistí al recuento de votos: entre las dos solitarias papeletas que obtuvo AP estaba la de Ana.

Pero Ana entonces no concebía la política como un destino profesional. Era algo ajeno a sus propios proyectos y a los que habíamos hecho juntos antes de casarnos. Temía que fuese una actividad insegura y arriesgada. Tampoco le atraía la perspectiva de una vida volcada en los viajes y los compromisos sociales. Para ella lo más importante entonces era seguir su propia carrera profesional, tener una vida familiar estable y feliz, y, sobre todo, que estuviésemos juntos. Lo que ocurrió fue que Ana renunció a su carrera profesional por acompañarme en mi carrera política. Lo hizo, como todo, con total intensidad y acierto. Compartió conmigo momentos muy duros, pero, a base de vivir la política, la conoció y la deseó. Pero sólo cuando mi decisión de dejar la primera línea de la política fue firme, ella se decidió a iniciar la suya como concejal del Ayuntamiento de Madrid. Ahora es ella la política de la casa y ha llegado a ser la primera mujer alcaldesa de Madrid.

Mi entrada en política fue, pues, mucho más fortuita y gradual de lo que a la luz de los acontecimientos posteriores se pudiera pensar. No fue hasta Logroño cuando descubrí que, aunque ser inspector de Hacienda me proporcionaba seguridad y tranquilidad, aquello no me interesaba. Y no fue hasta Logroño cuando mi vocación por lo público se transformó en una vocación política. Visto con perspectiva, debo decir que me alegro de que fuese así. Siempre que algún joven, empezando por mis propios hijos, me ha preguntado qué tenía que hacer para dedicarse a la política, le he sugerido que primero estudie y se busque un medio de vida fuera de ésta; que ordene su vida y luego, en su caso, dé el paso. No me gustan nada algunos hábitos y comportamientos que veo en las nuevas generaciones de los partidos. No me gusta ver a jóvenes que no han terminado sus carreras y que, desde muy pequeños, hacen de la política su única actividad. Muchos de estos jóvenes, al no tener otra salida profesional que la política, acaban aceptando lo que no deben aceptar y justificando lo que no se debe justificar. Acaban sacrificando sus ideas y convicciones por la permanencia en la política. Eso no es bueno ni para ellos ni para la política, y creo que debería corregirse.

A mis hijos he intentado inculcarles la necesidad de que primero organicen su vida y, desde esa tranquilidad, piensen despacio si de verdad les interesa la actividad política. Porque a los dos varones sí les interesa. A mi hija Ana le horroriza todo lo que sea la publicidad y los focos mediáticos. Aunque siempre que ha podido me ha acompañado y ha seguido con atención mi actividad pública, intenta evitar los focos. Quizás sea una de las mujeres españolas a las que los medios de comunicación han ofrecido en más ocasiones reportajes, entrevistas, reportajes gráficos..., y siempre ha rechazado todas esas ofertas. Tampoco le gustan los focos a mi hijo José María, pero es el que tiene mayor y más meditado interés por la política, unido, en su caso, a una notable capacidad de análisis de lo que ocurre. Alonso, el pequeño, ha vivido la política desde siempre. Nació cuando estábamos en Valladolid y ha sido un entusiasta compañero en muchos de mis viajes de campaña. La política le interesa y le importa.

Para mí, el momento en el que decidí dedicarme a la política llegó después de las elecciones generales de marzo de 1979. Aquellas elecciones fueron un desastre sin paliativos para Alianza Popular. El acuerdo forjado con el partido de Areilza y con el Partido Democrático Progresista (PDP) de Alfonso Osorio —ambos con un respaldo electoral perfectamente descriptible— le costó muy caro a AP. La Coalición Democrática apenas sacó nueve escaños, casi la mitad de los dieciséis que Alianza Popular había obtenido en 1977. Tras la debacle, Fraga presentó su dimisión como líder de Alianza Popular y se abrió un proceso interino, dirigido por otro de los grandes renovadores de la derecha española y, como Fraga, también fundador de Alianza Popular: Félix Pastor Ridruejo.

Félix Pastor era el exponente de una parte de la derecha española, una derecha ilustrada y humanista, con un concepto tradicional de la vida. Era una persona original, con una vida interior muy intensa que, durante una época, se encauzó en una honda inquietud religiosa. Además, era uno de los notarios más importantes de Madrid, lo que le convertía en un testigo privilegiado y profundo conocedor del mundo social y económico de la época. Tenía su notaría en el número 5 de la calle Génova, a un tiro de piedra de lo que más adelante se convertiría en la sede nacional del PP. Cuando dejó la presidencia de AP, creó la Fundación Justicia y Libertad. Le acompañaban Isabel Barroso, Carlos Argos y Guillermo Piera. En su sede de la calle Viriato conocí a diferentes personalidades de la vida política española de aquellos años: ahí estaban, por ejemplo, el dirigente socialista Enrique Múgica, a quien siempre tuve un gran aprecio, y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que había sido ponente de la Constitución y más tarde sería portavoz del Grupo Parlamentario de AP, y que en 1987 se presentó como candidato a la presidencia del partido con mi apoyo, entre otros. Con Enrique Múgica y su familia forjé una buena amistad. Tiempo después, en el año 2000, tuve la oportunidad de proponerle como defensor del pueblo. Miguel Herrero era una persona inteligente y culta, trabajamos varios años juntos, y en esa etapa llegamos a ser buenos amigos.

Mi relación personal con Félix Pastor era de afecto, respeto y confianza. Félix desempeñó un papel muy importante en esa etapa de mi vida, no tanto de padrino o tutor como de buen consejero. En mis tiempos de Logroño les enviaba a Fraga y a él papeles y análisis sobre asuntos autonómicos. Ana y yo íbamos con cierta frecuencia desde Logroño a su finca del pico Frentes, en Soria, y luego nos reuníamos cada cierto tiempo en Madrid. Sentí mucho su pérdida, en julio de 2010. Siempre tendré con él una deuda de gratitud. Y debo decir que me hubiese gustado que, tras su muerte, la actual dirección del Partido Popular hubiese tenido el gesto de reconocer la importancia histórica de su figura para el partido.

Alianza Popular iba a celebrar su congreso en La Rioja y Félix me sugirió que optase a la secretaría general. En aquellos años, el partido no había adoptado aún su actual estructura presidencial, y el secretario general era, por tanto, su máximo dirigente. Después de meditarlo, y a pesar de las razonables objeciones de Ana, acepté. Lo hice con la condición autoimpuesta de no abandonar mi actividad como inspector de Hacienda; más como una dedicación especial que como un punto de inflexión en mi trayectoria profesional.

Alguna vez me han preguntado por qué escogí Alianza Popular y no UCD. Es una duda lógica, sobre todo teniendo en cuenta que yo había votado a UCD en 1977. La relación de mi familia con Fraga venía de lejos: tanto mi padre como mi abuelo le conocían y mantenían con él un trato cordial. Y aunque yo no le había votado, sí sentía admiración por sus condiciones de liderazgo. Había leído con atención y mucho interés una serie de artículos que Fraga había publicado en el ABC, allá por 1975, en los que esbozaba, por primera vez y con extraordinaria lucidez, su teoría del «centro político», de la necesidad de una reforma democrática y de una organización del espacio de la moderación por parte de la derecha.

Muchos de los que votamos a UCD en 1977 lo hicimos porque representaba la evolución más segura y deseable hacia la democracia y por el papel decisivo que creíamos que debía seguir desempeñando en la Transición. Yo había tenido relación con bastante gente que en aquel momento era de UCD, personas que habían estado vinculadas al mundo de la radio y de la televisión en la etapa de Fraga como ministro de Información y Turismo, al que yo accedí a través de mi padre. Así conocí, por ejemplo, a Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, José Miguel Ortí Bordás, Pío Cabanillas (padre), Luis González Seara, Juan José Rosón... A unos tuve la oportunidad de tratarlos más y a otros, menos.

Sin embargo, a mí me pareció que, una vez promulgada la Constitución, la UCD se había quedado sin proyecto, sin una verdadera identidad o definición política, sin una misión. Así lo confirmaban las divisiones, enfrentamientos y camarillas que muy pronto empezaron a lastrar al partido. Suárez no había conseguido hacer de UCD un partido de base popular. Es posible que ni siquiera lo intentara. Había tantos proyectos políticos individuales en UCD como dirigentes y había más dirigentes que compromiso con los militantes. Ése no era el modelo de partido que me gustaba y yo no creía que fuese a prosperar. Así lo expresé en una larga conferencia titulada «La Nueva Derecha», que impartí en Logroño a finales de 1980: «¿Cuál es el problema de la UCD? Pues en el fondo, aunque parezca raro, es que carece de contenido ideológico; que es un partido cuya dinámica es la del simple acaparamiento de poder. Por eso no defiende con decisiones sus postulados teóricos y sus programas. Por eso hoy pacta con unos, mañana con otros y pasado con los de más allá». En cambio, me parecía que Alianza Popular, con sus defectos y su evidente necesidad de renovación, sí tenía una base popular, una base de partido razonablemente sólida, sobre la que en mi opinión se podía construir un proyecto político de envergadura.

Lo mismo pensaban otros jóvenes con vocación política que en esos años se acercaron a AP y que con el tiempo llegarían a desempeñar un papel importante en la derecha española. Entre ellos estaban Rodrigo Rato, Antonio Hernández Mancha, Juan Ramón Calero y Arturo García Tizón. De esos cuatro, sólo Rodrigo no era abogado del Estado. Otros jóvenes como Francisco Álvarez-Cascos, Mariano Rajoy o Loyola de Palacio se habían acercado poco antes a Alianza Popular.

A partir de mi nombramiento como secretario general de Alianza Popular de La Rioja, empecé a tratar más a Fraga. Volcado en el objetivo de crear un partido con sólidas bases populares, Fraga derrochaba vitalidad, energía y arrojo en viajes maratonianos a lo largo y ancho de la geografía nacional. A La Rioja venía a menudo. A las tareas del partido añadía su pasión por la pesca, que colmaba en los estupendos ríos trucheros de la región. A pescar no le acompañé nunca, pero sí empecé muy pronto a enviarle papeles y documentos, y él a reclamármelos. Para ser quien era y ocupar el cargo que ocupaba, Fraga estaba sorprendentemente desasistido. Desde el primer momento me situó entre el puñado de personas a las que escuchaba. Éramos pocos y Fraga no hacía nada por disimularlo.

Así conocí yo a Fraga: su afán por devorar los minutos, por ir muy deprisa en todo, por tener agendas sobrecargadas, desbordantes de actividad. Como si su vida fuera a terminarse en el minuto siguiente y tuviese que exprimirla con la máxima intensidad, de manera vertiginosa, con esa ansiedad vital que tenía Fraga en plena expansión. A lo largo de mi vida, he conocido a pocas personas con la fuerza y la impresionante capacidad de trabajo y de acción de Fraga. Sin embargo, si tuviese que escoger la característica que le definía por encima de cualquier otra, diría que era la pulsión de poder. Una pulsión de poder que a veces podía parecer desordenada, pero que era siempre inteligente, creativa y, sobre todo, patriótica. Cuando falleció, en enero de 2012, sentí un sincero vacío. Fraga fue un buen servidor de España, a la que dedicó toda su energía. Logros como la Transición, la Constitución o el Partido Popular son sencillamente impensables sin su aportación.

A partir de mi incorporación formal a las filas de AP, empecé también a recorrer La Rioja y a conocer el partido por dentro: su gente, su funcionamiento, sus reglas escritas y no escritas. Hicimos un calendario por meses para visitar todos los pueblos de La Rioja. Prácticamente todos los días salíamos a visitar alguno. Nuestra actividad política empezaba de noche porque antes todos estábamos trabajando. Allí aprendí que un partido político, o tiene una buena organización interna, o no tiene posibilidad alguna de prosperar.

En Logroño había una buena base de partido, que era la que había permitido que Álvaro de Lapuerta obtuviese un escaño en el Congreso de los Diputados en 1977. Sin embargo, en las elecciones de 1979, el escaño se perdió. Nuestro objetivo era recuperarlo. Álvaro de Lapuerta era un político clásico, hablador, extrovertido, abogado del Estado en Enpetrol (Empresa Nacional de Petróleos), buen amigo de Fraga y con dominio de la circunscripción. Había conseguido tejer una tupida red de amigos, colaboradores y simpatizantes, cuya importancia quedó demostrada en aquellos años difíciles en los que quien no era de UCD era del PSOE. Álvaro llevó a cabo una labor imprescindible. Coincidiendo con ese trabajo interno de partido, un trabajo discreto pero intenso, trabé con él una estrecha relación que seguimos manteniendo hoy en día. Ana y yo íbamos de vez en cuando a su casa, en las cercanías del pantano de El Rasillo, en Cameros.

En colaboración con Álvaro, organicé algunos actos que tuvieron bastante repercusión. Recuerdo bien uno en el que participaron Fraga y Félix Pastor. Yo no sabía que ellos se habían distanciado tras la dimisión de Fraga y el nombramiento de Félix como presidente de AP. Félix pensaba en AP como un pequeño partido de la derecha complementario a la UCD. Fraga, en cambio, quería recuperar el terreno de la UCD que él consideraba propio dentro de su tesis de la mayoría natural. En realidad, después de su fracaso en 1979, Fraga empezó a preparar su retorno. Se apoyó en un grupo de gente joven que ya estaba en AP, formado por Jorge Verstrynge, Javier Carabias y Carlos López Collado. Este último fue concejal durante muchos años y la trayectoria del primero es bien conocida.

Como no sabía que Fraga y Félix Pastor empezaban a tener diferencias, los invité a los dos a venir a La Rioja para participar en el congreso en el que fui elegido secretario general regional, y los dos aceptaron. Aquél fue mi primer mitin, el del polideportivo Las Gaunas. También organicé otros dos actos que tuvieron cierta repercusión. El que tuvo mayor afluencia de gente lo organizamos en 1980 en un pueblo en la carretera que une Logroño con Soria. Allí empezó a verse con cierta claridad que nuestro partido tenía posibilidades de futuro. Antes, en diciembre de 1979, celebramos un mitin de apoyo a la Constitución en el polideportivo Las Gaunas. Participaron Fraga, ya como presidente del partido, y Jorge Verstrynge, que acababa de ser nombrado secretario general de AP. Recuerdo que asistieron cargos relevantes del partido a escala nacional. A este acto le dediqué un esfuerzo especial porque, además de colaborar en la recuperación de la base de Alianza Popular en La Rioja, me había impuesto otro objetivo: atraer a más gente de derechas a la Constitución de 1978.

Hay que recordar que en Alianza Popular hubo muchas dudas a la hora de aprobar el Título VIII de la Constitución, que define la organización territorial del Estado. Había dudas e inquietud sobre la definición del nuevo modelo de Estado, hasta el punto de que algunos diputados rompieron la disciplina de voto. En un artículo publicado en La Nueva Rioja en abril de 1980 bajo el título «Una reflexión», critiqué lo que califiqué como las «desesperantes ambigüedades» del Título VIII porque consideraba que enturbiaban un panorama de por sí confuso. Muchos años después, en 2005, el Consejo de Estado —del que yo formaba parte como expresidente del Gobierno— presentó un dictamen sobre la reforma de la Constitución en el que se abogaba por el cierre definitivo del modelo y alertaba del riesgo de mantenerlo abierto. Yo apoyé esta importante conclusión, tal como hice explícito en mi voto particular.

Durante mi etapa en Logroño el debate autonómico estaba de plena actualidad y allí se vivía con especial intensidad por la cercanía del País Vasco. En Logroño no había nada parecido a una demanda autonómica. Pero la presión del nacionalismo había generado en La Rioja una sensación de riesgo, de temor a ser desbordados por la explosión autonómica. Esa sensación se agudizó como consecuencia del terrorismo de ETA, cuya coacción viví muy de cerca en aquellos años. Colaboré como apoderado en las primeras elecciones vascas, las de 1980, y participé en varios actos en Vitoria en los que, con mucho esfuerzo, logramos reunir a alguna gente. Éramos muy pocos, poquísimos, y descubrí hasta qué punto es heroico hacer política en un territorio acosado por el terror. Además, nuestra etapa en Logroño coincidió con tres atentados en la ciudad: el primero fue contra un convoy de varios autocares de la Guardia Civil que se dirigían a realizar prácticas a la autopista Bilbao-Zaragoza; fue un milagro que no murieran más personas: 35 agentes resultaron heridos y uno de ellos, el teniente Francisco López Bescos, falleció. En el segundo atentado murió tiroteado un subcomisario de policía, Carlos Fernández Valcárcel. Y en el tercero, ETA asesinó al industrial Miguel Ángel San Martín, nuestro vecino, el señor que vivía en el piso de al lado. Eran los años de plomo.

Mi ingreso en el partido coincidió con el inicio del proceso de elaboración del Estatuto de Autonomía de La Rioja, finalmente aprobado en 1982. Desde las instituciones se hizo un esfuerzo para implicar al conjunto de la sociedad en el proceso. La dirección de Alianza Popular me pidió que participase en las reuniones para la redacción del nuevo Estatuto. La voz cantante en esas reuniones la llevaban UCD y el PSOE, que, a pesar de sus problemas internos y divisiones, eran los partidos dominantes. La participación de AP respondía, esencialmente, a su presencia y representación en el Ayuntamiento de Logroño. Sin embargo, esta situación de cierta desventaja no impidió que hiciésemos aportaciones relevantes al nuevo Estatuto. Me estudié el tema autonómico a fondo, desde el punto de vista político, financiero, fiscal y de la organización del Estado, y planteé una serie de sugerencias encaminadas a reforzar seriamente las competencias de la Diputación Provincial de La Rioja. Algunas fueron aceptadas.

De aquella experiencia se derivaron consecuencias importantes para mi vida política y profesional. De ella surgió mi interés y preocupación por los asuntos autonómicos, interés y preocupación que conservo, como es bien sabido. Y gracias a ella adquirí unos conocimientos que me serían de mucha utilidad más adelante, cuando, agotada la etapa de Logroño, Ana y yo decidimos regresar a Madrid.

Eso fue en diciembre de 1980, pero la decisión la había tomado antes. En julio de ese año, le escribí una carta a Fraga en la que le anunciaba que, con fecha 1 de diciembre, dejaría el cargo de secretario provincial de Alianza Popular en La Rioja para incorporarme a una plaza en la Inspección Financiera y Tributaria de Madrid. A finales de octubre le confirmé mi decisión, y el 12 de noviembre recibí de su parte una respuesta muy cariñosa que conservo. En ella, Fraga me encarga la ponencia sobre la reforma del sistema tributario que se debatiría en el IV Congreso Nacional de Alianza Popular de febrero de 1981, y elogia mi actuación como secretario general de AP en La Rioja: «Con tu salida, AP de La Rioja pierde un puntal fundamental que espero sepan allí reponer (aunque será difícil conseguir otro tan firme como tú)».

A finales de diciembre, conscientes de que una etapa tranquila y muy feliz de nuestras vidas había llegado a su fin, Ana y yo emprendimos el largo viaje en coche de regreso a Madrid con el pequeño José María dormido en el asiento trasero. Teníamos que organizar nuestra nueva casa, la tercera, en Castellana, número 100.

Treinta años después, mi otro hijo, Alonso —infatigable compañero de viajes—, y yo regresamos de nuestra visita electoral a La Rioja por la misma carretera: desde Logroño hasta el puerto de Piqueras, pasando por la sierra de Cameros, bordeando el río Iregua, que luego se junta con el río Piqueras. Al subir el puerto en dirección a Soria, dejamos a la derecha el pequeño pueblo de Torrecilla en Cameros, donde nació Práxedes Mateo Sagasta, varias veces presidente del Consejo de Ministros de España durante el último tercio del siglo XIX. Al contemplar el solitario perfil del pueblo desde la ventana del coche, no pude evitar preguntarme: «¿Cuántas personas sabrán que aquí nació Sagasta? ¿Y cuántos sabrán quién es Sagasta?...». Pero, sobre todo, recordé las muchas veces que visitamos aquella zona durante los años felices de Logroño. Recordé cómo esta carretera era una de las primeras en cerrarse en invierno debido a las fuertes nevadas, y cómo nos veíamos obligados a desviarnos hacia Burgos o incluso casi hasta Vitoria para llegar a nuestro destino. Y me vino a la memoria también cómo en uno de esos largos periplos en nuestro leal e infatigable Seat 124, en medio de una carretera prácticamente vacía, casi metafísica, José María dijo su primera palabra: ni «papá» ni «mamá», sino «agua».

José María siempre me ha sorprendido. En la noche electoral del año 2000 —acababa de empezar el recuento de votos, pero nosotros ya teníamos datos que apuntaban a la mayoría absoluta—, iba yo de un lado a otro en la Moncloa cuando me lo encontré en un sofá apartado. Al acercarme vi que estaba llorando. Al preguntarle por qué, me dijo: «Porque estoy orgulloso de ti». Muy pocos meses después, con sólo 22 años, se fue a trabajar a Nueva York. Me pidió que no hiciera nada para ayudarle porque quería ganarse lo que fuera en la vida por sí mismo, por sus propios méritos, por su trabajo. En ese momento quien se sintió muy orgulloso fui yo.

Una infancia en Madrid

El regreso a Madrid fue, ante todo, el regreso a casa, a la ciudad donde nací y donde pasé mi infancia y juventud.

Yo soy hijo de bilbaíno y de asturiana. Mi padre, Manuel Aznar Acedo, nació en Bilbao y estudió en los jesuitas: en el Colegio de Belén, mientras vivieron en La Habana; en el de Orduña, en Vizcaya, cuando volvieron a España; y en los Areneros, cuando llegaron a Madrid. Nació en Bilbao porque mi abuelo Manuel Aznar Zubigaray empezó a trabajar allí como periodista deportivo. Se casó con mi abuela Mercedes, que murió muy joven —en el año 1931— de una gripe mal curada. Tuvieron cinco hijos. Mi padre era el mayor. Después fueron naciendo mis tíos Javier, Mercedes, María Teresa —que nació en Cuba y es la única de los hermanos que aún vive— y José María, de quien heredé el nombre. Mi tío José María era teniente del Ejército del Aire. Era instructor de vuelo y falleció en 1947 en un accidente aéreo, en el que se salvó su alumno.

Tengo antecedentes vascos y, por alguna parte, deportistas. Un hermano de mi abuela era el extremo izquierda del Athletic de Bilbao. Se llamaba Txomin Acedo, y jugó y ganó las semifinales de las Olimpíadas de Amberes de 1920. Hasta 1964, cuando España ganó a Rusia en Madrid, aquello fue lo más lejos a lo que había llegado la selección española, que ahora es una gran campeona y motivo de gran orgullo para todos. Asistí al partido de 1964 y lo recuerdo perfectamente. El estadio Santiago Bernabéu estaba a reventar y, entre otros, jugaban algunos futbolistas que con el paso de los años se convertirían en buenos amigos míos, como Amancio, Zoco, Rivilla o Calleja. Fue una gran fiesta. También guardo una foto de la selección de 1920, en la que jugaba el famoso Pichichi, con mi tío abuelo entre ellos. Los medallistas, además de Pichichi y mi tío abuelo Txomin, fueron Patricio Arabolaza, Mariano Arrate, Juan Artola, Joaquín Vázquez, José María Belausteguigoitia (Belauste), Sabino Bilbao, Ramón Eguizábal, Ramón Moncho Gil, Ricardo Zamora, Silverio Izaguirre, Luis Otero, Francisco Pagazaurtundua, José Samitier, Agustín Sancho, Félix Sesúmaga y Pedro Vallana. El seleccionador era Francisco Bru.

Mi madre, Elvira, nació en Oviedo, pero su familia era de Valladolid. Era la pequeña de cuatro hermanos: Conchita, Anselmo, María Victoria y ella. Afortunadamente, mi madre vive y sigue manteniendo el mismo carácter, vitalidad y cuidado por los detalles que siempre le hemos conocido. Mi abuelo tenía uno de los dos establecimientos comerciales más famosos de Oviedo: uno se llamaba Almacenes Botas, y el otro, el de mi abuelo, los Almacenes Blanco y Negro. Después de la guerra, a mi padre le destinaron a Oviedo y allí conoció a mi madre. Se casaron en 1947 y, poco después, se vinieron a vivir a Madrid. Yo soy el cuarto de cuatro hermanos. Los mayores nacieron en Oviedo porque, como en tantas familias, mi madre se trasladaba a casa de sus padres al final de cada embarazo para tener allí a los niños y cuidarlos con el apoyo de su familia los primeros meses.

Aunque mi hermano mayor, Manuel, no guarda ningún parecido con mi padre, ha heredado de él el pelo rubio con tendencia a la calvicie y los ojos azules. No nos parecemos nada. Ya de niños marcamos distancia con lo que entonces, y no sólo entonces, era lo más importante: si yo soy madridista, él es un acérrimo partidario del Atlético de Madrid. Y lo es desde siempre. Creo que es uno de los socios más antiguos del club colchonero. Manuel estudió Derecho y es uno de los buenos especialistas españoles en materia de Seguridad Social. Trabajó durante muchos años en la oficina del Defensor del Pueblo y, sin ninguna intervención por mi parte, fue propuesto como adjunto al defensor en los años en los que yo fui presidente del Gobierno. Estaba perfectamente capacitado para ese puesto que, además, no es estrictamente político, pero los de siempre organizaron tal escándalo, con falsas acusaciones de nepotismo y favoritismo, que le pedí que desistiera. Fui muy consciente de la decepción que eso podía suponerle, pero él aceptó para no perjudicarme. Ahora, después de muchos años trabajando en el Tribunal de Cuentas, Manuel ha sido elegido como vocal de esa institución. Mi hermana Mercedes, Pity, estudió Filosofía y Letras en la rama de Arte y se ha dedicado toda su vida a eso. Mi hermana Elvira empezó a estudiar Políticas, pero lo dejó y ha tenido distintos trabajos.

Yo soy el pequeño y creo que mis padres nos trataron a todos por igual. Vivíamos en la calle Ibiza, en un piso pequeño pero agradable en el que ahora vive mi hermano. Allí tuvimos nuestro primer perro y nuestro primer gato. Teníamos muy cerca el Retiro, lo que era una gran ventaja en todos los sentidos, y relativamente próximo el colegio. Podía ir andando y tardar unos veinte minutos, en autobús, o incluso en tranvía, en el 61, que todavía circulaba por Madrid. El Madrid de entonces era muy distinto. Las calles principales, como Velázquez, Serrano o la que entonces se llamaba General Mola y hoy Príncipe de Vergara, tenían bulevares y por ellos circulaban tranvías y trolebuses. Era muy habitual que el trolebús se quedara parado de repente. Alguien decía: «Ya se ha caído otra vez el trole», y había que esperar a que volvieran a reenganchar el cable por el que el trolebús recibía la energía eléctrica para moverse. Era un Madrid con farolas de gas, que encendían los serenos por las noches, y de taxis británicos, aquellos Austin negros; un Madrid con puestos de fruta por las calles, donde vendían melones o sandías cuando era temporada.

En mi misma casa vivía Dionisio Ridruejo; muy cerca, Carlos Robles Piquer; y, enfrente, Leopoldo Panero. Plácido Domingo había nacido cerca de allí. Un poco más abajo vivía Agustín de Foxá, y Gabriel Cisneros lo hacía al lado de la iglesia de los Padres Sacramentinos, que tuvo sus años célebres porque albergó reuniones de la izquierda cuando no podían hacerse en otros sitios. Vivimos allí toda mi infancia y adolescencia. Al poco de empezar yo la universidad nos mudamos a la calle Joaquín Arroyo, una bocacalle de Arturo Soria. Allí sigue viviendo mi madre, porque mi padre murió en 2001, mientras estábamos en el Gobierno, después de varios años de enfermedad.

Mi padre fue uno de los grandes hacedores de la radio moderna en España. Estuvo muchos años en la Cadena SER, luego en Radio Nacional, después en la Escuela de Radiotelevisión, y culminó su carrera profesional en Telefónica. Nunca se implicó directamente en política, quizás porque era el hijo de un padre famoso y hasta cierto punto controvertido en España. Su mundo y su pasión fueron la radio y la lectura. Tenía un grupo de amigos intelectuales y fue él quien me enseñó a amar los libros. Poseía una muy buena biblioteca a la que nos daba acceso si todo se cuidaba razonablemente. Ahora bien, en mi casa la autoridad era mi madre. Era un matriarcado total, absoluto. Mi madre es una mujer de carácter y, a la vez, muy cariñosa. Era ella la que se dedicaba a cuidar de nosotros, aunque todos éramos muy independientes. Cada uno hacía su vida y procuraba no meterse en la de los demás, quizás porque tenemos personalidades muy distintas, o porque elegimos caminos distintos, o simplemente porque el entorno familiar era grato y de gran estabilidad pero, a la vez, de total independencia. Eso sí, durante muchos años fuimos siempre todos juntos de vacaciones.

Mis primeros recuerdos de verano son de León: veranos largos rodeados de primos de mi edad en casa de mis tíos. Luego, por decisión de mi padre, nos apuntaríamos a la tradición del veraneo itinerante, con Galicia y San Sebastián como principales destinos. También recuerdo algún verano en la localidad tarraconense de Comarruga, un pueblo en el que entonces no había nada más que una estupenda playa. Ponían cine de verano y podíamos verlo por la ventana de la casa donde nos alojábamos.

A partir de 1964 encontramos en Nerja nuestro refugio estival. Una Nerja hoy irreconocible, de amplias playas, prácticamente vacías, con un único y estrecho camino de acceso. En un domingo de agosto no llegaban a juntarse más de treinta o cuarenta personas en toda la playa, que mide varios kilómetros. En realidad, antes de que una serie de televisión lo lanzara a la fama, Nerja era un pequeño pueblo en el que sólo había un bar; El Burro Blanco, se llamaba. Era poco más que el parador y un par de calles sin asfaltar con casas en las que todavía entraban las cabras. Era un pueblo de una España que empezaba a salir de la pobreza. Se acababan de descubrir las cuevas de Nerja y muy pronto se hicieron famosas.

De El Pilar a la universidad

El Colegio de El Pilar, de los marianistas, en la calle Castelló, número 56, era uno de los más conocidos de Madrid. Tenía cierta fama de elitista que no se correspondía con la realidad. Era un colegio de clases medias, que en los años sesenta experimentó una evolución muy similar a la de la propia sociedad española: una evolución notable, aunque limitada. Cuando en 1959, con 6 años, entré en el colegio a lo que entonces se llamaba «parvulitos», la mayor parte de los profesores eran religiosos; cuando en 1970, con 17 años, salí, era al revés. También recuerdo que en mis primeros años rezábamos el rosario todos los sábados por la tarde —entonces había clase el sábado todo el día y, en cambio, teníamos libre el jueves— y que de pronto lo dejamos de hacer. Recuerdo aquel rito semanal como todo un acontecimiento: nos congregaban a todos los chicos en una gran sala y allí, micrófono en mano, un profesor iba hilvanando, con voz lenta y firme, la retahíla de padrenuestros, misterios, avemarías, glorias y jaculatorias, que debíamos seguir en el más absoluto de los silencios y con disciplinada atención.

El otro acontecimiento de la semana era la entrega de notas. El propio director del colegio ejercía de maestro de ceremonias. En una mano llevaba un cuaderno muy grande y en la otra, un bote con caramelos. Uno a uno, nos iba leyendo las notas, que luego nos entregaba en una cartilla de colores para que se las llevásemos a nuestros padres. A los primeros de la clase les daba también un puñado de caramelos.

Yo entré en el colegio con una ventaja sobre mis compañeros de clase. Mis padres me habían puesto un profesor en casa y con cinco años ya sabía leer, escribir y las cuatro reglas de las matemáticas: sumar, restar, multiplicar y dividir. El inconveniente fue que me acostumbré a saber más que los demás, por lo que llegué a pensar que las cosas serían siempre así de fáciles. No tardé en descubrir mi error.

El Pilar destacaba en dos deportes: el balonmano y el hockey sobre patines. Por elemental prudencia, nunca llegué a calzarme unos patines. En cambio, sí disfruté mucho jugando al balonmano, en alevines, infantiles y juveniles. El balonmano es un buen deporte. Pero en esos primeros años de colegio mi pasión era el fútbol. Entre semana jugaba al fútbol, los sábados participaba en los campeonatos de fútbol intercolegiales, que se disputaban en los campos municipales de La Chopera, y los domingos iba al fútbol. Las instalaciones deportivas de El Pilar no eran entonces gran cosa: unos patios de tierra que se extendían cuesta abajo por la calle Castelló se convertían en polvorientos campos de fútbol, en los que los árboles y nuestros jerséis hacían de improvisadas porterías. La pendiente hacía que los chicos más fuertes tuviesen una notable ventaja sobre los demás. Recuerdo los partidos, el entusiasmo y la tensión. Y recuerdo también la ilusión de ver de cerca por primera vez a algunas de las grandes estrellas deportivas del momento, a los que el colegio invitaba para realzar las ceremonias de entrega de premios.

Algunos de mis compañeros participaban en congregaciones religiosas. Debo decir que nunca fui invitado y que tampoco pedí serlo. Se ha dicho muchas veces que tanto mi mujer como yo pertenecemos a una u otra organización religiosa, y la verdad es que nunca hemos pertenecido a ninguna. En esos años escolares, me propusieron ser boy scout. Acepté. La patrulla de la que era miembro se llamaba los Halcones... Nos subían a la sierra de Madrid, a la Pedriza, donde éramos sometidos al clásico repertorio de actividades de los scouts. A la tercera convocatoria, no aparecí.

En la mitad del patio sur de El Pilar había un edificio que se llamaba la «caseta de ingreso» y que hoy ya no existe. Pasar por la caseta era adentrarse en una nueva etapa de la vida: hacerse un hombrecito. Era el ingreso en el bachillerato.

En los primeros años de bachiller había cuatro aulas por curso, que se identificaban cada una con una letra: de la A a la D. A partir de cuarto, había un quinto grupo para los pocos alumnos que escogían Letras en lugar de Ciencias: el grupo E. Yo había empezado el colegio en la letra B. Cuando pasé al bachiller me cambiaron a la letra C. Había tenido un enfrentamiento serio con un profesor que me había valido varios moratones en la espalda y, a él, una protesta formal de mi padre. Para evitar más líos, en una decisión más o menos salomónica, la dirección optó por cambiarme de clase y, por tanto, de letra. Con el cambio de letra llegaron nuevos amigos. En esto me distinguía de la mayoría de mis compañeros de curso. Lo habitual en El Pilar era que las relaciones se estableciesen exclusivamente con los chicos de la propia letra. Hasta tal punto que, salvo que tuvieses amistad con un alumno de otra clase por algún motivo ajeno al colegio, los de otras letras eran considerados rivales. Aunque eso fue cambiando poco a poco con el tiempo.

A los 14 años opté por Letras. De esta manera, pasé a formar parte del grupo E, una de las clases con más nivel de toda mi etapa en el colegio. Éramos apenas veintidós o veintitrés alumnos, frente a los más de cuarenta que abarrotaban las aulas dedicadas a Ciencias. El inconveniente fue que al escoger Letras abandoné para siempre el estudio de las matemáticas, la física y la química. Siempre lo he lamentado, aunque mi decisión estuviera motivada: en mi casa, todos eran de Letras, y yo no había tenido nunca un buen profesor que me animase a seguir un camino distinto. Sólo ver un polinomio en la pizarra me producía unas ganas irrefrenables de salir corriendo. Ni entendía las matemáticas, ni estaba dispuesto a hacer un esfuerzo para entenderlas, ni tuve la fortuna de tener un profesor que me despertara el interés de aprenderlas.

En el colegio estudiábamos francés. Inglés, en cambio, casi nada. Sólo a partir de los 15 años pude aprovechar un invento bastante rudimentario llamado «laboratorio de idiomas», que consistía en acudir una vez al mes a un aula donde nos ponían unos cascos y nos hacían escuchar unas grabaciones en inglés. El desconocimiento del inglés es una carencia que me ha pesado y que corregí en cuanto pude.

Sí estudiábamos francés, y lo que aprendí entonces no se me ha olvidado. Lo hablo y lo utilicé en mis conversaciones políticas con distintos líderes internacionales hasta que, ya después de salir de la Moncloa, aprendí a hablar inglés. También me ha sido muy útil la base de latín, griego y cultura clásica que nos enseñaron. Para los alumnos que estudiaban Ciencias, que eran la inmensa mayoría, los que aprendíamos latín y griego éramos gente rara que perdíamos el tiempo en un esfuerzo inútil. De inútil no tenía nada. Al contrario, creo que un conocimiento, aunque sea básico, de la cultura, historia y filosofía clásicas es muy necesario, y cuando tuve responsabilidades de Gobierno, intenté que se recuperase en los currículos.

Pero no todo era fútbol y estudios. Mis 14 y 15 años coincidieron con la explosión de los sesenta, con su proliferación de grupos de música, guateques, festivales... Yo era un chico de pelo largo —para la época en España, muy largo— que se pasaba el día escuchando música, pendiente de las últimas novedades discográficas, con los Beatles y los Rolling Stones entre sus grupos de cabecera. A eso dedicaba la práctica totalidad del dinero que conseguía ahorrar con lo que me daban en casa. Llegué a tener una colección considerable de EP, que era como se llamaban los discos previos al LP de vinilo y a los singles, que conservo con cariño.

La melomanía, el pelo largo y un cierto gamberrismo no denotaban rebeldía, pero impacientaban a los mayores. Yo pasaba muchas horas en el pasillo del colegio, que es donde nos relegaban a los díscolos. Y hacía también frecuentes visitas a la peluquería por orden de mis profesores, que se indignaban al verme regresar con la melena prácticamente intacta. Fueron años divertidos, en los que también aprendí muchas cosas muy importantes para la vida. El Pilar me inculcó un sentido del deber, de la responsabilidad y de la disciplina. Y también algo que considero fundamental: un sano espíritu de competición. En El Pilar aprendí a jugar con ambición de ganar, con ánimo de victoria. Este instinto de competición, este afán de superación, es esencial en la vida. Y, por supuesto, en la política.

En aquella época había dos reválidas, la de cuarto y la de sexto, y un curso difícil, que era el preuniversitario, que se llamaba «preu». Como arrastraba unos años irregulares, por decirlo de alguna manera, el vaticinio en casa y en el colegio era que no conseguiría superar el preu. Sin embargo, al comenzar el curso cambié de actitud: decidí tomarme las cosas más en serio y me puse a estudiar. Así conseguí superar sin problema el curso, las reválidas (que los alumnos de El Pilar pasábamos en el Ramiro de Maeztu) y las pruebas de acceso a la universidad.

No volví a El Pilar hasta que se celebraron las bodas de plata de mi promoción, en 1995. No había vuelto a ver a la gran mayoría de mis compañeros y algunos estaban irreconocibles. De esos años, mis dos mejores amigos eran Juan Villalonga y Juan Manuel Hoyos. Juan y yo entramos en el colegio el mismo día y nos pusieron en la misma clase. Los dos vivíamos para jugar al fútbol, aunque Juan era de los fuertes, de los que ganaban jugando cuesta arriba. A Juan Manuel Hoyos lo conocí más tarde, pero nos hicimos muy amigos. Era un magnífico portero de balonmano. Los dos han tenido muy buenas carreras profesionales y, durante una etapa, trabajaron juntos. También en el colegio, me hice muy amigo de Julio de Piniés, a quien hace muchos años que no veo. Julio era sobrino de Jaime de Piniés, que fue embajador en las Naciones Unidas. Su padre, Vicente de Piniés, era un abogado miembro del Consejo Privado de Don Juan. La familia Piniés era monárquica y conservadora, pero tanto Julio como sus hermanas y sus hijas son simpatizantes del Partido Comunista. Si no me equivoco, una de sus hermanas incluso fue secretaria de Santiago Carrillo.

Recuerdo los años de universidad como relativamente fáciles y tranquilos. Me había convertido en un joven mucho más pausado, incluso introvertido: vivía en mi mundo, en mis libros, muy alejado de la agitación del momento. De la universidad conservo buenos amigos, como Francisco Guío, Carlos Díaz Valcárcel, Paco Otegui o Antonio Elorza, el hermano del embajador Javier Elorza, con quien ya había coincidido en El Pilar. También sigo manteniendo buena relación con compañeros de universidad como Concha Dancausa, Isabel Linares, Juan Antonio López Angulo, María Jesús Fraile, María Dolores Flores o Adolfo Príes. Sin embargo, me implicaba poco en la vida universitaria. De aquellos años mis mejores recuerdos pertenecen a los dos viajes que realicé en verano a Ginebra, en 1973 y 1974. Fui a estudiar francés porque en los años de la facultad tuve la tentación de seguir la carrera diplomática, una opción que deseché enseguida. Yo había salido por primera vez de España en 1966, con el colegio. Hicimos una gira por Europa en la que visitamos Francia, Bélgica, Holanda, Suiza y Alemania, incluido Berlín. Pero ésta era la primera vez que viajaba solo y lo disfruté muchísimo. En la Universidad de Ginebra había pocos españoles y algunos buenos profesores. Los fines de semana hacíamos excursiones y así pude conocer ciudades como Lausana, Basilea o Berna. El primer año me alojé en la casa de una familia que vivía en un pueblo a las afueras de la ciudad: un lugar bucólico, en la ribera de un río. Todos los días a las siete y cuarto de la mañana debía coger un autobús para ir a la universidad. Y todos los días, exactamente a las siete y cuarto de la mañana, llegaba el autobús. De aquella familia me llamaba mucho la atención que el padre leía el Pravda, el diario oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). También recuerdo que les gustaba el helado de pistacho y que tenían una hija muy guapa.

El segundo año me instalé en una residencia de estudiantes. Había dos, una de estudiantes protestantes y otra de estudiantes católicos. Fui a la de protestantes porque era mejor. Ese segundo año coincidí con muchos chilenos, que habían huido de su país con el ascenso de Pinochet y de los que me hice amigo. De aquella experiencia recuerdo también una anécdota que con los años se ha convertido en habitual. El primer día del curso cada alumno tenía que presentarse y decir de qué país procedía. Cuando le llegó el turno, uno de los pocos españoles dijo: «Yo soy del País Vasco». Tuvimos nuestra primera discusión.

La vuelta a Madrid al final del verano se me hacía siempre cuesta arriba. La Facultad de Derecho de la Universidad Complutense tenía muy buenos profesores, figuras de la talla de Eduardo García de Enterría (Derecho Administrativo), Leonardo Prieto Castro (Derecho Procesal), Jaime Guasp (también Derecho Procesal) —que daba unas clases estupendas—, Manuel Torres López (Historia del Derecho), Jesús Martínez Girón (Derecho Mercantil), José María Rodríguez Devesa (Derecho Penal), Jorge de Esteban (Derecho Político), o Antonio Fernández Galiano (Derecho Natural). Sin embargo, había muy poco ambiente de estudio. Lo habitual era que a eso de las once de la mañana empezaran los rumores de que habría bronca, y que a eso de las once y media la bronca ya estuviera montada y se suspendieran las clases. En el turno de la tarde reinaba algo más de sosiego. Yo me apunté a varias clases vespertinas, pero debo reconocer que aun así mi motivación era limitada. Hice la carrera de Derecho con escaso entusiasmo.

Hubo quien me sugirió que me dedicara al periodismo. El consejo tenía sentido. En mi familia había buenos, incluso grandes periodistas, y las relaciones con el mundo de la prensa eran estrechas. A casa llegaban todos los periódicos matutinos y vespertinos, y todas las revistas: el ABC, que entonces era el periódico más influyente, el Pueblo, el Ya, más tarde el Informaciones, y también El Alcázar, Madrid, Arriba, La Vanguardia. Y revistas como La Gaceta Ilustrada, Blanco y Negro, Sábado Gráfico, Destino... Me habitué a leer mucha prensa y me sorprendía que buena parte de mis compañeros de colegio, e incluso de universidad, no leyeran jamás un periódico, quizás porque en sus casas sólo se compraba, si acaso, una revista o un periódico los domingos. Por influencia de mi padre también me interesaba la radio, entonces en pleno proceso de transformación.

Sin embargo, nunca contemplé la posibilidad de dedicarme al periodismo. Decidí estudiar Derecho porque era la tradición familiar —aunque, por cierto, nadie ejercía— y, sobre todo, porque era la carrera que más oportunidades ofrecía a quienes estudiábamos Letras. La alternativa era estudiar Filosofía y Letras, pero no abría tantas puertas como Derecho para el que entonces era el destino natural de los jóvenes que no aspiraban a ingresar en un bufete de abogados: hacer oposiciones. A diferencia de los tiempos actuales, en los que afortunadamente ser emprendedor es posible y deseable, y en los que las carreras financieras tienen creciente prestigio, entonces lo habitual era hacer oposiciones.

Como todo, la Administración tenía sus defectos, pero el balance era positivo. Las leyes administrativas aprobadas en los años cincuenta en España eran buenas leyes: la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa... Los textos legales impulsados durante la reforma administrativa de aquellos años forjaron una Administración capaz, que ya tenía cierta tradición y, sobre todo, que contaba con profesionales muy preparados. Los cuerpos de técnicos fiscales del Estado, los abogados del Estado, registradores, notarios, inspectores, ingenieros, técnicos de Administración Civil del Estado..., todos dieron a la Administración española una gran fortaleza. Así se demostró durante el ingreso de España en la Unión Europea, cuando nuestra capacidad para gestionar y administrar los fondos europeos fue muy superior a la de otros países que acababan de entrar.

La Administración española de los años setenta era sólida, bien estructurada, razonablemente independiente y con un elevado nivel de exigencia. Para los estudiantes de Derecho de mi generación, servir en ella era una opción razonable, seria y de prestigio. Y yo la escogí.

CAPÍTULO 2

Partido y Parlamento. Mi visión del centro-derecha y mi visión de España (1980-1986)

Diputado por Ávila, la política de a pie

Nuestra vuelta a Madrid desde Logroño supuso un punto de inflexión en mi vida, con una implicación en la política primero más profunda y, luego, absoluta. Esta etapa, que abarca desde enero de 1981 hasta mi elección como presidente de la Junta de Castilla y León en junio de 1987, fue de afirmación en el partido y de afirmación ideológica: de mi visión del rumbo que debían tomar tanto la derecha española como España. Son los años en los que paso de ser un funcionario de Hacienda con un compromiso a tiempo parcial con Alianza Popular a ser uno de los pocos presidentes autonómicos del principal partido de la oposición. Los años de gran crisis en el centro-derecha y de aplastante hegemonía socialista. Los años en los que se forjó el grupo de jóvenes que más tarde cogería las riendas del Partido Popular. Los años en los que parecía que no cambiaba nada en el centro-derecha español y, sin embargo, estaba cambiando todo.

Al llegar a Madrid empecé a colaborar en la sede nacional del partido, que hasta 1982 estuvo situada en la calle Silva, número 23, una bocacalle estrecha de la Gran Vía, entre Callao y la plaza de España. Entonces la organización del partido era conocida por las siglas OCP, lo que responde al espantoso nombre de Oficina Central del Partido. Al principio, yo era un elemento un poco extraño en esa organización porque, a diferencia de la mayoría de las personas que circulaban por ahí, para quienes el partido era un modo de vida y un destino, yo tenía mi trabajo fuera, como funcionario en el Ministerio de Hacienda. La OCP tenía los defectos de un aparato en formación, pero en esa etapa se impulsaron avances importantes. Uno de los mayores aciertos fue la decisión de nombrar un gerente por provincia y secretarios técnicos. Esto contribuyó de manera determinante a la mejor organización del partido, que empezó así a profesionalizarse. El cambio se produjo a partir del III Congreso de Alianza Popular, celebrado en diciembre de 1979 en el Colegio Mayor Pío XII, de Madrid. Tiempo después acudí al mismo colegio mayor para una ceremonia de entrega de diplomas. Me acordé de aquel congreso y de que, al ser dos y el de la guitarra, me habían hecho miembro de la mesa, una tarea muy aburrida que nunca más volví a ejercer.

El congreso de 1979, conocido como el de la «primera refundación», fue el de la reestructuración de AP y su transformación en un partido presidencialista, que se definía como «populista, conservador y reformista». Fraga fue elegido presidente del partido, y Jorge Verstrynge, secretario general. Recuerdo también que hubo discrepancias a cuenta de los estatutos entre un sector encabezado por Félix Pastor y otro en el que destacaban Verstrynge y José María Ruiz Gallardón. Fraga empezó a apoyarse mucho en Verstrynge, José María Ruiz Gallardón y Fernando Suárez, que a partir de entonces, y tras un intento frustrado de salir elegido diputado por León en las elecciones generales de marzo de ese mismo año, empezó a trabajar activamente en el partido.

El congreso de febrero de 1981 fue muy distinto. Lo celebramos en el hotel Meliá Castilla y el ambiente había cambiado por completo. Acudió más gente de lo previsto y yo tuve un papel más protagonista, como encargado de la ponencia sobre la reforma del sistema tributario. En aquel congreso fui nombrado vicesecretario nacional de Autonomías y Regiones, el primer paso en mi consolidación dentro del partido. Un año más tarde, en el V Congreso de febrero de 1982, fui nombrado secretario general adjunto del partido con responsabilidad sobre todas las cuestiones autonómicas. Una de mis aportaciones fue la creación de la Unión Interparlamentaria Popular, donde se agrupan y coordinan las políticas de los distintos grupos regionales del partido. Rodrigo Rato fue nombrado secretario general adjunto de Relaciones Sectoriales. Unos meses después, el 28 de octubre de 1982, fui elegido diputado por Ávila, y Rodrigo, por Cádiz. Juan Ramón Calero, que fue elegido diputado por Murcia también en 1982, se unió a ese grupo de secretarios generales adjuntos en el siguiente congreso, celebrado en 1984, para ocuparse de Territorial; es decir, de la organización.

Varios meses antes de las elecciones de 1982, Fraga le había encargado a Antonio Carro, exministro de la Presidencia y diputado por Lugo, que fuese pensando nombres para el Grupo Parlamentario. Antonio me ofreció ser el jefe de la Asesoría Parlamentaria. Comentándolo con algunos compañeros de partido, uno me preguntó: «¿Y por qué, en lugar de jefe de la asesoría, no eres diputado?».

La idea de ser diputado me interesaba y me hacía ilusión. Sin embargo, no se lo pedí a nadie ni hice ninguna gestión para que me lo ofrecieran. Esto ha sido una constante en mi vida política: jamás he pedido ser nada. Quizás por pudor, quizás por orgullo. En sentido contrario, he visto de todo, especialmente en los momentos de elaboración de las listas electorales, tanto cuando hay poco que repartir como cuando llegas al Gobierno y se disparan las expectativas y esperanzas de mucha gente.

Surgió la posibilidad de presentarme como diputado por la provincia de Soria. Pero el partido en Soria no estaba por la labor de aceptar la imposición de un cunero. Con la excepción de una de las hijas de Fraga, Maribel, que estaba destinada allí de médico, tuve un recibimiento frío, por no decir gélido. Fui sometido a un feroz interrogatorio en la sede del partido. Me preguntaron de todo y salí muy enfadado. No sé exactamente cómo ocurrió, pero lo cierto es que al final recalé en Ávila. Sí sé que Verstrynge tuvo un comportamiento muy correcto: en cuanto se produjo el veto de Soria me llamó para decirme que Fraga hablaría conmigo para buscar una alternativa. También me han contado que la persona que instó a Fraga a que me buscase acomodo en las listas de Ávila fue Félix Pastor. Nunca se lo pregunté. En todo caso, tengo por cierto que la llamada decisiva fue la de Maribel Fraga a su padre para pedirle que resolviera la situación. Tampoco lo he hablado con ella.

Fraga llamó por teléfono a mi casa ese mismo día, antes incluso de que yo llegase de vuelta de Soria. Me dejó el recado de que quería hablar conmigo. Yo estaba demasiado enfadado como para devolverle la llamada, pero Ana, que todavía seguía sin ver clara mi decisión de dedicarme a la política, me dijo: «Si quieres ser diputado, haz el favor de llamarle». Así lo hice, y Fraga me pidió disculpas después de reprocharme que no le hubiera avisado de mi interés por acceder al Congreso. En esa conversación me adelantó la posibilidad de optar por la circunscripción de Ávila y quedamos en que yo ultimaría los detalles con Verstrynge. Hablé con él. Recuerdo que le dije: «Sé que voy a un sitio difícil, pero saldrá».

Ávila era la provincia de Adolfo Suárez y, tanto en las elecciones de 1977 como en las de 1979, UCD había sacado los tres diputados de la circunscripción. En ninguna otra provincia había logrado UCD una distancia tan grande con el siguiente partido ni conseguido todos los escaños en liza.

En Ávila no me recibieron con frialdad, pero tampoco con gran entusiasmo. Me veían con recelo, como a todo paracaidista. Y, además, como a un señorito. Creían que había aterrizado allí con el único propósito de hacerme un hueco en el Congreso de los Diputados y que, en cuanto lo consiguiera, me olvidaría de la provincia, dejando el trabajo duro para los demás. Hice lo posible para demostrar que estas sospechas no tenían fundamento. Que estaba decidido a tener un sólido compromiso con la provincia y a ganarme el respeto del partido y los votos de la gente.

En esto fui consecuente con una de mis convicciones más arraigadas. Siempre he despreciado a quienes pretenden acceder a ventajas inmerecidas sin esforzarse, sin ganárselas. Y siempre he apreciado y respetado a quienes se ganan las cosas con su trabajo. Me lo inculcaron de pequeño en mi casa, lo he practicado siempre, en lo político y en lo personal, se lo he inculcado a mis hijos, y confío en que ellos también se lo inculquen a mis nietos. Pero, además, me gusta trabajar. Para mí el trabajo nunca ha sido una condena. La condena es no tener trabajo. También tengo un fuerte sentido de la responsabilidad. Me he sentido siempre muy responsable de las tareas que se me encomiendan. Por eso, cuando me dieron la responsabilidad de ser diputado por Ávila, me propuse hacer de Ávila la mejor provincia. La sentía como propia. De esta manera logré forjar unas relaciones personales extraordinariamente fuertes y profundas con la gente del partido de Ávila, que sigo manteniendo hoy en día.

Alianza Popular de Ávila era entonces un partido prácticamente inexistente, sin estructura. Cuando llegué, se acababa de crear una junta gestora presidida por un médico que se llamaba Teófilo Hernando, que tenía como escudero a otro médico, Luis Pérez, un hombre bajito, con una gran barriga y un poderoso sentido del humor. Había una pequeña junta directiva. El tesorero era un hombre mayor llamado Julián Cejudo. Y luego estaban Fernando Navarro, el gerente, y Sebastián González, el secretario técnico, dos personas que resultaron imprescindibles para la organización del partido.

La mayoría de la gente de AP en las comarcas venía de muy atrás. En la Moraña había un personaje clave, que se llamaba Félix Lanciego y que conocía los pueblos de la provincia como la palma de su mano. Otro Félix —Félix San Segundo— era la persona con quien contar en el pueblo de Rasueros. En Arévalo, el hombre clave era el dueño de la cafetería del pueblo, que se llamaba Evencio. Nunca olvidaré su expresión al verme aparecer en Arévalo vestido con traje y corbata. Nos presentaron. Me miró de arriba abajo y, con sonrisa burlona, soltó: «¡Mira qué guapo viene el señorito!».

La verdad es que mi margen de maniobra como candidato por Ávila no era muy amplio. Nadie apostaba por que sacásemos un diputado en la provincia de Adolfo Suárez. De hecho, nada más hacerse pública mi candidatura, el candidato de la UCD en Ávila, José María Martín Oviedo, pidió verme. Quería convencerme de que tirara la toalla antes de empezar: «Mira, lo que tienes que hacer es retirarte porque aquí no vas a salir. Aquí vamos a salir uno-uno-uno y no hay sitio para más. Ahórrate el trabajo. Aquí sale UCD, sale el CDS y sale el PSOE». UCD por inercia, porque tenía los tres diputados y era el partido del Gobierno; CDS, porque era el nuevo partido de Suárez; y el PSOE, porque era el partido en ascenso. Evidentemente, le dije que no iba a retirar mi candidatura y pensé: «El que no va a salir eres tú». Así fue. Volví a encontrarme a José María Martín Oviedo veintitrés años después, en 2005, cuando ingresé en el Consejo de Estado, del que él era secretario general.

Ganamos las elecciones en Ávila. Fuimos el partido más votado; el segundo fue el PSOE y en tercer lugar salió el CDS. La UCD pasó de tener tres diputados a no tener ninguno. El mapa electoral de 1982 mostró la potencia de la hegemonía socialista: en sólo siete provincias Alianza Popular fue la fuerza más votada. Junto con Ávila, lo fue en Segovia, Burgos, Soria, Lugo, Pontevedra y Orense. Los nacionalistas vascos del PNV fueron más votados que los socialistas en Vizcaya y Guipúzcoa. Y los de CiU, sólo en Gerona. Salvo esas diez excepciones, todas las demás provincias votaron mayoritariamente a los socialistas.

En cuanto me designaron candidato, me trasladé a Ávila capital para hacer la campaña desde allí. Primero me alojé en el hotel Don Carmelo y luego alquilé un piso en la calle Cuartel de la Montaña. La gente del partido me citaba todos los días a la una de la tarde en un pub, a medio camino entre un bar y una cafetería. Me desesperaba ver que hasta esas horas nadie hacía nada y que nadie tenía ninguna prisa. Me llevaban los demonios. Hasta que un día apareció por el pub Feliciano Blázquez, un médico anestesista que, desde ese momento, se convertiría en uno de mis mejores y más leales amigos. Feliciano me dijo: «Así no se ganan las elecciones». Le contesté: «Ya lo sé». Y pensé: «Éste es de los míos». Así empezó una larga relación política y, sobre todo, de amistad.

Lo primero que hicimos fue ir a El Barco de Ávila a una feria de ganado, a pisar barro y boñigas, y a hablar con los ganaderos, que nos informaron con detalle del nombre de cada una de sus vacas. De ahí a Piedrahíta y a recorrer todo Gredos. En Gredos, Feliciano me llevó a Tormellas, el pueblo de su familia política, donde conocí a gente sencilla, gente de la tierra, pero con un extraordinario olfato político. Hasta tal punto que durante muchos años, cuando desde la oposición o el Gobierno nos enfrentábamos a alguna cuestión compleja o delicada desde el punto de vista de la acogida de la opinión pública, yo siempre le preguntaba a Feliciano: «¿Qué dicen de esto los de Tormellas?». Y los de Tormellas nunca fallaban. Tenían dos expresiones muy gráficas para explicar cómo iban las cosas. Si Feliciano afirmaba: «Los de Tormellas dicen que “meando colonia”», sabías que todo iba bien. Pero si su respuesta era: «Dicen “que se ponga a trabajar”», es que lo estábamos haciendo mal.

La aparición de Feliciano provocó alguna fricción con el sector oficial del partido, que lo veía con cierto recelo. Pero poco a poco nos organizamos y el médico que presidía la junta gestora se quedó haciendo su tarea de médico, mientras que Fernando Navarro y Sebastián González empezaron a preparar grupos de trabajo para organizar mis visitas diarias a los pueblos de la provincia. Lo pasamos muy bien.

Rufino Yuste, un viejo amigo de Feliciano que tenía el concesionario de Seat en Ávila, nos prestó un coche para recorrer la provincia. El primero que nos dejó, de segunda o tercera mano, tenía estropeada la dirección y, antes de que ocurriese una desgracia, le pedimos uno de recambio. El conductor que nos llevaba y nos traía se llamaba Ángel. Era taxista de profesión, muy buen conductor y una gran persona.

Todos los días de la semana visitábamos varios pueblos. Algunos días hasta ocho. La mayoría eran pueblos muy pequeños, pues Ávila es la expresión de esa Castilla con muchos municipios de muy poca población, y en casi todos era hegemónica la UCD. Íbamos a menudo al Valle del Tiétar, donde había muchos votos por conquistar por tratarse de la zona más poblada de la provincia después de la capital. Había que subir y bajar a diario el puerto del Pico, con su complicado trazado, y atravesar Gredos. Eran viajes maratonianos de ida y vuelta. Llegábamos a Ávila capital a las tantas de la madrugada, agotados. El coordinador de la campaña se llamaba Ángel Muñoz Santero. Era un hombre de pueblo, llano y divertido. También recuerdo a Goyo, el panadero de Sotillo de la Adrada; a Antonio, de Gavilanes; y a toda la buena gente del partido de Arenas de San Pedro, de la zona de Gredos y de El Tiemblo, donde había un hombre llamado Isidoro, que era alcalde desde tiempo inmemorial. Todos ellos nos ayudaron mucho.

En todas las provincias se dan situaciones singulares. En Ávila, se daban en Madrigal de las Altas Torres y en Mingorría. Célebre por ser el pueblo donde nació Isabel la Católica, Madrigal de las Altas Torres estaba dominado por un núcleo campesino de izquierdas. Y a Mingorría todos lo llamaban «la República independiente de Mingorría» porque era mencionado en las emisiones de Radio Praga que se escuchaban clandestinamente en España durante el franquismo.

Trabajé mucho en esa campaña. Ana me acompañó todo lo que pudo, en especial los fines de semana. Recorrimos cada rincón, desde la Moraña al Valle del Tiétar. De ahí a Gredos. Fuimos a Tierra de Pinares, al valle de Amblés, a El Barco, a Piedrahíta... Nuestro objetivo era sacar el máximo provecho a cada visita. Intentábamos reunirnos con el mayor número posible de vecinos, conversar con ellos, preguntarles por sus necesidades, conocer sus problemas. En los pueblos en los que gobernábamos, nos reuníamos en el ayuntamiento. En los que no, donde pudiésemos. En una cafetería o en la propia calle. Aquella labor de calle, aquella política de a pie, dio gran fuerza al partido. Contribuyó a consolidar una base que daría sus frutos en forma de más candidaturas, más militantes y más votantes.

En Ávila me forjé como candidato y como hombre de partido. Aprendí que la única manera de hacer partido es hacerlo desde abajo, visitando sitio a sitio, conociendo a la gente, hablando con ellos y dejándote ver. Lo había hecho ya en La Rioja, pero en Ávila fue la primera vez que me tocó hacerlo como candidato. Y no es lo mismo.

Así fue como, contra todo pronóstico, con un PSOE arrollador en el conjunto de España, en una provincia marcada por la figura de Adolfo Suárez, un cunero impuesto por Madrid tras recibir el veto del partido en Soria consiguió salir elegido diputado por Ávila y acceder al foro donde juega la primera división de la política: el Congreso de los Diputados. Sacamos el 33 por ciento de los votos, siete puntos más que la media nacional de Alianza Popular, y empatamos a un diputado con el PSOE y el CDS. En la candidatura al Congreso me acompañaban Alfredo Mayorga Manrique y María Carmen Quintero Lumbreras. Y los candidatos al Senado eran el diplomático Rafael Márquez y Cano, Carlos Jaramillo Rodríguez y Luis Pérez Pérez. Los dos primeros obtuvieron su acta de senador.

Fiel a mi compromiso, como diputado seguí trabajando para el partido en Ávila, con iniciativas en el Congreso y colaborando en la organización de la campaña para las elecciones municipales y autonómicas de 1983. Todas las semanas hacía el viaje desde Madrid para visitar pueblos, reunirme con gente, comparecer ante los medios de comunicación y acudir al Comité Ejecutivo, que se reunía regularmente. A base de mucho trabajo a pie de obra, el partido fue creciendo y Ávila se convirtió en uno de los grandes bastiones electorales de Alianza Popular y, luego, del Partido Popular. El esfuerzo mereció la pena. Sacamos más votos que los demás partidos en la provincia y más de ciento treinta alcaldes, incluido el de Ávila capital. Si en el conjunto de España Alianza Popular sacó el 25 por ciento de los votos frente al 42 por ciento del PSOE, en Ávila los porcentajes eran mucho más favorables para nosotros: 40 por ciento para AP y el 32 por ciento para los socialistas. En reconocimiento a su excelente trabajo, Feliciano fue elegido presidente del partido. Además de la satisfacción por el éxito electoral, para mí lo mejor de aquellos años son los amigos que hice y que mantengo.

Jóvenes diputados

El acceso a un escaño en el Congreso de los Diputados supuso, inevitablemente, un cambio en mi vida, en mi posición y en mis relaciones profesionales. Al poco tiempo de llegar, un puñado de jóvenes diputados de la nueva generación de Alianza Popular formamos un grupo con un fuerte compromiso político, ideas más abiertas y una vocación de renovación de la derecha española. Era un grupo serio, claramente diferenciado de los jóvenes seguidores de Verstrynge. Para nosotros, desde una lealtad clara a Fraga —lealtad que siempre mantuvimos—, el referente político era el portavoz del grupo, Miguel Herrero, a quien considerábamos el dirigente con ideas más abiertas y más liberales: el representante de la línea por la que deseábamos que avanzara el partido. Bajo su dirección, conseguimos situarnos con cierta fuerza dentro del Grupo Parlamentario.

Los cuatro con relación de amistad más estrecha éramos Rodrigo Rato, Loyola de Palacio, Federico Trillo y yo. Rodrigo era entonces diputado por Cádiz y fue nombrado secretario general del grupo a principios de la legislatura. Loyola, que había sido presidenta de Nuevas Generaciones, llegó al Congreso nada más constituirse las Cortes con el cargo de secretaria técnica y en la siguiente legislatura fue senadora por Segovia. Su fuerte carácter y su gran capacidad de trabajo la convertían en un apoyo formidable y en un adversario temible. Federico Trillo se incorporó como jefe de la Asesoría Parlamentaria del Grupo. No recuerdo si en un primer momento fui nombrado portavoz o portavoz adjunto de alguna comisión; lo que sí sé es que, a medida que fue avanzando la legislatura, fui asumiendo nuevas y mayores responsabilidades.

En un segundo círculo, algo más a su aire, estaban Juan Ramón Calero, que había sido elegido diputado por Murcia, y Arturo García Tizón, que sobre todo se ocupaba de llevar los temas relacionados con Castilla-La Mancha. Arturo estaba más en la órbita de Antonio Hernández Mancha, que entonces estaba volcado en Andalucía y venía poco por Madrid, y con quien los diputados de mi grupo teníamos una buena relación.

Los que todavía no formaban parte de nuestro círculo eran Francisco —Paco— Álvarez-Cascos y Mariano Rajoy. Paco era entonces senador por Asturias y Mariano era presidente de la Diputación de Pontevedra y no llegaría al Congreso hasta 1986. Mariano también estaba más cerca de Hernández Mancha que nosotros. Entonces yo sólo le conocía de vista, de algún viaje que hice a Galicia como secretario de Autonomías del partido. Pero tenía muy buenas referencias de él, que se verían avaladas y reforzadas tras su nombramiento como vicepresidente de la Xunta y su eficaz gestión de la crisis que tuvo a José Luis Barreiro como protagonista.

De aquel primer grupo de jóvenes diputados, con sus sucesivas ampliaciones y con la incorporación posterior de gente como Paco Álvarez-Cascos o Mariano Rajoy, surgió el núcleo que pocos años después acabaría asumiendo la dirección del Partido Popular. Entre esas incorporaciones estarían Juanjo Lucas, que entonces no era diputado, y Alberto Ruiz-Gallardón, que en aquella época era asesor jurídico del partido. Con Alberto, una persona competente y con gran vocación política, trabé una buena relación y una amistad duradera.

Como era lógico, los veteranos nos miraban a los jóvenes con cierto recelo. Sin embargo, en medio de los sucesivos procesos de desestabilización del partido, a los que contribuía en parte la actuación de Verstrynge, nos fuimos consolidando. Teníamos el privilegio de asistir a los famosos maitines, que Fraga instituyó todos los lunes por la mañana. Con Fraga al frente de las reuniones, los maitines eran, además de una sesión de trabajo, un espectáculo. Fraga irrumpía en la sala del Comité Ejecutivo como un huracán. Se sentaba y empezaba a repartir notas y recortes de periódicos, que traía bajo el brazo, leídos y subrayados. A cada uno nos daba el que nos correspondía o afectaba. Como me comentó una vez Rato, ésa era una de las muchas ventajas de acudir a maitines: que te ahorrabas leer la prensa porque Fraga te la daba leída. Bromas aparte, y aunque muchos maitines duraban el tiempo que tardaba Fraga en salir corriendo a una de sus múltiples citas, aquellas reuniones eran muy útiles. Eran una oportunidad para manifestar tus opiniones, conocer las de los demás y mantener un hilo directo con el presidente del partido. Años después, conservé la costumbre de los maitines, con la denominación que le puso Fraga, aunque entonces los asistentes ya venían todos con los periódicos leídos de casa.

La legislatura 1982-1986 fue muy intensa, una legislatura en la que los diputados de Alianza Popular trabajamos mucho y trabajamos bien. Bueno, la verdad era que trabajar, sólo trabajábamos unos cuantos. Por ejemplo, todos los programas de todas las comunidades autónomas para las elecciones de 1983 los hicimos Ana Mato, Rufino Hernando, Carlos López Collado y yo en Génova. Los agrupamos en dos gruesos tomos que luego Fraga, siempre amigo de apoyar sus afirmaciones en documentación, blandía orgulloso como prueba de que teníamos un gran proyecto y un gran partido. Trabajar mucho tenía sus ventajas: me permitió darme a conocer, y conocer a personas muy interesantes que acabarían teniendo un papel destacado en la construcción de una alternativa de centro-derecha en España.

El debate más importante en el que participé en aquella etapa, o el más importante que recuerdo, fue el de la Ley de Régimen Local. Para prepararlo leí mucho a don Antonio Maura, a quien considero el representante más importante del pensamiento conservador español junto con Antonio Cánovas del Castillo. También entonces tuve ocasión de conocer a Manolo Pizarro, que ya era abogado del Estado y colaboraba con el Grupo Parlamentario. De esa colaboración nació una sólida amistad.

El ministro socialista que defendió la ley en el Congreso y, por tanto, con quien me tocó debatir fue Tomás de la Quadra-Salcedo, que formaba parte del grupo más joven de la cátedra de Eduardo García de Enterría. Yo había tenido alguna relación con García de Enterría, cuyas ideas de federalismo cooperativo importadas desde Alemania habían inspirado la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) y los esfuerzos por reorientar el modelo de Estado.

Muchas veces yo trabajaba los temas y otros diputados los llevaban. Fue el caso de José María Ruiz Gallardón, que tenía un escaño por Zamora y al que le preparé la defensa de nuestra posición en el Estatuto de Castilla y León. Con el Estatuto de Madrid ocurrió un imprevisto. El portavoz era Alfonso Osorio y quedamos en que yo le mandaría las enmiendas al texto un viernes para que él pudiese defenderlas en el debate que iba a tener lugar el martes siguiente por la tarde con el socialista Joaquín Leguina. El martes por la mañana, en la reunión semanal del Grupo Parlamentario, Fraga le preguntó a Osorio por las enmiendas y éste le contestó: «Lo siento mucho, Manolo, pero no voy a poder defenderlas porque no me las han pasado». Fraga me miró con estupor y me preguntó qué había sucedido. Yo le contesté: «Las tiene desde el jueves pasado. Y, además, con acuse de recibo». Osorio no sabía dónde meterse y Fraga se limitó a mascullar: «Bueno, bueno, arreglaremos esto. Las defenderás tú, José María». Y así fue como unas horas después me subí a la tribuna a debatir el nuevo Estatuto de Madrid con Leguina. Más tarde, Fraga pidió verme y me preguntó: «¿Cómo se te ocurre confiarle este asunto a Osorio cuando no se ha levantado nunca antes de las doce de la mañana?». Le dije que me había limitado a hacer lo que se me había pedido. Fraga y Osorio tenían una relación de mortificación mutua: todo el mundo sabía que Osorio se dedicaba a filtrar el contenido del Comité Ejecutivo y que luego se quejaba amargamente de esas filtraciones en público, delante de Fraga. Fraga también lo sabía y, para resarcirse, le llamaba todos los días a las ocho de la mañana para comentar las filtraciones.

Además de los Estatutos, en esos años también me ocupé de otras iniciativas vinculadas con el desarrollo autonómico: las leyes de financiación autonómica, la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial, la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas)...

Durante una temporada, los jóvenes diputados nos encargamos de llevar la Comisión de Control de Radio Televisión Española, en la que se producían vivos debates, y la Comisión para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, a la que Rato y yo también le sacamos partido. Como consecuencia de una de nuestras intervenciones en esa comisión, el entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, convocó a Fraga a un almuerzo para pedirle mi cabeza y la de Rodrigo. Fraga decidió acudir con nosotros y cuando Mariano Rubio exigió nuestro cese, le dijo, sin inmutarse, que si quería dimisiones empezara por presentar la suya. Rodrigo y yo nos marchamos encantados.

De todos los asuntos que debatíamos en el Parlamento, los económicos eran especialmente complicados porque había visiones muy diferentes dentro del partido. El portavoz económico, José Ramón Lasuén, era un economista de origen socialdemócrata, y sus opiniones eran radicalmente contrarias a las de otros destacados miembros del grupo, como el liberal Pedro Schwartz, un gran economista y un buen amigo. El problema era que a veces Miguel Herrero respaldaba las ideas de Lasuén. Un día nos presentamos en el Congreso con una propuesta para eliminar el impuesto sobre la renta y sustituirlo por el «impuesto negativo sobre el gasto». Otro día hubo que impedir el intento de algunos diputados, entre ellos Osorio, de plantear la extensión de los conciertos económicos a todas las comunidades autónomas. A mí me tocó defender la posición del grupo en contra de la implantación del IVA en España. Era una posición difícil de explicar, aunque sólo fuera porque el IVA era una obligación asumida por España como consecuencia de su adhesión al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), la organización que precedió a la Organización Mundial de Comercio. Mi contrincante en aquel debate fue Miguel Boyer, a la sazón ministro de Economía. En aquel Grupo Parlamentario, la coherencia requería un gran esfuerzo. Pero, poco a poco, los jóvenes de mi grupo fuimos ganando posiciones e imponiendo un cierto criterio. Hasta el punto de que, una vez, Fraga, en una reunión de maitines convocada para preparar las enmiendas a los Presupuestos del año siguiente, anunció: «El único papel que quiero este año sobre los Presupuestos es el que me va a preparar José María».

Gracias a nuestras intervenciones y rifirrafes con los ministros socialistas, los jóvenes diputados fuimos acaparando cierta atención mediática. Sobre todo Rodrigo Rato y yo, que pronto empezamos a tratar con algunos de los periodistas más influyentes del momento.

En esos primeros años parlamentarios, también hicimos amistad con algunos veteranos de la política española. Yo hablaba mucho con Pío Cabanillas padre, que también era diputado. Era uno de los pocos que había conseguido sobrevivir al desplome de UCD. Pío me contaba anécdotas sobre mi padre y de la etapa de Fraga como ministro de Información y Turismo, y me daba sus opiniones sobre las personas y sobre la política española. Opiniones inteligentes, que siempre convenía tener en cuenta. Mantuvimos esa relación después de su marcha como eurodiputado a Bruselas, en las primeras elecciones al Parlamento Europeo. Cuando venía por Madrid, solíamos quedar a cenar en el restaurante Señorío de Alcocer, cerca de su casa. Pío fue quien me presentó a personas como Mariano Rubio, Plácido Arango o Jesús Polanco, con los que él tenía buena relación. También me hablaba mucho de la Zarzuela. Era un hombre de buen consejo, que dedicaba mucho tiempo y esfuerzo a elaborar frases ingeniosas, «oficio» que le interesaba incluso más que la acción política. Unos años más tarde, Pío me sorprendería haciendo campaña a favor de la candidatura de Rodolfo Martín Villa a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Un día me cogió por banda y me dijo: «José María, tú sabes que las autonomías son muy importantes y que ganar Castilla y León es fundamental». Le contesté que precisamente por eso quería ser candidato. Sólo me replicó: «Tú ya me entiendes». Yo pensé: «Sí, te entiendo, pero no te voy a hacer caso y me voy a presentar». Alguna vez comenté esta anécdota con su hijo Pío Cabanillas Alonso, que años después sería un estupendo director general de Radio Televisión Española y ministro portavoz del Gobierno.

En el Congreso también hice amistad con otros dirigentes clásicos de UCD. Guardo un vivo recuerdo de un excepcional discurso que Leopoldo Calvo-Sotelo pronunció con motivo del debate sobre el referéndum de la OTAN; un discurso verdaderamente demoledor para Felipe González, que éste no le perdonó jamás. Con Leopoldo Calvo-Sotelo, que mantuvo su escaño por UCD, conservé una estrecha relación. Con Gabriel Cisneros fue muy fácil entablar amistad desde el primer momento. Su posterior incorporación al PP tampoco supuso ningún problema. Es verdad que Félix Pastor planteó alguna reserva porque los dos eran de Soria, pero Juanjo Lucas consiguió convencerle. Gabi fue una de las personas importantes del equipo que creamos a partir de 1989. Fue un buen colaborador y un buen amigo. A José Pedro Pérez-Llorca, también ponente de la Constitución y un hombre culto, inteligente y conciliador que había sido ministro de Exteriores con Adolfo Suárez, no le conocería hasta más tarde; no estaba entonces en el Congreso y empezamos a colaborar a través de la FAES.

También tuve trato con los diputados nacionalistas catalanes. No sólo, lógicamente, con Miquel Roca, sino con buena parte del grupo. Mucho más estrecha, por motivos evidentes, fue mi relación con Jesús Aizpún, fundador y luego presidente de UPN. Aizpún era un hombre muy conservador, muy navarro, muy español y muy católico. Desde una defensa rotunda de la foralidad navarra, Aizpún mantuvo siempre una actitud positiva hacia Alianza Popular. Mientras fue su presidente, en todas las elecciones generales, UPN se presentó de la mano de AP. A cambio, nosotros le garantizábamos prioridad de intervención en los debates parlamentarios que afectasen a Navarra. Era portavoz adjunto de nuestro Grupo Parlamentario, como también lo era el representante del PAR, Hipólito Gómez de las Roces. Aizpún fue diputado durante mucho tiempo. Sentí mucho su muerte, en 1999, y asistí a su funeral en Pamplona. Era un caballero de la política: sencillo pero senatorial, en el mejor sentido de la palabra.

En cuanto a los socialistas, nos divertía ver cómo Leopoldo Torres, que entonces era el vicepresidente del Congreso, tenía entre sus pasatiempos favoritos incordiar a su superior jerárquico inmediato como presidente de la Cámara, Gregorio Peces-Barba. Más tarde, tras su candidatura frustrada a la presidencia del Senado en 1989, Torres sería designado fiscal general del Estado. Mi relación con Gregorio Peces-Barba pasó por diferentes etapas que oscilaron entre el respaldo total a la total discrepancia. Durante su mandato como rector de la Universidad Carlos III, me invitó a dar alguna conferencia. Yo también le invité a él a la Moncloa en distintas circunstancias. Por ejemplo, en torno a la celebración del vigésimo aniversario de la Constitución, de la que fue ponente. Con Francisco Fernández Marugán trabé relación porque llevaba los mismos temas que yo, y con Virgilio Zapatero, porque se ocupaba de las relaciones del Gobierno con las Cortes. A Juan Carlos Rodríguez Ibarra lo conocí cuando debatimos el Estatuto de Extremadura. También teníamos relación con Ernest Lluch, que se ocupaba de temas económicos y que sería asesinado por ETA en el año 2000. Con Carlos Solchaga, que en 1982 era ministro de Industria y Energía y, a partir de 1983, de Economía y Hacienda, más que relación, lo que teníamos Rodrigo y yo eran unos intensos enfrentamientos dialécticos, sólo superados por los sostenidos con el portavoz del PSOE, el conocido guerrista andaluz Eduardo Martín Toval.

Hacia la «Nueva Derecha»

Por muy voluntariosos, aguerridos u osados que fuésemos, los socialistas eran el Gobierno y nosotros, poco más que diputados meritorios. El PSOE tenía cien escaños más que nosotros, lo que en términos parlamentarios es una diferencia abismal. Nuestra llegada al Congreso coincidió con la aplastante victoria del PSOE por mayoría absoluta. Con 10.120.000 votos y 202 escaños, Felipe González no sólo se convirtió en presidente del Gobierno, sino que consiguió un poder prácticamente omnímodo. La UCD se hundió y AP se convirtió en la principal fuerza de la oposición, con una subida espectacular, de 6 a 106 escaños, que anunciaba grandes cambios.

A pesar de esa subida, desde la perspectiva de un joven recién llegado al Congreso en las filas de la derecha, el espectáculo resultaba ciertamente desolador. Los escaños del PSOE parecían no acabarse nunca y su poder, tampoco. Aquel poder hegemónico se prolongaría durante trece largos años.

El desplome de UCD no me sorprendió. Hacía tiempo que yo venía denunciando que, después de haber desempeñado un gran papel en la Transición, la UCD no había conseguido cuajar como partido estable. A su indefinición ideológica se fue sumando un problema de carencia de liderazgo y otro de desorientación estratégica. Se gobernaba en función de las circunstancias y de la necesidad.

La crisis de UCD empezó a manifestarse en el referéndum «sobre la iniciativa del proceso autonómico» celebrado en Andalucía el 28 de febrero de 1980. UCD solicitó la abstención y perdió. La situación de UCD se complicó mucho un año después, con la dimisión de Adolfo Suárez y con el intento de golpe de Estado del 23-F, felizmente frustrado. El siguiente varapalo fueron las elecciones gallegas del 20 de octubre de 1981, que se celebraron bajo el liderazgo de Leopoldo Calvo-Sotelo. Ganó Alianza Popular, con Gerardo Fernández Albor como cabeza de lista, y UCD quedó relegada a un segundo puesto. Dos meses después, debía contentarse con el tercero. En las elecciones celebradas en diciembre en la Andalucía del nuevo Estatuto, UCD apenas obtuvo 15 escaños. AP sacó 17 y, a muchísima distancia, el PSOE barrió con 66. Aquellos tres golpes sucesivos dejaron a UCD al borde del abismo. El último empujón vino desde dentro. El goteo de diputados centristas hacia otros grupos políticos erosionó el partido hasta acabar definitivamente con él.

Recuerdo perfectamente la noche electoral de las elecciones andaluzas de 1981. Estábamos en la sede del partido de la calle Silva y mis compañeros celebraban como locos que hubiésemos superado a nuestros competidores por el mismo espacio político. Yo no compartía su euforia. Aunque le habíamos sacado dos escaños de ventaja a UCD, la barrida socialista era de tal magnitud que presagiaba una larga travesía del desierto para el centro-derecha. Pero nadie pensaba en eso en aquellos momentos. Recuerdo que alguien me preguntó: «¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás contento?». Le contesté: «Porque tenemos hegemonía socialista para muchos años».

El problema, y mi mayor preocupación, era que el ascenso de AP como primera fuerza de la oposición no garantizaba que fuésemos a consolidarnos como una alternativa viable al PSOE. De hecho, el proceso de construcción de esa alternativa se prolongaría más de diez años, con crisis muy graves en las que llegaría a cuestionarse la propia supervivencia del proyecto.

Al comenzar la Transición, a Fraga le habían dejado un espacio político muy esquinado, del que él quería zafarse, y hacía lo posible por hacerlo. Consideraba que su espacio natural era otro. Pero la carga del pasado le lastraba. La incorporación de jóvenes profesionales en un momento complicado para el partido, jóvenes con un cierto compromiso ideológico que veían en AP la clave de la reorganización de la derecha española, supuso para él un revulsivo reconfortante pero en todo caso insuficiente.

La teoría de la mayoría natural era la doctrina política y estratégica de Fraga. La verdad es que yo nunca la compartí. Creo que en política no existen mayorías naturales. Las mayorías se construyen con mucho trabajo político. Ninguna mayoría surge porque sí, como si fuera un hecho espontáneo de la naturaleza, ni se mantiene de forma automática, sin trabajo y esfuerzo. No comparto la creencia de que existen mayorías sociales previas que están a la espera de que un partido o una organización dé forma inteligible a su voluntad. Fraga, sí. Fraga pensaba que el amplio respaldo obtenido por la reforma política en el referéndum de 1976 constituía la base de esa mayoría natural a la que debían dar rostro UCD y Alianza Popular. Pero no ocurrió. Más bien ocurrió lo contrario. En 1982, una vez consolidada la democracia en España, quien obtuvo una mayoría aplastante fue el Partido Socialista.

Yo estaba convencido de dos cosas. Primero, que el cambio electoral de 1982 era profundo y podía durar mucho tiempo. Y, segundo y más relevante, que para convertirnos en una alternativa real al Partido Socialista debíamos cambiar las cosas, ampliar las bases del partido, pero sin romper más de lo inevitable. Es decir, que aunque Fraga quizás no fuese suficiente para llegar, sin Fraga no sería posible. Al menos, de momento. En ese lento camino de modernización y ampliación del centro-derecha hubo muchos momentos de crisis. Sobre todo porque acabó discutiéndose el propio liderazgo de Fraga, a veces de forma visceral e injusta, como si en política no existieran los tiempos, los ritmos y las oportunidades, que siempre deben anteponerse al interés personal.

Me viene a la memoria una conversación con Jordi Pujol, en un encuentro que mantuvimos en la primavera de 1988. Había acudido al acto de cierre de campaña de las elecciones catalanas del 29 de mayo para apoyar, como presidente de la Junta de Castilla y León, al cabeza de cartel de nuestro partido en Cataluña, Jorge Fernández, el que más tarde fuera tres veces secretario de Estado y ahora es ministro del Interior. Allí coincidí con Manuel Fraga.

Habíamos previsto celebrar el mitin al aire libre junto a la antigua plaza de toros de Barcelona. Pero llovía sin parar. Jarreaba tanto que prácticamente no había nadie. Fraga y yo estuvimos esperando un rato a ver si llegaba «el mando». Cuando vimos que Antonio Hernández Mancha y el candidato no llegaban, Fraga decidió que debíamos subir al escenario a dar las gracias al puñado de personas que esperaban pacientemente el inicio del mitin. El escenario estaba encharcado, lleno de cables mojados, y un operario gritó: «¡Bájense de ahí inmediatamente!». Fraga hizo de Fraga y le contestó: «¡Cómo nos vamos a bajar sin decirles por lo menos buenas noches a estos tres señores que han venido a escucharnos!». Bajo una lluvia torrencial, primero Fraga y después yo nos dirigimos a nuestros cuatro simpatizantes para darles las gracias y animarlos. Cuando ya nos íbamos, llegó a todo correr Antonio Hernández Mancha. Venía protestando porque habíamos empezado el mitin sin él.

Aproveché el viaje para mantener una entrevista con Jordi Pujol en el Palacio de la Generalitat, en la plaza de San Jaime. Pujol arrancó la conversación asegurando que no sentía ninguna simpatía especial hacia los socialistas —lo que posiblemente tuviera algo que ver con el caso Banca Catalana, que estaba de actualidad en aquellos momentos— y que sus acuerdos con el PSOE eran puramente pragmáticos. También me dijo que estaría dispuesto a pactar con nosotros, con una condición: «Para poder llegar a acuerdos con un partido que quiera ser alternativa a los socialistas, primero tiene que serlo de verdad. Me tienen que traer un voto más y, en ese momento, hablaremos». Años después, en 1996, le recordé aquella conversación y él se acordaba. Pero Pujol no sólo nos pedía un voto más. También tenía otra línea roja, que me expresó con toda claridad: «Nosotros, aunque pudiésemos, nunca votaríamos a Fraga para ser presidente del Gobierno». «¿Por qué no?», le pregunté. Y me contestó: «Pues porque yo no voy a olvidar nunca que Fraga me metió en la cárcel. Y al señor que me metió en la cárcel yo no le voy a votar jamás como presidente del Gobierno. Puedo tratarme con él, puedo hablar con él y negociar con él, pero no puedo votarle».

Le conté la conversación a Fraga en la cafetería del hotel Princesa Sofía, que entonces era el hotel de referencia en Barcelona. Cuando terminé, me pidió que se la volviese a contar. Mientras lo hacía iba viendo cómo recibía el impacto. También recuerdo su expresión la primera vez que asistió una destacada representación del nacionalismo a un congreso del Partido Popular, ya conmigo como presidente. Fraga se emocionó. Era lo que él había intentado durante mucho tiempo y veía cómo por fin se conseguía. Con otro líder, pero se conseguía.

Pero para eso todavía faltaban varios años de maduración, años especialmente complicados como consecuencia de la tendencia suicida de la derecha española a organizar operaciones políticas desde fuera de los partidos. Yo tenía entonces tres convicciones básicas respecto al partido: no podíamos romper con lo esencial que habíamos heredado porque lo necesitábamos; era totalmente inaceptable que desde fuera del partido se intentase decidir nuestra estrategia y rumbo políticos, porque eso impedía la construcción de un partido serio y fuerte; y, tercero, era necesario un proceso de regeneración y de rejuvenecimiento de AP. En línea con esto último, yo estaba convencido de que los jóvenes teníamos un papel determinante que desempeñar. Como no procedíamos del régimen anterior, como no teníamos compromisos con el pasado, como no veníamos condicionados por ningún complejo, ni histórico ni político ni personal, estábamos especialmente bien situados para la tarea de articulación del proyecto de centro-derecha que España necesitaba.

Mi primer intento de aportar una cierta modernización a los postulados de Alianza Popular fue la ponencia sobre la reforma del sistema tributario que presenté en el IV Congreso del partido, celebrado en febrero de 1981. Ya entonces defendía que un país que aspira a ser moderno debe tener un sistema tributario moderno. La reforma de Fernández Ordóñez había sido un paso en esa dirección, pero todavía quedaba mucho por hacer. Mi objetivo era que AP se comprometiese con la aplicación de un nuevo marco fiscal. No era fácil. En el partido había posiciones no ya diferentes, sino prácticamente irreconciliables: unos defendían la liberalización total mientras otros abogaban por la planificación. Las resistencias a la modernización eran muchas y fuertes. En mi ponencia, aposté por introducir cambios sustanciales, criticando lo que la reforma de Fernández Ordóñez tenía de criticable y reconociendo lo que tenía de avance: esencialmente, su contribución a crear una conciencia fiscal en España, entonces prácticamente inexistente y sin embargo imprescindible. Ésta es una carencia que luego he detectado en muchos países latinoamericanos. Por eso, cuando estando de gira por aquel continente me preguntan si creo que hay que subir o bajar impuestos, siempre contesto lo mismo: lo primero es tener un sistema fiscal coherente y moderno.

En ese análisis de las carencias de Alianza Popular como proyecto ideológico, de nuestros problemas históricos y de nuestra necesidad de modernizarnos interna y externamente, yo era muy consciente de que hacía falta tiempo, pero también de que no teníamos tiempo que perder. Mi visión de la situación está recogida en una conferencia titulada «La Nueva Derecha», que preparé en La Rioja en noviembre de 1980, y que se vio confirmada y reforzada con mi regreso a Madrid y mis primeras experiencias en la política nacional. Al releer aquellas reflexiones, creo que han sobrevivido al paso del tiempo.

«La Nueva Derecha —escribí entonces— tiene que ser una derecha ofensiva en el plano ideológico y de la práctica política, y no defensiva; dialogante y no ausente; reformista y no reaccionaria; y joven, que rompa barreras de edad, y no vetusta ni caciquil.» Me rebelaba contra «la política de la resignación». Criticaba el inmovilismo de sectores importantes de lo que llamaba «nuestro conservatismo»: «Profundamente estáticos, insolidarios, quietos en la defensa de sus intereses, ventajas y privilegios». Hacía un llamamiento a «combatir con firmeza a los profetas del falso progresismo». Y advertía de que «la única derecha posible es la que asume ideológicamente como propios los valores de la libertad y la democracia»: «Hemos desperdiciado muchos retos históricos y este de ahora no lo podemos perder. La derecha española tiene que encontrar de una vez por todas el camino de la normalidad y modernidad».

La historia de la derecha española se había caracterizado por la disgregación en lugar de la unidad, por el radicalismo en lugar de la moderación, y por la dependencia de factores externos en vez de la autonomía de acción y decisión. Las dificultades de aquel proceso se hacían evidentes en la composición heterogénea de nuestro Grupo Parlamentario. En él convivía todo tipo de gente y era muy complicado articular estrategias políticas coherentes más allá de la oposición al Gobierno. A las diferencias ideológicas quizás se sumaba también la falta de ideología de algunos. En la amalgama de la derecha había muchos y muy diferentes modus vivendi; había gente que tenía montada su vida con mecanismos para mover pequeñas influencias sobre la base de una derecha política desarticulada. Y había algunos vividores. Esos sectores sólo aceptaban a regañadientes una situación de estabilidad del centro-derecha. Luego estaban los famosos cenáculos madrileños, que siempre se han alimentado de agitar las aguas del centro-derecha y que eran conscientes de que en una situación de estabilidad habrían quedado condenados a la frustración por la inutilidad de sus esfuerzos. Siempre he despreciado esos cenáculos.

A lo largo de mi vida, he intentado mantener cierta perspectiva histórica sobre la necesidad de un centro-derecha sólido para España. Nunca me ha gustado la política pequeña, de pequeñas conspiraciones, que era la vida diaria de nuestro espacio político durante aquellos años. Esa vida significaba que te acababas instalando en la oposición, que hacías de «estar en la oposición» tu forma de hacer política.

Creo que los medios de comunicación también tuvieron alguna responsabilidad en las dificultades que encontró el centro-derecha para organizarse políticamente. En esos años, el periódico de la derecha era el ABC, que lógicamente respaldaba a Fraga, aunque en ocasiones ese respaldo era poco más que un apoyo formal. Entonces su director era Luis María Anson, un gran periodista con quien conservo una amistad de muchos años, que se había hecho cargo del ABC en un momento muy difícil e hizo un enorme esfuerzo para levantarlo. En esos momentos, Anson defendía su tesis de «las carambolas», en la que concedía gran importancia a los regionalismos y los nacionalismos. Ahí se enmarca, por ejemplo, su decisión de conceder a Pujol el título de «español del año». Además, a Anson no le gustaba Fraga, al que hacía responsable de los problemas periodísticos que había sufrido durante el régimen anterior, y consideraba que un periodo prolongado de gobiernos socialistas le venía bien a la consolidación de la Monarquía, de la que era firme defensor.

Para los jóvenes que apostábamos por una modernización y reorganización de Alianza Popular, el espectáculo de una derecha incoherente, con importantes divisiones internas e incomprensiblemente empeñada en su propia destrucción, resultaba profundamente frustrante. Por eso, a pesar de ser muy conscientes de la necesidad de un cambio, defendimos al partido y a su líder frente a las maniobras de desestabilización, más o menos articuladas, más o menos serias, que se urdieron en su contra. Para nosotros, por encima de las habladurías, los movimientos y las fisuras internas emergía la figura de Fraga. Él era el punto de referencia y por eso le apoyábamos.

Probablemente la maniobra de desestabilización más seria que sufrió AP en aquellos años fue la Operación Roca. Miquel Roca es un político inteligente y hábil, pero aquella operación fue un disparate, un profundo error, la típica expresión de la tendencia autodestructiva de la derecha española. Y además costó una fortuna. La Operación Roca fue la suma de tres elementos. En primer lugar, fue la plasmación de la idea, defendida por ciertos restos de UCD, de que era necesario crear un nuevo partido que desempeñase un papel central en la vida política española, con un fuerte componente catalán y una inclinación hacia la izquierda. En segundo lugar, fue una manifestación de la percepción, bastante generalizada en esos momentos, de que Alianza Popular no era una alternativa ganadora, de que el diseño de AP basado en distintas coaliciones y el liderazgo de Fraga no iban a triunfar jamás frente a la izquierda porque no podían triunfar. Esa percepción se apoyaba en el hecho de que el PDP de Óscar Alzaga había roto con la Coalición Popular con el objetivo de formar un bloque centrista que arrinconara a Fraga. Por último, la Operación Roca fue un intento de una parte del nacionalismo catalán de implicarse más directamente en la política nacional, utilizando a Miquel Roca como mascarón de proa. En definitiva, era un proyecto vinculado personalmente a Roca y a un sector del nacionalismo catalán, pero con el propósito último de forjar una alianza con Felipe González y el PSOE desde el centro político.

La Operación Roca fue consentida pero no avalada con entusiasmo por el nacionalismo catalán que lideraba Jordi Pujol por un motivo muy sencillo: en caso de prosperar, habría supuesto un mayor grado de compromiso de Convergència con la política nacional estructurado en torno a una persona que no era Pujol. Y eso a Pujol no le interesaba. Pujol no deseaba el éxito de Roca, pero le dejó hacer.

A quien sí le venía muy bien la Operación Roca era a Felipe González, hasta el punto de que llegó a especularse con que él o los suyos podían estar detrás de ella. Cierto o no, la realidad es que Roca nunca se atrevió a desafiar el liderazgo de González. Le tenía un miedo reverencial sólo comparable al que le tenía a Pujol. El temor de Roca a Pujol lo pude comprobar en 2002, cuando le ofrecí entrar en el Gobierno como ministro de Asuntos Exteriores. Me contestó: «Es que no me atrevo ni a decírselo a Pujol». Le dije que ya lo haría yo. Me respondió que por favor no lo hiciera. Al final, Pujol se enteró y le sentó fatal.

Para los militantes y simpatizantes de Alianza Popular, lo más preocupante de la Operación Roca era el cuestionamiento permanente del liderazgo de Fraga. Los ataques personales a la figura de Fraga complicaron todavía más la ya de por sí difícil tarea de formar coaliciones electorales. Alianza Popular ya no pudo acudir a las elecciones de la mano de unos y otros, sino que tuvo que formar una nueva marca, la Coalición Popular, con un abanico de partidos: el PDP, el Partido Liberal de José Antonio Segurado, los regionalistas de UPN, Unión Valenciana, el PAR y los Centristas de Galicia. No fue fácil. El PDP puso muchas dificultades y el Partido Liberal era a todos los efectos una formación virtual, lo que, en una operación de ingeniería política, nos obligó a los de AP a «prestarle» varias personas. Entre esas personas hubo algunas que luego tendrían una larga trayectoria dentro del futuro PP: Antonio Cámara, que después fue colaborador mío en el partido y en la Moncloa; Juan Carlos Vera, una de las personas que mejor conoce el funcionamiento interno del Partido Popular y a todos sus miembros; y Esperanza Aguirre, que desde entonces ha sido una excelente ministra de Educación y Cultura, la primera mujer presidenta del Senado, y presidenta de la Comunidad de Madrid hasta septiembre de 2012.

Las sospechas de que algunos pretendían utilizar la Coalición Popular como un mero instrumento para conseguir un escaño en el Congreso de los Diputados se confirmaron al día siguiente de las elecciones, cuando varios de los partidos coaligados se desligaron y giraron la vista hacia otros grupos en busca de acuerdos. Eso fue lo que hizo el PDP de Óscar Alzaga. Y con él, personas como José Ignacio Wert, un muy buen sociólogo que luego colaboraría eficazmente conmigo tanto en el partido como en la FAES, y que ahora es ministro de Educación del Gobierno de Mariano Rajoy, o José Manuel García-Margallo, a quien después y durante muchos años incluí en las listas al Parlamento Europeo y que hoy es ministro de Asuntos Exteriores. Óscar Alzaga se retiró de la política.

No sólo fue muy difícil forjar una coalición coherente y sólida en torno a Alianza Popular. También lo fue encontrar financiación para la campaña electoral. Fraga fue sometido a una auténtica humillación por parte de los poderes económicos de la época. Una humillación que le supuso un sufrimiento extraordinario y con la que se pretendía hacer valer un supuesto derecho de intervención posterior: humillamos, financiamos, intervenimos, decidimos... Mientras tanto, desde la CEOE se sufragaban macroencuestas para demostrar que Fraga era un lastre, que mientras Fraga siguiera al frente del centro-derecha no había nada que hacer.

Como era de prever, llegamos a las elecciones en un ambiente lúgubre. Al derrotismo instalado en las filas y aledaños del partido se sumaba el desconcierto de los votantes de AP ante la decisión mal explicada, mal entendida y mal recibida de pedir la abstención en el referéndum de la OTAN. Y ocurrió lo que cualquiera hubiera podido anticipar. El PSOE perdió 18 diputados, pero repitió mayoría absoluta, con 184 escaños. La Coalición Popular sacó apenas 5.200.000 votos y 105 escaños: no sólo no rompimos nuestro techo electoral, sino que perdimos dos diputados. En cambio, el CDS, que había hecho una campaña contra la banca, obtuvo un gran resultado y se consolidó como una fuerza política que había que tener en cuenta, pasando de 2 a 19 escaños. Recuerdo que, en Ávila, sus candidatos llevaban unas pegatinas que decían: «Yo también tengo problemas con los bancos». Es cierto que el CDS tuvo dificultades para obtener créditos para su campaña, pero también lo es que recibieron el apoyo financiero de Mario Conde, un personaje que había irrumpido en la vida pública española al hacerse con el control de Banesto. En todo caso, la estrategia les salió bien. En cuanto a Roca y sus «reformistas», hicieron el más absoluto de los ridículos: 194.500 votos y ni un solo diputado.

El verdadero espíritu de la Operación Roca quedó de manifiesto la misma noche de las elecciones cuando Miquel Roca declaró que sentía mucho los resultados, especialmente por sus amigos de Madrid, probablemente en referencia a su cabeza de lista, Antonio Garrigues Walker.

El fracaso de la Operación Roca tuvo varias consecuencias. Para empezar, alejó la posibilidad de que el nacionalismo catalán se comprometiese más con la gobernabilidad de España y asumiera así una mayor corresponsabilidad. Para Pujol, la derrota de Roca no fue precisamente un disgusto. Siendo presidente de Castilla y León, un día le conté a Pujol cómo en las carreteras y los campos castellanos aún podían verse los carteles descoloridos y rajados de Roca bajo el eslogan: «La otra forma de hacer España». A Pujol aquello le hacía tanta gracia que cada vez que nos veíamos me pedía que se lo volviese a contar.

La segunda, más que una consecuencia fue una lección: el batacazo de Roca demostró que las operaciones sin base en la realidad, con líderes ficticios diseñados por pigmaliones de la política, son, además de muy costosas, inútiles. Y que los partidos como Alianza Popular, con un sólido arraigo en la sociedad, son bastante más resistentes de lo que parecen. El problema fue que no todos los que debían tomar nota del fracaso lo hicieron, empezando por esos círculos empresariales y sociales que siguieron intentando decidir el futuro político del centro-derecha al margen de los cauces establecidos de la participación política.

Las elecciones de 1986 consolidaron la tesis del techo de Fraga y desataron una crisis profunda en AP, en la que las conspiraciones, la rumorología y las agendas individuales estaban a la orden del día. La sensación de división y disolución, de fracaso y frustración, se extendió hasta hacerse insoportable. El gran beneficiario de esta situación fue el PSOE. Nosotros teníamos un problema serio: Alianza Popular no se había consolidado ni en fórmulas políticas ni en una referencia generacional. Y eso tenía un riesgo grave: podíamos acabar convirtiéndonos en una pieza más de ese engranaje en el que todo estaba diseñado para que todo siguiera igual. No éramos una alternativa, sino simplemente una oposición. Y, además, debilitada.

Teníamos que romper esa imagen, desmontar el mito del techo insuperable de AP y la eterna oposición. Ese objetivo requería a la vez de una gran capacidad de desafío y de mucha prudencia. Había que esperar a que se diesen las circunstancias. Había que evitar que se perdiera lo que había. Y quien garantizaba lo que había era Manuel Fraga. Porque si se perdía lo que había, la operación no habría sido posible o se habría retrasado todavía más. Ésa fue la conclusión a la que llegamos el grupo de jóvenes diputados entre los que me encontraba. Por eso, a pesar de todo, a pesar de la frustración y el fracaso en las urnas, adoptamos una posición de defensa clara y rotunda de Fraga, a quien vimos librar una lucha titánica y en ocasiones dramática para sobrevivir. Recuerdo una reunión de maitines, después de una larga discusión, en la que Fraga se levantó, colocó las manos en el pecho, apoyó la espalda contra la pared y dijo que él era un jabalí acosado y herido, pero que los jabalíes heridos pueden ser muy peligrosos y llevarse por delante todo lo que salga a su paso.

Fraga tenía una capacidad de resistencia formidable, pero al final no pudo superar un nuevo fracaso electoral. El mal resultado de las elecciones generales de 1986 provocó la salida de Jorge Verstrynge de la secretaría general de AP y de varios colaboradores suyos de la dirección. A la vuelta del verano, en agosto, Fraga eligió como nuevo secretario general a Alberto Ruiz-Gallardón. Durante aquel tiempo ayudé a Alberto todo lo que pude y nuestra relación se intensificó. Pocos días después de su designación, falleció su padre, José María Ruiz Gallardón. Fueron momentos muy duros, en los que Ana y yo estuvimos muy cerca de él y de su mujer, María del Mar Utrera, a quien yo había conocido cuando ella era apenas una niña al coincidir nuestras familias de veraneo en Nerja.

La puntilla para Fraga fueron las elecciones al Parlamento vasco celebradas el 30 de noviembre de 1986. La Coalición Popular sacó menos del 5 por ciento de los votos y perdió cinco de sus siete escaños. Fue un día muy triste para todos nosotros y especialmente para Fraga, que decidió tirar la toalla. El 2 de diciembre, presentó su dimisión como presidente de AP. Recuerdo cómo antes de su dramática despedida en el balcón de Génova algunos intentamos convencerle en su despacho para que no lo hiciera. No sirvió para nada. Dos meses después, tendría lugar el VII Congreso de Alianza Popular, el primero y último de la historia del partido con dos candidaturas: la de Antonio Hernández Mancha, que contaba con el respaldo implícito de Fraga; y la de Miguel Herrero, a quien apoyamos el grupo de jóvenes diputados del que yo formaba parte.

El congreso tuvo lugar los días 7 y 8 de febrero de 1987. Miguel Herrero había sido elegido vicepresidente ejecutivo de AP antes de su convocatoria y decidió presentarse. El problema era que, en las pocas semanas que mediaron entre la dimisión de Fraga y el cónclave en el que tendría que medir sus fuerzas con el aparato del partido, no se dedicó a hacer todo lo que hay que hacer para ganar un congreso. Más bien lo contrario. Rodrigo Rato contaba con mucha gracia cómo lo primero que hizo fue ocupar el despacho de Fraga, cómo dedicaba buena parte de su tiempo a hablar con banqueros... Incluso se fue a ver al Papa. Miguel Herrero dedicó mucho tiempo a muchas cosas menos a la única importante, que era convencer a los compromisarios para que le votaran. Estaba tan ocupado en tareas accesorias que hasta Rodrigo y yo, que éramos sus más directos colaboradores, llegamos a tener serias dificultades para reunirnos con él. Cuando por fin conseguí que me recibiera (en el despacho de Fraga, en el que se había apresurado a instalarse), abrió los brazos y exclamó: «José María, yo quiero ser presidente del Gobierno». Le contesté: «Me parece estupendo, Miguel, nada me gustaría más. Pero antes tenemos que ganar un congreso y el olfato me dice que la cosa no va demasiado bien». Aquella percepción no hizo más que acentuarse con el paso de los días. En vísperas del congreso llamé a Rato para decirle que quería reunirme con él, Miguel y otras pocas personas. En aquella reunión les dije: «Quiero que seamos muy conscientes de que nos van a triturar en el congreso. Nos van a dar una paliza monumental. Y quiero que se sepa adónde vamos todos». Miguel intervino para decir que éramos muy libres de renunciar a ir en su candidatura si así lo preferíamos. Le contesté: «Yo no me voy a bajar del autobús; yo sigo. Pero quiero que sepáis que nos van a pulverizar». Así fue. Después de la derrota, Miguel Herrero nos reunió en su casa, nos dio las gracias a todos y disolvió el grupo.1

La verdad era que nuestro batacazo estaba cantado. En un ambiente de división interna, unos hacíamos llamamientos a la unidad, porque íbamos a perder, y los otros decían que iban a ganar, porque iban a ganar. Fraga no interfirió abiertamente en la pugna, pero sí dejó entrever que prefería a Hernández Mancha. Uno de sus peones en esa estrategia de apoyo indirecto fue Alberto Ruiz-Gallardón, que era el secretario general del partido y, por lo tanto, el intérprete de la voluntad de Fraga. Yo había tenido una relación normal y cordial con Antonio mientras estuvo en Andalucía. Él era senador; yo, diputado; y nos veíamos de vez en cuando. Además del aval implícito de Fraga, él tenía sus partidarios, contaba con el respaldo de la organización andaluza y consiguió el apoyo de Nuevas Generaciones. Ganó y nosotros perdimos. Y, al perder, salimos de la dirección por el método habitual de quien pierde este tipo de partidas: recoges tus cosas del despacho, las metes en cajas y sales por la puerta. Una puerta que no tardaríamos en volver a cruzar.

La victoria de Hernández Mancha no cerró la crisis del partido. Antonio era una buena persona, que no se había movido mucho en el complicado mundo de la política de Madrid y que posiblemente estuvo mal aconsejado y pagó por ello un alto precio. Se rodeó de alguna gente competente. El mejor de su equipo era, sin duda alguna, Miguel Arias Cañete, un buen amigo mío, que fue eurodiputado durante mucho tiempo y que ha sido dos veces ministro de Agricultura, primero con mi Gobierno y ahora con el de Mariano Rajoy. Su secretario general era Arturo García Tizón, una persona con experiencia, a quien años después nombré director general del Servicio Jurídico del Estado. Pero Antonio también nombró a personas que evidentemente no eran las más adecuadas para la tarea que les encomendó. El resultado, en términos netos, fue una descapitalización del partido y una prolongación de su agonía. La manifestación más nítida de esa agonía fue la famosa moción de censura que Hernández Mancha presentó contra Felipe González el 23 de marzo de 1987.

Es cierto que en España existía malestar contra el Gobierno del PSOE. Pero presentar una moción de censura contra González en esos momentos era un verdadero disparate, que algún astuto asesor le planteó a Hernández Mancha con argumentos equivocados y sin advertirle de los riesgos de la operación: «Haz un poco de crítica al principio y, como la moción de censura es constructiva, luego te pones a leer el programa del partido». Y él lo hizo. El espectáculo fue angustioso. Lo recuerdo como si fuera ayer. En la tribuna, Antonio se perdía desgranando, una a una, las propuestas de nuestro programa electoral. Incluso le tiró los tejos a Adolfo Suárez con un arranque poético: «¡Qué tengo yo que mi enemistad procuras!», con la mala fortuna de que atribuyó la famosa cita de Lope de Vega a Santa Teresa de Jesús, lo que le mereció una réplica irónica de Adolfo Suárez. Aquella experiencia nos vacunó a todos contra las mociones de censura: sólo se presenta una moción de censura cuando existe la seguridad de ganarla; si no, no se presenta.

Aquella moción frustrada de Antonio fue el principio del fin de una etapa convulsa y muy difícil. Una etapa en la que Alianza Popular consiguió convertirse en la principal fuerza de la oposición, gracias principalmente a Fraga, pero no era la alternativa al socialismo que España necesitaba. La siguiente etapa no comenzaría, de verdad, hasta el congreso de Sevilla de 1990. Cuando lo hizo fue con la visión y el proyecto que algunos jóvenes de la nueva generación llevábamos defendiendo diez años: un partido más moderado, más centrado, totalmente independiente y con una idea clara de España.

Mi idea de España

El 14 de julio de 2001, con motivo de las celebraciones de su Fiesta Nacional, el presidente francés Jacques Chirac invitó a los Reyes de España a cenar en el Palacio del Elíseo. Durante la conversación, salió mi nombre a colación y Chirac le dijo a Don Juan Carlos: «Ah, mi amigo José María... A mi amigo José María sólo le preocupan tres cosas: la primera, España; la segunda, España; y la tercera, España». El Rey me contó la anécdota con emoción y a mí me emocionó que me la contase porque lo que dijo el presidente francés era verdad. La razón de ser de mi vida política ha sido la idea de España: su existencia, su continuidad, su cohesión, su fortaleza y su prestigio.

El debate sobre España es recurrente en nuestra historia. A principios de los años ochenta, cuando yo entré en el Congreso de los Diputados, la cuestión que centraba las discusiones era si se había acertado o no con la Constitución. El cambio político más importante introducido por la Constitución era la organización territorial del Estado sobre la base de un pacto: se daba respuesta a la pluralidad constitutiva de España sobre el compromiso de lealtad a la Nación española y a su Constitución. Sin embargo, en opinión de muchas personas muy cualificadas, se habían cometido errores importantes. El primero, dejar el modelo abierto, no definirlo. En un país con nacionalismos, tendencias disgregadoras e incluso un terrorismo separatista, dejar abierto el modelo territorial suponía un riesgo de inestabilidad. El proceso de descentralización, que tendría que haber sido más o menos ordenado, se vio sujeto así a enormes presiones. Presiones nacionalistas, presiones localistas, presiones incluso terroristas. La lógica del asalto al Estado y de la reivindicación permanente se impuso a la consolidación de un sistema estable y solidario.

Todo ello confluyó en un primer estallido de gran tensión que se intentó reconducir con los primeros acuerdos autonómicos, que resultaron en parte fallidos porque uno de sus instrumentos más relevantes, la LOAPA, fue rechazada por el Tribunal Constitucional, pero que tuvieron la virtud de delimitar una parte del campo con algunos efectos duraderos.

En este complicado contexto había que definir la posición de Alianza Popular. La tarea me tocó en parte a mí. Mi experiencia en la redacción del Estatuto de Autonomía de La Rioja, mi actividad profesional en el Ministerio de Economía y Hacienda centrada en estos temas, y mi creciente inquietud por la evolución de los acontecimientos políticos en el País Vasco y Navarra me habían convertido, si no en un experto en temas autonómicos, sí en una de las personas del partido que sabía algo del asunto. Y en aquellos años, al ser muy pocos en el partido, bastaba que supieras algo de alguna materia para que te encargasen casi automáticamente todos los asuntos relacionados con ella.

Así fue como me nombraron vicesecretario nacional de Autonomías y Regiones, y luego delegado de AP en las reuniones para la firma de los pactos autonómicos de 1981. Las reuniones se celebraron durante el verano de ese año, en un ambiente marcado por el referéndum andaluz de octubre del 80 y por el 23-F. Había dos mesas de negociación. Por un lado se trataban los acuerdos político-institucionales y, por otro, los asuntos económicos. Para la negociación político-institucional, acudieron por parte de UCD Rodolfo Martín Villa y Manuel Broseta, que era el secretario de Estado de Administración Territorial y una persona con la que tuve siempre una muy buena relación, hasta el punto de que, poco tiempo antes de que ETA lo asesinara, había acordado con él su vuelta a la vida política en el PP de Valencia. Los representantes del PSOE eran Alfonso Guerra, María Izquierdo Rojo y Francisco Fernández Marugán. Los del Partido Comunista, Santiago Carrillo, Carlos Alonso Zaldívar y Enrique Curiel. Y la delegación de AP la encabezaba formalmente Álvaro de Lapuerta.

La mesa, digamos, económica la llevaba el ministro del ramo, Jaime García Añoveros, con el apoyo de Miguel Martín, el actual presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), que entonces era subsecretario y luego, durante muchos años, fue subgobernador del Banco de España. En representación de AP estábamos Abel Matutes, Jorge Verstrynge y yo, que llevaba el peso de las negociaciones. Todavía no había renunciado a mi plaza como funcionario y estaba destinado en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección General de Haciendas Territoriales, donde se diseñó el conjunto del sistema de financiación autonómica recogido en la LOFCA y las demás leyes territoriales, incluido el Concierto Económico con el País Vasco y con Navarra. Por tanto, conocía el tema de cerca y tenía algunas ideas claras sobre lo que convenía hacer.

Como delegado en los pactos autonómicos, mis preocupaciones y objetivos eran tres. Primero, me parecía urgente corregir los defectos más serios o peligrosos del modelo territorial y, para ello, consideraba imprescindible forjar acuerdos entre los grandes partidos nacionales. Yo quería que los pactos autonómicos se concretaran, se hiciesen realidad, porque pensaba que eso minimizaría los riesgos y vulnerabilidades derivados del modelo territorial diseñado en la Constitución. Segundo, tenía claro que debíamos intentar prestigiar lo nacional, lo común, explicando muy bien las líneas rojas de lo que un Estado no puede traspasar sin renunciar a su propia existencia: la unidad territorial, la identidad cultural y la unidad de mercado. Y creía que los pactos autonómicos eran una oportunidad para hacerlo. Tercero, consideraba que Alianza Popular debía jugar en el marco diseñado por la Constitución y no quedarse fuera. Y con ese propósito trabajé. Desde un reconocimiento de los riesgos que suponían su apertura e indefinición, intenté contribuir a llevar al partido hacia posiciones más comprensivas con el modelo autonómico, algo que hice en parte apelando a la tradición regionalista de la derecha española.

Fraga respaldaba ese esfuerzo para que Alianza Popular avanzara hacia una posición más comprensiva con el sistema autonómico dentro de una idea clara de España y de defensa de la Nación española. Lo hablamos en reiteradas ocasiones y ése era mi mandato. Verstrynge, sin embargo, pretendía utilizar aquellas reuniones para exhibir posiciones distintas de cara a la opinión pública. Posiciones que le conferían protagonismo, pero que contribuían poco a la apertura y consolidación de AP. Yo entonces no tenía suficiente fuerza interna como para contrarrestar sus maniobras, y al final dimití. En una carta fechada el 4 de julio de 1981, le dije a Fraga que ya no quería seguir asistiendo a las reuniones de los pactos autonómicos por las «públicas manifestaciones de desautorización hacia mi persona realizadas» por Verstrynge. Unos meses después, renuncié también a mi cargo como vicesecretario nacional de Autonomías y Regiones, y abandoné la Oficina Central del Partido. Eso fue después de la celebración del V Congreso Nacional del partido, el 20 y 21 de febrero del 82, en el que me había comprometido con Fraga a presentar una ponencia sobre el Estado de las Autonomías.

Aquella ponencia recogía las reflexiones que yo había expuesto por primera vez de manera desarrollada en lo que se llamaba el Aula de Cultura de AP, unas pequeñas reuniones internas a las que acudíamos los cargos del partido para debatir sobre asuntos relevantes de actualidad. Son reflexiones propias del momento y, sin embargo, creo que no han perdido su vigencia. En ellas aparecen esbozados los principios básicos de la que era entonces, y sigue siendo hoy, mi idea de España.

Aquí están: la convicción de que «el sistema autonómico debe estar basado, esencialmente, en discusiones sobre eficacia» y no en «cuestiones de soberanía»; la creencia en la necesidad de garantizar «la no existencia de privilegios, singularmente económicos, que vengan a enturbiar el problema»; la crítica al «mito de la exclusividad», es decir, a la idea, defendida por los nacionalismos y asumida por parte de la izquierda y no sólo de la izquierda, de que cuantas más competencias exclusivas, más autonomía; y la apuesta por una definición clara del modelo territorial en el que, pudiendo existir diversos grados de autonomía en función de las respectivas capacidades de cada región, ningún español fuese más que otro o tuviese ventajas sobre otro.

En la ponencia que defendí ante el congreso, denuncié la enorme irresponsabilidad que, en mi opinión, suponía haber acometido un proceso descentralizador de la profundidad del emprendido en España no sólo sin una visión global o finalista de éste, sino además sin poner los mínimos medios necesarios para que fuera viable. Mi posición era bastante clara: «No puede articularse un nuevo Estado si se pretende construir regiones fuertes a costa del debilitamiento y extenuación del Estado. [...] La articulación de las distintas unidades sociales que forman el Estado puede ser más o menos rígida, más o menos flexible, pero en ningún caso debe poner en peligro el Estado del que forman parte». Esta inquietud por la propia supervivencia del Estado me llevó a la convicción de que había que reordenar el proceso autonómico cuanto antes. Que estábamos ante una oportunidad única. Ese proceso de ordenación y racionalización debía, en mi opinión, basarse sobre tres principios capitales: la defensa de la unidad nacional, el mantenimiento de la identidad cultural común y la protección de la unidad económica del mercado. En contra de lo que defendían muchos en Alianza Popular y sus aledaños, para mí ese proceso de reordenación no implicaba necesariamente una reforma constitucional. Evidentemente, una manera de hacerlo era modificar el Título VIII de la Constitución. Sin embargo, yo creía entonces que podíamos conseguir los objetivos buscados por vías de desarrollo constitucional.

Con algunas matizaciones, aquellas reflexiones, defendidas ante el Congreso de AP de hace ahora treinta años, siguen siendo válidas. El tema autonómico nunca me ha dejado de interesar y nunca me ha dejado de preocupar, probablemente porque nunca me ha dejado de interesar y nunca me ha dejado de preocupar España. Las soluciones que creo posibles y viables las expuse en el Consejo de Estado cuando formé parte de él.

Mientras los dos grandes partidos nacionales han estado de acuerdo sobre estos principios básicos, el sistema no ha corrido peligro. Es cierto que el Tribunal Constitucional ha tenido alguna actuación desigual a lo largo de los años. Sin embargo, el principal problema es que el sistema se diseñó sobre la base de que el Estado pierde cuando las partes ganan. Es decir, para las comunidades autónomas, la forma de ganar es debilitar al Estado. Eso ha generado una dinámica disolvente. Los partidos nacionales se han debilitado y los poderes periféricos se han reforzado hasta empujar el sistema al límite. Esta deriva sólo puede frenarse con acuerdos, políticas firmes y partidos nacionales comprometidos con la unidad y cohesión de España. Cuando alguno de estos elementos falla, el equilibrio se rompe y la situación se hace muy complicada, por no decir imposible, de manejar.

Históricamente, el modelo se empezó a desestabilizar con el referéndum andaluz de 1980. Lo convocó un Gobierno, el de una UCD ya en declive, que se veía incapaz de ordenar el proceso y que propuso la abstención. La izquierda aprovechó el referéndum con oportunismo y desató la dinámica de la reivindicación en máximos de la demanda periférica a costa del Estado. Por primera vez, se rompió el consenso como elemento básico de estabilidad política en España y se puso en marcha un esquema que, sin reconocerlo explícitamente, propugna la construcción de Estados virtuales en las comunidades autónomas. En estos treinta años, cada comunidad autónoma ha ido desarrollando su propio sistema institucional en imitación del propio del Estado, pero en menor tamaño. Y eso multiplicado por diecisiete.

Fui siempre muy consciente de que el modelo autonómico no podría funcionar sin el acuerdo de los dos grandes partidos. Por eso, siendo jefe de la oposición, en 1992, firmé los segundos grandes acuerdos autonómicos con el Partido Socialista en la Moncloa, en presencia de Felipe González. Y por eso firmé también los pactos de 1996 con los nacionalistas catalanes y vascos. Mucho se ha escrito sobre esos pactos. Más adelante en estas Memorias, yo también lo haré. Aquí sólo diré que en la oposición nosotros fijamos con claridad cuáles debían ser los límites en la relación con los nacionalismos y que esos límites nunca los sobrepasamos ni para formar Gobierno ni para seguir en él. Siempre he pensado que, al final, los nacionalistas hacen lo que unos y otros les dejamos hacer.

El primer partido que nos ofreció su apoyo fue Coalición Canaria, que no es una fuerza nacionalista propiamente dicha, sino más bien la expresión de una forma de entender la política que florecería después como poder local en muchos lugares de España. Un ejemplo poco edificante de esa forma de entender la política es Unión Mallorquina, en Baleares. Pero el acuerdo relevante fue el que suscribimos con Convergència i Unió. Con CiU firmamos un pacto importante y necesario. Y con el PNV, un pacto importante, pero no necesario. El acuerdo con CiU era hijo de la necesidad; el acuerdo con el PNV, una decisión estratégica. Y en ambos pactos primó el interés nacional: nunca estuvimos dispuestos a ceder nada comprometedor ni con unos ni con otros. Lo que hicimos fue aprovechar una oportunidad que considerábamos única para romper la alianza histórica del nacionalismo con la izquierda, una alianza que siempre había ido de la mano de la demonización de la derecha.

A la dificultad de gestionar la relación con los nacionalismos catalán y vasco se ha sumado a lo largo de estos años el efecto imitación en el resto de las comunidades autónomas. En estas casi tres décadas y media desde la aprobación de la Constitución, los partidos nacionales se han ido acomodando a una dinámica que parte de la premisa falsa de que el Estado es culpable y que, al ser culpable, tiene que perder. Esto ha generado divisiones, agravios y competencias malsanas, y ha favorecido a los nacionalismos, lo que ha dificultado mucho la acción del Gobierno.

Una anécdota de tiempos de mi Gobierno ilustra bien el proceso vivido en España. Bajo la presidencia de Eduardo Zaplana, los empresarios de la Comunidad Valenciana me organizaron una recepción estupenda en la Feria de Muestras. Con la mejor de las voluntades, el presidente de la feria me dio la bienvenida como si hubiese llegado a Luxemburgo, Bélgica o cualquier país extranjero. Tuve que empezar mi intervención agradeciéndole la amabilidad, pero pidiéndole que se ahorrase el protocolo: «Estoy aquí porque ésta es mi casa, éste es mi país y estamos en España. No hace falta que me den la bienvenida oficial».

He vivido situaciones similares en otras comunidades autónomas, donde la llegada del presidente del Gobierno se anunciaba como una «visita oficial». Sobre todo ocurría cuando íbamos a una región gobernada por los socialistas. Entonces, nos encontrábamos con declaraciones en los medios locales del presidente autonómico de turno quejándose de que su Gobierno no le había cursado ninguna invitación a Aznar para visitar el territorio. Como si el presidente del Gobierno tuviera que recibir una invitación formal para viajar por su propio país.

Dicho esto, con todos sus problemas y dificultades, el encaje de los nacionalismos catalán y vasco en España, y su relación con el Gobierno de la Nación, se contuvieron dentro de unos límites razonables hasta 2004. Fue a partir de ese año y, sobre todo, tras la aprobación del Estatuto de Cataluña en 2006, cuando el frágil equilibrio sobre el que se asienta el modelo autonómico diseñado en la Constitución de 1978 se rompió.

En Cataluña se habían cometido muchos errores, sobre todo en la política cultural, pero hasta entonces no se había provocado una dinámica independentista tan exacerbada. Ocurrió lo inconcebible: el propio presidente del Gobierno calificó como «discutido y discutible» el concepto de Nación y se dedicó a jalear a los independentistas y a los centrifugadores, a quienes pretenden constituirse en Nación a costa de la Nación española y en Estado a costa del Estado español. Aquello empujó a España a una situación límite. El Estatuto catalán de 2006 dinamitó los diques de contención, y el proceso de centrifugación se extendió al resto de las comunidades autónomas. Dejó de hablarse de política de mínimos y todo pasó a ser de máximos, y se generó una dinámica muy complicada en la que el Estado, demonizado como el gran deudor en términos históricos, económicos y políticos, se convirtió en el perdedor necesario.

La deriva hacia los mini-Estados y el debilitamiento de lo que nos une como españoles han tenido otras consecuencias negativas: la colusión de intereses políticos, económicos y mediáticos en algunas comunidades autónomas; la huida de la política nacional hacia una vida más cómoda y mejor retribuida en las regiones; la creación de castas políticas y económicas autonómicas que han vivido a cuerpo de rey a costa de los contribuyentes, agravando la crisis económica... El debilitamiento de la idea de España ha perjudicado a todas las instituciones y organizaciones de carácter nacional, y eso incluye, por supuesto, a los partidos políticos. Éste es uno de los problemas más graves que tiene España, un problema que ahora toca afrontar y resolver con celeridad y determinación.

Este proceso de fragmentación nacional y de potenciación desproporcionada de las partes a costa del conjunto ya podía intuirse a principios de los años ochenta. Cuando en 1987 fui elegido presidente de la Junta de Castilla y León, me propuse sentar las bases de un proyecto alternativo. Quería huir de la dinámica miope y localista que no conducía más que al empobrecimiento y la desunión, y diseñar un proyecto de cohesión, fortalecimiento y modernización de España. Es decir, quería poner en marcha una alternativa nacional y liberal.

CAPÍTULO 3

Un proyecto nacional y liberal. A la conquista de Castilla y León, y a la conquista de Génova (1986-1989)

La soledad del candidato

En Castilla y León empezó el proceso de construcción de un proyecto político ganador, de una gran alternativa nacional y liberal. Aquel proceso tuvo varios momentos decisivos: el primero fue nuestra victoria en las elecciones a la Junta de Castilla y León. El segundo, la conferencia que pronuncié el 29 de febrero de 1988 en el Club Siglo XXI. El tercero, mi designación como candidato a la presidencia del Gobierno de España para las elecciones generales del 29 de octubre de 1989. Contado así, habrá quien pueda pensar que fue un proceso fácil, natural o inevitable. No lo fue, ni mucho menos. Al contrario. Fueron años duros. Años de remar contra la corriente general y contra la corriente interna de Alianza Popular. Años de profunda soledad.

Fui elegido presidente de Alianza Popular de Castilla y León en junio de 1985. Fraga me había propuesto el cargo dos años antes, pero yo no lo había aceptado. AP no pasaba entonces por un buen momento, sobre todo en Castilla y León. Cada provincia era un universo aparte, con claves propias, difíciles de descifrar. La aspiración autonómica estaba poco arraigada y apenas existía una conciencia regional. El partido estaba todavía por hacer. No tenía estructura ni había sido capaz de formar a una nueva generación de dirigentes. La situación era tan grave que, en las elecciones de 1983 —que fueron las primeras elecciones autonómicas en Castilla y León y en otras muchas regiones—, Alianza Popular no llegó a presentar un candidato. A falta de un acuerdo, cada provincia acabó presentando el suyo propio. Lógicamente, perdimos.

Fue en este contexto de cierto caos cuando Fraga me pidió por primera vez que asumiera la presidencia de AP en Castilla y León. Fraga insistía porque, como diputado por Ávila, yo empezaba a conocer bien la región y porque, como responsable de las cuestiones autonómicas y locales del partido, estaba acostumbrado a lidiar con dirigentes territoriales con aspiraciones e intereses contradictorios. La propuesta de Fraga era razonable y, para mí, halagadora. Sin embargo, la rechacé. Le contesté que debía permanecer en Madrid, concentrado en mi trabajo dentro del Grupo Parlamentario, desde donde consideraba que resultaría más útil al partido. Eso no significaba que no estuviera dispuesto a colaborar para encontrar una alternativa. Lo hice impulsando la candidatura del senador por Burgos José María Álvarez de Eulate, un buen hombre, que fue designado en un congreso regional celebrado en Segovia. Pero Fraga no aceptó mi negativa de buen grado. Durante varios meses, no me dirigió la palabra. Ni siquiera me saludaba cuando coincidíamos en una reunión o cuando nos cruzábamos en el Congreso o en la sede del partido. Llevarle la contraria a Fraga siempre fue una empresa temeraria.

Con el tiempo, las aguas volvieron a su cauce. La candidatura de José María Álvarez de Eulate no funcionó, en buena medida porque la situación en muchas provincias era muy conflictiva. Dos años más tarde, en 1985, Fraga volvió a la carga y ya no pude decirle que no. La situación era realmente difícil y corríamos el riesgo de seguir perdiendo apoyo electoral. En el siguiente congreso regional, celebrado en Palencia, fui elegido presidente de Alianza Popular en Castilla y León. En el otoño de 1986, en un acto celebrado en Burgos, fui designado también candidato a la presidencia de la Junta. En las mismas fechas, Arturo García Tizón fue nombrado candidato a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, y Juan Ramón Calero, a la presidencia de la Región de Murcia.

Mi elección formal como candidato me convertía en uno de los principales dirigentes del partido, pero no me garantizaba ni el apoyo interno ni el éxito frente a los adversarios externos. Muy poco tiempo después de mi proclamación, Fraga presentaría su dimisión y se convocaría el congreso extraordinario del partido en el que Antonio Hernández Mancha saldría elegido nuevo presidente. El hecho de que yo hubiera formado parte del equipo perdedor de aquel congreso alentó las intenciones de algunos de volver a repartir las cartas, con una dificultad añadida: me salió un competidor de peso. Rodolfo Martín Villa quiso ser el candidato a la Junta de Castilla y León, y mucha gente presionó a su favor.

Al desaparecer UCD, Martín Villa se había integrado en el PDP, desde donde había defendido enérgicamente la integración de su partido en la Coalición Popular, incluso después del mal resultado electoral de 1986. Aspiraba a ser presidente de Castilla y León: era una comunidad de nueva creación, que él personalmente había contribuido a diseñar como ministro de Administración Territorial; tenía un Estatuto aprobado hacía apenas tres años; y los socialistas se encontraban en una posición de relativa debilidad tras la dimisión de Demetrio Madrid y su sustitución por Constantino Nalda. Yo pedí la dimisión de Demetrio Madrid en coherencia con el principio de responsabilidad política que luego aplicaría en mis propias filas. Con la legislación de entonces, una imputación equivalía a una acusación, y Demetrio Madrid había sido imputado. Rodolfo no estaba de acuerdo en pedirla y así lo manifestó. El PSOE la aceptó porque no quería que Demetrio Madrid fuera su candidato y aprovechó para quitarle de en medio.

La presión a favor de la candidatura de Martín Villa fue muy fuerte. El que más la ejerció fue el presidente de la CEOE, José María Cuevas. Aunque más tarde apoyaría nuestro proyecto, en aquellos momentos no lo veía nada claro. Recuerdo un par de reuniones en su casa en las que me pidió abiertamente que renunciara a mi candidatura en favor de Martín Villa. No sé si Cuevas actuaba en solitario o con otras personas. En todo caso, yo le agradecí el consejo, pero le dije que no renunciaría a mi candidatura porque estaba convencido de que iba a ganar. Incluso le dije, con cierta presunción juvenil, que un candidato ganador no tiene que cederle el puesto a un candidato perdedor y que, en este caso, el candidato ganador era yo.

Pero las reticencias también eran internas. Cada provincia de Castilla y León era un mundo y en algunas el partido vivía situaciones de mucho conflicto. Eran los casos de Burgos y León. En las demás, reinaban el desconcierto y la confusión porque cada presidente provincial tenía sus objetivos y sus preferencias. Mis principales apoyos eran Juan José Lucas y Félix Pastor, ambos de Soria, un sector del partido en León y, por supuesto, todo el partido de Ávila, provincia de la que yo era diputado. También me ayudó mucho Miguel Ángel Cortés, que entonces era concejal en Valladolid. Menos entusiastas eran personas como Santiago López Valdivielso o Jesús Posada, que tenían mucha influencia en Valladolid y Soria, respectivamente. Valdivielso convocó una cena a mis espaldas para apoyar a Martín Villa, maniobra que frenaron Félix Pastor, Feliciano Blázquez y Juanjo Lucas. Y Posada removía las aguas en el Grupo Parlamentario. Los dos fueron después buenos colaboradores míos. Posada fue consejero en mi primer Gobierno en Castilla y León, luego presidente de la Junta, dos veces ministro en nuestro Gobierno y es ahora el presidente del Congreso de los Diputados. Y Valdivielso, además de diputado, fue un eficaz director general de la Guardia Civil durante todo mi mandato.

Mi posición era tan poco sólida que algunos buenos amigos incluso me aconsejaron que diese un paso atrás. La pugna acabó dirimiéndose en el sitio menos pensado. Se casaba un hijo de Fraga, Ignacio, y después de la ceremonia don Manuel nos reunió a todos los invitados en el restaurante Mayte Commodore de Madrid. Allí, entre canapés y enhorabuenas, Fraga me preguntó por la situación de Castilla y León, sin pronunciarse sobre uno u otro candidato. No dijo nada directamente, pero sí me dio a entender que él prefería que fuera Rodolfo. No le contesté nada y un rato más tarde sucedió lo que no imaginé que fuese a suceder. Desde luego no en ese momento ni en esas circunstancias. Estaba conversando con un grupo de personas, entre las que se encontraban José María Cuevas y Antonio Hernández Mancha, cuando éste de pronto me preguntó a bocajarro: «Definitivamente, José María, ¿tú quieres ser candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León?». Me sorprendió, pero le contesté con rotundidad: «Sí, definitivamente, quiero ser candidato». Y Antonio respondió: «Pues bien, definitivamente, eres el candidato».

De esta manera imprevista y un tanto abrupta, el debate sobre mi candidatura a la Junta quedó zanjado. Pero sólo desde el punto de vista de la dirección del partido. El apoyo oficial del presidente no se tradujo en un apoyo práctico de Génova. Empezó entonces una batalla especialmente dura porque fue una batalla en soledad. Una batalla en la que pocas personas realmente confiaban en mí o en mi victoria sobre el candidato elegido por el PSOE para presentarse a la Junta, Juan José Laborda. Es cierto que la dimisión de Demetrio Madrid había supuesto un revés importante para el PSOE. Sin embargo, el Partido Socialista venía de arrasar en las elecciones generales de 1982; de ganar contra todo pronóstico las elecciones municipales y autonómicas de 1983 en Castilla y León; de volver a ganar por mayoría absoluta las elecciones generales de 1986; y de ganar el referéndum de la OTAN. Era un PSOE hegemónico y avasallador, y yo no era más que un candidato cuestionado.

Mi designación como candidato a la Junta, ahora con el refrendo de la dirección, no bastó para aunar posturas dentro del partido en mi favor. Los presidentes provinciales seguían muy divididos. Hice la campaña de las elecciones autonómicas en la más absoluta soledad, con la única compañía de Fernando Navarro y de mi conductor, Juan Vilches. Juan es un hombre naturalmente sabio, una persona por la que siempre he tenido una especial debilidad. Había sido guardia civil y contaba historias muy divertidas. Recuerdo la anécdota de cómo siendo muy joven, destinado en Logroño, le mandaron una mañana con otro guardia civil a vigilar el repetidor de televisión. Al llegar al sitio donde supuestamente debía estar el repetidor, Juan se encontró con que allí sólo había un palo clavado en la tierra. Extrañado, preguntó a su compañero: «¿Cuánto tiempo llevas viniendo aquí a vigilar el repetidor?». «Meses», le respondió. Juan no salía de su asombro: «¿Y no te has dado cuenta de que es un palo, que no es un repetidor?». «Claro. Ya sé que es sólo un palo, pero cualquiera se atreve a contárselo al sargento.» Y así pasaron la temporada, yendo todas las mañanas a vigilar el palo. Y como no tenían nada que vigilar, Juan se dedicó a estudiar la vida de las hormigas, de las que luego contaba historias muy curiosas.

Juan Vilches es una persona entrañable, un gran tipo en el sentido más ancho de la palabra. Como conductor, sólo tenía un defecto: aquellos viajes de vuelta de los mítines, a altas horas de la noche, podían con él. Se dormía. Cuando empezaba a dar cabezadas, yo le pedía que me cediese el volante. Encantado, Juan se pasaba al asiento del copiloto y yo conducía mientras él roncaba.

Mi principal apoyo político en aquella dura campaña fue Miguel Ángel Cortés. Miguel Ángel era entonces concejal de AP en Valladolid. Rápido, inteligente, con una capacidad de iniciativa y velocidad de reacción verdaderamente notables, Miguel Ángel tenía muchas y muy buenas relaciones y contactos, que puso a mi disposición de inmediato. Además, como uno de los discípulos más activos de Antonio Fontán, contribuyó a dar a nuestro proyecto una clara orientación liberal. Fontán tenía a su alrededor a un grupo de jóvenes universitarios extremadamente valiosos y con una fuerte vocación política. Además de Cortés, formaban parte de ese grupo Arturo Moreno y Carlos Aragonés, entre otros. Los tres se fueron incorporando a trabajar conmigo. De aquel sustrato liberal surgió la idea de crear una fundación para la promoción y difusión de ideas y programas liberales. Me la propuso Cortés cuando ya estábamos en la Junta, y la acepté de inmediato. Así se creó, en 1989, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES). Tomamos como modelos dos relevantes think tanks: el británico Center for Policy Studies (CPS), que había servido de apoyo a la política de Margaret Thatcher, y la estadounidense Heritage Foundation, que hizo lo mismo para Ronald Reagan. La FAES va camino de cumplir sus veinticinco primeros años y goza de espléndida salud.

Mi otro gran apoyo en esos inicios de Valladolid fue Miguel Ángel Rodríguez, que entonces era un joven periodista progre de El Norte de Castilla, que escribía artículos para La Vanguardia y al que la dirección de su periódico había asignado para que cubriese la campaña electoral de los socialistas. Probablemente por su espíritu de contradicción, y seguramente porque le divertía la idea de acabar conmigo en pocas semanas, Miguel Ángel pidió que le dejasen hacer la nuestra. Cuando lo vi en acción, pensé: «Éste tiene que ser de los míos». Antes de que llegase el día de reflexión, lo fue. Y fue uno de mis más leales colaboradores durante muchos años. Ana me acompañó toda la campaña y trabajó sin descanso para que todo saliera lo mejor posible.

La campaña de nuestros adversarios se basó, como tantas de las suyas antes y después, en la tergiversación de la realidad. Los socialistas afirmaban dos cosas verdaderamente notables. La primera era que yo había fichado a un asesor americano para la campaña, lo cual no es que fuese falso, es que era sencillamente absurdo. Yo le hacía bromas a Miguel Ángel Rodríguez, diciéndole que el asesor americano era él: un americano del Pisuerga. La segunda era que yo tenía mil millones de pesetas para gastar en la campaña, cuando la realidad es que no tenía ni un duro.

El punto de inflexión de la campaña fue el debate electoral celebrado en la Cadena SER, que me salió mejor de lo previsto. Mi victoria sobre el candidato socialista sirvió para dar confianza a nuestra gente y generó una dinámica nueva; una dinámica ascendente y contagiosa en la que, a medida que iban pasando los días, yo iba viendo que crecían nuestras posibilidades de ganar y me iba animando más y más, lo que a su vez animaba a mi equipo, a los cuadros regionales del partido y a nuestros votantes.

En aquella campaña aprendí mucho. Aprendí el valor de la resistencia, la paciencia y la tenacidad. Aprendí a no fiarme en exceso de alguna gente y mucho de los buenos amigos. Y descubrí la importancia del coraje y la lealtad.

Las elecciones se celebraron el 10 de junio. La jornada electoral fue emocionante y tensa. El arranque del escrutinio fue bien. En aquella época el recuento de votos tardaba una eternidad, sobre todo en territorios tan extensos y con pueblos muy pequeños y dispersos como Castilla y León. Nos fuimos a dormir pensando que habíamos ganado las elecciones. A las seis de la mañana recibí una llamada telefónica de un periodista que se apresuraba a informarme de que nuestra ventaja sobre el PSOE se había reducido a apenas cinco mil votos y seguía bajando. Me limité a contestarle: «Gracias. Voy a seguir durmiendo». Al final, ganamos las elecciones por cinco mil votos. Nosotros sacamos 493.488 votos y los socialistas 488.469. Empatamos con el PSOE a 32 procuradores, la denominación tradicional que reciben los diputados regionales en Castilla y León. Aquella victoria por la mínima fue una gran enseñanza. No hay victorias amargas ni derrotas dulces. En política, hay victorias y derrotas. De ahí mi tranquilidad, años después, tras el ajustado resultado electoral de 1996.

En aquellas elecciones a la Junta de Castilla y León, el CDS, con Carlos Sánchez Reyes como candidato, se disparó hasta alcanzar los dieciocho escaños. Para colmo, ocurrió lo que nunca había sucedido ni volvería a suceder: Solución Independiente de Burgos logró un procurador, Tomás Cortés, con quien yo tenía una buena relación. Tomás Cortés había sido un hombre de Alianza Popular de toda la vida y presidente de la Diputación de Burgos. Pero, tras varios enfrentamientos internos, había abandonado AP y se había aliado con el alcalde de Burgos, José María Peña, para formar un partido nuevo, Solución Independiente de Burgos. Su programa tenía un punto único —una oposición tajante a la capitalidad de Valladolid— y a su creación contribuyó decisivamente Rafael Pérez Escolar, hombre enemistado con Fraga y ligado al Banesto de Mario Conde.

Con estos resultados, las negociaciones para la formación de Gobierno se preveían muy complicadas. Lo fueron. Al final, conseguimos la abstención del CDS a cambio de que su candidato fuese nombrado presidente de las Cortes y, con mucho esfuerzo por parte de Miguel Ángel Cortés y Fernando Navarro, logramos el apoyo de Solución Independiente.

El 21 de julio de 1987 fui investido presidente de la Junta de Castilla y León. En mi discurso de investidura, fijé los tres ejes de mi proyecto. El primero era la plena inserción de Castilla y León en una España fuerte y cohesionada:

«Debemos participar decididamente en la vida política nacional, no sólo porque a ello estamos llamados por la historia, sino también porque nuestras más elementales necesidades de presente y nuestra esperanza de futuro así nos lo demandan y exigen. No es pues, tampoco, nuestro propósito iniciar una carrera de agravios incontrolada ni trabajar en espíritu de permanente conflictividad: las comunidades autónomas son Estado, forman parte integrante del Estado y esa perspectiva es y debe ser compatible con la máxima firmeza en defensa de nuestros intereses y con la garantía de nuestra lealtad y colaboración con las demás instituciones y Administraciones.»

El segundo era un modelo social y económico de libertad:

«La Administración no debe tratar de suplantar a la sociedad, debe ejercitar con eficacia sus acciones atendiendo a la máxima ya clásica de que gobernar es elegir y naturalmente gobernar bien es elegir bien. Pero sobre todo la Administración debe crear el marco adecuado para el libre desarrollo de las iniciativas sociales.»

Y el tercero, la eficiencia y austeridad en la gestión pública:

«Hay que reducir el absurdo que se produce en estos momentos de que en el territorio de una provincia convivan y compitan, en la mayoría de los casos con notoria descoordinación, cuatro Administraciones: la del Estado, la de la comunidad autónoma, la provincial y la municipal. Y [debemos lograr] igualmente unas cotas más elevadas de eficacia y un menor coste administrativo.»

A mi toma de posesión asistieron Manuel Fraga y Antonio Hernández Mancha, y en representación del Gobierno de la Nación, Joaquín Almunia, que era entonces ministro de Administraciones Públicas. Ese día, con mi juramento solemne ante las Cortes de Castilla y León, me convertí en el cargo público más importante de Alianza Popular. Tenía 34 años.

Desde el punto de vista personal, mi nombramiento como presidente de la Junta supuso una nueva revolución doméstica. Ana tuvo que pedir el traslado de su puesto de trabajo en Obras Públicas a la Delegación de Hacienda en Valladolid. Alquilamos nuestro piso de Madrid y, a finales de julio, hicimos la mudanza con los niños. A José María, nuestro hijo riojano que ya tenía 9 años, se le había sumado, el 26 de septiembre de 1981, la madrileña Ana. Les buscamos un colegio nuevo y nos instalamos en el noveno piso de un edificio de la calle Acera Recoletos, enfrente del Campo Grande. Allí nacería, en mayo de 1988, nuestro tercer hijo, Alonso, que es vallisoletano. Le bautizamos en Quintanilla de Onésimo, entre la natural curiosidad de la gente.

Aquellos primeros meses, salvo uno o dos fines de semana, los pasamos íntegramente trabajando en Valladolid. Ciudad tranquila y agradable, que llegó a ser capital de España a principios del siglo XVII, Valladolid se había transformado en los años cincuenta con la llegada del desarrollo y, concretamente, de la fábrica de FASA-Renault. La expansión le había aportado influencia, vitalidad y prosperidad, pero había perjudicado a su patrimonio arquitectónico y urbanístico. Nosotros intentamos darle un nuevo impulso sin caer en los mismos errores. Gracias a aquellos esfuerzos, que mantuvimos cuando llegamos al Gobierno, a su elección como capital de la comunidad autónoma y a la brillante ejecutoria de Javier León de la Riva, su alcalde desde 1995, Valladolid tuvo una segunda fase de expansión en los años noventa. Hoy es una ciudad moderna y bien conectada, incluso por el AVE.

Pasamos nuestro primer verano en una finca alquilada llamada Villacreces, que tiene una situación privilegiada, sobre la margen del Duero, en el término municipal de Quintanilla de Onésimo. En aquel momento Quintanilla estaba gobernada por el Partido de los Trabajadores, una escisión del Partido Comunista auspiciada en 1985 por Santiago Carrillo y sus seguidores. Su alcalde se llamaba Antonio Castrillo. Al cabo de algún tiempo, todos los concejales, salvo uno, serían del Partido Popular y además grandes amigos míos.

En Villacreces hacíamos una vida muy familiar, con los niños como grandes protagonistas. Dábamos largos paseos por la ribera del Duero, con el que lindaba la finca, que entonces no estaba dedicada a la producción de vino. Muy cerca estaban la célebre bodega Vega-Sicilia y las también prestigiosas de Pesquera; un poco más lejos se alzaba la cabecera de la comarca, Peñafiel, con su espectacular castillo, y en la orilla de enfrente estaba el municipio de Valbuena de Duero, con su célebre monasterio cisterciense, hoy estupendamente restaurado.

Allí pasamos varios veranos. Allí Alonso dio sus primeros pasos y José María asistía, sin moverse y absorbiéndolo absolutamente todo, a mis conversaciones políticas. Por allí pasaron todos los dirigentes del PP y allí empezaban siempre los cursos políticos del partido después de las vacaciones de verano. La zona es hoy símbolo de prestigio y prosperidad, y estoy orgulloso de haber apoyado en todo lo que pude su desarrollo.

En lo personal, los años de Valladolid fueron muy felices. Y, en lo político, de enorme actividad. Teníamos mucho por hacer. Había que resolver los problemas provinciales y territoriales internos del partido, empezando por la crisis abierta en León tras el desafío planteado por Juan Morano, que entonces controlaba buena parte de AP en aquella provincia, con el apoyo del PSOE. Y, sobre todo, debíamos poner en marcha nuestro proyecto para Castilla y León. En esa tarea conté con la colaboración de dos personas que se habían opuesto inicialmente a mi candidatura y con los que trabé una fructífera relación: Rodolfo Martín Villa y José María Cuevas.

Yo tenía claro lo que quería hacer como presidente de la Junta. Debíamos hacer una contribución a la política nacional y no debíamos caer en la dinámica absurda de intentar reproducir o emular la estructura del Estado en la comunidad autónoma, que ya entonces me parecía letal para la evolución de nuestro Estado autonómico. Yo quería hacer un Gobierno autonómico con una expresión nacional y que no se rigiese por cuotas territoriales. Un Gobierno que desmintiese el mito de la hegemonía socialista y que demostrase que era posible hacer las cosas de manera distinta y hacerlas bien. Y un Gobierno independiente, que no incurriese en algunas prácticas de las que yo había sido testigo en la política nacional.

Desde el primer momento, intenté frenar esas prácticas. Al poco tiempo de ser investido presidente recibí la visita de un empresario importante y muy conocido a escala nacional que vino a preguntarme qué había que hacer para trabajar en Castilla y León. Le contesté que había unos procedimientos públicos con sus concursos correspondientes a los que se podía presentar. El empresario me miró y me dijo: «Creo que no me he explicado bien. Lo que quiero saber es qué es lo que hay que hacer para trabajar aquí. Quiero entenderle bien». Le repliqué: «Me está usted entendiendo perfectamente». Insistió: «Lo que quiero saber es qué es exactamente lo que hay que hacer para trabajar aquí». Y yo le respondí: «¿Sabe lo que hay que hacer para trabajar aquí? ¿Ve usted esa puerta? Pues la abre por dentro, sale y la cierra por fuera. Y después, si quiere, acude a los procedimientos y concursos públicos, y si no quiere, no lo hace». La entrevista duró minuto y medio.

Nuestra llegada a la Junta supuso un punto de inflexión en muchos sentidos. Nuestra primera decisión política fue hacer un Gobierno lo más pequeño y austero posible: redujimos de siete a cinco las consejerías. Eliminamos direcciones generales y acabamos con la inflación de delegaciones territoriales. Cuando llegamos, había 63 delegados, uno por consejería en cada una de las nueve provincias. Los suprimimos y creamos la delegación provincial única. La poda afectó al conjunto de la Administración. En un gesto que tuvo una gran repercusión mediática, suprimimos las tarjetas Visa del presidente y los consejeros.

La austeridad llegaba hasta el punto de que, para reducir gastos, los consejeros que no eran de Valladolid compartían piso. Juan Carlos Aparicio, que más tarde fue un eficaz ministro de Trabajo y un estupendo alcalde de Burgos, suele contar con mucha gracia su progresivo descenso a mayores niveles de penuria económica al tiempo que iba ascendiendo a puestos de más responsabilidad política. Al ser burgalés, Juan Carlos no tenía casa en Valladolid y tuvo que compartir residencia en un colegio mayor con Pío García-Escudero, que era nuestro director general de Urbanismo. Luego Pío fue diputado autonómico, senador y durante muchos años presidente del PP de Madrid, y hoy es el presidente del Senado.

El equipo de Gobierno era compacto y eficaz. A Lucas, que era el secretario general del partido y que me había prestado un apoyo incondicional antes y después de la campaña, lo nombré consejero de Presidencia y Administración Territorial. Juanjo conocía muy bien tanto al partido como a la Administración, y tenía experiencia de gestión porque había sido presidente de la Diputación de Soria. A Jesús Posada, que era amigo de Lucas porque compartían raíces sorianas, y que conocía bien los entresijos de la política regional como veterano miembro del Grupo Parlamentario y antiguo gobernador civil, lo designé consejero de Fomento.

Como consejero de Economía nombré a Miguel Pérez Villar, un abogado de León, que no tenía vínculos con la política pero que me interesó porque era extraordinariamente proactivo; tenía mentalidad de emprendedor. Enseguida entendió el mensaje que queríamos transmitir de dinamismo, modernización y reorganización presupuestaria para impulsar la inversión y fomentar las oportunidades en la región.

Para el cargo de consejero de Agricultura, Ganadería y Montes escogí a Fernando Zamácola Garrido, una magnífica persona y un muy buen profesional, cuya muerte en 2009 lamenté mucho. A Javier León de la Riva, a quien le había tenido que suplicar que aceptara un puesto en la lista peor del que se merecía, lo nombré consejero de Cultura y Bienestar Social. Me fijé en Javier en cuanto llegué a Valladolid. Tenía personalidad, aptitudes y criterio independiente, y fue un consejero muy competente.

Además de los miembros del Gobierno, hice otros tres nombramientos importantes: como portavoz del Grupo Parlamentario escogí a Miguel Ángel Cortés. Como jefe de prensa tuve claro desde el primer momento que la persona idónea era Miguel Ángel Rodríguez. Y como jefe de Gabinete nombré a Carlos Aragonés, al que había conocido en Madrid a través de Cortés. Carlos formó un buen equipo con Ana Mato, que había empezado a trabajar conmigo en 1982, cuando me hice cargo de la secretaría de Autonomías del partido, que siguió haciéndolo durante todos los años en la oposición y en el Gobierno, y que hoy es ministra de Sanidad. También se incorporó el entonces marido de Ana, Jesús Sepúlveda, a quien yo había convencido para que se viniera a Valladolid como gerente regional del partido.

La otra persona que estaba llamada a ocupar un puesto de responsabilidad era Fernando Navarro. Pero para consternación de todos los que le conocíamos, Fernando falleció pocas semanas después de que ganásemos las elecciones como consecuencia de una afección grave del estómago. En reconocimiento a su labor como gerente en Ávila, yo le había nombrado gerente regional de AP en Castilla y León. Fernando conocía muy bien el partido y la política menuda: la de los pueblos. No era un hombre de gran formación ideológica o política, pero era un muy buen gestor de personas. Sabía tratar a la gente. Era una persona dialogante y paciente; un hombre sencillo, humilde y trabajador, que en los momentos de dificultad siempre estuvo a mi lado. Era un gran amigo, un amigo incondicional, y sentí muchísimo su pérdida.

Ése era mi equipo: un grupo de personas jóvenes que estaban dispuestas a conquistar el mundo. Un mundo que empezaba pero no terminaba en Castilla y León. Así como el año previo a mi investidura había sido muy duro, muy difícil y de gran soledad, a partir de nuestra llegada a la Junta empezó una etapa grata, divertida, de mucha acción. Cada día se volcaban sobre la mesa del Consejo de Gobierno una gran cantidad de iniciativas; todo el mundo aportaba ideas; todos estábamos comprometidos; todos dedicábamos las horas que hicieran falta y hacíamos los sacrificios personales que fuesen necesarios para sacar nuestro proyecto adelante.

El nuestro era un proyecto nacional. Nosotros no habíamos llegado para construir una autonomía y menos un mini-Estado como el que pretendían instaurar otros líderes territoriales, sino para desarrollar una idea de España. Además, queríamos poner en marcha políticas nuevas, alternativas y claramente diferenciadas de las que defendía y ponía en práctica la izquierda. Por último, nos propusimos la modernización y reunificación de un centro-derecha lastrado por personalismos y focos de poder provinciales. Esto era fundamental. Había que impulsar un proceso de reorganización interna de Alianza Popular. Era una operación en dos direcciones: por un lado, teníamos que captar todo el voto de centro que antes se había decantado por la UCD y luego por el CDS. Por el otro, teníamos que superar la desconfianza y los enfrentamientos entre los distintos territorios, y eliminar los vestigios de un regionalismo que podía obstaculizar la construcción de un proyecto coherente. Eran dos retos importantes y difíciles, e iban a exigir de nosotros mucha capacidad de integración y de liderazgo.

La articulación política de Alianza Popular en Castilla y León era muy complicada porque era un partido que venía prácticamente de la nada en algunas provincias, donde todo el poder estaba en manos de UCD. La existencia de un competidor por el mismo espacio político, y un competidor de la envergadura de UCD, con un relato y un liderazgo atractivos, suponía un desafío de primera magnitud para nosotros, y así lo afrontamos. Recuerdo un mitin al que asistí en Medina del Campo acompañado por Miguel Ángel Cortés. Allí conté que en las primeras elecciones generales yo había votado a UCD. El auditorio reaccionó con grandes aplausos y yo lo interpreté como una señal de que íbamos por el buen camino, por el camino de aglutinar todo el espacio electoral del centro-derecha español. Lo que Miguel Ángel, con su brillantez habitual, identificó como «todo lo que está a la derecha de la izquierda».

A la dificultad de aglutinar a un electorado hasta entonces disperso se sumaba la propia división territorial de AP. Alianza Popular en Castilla y León era un partido provincialista que no tuvo una organización regional hasta que llegamos al Gobierno. Las organizaciones provinciales pesaban mucho y cada una tenía su idiosincrasia y sus problemas. Si los de Burgos se consiguieron reconducir tras nuestra llegada a la Junta, los de León tardaron bastante más.

En la etapa de UCD, el referente del centro-derecha en León había sido Rodolfo Martín Villa. Su contribución al diseño del mapa autonómico había provocado una fuerte división en el partido. Quienes defendían la plena integración de León como provincia en la nueva comunidad autónoma seguían a Martín Villa, mientras que los «leonesistas» apoyaban a Juan Morano. Alianza Popular, que en la etapa de UCD era poco relevante, estaba ligada y vinculada a la familia Suárez, de José María y Fernando Suárez, un hombre inteligente, de carácter un poco complicado, y un brillante parlamentario que llegó a ser vicepresidente del último Gobierno de Franco. El que vivía en León era José María Suárez, una excelente persona que mantenía una postura que, sin llegar a ser claramente rupturista con la comunidad, seguía siendo muy «leonesista».

Los «leonesistas» tenían mucho peso e incorporarlos requirió largas conversaciones, grandes dosis de paciencia, mucho trabajo y muchos dolores de cabeza. Se vivieron momentos muy difíciles. Recuerdo una anécdota del año 1985 o 1986, cuando yo todavía era presidente de AP en Castilla y León. Fraga tenía previsto un viaje a León y yo le sugerí que lo aplazara por el enfrentamiento entre José María Suárez y Juan Morano, que, tras la disolución de UCD, se había erigido en independiente. La respuesta fue característica de Fraga: «Mi querido amigo, yo no he aplazado un viaje en mi vida». Yo le dije: «Pues no lo aplace usted, pero sepa que las cosas allí están muy mal». No lo aplazó y tuvimos una reunión terrible en el Ayuntamiento de León. De las más desagradables que recuerdo. Al salir, Fraga reconoció: «Creo que este viaje debíamos haberlo aplazado. Esto está mucho peor de lo que yo podía imaginar».

Frente a las suspicacias y los recelos entre provincias, hicimos un esfuerzo de equilibrio e integración. Dentro de esa estrategia, decidimos que el Día de la Comunidad Autónoma se celebraría cada año en una ciudad distinta.

Si la situación de AP era especialmente difícil en Burgos y León, en el resto de las provincias tampoco era sencilla. En Valladolid, Santiago López Valdivielso siguió jugando la carta de la disidencia. Alberto Ruiz-Gallardón protagonizó alguna actuación por libre como candidato al Senado por Palencia, cargo que no llegó a desempeñar porque no salió elegido. En Segovia, donde ya había aterrizado Loyola de Palacio como senadora, el presidente del partido era un arquitecto, Pedro Antonio Hernández Escorial, al que había que sustituir. La verdad es que la reorganización y renovación interna de Alianza Popular en Castilla y León, desde un partido de taifas provinciales, con sus barones y caciques locales, a un partido unido y coherente, no fue nada fácil. Sin embargo, se hizo y creo que se hizo bien: contando con todo el mundo y siendo firme en lo que había que serlo.

Esa operación de renovación del centro-derecha fue de la mano, complementó y reforzó la que era nuestra principal apuesta política: una apuesta por un discurso y un enfoque más amplios, que no se limitase a la política pequeña ni a hacer lo mismo que habían hecho nuestros predecesores sólo que un poco mejor. Nosotros aspirábamos a cambiar las cosas.

En Castilla y León se puso en marcha la construcción de una alternativa de carácter nacional y liberal. Fue el punto de partida de un proyecto que pronto empezó a convertirse en referencia más allá de Castilla y León. Gobernábamos el territorio más importante en manos de Alianza Popular. Pero, además, estábamos poniendo en práctica unas políticas nuevas que llamaban la atención porque no eran habituales en España, porque marcaban una distancia muy clara respecto del socialismo, porque empezaban a marcar una tendencia hacia una articulación más o menos liberal de la política, y porque no se limitaban a la reivindicación autonómica, sino que se proyectaban hacia el conjunto de la Nación.

La diferencia entre nuestro proyecto y el de nuestros predecesores en la Junta, y el de los socialistas en general, se hizo visible de inmediato en el ámbito de la economía. En cuanto llegamos, establecimos nuevas relaciones con el empresariado local desde una defensa clara de la economía de mercado y una apuesta decidida por la conservación del medio ambiente. Creamos un gran parque de innovación tecnológica y pusimos en marcha el llamado «Plan de Empleo Joven», que dio buen resultado: en cuatro años, conseguimos reducir el paro de los jóvenes prácticamente a la mitad. Ejemplo de nuestra voluntad de romper moldes fue un discurso que pronuncié en Zamora en el que combinaba liberalismo y ecologismo sensato. Era y sonaba completamente nuevo, y tuvo un fuerte impacto en la región. Unos años después, en 1993, aquel discurso tendría su plasmación en la creación del Instituto de Ecología y Mercado, que pusimos en marcha a través de la FAES y cuya presidenta fue Esperanza Aguirre.

Pero lo que más sorprendió a propios y ajenos, lo que realmente fue un punto de inflexión en la vida política de Castilla y León, y no sólo de Castilla y León, fue el cambio de enfoque y de discurso político que supuso nuestra llegada a la Junta: que hablásemos de disciplina fiscal, de recorte de gastos superfluos, de rigor y seriedad en la administración del dinero público. En definitiva, de austeridad. Era un discurso que contrastaba radicalmente con aquella actitud socialista que el entonces ministro de Hacienda había resumido a la perfección cuando dijo que España era el país de Europa en el que uno podía hacerse rico más rápidamente, circunstancia que algunos aprovecharon al pie de la letra.

El Partido Socialista, que no había contado con ganar en Castilla y León en 1983 y ganó, y que no había contado con perder en 1987 y perdió, estaba desconcertado con estas iniciativas. Desconcertado e irritado. La velocidad a la que íbamos tomando decisiones de toda índole en aplicación de un modelo liberal de eficacia, eficiencia y austeridad descolocó por completo a nuestros adversarios. Quizás por eso se inventaron aquel disparate de que habíamos colocado grifos de oro en la sede de la presidencia de la Junta. Los únicos grifos de aquel edificio eran los grifos dorados que habían dejado sus antiguos inquilinos socialistas. Algunos periodistas de Madrid vinieron expresamente a verme con la intención disimulada de comprobar si los famosos grifos eran o no de oro. Era divertido verlos entablar una conversación que, inevitablemente, al cabo de pocos minutos, acababa derivando en una petición de ver los grifos, a la que por supuesto nosotros accedíamos de inmediato. De hecho, como algunos ciudadanos de buena fe se llegaron a creer la patraña socialista, tomamos una medida que causó un cierto impacto mediático: abrimos las puertas de la sede para que cualquiera que así lo quisiera pudiese visitar los cuartos de baño del presidente de la Junta para verificar con sus propios ojos que el oro brillaba por su ausencia. Más de uno lo hizo.

Junto con una política económica austera y liberal, también introdujimos importantes cambios en la política y las relaciones sociales en la comunidad. Nos propusimos mejorar la integración de Castilla y León. Queríamos modernizar la comunidad. Y queríamos también abrirla: darle una proyección nacional. En este empeño se enmarcan dos de las iniciativas del Gobierno que más eco tuvieron en su momento.

La primera fue la creación de la Fundación Las Edades del Hombre con el objetivo de difundir y promover el extraordinario patrimonio artístico-religioso de Castilla y León. La idea me llegó a través de Miguel Ángel Cortés y contó con el impulso del sacerdote José Velicia y el apoyo del arzobispo de Valladolid, don José Delicado Baeza. Pero el verdadero padre de la iniciativa fue ese Pla castellano que es el escritor José Jiménez Lozano, un gran humanista que años después recibiría el Premio Cervantes y con quien, durante muchos años, he mantenido correspondencia habitual; conservo y, en ocasiones, releo las cartas que me envió desde el pueblo en el que vive, Alcazarén, en la provincia de Valladolid.

La iniciativa de Las Edades del Hombre tuvo una gran acogida tanto dentro como fuera de la comunidad y se consolidó como un referente cultural nacional con proyección incluso internacional. La primera exposición en la catedral de Valladolid fue un éxito extraordinario y recibió la visita de más de un millón de personas. El objetivo era explicar a través del arte el valor de la cultura cristiana en el mundo y mostrar el riquísimo patrimonio artístico de Castilla y León, que a su vez aprovechamos para rehabilitar y recuperar. La iniciativa de Las Edades del Hombre se prolongaría con nuevas ediciones: en Burgos, en León..., incluso en Amberes y en Nueva York. Y sería emulada por muchas comunidades autónomas, entre otras por Galicia y Cataluña, con el «No Tempo» y el «Mil·lenari», respectivamente.

La segunda idea con repercusión más allá de la región fue la de conceder a Don Juan, padre del Rey Don Juan Carlos, la medalla de oro de Castilla y León. Antes de dar el paso de hablar con Don Juan, fui a ver al Rey para obtener su visto bueno a la iniciativa. Era la primera vez que tenía una audiencia con él y decidí seguir los consejos que me había dado Antonio Fontán para las relaciones con Su Majestad. Eran consejos muy interesantes desde el punto de vista de la ortodoxia monárquica, pero algo menos útiles aplicados a las relaciones con Don Juan Carlos. Fontán me había dicho dos cosas. La primera era que «al Rey no se le toca; se le da la mano, pero no se le toca». Eso hice, y en las fotos de la reunión aparezco rígido como una estaca. La segunda era que «el Rey lleva siempre la iniciativa en la conversación; no debes dirigirte a él salvo que él se dirija a ti». Así, tras el protocolario saludo y la protocolaria enhorabuena por mi elección como presidente de la Junta, me senté a esperar que el Rey tomase la iniciativa. Yo miraba al Rey. El Rey me miraba a mí. Ninguno de los dos decía mucho. En un momento de este torpe intercambio de frases y silencios le conté que habíamos decidido crear la medalla de Castilla y León, y que queríamos concedérsela al conde de Barcelona, para lo cual quería pedirle su aprobación. El Rey no me contestó. Durante un largo rato no me dijo nada del tema, mientras yo, cada vez más incómodo, pensaba: «Ya la he fastidiado». Al cabo de unos diez minutos, en un contexto totalmente distinto, Don Juan Carlos dejó caer: «Por cierto, me parece bien lo de la medalla de oro al conde de Barcelona».

Poco después, en diciembre de 1987, visité a Don Juan en su casa de Puerta de Hierro en Madrid para transmitirle nuestro deseo de concederle la medalla de la comunidad. Don Juan y Doña Mercedes acababan de mudarse y la casa estaba a medio montar. El conde de Barcelona me condujo al salón, donde mantuvimos una larga y grata conversación. Don Juan aceptó la distinción, de la que dijo sentirse muy halagado. Se lo agradecí mucho. Don Juan era una persona de trato sencillo, consciente de su papel en la historia de España, agradecido por los reconocimientos que se le hacían, con mucha curiosidad por la política y una gran dignidad. Así lo afirmé en el discurso que pronuncié en la ceremonia de entrega de la medalla a Don Juan que organizamos en el monasterio de Santa Clara de Tordesillas; un discurso centrado en la defensa del patriotismo español, en el que intenté resumir el enfoque de reivindicación de las cuestiones comunes de España que quería imprimir al Gobierno de Castilla y León.

Tras la ceremonia, celebramos un almuerzo en Medina del Campo. Y a pesar del resbalón que sufrió en las escaleras del castillo de la Mota, que habíamos acondicionado con la mejor voluntad para la ocasión, me consta que Don Juan disfrutó mucho del acto.

El resultado de estas iniciativas fue que los focos mediáticos del resto de España, especialmente de Madrid, empezaron a centrarse en nosotros. La que al principio había sido descartada como una apuesta abocada al fracaso se convirtió en el centro de muchas miradas. Del escepticismo se pasó a la curiosidad y de la curiosidad a la expectación: ¿qué está pasando en Castilla y León? ¿Quiénes son éstos? ¿Quién es este Aznar? ¿Qué pretende? ¿Hacia dónde va?

La situación a escala nacional contribuía a alimentar el interés. El PSOE parecía consolidado para muchos años. El liderazgo de Hernández Mancha no acababa de cuajar y Alianza Popular no funcionaba. El desgaste iba en aumento. Tras la moción de censura de noviembre de 1987 contra Gerardo Fernández Albor y la consecuente investidura del socialista Fernando González Laxe, ya ni siquiera gobernábamos en Galicia.

Con el interés mediático empezaron también las peregrinaciones políticas a Valladolid. Por allí venía muchísima gente. Casi todos los cargos relevantes de AP y cada vez más periodistas. También venían emisarios de Madrid con intenciones desestabilizadoras, gente que intentaba animar a tal o cual procurador a tumbar al Gobierno autonómico, que entonces seguía dependiendo del apoyo del CDS. Para intentar frenar esos conatos de desestabilización, le pedí a Juanjo Lucas que fuera a Madrid a entrevistarse con Arturo García Tizón, quien se comprometió a imponer el fin de todos los movimientos y maniobras.

A pesar de nuestra exigua mayoría parlamentaria, nos convertimos en un punto de referencia dentro de un centro-derecha cada vez más escéptico respecto a las posibilidades de sus líderes nacionales e incapaz de forjar un proyecto alternativo al PSOE.

El Grupo Parlamentario de AP en el Congreso de los Diputados siguió menguando tras la marcha del PDP y del Partido Liberal. Hernández Mancha hizo varios intentos de establecer relaciones políticas con el CDS por la vía de hacerle ofrecimientos a Adolfo Suárez que pudieran evitar el regreso de Fraga. Fue inútil. Suárez no le hacía caso, probablemente porque en aquel momento todavía pensaba que tenía alguna posibilidad de recuperar el control del centro-derecha en España por sus propios medios. La verdad era que opciones tenía: con un Grupo Popular en proceso de descomposición, con una dirección de AP dividida y un CDS emergente, Suárez podría haberle hecho una OPA a Alianza Popular y haberse quedado con la mayoría de su estructura y su base social. Pero no lo hizo.

Más tarde, después de la refundación y la vuelta de Fraga, sí se alcanzaron acuerdos importantes con el CDS. En junio de 1989, se produjo la moción de censura contra el alcalde socialista de Madrid, Juan Barranco, vencedor de las municipales de 1987. La candidatura de AP había sido más votada en Madrid que la del partido de Suárez. Pero sumamos fuerzas con ellos y, el 20 de junio, Barranco fue sustituido por el candidato del CDS, Agustín Rodríguez Sahagún. Simultáneamente, el CDS apoyó a Alberto Ruiz-Gallardón para ser presidente de la Comunidad de Madrid, operación que al final no prosperó por culpa de unos tránsfugas.

Prácticamente en paralelo, en mayo de 1989, alcanzamos con el CDS una coalición estable en Castilla y León. Nuestro proyecto de Ley de Presupuestos para 1989 había sido devuelto tras prosperar las enmiendas a la totalidad planteadas por separado por el PSOE y CDS. Después de complejas negociaciones, llegamos a un acuerdo con el CDS para la aprobación de los Presupuestos. A cambio, entraron en el Gobierno dos consejeros de ese partido. Jesús Posada había tenido el gesto de poner su cargo a mi disposición y yo se lo había aceptado. Me dijo: «Si para garantizar la gobernabilidad necesitas mi consejería, la tienes a tu disposición». Le contesté: «Pues mira, ya que lo dices, sí la necesito».

Los pactos para la gobernabilidad de Castilla y León se cerraron en casa de Federico Trillo con el secretario general y número dos del CDS, José Ramón Caso, y vinieron precedidos de conversaciones mías con Adolfo Suárez en su despacho de la calle Antonio Maura, de Madrid.

Adolfo y yo habíamos coincidido por primera vez en el Congreso de los Diputados tras las elecciones de 1982. Lógicamente, él sabía que yo era diputado por Ávila, su provincia natal, y siempre se había mostrado atento conmigo. A mí me había impresionado y entristecido ver el trato que el PSOE había infligido a una persona como él, que había presidido durante cinco años el Gobierno de la Nación, que había contribuido de manera tan importante a la consolidación de la democracia en España, y que había mantenido una actitud tan valiente frente al golpe de Estado del 23-F. La oposición había sido brutal, despiadada. Entonces se inauguró una forma de hacer política que por desgracia todavía subsiste en nuestro país y que consiste básicamente en promover la destrucción personal del adversario, al que no se le considera un interlocutor, sino un enemigo al que se intenta anular y aniquilar política o incluso civilmente. A falta de mejores argumentos, la campaña contra Suárez había sido de una crueldad infinita.

Con motivo de las negociaciones entre AP y el CDS, mi relación con Suárez se hizo más intensa. Nos veíamos de vez en cuando e intercambiábamos impresiones. Nos hicimos amigos y siempre me animó mucho. En aquellas reuniones en su casa de la calle Antonio Maura, Adolfo llegó a hacer varios intentos nada disimulados para cooptarme. Hasta me aseguró que algún día acabaríamos trabajando juntos. Tenía una gran simpatía personal y era generoso en sus elogios. Lo recuerdo sentado en su butaca reclinable, con la cabeza echada hacia atrás, mientras hablaba. En una de esas conversaciones, me dijo: «Qué bien lo estás haciendo. Qué envidia me das».

Un síntoma claro del creciente interés en la evolución de los acontecimientos en Castilla y León fue el cambio de actitud de los empresarios, empezando por José María Cuevas. Aunque nuestro discurso y proyección nacionales dieron pie a algunas críticas. Hubo quien me acusó de utilizar Castilla y León exclusivamente como plataforma para lanzar mis aspiraciones nacionales. No es verdad. Yo quería quedarme en Castilla y León. Disfrutaba de lo que estaba haciendo, tenía todavía muchos objetivos por alcanzar, y mis expectativas electorales eran muy buenas. Quería convalidar el éxito que estábamos cosechando y estaba convencido de que en las próximas elecciones podíamos obtener la mayoría absoluta, como de hecho sucedió con Juanjo Lucas como candidato. Además, AP no tenía en ese momento perspectiva alguna de ganar las siguientes elecciones generales; fuera quien fuese el candidato que se presentara por el centro-derecha, estaba condenado a perder.

Otra cosa era mi percepción de la situación a escala nacional. Desde Castilla y León, yo veía que ni la vuelta de Fraga ni la continuidad de Hernández Mancha representaban una esperanza de futuro sobre la que construir una alternativa sólida al socialismo. Mi intención era seguir trabajando, sin precipitar los acontecimientos, y que ese buen trabajo tuviera rédito en forma de un reconocimiento que quizás algún día pudiese merecer la consideración de alternativa. Pero los acontecimientos se precipitaron. Los tiempos se aceleraron y, con ellos, mis planes.

El Club Siglo XXI

El 29 de febrero de 1988, mi mujer, Ana, mi jefe de prensa, Miguel Ángel Rodríguez, mi secretaria, Cristina Alonso, y yo cogimos el coche para bajar a Madrid, plenamente conscientes de que íbamos a generar un revuelo. Llevaba varios días preparando la conferencia que me había comprometido a impartir en el entonces ya célebre y concurrido Club Siglo XXI. Lo hice con la ayuda y las aportaciones de varias personas: Carlos Aragonés, Miguel Ángel Cortés, Miguel Ángel Rodríguez y Pedro Arriola, que tenía entonces un gabinete de asesoramiento con una fuerte vinculación con la CEOE. Pedro es una persona capaz y preparada, y él y su mujer, Celia Villalobos, pronto se convirtieron en buenos amigos míos y de Ana. Pedro empezó a colaborar conmigo en Valladolid, y siguió haciéndolo de manera intensa en la oposición y luego en el Gobierno, desde donde le encargué varias tareas, alguna especialmente delicada.

En cuanto llegamos al Eurobuilding nuestros pronósticos se vieron confirmados: la expectación era inmensa. El hotel estaba a reventar de políticos, periodistas, empresarios y personalidades relevantes de la vida pública española. Al bajar de la habitación en la que nos instalamos a la espera de la hora fijada para el comienzo del acto, coincidí en el ascensor con Antonio Hernández Mancha. Yo no tenía previsto que él fuera a asistir a mi conferencia y, aunque no se quedó a la cena posterior, su gesto me pareció de gran altura política y elegancia personal.

Esa noche batimos todos los récords de asistencia a una conferencia del Club Siglo XXI. La sala estaba abarrotada de público y creo que nadie salió indiferente. La conferencia empezaba con un diagnóstico crudo del ambiente de resignación que dominaba el espacio político y social del centro-derecha: «A mi juicio, una cierta sensación de fatalidad recorre la vida política española. La creencia de que no hay una forma cierta de vencer al Partido Socialista. Ésta es una impresión generalizada que se extiende, a mi entender, como una epidemia por muchos sectores sociales y que impregna también el conjunto de la opinión pública». En mi opinión había que desmontar el mito que situaba el socialismo como un mal inevitable y así lo planteé: «¿Es que no existe una alternativa real a ese Gobierno, ni a su forma de gobernar, ni a su líder, ni al partido que lo sustenta?». Mi propuesta era que desafiáramos ese dogma: «Mi respuesta es que sí. Que es posible». Pero, para eso, me parecía que primero había que hacer autocrítica e introducir cambios importantes en el centro-derecha: «Que es forzoso meditar sobre los errores que hayamos podido cometer para ponerles remedio. Y que no hay que tener ningún miedo ni ningún temor por hacerlo. Es más, si no lo hacemos, todo seguirá más o menos como hasta ahora, es decir, el socialismo gobernando, la sociedad controlada, y la oposición satisfecha con el papel o con el papelito, según se entienda, que se le permita representar en la función».

En mi opinión, nuestro primer error era que nos habíamos instalado en el papel de oposición. Lo manifesté de manera explícita, consciente de que mis palabras podían no gustar, incluso a algunas de las personas que habían venido a escucharme:

«¿Acaso no será que lo único que pretende la oposición es sustituir a los que están en el poder para acabar haciendo más o menos lo mismo? [...] Lo más grave es que el centro-derecha, con torpeza a veces lamentable, se deje llevar, una y otra vez, a las trampas que se le tienden desde el poder. [...] Tenemos que preguntarnos si ésa es, ciertamente, la realidad. Si nos hemos quedado sin un proyecto y sin un programa. Tenemos que preguntarnos, al final, si un gobierno de centro-derecha haría la misma política que se ha venido haciendo hasta ahora. [...] El centro-derecha español en su conjunto ha dado —y es verdad— un lamentable espectáculo político en los últimos años. Ha sido devorado por un afán suicida que le ha llevado a centrar sus afanes en destruir lo propio antes que en combatir lo ajeno. [...] Casi un año y medio después de la dimisión de Fraga, ¿cuál es la situación? ¿Es igual? ¿Es mejor? ¿O es peor? [...] Se trata, al final, de saber si estamos decididos a mantener una estrategia de resistir sin ganar, o si, por el contrario, estamos decididos a diseñar una estrategia para ganar. No comparto —y me adelanto a decirlo— los criterios de quienes ponen sus objetivos en la consolidación permanente.»

Yo quería que el partido cambiara de actitud, que la gente de AP abandonásemos una resignación acomodaticia y pasásemos a un desafío constructivo: «Alianza Popular es, a mi juicio, quien con más urgencia debe pasar de lo que antes llamábamos una resistencia sin ganar a liderar una estrategia de victoria. Alianza Popular ha superado, en términos razonablemente positivos, la difícil situación que se produjo con la dimisión de Fraga. Y no ha sido poco, ni mucho menos. Pero Alianza Popular no debe de ningún modo conformarse con ello. Personalmente, yo no lo acepto».

A partir de ahí, intenté demostrar que izquierda y derecha no éramos lo mismo, «que no es indiferente quién gobierne», que «no es lícito convertir toda la política en la estrategia» y que «no puede ser lo mismo una política que otra». «Es hora de decir, llana y simplemente, que existe, que hay otra política posible, en economía y en lo demás.»

Luego formulé los grandes ejes de esa otra «política posible»: desde la política económica hasta la política exterior, desde el método de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional hasta el modelo de televisión pública. Planteé un programa de Gobierno para el centro-derecha basado en dos ideas fundamentales: el fortalecimiento de la sociedad civil y la recuperación del vigor democrático de España y de sus instituciones representativas.

Sabía que mi discurso sería interpretado como una postulación al liderazgo de AP. Anticipando las críticas, advertí de que sería un error quedarse en la superficie de las cosas y centrar la cuestión en asuntos meramente personales —«como si todo se solucionara en un triste quítate tú para ponerme yo»—, y animé al partido a iniciar un proceso que culminase en el diseño de un nuevo proyecto ideológico, de claro sesgo liberal, en el congreso ordinario previsto para principios de 1989. Pero cualquier intento de desviar el debate de los nombres hacia una discusión sobre las ideas y los proyectos hubiera sido inútil.

En la cena posterior a la conferencia, Alberto Ruiz-Gallardón —que entonces formaba parte relevante del equipo de Hernández Mancha y estaba sentado justo delante de mí— me preguntó si yo creía que Antonio Hernández Mancha podía liderar la alternativa que yo acababa de exponer. Le respondí que sí, que por qué no. En ese momento el periodista Luis de Olmo, que había asistido en calidad de oyente, pidió la palabra, cogió el micrófono y con su bien reconocible voz exclamó: «La derecha no levantará cabeza, ni le crecerá el pelo, ni tendrá posibilidad alguna de llegar al Gobierno de España, mientras no la lidere José María Aznar». Sus palabras cayeron como una bomba.

La conferencia del Club Siglo XXI tuvo una repercusión enorme. El mensaje se entendió perfectamente en todas partes. En los medios de comunicación y en los ambientes políticos madrileños se vio como algo nuevo, distinto, como una posición que tenía fundamento aunque estuviera aún por consolidar. Los que querían que se consolidara tenían interés en ayudar. Y los que no querían otro lío en el centro-derecha no tenían interés en criticarme. Desde el punto de vista de la repercusión en la opinión pública, fue uno de los pocos momentos en los que todo eran ventajas y casi no había inconvenientes.

Mi intención con la conferencia no había sido competir de manera directa o inmediata con Hernández Mancha. Sin embargo, no negaré lo evidente: sí pretendía expresar un deseo y quizás también una disponibilidad de cara al futuro. La repercusión de mi discurso me demostró que mucha gente estaba dispuesta a respaldar ese proyecto alternativo y a participar en él.

La reacción de Fraga fue positiva. No interpretó la conferencia como un desafío a su liderazgo porque no lo era. Fraga había dejado la presidencia del partido hacía más de un año, en diciembre de 1986, y desde junio de 1987 era eurodiputado. A pesar de la distancia, manteníamos nuestra buena relación. Venía a menudo a verme a Castilla y León; valoraba los esfuerzos que hacíamos desde la Junta para poner en marcha un proyecto de modernización; y tomaba nota de las diferencias crecientes entre la situación del partido en la comunidad y en el conjunto de España.

Pero Fraga también tenía su hoja de ruta. Tenía su plan de vuelo preparado con un objetivo al que no había renunciado: quería volver a intentarlo. Su posición era la de un político puro, con ambición de poder. No se resignaba a aceptar que no iba a llegar. Y, fuera o no a llegar, quería seguir controlando el futuro del partido con todas las consecuencias. Buscaba apoyos. Yo creo que entonces él ya intuía que la operación Hernández Mancha no iba a cuajar. Su actitud era más bien expectante: «Si sale bien, bien. Y si no sale bien, aquí sigo yo».

En julio de 1988 tuve una conversación con Antonio que, para mí, fue definitiva. Recuerdo que le pregunté: «¿Me puedes decir qué es lo que quieres hacer con este partido?». Me contestó: «No tengo ni idea».

Unos meses después, en otoño, hablé seriamente con Fraga. Consciente de que él quería apurar sus tiempos, preocupado porque no acababa de tomar cartas en el asunto, y harto ya de las maniobras contra mi Gobierno orquestadas desde nuestro propio Grupo Parlamentario en la Cortes de Castilla y León, le dije: «Don Manuel, o vuelve usted, o anuncio yo la presentación de mi candidatura». Fue un órdago. Y funcionó.

La refundación: frustración y oportunidad

La verdad fue que nadie se opuso abiertamente a la vuelta de Fraga en el IX Congreso, que se celebró a finales de enero de 1989. El «Congreso de la Refundación», como vino a llamarse, sirvió para integrar a todas las corrientes —democristianos, liberales e independientes— que en los meses previos se habían alejado del partido. Alianza Popular pasó a denominarse Partido Popular y, en buena medida gracias a los contactos y esfuerzos de Marcelino Oreja, nos acercamos a la CDU alemana y al Partido Popular Europeo. Francisco Álvarez-Cascos fue elegido secretario general y yo fui designado como uno de los seis vicepresidentes, junto con Miguel Herrero, Abel Matutes, Marcelino Oreja, Félix Pastor e Isabel Tocino. Muy poco después se sumaron Javier Rupérez y José Antonio Segurado.

Tras la refundación, el ambiente en el partido era mucho más positivo y razonable, pero todavía nos lastraban algunas de las limitaciones de siempre: había tantas agendas personales como personas en los aledaños de la dirección del partido y, en cambio, muy poco proyecto político. En todo caso, la percepción generalizada era que existía una nueva oportunidad, una oportunidad real que todavía había que articular y que de momento carecía de un liderazgo claro. Como Fraga había anunciado que quería encabezar la candidatura a las próximas elecciones a la Xunta de Galicia, la cuestión de la sucesión volvía a quedar abierta. Uno de los aspirantes más claros era Marcelino Oreja.

Marcelino Oreja había sido, entre otras cosas, delegado del Gobierno en el País Vasco, secretario general del Consejo de Europa y ministro de Asuntos Exteriores. Tenía un currículum muy brillante y desde Estrasburgo empezó a moverse y a recabar apoyos. Entre ellos, el de su sobrino, Jaime Mayor Oreja. Recuerdo varias conversaciones con los dos. A Jaime le preocupaba que yo hiciese algún gesto o movimiento que pudiese perturbar las posibilidades de Marcelino y me animaba a que le apoyase.

La plataforma de lanzamiento de Marcelino serían las elecciones al Parlamento Europeo de 15 de junio de 1989. La designación de Marcelino como cabeza de lista del PP fue interpretada por todo el mundo como una apuesta clara: al margen de cuáles fuesen las intenciones de Fraga, si obtenía un buen resultado intentaría ser el candidato del PP a las elecciones generales. Pero sus resultados no fueron buenos. El PSOE ganó las elecciones; el PP perdió dos escaños y 1.300.000 votos respecto a 1987, y el partido de José María Ruiz-Mateos irrumpió con dos eurodiputados.

Marcelino Oreja fue otro ensayo de sucesión de Fraga que no salió bien. Su eslogan de campaña había sido «Por una nueva mayoría» y, al final, la ansiada y proclamada mayoría no había asomado por ninguna parte.

Yo sabía que Marcelino lo iba a tener difícil para afianzar su liderazgo en el partido, entre otras cosas porque las bases y los cuadros del PP no le eran proclives: no lo consideraban «de la casa», de los suyos. Sin embargo, no dije ni hice nada que pudiera perjudicarle. Todo lo contrario, ayudé en lo que pude, aunque es verdad que durante la campaña electoral Marcelino visitó dos veces Castilla y León, y que en ninguna de las dos ocasiones pude acompañarle porque tenía compromisos previos que no podía anular. Con el tiempo me di cuenta de que tenía que haber anulado dichos compromisos para acompañarle. Fue un error que se malinterpretó y que yo no tendría que haber cometido. Meses después, en julio de 1990, tras el congreso de Sevilla, Marcelino, que era entonces responsable de las Relaciones Exteriores del PP, decidió presentar su dimisión con lo que, a mi entender, fue sólo una excusa. Estuvo mal aconsejado y sentí su decisión.

El resultado de las elecciones europeas generó una frustración enorme, tremenda. Habíamos creado el Partido Popular con el Congreso de la Refundación y pocos meses después cosechábamos un nuevo fracaso. Aprovechando el ambiente de derrota y desmoralización de una oposición desarticulada, y consciente de que no le quedaba más remedio que adoptar medidas serias ante el deterioro de la situación económica, a finales de agosto Felipe González anunció la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 29 de octubre.

El temor a una nueva debacle electoral derivó en una apuesta cada vez más generalizada por el cambio. La sensación de que ya no había más remedio que mirar la realidad a la cara y tomar decisiones drásticas se extendió por el partido. Y, en esas circunstancias, tomar decisiones sólo podía significar una cosa: había que nombrar a un candidato que no sólo estuviese dispuesto a abordar un reto que parecía imposible, sino que además tuviese alguna posibilidad de salir vivo del empeño.

Estaba dispuesto a asumir ese desafío, aunque nunca me manifesté en ese sentido ni hice el más mínimo movimiento. Un año antes, el 22 de julio de 1988, los periodistas José Oneto, Ramón Pi y Ernesto Sáenz de Buruaga me entrevistaron en Televisión Española. Me preguntaron si quería ser el líder del partido. Contesté que lo que quería ser era presidente del Gobierno. Fue una respuesta un tanto defensiva, porque entonces aún resonaban los ecos de mi discurso en el Club Siglo XXI. Pero resumía bien mi actitud ante la encrucijada que vivía el partido: necesitábamos una esperanza, un mensaje claro de que estábamos dispuestos a dar la batalla.

Tras las elecciones europeas empezaron los movimientos en el PP y sus aledaños para la elección de un candidato. De todos esos movimientos más o menos reservados, el más famoso, probablemente porque dio resultado, fue la reunión mantenida por Fraga con un puñado de dirigentes de la nueva generación del PP en su casa familiar de la localidad coruñesa de Perbes.

Hasta Perbes se trasladaron Francisco Álvarez-Cascos, Federico Trillo, Juanjo Lucas y Rodrigo Rato. Cada uno tenía su biografía y probablemente también sus preferencias o incluso sus ambiciones personales, pero actuaban como un grupo que había hecho su propia reflexión acerca de cuál de todos los posibles candidatos estaba mejor capacitado para afrontar la difícil tarea de salvar al PP en las elecciones generales. No habían hablado con Fraga hasta Perbes. El partido estaba al borde del precipicio. Los sondeos nos daban tres millones de votos. En palabras del propio Fraga, estábamos en la peor situación que había vivido nunca el partido; estábamos incluso peor que en 1979.

Paco Cascos era entonces el secretario general del partido y yo apenas le conocía. No teníamos trato ni relación personal. Juanjo era el secretario general de la Fundación Cánovas del Castillo y, como tal, estaba muy cerca de Fraga. Rato y Trillo habían sido nombrados secretarios generales adjuntos en la refundación y este último tenía influencia añadida como jefe de Gabinete de Fraga. Aunque no estuvo presente en aquella reunión, también ejerció cierta influencia, pero en contra de mi candidatura, José Manuel Romay Beccaría, a quien años después yo nombraría ministro de Sanidad y que hoy es presidente del Consejo de Estado.

Tres días antes de ir a Perbes, Juanjo Lucas vino a Valladolid. Quería verme. Quedamos para cenar en el restaurante El Pórtico. También estaba Ana. Juanjo venía a tantearme: quería proponerle mi nombre a Fraga, pero antes quería mi visto bueno. Empezó la discusión. Yo le dije que no quería dejar Valladolid. Que estaba cómodo, que el Gobierno había conseguido granjearse un apoyo creciente, que por fin habíamos conseguido superar un periodo de inestabilidad y que nuestras perspectivas eran excelentes. Juanjo se esforzó en convencerme de dar el paso. La conversación duró más de dos horas. Yo me resistía. Pero Juanjo me insistía en que debía moverme. Por el bien del partido y porque no seríamos capaces de responder a las enormes expectativas creadas en Castilla y León. Yo no aceptaba este segundo argumento y tenía dudas respecto al primero. Al final, fue Ana quien se puso del lado de Juanjo y dijo que creía que llevaba parte de razón. Al despedirme de Juanjo, por la ventanilla del coche, le dije: «Bien. Venga. Adelante. Estoy dispuesto».

Según me contaron luego los propios protagonistas, al día siguiente se reunieron Juanjo, Rodrigo, Paco Cascos y Federico Trillo en Madrid. Cascos planteó la necesidad de acudir a Perbes con una propuesta común con el argumento de que, si iban con propuestas divergentes, Fraga acabaría imponiendo la suya. En la conversación, surgieron varios nombres. Entre ellos, el de Miguel Herrero y el mío.

Al día siguiente, los cuatro se trasladaron a Perbes, donde Fraga los recibió haciendo referencia al lamentable estado en el que había quedado su casa tras el atentado cometido por los terroristas del llamado Exército Guerrilheiro do Povo Galego unos meses antes: «Bienvenidos a estas ruinas». Hablaron. Se propuso mi nombre como candidato. Pero Fraga contestó: «Si es José María, le tengo que dar también el partido». En el transcurso de la conversación, a los cuatro les quedó claro que Fraga estaba todavía en la idea de las vicepresidencias rotatorias y, sobre todo, en que la candidata a las elecciones generales fuese una mujer. No dijo su nombre, pero todos entendieron que se refería a Isabel Tocino. Hasta tal punto estaban todos convencidos de que Fraga escogería a Isabel como candidata que, al marcharse de Perbes, alguno llegó a llamarla para decírselo. Luego me telefonearon a mí desde un bar de carretera. Juanjo me dijo que la cosa estaba mal, que le habían insistido a Fraga en la importancia de elegir a la persona que tuviera más opciones, pero que aun así lo veían muy difícil. También hablé con Cascos, que compartía su opinión.

Pero un rato más tarde recibí una llamada de Fraga. Yo estaba en mi despacho de la Junta en Castilla y León. Lo recuerdo como si fuese ayer. Me dijo que había pensado que la persona con más cualificaciones y con más posibilidades para ir a las elecciones era yo, y me pidió que aceptara la candidatura del PP a las elecciones generales. Le dije que en principio aceptaba el encargo, pero que antes de darle una respuesta definitiva quería reunirme con él.

Veinticuatro horas después, nos reunimos en Madrid. Con la franqueza que merecía el asunto, yo le planteé a Fraga la que para mí era una condición irrenunciable: si yo era candidato, quería también tener el control del partido. Sabía que era un candidato para perder, estaba dispuesto a asumir la responsabilidad y a hacer absolutamente todo lo que estuviese a mi alcance para sacar un buen resultado, pero a cambio reclamaba el control del partido. Fraga aceptó y así establecimos la fórmula de la delegación de poderes mediante la que transformamos mi vicepresidencia en una vicepresidencia ejecutiva del partido. El 4 de septiembre de 1989, en la Junta Directiva Nacional, fui elegido, a propuesta de Fraga, vicepresidente ejecutivo con todos los poderes de la presidencia del partido y candidato del Partido Popular a las elecciones generales.

El día que hablé con Fraga coincidió con la cena que celebrábamos cada año al acabar el verano con todos los dirigentes y cuadros del partido en Quintanilla de Onésimo. No recuerdo la fórmula exacta que utilicé, pero en mi intervención dejé caer que probablemente tendría que asumir otras responsabilidades en un futuro muy próximo y abandonar Castilla y León. Al día siguiente, Ana y yo acudimos a la plaza de toros de Cuéllar a ver a nuestro amigo Espartaco. Fui recibido con ovaciones, en condición de cuasicandidato.

La despedida de Castilla y León fue muy dura para mí y supongo que también para mis colaboradores más cercanos. No es lo mismo ser el presidente de una comunidad autónoma importante que va bien que el candidato de un partido que se presentaba a unas elecciones sin ninguna expectativa de ganar. Lo que era una unanimidad de parabienes en Castilla y León se tornó en una mayoría de vituperios y críticas, en algunos casos procedentes de las filas propias. Para los menos partidarios, lo que antes era una esperanza inmaculada de futuro se había convertido ahora en un elemento que había que batir cuanto antes, no fuera a ser que se consolidara.

En septiembre nos vinimos a Madrid. Ana lo asumió bien, pidió el traslado y se incorporó como funcionaria en el Ministerio de Hacienda, pero para mis hijos el cambio de Valladolid a Madrid fue muy duro. Alonso era muy pequeño, pero a José María y a Ana les costó mucho dejar su colegio y a sus amigos. Quien peor lo pasó fue mi hija; estuvo tres meses llorando casi a diario. Lo superó porque lo asumimos, como siempre, todos juntos y con ganas de emprender una nueva etapa. Como nuestro piso de la calle Diego Ayllón, una bocacalle de Arturo Soria, estaba alquilado, estuvimos viviendo varios meses de prestado en el piso de una tía mía, hermana de mi madre, hasta que alquilamos una casa en el parque del Conde de Orgaz.

Era consciente de la situación crítica que vivía el partido y de los riesgos que asumía al aceptar la candidatura a las elecciones. Dejar Castilla y León y regresar a Madrid era una apuesta a todo o nada, que dependía de una sola cosa: si conseguíamos o no salvar los muebles.

Salvar los muebles

Salvar los muebles era algo más que salvar los muebles: era salvar el partido. Si cosechábamos un nuevo fracaso en las elecciones generales, si se generaba un nuevo desengaño y una nueva ola de frustración, el partido se iría a pique. Con todo lo que ello significaba. Cualquier atisbo de reorganización y modernización del centro-derecha se habría esfumado o, en el mejor de los casos, se habría postergado indefinidamente. Todas aquellas fuerzas que pretendían jugar desde dentro y fuera del partido para condicionar su evolución en direcciones distintas, todas malas y todas contrarias a un proyecto ganador, habrían triunfado. Nos jugábamos mucho. Yo, personalmente, por supuesto. Pero también el centro-derecha español y, por extensión, la alternancia democrática.

Tuve menos de dos meses desde que fui nombrado candidato hasta las elecciones generales. No tenía sentido, por tanto, introducir ningún cambio en el partido. Se trataba simplemente de asumir la nueva situación, dejar Castilla y León lo más ordenada posible —cosa que se hizo con la designación como sustituto de Jesús Posada a la espera de que Lucas regresase de la Fundación Cánovas— y de preparar la campaña electoral. Desde el primer momento dejé claro que Posada era mi sustituto hasta las elecciones, pero que el candidato sería Juanjo Lucas, que ganó por mayoría absoluta. En un mitin de esa campaña, y como agradecimiento a Jesús, le dije que sería ministro: lo fue de Agricultura y de Administraciones Públicas.

Como responsable de la campaña elegí a Rato, que colaboró estrechamente con Cascos, que seguía siendo el secretario general. Uno de nuestros principales objetivos era obtener fondos para la campaña, para lo cual tuve que hacer la preceptiva ronda entre los banqueros. Todos respondieron bien y nos echaron una mano, con la excepción de Emilio Botín, aunque no recuerdo si fue porque entonces no quiso ayudarnos o porque no se lo llegamos a pedir. Recuerdo la reunión que mantuve con Alfonso Escámez, entonces presidente del Banco Central. Fui a verle a la imponente sede que tenía el banco en la calle Alcalá, esquina Barquillo. Yo era un recién llegado que iba a pedirle fondos a Escámez, que tenía más conchas que un galápago. Antes de pasar al comedor, un camarero me ofreció un aperitivo. Tenía hambre y cogí un canapé. En cuanto me lo metí en la boca, me arrepentí: ardía. Mientras me abrasaba la boca, retumbaba en mi oído la carcajada de Escámez.

También mantuve reuniones con los hermanos Valls, del Banco Popular. En la sala donde me esperaban, en la sede cercana a la calle Diego de León, había una gran mesa cubierta de recortes de prensa con noticias sobre mí, lo cual no me gustó nada. Con Pedro de Toledo, del Banco Vizcaya, tuve una buena relación. Fernando Fernández Tapias, que entonces era presidente de CEIM, organizó una reunión en su casa. También tuve la oportunidad de estar con los Oriol, los Ybarra y con Cuevas.

Además de conseguir financiación, durante aquellos primeros meses al mando del partido, con las generales a la vuelta de la esquina, también tuve que hacer frente a la situación generada por los resultados de las elecciones europeas. En aquel momento, el partido de Jacques Chirac, el RPR, tenía Grupo Parlamentario propio en el Parlamento Europeo, y sus socios españoles eran los Ruiz-Mateos. Tuve que ir a Francia, a Arcachon, donde el RPR estaba celebrando su convención, a pedirle a Chirac que por favor no viniese a España en plena campaña electoral porque nos haría un daño tremendo. Chirac lo entendió perfectamente. Se comprometió a no hacer nada que nos pudiese perjudicar y cumplió. Fue el primer encuentro de una relación por momentos difíciles, pero fructífera y duradera. Recuerdo que intervine en el plenario de la convención y que luego acudí a una cena en la que estaban todos los principales dirigentes del centro-derecha francés: Alain Juppé, Michèle Alliot-Marie..., y también los más veteranos, como Jacques Chaban-Delmas o Maurice Couve de Murville, ambos primeros ministros con De Gaulle. Recuerdo que a la mañana siguiente de mi reunión con Chirac, muy temprano, llamaron a la puerta de mi habitación. Era Maurice Couve de Murville, que me traía un libro suyo dedicado. Tenía entonces ochenta y tantos años. Mucho tiempo después, en 2002, fui yo el invitado de honor en el congreso de la refundación del RPR en la actual UMP. Y ahí seguían casi todos —salvo Chirac, porque era presidente de la República—, con un añadido: la entonces estrella emergente de la derecha francesa, Nicolas Sarkozy.

Sólo me quedaba hacer las listas electorales y lanzarme a la carretera. No teníamos tiempo para más.

Hicimos la campaña electoral con pocos medios y en una situación interna de absoluta incertidumbre. Nos enfrentábamos a un poder inmenso: el de un socialismo prácticamente imbatible. Sabíamos que nuestra aspiración no era ganar, sino sencillamente sobrevivir: salvar los muebles y, si acaso, consolidar una posición que nos permitiese seguir avanzando.

Siempre pensé que el proceso que podíamos protagonizar a partir de 1989 duraría dos legislaturas: una primera legislatura de ajuste y modernización del partido, y en la que ejerceríamos una oposición consistente con el objetivo de acercarnos al PSOE; y una segunda legislatura orientada a convertir al Partido Popular en una alternativa con opciones reales de ganar. Tenía claro que sin un partido organizado no se puede hacer una oposición eficaz, y que sin una oposición eficaz no se puede ser una alternativa creíble. Eso suponía olvidarse de todas las operaciones artificiales al margen de la realidad en cenáculos madrileños y tertulias de café. Y significaba también que todos los juegos de vanidades y agendas personales debían desaparecer. Era el precio que había que exigir a cambio de empezar a construir un partido sólido. Pero antes de todo eso teníamos que hacer una buena campaña electoral, que en este caso eran dos: la campaña de las elecciones generales se solapaba con la campaña de las elecciones gallegas, convocadas para el 17 de diciembre, en las que Fraga se presentaba como candidato.

La campaña de las generales, de diseño clásico, con actos y varias ruedas de prensa en distintas ciudades cada día, me supuso un esfuerzo personal enorme. Fue una auténtica paliza. Todo en coche: levantarte en Bilbao por la mañana, dar un mitin en Santander al mediodía, otro en Oviedo por la noche, y llegar a dormir a La Coruña a las seis de la mañana del día siguiente sabiendo que a las diez de la mañana los periodistas te iban a preguntar otra vez por la sombra de Fraga. Siempre hacían las mismas preguntas: la sombra de Fraga, el aborto, la vieja derecha... Había traspasado la línea roja que separaba la resignación del desafío y, al traspasarla, me había convertido en un objetivo al que había que batir. Tenía la sensación permanente de estar a prueba. Todo parecía una gran trampa diseñada para acabar conmigo. Mi relación con Fraga era una cuestión que había que manejar con sumo cuidado porque era la primera vez que él no era el candidato en unas elecciones generales.

Una vez más, Ana hizo el esfuerzo de acompañarme durante toda la campaña. Miguel Ángel Rodríguez, también. Ellos, como yo, no creían en los sondeos, que llegaron a pronosticar que sacaríamos apenas ochenta diputados. Con todas sus dificultades y disgustos, en aquella campaña sentí lo mismo que había sentido al pedir el voto por los pueblos de Castilla y León: que la respuesta de la gente era creciente, que íbamos a más, que cada día teníamos más apoyo.

La actitud de Felipe González hacia mí era de total condescendencia. A mí esa actitud no me importaba. Supongo que pensaba: «Aquí me han puesto a uno con bigote que va a durar en la pista lo que yo tarde en darle un escobazo». Pero a mí ese menosprecio me daba igual. Como lema de la campaña escogí «Palabra». Primero, porque quería reflejar una característica que mucha gente me reconocía de Castilla y León, y es que era una persona seria y de fiar. Y, segundo, porque eso me distinguía de González. En esa estrategia de contraponerme a González, también decidí no contestar a las provocaciones, gracietas y descalificaciones de Alfonso Guerra. Me parecía un esfuerzo inútil y contraproducente, que sólo servía para distraer la atención de los debates y escándalos que afectaban al Gobierno, que era lo que, evidentemente, pretendía el PSOE.

Desde el primer día de campaña, intentamos demostrar cierto desparpajo y mucha determinación. Queríamos dejar claro que no veníamos a ser sacrificados, que lo íbamos a intentar con todas nuestras fuerzas y que, si sacábamos un resultado razonable, seguiríamos adelante, en la pelea, hasta conseguir nuestro objetivo de gobernar en España. Lo había hablado con mi equipo y con el partido. Les dije que no estábamos para perder el tiempo, sino para hacer lo que había que hacer: salvar los muebles para luego ganar.

El mitin más emotivo de la campaña fue el de Valladolid. Los militantes y simpatizantes de Castilla y León se volcaron con un candidato al que consideraban especialmente suyo. Pero también tuvimos nuestros disgustos. Recuerdo un mitin desastroso en Montjuïc, en Barcelona. La carpa estaba muy oscura, no sé si porque no había suficiente luz o porque el equipo de organización quería ocultarme el hecho de que había muy poca gente. Hacía un calor del demonio y en la mitad del mitin, mientras yo arengaba al público desde el escenario, una enorme gaviota que decoraba la trasera se fue desprendiendo poco a poco hasta caerse íntegramente al suelo.

Pero aquel episodio fue la excepción. Los mítines los organizaba muy bien Miguel Ángel Rodríguez: las imágenes y los mensajes que había que enviar a los medios, la duración de las intervenciones de los que me precedían... Miguel Ángel era un adelantado a su tiempo en la comunicación política y yo me dejaba guiar. Como candidato siempre he sido dócil. Bueno, relativamente dócil. Dócil respecto al programa de campaña, al itinerario, al lugar de celebración de los mítines y a las personas a las que debo ver y recibir.

Para esa campaña me reuní con los directores de casi todos los periódicos. Entonces estaban Luis María Anson en ABC, Pedro J. Ramírez en El Mundo, Pablo Sebastián en un diario que se llamaba El Independiente, Joaquín Estefanía en El País, Joan Tapia en La Vanguardia, y Antonio Franco en El Periódico. En la radio, las principales figuras eran Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo y Antonio Herrero. Junto con Luis Herrero y Federico Jiménez Losantos, Antonio había seguido de cerca mi trayectoria en Castilla y León, y me apoyó mucho.

La noche electoral fue particularmente intensa. Durante horas, los ordenadores del Ministerio del Interior estuvieron parados. Hubo denuncias de irregularidades en varias circunscripciones, entre ellas Melilla, donde se repitieron las elecciones unos meses después, con un resultado favorable para nosotros. Fueron momentos de mucho nerviosismo. Momentos en los que éramos conscientes de estar jugándonos la supervivencia. Pero, al final, lo conseguimos: salvamos los muebles. Y, además, en Madrid fuimos el partido más votado: le gané a Felipe González en Madrid y, desde entonces, el candidato del PP siempre ha ganado en la capital de España.

El 29 de octubre de 1989, el PSOE perdió nueve escaños. Se quedó con 175, a uno de revalidar por tercera vez su mayoría absoluta. Aunque la decisión de los diputados proetarras de Herri Batasuna de ausentarse del Congreso durante toda la legislatura permitió a los socialistas gobernar como si hubiesen obtenido esa mayoría absoluta, psicológica y políticamente el golpe fue importante. Sobre todo porque el PP había conseguido lo que nadie había previsto que fuese a conseguir.

Veníamos del peor momento de nuestra historia desde las elecciones de 1979. Nadie daba un duro por nosotros apenas unos meses antes. Y no sólo no perdimos escaños, sino que sacamos 107, dos más de los que teníamos. Ganamos en ocho de las nueve provincias de Castilla y León: Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. En tres de las gallegas: Lugo, Orense y Pontevedra. También en La Rioja, Navarra, Baleares y Madrid. No habíamos sumado muchos escaños. No habíamos protagonizado un vuelco. Pero no sólo no estábamos fuera de combate, sino que seguíamos vivos y dispuestos a seguir peleando para ganar. Y así lo demostramos pocas semanas después.

Salvar los muebles en las elecciones generales del 29 de octubre de 1989 fue determinante para que Fraga obtuviese la mayoría absoluta en las elecciones gallegas del 17 de diciembre. Yo me volqué en la campaña gallega, apoyando a un Fraga desbordante de fuerza y emotividad. Y ganamos. Fraga sacó 38 escaños; el PSOE, que gobernaba desde la moción de censura, se quedó en 28; y el BNG obtuvo 5. Celebramos la victoria con especial alegría y Fraga también con un punto de reivindicación personal. Su toma de posesión, realzada por más de mil gaiteiros, fue un reconocimiento espectacular a toda su trayectoria, y el Gobierno de la Xunta, un punto de anclaje perfecto para su pasión política.

Con nuestro resultado en las elecciones generales de 1989 se abrió un tiempo nuevo y esperanzador. A partir de ese momento, el Partido Popular comenzó una trayectoria ascendente que culminaría seis años después con la derrota del Partido Socialista y nuestra llegada al Gobierno de España. Fraga reconoció la especial trascendencia de nuestro esfuerzo en las elecciones generales de octubre de 1989 en un acto organizado con motivo de su victoria en Galicia. Parafraseando a Churchill, sentenció: «Nunca nadie hizo tanto en tan poco tiempo».

CAPÍTULO 4

De oposición a alternativa (1990-1993)

Moral de victoria

Una mañana de noviembre de 1989, después de las elecciones generales y antes de la constitución de las nuevas Cortes, recibí una llamada de Felipe González. Me pedía que fuera a verle esa misma tarde. Al parecer, le corrían unas enormes prisas por hablar conmigo de algunos temas europeos.

Nuestra conversación duró apenas media hora. Era evidente que no me había llamado para hablar de Europa, ni de la Unión Monetaria, ni de nada parecido. Europa había sido la excusa. Lo que de verdad había querido González era transmitirme un mensaje respecto a la importancia de la figura de Adolfo Suárez. Un mensaje que podía parecer tópico, ingenuo o incluso altruista, pero que en realidad escondía un interés partidista y personal.

El objetivo de González era consolidar la posición del Centro Democrático y Social (CDS) de Suárez, heredero de la UCD, como un colchón entre el Partido Socialista y el Partido Popular. La ocupación del centro por parte del PP se había convertido en una seria amenaza para el PSOE, sobre todo después de las elecciones generales de 1989, en las que los socialistas perdieron la mayoría absoluta. Evidentemente, yo no podía aceptar ningún tipo de «colchón». Mi proyecto consistía, precisamente, en extender el espacio político y social del Partido Popular hasta las fronteras con el PSOE; unir todo lo que estaba a la derecha de la izquierda. Hacia la derecha, ya no había terreno sobre el cual avanzar, pero hacia el centro, sí. Y yo no iba a renunciar a crecer por el centro. Esto no significa que yo cuestionase la importancia histórica de Adolfo Suárez. Al contrario. Quería que el PP se convirtiera en el depositario del legado histórico de la UCD y, por tanto, de Suárez. Quería convertir eso que el PSOE veía como una amenaza, y nosotros como una esperanza, en una realidad.

Mi objetivo era que el Partido Popular dejara de ser una oposición dividida y resignada, y se convirtiera en una alternativa real, con vocación de Gobierno y moral de victoria. Era un proyecto en tres tiempos. Primero teníamos que consolidar nuestras propias posiciones, lo que conseguimos en las elecciones generales de 1989. Después debíamos recuperar la herencia de la UCD, dando continuidad a su proyecto y acogiendo a sus votantes. Y, por último, una vez conseguido el objetivo de ser fronterizos con el PSOE, debíamos empezar a adentrarnos en los caladeros de votos socialistas. El primer hito en ese proceso de transformación del PP, de oposición en alternativa, fue el congreso de Sevilla de abril de 1990.

Con las elecciones generales de 1989, y sobre todo con la victoria de Fraga en Galicia, empezó una nueva etapa en la historia del PP y del centro-derecha en España. Las sospechas de irregularidades obligaron a repetir las elecciones en la circunscripción de Melilla. Disputamos las nuevas elecciones como un desafío realmente importante, porque lo era. El lema de campaña fue «La libertad tiene otra oportunidad». Ganamos y ese triunfo nos dio un diputado más y un nuevo espaldarazo político y mediático. El resultado se interpretó como la confirmación de que el Partido Popular había roto la maldición histórica que le condenaba a ser oposición y empezaba una nueva racha ascendente que desembocaría en un plazo razonable en el Gobierno de la Nación. En este contexto de entusiasmo generalizado llegamos a Sevilla, que fue el verdadero congreso refundacional del partido.

Decidimos organizar el congreso en Sevilla con la vista puesta en las elecciones andaluzas, previstas para el mes de junio. Sabíamos que aquéllas iban a ser unas elecciones especialmente difíciles para nosotros. Primero, porque Andalucía era uno de los territorios donde la distancia entre el PP y el PSOE era mayor. Y, segundo, por las circunstancias peculiares de nuestro partido en Andalucía, donde el «manchismo» tenía más arraigo frente a quienes encarnábamos la renovación.

El congreso tuvo lugar el 31 de marzo y el 1 de abril en el Palacio de Congresos de Sevilla. Llovía muchísimo. Sin parar. Sin embargo, dentro del hotel Colón, el clásico hotel de los toreros en el que nos alojábamos, el ambiente era festivo, alegre y primaveral. Todo salió bien. El congreso de Sevilla fue un éxito indiscutible. Conseguimos los tres grandes objetivos que nos habíamos propuesto: la reorganización interna del partido, una clara renovación generacional sin grandes traumas, y la reorientación ideológica del PP hacia el centro político.

En lo que afecta a la reorganización interna, nuestros propósitos eran dos. Queríamos reformar la estructura interna del partido para hacerla más ágil, moderna y eficaz. Y queríamos incorporar a gente nueva a los cargos de dirección: abrir el partido sin prescindir de nadie, salvo de quienes se quisieran autoexcluir. No era una operación fácil, pero salió muy bien.

Una de las decisiones más importantes fue la supresión de las vicepresidencias, que, a mi entender, constituían un elemento de distorsión en el partido. Así se lo dije a Fraga antes del congreso. Él me pidió que mantuviera dos: una para Marcelino Oreja y otra para Isabel Tocino. Pero le contesté que prefería eliminarlas todas y él lo aceptó. También le dije que habría un secretario general y nada más, y que ese secretario general iba a seguir siendo Paco Álvarez-Cascos, que había trabajado muy bien durante los meses de transición. A Fraga esta última decisión sí le gustó.

En aquellas semanas críticas para el futuro del PP, Fraga se limitó a plantear sugerencias con la mejor voluntad constructiva y respetó todas mis decisiones. Sin embargo, hubo tres focos de resistencia, cada uno con sus propias motivaciones. Uno lo encarnaba Miguel Herrero, que había interiorizado mal su derrota a manos de Hernández Mancha y que emprendió un camino complicado y de difícil retorno; tiempo después abandonó el partido. El segundo lo protagonizó Marcelino Oreja, a quien más adelante yo propondría como comisario de la Unión Europea, un cargo que desempeñó brillantemente. La tercera persona fue Isabel Tocino, que había sonado como posible sucesora de Fraga y a quien siempre tuve mucho aprecio. Afortunadamente, Isabel superó muy pronto su disgusto para implicarse a fondo en nuestro proyecto. Fue luego la titular del primer Ministerio de Medio Ambiente que tuvo España.

El nuevo organigrama del PP se parecía muy poco al que habíamos heredado de Fraga. Por debajo de Paco Álvarez-Cascos, nombré a dos vicesecretarios generales: Juanjo Lucas y Arturo Moreno. Juanjo era una persona de mi máxima confianza desde hacía muchos años, y Arturo era una de las incorporaciones nuevas del partido. Venía del Grupo Liberal y tenía una magnífica cabeza. Había diseñado la estrategia y los mensajes de las elecciones ganadas en Melilla y del propio congreso de Sevilla, con su inteligente lema: «Centrados en la libertad».

Para que les ayudaran en sus tareas, nombré a cuatro secretarios. A Gabriel Mañueco, que era mejor profesional que político y que entró por recomendación expresa de Marcelino Oreja, le encomendé las Relaciones Exteriores del PP. Juan Carlos Vera se hizo cargo de la Organización, responsabilidad que ha ejercido con tanta eficacia durante tantos años que ahí sigue. Carlos Aragonés, mi jefe de Gabinete, asumió la secretaría de Estudios y Programas. Y Guillermo Gortázar, que en su juventud había sido trotskista, pasó a dirigir la secretaría de Formación y Electoral. A Alberto Ruiz-Gallardón lo nombré presidente del Comité de Disciplina. Y, como elemento de continuidad, mantuve a Rosendo Naseiro al frente de la Tesorería.

En el Grupo Parlamentario, los dos nombramientos más relevantes fueron los de Rodrigo Rato como portavoz y Federico Trillo como vicepresidente del Congreso.

En cuanto al Comité Ejecutivo, lo reduje de 74 a 30 vocales, todos de muy distinta procedencia. Allí estaban, entre otros, Cascos, Soledad Becerril, Pío Cabanillas (padre), Gabi Cisneros, Tomás Sesteo —que era un sindicalista soriano que había llegado al partido de la mano de Félix Pastor—, María Teresa Estevan Bolea, Rodolfo Martín Villa, Abel Matutes, Jaime Mayor Oreja, Alejandro Muñoz Alonso, Otero Novas, Loyola de Palacio, Mariano Rajoy, Luis Ramallo —que tenía su protagonismo en el Grupo Parlamentario—, el cirujano Ramiro Rivera —que fue diputado—, José Manuel Romay Beccaría, Blas Rosales, Javier Rupérez, Isabel Tocino, Federico Trillo y Celia Villalobos. También estaban los tres portavoces parlamentarios (Rodrigo Rato, del Congreso; Marcelino Oreja, en el Parlamento Europeo; y José Miguel Ortí Bordás, un hombre inteligente al que había conocido muchos años atrás en Nerja y que ejercía ya como portavoz en el Senado), el presidente de Nuevas Generaciones, Tomás Burgos, y los presidentes autonómicos: Jesús Posada, de Castilla y León; y Gabriel Cañellas, de Baleares. Fraga no figuraba en el Comité Ejecutivo como presidente de Galicia, sino en calidad de presidente fundador del PP, un reconocimiento que creamos expresamente para él y que a Fraga le gustó.

La decisión de otorgar a Fraga el estatus de presidente fundador fue el resultado de una reflexión que me sigue pareciendo relevante hoy en día. Siempre he pensado que los partidos políticos tienen que respetar su historia, sus raíces y sus tradiciones. No tanto por un sentimiento de deuda política o personal con el pasado, que también (la gratitud forma parte de la buena educación), sino sobre todo porque los partidos necesitan sus anclajes. Sobre todo, los partidos jóvenes, como lo era entonces y de alguna manera lo sigue siendo el PP.

La creación de la figura del presidente fundador fue, pues, un gesto de agradecimiento político y personal hacia Fraga, un reconocimiento a una figura histórica imprescindible, y un intento de consolidar un elemento de continuidad en la corta vida del PP. Siempre he defendido las instituciones fuertes y he intentado reforzar la continuidad institucional, potenciar nuestras raíces, nuestra historia. Que Manuel Fraga fuera nuestro presidente fundador entroncaba bien con la tradición histórica conservadora en España. Le daba al PP cierto sentido histórico frente a las conspiraciones y camarillas que habían lastrado algunas etapas de su pasado más reciente. Por ese respeto hacia la figura de Fraga y a lo que representaba en el partido, nunca utilicé su despacho en Génova. Fraga lo sabía y, aunque él tampoco lo utilizara mucho, apreció el gesto. Durante toda la campaña de las elecciones generales de 1989, y durante muchos meses después, permanecí en un pequeño despacho de secretaría, en la planta séptima.

El congreso de Sevilla demostró que preservar e incluso reivindicar la herencia del partido es perfectamente compatible con la renovación. Yo nunca he entendido la renovación como una resta. Para mí renovar siempre ha sido sinónimo de sumar. En Sevilla logramos sumar a mucha gente nueva al PP, siempre por la vía de incorporaciones y nunca de la exclusión. Y también en Sevilla asumí la presidencia nacional del Partido Popular con todas sus consecuencias. En las actas quedará que fue en el momento de la votación, cuando el 96 por ciento de los compromisarios apoyó mi candidatura. Pero en términos políticos o mediáticos, fue cuando Fraga, en uno de esos golpes de efecto tan suyos, se subió al escenario y, rompiendo en pedazos la carta de dimisión que yo le había entregado en vísperas del congreso, pronunció aquella frase que se convertiría en síntesis de la renovación: «¡Ni tutelas ni tutías!». El auditorio rugió.

Yo le había entregado a Fraga mi carta de dimisión en mano tres días antes de viajar a Sevilla. Fue en Génova, después de tener con él todas las conversaciones que debía tener: de explicarle mi decisión de suprimir las vicepresidencias y mantener a Cascos, mi estrategia de ampliar el partido por el centro, y mi idea de crear la figura de presidente fundador del PP. Era una carta breve, sin fecha, redactada en términos afectuosos y en la que no daba ninguna explicación de mi decisión porque no hacía falta darla:

«Querido D. Manuel: Quiero comunicarle por medio de estas líneas mi dimisión como Presidente del Partido Popular. Siempre he procurado ejercer mi responsabilidad anteponiendo a cualquier otra consideración el interés del Partido y, por encima de todo, lo mejor para la sociedad española. Al tomar esta decisión estoy convencido de hacerlo una vez más. No tengo palabras para agradecer tantas muestras de afecto, apoyo y consideración como he recibido de usted y que tan sinceramente agradezco. Reciba el reconocimiento y afecto junto con un fuerte abrazo de su amigo, José María Aznar.»

Mi intención al escribirla, después de todo lo ocurrido, era dejar claro que me hacía cargo del Partido Popular con todas sus consecuencias; que estaba dispuesto a ser medido por los resultados de mis esfuerzos y por nada más. Era una manera de decir: «Vengo a cambiar esta situación y vengo a ganar; no pierdan el tiempo en ninguna de las batallas típicas de la derecha. Si por algún motivo las cosas salen mal, la persona que tiene la autoridad moral dentro del partido y el estatus de presidente fundador estará facultada para decírmelo». En definitiva, quería que todo el PP supiera que yo no asumía el cargo de presidente nacional del PP para pelearme con el presidente fundador ni para perder el tiempo en rencillas internas, sino para intentar ganar al Partido Socialista. Si lo conseguía, bien. Si no, no íbamos a perder el tiempo.

Cuando le entregué el sobre cerrado en Génova, Fraga masculló: «Tengo la impresión de que esta carta no me va a gustar». No me dijo ni una palabra más hasta el congreso, donde, fiel a su estilo, la rompió delante de todo el partido y dejó los trozos de papel tirados sobre el atril. Fue Cascos quien, también fiel a su estilo y sin que yo lo supiese, recogió esos trozos y los recompuso. Años después, cenando una noche en su casa, Paco me dijo, con una sonrisa traviesa: «Yo tengo una cosa que tú no sabes que tengo». Me dirigió hacia un secreter con vitrina donde, para mi sorpresa y emoción, encontré mi carta a Fraga reconstruida. Paco la sigue guardando en su casa.

Junto con la reorganización interna del partido y la delimitación de mi relación con Fraga —es decir, la afirmación de mi propio liderazgo—, la tercera gran aportación del congreso de Sevilla fue la redefinición ideológica del PP. En Sevilla empezó lo que interna y externamente se dio en llamar «el viaje al centro», un proceso recibido con gran entusiasmo por amplios sectores sociales y con el que aspirábamos a captar el electorado que a finales de los años setenta había votado a la UCD.

La apuesta por el centro político se plasmó en las ponencias del partido y en un decálogo de propuestas que aprobamos con amplia repercusión mediática: la reducción del gasto público, la bajada de impuestos, la libertad de elección en la enseñanza y la sanidad, una Administración más austera y reducida, la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, la recuperación del crédito de las instituciones y el Estado de derecho, el rechazo total al diálogo o la negociación con ETA... Presentamos al Partido Popular como un partido reformista, centrado e independiente. Reformista, porque ése iba a ser nuestro proyecto político: un proyecto de reformas y regeneración de la vida política, institucional, económica y social española. Centrado, porque queríamos ocupar todo el centro político, sin compartir ese espacio con nadie, aglutinando todo lo que estuviera a la derecha de la izquierda. E independiente, porque estábamos decididos a marcar nuestra propia agenda, sin hipotecas, compromisos ni deudas con nadie.

En definitiva, el congreso de Sevilla fue la ratificación del cambio iniciado con mi nombramiento como candidato a las elecciones generales del 89. Puso fin a la etapa que había empezado con la refundación de AP por parte de Fraga y marcó el inicio de otra. Un tiempo nuevo en el que un Partido Popular renovado en sus estructuras y en sus mensajes se lanzaba, con un ánimo y una determinación desconocidos hasta entonces en el centro-derecha, a la ardua pero apasionante tarea de ganar el apoyo mayoritario de los españoles en las urnas.

Ese ánimo, ese espíritu de equipo y ese afán de victoria podían palparse entre los dirigentes, cuadros y militantes del partido que abarrotaban el congreso, y consiguió contagiarse a los medios de comunicación. Las portadas y los editoriales de aquellos días hablaban de una etapa nueva en la historia del centro-derecha, de un hito imposible de imaginar apenas unos meses antes, del fin de la resignación y el principio de la esperanza. Ése había sido y siguió siendo siempre mi gran objetivo: conseguir que el porvenir de la derecha ya no dependiera nunca más de la izquierda. Quería que dejáramos atrás la mentalidad de resistencia y que pasáramos a la ofensiva, a la búsqueda del respaldo democrático de la mayoría para la regeneración y modernización de España. Así lo expresé en mi intervención ante el plenario del congreso: «Os pido que pasemos de una moral de resistencia a una moral de victoria». El partido respondió en bloque a ese llamamiento. El problema fue que la izquierda también. El Gobierno socialista y sus terminales judiciales y mediáticas decidieron aguarnos la fiesta. Y durante un tiempo lo consiguieron.

El contraataque

Agotados pero felices tras el éxito del congreso, Ana y yo decidimos aprovechar los días de Semana Santa para tomarnos una de las primeras vacaciones de los últimos años. Nos marchamos con los niños a Canarias, a un hotel que nos habían recomendado por tranquilo y por discreto. Al entrar por la puerta, en el hall de la recepción, nos recibió un señor muy ceremonioso, que nos dio la bienvenida en nombre de don Jesús. Cuando le di las gracias, me dijo: «Don Jesús no está hoy. Llega mañana. Pero me ha dado instrucciones para que les facilite cualquier cosa que ustedes puedan necesitar». Volví a darle las gracias, y el hombre prosiguió: «Don Jesús me ha dicho que le gustaría cenar con ustedes mañana». Le contesté: «Muchas gracias. Pero permítame una pregunta: ¿me podría usted decir quién es don Jesús?». El hombre me miró atónito y respondió: «Don Jesús. Don Jesús Polanco».

Polanco, que entonces acababa de lanzar Canal+ y estaba en la cima de su poder, no sólo era dueño del hotel en el que habíamos decidido refugiarnos del mundo, sino que iba a pasar unos días allí junto con la que entonces era su mujer, Mari Luz Barreiros.

El día siguiente lo pasamos entre la playa y la piscina. Los niños estaban encantados y nosotros, por fin, relajados después de tantos meses de trabajo y tensión. No regresamos a la habitación hasta última hora de la tarde. Al entrar encontré en el suelo una nota que el servicio del hotel había deslizado debajo de la puerta con el aviso de que llamara cuanto antes a la sede del partido en Génova. Entonces no teníamos teléfonos móviles. Llamé de inmediato a Cascos y, antes de que pudiera preguntarle nada, soltó la bomba: «Han metido a Naseiro en la cárcel por cohecho y financiación ilegal».

La noticia era tremenda y las implicaciones, también. La detención del tesorero era un ataque a la línea de flotación del partido. Sin más datos que los que nos había podido dar Cascos, que no eran muchos, Ana y yo nos arreglamos para bajar a cenar con Polanco y su mujer. Como es lógico, durante la cena hablamos de lo ocurrido. Polanco estaba perfectamente informado de todo. Sin embargo, su actitud fue la de restar importancia a lo sucedido. Me dijo que no me preocupara, que el asunto no parecía muy serio, que esas cosas pasaban. Cuanto más le escuchaba, más me inquietaba. Si a Polanco la detención del tesorero del PP le parecía un asunto menor es que yo tenía enormes motivos para preocuparme. No obstante, decidí no regresar de inmediato a Madrid. No quería contribuir a la sensación de urgencia, y además me advirtieron de que el hotel estaba rodeado de periodistas esperando un titular. Ana y yo aguantamos dos días más.

Cuando llegué a la sede de Génova, el ambiente era lúgubre. Itálica era una fiesta al lado del paisaje de desolación que me encontré al regresar a la sede del PP. No había nadie. Aquello era una casa vacía. Un campo de soledad. Sólo estaban Cascos, Félix Pastor y José Manuel Romay. Los reuní y les dije que estuviesen tranquilos, que superaríamos la situación y le daríamos la vuelta, y que yo iba a actuar con todas las consecuencias. Eso significaba tres cosas. Primero, que no iba a permitir que utilizaran este caso contra mí ni contra el partido. Segundo, que iba a exigir responsabilidades a todo aquel que hubiese cometido alguna irregularidad, si es que alguien había cometido alguna irregularidad, que eso estaba por ver. Y, tercero, que iba a gestionar el asunto con el máximo rigor y la máxima transparencia.

Luego me llevé a Paco Cascos a mi despacho y le dije: «Vamos a por todas con todas las consecuencias». Le encargué que asumiera la dirección política del caso. A Gallardón le pedí que, en calidad de presidente del Comité de Conflictos y Disciplina, llevara a cabo una investigación interna para averiguar si había habido algún comportamiento irregular o reprochable. Luego di instrucciones por escrito para que ningún militante hiciera declaraciones públicas sobre el caso sin mi conocimiento y autorización expresa. Los únicos autorizados para hablar en público del asunto eran Cascos y Rato. Finalmente, convoqué al Comité Ejecutivo y a los medios de comunicación para manifestarles la posición oficial del partido.

Esa posición se resumía en tres puntos. En primer lugar, la exigencia a los tribunales de la máxima diligencia en el esclarecimiento de los hechos. En segundo lugar, la solicitud de una comisión de investigación en el Parlamento para examinar las actuaciones del juzgado número 2 de Valencia y muy concretamente del juez Luis Manglano, que había ordenado la detención del tesorero del PP y del concejal en el Ayuntamiento de Valencia, Salvador Palop, ignorando todos los procedimientos y garantías propias de un Estado de derecho. Y, por último, la puesta a disposición de los tribunales y del Parlamento de toda la contabilidad interna del PP.

La persona que desempeñó un papel determinante en aquel durísimo trance para el Partido Popular fue Paco Cascos. Demostrando una inteligencia política y una capacidad de reacción fuera de lo común, Cascos consiguió convertir el caso Naseiro en el caso Manglano. Es decir, consiguió que el PP pasara de la defensa al ataque contra quienes, amparados por el poder y desde el propio poder, habían orquestado una operación para abortar la consolidación de una alternativa al socialismo en España.

El encarcelamiento de Naseiro tenía una doble motivación política. Por una parte, era una venganza o reacción al caso Juan Guerra, que había estallado unos meses antes, con serias consecuencias para el Gobierno socialista. Las sospechas, y más que sospechas, de que el hermano del vicepresidente del Gobierno había aprovechado sus conexiones con el poder para enriquecerse de manera ilícita habían obligado a Alfonso Guerra a comparecer ante el Congreso y, aunque el PSOE se había enrocado y había vetado una comisión de investigación, los efectos del escándalo salpicaron al conjunto del Gobierno. En una pirueta de alto riesgo, González llegó a ligar su futuro al de su número dos al anunciar que, si dimitía Alfonso Guerra, tendrían «dos por el precio de uno». Al final, sólo Guerra dimitió, pero la imagen de todo el Gobierno sufrió un fuerte desgaste que empezó a reflejarse en las encuestas.

Pero si las ansias de revancha probablemente desempeñaron un papel importante en la operación contra Naseiro y los demás cargos del PP, el temor a la consolidación del PP fue todavía más determinante. El PSOE había interpretado el congreso de Sevilla como lo que fue: el primer paso hacia el afianzamiento de una verdadera alternativa política al socialismo en España. Y decidió actuar. Decidió acabar con el niño antes de que el niño echase a andar.

Aunque yo no había previsto por dónde llegaría el ataque, el hecho de que nos atacaran no me sorprendió. En una entrevista concedida meses antes de la detención de Naseiro, acusé al PSOE de estar dispuesto a cualquier cosa con tal de preservar su hegemonía. Entonces algunos consideraron que exageraba, pero el tiempo me dio la razón. Mientras no osaras desafiar su poder, mientras no pusieras en jaque su control sobre lo que más que un Gobierno era un régimen, la izquierda estaba dispuesta a tratarte muy bien en lo personal. Pero si decidías plantarle cara, iban a por ti.

Conforme fuimos conociendo los detalles de la operación que había desembocado en la detención y encarcelamiento de Rosendo Naseiro y de un concejal del Ayuntamiento de Valencia, nos fuimos percatando de la dimensión del ataque del que estábamos siendo objeto. Naseiro había sido detenido en aplicación de la legislación antiterrorista y a partir de conversaciones telefónicas intervenidas y grabadas sin mandato judicial en el marco de una presunta operación contra el tráfico de drogas. Se ocultaron pruebas. Se pincharon conversaciones telefónicas que nada tenían que ver con el asunto supuestamente investigado. Se intervinieron teléfonos de personas sobre las que no existía el más mínimo indicio de criminalidad. Se eligió deliberadamente el juzgado de guardia al que se entregó el caso por las afinidades políticas de su titular. Datos teóricamente blindados bajo el secreto del sumario fueron filtrados a la prensa sin el más mínimo escrúpulo ni respeto por el principio de la presunción de inocencia.

Toda la operación había sido un atropello flagrante al Estado de derecho. Así lo confirmaría el Tribunal Supremo en 1992 al declarar nulas todas las pruebas realizadas durante el proceso. Y así lo denunciaría Rato en una intervención brillante y demoledora en el Congreso. El grupo aplaudía a rabiar. Expuso la hipocresía del PSOE, su nula legitimidad a la hora de exigirnos explicaciones tras su empeño en tapar las andanzas de Juan Guerra y, lo más grave, su complicidad en una operación diseñada con el objetivo de destruir al único partido que podía disputarle el Gobierno de la Nación.

En lo personal, como presidente recién estrenado del PP, fueron semanas muy duras, muy difíciles. Entre la alternativa de quitarme de en medio o liderar el partido, decidí dar la cara. Era consciente de la magnitud del ataque, de que el objetivo era tumbarme a mí y al nuevo equipo de dirección del PP, y también de que los españoles nos iban a medir por la respuesta que diésemos. Quería que la gente supiese que no teníamos nada que ocultar y que estábamos dispuestos a llegar hasta el final. Por eso, decidí pedir una comisión parlamentaria de investigación en el Congreso, que por cierto el PSOE rechazó. Y por eso también ordené que se llevara a cabo una investigación interna sobre la conducta de los cargos del PP.

Esto último fue, de lejos, lo más duro. Aunque las dudas acerca de la financiación del partido fueron muy fuertes, esto no era lo que más me preocupaba. De hecho, las acusaciones de financiación ilegal se centraban en una comunidad —la valenciana— donde el PP no tenía entonces ninguna responsabilidad de Gobierno. Lo más delicado eran las conductas personales, que las había habido de muy distinto tipo.

Primero estaban los que habían considerado que en determinadas circunstancias era aceptable que el partido se financiara mediante el cobro de comisiones, una práctica empleada por muchos partidos, pero que tanto Fraga como yo rechazábamos de plano. Luego estaban los que habían actuado movidos por intereses personales de espaldas al tesorero. Y, por último, estaban quienes, sin tener ninguna responsabilidad en las finanzas del partido ni haber cometido la más mínima irregularidad, se vieron enredados de la forma más absurda y desagradable. Es el caso de Arturo Moreno y de un grupo de jóvenes liberales cuya pretensión había sido ganar influencia dentro del PP. Una pretensión perfectamente lógica tratándose de un partido que estaba en proceso de formación y en el que el origen o la adscripción ideológica de cada uno —AP, democristianos, liberales...— no era un secreto para nadie. Otra cosa era que hubiese quien intentara aprovechar esa influencia en beneficio personal.

El gran damnificado fue Arturo Moreno, un hombre de un gran talento político que, tras soportar varias semanas de un auténtico calvario mediático, me presentó su dimisión como vicesecretario general. La primera vez, el 19 de abril, no se la acepté. La segunda, el 11 de mayo, sí. Con mucho dolor. La salida de Arturo fue una pérdida muy importante para el PP y, en lo personal, un golpe fuerte para mí. Arturo no era sólo uno de los mayores valores del partido. Era un buen amigo. En cuanto a los demás implicados, el concejal Salvador Palop fue expulsado del partido. Ángel Sanchís, que era diputado nacional y cuyas conversaciones con Palop estaban entre las intervenidas, tuvo que darse de baja como militante. Y Naseiro dejó el cargo de tesorero.

Además de las bajas personales, y del profundo disgusto que causaron a los afectados algunas de las conclusiones del informe elaborado por Gallardón, el caso Naseiro vino a tambalear el equilibrio entre sectores del partido alcanzado con mucho esfuerzo en el congreso de Sevilla.

Desde el principio, mi mensaje había sido claro: yo me hago personalmente responsable de todo lo que haya ocurrido en el partido desde que asumí la candidatura a la presidencia del Gobierno, a finales de agosto de 1989. Pero de lo que hubiese ocurrido antes de esa fecha, no podía ni debía. Sin embargo, hubo quienes entendieron el caso Naseiro como una oportunidad para cuestionar mi liderazgo y volver a repartir cartas. No sería la última vez, pero sí una de las más duras. Por ser la primera desde mi designación como presidente del partido y porque se desarrolló durante la campaña de unas elecciones, las andaluzas, en las que los miembros del nuevo equipo directivo nos sometíamos por primera vez al examen de las urnas.

Si digo que la campaña de las andaluzas de 1990 fue una verdadera pesadilla, me quedo corto. Técnicamente mala, con poquísimos medios, con las encuestas tozudamente en contra y un ambiente interno muy complicado, cada día parecía más difícil que el anterior. Nuestro candidato era el entonces presidente del PP de Jaén, Gabino Puche, una buena persona que más tarde se convertiría en un leal y eficaz colaborador, pero que en aquellos momentos me veía con profundo recelo. Él y los suyos me hacían responsable de la pérdida de poder andaluz en el partido y de la defenestración de Antonio Hernández Mancha, y con su actitud me lo hicieron saber. La soledad de aquellas semanas sólo puede compararse con la de mi primera campaña en Castilla y León. Con el agravante de que, dijera lo que dijese sobre la situación en Andalucía, hiciese la propuesta o el anuncio que hiciese, todas mis comparecencias públicas acababan girando en torno al caso Naseiro y sus derivadas. El resultado fue el que podía preverse y en mi caso temerse. Y las consecuencias, también. El PSOE repitió mayoría absoluta, nosotros no sumamos ningún escaño, y los malos resultados animaron a quienes buscaban la desestabilización del PP. Ese verano dimitió Marcelino Oreja. Y, también ese verano, Miguel Herrero hizo un nuevo intento de hacerse con el control del partido.

A mediados de agosto, fui a visitar a Fraga a Galicia. Me recibió en el jardín de su casa. Al verme, abrió mucho los brazos, en actitud paternal. Esas muestras de afecto eran insólitas en Fraga. Le conté cómo estaban las cosas: las dudas, los movimientos internos, las bajas... En un determinado momento, me dijo: «No te oculto que en estos días he pensado en la carta que me mandaste, pero he llegado a la conclusión de que no sería justo ni conveniente tomar ninguna decisión que no suponga tu continuidad con todas las consecuencias». Era Fraga en estado puro. Con esa frase me enviaba dos mensajes: uno de cierta vigilancia y otro de apoyo. Habían pasado sólo tres meses desde su famoso «¡Ni tutelas ni tutías!». Y aunque habíamos conseguido sobrevivir al primer gran contraataque del Gobierno socialista, todavía nos quedaba mucho tiempo y mucho trabajo para afianzarnos como alternativa. El socialismo seguía siendo una fuerza hegemónica, capaz de perpetuarse gracias a un control prácticamente absoluto de los resortes del poder y a una capacidad inusual para la demagogia.

El año 1990 terminaba con la imagen de Marta Sánchez cantando Soldados del amor a bordo de una abarrotada fragata Numancia, que el Gobierno socialista había enviado a la primera guerra de Irak. Muchos de sus tripulantes eran de reemplazo.

El Gobierno de González había decidido participar en la operación internacional de respuesta a la invasión de Kuwait por parte de Sadam Hussein. Yo le apoyé. Sin embargo, años después, no contaría con un respaldo recíproco en la segunda guerra de Irak. Y eso que, a diferencia de los socialistas, nosotros no enviamos ningún soldado a la guerra y que entonces ya no quedaba en España ningún recluta. Quizás sean distintas maneras de entender la política y el servicio al Estado. Para nosotros, el hecho de estar en la oposición, con su lógica dinámica de crítica política, no impedía que llegáramos a acuerdos esenciales con el Gobierno en asuntos importantes, como la defensa o la política exterior, o incluso en temas trascendentales de la política interna. Otro ejemplo son los segundos Pactos Autonómicos, que firmamos con el PSOE en la Moncloa el 28 de febrero de 1992. Nosotros estábamos trabajando sincera y lealmente en un proyecto de país. Y eso los españoles lo empezaron a reconocer.

Paro, despilfarro y corrupción

La primera señal clara de que el PP empezaba a despegar como alternativa fueron las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo de 1991. Nuestra victoria en muchas ciudades, algunas tan importantes como Valencia o Madrid, aunque no fuera por mayoría absoluta, transmitió la sensación de que algo estaba cambiando, de que el PSOE no era el adversario imbatible que propios y ajenos habían creído. En Castilla y León, ganamos en siete de las nueve capitales de provincia y obtuvimos la mayoría absoluta de los procuradores, lo que convirtió a Juanjo Lucas en el nuevo presidente de la Junta.

Tras una década en el poder, el proyecto socialista empezaba a dar muestras claras de agotamiento. Lo grave era que ese agotamiento se manifestaba en tres elementos que, juntos, se convirtieron en nuestro principal lema de denuncia: «Paro, despilfarro y corrupción».

El primer indicio de la degradación del «régimen» socialista había sido el caso Juan Guerra. Además de escandalizar a la opinión pública, la implicación del hermano del vicepresidente del Gobierno en un caso de corrupción tuvo efectos secundarios muy importantes en la vida política española porque sometió a una fuerte tensión al binomio González-Guerra, que había funcionado con gran eficacia desde el comienzo de la Transición. Todo el aparato de poder socialista descansaba en el reparto de papeles y funciones entre González y Guerra. Ese reparto de papeles no sólo se trasladaba al partido y al Gobierno, sino que también influía sobre sus muchas terminales políticas, económicas, sociales y mediáticas. El binomio González-Guerra se rompió tras el éxito de la huelga general convocada por los sindicatos en diciembre de 1988, otro síntoma claro del creciente desgaste sufrido por el PSOE entre sus propias bases, en este caso, el sindicato UGT. Aquellas dos fracturas simultáneas ponían de manifiesto una debilidad desconocida en el PSOE desde su arrolladora victoria de 1982.

Y en eso estalló el caso Filesa. Después de las graves acusaciones vertidas contra el Partido Popular, después del linchamiento de nuestros compañeros, después de las detenciones y las dimisiones, resultaba que el partido que se había financiado de manera ilegal era el PSOE. El caso Filesa irrumpió en el debate político en mayo de 1991 con la fuerza de un huracán. Según revelaban los medios de comunicación, dirigentes socialistas habían creado empresas ficticias con las que habían conseguido desviar hasta mil millones de pesetas a las arcas del partido. Tirando del hilo de Filesa, Malesa y Time Export, se fue destapando un entramado de corruptelas y comisiones en el que estaban implicados altos cargos socialistas, miembros del Gobierno, empresarios, financieros y conseguidores. Primero fue el caso Siemens; luego, el caso Ibercorp; después, el caso KIO... La corrupción se había extendido como una mancha de aceite a la sombra del poder, dejando en evidencia la degeneración de un proyecto que había nacido envuelto en proclamas de honestidad política y justicia social.

La España del pelotazo, de la beautiful people, de los banqueros honoris causa, de las privatizaciones entendidas como un mero reparto de lotes entre los amigos del poder, chocaba sin remedio con el discurso de una izquierda cuya única respuesta para la sucesión de desmanes que iban descubriendo la prensa y los tribunales era negarlo todo. En el debate sobre el estado de la nación de 1992, González llegó a decir que «España no tiene un problema de corrupción, sino de opinión pública». En mi réplica, yo le acusé de querer expulsarnos del sistema a todos los que denunciábamos la corrupción por lealtad y convicción democrática. Desde la prensa libre y los jueces hasta los partidos de la oposición. Así fuimos ahormando y afianzando nuestra propuesta de regeneración política e institucional. Los socialistas harían todo lo posible por deslegitimarla porque sabían que ponía en peligro no el sistema, como se empeñaban en advertir, sino sus intereses personales y de partido.

Si el estallido de la corrupción supuso un problema muy serio para el PSOE, el hecho de que coincidiera con una grave crisis económica colocó al partido por primera vez contra las cuerdas. Bajo la superficie optimista y exuberante de la España de los Juegos Olímpicos, la Exposición Universal y las celebraciones del Quinto Centenario del Descubrimiento de América —eventos, todos ellos, de un éxito indiscutible—, se estaba gestando una crisis de enormes magnitudes que afloró con crudeza tras el verano del 92. Los intentos de González de tapar la crisis con los fastos tuvieron el efecto contrario y, cuando las luces de la fiesta se apagaron, la crisis estalló con una fuerza aún mayor. Fue clausurar la Expo de Sevilla y empezar a devaluar la peseta. Hasta tres devaluaciones en ocho meses.

En 1993, la economía entró oficialmente en recesión. Miles de pequeñas y medianas empresas se fueron a la quiebra. El déficit público se disparó hasta el 7 por ciento, lo que obligó al Gobierno a introducir un fuerte recorte en el gasto sanitario y en las prestaciones por desempleo. Por primera vez, España superó los tres millones de parados. Los sondeos hablaban de desconfianza política y malestar social. En mayo del 93, el Banco de España se quedó sin reservas y recibimos una amenaza de expulsión del sistema monetario europeo.

Con la crisis, la economía pasó a dominar el debate político y parlamentario. El grupo del PP en el Congreso, con Rato a la cabeza, hizo un trabajo extraordinario, tanto de firme oposición al Gobierno como de presentación de propuestas alternativas. Simultáneamente, empezamos la tarea crucial de reforzar y ampliar nuestros contactos con todos los agentes políticos y sociales. En junio de 1991 me reuní por primera vez con Nicolás Redondo Urbieta, que entonces lideraba la UGT. Con él y, sobre todo, con su hijo, Nicolás Redondo Terreros, fui forjando con los años una relación cordial. Unos meses después volvimos a vernos, esta vez en la sede del PP, y llegamos a una serie de acuerdos que fueron interpretados como un acercamiento de posturas frente al Gobierno socialista. A José María Cuevas, que seguía presidiendo la CEOE, aquel encuentro no le gustó mucho. Y a González, evidentemente, tampoco.

En la tarea de acercamiento del PP a todos los agentes sociales desempeñaron un papel importante Celia Villalobos y Pedro Arriola. A diferencia de lo que había ocurrido en épocas anteriores, nuestra presencia en los congresos de UGT y Comisiones Obreras pasó a ser habitual. Recuerdo bien la primera vez que asistí a un congreso de UGT. Me acompañaba Celia Villalobos. Al terminar el congreso, todos los asistentes se pusieron de pie y, con el puño en alto, se lanzaron a cantar La Internacional. Celia me preguntó: «¿Y ahora qué hacemos?». Le contesté: «Pues levantarnos. Pero no cantes y, sobre todo, no levantes el puño».

Fue una época de muchos cambios en el partido. Nosotros no éramos rehenes de nadie ni nos debíamos a nadie ni a nada que no fuera el interés general. El interés general no consistía en plegarse a los sindicatos, pero tampoco pasaba por hacer lo que hacían entonces desde la CEOE hasta Adolfo Suárez y Miquel Roca: apoyar la política económica de González y Solchaga, que consistía esencialmente en presentar todos los meses un nuevo plan de convergencia y luego incumplirlo.

Fue entonces cuando se instaló en círculos políticos y mediáticos la idea, que pronto se convirtió en latiguillo y letanía, de que la del Gobierno era «la única política económica posible». Que no había alternativa. Que el déficit era inevitable. Que España tenía un problema estructural de paro. Y que quien dijera lo contrario lo hacía, en el mejor de los casos, desde la ingenuidad y, en el peor, desde el egoísmo y la irresponsabilidad. Sí, ya entonces se tachaba de «antipatriotas» a quienes criticaban la política económica del PSOE.

Nosotros no estábamos dispuestos a aceptar ni la resignación ni los intentos de acallarnos. Nos rebelamos contra el conformismo y nos lanzamos a la tarea de demostrar que sí había una alternativa económica buena para España. En un debate monográfico sobre el paro celebrado en el Congreso, le pedí a González que convocara elecciones anticipadas y presenté nuestra propuesta ante la Cámara: una propuesta de reactivación económica basada en la bajada de impuestos, la austeridad en el gasto público, la inversión productiva y la liberación de recursos para emprendedores y trabajadores.

A pesar de las dificultades y las resistencias, nuestro mensaje de recuperación económica y regeneración política empezó a calar con fuerza en los ciudadanos. En marzo de 1993, Felipe González, agasajado y premiado en el extranjero con las más altas distinciones, recibió un expresivo rechazo de los estudiantes en la Universidad Autónoma de Madrid. Nunca le había ocurrido nada igual. Un mes después, abrumado por el empeoramiento de la situación económica, la proliferación de casos de corrupción y las tensiones y divisiones entre los suyos, Felipe González convocó una rueda de prensa para anunciar el anticipo electoral. La legislatura quedaba finiquitada un año y medio antes de lo previsto. Empezaba la primera gran batalla electoral para el Partido Popular.

El fin de la hegemonía socialista

Yo había calculado que las siguientes elecciones generales iban a ser de acercamiento. Es decir, unas elecciones en las que nuestro objetivo iba a ser colocarnos a la menor distancia posible del PSOE. Pero como en política no es fácil controlarlo todo, y menos las circunstancias, la campaña del 93 fue una campaña para ganar. No sé lo que hubiese ocurrido si lo hubiésemos conseguido. Tengo la impresión de que habríamos llegado un poco pronto. Al proyecto político del Partido Popular le faltaba entonces un punto de cocción; un punto de desarrollo y de madurez. En todo caso, la sensación de que íbamos a por todas era generalizada y provocó todo tipo de reacciones. Algunas muy positivas.

Cuatro días después de que González anunciara el adelanto electoral, Camilo José Cela me envió un breve escrito dedicado, que guardo con afecto. Se titula «Retrato robot» y traza, con la prosa fuerte y directa que ya entonces le había valido el Premio Nobel de Literatura, el perfil del que en su opinión debía ser el próximo presidente del Gobierno. Dice así:

«Debe ser joven pero no bisoño, la juventud es una fuerza que se precisa para la política pero la bisoñería es algo que debe haberse dejado ya a la espalda. Debe tener cierta buena presencia pero no necesita ser ni parecer un maniquí ni un banderillero. Debe tener facilidad de palabra pero no dejarse arrastrar por ella ni menos aún usarla para disfrazar el pensamiento ni dejar las preguntas sin respuesta. Debe hablar el español sin acento alguno y el francés y el inglés con un ligero y patriótico mal acento. Debe no haber cortado amarras ni con la vida ni con la calle. Debe no presentarse jamás caracterizado de nada. Debe ser honrado a carta cabal y no ir jamás detrás del dinero; los grandes políticos que en el mundo han sido, no robaron porque supieron siempre que era el dinero el que iba tras el poder y no al contrario. Hace unos años hubiera dicho que debería haber comido con cubiertos de plata desde pequeñito; ahora ya no es preciso porque hay cuberterías de acero inoxidable muy originales y elegantes. También debe ganar las elecciones, claro es, pero sin olvidar que las urnas dan el poder, sí, esa noción que tiene un límite en el tiempo y en la intención, pero no obligadamente aportan la sabiduría o la prudencia. Se necesita un Presidente del Gobierno y se busca un hombre que se parezca, siquiera por aproximación, a este retrato.»

Las palabras de Cela, con sus referencias a la honradez, a la prudencia y a la contención en la administración del poder, y su exaltación de la normalidad como atributo esencial del buen político, reflejaban el estado de ánimo de una sociedad crecientemente desengañada por la crisis y por los escándalos de corrupción. Muchos españoles empezaron a rechazar lo que hasta hacía poco se consideraban modelos que imitar: los ricos, los poderosos, los famosos y los glamourosos. Y muchos españoles empezaron a depositar sus esperanzas en quienes hasta hace nada éramos considerados, como mínimo y por usar la terminología de Cela, algo «bisoños».

Fue esta doble impresión, de que íbamos a por todas y de que íbamos a más, la que provocó la reacción más visceral. Los poderes fácticos del país se unieron para cerrarnos el paso. Se trataba de una coalición política, mediática, económica e institucional de primer orden. La dirigían González y el PSOE. Tenían el apoyo de los tres grandes editores de periódicos: Polanco, Asensio y Godó, que formalizaron su acuerdo en el famoso «Pacto de los Editores». Contaba con la complacencia de buena parte del mundo empresarial, en particular del Instituto de la Empresa Familiar. Gozaba de un respaldo internacional muy importante, centrado en Helmut Kohl. Y obtuvo otros apoyos de gran relevancia.

Era una coalición anti-PP en toda regla, a la que se unieron muchas personas y grupos, incluidos algunos que negaban categóricamente haberse unido. Sus integrantes encontraban justificación en el argumento fácil de que «estos chicos del PP todavía no están preparados para gobernar». La realidad era que en cualquier caso habrían intentado bloquear nuestro avance. Prueba de ello fue la campaña electoral. Una campaña muy dura, en la que el juego limpio y la lógica confrontación entre adversarios políticos naturales cedieron ante los intentos de deslegitimación basados en fantasmas y falsedades. Los vídeos electorales del PSOE parecían documentales de la guerra civil, con imágenes de Primo de Rivera en Barcelona y de Franco en la batalla del Ebro. Tres años después, en las elecciones de 1996, se superarían a sí mismos con el famoso vídeo del dóberman, un hito en la historia de la publicidad negativa y la expresión más nítida de la impotencia y desesperación de un Gobierno que, a falta de un balance positivo que ofrecer, decidió congregar a todos los poderes fácticos del país con el objetivo de impedir la alternancia.

Uno de los pocos que se desmarcó de la coalición anti-PP fue el presidente del Banco Santander, Emilio Botín. Incluso llegó a acompañarnos a Rato y a mí a una presentación de nuestra alternativa económica en Londres. La verdad es que Botín siempre había hecho gala de una fuerte independencia respecto al poder político. Aunque quizás en este caso se mezclaban consideraciones de índole personal. Yo había sido el único político en acudir al funeral del padre de Botín, también conocido como don Emilio, un hombre controvertido que había sido buen amigo de Fraga, pero con quien en aquellos momentos pocos dirigentes políticos querían retratarse en público. Tengo la sensación, que nunca he contrastado, de que Botín había quedado sorprendido y agradecido por ese gesto, y que por eso nos apoyó.

En cualquier caso, el respaldo —o, por decirlo con mayor precisión, la neutralidad— de uno de los banqueros importantes del país no bastaba para compensar la capacidad de arrastre y pegada de la alianza forjada en torno al Gobierno. En una jugada que algunos calificaron de maestra, González fichó al juez Baltasar Garzón como número dos de las listas del PSOE al Congreso de los Diputados por Madrid. El héroe de la lucha contra el blanqueo de capitales se convertía así en la figura llamada a blanquear la corrupción del Gobierno. Como maniobra de despiste, desde luego no estaba mal. Aunque el plan original de González había sido bastante más espectacular.

Lo cierto era que Garzón había sido segundo plato. Antes, González había intentado fichar como número dos nada menos que a Adolfo Suárez. Los agasajos de González a Suárez llegaron a ser tan notorios, y sus relaciones con el aparato del partido y concretamente con Alfonso Guerra tan malas, que llegó a circular un rumor de que pretendía fundar en España un Partido Demócrata al estilo del de Estados Unidos. Al final no hubo operación Suárez ni Partido Demócrata, y quien entró en liza fue Garzón. Con su fichaje, González nos transmitía un mensaje: si vosotros vais a por todas, yo también.

En el partido no nos engañábamos. Por burdos que fueran los intentos de identificarnos con el franquismo, sabíamos que el voto del miedo todavía funcionaba en España. Por eso, en el XI Congreso del PP, celebrado en febrero, hicimos un esfuerzo por transmitir un mensaje de confianza y tranquilidad. En mi intervención ante el plenario, proclamé que «el cambio es una necesidad que está por encima de derecha e izquierda» y prometí a los españoles un Gobierno sin sectarismos ni revanchas: «Prefiero abrir las ventanas a levantar las alfombras, las cuentas claras a las auditorías de infarto, el aire puro al ventilador de la basura». La frase hizo fortuna. Pero conseguir un titular era más fácil que conseguir una mayoría. González iba a intentar explotar el miedo hasta sus últimas consecuencias. Donde mejor lo demostró fue en los debates de televisión.

Por primera vez en la historia de la democracia, los candidatos de los dos partidos con opción a presidir el Gobierno de España iban a verse las caras en un debate televisado. La expectación era inmensa. Y lo que nos jugábamos uno y otro, también. González aceptó debatir conmigo porque veía peligrar su mayoría. Y yo acepté debatir con él porque entendí que representaba una gran oportunidad.

Lo primero que hicimos fue nombrar a los equipos negociadores de ambos partidos. El nuestro lo formaron Paco Cascos y Miguel Ángel Rodríguez, que tras intensas discusiones acerca de la poca idoneidad de Televisión Española como posible anfitriona del debate por su evidente sesgo progubernamental, pactaron con los socialistas la celebración de dos debates, el primero en Antena 3 y el segundo en Telecinco. Una vez pactados el sitio, los moderadores, los tiempos y los temas, nos centramos de puertas adentro en la estrategia y el contenido.

Sobre todo nos concentramos en los temas y en la actitud que debía mantener yo en todo momento. Lo que no hice fue ninguno de esos típicos ensayos ante una cámara que te recomiendan los expertos en telegenia. Aunque sé que son útiles, nunca he tenido la paciencia necesaria para sobrellevarlos. En toda mi trayectoria política, sólo he hecho uno de esos ensayos. Fue ya en el Gobierno y recuerdo que la entrevista a la que me sometieron mis colaboradores fue mucho más dura que la que luego me hicieron los periodistas de verdad.

El primer debate se celebró el 24 de mayo y tuvo un seguimiento espectacular: lo vieron más de 9.600.000 personas, una cuota de pantalla superior al 60 por ciento. El ambiente a las puertas de Antena 3 reflejaba la división en la calle. Partidarios y detractores de uno y otro aplaudían o no según quién entraba. Ana Mato me acompañaba en el coche y recuerdo que le dije: «Estáis todos muertos de miedo». Minutos antes de empezar el debate, el moderador, Manuel Campo Vidal, nos recogió a González y a mí, que esperábamos en salas separadas, para ir al plató. Nos saludamos en el pasillo y al estrecharle la mano me di cuenta de que González estaba nervioso. Transmitía inseguridad. En general creo que Felipe González, que aparentaba mucha naturalidad y una gran confianza en sí mismo, sólo se libraba de su inseguridad cuando se encontraba en situación dominante.

Sin que parezca una presunción debo decir que aquella noche yo estaba razonablemente confiado y tranquilo. Primero, porque los debates parlamentarios con González me habían salido bastante bien; la valoración que la mayoría de los medios habían hecho de ellos había sido positiva para mí. Y, segundo, porque sabía que en el cara a cara televisivo todo el mundo me daba por perdedor ante un político con una reconocida capacidad de comunicación, y eso me quitaba mucha presión. Tenía todo por ganar.

Habíamos decidido plantear este primer debate claramente en términos de ataque: arriesgar y mostrar un cierto desparpajo. Y la estrategia funcionó. Durante todo el debate, pero sobre todo durante la primera parte, logré mantener a González a la defensiva. Le hablé de la corrupción, de los casi tres millones y medio de parados, de las tres devaluaciones y del despilfarro. González intentó atajar los golpes con el anuncio de que Garzón presidiría una comisión encargada de investigar la financiación de partidos. Pero yo le contesté que, en lugar de crear nuevas comisiones, rindiera cuentas por Filesa. Es posible que González estuviera mal aconsejado. En lugar de mirarme a la cara, miraba todo el tiempo al moderador, lo que, en vez de perjudicarme, transmitió una imagen huidiza. Estaba cada vez más inquieto y quizás también algo malhumorado. El mero hecho de tener que debatir conmigo le resultaba un incordio.

En el descanso, tuve la sensación de que el debate iba muy bien. Hasta el punto de que en la segunda parte creo que me relajé demasiado. En todo caso, cuando salimos de los estudios el veredicto unánime era que habíamos ganado. Al reencontrarme con Ana Mato y quienes me habían acompañado, les dije, encantado: «Creíais que iba a perder, ¿eh?». Recuerdo que al día siguiente intervine en un mitin en la plaza de toros de Tenerife. Nuestra gente estaba exultante, eufórica. Los socialistas, en cambio, estaban entre atónitos y preocupados. La derrota de González en el primer debate había sido un golpe inesperado. Habían perdido un combate que daban por ganado y eran conscientes de que las elecciones estaban más en el aire que nunca. Y decidieron cambiar de estrategia.

Si la expectación ante el debate de Antena 3 había sido muy alta, ante el de Telecinco fue inmensa. Nuestra victoria contra pronóstico y la necesidad de revancha del PSOE prometían espectáculo. En parte lo hubo.

González salió muy fuerte, a azuzar directamente el voto del miedo. Sobre todo, se dirigió a los pensionistas, a los que intentó convencer de que yo pretendía quitarles ocho mil pesetas. En una inversión de papeles respecto al primer debate, el que pasó a la defensiva fui yo. Fue el resultado inevitable de la estrategia que habíamos diseñado. Una estrategia basada en la teoría de que, tras ganar el primer asalto, no debíamos arriesgar en el segundo; la teoría de que es mejor no atacar demasiado para no parecer agresivo y no asustar a la gente. Es decir, un profundo error del que no me percaté hasta que ya era demasiado tarde.

Durante el debate, percibí el cambio de táctica de González, vi cómo pasaba al ataque y cómo salía a morder, pero mi impresión era que íbamos igualados. En el descanso, sin embargo, les pregunté a Miguel Ángel Rodríguez y a Pedro Arriola, que me habían acompañado, cómo íbamos. Su respuesta fue: «Vamos mal; vamos perdiendo». Intenté recuperar la iniciativa en la segunda parte, ser más incisivo, atacar más. Pero ya no pude remontar.

A nuestra estrategia equivocada se sumó una anécdota ocurrida a la salida del debate. Entre los acuerdos alcanzados por los negociadores de ambos partidos estaba que ni González ni yo haríamos comentarios a los medios de comunicación al abandonar los estudios. Nosotros lo cumplimos y nos fuimos sin decir nada. Pero ellos salieron después, y Felipe González se paró delante de las cámaras para hacer declaraciones. Evidentemente, esto no fue decisivo en la percepción general del debate, pero sí pudo consolidar el veredicto final al transmitir la impresión de que habíamos salido huyendo.

El escritor y académico de la lengua española Pere Gimferrer me envió esta amable carta, en septiembre de 1993. Me agradecía haber hablado en catalán en mi discurso en el congreso del PP en Cataluña, lo que al parecer no ocurría, por parte de un político español no catalán y en público, desde que Sagasta hiciese lo mismo en 1888 durante unos Juegos Florales en Barcelona.

No recuerdo dónde estuve al día siguiente del segundo debate, lo que en sí mismo es significativo. Sin embargo, y aunque estoy seguro de que nuestros votantes sufrieron una decepción, no creo que ésta fuera profunda ni desde luego determinante en el resultado electoral. Las elecciones de 1993 no se perdieron porque perdiéramos el segundo debate. Al contrario, me parece que el conjunto de los debates nos hizo ganar posiciones ante la opinión pública. Sobre todo porque también salieron muy bien todos los debates que hicieron mis principales colaboradores, como Cascos y Rato, lo que sirvió para desmontar las acusaciones de falta de preparación y demostrar que el PP tenía un equipo solvente y listo para gobernar.

Las elecciones se celebraron el domingo 6 de junio. El resultado del PP no fue la victoria que vaticinaban algunos sondeos, pero fue espectacular. El Partido Socialista sacó 159 escaños, dieciséis menos que en 1990. Izquierda Unida subió sólo un escaño porque muchos de sus simpatizantes acudieron a la llamada al voto útil de González. Su líder, Julio Anguita, había sufrido un infarto en plena campaña y tuvo que ser ingresado en un hospital de Barcelona, adonde le fui a visitar. Nosotros sacamos 3 millones de votos más que en 1989 y 34 nuevos escaños, hasta sumar 141 diputados. Ganamos en 25 circunscripciones, ocho más que en 1989 y una más que el propio PSOE. Fue el mejor resultado de nuestra historia.

Evidentemente, para quienes jugaban a impedir la consolidación del Partido Popular, el resultado era decepcionante, insuficiente y la prueba de que Aznar no era capaz de ganar elecciones. Recuerdo la portada de un semanario que entonces tenía cierta influencia en los ambientes políticos madrileños: «¿Para qué vale Aznar?». Algún proyecto personal se estaba gestando al margen del PP y sus prisas eran visibles.

Analizado con perspectiva, en 1993 ocurrió lo que tenía que ocurrir. La extraña lógica de los tiempos políticos se aplicó. El partido que hasta entonces había sido el poder hegemónico en España dejó de serlo. Fraga volvió a ganar en Galicia por mayoría absoluta. Y el partido que hasta hacía poco había sido una oposición resignada se convirtió, por fin, en una alternativa real de Gobierno. Eso fueron las elecciones del 93: la transformación del Partido Popular de oposición en alternativa.

Arropado por los suyos en Ferraz, Felipe González reaccionó al resultado electoral con alivio y con dos frases para las hemerotecas: «He entendido el mensaje» y ahora empieza «el cambio del cambio». En Génova, yo proclamé el final de una etapa en la vida política de España: «La hegemonía socialista ha terminado. Desde esta noche, nada será igual a lo que hemos conocido desde 1982». El tiempo, muy poco después, nos daría a nosotros la razón.

CAPÍTULO 5

De alternativa a gobierno (1993-1996)

El mundo exterior

Con las elecciones de 1993, el PP superó la imagen de un partido sin esperanza, condenado a ser oposición, encerrado bajo un techo electoral infranqueable. Los españoles nos enviaron un mensaje muy claro: os ponemos el sello de la alternativa política, os dejamos que rocéis la posibilidad de ser Gobierno, pero todavía os queda un punto de maduración. Y creo que los españoles acertaron. No es que en 1993 el Partido Popular no estuviera en condiciones de asumir la responsabilidad del Gobierno de España. Pero sí me parece que aún no se había consolidado del todo. Habíamos ido muy rápido: a finales de 1989 nos habíamos presentado a las elecciones para intentar sobrevivir como partido y en junio de 1993 habíamos hecho unas elecciones con ambición de ganarlas. Ese ritmo se aceleraría aún más entre 1993 y 1996: en aquellos tres intensos años, la degradación política y moral del PSOE alcanzó cotas hasta entonces insospechadas, y nosotros dejamos de ser una alternativa posible para convertirnos en un proyecto de Gobierno necesario. Así empezaron a vernos cada vez más españoles. Y así empezaron a tratarnos en el extranjero.

Yo había comenzado a mantener encuentros frecuentes con dirigentes europeos y latinoamericanos de las fuerzas políticas afines al PP tras mi elección como presidente del partido. En esos años conocí a importantes dirigentes internacionales: los británicos Margaret Thatcher y John Major, los italianos Giulio Andreotti y Arnaldo Forlani, el holandés Ruud Lubbers, los belgas Jean-Luc Dehaene y Wilfried Martens, el mexicano Carlos Salinas de Gortari, el argentino Carlos Menem, el chileno Patricio Aylwin, el alemán Volker Rühe, el austríaco Wolfgang Schüssel, el polaco Lech Walesa y el checo Václav Havel... También estreché relaciones con los franceses Jacques Chirac y Valéry Giscard d’Estaing, que había participado en varios actos públicos conmigo durante la campaña de 1993 y que luego me invitó a la Asamblea Nacional de su partido, la UDF (Union pour la Démocratie Française). Pero, sobre todo, a quien empecé a conocer mejor es al que entonces seguía siendo el canciller de Alemania y probablemente el dirigente político con más influencia en Europa, Helmut Kohl.

Kohl llevaba desde 1982 al frente del Gobierno. Había llegado a la cancillería a través de una moción de censura, curiosamente pocos meses después de que su partido hubiese barajado su sustitución al considerar que no tenía opciones reales de ganar. Kohl era el canciller de la reunificación alemana y la personalidad más relevante del centro-derecha europeo, con diferencia. Para nosotros, sin embargo, no era un interlocutor fácil. Kohl tenía una mala opinión del centro-derecha español y poca confianza en el Partido Popular. Primero, porque nos veía como una amalgama de fuerzas políticas poco organizadas y faltas de dirección. Guardaba en su cabeza el recuerdo de las divisiones de la democracia cristiana en la Transición y la implosión de UCD. Pero, además, tradicionalmente las relaciones de AP no habían sido con la CDU de Kohl, sino con la CSU, el partido socialcristiano de Baviera que entonces lideraba Franz Josef Strauss. A su vez, los partidos amigos de la CDU en España habían sido los democristianos, unidos y luego desgajados de la UCD, y los nacionalistas del PNV y de Unió Democràtica de Catalunya.

A las muchas veces complejas relaciones en el ámbito del centro-derecha se unía la amistad de Kohl con Felipe González. Los dos habían llegado al poder en 1982. Dos años después, González había apoyado la decisión de Kohl de acoger en territorio alemán los misiles Pershing que Ronald Reagan propuso desplegar en Europa en respuesta a la amenaza de los SS-20 soviéticos. Aquel gesto contribuyó decisivamente a la buena relación de los dos países y, sobre todo, de sus dos mandatarios. En 1989, tras el derribo del Muro de Berlín, volvían a encontrar un motivo de entendimiento cuando, frente a las reticencias sobre todo de los británicos y en menor medida de los franceses, González decidió respaldar sin fisuras la reunificación alemana.

Yo había visitado Alemania en 1966, en mi primer viaje al extranjero con el colegio. Tenía 13 años. Salimos en autobús desde Madrid, con las maletas en el techo. Crucé a Berlín Este a través del Checkpoint Charlie. Recuerdo la impresión brutal que me causó la desolación del sector oriental. Conocí el muro que separaba las dos Alemanias. Vi las alambradas y los campos de minas. Vi las torretas de vigilancia, con sus famosos vopos que controlaban las zonas fronterizas. Es decir, vi la opresión de un Berlín fragmentado. Nunca se me olvidaría que aquel Berlín era el lugar del mundo donde mejor se podía apreciar la diferencia entre la tiranía y la libertad.

Años después, en marzo de 1988, visité Baviera como presidente de Castilla y León. En Baviera se había instalado gran parte de la industria alemana tras la segunda guerra mundial. Allí estaban algunas de las empresas más importantes del país, que tuve la oportunidad de visitar. También mantuve una larga e interesante conversación con Strauss, quien, además de liderar la CSU bávara, tenía una gran influencia en la política alemana y europea de la época. Strauss venía de visitar al entonces presidente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, y me contó que tras hablar con él había llegado a la conclusión de que en Europa no habría una nueva guerra. No era una conclusión menor. También recuerdo que me preguntó cuántos años tenía. Le dije que 35. Me respondió: «Con treinta y cinco eres lo mismo que yo con setenta y tres. ¿Qué vas a hacer cuando tengas setenta y tres?». Y yo le contesté: «Procurar no empeorar mi condición de los treinta y cinco». Strauss era un hombre inteligente y afable, y pudimos establecer una relación de colaboración muy útil entre Baviera y Castilla y León.

A Kohl no le conocí hasta que empecé a participar en los encuentros del Partido Popular Europeo previos al Consejo Europeo. Percibía que su actitud hacia nosotros estaba condicionada negativamente por su relación con Felipe González, que, en todo caso, yo respetaba. Además, Kohl veía poco claras algunas de nuestras posiciones sobre Europa. Esta actitud de reserva hacia el Partido Popular cambió a partir de 1993, cuando Kohl constató que había una nueva realidad política en España que convenía tener en cuenta.

En agosto de 1994 Helmut Kohl me recibió en la Cancillería, que todavía estaba en Bonn, para formalizar el nuevo nivel de interlocución que se le reconocía al Partido Popular. Nuestro almuerzo coincidió con el inicio de la precampaña electoral en Alemania. Me acompañaron Rafael Arias-Salgado, a quien luego nombré ministro de Fomento; José María Robles, que fue embajador en Moscú; y Gerardo Galeote, europarlamentario durante muchos años.

Kohl vivía en el Kanzlerbungalow, la residencia oficial del canciller en Bonn, que nunca quiso abandonar, ni siquiera después del traslado de la capital de Alemania a Berlín. Construido a principios de los años sesenta, estaba inspirado en el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe. Recuerdo bien su despacho. Había unas grandes vitrinas llenas de fósiles de distintos tamaños y colores. Kohl me ofreció un cálido recibimiento. Era la primera señal de que las cosas empezaban a cambiar.

Para mejorar nuestra relación con Alemania y, sobre todo, para lograr una creciente proyección y relevancia exterior fue fundamental la ayuda de Volker Rühe, secretario general de la CDU, posteriormente ministro de Defensa de Alemania y uno de los delfines de Kohl, así como de Wilfried Martens, que había sido primer ministro belga y desde 1990 ocupaba la presidencia del PPE, cargo que todavía ostenta.

El Partido Popular estaba entonces integrado en la Unión Demócrata Internacional (IDU), cuya rama europea era la EDU. Allí estaban los conservadores británicos, la CSU, el RPR francés..., todos excepto los demócrata-cristianos históricos de Europa. Nosotros decidimos fortalecer nuestra presencia e influencia dentro del Partido Popular Europeo, lo cual no era incompatible con nuestra pertenencia a la EDU, que sin embargo, poco a poco, se fue diluyendo. A medida que fuimos ganando elecciones y logramos mejorar la posición e imagen internacional de España, el Partido Popular español se convirtió en el gran baluarte del PPE junto con la CDU alemana.

Más tarde el partido se integró también en la Internacional Demócrata Cristiana. Los alemanes habían decidido prescindir prácticamente de la IDC, que parecía condenada a la desaparición. Pero yo pensé que esas siglas debían preservarse porque tenían prestigio en Asia, África y América Latina, y decidí rescatarlas y mantenerlas. Eso sí, le cambiamos el nombre a Internacional Demócrata de Centro y, con una política de apertura, conseguimos integrar a los franceses de la UMP y a los italianos del Polo de la Libertad. Fui elegido su presidente en una reunión que tuvo lugar en noviembre de 2001, en México. Recuerdo que en aquella cumbre, celebrada cuando el mundo aún seguía bajo la conmoción de los atentados del 11-S, aprobamos una importante resolución en la que nos comprometimos a tomar todas las medidas necesarias contra las organizaciones políticas, sociales y económicas que dan apoyo al terrorismo.

El que importantes dirigentes extranjeros y cada vez más partidos políticos de nuestro entorno ya nos trataran como una alternativa sólida y creíble no era una garantía de que el camino hasta llegar al Gobierno de España iba a ser fácil. No lo fue.

¡Váyase, señor González!

La legislatura que empezó a finales de 1993 fue tremendamente dura y exigente. Se desarrolló en medio de una crisis económica e institucional de primera magnitud y quedó marcada por una acumulación sin precedentes de escándalos de corrupción, con el Gobierno como principal protagonista. Los casos Juan Guerra y Filesa no habían sido más que la punta del gigantesco iceberg de corrupción socialista.

La extensión de la corrupción fue quedando al descubierto mediante un goteo incesante de informaciones periodísticas y actuaciones judiciales que desembocaban no ya en dimisiones de altos cargos del Gobierno, sino directamente en su entrada en la cárcel junto con otras personalidades de gran relevancia económica y social. No acababa de saltar un escándalo cuando el siguiente ya estaba en las portadas, para estupor e indignación general.

La intervención de Banesto tras el agujero provocado por Mario Conde con una gestión al servicio de intereses y ambiciones personales. La entrada en prisión de Javier de la Rosa, uno de los empresarios catalanes más influyentes del momento, por el caso del grupo empresarial KIO. La dimisión, fuga, estrambótico regreso y posteriores chantajes de Luis Roldán tras destaparse sus abusos al frente de la Guardia Civil. El saqueo de los fondos reservados del Ministerio del Interior por parte de sus más altos responsables. La dimisión del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, por evasión fiscal. Las dimisiones del jefe de los servicios secretos, Emilio Alonso Manglano, del ministro de Defensa, Julián García Vargas, e incluso del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, por las escuchas ilegales realizadas a políticos, empresarios, personalidades relevantes y hasta al Rey. El procesamiento y entrada en prisión de la directora general del Boletín Oficial del Estado por fraude y cohecho. Y, como remate, el GAL, la utilización contra el terrorismo de los mismos métodos delictivos utilizados por los terroristas. Es decir, la degradación del Estado al nivel de una banda criminal. Tal como le dije a Felipe González en el debate sobre el estado de la nación de 1995, «el GAL es la gota que colma el vaso de su descrédito».

La corrupción en torno al Partido Socialista se había convertido en una verdadera metástasis que agravaba sus divisiones internas, cada día más patentes. Con el fin de la hegemonía del PSOE, llegó la implosión del régimen que habían ido creando en beneficio propio. Estábamos ante una hecatombe política de consecuencias muy graves para las instituciones españolas y el conjunto de la sociedad.

La implosión del régimen socialista no fue fácil de administrar. Cada día teníamos que denunciar los escándalos y exigir responsabilidades políticas. Pero, al mismo tiempo, debíamos ofrecer a los españoles la seguridad y la confianza de que existía una alternativa; debíamos pedirles que no se resignaran al mal Gobierno socialista, porque otra forma de entender la política y otra manera de gobernar eran posibles.

Para algunos españoles, las noticias de los abusos protagonizados desde el Gobierno y sus aledaños eran increíbles, porque no las podían imaginar. Para otros, eran irritantes, porque les parecían previsibles. Y para todos, eran imposibles de soportar. Hacer frente a esa mezcla de rabia e incredulidad exigía seriedad, mesura y responsabilidad.

Yo no disfruté nada de aquella legislatura. Al contrario. Viví la catarata de escándalos con la máxima preocupación. Por sus consecuencias para la fortaleza institucional de España y para la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema político. Porque sabía que nos iba a tocar realizar una ingente tarea de recuperación y regeneración; las perspectivas para España eran profundamente deprimentes. Y porque, como parlamentario, es todo menos grato tener que ocuparte de esas cosas.

Quizás el escándalo más complicado de gestionar fue el GAL.

El GAL fue una profunda equivocación. Lo fue porque, con su mezcla de ilegalidad, corrupción, crimen y chapuza, supuso una afrenta y deslegitimación del Estado de derecho. Y lo fue porque, como quedó demostrado, no sirvió para nada. Quizás, si en lugar de tantas falsedades y tanto encubrimiento, Felipe González hubiera asumido su responsabilidad de frente y hubiese puesto punto final a una estrategia que no tenía nada de positivo, una parte importante de la opinión pública le habría entendido. Pero no lo hizo.

Me viene a la memoria una conversación con un importante editor muy próximo a los socialistas al comienzo de mi mandato en el Gobierno. Me dijo: «Tú y yo podemos estar de acuerdo en una cosa y es en que González dejó hacer en el asunto del GAL». Me sorprendió que diera por hecho la responsabilidad, al menos por omisión, de González en el GAL. Y me pareció muy significativo que creyera que podíamos estar de acuerdo en algo así.

Fui reacio a hacer del GAL un motivo de enfrentamiento político y siempre intenté ser prudente al hablar del tema. Prudente, pero dejando clara mi posición rotundamente contraria a la utilización de medios ilegales en la lucha contra el terrorismo. A pesar de ello, me intentaron presentar como supuesto jefe de una conspiración para poner contra las cuerdas al Estado. Esa acusación alcanzó niveles delirantes en el otoño de 1995, cuando propusimos la creación de una comisión de investigación sobre el GAL en el Senado.

El otro escándalo relacionado con la lucha antiterrorista que fue motivo de indignación social e inevitable disputa política fue el saqueo de los fondos reservados. Al margen de los detalles más graves y bochornosos del caso, es evidente que demasiados organismos del Gobierno contaban con partidas de fondos reservados, que además se manejaban con una soltura notable. El descontrol era manifiesto. Tan manifiesto que una de las primeras cosas que hice al llegar a la Moncloa fue dar órdenes estrictas de limitar su asignación. Durante los ocho años que estuve al frente del Gobierno, en la presidencia no entró ni una sola peseta de los fondos reservados.

El saqueo de los fondos reservados fue muy revelador de la sensación de impunidad con la que actuaban algunos altos cargos del Gobierno socialista: tan convencidos parecían estar de que la ley sencillamente no iba con ellos que, igual que tomaban atajos al margen del Estado de derecho en la lucha contra el terrorismo, se apropiaban del dinero público para su lucro personal.

Entonces el ministro del Interior era José Luis Corcuera, y el secretario de Estado, Rafael Vera. Mi grado de confianza en ellos fue siempre perfectamente descriptible. En un caso, porque carecía de las aptitudes básicas para ejercer una responsabilidad tan relevante; y en el otro, porque aunque tenía aptitudes, éstas no eran precisamente las apropiadas para el cargo. Cuando Vera empezó a estar bajo sospecha, hubo gente que intentó convencerme de sus bondades. Recibí muchos recados en ese sentido y algunas presiones, que lógicamente no acepté.

Se ha dicho que la relación entre Corcuera y Vera era complicada. Yo fui testigo involuntario de uno de sus roces. Vera me llamaba a veces para comentarme cuestiones relacionadas con la lucha antiterrorista. Un día me llamó Corcuera con el mismo objetivo y, al descubrir que Vera se le había adelantado, reaccionó con gran indignación. De manera insistente, me dijo que el ministro y, por tanto, el interlocutor con el jefe de la oposición era él. Como si la culpa de que sus colaboradores no respetaran su superioridad jerárquica fuera mía...

Sobre la lucha antiterrorista, el Gobierno socialista nos facilitaba la información que le interesaba. Desde luego, sin dar detalles. Jaime Mayor era el responsable político del PP en la materia y era quien acudía a las reuniones con el Gobierno, en ocasiones acompañado de Federico Trillo y Paco Álvarez-Cascos. Entonces, como ahora, los socialistas defendían la teoría de que conviene mantener siempre abierta al menos una vía de contacto con el mundo de ETA para realizar lo que ellos califican como «tomas de temperatura». A mí esa teoría siempre me pareció equivocada y así lo demostré en cuanto llegamos al Gobierno.

A los escándalos políticos e institucionales se sumaban los económicos y financieros. Personajes que se habían convertido en referentes de éxito acabaron en la cárcel. Uno de esos personajes fue Mariano Rubio. Nunca encajé con él. Mariano Rubio tenía un círculo de amistades en el que figuraban personas como Plácido Arango, Manuel de la Concha o Jesús Polanco. Era un círculo distinto a los que rodeaban a otros personajes del momento como Mario Conde o Javier de la Rosa.

Al igual que con otros banqueros de la época, como Emilio Ybarra, José María Amusátegui o Emilio Botín, con Mario Conde coincidí en algunas reuniones y cenas, y también en recepciones oficiales. Nunca fuimos amigos ni tuvimos ninguna cercanía. Su inmensa ambición, a la que seguramente contribuyeron sus muchos aduladores y la afición al enredo de algunos cenáculos capitalinos, era un secreto a voces. Conde puso en juego muchas fichas de la vida política española de aquellos años, algunas muy complicadas, y el juego acabó mal. Mal para él y mal para los miles de accionistas y clientes de Banesto.

El día de la intervención de Banesto yo estaba almorzando con un grupo de personas vinculadas al mundo empresarial. Recibí una llamada de Luis Ángel Rojo, gobernador del Banco de España. Después de colgar, les dije a las personas que estaban conmigo: «Me ha llamado el gobernador y me dice que el asunto de Banesto está muy mal». Alguien preguntó: «¿Muy mal qué quiere decir?». Y contesté: «Muy mal quiere decir que va a haber una intervención».

Yo no pacté la intervención de Banesto con Felipe González. No me interesaba participar en ningún juego con él y menos de este tipo. Sabía que, durante un tiempo, González había intentado utilizar a Mario Conde y me fiaba de los dos igual de poco.

Creo que el Banco de España hizo bien su trabajo. Si la situación de Banesto hubiese sido buena, no habría sido intervenido. Conde había sido un mal gestor, que había utilizado su desembarco en uno de los bancos más tradicionales del sistema financiero español al servicio de sus intereses personales.

Además del saqueo de fondos públicos y privados, aquéllos fueron años de amenazas, extorsiones y chantajes. Quien más, quien menos se jactaba de manejar informaciones comprometedoras para tal o cual persona o tal o cual institución. Los constantes rumores, las intimidaciones más o menos veladas, los anuncios de que alguien iba a «tirar de la manta» convertían la vida pública en un terreno tóxico, realmente irrespirable, en un patio de monipodio, con golfos trajeados y pillos de aspecto impecable.

El Gobierno socialista proyectaba una imagen de creciente descomposición. Su reacción fue intentar transformar sus problemas en un problema estructural del país; intentar diluir su responsabilidad particular en una suerte de disfunción generalizada. Recuerdo que en una entrevista en televisión afirmé que un país puede tener problemas, pero que sus problemas fueran el Boletín Oficial del Estado, el Banco de España o el director de la Guardia Civil era sencillamente impensable en un país normal.

Esta descomposición dio pie a uno de los debates más ásperos de la legislatura y probablemente de toda mi trayectoria política hasta entonces: el debate sobre el estado de la nación celebrado el 19 y 20 de abril de 1994. Fue entonces cuando desde la tribuna pronuncié una frase que ha quedado como eslogan de aquel fin de ciclo socialista: «¡Váyase, señor González!».

Hay quienes han interpretado esa frase como una exigencia de elecciones anticipadas. No lo era. El adelanto electoral lo pedí de manera explícita en el mismo debate del año siguiente. El «¡Váyase!» pretendía reflejar la gravedad de una situación en la que no bastaba con decir «dimita» o «renuncie». Era el colofón de una argumentación sobre los motivos por los que yo consideraba que González debía presentar su renuncia y proponer a otro miembro de su partido que le sustituyera. Yo no negaba la legitimidad al PSOE para gobernar. De hecho, hacía menos de un año que los socialistas habían ganado las elecciones. Lo que negaba era que González tuviera la autoridad política y moral necesaria para seguir siendo presidente del Gobierno después de lo que estábamos viendo y viviendo. En pocos meses, González había dilapidado la confianza recibida en las urnas, la credibilidad para gobernar y la legitimidad moral para pedir nada al país. Textualmente, lo que le dije fue:

«En las actuales circunstancias, no le queda más que una salida honorable: presentar su renuncia al Rey y aconsejarle respecto a qué miembro de su partido reúne las mejores condiciones para sustituirle. Váyase, señor González. No le queda ninguna otra salida honorable. Porque usted es el principal y primer responsable de la situación económica. Porque usted es el principal y primer responsable de los casos de corrupción y el clima general de corrupción en España. Porque usted es el principal responsable de la degradación de la vida pública española. Porque usted es el principal y primer responsable de un Gobierno incapaz.»

González me contestó: «No voy a dimitir, señor Aznar». Y aseguró que asumiría su responsabilidad. En realidad lo que hizo fue incrementar su dependencia de los nacionalistas y aferrarse al cargo a la espera de que la presidencia de turno de la Unión Europea, el segundo semestre de 1995, le diera oxígeno político. Para Pujol, la presidencia europea era el argumento que necesitaba para justificar el mantenimiento de su apoyo al PSOE.

Además de intentar descargar sus problemas sobre todo el país, el Gobierno socialista recurrió a otra vieja estrategia de defensa: la descalificación del Partido Popular. La consigna se extendió como un fuego en verano: «El PP no ha perdonado a los socialistas que hayan ganado las elecciones y está dispuesto a utilizar todos los medios, incluida la desestabilización institucional, para conseguir el poder». Nos acusaron de negar la legitimidad democrática de la mayoría parlamentaria salida de las urnas. Nos implicaron en todo tipo de maniobras y conspiraciones. Y en un intento de silenciarnos, nos hicieron responsables de eso que entonces bautizaron como «la crispación».

¿Cómo se le podía pedir al PP que, en su labor de oposición, no dijera nada de todo lo que estaba ocurriendo? Yo podía entender que los socialistas intentaran tirar balones fuera. Lo que nunca estuve dispuesto a aceptar fue que nos implicaran en una supuesta conspiración ni que nos callaran. La crispación no era consecuencia de la denuncia democrática de los partidos de la oposición o los medios de comunicación, sino de la sucesión de desmanes del Gobierno, a cual más grave.

Para redondear la teoría de la conspiración, se difundió la falacia de que existía una alianza entre el Partido Popular y un grupo de periodistas muy críticos con Felipe González que se reunían con alguna frecuencia y aparecían públicamente como un grupo constituido para hacer valer su influencia sobre la opinión pública. Ese grupo era menos homogéneo de lo que se pensaba. O al menos así me lo parecía a mí. En cualquier caso, nosotros jamás tuvimos ninguna connivencia con ningún grupo periodístico, al margen de la afinidad que podía existir con las líneas editoriales de algunos de ellos. Al contrario. Siempre intenté mantener una prudente distancia, lo que me acabó granjeando la fama de hombre poco simpático, lo que el escritor Francisco Umbral llamó «un ser de lejanías».

La situación que atravesaba España generaba una constante efervescencia informativa en la que, como siempre, había de todo: críticas justas, críticas injustas, consejos útiles y consejos menos útiles.

A la «conspiración» y la «crispación» se sumó la «pinza» como argumento de deslegitimación del PP. Desde el PSOE y sus aledaños, se nos acusó al coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, y a mí de buscar un pacto contra natura y puramente instrumental para desbancar al PSOE del poder. No es cierto. Nunca nos planteamos ni lo que se conoce como un pacto «a la griega» ni nada semejante. A los dos nos interesaba llevarnos con normalidad y la situación objetivamente favorecía que lo hiciésemos. Además, la teoría de que para que al PP le vaya electoralmente bien tiene que irle bien a Izquierda Unida es muy discutible. En las elecciones generales del año 2000, por ejemplo, al PP nos fue especialmente bien y a IU catastróficamente mal. Lo que sí es cierto es que Anguita y yo llegamos a tener una relación de amistad. Una relación que se basaba en la convicción mutua de que la política debe ser, ante todo, una actividad decente, lo cual, por cierto, no me libraba de recibir alguna de sus largas charlas sobre las bondades del marxismo.

En junio de 1994, dos meses después del debate sobre el estado de la nación, se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo. Abel Matutes encabezaba nuestra candidatura y me pidió expresamente que su «número dos» fuera Celia Villalobos. Celia, que más tarde se convertiría en una muy popular alcaldesa de Málaga y en ministra de Sanidad, aceptó. Superamos el 40 por ciento de los votos, casi diez puntos porcentuales más que el PSOE. Era la primera vez que el Partido Popular ganaba una elección de ámbito nacional y la primera vez que el Partido Socialista la perdía desde su victoria de 1982. Nuestro triunfo y los buenos resultados de Izquierda Unida dejaban en evidencia dos cosas: el desprestigio del PSOE y nuestra consolidación como opción de Gobierno.

Las elecciones europeas coincidieron con las del Parlamento andaluz. Javier Arenas, que luego ha tenido una larga y brillante carrera política, se presentaba por primera vez como candidato a la presidencia de la Junta. Aquí también se confirmó nuestra progresión y la crisis de los socialistas. El PSOE perdió 17 escaños, y con ellos, la mayoría absoluta. El PP subió 15 diputados y se quedó a cuatro puntos de los socialistas. Los resultados, que también habían sido muy buenos para Izquierda Unida, dejaron al PSOE en una situación complicada, que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, no fue capaz de gestionar. Al final, tuvo que disolver anticipadamente el Parlamento andaluz y convocar nuevas elecciones para 1996.

Los resultados de las elecciones andaluzas nos reafirmaron en la dirección que habíamos iniciado en el congreso de Sevilla. En los meses siguientes, seguiríamos avanzando. Sin embargo, en el camino encontraríamos un obstáculo enorme. Un obstáculo que iba a exigir al Partido Popular grandes dosis de sacrificio y valor. A principios de 1995, ETA pondría en marcha su estrategia de desestabilización democrática con un ataque brutal contra la fuerza política que ya representaba el cambio en España.

23 de enero y 19 de abril

Muchas veces me he preguntado adónde habría llegado Gregorio Ordóñez si no hubiera sido asesinado aquel lunes 23 de enero de 1995 en el bar La Cepa de San Sebastián. No tengo respuesta, pero lo cierto es que con su muerte perdí a un amigo; el Partido Popular, a una de sus personalidades más carismáticas; y el País Vasco, a un extraordinario referente moral y un ejemplo cívico incomparable.

Unos días antes, yo había ido al País Vasco para asistir a la proclamación de Gregorio como candidato del PP a la alcaldía de San Sebastián. Habíamos paseado juntos por las calles de la ciudad y nos habíamos reunido con empresarios de ADEGI, la Asociación de Empresarios de Guipúzcoa, en su sede. Esa noche fuimos a cenar a un restaurante muy conocido de Oyarzun. Recuerdo perfectamente la escena al entrar. Al vernos aparecer, en una parte del comedor, que estaba lleno, se hizo un silencio total. Cuando nos sentamos, algunas mesas de alrededor empezaron a hablar a gritos con evidente ánimo de molestar. Cenamos tranquilamente. Al salir, un grupo de personas que se encontraban en un reservado junto a la puerta se levantaron y nos saludaron de forma efusiva.

En su acto de proclamación, Goyo me había retado a ir a la tamborrada, que tendría lugar unos días después, el 20 de enero. Yo había aceptado y fuimos. Vinieron mi mujer, Ana, la mujer de Gregorio, Ana Iríbar, y otros amigos. Recuerdo que en la mesa de al lado estaba Enrique Múgica con su madre. Gregorio me habló mucho del que entonces era su gran empeño como teniente de alcalde de San Sebastián: la reapertura de la plaza de toros de Illumbe, que ahora vuelve a estar bajo amenaza de cierre por decisión del partido proetarra que gobierna en San Sebastián. También me comentó que estaba investigando algunos asuntos complicados relacionados con la policía municipal de la ciudad, de los que no me dio más detalles. Fue la última vez que le vi.

Tres días después, recibí la noticia en la sede del PP de Génova: ETA había asesinado a Gregorio a plena luz del día en un bar del centro de San Sebastián. No llevaba escolta. Le acompañaban María San Gil, que entonces ejercía como asesora de Goyo en el ayuntamiento y que más tarde se convertiría en uno de los grandes referentes políticos y morales del PP del País Vasco y de toda España, y otras dos personas con las que había quedado para comer. Un terrorista le disparó en la nuca y salió huyendo.

Gregorio Ordóñez no era un político cualquiera. Estaba decidido a romper paradigmas. No sólo en la gestión municipal. Simplemente no aceptaba la sumisión al miedo, a las imposiciones del nacionalismo, al silencio de los cobardes y a las amenazas de los cómplices del terror. Hablaba contra ETA, pero también señalaba a los que desde la política apoyaban el terrorismo, lo instigaban y lo aprovechaban contra sus adversarios. Denunciaba cada una de las concesiones que los terroristas extraían mediante el chantaje. Su oposición a la vergonzosa decisión de cambiar el trazado de la autovía de Leizarán entre Guipúzcoa y Navarra en respuesta a la exigencia sangrienta de ETA ha quedado como un ejemplo de coherencia y valor político.

Goyo llegó a ser todo lo que ETA y su mundo de abyección no podían soportar. Desafiaba al terror y demostraba que las cosas podían cambiar. Su mera existencia era un riesgo que ETA no podía consentir. Pertenecía a esa reducida categoría, la de los imprescindibles, sin los cuales la libertad no habría sobrevivido en España. Por eso su legado es tan duradero y tan poderoso. Y por eso a los terroristas no les bastó con asesinarle, sino que han hecho lo posible por destruir su memoria, tan insoportable para ellos como su propia vida. No lo han conseguido, en buena medida gracias a la entereza, el valor y la tenacidad de su mujer, Ana, que en estos años ha mantenido vivo su recuerdo a través de la Fundación Gregorio Ordóñez, en la que también se ha volcado de manera admirable la hermana de Goyo, Consuelo Ordóñez.

Paco Cascos se encargó de organizar nuestro viaje en coche a San Sebastián a primera hora del día siguiente. Cuando llegamos fuimos directamente al ayuntamiento, donde estaba la capilla ardiente. Una multitud abarrotaba las puertas. Me acerqué al féretro de Gregorio, cubierto con la bandera de España, y le impuse la insignia de oro del Partido Popular.

No olvidaré nunca la cara de odio de algunas personas mientras subíamos hacia el cementerio de Polloe. Pero tampoco el dolor y la tristeza de la mucha buena gente que acudió a la manifestación que partió desde el ayuntamiento a la parroquia de la Sagrada Familia. Fue una de las primeras manifestaciones multitudinarias de las muchas que se iban a celebrar a lo largo de los próximos años. En la misa, algunas personas se negaron a recibir la comunión del obispo de San Sebastián, José María Setién. Siempre me ha asombrado y entristecido la actitud de un sector del clero vasco ante el terrorismo. Durante años tuvimos dificultades para encontrar una iglesia en la que oficiar el funeral por el aniversario del asesinato de Goyo.

El asesinato de Gregorio Ordóñez fue el primero de muchos golpes para el Partido Popular. Pero también puso de manifiesto que las cosas empezaban a cambiar y que, gracias al trabajo y a la convicción de personas como Gregorio, la sociedad vasca empezaba a salir de su letargo moral. Miles de personas rindieron tributo a Gregorio. Hubo actos de homenaje y concentraciones que poco antes habrían resultado impensables. Su asesinato reforzó en sus convicciones a quienes llevaban tiempo plantando cara a ETA y a sus cómplices, y abrió los ojos de muchas personas que hasta entonces preferían engañarse o mirar hacia otro lado.

Esa noche, mi mujer, Ana, y yo nos quedamos a dormir en San Sebastián. Yo quería ver a nuestra gente para darles ánimos. El asesinato de Goyo causó una conmoción interna en el Partido Popular en toda España, pero sobre todo fue un mazazo para nuestros militantes y cargos públicos del País Vasco. Yo me sentía responsable de todos ellos. Yo era el líder del partido al que eran leales personas que se jugaban la vida y que lo pasaban muy mal. Quería manifestarles mi respeto, mi apoyo y también mi convicción de que debíamos aguantar la presión. Todo el mundo debía saber que éramos un partido capaz de aguantar los golpes más duros en defensa de nuestras ideas de democracia y libertad.

Me reuní con Jaime Mayor en el hotel María Cristina. Le dije que tenía que sustituir a Gregorio como candidato del PP a la alcaldía de San Sebastián: «Esto no podemos dejarlo. Tenemos que cuidar mucho de nuestra gente. Es una tarea de liderazgo. No pretendo que te conviertas en un líder local ni que te quedes en San Sebastián para siempre, sino que estemos a la altura de nuestra obligación». Y Jaime aceptó.

Luego fuimos a casa de Gregorio. Estuvimos con Ana Iríbar y conocimos a su hijo de dos años, Javi. Era una casa sencilla, pequeña, cerca de un paso elevado que aún estaba a medio poner. Una bombilla desnuda colgaba del techo. Era la imagen de un proyecto de vida cercenado demasiado pronto, cuando aún estaba empezando.

El asesinato de Goyo fue el comienzo de una escalada. El siguiente era yo.

Un día de abril, Jaime Mayor recibió un aviso de Ajuria Enea. Le dijeron que ETA estaba preparando algo muy gordo contra alguien del PP. Vino a contármelo a Génova. Jaime pensaba que el objetivo era yo, y yo pensé que el objetivo era él para no pensar que era yo, cosa que no comentamos ninguno de los dos. Le pedí que fuera a ver a Juan Alberto Belloch, que entonces era el ministro del Interior. Pero Belloch le dijo que, en su opinión, esas especulaciones no tenían fundamento y que, según sus informaciones, ETA no tenía intención de atentar nuevamente contra nadie del Partido Popular. Cuarenta y ocho horas después, ETA intentó matarme. Hizo estallar una bomba al paso de mi coche.

El atentado se produjo el 19 de abril, pero los terroristas habían previsto realizarlo antes. Según supimos luego, hasta en tres ocasiones intentaron activar una bomba con mando a distancia. No lo lograron gracias al inhibidor de frecuencias con el que estaba equipado mi coche. Entonces, optaron por desplegar unos cables de 200 metros de longitud por varias calles y esperar a que pasáramos para activar la bomba manualmente. Con este procedimiento, habían previsto cometer el atentado el día 18 de abril, pero sus planes se frustraron porque ese día tuve que asistir al funeral por Josep Maria Prat, el presidente del Partido Popular de Gerona, que desgraciadamente había fallecido la víspera en un accidente de tráfico.

Yo iba leyendo la prensa cuando sentí una enorme explosión. Me encontré tirado en el suelo de mi coche, boca abajo. Noté un olor intenso y un fuerte escozor en la cara. Me la toqué para saber si estaba entera. Luego me toqué los brazos y las piernas. Le pregunté a Estanis, mi conductor, si estaba bien y si sabía qué había pasado. Me dijo: «Ha sido una bomba». Le pregunté si la llevábamos nosotros adosada a los bajos del coche y me contestó: «No, creo que ha sido un coche bomba».

Salí del coche por mi propio pie y pregunté inmediatamente por mis escoltas. Estaban en la calle, aturdidos y chamuscados, pero enteros, pistola en mano. Les dije: «Guarden eso; los que han hecho esto ya no están por aquí». La decisión de comprar un coche con blindaje especial había sido de Paco Álvarez-Cascos. Lo había hecho sin consultarme porque sabía que le hubiera dicho que no lo hiciese. Aquel blindaje nos salvó la vida. Sin embargo, hubo diecinueve heridos y una señora, Margarita González Mansilla, resultó gravemente herida como consecuencia del derrumbamiento de su casa en la explosión y murió tres meses después.

En cuanto comprobé que estaba bien, lo más importante para mí era hablar con mi familia y transmitir un mensaje de tranquilidad a los españoles.

Ana había oído la explosión desde casa. Una amiga que vivía en el piso de arriba bajó y le preguntó si yo estaba en casa. Ana le contestó que no, que había salido hacía muy poco. Y ella le dijo: «La bomba ha sido para él». Nuestro hijo mayor, José María, se enteró del atentado cuando llegó al colegio. Salió de inmediato y se fue al lugar del atentado. Vio el coche destruido. Quiso acercarse, pero, al no decir quién era, no se lo permitieron y se marchó para casa. Ana se enteró por la radio del autobús escolar y estuvo un tiempo sin saber si su padre estaba vivo o muerto. El pequeño, Alonso, estaba todavía durmiendo; cuando se despertó, su madre le dijo que se volviera a la cama porque ese día no había colegio.

Hablé con Ana desde la clínica Nuestra Señora de Belén, una maternidad a la que me llevaron porque estaba muy cerca del lugar del atentado y cuyos médicos me atendieron con gran amabilidad. Ana estaba muy impresionada y lloraba. Le dije que estaba bien y le pedí que se ocupara de los niños.

Me reconfortó mucho la entereza de mi familia. Ana y mis hijos habían sido mi principal apoyo en todos los avatares de mi trayectoria política, con sus momentos duros, de críticas y de soledad. Ana sabía bien lo que era la exposición pública y estaba dispuesta a asumir sus costes y sus sacrificios. De hecho, en esos años se lanzó a hacer unos comentarios semanales en Telecinco, con gran éxito, por cierto. Sin embargo, una cosa son las incomodidades, la preocupación o incluso la angustia que en algún momento u otro sienten los familiares de casi cualquier político o persona pública, y otra cosa muy distinta lo que mi familia y la de los demás amenazados y golpeados por ETA tuvieron que soportar. Ana y yo quisimos que nuestros hijos entendieran bien lo que había ocurrido, quisimos evitar que les llegara información parcial o tergiversada, y por eso decidimos ver las imágenes del atentado por televisión junto con los dos mayores. Creo que hicimos bien.

También desde la clínica Belén llamé a mi secretaría en Génova, que entonces dirigían Marisa Granja y Milagros Rodríguez Falcón. Fue a Milagros, que luego sería una leal e incansable trabajadora durante los ochos años que estuvimos en la Moncloa, a quien le dije que había sufrido un atentado, pero que estaba bien. Le pedí que llamara al secretario general, Francisco Álvarez-Cascos, y le dijera de mi parte que se ocupara de avisar a los demás. Llamé también a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de prensa del partido, para trasladarle el mismo mensaje.

En mi primera comparecencia ante los medios, califiqué el atentado como «gajes del oficio». Quería dar la máxima sensación de normalidad para que quedara claro que ETA no había logrado su objetivo de desestabilización democrática. Quise pasar página lo antes posible. Habían intentado matarme, no lo habían logrado y ahora yo debía y quería continuar con mi actividad política. Por eso también pedí marcharme enseguida de la clínica Belén. Me dejaron irme, pero insistieron en que debía seguir hospitalizado. De regalo me llevé una nueva ahijada: los padres de una niña nacida durante mi paso por la maternidad me pidieron que fuera su padrino y de nombre le pusieron Ana Beatriz, en honor a mi mujer.

Me trasladaron a la clínica Ruber, de la calle Juan Bravo. Me negué a ir en una ambulancia y me llevaron en un coche particular. Todo el personal del hospital, dirigido magníficamente por los hermanos Javier y José María Bergaz, con los doctores Alfredo Sánchez Bustos y Jorge Contador a la cabeza, tuvo un comportamiento extraordinario. Recuerdo ver llegar a Ana. Estaban haciéndome una de las muchas pruebas a las que me sometieron y la vi detrás del cristal de la habitación. Le dije: «No te preocupes, que creo que envejeceremos juntos».

Las pruebas salieron bien, pero los doctores decidieron mantenerme un día y medio en observación con el argumento, incluido explícitamente en el parte médico, de que «el paciente no guardará el debido reposo».

En la Ruber, me acompañaron mi familia y algunos compañeros de la dirección del partido. El Gobierno mandó a Belloch y a la ministra de Sanidad, Ángeles Amador. González no vino al hospital. Me llamó por teléfono. El Rey, también. A través del jefe de su Casa, Fernando Almansa, Don Juan Carlos me había hecho llegar insistentemente su deseo de recibirme la misma tarde del atentado. Pero eso no podía ser. Por teléfono me dijo: «Igual que yo, tienes siete vidas, como los gatos». Cuando los médicos me dieron por fin el alta, fui a verle a la Zarzuela.

El atentado produjo una fuerte impresión y muchas reacciones. Fraga, siempre dado a la hipérbole pero desde un afecto y un alivio sinceros, me dijo que las leyendas sobre las personas se escriben en los momentos trágicos: en las guerras, en los conflictos, en los problemas y también en los atentados. La verdad es que de aquel atentado no salió más que lo que había, personal y políticamente. Aunque algunos hablaban del carisma del superviviente, el atentado no cambió mi personalidad ni mis posiciones. No añadió ni quitó nada a mi determinación de luchar contra ETA. Lo que quizás sí hizo fue acentuar más si cabe mi sensibilidad y compromiso con las víctimas del terrorismo. Al poco tiempo de salir de la clínica declaré: «Sólo hay dos bandos: los que matan y las víctimas. Con esa línea no se juega; no se puede estar con un pie en cada sitio».

Al día siguiente del atentado, el Ministerio del Interior me puso un gran coche con una espectacular escolta policial. Pasados un par de días, el coche y la escolta se esfumaron.

Nunca pedí cuentas a nadie por el atentado. Aunque siempre me sorprendió que unos terroristas hubiesen podido seguirme durante meses y que incluso hubiesen podido ensayar el atentado manualmente, con sus cables y sus explosivos en plena calle, sin que nadie se percatara de nada, opté por no abrir el más leve debate. Ni siquiera me interesó saber quiénes habían sido los autores materiales del atentado. No me presenté como acusación particular en su juicio ni me personé como perjudicado. La policía fue a tomarme declaración a mi despacho de la calle Génova. Lo único que recuerdo es la máquina de escribir portátil que llevaba el agente, que no funcionaba. La penuria de medios con la que tenían que trabajar los policías me impresionó. Un tiempo después, el juez Manuel García Castellón me citó en la Audiencia Nacional. Subí a su despacho. Me preguntó si tenía algo que declarar. Le dije que no. Me contestó: «Muy bien, se puede usted marchar». Le di las gracias y los buenos días, y me fui.

Pocos días después del atentado celebramos el debate sobre el estado de la nación. Aunque no me encontraba en las mejores condiciones, decidí mantener mi intervención. A mi juicio, lo importante era recuperar cuanto antes la normalidad. Sin embargo, lo que no podía eludir eran las graves implicaciones políticas de lo ocurrido el 23 de enero y el 19 de abril, dos fechas que para mí siempre estarán relacionadas. Para mí y para ETA. El día de mi atentado, la tumba de Gregorio fue profanada. En alguna ocasión he dicho que sentí el atentado de Goyo mucho más que el mío. Hoy lo vuelvo a repetir.

Con el asesinato de Gregorio Ordóñez, pensamos que los terroristas venían a por nosotros por ser del Partido Popular. Con mi atentado, entendí que lo que intentaban eliminar era la posibilidad de la alternancia en España. Así lo manifesté en una entrevista de televisión concedida unos días después: «ETA da por terminada la actual situación política y quiere acabar con la próxima porque así pone en peligro la democracia. Lo importante es que les ha salido mal». El propio Felipe González dio a entender que era consciente de las implicaciones de mi atentado cuando en un periódico francés aseguró: «Hemos rozado la catástrofe». Unos meses después, en agosto, pudimos comprobar la envergadura del desafío. ETA intentó atentar contra el Rey aprovechando su veraneo en Palma de Mallorca. Creo que no exagero si digo que, por primera vez desde los peores años de la Transición, ETA volvió a albergar entonces la idea de que realmente era posible una desestabilización general de nuestro régimen constitucional y democrático. ETA no sólo pretendía acabar con la alternancia, sino con el propio sistema.

Junto con la reivindicación de mi atentado, ETA difundió la que denominaba «Alternativa Democrática», una versión idéntica en lo esencial a la anterior Alternativa KAS. En ambos casos, se trataba del clásico chantaje al Estado con las conocidas exigencias de la banda a cambio de dejar de matar: la independencia del País Vasco, la anexión de Navarra, la amnistía de los terroristas presos...

Era fácil suponer que ETA había llegado a la conclusión de que el acceso del Partido Popular al Gobierno iba a cambiar mucho las cosas y que, para ellos, el cambio no iba a ser precisamente a mejor. Después supimos que también otros, fuera de España, coincidían con ETA en su interés por impedir el cambio político que se avecinaba.

Unos años después, ETA hizo tres nuevos intentos de acabar con mi vida con un misil dirigido al avión que me trasladaba a las capitales vascas para los actos de la campaña electoral autonómica de 2001. Falló el mecanismo de disparo. De haber funcionado, ETA también habría acabado con la vida de las personas que me acompañaban, entre ellas, Ana.2 El auto del Juzgado Central de Instrucción en el que prestaron declaración los miembros del comando etarra hace una minuciosa relación de los hechos. Se da la circunstancia de que los terroristas guardaron el lanzamisiles en un almacén en Lizarza, el pueblo guipuzcoano en cuyo ayuntamiento Regina Otaola tuvo el coraje de izar la bandera de España. Allí la fui a visitar en enero de 2008 para mostrar mi apoyo a su compromiso patriótico con la ley y la libertad.

El año 1995 fue especialmente duro por la degradación del clima político y el acoso del terrorismo. Sin embargo, manteníamos el rumbo trazado y avanzábamos hacia nuestro objetivo. En las elecciones municipales y autonómicas celebradas el 18 de mayo quedó claro que el PP ya tenía el respaldo mayoritario de los españoles. Miguel Ángel Rodríguez lo ilustró mejor que nadie con un mapa de España en el que todas las capitales de provincia donde habíamos ganado aparecían señaladas con una gaviota. Las gaviotas no cabían. Ganamos en 42 de las 50 capitales de provincia, y en 10 de las 13 comunidades autónomas en las que se celebraron elecciones. En las elecciones municipales —que eran las que se disputaban en todo el territorio nacional— subimos ocho puntos respecto a las elecciones de 1991. El cambio era espectacular. En cuatro años habíamos sumado el apoyo de otros tres millones de españoles. Además, pudimos ofrecerle un homenaje póstumo a Goyo porque Jaime Mayor ganó las elecciones en San Sebastián, lo que convirtió al PP en la primera fuerza política del ayuntamiento, con casi el 24 por ciento de los votos y siete concejales. Un resultado histórico con el que superamos a los socialistas en uno de sus feudos tradicionales en el País Vasco y nos situamos muy por encima de los nacionalistas de PNV y EA, y de los proetarras de Herri Batasuna.

Cientos de militantes y simpatizantes se acercaron a la sede del partido en la calle Génova a celebrar la victoria. Desde el balcón, les dije: «Hemos abierto las puertas de la esperanza. Hemos subido el penúltimo escalón. El próximo será el Gobierno de España».

La campaña más dura

El segundo semestre de 1995 estuvo marcado por la presidencia de turno de la Unión Europea. Felipe González intentó recuperar la imagen interna a través de una positiva exposición internacional. Pero la ilusión de la recuperación socialista duró poco. De hecho, con ocasión de un Consejo Europeo celebrado en la península mallorquina de Formentor al final del semestre, Chirac tuvo un gesto que revelaba lo que cada vez más personas dentro y fuera de España pensaban acerca de las expectativas electorales del PP: tuvo la deferencia de llamar para saludarme y contarme las partes esenciales de los debates y los acuerdos alcanzados. La sensación de cambio político era cada vez más fuerte y estaba cada vez más extendida.

La puntilla fue el estallido del escándalo de las escuchas del CESID. Pujol se quedó sin argumentos para seguir apoyando al Gobierno y, a finales de año, González no pudo sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. El 27 de diciembre, los españoles nos enterábamos a través de Manuel Chaves de que al día siguiente González iba a anunciar la disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones para el 3 de marzo. La legislatura había durado dos años y ocho meses.

Poco tiempo después de la convocatoria de las elecciones, hubo una recepción oficial en la Zarzuela. El Rey estaba charlando con el presidente de Melilla, Ignacio Velázquez Rivera, y nos llamó a González y a mí para que nos sumásemos a la conversación. Al acercarnos, el Rey se volvió hacia el presidente de Melilla y le dijo: «Cuéntale esto al que está ahora y al que va a llegar». Más tarde, González me advirtió: «Bueno, yo quiero decirte que voy a hacer todo lo posible para ganarte las elecciones». Sus palabras no me dejaron ninguna duda acerca del tipo de campaña que nos esperaba.

La campaña electoral de 1993 había sido áspera, y también lo sería la del año 2000. Sin embargo, la de 1996 fue brutal. La más dura que jamás he tenido que disputar. Lo fue porque los socialistas, acorralados por la corrupción y la crisis económica, optaron por la máxima movilización mediante ataques feroces al PP y la apelación personal de Felipe González a los sentimientos más primarios de sus bases. Y lo fue porque ETA estuvo presente sin tregua, antes de la campaña y durante ésta.

El 6 de febrero, menos de un mes antes de las elecciones, ETA asesinó a Fernando Múgica y a su escolta en pleno centro de San Sebastián. Me trasladé al País Vasco para ver a la familia de Fernando, que había sido presidente del PSOE guipuzcoano. Estuve con su mujer, Mapi de las Heras, con sus hijos, Fernando, Rubén y José María, y con su hermano, Enrique. Este último me dijo: «Sé que tú vienes porque lo sientes y te lo agradezco por eso. Otros van a venir, pero no lo sienten». Enrique y yo ya nos conocíamos, pero a partir de ese día establecí con él y toda su familia una relación muy cercana.

El féretro de Fernando estaba instalado en la sede del Partido Socialista. Me llamó la atención que en las paredes de la sede hubiera tantas imágenes de la guerra civil. Pregunté la razón y me explicaron que eran escenas del frente de Guipúzcoa. Pensé en la imposibilidad de que algo equivalente pudiera verse nunca en alguna sede del PP. Y pensé también en la paradoja de que la decoración de aquella sede evocara momentos históricos de división que personas como Fernando y Enrique habían trabajado tanto por superar. De la actitud de la familia Múgica se desprendía un sentimiento de encuentro, de querer compartir no sólo el sufrimiento personal en aquellos momentos de tristeza y dolor, sino también una visión común de la democracia española y de la necesidad de perseverar en la defensa de la convivencia y las libertades en España.

La actitud afectuosa y abierta de la familia Múgica hizo aún más evidente la hostilidad con la que fuimos recibidos en el funeral de Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA sólo ocho días después que Fernando, ese mismo mes de febrero, ya en plena campaña electoral. Tomás y Valiente era un prestigioso jurista y profesor. Había sido presidente del Tribunal Constitucional y era catedrático de Historia del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid cuando lo mataron, en su despacho. Era una persona con una muy definida militancia política, muy cercana a Felipe González y muy influyente en el PSOE.

Una vez más, ETA irrumpía en un proceso electoral con el asesinato de una personalidad políticamente relevante. La campaña no se suspendió. Y, por increíble que parezca, algunos socialistas decidieron aprovechar esa circunstancia para crear un clima de hostilidad hacia el Partido Popular.

Yo apenas conocía personalmente a Francisco Tomás y Valiente, pero sí sabía que había tenido unas discusiones públicas intensas con Fraga. La capilla ardiente se instaló en el Tribunal Constitucional. El ambiente era muy distinto del que había encontrado en casa de Fernando Múgica. Incluso tuvimos dificultades para acceder al salón en el que se encontraba el féretro. No se respiraba ni unidad ni dolor compartido, sino división y una tremenda animadversión hacia todo lo que no fuera socialista y sobre todo hacia el PP y hacia mí. Como si me hicieran responsable de esa muerte y, además, de estar vivo.

Luego hubo una manifestación en Madrid. Fue multitudinaria y se celebró con tranquilidad, pero, en la cabecera, el rechazo hacia nosotros se podía palpar.

Esos días se utilizó una declaración mía para organizar un escándalo. Dije que había que condenar a ETA, que había que lamentar el daño que causaban, pero que también teníamos que ser más eficaces en la lucha contra el terrorismo. Aunque luego se demostró que en efecto había mucho margen para la mejora, no debería haber dicho eso en aquellos momentos.

A lo largo de la legislatura, se habían producido algunos intentos de rebajar el nivel de enfrentamiento político entre los dos grandes partidos. En varias ocasiones, el presidente del Tribunal Constitucional, Miguel Rodríguez-Piñero, nos había reunido a cenar discretamente a González y a mí en la Fundación Areces. Pero la tensión que había marcado la legislatura no hizo más que aumentar con la acumulación de escándalos y la cercanía de las elecciones. En vísperas de la campaña, el exministro de Interior, José Barrionuevo, fue procesado en relación con los GAL: se le acusó de la detención ilegal del industrial Segundo Marey en 1983, de malversación de dinero público y de relación con banda armada. También fueron procesados José Luis Corcuera y Rafael Vera por el desvío de fondos reservados. Y Gabriel Urralburu, un socialista que había sido presidente de Navarra, fue encarcelado por apropiación indebida.

Los socialistas nos hacían responsables a nosotros de cada uno de estos escándalos. Nos acusaban de generar «crispación» y a mí, personalmente, de tener «rencor». Al escucharlos yo me preguntaba: ¿rencor? ¿Por qué? Lo que yo tenía era el mismo estupor y la misma indignación que sentían millones de españoles ante la conducta de muchos supuestos servidores públicos y ante las consecuencias que esa conducta tenía para el buen funcionamiento y prestigio de las instituciones españolas.

Los socialistas se veían cada vez más arrinconados por sus propios escándalos. Sin embargo, una parte de la sociedad española seguía viendo al PSOE como un elemento básico para la vertebración y la cohesión del país. Muchas personas seguían creyendo que sólo la izquierda tenía la legitimidad para gobernar. A este prejuicio apeló el famoso vídeo del dóberman, en el que aparecían imágenes mías y de Paco Cascos intercaladas con otras en blanco y negro con una música siniestra de fondo, a la que se contraponía la «España en positivo» de las parejas sonrientes y los trabajadores felices de Felipe González. ¿España en positivo?, pensé cuando lo vi. ¿La del 23 por ciento de paro, el 7 por ciento de déficit y el 4,5 por ciento de inflación?

Frente a los insultos y a las descalificaciones, redoblamos nuestro esfuerzo por explicar nuestro programa y mostrar que éramos un partido de Gobierno. Si nos hubiésemos dedicado a contestar todo lo que se decía sobre nosotros, posiblemente no habríamos ganado las elecciones. Teníamos que dejar claro que llegábamos para cambiar las cosas, no para ser comparsas de una visión maniquea de España ni un paréntesis en la larga hegemonía de la izquierda. También teníamos que convencer a la opinión pública de que la alternancia era no solamente necesaria, por higiene democrática, sino además buena para la prosperidad, el bienestar y la convivencia en España.

Los sondeos nos daban una ventaja muy importante. En realidad, estábamos en el límite de nuestras posibilidades electorales, como luego se comprobó. Aquellos sondeos provocaron que el Partido Socialista llamara a sus filas a rebato y utilizara todos los medios a su alcance para una movilización sin precedentes en contra de una posible victoria del PP.

Para su campaña, los socialistas contaron con un importante apoyo financiero y mediático. Y sobre todo jugaron hábilmente la carta personal de Felipe González. Mucha gente estaba dispuesta a eximir a González de su responsabilidad en todo lo ocurrido bajo su Gobierno y a concederle una nueva oportunidad para enmendar los errores cometidos por otras personas de su entorno y su partido. Estaban dispuestos a avalar el cambio del cambio del cambio...

Mi actitud durante la campaña fue de máxima cautela. Intentamos conjurar el voto del miedo que azuzaban los socialistas con mensajes de concordia y de unidad. En cada mitin, yo insistía en que no debíamos entrar al trapo de las provocaciones ni desviarnos de nuestro objetivo: «Nosotros a lo nuestro». En cambio, hicimos algunas demostraciones de fuerza. La más espectacular fue el mitin celebrado el 29 de febrero en el campo de fútbol de Mestalla, en Valencia. Fue la concentración política y electoral más grande de la democracia española. Ningún partido en España ha conseguido convocar a tanta gente en un acto político, ni antes ni después. En el aforo cabían 50.000 personas y se llenó. Mucha gente tuvo que seguir el mitin desde la calle por pantallas gigantes. También algunos amigos míos que se habían trasladado a Valencia para la ocasión. Eduardo Zaplana, que entonces era el presidente de la Comunidad Valenciana, consiguió una movilización sin precedentes. Recuerdo el mar de gente desde el escenario. Era tal la cantidad de personas, y era tan grande la distancia desde el fondo del estadio donde estaba colocado el escenario, que la interacción con el público no fue todo lo fácil y ágil que en otros grandes mítines de aquella campaña. Sin embargo, no lo olvidaré jamás.

Hay gente que piensa que disfruté de aquellos años. No es verdad. No me gustaba nada lo que estaba ocurriendo y me preocupaba mucho la situación de España. Fueron años muy difíciles y en ocasiones desagradables. Yo cumplía con mi responsabilidad de hacer oposición a un mal Gobierno. Una oposición que necesariamente tenía que ser dura e incisiva porque la situación del país así lo exigía. Cuando realmente disfruté fue ya en el Gobierno, cuando por fin pude poner en marcha el proyecto de reformas, regeneración y modernización de España que veníamos preparando desde 1990.

En la elaboración de aquel proyecto, la FAES desempeñó un papel fundamental. Fue el puente más sólido entre personas influyentes de todos los ámbitos de la sociedad española y el Partido Popular. Allí, a través de reuniones, seminarios y reflexiones conjuntas, se perfiló el proyecto político que presentamos a los españoles en 1996. Un proyecto que convocaba a la sociedad a una nueva época. No nos conformábamos con una victoria sobre el PSOE en las urnas. Queríamos poner a España al nivel de los grandes países de Europa y convertirla en una de las mejores democracias del mundo. Ése era nuestro mensaje y nuestro compromiso: dentro de lo que significaba la continuidad histórica de la Transición española, nosotros veníamos a cambiar las cosas.

CAPÍTULO 6

El proyecto en marcha (1996)

Ninguna victoria es amarga

En el balcón de Génova hacía un viento frío que lo cortaba todo. Era una noche típica de primeros de marzo en Madrid y todos acabamos tiritando. A mi lado estaban mi mujer, Ana, Paco Álvarez-Cascos, Rodrigo Rato y Mariano Rajoy. Era el núcleo del equipo que, con los años, había ido incorporando a muchas personas de gran valía. Ya gobernábamos en la mayoría de los municipios y las comunidades autónomas de España. Pero la celebración de aquella noche era distinta a todas las anteriores. Lo que estábamos festejando era la consecución del objetivo político por el que veníamos trabajando y luchando desde hacía años: la victoria en las elecciones generales frente a un Partido Socialista hegemónico en España desde 1982.

Hubo quien se refirió a aquel triunfo como una victoria amarga. Eran palabras, maneras de hablar. Hubo decepción, porque las expectativas no se habían cumplido, pero no frustración ni mucho menos amargura. Las victorias no son nunca amargas. Y ninguna derrota es dulce, aunque en el momento del fracaso uno se intente consolar. La gente del PP lo sabíamos bien porque habíamos perdido muchas elecciones contra el PSOE. Y yo también sabía lo que es ganar por muy poco. En 1987 en Castilla y León le sacamos al PSOE apenas cinco mil votos.

Aquel domingo 3 de marzo era la feliz culminación de años de trabajo, una recompensa al esfuerzo de mucha gente que había creído que España debía y podía tener un Gobierno distinto, un Gobierno reformista, enérgico, dispuesto a colocar al país entre las mejores democracias del mundo desde una sólida confianza en la capacidad de los españoles.

Fue una noche intensa y, en algún sentido, reveladora. En cuanto salieron los primeros sondeos que nos daban la victoria, muchas personas aparecieron precipitadamente en la sede de Génova. Venían a repartir abrazos y a felicitarse con nosotros de un triunfo que daban por hecho. Algunas de esas personas se esfumaron con la misma precipitación cuando, al avanzar el escrutinio, el éxito no parecía ya tan claro.

Teníamos nuestros propios datos. Preveíamos un recuento muy ajustado, que al final se inclinaría a nuestro favor. Por eso decidimos que Rodrigo compareciera ante los medios de comunicación poco después de que cerraran los colegios electorales para decir que habíamos ganado.

Las elecciones habían sido muy reñidas, de máxima movilización por ambas partes. El Partido Popular obtuvo 9,7 millones de votos y 156 escaños. Nos apoyaron un millón y medio de españoles más que en 1993. Pero los socialistas también avanzaron. Aunque se quedaron en 141 escaños, sacaron 250.000 votos más que en las anteriores elecciones hasta sumar 9,4 millones papeletas. Este resultado fue utilizado por Felipe González para minimizar su derrota y por otros para cuestionar nuestra victoria.

Es verdad que todos hubiéramos preferido una mayoría más holgada. Algunas encuestas señalaban una victoria poco menos que arrolladora. Yo no lo había visto tan claro. Por eso en todos los mítines de la campaña había pedido insistentemente una gran mayoría, una mayoría clara. Sabía de la fortaleza del suelo socialista y de la eficacia del voto del miedo. Y, sobre todo, sabía que aún no teníamos las credenciales de una buena ejecutoria en el Gobierno para ofrecer como garantía a los españoles a cambio de su apoyo. Lo habitual en las contiendas electorales es que, si llevas mucha ventaja, ésta se vaya reduciendo. Recuerdo haberlo comentado hace poco con David Cameron, unos meses antes de las elecciones que le convertirían en primer ministro del Reino Unido. Me pidió algún consejo y yo le dije que lo mejor que podía desear era que el tiempo pasara lo más rápido posible: «Si puedes hacer que los días tengan doce horas en lugar de veinticuatro, mejor».

Al final, los españoles nos dieron un respaldo ajustado a la espera de ver cómo lo administrábamos. Lo primero que tuvimos que administrar fue el propio resultado electoral. Esa noche, mientras todas las sedes del PP de España celebraban un triunfo histórico para el centro-derecha, empecé a recibir las primeras llamadas. El Rey me dio la enhorabuena y Felipe González me concedió la victoria, aunque inmediatamente después afirmó ante los medios de comunicación que, si nosotros no podíamos formar Gobierno, «se abrirían otras posibilidades». González estaba convencido de que no seríamos capaces de alcanzar los acuerdos necesarios para garantizar la gobernabilidad de España y de que, aunque los alcanzásemos, seríamos incapaces de mantenerlos. Su certeza era tal que, en un mitin celebrado en Linares veinte días después de las elecciones, llegó a decir que en menos de un año habría nuevas elecciones generales y los socialistas estarían de vuelta en el Gobierno por mayoría absoluta.

El lunes después de las elecciones cayó la Bolsa. A los mercados nunca les ha gustado la incertidumbre, y nuestro resultado abría incógnitas. España estaba en una situación económica complicada y necesitaba estabilidad. En esos días de dudas y especulaciones, mantuve conversaciones con personas relevantes del mundo económico y financiero. También envié un mensaje de tranquilidad a nuestros socios europeos.

El Rey me encargó formar Gobierno y me puse a la tarea. Otros también se pusieron a trabajar, sólo que para impedirlo. Las fuerzas políticas y mediáticas que llevaban años intentando evitar la alternancia se descolgaron con sugerencias creativas, como que gobernara el Partido Popular pero con otro presidente. En un editorial titulado «Hay más fórmulas», el periódico más cercano al PSOE afirmaba:

«Lo lógico es que ese Gobierno fuera encabezado por Aznar, como candidato del partido más votado. Pero no es exacto, como pretende él, que los españoles hayan decidido que él sea el presidente o que no haya “fórmula de gobierno que no pase por el PP”. Porque hay opciones que no incluyen al PP; cabe, además, que, si Aznar no logra la investidura, el Rey designe otro candidato del PP que no sea él. Incluso existe la posibilidad constitucional de un Gobierno de gestión encabezado por un independiente, como el de Dini en Italia, que ni siquiera tiene que ser diputado.»

La idea era sin duda ingeniosa. Equivalía a decir: podemos aceptar un Gobierno del Partido Popular, pero no con Aznar. El nombre que circuló para aquella operación fue el de Alberto Ruiz-Gallardón. Tal vez imaginaron que Alberto y un sector del PP estarían dispuestos a participar en ella. Años después algunos volverían a proponer fórmulas italianas para resolver los problemas internos de España.

Que un periódico afín a los socialistas editorializara en mi contra no me importó nada. Entraba dentro del guión. Lo que me preocupó y me animó a actuar fue la sensación general de que se estaba gestando una operación política de mayor calado. Decidí hablar con mi equipo. Les dije que me parecía mucho más importante que el PP gobernara que no que yo fuera presidente. Hablé también con Fraga y le dije mi opinión: «Creo que hay que hacer lo que estamos haciendo. Pero si soy un obstáculo, me quito de en medio». Todos me dieron la misma respuesta: «Eso es exactamente lo que quieren y eso es exactamente lo que no les vamos a conceder».

En el partido hubo quien tuvo sus dudas. El horizonte era incierto; las negociaciones que se avecinaban, difíciles; y nuestros potenciales socios, no particularmente cómodos. Además, la derecha española siempre se ha dejado llevar por un cierto pesimismo histórico que, en este caso, se traducía en dudas respecto a nuestra capacidad para alcanzar acuerdos de Gobierno. En realidad, ese pesimismo cundió más en la derecha social y en algunos círculos económicos que en el propio partido. Todavía había gente influyente en España para quien Felipe González era el único presidente de Gobierno posible, una posición que defendían con todo tipo de justificaciones. Llegaron a cruzarse apuestas sobre si seríamos capaces de formar Gobierno y sobre cuánto íbamos a durar.

El partido clave para formar Gobierno era Convergència i Unió. Los nacionalistas catalanes habían obtenido dieciséis escaños, uno menos que en 1993, pero seguían siendo el partido decisivo. De eso presumió Jordi Pujol la noche electoral, y era verdad. Para sumar la mayoría absoluta, necesitábamos sus votos y otros tres más, que podíamos conseguir con el apoyo de Coalición Canaria, que había logrado cuatro escaños, o con el del PNV, que tenía cinco.

Pujol nunca compró la idea del «Gobierno de gestión». Como he contado, años atrás me había asegurado que bastaría con que obtuviéramos un voto más que los socialistas para que él se sentase a hablar con nosotros de un acuerdo de Gobierno. Se lo recordé y empezamos a negociar.

Pactos para la estabilidad

La tradicional alianza de la izquierda con el nacionalismo ha servido para impedir que gobierne la derecha. Ha sido una alianza perjudicial para España porque la izquierda antepone a los objetivos comunes su pulsión de poder, y el nacionalismo, su pulsión disgregadora. Nosotros interpretamos el resultado de las elecciones generales de 1996 como una oportunidad para vertebrar una relación distinta con los partidos nacionalistas; una relación que superase la dinámica de confrontación y fortaleciese un proyecto de convivencia beneficioso para todos los españoles.

Representantes de CiU y del PNV habían empezado a acudir a los congresos de nuestro partido a partir de 1990. Manteníamos un diálogo con ellos que, como es lógico, algunas veces resultaba más fructífero que otras. La situación del PP en el País Vasco era, por definición, difícil. Y en Cataluña habíamos sobrevivido durante años como un partido prácticamente cautivo. Nosotros queríamos que el Partido Popular de Cataluña tuviera una posición clara, con capacidad de maniobra y de decisión, y que no fuera un mero satélite de CiU. Con ese objetivo promoví a Alejo Vidal-Quadras a la dirección del PP catalán. Aquella decisión tuvo que vencer no pocas reticencias y resistencias internas, pero cumplió su objetivo. Tiempo después, Alejo dejó la dirección del partido en Cataluña y se incorporó a la FAES como coordinador general. Luego también formó parte de las listas al Parlamento Europeo, del que es vicepresidente desde junio de 1999. Ninguna persona ajena al partido influyó sobre estas decisiones, que impulsé siempre con el respaldo de la mayoría de nuestros compañeros de Cataluña.

Desde las filas del nacionalismo catalán, una de las personas que contribuyó a que cerráramos el acuerdo de Gobierno fue Josep Antoni Duran i Lleida, líder de Unió Democràtica, partido coaligado al de Pujol en CiU. Duran llevaba tiempo colaborando con nosotros y le interesaba el acercamiento al PP, sobre todo después de nuestra integración en el Partido Popular Europeo y en la Internacional Demócrata Cristiana, de la que Unió también formaba parte.

Pujol se tomó su tiempo. Venía de apoyar al Partido Socialista incluso contra el viento de la corrupción y la marea de la crisis económica. Y ahora tenía la posibilidad de prestar el apoyo decisivo a un Gobierno del PP. Decidió prolongar la negociación, un poco por necesidad, otro poco por regodeo, para demostrar que era imprescindible. En esa partida, jugó muchas cartas de las que conocí detalles significativos.

Mantuve dos conversaciones con Pujol: una, en el molino de Rodrigo Rato en Carabaña, y otra, en la casa del empresario Pedro Ballvé, que era amigo mío desde hacía muchos años. No entramos en ningún detalle concreto sobre el pacto de gobernabilidad que luego firmaríamos. De eso se ocupó Rodrigo y negoció muy bien. Había sido nuestro portavoz parlamentario y tenía excelentes relaciones con CiU. Mis conversaciones con Pujol fueron generales, de análisis histórico, político y económico de España, cuya existencia como marco común Pujol reconocía, lo que facilitaba el entendimiento.

Lo que no quiso hacer Pujol fue entrar en el Gobierno. Se lo ofrecí entonces y se lo volví a ofrecer en el año 2000, tras nuestra victoria por mayoría absoluta, cuando no necesitaba sus votos. Pero, a la hora de la verdad, Pujol no quiso asumir ningún compromiso. Prefirió instalarse en la «incomodidad». Pujol siempre decía estar incómodo. Lo dijo en la primera legislatura y lo dijo también en la segunda. Se quejaba de manera permanente. Nada era suficiente. Nada le satisfacía. Ni siquiera cuando desde su propio partido se reconocía que los acuerdos alcanzados con el PP eran buenos para Cataluña. Pujol suele acertar en las cosas pequeñas y equivocarse en las grandes. Decidió mantener abierto el bucle del victimismo y la reivindicación permanente. Estoy convencido de que fue una gran equivocación. Creo que Pujol perdió la oportunidad de ser el gran protagonista de un acuerdo histórico que habría beneficiado mucho a Cataluña.

Las negociaciones con CiU se centraron en varios ejes. El más importante fue el fiscal. Los dirigentes de CiU pusieron todo el énfasis en el porcentaje del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) que el Estado debía ceder a la Generalitat. S in embargo, desde el punto de vista nacionalista, lo verdaderamente relevante no era tanto el porcentaje, que ya estaba en el 15 por ciento, como la capacidad normativa sobre el tramo del impuesto cedido. Entonces todo el mundo hablaba de corresponsabilidad fiscal, y los nacionalistas pensaron que, al incrementar el tramo cedido hasta el 30 por ciento, automáticamente iban a obtener más ingresos. No era así de simple. En un determinado momento, Felipe González me dijo que, si los catalanes presionaban mucho, él se ofrecía a desempeñar el papel de dique de contención. Pero yo nunca sentí que estuvieran presionando mucho. Después, en el debate de investidura, González nos acusó de haber cedido demasiado.

Lo que entonces ni CiU ni los socialistas calibraron fue que a quien más beneficiaba el nuevo sistema de financiación (que se extendió al resto de las comunidades autónomas el 23 de septiembre mediante un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera) era a las regiones con más margen para el crecimiento. Cataluña tenía un recorrido fiscal mucho más limitado que, por ejemplo, Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, y, por tanto, sus bases fiscales se expandieron menos que las de otras comunidades en los años de fuerte crecimiento económico. Esto no fue óbice, sin embargo, para que las regiones gobernadas por el Partido Socialista se opusieran al nuevo sistema, con Andalucía a la cabeza. Recuerdo unas declaraciones de Manuel Chaves criticando el acuerdo pero sumándose a él.

Sigo pensando que el nuevo modelo de financiación que pactamos en 1996 era razonable y bueno. Lo ampliamos en 2002 y creo que, si el PSOE de Rodríguez Zapatero no hubiese decidido cambiarlo de manera innecesaria, la situación de España sería hoy bastante mejor.

El pacto con CiU se cerró en el hotel Majestic de Barcelona el 28 de abril de 1996. Pujol apuró al máximo los plazos y luego explotó política y mediáticamente el acuerdo todo lo que pudo. Lo presentó al mismo tiempo como un triunfo para Cataluña y un gesto de generosidad por su parte. Lo cierto es que fueron unos buenos pactos. Unos pactos que ponían fin a una anomalía histórica y en los que no había nada que el Estado no pudiera razonablemente aceptar y asumir.

Adelantándose a un acuerdo de gobernabilidad que daban por hecho, Coalición Canaria nos había ofrecido su apoyo en cuanto ganamos las elecciones. Con sus cuatro escaños y los diecisiete de CiU, teníamos garantizada la investidura. Sin embargo, decidimos buscar también el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Lo hicimos por una cuestión de conveniencia política. Queríamos romper el cerco nacionalista a escala nacional y ganar protagonismo en el País Vasco. El interlocutor natural con el PNV era Jaime Mayor y se manifestó muy favorable a ese acercamiento. A mí también me pareció importante y de inmediato nos pusimos a trabajar para lograrlo. El propio Jaime redactó las bases del acuerdo.

Mantuve una primera reunión a solas con el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, en mi casa de La Moraleja. Los medios de comunicación se habían enterado del encuentro y la entrada de mi casa estaba literalmente tomada por las cámaras de televisión. Para evitar el espectáculo, le dije a Arzalluz que accediera por una puerta de atrás.

A lo largo de los años, Arzalluz y yo ya habíamos mantenido varios encuentros, que nos habían permitido intercambiar opiniones y conocernos. En esta ocasión, la conversación fue especialmente franca y productiva. Le dije a Arzalluz que quería un acuerdo, pero que no me pidiera lo imposible porque no se lo iba a dar. Entre lo imposible figuraba ceder la competencia sobre el régimen económico de la Seguridad Social. También le dejé claro que la política antiterrorista era un asunto de exclusiva responsabilidad del Gobierno de la Nación y que de ella me encargaría yo. Aceptó ambas cosas. A petición del propio Arzalluz, el 30 de abril comparecimos los dos junto con Jaime Mayor, Rodrigo Rato, Mariano Rajoy y el portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, en la sede del Partido Popular de la calle Génova para hacer público el acuerdo. Era una foto sin precedentes para un pacto sin precedentes.

Como es lógico, los acuerdos con CiU y el PNV no fueron iguales. El primero fue por necesidad. El segundo, por elección. CiU tenía unos objetivos más abiertos, que fue definiendo a medida que avanzaban las negociaciones. El PNV tenía muy acotado lo que le interesaba. Pero en los dos casos ambas partes quedamos satisfechas. Los nacionalistas, porque podían decir que seguían siendo necesarios e influyentes en la política española. Y nosotros, porque rompíamos un tabú histórico y porque nuestro objetivo era reforzar la estabilidad política en España.

De los acuerdos con los nacionalistas no se derivó ninguna cesión vital para la cohesión del país. Jamás los habríamos firmado de otra manera. Tampoco contenían elementos ocultos acordados debajo de ninguna mesa. De hecho, una de nuestras condiciones fue que todos los pactos fueran públicos y transparentes. La prueba de que lo fueron son las firmas en Génova y el Majestic.

Visto con perspectiva, es evidente que tanto el PNV como CiU valoraron los acuerdos de 1996 de forma más pragmática que nosotros. Creo que entendieron que se abría una oportunidad y que optaron por esperar a ver cómo evolucionaba la situación. Cuando, en función de sus cálculos particulares, el PNV decidió que el acuerdo ya no le interesaba, se echó en brazos de Herri Batasuna, el partido de ETA, para formar el frente nacionalista de Estella.

Una vez cerrados los acuerdos que nos garantizaban los apoyos necesarios, ya estaba en condiciones de presentarme al debate de investidura en el Congreso de los Diputados. El debate tuvo lugar los días 3 y 4 de mayo. Dirigía la sesión Federico Trillo, al que yo había propuesto como presidente del Congreso en reconocimiento a su trabajo y a los muchos servicios que había rendido a esa Cámara. En aquellos años, no sólo ejerció eficazmente su responsabilidad como tercera autoridad del Estado, sino que también tuvo tiempo de escribir un voluminoso estudio sobre el poder político en los dramas de Shakespeare.

El debate de investidura es distinto a todos los grandes debates parlamentarios. Para el candidato a presidente del Gobierno, tiene una desventaja: tienes que repetir lo que llevas meses contando en entrevistas, mítines y comparecencias. Sin embargo, es el preámbulo necesario al momento más importante de tu vida como político. Para los ciudadanos, es la ratificación solemne de tu compromiso con el país. Y este debate tenía la importancia añadida de que abría una nueva etapa política en España. Así lo dije en el arranque de mi intervención:

«Las elecciones del 3 de marzo han abierto una nueva etapa política en España. Los españoles, tras un largo periodo de Gobiernos socialistas, han manifestado su deseo de renovar nuestra vida pública; renovación para dar el impulso de modernización que España ahora necesita y que debe afectar a los comportamientos políticos, al modo en el que se ejerce el poder, al funcionamiento de nuestra democracia y traducirse en nuevas políticas para solucionar problemas no resueltos, corregir errores y alcanzar mayores cotas de libertad y de bienestar para los españoles.»

Nuestro acuerdo con los nacionalistas centró buena parte del debate. González exhibió un tono paternalista y condescendiente. Parecía contemplar la victoria del adversario como un breve paréntesis, convencido de que el futuro pronto volvería a ser como era. Quizás pensaba: cuanto antes llegue el PP al Gobierno, antes vuelvo yo a la Moncloa. También recuerdo cierta jactancia por parte del portavoz de CiU, que llegó a decir que nos había dado la vuelta «como a un calcetín». Una afirmación algo precipitada a la luz de los acontecimientos y resultados electorales posteriores. La actitud del PNV fue más moderada. Y en general lo que reinaba era la expectación.

El 4 de mayo de 1996, exactamente dos meses después de las elecciones generales, fui investido presidente del Gobierno de España por 181 votos a favor, 166 en contra y una abstención. Era la culminación de una larga travesía impulsada por la pasión política y el compromiso con España. Al día siguiente, juré ante el Rey en la Zarzuela y me fui para la Moncloa.

La Moncloa

Miguel Ángel Rodríguez organizó la entrada en la Moncloa. Ana y yo fuimos andando por los jardines desde el edificio del Consejo de Ministros hasta el palacio, donde íbamos a vivir. Era una primavera lluviosa después de una sequía muy fuerte y el traje verde pistacho de Ana destacaba en todas las fotos.

Para darnos el relevo, en el palacio nos esperaban el exportavoz del Gobierno, Miguel Gil, y el exjefe de Gabinete de González, José Enrique Serrano. En la entrada saludamos a todo el personal de la Moncloa. Recorrimos el edificio hasta llegar a la cocina. Me enseñaron la bodega y pregunté: «¿Cómo andamos de vino?». Me dijeron: «Bien de Rioja, pero falta Ribera del Duero». Se me ocurrió replicar: «Pues eso habrá que equilibrarlo». Al día siguiente, la frase encabezaba la portada del periódico de Logroño.

Ana, que ya llevaba muchas mudanzas a sus espaldas, decidió convertir aquella vivienda en nuestro hogar y manejarla con mano firme. Se ocupó de arreglarla con todos nuestros muebles y cosas, que trajo de casa. Tardamos unos veinte días en trasladarnos porque nuestro hijo mayor estaba preparando la selectividad. Cuando José María acabó sus exámenes, nos mudamos, para alivio del personal de seguridad de la Moncloa, a quienes mis traslados diarios desde La Moraleja causaban serios quebraderos de cabeza. Mis hijos se adaptaron enseguida a su nueva casa y a la nueva situación. Y yo tuve la suerte de verlos más que nunca: sólo tenía que subir o bajar unas escaleras para estar con ellos.

Al principio, organicé mi despacho en el edificio del Consejo de Ministros. Me gustaba la idea de poder dar un paseo hasta allí cada mañana. Pero el despacho era frío y decidí instalar mi zona de trabajo en el propio Palacio de la Moncloa.

Una de las primeras cosas que hice al llegar fue poner orden en la administración de ese inmenso complejo que es la Moncloa. Es como un pueblo grande, en el que trabajan miles de personas. Muchos servicios funcionan las veinticuatro horas del día, y su gestión requiere mucho control y rigor. Para ello nombré secretario general de la Presidencia a Javier Zarzalejos. Los primeros días nos explicaron que había una caja fuerte en un cuartito de uno de los despachos del Consejo de Ministros para uso del presidente. En esa caja fuerte había 300.000 pesetas diarias para gastos sin justificar. Todas las noches se reponía lo que se hubiera utilizado durante el día. Les dije: «Pues eso ha sido así hasta hoy».

La decisión de poner orden y evitar el descontrol en la utilización del dinero público se aplicó a todo lo que hacíamos. Era una manera de entender el ejercicio del Gobierno que quise compartir con una de las personas más importantes en la historia del PP: decidí invitar a Manuel Fraga antes que a nadie a la Moncloa, antes que a ningún representante político y a ninguna otra persona.

Que Fraga fuera la primera persona en venir invitado a la Moncloa me pareció elemental desde el punto de vista de la cortesía y políticamente justo. Fraga era una parte esencial de la historia del Partido Popular y de mi propia historia personal. Era el presidente fundador del partido en el que yo militaba y milito, y me había propuesto como candidato y sucesor. Tenía muchas cosas que agradecerle. Además, Fraga siempre tenía reflexiones y aportaciones relevantes. Recibirle y escucharle era políticamente útil, y un gesto de reconocimiento y afecto. Nos dimos un fuerte abrazo a las puertas de la Moncloa.

Fiel a sí mismo, Fraga traía un fajo de notas manuscritas con ideas, sugerencias y recomendaciones. Esas cuartillas, escritas con una letra tan expansiva como su autor, eran un legado de experiencia y un programa de acción. Había de todo: consejos para los primeros cien días de Gobierno, ideas para la formación de un buen equipo y apuntes rápidos sobre las áreas políticas más variadas. Me recomendaba que no descuidara el partido: «Es más necesario que nunca; no se puede dejar en manos de un segundo nivel». Me recordaba los principios y objetivos del PP: «¿Qué defendemos? Patriotismo, moral, orden, eficacia, limpieza, buenas maneras. ¿Qué pretendemos? Defender lo español, aumentar el empleo, mejorar la seguridad ciudadana, mejorar los servicios públicos y sociales. ¿Quiénes somos? Personas normales, preparadas, serias. No hay elitismo, hay esfuerzo». Y me resumía su manera de entender la vida y la política: «Sólo se lucha por lo que vale la pena». Nunca le había visto más humano, más entero y con una comprensión más cabal de la realidad. Guardo aquellas notas con afecto. Esa noche cenamos los dos juntos en la Moncloa.

Respecto a la formación de Gobierno, quise respetar puntualmente todos los trámites protocolarios. Con la máxima discreción, como era exigible y es previsible en mi carácter. Había algunos destacados dirigentes del PP de cuya presencia en el Gobierno nadie dudaba. El Rey fue el primero en conocer la composición completa del Gobierno; a Fraga le comenté con antelación algunos de los nombramientos, y luego informé a la opinión pública. Evidentemente, antes había hablado con cada uno de los interesados.

Yo tenía ya una idea bastante clara de la estructura de Gobierno que quería desde antes de las elecciones. Pero, por su gran conocimiento de la Administración española, le pedí a Rodolfo Martín Villa que diseñara un organigrama preciso. Por ejemplo, le dije que quería crear el primer Ministerio de Medio Ambiente, con grandes competencias inversoras en infraestructuras. También hablé con Paco Cascos para preguntarle qué responsabilidad prefería desempeñar. «Depende de lo cerca que me quieras tener», me contestó. Le dije que lo quería tener a mi lado y lo nombré vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia. Otro nombramiento evidente era el de Rodrigo Rato como ministro de Economía y Hacienda y como vicepresidente segundo del Gobierno. A Mariano Rajoy lo designé ministro de Administraciones Públicas porque era un área que conocía muy bien, y a Jaime Mayor, por los mismos motivos, le pedí que se hiciera cargo del Ministerio del Interior.

Abel Matutes reunía todas las condiciones para ser un buen ministro de Exteriores. Inquieto por naturaleza, fue el único que hizo campaña para ser ministro. Me envió tantos recados que, para ponerle nervioso, le hice llegar el siguiente aviso: «Un mensaje más y no pasas de subsecretario». Al frente del Ministerio de Trabajo no quería tanto a un gran experto en temas sociales como a un político hábil. Por eso nombré a Javier Arenas. A Loyola de Palacio, que había sido imprescindible durante los años de oposición, le ofrecí la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y a Isabel Tocino le pedí que asumiera el nuevo Ministerio de Medio Ambiente. Quería que Isabel formara parte de mi Gobierno. Decidí encomendarle aquel ministerio y no otro después de que Pilar del Castillo lo rechazara. Fue la única que me dijo que no. Tal vez pensó que no dominaba bien los temas de Medio Ambiente o quizás en ese momento se asustó un poco. Yo siempre pensé que Pilar merecía la pena y por eso luego, en la segunda legislatura, la nombré ministra de Educación, Cultura y Deportes. Aquella cartera se la encargué en la primera legislatura a Esperanza Aguirre. Siempre estuve convencido de que Esperanza sería una buena ministra. La decisión de elevar el deporte a rango ministerial surgió en una conversación que mantuve con Juan Antonio Samaranch, entonces presidente del Comité Olímpico Internacional.

También incorporé a políticos más veteranos. A Rafael Arias-Salgado, que había desempeñado hasta cuatro carteras en la etapa de UCD y que me había ayudado mucho en el partido, le ofrecí el Ministerio de Fomento. Al frente del Ministerio de Sanidad nombré a José Manuel Romay Beccaría, una excelente persona, con reconocida capacidad de diálogo y una larga experiencia de gestión.

Junto con los pesos pesados del partido quise incorporar a algunos independientes al Gobierno. Para la cartera de Defensa pensé en Eduardo Serra. Se ha dicho insistentemente que el Rey me propuso su nombre. No fue así. De hecho, todavía recuerdo la exclamación de sorpresa de Don Juan Carlos, en clásicos términos castizos borbónicos, cuando le comuniqué el nombramiento por teléfono. Serra había sido secretario de Estado de Defensa con González y yo le había conocido por su trabajo en la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Con el nombramiento de Serra yo buscaba un elemento de continuidad y dejar claro que, en mi opinión, la defensa debía estar fuera de la disputa partidaria. Para que Eduardo aceptara tuvimos que vencer la resistencia de quien ahora es su mujer, porque estaban a punto de casarse y ella aspiraba a una vida más tranquila.

A Josep Piqué le había conocido en mis visitas a Cataluña. Me gustó su perfil profesional y me impresionó su capacidad dialéctica, y decidí proponerle el Ministerio de Industria y Energía. A Margarita Mariscal de Gante la conocí a raíz de una visita al Consejo General del Poder Judicial. Había ido invitado por su entonces presidente, Pascual Sala, y me llamó la atención que los vocales designados a propuesta del PP no bajaran a saludarme, incluida Margarita. Su gesto me sorprendió y me interesó conocerla. Cuando nos vimos me explicó que en su opinión los políticos no debían visitar el Poder Judicial para garantizar la separación de poderes. La hice ministra de Justicia.

Miguel Ángel Rodríguez no fue ministro, pero le encargué una de las tareas más difíciles de todo Gobierno. Por su magnífica labor durante los años de oposición estaba destinado a ser secretario de Estado de Comunicación. Pero además yo le pedí que fuera portavoz del Gobierno en contra de sus deseos. En una nueva muestra de lealtad y compromiso personal, aceptó.

Algunos ministros reaccionaron con sorpresa cuando recibieron mi llamada. Fue el caso de Javier Arenas. Fraga me preguntó por qué había pensado en Arenas como ministro de Trabajo y le contesté, en broma, que era lo más parecido que había encontrado a José Solís para engañar a los sindicatos. Las carcajadas de Fraga resuenan todavía. «La sonrisa del régimen», como se conocía a Solís, había sido muy amigo suyo.

Mi primer Gobierno fue el más reducido hasta la fecha y el que tenía más mujeres: cuatro grandes profesionales. Fue bien recibido por la opinión pública en el momento de su constitución y fue ganando apoyos con cada decisión que adoptábamos y poníamos en práctica. El éxito de aquel Gobierno no se puede entender sin el trabajo discreto y eficaz de mi Gabinete, cuyo jefe era Carlos Aragonés, que había desempeñado con gran acierto esa función desde los años de Valladolid. Con él empezaron un grupo de jóvenes inteligentes, solventes y con buen criterio político: Gabriel Elorriaga, Alfredo Timermans, Ramón Gil-Casares, Baudilio Tomé y José Luis Puerta. Luego se irían incorporando otros de gran capacidad, como Eugenio Nasarre, Javier Fernández-Lasquetty, Román Escolano, Alberto Carnero, Pablo Vázquez o Jaime García-Legaz. Siempre me he sentido orgulloso de haber contado con un equipo completo y brillante, uno de los mejores que se podía tener en España en aquellos momentos. Gracias a su compromiso, competencia y seriedad pudimos poner en marcha la gran tarea de reforma y regeneración de España.

Regeneración, no revancha

Durante los años de creciente degradación socialista no me cansé de insistir en una idea que me parecía fundamental para el futuro: «Prefiero abrir las ventanas a levantar las alfombras». Yo creía que para sacar adelante el país era más importante convocar a los españoles a un esfuerzo colectivo de futuro que hurgar en los errores y abusos del pasado más reciente. De esos errores y abusos, el más grave era la presunta implicación del Gobierno de Felipe González en los crímenes de los GAL, de la que el CESID aparentemente tenía información y pruebas documentales.

La presión a favor de la desclasificación de los llamados «papeles del CESID» fue enorme. La pidió el Tribunal Supremo, la reclamaban algunos importantes medios de comunicación y, sobre todo, la exigían nuestros militantes. Todos tenían la esperanza de que permitiese aclarar las ramificaciones y responsabilidades máximas en la trama de los GAL. Parte de la información se había ido publicando de forma fragmentaria en los periódicos, fundamentalmente en el diario El Mundo. Y Baltasar Garzón, que había vuelto a vestir la toga después de un breve paso por la política que no colmó sus expectativas, había reactivado el caso en la Audiencia Nacional. Pero la documentación estaba cubierta por la protección de los secretos oficiales. Es decir, tenía que ser el Consejo de Ministros quien la desclasificara para que pudiera incorporarse a una investigación penal.

El descrédito de los organismos más importantes del Estado había llegado hasta tal extremo que la desclasificación de los «papeles del CESID» se planteó por muchos como la prueba de la autenticidad de nuestros propósitos de regeneración. Yo entendía muy bien los deseos de esclarecer los episodios más turbios del pasado socialista, pero creía que una fina línea separa la regeneración de la revancha, y no la quería traspasar. Mi intención no era conceder impunidad a nadie, sino sacar a España adelante. Me parecía esencial que el nuevo Gobierno, que iba a impulsar un cambio real en la forma de hacer política en España, mantuviera el rumbo y no perdiera de vista sus objetivos. No me habían elegido para ajustar cuentas con nadie, ni en este ámbito ni en ningún otro. Mi tarea era otra: acabar con el paro, el despilfarro y la corrupción, y ayudar a que España recuperara la senda de modernización iniciada en la Transición.

No fue una decisión fácil. Tampoco dentro del propio Gobierno. Todos los ministros estaban a favor de desclasificar los «papeles del CESID», con la única excepción del ministro de Defensa, Eduardo Serra. Al final, decidimos en Consejo de Ministros que los papeles seguirían bajo la protección de los secretos oficiales. Recuerdo bien las palabras de Antonio Fontán, una persona cuyo criterio me gustaba escuchar por su visión histórica y sentido de la mesura:

«En la galería de retratos de los presidentes del Gobierno de la Corona tú tienes que estar al mismo nivel que al que estuvieron Cánovas, Sagasta, Canalejas. También tienen que estar Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González, y no puede ser que todos vayáis de civil y uno con traje de rayas.»

Quise que no hubiera revancha, pero no pude evitar que hubiera rencor. Algunos no me perdonaron el no haber podido erigirse en víctimas de un ajuste de cuentas que no quise hacer.

La decisión de no levantar las alfombras no significaba una renuncia a replantear muchas cosas, empezando por las funciones y la forma de trabajar de los servicios de inteligencia del Estado. Yo quería que el CESID dejara de ser un foco de escándalos y un protagonista de las portadas. Quería que cumpliera con eficacia su responsabilidad fundamental de contribuir a la protección y seguridad del Estado. Para eso nombré como jefe del organismo a Javier Calderón, un teniente general con una trayectoria solvente en los servicios de inteligencia, que ofrecía garantías de un relevo seguro. Más adelante, en la segunda legislatura, nombraríamos al primer civil al frente del centro, Jorge Dezcallar. Yo pensaba que había personas que sin ser militares, e independientemente de sus afinidades políticas y personales, podían servir lealmente a su país en esta delicada tarea, y lo sigo creyendo.

Quizás por nuestra reciente historia, los militares en España han sido poco reconocidos. Sin embargo, en su inmensa mayoría son personas de una gran abnegación y capacidad de sacrificio, patriotas que sirven a su país y a la libertad en el mundo.

Nosotros llevábamos en nuestro programa electoral la reducción de la duración del servicio militar obligatorio. En un ambiente de creciente objeción de conciencia fuimos un paso más allá y, con el acuerdo de CiU, decidimos su supresión, que se haría totalmente efectiva a partir de 2001. Felipe González criticó la decisión. Nos acusó de hacer un ejército de mercenarios y de ocupación, lo cual suponía ignorar la parte militar más importante de la historia de España, así como las modernas tendencias de organización de las Fuerzas Armadas. Lo que no podíamos aceptar es que hubiera dos tipos de Ejército: el de quienes hacían el servicio militar y el de quienes no lo hacían en función de su lugar de residencia; el que funcionaba bien y el que no. La transformación del Ejército en otro plenamente profesional fue un reto y salió bien. Entre otras cosas, porque los militares profesionales tenían la vocación que lógicamente no tenían los soldados de reemplazo.

En los últimos años del Gobierno socialista, me reuní para almorzar con los miembros de la cúpula militar. Aunque el Gobierno no había querido que se celebrara esa comida, al final tuvo lugar en el Ministerio de Defensa en presencia de su titular, Julián García Vargas. En la conversación, me llamaron la atención los inteligentes términos en los que se expresó el entonces jefe del Ejército de Tierra, el teniente general José Faura Martín. Interpreté sus palabras como el intento de transmitirme un mensaje que luego vi corroborado por los hechos. El teniente general Faura se mantuvo en el cargo hasta 1998, después de cumplido su mandato.

Yo era partidario de una política de continuidad en el Ministerio de Defensa. Lo que me interesaba era un Ejército que funcionase y que tuviera bien asimilada la naturaleza de su misión. Además, en la medida en la que lo permitían las restricciones presupuestarias, mi voluntad era fortalecer las Fuerzas Armadas y dotarlas de mayores capacidades. Decidimos respetar el sistema rotatorio según el cual un representante de cada Ejército ocupa sucesivamente el cargo de JEMAD, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa. No sé si fue un completo acierto. Al principio tuvimos al teniente general Rodrigo, del Ejército de Tierra; luego al general Valderas, del Ejército del Aire; y a partir del año 2000, al almirante Antonio Moreno Barberá.

Procuré reunir con regularidad a los jefes del Estado Mayor y recuperé la periodicidad en las reuniones de la Junta de Defensa Nacional. Las presidía el Rey, a quien pedí que también se incorporase el Príncipe. Empecé a visitar pronto las instalaciones militares. Las primeras fueron la Academia Militar de Zaragoza, la base naval de Rota y la División Acorazada Brunete en Madrid. También iniciamos los planes de transformación del Ejército que culminamos en la segunda legislatura con programas de modernización que beneficiaron especialmente a la Marina. Nos encontramos con varios programas en marcha, algunos tan costosos como el del caza Eurofighter, de cuya eficacia yo tenía dudas, o los carros de combate Leopard, que fue objeto de serias discrepancias mías con el canciller alemán Gerhard Schroeder.

En aquellos primeros años en la Moncloa pude comprobar la extraordinaria labor de nuestros soldados en las misiones en el extranjero, que entonces se centraban en los Balcanes. Tanto en la pacificación de Bosnia-Herzegovina, bajo mandato de Naciones Unidas, como después en el conflicto de Kosovo, bajo bandera de la OTAN. Dos meses después de asumir la presidencia, visité al contingente español en Bosnia para dar ánimos a los 1.500 soldados desplegados. Estuve en Mostar y en Medjugorje, donde se encontraba el Estado Mayor de la Brigada Española. Hice noche con nuestras tropas en el campamento español.

En el verano de 1997, por primera vez en España se celebró una reunión del Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de la OTAN. Desde el principio mi objetivo fue lograr la integración total de España en el mando militar de la Alianza Atlántica y de ese modo culminar el proceso impulsado en su día por el presidente Leopoldo Calvo-Sotelo. Para eso, nada más llegar al Gobierno, invité a la Moncloa a Javier Solana, que entonces era secretario general de la OTAN. También le comenté mis planes a Felipe González, que aún seguía al frente del PSOE, y los apoyó. El 14 de noviembre de 1997 recibimos la autorización formal del Congreso de los Diputados para comenzar las negociaciones.

España se incorporó definitivamente en la estructura integrada de mando de la OTAN el 1 de enero de 1999. Pero fue en la cumbre celebrada en julio de 1997 en Madrid cuando escenificamos nuestro total compromiso con una organización consagrada a la defensa de la libertad y la seguridad en el mundo. Aquella cumbre fue particularmente importante para la OTAN y también para mí. Lo fue para la Alianza, porque se acordó la integración de Chequia, Polonia y Hungría, y se firmaron los acuerdos de cooperación con Ucrania. Y lo fue para mí por dos motivos: porque era la primera gran reunión internacional de la que el nuevo Gobierno del Partido Popular era anfitrión; y porque inicié una relación de colaboración y amistad con el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, al que había conocido en 1995.

Clinton había llegado a España unos días antes de la cumbre acompañado por su mujer, Hillary, y su hija, Chelsea. Ana y yo los habíamos invitado a pasar unos días juntos en Doñana y ellos habían aceptado. Se lo comenté al Rey, y Don Juan Carlos sugirió que en lugar de ir a Doñana fuésemos todos a Palma de Mallorca. Así lo hicimos. Después del encuentro protocolario de los Clinton con Don Juan Carlos y Doña Sofía, salimos todos a navegar por el litoral de la isla. Al finalizar la cumbre, Bill se trasladó con su familia a Granada. Había visitado la ciudad siendo un joven estudiante y le había encantado. Regresó a la Alhambra y al barrio del Albaicín, y desde el mirador de San Nicolás pudo enseñarles a Hillary y a Chelsea lo que describió como «la puesta de sol más bella del mundo». Clinton fue un buen amigo de España y un aliado imprescindible en los importantes retos que España tenía entonces por delante. El primero de esos retos fue la entrada de España en el euro.

CAPÍTULO 7

Una nueva política económica: España va a entrar en el euro (1996-1998)

Un gran objetivo nacional

En septiembre de 1996, el periódico británico Financial Times publicaba un editorial en el que analizaba la envergadura del reto al que debía hacer frente el nuevo Gobierno español: «Entre los líderes europeos que apuestan por una plaza en el primer grupo de países con moneda única, posiblemente ninguno se arriesga tanto en la decisión como José María Aznar». Era verdad. La decisión de que España entrara en el euro en el grupo de cabeza fue un desafío de primera magnitud. Un desafío económico, político, diplomático y, sobre todo, de gestión de una opinión pública a la que el Gobierno anterior había sumido en la resignación de quien no puede, no quiere o no se atreve.

Estábamos en un momento decisivo. Después de casi una década de definición y desarrollo del proyecto, la Unión Europea tenía ante sí un horizonte cierto y un calendario para completar la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, que culminaría con la adopción de la moneda común. Los españoles teníamos que decidir si queríamos ser protagonistas de aquel gran avance en la integración europea o si dejábamos pasar la ocasión.

Desde que arrancó el sueño del euro en 1992 en Maastricht, nunca dudé de que España debía estar entre sus países fundadores. España llevaba demasiado tiempo llegando tarde a todo. No había participado en ninguno de los grandes foros internacionales que forjaron las instituciones modernas: no fuimos uno de los países fundadores de la ONU; accedimos a la Unión Europea con treinta años de retraso, después de sufrir varios rechazos por razones políticas y tras una dura negociación; nos incorporamos tarde, y con ciertas reticencias, a la OTAN... Nuestra historia era la de quien se sube con retraso y con billetes de segunda a un tren que ya está en marcha. Ahora teníamos la oportunidad de ser locomotora. Podíamos protagonizar uno de los grandes hitos de la historia de la convivencia europea.

El euro suponía mucho más que la adopción de un medio de pago común. Significaba una verdadera refundación de la Unión Europea. Era la decisión más trascendental que habíamos adoptado conjuntamente los europeos desde el Tratado de Roma. Y, sobre todo, era una triple oportunidad: para dejar definitivamente atrás un siglo de enfrentamientos y destrucción; para afianzar los avances realizados en la cooperación entre europeos desde el inicio de la construcción de la Comunidad Económica Europea (CEE); y para aprovechar mejor, con una divisa común potente y unos tipos de interés moderados, las oportunidades de un mundo cada vez más competitivo y globalizado.

En mi opinión, los españoles podíamos y debíamos aprovechar esa triple oportunidad. Por razones económicas, políticas e históricas, teníamos que estar entre los primeros países en adoptar el euro, en el núcleo duro. La alternativa, llegar tarde o no llegar, era peligrosa. Suponía quedar relegados a la categoría de país periférico en una Europa de segunda velocidad. La Europa de dos velocidades no era una amenaza retórica. Entonces, como ahora, existía el riesgo de que el euro sirviera para forjar un núcleo muy reducido de naciones en torno al país económicamente más estable y pujante, Alemania. Había quienes veían eso con buenos ojos. Incluso algunos de los propios impulsores de la idea del euro. De hecho, era lo que expresaban implícitamente las condiciones establecidas para el acceso a la moneda común. Pero yo no estaba dispuesto a aceptar ese diseño europeo. Primero, porque para España quedarse fuera del núcleo duro habría supuesto un gran fracaso: habría sido la constatación del destino histórico secundario que algunos nos pretendían reservar. Y, segundo, porque yo consideraba que el proyecto europeo debía englobar a todos los países que lo quisiesen y mereciesen, sin restricciones injustificadas.

Siempre he defendido una idea de Europa basada en la realidad de las naciones históricas, firmemente establecida sobre los valores atlánticos y arraigada en una estrecha cooperación institucional interna. Siempre he sido partidario de discutir y debatir las ventajas e inconvenientes de las decisiones que España debía tomar en torno al proceso de construcción europea. Y siempre he criticado que ese debate no se produzca bajo la premisa falsa de que todo lo que proviene de Bruselas es por definición bueno y beneficioso.

He defendido y he trabajado para sacar adelante el proyecto europeo porque he considerado que es bueno para los europeos, pero sobre todo porque estoy convencido de que conviene a España.

La historia de España desde los años cincuenta del siglo pasado no puede comprenderse sin la referencia europea. Europeísmo y libertad son dos palabras que en la cultura política española han ido de la mano porque nuestra integración en el proyecto europeo sólo fue posible gracias a la democracia. La aceptación de la candidatura española a la CEE en 1977 tras los rechazos de 1962 y de 1964 coincidió con nuestras primeras elecciones democráticas.

Además, la apertura económica y social siempre ha sido positiva para España. Lo fue en 1959, con el Plan de Estabilización; lo fue en 1970, mediante un Acuerdo Comercial Preferencial con las comunidades europeas; y lo fue a partir de 1986, cuando España ingresó en el proyecto europeo como socio de pleno derecho.

La verdad es que nuestros grandes desarrollos económicos y sociales como país siempre se han producido con extraordinaria rapidez. Primero vino el esfuerzo de adaptación para ser miembro de la Comunidad Europea; luego llegó un segundo esfuerzo de adaptación para formar parte del mercado único; y después tuvimos que hacer un tercer esfuerzo para llegar los primeros al euro: tres procesos de adaptación en muy pocos años. El reto fue enorme.

Cuando llegamos al Gobierno en 1996, las perspectivas respecto a la entrada de España en la moneda única eran todo menos buenas. Felipe González y su equipo habían tirado la toalla; incapaces de cumplir las condiciones fijadas para el acceso al euro, se limitaban a barajar dos opciones, ambas malas: esperar a una segunda fase, si es que la había, o apostar a que la no entrada de España e Italia por incumplimiento y del Reino Unido por falta de voluntad acabaran por abortar el proyecto del euro antes de que echara a rodar. A mí esta actitud me parecía equivocada y profundamente temeraria.

A mi entender, el euro no sólo constituía una oportunidad histórica para España, sino que además podía ser el punto de partida para la creación en nuestro país de una cultura de la estabilidad económica; para que en España arraigara la idea fundamental de que las reglas deben ser respetadas porque las consecuencias de no hacerlo suelen ser profundas y duraderas. Además, estaba seguro de que nuestra entrada en el euro en el grupo de cabeza se traduciría en una mayor credibilidad e influencia exterior. Por último, creía que el euro traería grandes ventajas sociales y económicas. Esto era lo más importante. Para nosotros, el euro no era un objetivo en sí mismo, sino el camino más seguro hacia la prosperidad. Un instrumento excepcional para avanzar hacia el modelo económico de libertad y competencia que queríamos para España. Nosotros estábamos convencidos de que la estabilidad fiscal y la flexibilidad económica a las que nos obligaba la entrada en el euro nos permitirían salir de la crisis y crear las condiciones para el crecimiento económico y el empleo. Me referí a esta coincidencia esencial entre la entrada en la moneda única y nuestros intereses económicos como Nación en mi discurso de investidura:

«Preparar la economía para que pueda incorporarse en buenas condiciones a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria en 1999 es un objetivo nacional cuya consecución orientará toda la acción del Gobierno. Los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht van dirigidos a consolidar una economía sana y equilibrada. Son requisitos imprescindibles para lograr un crecimiento sólido y crear empleo.»

Crear empleo: ése era el objetivo. Partíamos de un análisis sencillo. El diferencial de renta de España respecto al resto de los países europeos se debía esencialmente a la falta de oportunidades de los españoles, que a su vez era consecuencia de que en España la tasa de empleo era mucho menor. La solución pasaba por poner el país en marcha para que aumentara el número de ocupados; para que superásemos, de una vez por todas, la supuesta maldición de la España condenada al desempleo masivo.

Los datos ilustran bien el cambio que perseguíamos. En 1996 había el mismo número de personas trabajando en España que en 1976: unos doce millones. En veinte años no habíamos conseguido crear ni un solo empleo neto. Aunque el país había crecido, nuestro diferencial con Europa se mantenía: estábamos en el 78 por ciento de la renta europea. La gran revolución para España era aumentar la ocupación; conseguir que millones de personas pudieran trabajar y que hubiera mucha más gente produciendo, invirtiendo, consumiendo, generando riqueza y contribuyendo con sus impuestos al bienestar social. Para que este ciclo positivo se prolongara en el tiempo no sólo debíamos asumir las reglas del euro y sentar las bases de una economía acorde con ese proyecto. También teníamos que procurar ser ejemplares en la disciplina, en la estabilidad y en las buenas políticas económicas de apertura y libertad.

Nosotros defendíamos una economía ágil y estable, una economía en la que el sector público facilitara la actividad a la iniciativa privada en lugar de sustituirla; en la que los impuestos garantizaran unos servicios públicos eficaces y sostenibles, pero no ahogaran los incentivos al trabajo ni al emprendimiento; en la que los contratos se cumplieran y las leyes fueran iguales para todos; y que tuviera la mayor apertura posible al exterior. Todo eso formaba parte explícita e implícita del euro.

El proyecto de moneda única que se puso en marcha en Maastricht estableció un marco de rigor, austeridad y transparencia en la política económica que aquel primer Gobierno del PP quiso y supo aprovechar.

Llegar a tiempo y llegar bien: ésa era la cuestión y ése era mi empeño. Yo estaba dispuesto a hacer todos los esfuerzos necesarios para conseguirlo. Eso significaba asumir un compromiso serio, y actuar con celeridad y decisión: crear un equipo acorde con la magnitud del desafío; dejar claro que no vacilaríamos a la hora de tomar todas las medidas necesarias para conseguir nuestro objetivo; adoptar esas medidas rápidamente y en bloque; y desarrollar una labor de explicación intensa y continua, buscando la complicidad y el apoyo de la mayoría de la sociedad.

Frente al escepticismo, hechos

Lo primero que hicimos fue diseñar una estrategia para convencer a nuestros socios de que íbamos en serio, de que teníamos la determinación de cumplir con todos los requisitos a tiempo. Para eso insistimos mucho en una idea que yo siempre he defendido porque me parece esencial: no hay buenos países y malos países, sino países que hacen las cosas bien y países que hacen las cosas mal. No todo el mundo estaba de acuerdo.

A los españoles se nos veía con un gran escepticismo e incluso una cierta displicencia. Devaluaciones en cadena, un déficit elevado y un paro por encima del 20 por ciento no eran la mejor carta de presentación. Teníamos que luchar contra la fama de indisciplinados y gastones. Y decidimos hacerlo como creo que más eficazmente se hace: con los hechos. Nos lanzamos a la tarea de demostrar que España podía ser el país con más disciplina fiscal de Europa, con mayor estabilidad económica y más capaz de honrar sus compromisos. Y todo eso contra reloj. Teníamos sólo dieciocho meses. No había tiempo que perder.

Los primeros países europeos que visité tras mi llegada al Gobierno fueron Francia y Alemania, los de más peso de la UE. Fui a presentar el nuevo Gobierno español, pero sobre todo a exponer nuestros objetivos políticos y económicos. Yo ya tenía una buena relación con Jacques Chirac y conocía a Helmut Kohl, de manera que los encuentros se desarrollaron con toda naturalidad. A uno y otro les transmití el mismo mensaje: España va a entrar en el euro; va a estar entre los países fundadores de la moneda común. La reacción de nuestros socios fue de cierta incredulidad. Conocían la situación económica de España, sabían que no estábamos en condiciones de cumplir los requisitos establecidos en Maastricht y daban por hecho que no lo haríamos.

El 16 de septiembre de 1996 tuvo lugar la primera cumbre hispano-italiana celebrada con el nuevo Gobierno. Decidimos que fuera en Valencia para reforzar la proyección exterior de una comunidad autónoma que, con el Gobierno regional recién estrenado de Eduardo Zaplana, empezaba a experimentar una mejora económica sin precedentes. Y también para demostrar el enorme potencial de España. La cita era muy importante para nosotros. El asunto central del encuentro era el ingreso en el euro.

Los italianos llegaron a Valencia pensando que España seguía instalada en la posición de Felipe González de esperar a una segunda fase. A su vez, Italia parecía reacia a emprender los ajustes necesarios para cumplir las condiciones de acceso a la moneda común. De todo ello hablé abiertamente con el primer ministro italiano. Romano Prodi es un hombre afable y culto con el que es fácil dialogar. Él prefería que italianos y españoles fuéramos de la mano hacia el euro, pero a una velocidad distinta, a la espera de que se relajaran los exigentes criterios de convergencia. Yo no contemplaba la posibilidad de ese «frente del retraso» que aplazaba nuestra participación en el euro, y así se lo manifesté. Le argumenté que nosotros no queríamos aguardar a una segunda fase que de momento era sólo hipotética. Le dije que España quería estar en el pelotón de salida del euro y que haríamos todo lo posible por conseguirlo. Así lo afirmé también en la conferencia de prensa que ofrecimos conjuntamente tras el encuentro:

«Estrictamente en lo que se refiere a la posición española, España está decidida a participar, desde el primer momento, en la Unión Económica y Monetaria, es decir, a cumplir todas las condiciones el 31 de diciembre de 1997.»

La determinación española animó a Prodi a revisar su posición. No quería que Italia quedara descolgada de un euro en el que sí estaría España. En la misma rueda de prensa dijo que Italia estaba «en perfecta coherencia con la posición española» y se comprometió con «la política de adhesión a la moneda europea desde el principio».

Con la perspectiva del tiempo, creo que es evidente que españoles e italianos habríamos cometido un serio error si nos hubiésemos resignado a formar parte de una Europa de segunda velocidad. El coste para España habría sido incluso mayor que para Italia, porque nosotros no somos fundadores de las comunidades europeas. No fue en Madrid donde se firmó el Tratado de Roma.

La cumbre de Valencia fue esencial para ganar credibilidad. El mensaje empezó a calar. A partir de ese momento, nuestro compromiso teórico con el euro pasó a constituir una posición política real, que definía tanto nuestras relaciones exteriores como nuestra política nacional.

Pero teníamos poco tiempo. Las condiciones de Maastricht estaban muy claras y no eran negociables. Su cumplimiento exigía austeridad en el gasto, reformas estructurales profundas y perseverancia en ambas cosas.

Lo que de verdad demostró nuestro compromiso con el euro fue el recorte drástico del déficit público. La reducción del déficit al 3 por ciento del PIB era el primer requisito para la entrada en la moneda única porque era esencial para el cumplimiento de las demás condiciones. El déficit español estaba entonces en el 6,6 por ciento del PIB. Asumí personalmente el control de los Presupuestos Generales del Estado y nombré al prestigioso economista José Barea como director de la Oficina del Presupuesto, un cargo de nueva creación que tenía su sede en la Moncloa. Su misión era recortar el gasto todo lo necesario para rebajar el déficit en el tiempo previsto. El profesor Barea y yo manteníamos reuniones continuas. Su relación con el Ministerio de Economía y Hacienda no siempre fue fácil. Mi objetivo no era otro que presionar al ministerio; quería que Rodrigo y su equipo supieran que estaba dispuesto a ir por delante en el cumplimiento de los objetivos de déficit.

En el primer Consejo de Ministros declaramos la indisponibilidad de 200.000 millones de pesetas de gastos de los ministerios. Lo hicimos después de que Economía me propusiera una recorte de 80.000 millones que me pareció insuficiente. Una reducción de 200.000 millones de pesetas era un tijeretazo muy considerable, pero había que hacerlo. También decidimos la congelación salarial de los empleados públicos, que demostraron una gran responsabilidad ante el esfuerzo exigido. El mismo mes de mayo aprobamos un paquete de medidas que constituyó un hito en el camino de las reformas, la liberalización y la apertura de la economía española.

Frente al sufrimiento inútil del paro desbocado, la inflación por las nubes y los tipos de interés prohibitivos, nosotros quisimos plantear a los españoles un esfuerzo útil y un camino seguro. Un esfuerzo basado en la convicción positiva de que iba a contribuir a la prosperidad de España. Y un camino de reformas que ofrecía un horizonte cierto, una idea clara de hacia dónde queríamos conducir el país.

En una empresa tan ambiciosa como lo fue el ingreso de España en la moneda única, contar con el apoyo ciudadano era absolutamente esencial. Este apoyo podía parecer relativamente fácil de recabar en el plano teórico. Al fin y al cabo estábamos proponiendo a los españoles un objetivo positivo. Pero en la práctica, cuando tocaba hacer ajustes y pedir esfuerzos concretos que afectaban de manera muy directa a la gente, era bastante más complicado. Nosotros conseguimos el apoyo de los españoles gracias, en primer lugar, a su europeísmo y a su voluntad de asumir retos colectivos ante las grandes encrucijadas. Lo habíamos visto en la Transición. También ayudó mucho la relación de colaboración y entendimiento que el nuevo ministro de Trabajo, Javier Arenas, logró fraguar con los agentes sociales. En octubre de 1996 firmamos con los sindicatos el pacto para garantizar las pensiones. Y, por supuesto, fue fundamental la labor de persuasión política, social y mediática que hizo todo el Gobierno.

Creo que los esfuerzos de persuasión son imprescindibles en política. Por mi experiencia, por lo que he visto, vivido y aprendido, para conseguir grandes objetivos políticos son necesarias al menos tres cosas: convocar a los ciudadanos a un proyecto que puedan comprender y compartir; diseñar desde el primer momento una estrategia clara que prevea los distintos pasos que se quieren dar; y decir la verdad sobre las dificultades que hay que superar y los esfuerzos que se deben asumir.

La pedagogía era especialmente necesaria en aquel momento. Tanto la entrada en el euro como la vida con el euro implicaban un cambio fundamental en las reglas del juego con las que funcionaba la economía española. Se necesitaba mucha explicación para promover una transformación de la cultura económica de España, habituada a navegar en la inestabilidad pero poco familiarizada con las políticas de austeridad a largo plazo y las reformas estructurales. Nosotros pusimos en marcha un programa de reformas que resultó creíble. Acompañamos nuestras palabras con hechos y, al cabo de poco tiempo, los principales indicadores económicos y de confianza empezaron a mejorar.

La fecha fijada para el cumplimiento de las condiciones de ingreso en el euro era el 31 de diciembre de 1997. En marzo del siguiente año, el Instituto Monetario Europeo y la Comisión Europea debían emitir sendos informes no vinculantes sobre la consecución de los objetivos de convergencia por parte de los países candidatos. Además, debían evaluar si su política económica garantizaba el mantenimiento de la estabilidad y la convergencia a largo plazo. Se trataba de contar con un análisis cualificado de los riesgos que para la estabilidad de la Unión suponían desviaciones como la deuda excesiva, el escaso control del gasto o los elevados costes laborales. Un mes después, en abril, tendría lugar el debate en los Parlamentos nacionales, y luego un Consejo Europeo extraordinario debía decidir qué países iban a constituir el núcleo fundador del euro.

El Consejo Europeo se celebró en Bruselas del 1 al 3 de mayo de 1998. El recién estrenado primer ministro británico, Tony Blair, ejercía como presidente de turno. Acudí en compañía de Rodrigo Rato, Abel Matutes y Luis Ángel Rojo, gobernador del Banco de España. Había confirmado a Luis Ángel Rojo en el cargo nada más llegar al Gobierno y de manera inequívoca: «No sólo vas a continuar siendo gobernador, sino que vas a ser mi gobernador».

Aquel Consejo Europeo tropezó con un primer obstáculo: las discrepancias en torno a la designación del primer presidente del nuevo Banco Central Europeo. Alemania tenía un interés muy especial en que saliera elegido su candidato, el holandés Wim Duisenberg. Lo necesitaba para ofrecer garantías de rigor a una opinión pública reacia a abandonar el marco. Pero Francia tenía otro candidato, Jean-Claude Trichet, y estaba decidida a dar una batalla que Chirac interpretó como una oportunidad para afirmar su posición preferente en la nueva Unión. Según Chirac, Kohl se había comprometido con él a que el presidente del BCE sería un francés. Pero Kohl lo negaba con el argumento de que esa opción le acarrearía problemas constitucionales en Alemania. Chirac sabía que Kohl estaba en el ocaso de su poder y jugó fuerte.

Los franceses anunciaron que no iban a aceptar a Duisenberg bajo ningún concepto. Su actitud suponía una humillación para Kohl, y algunos decidimos intervenir. La negociación se bloqueó hasta el punto de que, informalmente, empezamos a considerar posibles alternativas. Llegué a preguntarle a Luis Ángel Rojo si estaría dispuesto a que, en su caso, yo pusiera su nombre encima de la mesa. De pronto Francia se descolgó con una propuesta salomónica: Trichet sustituiría a Duisenberg a mitad de mandato. Se produjo una tensa espera. Kohl entró en la sala de reuniones y nos convocó a los más jóvenes del Consejo Europeo para pedirnos nuestro apoyo. Utilizó todo tipo de argumentos, incluido que constitucionalmente Alemania tampoco podría aceptar la fórmula de compromiso propuesta por Chirac. Pero al final cedió. Un Kohl declinante aceptó la fórmula de Chirac. Unos meses después, perdió las elecciones y cedió la Cancillería al socialdemócrata Gerhard Schroeder.

El 10 de diciembre, visité oficialmente el nuevo Banco Central Europeo. Fui el primer jefe de Gobierno en hacerlo y sus responsables, con Duisenberg a la cabeza, agradecieron el gesto. Era mi manera de respaldar una institución que tenía el mandato esencial de garantizar la estabilidad del euro. Estuve reunido con Duisenberg y los miembros del Comité Ejecutivo del Banco durante más de tres horas. Faltaban tres semanas para la adopción definitiva del euro y en el BCE existía una preocupación que sus responsables me transmitieron sin rodeos. En varios países centrales para la estabilidad del euro —Alemania, Francia e Italia— se estaba proponiendo un cambio de dirección en las políticas económicas que, en sus formulaciones más extremas, significaba una enmienda al modelo de estabilidad comprometido en Maastricht. Duisenberg necesitaba aliados para evitar ese giro en las políticas económicas; un giro que situaría al euro en un mal camino, precisamente cuando tenía que dar sus primeros pasos.

Yo compartía la preocupación del BCE y ofrecí a Duisenberg mi apoyo. Le expresé mi compromiso con la estabilidad macroeconómica; le aseguré que defendería las políticas de disciplina fiscal y flexibilidad económica cuando la discusión se planteara en las instituciones europeas; y me ofrecí a exponer los buenos resultados conseguidos por los españoles como argumento de persuasión a favor de la estabilidad.

España era entonces una abanderada de la estabilidad económica. Por su tamaño y por el proceso de reformas que había seguido, era un país que había que tener en cuenta en el debate sobre si convenía relajar la disciplina fiscal para fomentar el crecimiento o si, por el contrario, esa relajación erosionaría las posibilidades de prosperidad a medio plazo. Sin ánimo de dar lecciones a nadie, pero con la satisfacción de haber cumplido y con la convicción de que era bueno para nuestro país y para Europa, podíamos explicar lo que habíamos hecho, cómo lo habíamos hecho y los beneficios que empezábamos a obtener. Así lo hicimos a instancias del BCE.

A simple vista, aquella conversación mía con Duisenberg podía resultar insólita: el BCE le estaba pidiendo a un país periférico al que todos habían considerado un modelo de incumplimiento que le ayudara a convencer a los países centrales de la Unión de las bondades del rigor presupuestario. Sin embargo, tenía su lógica. El caso español era un buen argumento en defensa de las políticas de contención del gasto. Pero también, por los excesos de los años socialistas, podía servir como advertencia sobre los riesgos de la irresponsabilidad fiscal.

La pertenencia de España al euro y las reformas económicas produjeron en nuestro país unos resultados espectaculares en términos de prosperidad y empleo. La confianza y la fiabilidad se dispararon. España se convirtió en punto de referencia. Además del éxito político de la Transición de una dictadura a una democracia, a partir de ese momento los españoles también pudimos presentar como aval el éxito económico de una gran prosperidad en un marco de estabilidad. Esto tuvo consecuencias muy positivas para la posición e influencia de España en el mundo. Unas consecuencias, que en sentido inverso, estamos padeciendo por el doble error de abandonar el camino político de la Transición y la senda económica de la austeridad y las reformas.

Los primeros en incumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fijaba en un 3 por ciento el máximo de déficit público y en un 60 por ciento el tope de la deuda pública, fueron la Francia de Chirac y la Alemania de Schroeder. Pero no fueron los únicos. En España, el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero decidió modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria que habíamos aprobado nosotros en 2001. Luego se saltó a lo grande el pacto europeo de estabilidad para llevar el déficit público hasta el 11 por ciento en 2009. Con un agravante para España: el coste de incumplir es siempre más alto para un país periférico que para uno central.

Esto lo sabíamos desde el principio; sabíamos que tanto los beneficios de cumplir como los costes de no hacerlo serían mayores para España que para el resto de sus socios. No respetar las reglas de la disciplina presupuestaria y pensar que la prosperidad es gratis y perpetua han sido dos errores colosales. A España le fue bien cuando fuimos ejemplo de cumplimiento, y ahora no sabemos cuándo terminaremos de pagar el coste de haber dejado de serlo.

El 1 de enero de 1999, España entró en el euro junto con otros diez países: Alemania, Francia, Italia, los Países Bajos, Portugal, Bélgica, Austria, Finlandia, Irlanda y Luxemburgo. Grecia no entraría hasta enero de 2001.

Habíamos conseguido cerrar 1998 con un déficit público del 3 por ciento y habíamos sentado las bases de una política económica sólida, previsible y estable, que favorecía el crecimiento y la generación de empleo. España crecía a un ritmo del 4 por ciento y la tasa de paro empezaba a bajar de manera vertiginosa. Cuando llegamos al Gobierno, el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, me había dicho: «Presidente, con una prima de riesgo en quinientos puntos no podemos vivir». Un año más tarde, esa cifra se había reducido a la mitad. Poco después, había dejado de existir; ya no había prima de riesgo española porque nuestra deuda estaba mejor valorada que la alemana. El cambio era espectacular.

Si España no hubiese entrado en el euro como lo hizo, en el grupo de cabeza y con un compromiso claro con sus principios y requisitos, se habría dado la razón a quienes hacen de la resignación una forma de hacer política. Lo que yo llamo «la política de lo imposible y de lo inevitable»: imposible hacer de España un país fiscalmente disciplinado; inevitable incurrir en altas tasas de déficit; imposible recortar el gasto y crear empleo; inevitable tener un elevado paro estructural; imposible bajar los impuestos y recaudar más; inevitable subirlos para mantener los servicios sociales...

Todos esos tópicos se fueron desmontando cuando cumplimos la política de austeridad y flexibilidad del euro. Hicimos posible todo lo que algunos decían que era imposible. Fue posible llegar a tiempo, cumplir las normas y estar entre los países más prósperos. Fue posible introducir una cultura de la estabilidad económica. Fue posible recortar el gasto y crear empleo. Y fue posible bajar los impuestos y obtener más ingresos para ampliar y mejorar los servicios públicos españoles.

El éxito de España recibió muchos elogios fuera, pero también generó algunas suspicacias que no tardaron en hacerse notar. La incorporación de España a las grandes decisiones colectivas no debería haber despertado ningún recelo. España es una gran Nación europea, la primera Nación europea en términos históricos, y era perfectamente lógico y normal que participara como protagonista en el proyecto de construcción de una Europa más fuerte y más unida.

Entrar en el euro fue una gesta colectiva, que demostró que los españoles somos capaces de conseguir grandes logros cuando somos convocados a un proyecto común de avance y modernización. Demostró que España no era «diferente» ni estaba condenada a languidecer en la periferia de las grandes decisiones y los grandes hechos históricos. Que así como ningún país tiene el monopolio del éxito, tampoco ninguno está sentenciado al fracaso. Que el futuro depende del acierto o el error de las decisiones que tomamos, individual y colectivamente. España tenía problemas, como tantos otros países, pero demostró que era capaz de solucionarlos. Eso significó nuestro ingreso en el euro: la constatación de la capacidad de la Nación española para superar las peores crisis y compartir el camino de la prosperidad con las grandes democracias del mundo.

La cultura de la estabilidad

He comentado que para nosotros el euro no era un propósito en sí mismo, sino un instrumento para conseguir un objetivo superior: la modernización de la economía española. No era un punto de llegada, sino el inicio de un camino nuevo para España. Un camino que debía permitirnos dejar atrás la tradicional falta de credibilidad de la economía española y su también tradicional inestabilidad, que se manifestaba en crecimientos muy rápidos en los momentos expansivos del ciclo y profundas crisis en los momentos de contracción. Pero para eso debíamos cumplir una condición adicional a las exigidas para el ingreso en el euro: debíamos perseverar en el empeño. Para que los efectos positivos de la moneda única fueran duraderos y para que nuestra economía pudiese crecer, promover la creación de empresas, generar nuevos puestos de trabajo y competir con fuerza en el mundo, debíamos entender que el euro era un punto de partida.

Esta idea del euro como punto de partida fue uno de los ejes de mi discurso en aquellos años. Suponía un cambio profundo no sólo en las políticas, sino también en la cultura económica arraigada en España hasta la fecha. De una cultura del gasto, el endeudamiento y la volatilidad, debíamos pasar a una cultura del control presupuestario, el rigor y la estabilidad. Así lo intenté explicar en las muchas intervenciones que dediqué a promover esta nueva «cultura de la estabilidad». Me viene a la memoria un discurso que pronuncié ante la Asociación para la Unión Monetaria Europea en mayo de 1999:

«Es nuestra responsabilidad proseguir sin pausas ni interrupciones el proceso de consolidación fiscal que nos permita dotar al área euro de unos fundamentos macroeconómicos sólidos y estables. [...] La indisciplina fiscal y el endeudamiento excesivo de la presente generación resultan profundamente insolidarios con las generaciones que nos han de seguir.»

Creo que el tiempo ha demostrado que aquellas reflexiones no iban mal encaminadas. Sobre todo la advertencia acerca de la insolidaridad que para las generaciones futuras supone tirar de chequera como si el dinero público no fuese de nadie. Cuando se olvidó que el euro era un punto de partida, cuando se arrinconó la cultura de la estabilidad y se volvió a la política del gasto sin límite y sin control, se abrió la puerta a la recesión, el encarecimiento del crédito y la destrucción de empleo. Como ha dicho alguna vez ese brillante economista que es Juan Velarde, las deudas, o las pagas, o te las cobran. Y cuando te las cobran, lo hacen en lo que más te duele: pensiones, prestaciones por desempleo, sanidad, educación y posibilidades de futuro como país.

El primer Gobierno del Partido Popular tuvo la responsabilidad de hacer que España fuera socio fundador del euro. Tuvo la satisfacción de ver cómo entre todos lográbamos ese gran objetivo nacional. Y pudo comprobar cómo con el euro España alcanzaba un desarrollo económico y social sin precedentes. La reducción de impuestos incentivó el consumo, dinamizó la economía y aumentó los ingresos públicos. La responsabilidad en el gasto público nos permitió ampliar nuestra sociedad del bienestar, nuestro sistema de pensiones y nuestra cohesión social. La privatización de las grandes empresas públicas españolas y los bajos costes financieros del euro impulsaron la internacionalización de nuestra economía, sobre todo en América Latina. Los bajos tipos de interés facilitaron a muchas familias acceder a una vivienda, y a miles de emprendedores, obtener un crédito para poner en marcha sus negocios. El resultado fue una creación de empleo desconocida en España. Y el empleo, como hemos dicho en tantas ocasiones, es la mejor política social, la que concede autonomía a las personas y les permite aspirar a un futuro mejor.

Es verdad que sometimos al país a un ritmo de cambio muy elevado. Fuimos muy deprisa. Alguien podría pensar que demasiado deprisa. Pero lo hicimos porque las oportunidades son las que son. En la vida, las oportunidades no se eligen, sino que se presentan y luego cada uno decide si las aprovecha o no. Y la oportunidad del ingreso en el euro, o la aprovechábamos sin vacilaciones ni cálculos pequeños, o la perdíamos. Creo que aquella experiencia puede ser útil en estos momentos de crisis.

En la política, el tiempo es un factor esencial. Si lo tienes, no lo malgastes; al contrario, compórtate como si no lo tuvieses. Y si no lo tienes, procura anticiparte, porque, si no te anticipas, tu oportunidad pasará. Y la historia nos enseña que las oportunidades son muy pocas y no suelen pasar dos veces.

CAPÍTULO 8

Una nueva estrategia contra ETA: la democracia pasa a la ofensiva (1996-1999)

La herencia del diálogo

Nada más llegar al Gobierno, ETA nos remitió una carta a través de la comunidad de Sant’Egidio, un movimiento de católicos laicos que se presenta como promotor del «diálogo» y la «paz» en el mundo. Nos proponía la apertura de negociaciones y declaraba una tregua de una semana a la espera de que hiciésemos un gesto. Lógicamente, no lo hicimos. No teníamos nada que dialogar con los asesinos de Gregorio Ordóñez, Fernando Múgica, Francisco Tomás y Valiente, y tantos otros. Dos meses después, ETA asesinó al sargento Miguel Ángel Ayllón en Córdoba. Nuestra respuesta fue la que nos marcaban nuestras convicciones éticas y democráticas: frente a ETA, firmeza, coraje y sólo el Estado de derecho. Empezaba una nueva etapa en la lucha contra el terrorismo en España.

Siempre ha habido dos maneras de entender y afrontar el drama del terrorismo. Hay quienes consideran que sólo se puede acabar con él al margen de la ley, ya sea mediante el atajo, ya sea mediante la cesión, o con una combinación de ambos elementos. Y otros estamos convencidos de que lo moral y lo legal es también lo eficaz. De que el único camino seguro hacia la libertad es el camino de la ley.

Cuando llegamos al Gobierno, descubrimos que existían más que contactos puntuales con ETA. Los socialistas habían mantenido varios canales de comunicación siempre abiertos con la banda y habían aceptado como interlocutores a personajes que no merecían la más mínima confianza. Incluso existían mediadores internacionales.

Por medio de Jaime Mayor, las autoridades francesas me preguntaron si el nuevo Gobierno iba a mantener abiertas esas vías de comunicación con ETA y si los contactos entre los Gobiernos español y francés se iban a seguir realizando a través de las personas que con ese propósito estaban desplazadas en su territorio. A la primera pregunta contesté con un rotundo no. A la segunda, que nuestro único interlocutor con el Gobierno francés sería Jaime como ministro del Interior.

Yo siempre había sido contrario a la estrategia de contactos y «tomas de temperatura». Entre otras cosas, porque permitía que ETA mantuviera siempre viva la expectativa de una negociación con contrapartidas hiciera lo que hiciese. En cuanto llegamos a la Moncloa, cortamos con esa estrategia de raíz. Decidimos ir a por todas con el objetivo irrenunciable de acabar con el terrorismo mediante la aplicación de la ley. Ésa era nuestra política y ésa fue nuestra carta de presentación.

El terrorismo es el problema más grave que tiene España porque afecta a la esencia de nuestro sistema democrático. Como tal, debe ser también una ocupación prioritaria del presidente del Gobierno. Desde luego, lo fue para mí. Lo primero que hice fue cuidar de manera especial los nombramientos de las personas a quienes encomendé la lucha contra ETA. El más importante fue el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Le había encargado a Jaime un documento de diseño general de la estrategia antiterrorista previamente a nuestra llegada al Gobierno y, tras su nombramiento, se volcó en su responsabilidad. Jaime dio a la lucha contra ETA el impulso y la firmeza que necesitaba. Su conocimiento de la política vasca y el liderazgo que ejercía sobre sus compañeros del PP del País Vasco fueron decisivos. La segunda persona de cuyo criterio en cuestiones de política antiterrorista más me fiaba era Javier Zarzalejos, el secretario general de la Presidencia, un hombre experto en esa materia, y no sólo en ésa.

Al ministro del Interior, como a todos, le dejé margen para nombrar a sus colaboradores. Jaime y yo no teníamos diferencias de criterio y estábamos en permanente contacto. Con los responsables directos de la lucha antiterrorista, mantenía reuniones periódicas. Se celebraban siempre en el comedor oficial de la Moncloa y a ellas acudían el ministro del Interior, su secretario de Estado, Ricardo Martí Fluxá, Javier Zarzalejos y los responsables directos de la lucha antiterrorista de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y el CESID. En la primera reunión, les expliqué con claridad la política del nuevo Gobierno y los medios que debía utilizar el Estado en la lucha contra el terrorismo; les dije que podían sentirse respaldados y los animé a actuar con firmeza y eficacia. Acababa todas las reuniones de la misma manera: les pedía que me dijesen lo que necesitaban. Nunca entré en detalles ni se me ocurrió interferir en decisiones operativas. Siempre confié en su opinión y su criterio profesional a la hora de decidir cuándo y cómo actuar.

La Guardia Civil que nos encontramos en 1996 tenía una larga y sacrificada experiencia en la lucha contra ETA. En algún momento puntual, desde la cúpula de la institución se había intentado compensar las carencias de dirección y coordinación del Ministerio del Interior con actuaciones autónomas que tuvieron un coste penal para sus protagonistas y de prestigio para el cuerpo. Al margen de aquel episodio, la Guardia Civil merecía entonces, como merece ahora, todo nuestro reconocimiento. Muchos guardias habían sido asesinados en la lucha contra el terrorismo y otros muchos por el mero hecho de serlo.

A pesar de tener una capacidad más que sobrada, como luego demostraría, el Cuerpo Nacional de Policía llevaba entonces muchos años sin realizar una operación antiterrorista relevante. La Ertzaintza se veía lastrada por condicionamientos políticos. Y en el CESID reinaba un caos considerable que se manifestaba en que allí nadie parecía saber a ciencia cierta cuál era su misión. Intentamos potenciar lo que funcionaba en las fuerzas de seguridad y corregir lo necesario. Entre otras cosas, trabajamos para recuperar el clima de confianza entre los distintos cuerpos policiales y los servicios de inteligencia. Sabíamos que toda la colaboración y todos los esfuerzos iban a ser imprescindibles para hacer frente al enorme desafío que teníamos por delante. El primero de esos desafíos fue lograr la liberación de un funcionario de prisiones burgalés que había sido víctima del secuestro más prolongado de la historia de ETA: José Antonio Ortega Lara.

Era el 30 de junio de 1997 y estábamos celebrando una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP en la sede de la calle Génova. De pronto Jaime Mayor me pidió un aparte. Quería informarme de que la Guardia Civil había localizado el lugar donde estaba secuestrado Ortega Lara y de que esa noche iba a llevar a cabo la operación para liberarlo.

La Guardia Civil llevaba muchos meses trabajando en el rescate de Ortega Lara. Durante el juicio a un etarra en Francia, sus servicios de información habían detectado un gesto, como la seña de un juego de cartas, entre el terrorista al que estaban juzgando y un hombre que se encontraba entre el público. La Guardia Civil decidió seguir a ese individuo, que los llevó hasta la localidad de Mondragón, en Guipúzcoa. Le vieron a él y a otras personas entrar en una nave industrial y salir de ella fuera de horas de trabajo y con bolsas de plástico. A partir de esta pista, y después de muchos meses, los agentes llegaron a la conclusión de que en aquella nave estaba Ortega Lara.

Más tarde supimos que la operación realizada aquella noche no sólo permitió liberar a Ortega Lara de un cautiverio inhumano, sino que además le salvó la vida. Días antes, los terroristas habían dejado de alimentarle. Sus captores habían recibido la orden de dejarle morir. ETA no quiso seguir asumiendo el riesgo de prolongar su cautiverio y decidió poner un muerto sobre la mesa del Estado.

El 1 de julio, sobre las dos de la madrugada, recibí una llamada de Jaime Mayor: «¡Que le han soltado!». «¿Cómo que le han soltado?», repliqué. «¡Que han soltado a Cosme Delclaux!» «Pero ¿no estábamos buscando a Ortega Lara?» La operación para liberar a Ortega Lara coincidió con la liberación de Cosme Delclaux, un joven perteneciente a una familia con una importante tradición empresarial en Vizcaya, que llevaba 232 días secuestrado por ETA. Las gestiones de la familia de Cosme Delclaux para conseguir su liberación avivaron el debate sobre el pago de rescates. Humanamente, cualquiera podía entender que una familia utilizase todos los recursos a su alcance para conseguir la liberación de un hijo. Sin embargo, nuestra responsabilidad como Gobierno era evitar que ETA pudiera financiar sus actividades criminales. Además, al igual que con la extorsión a empresarios y profesionales, en torno a los secuestros habían surgido oportunistas dispuestos a sacar tajada del drama ajeno a cambio de mediar en la recaudación para ETA. Y esto no tenía justificación, ni humanitaria ni de ningún otro tipo.

Aproveché la llamada de Jaime Mayor para pedirle que me informase acerca de la marcha de la operación de liberación de Ortega Lara. Me confirmó que estaba ya preparada y que empezaría a las tres de la madrugada. La dirigía el juez Baltasar Garzón, que se había desplazado ya a Mondragón. Le pedí a Jaime que me mantuviera informado puntualmente.

A partir de ese momento cada llamada de Jaime disparaba la tensión: «No encuentran nada, no encuentran nada». A las seis de la madrugada me dijo que Garzón estaba a punto de tirar la toalla y dar la operación por cerrada. Le contesté: «Pedidle, por favor, media hora más. Sólo pido media hora más, pero no os vayáis de ahí». Poco después se produjo un hecho decisivo.

Los secuestradores de Ortega Lara habían sido detenidos, pero se negaban a dar información sobre dónde lo tenían recluido. A pesar del minucioso registro de la nave industrial, los agentes de la Guardia Civil no habían podido localizar la entrada del zulo. Sin embargo, al situarse el agente que llevaba detenido a uno de los etarras junto a una pieza de maquinaria pesada, el terrorista creyó que su secreto había sido descubierto y se derrumbó. Los guardias comprendieron que ahí debajo debía de estar Ortega Lara. Cuando abrieron la tapa del zulo, José Antonio pidió que le matasen. No sabía que lo estaban liberando. Había pasado 532 días enterrado en vida.

Fueron horas de muchas emociones para todos. La liberación de Ortega Lara fue un éxito policial enorme, fruto de la actuación tenaz y acertada de la Guardia Civil, y desató una conmoción social de primera magnitud. Las imágenes de Ortega Lara que vio toda España dejaron en evidencia el ensañamiento de los terroristas y su crueldad infinita. Evocaban la agonía y la deshumanización que sufrieron los judíos en los campos de concentración nazis. No es que ETA no hubiera cometido atrocidades antes, pero aquella imagen de un hombre torturado durante 532 días, condenado a morir por inanición, desveló ante el mundo la verdadera cara del terror.

Poco después de la liberación de Ortega Lara, me trasladé a Burgos para verle. Lo hice con total discreción y en compañía de Ana, mi mujer, y de Jaime Mayor. José Antonio tenía todavía un aspecto frágil que anticipaba un largo proceso de recuperación. Les trasladé a él y a su mujer mi absoluto respeto. Un respeto que siempre les profesaré. Ortega Lara es una razón viva de la lucha contra el terrorismo. Una prueba de la capacidad de resistencia de los hombres buenos ante la barbarie y de la fortaleza de la democracia española frente al terror. Por eso es tan importante preservar la memoria de su padecimiento y garantizar que su secuestro no quede impune jamás, no sólo en términos penales, lo que en cualquier caso es inaceptable, sino tampoco en términos históricos, sociales o morales. Se lo debemos a él, a todas las víctimas del terrorismo, a la democracia española y a nosotros mismos.

También recibí en la Moncloa a los servicios de la Guardia Civil que habían participado en la operación. Les expresé mi felicitación y, sobre todo, mi agradecimiento y admiración por un trabajo anónimo y tantas veces heroico. Aquella noche marcó un punto álgido en la lucha contra el terrorismo. Para el Gobierno y para la sociedad española, el asesinato de Ortega Lara habría sido un golpe muy duro. Al final, el golpe lo recibió ETA.

Supimos inmediatamente que la liberación de Ortega Lara iba a tener respuesta. Lo que no sabíamos era cuál. El mito romántico de ETA como grupo antifranquista había quedado pulverizado y su capacidad operativa, seriamente cuestionada. ETA tenía un problema serio y decidió superar la crisis como siempre ha hecho: con más violencia, con más terror. Lo anticipó un miembro de la llamada Mesa Nacional de Herri Batasuna: «Tras la borrachera policial vendrá la resaca». El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco fue esa «resaca». Fue la venganza de ETA.

La venganza de ETA

Cuando llegamos al Gobierno teníamos motivos de sobra para pensar que ETA había colocado al Partido Popular en el punto de mira. Lo que no sabíamos era hasta dónde llegarían sus propósitos asesinos. Los terroristas iban a poner en marcha una estrategia de exterminio para intentar nuestra aniquilación física y política. Nos habíamos convertido en su principal objetivo. Lo habían intentado con la UCD a finales de los años setenta y nos habían lanzado una mortal advertencia con el asesinato de Gregorio Ordóñez y el atentado al que sobreviví. Pretendían forzar nuestro desistimiento y abortar la nueva política antiterrorista que el Gobierno se había comprometido a poner en práctica.

En aquellas fechas, ETA acababa de estrenar una nueva estrategia que, con su cinismo habitual, definió como «la socialización del sufrimiento». Se trataba de extender el terror y la coacción al conjunto de la sociedad y, sobre todo, a los políticos no nacionalistas. Su objetivo era generar una presión tan fuerte a favor de la negociación política que el Gobierno no fuese capaz de resistir. La estrategia se completaba con la coacción sobre el PNV, cuyas sedes fueron atacadas para disuadirlo de sumarse a la política del Gobierno. Pero nuestra determinación era firme: ETA debía ser derrotada, sin concesiones a ningún chantaje.

Recibí la noticia la tarde del 10 de julio de 1997, mientras hacía una entrevista en mi despacho de la Moncloa. Me pasaron una nota: ETA había secuestrado a un joven concejal del Partido Popular en Ermua. Al terminar la entrevista hablé con Jaime Mayor. Me contó que ETA había dado un ultimátum: o trasladábamos a todos sus presos al País Vasco en menos de cuarenta y ocho horas, o mataban a Miguel Ángel Blanco. Le pedí que me mantuviese informado de todo lo que fuera pasando y llamé a la familia de Miguel Ángel. No olvidaré nunca la entereza y dignidad que demostraron ante la situación más dramática a la que pueden enfrentarse unos padres.

Dejé dos cosas muy claras a todo el Gobierno. Primero, que no íbamos a ceder a ningún chantaje: no íbamos a mover un solo preso a ningún sitio. Y, segundo, que había que poner todos los medios a nuestro alcance para encontrar a Miguel Ángel: había que remover Roma con Santiago.

En las horas siguientes nos llegaron varias ofertas indirectas de mediación desde Santo Domingo y Uruguay. También se ofreció la comunidad de Sant’Egidio. En Santo Domingo seguían viviendo algunos etarras a los que se consideraba interlocutores con la banda. Desde Uruguay, la propuesta nos llegó de un grupo de antiguos tupamaros que tenían relación con el entorno político de ETA, la llamada «izquierda abertzale». Aquello quedó en nada. Como bien advirtió Jaime Mayor, estábamos ante un asesinato a cámara lenta. La exigencia de un traslado de los terroristas presos al País Vasco no era más que el pretexto de ETA para matar.

El macabro plazo marcado por ETA terminaba el sábado 12 de julio, a las cuatro de la tarde. Para esa mañana había convocada una manifestación en Bilbao. José Antonio Ardanza, entonces presidente del Gobierno vasco, me llamó personalmente para pedirme que la encabezara. Es más, llegó a decirme que tanto el Gobierno vasco como el PNV condicionaban su participación a que yo estuviera al frente. También me manifestó su confianza en que, gracias a la presión ciudadana y a los «movimientos» que al parecer estaban haciendo ellos, Miguel Ángel aún podría salvarse.

Entre los ministros hubo cierto debate sobre si procedía o no mi presencia en Bilbao. Algunos expresaron sus reservas. Escuché sus argumentos, pero mantuve mi decisión de acudir. A ello contribuyó la firme opinión de Ana.

A medida que pasaban las horas se fue gestando un clima de opinión completamente nuevo en España. La cuenta atrás para el asesinato de un chico normal, un chico como tantos jóvenes españoles, conmocionó a un país entero. Millones de ciudadanos hicieron vigilia durante cuarenta y ocho horas en las calles y las plazas de España para pedir a ETA que no lo matara. El recuerdo de Ortega Lara y la crueldad de aquel ultimátum imposible estremecieron a una Nación entera, al margen de posiciones ideológicas o partidistas.

En esos días floreció una movilización social sin precedentes contra ETA alentada por lo que se denominó el «espíritu de Ermua». Los españoles decidieron plantar cara al terror. Salieron a la calle en concentraciones silenciosas y multitudinarias. Tan profunda, poderosa y generalizada fue la reacción ciudadana que hasta los políticos más condescendientes con el entorno político de ETA se vieron arrastrados por la corriente. Ardanza leyó una declaración institucional que parecía marcar un punto de inflexión muy positivo en la postura del nacionalismo vasco frente al terrorismo. Con las cámaras delante, el presidente del Gobierno vasco afirmó textualmente: «No podremos actuar conjuntamente en la defensa de ninguna causa, por legítima que en sí sea, con quienes, con su palabra de apoyo o su silencio cobarde, se han hecho cómplices de tan abominable asesinato. [...] Señores de HB, vosotros sois los verdugos de esta sociedad y nosotros las víctimas. Basta ya».

Pero aquella aparente ruptura de los nacionalistas con el entorno político y social de ETA no resultó más que un espejismo. El PNV se asustó. Olfateó que el «espíritu de Ermua» podía acabar no sólo con ETA, sino también con el conjunto del nacionalismo. Pocos meses después, aquellos a los que Ardanza había señalado expresamente como cómplices del asesinato de Miguel Ángel, exactamente los mismos, se convertían en socios políticos del PNV en el Pacto de Estella.

Las dudas del PNV empezaron muy pronto. Ya en la reunión de urgencia celebrada por la Mesa de Ajuria Enea tras saltar la noticia del secuestro, Xabier Arzalluz le advirtió a Carlos Iturgaiz que en cuanto pasara el vendaval cada uno seguiría por su lado. Su voluntad de tomar distancias se confirmó en la manifestación del sábado por la mañana en Bilbao.

Se había acordado que la manifestación partiría de la Gran Vía de Bilbao, a la altura de la sede del Gobierno vasco, junto a la plaza del Sagrado Corazón. Llegué caminando desde el Gobierno Civil de Vizcaya, en la plaza de Federico Moyúa. La calle estaba abarrotada de gente que se apartaba para dejarnos pasar y aplaudía con ganas. Nunca había ocurrido nada parecido en una ciudad del País Vasco.

Al llegar, me sorprendió comprobar que los representantes del PNV no estuvieran en el sitio convenido. Vi pasar a varios de ellos calle arriba. Al cabo de un rato me dijeron que Ardanza me esperaba en la cabecera de la manifestación. Pregunté: «¿Cómo que me espera en la cabecera si habíamos quedado aquí? Le dice usted al señor Ardanza que soy yo quien le espera a él donde habíamos quedado». Me negué a moverme del sitio acordado. Mandé para allá a Paco Cascos y hubo dos cabeceras: la del PNV y la nuestra con los socialistas. A mi lado se situó Ramón Jáuregui y le animé a que su gente aguantara.

Ésta fue la primera señal del distanciamiento del PNV. La siguiente se produjo al final de la manifestación, en el Ayuntamiento de Bilbao. Cuando llegué, ya estaban todos los dirigentes del PNV situados en las escalinatas. Me llamaron para que me uniera a ellos y les dije que me quedaba abajo. Luego me pidieron que entrara en el ayuntamiento. Les recordé que todavía estaba esperándolos en la cabecera de la manifestación, escuché las emotivas palabras pronunciadas por Mari Mar Blanco y nos fuimos.

Después de la manifestación estuve con la familia de Miguel Ángel. Aunque estaba convencido de que ETA acabaría matando a su hijo y hermano, en aquel momento todavía me aferraba a un hilo de esperanza. La entereza de esa familia a la que ETA había convertido en protagonista involuntaria de una inmensa tragedia me impresionó profundamente. Los padres de Miguel Ángel me dijeron que hiciera lo que tuviera que hacer. Tampoco entonces escuché de su parte ni un solo reproche, a pesar de que el tiempo estaba a punto de agotarse. Y se agotó.

El sábado por la tarde, unos cazadores encontraron a Miguel Ángel al borde de una carretera en Lasarte. Estaba en el suelo, maniatado, y tenía dos tiros en la nuca. Todavía vivía. Le ingresaron en el hospital de San Sebastián. Unas horas después murió.

La noticia de que Miguel Ángel había muerto, asesinado a sangre fría después de un sufrimiento incalculable, provocó una reacción masiva de solidaridad e indignación contra ETA y su entorno. El funeral en Ermua fue de un profundo dramatismo. Lo presidió el Príncipe de Asturias, que hizo un papel extraordinario en aquellas circunstancias tan difíciles. Su presencia fue un consuelo para la familia, y su declaración a las puertas del cementerio transmitió de forma sentida y acertada la identificación de la Corona con el dolor de la sociedad. También el Rey hizo unas declaraciones a Televisión Española en los jardines del Palacio de la Zarzuela. Era un gesto poco habitual, que subrayaba lo excepcional del momento y la firme posición de la Corona en defensa de la democracia y las libertades contra ETA.

El lunes 14 de julio toda España se lanzó a la calle en las manifestaciones de rechazo a ETA más multitudinarias jamás celebradas. Las imágenes del centro de Madrid convertido en una marea cívica y democrática dieron la vuelta al mundo. Los líderes de muchos países me expresaron sus condolencias por teléfono y por escrito. Clinton me manifestó su «tristeza e indignación» por el asesinato de Miguel Ángel y me aseguró que «los Estados Unidos están al lado de España frente al terrorismo». Kohl me transmitió el «horror y la indignación» de toda Alemania. Tony Blair me expresó su «admiración por el coraje y la determinación con que el Gobierno está afrontando este azote» y Chirac me aseguró que «en esta prueba, toda Francia se sitúa al lado de España». Poco después, en un encuentro oficial, el primer ministro sueco, Göran Persson, me contó que el secuestro de Miguel Ángel le había sorprendido de vacaciones en España, y que su mujer y él se habían sumado a las concentraciones. Seguía impresionado y conmovido por la fuerza del «espíritu de Ermua».

El asesinato de Miguel Ángel Blanco causó una profunda conmoción política y social en España, y provocó reacciones en el resto del mundo. La ejecución del crimen, con sus perversos plazos y su tramposo chantaje al Estado, le confirió un carácter excepcional. Pero, así como no había sido el primer asesinato en la historia de ETA, tampoco iba a ser el último. Nosotros lo sabíamos. Desde el principio, intuimos que podía inaugurar una serie de atentados contra militantes y cargos públicos de nuestro partido; que ETA había puesto en marcha una estrategia de exterminio contra el Partido Popular. Desgraciadamente, así fue.

Víctimas, héroes y mártires

Entre julio de 1997 y junio de 1998, ETA asesinó a nuestros compañeros Miguel Ángel Blanco, José Luis Caso, José Ignacio Iruretagoyena, Alberto Jiménez-Becerril y su mujer, Ascensión García Ortiz, Tomás Caballero y Manuel Zamarreño. Asistí a los funerales de cada uno de ellos acompañado siempre por Ana. Su apoyo y su fortaleza me ayudaron mucho en aquellos momentos tan duros. Vivimos situaciones tremendas, de un profundo dolor, en las que los sentimientos de solidaridad de unos hacia otros, y el extraordinario valor y dignidad de los familiares de las víctimas, fueron nuestro único consuelo. Todos éramos conscientes de lo que nos jugábamos y de la envergadura brutal del desafío. ETA había decidido ir a por todas contra el PP y no cejaría en su empeño. Unos años después, en 2001, intentaría matar a toda la dirección del PP vasco de un solo golpe. Fue en el cementerio de Zarauz, al que Carlos Iturgaiz, María San Gil y otros compañeros habían acudido para rendir homenaje a nuestro concejal asesinado José Ignacio Iruretagoyena. Por fortuna, la bomba que los terroristas habían escondido en un macetero falló.

Cada asesinato era una prueba. Nuestros concejales y cargos públicos estaban siendo eliminados por formar parte de un partido que, desde la responsabilidad del Gobierno de la Nación, había decidido aplicar una política de máxima firmeza contra el terror. Servidores públicos que no tenían privilegios de ningún tipo. Personas que eran capaces de superar el miedo, la lógica angustia que supone vivir bajo la coacción permanente del terror, gracias a su valentía personal y a su compromiso con la democracia y la libertad.

Ningún representante político del PP se sentía a salvo. Con el asesinato del concejal de Sevilla, Alberto Jiménez-Becerril, y su mujer, Ascen, cuando regresaban a casa después de cenar, ETA extendió su amenaza al Partido Popular de toda España. Su objetivo estaba claro: se trataba de someter al Gobierno de la Nación a una presión insoportable para que doblase la rodilla y accediese a negociar. Un miembro de ETA lo había enunciado con crudeza: «El día que vayan [representantes del PSOE, PP, PNV] a un funeral de un compañero de partido, cuando vuelvan a casa tal vez piensen que es hora de encontrar soluciones o quizás les toque estar en el lugar en que estaba el otro, o sea, en una caja de pino y con los pies por delante».

La estrategia con nosotros no funcionó. Pero sí es cierto que ETA puso nuestra capacidad de resistencia al límite. Cada asesinato era un mazazo. Y para mí, una prueba política y personal muy dura. Yo estaba convencido de que debíamos perseverar en la firmeza democrática. Pero eso no significa que no sufriera con cada atentado ni que dejara de plantearme hasta qué punto podía seguir pidiéndoles a mis compañeros de partido que aguantaran.

Hubo momentos especialmente dramáticos. Uno de ellos fue el asesinato de Manuel Zamarreño, concejal del PP en el Ayuntamiento de Rentería, el 25 de junio de 1998. En su funeral vi a un niño que lloraba desconsolado. Pregunté quién era y me dijeron que era uno de sus hijos.

La imagen cruel y humillante del cadáver de Zamarreño tirado en la calle, junto al portal de su casa, con la ropa arrancada por la explosión de una moto bomba, destrozó la moral de nuestra gente. Poco después del asesinato, me reuní para comer con la dirección y los cargos públicos del PP del País Vasco. Era un día gris, plomizo, triste; el ambiente pesaba como una losa sobre todos nosotros. No hacía falta que nadie verbalizara ningún reproche. Bastaban las miradas para entender lo que muchos pensaban: «Mira bien cuántos estamos porque no sabemos cuántos faltaremos en la próxima cita. Aparte de que nos maten, ¿qué más quieres que hagamos?». No eran miradas de queja, sino de aceptación de un destino que, en esos momentos de desolación, parecía inevitable.

Uno de mis colaboradores me contó luego que había comido en la mesa junto a dos concejalas ya de cierta edad y que éstas le habían dicho: «¿Sabes lo que hicimos cuando vimos cómo habían dejado a Zamarreño? Pues yo llamé a ésta —contó señalando a su compañera de mesa y también concejala— y le dije: “Vámonos a El Corte Inglés a comprarnos ropa interior; así, si nos toca, que por lo menos estemos limpias y presentables”. Y nos fuimos a El Corte Inglés esa misma tarde». La anécdota ilustraba bien la mezcla de resignación y valentía con la que nuestra gente hacía frente a la coacción cotidiana de ETA. Algunos no pudieron soportar la presión. Recuerdo que en aquella comida intervino un concejal para decir que simplemente no podía más. Comprendí su angustia y respeté su decisión.

Yo era plenamente consciente de la situación. Sabía lo que pensaban mis compañeros del País Vasco. Yo era uno de ellos y así se lo dije aquella tarde. También les dije que los huecos que veíamos entre nosotros no volverían a llenarse nunca y que incluso podría haber más, pero que debíamos seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad y avanzando en el camino de la firmeza democrática con todas sus consecuencias.

Ese día el Partido Popular del País Vasco llegó al límite de su capacidad de resistencia. Pero resistió. Nuestra deuda con cada uno de esos cargos públicos, concejales y militantes es inmensa. Como españoles y como demócratas jamás podremos agradecer lo suficiente cuanto hicieron. Fueron héroes y muchos de ellos también víctimas y mártires. Yo no lo olvido ni lo olvidaré jamás.

Todo el Partido Popular se volcó con el PP vasco. Siempre lo había hecho y ahora era más necesario que nunca. Ángel Acebes, al que habíamos nombrado coordinador general del partido cuando Paco Cascos accedió a la vicepresidencia del Gobierno, encabezó los esfuerzos de la dirección nacional por cuidar y mantener el ánimo de nuestros compañeros. Después Javier Arenas continuó su tarea. Ambos contaron con un apoyo excepcional: la propia fortaleza moral de la dirección del PP en el País Vasco. El temple, la tenacidad, el valor y el ejemplo de personas como Carlos Iturgaiz, María San Gil, Ramón Rabanera y el resto de los responsables autonómicos y provinciales fueron absolutamente determinantes para que ETA fracasase en su objetivo de doblegarnos. Sin ellos, la historia habría sido muy distinta y mucho peor.

ETA no tardó en darse cuenta de que la sociedad española, liderada por su Gobierno y arropada por sus policías, jueces y fiscales, no estaba dispuesta a perder el pulso. En diciembre de 1997, la dirección de Herri Batasuna fue encarcelada por ceder espacios electorales en televisión para la difusión de propaganda etarra. Y en febrero de 1998 nació el Foro de Ermua, la primera de las muchas organizaciones cívicas que surgieron en esos años y que fueron adquiriendo cada vez más autoridad moral e influencia en la opinión pública. A la proliferación de estos movimientos cívicos de denuncia del terrorismo y sus cómplices sociales y políticos se unió otro factor decisivo para la recuperación de la fortaleza democrática: el reconocimiento de las víctimas.

En mi trayectoria política, como en todas, hay aciertos, errores y cosas que podría haber hecho de forma distinta o mejor. Pero si de algo estoy satisfecho es de haber promovido el reconocimiento y la reparación de las víctimas del terrorismo. Durante demasiados años las víctimas del terrorismo habían sido invisibles. Se las orillaba. Su identidad se disolvía en la retórica engañosa sobre «el conflicto vasco». Ser víctima no sólo era una tragedia personal; en muchas ocasiones también se convertía en un estigma social. Tras los funerales, las condolencias y la condena pública del crimen por parte de políticos y autoridades, las víctimas volvían a ser relegadas al cuarto oscuro de la desmemoria de la sociedad.

El secuestro de José Antonio Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco marcaron un punto de inflexión en la historia de la lucha contra el terrorismo. Con su sufrimiento, la sociedad humanizó a las víctimas, se identificó con su tragedia y se hizo cargo de la crueldad ilimitada de ETA. Hasta entonces, las víctimas del terrorismo habían padecido y luchado por su reconocimiento en solitario, ayudadas sólo por algunas personas valientes, entre las que destacan Ana María Vidal Abarca, Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel O’Shea, ya fallecida, que en los años de plomo y soledad fundaron la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Nuestra actitud hacia las víctimas del terrorismo había sido siempre de absoluto respaldo y solidaridad. Pero no fue hasta que llegamos al Gobierno cuando por fin pudimos traducir ese apoyo en políticas concretas. Decidimos otorgar a las víctimas el protagonismo y el trato que merecían y hasta entonces no habían tenido. Eso significaba varias cosas: mejorar la ayuda asistencial que se les prestaba, de manera que su dignidad se viese siempre preservada; reivindicar su memoria como ejemplo de entrega cívica; y garantizar que se les hiciera justicia como imperativo democrático y condición necesaria para la libertad.

Nos propusimos asegurar la reparación moral y material de las víctimas. Muchas ni siquiera percibían una indemnización, bien porque los terroristas no habían sido capturados, bien porque se declaraban insolventes. Para corregir esta injusticia, realizamos varias reformas en el régimen de la Seguridad Social y las pensiones. Pero aun así hacía falta articular un instrumento de reconocimiento integral que garantizase que ninguna víctima quedara desamparada. Para eso les pedí a Jaime Mayor y a Paco Álvarez-Cascos, como vicepresidente del Gobierno, que negociaran una iniciativa conjunta con el resto de los grupos políticos. El 8 de octubre de 1999 aprobamos la primera Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.

Esta nueva ley hacía dos aportaciones fundamentales. En primer lugar, reconocía la responsabilidad del Estado español ante las víctimas del terrorismo.

«Artículo 1. Mediante la presente Ley, el Estado rinde testimonio de honor y reconocimiento a quienes han sufrido actos terroristas y, en consideración a ello, asume el pago de las indemnizaciones que les son debidas por los autores y demás responsables de tales actos.»

Este reconocimiento era inédito y tenía profundas implicaciones tanto desde el punto de vista práctico como filosófico: suponía reconocer el carácter político y público de las víctimas del terrorismo; asumir la deuda de la democracia española con quienes habían muerto o sufrido heridas en su nombre. Es decir, reconocer que el objetivo del terrorismo es la propia democracia.

La segunda aportación iba en el mismo sentido. La creación de la Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo era otra manera de realzar su identificación con los principios y valores de nuestro régimen constitucional, y de negar a ETA la más mínima legitimidad. Se celebraron dos solemnes actos de entrega de las condecoraciones, uno en el Congreso y otro en el Senado.

El frente nacionalista

La aprobación por unanimidad de la Ley de Solidaridad con las Víctimas pudo dar la impresión de que, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco y en un contexto de brutal acoso de ETA, todos los partidos políticos habíamos llegado a la misma conclusión respecto a la estrategia que debíamos seguir frente al terrorismo. Por desgracia no fue así.

El «espíritu de Ermua» fue para el mundo nacionalista como la llamada de la selva. El PNV entendió que la masiva reacción social contra el asesinato de Miguel Ángel Blanco suponía un punto de inflexión y temió que la marea cívica contra ETA, sus cómplices y encubridores también se los llevaría por delante a ellos. Había surgido un movimiento cívico que reunía a gente de muy diversa adscripción política. Políticos, intelectuales, periodistas y, sobre todo, ciudadanos comprometidos hicieron visible su compromiso público contra la violencia etarra y el nacionalismo obligatorio. La Constitución y el Estatuto de Guernica se reivindicaban como garantía de las libertades de todos. El nacionalismo vio en peligro su hegemonía y decidió pasar a la acción.

En septiembre de 1997, José Antonio Ardanza reunió la Mesa de Ajuria Enea, el órgano creado por el pacto del mismo nombre alcanzado entre todos los partidos del País Vasco, a excepción de Herri Batasuna. En la reunión quedó claro que su actitud de firmeza democrática tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco no iba a tener continuidad. El presidente del Gobierno vasco expuso su análisis de la situación. Habló de la incapacidad de los partidos para ponerse de acuerdo en lo que denominó «los temas de fondo», se refirió a la necesidad de «coger el toro por los cuernos», y propuso elaborar «una estrategia global de pacificación». Luego presentó un documento que recogía las ideas fundamentales del que pronto se convertiría en el Plan Ardanza. Ese plan era imposible de apoyar. Suponía renunciar a la derrota de ETA y aceptar la exigencia de contrapartidas políticas a cambio del fin de la violencia:

«Ni “derrota policial” ni “derrota política” absoluta e incondicional. El abandono de la “lucha armada” por parte de ETA y la incorporación a la actividad política democrática por parte de HB requerirán, para producirse, de algún tipo de incentivo político que los justifique. Por lo que sabemos de uno y otro lado, tal incentivo no puede ser otro que un diálogo, llamémoslo “negociación” o “final dialogado”, que sea susceptible, en principio, de incidir efectivamente en el actual sistema constitucional y estatutario. De momento, ésta sería la constatación más atrevida que podríamos hacer en común: un final dialogado que sea susceptible, en principio, de incidir en el actual sistema jurídico-político parece ser condición necesaria para la pacificación.»

Con estas afirmaciones Ardanza desvirtuaba por completo el Pacto de Ajuria Enea. El diálogo con ETA ya ni siquiera quedaba condicionado al desistimiento de la organización terrorista. Y la negociación sobre cuestiones políticas se convertía en el requisito previo e imprescindible para conseguir el fin de la violencia.

Un final dialogado de la violencia es por definición incompatible con la derrota de ETA. Conceder incentivos políticos a una organización terrorista, ya sea porque mata o a cambio de que deje de matar, no es sólo contrario a la moral; es también contraproducente. Sólo sirve para blanquear los crímenes cometidos y fortalece a los terroristas. Supone asumir que ETA es imbatible y que la democracia española y el Estado de derecho son incapaces de defenderse.

Ardanza quería explicarme personalmente su plan y, el 17 de enero de 1998, lo recibí en la Moncloa. Le pedí que viniera acompañado de Xabier Arzalluz para que fuera testigo de lo que me iba a plantear. La reunión fue larga y las intervenciones de Ardanza, prolijas, lo que iba provocando en su compañero de partido gestos inequívocos de cansancio. La prolongamos con una comida. Le expuse a Ardanza mis objeciones a su plan. Pero no cambió una coma, ni por lo que le manifestamos nosotros ni por las reservas que también le trasladaron los socialistas. Hablé del asunto con su nuevo secretario general, Joaquín Almunia, que me aseguró que el PSOE no actuaría en este caso de manera unilateral.

Volví a recibir a Ardanza un mes después. La conversación discurrió en el buen tono que siempre había caracterizado nuestra relación, pero sólo sirvió para constatar nuestras diferencias. Él no había tocado su plan y yo no estaba dispuesto a ceder en cuestiones que para nosotros eran fundamentales. A partir de ese momento, creo que Ardanza se limitó a administrar el fracaso de su iniciativa. El 12 de marzo hizo público el texto final del plan y lo sometió a los partidos de la Mesa de Ajuria Enea, con el resultado que para entonces ya era perfectamente previsible.

De aquellas reuniones saqué la impresión de que a Arzalluz no le interesaba nada el Plan Ardanza. Ésa no era la «hoja de ruta» del PNV. Arzalluz estaba ya en otra cosa. Pocos días después de nuestra comida, nos llegaron noticias de que el PNV estaba teniendo más que contactos con el brazo político de ETA en Bruselas.

A principios de 1998, el PNV se había descolgado con una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo contra la política de alejamiento y dispersión de los presos etarras. El gesto llamaba la atención porque en sus orígenes el PNV había defendido esa misma política. Nuestro distanciamiento se acentuó en los meses siguientes. La relación del PNV con el PP en el País Vasco era cada vez más competitiva en términos políticos y electorales, y el 25 de octubre se celebraban elecciones al Parlamento de Vitoria. Con la excusa del fracaso del Plan Ardanza, Arzalluz puso en marcha una estrategia de convergencia con el mundo de ETA. El objetivo era formar un frente nacionalista para avanzar hacia la «construcción nacional». El principal instrumento de esa estrategia conjunta fue la tregua que ETA declaró el 16 de septiembre de 1998, un mes antes de las elecciones. La propia secuencia de los acontecimientos dejaba en evidencia la connivencia entre unos y otros, y el carácter meramente instrumental del anuncio de la banda: primero los partidos nacionalistas firmaron con el brazo político de ETA el acuerdo para formar un frente común —el Pacto de Estella—, y después ETA declaró la tregua.

Ya en mayo me habían llegado ondas de que algo estaba pasando en las relaciones entre el PNV y el mundo de ETA. Se lo comenté a Jaime Mayor y quedó en hacer las averiguaciones correspondientes. Pasaron las semanas y, aunque los nacionalistas eran cada vez más explícitos en sus declaraciones de acercamiento al entorno etarra, seguía sin saberse el alcance exacto de lo que se estaba gestando. Insistí varias veces, pero nadie vio la envergadura de la operación que estaba en marcha.

Sabíamos que el PNV no quería una ETA derrotada porque temía que esa derrota pudiera debilitar al nacionalismo y acabar con su relato del conflicto secular entre España y los vascos. El PNV, en particular Arzalluz, empezó a propagar la falacia de que ETA estaba en una situación muy complicada, que necesitaba «una pista de aterrizaje», una «salida digna» para dejar el terrorismo, y que bastaba con ofrecerle una «solución razonable» para sus presos. Creo recordar que llegó a hablar de una ETA «acorralada». También resurgió con fuerza el concepto de «empate infinito», acuñado por el propio mundo de ETA unos años antes como propaganda en contra de la eficacia policial.

El 16 de septiembre de 1998, ETA declaró una tregua «ilimitada», con una «suspensión general» de actividades pero sin un emplazamiento expreso al Gobierno para negociar. No estábamos ante el fruto de una negociación entre los terroristas y el Estado, sino ante el instrumento de un acuerdo entre nacionalistas con objetivos que iban completamente en contra de la legalidad: ruptura del marco estatutario y constitucional, independencia, Navarra, impunidad y exclusión de los no nacionalistas. Se trataba de embarcar al conjunto del nacionalismo en una aventura rupturista y sectaria.

Poco antes de que se hicieran públicos el Pacto de Estella y la tregua, me llegó un análisis que preveía una «parada técnica» de ETA limitada a un año y con el emplazamiento al Gobierno de negociar. Nada más.

La declaración de tregua nos sorprendió en Iquitos, la capital de la Amazonía peruana, adonde habíamos ido a visitar varios proyectos de cooperación española. Habíamos dispuesto una comunicación vía satélite gracias a la cual pude hablar con España. Volamos después a Lima para iniciar la visita oficial. Esa noche cené en el hotel con Ana y Javier Zarzalejos. Josep Piqué, que había venido en calidad de ministro de Industria y portavoz del Gobierno, no pudo acompañarnos porque tenía un encuentro con empresarios. Durante la cena, analizamos la situación. No dejaban de llegarnos reacciones desde España. Como era lógico, los periodistas que estaban cubriendo el viaje querían una declaración oficial. Pero no era una ocasión para improvisar.

Yo no creía que el anuncio de ETA fuera sincero. Mi primer impulso fue desdeñar la tregua por completo. Pero, con buen criterio, tanto Javier como Jaime Mayor desde Madrid me aconsejaron prudencia. La tregua era difícil de gestionar desde muchos puntos de vista, especialmente el de la opinión pública. El mantenimiento en el tiempo de políticas de firmeza democrática es siempre complicado y en algún momento acaba generando cansancio en la gente. Pero, además, la opinión pública española estaba acostumbrada a recibir mensajes contrarios a los que nosotros lanzábamos y defendíamos. Entonces se hablaba de la supuesta «imbatibilidad» de ETA, se pregonaban las «tomas de temperatura», se insistía en la idea del «empate infinito»... Todos estos conceptos, repetidos hasta la saciedad durante muchos años, complicaban la aplicación de una política basada en la convicción de que la democracia española y el Estado de derecho son capaces de acabar con el terrorismo sin atajos o concesiones de ningún tipo.

A esto se sumaba un tercer factor: la natural tendencia de mucha gente a desear y esperar que los «malos» se conviertan en «buenos». Existía el riesgo de que la opinión pública acabara responsabilizando a quien no hiciera todos los esfuerzos para aprovechar lo que casi universalmente se consideraba una gran oportunidad. En resumen, nosotros no íbamos a cambiar nuestra política, pero teníamos que gestionar un clima de opinión delicado y decidimos actuar con cautela.

Aquella misma noche, Javier Zarzalejos y Josep Piqué, en coordinación telefónica con Jaime Mayor, se encargaron de redactar la primera declaración oficial de respuesta al anuncio de tregua. Analizamos con todo cuidado el texto que habían preparado y la mañana siguiente, el 17 de septiembre, comparecí ante la prensa en un salón del palacio presidencial de Perú. En la Declaración de Lima, como vino a llamarse, quise transmitir tres ideas fundamentales. La primera, que no ignoraba las expectativas generadas por la tregua de ETA. La segunda, que el anuncio de la tregua no implicaba colocar la pelota en el tejado del Gobierno, sino que seguía en el de ETA. Y, la tercera, que no pagaríamos ningún precio político por el final de la violencia. Esto lo dejamos claro desde el primer minuto. Textualmente, afirmé:

«Quiero también decirles que el Gobierno no es en absoluto insensible a las expectativas que una sociedad con capacidad de conciliación alimenta en este momento. Precisamente por ello, no quisiera que, una vez más, esa esperanza pueda transformarse en frustración; frustración por que estemos ante un movimiento táctico o frustración por que se ponga precio a la paz, olvidando el marco de convivencia que nos hemos dado, olvidando el respeto a la voluntad popular u olvidando el conjunto de valores en el que se asientan nuestra democracia y nuestras libertades.

»[...]

»Después de treinta años de actividad terrorista, no podemos conceder a ETA el beneficio de la duda. [...]

»Si realmente ETA quiere dar por acabada su trayectoria de muerte, debe saber que todo paso de credibilidad que quiere ganar debe ganarlo con hechos y no con declaraciones. Sobre ETA, y sólo sobre ETA, pesa la carga de la prueba.»

Tras la declaración, anuncié que a mi vuelta a Madrid convocaría a los partidos políticos a una ronda de consultas para pedir un esfuerzo de unidad y acuerdo. Así lo hice.

Al regresar a Madrid pude comprobar los efectos del anuncio de ETA en la opinión pública. Del «espíritu de Ermua», tan temido por el nacionalismo, pasamos a la expectativa colectiva, casi a la euforia, de un supuesto final del terrorismo. El hecho de que ETA hubiera calificado la tregua de «ilimitada» dio alas a las lógicas esperanzas ciudadanas. Pero también, desde el primer momento, a los entusiastas del diálogo, las negociaciones, las contrapartidas y los movimientos en tal o cual dirección.

La presión fue en aumento. Después del calvario de Ortega Lara y el martirio de Miguel Ángel Blanco, la sensación era que había «estallado la paz». Los nacionalistas intentaron sacar rédito electoral y político de ese «estallido». Electoral, porque mucha gente consideraba que el frente nacionalista había sido decisivo para la «paz» y sus impulsores esperaban que eso tuviese reflejo en las urnas. Y político, porque los nacionalistas creían que su presunto triunfo electoral obligaría al Gobierno a ceder. Al final no pasó ninguna de las dos cosas.

A los cálculos del PNV se sumaban las habituales reinterpretaciones de las exigencias de ETA, que ahora se presentaban como simple «hojarasca». «Lo único que le importa son los presos», llegó a decirme uno de sus más destacados dirigentes.

En ese contexto de ruido y de presión, me reuní con Xabier Arzalluz y con Carlos Garaicoechea, entonces presidente de Eusko Alkartasuna. Lo hice dentro de la ronda de consultas que había convocado con los principales partidos a mi vuelta de Perú. La conversación fue especialmente áspera. Les dije que no era cierto que ETA hubiera ofrecido «paz por presos» y dejé claro que el Gobierno no se iba a dejar apabullar. En todo caso, accedí a la apertura de una línea de comunicación directa entre Javier Zarzalejos y una persona de confianza de Arzalluz que trabajaba en Madrid. Javier también se ocupó de reforzar nuestra interlocución con el PSOE a través de Alfredo Pérez Rubalcaba, que era el secretario de Comunicación de los socialistas y una persona muy cercana a Joaquín Almunia. Con Juan Alberto Belloch, que había sido el último socialista en ocupar las carteras de Interior y Justicia, y entonces ejercía como portavoz de Justicia en el Congreso, hablaba regularmente Jaime Mayor.

De las reuniones con los líderes de los distintos partidos, recuerdo la que mantuve con Julio Anguita y lo que me dijo: «Antes de sentarnos, presidente, quiero decirte que lo primero es la unidad de España». Me pareció muy bien. Lo asombroso era que Ezker Batua, la rama vasca de Izquierda Unida, había firmado el Pacto de Estella.

En aquel momento yo ya conocía el trasfondo de Estella y su alcance. En un documento de cuatro puntos fechado en agosto de 1998, el PNV y EA habían hecho suyas las exigencias de ETA. Los partidos nacionalistas se comprometían a «dar pasos efectivos desde hoy en aras de la creación de una estructura única y soberana» que incluyera el País Vasco, Navarra y el País Vasco francés; a ampliar este acuerdo a «todas las fuerzas partidarias de la construcción de Euskal Herria» (lo que unas semanas después quedaría plasmado en Estella); y a romper los acuerdos que mantenían con los partidos no nacionalistas. Por su parte, ETA accedía a «dar inicio a un alto el fuego», que calificaría públicamente de «indefinido» aunque ya en ese documento quedaba claro que no lo era.

Más tarde, el PNV y EA aseguraron haber opuesto una reserva expresa a la exigencia de ETA de romper los acuerdos con los partidos no nacionalistas. Pero eso fue sólo en tanto PP y PSOE seguían siendo necesarios para la gobernabilidad del País Vasco y a la espera de alcanzar una mayoría nacionalista alternativa. La estrategia del frente nacionalista vasco ya estaba en marcha e incluía a ETA.

Un mes después de Estella, el 25 de octubre de 1998, los vascos acudieron a las urnas. Participé activamente en la campaña junto con Jaime Mayor y Carlos Iturgaiz, que con gran coraje y determinación asumió la candidatura del PP a la presidencia del Gobierno vasco en un momento especialmente difícil. Defendimos un mensaje muy firme de garantía de las libertades, la Constitución y el Estatuto de Guernica. Era nuestra responsabilidad como partido de Gobierno en España y lo que esperaban nuestros votantes.

Algunos me criticaron mucho cuando en un mitin dije que íbamos a garantizar que nadie en el País Vasco tuviera que hacer las maletas. Fue mi respuesta a las bravatas de Arzalluz, que llegó a invitar a los vascos no nacionalistas a marcharse de su tierra con la frase «ancha es Castilla» y a afirmar que los que se quedaran serían tan bien tratados «como los alemanes en Mallorca». La primera obligación de un Gobierno es cumplir y hacer cumplir la ley, y yo quería que todo el mundo supiera que, con tregua o sin ella, el marco jurídico de convivencia en el País Vasco no se iba a modificar.

El Partido Popular obtuvo un muy buen resultado electoral. Logramos 16 escaños, cinco más que en 1994, y nos convertimos en la segunda fuerza política del País Vasco. El PSOE, que había presentado como candidato a Nicolás Redondo Terreros, subió de 12 a 14 diputados. El PNV perdió uno y se quedó en 21, con la amargura añadida de que el gran beneficiado de Estella fue Euskal Herritarrok. La nueva marca política de ETA sacó 14 escaños, tres más de los que tenía, y fue decisiva para que el candidato del PNV, Juan José Ibarretxe, fuese investido presidente del Gobierno vasco. Eusko Alkartasuna perdió dos diputados. Arzalluz no ocultó su enfado por los resultados la misma noche electoral. La anunciada marea nacionalista se había quedado en un juego de suma cero entre los tres protagonistas de Estella. Y lo que es peor desde el punto de vista de los nacionalistas, los resultados fueron un primer paso hacia un acuerdo entre los partidos constitucionalistas que supondría una esperanza histórica.

En el País Vasco, los movimientos cívicos habían creado una buena red de relaciones personales entre gente del PP y del PSOE unida por la firmeza ante ETA y el rechazo a la política de exclusión nacionalista. Aun así, algunos socialistas seguían recelando de un entendimiento más profundo con el PP. Y eso a pesar de que, en vísperas de las elecciones y en coherencia con lo pactado en Estella, el PNV había roto su acuerdo de Gobierno con el PSOE. Nicolás Redondo defendió la importancia de trabajar juntos en defensa de la Constitución y del Estatuto de Guernica, y de no pagar a ETA ningún precio político por abandonar la violencia.

Las elecciones municipales y forales vascas estaban convocadas para el mes de junio de 1999 y se planteaban como una segunda vuelta de las autonómicas. En la medida que afectaban no sólo a los municipios vascos y navarros, sino también al Gobierno de Navarra, sus resultados iban a ser un buen indicio de la fortaleza del proyecto nacionalista: si había recibido impulso o seguía estancado. Nuestro objetivo no se limitaba a resistir. Queríamos presentar un verdadero proyecto político alternativo al nacionalismo.

Los comicios locales confirmaron que el nacionalismo no había recibido ningún impulso. Más importante aún, demostraron que se había conseguido articular una importante base electoral constitucionalista en el País Vasco. Con el apoyo del PSOE, el Partido Popular se hizo con la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria. Se convirtió en la primera fuerza política de esa provincia, y en la segunda de Vizcaya. A su vez, nosotros apoyamos al PSOE para que pudiera gobernar en San Sebastián y en otros municipios. En Navarra, UPN accedió al Gobierno Foral y al Ayuntamiento de Pamplona. Al final, la pluralidad vasca y el coraje de los navarros se impusieron sobre las ansias hegemónicas del nacionalismo y sobre los proyectos de enfrentamiento y ruptura.

La «tregua-trampa»

El gran reto del Gobierno en aquellos meses fue administrar la situación creada por la tregua de ETA. Teníamos claras dos cosas. Primero, íbamos a rechazar cualquier intento de «internacionalizar» la tregua; es decir, no íbamos a aceptar ninguna injerencia de los siempre dispuestos mediadores internacionales, que sólo sirven para dar pábulo a la patraña sobre el «conflicto vasco» y para colocar a España bajo presión. Segundo, íbamos a mantener informados a los españoles de lo que hacíamos y de lo que pensábamos hacer. Por eso anuncié públicamente que había autorizado contactos con el MLNV (movimiento de liberación nacional vasco). Algunos interpretaron esa mención al MLNV como una rendición dialéctica, cuando ésa es la denominación que recibe el complejo político y social dirigido por ETA. Al utilizar esas siglas, yo estaba haciendo público que el Gobierno se iba a reunir con ETA y también con representantes de su partido político.

El 11 de diciembre de 1998 tuvo lugar un encuentro entre miembros de Euskal Herritarrok y las tres personas a las que designé como representantes del Gobierno: el secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, Javier Zarzalejos y Pedro Arriola. Los portavoces de la antigua Herri Batasuna dijeron que ellos eran políticos y que sólo estaban ahí para hablar de política; que si nuestra intención era hablar del cese de la violencia, que habláramos con ETA. Como nosotros de política no teníamos nada que hablar con ninguno de ellos, la reunión no fue a más.

La presión para que hiciéramos cambios en la política penitenciaria fue en aumento. Todos los grupos políticos, también los socialistas, reclamaban al Gobierno que acercara presos terroristas al País Vasco. Unos porque creían que podía ser útil para la «paz». Otros, por cálculo y conveniencia política; porque creían que cualquier gesto hacia el mundo de ETA favorecía a la causa nacionalista. Entonces no teníamos mayoría absoluta y el marco legal penitenciario era todavía muy laxo. No pudimos modificarlo hasta la legislatura siguiente, cuando aprobamos la Ley de Cumplimiento Íntegro y Efectivo de las Penas y creamos un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional.

Yo estaba dispuesto a tomar decisiones en el ámbito penitenciario con dos condiciones: que se mantuviera la política de dispersión y que no hubiera concentración de terroristas en unas pocas cárceles. Con estas limitaciones, y con el respaldo de una resolución parlamentaria aprobada por unanimidad el 10 de noviembre de 1998, acordamos el traslado a la Península de los presos de ETA que estaban en Canarias y en Ceuta y Melilla. Unos meses después, hicimos un segundo traslado.

Fueron decisiones tasadas, públicas y reversibles, que ETA desdeñó porque no era lo que buscaba. La tesis de que la banda había decidido perseguir sus objetivos exclusivamente por vías políticas y que, por tanto, le bastaba con solucionar la situación de los presos para abandonar la violencia se había convertido en un mantra sin base en la realidad. Nosotros sabíamos que ETA no había renunciado ni a sus fines ni a sus medios: pretendía una negociación en toda regla en torno a sus exigencias políticas de siempre y, si hiciera falta para conseguirlas, estaba dispuesta a volver al terror. Así lo pudieron corroborar Javier Zarzalejos, Ricardo Martí Fluxá y Pedro Arriola.

El Gobierno del PP mantuvo una única reunión con la dirección de ETA. Tuvo lugar en Suiza el 19 de mayo de 1999. La fecha se fijó por mediación de monseñor Juan María Uriarte, que entonces era obispo de Zamora y luego lo fue de San Sebastián. Hubo un intercambio previo de comunicaciones para acordar el formato del encuentro.

Para nosotros, la finalidad de la reunión estaba muy clara. Se trataba de comprobar si la tregua era o no un cese definitivo de la violencia. Para eso la autoricé y para nada más. El encuentro no formó parte de ninguna negociación ni en él se negoció nada.

A su vuelta de Suiza, Javier, Ricardo y Pedro vinieron directamente a verme a la Moncloa. Inmediatamente, hablé con el Rey y convoqué a Joaquín Almunia para informarle del encuentro. Ricardo se trasladó al ministerio para despachar con Jaime Mayor. La reunión de Suiza había constatado la diferencia insalvable entre las posiciones del Gobierno y de ETA. Aunque se dejó abierta la posibilidad de un segundo encuentro, ETA desistió al comprobar que no podía obtener ninguna de sus pretensiones. ETA no estaba dispuesta a seguir hablando con un Gobierno que no negociaba con terroristas acerca de política. Y para nosotros ETA no era interlocutor político porque mi Gobierno no hablaba de política con terroristas.

Yo asumí toda la responsabilidad del encuentro y advertí de que no íbamos a hacer nada que no pudiésemos explicar a los españoles. El 7 de junio, en una conferencia de prensa celebrada en la Moncloa con motivo de la visita a España de un dirigente extranjero, informé a la opinión pública de que la reunión con ETA había tenido lugar hacía tres semanas, di los nombres de las personas que habían acudido, expliqué que habían tenido el encargo de constatar la voluntad de ETA de dejar las armas, pero que la banda había mantenido sus exigencias de siempre. En agosto, informé a los ciudadanos de que ya no había diálogo.

Desde que ETA declaró la tregua tuvimos que hacer frente a una situación muy difícil de administrar. Había que modular las enormes expectativas ciudadanas con la realidad. Y eso requería mucha cautela. Jaime Mayor compartía este análisis. Como ministro del Interior, sabía mejor que nadie hasta qué punto la fórmula de «paz por presos» había ganado adeptos entre la opinión pública. Su trabajo de comunicación fue esencial. Fue Jaime quien con más claridad alertó a los españoles de que estábamos ante lo que, con gran visión, denominó una «tregua-trampa». Jaime fue un puntal básico en esos meses. Yo había asumido la responsabilidad de todas las decisiones, pero siempre dije que ninguna se tomaría en contra del criterio del ministro del Interior. Jaime participó activamente en todas ellas. Suyas son algunas de las palabras utilizadas en mis declaraciones institucionales durante la tregua. Fue él quien me propuso que monseñor Uriarte actuase como vía de comunicación. Y su criterio fue determinante para la elección de las personas a las que autoricé a reunirse con ETA y su brazo político.

En un primer momento, Jaime quiso formar parte del grupo que acudió a Vevey, la ciudad suiza donde tuvo lugar la reunión con los etarras. Le dije que no porque él era el ministro del Interior y que era mejor que fuese su secretario de Estado. Creo que el temor de Jaime era que el Gobierno quedara atrapado en un proceso de contactos con ETA que no serviría para nada y desacreditaría nuestra posición. Esa cautela la compartíamos todos los que intervinimos en las decisiones adoptadas a lo largo de unos meses que fueron todo menos fáciles.

El 20 de julio de 1999, el Tribunal Constitucional pareció sumarse al entusiasmo por la paz con una sentencia que anulaba la condena impuesta a la Mesa Nacional de Herri Batasuna por colaboración con banda armada. El razonamiento del fallo era ciertamente peculiar: el tribunal consideró que, aunque los condenados habían sido correctamente juzgados, el tipo penal que se les había aplicado no guardaba el principio de proporcionalidad; argumentó que estábamos ante una colaboración con banda armada simplemente «ideológica» y no operativa, una distinción que el Código Penal no hacía. El resultado fue que la cúpula entera de Herri Batasuna fue puesta en libertad. Además, luego tuvimos que modificar el Código Penal para acomodarlo a la nueva doctrina del Tribunal Constitucional.

Recuerdo que me llamó el entonces presidente del tribunal, Pedro Cruz Villalón, para comunicarme la sentencia. Yo estaba en Beirut, en la cumbre de la Liga Árabe a la que había sido invitado en una iniciativa poco frecuente en esta organización. No pude ser más expresivo al trasladarle mi radical discrepancia con una sentencia que me parecía un profundo error, de inspiración no estrictamente jurídica, y que tendría graves consecuencias para la lucha antiterrorista en España.

Ese mismo mes de julio, Xabier Arzalluz visitó el CESID para impartir una conferencia dentro de un ciclo dedicado a la Constitución. El director del centro, el general Javier Calderón, me había pedido autorización para invitar a Arzalluz y yo no puse ninguna objeción. Según supe después, la sesión fue muy interesante. El presidente del PNV se mostró muy crítico conmigo, incluso peyorativo. Hubo quien interpretó su enfado como una señal de frustración ante el fracaso de su estrategia. Arzalluz había creído que podía cabalgar el tigre radicalizando sus posiciones y dividiendo a la sociedad vasca. Pero el tigre no se dejaba cabalgar. ETA quería dictar la estrategia y llegó un punto en el que el PNV ya no podía seguirle.

Me extrañó saber que, a esas alturas, Arzalluz todavía defendiera cosas como que un cambio en la política penitenciaria consolidaría la tregua o que la dirección de ETA seguía comprometida con una estrategia exclusivamente política. Lo interpreté como un nuevo intento de trasladar la responsabilidad al Gobierno. Quería que nosotros asumiéramos el coste de una ruptura de la tregua que en ese momento él ya debía de intuir. No lo consiguió.

El 28 de noviembre de 1999, ETA hizo público un comunicado en el que anunciaba el fin de la tregua. La banda reprochaba al PNV no haber sido capaz de cumplir los compromisos adquiridos y anticipaba la vuelta a los asesinatos: «A partir del 3 de diciembre, está en manos de ETA transmitir a los grupos operativos cuándo iniciar las actividades». No tardó ni dos meses en hacer efectiva su amenaza. El 21 de enero del año 2000, ETA asesinó en Madrid al teniente coronel Pedro Antonio Blanco García cuando salía de su casa por la mañana. El humo del coche bomba pudo verse a varios kilómetros a la redonda. No había estallado la paz, sino otra bomba de ETA. Y, con ella, el dolor de otra familia y de toda la sociedad española.

En mi declaración tras el atentado quise expresar con la mayor rotundidad posible que el Gobierno iba a hacer frente al desafío del terrorismo con todos los instrumentos al alcance del Estado de derecho y la democracia española; con la fuerza de la ley y la convicción de la libertad:

«Cuando ETA anunció la ruptura del cese indefinido de su actividad terrorista, afirmé que ETA se equivocaba. Es el momento de demostrar a ETA las consecuencias de su error. Desde mi responsabilidad como presidente del Gobierno, pueden estar seguros de que ETA lo sabrá.»

ANEXOS

Discurso con motivo de la entrega de la medalla de oro de Castilla y León a Don Juan de Borbón

Tordesillas, 22 de diciembre de 1987

Señor:

La Junta de Castilla y León, los representantes del pueblo y las instituciones de nuestra Comunidad Autónoma, reunidos en la histórica villa de Tordesillas, en torno al Serenísimo Señor Don Juan de Borbón, Conde de Barcelona, se sienten muy honrados al participar en esta sencilla ceremonia y aprecian toda la significación que en ella se encierra.

Una vez creada por nuestra Comunidad la Medalla de Oro como el más alto honor que en nombre de los pueblos castellano y leonés otorga la Junta, fue enseguida evidente para todos que el más digno destinatario de la primera de estas distinciones debía ser S. A. R. el Conde de Barcelona. En Él concurren méritos difícilmente repetibles, a lo largo de un dilatado y ejemplar servicio a España, a los que se añade la venturosa circunstancia de ser un hijo de estas tierras: nacido en la ladera meridional de la cuenca del Duero, en torno a la cual se agrupa la mayor parte de la geografía de nuestras nueve provincias.

Al haceros entrega, Señor, de la Medalla de Oro de Castilla y León, rendimos homenaje a Vuestra Augusta Persona y a la obra de Vuestra vida. Pero también tributamos nuestro reconocimiento al proyecto histórico de la Monarquía de todos y para todos los españoles, que siempre propugnasteis como destino y justificación de la Restauración de la Corona.

A S. A. R. el Conde de Barcelona le ha sido concedido el privilegio de ver realizada la aspiración de su vida, que no era otra que el restablecimiento de la Monarquía para servir a la concordia nacional, cerrando las heridas del pasado y dejando el camino abierto a un porvenir en el que cabe proyectar ambiciosas esperanzas para la Nación Española.

Para la Comunidad castellano-leonesa es un motivo de íntima satisfacción que estas circunstancias concurran en una ilustre personalidad que siempre ha tenido a gala su condición de natural de la Región.

Don Juan de Borbón es, en efecto, el más ilustre castellano de nuestra generación. Pero, además, la trayectoria de su vida parece haber estado impulsada por unas motivaciones y una inspiración que concuerdan notablemente con virtudes características de nuestras gentes, y de las que leoneses y castellanos se sienten legítimamente orgullosos.

En primer lugar, el patriotismo español. Leoneses y castellanos han mantenido desde hace más de mil años la voluntad decidida y nunca vacilante de que todos los pueblos de España se asociaran en una trayectoria común. Sin esta vocación de castellanos y leoneses, la unidad de España no se hubiera podido cumplir.

La riqueza de nuestra unión es obra, ciertamente, de las imprescindibles aportaciones culturales, humanas y sociales de todas sus comunidades. Pero es sencillamente un hecho histórico indiscutible que fueron siempre Castilla y León el punto de referencia en torno al que los otros se podían unir.

Los españoles de las demás comunidades y regiones siempre encontraron en las gentes de aquí una mano fraternal y dispuesta a compartir con ellos en cualquier hora, fuera buena o mala, la suerte de una trayectoria común.

Don Juan de Borbón, desde que en 1941 recibió la responsabilidad señera de la Dinastía Española, estuvo permanentemente atento a todos los avatares de la vida nacional, en relación constante con los sectores sociales e ideológicos más diversos, a la escucha de los distintos pueblos hispánicos e invitando siempre a todos a un entendimiento constructivo y generoso.

Magnánimos, generosos y patriotas españoles, los castellanos y leoneses a lo largo de estos siglos se han revelado particularmente capaces para descubrir y apreciar en la conducta de los hombres estas cualidades que tan destacadamente sobresalen en el perfil humano y público del Conde de Barcelona.

Leoneses y castellanos forman un pueblo de larga y honda historia que se enfrenta a la encrucijada de los nuevos tiempos sin temores ni cansancio. Nada más lejos de la realidad que el tópico de unas gentes al margen de su época, entregadas a la nostálgica evocación de las glorias pasadas. Castilla y León posee la envergadura de una sociedad milenaria y a la vez dispone de la capacidad de renovación permanente, cuyo punto de apoyo ha de ser precisamente el fundado orgullo de sus nobles y antiguas tradiciones.

Este mismo espíritu de modernización es el que ha brillado en varios períodos decisivos de la historia de la Corona Española. Uno de ellos ha sido, sin duda, el tercio de siglo en que las responsabilidades dinásticas recayeron en la figura de S. A. R. el Conde de Barcelona.

Hombre de nuestro tiempo por sus ideas, por sus gustos y biografía, ha sido y es respetado por un gran número de intelectuales y políticos y otras personalidades de distintas generaciones y lugares. Don Juan de Borbón ha llevado consigo fuera de nuestras fronteras el nombre de una España en condiciones de situarse a la altura del tiempo presente. Ha mantenido, en los cuarenta y cinco años de destierro, el testimonio de la Patria en torno a Él y los suyos, de manera inolvidable.

Don Juan ha sabido ser siempre una exacta representación de España, de forma parecida a lo que ocurre con el legítimo y empeñado apego a las cosas de su tierra de castellanos y leoneses, que se prolonga con el que sienten por España.

Los nacidos en nuestra Región se han volcado sobre casi todo el país, poblándolo con sus gentes, enriqueciéndolo con una lengua y cultura de posibilidades universales, inundándolo con un estilo y con un espíritu que muchas veces, con justicia, ha determinado que se considere identificado lo castellano y lo español.

Hubo una época, antigua ya, en que se tremolaban banderas en homenaje a la Corona mientras un heraldo gritaba: ¡Castilla y León por El Rey!

En la España democrática que configura la Monarquía parlamentaria parece como si fuera la Corona quien, con hondo sentido de las exigencias nacionales, se hubiera adelantado a decir que es esa Corona misma y la Dinastía la que se ofrece a los pueblos hispanos.

Señor:

En esta Región nuestra, de las ciudades libres y de los hombres libres, ya durante las épocas pasadas en que en otros países imperaba el feudalismo, ese compromiso de los Reyes se entiende mejor que en otras partes y es lealmente correspondido.

El sobrio homenaje que la Junta de Castilla y León ha querido rendiros, Señor, con la escueta austeridad tradicional de nuestro pueblo, en el bello y resonante marco de este Real Monasterio de Santa Clara, quiere ser un gesto de reconocimiento a esa Monarquía de todos, y sobre todo, al servicio de todos, que España ha tenido la fortuna de ver realizada por obra del Rey Don Juan Carlos, Vuestro Hijo.

A Vos, Señor, que tanto esfuerzo y sacrificios inapreciables habéis empeñado para hacer posible este designio, los hombres y mujeres de esta tierra, que es la Vuestra, Os ofrecen esta sencilla Medalla de Oro como símbolo de su perdurable reconocimiento.

Primera conferencia en el Club Siglo XXI

Madrid, 29 de febrero de 1988

Señoras y señores, voy a pronunciar unas palabras que espero que, al menos, reúnan tres condiciones: la de ser claras, la de ser concisas y también —por qué no— la de ser comprometidas.

A doce años del siglo XXI, del año 2000; a cuatro años del 92 —de la plena integración de España en la Comunidad Económica Europea y del Mercado Único Europeo—, y camino de los seis años de poder socialista, ¿qué España queremos? ¿Qué tiene que hacer y decir el centro-derecha en esa España, suponiendo que tenga algo que hacer y decir?

Estas reflexiones —que a su vez son una invitación general a la meditación— pretendo desarrollarlas en tres grandes apartados: un análisis de situación, una propuesta política y un proyecto estratégico.

A mi juicio, una cierta sensación de fatalidad recorre la vida política española. La creencia de que no hay una forma cierta de vencer al Partido Socialista. Ésta es una impresión generalizada que se extiende, a mi entender, como una epidemia por muchos sectores sociales y que impregna también el conjunto de la opinión pública.

Yo le preguntaría a cada uno de ustedes, que han tenido la amabilidad de venir a compartir conmigo estas reflexiones, si en el fondo de su corazón no están convencidos por esa creencia.

¿Hay algunos entre ustedes que crean hoy posible y —lo que es más importante— altamente probable una derrota socialista clara en las próximas elecciones generales? Fíjense en que no les pregunto si lo desean, sino si lo creen factible.

¿Qué conjunto de circunstancias han tenido que confluir para que esto sea así? ¿Qué ha pasado para que tenga gran dosis de fundamento la aseveración de un ilustre profesor que habla de nuestra singularidad que algunas veces está basada en una democracia sin alternativa?

Muchas veces no podemos explicarnos, sin dedicarle un poco de tiempo y un poco de atención, cómo un equipo de gobierno que recibe las más duras críticas en campos fundamentales de su actuación mantiene, sin embargo, esa creencia generalizada de imbatibilidad.

¿Es que no existe una alternativa real a ese gobierno, ni a su forma de gobernar, ni a su líder, ni al partido que lo sustenta?

¿Es que no hay otro conjunto de ideas y de personas que formen un proyecto político capaz de generar una confianza traducible en el suficiente número de apoyos populares?

Lo cierto es que, a mi entender, el ciudadano tiene la sensación de que no existe una alternativa real y la cuestión reside en discernir si es posible o no una propuesta ideológica, un proyecto político en el espacio del centro-derecha, que sea percibido como una alternativa real al poder socialista, es decir, que tenga posibilidades de sucederle de forma inmediata en sus tareas de gobierno.

Mi respuesta es que sí. Que es posible.

Pero, si es posible, ¿por qué no se ha producido? Y si se ha producido, ¿por qué no se percibe? Sobre estos interrogantes me gustaría que hiciéramos un esfuerzo común de reflexión esta noche.

La pasada semana se celebró en el Congreso de los Diputados el llamado Debate sobre el estado de la Nación. Hay coincidencia general en que despertó escaso interés popular, lo cual no quiere decir que los ciudadanos no tuvieran algunas ideas muy claras con respecto a lo que allí se debatía.

Efectivamente, los más solventes estudios nos dicen que más del 40 % de los ciudadanos valora negativamente la actual situación del país. Y lo que es más significativo, el 53 % estima o cree que en el ejercicio del poder el socialismo ha olvidado sus proclamas de honradez y de ética.

Y sin embargo, curiosamente, esos mismos ciudadanos —también en forma mayoritaria— opinan que ningún otro gobierno podría hacer mejor las cosas. He aquí lo que supone la ausencia de percepción para la mayoría de los ciudadanos de una alternativa real. Éstos lo hacen mal, parecen decir, pero no se ve otra fórmula mejor.

Mientras no salgamos del círculo que representa esta paradoja, la situación política española, a mi juicio, permanecerá bloqueada, y ese bloqueo tiene y contiene una pluralidad de manifestaciones.

Una de las más singulares es que al poder se le soporta todo, porque no hay una referencia concreta de recambio posible y porque los ciudadanos tienen y sienten horror al vacío político. «Hacen lo que pueden», nos dicen unos; «Les gustaría hacer otras cosas», pero la realidad no se lo permite, afirman otros.

En última instancia, se ha transmitido eficazmente la idea de que se hace lo único que se puede hacer. Y lo que es peor, esta situación ha sido aceptada por amplios sectores sociales que han gozado de indudables ventajas a cambio de entregarse en cautividad ante la impotencia de la oposición política.

Y bien, si se acepta esta situación sólo cabe hacer una pregunta: ¿es que realmente el único que puede hacer algo es el Partido Socialista? Porque si es así, ¿para qué empeñarse en buscar un recambio?

No busquemos alternativas. Si lo único que se puede hacer lo hace el socialismo, apliquemos el viejo y conocido refrán de que «más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer».

Ahora bien, no nos extrañe entonces vernos sometidos a nuevos autoritarismos aunque puedan estar legitimados por las urnas, ni a que el entreguismo se extienda como una plaga por todos los sectores de la sociedad española, ni tampoco transfiramos a otros la entera responsabilidad de lo que ocurre.

Por mucha manipulación en la opinión pública, y la hay, por mucho monopolio de televisión, y lo hay, por más que se intentara ocultar la existencia de otro modelo, de otra fórmula alternativa, la pretensión sería vana.

La realidad, y en la fila me estoy apuntado el primero, es que no hemos sabido o no hemos querido, unos y otros, hacerlo con eficacia. Y aquí incluyo no sólo a los que nos dedicamos más directamente a las tareas políticas, sino a cuantos constituyen, en otros ámbitos, el espacio no socialista de la sociedad española.

Sinceramente, pienso, por lo tanto, que es urgente abrir una seria reflexión sobre la situación en que nos encontramos. Que es forzoso meditar sobre los errores que hayamos podido cometer para ponerle remedio. Y que no hay que tener ningún miedo ni ningún temor por hacerlo. Es más, si no lo hacemos, todo seguirá más o menos como hasta ahora, es decir, el socialismo gobernando, la sociedad controlada, y la oposición satisfecha con el papel o con el papelito, según se entienda, que se le permita representar en la función.

Tal vez, lo que ocurre es que a la oposición política justamente se le exige que juegue ese papel. ¿Acaso no será que lo único que pretende la oposición es sustituir a los que están en el poder para acabar haciendo más o menos lo mismo?

¿Será, tal vez por eso, que no se deslindan con claridad ni las propuestas ni los mensajes y que la estrategia socialista ha llevado a una situación de grave confusionismo?

¿No es cierto que, desde sectores internos del partido en el poder, se acusa a los gobernantes de realizar una política de derecha? ¿Que, desde sectores de la derecha, se lamentan de que se les ha arrebatado su política? ¿Que desde espacios centristas se intenta rebasar por la izquierda y que desde otros, al fin y al cabo, se está en la felicidad de vivir en el país europeo en que más rápidamente se gana dinero?

¿Qué es lo que está pasando aquí?

Analicemos, señoras y señores, bien la situación: a mi juicio, el socialismo presenta tres vertientes bien definidas. La primera es la organización, constituida por el inmenso bloque de poder felipista; la segunda es la forma, que es la moderación o la estrategia, y la tercera es el fondo, que es la ocupación progresiva de la sociedad y previamente del Estado.

Todo ello se resume en un claro razonamiento que desde aquellas filas se hace a la sociedad española y a ellos mismos. Para mantenernos en el poder, se nos viene a decir, hay que someter el ritmo y la consecución de las transformaciones socialistas a las posibilidades reales. En caso contrario, si no lo hacemos así, nos podemos arriesgar a perder el poder antes de tiempo.

Lo podremos hacer mal, pero mientras los otros estén peor no hay grave motivo de inquietud. Al fin y al cabo, nosotros está claro que garantizamos la estabilidad y la gobernabilidad del país y los demás, por el momento, no garantizan nada.

Sin duda que esta posición está imbuida por grandes dosis de cinismo, pero siendo la que es, lo más grave es que el centro-derecha, con torpeza a veces lamentable, se deje llevar, una y otra vez, a las trampas que se le tienden desde el poder.

Este esquema sólo se ha roto parcialmente desde 1982 en las elecciones de 1987, pero los triunfos conseguidos entonces pueden amenazar con convertirse en islotes aislados de resistencia si no se articula con urgencia un hilo conductor general, sólido y resistente.

No perdamos, pues, el tiempo en recrearnos en las contradicciones socialistas ni en perdernos en el divertido análisis de sus programas, no es ya ésa la cuestión. Cuando todo se convierte en estrategia aparece la desorientación colectiva, que hace posible, al final, que tanto en la izquierda como en la derecha pueda repetirse la famosa frase «Yo ya no sé si soy de los nuestros».

Ocurre que, como no se esperaba la moderación de los socialistas, a algunos les parece que la izquierda no existe en este país. Ocurre que, al perder el socialismo sus rasgos más singulares, ha descolocado al centro-derecha.

En nuestro país, nosotros hemos basado fundamentalmente nuestra ideología en la confrontación dialéctica con el pensamiento socialista. Al desdibujarse éste con la crisis del socialismo democrático en el mundo occidental, el centro-derecha se ha quedado perplejo. Y existe una multitud de ejemplos de esta situación, ante la reforma educativa, o la penal, o la sanitaria, y particularmente en política exterior y en economía.

Centrémonos en este último punto por ser, tal vez, el más relevante. En política económica, al socialismo se le ha acusado —lo hemos acusado— a la vez de no cumplir su programa y de hurtarnos el nuestro. Podrá parecer absurdo, pero así ha sido. Y tenemos que preguntarnos si ésa es, ciertamente, la realidad. Si nos hemos quedado sin un proyecto y sin un programa. Tenemos que preguntarnos, al final, si un gobierno de centro-derecha haría la misma política que se ha venido haciendo hasta ahora.

A mi juicio, un análisis detallado de la realidad nos dice que en cuestiones básicas y justamente definidoras no es así. Más aún queda resaltada la diferencia de lo que tiene que ser una política liberal de una fórmula socialista: no puede ser nuestra política la que hace que, en cinco años, el Estado en su conjunto haya pasado de controlar el 37 % a controlar el 43 % de la riqueza nacional. Sencillamente, porque eso significa que se están sustrayendo parcelas de actuación a la sociedad para atribuírselas al Estado en un momento, además, en el que todos los países de la Comunidad Económica Europea siguen el camino inverso, excepto Grecia.

No puede ser, tampoco, nuestra política la que eleva en cinco años la presión fiscal en nueve puntos llevando, por ejemplo, a que un ciudadano que no tenga más ingresos que los de su trabajo tenga que dedicar cuatro de cada diez horas de su actividad para pagar sus impuestos y cotizaciones sociales.

No puede ser, tampoco, nuestra política la que eleva el gasto público de cinco a catorce billones, ni la deuda de dos a quince billones, ni la que hace que más de nueve millones de españoles dependan ya directamente del sector público.

No es, por lo tanto, indiferente quién gobierne.

No es lícito convertir toda la política en la estrategia.

No puede ser lo mismo una política que otra.

Es hora de decir, llana y simplemente, que existe, que hay otra política posible, en economía y en lo demás.

Es obvio, señoras y señores, que ni tengo la pretensión ni abrigo propósito alguno de desarrollar un programa electoral o de gobierno; eso es tarea y responsabilidad de otras personas y de los equipos que ellas forman y dirigen.

Pero, si he pedido una urgente reflexión al centro-derecha, cómo hurtar mi contribución a ella. Antes al contrario, tengo, siento la obligación de contribuir poniendo el acento en asuntos que considero trascendentes aun sabiendo que muchos quedarán fuera necesariamente, que otros simplemente serán apuntados, e intentando basarme en sus partes más notables en la modesta experiencia de gobierno que desarrollamos en Castilla y León.

Es por ello que en la actualidad entiendo que toda propuesta política nacida en el espacio de centro-derecha tiene que sustentarse en dos ideas fundamentales: el fortalecimiento de la sociedad civil, de su energía y de su vitalidad, y la recuperación del vigor democrático de la sociedad española y de las instituciones que la representan.

Esto es: un compromiso con los ciudadanos, con sus derechos y libertades, un proyecto por y para la sociedad.

Una política como la que propongo tiene que estar influida no sólo en sus fundamentos sino también en los comportamientos por un marcado talante liberal. Por la aplicación del sentido común y por la valoración positiva de las cosas sencillas que tal vez sean elementales, pero que se pierden muchas veces en el ejercicio cotidiano de la actividad política.

¿Por qué se distancian cada vez más los ciudadanos de los políticos? ¿Por qué se nos valora a los políticos tan negativamente? No será por culpa de los ciudadanos que ven cómo los políticos viven para ellos —y algunos, por cierto, cada vez mejor—, considerando la política no como una actividad, sino como un fin en sí mismo.

Una conducta liberal, por el contrario, es la que hace del compromiso con los ciudadanos su principal guía.

Es la que se basa en la moderación, en la tolerancia y en el diálogo.

Es la que apuesta por el cumplimiento de los proyectos porque previamente se ha cuidado de que esos proyectos y de que esas propuestas no sean, tan sólo, creíbles por los ciudadanos, sino lo que es más importante, que sean posibles.

Es la que alienta el espíritu de concordia y de compromiso.

En esencia, es la que considera a los ciudadanos mayores de edad y no sujetos a dirección o tutela.

Es la que recupera para la sociedad el terreno arrebatado por un Estado que se convierte en un fin en sí mismo.

Y, por último, es la que tiene la capacidad final de articular estas ideas en proyectos realizables, en proyectos posibles.

Pues bien, que nadie se llame a engaño: estas ideas básicas significan que hay que renunciar a poder, que hay que devolver poder a la sociedad en la capacidad iniciativa de cada ciudadano y, lo que es más importante, que hay que estar dispuesto a hacer esa renuncia y que hay que hacerla efectivamente.

Una política al servicio del fortalecimiento de la sociedad civil pasa, necesariamente, por una reforma de la Administración. En nuestro país, el tamaño de las Administraciones Públicas es excesivo y, en consecuencia, es necesario —a mi juicio— abordar su reforma y reducción.

Por una parte es necesario desarrollar plenamente el proceso descentralizador previsto en la Constitución. Y por otra, es preciso reducir la burocracia pública, definiendo sus cometidos y funciones, y garantizando un marco de profesionalidad para sus trabajadores.

La Administración no es un fin en sí misma, es un instrumento y, por ello, no debe tender a ocuparlo todo, sino a ajustar permanentemente su dimensión a lo que es estrictamente necesario. No debe tratar de entorpecer la actividad social, sino lo contrario, de favorecerla. La Administración, señoras y señores, no es de los gobernantes ni es de los funcionarios: es de los contribuyentes. Por eso no se debe alentar ningún viejo corporativismo, sino recuperar el verdadero valor y dimensión de lo que significa el dinero del contribuyente.

En pocos países se siente y se practica un desprecio similar al que se ejerce desde la Administración española por el dinero del contribuyente. La recuperación de ese valor, que se traduce en la dinámica impuestos-servicios y ya no vale decir que comparativamente se pagan menos impuestos en España que en otros países europeos, se pagan los impuestos justos si se reciben los servicios adecuados; se pagan más impuestos de los necesarios cuando se reciben malos servicios.

La recuperación de ese valor supone también el ejercicio de la transparencia democrática del sector público, reside también en el control de la Administración y, sobre todo, en el cuidado y en el manejo de los fondos públicos. Y este concepto, estas características deben ser ejes fundamentales de nuestra política.

Pues bien: todo proyecto de reducción y simplificación administrativa debe estar también necesariamente vinculado a la consideración del Estado de las Autonomías. A mi juicio, ha llegado el momento de proceder a un desarrollo cualitativo importante y tal vez decisivo de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

La situación actual es de parálisis, y cuando trece comunidades autónomas pueden iniciar un proceso de reivindicación y asunción de nuevas competencias, es grave y muy grave responsabilidad del Gobierno no querer afrontar la situación y cerrar toda vía de diálogo.

Tengo para mí como muy conveniente la recuperación del espíritu de compromiso o pacto que dio lugar al nacimiento de la Constitución de 1978 y que tuvo como uno de sus principales exponentes el Título VIII de la Constitución.

Tal vez el sistema allí diseñado pueda ser considerado incómodo, pero por ser fruto de un gran acuerdo y un compromiso democrático entre los españoles y por no estar desarrollado ni al 50 % de sus posibilidades, no debe ser ni neutralizado ni reformado, ni ilustrado irresponsablemente, ni mucho menos federalizado.

La recuperación de ese espíritu de concordia debe permitir el fijar el principio de eficacia como norte de cualquier actuación. Cada competencia tiene un ámbito de decisión adecuado y hay que discernirlo en función del principio de cercanía al ciudadano, del menor coste en el servicio, del ahorro público y de la más eficaz prestación de todos y cada uno de los servicios públicos.

No se trata en consecuencia de reivindicar porque sí, ni de alentar ningún agravio comparativo: se trata de hacer funcionar el sistema y hacerlo funcionar bien.

Y la primera premisa, naturalmente, es tener confianza en el propio sistema. A mi juicio, el citado acuerdo debe tener como protagonistas a las comunidades autónomas y al Gobierno, y en el mismo deberían participar también las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

El acuerdo que propongo no sólo debería abordar los puntos ya expuestos, sino también la revisión de la financiación autonómica y local con arreglo a los siguientes criterios: consideración y reparto de los recursos globales entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Principio de responsabilidad de la Administración, titular de la competencia, y efectiva corrección de los desequilibrios.

Desde posiciones como las que vengo exponiendo, la política económica en la que creo —y en la que creemos— debe estar al servicio de la iniciativa, de la iniciativa social creadora de riqueza y empleo, es decir, al servicio del progreso.

Ello no significa de ninguna manera, que el Estado deba renunciar a su papel de corrector de desequilibrios, pero así como cuando se habla de prestaciones sociales debe tenerse presente que lo importante es que las prestaciones efectivamente se produzcan y no que se produzcan en exclusiva o con exclusiva, del mismo modo los objetivos legítimos que se propongan los ciudadanos pueden y deben llegar a su meta sin tener que estar forzosamente dirigidos por el Estado.

La reducción burocrática, la reforma de los servicios, junto con el mayor protagonismo social, deben producir un ahorro capital en el control del gasto y del déficit y deben ser también limitadores del avance incontenible del consumo público.

Responsabilizar, como ha hecho el Presidente del Gobierno, a inercias no controlables del aumento del gasto público es la más palpable confesión de la impotencia de un gobernante.

La dinámica mayor ingreso-mayor gasto en la situación actual y en la política actual es imparable. Basta mirar las cifras de 1987: da lo mismo haber recaudado novecientos mil millones de pesetas más, porque estaban gastados antes de haberlos ingresado. El protagonismo social y la decisión política de gobierno es el medio adecuado, uno de los medios más certeros, para combatir el déficit, el gasto, el consumo público inevitable.

Pues bien, si cualquier política actual debe alentar y facilitar la fuerza reflejada por la iniciativa social, ello, a mi entender, entre otras cosas, significa lo siguiente: romper la dinámica especulativa en favor de la inversión productiva.

Fijar como objetivo inmediato la reducción del sector público por debajo del 40 % del producto interior bruto (PIB).

Congelar la presión fiscal, al tiempo que se produce el proceso de reordenación administrativa y de los distintos servicios públicos.

Asentar la actividad económica en razón de la competencia, la profesionalidad y la productividad, y revisar los criterios en que se fundamentan la utilización de los fondos contra el desempleo, de tal suerte que se garantice una eficaz y efectiva solidaridad social.

Uno de los fenómenos más preocupantes de la vida española es, a mi entender, la degradación de la vida democrática y de las instituciones que la representan. La dignidad de las instituciones no está en palacios ni en despachos ni en grandes alquileres ni en ningún tipo de ridícula megalomanía.

Está en la rectitud de conducta y en el funcionamiento normal y eficaz de las instituciones.

A nadie le puede extrañar que quien pretende el control de la sociedad haya ocupado previamente el Estado, pero se equivocará quien piense que puede desatar los nudos atados en el Estado al margen de la sociedad, y mucho menos si para ello se mantienen actitudes complacientes.

Un Parlamento degradado en su función del control y debate, un Tribunal Constitucional gravemente herido en su prestigio, un CGPJ dependiente de la mayoría política de turno, una ausencia casi total de transparencia democrática, una televisión pública monopolizada, unos partidos y unos sindicatos cautivos de los Presupuestos Generales del Estado.

Todo ello constituye para mí un pésimo ejemplo, o mejor dicho, el ejemplo de lo que no debe ser. Y sobre estas cuestiones que son raíz y esencia de la misma vida democrática hay que actuar.

Que el PSOE ha roto el consenso constitucional en algunas de las materias enumeradas es tan evidente a estas alturas como que, muy probablemente, nosotros nos hemos equivocado en su tratamiento.

En una sociedad moderna la televisión es uno de los exponentes capitales ciertamente para determinar el grado de plenitud democrática de un país, y obvio es decir que el nuestro ni lo ha alcanzado ni se acerca.

Pero, lo que es más importante: seguirá sin alcanzarlo si la respuesta es negociar cuota de pantalla o televisión pública por televisión pública, porque, una o diecisiete, al fin y al cabo qué más da.

La televisión no es del Estado: es de la sociedad. Y en consecuencia es a ésta a quien corresponde la iniciativa, y a los ciudadanos el libre ejercicio de su libertad y de sus derechos.

Un sistema de libertad de televisión en el mundo de hoy es el que tiene por límite la técnica, y no la arbitrariedad política, sea ésta del color que sea.

La televisión en España no será más libre porque la oposición salga más. Podrá ser más neutral, pero no será más libre.

Como la justicia tampoco será más independiente porque la oposición en lugar de tres vocales en el Consejo General del Poder Judicial tenga diez.

Como el Tribunal Constitucional no recuperará su prestigio si su formación está sujeta a las mayorías políticas de turno.

No se trata de números, sino del sistema.

No son los números los que hay que cambiar, sino el sistema de elección.

Que algunos entierren a Montesquieu es una cosa y que los demás colaboremos en el entierro es otra cosa completamente distinta. Y es por ello prioritario establecer los criterios de independencia del modo más nítido y claro, de tal suerte que no dejen lugar a dudas.

Una institución parlamentaria que en su mayoría, en su conjunto, acepta que no se creen Comisiones de Investigación, pongo por caso, mientras un ministro siga siendo ministro porque lo dice el ministro, ante uno de los sucesos jurídicos, políticos y económicos más graves que han sucedido en el país, da la medida de su real situación. Sin lugar a dudas que esta situación no es fruto de la casualidad, sino consecuencia de la ocupación a la que antes me refería, y es por ello que la recuperación de la institución parlamentaria se me antoja más como algo vinculado directamente a la voluntad política que a otra cosa.

Y es esa voluntad la que hay que ejercer: la primera premisa para que la institución parlamentaria sea reflejo del país es que nadie se empeñe en lo contrario ni colabore a ello.

Confieso, señoras y señores, ante todos ustedes, mi escasa simpatía por que los partidos políticos se financien directamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Creo, sinceramente, que hay que reflexionar con seriedad sobre estos puntos y determinar si la participación democrática así lo aconseja.

Pero, mientras el sistema perdure, no debe perderse de vista por el centro-derecha que lo que presuntamente se gane en independencia no debe perderse en aislamientos, sino en sentido contrario: en plantear relaciones y estrategias de carácter claramente positivo y en contacto permanentemente con la sociedad.

Permítanme ustedes ahora una brevísima pincelada, por ser uno de los asuntos que sólo iban a ser anotados sobre la proyección exterior de España.

La política exterior española tiene tres ejes principales: el eje comunitario, el eje de la seguridad y el eje de la cooperación. La Comunidad Económica Europea es el más inmediato horizonte de nuestra política exterior. Si bien es discutible la oportunidad del momento en el que España accedió a la Comunidad, cuando ésta se encontraba y aún se encuentra en plena crisis, no lo es así la inevitabilidad de nuestro destino europeo ni la irreversibilidad de nuestra adhesión a la Comunidad.

Lo que ahora se discute, en consecuencia, es cómo sacar el mejor provecho político y económico de la participación de España en la Comunidad Económica.

El reciente acuerdo de Bruselas en torno a la duplicación de los fondos estructurales, es decir, del FEDER, del FEOGA y del Fondo Social Europeo, no debe llevarnos, en ningún caso, a fiar toda nuestra suerte a ello, olvidando que es desde la competitividad de nuestras empresas, y desde su homologación con las circunstancias imperantes y dominantes en el mercado europeo, donde debemos poner decisivamente el acento de nuestra política.

Y por otra parte, desde ese mismo punto de vista político, es evidente que a España le interesa progresar en el proceso de cooperación política europea.

El eje de seguridad tiene, a mi entender, tres dimensiones: OTAN, el pilar europeo de la Alianza, y las relaciones con Estados Unidos.

Permítanme sólo decir que el referéndum de 1986 ha delimitado, a mi juicio, la forma de participar en la política de seguridad europea y occidental de España. Es preciso, sin embargo, mantener claras actitudes de solidaridad con los países de esta área, evitando que cualquier resabia tentación neutralista o tercermundista provoque confusión entre nuestros socios y aliados.

Y, por último, en cuanto al eje de cooperación, creo, sinceramente, que es fundamental referirlo a Iberoamérica, sin diluir esfuerzos ni buenos deseos de más que dudoso resultado en otras direcciones.

Señoras y señores, si creo que es posible un proyecto político propio de cariz claramente liberal, es necesario analizar ahora, entrando ya en la recta final, cuál es la mejor estrategia que la puede servir.

El centro-derecha español en su conjunto ha dado —y es verdad— un lamentable espectáculo político en los últimos años. Ha sido devorado por un afán suicida que le ha llevado a centrar sus afanes en destruir lo propio antes que en combatir lo ajeno. Cuando la izquierda se afana en lo que llaman la busca de una nueva cultura, cuando se reconoce públicamente que corren malos tiempos para la izquierda, reconociendo la derrota que ha sufrido la izquierda en este campo, ¿qué ha hecho colectivamente el centro-derecha sino algún esfuerzo tan meritorio como aislado?

No quiero remontarme muy atrás, pero permítanme que me haga —y les haga a todos ustedes— una pregunta tan difícil como comprometida:

Casi un año y medio después de la dimisión de Fraga, ¿cuál es la situación? ¿Es igual? ¿Es mejor? ¿O es peor?

Centro conscientemente la pregunta en aquella grave circunstancia porque a Fraga fue a quien se le hizo culpable público del fraccionamiento del espacio de centro-derecha, de la existencia de un techo electoral, de la dificultad para poner de acuerdo a los afines y de la imposibilidad del diálogo de cualquier tipo con los nacionalismos.

Pues muy bien, ¿y ahora qué? ¿Qué razones se dan, qué argumentos se exponen, qué situación se muestra?

No se trata de volver atrás, ni de demostrar a estas alturas quién tenía la razón, ni de fustigar a los culpables de lo que pasó. Cifras y hechos, hechos y cifras son incontestables.

Desgraciadamente, lo que ocurrió fue que aquello fue tomado como una anécdota y eso hace, entre otras cosas, que estemos donde estamos.

Y es esta circunstancia —y nada más que esta circunstancia— la que debe invitarnos a la reflexión que yo pido y solicito.

Se trata, al final, de saber si estamos decididos a mantener una estrategia de resistir sin ganar, o si, por el contrario, estamos decididos a diseñar una estrategia para ganar. No comparto —y me adelanto a decirlo— los criterios de quienes ponen sus objetivos en la consolidación permanente.

No creo que los partidos sean un fin, sino, simplemente, un instrumento. Tampoco concibo a los partidos como agencia de colocación ni como trampolines de promoción social.

Para mí, señoras y señores, una alternativa real en estos momentos es la que fundamenta su estrategia de acuerdo con la flexibilidad y no con la imposición; en el respeto a la identidad política y al espacio del colindante que es afín, y no en la invasión.

Es la que mantiene la actitud liberal de llegar hasta donde sea posible y no la cerrada del todo o nada.

Es la que busca la inteligencia en quien y con quien ha demostrado un respaldo real en las urnas y no en quien y con quien no lo tiene.

Es la que sabe hacer incorporaciones generosas a sus proyectos.

Al final, de lo que se trata no es de sumar más votos que el Partido Socialista, sino más escaños, y en consecuencia articular el sistema de acuerdos que sea necesario sobre esa base y no sobre ninguna otra.

Los acuerdos podrán ser pre- o postelectorales, de participación o de desistimiento, globales o parciales, flexibles, en definitiva, pero piensen ustedes entre tanto que, en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo los votos obtenidos por Alianza Popular, el CDS y Convèrgencia i Unió, por citar estas tres fuerzas, fueron superiores, en su conjunto, a los alcanzados por el PSOE, pero éste obtuvo más diputados europeos.

Piensen ustedes que en las pasadas elecciones el centro-derecha superó en casi un millón de votos al Partido Socialista, pero que el 72 % de los españoles tienen hoy alcalde socialista.

Y sé muy bien que no hay que confundir los deseos con la realidad. Lo anterior, a buen seguro, dependerá de que unos se den cuenta de que su soledad conduce a la desaparición, de que otros piensen que no es casualidad que las urnas les volvieron la espalda y reaccionen asumiendo esa situación. De que algunos quieran entrar en el juego y de que otros sepan conjugar acertadamente la inteligencia, la generosidad y la fortaleza.

Me permito recordarles el ejemplo francés: Jacques Chirac tiene menos diputados de su partido en la Asamblea Francesa en términos de comparación proporcional que los que obtuvo Coalición Popular en las últimas elecciones de 1986, sin embargo, es Primer Ministro a pesar de que el primer partido de Francia sigue siendo el Partido Socialista Francés.

Paso previo e inexcusable para afrontar esta estrategia es reflexionar sobre la principal fuerza del centro-derecha. Sobre mi partido desde hace nueve años: sobre Alianza Popular.

Alianza Popular es, a mi juicio, quien con más urgencia debe pasar de lo que antes llamábamos una «resistencia sin ganar» a liderar una estrategia de victoria.

Alianza Popular ha superado, en términos razonablemente positivos, la difícil situación que se produjo con la dimisión de Fraga. Y no ha sido poco, ni mucho menos.

Pero Alianza Popular no debe de ningún modo conformarse con ello.

Personalmente yo no lo acepto.

Y, además, no creo tampoco que nadie lo pretenda.

Se equivocan de medio a medio, pues, quienes quedándose en la superficie de las cosas centran la cuestión en asuntos meramente personales como si todo se solucionara en un triste «quítate tú para ponerme yo».

Se equivocan también quienes entienden que lo mejor es no hacer nada, ir tirando.

Mi sincera opinión es que en Alianza Popular debemos iniciar un proceso que culminando en el próximo congreso ordinario haga de este una gran congreso integrador y solidario y no excluyente en ningún caso.

Y que realice un profundo debate que sitúe a nuestro partido claramente en la vanguardia del proyecto y de la estrategia del centro-derecha, en su núcleo capital e imprescindible y que, además, sirva realmente a su fortalecimiento interior.

El mencionado proceso y el citado congreso ordinario debe, a mi juicio, llevarnos, entre otras cosas, a perfilar un proyecto ideológico de claro matiz liberal, porque hoy las políticas liberales se ejercen desde partidos conservadores y las que se ejercen desde partidos liberales se vinculan a partidos conservadores y no hay excepción de relieve a esa regla. Y de ahí, entre otras cosas, nace la gran síntesis liberal conservadora.

Debe llevarnos también a ajustar nuestra organización haciéndola más flexible y acoplándola más perfectamente a la estructura autonómica del Estado. Es decir, un partido más regionalizado: ello no sólo será de gran utilidad en el funcionamiento interno de nuestra fuerza política, sino que habrá de servir más adecuadamente a nuestras relaciones con las fuerzas regionalistas o nacionalistas y ello, de ningún modo, de ninguna manera, y en ningún caso, supone cuestionar ni por asomo el carácter nacional del Partido.

Lo anterior puede exigir —y yo creo que de hecho exige— la correspondiente reforma estatutaria que debería también extenderse al sistema de elección interno en todos los niveles territoriales.

Y, por último, nuestro partido debe determinar claramente su estrategia política: hacia el exterior, asumiendo una mayor pluralidad y buscando el entendimiento; hacia el interior, buscando su propio fortalecimiento como primera garantía de éste.

Ésa es, a mi entender, la tarea prioritaria de Alianza Popular que debe surgir de un compromiso y de un esfuerzo conjunto.

Lo que Alianza Popular sea depende, ni más ni menos, que de lo que seamos capaces de hacer nosotros, los miembros de Alianza Popular, y nada más que nosotros.

Pues bien, señoras y señores, desde mi tierra de Castilla y León intentamos servir y aplicar muchas o algunas con el mayor acierto posible de las ideas que aquí he expuesto. Y así lo vamos a seguir haciendo. Poniéndolas a la contribución de aquellas tierras y, en lo que valga, de la entera sociedad española.

Al final he de volver a afirmar mi fe en la existencia de un proyecto alternativo del centro-derecha español que puede resumirse en un objetivo: el retorno y el fortalecimiento de la sociedad civil.

A la hora del voto, el ciudadano ha de tener clara conciencia de que elige entre dos opciones distintas: entre un modelo cuyo eje de actuación es la prepotencia del Estado, y un proyecto cuyo centro de atención es la persona humana a cuyo servicio se subordinan las Instituciones Públicas.

Estoy convencido de que el centro-derecha puede aportar a la sociedad española una cultura de libertad que, como savia nueva, haga saltar el círculo vicioso en el que está enredada, en gran modo, la sociedad actual.

Es para mí, por tanto, una falacia decir que no existe alternativa.

Hay una alternativa al socialismo: las ideas, las propuestas de gobierno, la identidad del proyecto.

Las bases sociales sobre las que se cimentaron la alternancia en el poder existen.

Permítanme, en consecuencia, que les pregunte, por último, si además de desear una gran alternativa, la ven, como yo, factible.

Si es así, ojalá que entre todos la hagamos triunfar.

Discurso en la sesión de investidura como presidente del Gobierno

Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 1996

Señor presidente:

Comparezco ante sus señorías para solicitar la confianza de la Cámara, conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución.

Las elecciones del 3 de marzo han abierto una nueva etapa política en España. Los españoles, tras un largo período de gobiernos socialistas, han manifestado su deseo de renovar nuestra vida pública; renovación para dar el impulso de modernización que España ahora necesita y que debe afectar a los comportamientos políticos, al modo en que se ejerce el poder, al funcionamiento de nuestra democracia y traducirse en nuevas políticas para solucionar problemas no resueltos, corregir errores y alcanzar mayores cotas de libertad y de bienestar para los españoles.

El pueblo español ha promovido la alternancia al convertir al Partido Popular, que concurrió a los comicios junto con el Partido Aragonés y a la Unión del Pueblo Navarro, en la opción política más votada y con mayor número de escaños en cada una de las Cámaras, sin disponer, sin embargo, de mayoría absoluta en el Congreso. De este resultado electoral se derivan unas consecuencias que quiero resaltar al principio de mi discurso y que, en mi opinión, han de fijar la orientación de la legislatura: en primer lugar, una voluntad de cambio político; en segundo lugar, la necesidad de un mayor diálogo, de una mayor capacidad de compromiso, de más decisiones compartidas, en nuestra vida pública.

Éste es el séptimo Debate de Investidura de nuestra reciente historia constitucional. Sólo en dos de los anteriores el Grupo al que pertenecía el candidato dispuso de la mayoría absoluta en la Cámara, mientras que en los restantes se otorgó la confianza al candidato perteneciente al Grupo que contaba con la mayoría relativa en el Congreso. Estamos viviendo hoy, en suma, señorías, un momento más de normalidad en nuestro sistema constitucional; uno de esos momentos, también, en los que la democracia muestra su gran virtud: permitir, mediante el ejercicio de la voluntad popular, la alternancia política en la continuidad histórica.

Señoras y señores diputados:

Al asumir la responsabilidad de presentarme ante sus señorías para solicitar la confianza de la Cámara lo hago con la convicción de que el interés de España exige la formación de un Gobierno estable, con un programa capaz de afrontar los problemas que tiene la sociedad española y con vocación de agotar la legislatura.

La Cámara conoce, al igual que conoce la opinión pública, que el Partido Popular ha mantenido intensas conversaciones con Convergència i Unió, con el Partido Nacionalista Vasco y con Coalición Canaria, en el curso de las cuales se ha puesto de manifiesto un apreciable grado de coincidencia en la visión sobre las necesidades y los problemas de España, así como en las posibles vías de su solución.

Tales coincidencias y la común voluntad de cooperación han cristalizado en tres acuerdos, cuyo carácter público ha permitido a la opinión conocer su contenido en todos sus extremos y formar juicios sobre ellos.

El acuerdo de investidura y gobernabilidad, alcanzado entre el Partido Popular y Convergència i Unió, contiene unos objetivos comunes y unos acuerdos específicos, de entre los cuales me permito subrayar la reforma del modelo de financiación autonómica, con carácter general, para las Comunidades Autónomas no forales.

El acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco compromete a ambas formaciones políticas a perseguir la estabilidad en el ámbito parlamentario y a procurar el desarrollo concordado del Estatuto de Guernica.

El acuerdo de estabilidad institucional entre el Partido Popular y la Coalición Canaria se inspira en los mismos principios de los documentos enunciados, y dedica una consideración singular a las peculiaridades y problemas derivados de la condición ultraperiférica de aquella Comunidad.

Tengo la convicción de que estos acuerdos constituyen la mejor base para una colaboración leal, fecunda y transparente que permita desarrollar, al servicio de los ciudadanos, la acción del Gobierno de España.

Los acuerdos y las conversaciones a las que me acabo de referir se han desarrollado con un profundo respeto a los ideales que definen la identidad de cada grupo político. Va a ser ésta una legislatura de intensa colaboración política y parlamentaria. Y quiero decir aquí, al inicio de mi intervención, que no se renuncia a las convicciones políticas por alcanzar compromisos inteligentes en busca de las mejores soluciones posibles. Los problemas que hemos de afrontar son, como sus señorías conocen bien, de gran envergadura y en algunos aspectos tienen viejas raíces. Pero la experiencia de casi dos décadas de democracia nos invita a ser optimistas.

Los españoles, en circunstancias no fáciles, hemos sabido dotarnos de un modélico ordenamiento constitucional, garante de nuestra convivencia; hemos dado pasos fundamentales en la empresa inédita de la construcción del Estado autonómico, y hemos culminado nuestra vocación de integración europea. Estos tres elementos constituyen un marco sólido, que es ya un irrenunciable patrimonio común. Es ese marco el que nos proporciona la certeza de alcanzar nuevas metas si actuamos con inteligencia, con generosidad y con ambición.

Desde su momento fundacional, nuestra democracia se ha identificado con una voluntad de reconciliación y de integración. Esta voluntad impulsó las tareas que permitieron logros tan importantes como los señalados y esa voluntad es la que nos debe impulsar también a realizar la tarea común que nos corresponde ahora.

Los españoles hemos sabido conjugar la existencia de políticas diversas, consecuencia del pluralismo político, con el mantenimiento de unos acuerdos permanentes sobre cuestiones que fundamentan nuestra convivencia y definen nuestra presencia en el mundo.

La alternancia en el Gobierno no tiene por qué afectar a esos consensos básicos que se refieren a nuestra política exterior, a nuestra posición en Europa, a la política de defensa, al desarrollo del Estado de las Autonomías, al funcionamiento del Estado de derecho, a la solidaridad social y territorial y a la lucha contra el terrorismo. En estas áreas tendremos que tomar decisiones relevantes en los próximos años y quiero afirmar que será voluntad del Gobierno que me propongo formar, si obtengo la confianza de la Cámara, lograr los acuerdos más amplios posibles porque afectan al conjunto de valores que compartimos la gran mayoría de los Grupos parlamentarios.

El programa que someto a la confianza de sus señorías responde, pues, a la lógica política y parlamentaria derivada de las elecciones. Es fruto del diálogo, de la voluntad de la cooperación y de los acuerdos alcanzados con los Grupos a los que antes hacía referencia. Es un programa que, integrando planteamientos y aportaciones de cada formación, tiene como ejes impulsar la economía con objeto de crear empleo, mejorar el bienestar de los españoles, desarrollar el Estado de las Autonomías, revitalizar nuestra democracia y fortalecer la presencia de España en Europa y en el mundo. Y es también un programa que está abierto a la colaboración de aquellos Grupos parlamentarios que no me otorguen su confianza en esta sesión. Sin perjuicio de la natural dialéctica entre Gobierno y oposición, debemos encontrar una amplia zona de entendimiento para lograr objetivos que son vitales para nuestro futuro.

Señoras y señores diputados:

Quiero que la etapa que se inaugura se caracterice por un nuevo estilo de gobernar basado en la austeridad, la transparencia, la cercanía a los ciudadanos y, sobre todo, el diálogo; un constante y enriquecedor diálogo con las fuerzas políticas y sociales sin pretensión de ocupación alguna de las parcelas propias de la sociedad, de sus ámbitos naturales, de sus instituciones o de sus organizaciones. Las viejas querellas, los viejos litigios históricos, las concepciones que se basan en la división de los españoles no deberían reaparecer en nuestra convivencia democrática, porque lo que nos interesa a todos es construir el futuro, es emprender las tareas que ahora la sociedad nos pide.

En esta nueva etapa política el Parlamento debe recuperar el lugar que le corresponde, el centro del debate político, y ha de ser la garantía de transparencia de la vida pública. Hemos de aspirar a que los ciudadanos tengan conciencia de que es aquí donde se debaten los asuntos que afectan a sus intereses generales y a sus problemas cotidianos. Aquí deben estar presentes las preocupaciones de todos los españoles, de los que buscan empleo, de los jóvenes, de los trabajadores, de los agricultores y los pescadores, de los padres de familia que quieren mejor educación para sus hijos, de los pensionistas. Aquí tenemos que plantear todos los problemas que nos conciernen: la vivienda, la sanidad, la seguridad ciudadana o la droga.

Y, con tales propósitos de revitalizar el Parlamento, considero del máximo interés que los Grupos parlamentarios adopten las iniciativas que estimen más idóneas para mejorar el funcionamiento de las Cámaras. Por mi parte, anuncio que el Gobierno que presido, si obtengo la confianza, facilitaría los medios necesarios para el buen funcionamiento de una Oficina Presupuestaria, si la Cámara creyera conveniente su creación, para supervisar el cumplimiento del Presupuesto y la evolución del gasto público, porque el Gobierno será el primer interesado en que los españoles conozcan con precisión el destino de cada peseta que se gasta.

Señoras y señores diputados:

El programa económico que abordará el Gobierno a lo largo de la legislatura, si obtengo la confianza de la Cámara, parte de un análisis riguroso de la realidad. Es un programa que está dirigido a modernizar nuestro sistema económico y a superar los desequilibrios y anomalías que actualmente padece. Quiere dar respuestas a las verdaderas preocupaciones de los españoles: la falta de empleo, la situación de los jóvenes, el paro femenino, las deficiencias de nuestros servicios públicos y de nuestras infraestructuras, las causas por las cuales no hay suficientes empresas en España.

El paro sigue siendo el principal problema de la economía española y no se trata simplemente de un problema económico o social; el paro es, sobre todo, un drama personal y familiar. Son muchos los españoles que ven comprometido su proyecto vital al no tener expectativas de encontrar un empleo estable para proyectar con confianza su futuro. Nuestra baja ocupación distorsiona gravemente el funcionamiento de la economía. El escaso empleo reduce los ingresos fiscales y ocasiona mayores gastos en subsidios y transferencias necesarios para mantener el nivel de renta de quienes, desgraciadamente, no encuentran trabajo y de sus familias. La creación de empleo estable en una economía mundial cada vez más abierta sólo se puede lograr con un sistema productivo eficaz y competitivo, capaz de adaptarse a las exigencias de los mercados y de las nuevas tecnologías.

Pero la competitividad y la eficacia exigen un marco de confianza. Confianza en nosotros mismos, en nuestras posibilidades; confianza para ahorrar, para invertir, para emprender nuevos proyectos. Y es preciso también que la sociedad prime valores como el esfuerzo individual, la iniciativa y la cooperación.

Aprovechar todo nuestro potencial de crecimiento que permita crear empleo y garantizar el bienestar social exige llevar a cabo un conjunto ordenado y coherente de acciones de política económica y social que han de perseguir tres grandes objetivos: en primer lugar, cumplir estrictamente los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht; en segundo lugar, realizar las reformas estructurales que permitan mejorar el funcionamiento de los mercados y del sistema productivo; y, en tercer lugar, perfeccionar los sistemas de empleo y de protección social.

Preparar la economía española para que pueda incorporarse en buenas condiciones a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria en 1999 es un objetivo nacional cuya consecución orientará toda la acción del Gobierno. Los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht van dirigidos a consolidar una economía sana y equilibrada. Son requisitos imprescindibles para lograr un crecimiento sólido y crear empleo.

España, lamentablemente, no cumple en estos momentos ninguno de los criterios de convergencia. Ésta es la dura realidad de la que partimos. Por mucho que se pretenda lo contrario, es preciso reconocer esta situación; una situación que nos va a obligar a un gran esfuerzo para recuperar el tiempo perdido y cumplir los requisitos de convergencia en el breve plazo de dieciocho meses.

Quiero dejar bien claro que los objetivos de convergencia son irrenunciables, y, entre ellos, la reducción del déficit es el más importante porque resulta esencial para el cumplimiento de los demás. Por esta razón, el nuevo Gobierno mantendrá para el presente y el próximo año el compromiso de cumplir el objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas establecido en el Programa de Convergencia actualizado, que debe quedar en el 4,4 % del Producto Interior Bruto en 1996 y situarse en el 3 % en 1997. Tras la verificación del estado de las finanzas públicas, el Gobierno adoptará las medidas conducentes al logro del mencionado objetivo, y confío en contar con el respaldo de la Cámara, que ya asumió aquel compromiso, cuando haya de plasmarse en medidas concretas.

Es evidente que no es posible contener el gasto y controlar el déficit sin la efectiva colaboración de todos los agentes públicos. En la actualidad, más de una tercera parte del gasto público está administrado por las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, por lo que el cumplimiento de los criterios de convergencia económica es una responsabilidad de todos. Por ello, el Gobierno impulsará un compromiso de austeridad entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos que permita alcanzar con éxito, de manera coordinada y solidaria, los objetivos propuestos. Por su parte, el Gobierno asume el compromiso de que el conjunto del gasto público en 1996 y 1997 no crezca, en ningún caso, por encima de la inflación. Para dar cumplimiento a este exigente propósito se iniciará, con carácter inmediato, un conjunto de reformas legales y administrativas.

Me propongo impulsar la reforma de la Ley General Presupuestaria para introducir mayor racionalidad en la evolución de los Presupuestos, reducir la discrecionalidad en su ejecución, aumentar la transparencia en todos los organismos públicos, controlar mejor las subvenciones y reducir la morosidad de las Administraciones Públicas. Por otro lado, con objeto de garantizar la eficacia del control del gasto público, se reforzarán las funciones de la Intervención General del Estado, se reformará la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas y se establecerá una Oficina Presupuestaria en la Presidencia del Gobierno, como expresión de un compromiso directo con este objetivo.

Pero la mejora en los mecanismos de control interno y externo sería estéril sin una política decidida de austeridad en la Administración que permita reducir sus gastos de funcionamiento. Con carácter inmediato, se acometerá un conjunto de actuaciones con tal finalidad. La reducción del déficit público contribuirá a la bajada de los tipos de interés y facilitará el cumplimiento de los objetivos de inflación previstos en el Tratado. Ambos factores son necesarios para proporcionar a las empresas españolas un marco estable y para reducir sus costes financieros.

Señor presidente:

El segundo objetivo de nuestro programa económico persigue realizar las reformas estructurales que permitan mejorar el funcionamiento de los mercados y nuestro sistema productivo, y alcanzar así una economía más eficiente y competitiva.

La política económica del Gobierno que aspiro a presidir parte del convencimiento de que la empresa es el verdadero motor de la economía. España necesita más y mejores empresas. Son ellas las que crean empleo y la nuestra será una política en favor de la empresa dirigida a crear un marco en el que pueda cumplir su papel. En particular, se orientará a estimular la inversión y el ahorro energético, y a incrementar los recursos destinados a la formación y a la Investigación y Desarrollo.

Para que nuestras empresas sean competitivas es también necesario un marco jurídico estable. La inseguridad del tráfico mercantil afecta cada vez más a la actividad económica. Las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos necesitan un respaldo especial, porque del éxito de su actividad depende en gran medida la generación de empleo. Con tal finalidad, se proveerán medidas específicas orientadas a mejorar el entorno administrativo, financiero y fiscal en el que estos empresarios desarrollan su actividad.

En esa dirección nos proponemos simplificar sus relaciones con la Administración, mejorar los cauces de financiación y simplificar su fiscalidad para que no sean obstáculo a la inversión y a la creación de empleo.

La necesaria reordenación del sector público empresarial ocupa también un lugar destacado en el programa económico que me propongo abordar.

Con la finalidad de contribuir a una mejora de la eficiencia general de la economía española es preciso continuar e impulsar el camino de desregulación y privatización emprendido desde nuestro ingreso en la Comunidad Europea. En este sentido, el Gobierno elaborará un Plan Estratégico de Privatizaciones presidido por criterios de máxima transparencia, incremento de la eficacia de las empresas y mayor competencia en los sectores en que operan, teniendo siempre presente la consideración de los intereses nacionales.

La privatización producirá, además, otros efectos beneficiosos como la ampliación de los mercados de capitales españoles y la difusión de la propiedad.

Por otra parte, existen razones económicas y sociales que aconsejan la presencia del Estado en determinados sectores económicos. El futuro del sector público empresarial exige, en todo caso, una política de saneamiento así como la mejora de su gestión.

Modernizar nuestra economía hace necesaria también una profunda reforma del sistema tributario. Los continuos cambios y retoques de estos últimos años ni han logrado la creación del marco fiscal adecuado al nuevo entorno económico, ni han corregido su falta de equidad.

La reforma debe proponerse tres objetivos básicos: apoyar el ahorro y la inversión productiva, proporcionar recursos suficientes para financiar las tareas del Estado social de derecho y garantizar un reparto solidario y justo de las cargas tributarias. En cualquier caso, el proceso de reforma tendrá en cuenta el elevado esfuerzo fiscal que ya hacen los contribuyentes españoles.

En coherencia con estos objetivos, la reforma fiscal se construirá sobre los siguientes pilares: un nuevo marco de relaciones entre la Administración Tributaria y los contribuyentes, el impulso en la lucha contra el fraude fiscal y una nueva configuración de los principales impuestos.

El nuevo marco de relaciones tributarias perseguirá el logro de una mayor igualdad de las partes en el proceso tributario y la introducción de unos mayores niveles de seguridad jurídica, para lo cual se elaborará un Estatuto del Contribuyente que delimite los derechos y garantías de los ciudadanos ante la Administración Tributaria y simplifique el cumplimiento de sus obligaciones.

El fraude fiscal actualmente existente en España es incompatible con una sociedad moderna y solidaria, y atenta claramente al valor de la Justicia. Es indispensable combatirlo con mayor eficacia. A tal fin, el Gobierno encomendará con carácter inmediato a la Administración Tributaria la elaboración y ejecución de planes efectivos de lucha contra el fraude fiscal.

Por último, el Gobierno propondrá la reforma de los principales impuestos que integran nuestro sistema fiscal. Desarrollaremos esta reforma a lo largo de la legislatura de manera acompasada con la reducción del déficit y haciéndola compatible, en todo caso, con los objetivos de convergencia europea.

El Impuesto sobre la Renta necesita una profunda revisión orientada a hacerlo más justo, a convertirlo en un instrumento eficaz para el fomento del ahorro y a simplificarlo. En este sentido, se reformará la tarifa del impuesto y se la modulará de modo que refleje fielmente la capacidad económica del contribuyente en función de sus circunstancias personales y familiares.

Asimismo, la fiscalidad empresarial, singularmente la de los pequeños empresarios y los autónomos, ha de ser netamente mejorada para eliminar de nuestro ordenamiento todas las normas fiscales que están penalizando la generación de empleo y que están dificultando la competitividad e internacionalización de las empresas españolas.

Con la misma finalidad de conseguir una economía más flexible, dinámica y competitiva, el Gobierno emprenderá un conjunto de reformas estructurales en los sectores y mercados donde sobran rigideces, intervencionismos y restricciones artificiales de ofertas. Me refiero en especial al suelo, a las telecomunicaciones, al transporte y a la energía.

La reforma de la legislación sobre el suelo, además de una exigencia de racionalidad económica, es hoy ineludible para resolver uno de los problemas más graves que tiene la sociedad española: el acceso a la vivienda, sobre todo, de los más jóvenes. El suelo se ha convertido en un recurso artificialmente escaso en un país en que la densidad media de población es de las más bajas de Europa.

Otro sector clave para el futuro es el de las telecomunicaciones. Para su desarrollo es necesario adecuar la legislación al nuevo marco de liberalización plena que prevé la Unión Europea. El impulso de las redes de cable y las comunicaciones por satélite será decisivo para convertir este sector en uno de los motores de nuestro crecimiento. El Gobierno se propone crear un Consejo Regulador de las Telecomunicaciones, que será un organismo independiente para garantizar la regla de competencia en este sector. Por último, la introducción de un mayor grado de competencia en los sectores del transporte y la energía servirá para proporcionar un mejor servicio a los consumidores y para la reducción de los costes de las empresas.

Señor presidente:

Con la aplicación de las reformas económicas esbozadas se relanzarán las oportunidades de empleo estable y se favorecerá la consolidación del sistema de protección social. Éste debe ser el gran objetivo de toda la sociedad española porque, señoras y señores diputados, es dolorosamente obligado recordar que España sufre hoy la mayor tasa de paro de la Unión Europea y, a la vez, el mayor porcentaje de empleo precario. Es ésta una situación que produce cotidianamente una doble injusticia: el agravio entre quienes tienen trabajo y quienes carecen de él, y la dualidad en el mercado laboral entre quienes gozan de un puesto protegido y quienes están sujetos a la precariedad.

Este drama que afecta a toda la sociedad española reclama, a su vez, de toda ella el mayor sentido de la responsabilidad para afrontarlo. Nadie puede negarse a arrimar el hombro para contribuir a la resolución de lo que constituye nuestro gran problema nacional. Por esta razón, en la elaboración, desarrollo y ejecución de las políticas en favor del empleo que el Gobierno se propone emprender, mantendremos el diálogo social como un instrumento básico al servicio de este objetivo.

Confío en la fecundidad del diálogo con los agentes económicos y sociales. Lo iniciaré con carácter inmediato y estoy persuadido de que, con el concurso de todos, alcanzaremos acuerdos operativos en este ámbito.

Los jóvenes y los trabajadores españoles no cuentan hoy con los instrumentos necesarios para afrontar los cambios que la evolución económica necesariamente demanda. Para ello, es preciso aplicar, actualizándolo, el Programa Nacional de Formación Profesional y posibilitar el reconocimiento de los títulos y certificados obtenidos por nuestros trabajadores en toda Europa. Resulta también necesario acercar la Universidad y los centros de formación al mundo productivo para ampliar, así, la formación y conseguir la necesaria adaptación tecnológica.

Los Programas anuales de Fomento del Empleo han de ser modificados orientándolos hacia la contratación estable. En este sentido, se transformará el contrato de aprendizaje en una auténtica vía de formación dual que complemente trabajo y formación. Impulsaremos también el desarrollo y aplicación del acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos laborales recientemente adoptado por los interlocutores sociales.

Señoras y señores diputados:

En la transición democrática, los españoles, con generosidad y visión de futuro, alcanzamos algunos consensos básicos cuyos principios quedaron plasmados en el texto constitucional. Uno de ellos fue un pacto de solidaridad que se materializó en la configuración del Estado social de derecho, con la proclamación de los derechos económicos y sociales de los españoles. En una sociedad moderna, ese pacto de solidaridad se centra en unos objetivos que nunca deben ponerse en cuestión y que constituyen el acervo común de quienes actúan con lealtad a la Constitución: educación y sanidad para todos, un sistema de pensiones suficiente y un sistema de protección social que ampare las situaciones de especial necesidad.

La sociedad española no debe renunciar, en ningún caso, a hacer todos los esfuerzos para mantener y mejorar este gran acuerdo solidario que es elemento fundamental de nuestra convivencia, y al servicio de este gran objetivo se va a poner a trabajar con el máximo empeño el Gobierno que forme, si obtengo la confianza de la Cámara.

Construir con bases sólidas un Estado social de derecho es una tarea ambiciosa y tenaz, porque a lo que debemos aspirar es a alcanzar el mayor bienestar posible de los españoles de hoy y el de las futuras generaciones, y ello sólo resultará posible si creamos los recursos suficientes con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Que a nadie le quepa duda: un crecimiento económico sólido y sostenido es exigencia ineludible para la mejora y consolidación del bienestar general de los españoles.

Y éste es el mensaje que quiero transmitir con toda claridad a los españoles.

En esta nueva etapa, nos corresponde renovar y actualizar ese pacto de solidaridad con la colaboración de las fuerzas económicas y sociales, con plena conciencia de los datos de la realidad económica y de las exigencias del entorno en el que nos movemos. En ningún campo, y tampoco en el de las políticas sociales, resulta posible mantener esquemas, modelos y planteamientos que, si pudieron tener sentido hace algún tiempo, ya no responden a las nuevas condiciones de vida de la sociedad española.

Frente a la irresponsabilidad de suponer que todo debe seguir igual, el mantenimiento y la mejora del Estado social de derecho obliga a los próximos años a emprender tareas decisivas para mejorar el sistema de pensiones, la protección social, la sanidad y la educación. Tenemos que introducir las reformas necesarias para mejorar la eficiencia, aumentar la calidad de estas prestaciones básicas, adaptarlas a las nuevas necesidades de los españoles y evitar los despilfarros.

El primer objetivo de la política de bienestar social que nos proponemos desarrollar será la plena consolidación del actual sistema de Seguridad Social en los términos aprobados hace ahora poco más de un año por esta Cámara. El Gobierno que presida, si obtengo la confianza de la Cámara, asumirá en su integridad las recomendaciones de lo que se conoce como Pacto de Toledo e iniciará la mejora y adaptación de la Seguridad Social a la realidad actual, con el impulso de medidas tales como la separación y clarificación de sus fuentes de financiación, la constitución de reservas para mantener el equilibrio presente y futuro del sistema contributivo, las mejoras de las bases de cotización, el reforzamiento de los principios de equidad y solidaridad, la flexibilización de la edad de jubilación con carácter voluntario de manera gradual, y el fomento de los sistemas complementarios y la mejora de gestión.

En todo caso, afirmo ante la Cámara el compromiso de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones.

Los aspectos señalados, como bien conocen sus señorías, no agotan el contenido del acuerdo aprobado por esta Cámara el 6 de abril del pasado año. El Gobierno que presida estará dispuesto a cumplir progresivamente todas y cada una de las recomendaciones en él contenidas, y facilitará a la Cámara la información necesaria para que pueda realizar un seguimiento eficaz de la evolución del sistema de Seguridad Social en los términos previstos en aquel acuerdo. Aspiro a que el espíritu de entendimiento tenga continuidad y a que se proyecte en las medidas de desarrollo de los objetivos del Pacto de Toledo de las que ha de ocuparse esta Cámara, y daré especial relevancia al diálogo con los agentes económicos y sociales en esta materia.

En el ámbito sanitario, señor presidente, nuestro objetivo fundamental es potenciar y modernizar el Sistema Nacional de Salud. El grado de equidad conseguido convierte a nuestro sistema sanitario en un instrumento importante de cohesión social que es preciso preservar. Mantener los beneficios del aseguramiento universal y la garantía de que a los ciudadanos se les atienda según sus necesidades han de ser el presupuesto de cualquier reforma; pero hay aspectos de nuestro modelo sanitario que funcionan deficientemente y que hay que mejorar y corregir.

En un sistema tan rígido y burocrático resulta imposible atender a las demandas de los ciudadanos con respuestas rápidas y con la calidad requerida. Los españoles desean un trato más personalizado, menores listas de espera, mejor información y más posibilidades reales de elección de médico y hospital. La reforma que hay que emprender se orientará, básica y primordialmente, a hacer más eficiente el sector público y a aprovechar mejor todos los recursos sanitarios del país. Debemos dotar a las instituciones sanitarias de mayor autonomía y debemos también reforzar el papel de la sociedad haciendo que la libertad de elección del ciudadano sea un factor dinamizador del sistema. Resulta esencial definir el papel relativo del Gobierno central y el de las Comunidades Autónomas. El Ministerio de Sanidad tendrá como misión fundamental la de establecer, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, las prioridades globales de la política sanitaria.

Avanzar en la reforma sanitaria es una tarea compleja de cualquier país. Hay derechos y valores básicos en juego. Por ello, como he dicho anteriormente, es una materia que reclama el acuerdo y el compromiso. El Gobierno ofrecerá a la Cámara la constitución de una ponencia que busque un acuerdo sobre las reformas para garantizar la eficiencia del sistema sanitario en España y que España necesita para su futuro.

Y no puedo dejar de referirme a uno de los problemas sociales más dramáticos que padece en estos momentos la sociedad española: la drogodependencia. El Gobierno impulsará las medidas de prevención y rehabilitación, estimulando especialmente entre los jóvenes una efectiva cultura del rechazo a la droga, al tiempo que intensificará la acción policial contra el narcotráfico.

En el ámbito educativo, señor presidente, durante los dos últimos decenios España ha alcanzado prácticamente la plena escolarización de los niveles básicos y medios, y se ha producido una gran expansión de la enseñanza universitaria y superior. Pero nuestro sistema de enseñanza tiene hoy planteados serios problemas, como la pérdida de calidad, el debilitamiento de la escuela como institución, la desmoralización de su profesorado y los derivados de la vertiginosa caída de la tasa de natalidad.

La inquietud social que se está manifestando en estas semanas ante la aplicación de la reforma del sistema educativo, aprobada ya hace seis años, es consecuencia de la falta de previsión y rigor con que se está llevando a cabo, además de no haberse tenido en cuenta para su ejecución la diversidad de condiciones sociales, geográficas y demográficas de nuestro país, en particular, las del mundo rural.

Por ello, el Gobierno que presida, si obtengo la confianza de la Cámara, evaluará la situación y, en colaboración con las Comunidades Autónomas y con los Ayuntamientos y en diálogo con los sectores interesados, adoptará al respecto las medidas que resulten oportunas.

El derecho a la educación y a la libertad de enseñanza son los pilares sobre los que descansa el modelo en materia educativa. Ninguno de estos dos derechos fundamentales ha de ser sacrificado o preterido al otro. La gratuidad de la enseñanza básica y obligatoria es un factor esencial para desarrollar el principio de igualdad de oportunidades. El Gobierno promoverá las medidas necesarias a lo largo de la legislatura para extender este derecho desde los 3 a los 16 años de edad. Mejorar la calidad del sistema educativo constituye una necesidad nacional en la que nos jugamos nuestro futuro; por ello, el Gobierno impulsará la innovación en la escuela, una mayor autonomía de los centros y la libertad de elección de centro educativo, y apoyará decididamente la profesionalidad de los docentes.

Asimismo, resulta necesario abordar con decisión cuestiones como el perfeccionamiento de los métodos de aprendizaje, la ampliación de los contenidos humanísticos indebidamente empobrecidos y la potenciación del Bachillerato, así como de la Formación Profesional. Para llevar adelante estos objetivos se pondrán en marcha las reformas necesarias en permanente diálogo con los sectores educativos, de modo que las modificaciones legales sean las imprescindibles.

El servicio de la cultura será objeto de la acción de todo el Gobierno. Los poderes públicos tienen una especial responsabilidad tanto en la tarea de conservar, enriquecer y difundir nuestro extraordinario legado cultural, como en la de impulsar la creación intelectual, literaria y artística. El Gobierno prestará una particular atención a sus obligaciones constitucionales en la garantía de comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas, y en la proyección exterior de nuestra cultura en toda su pluralidad y riqueza. A la hora de potenciar la presencia de nuestra cultura en el mundo, el Gobierno apoyará el desarrollo del sector audiovisual y su adaptación a las nuevas tecnologías.

Pero no es a los poderes públicos a quienes corresponde el protagonismo en este ámbito, por lo que el Gobierno favorecerá la contribución de la sociedad al quehacer cultural a través del fomento del mecenazgo y la actividad de las fundaciones.

Al resultar indispensable la más estrecha coordinación en el desempeño de las funciones que corresponden al Estado en los ámbitos educativos, cultural y científico, los ministerios de Educación y Ciencia y de Cultura se integrarán en un Departamento que desarrollará su actividad en constante cooperación con las Comunidades Autónomas y con pleno respeto a sus competencias.

Señor presidente:

En las últimas décadas se ha producido una creciente sensibilización hacia los problemas derivados de la preservación y mejora del medio natural y del entorno urbano. La sociedad demanda un mayor impulso político en defensa y salvaguarda del medio ambiente. Es un hecho de gran transcendencia no sólo para la vida cotidiana sino para la herencia que nos corresponde transmitir a las próximas generaciones. La magnitud de los problemas medioambientales de una sociedad desarrollada como la española que, además, posee un excepcional patrimonio natural hace imprescindible una coherente y eficaz política medioambiental de largo alcance.

Sin perjuicio del ámbito competencial propio de las Comunidades Autónomas que, en todo caso, debe ser respetado, el cumplimiento de las crecientes obligaciones internacionales, el desarrollo de la política de la Unión Europea y la preservación de recursos naturales vitales para nuestro futuro reclaman una adecuada presencia del Estado en esta materia.

La política medioambiental se ha erigido, pues, en uno de los grandes vectores de la acción del Gobierno, por lo que, para impulsar las políticas que España necesita, ha llegado el momento de crear un Ministerio de Medio Ambiente.

Señorías:

Creo que la Cámara convendrá conmigo en que la voluntad de proceder a una nueva ordenación territorial del poder, capaz de albergar con naturalidad y holgura a los distintos pueblos de España, fue la iniciativa más audaz y de mayor aliento histórico de las que hubieron de afrontar los constituyentes de 1978. Reconocer, respetar y dar una respuesta jurídica y política suficiente no sólo a la diversidad de España, sino a la plena asunción de su heterogeneidad o sus hechos diferenciales, e invertir un secular proceso de concentración de poder, suponía acometer una experiencia históricamente inédita. Un proceso de tal envergadura está inevitablemente sujeto a resistencias, a posibles errores, pausas e impulsos.

Con la experiencia acumulada en estos dieciséis años, yo tengo la convicción del acierto del diseño del Estado de las Autonomías hecho por la Constitución. Pienso que representó, y representa, una opción política irreversible que está llamada a otorgar a la fisonomía de nuestro Estado una modernizadora transformación. Desde la aprobación de los primeros Estatutos catalán y vasco hasta la reciente inclusión en el mapa autonómico de las ciudades de Ceuta y Melilla, todo el desarrollo del Estado de las Autonomías se ha venido realizando mediante amplísimos acuerdos políticos, prolongación del propio consenso constitucional.

La preservación de ese consenso en consideración de que estas materias forman parte del propio bloque de la constitucionalidad será orientación permanente de la acción del Gobierno, si obtengo la confianza de la Cámara.

En lo que al desarrollo autonómico se refiere, el consenso no es un método, es un requisito. En esta legislatura tenemos que dar un nuevo impulso a esta tarea y con esta convicción presento a la Cámara un programa que se inspira en cuatro principios:

—El principio de lealtad al proyecto democrático común de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones, como dice el preámbulo de nuestra Constitución, y de garantizar la igualdad básica de los españoles en cualquier parte del territorio nacional.

—El principio de solidaridad, valor fundante de nuestro ordenamiento constitucional que reclama como condición la colaboración entre todas las Administraciones, la potenciación de todos los foros y procedimientos de cooperación y el fomento de todas las posibilidades de arbitraje.

—El principio de estabilidad, ya que la propia naturaleza del Estado de las Autonomías y el obligado gradualismo de su puesta en marcha explican los diferentes ritmos e intensidad de su configuración. En esa flexibilidad reside una de sus virtudes, que ha permitido, y no debe dejar de permitir en lo sucesivo, su acomodación a los factores diferenciales. Con la ineludible pretensión de estabilidad, el impulso que el Gobierno adopte se encaminará a la búsqueda de un marco que delimite con precisión y vocación de permanencia las competencias y atribuciones de cada nivel territorial de poder.

—El principio de modernización, porque la redistribución del poder no puede desvincularse de los objetivos de conseguir un mejor servicio a los ciudadanos, hacer una democracia más próxima mediante una simplificación del modelo administrativo, y una enérgica reducción del gasto público.

Bajo la inspiración de estos cuatro principios, la política del Gobierno, si obtengo la confianza de la Cámara, perseguirá los siguientes cinco grandes objetivos:

En primer lugar, el desarrollo estatutario y los traspasos competenciales. En el marco del bloque de la constitucionalidad, se abordará el pleno desarrollo de los Estatutos de Autonomía aprobados en virtud del artículo 151 de la Constitución.

Nos proponemos, asimismo, completar el proceso de transferencias acordado en los Pactos de 1992 para que las Comunidades del régimen del artículo 143 asuman la plenitud de las competencias previstas en sus propios Estatutos y, muy singularmente, la competencia en materia educativa. Una renovación, ya que el pacto debe servir para que dichas Comunidades alcancen sus máximos niveles de autogobierno. Con ese mismo espíritu, anuncio mi compromiso de impulsar la tramitación consensuada de la reforma de los Estatutos de Canarias y de Aragón, cuyos proyectos tuvieron entrada ya en esta Cámara durante la pasada legislatura.

En segundo lugar, un nuevo modelo de financiación autonómica. Desde la construcción del Estado autonómico ha tenido lugar un intenso proceso de descentralización del gasto público en favor de las Comunidades Autónomas. Hoy, éstas disponen ya de más del 25 % del gasto total de las Administraciones Públicas.

Pero convendrán sus señorías en que el que las Comunidades Autónomas sean crecientemente unidades gestoras de gasto, sin responsabilidad apenas en materia de ingresos, no es coherente con lo que predica la Constitución al incluir la autonomía financiera como elemento esencial de autogobierno de las nacionalidades y regiones. Y convendrán también en que, desde la promulgación de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, se ha avanzado escasamente en esta dimensión sustancial de la autonomía.

De las tres Administraciones que configuran el Estado autonómico, la Administración Central del Estado y las Administraciones Locales tienen responsabilidades en materia fiscal; deben pedir a los ciudadanos por vía de impuestos los recursos que necesitan para sus gastos. En cambio, las Comunidades Autónomas, con un nivel de gasto tan importante, no tienen que asumir responsabilidades en materia fiscal frente a sus ciudadanos.

Si me permiten la expresión, ésta es una asignatura pendiente del Estado de las Autonomías y no es casual que tanto el Partido Popular como la mayoría de las formaciones que concurrieron a las elecciones incluyeran en sus programas el principio de la corresponsabilidad fiscal.

Pues bien, ha llegado el momento de impulsar un modelo de financiación autonómica coherente con los postulados constitucionales y que sirva a la nueva organización territorial del Estado. Este modelo debe descansar en tres grandes principios: la suficiencia financiera que permite acercar los recursos de las Comunidades a la cobertura de los gastos necesarios para llevar a cabo los servicios que tiene encomendados; la solidaridad que garantice las prestaciones y servicios a todos los ciudadanos, sea cual sea su lugar de residencia y valorando las diferencias de coste en la prestación de servicios y el diferente grado de desarrollo, y que permita avanzar en la disminución de los desequilibrios económicos interterritoriales existentes; y la corresponsabilidad fiscal para dotar a las Comunidades de capacidad normativa suficiente, de modo que asuman ante sus ciudadanos las decisiones políticas que, en el ejercicio de su autogobierno, deban adoptar.

Reitero que esta reforma debe enmarcarse en el compromiso de austeridad entre las Administraciones Públicas con la finalidad de que quede garantizado, en todo caso, el efectivo cumplimiento de la reducción del déficit.

El modelo de corresponsabilidad fiscal se propone atribuir a las Comunidades Autónomas capacidad normativa sobre los tributos cedidos con los límites que se acuerden; otorgar a las Comunidades Autónomas una participación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los residentes en sus territorios de hasta un 30 %, participación que se fijará en función del nivel de competencias y del volumen de recursos.

Debo subrayar que el sistema es generalizable a todas las Comunidades Autónomas no forales; que no debe implicar un aumento de la presión fiscal, puesto que la Hacienda central reducirá su participación en el Impuesto con objeto de atribuir a las Comunidades Autónomas la parte que les corresponda de capacidad recaudatoria; que la autonomía normativa de las Comunidades se circunscribirá a la fijación de la tarifa y a la determinación de las deducciones; y que, para la mejor gestión del Impuesto, las Comunidades Autónomas participarán en la Administración Tributaria.

El Gobierno propondrá al Consejo de Política Fiscal y Financiera el programa cuyas líneas básicas acabo de exponer a sus señorías para el desarrollo en el próximo quinquenio 1997-2001. Haremos en el seno del Consejo el mayor esfuerzo para alcanzar el más amplio acuerdo.

Quiero expresar a la Cámara mi confianza en que tal consenso se logre, porque el modelo propuesto será un importante factor de modernización de nuestro sistema fiscal. Promoverá la consolidación del Estado autonómico y acentuará la conciencia de responsabilidad democrática de todos los ciudadanos en el sostenimiento de las cargas públicas.

El nuevo modelo responde plenamente al principio de solidaridad porque, en todo caso, quedan garantizados los servicios y prestaciones esenciales a todos los ciudadanos, y porque el Estado contará con los recursos suficientes para impulsar las políticas de redistribución territorial en favor de aquellas Comunidades que más necesiten del apoyo general.

En tercer lugar, la reforma de la Administración del Estado. Hemos de reconocer que aún no hemos sido capaces de traducir la organización territorial del Estado diseñada por la Constitución al nuevo modelo administrativo que requería. El traspaso de competencias no ha producido la razonable reducción correlativa de la Administración del Estado, ni de sus órganos centrales ni en los periféricos.

La reforma de la Administración periférica del Estado debe entenderse como una lógica consecuencia del desarrollo del Título VIII de la Constitución y, como tal, debe extenderse a todas las Comunidades Autónomas.

La única figura constitucionalmente prevista es el Delegado del Gobierno como representante de éste en cada Comunidad y como responsable de la dirección de los órganos de la Administración periférica. Vamos a desarrollar esa previsión constitucional. En las Comunidades pluriprovinciales existirá, además, en cada provincia, un funcionario subdelegado del Gobierno, jerárquica y orgánicamente dependiente del Delegado del Gobierno y nombrado por él.

Esta iniciativa constituye un sustantivo paso hacia el modelo de Administración única o común recogida en las propuestas electorales de mi partido. Pretende, en definitiva, que los servicios que el ciudadano demanda de los poderes públicos sean prestados por la Administración más idónea por su mayor proximidad. Los órganos de la Administración central deben también responder cabalmente a este nuevo modelo. Su simplificación no es un mero requerimiento circunstancial derivado de la necesidad de reducción del gasto; ha de ser un rasgo permanente del nuevo Estado.

En cuarto lugar, el Pacto Local. Robustecer las funciones y perfilar mejor la posición de los entes locales es otra exigencia de este modelo de Administración única. A tal fin, el Gobierno que presida, si obtengo la confianza de la Cámara, convocará a los Grupos parlamentarios y a la Federación Española de Municipios y Provincias para proponer un Pacto Local inspirado en los principios de subsidiariedad, autonomía para la propia gestión, suficiencia financiera, y cooperación y coordinación con las Administraciones de ámbito territorial superior.

En quinto lugar, la reforma del Senado. Bajo el imprescindible presupuesto del consenso, estimo que debe continuar el Senado la reflexión que, sobre su reforma, se inició en la pasada legislatura. Con la misma intención de intensificar el papel del Senado como Cámara de representación territorial, considero asimismo de la mayor utilidad la potenciación de la Comisión General de Autonomías de dicha Cámara.

Señor presidente:

Estoy convencido de que los españoles nos reclaman hoy emprender una decidida acción de revitalización democrática y de fortalecimiento de los valores constitucionales en las instituciones y en la vida pública. Debe recuperarse el sentido de las designaciones que corresponden a las Cámaras para la formación de órganos como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, la Junta Electoral Central y el Consejo de Radio Televisión, entre otros.

La integridad y la autonomía de criterio de las personas designadas, acreditadas en sus trayectorias profesionales, deben constituir la mejor salvaguarda del buen cumplimiento de su misión. Si, con todo, los resultados alcanzados no se acreditasen suficientes para garantizar el impecable funcionamiento de aquellas instituciones, buscaríamos los acuerdos parlamentarios precisos para introducir las reformas legales que favorecieran la consecución de aquel fin.

Señor presidente:

He expresado al principio de mi intervención mi confianza en que el 3 de marzo haya abierto una nueva etapa en la política española. No podemos, sin embargo, ignorar que fenómenos preocupantes y algunas conductas graves han causado en los últimos años un gran daño a nuestra democracia y han contribuido al desprestigio de la política entre los españoles.

Abordo esta cuestión con la convicción de que el sistema democrático tiene capacidad para superar los errores, vicios y deficiencias que pudieran producirse. No podemos abandonar esta vigilante preocupación. Hemos de ser cuidadosamente fieles a las exigencias del imperio de la Ley; hemos de ser conscientes de que un Estado que maneja ingentes recursos públicos debe combatir el riesgo de la corrupción con procedimientos adecuados y controles eficaces.

Hay que reducir los márgenes de discrecionalidad de los poderes públicos y dar a conocer a los ciudadanos el coste real de cada servicio, de cada obra pública, de cada subvención; en definitiva, de cada peseta que sale de los contribuyentes. El Gobierno que presida impulsará decididamente la función que el Ministerio Fiscal tiene encomendada en este campo y reclamará la mayor ejemplaridad en las conductas de los responsables políticos y de los gestores públicos.

Una Justicia independiente, rápida y eficaz constituye un pilar fundamental del Estado de derecho. No es necesario que describa aquí los problemas que aquejan a la Administración de Justicia. Existe una profunda insatisfacción en los ciudadanos a la que debemos dar respuesta. Por mi parte, creo que la situación a la que se ha llegado es grave, lo que obliga a que, sin tardanza y de modo responsable, el Gobierno y la Cámara tengan que abordar esta cuestión con decisiones y medidas apropiadas. En ellas se deberá tener como norte el estricto y pleno cumplimiento de los principios constitucionales y el logro de una Justicia que sirva eficazmente a la sociedad.

Es preciso abrir un debate que examine las reformas que resulte oportuno introducir en la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de que cumpla mejor el modelo constitucional, así como con la finalidad de dotar de las mayores garantías de independencia y eficacia al Poder Judicial y de recuperar su prestigio. El Gobierno impulsará este debate con la voluntad de alcanzar el más alto acuerdo parlamentario.

Asimismo, el Gobierno promoverá la reforma legal oportuna para establecer un período de espera de aquellos jueces y magistrados que hayan desempeñado un cargo político antes de que puedan retornar al ejercicio jurisdiccional o antes de que puedan ser promovidos para la provisión de órganos constitucionales. Se procederá también a reformar la Audiencia Nacional con una definición más estricta de sus competencias y se fortalecerá la autonomía del Ministerio Fiscal. El próximo Gobierno nombrará Fiscal General del Estado a un miembro de la carrera fiscal.

Los ciudadanos demandan una Justicia pronta y eficaz y, para responder a esa demanda, el Gobierno abordará la reforma de las Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal con el fin de reducir los procedimientos especiales y agilizar los actos procesales. Para reforzar la tutela de los derechos y libertades es preciso dar, por fin, cumplimiento al mandato del artículo 53.2 de la Constitución con el establecimiento de un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios.

Señor presidente:

Vamos a dedicar una particular atención a lograr una Administración más moderna, profesionalizada, austera, eficiente y bien coordinada. Este compromiso exige reducir la Administración del Estado que ha crecido de modo injustificable en los últimos años. El Gobierno estará compuesto por 14 ministerios y se procederá a reducir altos cargos, ministerio por ministerio, de modo que se haga visible también en la organización de la Administración central la austeridad que el ciudadano reclama, y con el mismo fin se reducirá el excesivo número de organismos y entidades que dependen del Estado. El próximo Gobierno, si obtengo la confianza de la Cámara, presentará a la mayor brevedad un proyecto de Ley sobre el Gobierno y la Administración del Estado inspirado en estos principios.

Quiero afirmar en este momento mi confianza en los funcionarios españoles, a los que hay que tener en cuenta si queremos hacer las cosas bien y a los que se debe un trato acorde con el servicio que prestan a la sociedad. Nos proponemos, en este sentido, revisar la aplicación de la legislación funcionarial vigente para mejorar la solidez de una carrera administrativa basada en criterios objetivos de mérito, capacidad y adecuación entre formación y experiencia para la asignación de puestos de trabajo.

Señor presidente:

Requisito esencial para una revitalización efectiva de la democracia es también garantizar el pluralismo, la libertad de expresión y el derecho a la información en un entorno cambiante, en el que las innovaciones tecnológicas inciden de manera decisiva en aquellos valores. El Gobierno impulsará un modelo viable de radiotelevisión de titularidad estatal que, con mecanismos eficaces, garantice los principios de objetividad, neutralidad e imparcialidad de la información y el respeto al pluralismo, así como un sistema de financiación mixta con los suficientes medios de control que eviten el endeudamiento irresponsable en que ha derivado la gestión del Ente Público. Asimismo, remitiré a la Cámara un proyecto de Ley que permita a las Comunidades Autónomas que lo deseen la privatización de sus emisoras de radio y televisión.

Señor presidente:

Combatir el terrorismo constituye el primer deber del Estado en defensa de los ciudadanos y de la sociedad española. El recuerdo de sus víctimas, de tantos ciudadanos inocentes de toda edad y condición, del dolor de sus familias, es un deber de justicia y un requerimiento moral que consideramos permanente a la responsabilidad de todos ante el deber de liberarnos de tan cruel lacra.

La lucha contra el terrorismo ha de caracterizarse por la unidad de las fuerzas democráticas, la firmeza, el estricto cumplimiento de la Ley y la movilización de todas las energías morales contra quienes los respaldan.

El Gobierno que presida, si la Cámara me da su confianza, basará su acción en la preservación y potenciación de los Pactos de Ajuria Enea, Pamplona y Madrid, que constituyen el mejor marco para favorecer la unidad de los partidos democráticos en esta batalla. Junto a ello, el Gobierno reforzará la acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado e intensificará la coordinación y colaboración con la Policía Autónoma Vasca. Asimismo, se continuará e intensificará la más plena y sostenida colaboración en el ámbito internacional en esta materia.

Al tiempo de celebrarse esta sesión, expresión de nuestra normalidad democrática, es justo recordar a aquellos ciudadanos españoles ilegalmente privados de libertad, en especial, al funcionario José Ortega Lara, perteneciente a un cuerpo consagrado a tutelar los derechos y a trabajar por la rehabilitación de la población reclusa.

Señor presidente:

Paso a referirme a la política exterior y al proceso de integración europea. Si recibo la confianza de la Cámara, el Gobierno continuará la política exterior de nuestra democracia iniciada en los primeros Gobiernos centristas. En los últimos veinte años España se ha integrado de pleno derecho en las grandes estructuras occidentales. Ha logrado, así, mayor presencia internacional, cobertura a su seguridad y ampliación de sus mercados.

Este proceso ha coincidido con los acontecimientos históricos que han sacudido de lleno al espacio europeo. En este nuevo marco hay objetivos, sin embargo, que definen de manera permanente nuestra acción exterior: primero, la consecución de un orden internacional más seguro, basado en la paz, en la defensa de la democracia y de los derechos humanos, y en el respeto a las normas del derecho internacional; segundo, la seguridad y defensa nacionales que basaremos en la noción de la suficiencia defensiva; tercero, la modernización y fortalecimiento económico de España a través de la cooperación y el impulso de las relaciones económicas internacionales, tanto en el plano bilateral como multilateral; cuarto, la protección de los españoles, de sus derechos e intereses en el exterior; y, quinto, la proyección exterior de la cultura española con toda su diversidad y riqueza.

En el marco de estos objetivos, la política europea es la gran prioridad de nuestro presente. Quiero reafirmar mi convicción de que a España le corresponde contribuir de la manera más activa y decidida, y con voz propia, en el proyecto de la construcción europea. Ésta será la orientación fundamental del Gobierno que presida si obtengo la confianza de la Cámara.

La Unión Europea va a afrontar en los próximos meses grandes cuestiones como su ampliación, las reformas institucionales o el inicio de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. El Gobierno, con el respaldo de la Cámara, deberá fijar posición ante ellas teniendo en cuenta los intereses de España.

En particular, defenderemos la consideración del Mediterráneo y de Iberoamérica como objetivos de vital importancia en la proyección exterior de la Unión Europea; la agricultura mediterránea y de las regiones menos desarrolladas en el marco de los principios que inspira la Política Agraria Común, así como nuestros intereses en materia de pesca; el fortalecimiento de las políticas de desarrollo regional tendentes a reducir diferencias de riqueza y de renta con una atención particular para las zonas ultraperiféricas, como el archipiélago canario.

Ante estos grandes retos, la política europea requiere el más amplio respaldo político y social. Para ello, me propongo favorecer el debate y promover acuerdos en el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea, tal y como ya hiciéramos en la legislatura anterior. Y me propongo también fortalecer y hacer más operativa en la formación de la voluntad del Estado la Conferencia Sectorial para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas.

Señor presidente:

Es en el marco de la política europea, sin olvidar ningún otro foro multilateral, donde hay que replantear la reivindicación de Gibraltar y exigir con firmeza al Reino Unido el cumplimiento de sus obligaciones también en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo del dinero, fenómenos agravados en los últimos años.

Iberoamérica constituye una referencia prioritaria en la proyección exterior de España. El proceso de la transición a la democracia llevado a cabo por la gran mayoría de las naciones iberoamericanas a lo largo de los años ochenta significa una ilusionante apuesta civil por la libertad, por el desarrollo económico y por la integración del subcontinente. España debe comprometer, por ello, una decidida acción al servicio de la democracia, hoy todavía frágil en alguno de sus países, para dotarla de estabilidad.

El Gobierno desarrollará una política de solidaridad con los pueblos y países iberoamericanos, instrumentada en especial a través de la cooperación económica y cultural. Impulsaremos la participación creciente de la Unión Europea en esta área y estimularemos los trabajos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones con programas concretos. El Gobierno estimulará esos trabajos con el fin de que adquieran rigor y compromiso, para que tengan una efectiva proyección en las sociedades de los respectivos países.

Las relaciones con Estados Unidos deben insertarse principalmente en el marco de la Nueva Agenda Trasatlántica, que refleja la solidaridad profunda entre ambas orillas del Atlántico, y la existencia de unos intereses comunes permanentes.

En relación con el mundo árabe, debo reafirmar aquí el fortalecimiento de nuestra inalterable actitud de amistad. La política exterior española tiene en el Mediterráneo, y particularmente en el Magreb, uno de sus principales escenarios de interés y de proyección. España es un interlocutor cualificado para cualquier iniciativa de diálogo y cooperación que se genere en este espacio geográfico y cultural, como se puso de manifiesto en la Conferencia de Barcelona.

Es imprescindible también intensificar en defensa de los intereses de España nuestra presencia directa, y a través de la Unión Europea, en la cuenca asiática del Pacífico, especialmente en los campos económico y comercial.

España seguirá activamente presente en las organizaciones internacionales de las que forma parte. Continuaremos contribuyendo a las actividades de la diplomacia preventiva y a las misiones humanitarias y de paz.

Nuestras Fuerzas Armadas llevan a cabo una excepcional labor en la antigua Yugoslavia. Creo interpretar el sentir de la Cámara al expresar nuestro profundo reconocimiento por su tarea.

La política de cooperación y ayuda al desarrollo debe llevarse a cabo con la colaboración de las organizaciones sociales y dar tratamiento prioritario a los países más pobres y necesitados de Iberoamérica y a los del Norte de África.

Por último, en el ámbito de la política de seguridad, el Gobierno propiciará la participación activa de España en el proceso de adaptación de la Alianza Atlántica a las nuevas circunstancias del mundo y apoyará la ampliación del espacio de seguridad europeo a las nuevas democracias del Centro y del Este europeo.

Tenemos el resuelto propósito de fortalecer nuestra defensa nacional adaptándola a las exigencias de nuestro tiempo, con la finalidad del mejor cumplimiento del objetivo de seguridad que debe inspirar. Este objetivo viene delimitado por una triple referencia: la actitud de nuestras Fuerzas Armadas para llevar a cabo las misiones que tienen constitucionalmente encomendadas, los compromisos con la seguridad colectiva derivados de nuestra pertenencia a la Alianza Atlántica y la voluntad de contribuir a los instrumentos específicos de defensa en el ámbito europeo.

Para la satisfacción de estos fines precisamos unas Fuerzas Armadas más operativas, más flexibles, más reducidas y mejor dotadas. Y es en esta perspectiva de preservar mejor el valor de la seguridad donde se encuadra nuestra voluntad de iniciar la paulatina sustitución del actual modelo mixto de Fuerzas Armadas por otro estrictamente profesional que ya no exigiría la prestación del Servicio Militar obligatorio.

A tal fin, el Gobierno propondrá la constitución de una ponencia en el seno de la Comisión de Defensa de esta Cámara que estudie, con la voluntad de alcanzar el mayor consenso, la transformación gradual del modelo, así como la fórmula y los plazos para la supresión del Servicio Militar obligatorio, con una consideración cuidadosa de todos los factores económicos implicados.

Señor presidente:

Acabo de trazar las líneas generales y los puntos fundamentales del programa de gobierno para el cual solicito la confianza de la Cámara. El debate me permitirá aclarar o ampliar las cuestiones que tengan a bien plantear los Grupos parlamentarios; pero antes de él permítanme que haga unas consideraciones finales.

El programa con el que me propongo gobernar contiene una serie de reformas que afectan a nuestra vida social, económica y política. Son, me parece, reformas realistas y ambiciosas. Sus objetivos son alcanzables, aunque muchos de ellos requieren un notable esfuerzo y una decidida voluntad política para ponerlas en marcha, y están orientadas a dar en los próximos años los pasos que España necesita para avanzar en su modernización: que los ciudadanos sean más libres, la sociedad más abierta y ofrezca más oportunidades, la democracia funcione mejor, la economía sea más flexible y dinámica, se fortalezca la solidaridad entre los españoles.

Lo peor que puede ocurrirle a un pueblo es que caiga en la inercia y en la resignación, y la alternancia en democracia es el mejor método de superar estos dos peligros, porque nadie posee el don de disponer de recetas válidas para todas las estaciones.

Pero en una sociedad compleja, desarrollada y democrática, los avances han de hacerse por la vía de las reformas, lo que quiere decir que hay que asumir todo lo válido que se recibe y adoptar las medidas que favorezcan el dinamismo de la sociedad.

El programa de gobierno se basa en la confianza en la sociedad española, porque en los próximos años el protagonismo de ese esfuerzo modernizador ha de corresponderle más intensamente a ella. Si se me permite decirlo así, a los poderes públicos les compete servir con más modestia y mejor a la sociedad española. En todo caso, este impulso reformador exigirá mucho diálogo, mucha comprensión recíproca y el abandono de muchos prejuicios. Es a lo que yo invito a las fuerzas políticas y a todos los españoles. Sólo con reformas en la buena dirección la economía progresará, se consolidará y mejorará el Estado social de derecho, se fortalecerá nuestra convivencia y podremos participar, desde posiciones sólidas, en la construcción europea.

No podemos quedarnos parados. Avanzando juntos, reconociendo nuestro pluralismo y diversidad, respetándolo, logrando acuerdos inteligentes, actuando con lealtad a la Constitución, España podrá afrontar los problemas que tiene planteados y seguir construyendo su historia.

Señoras y señores diputados:

Para tales propósitos solicito la confianza de la Cámara.

Declaración sobre el comunicado de ETA

Lima, 17 de septiembre de 1998

Buenas tardes. ETA ha anunciado un cese indefinido en sus acciones violentas y quiero decirles que nada me alegraría más que ese anuncio se correspondiera con la realidad y fuera el inicio del abandono definitivo de la violencia, porque eso significaría que la sociedad vasca y el conjunto de la sociedad española verían cumplido un afán de paz y de convivencia por el que llevamos muchos años luchando y por el que hemos pagado todos los españoles, y especialmente los vascos, un precio muy alto.

Quiero también decirles que el Gobierno no es en absoluto insensible a las expectativas que una sociedad con capacidad de conciliación alimenta en este momento. Precisamente por ello, no quisiera que, una vez más, esa esperanza pueda transformarse en frustración; frustración por que estemos ante un movimiento táctico o frustración por que se ponga precio a la paz, olvidando el marco de convivencia que nos hemos dado, olvidando el respeto a la voluntad popular u olvidando el conjunto de valores en el que se asientan nuestra democracia y nuestras libertades.

Por eso creo que es momento de reiterar ante todos ustedes lo que les dije antes de llegar aquí, a Lima: que se respete a la sociedad, que se respeten sus ansias de paz, que nadie olvide que la paz sólo puede construirse sobre fórmulas de convivencia compartidas, sobre el respeto al pluralismo y sobre el respeto a los valores de la democracia.

Después de treinta años de actividad terrorista, no podemos conceder a la organización ETA el beneficio de la duda. Ha habido treguas, negociaciones, pero lo que nunca hemos visto es que ETA haya escuchado el clamor de la paz de los ciudadanos, dentro y fuera del País Vasco, y que éstos no se han cansado de manifestar.

Si realmente ETA quiere dar por acabada su trayectoria de muerte, debe saber que todo paso de credibilidad que quiera ganar debe ganarlo con hechos y no con declaraciones. Sobre ETA, y sólo sobre ETA, pesa la carga de la prueba. No hay ninguna razón para que los demócratas que promovemos las vías del diálogo y la apertura a la defensa pacífica de todas las opciones nos sintamos ahora sometidos a esa carga. Ésta es una oportunidad para la afirmación de los valores que defendemos y por los que muchos han muerto. Nada tenemos que demostrar, porque es nuestra la legitimidad para hablar de la paz.

El Gobierno ha asumido su responsabilidad en todo momento frente a la amenaza del terrorismo. Tengan la seguridad de que esa misma responsabilidad, esa misma fortaleza, esa misma convicción van a seguir presentes en nuestras decisiones y en nuestras iniciativas, aplicadas a los nuevos horizontes que de buena fe puedan abrirse.

El Gobierno contemplará las nuevas posibilidades que puedan abrirse en una situación consolidada y fiable de cese de la violencia desde su determinación de seguir trabajando por la paz dentro de los espacios de consenso alcanzados por todos los partidos democráticos.

Y quiero decirles, como máximo representante del Gobierno de España, a todos los ciudadanos españoles, y especialmente a los ciudadanos vascos, que debemos seguir siendo tenaces, perseverantes, en busca del gran objetivo de la paz construida sobre la convivencia. Como Presidente del Gobierno, seguiré a la cabeza de ese anhelo compartido.

La afirmación cívica y democrática de la sociedad frente a la violencia, la fortaleza del Estado de Derecho como garantía de nuestras libertades y nuestro marco constitucional y estatutario han sido las referencias constantes de la búsqueda de la paz, y siguen siendo plenamente vigentes.

Quiero anunciarles, finalmente, mi intención de realizar consultas, conversaciones, con todos los partidos democráticos, a los que desde ahora solicito un esfuerzo de unidad y de acuerdo en aras a la consecución de la paz y de un futuro común, que es, sin duda, patrimonio de todos.

Muchas gracias.

Intervención en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular

Madrid, 2 de septiembre de 2003

Queridos amigos:

Ésta es la última ocasión en que presido la Junta Directiva del Partido Popular. Quiero comenzar esta intervención diciéndoos que me siento muy orgulloso de presidir el Partido Popular y de haber tenido junto a mí a un equipo tan extraordinario como el que formáis vosotros y todos los militantes de nuestro partido.

Nunca podré agradecer bastante el apoyo sincero y cálido que he recibido siempre durante todos estos años, y que he notado especialmente estos últimos días. Un apoyo sin el que no habría podido desarrollar mi trabajo como presidente del Partido durante estos catorce años.

Entre todos hemos conseguido hacer del Partido Popular lo que es hoy. Un partido cohesionado, con un proyecto claro y sólido y con el mejor equipo. El primer partido de España, el que ha recibido la confianza mayoritaria de los ciudadanos. El que ha sabido hacer realidad las ilusiones y las esperanzas que tenían los españoles de vivir en un país mejor.

Y esto lo hemos conseguido por convicción, por coherencia y por responsabilidad.

Por convicción en las capacidades de España para convertirse en una de las grandes naciones democráticas del mundo.

Por coherencia entre nuestras ideas, nuestros discursos y nuestra acción de gobierno.

Por responsabilidad ante los ciudadanos que han dado su confianza a un proyecto que está logrando hacer de España un país más próspero y más fuerte.

Hoy estamos convocados para escribir, con la misma convicción, coherencia y responsabilidad, una nueva página de la historia del Partido Popular.

Queridos amigos:

En marzo los españoles acudirán a las urnas. No es una cuestión de trámite. Nuestro país se juega mucho. España está en condiciones de alcanzar las metas ambiciosas que se ha ido proponiendo, y conseguirlo o no dependerá del programa político que desarrolle el futuro Gobierno.

El Partido Popular está en las mejores condiciones para volver a presentar a los ciudadanos un proyecto político sólido. Un proyecto reformista, de centro, moderado. Un proyecto para asegurar la estabilidad institucional, continuar las reformas económicas y sociales hacia el pleno empleo, y mantener la firmeza contra el terrorismo dentro y fuera de nuestras fronteras.

Y creo que el proyecto del Partido Popular cuenta con el aval de los avances logrados durante estos años de Gobierno.

Nuestra labor de Gobierno ha consolidado a nuestro partido como una garantía de estabilidad institucional. Defendemos la estabilidad de las instituciones democráticas, recogidas en la Constitución, porque sin instituciones firmes no hay libertad protegida ni convivencia que pueda perdurar.

El Partido Popular es también garantía de dinamismo y de creación de oportunidades. Hemos conseguido abrir espacios de libertad para que la sociedad desarrolle su iniciativa. Así ha mejorado la calidad de vida y el bienestar de los españoles. Nunca en España los ciudadanos han contado con tantas oportunidades como ahora. Hoy España es un país creíble y que genera confianza.

Queridos amigos:

Me comprometí en su momento a que el proyecto del Partido Popular que se presentará a las próximas elecciones estuviera liderado por otra persona.

Ha llegado el momento de cumplir lo prometido.

Mi decisión de no volver a ser candidato a la Presidencia del Gobierno, como he dicho en tantas ocasiones, ha sido fruto de una forma de entender la política. Es un compromiso que adquirí ante el Congreso del Partido. El de fijar un horizonte temporal claro. El de no vincular un proyecto político a una persona. Creo que ha sido una buena decisión para el Partido Popular y también para nuestro país.

Un partido es una institución, y las instituciones son una garantía en una democracia. Tenemos un partido democrático, que tiene sus reglas y sus normas, aprobadas en el Congreso Nacional. Ahora lo que hacemos es aplicarlas, y gracias a eso podemos tomar las decisiones cuando corresponde y como corresponde.

Pero también tengo que deciros que, en mi opinión, una decisión como ésta sólo puede tomarse en el seno de un partido como el nuestro. Un partido sereno, unido, abierto. Un gran equipo dispuesto a seguir siendo el referente para todos aquellos españoles que creen en España y en sus posibilidades de ser una de las grandes naciones del mundo.

Quiero agradeceros vuestra actitud ante un cambio tan importante como el que estamos llevando a cabo hoy. Un cambio que vosotros habéis hecho sencillo gracias a la madurez, serenidad y confianza que habéis demostrado.

Queridos amigos:

El Comité Ejecutivo propone a la Junta Directiva Nacional que elija a Mariano Rajoy como candidato a la Presidencia del Gobierno en las Elecciones Generales del próximo mes de marzo. Creo que es una propuesta acertada, que responde a lo que el partido y la sociedad española requieren de nosotros.

Asimismo, el Comité Ejecutivo ha decidido poner en manos de Mariano Rajoy la Secretaría General del partido. Y yo, por mi parte, como Presidente, he decidido cederle todos los poderes que los Estatutos del partido me confieren.

Nunca he creído en decisiones a medias, ni en retiradas a medias. Las decisiones —y sobre todo las que son tan importantes como ésta— no se pueden tomar a medias.

Por eso os digo hoy que ésta no es una sucesión a medias, sino que es un relevo con todas las consecuencias.

Desde hoy, y si la Junta Directiva así lo acuerda, quiero decir con toda claridad que el líder del Partido Popular se llama Mariano Rajoy.

Quiero pediros vuestro respaldo a la propuesta del Comité Ejecutivo. Quiero pediros que a partir de hoy todos nos pongamos detrás de Mariano Rajoy. Yo, el primero.

Os pido a vosotros, y a todos los militantes del Partido Popular, que no le falte ni la colaboración, ni la lealtad, ni la confianza, como no me ha faltado a mí en todos estos años.

Mariano Rajoy ha demostrado sobradamente sus cualidades en todos los puestos y en todos los cargos que ha desempeñado en el Partido Popular, en el Gobierno de la Nación y en todas las instituciones por las que ha pasado. Lo sabemos todos los miembros del Partido Popular y creo poder decir que lo saben, lo reconocen y lo valoran los españoles.

Mariano Rajoy ha dado prueba de su responsabilidad, de su capacidad de trabajo y de su tenacidad. Ha dado prueba de sus dotes de organización, de su rigor y de su serenidad.

En ocho años de responsabilidades en el Gobierno de la Nación y en más de veinte años de actividad política, Mariano Rajoy ha dejado claro que es una persona en la que se puede confiar. Sea cual sea la tarea que le haya tocado asumir, por difícil que haya sido, la ha asumido con responsabilidad y con valentía. Y el resultado ha sido siempre el mejor.

Trabajar con Mariano ha sido para mí un verdadero privilegio. Siempre he tenido la tranquilidad de contar con un valor seguro y la confianza de saber que el Gobierno tenía en él una de sus bases más sólidas.

Pero además creo que Mariano tiene una cualidad que no es otra que la sensatez. Y cuando uno mira el panorama político, se da cuenta de que la sensatez es un bien bastante escaso. Por eso resulta tan valiosa, y por eso la valoran tanto los ciudadanos cuando encuentran un político como Mariano, con los pies en el suelo.

Mariano Rajoy representa el mejor presente y el mejor futuro del Partido Popular.

Os propongo que a partir de hoy todos tengamos como principal tarea que Mariano Rajoy sea el próximo Presidente del Gobierno. Con él, el proyecto de nuestro partido, nuestro proyecto para España, está en las mejores manos.

Queridos amigos:

No quiero terminar mis palabras sin hablar de algunas personas con quienes he tenido el honor de trabajar en estos años y que han ocupado las máximas responsabilidades en el Partido Popular.

Quiero destacar la labor que ha realizado en esta última etapa como Secretario General del Partido Popular Javier Arenas, a quien el Comité Ejecutivo ha designado como Vicesecretario. Nuestro partido es hoy sinónimo de solidez, cohesión y fortaleza, y un referente de buen hacer en el resto de Europa y del mundo. Y gran parte de este éxito es gracias a la dedicación y la entrega de Javier Arenas. Gracias, Javier. Tu labor ha continuado el excelente trabajo realizado durante años difíciles por Francisco Álvarez-Cascos y Ángel Acebes, a los que les debo mucho, y el partido les debe mucho.

En esta última Junta Directiva Nacional que presido también quiero dirigirme especialmente a los vicesecretarios generales, Rodrigo Rato y Jaime Mayor. Sois personas fundamentales para el proyecto del Partido Popular. Quiero agradeceros vuestra entrega, amistad y lealtad. No podría haber desempeñado mis responsabilidades sin vuestra ayuda.

Queridos amigos:

El Partido Popular no teme al futuro porque el futuro es el mejor aliado de nuestro proyecto. Sólo quien teme al futuro, porque no tiene ideas ni iniciativas para afrontarlo, es capaz de reabrir viejos problemas del pasado que ya habíamos resuelto.

Queremos que el futuro de España se siga conjugando con los verbos unir, convivir y progresar. No queremos que nuestra nación vuelva a conjugar los verbos dividir, enfrentar y retroceder.

El Partido Popular tiene un proyecto para reformar España. Un proyecto para hacer del futuro común de los españoles un espacio de certidumbres y oportunidades para todos.

Creemos en este futuro. Sabemos que se gana con la coherencia en la defensa de nuestros principios y valores, con el trabajo diario, pero también con nuevas personas y nuevos equipos.

El Partido Popular va a seguir siendo un modelo de fortaleza, de unidad y de cohesión. Y va a seguir trabajando, con el liderazgo de Mariano Rajoy, por una España más fuerte y más segura, más próspera y más cohesionada. La España en la que creemos todos los que formamos el Partido Popular. En la que cree la mayoría de los españoles. La España que ya está siendo y que sin duda será si nada nos distrae a los españoles de este objetivo, si no dilapidamos lo que hemos ganado juntos en estos años.

He recorrido un largo y apasionante camino con los hombres y mujeres del Partido Popular. Nunca he mirado atrás. Mi mirada sigue puesta hoy donde estuvo siempre: en la libertad y el bienestar de todos los españoles y en el futuro de nuestro partido. Y tengo la satisfacción de que hoy, también entre todos, hayamos dejado abierto ese camino por donde, estoy seguro, seguirán discurriendo juntos el porvenir de España y el del Partido Popular.

Muchas gracias.

FOTOS

De paseo en el parque del Retiro de Madrid.

Con toda mi familia en la terraza de nuestra casa de la calle Ibiza, en Madrid, cuando tenía un año y medio. Empezando por la izquierda: mi hermana Elvira; mis padres, Manuel y Elvira; mi hermano, Manolo; mi prima Mariví, que me tiene en brazos; y mi hermana Mercedes, Pity.

El día de mi primera comunión en el Colegio de El Pilar de Madrid.

A la derecha, mi abuelo Manuel Aznar Zubigaray con el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, y Carlos de Godó y Valls, conde de Godó, durante una visita a La Vanguardia —entonces La Vanguardia Española—, el 19 de noviembre de 1968. Detrás, el gobernador civil de Barcelona, Tomás Garicano Goñi.

Intervención de mi padre, Manuel Aznar Acedo, durante un acto de Radio Nacional de España en Barcelona a mediados de los años sesenta. Le acompañaban personalidades de la radio y la televisión de la época como Jorge Arandes, director de RNE en Barcelona, Federico Gallo o Basilio Gassent.

Con mis compañeros de clase del Colegio de El Pilar. Yo soy el cuarto por la izquierda de la primera fila. Justo detrás de mí está Ramón Gil-Casares, que hoy es embajador de España en Estados Unidos.

Cenando en un restaurante en la Casa de Campo de Madrid con motivo de la Feria del Campo. De izquierda a derecha: mi cuñada Pilar; mi hermano, Manolo; y mis hermanas, Elvira y Pity.

Con mi equipo de fútbol del Colegio de El Pilar en La Chopera del Retiro.

Con mi hermano, Manolo, en casa.

En la terraza de nuestra casa de la calle Ibiza de Madrid, con mi gato Criqui.

Con mis compañeros de curso en Atenas, en el viaje de fin de carrera que hicimos en la Semana Santa de 1975. La primera por la izquierda es Ana. Nos conocimos en este viaje y a los tres días le pedí que se casara conmigo.

Con mis compañeros de la segunda promoción de inspectores de Finanzas del Estado, todos excelentes profesionales. El séptimo por la izquierda de la fila de arriba es Miguel Blesa. Los dos fuimos destinados a Logroño y más tarde él se convertiría en presidente de Caja Madrid.

Mi primer mitin político. Tuvo lugar en el polideportivo Las Gaunas de Logroño y yo era entonces secretario general de Alianza Popular en La Rioja.

El 28 de julio de 1987 juré mi cargo como presidente de la Junta de Castilla y León en presencia del entonces ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, y los miembros de la Mesa de las Cortes regionales.

Mi Gobierno de Castilla y León. Éramos pocos y conseguimos hacer de la austeridad y la eficacia nuestras señas de identidad. De izquierda a derecha: Miguel Pérez Villar (Economía y Hacienda), Juan José Lucas (vicepresidente y consejero de la Presidencia), Jesús Posada (Fomento), Javier León de la Riva (Cultura y Bienestar Social) y Fernando Zamácola Garrido (Agricultura).

A las puertas de la iglesia de San Benito, en Valladolid. Venía de ser nombrado candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Popular y unos días después nos trasladamos a Madrid.

Con Ana, durante un paseo por Ávila en 1987 como presidente de Castilla y León. Nos acompañan nuestros buenos amigos Feliciano Blázquez y su mujer, Elena. Detrás, Sebastián González, un gran conocedor del Partido Popular en esa provincia, y Jesús Terciado, entonces presidente de la Diputación.

El 22 de diciembre de 1987, en Tordesillas, le impuse la medalla de oro de la Junta de Castilla y León a Don Juan de Borbón.

En Segovia, con los periodistas que siguieron nuestra campaña en las elecciones autonómicas de Castilla y León del 10 junio de 1987. El segundo por la izquierda, en primera fila, es Miguel Ángel Rodríguez, entonces incisivo periodista de El Norte de Castilla. A mi derecha, un poco escondido, mi amigo y entonces conductor Juan Vilches.

En el Club Siglo XXI con el entonces presidente de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha, minutos antes de pronunciar la conferencia en la que propuse un proyecto político alternativo para el centro-derecha. Era el 29 de febrero de 1988.

Como presidente de la Junta de Castilla y León, el 11 de septiembre de 1987 mantuve mi primera audiencia con Su Majestad el Rey. Mi ademán algo rígido es consecuencia de los interesantes consejos de Antonio Fontán.

Con Ana y mis hijos, José María, Ana y Alonso, durante una de las numerosas y felices vacaciones de verano que disfrutamos en Castellón.

Durante un mitin en la plaza de toros de Barcelona con motivo de la campaña de las elecciones generales de 1993. La Monumental estaba a rebosar.

Con Alejo Vidal-Quadras, entonces líder del PP en Cataluña, en un mitin celebrado en el Palau Sant Jordi de Barcelona durante la campaña de las elecciones municipales de mayo de 1995.

Primera visita familiar al Papa Juan Pablo II. Fue en 1993 y yo todavía era líder de la oposición.

Con el abad Clemente Serna durante una visita al monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos. En hombros llevo a mi hijo pequeño, Alonso.

Vista aérea del gran mitin que celebramos en el estadio de fútbol de Mestalla, en Valencia, el 29 de febrero de 1996 con motivo de la campaña de las elecciones generales. Fue el mayor acto político jamás celebrado por un partido en España.

El 28 de abril de 1996 suscribí un acuerdo con Jordi Pujol, Josep Antoni Duran i Lleida y la cúpula de CiU, en un hotel del centro de Barcelona: el pacto del Majestic. Fue un buen pacto, positivo para España y para Cataluña.

Durante mi intervención en el debate sobre el estado de la nación celebrado los días 19 y 20 de abril de 1994. Desde la tribuna, le dije al entonces presidente del Gobierno una frase que vendría a resumir el fin del ciclo socialista: «¡Váyase, señor González!».

Con Felipe González, en uno de los encuentros que mantuvimos en el Palacio de la Moncloa siendo yo todavía líder de la oposición.

Con Margaret Thatcher, a las puertas de sus oficinas de Londres, el 29 de octubre de 1991. Un año antes, ella había dimitido de su cargo de primera ministra británica y yo había sido elegido presidente del PP.

El 19 de abril de 1995 la banda terrorista ETA hacía el primer intento de asesinarme. Así quedaron mi coche y la calle José Silva de Madrid después del atentado.

Con Gregorio Ordóñez unos días antes de que ETA lo asesinase en San Sebastián, el 19 de enero de 1995. Gregorio había sido y será siempre un referente de valentía en la defensa de España y de la libertad.

El 10 de julio de 1997, ETA secuestró al joven Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua. Decidí acudir, en compañía de Ana, a la masiva manifestación de condena en Bilbao, dos días después. A pesar del clamor popular, esa misma tarde los terroristas asesinaron a Miguel Ángel.

Con los ministros de mi primer Gobierno en las escaleras de la Moncloa. De izquierda a derecha y de abajo arriba: Eduardo Serra (Defensa), Abel Matutes (Asuntos Exteriores), Francisco Álvarez-Cascos (vicepresidente primero y ministro de la Presidencia), Rodrigo Rato (vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda), Margarita Mariscal de Gante (Justicia), Jaime Mayor Oreja (Interior), Javier Arenas (Trabajo y Asuntos Sociales), Rafael Arias-Salgado (Fomento), Esperanza Aguirre (Educación y Cultura), Josep Piqué (Industria y Energía), José Manuel Romay Beccaría (Sanidad y Consumo), Loyola de Palacio (Agricultura, Pesca y Alimentación), Mariano Rajoy (Administraciones Públicas) e Isabel Tocino (Medio Ambiente).

Manuel Fraga fue la primera persona a la que invité a la Moncloa como presidente del Gobierno. Fue el 7 de mayo de 1996 y nos saludamos con un fuerte abrazo.

Con Ana, entrando en el Palacio de la Moncloa, después de jurar el cargo de presidente del Gobierno ante Su Majestad el Rey.

Con el canciller de Alemania, Helmut Kohl, en su famoso bungalow en Bonn. Agosto de 1994.

En 1995 me reuní por primera vez con el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Siguiendo instrucciones del Gobierno socialista, tuvimos que vernos en la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas.

Con el presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, durante la convención celebrada por el RPR en Arcachón, en 1989.

Con el poeta Rafael Alberti en su casa del Puerto de Santa María, en 1993.

Con nuestro amigo el escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa durante el acto de su ingreso en la Real Academia Española de la Lengua, en 1994.

Con el escritor argentino Ernesto Sabato y su mujer, en su casa de Buenos Aires.

Con Rodrigo Rato y Francisco Álvarez-Cascos, los dos puntales del equipo que logró convertir al Partido Popular primero en alternativa al PSOE y luego en Gobierno de España.

Con Rodrigo Rato, Francisco Álvarez-Cascos, Mariano Rajoy y Jaime Mayor en 1996. Juntos formamos un gran equipo de Gobierno para España. Ocho años después de esta foto, Mariano, Rodrigo y Jaime se convertirían en protagonistas de mi sucesión al frente del Partido Popular.

Desayunando con Ana en la vivienda del Palacio de la Moncloa.

Memorias I

José María Aznar

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal)

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47

© de la imagen de la portada, David Mudarra

© José María Aznar, 2012

Fotografías del interior: AESA, AP, Archivo del autor, © Paco García, © Manuel Hernández de León / EFE, Povedano, Official White House, © Cacho, Archivo PP , © Alberto Rodrigo, © Christian Boyer / DGIC, © Javier Lizón / Archivo PP, © Vimagen, © Lozano, Agencia EFE, © F. Olivares, © Unicolor, © Ricardo, © Javier Lumbreras, © Albert Ramis / El Mundo, © Santos Cirilo / El País, © José Cuadrado / EFE , © Arturo Mari / L’Osservatore Romano, © Eugenio, © Kote Rodrigo / EFE , © Julián Martín / EFE

© Editorial Planeta, S. A., 2012

Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)

www.editorial.planeta.es

www.planetadelibros.com

El editor quiere agradecer las autorizaciones recibidas para reproducir imágenes protegidas en este libro. Se han realizado todos los esfuerzos para contactar con los propietarios de los copyrights. Con todo, si no se ha conseguido la autorización o el crédito correcto, el editor ruega que le sea comunicado

Primera edición en libro electrónico (epub): noviembre de 2012

ISBN: 978-84-08-03377-6 (epub)

Conversión a libro electrónico: Víctor Igual, S. L.,

www.victorigual.com

Notas

¹ La candidatura que presidía Miguel Herrero tenía como vicepresidentes a Isabel Tocino, Luis Ramallo, Mario Amilivia y Juan Manuel Fabra. Yo era el candidato a secretario general. Y como vocales la integraban Federico Trillo, Arturo Escuder, Celia Villalobos, Rodrigo Rato, Santiago López Valdivielso, Alberto Durán, José Antonio Trillo López Mancisidor, Javier Carabias, Rogelio Baón, Joaquín Sisó, Pancha Navarrete, José Miguel Ortí Bordás, Juan Carlos Gimeno y Luis Gerardo López Delgado.<<

² Además de Ana, en la totalidad de aquellos tres viajes a las capitales vascas me acompañaron Javier Zarzalejos, Javier Arenas, Mariano Rajoy, Rodrigo Rato, Alfredo Timermans, Alfonso Nasarre, Antonio Cámara, Antonio López Istúriz, Anselmo Corral, Francisco Javier Romero, Miguel Povedano, Bernardino Lombao, Julio Cobo, Neftalí Serrano, Purificación Serrano, Francisco Romero y David Corral.<<