Índice

PORTADA

PRÓLOGO

PRIMERA PARTE. LA CRISIS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

1. LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL: ¿QUÉ HA OCURRIDO?

2. LA ERA DE LAS EXPECTATIVAS DESBORDADAS Y SUS CONSECUENCIAS GEOPOLÍTICAS

3. ¿HA FALLADO EL ESTADO? ¿HA FALLADO EL MERCADO?

4. LOS PRINCIPIOS MORALES DE LA PROSPERIDAD

SEGUNDA PARTE. LA CRISIS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

5. EL ÉXITO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA ENTRE 1996 Y 2006

6. CINCO AÑOS DE SOCIALISMO (2004-2009): ESPAÑA VUELVE A LA CRISIS ECONÓMICA

7. ASPECTOS CULTURALES DE LA CRISIS

TERCERA PARTE. CÓMO SUPERAR LA CRISIS

8. ESPAÑA ANTE LAS CRISIS INTERNACIONALES

9. POLÍTICAS QUE AGUDIZAN LA CRISIS ECONÓMICA

10. POLÍTICAS ECONÓMICAS PARA SALIR DE LA CRISIS

11. MÁS ESPAÑA Y UNA MEJOR EDUCACIÓN PARA SALIR DE LA CRISIS

12. EL IMPULSO POLÍTICO PARA SALIR DE LA CRISIS

CRÉDITOS

Prólogo

Me decidí a escribir este libro en la primavera de 2008 cuando España se sumergía a toda velocidad en una grave crisis económica y social, y el Gobierno español seguía instalado en el negacionismo de la crisis.

Fui muy consciente de que, para el momento en el que este libro viera finalmente la luz, la situación económica en España se habría agravado y la pesadilla del paro masivo habría vuelto a castigar a la sociedad española. Fui asimismo consciente de que la crisis económica y el incremento del paro acabarían por deteriorar el sistema bancario español. Y fui también consciente de que, ante la crisis, los gobernantes se escudarían, como en anteriores ocasiones, en la excusa de su carácter global para eludir su responsabilidad por las consecuencias de sus malas políticas.

Pero lo que más me movió a escribir este libro fue evitar que la sociedad española se instalara en el pesimismo, en el nada se puede hacer para salir de la crisis. Efectivamente, la cantinela hoy de moda repite, cada día de forma más machacona, que habrá que esperar a que sean otros quienes tiren de la economía global para que podamos salir de la crisis.

Es curioso que los mismos que negaron la mera posibilidad de que España pudiera entrar en crisis hayan sido después quienes más empeño han puesto en buscar culpables externos y en pretender que todo es una suerte de tsunami exterior que nos empobrecerá sin que podamos hacer nada para evitarlo, o siquiera para limitar sus efectos adversos. Tan falsa era su pretensión negacionista de hace muy poco como cierta es su intención actual de eludir cualquier responsabilidad tanto en el alcance y profundidad de la crisis como, de cara al futuro, en las medidas que deberían tomarse para superarla cuanto antes y de la mejor manera posible.

Es evidente que hay una crisis global que, como tal, golpea a todos. Pero es igual de evidente que, siendo global, golpea a España de manera especialmente grave debido a factores internos que son inocultables y que amplían la profundidad y el alcance de la crisis. En este libro analizo la crisis en España, reflexiono sobre los factores propios que la agravan, que son políticos, sociales y morales, y propongo un renovado proyecto para España que incluye una Agenda Nacional de Reformas para superar la crisis.

He escrito este libro desde tres convicciones personales. La primera es que toda crisis es, en última instancia, una crisis política. Me parece que ya es evidente que la crisis está golpeando con tanta dureza a España porque, cuando llegó, nuestro país ya sufría un fuerte deterioro político, social y también de valores. Estoy firmemente convencido de que como la crisis es, al final, política, la solución también deberá ser política. Es decir, sólo con un ambicioso proyecto reformista y con la determinación de poner en marcha las medidas necesarias que convoquen a toda la sociedad en un objetivo de futuro, será posible superar la crisis y retomar la senda de la prosperidad y progreso para España.

Mi segunda convicción es que necesitamos que todos los españoles recuperen la voluntad de unir sus esfuerzos para volver a poner a España en marcha. La crisis es, y va a ser, de tal profundidad que se necesitará un gran esfuerzo colectivo y el sacrificio de todos para superarla.

Me parece que es evidente que uno de los principales problemas que hoy tiene España es que el impulso político nacido históricamente durante la Transición democrática se ha agotado. Necesitamos recuperarlo. Aquél fue un impulso político que convocó a todos los españoles, como nación, para que España pudiera ser un país normal, una democracia parlamentaria, un régimen político abierto y perfectamente comparable a los de cualquier democracia consolidada, con una economía de libre mercado que también pudiera competir en el mundo. Necesitamos recuperar un impulso político que convoque a todos y que pueda ser compartido por una amplia mayoría.

Lo necesitamos porque es indispensable poner en marcha una ambiciosa Agenda Nacional de Reformas para que España supere la crisis y vuelva a tener una economía competitiva y pujante. Como es indispensable, nos hará falta aglutinar los mayores apoyos posibles y ser muy conscientes de que, en todo caso, las reformas son imprescindibles.

Mi tercera convicción es que podemos superar la crisis. Estoy seguro de ello porque confío en mi país y en su capacidad. Estoy convencido de que podemos conseguirlo porque vi muy de cerca —me atrevo a decir que, en alguna medida, fui protagonista— cómo España superó la gravísima crisis de los años noventa. Estoy convencido porque sé que los españoles responden con trabajo y generosidad cuando se les convoca a un objetivo nacional que merece la pena.

El problema es que en los últimos años hemos equivocado el rumbo, perdido el tiempo y hasta retrocedido. Y ahora el deterioro económico y social marca la urgencia de las reformas. Será más difícil, pero no es imposible. Mi confianza está bien fundamentada, entre otras cosas porque se apoya en la experiencia y en los hechos. Sé que los españoles podemos superar situaciones muy difíciles porque lo hemos hecho en el pasado. Sé de la capacidad de trabajo, de superación y de mejora de los españoles porque he tenido el honor, durante ocho años, de liderar esta nación como presidente del Gobierno.

He escrito este libro como una apelación a la esperanza y a la responsabilidad. Harán falta líderes capaces de transformar las propuestas de reforma en políticas reformistas y de convocar a una amplia mayoría de los españoles para que esas políticas tengan el respaldo y la aceptación necesarias para que funcionen. Confío en que mis reflexiones puedan ayudar, siquiera mínimamente, en esta imprescindible tarea.

PRIMERA PARTE

La crisis de la economía mundial

CAPÍTULO 1

La crisis financiera internacional: ¿qué ha ocurrido?

Agosto de 2007: estalla la crisis financiera

Tras casi treinta años de intenso crecimiento económico mundial y los cinco mejores años de prosperidad para todo el planeta desde la segunda guerra mundial, en el verano de 2007 la economía mundial entró en crisis.

Lo que comenzó como una crisis financiera, que estalló en el mes de agosto de 2007, en poco tiempo se convirtió en una aguda crisis del conjunto de la economía mundial, extendida a todos los países. Se trata de la crisis más grave de los últimos veinticinco años, que en España amenaza con convertirse en la crisis más dura de los últimos setenta y cinco.

En menos de dos años, la economía mundial ha pasado de crecer el 5 por ciento anual (en 2007) a registrar tasas de crecimiento muy próximas a cero o incluso negativas (en 2009). En España el deterioro económico ha sido más rápido y más profundo.

En estos dos años, todas las economías del mundo han visto frenado bruscamente su crecimiento, pero hay grandes diferencias entre cómo está golpeando la crisis a unos países y otros. La crisis no está afectando a todos por igual, ni mucho menos. España es, lamentablemente, uno de los países peor parados.

Las economías de los países más prósperos y desarrollados son las que en una primera fase se han visto azotadas por la crisis con mayor virulencia. La economía norteamericana y prácticamente todas las economías europeas han caído hasta entrar en recesión o, lo que es lo mismo, se han sumergido en una profunda crisis que se traduce en caídas de la renta y el empleo. La consecuencia social más dramática de esta crisis es el crecimiento del paro y el rebrote de la pobreza. La crisis está siendo particularmente dura y profunda en España que, por desgracia, está a la cabeza del crecimiento del paro de todas las economías desarrolladas. España va a pasar de crecer más del 3 por ciento en 2007 a caer, si se cumplen las previsiones de los analistas, un 3 por ciento en 2009, algo desconocido en casi ocho décadas.

Las advertencias que muchos desoyeron

Aunque de poco sirvan ahora sus advertencias, antes del estallido de la crisis financiera del verano de 2007 no pocos analistas solventes habían alertado de los errores en la política económica y de los excesos financieros e inmobiliarios de las principales economías del mundo.

Como ocurre frecuentemente en los periodos previos a los episodios de crisis, esas advertencias fueron recibidas con desdén por muchos gobernantes. Algunos optaron por ridiculizar de forma irresponsable los avisos sobre la llegada de la crisis, calificando de catastrofistas y antipatriotas a los buenos profesionales de la economía que se limitaban a hacer su trabajo con acierto y a los políticos responsables y prudentes que advertían de los problemas que se avecinaban. En su pecado de soberbia y prepotencia llevan hoy la penitencia de la crisis económica y social, con su cara más dramática, la del paro masivo. La factura, no obstante, no la pagan esos gobernantes irresponsables, imprudentes e incompetentes. Recae sobre el conjunto de los ciudadanos, especialmente sobre los más débiles.

¿Qué ha ocurrido?

A día de hoy, el diagnóstico sobre las causas de la crisis económica mundial es prácticamente unánime entre los analistas más reconocidos.

A la mayoría de los ciudadanos quizás no les interese demasiado profundizar en las razones que nos han llevado a esta crisis. Comprensiblemente, lo que más interesa hoy a los ciudadanos de cualquier país es cómo salir de la crisis y qué se puede hacer para volver a las etapas de crecimiento y de creación de empleo. Pueden estar tranquilos, porque de ello nos ocuparemos en los próximos capítulos.

Pero, como ocurre en medicina, antes de hablar sobre la terapia que se debe aplicar para curar la enfermedad es imprescindible entender bien qué es lo que ha sucedido. Sin un buen diagnóstico, la terapia no funcionará.

Comprender las razones de la crisis es también importante porque ayudará a elevar la cultura económica de los ciudadanos y a evitar que políticos sin escrúpulos les engañen en el futuro, tanto con su política económica como en sus campañas electorales. Los ciudadanos deben tener claro que las malas políticas producen malos resultados y las políticas irresponsables acaban produciendo graves consecuencias para todos.

Hoy se comparte ampliamente que la crisis económica mundial tiene su origen fundamental en varios factores clave:

1) Los excesos cometidos por los principales bancos centrales del mundo, las «fábricas de dinero», comenzando por la Reserva Federal de Estados Unidos y continuando por el Banco Central Europeo, que cometieron el grave error de inundar de dinero la economía mundial en fases de bonanza.

2) Los graves errores cometidos por los Estados en su función de regular adecuadamente la actividad financiera.

3) Los errores cometidos por los Estados en su responsabilidad de supervisar correctamente la salud del sistema bancario y el buen funcionamiento de los mercados de valores.

4) Las profundas equivocaciones de buena parte de los gobiernos en el planteamiento de sus políticas públicas. El Gobierno de Estados Unidos se equivocó gravemente en su política de vivienda, que se ha demostrado imprudente por los avales públicos concedidos masivamente a personas insolventes. En Europa, la mayoría de los gobiernos se equivocó apostando por el gasto público excesivo y la ausencia de reformas económicas.

5) Los excesos cometidos por la mayoría de los bancos en casi todo el mundo, que con grave miopía y notable imprudencia incurrieron en graves errores de gestión del riesgo, concediendo un enorme volumen de créditos sin suficientes garantías.

6) La grave falta de transparencia, profesionalidad y ética en los mercados financieros, que se ha traducido en estafas y escándalos multimillonarios.

Trataré de explicar lo sucedido en las líneas que siguen.

Todo empezó en 2001, cuando Alan Greenspan, que durante cuatro mandatos presidenciales en Estados Unidos (con Ronald Reagan, George Bush padre y Bill Clinton) fue el gobernador de la Reserva Federal (la fábrica de dólares estadounidenses), inundó de dinero y crédito la economía estadounidense, rebajando drásticamente los tipos de interés, hasta el 2,5 por ciento.

Con los tipos de interés tan bajos, los bancos estadounidenses intentaron incrementar su rentabilidad aumentando su volumen de préstamos. Su política comercial les llevó a otorgar préstamos hipotecarios a familias con ingresos bajos e inestables y, por tanto, con una alta probabilidad de no poder devolver el préstamo y convertirse en insolventes. Se trata de los conocidos préstamos subprime o de alto riesgo, es decir, de los préstamos con menos garantía de lo normal que, a cambio de tener un riesgo superior, rendían un interés más alto para el banco.

En medio de una burbuja inmobiliaria como la existente en Estados Unidos en esa época, en la que los precios de la vivienda crecían intensamente año tras año, los bancos pensaron que el riesgo de impago de esas hipotecas de alto riesgo quedaba compensado por la intensa y continuada subida del precio de la vivienda. Los bancos confiaron en recuperar el crédito, en caso de dificultad, mediante la venta de la vivienda a un precio superior al del crédito pendiente de pago.

Pero la imprudencia de los bancos estadounidenses no se quedó ahí. Para incrementar aún más su rentabilidad, los bancos optaron por multiplicar el volumen de crédito concedido sin calibrar bien el riesgo en que incurrían. Los bancos se enfrentaban a la limitación impuesta por la regulación financiera internacional, acordada en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea por casi todos los países desarrollados, que fija un volumen máximo de préstamos en función del capital del banco. Y, a falta de mayor capital, los bancos optaron mayoritariamente por vender a fondos de inversión los préstamos hipotecarios previamente concedidos. Con el dinero obtenido de la venta de esos préstamos hipotecarios, los bancos volvían a prestar dinero a clientes de alto riesgo, y repetían la operación.

De esta manera, el riesgo de las hipotecas de alto riesgo (subprime) comenzó a centrifugarse fuera del sistema bancario tradicional. Los fondos de inversión compraban las hipotecas de alto riesgo, las empaquetaban y troceaban y las vendían por todo el mundo. Sin explicar cómo y por qué, vendían como productos financieros de máxima calidad lo que realmente eran, en buena medida, «hipotecas basura». Y si las vendían era porque había alguien que las compraba. Profesionales de las finanzas supuestamente cualificados compraban en todo el mundo activos financieros de alto riesgo a precio de activo de la máxima seguridad. Y todo ello sin que las agencias públicas de supervisión detectaran estas malas prácticas.

Toda esa bola de nieve creció y aguantó mientras el precio de la vivienda subía. Pero llegó un momento en que el precio de la vivienda dejó de subir. Las familias estadounidenses que habían pedido prestados al banco 200.000 dólares vieron que su casa sólo valía 160.000 y tuvieron que tomar una decisión: devolver una casa de 160.000 dólares o devolver una hipoteca de 200.000 dólares.

La ley hipotecaria estadounidense (no así la española) permite elegir, así que muchas familias norteamericanas optaron por dejar de pagar el préstamo hipotecario y devolver al banco la casa hipotecada.

Los bancos estadounidenses empezaron de este modo a acumular préstamos morosos y miles de casas que intentaban vender, cada vez más infructuosamente. Y entonces la burbuja inmobiliaria estalló definitivamente. Los inmuebles hipotecados acumularon abultadas pérdidas de valor que convirtieron los préstamos garantizados por esas hipotecas de alto riesgo (que por algo lo eran) en activos de bajo valor, en «préstamos basura».

El problema se extendió al conjunto de la economía mundial cuando los inversores se dieron cuenta de que esos préstamos habían sido vendidos a bancos y fondos de inversión de todo el mundo. Con todo, lo peor no fue eso. El problema principal se planteó cuando la gente se dio cuenta de que nadie sabía ni cuántos «préstamos basura» había ni quién los tenía. Se extendió así el virus de la desconfianza, un virus que si no se trata a tiempo puede ser mortal para cualquier sistema financiero. Y es que, como nunca me canso de repetir, la economía está basada en la confianza.

Como los bancos optaron por no hacer público el grado de contagio del problema de las hipotecas estadounidenses, la desconfianza se extendió como la pólvora.

De la crisis de las hipotecas de alto riesgo al colapso del crédito

Los bancos dejaron de prestarse dinero unos a otros, temerosos de que el banco al que prestaban estuviera contagiado del «virus subprime» y pudiera quebrar, con lo que el banco prestamista perdería su dinero.

Los bancos que sí prestaban a otros bancos optaron por aplicar tipos de interés muy altos que compensaran el mayor riesgo que asumían: se dispararon así los tipos de interés interbancarios (como el Euribor), que son los que sirven de referencia para fijar los tipos de interés de las hipotecas de millones de familias. Se generó de esta forma un incremento muy fuerte en las cuotas mensuales de los préstamos hipotecarios y se agudizó, de paso, el problema de morosidad, que se extendió a familias que no eran de alto riesgo, sino familias normales, solventes con tipos de interés normales pero no con tipos de interés tan altos.

En algunos países, en particular Reino Unido y España, al problema de la crisis hipotecaria estadounidense se unió el estallido de una burbuja inmobiliaria propia, que reprodujo en el plano nacional el problema estadounidense de los créditos de alto riesgo. Muchos bancos extranjeros que hasta ese momento prestaban a las cajas de ahorro y bancos españoles dejaron de prestar, no porque las entidades españolas hubieran comprado créditos de alto riesgo estadounidenses en una cuantía relevante, sino porque llegaron a la conclusión de que buena parte de los créditos concedidos por las cajas y bancos españoles eran créditos de alto riesgo (subprime) made in Spain.

Con todo, los bancos estadounidenses tenían asegurada parte de los riesgos de los préstamos subprime con entidades especializadas como Bear Stearns, AIG y dos empresas públicas de Estados Unidos popularmente conocidas como Freddie Mac y Fannie Mae. El problema fue que la morosidad se disparó tanto que las aseguradoras se quedaron sin dinero para hacer frente a sus compromisos y pasaron a ser insolventes. La quiebra de todas ellas, a la que se uniría la quiebra del banco Lehman Brothers, agudizó la crisis de confianza en el sistema financiero mundial y abrió las puertas al pánico financiero.

El plan de emergencia del Gobierno estadounidense: el plan Paulson

Afortunadamente, el Gobierno estadounidense, de la mano del secretario del Tesoro, Henry Paulson, reaccionó a tiempo. Paulson comprendió la gravedad de la situación derivada de la descapitalización de los bancos estadounidenses y fue plenamente consciente de las consecuencias del eventual riesgo de pánico financiero y del consiguiente colapso del sistema bancario estadounidense y mundial.

Paulson propuso el plan de rescate del sistema financiero estadounidense que lleva su nombre. Contaría finalmente, tras algunos cambios sobre la propuesta inicial, con el apoyo del entonces candidato presidencial Obama. Más tarde, todos los gobiernos de los países desarrollados adoptaron, con variantes en su contenido, planes de rescate bancario similares al Plan Paulson. El ya presidente Obama amplió el Plan Paulson en sus primeras semanas como nuevo presidente de Estados Unidos.

A los planes de rescate se unirían las medidas de ampliación de la garantía de los depósitos bancarios, fundamentales para tranquilizar a los ciudadanos, muchos de ellos tentados de retirar su dinero de los bancos, lo que hubiera provocado una hecatombe.

El mensaje de los gobiernos, absolutamente imprescindible para apuntalar el sistema financiero, fue claro y nítido: no se dejaría caer a ningún banco. El riesgo del pánico bancario se fue poco a poco disolviendo.

A partir de ese momento el problema más grave para la economía mundial se trasladó del terreno financiero al resto de la economía.

Desde el estallido de la crisis financiera, los bancos no sólo han recortado los préstamos a otros bancos, sino que han recortado también sus préstamos a las empresas no financieras. Se abortan así múltiples proyectos de inversión, lo que contribuye a deprimir la economía y a agudizar la crisis. Se frena el crecimiento, se dejan de crear puestos de trabajo y las economías desarrolladas entran en recesión.

¿Una nueva Gran Depresión?

En esta situación, la pregunta es, naturalmente, qué hacer. Los ciudadanos exigen soluciones para salir de la crisis. Y, desde luego, se puede y se debe actuar. Pero lo importante es acertar en el diagnóstico y actuar en la dirección adecuada, evitando incurrir en errores que sólo sirvan para empeorar la situación.

Porque lo cierto es que en estos tiempos de crisis, de estallido de burbujas de activos inmobiliarios y financieros, de intensa desaceleración de la economía mundial, de recesión en Estados Unidos y en parte de Europa y de pronósticos de contracción del comercio mundial, proliferan los enfoques catastrofistas que concluyen que lo que hay que hacer es acabar con la economía de libre mercado.

Algunos hablan de la crisis de 1929 corregida y aumentada, de la «caída del muro de Berlín del capitalismo» y de la necesidad de «refundar el capitalismo».

Mi opinión es que ni esta crisis representa el final del capitalismo ni tiene por qué desembocar en algo parecido a una nueva Gran Depresión mundial como la de los años treinta que, recordemos, redujo la renta por habitante en Estados Unidos nada menos que un treinta por ciento en tres años y llevó la tasa de paro a casi el 30 por ciento.

Esta recesión mundial, que va a ser dura y que puede llegar a ser más larga de lo previsto, sólo tiene una oportunidad de convertirse en una nueva gran depresión mundial comparable a la de los años treinta del siglo pasado: que los gobernantes cometan graves errores de política económica, como los que cometieron los gobernantes de principios de los años treinta. Y no se puede descartar esa posibilidad.

Con todo, la economía mundial es hoy muy diferente a la de 1929. La situación actual se parece a la de la Gran Depresión en la fuerte caída de las bolsas mundiales, en la fuerte caída de los precios de la vivienda en muchos países y en los graves problemas de no pocas entidades financieras. Pero de ahí no se puede extraer la conclusión de que se avecina una nueva Gran Depresión.

Episodios de fortísimas caídas de las bolsas se han producido varios en Estados Unidos y Europa durante los últimos veinte años. En 1987 y en 2000 (con el estallido de la burbuja tecnológica), sin ir más lejos. Episodios de graves crisis bancarias los han sufrido muchos países; sin ir más lejos, España y Estados Unidos en los años ochenta, y Suecia en los noventa.

Mi opinión es que existen diferencias importantes entre la crisis de 1929 y la crisis actual. Muchas de esas diferencias provienen precisamente de las lecciones de la Gran Depresión.

La primera es que en 1929 los depósitos bancarios no estaban asegurados. Millones de estadounidenses perdieron sus ahorros por las quiebras bancarias que entonces se produjeron a consecuencia de la retirada masiva de depósitos. Hoy los depósitos bancarios están garantizados y evitan cualquier riesgo de colapso bancario.

La segunda es que en 1929 el sistema monetario era el patrón oro, que limitaba mucho la capacidad de reacción de la Reserva Federal al obligar a que todo el dinero emitido por el banco central estadounidense tuviera el correspondiente respaldo en reservas de oro. Las quiebras de los bancos estadounidenses provocaron entonces una contracción acelerada del dinero en circulación y del crédito que contribuyó decisivamente a hundir la economía norteamericana.

Hoy no existe el patrón oro, sino que los bancos centrales de todo el mundo pueden emitir todo el dinero que consideren oportuno. De hecho, llevan tiempo aumentando la cantidad de dinero a través de mayores préstamos a los bancos.

La tercera gran diferencia es que en la economía de los años treinta se instaló una aguda deflación. Esto significa que los precios y los salarios bajaban continua e intensamente, condenando a la quiebra a millones de familias con deudas, que de pronto vieron que sus sueldos no dejaban de bajar pero la deuda con el banco era la misma, hasta llegar a la insolvencia, agravando con ello los problemas financieros de los bancos. Hoy la situación parece diferente, si bien es cierto que en algunos países el riesgo de deflación no es pequeño.

La cuarta diferencia reside en la abismal diferencia entre la renta por habitante de Estados Unidos en 1929 (unos 6.000 dólares en precios de hoy) y la actual (unos 36.000 dólares). Una caída de la renta por habitante de 6.000 a 3.500 dólares genera gravísimos problemas de subsistencia a millones de familias. Una caída de la renta por habitante de 36.000 a 35.000 dólares no tiene comparación alguna con el problema anterior. Lo mismo podría decirse respecto de la segunda economía mundial, la europea.

La quinta diferencia es que la economía estadounidense y buena parte del resto de la economía mundial es hoy más fuerte gracias a los avances tecnológicos y los nuevos conocimientos desarrollados en las últimas décadas, especialmente en las universidades y empresas de vanguardia de Estados Unidos. Las inversiones en muchos sectores de futuro están generando importantes rendimientos que más tarde o más temprano relanzarán la economía mundial, comenzando por la norteamericana.

Hay, sin embargo, dos puntos en común de la actual crisis con la de 1929:

El primero es la indeseable reacción proteccionista que hemos comenzado a ver en la nueva Administración Obama y en algunos gobiernos europeos, en particular, el francés y el español. En algunos gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea vuelven los discursos y las políticas proteccionistas y de ayudas públicas a la industria nacional.

Conviene recordar que en 1929 la reacción de Estados Unidos ante la crisis fue cerrar sus fronteras y promover las compras de productos americanos poniendo aranceles a las importaciones. Por entonces se hizo tristemente célebre el arancel Smooth-Hawley. Naturalmente, los gobiernos del resto del mundo no permanecieron impasibles y reaccionaron a su vez con nuevos aranceles a los productos norteamericanos, generando una espiral proteccionista que contribuyó a profundizar la Gran Depresión.

La segunda similitud con los años treinta es la falta de confianza que están transmitiendo muchos gobernantes, que dan la impresión de que no saben qué hacer, que aprueban unos planes y luego otros, muchas veces contradictorios entre sí, y transmiten así desconfianza al conjunto de la sociedad. Esto es, quizás, lo más grave.

Con todo, las reflexiones anteriores me llevan a la conclusión de que ésta no es la primera crisis financiera ni la primera recesión desde 1929 y, sobre todo, que, siendo profunda y global, es bastante diferente de la de entonces. Las lecciones del pasado deben precisamente servir para evitar que los actuales gobernantes cometan graves errores y para eludir, así, el único camino que podría conducir a la economía mundial a una nueva Gran Depresión.

Hay motivos para poder ser optimistas

Todo lo anterior significa también que hay motivos para poder ser optimistas sobre el futuro del conjunto de la economía mundial.

1) La economía mundial disfruta de fundamentos estructurales lo bastante sólidos como para ser moderadamente optimistas a medio y largo plazo, una vez superada la inevitable recesión generada por los excesos monetarios y financieros cometidos en el pasado reciente, y que sin duda alguna se va a traducir en un coste económico y social muy importante en buena parte del planeta.

2) La reacción de los bancos centrales, aunque tardía, ha sido la adecuada. Los bancos centrales han comenzado a adoptar las medidas adecuadas para evitar que una contracción del dinero en circulación y del crédito acentúe la crisis económica, como ocurrió en los años treinta. Porque, por paradójico que parezca, es ahora cuando los bancos centrales deben actuar expansivamente en sus políticas monetarias. Cuando no debieron hacerlo es a lo largo de los pasados años. En verano de 2008, casi un año después del estallido de la crisis financiera, el Banco Central Europeo subió sus tipos de interés en medio de una drástica desaceleración de la economía europea. Un error más tarde subsanado.

3) Los principales gobiernos occidentales, liderados por el de Estados Unidos, se han mostrado firmemente decididos a sostener los sistemas bancarios y evitar pánicos bancarios, que serían letales para cualquier economía.

4) La primera cumbre de líderes del G-20 (que reúne a los países más desarrollados del mundo y a los países en desarrollo más importantes), celebrada en Washington en noviembre de 2008, reafirma en sus conclusiones la apuesta por la economía de mercado, la propiedad privada y el imperio de la ley. A dichas conclusiones se une otro mensaje inequívoco de la Cumbre: el rechazo explícito al proteccionismo comercial y la apuesta decidida por el comercio libre, que debía llevar a desbloquear las negociaciones multilaterales de la Ronda Doha de una vez por todas. El lado negativo de esta acertada conclusión es que este objetivo fue aparcado poco después.

Liderazgo político frente a la crisis

Si los políticos no se encargan de forzar el colapso económico con medidas de proteccionismo comercial, de desmantelamiento de la economía de mercado y agresión a la propiedad privada o con otras medidas económicas equivocadas, la economía mundial (basada fundamentalmente en el libre mercado) no se hundirá en una nueva Gran Depresión. Una vez purgados los excesos, que inevitablemente serán dolorosos en forma de una recesión severa, acabará por retomar su camino de crecimiento, con sus consiguientes frutos en términos de prosperidad, empleo y reducción de la pobreza.

Una reflexión final: estos tiempos de crisis económica acaban, tarde o temprano, desencadenando crisis políticas. En estos tiempos difíciles no hay espacio para políticos con minúscula, políticos que no ven más allá del día siguiente, que no valoran más que la encuesta de la semana y que no dudan en incurrir en el populismo y el buenismo. Hoy, más que nunca, se necesitan líderes políticos de altura, con visión, valentía y capacidad de tomar decisiones de alcance, aunque a corto plazo puedan tener coste político.

CAPÍTULO 2

La era de las expectativas desbordadas y sus consecuencias geopolíticas

Globalización, desarrollo y las expectativas de un mundo mejor

En estos momentos en que tanto se habla de la crisis de los años treinta del siglo pasado, de sus similitudes y diferencias con los problemas a los que en la actualidad se enfrenta la economía mundial, conviene recordar dos de las grandes lecciones que se extraen de la Gran Depresión: la primera, que el mundo sólo avanza cuando las economías se abren tanto hacia la competencia interna como hacia el exterior; y la segunda, que cuando se ponen obstáculos políticos a esta apertura, las consecuencias son el empobrecimiento material, el deterioro de los valores morales y la conflictividad social y política.

La parcelación del mundo en países o bloques crecientemente aislados, el recelo y las políticas a favor del empobrecimiento del país vecino, el auge de los totalitarismos y finalmente la guerra, fueron en los años treinta y cuarenta las consecuencias pavorosas de una reacción política profundamente equivocada ante los gravísimos problemas económicos y sociales a los que entonces, como ahora, se enfrentaban las sociedades. Esta lección no puede ser en ningún caso ignorada.

El mundo aprendió entonces una dolorosa lección. Tras una Guerra Mundial que dejó más de cincuenta millones de muertos en los campos de batalla, en los pueblos y ciudades de cuatro continentes y océanos, decidió dar marcha atrás en las erróneas políticas proteccionistas de los años treinta. La Conferencia celebrada en la localidad estadounidense de Bretton Woods en 1944 fue un paso decisivo hacia la creación de una arquitectura económica y financiera internacional que favoreciese la apertura y los intercambios entre las personas más allá de las fronteras políticas y administrativas. Mediante la eliminación paulatina de las barreras a los flujos comerciales y las inversiones, los Estados y sus fronteras volvieron a ejercer en Occidente su papel esencial como garantes de la libertad de los ciudadanos; sobre todo de su libertad para el intercambio voluntario con quienes consideren más conveniente y provechoso.

Que en estos momentos se reclame el espíritu de Bretton Woods —que, como he dicho, fue un paso de apertura y liberalización— para dar pábulo a los instintos neoproteccionistas comerciales y financieros que vuelven a emerger es una falsificación más de la historia y de las ideas que debe ser combatida para evitar repetir errores similares a los del pasado. Los frívolos escarceos con los instintos proteccionistas y populistas son peligrosos porque amenazan con socavar las claves del éxito sin precedentes que ha vivido la economía mundial en los últimos cincuenta años.

La aceleración en las últimas dos décadas del proceso de apertura exterior iniciado en Bretton Woods es lo que conocemos como globalización económica. En este periodo, el progreso material y social del mundo ha alcanzado tasas sin precedente histórico. Esta etapa de creación de prosperidad es, al mismo tiempo, una etapa de menores desigualdades y de avances hasta ahora desconocidos en la lucha contra la pobreza. Lo es aunque algunos —en su habitual ejercicio de sectarismo intelectual— intenten engañar a la población haciéndole creer lo contrario.

En las dos últimas décadas la economía mundial creció con vigor y, además, la pobreza se fue reduciendo de forma sensible y sostenida. La causa principal es que algunos países en desarrollo de baja renta per cápita y grandes bolsas de pobreza acumuladas en el pasado, en los tiempos del comunismo o el socialismo autárquicos, como China, la India y otros países asiáticos muy poblados, han sido capaces de sacar de la pobreza de forma rápida a muchos de sus habitantes gracias a la apertura comercial y financiera, y a la apuesta por el mercado tras desterrar la planificación. Éste es el gran fruto del mercado y del libre comercio, el enorme rédito que reporta haberse deshecho de la planificación socialista y del proteccionismo.

Las desigualdades también han retrocedido en el plano mundial en las últimas décadas. Los estudios académicos más rigurosos lo atestiguan. Los ingresos de los más acaudalados del mundo han crecido con fuerza, pero el progreso de las rentas bajas y medias ha permitido acortar globalmente las desigualdades. Durante los años de acelerada globalización, cientos de millones de habitantes de los países en desarrollo han visto así mejorar su situación año a año. Las estadísticas del Banco Mundial reflejan a nivel global una reducción de 500 millones en el número de personas que viven con menos de dos dólares al día. Ahora bien, en los países más cerrados al comercio y las inversiones, no se reduce el número de personas que viven con menos de dos dólares al día, aunque sí lo hacen las tasas de pobreza, pero simplemente porque la población también allí ha crecido con fuerza.

Con las estadísticas oficiales de la ONU en la mano, los indicadores sociales demuestran que también se ha progresado muchísimo en los últimos años en términos de acceso a agua potable, servicios de alcantarillado, calorías ingeridas por día, educación, servicios sanitarios, tasa de mortalidad infantil y esperanza de vida. Que muchos, demasiados millones de ciudadanos no hayan alcanzado aún niveles decentes de acceso a esos servicios no puede oscurecer el progreso que se ha cosechado gracias a los réditos de la apertura y el libre mercado.

La lucha contra la pobreza en momentos de crisis

Los avances en las últimas dos décadas han sido mayores que los conseguidos por ninguna otra generación en la historia de la humanidad. Por eso debemos perseverar en aquellas políticas eficaces que, más allá de la retórica y la utopía, han conseguido dar un futuro de mayor prosperidad a cientos de millones de personas en todo el planeta. El libre mercado y la apertura comercial son las herramientas de progreso que han demostrado ser más eficaces en la lucha contra la pobreza.

Todos aquellos que no permanecemos impasibles ante el dolor humano que provocan la miseria y la falta de oportunidades de futuro, los que ansiamos encontrar siempre las políticas más eficaces para luchar contra la pobreza, quienes queremos afrontar con éxito la importante tarea que queda por delante para que la prosperidad alcance a cada habitante del planeta, los que tenemos la firme convicción de que el fomento del desarrollo es un verdadero objetivo en sí mismo y no una excusa para afianzar prejuicios o un mero argumento para la defensa de otros objetivos políticos; en suma, todos los que deseamos para las demás personas lo mismo que para nosotros mismos, en términos de mayor libertad y más oportunidades de futuro, no podemos tampoco permanecer impasibles ante la grave amenaza que para la lucha contra la pobreza en el mundo puede llegar a suponer una respuesta política internacional que implique un incremento del proteccionismo o un retroceso en la libertad económica. Una respuesta inadecuada que amenaza seriamente a muchos de los países más pobres con hacerles retroceder varios años en los logros recientemente alcanzados.

Precisamente en estos momentos de graves problemas económicos a nivel internacional es cuando debemos defender, con mayor determinación si cabe, una lucha reforzada contra la pobreza basada en la apertura, el libre mercado y el fortalecimiento institucional. Éstas son las políticas que han demostrado su eficacia al proporcionar crecimiento, empleo, desarrollo y prosperidad allí donde se han aplicado, y con ellas ganamos todos.

Queda mucho por hacer, por supuesto. Hay demasiadas personas que todavía viven en situación de pobreza. En África, sobre todo, pero también en Asia y en muchos países de Iberoamérica. Justamente en aquellas regiones y países que se empeñan en cerrar sus puertas al libre mercado y el libre comercio. Por eso la responsabilidad nos exige volcarnos para crear las oportunidades necesarias para que cada persona, con su propio esfuerzo y dignidad, pueda salir adelante y mejorar. Para ello deberíamos valernos de las experiencias de éxito que hablan de mercados en libre competencia, de libre comercio internacional y de instituciones capaces de hacer respetar las reglas del mercado libre y la competencia. Libertad e instituciones sólidas han constituido y constituyen la combinación de éxito en el mundo.

En mi opinión, hay razones muy fundamentadas que explican que el avance de la prosperidad y de la equidad haya coincidido con el avance de la globalización, esa palabra maldita para algunos y que, sin embargo, tanto ha ayudado y está ayudando a lograr los supuestos fines de quienes la combaten con ferocidad. La eliminación de barreras proteccionistas al comercio y a la inversión es una de las vertientes del fenómeno de la globalización más importantes a la hora de explicar la mejora de la economía mundial.

Sólo hay que fijarse en África, el continente más pobre del planeta. No siempre fue así en los años cincuenta del siglo XX Asia ofrecía incluso peores registros de pobreza. Hay quienes osan afirmar que África es pobre como consecuencia de la globalización. Hay quienes culpan a las multinacionales, en un discurso tan obsoleto como ridículo.

¿Tiene África un problema de exceso de globalización? Si la globalización es un fenómeno que comporta la libre circulación de mercancías, capitales, personas, tecnología e información, no parece que África sufra un exceso de comercio de mercancías, una excesiva inversión extranjera o una afluencia masiva de trabajadores extranjeros. ¡Pero si en África es casi imposible encontrar multinacionales! No hay inversión extranjera, y ése es precisamente uno de los problemas. ¿Hay exceso de entrada de trabajadores extranjeros en África? Es más que obvio que no. ¿Hay acaso un exceso de llegada de tecnología? Todo lo contrario.

África tiene un triple problema de inestabilidad institucional, de escasez de libertad económica y de escasez de capital humano. África pide globalización a gritos, como lo hacen el resto de los países pobres del planeta. Y es que tenía mucha razón el presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, cuando afirmaba: «Mi país lo que necesita es más globalización, no menos.»

Las bases de nuestra prosperidad

Progreso y libertad han ido de la mano, alimentándose mutuamente, y la globalización ha supuesto, como nunca antes había sucedido, un impulso a la libertad económica sin precedentes para miles de millones de personas cuyas energías y aspiraciones han redundado en mejoras del bienestar, no sólo para ellas mismas sino para el conjunto de la humanidad.

Preguntado recientemente el economista Paul Romer, padre de la moderna teoría del crecimiento económico, por la pregunta original de la economía, esto es, las causas y orígenes de la riqueza de las naciones, apuntaba en su respuesta a cómo la globalización había permitido un aumento sin precedentes en la producción y disfrute de bienes como el conocimiento, cuyo consumo por una persona no impide a otros su uso simultáneo.

La apertura de los países menos desarrollados a los flujos comerciales y financieros internacionales permite a sus ciudadanos involucrarse en el continuo fluir de ideas y oportunidades que van asociadas al libre comercio. Con los flujos de bienes, servicios, capitales y trabajadores, viajan y se difunden también las ideas, las formas de organización del trabajo, las experiencias, los conocimientos, de tal forma que pueden ser adaptados y aplicados en los países que se abren decididamente al exterior.

Pero la globalización no es sólo un proceso de emulación y adopción por parte de las economías de los países menos desarrollados de los conocimientos y técnicas disponibles. La incorporación de miles de millones de personas a la economía global es en sí misma un activo de primera magnitud a la hora de aumentar la capacidad del mundo de descubrir nuevas y provechosas ideas para todos. Los intercambios voluntarios entre miles de millones de personas, cuya interconexión era previamente obstaculizada por erróneas políticas proteccionistas, han permitido que la economía mundial pueda ser considerada como una red de conocimiento cuyo valor crece exponencialmente a medida que más y más personas se van incorporando a la misma. Esta idea de la economía del conocimiento podría considerarse una moderna reformulación de la idea clásica que vincula el progreso a la libertad individual.

Ahora que paso buena parte de mis días en aviones y hoteles de todo el mundo, percibo con nitidez este continuo fluir del conocimiento. Es visible simplemente conectándose a internet. De ahí la importancia que para la continuidad del desarrollo mundial y, en particular, para los países más pobres, tienen las políticas internacionales de liberalización del comercio y de las inversiones. Ya antes de que se vislumbrase la grave crisis económica que ahora nos azota me apenaba ver a una parte de la clase política de todo el mundo —en particular, de Europa y de Estados Unidos— aferrarse cada vez con más fuerza a posiciones proteccionistas que no están a la altura de lo que exigen la lucha contra la pobreza y la garantía de unas bases de prosperidad en nuestras sociedades.

El preocupante languidecer de la Ronda Doha de liberalización comercial de la Organización Mundial del Comercio, iniciada en 2001, es la consecuencia de la falta de liderazgo político, de la carencia de visión que lleva a poner por delante los intereses sectoriales y particulares frente a los intereses generales. El mundo entero se ha perjudicado a sí mismo con el simple flirteo con el proteccionismo y la antiglobalización; de esto me temo que estamos viendo demasiado en los últimos tiempos.

Los líderes de los países del G-20 reunidos en Washington en noviembre de 2008, en momentos de profunda zozobra que exigían responsabilidad y actuaciones decididas para restaurar la confianza, apostaron acertadamente por la liberalización comercial como la medida más urgente y eficaz para hacer frente a las peores consecuencias de la crisis. Se comprometieron solemnemente, ante un mundo expectante y deseoso de percibir un liderazgo fuerte, a sentar las bases para una culminación exitosa de la Ronda Doha de liberalización comercial antes del fin de 2008. Desgraciadamente, la realidad atestigua la falta de liderazgo y de capacidad para que los hechos estén a la altura de las declaraciones solemnes. Que quede claro: incumpliendo los compromisos no es como el mundo recuperará la confianza, ni es el modo para salir de la crisis y recuperar altas tasas de crecimiento y prosperidad.

En estos días en los que la confianza resulta ser esa esquiva clave que todo lo podría resolver, y que algunos se afanan en buscar en los lugares más insospechados, es cuando la responsabilidad de los líderes mundiales debiera llevarles a cumplir su compromiso ineludible por la libertad y la apertura. En estos momentos de cambio es cuando los líderes deben ganarse este calificativo: no pidiendo la confianza, sino dándola a través de políticas eficaces. La devolución de la confianza pasa necesariamente porque líderes honestos, que no se engañen a sí mismos ni engañen a los demás, abandonen los paños calientes, expongan con claridad la situación y apliquen de forma sistemática planes articulados y creíbles de buenas políticas que descansen sobre un acertado diagnóstico, y sobre los principios de apertura y libertad que han brindado al mundo la mayor época de prosperidad de la historia.

De la era de las expectativas ilimitadas a la era de las expectativas desbordadas

El panorama económico mundial actual difiere sobremanera del que se vislumbraba antes del verano de 2007. Entonces, la prosperidad que brindaba la globalización llevó al mundo a una euforia colectiva. La percepción general era que el futuro nos permitiría, casi de forma inmediata, poder hacer realidad prácticamente cualquier objetivo que nos planteásemos. Navegando en un mar de progreso y oportunidades sin precedentes, casi cualquier idea o proyecto parecía factible y rentable.

Un vigoroso desarrollo económico en multitud de países emergentes y desarrollados; que varios cientos de millones de personas más abandonasen la pobreza; consolidar y acrecentar las prestaciones del Estado del bienestar en Europa; hacer accesible por ley a todos los estadounidenses una parte del sueño americano —facilitándoles el acceso a una vivienda con jardín y patio trasero—; poder vivir por encima de las posibilidades sin apenas trabajar, como algunos ofrecían en España; incluso pretender incidir en el clima del planeta... parecían todos objetivos al alcance de la mano con el Estado del conocimiento alcanzado y compartido entonces por gran parte de la humanidad. El éxito global parecía una mera cuestión de tiempo; aún más: de poco tiempo. La impaciencia ante el éxito que se creía asegurado hacía percibir como lentas transformaciones que nunca antes en la historia habían sucedido a tal velocidad. El mundo se creyó que había alcanzado la era de las expectativas ilimitadas.

El mundo que vivía en 2007 en la era de las expectativas ilimitadas comienza ahora, poco a poco, a darse cuenta de que realmente vivió en la época de las expectativas desbordadas. La crisis actual nos ha devuelto a la realidad. Por muy rápido que progrese el mundo, los recursos son siempre limitados. Eso exige tomar decisiones y priorizar, diferir objetivos y admitir que no podrán cumplirse en su totalidad algunos de ellos.

La confianza ha desaparecido de los hogares, de los trabajadores, de los empresarios, de los consumidores, de los inversores institucionales y de todos los mercados en general. Todos temen algo del futuro. La búsqueda de refugio en inversiones seguras y líquidas ha dejado sin apoyo financiero a multitud de proyectos empresariales y personales potencialmente rentables pero que entrañan un nivel de riesgo superior al tolerable en estos momentos de incertidumbre.

¿Por qué ha sucedido esta transformación tan esencial del panorama económico y social mundial? Además de las claves ya comentadas en el primer capítulo acerca de la crisis financiera mundial, a un nivel más profundo, la actual situación puede considerarse una crisis de complacencia. Deslumbrados por lo que se estaba consiguiendo, el futuro se vislumbraba hasta hace poco como una proyección de mejora imparable catapultada desde los logros del pasado. Y se dejó de trabajar por el futuro.

Las expectativas de prosperidad se desbordaron y la sociedad rechazaba cualquier ejercicio de realismo que lo alejara de sus sueños. El mundo creyó que podía seguir avanzando más rápido de lo que realmente estaba a nuestro alcance, pero la realidad ha acabado por imponerse.

El avance en la economía mundial fue percibido por muchos como el ascenso a un nuevo estadio del desarrollo en el que ya no cabían las pérdidas de impulso, y mucho menos los retrocesos. Los ciclos habían muerto y las leyes de la economía se habían quebrado. Se dio por natural la prosperidad, se pretendió transformar en un derecho; en otro nuevo derecho. Cualquiera que advirtiera de los excesos y de los errores en los mensajes políticos era inmediatamente acusado de catastrofista; y en España, directamente, de antipatriota.

Pero la realidad es muy distinta. Salvo la dignidad de todo ser humano, casi todo lo demás que podemos disfrutar es fruto de nuestro propio afán de superación. Si no perseveramos, cualquier avance personal o social puede revertirse. Es precisamente el propio proceso de la superación continua lo que nos hace avanzar como sociedad y no el alcanzar un determinado nivel de conocimientos o de calidad institucional. Nada asegura la prosperidad excepto el trabajo duro y las buenas ideas; o las buenas ideas y el trabajo duro si hacemos caso a las aportaciones de la economía del conocimiento.

Las laxas condiciones monetarias y financieras que dominaron los mercados durante demasiados años no son más que el correlato financiero del desbordamiento de las expectativas. Con la simple promesa de un futuro mejor como garantía muchas empresas y familias de Estados Unidos, España, Reino Unido y de tantos otros países aumentaron hasta niveles insostenibles su endeudamiento. Espoleados por los bajos tipos de interés y por otros incentivos públicos, se confiaba ciegamente en un futuro prometedor para sostener y acrecentar los niveles de consumo e inversión que demandaban unas sociedades exultantes y ansiosas. En la vorágine, innumerables empresas asumieron niveles crecientes de riesgo en sus proyectos para no quedar expulsadas del mercado.

Muchos se olvidaron de las verdaderas causas de la prosperidad y dejaron de trabajar en su favor, otros incluso renegaron de ellas. Pensando más en el reparto de los dividendos de la globalización, se aflojó el ritmo de las reformas. El estancamiento durante largos años de la Ronda Doha de la Organización Mundial del Comercio y el incumplimiento en Europa de los objetivos de la Agenda de Lisboa son un reflejo evidente de la atonía reformista que invadía el pensamiento convencional durante los últimos años de auge económico.

Muchos países, entre ellos España, no sólo perdieron impulso, sino que dieron pasos atrás en el camino de las reformas. Del mismo modo que la gran apertura que supuso la globalización había dado sus frutos en los momentos de bonanza, la posterior pérdida de impulso reformista hizo que los resultados no cumpliesen las expectativas. La realidad que hemos construido ha acabado por imponerse y con ella ha venido la decepción. Los préstamos tomados por personas sin empleo, sin ingresos ni patrimonio, no pueden devolverse; las promesas no se cumplen; los compromisos no se honran; los riesgos asumidos ahora parecen excesivos. El presente no ha deparado lo que se esperaba de él.

El alza continuada en el precio de las materias primas y el crecimiento acelerado del crédito a nivel global indicaban que la presión en la caldera de la economía mundial era demasiado elevada. Era necesario un ejercicio de realismo, pero se desatendieron sistemáticamente todas las señales de alarma.

Las crisis más agudas, y ésta es ciertamente una de ellas, surgen cuando las sociedades se convencen de que las crisis son cosa del pasado. Se relaja la prudencia, aumenta el endeudamiento, se decide trabajar menos porque el futuro sólo puede traer más prosperidad. Así, poco a poco, se siembran las bases de una aguda crisis que estalla cuando la sociedad se da finalmente cuenta de que se ha excedido en su optimismo y los niveles de endeudamiento, consumo e inversión no son sostenibles.

En política y en economía la confianza hace que nos apoyemos hoy en la expectativa de un futuro mejor, mientras la credibilidad proyecta nuestras energías hacia el porvenir. Confianza en el futuro y credibilidad son esenciales para trabajar hoy de forma coherente con la realidad que se espera construir. Por eso estoy firmemente convencido de que sólo sobre el pilar de unas ideas y valores sólidos, transmitidos a los ciudadanos con claridad, puede una acción política resultar decidida, creíble, previsible y, como consecuencia, eficaz para solucionar los problemas de los ciudadanos.

Para ganar la confianza de los ciudadanos la política económica debe incidir positivamente sobre las expectativas a través de actuaciones creíbles, coherentes, bien diseñadas y aplicadas. Debemos huir de aquellos que quieren transmitir la impostada imagen de que sus predicciones son capaces de alterar taumatúrgicamente el devenir de los acontecimientos para llevarnos a un imposible paraíso, por mucho que proclamen que tenemos derecho a disfrutar de él. ¡Ya sabemos adónde nos llevan los que prometen paraísos!

Sólo recuperaremos la senda de la prosperidad cuando nuestro trabajo y esfuerzo en el presente hagan que el futuro que nos labremos responda a las aspiraciones que depositamos en él. Hasta que esto no ocurra, la frustración y la desconfianza seguirán minando nuestras economías, por más medidas paliativas o anestésicas que se intenten administrar.

La comprensión de las causas del crecimiento muestra que, si se persevera en el camino de la libertad y no se sacrifica la prosperidad futura por supuestos remedios paliativos de corto plazo, nosotros y nuestros hijos viviremos en una sociedad más próspera y justa.

Las consecuencias geopolíticas de la crisis económica

La emergencia en la economía global de actores como China y otros grandes países en desarrollo de rápido crecimiento ha tenido un importante impacto sobre la economía y la política internacionales. La creación del grupo del G-20 (que a las potencias económicas tradicionales suma países como la India o Brasil) y su reciente papel como foro central para la discusión internacional sobre la crisis es una clara muestra de este fenómeno.

Durante los últimos años de bonanza, estos países —con un fuerte crecimiento basado en las exportaciones— así como los países exportadores de petróleo y de otras materias primas, han sido los principales generadores de ahorro global que han financiado el crecimiento de la demanda en la gran mayoría de los países desarrollados, acumulando así importantes niveles de reservas.

Muchos han querido ver en estos fenómenos el signo de un cambio sustancial en las relaciones internacionales, con un desplazamiento del poder económico e incluso político hacia China y otras potencias emergentes en detrimento de Estados Unidos. En mi opinión, es un diagnóstico equivocado. La economía de Estados Unidos ha sido históricamente una de las mejor preparadas para afrontar las crisis debido a su proverbial flexibilidad en los mercados de bienes, servicios y factores, especialmente en el mercado de trabajo, lo que hace prever una recuperación más rápida y sólida en Estados Unidos frente al resto de países. De hecho, el necesario proceso de ajuste en los mercados inmobiliario y financiero tras el estallido de la burbuja inmobiliaria se encuentra mucho más avanzado que en otros países que, como España, también deberán afrontar una fuerte reestructuración de estos sectores debido a los excesos cometidos.

El mantenimiento a largo plazo de la influencia económica de Estados Unidos se fundamentará, en mi opinión, en la capacidad de innovación de sus empresas, sus centros de investigación, sus universidades, sus fundaciones, sus think tanks, sus científicos, sus emprendedores y sus trabajadores. Es decir, en su capacidad de hacer avanzar la frontera del conocimiento. Estados Unidos disfruta actualmente de una posición de liderazgo en el sistema de innovación mundial gracias al peso que alcanzan en su economía nuevos sectores innovadores que han podido abrirse paso gracias a una economía flexible que tradicionalmente no trata de preservar el statu quo y facilita la reasignación eficiente de los recursos.

Si las políticas económicas destinadas al impulso a corto plazo de la economía en Estados Unidos acaban socavando estos pilares de su economía, podría resultar muy oneroso el precio por la recuperación cíclica que tendríamos que pagar todos. Lastraría el potencial de crecimiento de la economía mundial, y no sólo norteamericana, en la etapa de recuperación. En cualquier caso, la política económica en Estados Unidos cuenta como gran aliado con el refuerzo que hasta el momento ha tenido el dólar como moneda de reserva y refugio internacional.

La Unión Europea va a sufrir en esta crisis una importante prueba de resistencia donde se comprobará la solidez de muchos de los acuerdos políticos y compromisos económicos que se han asumido con la creación del euro y con los últimos procesos de ampliación. En Europa, los problemas económicos vienen acompañados de una falta de liderazgo y de un deterioro de los principios y valores que alumbraron el proyecto europeo, que deben ser recuperados para dar respuesta a los retos sociales y políticos a los que nos enfrentamos.

Las economías europeas presentan, en general, menores niveles de flexibilidad en sus mercados y un mayor intervencionismo público. Existe el riesgo de que la recesión se instale en Europa durante más tiempo y que la recuperación sea, una vez más, menos intensa que en Estados Unidos. Europa se enfrenta también a un problema estructural de sostenimiento de su modelo de protección social, agravado por un problema demográfico al que no se enfrentan otras sociedades como la norteamericana.

Antes de la crisis, en Europa partíamos de unos niveles de gasto público comparativamente más elevados, por lo que el lastre de un excesivo endeudamiento podría ser especialmente pesado y frustrar el dinamismo de la recuperación. Las economías de la zona euro están hoy peor equipadas que hace cinco años para hacer frente a este reto.

Las presiones políticas por parte de las grandes economías de la zona euro que no supieron dar una respuesta adecuada a la anterior crisis internacional (la conocida como crisis de las punto.com) condujeron a una desnaturalización de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que siempre consideré un error. De esta forma, los déficit públicos van a poder elevarse más allá de lo deseable sin que contemos con instrumentos disuasorios o correctores dotados de la necesaria eficacia.

Impacto en Iberoamérica

El impacto de la crisis, tras haber comenzado inicialmente en las economías más desarrolladas, se está extendiendo hacia las economías en desarrollo mutando su naturaleza hacia crisis cambiarias más convencionales. Tras las dificultades en algunos de los países de Europa central y oriental, la atención se centra en el impacto sobre las economías iberoamericanas.

La caída del comercio mundial y del precio de las materias primas supone un riesgo para las economías iberoamericanas con una estructura productiva menos diversificada. No debemos olvidar que lo que ocurra en Iberoamérica tendrá un impacto directo sobre la profundidad de la recesión en España, dados los estrechos lazos comerciales y de inversión que existen con la región. Desde España se debe trabajar con ahínco para que estos vínculos actúen como factor de estabilización y no como un factor adicional de vulnerabilidad económica.

El gran riesgo para los países iberoamericanos es que, como ya ocurrió en crisis anteriores, los mercados financieros no sean capaces de discriminar entre las situaciones de partida y las respuestas de política económica tan diferentes que se están dando en la región. En Iberoamérica conviven el populismo demagógico y empobrecedor, y países que se han comportado de forma ortodoxa durante la bonanza y que además están reaccionando adecuadamente frente a la crisis asegurando la solidez de sus sistemas financieros.

En ninguna otra región del mundo se va a poder vislumbrar con tanta claridad el contraste de resultados entre los países que afronten con rigor los retos que esta crisis plantea y aquellos otros que se deslicen por la senda del populismo, el proteccionismo y las nacionalizaciones. Las consecuencias sociales y políticas de la crisis en este último grupo de países serán muy intensas.

La crisis económica internacional y la búsqueda de culpables exteriores podrán servir a los líderes populistas y demagogos para justificar ante los ciudadanos los nefastos resultados de unas políticas que, ya desde antes de la crisis, depauperaban a sus pueblos. El proteccionismo, la búsqueda de enemigos exteriores y el deterioro de las condiciones de vida en estos países suponen un grave riesgo para la estabilidad en la región.

Está en el interés de todos que la mala política de los regímenes populistas iberoamericanos no acabe afectando a la credibilidad de la política económica de todos los países iberoamericanos. Para ello se hace necesario trabajar más por promover la estabilidad política y reforzar la capacidad de actuación de los gobiernos de la región que promuevan la apertura comercial y la libertad económica. Desde el punto de vista económico, y dadas las grandes diferencias existentes entre países, cada vez resulta menos relevante hablar de Iberoamérica como un conjunto.

La excepción china

La crisis está exigiendo a la mayoría de los países que reordenen sus sistemas financieros y su estructura productiva para hacer frente a la reconducción de los profundos desequilibrios internos y globales que se fueron acumulando durante la extraordinariamente larga etapa de auge económico. Estados Unidos lleva la delantera en este proceso que resulta doloroso a corto plazo. Pero existe una peligrosa excepción: China.

Los ciudadanos chinos presentan unas tasas de ahorro excepcionalmente elevadas y unos crecientes niveles de renta, por lo que el resto del mundo ha podido disfrutar en los últimos años de un aporte constante de ahorro por esta vía. Sin embargo, no resulta muy conocida la delicada situación que presenta su sistema bancario. El mercado bancario en China se encuentra dominado por cinco grandes bancos públicos y todo él está sometido a una férrea tutela estatal que determina, por debajo de lo que lo haría el mercado, los tipos de interés que los bancos pagan a los depositantes por sus ahorros, al tiempo que dirige hacia qué industrias y sectores se debe canalizar el ahorro interno.

Si en los últimos dos años el mundo económico internacional se ha sentido preocupado porque los niveles de solvencia de gran parte de la banca occidental no se consideraban adecuados, la preocupación no debería ser menor por la situación de un sistema bancario como el chino, que tenía oficialmente en 2007 el 21 por ciento de los pasivos bancarios en instituciones financieras que no satisfacían los valores mínimos de capitalización que fijaba la normativa china. Y éstas eran las cifras oficiales antes de que la crisis internacional hiciera descender de forma abrupta las cifras de comercio mundial y llevara a que la industria china presentase graves excesos de capacidad, que aumentarán en el futuro los problemas de solvencia de su sistema bancario.

Acabe estallando o no en China una crisis bancaria, tal y como ha ocurrido anteriormente en aquellos países en desarrollo que utilizaron el sistema bancario como un instrumento público al servicio de la estrategia de desarrollo del país, las autoridades chinas se enfrentan a la necesidad de recanalizar una parte muy importante de sus reservas de divisas hacia la recapitalización de su sistema financiero. Esto disminuirá la capacidad de préstamo de la economía china y su influencia en la escena internacional.

Finalmente, el gran peligro geoestratégico de la actual situación económica mundial es que se consoliden políticas neoproteccionistas en los ámbitos comercial o financiero que socaven las bases de la prosperidad del mundo en los últimos veinte años y que nos lleven a una época de desconfianza entre países y en el futuro. Está en las manos de la política económica no convertir esta crisis en una larga y profunda depresión.

CAPÍTULO 3

¿Ha fallado el Estado?

¿Ha fallado el mercado?

La oportunidad que esperaban los enemigos del libre mercado

La aguda crisis económica en la que hoy el mundo está inmerso se ha convertido en una oportunidad para los enemigos del libre mercado. Los «neointervencionistas» han reabierto su batalla contra la libertad.

Se trata, en efecto, de una oportunidad largamente esperada, al menos durante los casi veinte años que han seguido al derribo del muro de Berlín y al desmantelamiento del fracaso socialista en el antiguo imperio soviético. A algunos les faltó tiempo para afirmar que la crisis actual es al capitalismo lo que la caída del muro de Berlín fue al comunismo. Otros han hablado de la necesidad de «refundar el capitalismo». A muchos se les hizo la boca agua cuando el entonces presidente Bush convocó la cumbre de líderes del G-20 en Washington. Creyeron ver la oportunidad de darle la puntilla a la economía de libre mercado.

Con una perspectiva histórica, este rebrote de las críticas a la economía de libre mercado no resulta demasiado novedoso. Históricamente, los periodos de crisis económica o las situaciones estructurales de pobreza han venido siempre acompañados de acusaciones a quien puede ser considerado en cada momento el chivo expiatorio de los males económicos del pueblo.

La realidad es que en periodos de crisis muchos ciudadanos están dispuestos a entregar su libertad a cambio de seguridad. En toda crisis siempre surgen políticos desaprensivos dispuestos a apropiarse de esa libertad a cambio de supuestas promesas de seguridad que, tarde o temprano, acaban por revelarse falsas. Los periodos de crisis abonan el terreno para que germinen planteamientos mesiánicos, populistas y antiliberales, que tienen como común denominador el recorte de la libertad individual y un profundo intervencionismo económico.

En etapas de crisis siempre se buscan los chivos expiatorios. En algunos países africanos, se sigue culpando al viejo colonialismo del subdesarrollo y la pobreza. En muchas naciones iberoamericanas, la pobreza se achaca a las multinacionales. En la dictadura cubana, el «culpable» de la miseria no es otro que Estados Unidos. Para los socialistas latinoamericanos del siglo XXI, sea Chávez, Morales o Correa, la culpa de sus problemas económicos la tienen el libre mercado, las multinacionales (entre ellas, las españolas) y Estados Unidos.

De nada sirve comprobar que los países que más han prosperado históricamente son los que han apostado por la economía de libre mercado. De nada sirve el ejemplo de Chile, una nación iberoamericana próspera que basa su economía en el libre mercado, tiene multinacionales, en la que se habla español y que tiene las mismas raíces históricas que otras naciones iberoamericanas que, sin embargo, persisten en renegar de la economía de libre mercado y se obstinan en seguir ancladas en el subdesarrollo, con los problemas de pobreza que la falta de prosperidad trae consigo.

Para los enemigos de la libertad económica poco importa, al parecer, que China, la India y muchos otros países asiáticos hayan conseguido sacar de la pobreza a más de cuatrocientos millones de personas desde que abandonaron el socialismo y apostaron por la economía de mercado y el comercio libre. Ninguna relevancia tiene, para algunos, el hecho incontestable de que la pobreza sólo progrese en buena parte de África, el continente en el que persisten o se reimplantan regímenes autoritarios o totalitarios, y en el que las puertas al libre comercio y a la globalización permanecen cerradas en mayor medida.

Tampoco les importa, por lo visto, que todos los indicadores del Banco Mundial reflejen una continuada reducción de las desigualdades en todo el mundo en los últimos veinticinco años, este periodo que se ha dado en llamar de «globalización». Prefieren ocultar realidades incontestables, como el impresionante progreso cosechado en este periodo por muchos países en los indicadores de desarrollo humano (servicios de agua potable y alcantarillado, extensión de la educación básica, acceso a la educación secundaria, ingesta de calorías en el tercer mundo, salarios en los países en desarrollo, erradicación del trabajo infantil) de la mano del libre mercado y el libre comercio.

Más aún, algunos de los apóstoles de la antiglobalización más beligerantes contra el libre mercado y el libre comercio, defensores de lo que algunos han dado en llamar el «socialismo antiliberal salvaje», no dudan en falsear la realidad y afirmar cosas que son simple y llanamente falsas, como que la pobreza y la desigualdad han aumentado en el mundo en los últimos veinticinco años.

En Europa y Estados Unidos, las críticas al libre mercado que hoy reverdecen no resultan realmente nuevas. En los años treinta, durante la Gran Depresión, y muy particularmente a partir de 1936, con la publicación de la Teoría General de John Maynard Keynes, la economía de libre mercado fue objeto de crítica despiadada. Hoy, como en la Gran Depresión, se pretende de nuevo culpar al mercado de los fallos del Estado, de los errores de quienes libremente toman decisiones en una economía de mercado y de quienes violan las reglas de juego del libre mercado.

Una reflexión sobre lo que ha fallado

No se trata de idolatrar la economía libre como un sistema perfecto, sin fallos. El libre mercado, como toda obra humana, es imperfecto. La pregunta que debe formularse a continuación es si la alternativa, el socialismo en sus diversas modalidades, es preferible o funciona mejor. La larga experiencia del socialismo fracasado en el bloque del otro lado del telón de acero, en África y en Iberoamérica, con el dramático ejemplo ofrecido por la dictadura cubana, permite responder de forma inmediata a esa pregunta: obviamente, no.

Podríamos afirmar en consecuencia que el libre mercado es el peor de los sistemas económicos, a excepción de todos los demás.

Así, la economía de libre mercado no necesita ser «refundada». Entre otras cosas, porque el mercado libre no fue «fundado» en un momento dado, sino que es el fruto de la civilización humana y de millones de decisiones libres sobre producción, consumo e intercambio que se vienen tomando desde hace miles de años.

Lo que puede necesitarse y de hecho se necesita imperiosamente es una reflexión serena y profunda sobre las causas que han provocado esta crisis con el fin de corregir lo que ha fallado y prevenir crisis en el futuro, al menos, aquello que se pueda evitar.

En el primer capítulo quedó bastante claro que la crisis financiera no hubiera tenido lugar sin los errores cometidos por los bancos centrales, en particular, por los responsables de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central Europeo, que inundaron de dinero la economía mundial, como ha acabado por reconocer el propio Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos durante todos estos años en los que se gestó la crisis. En el curso de los últimos años, en la mayoría de los países occidentales las autoridades monetarias acabaron por ceder a las presiones de quienes desde distintos foros, políticos y empresariales, reclamaban menores tipos de interés y mayor liquidez para crecer más. Como si la clave del crecimiento se encontrara en emitir dinero. Cualquier responsable político serio sabe que eso es un disparate.

Pero la realidad es que muchos gobiernos han venido rehuyendo sus responsabilidades en materia económica y se han limitado a reclamar más y más dinero para la economía. En lugar de apostar por las reformas estructurales, las liberalizaciones, la competencia, la apertura comercial, la racionalización del tamaño del sector público, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, las reformas en los sistemas sanitarios, las bajadas de impuestos, es decir, todo aquello capaz de elevar la capacidad de crecimiento de la economía, prefirieron mirar hacia otro lado y reclamar a los bancos centrales que produjeran más dinero. Optaron por lo fácil desde el punto de vista político, no por lo deseable. Y, claro, eso no funciona.

Puesto que los bancos centrales son empresas del Estado que operan en régimen de monopolio, es evidente que quien ha fallado, por tanto, en este capítulo fundamental es, sin duda alguna, el Estado.

Como ya apunté en el primer capítulo, la crisis financiera no hubiera sido tan profunda y aguda si Estados Unidos, a través de sus representantes políticos, no hubiera aprobado leyes que aseguraban la financiación de los préstamos a miles de familias insolventes a través de las empresas públicas Freddie Mac y Fannie Mae. Aquí, de nuevo, quien ha fallado ha sido el Estado.

Otra conclusión evidente del análisis de lo sucedido es que la tremenda magnitud alcanzada por el crédito hipotecario de alto riesgo o subprime fue posible porque la regulación pública permitía vender los préstamos a terceros con carácter ilimitado. Es falso que no existiera regulación. La regulación existía, pero era mala. Y quienes aprobaron esas reglas defectuosas fueron los Estados. De nuevo, lo que aquí hubo es un fallo del Estado.

¿Quiere esto decir que no ha habido otros fallos o errores? No, en absoluto.

En esta crisis ha habido también millones de personas que han cometido errores en la medición del riesgo. Los primeros, los accionistas que han invertido su dinero en productos financieros que han perdido buena parte de su valor. Pero no conviene confundir esto con un fallo de mercado.

Cuando un empresario monta un negocio y el negocio no funciona, no falla el mercado. Se equivoca el empresario. Cuando un empresario desarrolla un producto nuevo y tiene éxito, y cosecha los beneficios correspondientes, no acierta el mercado. Acierta el empresario. Cuando un particular compra un piso con la esperanza de que el piso incremente su valor con el paso del tiempo y, transcurridos unos años, consigue vender el piso con una plusvalía, el inversor acierta. Cuando lo que ocurre es que el piso baja de precio con el tiempo, el inversor se equivoca. No falla el mercado; el mercado funciona.

Lo mismo ocurre cuando un ahorrador invierte su dinero en acciones de una compañía y, con el tiempo, el precio de las acciones de esa compañía baja. No falla el mercado.

Cuando, en el mundo de las finanzas, un estafador se apropia del dinero de los demás tampoco falla el mercado, sino que se violan las reglas del mercado. Se trata de algo muy distinto. Y quien viola las reglas del mercado debe ser perseguido y castigado. Para cumplir esa función es imprescindible el Estado, como bien sabemos quienes nos consideramos liberales. Un buen Estado es imprescindible para que exista un mercado que funcione bien. El mercado exige la existencia de una policía en manos del Estado.

La vigilancia de los mercados financieros existía y existe. Se trata de los supervisores financieros (la SEC en Estados Unidos, la FSA en el Reino Unido, la CNMV en España). Y tienen que hacer bien su trabajo. Cuando se producen robos continuados y a gran escala a plena luz del día y la policía no se entera, el Estado no está haciendo bien su trabajo. Algo de esto ha habido también en esta crisis. Es un fallo del Estado.

Al mismo tiempo, durante muchos años los fondos de inversión han estado comprando y vendiendo, con el dinero de los pequeños inversores, «hipotecas basura» a precios de activos financieros de máxima calidad. Y todo ello sin que los supervisores públicos de los mercados financieros se percataran de nada, a pesar de que ésa era su obligación. Aquí se unen la falta de ética y profesionalidad de quienes trabajan en el mercado, algo a lo que me referiré en el próximo capítulo como parte de la crisis moral que también explica la actual crisis económica, y un fallo del Estado en su labor supervisora. Las dos cosas han concurrido en esta grave crisis que el mundo padece.

Dos actitudes ante la crisis

Ante la crisis, estamos asistiendo a dos tipos de reacción política. Algunos países están reaccionando ante la crisis con mayor intervención pública, mayor —que no mejor— regulación, mayor rigidez en los mercados y mayores dosis de proteccionismo ante el exterior. Lamentablemente, van a ser muchos los países que, de la mano del dogmatismo político, avancen por este camino del recorte de la libertad económica.

Algo de esto lo hemos empezado a ver. Los líderes políticos del G-20 reunidos en Washington en noviembre de 2008 se comprometieron a desatascar las negociaciones para liberalizar el comercio mundial antes del fin de 2008. Y fracasaron. Mejor dicho, ni lo intentaron. Todo quedó en una declaración vacía.

Poco después, la Administración Obama anunciaba medidas proteccionistas. Y le seguían varios gobiernos europeos. De momento, 17 de los 20 firmantes de la declaración de Washington ya han tomado medidas proteccionistas, según ha destacado el Banco Mundial. Todo eso no hace sino incrementar la crisis de confianza.

A lo anterior se une una buena dosis adicional de desconfianza, que resulta de la penosa percepción, cada vez más extendida, de que muchos gobernantes no saben qué hacer ante la crisis. Un día se decide que para afrontar la crisis financiera el Estado debe comprar «préstamos basura» a precios de mercado, es decir, sin aprobar ayudas públicas. Unas semanas después, los mismos gobernantes deciden que no, que lo que hay que hacer es crear un «banco malo» y meter allí todos los «préstamos basura», inyectando masivamente dinero del Estado. Otras semanas después se decide que no, que tampoco, que lo que hay que hacer es nacionalizar los bancos. La gente acaba por creer que los gobernantes dan palos de ciego. Y probablemente están en lo cierto. Esa crisis adicional de confianza es muy perjudicial, porque refuerza el temor de los consumidores, los ahorradores y los empresarios, y agudiza la crisis.

La vía del neointervencionismo, basado en menos mercado, más —y no mejor— Estado, no es la única posible. Hay también países que han aprendido con inteligencia de los errores cometidos, y que actuarán con pragmatismo. Éstos serán los que, además de aprobar planes de salvamento de los bancos, optarán por corregir los errores del Estado en su manejo de la política monetaria, en su actividad supervisora y reguladora, y en sus políticas públicas, incluida la de acceso a la vivienda. Y también los que refuercen la información y transparencia en los mercados para que los accionistas y ahorradores cuenten con la información adecuada a la hora de asumir riesgos y contratar a los gestores de las compañías en las que inviertan su dinero. Estos países serán también los que con mayor probabilidad complementen lo anterior con reformas estructurales en la dirección de la liberalización, la flexibilidad y la apertura comercial. Es decir, los que reaccionen ante la crisis con mayores dosis de libertad económica.

Y me atrevo a vaticinar que la salida de la crisis será diferente para ambos grupos de países. Los que opten por la primera vía tardarán más en remontar el vuelo, si es que lo remontan en condiciones aceptables. Los segundos, por el contrario, serán los primeros en superarla y en volver a crecer y a crear empleo. Porque ése es el camino para salir de la crisis. Todo lo contrario del proteccionismo comercial, de más y peor Estado, de mayor y peor intervención pública que algunos pretenden resucitar.

No puedo, así, dejar de citar a Milton y Rose Friedman en su conocida obra Libertad de elegir, escrita con la perspectiva de los treinta años que siguieron a la Gran Depresión:

En el ámbito de las ideas, la Depresión convenció a la opinión pública de que el capitalismo era un sistema inestable destinado a sufrir crisis cada vez más graves. Y los ciudadanos aceptaron la perspectiva cada vez más compartida por los intelectuales: el Estado tenía que desempeñar un papel más activo, intervenir para compensar la inestabilidad provocada por la actividad privada incontrolada [...]

El cambio de opinión tanto del hombre de la calle como de la profesión económica se debió a una incomprensión de lo que en realidad había sucedido. Sabemos ahora, como un grupo reducido de personas conocía entonces, que la Depresión no se debió a un fallo de la empresa privada, sino más bien a un fracaso de la Administración en una zona de actuación en la que ésta, desde el principio se había asignado responsabilidad: «acuñar moneda, regular su valor y el de las monedas extranjeras», según reza el artículo 1, sección 8, de la Constitución de Estados Unidos.

Hemos aprendido mucho desde los años treinta como para despreciar ahora toda esa sabiduría.

CAPÍTULO 4

Los principios morales de la prosperidad

Como he dicho desde el comienzo, la actual crisis económica es también una crisis política y una crisis moral. Efectivamente, esta crisis es también de carácter moral. En el capítulo anterior me referí a los fallos que han precipitado la crisis económica. Creo que detrás de estos fallos podemos encontrar la quiebra de determinados principios morales y la renuncia a determinados valores.

Con los graves fallos del Estado en su papel de monopolista del dinero, en su papel de regulador bancario y en su papel de supervisor de los bancos y de las bolsas se ha puesto de manifiesto la arrogancia de quienes piensan que el Estado es perfecto, a diferencia del mercado libre, y debe sustituir en muchos ámbitos a la libertad individual. En buena medida, esta crisis es una crisis de fatal arrogancia de quienes confiaron en exceso en la capacidad de los gobernantes y en el poder omnipotente del Estado.

Pero junto a los fallos del Estado se ha producido también un problema de falta de ética en el mundo empresarial. Y hay que denunciarlo con toda claridad. No me refiero a los errores en las decisiones empresariales, que forman parte de la esencia de la economía de libre mercado, sustentada en el riesgo y en la posibilidad de que algunos proyectos empresariales fracasen mientras otros tienen éxito. No critico a los gestores ni a los empresarios que midieron mal el riesgo de sus operaciones bancarias, confiados en la buena marcha de la economía.

Me refiero a los máximos directivos de entidades financieras que han llevado a la quiebra a sus entidades y que todavía pretenden cobrar cantidades multimillonarias como finiquitos. Quizás sea legal, pero me parece inmoral. Lo más grave, en mi opinión, es la falta de ética que han demostrado quienes han incurrido abiertamente en el engaño, en la estafa, en la corrupción empresarial.

También merecen la más dura reprobación penal y social quienes se han valido de prácticas corruptas para lograr grandes negocios, plusvalías, recalificaciones multimillonarias, contratos públicos, concesiones administrativas... Esos falsos empresarios hacen, además, un flaco favor a la figura del auténtico emprendedor, que merece todo mi reconocimiento.

La cultura de la irresponsabilidad

En estos años se ha extendido una forma de comportamiento que se podría llamar la cultura de la irresponsabilidad, una actitud que ha tenido éxito en estos últimos años en todo el mundo. Consiste en convencer a los ciudadanos de que pueden disfrutar de todos los derechos sin tener ningún deber, ninguna responsabilidad. En algunos países se ha iniciado una espiral de creación de derechos, como si los derechos no fueran algo inherente al ser humano y tuvieran que ser concedidos por obra y gracia de un gobierno. Cuando esto ocurre, los derechos están a punto de convertirse en privilegios por los cuales un grupo de la sociedad se cree legitimado para pedir algo que los demás, en su conjunto, habrán de pagarle.

Los derechos debían ser el freno que los legisladores y los constitucionalistas clásicos habían alzado frente a las arbitrariedades de un Estado mucho más poderoso que cualquier persona. El Estado tenía —y tiene— la responsabilidad de hacerlos cumplir y la obligación de respetarlos. Ahora se están convirtiendo en un instrumento más de los gobernantes para intervenir y ganarse los favores de unos grupos en detrimento de otros. Están pasando a ser un instrumento político para dividir la sociedad en grupos de interés, alimentados gracias al presupuesto público que acaba, inevitablemente, disparándose para satisfacer los intereses de las clientelas que se van creando. Así se deshace el principio de igualdad ante la ley, que es la base de las democracias modernas.

Pero hay más. Esta idea de la acción pública puede acabar socavando la moral de una sociedad. Desde los gobiernos, se les está diciendo a las personas que las decisiones que tomen no tendrán consecuencias porque siempre estarán ahí las Administraciones públicas para solucionar cualquier problema. Se sustrae a las personas la responsabilidad de sus propios actos, como si eso fuera una forma de emancipación. Es lo contrario. Es tratarles como si fueran niños y necesitaran tutela. En vez de animarles a asumir nuevos retos y a proseguir sus propias ambiciones, se les está sugiriendo que nada de todo eso vale la pena. Que al final, todos disfrutarán de los mismos beneficios, tanto los que hayan asumido riesgos como los que no.

La cultura de la queja

Al intentar suprimir la responsabilidad, se desincentivan la asunción prudente de riesgos, la innovación y, al final, la propia creación de riqueza. Peor aún, se está sugiriendo que quien se arriesga a innovar es un egoísta que sólo quiere aprovecharse de los demás. También se está diciendo a las personas que no vale la pena trabajar para salir adelante. Si los gobiernos asumen todos los riesgos y se anulan las consecuencias de nuestros actos, ¿para qué habremos de esforzarnos por cumplir con nuestro deber en la oficina, en el taller o en la escuela? Se ha cultivado el desprecio por el trabajo, una actitud que lleva a considerar a quien trabaja —y no digamos ya a quien gusta de trabajar— como alguien que no sabe disfrutar de la vida. Se llega a menospreciar a quienes buscan, con el trabajo, dar satisfacción a su vocación personal y conseguir sus objetivos vitales.

La labor de los gobernantes no puede consistir nunca en hacer felices a los seres humanos. Los gobernantes y las instituciones deben garantizar que cada cual pueda poner en práctica su propia forma de buscar la felicidad, siempre que respete las leyes. Pero esa felicidad posible nunca está garantizada y menos aún por el Estado. Habrá de ser lograda por cada uno. Al suprimir la posibilidad de alcanzarla, porque el riesgo no vale la pena y el esfuerzo es algo propio de personas de pocas luces, se está garantizando una forma generalizada de frustración. Sin riesgo, sin esfuerzo, sin trabajo, no hay posible cumplimiento de nuestros fines, pero si tiramos la toalla antes de haber empezado, estamos condenados a la frustración. Se incentiva la queja perpetua, en vez del esfuerzo. Pues bien, sólo asumiendo cada uno sus propias responsabilidades volveremos a sentirnos satisfechos con nuestra vida. En cambio, en estos últimos años, se nos ha querido convencer de que podemos vivir mejor trabajando menos. Se nos ha transmitido que da lo mismo trabajar bien que no hacerlo. Se ha desterrado el elogio del trabajo bien hecho.

La política de la irresponsabilidad tiene también consecuencias negativas en el orden de los principios morales. Cuando se postula que los actos de las personas no tienen consecuencias para ellas ni para los demás, se está suprimiendo la distinción entre una conducta moralmente intachable y otra moralmente reprobable. Como se ha dicho tantas veces, se llega al imperio del «no importa», o del «todo da igual».

Creo que los gobernantes, o el Estado, no deben definir pautas de comportamiento moral e imponer a las personas una determinada conducta dentro de la esfera de libertad individual, como si ellos tuvieran el secreto de la moral universal. Eso nos llevaría al fundamentalismo y a la intransigencia. Pero sí creo que es un error sugerir que las normas que permiten distinguir el bien del mal no existen, o que han sido abolidas gracias al progreso de la sociedad.

Cuando se sugiere que no hay bien ni mal, que todo es relativo, se está inoculando en la sociedad un nihilismo muy destructivo. Se acaba anulando la posibilidad de juzgar la propia conducta. De hecho, se está ensayando de nuevo un experimento contra la propia naturaleza humana, que siendo capaz del bien tanto como del mal, sabe siempre distinguir lo que está mal de lo que está bien. Se nos ha querido emancipar de los principios morales, como si eso fuera una liberación definitiva que nos abriría las puertas de un mundo mejor y más libre. Así es como hemos empezado a convertirnos en una sociedad convencida, al menos en parte, de que puede vivir sin principios morales. Nada más falso. Son la única base posible de la libertad y, por eso mismo, de la prosperidad general.

El efecto económico de esta política de los derechos sin deberes, o de la irresponsabilidad general ante las propias acciones, tiene un doble coste, que acaba siendo muy alto. Desincentiva la creación de riqueza, y en más de un sentido infantiliza a una sociedad a la que se le intenta convencer de que no debe ser responsable y de que la cultura de la queja es la más rentable. Crea personas y colectivos que, para ver satisfechos lo que piensan que son sus derechos, reclamarán del Estado la transferencia de unos recursos que realmente proceden del bolsillo de todos. Si el Estado obliga a los demás a pagar por aquello a lo que uno cree que tiene derecho, como se está enseñando a los españoles, ¿para qué esforzarse, para qué ahorrar, para qué sacrificarse? Mejor quejarse y esperar la prodigalidad del Estado.

La cultura del crédito ilimitado

Otra consecuencia de esta propaganda es la idea de que uno tiene derecho a obtener todo lo que desea y a tenerlo ya. El desbordamiento de las expectativas ocurrido en estos últimos años, con la facilidad de concesión de crédito y la posibilidad de aplazar casi indefinidamente los pagos, ha venido a reforzar este error monumental. Algunos economistas, en todo el mundo, nos decían que se habían acabado los ciclos y las crisis. No había ningún riesgo y todos salíamos ganando con el horizonte del crecimiento perpetuo, que justificaba un endeudamiento siempre en aumento. Así se acaba con la moral del esfuerzo.

Se ha intentado hacer creer que para cumplir cualquier deseo, incluso cualquier capricho, basta con endeudarse y diferir su pago en el tiempo, como si los plazos no vencieran nunca y el tiempo pudiera ser estirado a voluntad. Todo lo que se disfruta hay que pagarlo. Más tarde o más temprano, todas las facturas se acaban pasando al cobro. Durante unos años, hemos vivido en la burbuja de que todo sería posible y que, en cualquier caso, siempre estará ahí el Estado para solucionar cualquier problema.

Esta cultura del crédito ilimitado y aplazable a voluntad carece de fundamento. Pero tiene además otros efectos en la propia sociedad al intentar transformar la irresponsabilidad en un rasgo moral ejemplar y deseable para todos. Y no estoy hablando sólo de los particulares, que cayeron en la tentación de creer que sus problemas se pueden disolver sin más, que se puede vivir y prosperar trabajando poco, o que el Estado (es decir, el resto de la sociedad) proveerá de lo que se le ha convencido que son sus derechos. Hablo también del propio Estado, que en vez de presentarse como ejemplo de responsabilidad se presenta como lo contrario, como un ejemplo de derroche.

Y es que en política económica se puede ser buenista, como se es buenista en política exterior o en moral pública. También en este campo se puede llegar a afirmar que se puede gastar sin medida, postergando el pago de lo que se debe mediante la creación de una deuda cada vez mayor, es decir, aplazando el pago hasta la siguiente generación. En el fondo, se nos está sugiriendo que tenemos derecho a pedir que los demás trabajen para nosotros y que nuestros pequeños, o grandes, privilegios los tenemos garantizados gracias a la acción del Estado.

En el último tercio del siglo XX, el descrédito del intervencionismo estatal pareció definitivo. Ha vuelto disfrazado de la retórica de los derechos sin deberes, la anulación de la responsabilidad y la ficción del crédito ilimitado. Resulta difícil imaginar políticas más corrosivas con los principios de la moral pública y privada, y más destructivas de la prosperidad de todos.

La vuelta a la realidad

La realidad es que, en estos últimos años, en el mundo se han despreciado algunos de los principios que han fundamentado nuestra prosperidad. Lo que crea bienestar es la disposición a asumir riesgos; no la falta de responsabilidad. La base de la riqueza es trabajar más y mejor; no menos o peor. Además, cuando uno gasta más de lo que se puede permitir se socavan las bases de la prosperidad.

Después de varios años en los que se ha preconizado una política y una moral del «todo vale», del crédito ilimitado, la crisis económica nos ha devuelto a un mundo donde es más necesario que nunca el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo y, en la medida de lo posible, el ahorro. Muchas sociedades se acostumbraron a vivir de un crédito ilimitado, incluso hubo el intento político de hacer de esto el fundamento político de la sociedad. Al final, el tiempo ha puesto las cosas en su sitio demostrando que el crédito ilimitado es una ficción, cuando no una trampa.

Despejada esta ficción, ha llegado la hora de volver a la realidad y recuperar los valores fuertes. Y la realidad consiste en primer lugar en no mentir a las personas acerca de la realidad ni acerca de los principios y los valores morales en los que se basa la acción pública. No se le puede seguir diciendo a la sociedad que se puede vivir cada vez mejor trabajando cada vez menos. Tampoco se puede seguir preconizando el «todo vale», como si hubiéramos anulado las distinciones morales y el criterio de responsabilidad. Ya no se puede afirmar que podemos seguir viviendo indefinidamente en la cultura de «gratis total». La queja no puede ser más rentable que el esfuerzo.

Los principios morales no son un objeto de diversión o un obstáculo en la búsqueda por cada uno de la propia felicidad. Al revés, son la única base posible de la libertad y, por eso mismo, de la prosperidad general.

Una sociedad responsable

Una sociedad responsable es aquella en la que las personas asumen sus propias responsabilidades y no quieren vivir tuteladas por el Estado. Personas con confianza en sí mismas y que están dispuestas a intentar llevar a cabo los proyectos que se proponen. Éstas son las sociedades que generan la prosperidad necesaria sobre la que construir una sociedad del bienestar que garantice la igualdad de oportunidades y una solidaridad activa entre las personas.

Sin prosperidad no será posible para los ciudadanos ejercer una solidaridad activa —que no hay por qué delegar siempre en el Estado— a favor de los más débiles o de los que sufren. Es también responsabilidad de la sociedad, y por tanto de las personas, las empresas y las instituciones, hacer frente a las situaciones de necesidad, de injusticia y de pobreza. Todos saldremos ganando si la sociedad asume —como ya ha empezado a hacer— esa clase de responsabilidad, que complementa a la que le corresponde al Estado.

También resulta imprescindible ofrecer a los jóvenes un futuro abierto. Eso quiere decir que hay que darles oportunidades para garantizar que ningún talento y ningún mérito quedarán sin aprovechar, pero también —en el fondo es lo mismo— asegurarles que llegará el momento en que deban asumir sus propias responsabilidades. A los jóvenes no podemos condenarles a esa enfermedad moral de la eterna adolescencia surgida en los años sesenta del siglo pasado y que tantos estragos ha hecho en nuestras sociedades. Hemos de volver a tener confianza en la capacidad de los jóvenes para labrarse su propia vida.

El sentido moral de las reformas

Hay quien muestra su desconfianza siempre que se invoca la necesidad de proceder a reformas estructurales o reformas del mercado de trabajo. Muchas veces se considera que estas reformas afectan únicamente al despido de los trabajadores. No es así. Cuando se habla de derechos en el ámbito laboral, suele caer en el olvido el primer derecho laboral, que es el de acceder a un empleo. Cuando un país registra altas tasas de desempleo, la prioridad debe situarse en realizar las reformas necesarias para permitir que los parados dejen de serlo.

La reforma del mercado del trabajo debería tener como prioridad desterrar el miedo a contratar por parte de los empresarios, es decir, cambiar la legislación laboral para que ningún empresario deje de contratar a alguien a quien necesita a causa de la rigidez de la normativa laboral. Cualquier despido es un fracaso, como sabe cualquier empresario que ha tenido alguna vez que despedir, y una sociedad que condena al desempleo a buena parte de su población necesita reflexionar sobre las causas de este fracaso y ponerle solución.

Por otro lado, una buena reforma del mercado de trabajo debería avanzar en la confianza entre trabajadores y empresarios para llegar a acuerdos que les sean de mutuo provecho, y para aprovechar juntos las oportunidades que el mercado ofrece: a mayores retos, más formación; a más productividad, mejor salario; a más voluntad de asumir responsabilidades, mayores posibilidades de promoción.

El Estado, por su parte, debería dar ejemplo de aquello mismo que exige de las empresas y de los trabajadores. Debería ser buen pagador, exigir para él lo mismo que exige a quienes cumplen sus obligaciones tributarias y, además, no dejar hipotecadas a las siguientes generaciones. Si para eso es necesaria la austeridad, bienvenida sea. Los gobernantes deberían dar ejemplo de esos mismos principios que deben preconizar y contribuir a la prosperidad general evitando el despilfarro, siempre sufragado con el dinero de todos.

En definitiva, es muy importante extraer de la actual situación de crisis la lección de la necesidad de prestigiar los valores básicos en los que se fundamenta una sociedad abierta, dinámica y con ambición de futuro. Son los valores del esfuerzo y de la exigencia; del respeto y del reconocimiento de la autoridad; de la búsqueda de la excelencia y la retribución del mérito frente a la gratificación instantánea; de la igualdad frente a la fragmentación identitaria de la sociedad; de la honradez y el trabajo productivo frente al oportunismo y las trampas; de la responsabilidad y la libertad personal en el desarrollo del proyecto vital de cada uno frente a la eterna adolescencia patrocinada por el Estado.

Sin la recuperación de esos valores será mucho más difícil salir de la crisis. Recuperarlos, en cambio, consolidará la prosperidad de todos. Frente a una crisis económica que empezó como una crisis moral y de valores, es imprescindible devolver a las personas el gusto por la libertad, porque ahí está la clave de la salida de la crisis y de la prosperidad.

SEGUNDA PARTE

La crisis de la economía española

CAPÍTULO 5

El éxito de la economía española entre 1996 y 2006

1996-2004. España, de campeona de la Champions League del paro a liderar la creación de empleo en Europa

Entre 1996 y 2006, España experimentó una década de prosperidad desconocida en su periodo democrático. El intenso crecimiento económico elevó notablemente el nivel de vida de los españoles, dio oportunidades de empleo a millones de ciudadanos y modernizó el tejido empresarial nacional.

España pasó a convertirse en un modelo de referencia en todo el mundo por su éxito económico. Nunca me gustó la expresión «milagro económico español», porque los milagros no son cosa propia de la economía, pero esa expresión cuajó en la prensa internacional.

A lo largo de esos años, España dejó de ser encuadrada en el grupo de los llamados «PIGS» (Portugal, Italia, Grecia y España) y se convirtió en un país respetado y admirado por su progreso económico y social.

España se transformó en una máquina de crear empleo, envidiada en toda Europa. En el periodo 2000-2004, España creaba más empleo que Alemania, Francia e Italia juntas. Mientras el paro crecía en estas tres grandes economías europeas, España reducía su tasa de desempleo a un ritmo envidiable.

Quedaba refutada así esa ridícula teoría, que hasta 1996 se había extendido en ambientes políticos y académicos de la izquierda, que sostenía, en consonancia con el célebre eslogan turístico del franquismo, que «España era diferente». De acuerdo con esa teoría que nunca llegué a comprender, existía un «problema español» de carácter singular (una suerte de maldición nacional contemporánea) que impedía reducir la tasa de paro por debajo del 16 por ciento. Siempre sostuve que esa tesis carecía de fundamento y que si España cambiaba radicalmente de política económica, el problema del paro masivo tendría solución.

La herencia socialista de 1996: el paro masivo

Lo cierto es que en 1996 sólo trabajaban en España poco más de doce millones de españoles, sobre una población de casi cuarenta millones. Trabajaba por entonces en nuestro país prácticamente el mismo número de personas que en 1975. En veinte años —trece de socialismo—, España había sido incapaz de crear un solo empleo neto: un fracaso político, económico y social en toda regla.

A principios de 1996, 3.710.000 personas estaban en el paro, una cifra socialmente inaceptable. En algunas Comunidades Autónomas como Extremadura o Andalucía, la tasa de paro se situaba holgadamente por encima del 30 por ciento. Y no se trataba, ni mucho menos, de un problema coyuntural. De los 3,7 millones de parados, casi 2,1 millones eran parados de larga duración.

En 1996, sólo trabajaban en España 4.300.000 mujeres, y la tasa de paro femenino ascendía a más del 30 por ciento. En ese año sólo trabajaban 1.500.000 jóvenes menores de 25 años, y la tasa de paro juvenil superaba el 42 por ciento. Ésos eran los frutos sociales de las políticas socialistas.

En 1996 no sólo había poco empleo sino que, en buena medida, el empleo era precario. Sólo 6.200.000 españoles disfrutaban de trabajo indefinido. Y sólo dos millones de mujeres tenían trabajo fijo.

En 1996, el número de ocupados por hogar era de apenas 1,29. La cifra revelaba que, por entonces, en la mayoría de los hogares sólo entraba un sueldo, colocando así a la inmensa mayoría de las familias en una situación de gran vulnerabilidad ante la llegada de una crisis y la consiguiente pérdida de empleo.

La inaceptable situación laboral de 1996 se veía agravada por el hecho de que la altísima tasa de paro no era el resultado de una elevada población activa, es decir, de una gran parte de la población española dispuesta a trabajar. Todo lo contrario. Por entonces, la tasa de actividad laboral española era muy baja, del 51 por ciento, claramente por debajo de la media europea. Muchos españoles se habían retirado del mercado de trabajo; habían desistido de intentar siquiera encontrar un empleo, ante la magnitud de la catástrofe laboral.

El paro masivo se traducía también en una elevada conflictividad social. En 1995, España había perdido por huelga la escandalosa cifra de 1.440.000 jornadas laborales. Ningún país europeo arrojaba un fracaso tan agudo y palmario en el plano laboral y social como España. España figuraba entonces líder destacado de la Champions League del paro.

Ante esta dramática situación social, se entiende con claridad que la creación de empleo y la lucha contra el paro masivo constituyeran los objetivos políticos prioritarios de mi Gobierno en el terreno económico y social.

La creación de empleo se convirtió, además, y en clara contraposición con las políticas socialistas, en el eje de la política social. Nunca me cansé de afirmar que «la mejor política social es crear empleo». Porque la creación de empleo no sólo reporta a un trabajador un salario y una seguridad personal y familiar, sino que le permite recuperar su dignidad y buena parte de su libertad.

La creación de empleo era también fundamental para afrontar la crítica situación financiera del sistema de pensiones. Tan mal estaba la Seguridad Social en 1996 que mi Gobierno tuvo que pedir prestado dinero en diciembre de ese año a los bancos y a las cajas de ahorro para pagar las pensiones. La creación de empleo y la reducción del paro eran la única vía posible de recuperar la situación financiera de la Seguridad Social a corto y medio plazo y garantizar, al mismo tiempo, en el largo plazo, las pensiones futuras.

La herencia socialista de 1996 (II): déficit público descontrolado

La dramática situación de la Seguridad Social (en déficit continuado) se sumaba a la grave situación de las cuentas públicas. España registró en 1995 un déficit público del 6,7 por ciento del PIB, el más alto de su periodo democrático y más del doble del máximo admisible para cumplir uno de los criterios de acceso al euro (el 3 por ciento del PIB). La Deuda pública también crecía sin control y se aproximaba a toda velocidad al 70 por ciento del PIB, alejándonos de otro de los criterios de convergencia acordados en Maastricht. La política económica socialista de desequilibrio presupuestario alejaba cualquier posibilidad de que España pudiera acceder al euro.

Las devaluaciones de la peseta, que sumaron cuatro en el periodo 1992-1995, tampoco ayudaban a forjar una imagen seria y fiable de la economía española. Los inversores internacionales sabían que, de tiempo en tiempo, perdían una parte de sus inversiones en España como consecuencia de una devaluación de la peseta. Por si fuera poco, la estabilidad exterior de la moneda nacional era un requisito para ingresar en la Europa del euro. Las devaluaciones de la peseta implicaban suspender una asignatura más del examen de acceso al euro.

A los desequilibrios anteriores se unía la ausencia de precios estables. La inflación, ese impuesto injusto que recae sobre los más humildes, era sistemáticamente muy alta. En 1996 se situaba en el 4,8 por ciento, muy lejos de los niveles requeridos para formar parte de la Europa del euro.

A lo anterior se sumaban los sonados escándalos de corrupción de la etapa socialista, que minaban la imagen económica de España y la confianza internacional en nuestro país.

Con este desolador panorama, el paro masivo, el continuado desequilibrio presupuestario, el crecimiento descontrolado de la Deuda pública, las sucesivas devaluaciones, la elevada inflación y los escándalos de corrupción se traducían en una reputación económica internacional mediocre para España.

La herencia socialista en 1996 (III): España, en la segunda división económica internacional

En 1996, la renta media por habitante era en España del 79 por ciento de la media europea, el mismo nivel que en 1976. España había dejado pasar veinte años sin acercarse económicamente al bienestar medio europeo.

Además de estar encuadrada en el bautizado despectivamente como grupo de los «PIGS», en 1996, España estaba encuadrada en la segunda división financiera internacional.

La Deuda pública española tenía una calificación financiera de segunda división (AA), mientras que la de Alemania o Francia eran de primera división (disfrutaban de la calificación de máxima seguridad, AAA). Con ese panorama, nadie contaba con España para formar parte de la Europa del euro.

Recuerdo que pocos meses después de llegar al Gobierno, en septiembre de 1996, celebramos en Valencia una cumbre hispano-italiana. Aunque en menor medida que España, también para Italia parecía muy difícil cumplir las exigentes condiciones para entrar en el euro con el grupo de cabeza. El entonces primer ministro italiano, Romano Prodi, me propuso que, dadas nuestras dificultades económicas, trasladáramos a nuestros socios europeos que España e Italia se incorporarían al euro en una segunda fase, algún tiempo después de que en 1999 echara a andar la moneda única. Su argumento era que, con más tiempo, el ajuste que necesitaban nuestras economías podría hacerse de manera menos dolorosa y menos impopular.

Tengo que decir que rechacé amablemente aquella invitación de Prodi. Le dije que no, que España iba a hacer lo posible y lo imposible para cumplir a tiempo y tomar ese tren europeo. Me atreví incluso a sugerirle que, si quería hacer lo mejor para su país, no dejara a Italia descolgada del grupo de cabeza del euro. Y me alegré cuando, finalmente, Italia también se incorporó al euro a la vez que España.

Claro que Romano Prodi no sabía —cuando me hizo en Valencia una propuesta que hicimos bien los dos en rechazar— que el Gobierno que tuve el honor de presidir llevaba ya varios meses volcado en poner en marcha todos los ajustes necesarios para cumplir con las exigentes condiciones de Maastricht. Tuvimos la determinación de poner en marcha todas las reformas necesarias, de hacer todos los ajustes que fueran precisos, de considerar que ésa era nuestra prioridad y que debíamos alcanzar ese objetivo porque sería muy bueno para España.

La herencia que recibió el Gobierno socialista en 2004

En 2004, la situación económica y social no resistía la comparación con la de 1996. Uno de los éxitos de los que me siento más orgulloso se refiere justamente a la creación de empleo y la lucha contra el paro durante los ocho años que presidí el Gobierno de España.

En 2004 dejamos como herencia al Ejecutivo socialista una economía con 18 millones de empleados, un 50 por ciento más de los que dejó el anterior Gobierno socialista en 1996. En ocho años de Gobierno se habían creado más de 5 millones de empleos.

En 2004 dejamos como herencia una economía con una tasa de paro del 11 por ciento, menos de la mitad de la que los socialistas dejaron en 1996 (un 23 por ciento). Ésa es la política social en la que yo creo.

Las mujeres y los jóvenes fueron los grandes beneficiados de la creación de empleo y la reducción del paro. Conseguimos que en 2004 trabajaran en España 6.850.000 mujeres, dos millones y medio más que en 1996. El empleo femenino creció un sesenta por ciento en esos ocho años. La tasa de paro entre las mujeres se había reducido más de un cincuenta por ciento, del 30 al 15 por ciento.

Los jóvenes fueron los otros grandes beneficiarios de la creación de empleo durante los ocho años del Gobierno que presidí. La tasa de paro juvenil se redujo del 42 por ciento de 1996 al 22 por ciento en 2004.

Durante esos ocho años no sólo se creó mucho empleo, sino que se creó mucho empleo de calidad, empleo estable. De los cinco millones de nuevos empleos, más de 3,6 millones fueron empleos con contrato fijo.

La creación de empleo que impulsaron los gobiernos del Partido Popular en el periodo 1996-2004 se tradujo en una mejora notable del nivel de vida de los españoles. Tras ocho años de Gobierno, la renta por habitante era en 2004 un 64 por ciento superior a la de 1996.

En esos ocho años, los españoles acercaron mucho su nivel de vida a la media europea. España se modernizó y europeizó a un ritmo desconocido. La denominada convergencia con Europa creció en esos ocho años nada menos que diez puntos (más de un punto por año). En 2004, muchas regiones españolas superaban holgadamente la media europea en renta por habitante.

La estabilidad de precios fue otro de los logros de la política económica de esos ocho años. La inflación quedó reducida a apenas el 2,2 por ciento, menos de la mitad de la tasa de crecimiento de los precios que los socialistas dejaron en 1996.

Tras reducir progresivamente el déficit público y alcanzar el equilibrio presupuestario en 2001, el Gobierno que tuve el honor de presidir aprobó en 2003 un presupuesto que, por primera vez en democracia, registró superávit. Además, logramos que los presupuestos tuvieran plena credibilidad. Los presupuestos se aprobaban y se cumplían.

El equilibrio presupuestario y la consiguiente eliminación del déficit público que impulsé desde el Gobierno permitieron aliviar la carga de impuestos para futuras generaciones de españoles. El peso de la Deuda pública sobre el PIB cayó nada menos que doce puntos.

De registrar déficit en 1996, el Gobierno que presidí colocó a la Seguridad Social en superávit; el excedente positivo se elevó a más del 0,5 por ciento del PIB en 2003. Se terminó eso de pedir dinero a los bancos para pagar las pensiones.

El superávit de la Seguridad Social y el refuerzo de la garantía de las pensiones futuras fueron compatibles con un sensible incremento de las pensiones públicas, como bien saben los pensionistas españoles. La pensión media pasó de 382,03 euros mensuales a 573,66, mientras que la pensión media de viudedad pasó de 272,85 euros mensuales a 430,74. En 1996, siete de cada diez pensiones eran inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI). En 2004, cinco de cada diez. España estaba en 2004, además, plenamente integrada en el euro, lo que reforzaba y protegía extraordinariamente a nuestra economía.

La entrada de España en el euro, que impulsé desde el Gobierno como objetivo político prioritario, generó también importantes beneficios en el plano social y aumentó la renta de millones de familias con hipotecas. El tipo de interés de las hipotecas se había reducido en 2004 al 3,3 por ciento. Ocho años antes las familias españolas soportaban en sus hipotecas tipos de interés de más del 11,2 por ciento.

La pujanza de la economía y de las empresas españolas en un contexto de apertura comercial y financiera reforzó la capacidad de salir con éxito al exterior. España se convirtió en aquellos años en el segundo inversor del mundo en Iberoamérica, sólo por detrás de Estados Unidos. España pasó a ser una potencia económica en el continente americano.

La modernización económica y social de España pasó a ser un hecho destacado en la prensa internacional. El éxito de habernos incorporado al euro cumpliendo con buena nota todos los criterios de convergencia (los criterios de Maastricht, es decir, el examen de acceso al euro) contribuyó a reforzar la nueva imagen de España como la de un país dinámico y económicamente pujante.

La expansión de las empresas españolas en Iberoamérica, fruto de su éxito en España y en Europa, llevó a hablar internacionalmente de la Spanish Armada, es decir, la Armada (empresarial) española: Endesa, Telefónica, Banco Santander, BBVA, Repsol-YPF, Iberdrola, entre otras. Todos los españoles pudimos sentir legítimo orgullo por ello.

Por entonces, la economía española no sólo crecía con fuerza, sino que superaba con éxito los episodios de crisis económica internacional. La crisis de las punto.com provocó en el año 2000 y en el 2001 un marasmo económico en buena parte de Europa, sobre todo en Francia y Alemania. La economía española apenas se resintió y superó aquella crisis con sobresaliente. Ahora que algunos recurren a la crisis internacional como culpable de todos nuestros actuales males económicos, conviene recordarles que el ritmo de crecimiento anual no decayó en ningún momento de los ocho años del Gobierno que presidí por debajo del 2 por ciento, con crisis internacionales y sin ellas.

A principios del 2004, España crecía claramente por encima del 2 por ciento y aceleraba de nuevo su crecimiento hacia ritmos del 3 por ciento, tras un crecimiento medio del 3,4 por ciento en el periodo 1996-2004. El conjunto de los ciudadanos españoles valoraba muy positivamente (como reflejaban todos los análisis sociológicos) el avance económico de nuestro país.

En 2004 la renta media por habitante se había elevado en España hasta los 21.800 euros, 8.500 euros más que en 1996, lo que había permitido acercarnos rápidamente a la media europea. En 2003, la renta media española se situaba ya en el 90 por ciento de la media comunitaria, frente al 79 por ciento del año 1996.

El Gobierno socialista que ganó las elecciones generales de 2004 recibió, así, la mejor herencia económica de todos los gobiernos de la democracia. Esa herencia venía reforzada por el hecho de que España formara ya parte del euro, un factor de seguridad muy importante para una economía históricamente débil y vulnerable como la española.

Por si fuera poco, la política económica de estabilidad presupuestaria que el impulsó el Gobierno de España desde 1996 había conseguido que España ascendiera a la primera división financiera internacional consiguiendo la máxima calificación de solvencia, la llamada AAA. Los inversores llegaron a apreciar de igual manera la Deuda pública española y la alemana. La Deuda pública alemana dejó de ser más valorada que la española.

Y eso significó que los socialistas heredaron la gestión de un Estado que pagaba por su deuda (en volumen, mucho más baja que la de ocho años antes) tipos de interés del 3 por ciento, muy lejos del 11 por ciento que estaba obligado a pagar en 1996. El tremendo ahorro en intereses de la Deuda del Estado se podía dedicar, así, a otros fines, como bajar los impuestos o incrementar las pensiones.

Esa magnífica herencia (crecimiento alto, superávit presupuestario, impuestos rebajados, baja inflación, reformas estructurales en funcionamiento) permitiría continuar durante dos años los buenos resultados económicos. Mi Gobierno dejó el coche revisado y con el depósito lleno. La economía española estaba preparada para seguir creciendo al menos un par de años sin hacer prácticamente nada.

Pero, como ya advertí —y publicado está— en la sesión inaugural del Observatorio Económico de la Fundación FAES, celebrada en la sede del diario La Razón el 15 de febrero de 2005, España estaba abocada a una crisis en el periodo de dos años si se paralizaban las reformas y se rompía con las políticas de austeridad en el gasto público.

Las claves del éxito económico del Gobierno que tuve el honor de presidir

Que en la prensa internacional más prestigiosa España abandonara el grupo de los países europeos con peor reputación en el plano económico por su menor desarrollo socioeconómico, la escasa fiabilidad de sus políticas económicas y su debilidad institucional y se comenzara a hablar del «milagro español» responde a un conjunto de razones. En economía, las cosas no suceden por casualidad.

En economía, como en los demás ámbitos de las políticas públicas, hay buenas y malas políticas. Las buenas políticas dan buenos resultados, y las malas políticas producen malos resultados.

Los graves problemas económicos y sociales que España tenía en 1996 eran el resultado de políticas obsoletas y equivocadas, y los éxitos económicos y sociales cosechados hasta 2004 fueron el resultado de aplicar políticas acertadas. Esas buenas políticas se resumen en tres grupos fundamentales: la austeridad presupuestaria, las rebajas de impuestos y las reformas.

La austeridad presupuestaria se tradujo en decisiones políticas que no por ser impopulares dejaron de aprobarse. Un buen ejemplo es el recorte del gasto público que se aprobó en uno de los primeros Consejos de Ministros que presidí.

Como reequilibrar el presupuesto y acceder al euro eran objetivos prioritarios, pedí al Ministerio de Economía y Hacienda que preparase un recorte del gasto público previsto en el presupuesto de ese año de 200.000 millones de pesetas. Me presentaron un recorte de 80.000 millones, con el argumento de que no se podía recortar nada más. Les dije que no era suficiente y que quería verlo detenidamente. Así lo hicimos. Fui repasando con ellos, capítulo a capítulo, todos los recortes que era posible hacer. ¡Claro que podía hacerse! Hacía falta, eso sí, la determinación y la voluntad de saber cuál era la prioridad y supeditar otras cosas a ese gran objetivo de entrar en el euro, que después demostró su capacidad de acelerar el motor de progreso de España.

La contención del gasto público fue la clave primero, para cumplir los criterios de Maastricht y acceder al euro, después, para equilibrar el presupuesto, y finalmente, para alcanzar el superávit presupuestario que dejamos en herencia en 2004.

En materia de gasto público, además, la prioridad que fijé desde el Gobierno fueron las infraestructuras, con el objetivo de unir los mercados y mejorar la competitividad. El impulso a los aeropuertos (con las ampliaciones de Barajas y El Prat a la cabeza), a los puertos y a la red de alta velocidad fue muy importante.

La contención del gasto público permitió reducir el peso de ese gasto en la economía nacional desde el 45 por ciento hasta el 39 por ciento. Aumentamos el gasto privado a cambio de contener gasto público y los ciudadanos ganaron en consecuencia espacios de libertad. Y es que siempre he considerado preferible que cada ciudadano decida qué hacer con su dinero en lugar de que sea un político, desde un despacho, el que decida por él.

Además de contener el gasto público, el Gobierno que presidí bajó los impuestos. Bajamos dos veces el IRPF. Suprimimos el Impuesto de Actividades Económicas (un impuesto injusto y obsoleto aprobado en 1986 por los socialistas). Rebajamos el Impuesto sobre Sociedades para las PYMES (del 35 por ciento al 30 por ciento). E impulsamos el sistema de deducciones fiscales al I+D+i, que se convirtió en el más potente de la OCDE, en opinión de la patronal europea.

Con todo, aún más importante fue el ambicioso conjunto de reformas estructurales que acometimos en las dos legislaturas y que avanzaban con decisión en una dirección clara: más libertad económica.

Se trataba de abrir espacios de libertad para la iniciativa privada, y de reasignar a las Administraciones públicas el papel que les corresponde. Desde el Gobierno puse especial empeño en llevar a cabo un plan de privatizaciones ambicioso que se extendió a todos los sectores hasta entonces reservados a la empresa pública: telecomunicaciones, banca, seguros, energía.

El Gobierno que presidí complementó ese plan con programas muy profundos de liberalización e introducción de libre competencia en los mercados. Y se extendió ese principio de libre competencia al mundo de los servicios profesionales.

Constituimos un conjunto de organismos reguladores de carácter independiente que abarcaron tanto los nuevos mercados liberalizados (energía, telecomunicaciones) como el conjunto de los mercados (Tribunal de Defensa de la Competencia). Y velamos por los equilibrios e independencia de criterio del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Mi Gobierno apostó también por las políticas de «intervencionismo cero». Las decisiones empresariales deben ser eso, empresariales, y el papel del Estado debe limitarse a asegurar que se cumple la ley. Nos diseñamos operaciones políticas desde los despachos de los ministerios. El papel del Estado estuvo reservado a velar por el interés general y el cumplimiento de la ley, especialmente, en materia de competencia.

En 1996 y 2000 aprobamos dos importantes paquetes de medidas para eliminar trabas legales y administrativas a la creación de empresas y puesta en marcha de nuevos negocios. Y es que nunca he entendido por qué hay que ponerle pegas a alguien que lo único que quiere es abrir una empresa y crear puestos de trabajo.

Desde el Gobierno nos ocupamos también, y muy especialmente, de los autónomos, tanto mediante rebajas en los impuestos que pagan como en el refuerzo de la protección social. Y es que hasta 2003 los autónomos «no se podían poner enfermos», y desde entonces tuvieron prestaciones por incapacidad laboral. Recuerdo bien que, en un acto celebrado ese año en Madrid, el presidente de la principal asociación española de autónomos afirmó que las medidas que aprobamos entonces eran para los autónomos «las más importantes que se habían aprobado en los 25 años de democracia».

En materia de distribución comercial, puse especial empeño en liberalizar la apertura de grandes superficies, así como en liberalizar los horarios comerciales. Los beneficiados fueron los millones de trabajadores españoles que pudieron empezar a hacer su compra los domingos y festivos, o después de salir del trabajo, y que también vieron reducido el coste de la cesta de la compra.

Desde el Gobierno tomé la decisión de impulsar la reforma de la legislación en materia de suelo, con el fin de liberalizar el mercado, facilitar la salida de suelo al mercado y abaratar a medio y largo plazo el precio de la vivienda, así como para reducir los riesgos de corrupción ligados a las operaciones urbanísticas manejadas con criterios arbitrarios. Lamentablemente, esa reforma fue cancelada posteriormente por los socialistas.

Abordamos también, en el marco del diálogo social, reformas laborales con el fin de incrementar su flexibilidad y reducir el miedo a contratar de los empresarios. En el marco del Pacto de Toledo, apostamos por reforzar la garantía de las pensiones futuras. Y también por potenciar los incentivos para los sistemas privados complementarios de previsión social, entre ellos, los planes de pensiones.

La voluntad política de ser responsables y garantizar las pensiones de futuras generaciones de españoles nos llevó a crear una «hucha de las pensiones»: el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que fue creado en 2002. El Fondo fue aumentando con los superávit de la seguridad social hasta alcanzar en 2004 un volumen de 15.200 millones de euros.

Una de las decisiones en la que puse especial empeño personal fue la de abordar con decisión un gran problema nacional pendiente de resolver desde hace décadas: el problema del agua, un recurso tremendamente escaso en regiones como Andalucía, la Comunidad Valenciana y Murcia. Muchos españoles desconocen el cuidado con el que se utiliza el agua en estas provincias de la España seca. Hay muchos españoles que no saben lo que es abrir un grifo y que no salga agua. Los alicantinos, los almerienses, los murcianos y los valencianos lo saben muy bien. Saben lo que es vivir con restricciones de agua muchas horas al día. Saben lo que es no poder beber agua del grifo. El agua se aprovecha allí hasta la última gota y ha permitido desarrollar la agricultura más eficiente, más productiva y más competitiva de Europa. Y sin subvenciones públicas.

Y aprobamos el Plan Hidrológico Nacional, un plan muy ambicioso de carácter nacional que no perjudicaba a nadie y beneficiaba a cientos de miles de españoles, en el Levante español, en Cataluña y en Aragón.

Pensando en el futuro de España y de los españoles, y ante el palpable y lamentable deterioro de la educación desde la aprobación de la LOGSE, pusimos en marcha una reforma a fondo del sistema educativo, con el objetivo de mejorar su calidad. Y aprobamos la Ley Orgánica de Calidad de la Educación. Lamentablemente, fue derogada por los socialistas nada más llegar al poder en 2004.

La mejora de la Universidad fue también otra iniciativa que puse empeño en impulsar desde el Gobierno. España no disponía ni dispone de ninguna universidad entre las 200 mejores del mundo, y eso no es razonable ni aceptable. En la Universidad española sobra mediocridad y endogamia, y falta calidad, competencia y excelencia. De ahí que aprobáramos y pusiéramos en marcha una reforma universitaria encaminada a mejorar la calidad de la educación superior.

Y todo eso dio sus frutos: ocho años de crecimiento, de creación de empresas y de creación de empleo. Los mejores años de prosperidad de nuestra democracia.

CAPÍTULO 6

Cinco años de socialismo (2004-2009): España vuelve a la crisis económica

Cinco años de socialismo económico: 2004-2009

En 2004, en realidad el único proyecto político que tenía el nuevo ejecutivo socialista era hacer todo lo contrario de lo que habían hecho los gobiernos del Partido Popular. En todos los campos y en el económico, también. Incluso se llegó a hablar de «la deconstrucción de la era Aznar».

A diferencia de otros gobiernos europeos de izquierda, como el de Tony Blair en Reino Unido tras los ejecutivos conservadores de Margaret Thatcher y John Major, el Gobierno socialista decidió romper con ocho años de austeridad presupuestaria, terminó con las rebajas de impuestos, intervino en las instituciones del Estado con criterios partidistas, puso el freno a las reformas económicas y eliminó todo lo que representaran los proyectos de cohesión nacional.

El socialismo pretendidamente nuevo se convirtió en seguida en un ejercicio permanente de buenismo, como tan acertadamente lo bautizó el escritor mallorquín Valentí Puig. El buenismo ha significado, en el terreno económico, renunciar a la responsabilidad y, simplemente, ser simpático y quedar bien. Me explicaré.

Los socialistas dicen: ¿no es bueno subir las pensiones? ¡Si es muy fácil! Se suben —por decreto— las pensiones lo que haga falta. Y ya está. Da igual que a largo plazo esa subida de las pensiones ponga en riesgo las pensiones de los futuros pensionistas. El Gobierno socialista, tan «bueno» él, sube las pensiones lo que haga falta, no como esos «desalmados» que gobernaban antes. Éstos proponen cosas muy complicadas. Proponen reformas económicas para que la economía crezca más, se cree más empleo y se puedan subir las pensiones sin amenazar las pensiones futuras. Y dicen que las pensiones no pueden subirse más allá de lo que un país se puede permitir. Esto para los socialistas es «antiguo y antisocial». Y además las reformas requieren un esfuerzo por parte de todos, así que no merece la pena.

Los socialistas dicen: ¿no es bueno que los trabajadores menos cualificados ganen más dinero? Es «muy fácil»: se sube —por decreto— el salario mínimo interprofesional (SMI). Y se sube lo que haga falta, aunque sea muy por encima de la inflación, lo que inevitablemente acabará condenando al paro a decenas de miles de trabajadores, los menos cualificados de todos. Da igual, el Gobierno socialista, tan bueno él, sube el SMI, no como ese Gobierno «antisocial» del PP. Porque los del PP lo que proponen es reformar el sistema educativo y mejorar la calidad de la formación para que suban los salarios sin amenazar el empleo. Eso, de nuevo, es «antiguo y antisocial». Y también requiere esfuerzo por parte de todos, empezando por el Gobierno: opción descartada para los socialistas.

Los socialistas dicen: ¿no es bueno que muchos trabajadores con contrato temporal tengan contrato fijo? Se prohíbe el contrato temporal, para que todos los contratos tengan que ser fijos, por ley. Da igual que muchos trabajadores, sobre todo mujeres y jóvenes, se vayan al paro porque los empresarios no renuevan los contratos temporales ante la desconfianza en la política económica del Ejecutivo. Es lo mismo. A los socialistas les vale con afirmar que rechazan el empleo precario, no como ese Gobierno «insensible» del pasado, que proponía cosas tan «antisociales» como mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo mediante reformas para reducir el temor del empresario al contrato indefinido.

Los socialistas afirman: ¿no es bueno incrementar la financiación de las Comunidades Autónomas para incrementar el gasto público en sanidad y educación? Es muy fácil: se incrementan las transferencias de dinero a las Comunidades Autónomas. Da igual que eso implique incrementar el déficit público, es decir, la Deuda pública y los impuestos futuros, que pagarán mañana todos los españoles y que lastran hoy el crecimiento económico y la creación de empleo. Da igual también que ese dinero extraído del bolsillo del contribuyente se gaste bien o mal. Ésas son cuestiones incómodas que a juicio de los socialistas sólo pueden importar a gente «antisocial» e «insensible» como la del Partido Popular.

El problema del buenismo económico es que acaba saliendo muy caro y que la factura no recae nunca en los dirigentes socialistas. Millones de españoles comienzan a abrir los ojos y a sufrir en sus propias carnes la abultada factura de ese buenismo irresponsable, que acaba recayendo sobre los cientos de miles de españoles que pierden su puesto de trabajo. El buenismo se llena la boca al hablar de derechos mientras priva a cientos de miles de españoles de algo tan elemental como el derecho a trabajar.

El regreso del despilfarro

El socialismo nunca ha visto con buenos ojos la austeridad en el gasto público. Sobre todo, en España.

En 2003, el Gobierno había logrado, con mucho esfuerzo y mucha disciplina, enjugar todo el déficit público y lograr el primer superávit público de la democracia. El reequilibrio de las cuentas públicas se había logrado esencialmente mediante la contención del gasto, es decir, siendo austeros.

El giro en la política económica que arrancó en 2004 comenzó por la renuncia a la austeridad presupuestaria. La creación de nuevos ministerios, muchos nuevos altos cargos y muchos nuevos coches oficiales empezó en la Administración del Estado y, naturalmente, se extendió a muchas Comunidades Autónomas y a no pocos Ayuntamientos.

La expansión del empleo público, contenida durante los ocho años de Gobierno popular, se multiplicó. El resultado es que hoy España tiene ya más de 3 millones de empleados públicos.

El gasto público comenzó a crecer más del 9 por ciento año tras año. En cinco años de Gobierno socialista, el gasto público ha crecido en España más del 40 por ciento. Se gasta mucho más que en 2004, y no se gasta mejor.

El problema de ese crecimiento del gasto público no es sólo que significa menor gasto libremente decidido por los españoles, sino que representa mayores impuestos presentes o futuros. Y es que, como afirmó Margaret Thatcher, uno de los grandes problemas del socialismo es que «al final, el Gobierno acaba por agotar el dinero... de los ciudadanos».

Otra vez suben los impuestos

El socialismo español ha hecho en estos años algo que también sabe hacer muy bien: subir los impuestos. La presión fiscal ha subido más de 3 puntos del PIB, es decir, más de 30.000 millones de euros. Eso significa que cada familia paga, en media, 2.000 euros más al año en impuestos que en 2004.

Llama la atención que buena parte de la subida de los impuestos se debe a incrementos de los impuestos sobre los trabajadores, a costa de reducir los impuestos de los más ricos. Pondré un ejemplo.

Lo que cada contribuyente paga por IRPF ha subido sustancialmente respecto a 2004, según el propio Ministerio de Economía y Hacienda. Pero, al mismo tiempo, los contribuyentes más ricos, que tributan a través de unas sociedades que se llaman SICAV, ahora pagan solamente el 1 por ciento. Con el Gobierno que tuve el honor de presidir, las grandes fortunas españolas que tributaban mediante SICAV pagaban el 35 por ciento de las ganancias. Los socialistas han bajado el impuesto de los más ricos del 35 por ciento al 1 por ciento, mientras han subido el IRPF a millones de trabajadores. Muy social. Más bien, muy socialista.

Vuelve el déficit público

A pesar de la subida de los impuestos, y a medida que la crisis ha ido mermando la recaudación, el incremento del gasto público nos ha hecho retroceder a los tiempos del déficit público descontrolado. O, como afirman algunos analistas, al «déficit público salvaje». En 2009, muchas instituciones de prestigio auguran que España registrará, de nuevo de la mano de un Gobierno socialista, un déficit público de más del 6 por ciento. Y eso que en 2009 la crisis todavía no habrá impactado con toda su fuerza sobre el empleo y sobre las cuentas públicas.

Por lo pronto, la Unión Europea ha iniciado ya un procedimiento sancionador contra España por su excesivo déficit público. El déficit público descontrolado está, además, generando gravísimos problemas económicos a nuestro país.

El primer efecto indeseable es el desmesurado incremento de la Deuda pública, es decir, de los futuros impuestos que recaerán sobre todos los españoles. Pocos ciudadanos son conscientes de que, por ejemplo, en un solo mes, el de enero de 2009, el Gobierno endeudó a cada español en 600 euros más, el equivalente al salario mínimo interprofesional. Y que eso significa para cada español que tendrá que pagar 600 euros más en impuestos más los correspondientes intereses. Y eso en un solo mes.

El segundo problema es que incrementar de forma tan tremenda el déficit público y lanzar, además, como ha hecho el Ejecutivo, a los mercados financieros el mensaje de que no importa elevar el déficit público, y que el gasto público se incrementará lo que haga falta, produce de inmediato una pérdida de confianza en la economía española y, lo que es muy grave, una percepción internacional de menor seguridad en la capacidad del Estado para hacer frente a sus compromisos de pago.

Recuerdo muy bien cuando, siendo presidente del Gobierno, España ascendió al club de los países más fiables de mundo, ganándose la mejor calificación financiera posible, la llamada AAA. Fue una magnífica noticia que reforzó nuestro acceso al euro. Eso significa que España se situaba al mismo nivel que Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido en términos de confianza económica. Las consecuencias fueron muy positivas. A España afluyeron por entonces miles de millones de euros de inversiones extranjeras y los tipos de interés de la Deuda pública cayeron a mínimos históricos. Los beneficiados fueron los españoles, que vieron reducidos no sólo los impuestos necesarios para hacer frente a la carga de la Deuda pública, sino también el coste de sus hipotecas y de sus préstamos.

El panorama es hoy, por desgracia, bien distinto. La irresponsabilidad económica del Gobierno socialista no ha salido gratis. Así, el descontrol de las cuentas públicas y el acelerado y preocupante incremento del desequilibrio presupuestario han hecho sonar las alarmas entre todos los inversores. Hasta el punto de que, el pasado mes de enero de 2009, España descendió de nuevo a la segunda división económica internacional y perdió el carnet AAA de máxima solvencia, una prueba indiscutible de la pérdida de confianza en el futuro de la economía española de la mano de la política económica del Ejecutivo.

La inevitable consecuencia de lo anterior es la alergia a la Deuda pública española. Los inversores rehúyen los riesgos y, cuando los aceptan, es siempre exigiendo a cambio mayores tipos de interés. Muchas familias y pequeños empresarios españoles recuerdan lo que era pagar tipos de interés del 14 y el 15 por ciento a mediados de los años noventa. Por entonces, la Deuda pública tenía tipos de interés del 11 y el 12 por ciento. Hoy, con España como parte de la Europa del euro, los tipos son mucho más bajos, pero las familias, las PYMES y los autónomos sufren hoy en sus créditos tipos de interés sustancialmente más altos que los de la Deuda pública española.

La tercera y grave consecuencia de esa irresponsable política de incremento del gasto público y de déficit público descontrolado es que se está cerrando el acceso al crédito de las empresas españolas, sobre todo de las PYMES y los autónomos.

La razón es bien sencilla. Los bancos y cajas de ahorros, a la hora de prestar, sobre todo en una situación económica difícil, optan por el menor riesgo posible. Y naturalmente, el Estado es siempre un prestatario más seguro que una PYME o un autónomo. Si un banco o una caja de ahorros tienen que elegir entre prestar al Estado y prestar a una PYME, elegirá prestar al Estado. Si un banco o una caja tienen que elegir entre prestar al Estado y dar una hipoteca a una familia, elegirán prestar al Estado. Y de optar por la PYME o la familia, el banco o la caja de ahorros prestarán el dinero a un tipo de interés mucho más alto que aquel al que prestarían ese dinero al Estado; a un tipo de interés que fácilmente puede llegar a ser disuasorio para el empresario.

Lo anterior significa que el déficit público generado por el Gobierno es el principal factor de racionamiento del crédito que están sufriendo nuestras empresas y que está llevando al cierre a decenas de miles de ellas, ahogadas por la falta de acceso a la financiación, que para nuestras PYMES nunca faltó en los ocho años de Gobierno 1996-2004.

Los presupuestos que no son tales

Además del regreso del despilfarro, del retorno a las subidas de los impuestos y de la vuelta al déficit público descontrolado, la pérdida de confianza en la economía española se ha visto agravada por la falta de respeto a normas económicas fundamentales como los Presupuestos Generales del Estado.

Hoy, como a mediados de los noventa, ya nadie cree en los presupuestos. Y hay razones fundamentadas para ello: los presupuestos han dejado de ser creíbles y han dejado de cumplirse. A los socialistas les da igual aprobar unos presupuestos que carecen de credibilidad, prevén crecimientos imposibles de alcanzar, sobreestiman los ingresos públicos e infravaloran los gastos públicos.

¿Qué pensaría un padre o una madre de familia si pidiera un presupuesto para reformar una vivienda, una cocina o un cuarto de baño y el presupuesto estuviera de antemano completamente alejado de lo que razonablemente cuesta la reforma? ¿No desconfiaría de quien le hace el presupuesto? Algo similar ocurre con quienes elaboran el presupuesto español en los últimos años.

El ejemplo más sangrante viene dado por los Presupuestos Generales del Estado del año 2009. En diciembre, cuando todos los analistas preveían ya una recesión en España y un crecimiento negativo de la economía en 2009, el Ejecutivo aprobó unos presupuestos que prevén un crecimiento positivo, totalmente alejado de la realidad. Dio lo mismo. Los presupuestos se aprobaron, a sabiendas de que eran, de antemano, papel mojado.

La politización de instituciones supuestamente independientes

Nunca me canso de afirmar que la confianza es un elemento fundamental en cualquier economía, y que es un activo muy valioso que cuesta mucho construir y muy poco perder.

En 2004, España disponía de un conjunto de instituciones reguladoras y supervisoras con un prestigio acumulado durante años y que inspiraban confianza como consecuencia de la independencia operativa del poder político con la que venían funcionando hasta ese momento. Me refiero al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el Tribunal de Defensa de la Competencia. La neutralidad de estas instituciones es muy importante para infundir seguridad jurídica y confianza, como ocurre con la justicia. Cualquier empresario tiene que tener la tranquilidad de que si un contrato no se cumple puede recurrir a la justicia y que ésta, actuando con independencia, protegerá sus derechos aplicando la ley. Algo parecido ocurre con los organismos reguladores y supervisores: deben ser neutrales. Y por estética, deben parecerlo.

El cambio de Gobierno se tradujo en 2004 en un palpable deterioro de la confianza en la neutralidad de estas instituciones tan importantes. Al frente del Banco de España fue nombrado un gobernador con acreditada trayectoria partidista. En la Comisión Nacional de la Energía y en el Tribunal de Defensa de la Competencia primó la filiación política sobre cualquier consideración profesional y se desdeñó cualquier opción de neutralidad política. En la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el acoso político sobre su presidente acabó por propiciar su dimisión.

Las consecuencias fueron evidentes. Estas instituciones perdieron su apariencia de neutralidad, y más tarde los hechos dieron la razón a quienes advertían de las consecuencias que más tarde o temprano tendría la falta de independencia de los presidentes de estas importantes instituciones. Con ocasión de la OPA de Gas Natural sobre Endesa y la posterior OPA de E.ON sobre la primera eléctrica española, la presidenta de la Comisión Nacional de la Energía y el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia desatendieron los informes de los técnicos y primaron los criterios políticos. El presidente de la CNMV, por su parte, brilló en su tarea de acoso al consejo de Administración de Endesa, presidido entonces por Manuel Pizarro.

El sectarismo político llegó hasta el punto de obligar a intervenir a los tribunales de justicia. El pleno del Tribunal Supremo suspendió el acuerdo de fusión de Gas Natural con Endesa aprobado por el Consejo de Ministros. La Audiencia Nacional suspendió una decisión del presidente de la CNMV contra el consejo de Administración de Endesa. Y la justicia europea acabó condenando al gobierno español por las medidas «anti-E.ON» en el marco de la célebre y desgraciada OPA.

Finalmente, Endesa fue troceada y lo que había sido una gran empresa multinacional privada española pasó en parte a manos alemanas y en otra parte a manos públicas italianas. Todo un «éxito».

Con todo, la peor de las consecuencias ha sido la pérdida de confianza de los inversores extranjeros en España. El desplome de la inversión extranjera en nuestro país a lo largo de los últimos años no es en modo alguno ajeno a esta pérdida de confianza.

La crisis bancaria que amenaza en el horizonte

La intensidad de la caída de la actividad económica, que se está traduciendo en el cierre de decenas de miles de empresas y en el agudo incremento del paro, está teniendo graves consecuencias sobre el sistema bancario español.

Los indicadores de morosidad de una parte del sistema bancario español, compuesto por bancos y cajas de ahorros, se han elevado muy rápida y preocupantemente. La amenaza es que el creciente número de desempleados y la fuerte destrucción de tejido empresarial acaban generando una crisis bancaria en parte de nuestro sistema.

Esta amenaza es algo más que un supuesto altamente improbable. El primer capítulo ha sido la insolvencia de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, intervenida finalmente por el Banco de España el 29 de marzo de 2009. No se puede descartar que la crisis bancaria acabe por extenderse a otras entidades, generando graves problemas al conjunto de la economía española.

El rechazo socialista a las reformas económicas

Las reformas económicas estructurales acometidas en el periodo 1996-2004 tocaron a su fin con el cambio de Gobierno. Las palabras liberalización, privatización y competencia desaparecieron de la agenda económica.

En 2004 era imprescindible continuar con las reformas impulsadas en 1996 (que tenían tímidos antecedentes en 1994 en el terreno laboral y en el sector de las telecomunicaciones). Así lo afirmé públicamente en febrero de 2005, con ocasión de la inauguración del Observatorio Económico de la Fundación FAES, en compañía de destacados académicos y profesionales de la economía, cuando advertí que si se paralizaban las reformas económicas, la buena herencia económica recibida por el Gobierno socialista acabaría por agotarse y España acabaría por entrar en crisis. Incluso le puse plazo al fin del periodo de bonanza: dos años.

A partir de 2004 no sólo no se avanzó en el terreno de las reformas estructurales, sino que, en buena medida, se retrocedió.

Las medidas aprobadas por el Gobierno en 2004 supusieron un severo recorte en la libertad de la actividad comercial, con nuevas restricciones en materia de horarios comerciales. La reforma laboral de 2006 supuso más rigidez en el mercado de trabajo. Se aprobó una ley del suelo que supuso menos liberalización, más intervención y, en definitiva, mayor riesgo de corrupción urbanística. Se paralizó la reforma educativa, derogándose de facto la Ley Orgánica de Calidad de la Educación. Se dio marcha atrás también a la reforma de la Universidad. Se canceló el trasvase del Ebro, previsto en el Plan Hidrológico Nacional. Plan que contaba con el apoyo de una amplia mayoría parlamentaria, con más del 80 por ciento de apoyo en el Consejo Nacional del Agua y con la financiación garantizada por la Unión Europea. Todo lo perdimos. Así podríamos continuar con más ejemplos.

Desde entonces, el avance en las reformas en el terreno de las privatizaciones, las liberalizaciones, la energía, las telecomunicaciones, el suelo, las profesiones liberales, el sistema financiero, la sanidad, el mercado de trabajo, el sistema educativo, la formación profesional, las universidades, la política hidrológica, el sistema de pensiones, la Administración pública, las barreras administrativas a la actividad económica y la distribución comercial, por poner algunos ejemplos, ha sido nulo. Y las consecuencias han sido graves.

Uno de los peores errores cometidos en los pasados años ha sido erigir nuevas barreras en el mercado nacional, desperdiciando así las ventajas de un mercado como el español, de 45 millones de personas. Una de las peores consecuencias de la aprobación del Estatuto de Cataluña es precisamente la constitución de barreras en los mercados de trabajo y de bienes y servicios.

Este rechazo a las reformas económicas es la antítesis de lo que España necesita. Para salir de la crisis, España debe recuperar el impulso reformista que abanderó en toda Europa con la Agenda de Lisboa. Esas reformas podrían y deberían haberse puesto en marcha antes de que la crisis global golpeara a España. Ése, en última instancia, era el objetivo con el que Tony Blair, Antonio Guterres y yo impulsamos la Agenda de Lisboa. La idea surgió en una reunión en Chequers, la residencia de descanso del primer ministro británico, donde Blair me había invitado a pasar un fin de semana.

Es bien conocido que, pese a nuestra diferente adscripción ideológica, siempre tuve una magnífica relación y un buen entendimiento político con Tony Blair que, con los años, se ha convertido en una cordial amistad. Compartíamos la convicción de que Europa necesitaba —y necesita— profundas reformas económicas y sociales para mantener su pujanza económica y su peso político. Compartíamos también la convicción de que Europa debe ser una Europa Atlántica; de que Europa necesitaba —y necesita— reforzar el vínculo atlántico con Estados Unidos. Y no sólo por motivos de seguridad.

Con esas bases firmamos una declaración en Chequers, que después fue ampliada en Lisboa con el respaldo del entonces primer ministro portugués, Antonio Guterres. Es lo que se conoce como Agenda de Lisboa.

Estoy convencido de que si esa agenda de reformas que intentamos poner en marcha en Lisboa se hubiera desarrollado, y lo hubiera hecho con la determinación de modernizar nuestras economías europeas, hoy la crisis no nos habría golpeado con tanta dureza.

La cosecha de cinco años de socialismo económico

Tantos y tan graves errores no podían salir gratis. Y, de hecho, no han salido gratis. Bien lo saben los millones de parados españoles víctimas de la política socialista.

España vuelve a batir, con un Gobierno socialista, los peores récords de desempleo de la historia de nuestro país. España vuelve a tener tasas de paro inaceptables, que según las previsiones se acercarán al 20 por ciento en 2010. A mediados de 2009 ya serán cuatro los millones de desempleados, de acuerdo con los pronósticos de esos analistas. Es decir, prácticamente el doble de parados que los 2 millones que había en España en 2004. Y lo peor es que estos datos se registran cuando la crisis todavía tiene por delante un largo camino que recorrer. La sociedad española vuelve a cosechar un nuevo fracaso económico, social y político de la mano del socialismo español. Me vienen ahora a la memoria unas palabras pronunciadas en la sede del PSOE hace tan sólo unos meses: «La peor previsión de paro que podemos tener por delante será siempre una previsión de paro mejor que la mejor que tuvo el PP en la legislatura pasada.» Sin comentarios.

España vuelve a ser, además, una excepción negativa en Europa. España, de la mano del socialismo, vuelve a liderar la Champions League, pero la del paro. España, tras cinco años de Gobierno socialista, se ha convertido en la fábrica de parados de la Unión Europea. A principios de 2009, la tasa de paro española doblaba ya la tasa de paro media de la Unión Europea. Con los datos de la Oficina de Estadística de la Unión Europea de principios de 2009, siete de cada diez nuevos parados europeos son españoles.

Y, como ya ocurrió en los noventa, son los más débiles los más perjudicados. Esta crisis se está cebando con los jóvenes y con las mujeres. Volvemos a registrar tasas de paro juvenil y femenino que creíamos haber abandonado para siempre.

La cara más amarga de la crisis la proporcionan, no obstante, los datos sobre pobreza. La crisis ha provocado la reaparición de bolsas de pobreza en nuestro país, revelando el profundo carácter antisocial de las políticas socialistas.

En 2008, por primera vez en los últimos diez años, España ha visto caer la renta media de sus ciudadanos. El PIB por habitante ha caído en términos absolutos, lo que significa que hoy somos más pobres que hace dos años. Y que el año que viene seremos más pobres que este año. Esto no ha ocurrido en Europa, donde la renta por habitante creció en 2008. No sólo nos empobrecemos, sino que volvemos a alejarnos de Europa.

Las estadísticas oficiales revelan un cierre masivo de pequeñas y de medianas empresas, expedientes de regulación de empleo que se suceden uno tras otro en empresas industriales muy importantes para nuestra economía, amenazas de cierre de sus fábricas en España de importantes multinacionales, elevación de la morosidad empresarial hasta niveles desconocidos, y muchos otros datos muy negativos. La catarata de datos económicos es aterradora y hace temer lo peor.

De hecho, prestigiosas instituciones como FUNCAS (la Fundación de las Cajas de Ahorros) y el Fondo Monetario Internacional cifran en al menos un 3 por ciento la caída de la renta en 2009 y en al menos otro 1 por ciento la caída en 2010.

Por si lo anterior fuera poco, los datos de morosidad bancaria disponibles en marzo de 2009 hacen sospechar que toca ya a las puertas de la economía española una de las peores cosas que podían suceder: una crisis bancaria de grandes proporciones, de la que el Gobierno socialista parece no darse por enterado.

En definitiva, cinco años de socialismo han servido para convertir una herencia económica envidiable, la que España tenía en 2004, en una pesadilla económica y social, en la auténtica gran recesión social de la España democrática.

Pero por muy mal que vayan las cosas, los españoles tienen que saber que la crisis tiene solución, que España puede superar la crisis. La solución no vendrá, naturalmente, de la mano de quienes han llevado a la sociedad española a una situación económica y social muy difícil. Vendrá de quien recupere las políticas que en España han demostrado ser capaces de hacernos salir de otra crisis económica y social. A ellas me referiré en los próximos capítulos.

CAPÍTULO 7

Aspectos culturales de la crisis

La crisis económica que atraviesa España requiere unas reformas amplias y profundas. Son, en primer lugar, reformas de índole económica, y deben ir encaminadas a la apertura de la sociedad así como a proporcionarle los instrumentos necesarios para que la crisis termine lo antes posible y para que los españoles transformemos en oportunidades las actuales dificultades.

En España, la cultura de la irresponsabilidad ha sido el fundamento de la actuación política del Gobierno socialista. Desde el primer momento, el socialismo hizo gala de su inclinación por el intervencionismo y acabó con el programa de reformas y de austeridad seguido hasta entonces. Aparte del cambio de política que esto significaba, también se estaba enviando un mensaje a los españoles. Se abandonaba la austeridad como norma de conducta. El Estado volvía a crecer en detrimento de la sociedad. La sociedad, en vez de ver garantizada su libertad por sus gobernantes, la ha visto mermada por la acción de éstos. El nuevo aumento del tamaño del Estado se basa en una idea que los socialistas llevaban mucho tiempo manejando. Y es que el Estado sabe mejor que las propias personas —o las empresas, o las familias— lo que les conviene. Éste es el fundamento del que se deriva el aumento desmesurado del gasto público y sus graves consecuencias económicas y sociales.

Una política responsable debería ir encaminada a reforzar los mecanismos por los cuales la sociedad es capaz de responder por sí misma ante los retos que se le presenten. No estoy negando el papel del Estado. Al contrario, un Estado fuerte y respetado es la condición primera de cualquier recuperación. Pero no es deber del Estado y de las instituciones contribuir a debilitar la propia sociedad, que es lo que se ha venido haciendo en los últimos años. También estoy convencido de que el Estado tiene un papel fundamental a la hora de contribuir a una sociedad autónoma y del bienestar dotada de mecanismos de defensa y de autonomía. Y eso en varios campos.

La protección de la familia

El primer aspecto en el que convendría tomar medidas urgentes es en la protección de la familia. Se diría que en estos últimos años se ha promovido una visión según la cual la familia es algo antiguo, un concepto que hay que superar. De hecho, el socialismo español ha pretendido devaluar la institución familiar. Mi opinión, por el contrario, es que cuanto más sólidas sean las relaciones familiares, cuanto más se comprometan las personas en el cuidado de sus familiares, mejor será para todos. Sin embargo, los lazos familiares se han debilitado en las últimas décadas.

Uno de los aspectos más llamativos de esta crisis de la institución familiar es que lo que empezó como la promesa de liberación definitiva, la emancipación de unas reglas de convivencia que se percibían como autoritarias y dignas de épocas pretéritas, ha dado paso a una nueva forma de dependencia: la dependencia del Estado. En buena medida, el socialismo aspira a que el Estado sustituya a los padres, a los hermanos, a la familia. Aspira a que el Estado se ocupe casi en exclusiva de la salud, de la educación, de la moral y del cuidado de los mayores. Y mientras el Estado avanza en cuestiones que deberían ser también responsabilidad de las personas y de las familias, éstas pierden terreno.

El resultado no es sólo un daño moral difícil de evaluar. Es la desvinculación generalizada de las responsabilidades propias de quien decide formar una familia. Desvinculación de los padres con respecto a sus hijos, ante los que no cumplen su papel de transmisión de principios y de autoridad. Desvinculación de los más jóvenes con respecto a la situación de los mayores, de los que parece natural que se ocupe el Estado. Desvinculación de las propias personas con respecto a sus actos, como se ha visto en la banalización de un drama humano tan terrible como el aborto, que algunos pretenden convertir ahora en un «nuevo derecho», casi en un método anticonceptivo más.

El Estado no puede asumir en exclusiva tareas que corresponden a las personas y a las familias. Gracias a la prosperidad, el Estado puede posibilitar el acceso a cada vez mejores prestaciones en educación, sanidad, pensiones y dependencia. Pero no podemos dejar toda la tarea en manos del Estado, porque cuando la sociedad retrocede se resiente el crecimiento económico en el que se asientan estos logros. Al final, si el aumento del gasto público pone en riesgo la prosperidad, perderemos el bienestar.

De la autonomía de la familia depende un aspecto que es importante siempre y lo será aún más para evitar las peores consecuencias de la crisis. La familia, además de preparar a las personas para la vida adulta y responsable, es en nuestro país la primera red social de ayuda y solidaridad. En las últimas crisis económicas, las familias contribuyeron decisivamente a paliar los efectos de un paro que, en los noventa, llegó a afectar a más del 20 por ciento de la población activa. En buena medida, fuimos las familias españolas las que permitimos a nuestra sociedad sortear las dificultades de las crisis de los setenta y los noventa, generadas por malas políticas desde el Estado. La familia ofrece apoyo incondicional, ayuda gratuita, una solidaridad inmediata y activa con la que todos podemos contar. Ahora ocurrirá lo mismo, sin duda, pero como se han debilitado los lazos de unión de la familia, se corre el riesgo de haber echado a perder, al menos en parte, esa red de solidaridad social. Al perder esa red, perdemos un elemento capaz de amortiguar inmediatamente y sin dilaciones burocráticas algunas de las consecuencias más dramáticas de la crisis.

No es papel de ningún Gobierno democrático intentar modelar los lazos familiares ni inmiscuirse en el deber de responsabilidad de los padres respecto a sus hijos. Hacerlo es un ejercicio más de ingeniería social que, como ha demostrado siempre la historia, conduce al deterioro moral y al fracaso social. La familia es en estos momentos más imprescindible que nunca. Es el aglutinante social y el elemento de solidaridad por excelencia. Hay cosas con las que no se debe jugar.

Una educación de calidad

La primera lección que debemos extraer de la actual situación es la necesidad de devolver el prestigio a los valores básicos en los que se fundamenta una sociedad dinámica y con ambición de futuro. Cuando llegó la crisis económica ya estábamos sumergidos en una crisis de cohesión política, de ideas y de valores. En pocos terrenos como en el de la educación se ha notado tan profundamente esta crisis de valores.

La familia y la educación corren paralelas y lo que ocurre en una repercute de inmediato en la otra. Algo tiene que ver la progresiva degradación de la enseñanza en nuestro país con la creciente pérdida de referencias en muchas familias. El papel del profesor no sale reforzado con la pérdida de autoridad de los padres, como sabe cualquier docente. Al revés: el Estado, que ha querido sustituir a los padres, ha sido incapaz de reproducir sus funciones.

El resultado lo conocemos todos. Los profesores y los maestros se enfrentan a serias dificultades para imponer su autoridad en clase. Los alumnos que aspiran a un derecho tan básico como es el de aprender ven frustrado su legítimo deseo. Quienes se burlan de las normas disfrutan de libertad de acción. Se dan toda clase de facilidades para pasar de curso, incluso cuando los alumnos no tienen aprobadas asignaturas básicas. A esto se une el intento de adoctrinar e ideologizar definitivamente la enseñanza, al imponer como asignatura eso que llaman Educación para la Ciudadanía.

Los resultados están a la vista. Las tasas de fracaso escolar están entre las más altas de los países avanzados. Según los informes internacionales más solventes, como el Informe PISA y otros documentos elaborados por la OCDE, nuestros alumnos sufren una educación de baja calidad, que no es capaz de preparar a personas con los conocimientos suficientes para competir en un mercado global. Así es como el sistema educativo español está contribuyendo a formar personas mal preparadas y poco cualificadas. En ellas se está cebando la crisis. A fuerza de demagogia, de ideología trasnochada de Mayo del 68 y de promesas imposibles de cumplir, el sistema educativo público corre el riesgo de convertirse en un gigantesco fiasco, en una inmoral estafa para toda una generación de españoles. No hay ninguna razón para aceptar esta situación con fatalismo. Al contrario, España, que es una de las grandes potencias económicas y culturales del mundo, puede —y debe— tener una educación de calidad, que forme a personas excelentemente preparadas, respetuosas con el saber, curiosas y abiertas al mundo.

Para eso hay que recuperar el sentido de la disciplina, basada en la convicción de que sólo el trabajo, el esfuerzo y la tenacidad llevarán a conseguir los objetivos que uno se ha propuesto. Hay que volver a dar su sentido a la palabra respeto: respeto al saber, respeto al profesor, que es depositario de un conocimiento y tiene la vocación de transmitirlo, y respeto a la propia institución de la enseñanza, que se debe ante todo al saber y al fomento de la curiosidad y del esfuerzo. Otros países como Francia, cuna del sesentayochismo fracasado, han iniciado ya la refundación de su sistema educativo. España no se puede quedar atrás.

Se dirá que este aspecto de la educación tiene poco que ver con la crisis económica. Yo no pienso así. Más aún, de cómo se enfoque este asunto dependerá la forma en que acabemos superando la crisis. Si logramos enderezar la situación de la educación en España, reducir los índices de fracaso escolar, conseguir una atmósfera de respeto en las aulas, reponer en su lugar el mérito y el trabajo, habremos contribuido a formar personas responsables, capaces de forjar su propio destino. Así se formarán personas capacitadas profesionalmente, con competencia en campos punteros y con capacidad para adaptarse a las diversas situaciones que se les irán presentando a lo largo de sus vidas. La cultura de la dependencia del Estado habrá empezado a dejar paso a la cultura de la autonomía personal, donde las personas se responsabilicen de sus actos y tengan confianza en ellas mismas, sin esperar a que otro, en especial el Estado, se haga cargo de su proyecto de vida.

Uno de los elementos nuevos de esta crisis es la globalización. Nuestras economías nacionales se han globalizado y dependen también de factores externos, sin dejar por eso de presentar particularidades propias. Es imprescindible formar a personas capaces de competir en ese mercado global, y no me estoy refiriendo sólo a las élites que viajan y viven en diversos países con facilidad, sino a quienes compiten desde España con 400 millones de europeos bien cualificados, por no mencionar a los trabajadores que viven en China, en la India o en Brasil. No podemos dejar que estos españoles se conviertan, por un deficiente sistema educativo, en las víctimas de un proceso que debería beneficiarnos a todos.

Nuestras universidades necesitan reflexionar. Forman a muchos jóvenes que luego no encuentran un fácil encaje en la vida laboral. Algo falla en la relación de la Universidad española con el mercado de trabajo. España desperdicia así energías, ilusiones y capacidad de trabajo. Se alimenta la percepción de que no vale la pena esforzarse y asumir riesgos para los que muchos jóvenes están capacitados. Acabamos produciendo frustración, en vez de alumbrar fuentes de prosperidad.

La aportación de España a la economía del conocimiento debería ser mayor de lo que es hoy en día. A pesar de las dificultades, muchos empresarios y trabajadores han creado nuevos modelos de negocio, nuevas herramientas de trabajo, fórmulas nuevas de gestión. Lo han hecho en múltiples campos donde España está hoy en primera fila. Todos conocemos múltiples ejemplos del dinamismo y la creatividad de los que han dado prueba los españoles en estos últimos años. No podemos permitir que toda esta experiencia se eche a perder por unas políticas que, en vez de facilitar la innovación, la coartan y encierran a las personas en el miedo y en el prejuicio.

La solidaridad como virtud

La crisis ha puesto de relieve el extraordinario papel que juega la solidaridad de las personas y de las instituciones al margen de la acción del Estado. La sociedad ha tomado conciencia de su papel en esta crisis y se ha organizado para cumplirlo. En muy poco tiempo se han recaudado fondos, se han suministrado bienes de todas clases y se han organizado redes de ayuda. En un momento en el que el consumo ha caído, han aumentado de forma espectacular las iniciativas altruistas, desde las donaciones al voluntariado.

Es cierto que la movilización de una sociedad civil pujante venía de antes y se había plasmado en otros campos, como el de la lucha por la dignidad de las víctimas del terrorismo o la defensa de la familia. Pero en estos últimos tiempos ha cobrado una importancia que pocos habían sido capaces de prever. Tiene un significado que va más allá de lo estrictamente coyuntural, que ya es mucho.

Por una parte, indica que los españoles están dejando en evidencia la política de despilfarro practicada por no pocos gobernantes durante los últimos años. Están cambiando los comportamientos de consumo, aumenta el ahorro y se ha dejado de comprar a crédito sin medir bien los plazos y la capacidad de cada uno. La sociedad española ha aprendido una dura lección y se ha adaptado con rapidez a los nuevos tiempos, en los que habrá que empezar a vivir otra vez con austeridad, sin dar la prosperidad por supuesta ni por gratuitos los servicios que se reciben. No ha hecho falta que el Estado reaccionase, al revés. En este caso, como en otros muchos, la sociedad ha dado un ejemplo a los gobernantes, que deberían aprovecharlo siguiendo la misma línea.

Por otra parte, ha quedado demostrado que la sociedad española, a pesar de todo lo que se ha hecho para anestesiarla, no ha perdido los resortes morales en los que se funda la vida en común. No lo fía todo a los gobernantes. Al contrario, se pregunta cuál puede ser la naturaleza de su aportación y está dispuesta a poner los medios necesarios para llevarla a cabo. Buena parte de este esfuerzo se ha canalizado a través de la sociedad civil.

Este esfuerzo de austeridad y de solidaridad tiene un valor imperecedero. En medio de la caída de los indicadores económicos, a veces se nos escapan hechos como éste, que quizás constituyan el núcleo fundamental de lo que está ocurriendo. La reacción de los españoles nos ha enseñado más sobre la naturaleza de nuestra sociedad, y sobre cómo los propios españoles conciben sus derechos y sus deberes, de lo que nos podrían ilustrar muchos tratados de ética política. No podemos permitirnos el lujo de desperdiciar esta lección de realismo, de generosidad y de confianza. Porque de eso se trata, de fomentar y aprovechar la confianza en sí misma de la sociedad española.

La nación española

La primera forma de solidaridad política es la nación. La nación nos pone en relación con nuestros mayores, por la herencia cultural, social y económica que hemos recibido. La nación nos pone también en relación con nuestros contemporáneos: tenemos obligaciones para con ellos, obligaciones que debemos cumplir como ellos las cumplen con nosotros. Y, finalmente, la nación nos proyecta hacia el futuro, haciéndonos responsables de la herencia que dejaremos a quienes nos seguirán en esta tierra.

Desde hace ya muchos años, la nación española viene siendo objeto de críticas, como si fuese la expresión de una actitud exclusivista y poco abierta a los demás. Estoy convencido de que es al revés. Así lo demuestra el experimento realizado en nuestro país, donde se ha fomentado la superación de la nación, como si la nación fuese algo arcaico, y nos hemos encontrado con la multiplicación de nacionalismos excluyentes.

Yo no soy nacionalista. Tampoco eso que algunos llaman nacionalista español. España es fruto de una continua creación, a lo largo de la cual los españoles, constituyéndose como nación de ciudadanos libres e iguales, dieron lo mejor de sí mismos. Habrá quien añada que también dieron lo peor, pero eso es inevitable tratándose de seres humanos actuando en una empresa de tan largo alcance, en la que se combinaban toda clase de ambiciones, intereses y proyectos. Como cualquier otra gran nación.

Cuando quien tiene la mayor responsabilidad en el Gobierno de España dice que la nación es un concepto discutido y discutible se está realizando una declaración política acerca del valor que se otorga a aquello que debería estar apartado de cualquier debate. Porque sobre el concepto de nación se fundan los grandes consensos que permiten la diversidad, la alternancia de los gobernantes y la existencia de un régimen político democrático basado en la ley y abierto a la crítica pública, no en la fuerza ni en la imposición. Por eso, sin excluir todo lo que la idea de nación tiene de legado que tenemos la obligación de transmitir, me gusta hablar de una nación de ciudadanos libres, responsables e iguales ante la ley.

El debilitamiento de la nación española ha sido la antesala del debilitamiento del Estado y de la propia sociedad. Hemos pasado de discutir y reconocer la pluralidad de España a cuestionar lo que es común, lo que nos une, lo que nos cohesiona, y eso nos ha debilitado profundamente. Se empieza a discutir lo común y se termina apelando a proyectos independentistas. Se debilita el Estado y se impide que cumpla su tarea esencial de garante de la solidaridad. Se hace la apología de la diferencia y se acaban reconociendo derechos a los territorios y negándoselos a las personas. Esto no es la consecuencia lógica del diseño constitucional, es un grave error político de enorme trascendencia.

Se ha instalado la creencia errónea de que la relación entre el Estado y las Comunidades Autónomas es un ejercicio de suma cero que debe ir en una sola dirección, como si todo lo que pierde el Estado lo ganaran las Comunidades Autónomas. Pero es absurdo creer que si el conjunto se empobrece las partes pueden hacerse más ricas. Como es absurdo figurarse que el único Estado aceptable es un Estado residual. Lo que indica el sentido común es lo contrario: con un Estado débil perdemos todos. Lo sabemos por la experiencia de los modelos de poder descentralizado que han tenido éxito: sólo un Estado sólido y bien dimensionado garantiza la cohesión y la igualdad. Y, en contra de lo que dicta la demagogia, la unidad no se opone a la diversidad. La hace posible.

Hoy se pone bajo sospecha la mera apelación a objetivos compartidos. En nuestro actual escenario político se busca rentabilizar la radicalidad, la exclusión y el extremismo beligerante contra la Constitución. En cambio, se desprecian, como si estuvieran anticuados, los proyectos nacionales y, de cara al pasado, se desacredita el pacto de la Transición en beneficio de la radicalidad y de la ruptura, del revisionismo estéril y de la división de la sociedad española.

La política educativa ha sido también utilizada como instrumento para debilitar la nación española. La enseñanza de las humanidades permite a las generaciones más jóvenes tomar conciencia de todo lo que nos une. Quienes no tienen conciencia de lo que son, los que no saben el gigantesco esfuerzo que generación tras generación costó la creación de la nación española tal y como la conocemos hoy, porque se les ha coartado esa enseñanza, se vuelven fácilmente personas muy exigentes con los demás y muy poco con ellas mismas, personas insolidarias y encerradas en sí mismas. Como no saben lo que deben a los demás, no están dispuestos a sacrificarse por nadie. Eso es lo que se les está inculcando en los actuales planes de enseñanza.

La desvertebración nacional se ha extendido también al plano económico con la fragmentación del mercado nacional. De continuar este experimento, podemos volver a tiempos que pensábamos superados, cuando el territorio español estaba atravesado de lindes, cotos, bordes y aduanas. Ésta es otra de las consecuencias de la voluntad de minar la idea de nación. No se suprimen las fronteras. Al contrario, se multiplican y se obstaculiza así la circulación de los bienes, de la información y, sobre todo, de las personas. Nos vamos encontrando con una sociedad cada vez más rígida, con escasa movilidad, que es tanto como decir con personas poco dispuestas a desplazarse a la búsqueda de oportunidades.

La nación, entendida como herencia y como proyecto de futuro, requiere también una política exterior consistente. No es sólo una cuestión de prestigio y de orgullo. Se trata de defender activamente el interés nacional, de estar dispuesto a asumir responsabilidades internacionales, se trata sobre todo de tener la ambición de que España se encuentre entre las mejores democracias del mundo. Es decir, se trata de la continuidad histórica de nuestra nación, que tenemos la obligación de mejorar en la medida de nuestras posibilidades. Los españoles no debemos resignarnos a tener una posición secundaria en el mundo, ni a tener un país que no cuente allí donde se toman decisiones que afectan a todos, incluidos los propios españoles. Necesitamos una política que promueva los intereses de los españoles, que los apoye cuando se decidan a salir al exterior, que los defienda cuando sean atacados.

Al final la conclusión es clara. Una política exterior coherente y ambiciosa pasa imprescindiblemente por tener la casa en orden.

TERCERA PARTE

Cómo superar la crisis

CAPÍTULO 8

España ante las crisis internacionales

El mundo se enfrenta por primera vez desde la segunda guerra mundial a la perspectiva de una caída de su renta agregada. Es decir, por primera vez desde entonces el mundo va ser más pobre en su conjunto que un año antes. Y la economía y la sociedad españolas, como no podía ser de otra manera, no son ajenas a esta crisis de crecimiento mundial, que provocará una fuerte contracción del comercio mundial.

Las economías del planeta se encuentran más interrelacionadas que nunca, pero ello no significa que todas afronten la crisis actual desde unas condiciones de partida similares. Tampoco significa eso que todas vayan a sufrir de igual modo. Los españoles nos enfrentamos a una crisis especialmente dura en sus repercusiones económicas y sociales que no presenta parangón en el resto de las economías desarrolladas por su profundo impacto sobre el empleo. España está regresando a las épocas del paro masivo, con todo lo que ello conlleva de problemas personales y familiares y de falta de expectativas de futuro. Que en 2008 nueve de cada diez nuevos parados en la Europa del euro hayan sido españoles quiere decir que algo se ha hecho mal, muy mal, en España para que la crisis nos golpee con tanta fuerza a través de una grave destrucción del empleo.

Los españoles tienen que saber que esto se debe a las malas decisiones políticas de los últimos años. Nos han situado en una situación de especial vulnerabilidad ante la crisis económica mundial. Precisamente por ser ésta la causa de la gravedad de la crisis en España, está a nuestro alcance revertir la actual situación. Porque simplemente no es verdad que cualquier crisis internacional provoque una grave crisis en España. Que esto haya ocurrido con gobiernos socialistas, en 1992-1993 y en la actualidad, no significa que siempre haya ocurrido lo mismo. En 20012002 también hubo una grave crisis internacional, pero a España no le tocó sufrirla. Y es que la crisis internacional es la excusa más socorrida para los malos gobernantes.

Contra el fatalismo

Ésta no es ni será la última vez que España se enfrente a una crisis económica internacional. Cada crisis tiene aspectos diferenciales que la hacen única. Y la crisis actual es especialmente intensa. Quizás sea la primera de alcance verdaderamente global. Cambian las causas y la intensidad de las crisis económicas, las circunstancias sociopolíticas y, sobre todo, cambian las reacciones políticas, que son las responsables últimas de convertir una crisis en una depresión aguda o en un simple parón pasajero en la senda del crecimiento y la prosperidad.

Debemos huir del fatalismo y del providencialismo paralizante que intenta convencernos de que los españoles no somos dueños de nuestro destino económico. No debemos hacer caso a los que afirman que lo que nos pasa es la consecuencia inexorable —y además imprevisible, llegan a afirmar algunos— de lo que sucede en el resto del mundo. Los españoles deben saber que esto son sólo excusas para evitar que exijamos una rendición de cuentas acerca de la evolución económica particularmente negativa en nuestro país. Los que esgrimen el deterioro de la economía mundial para ocultar su responsabilidad sobre la gravedad de la crisis en España se amparan muchas veces en una visión interesada y sesgada de la historia económica de España.

El historicismo acrítico, la apelación a factores estructurales y obstáculos insuperables mediante la acción de Gobierno han sido ya en numerosas ocasiones el parapeto en el que se han refugiado todos aquellos que no confían en la capacidad de reacción de la sociedad española. Yo no soy uno de ellos y por ello me enorgulleceré siempre de haber podido ejercer la responsabilidad de Gobierno en unos años en los que los españoles dimos la medida de lo que podemos hacer juntos, incluso en circunstancias difíciles, para ejemplo de buena parte del mundo. Juntos superamos las expectativas y podemos volver a hacerlo.

Y es que a muchos todavía les cuesta creer, y hay que recordárselo continuamente, que en 2001 y 2002 hubo una grave crisis económica mundial tras el estallido de la burbuja generada en torno a las empresas de internet —las conocidas empresas punto.com— y la convulsión posterior a los atentados del 11-S, que no por casualidad se dirigieron, entre otros objetivos, contra el World Trade Center como símbolo de la economía mundial que pretendían destruir. La inmensa mayoría de los ciudadanos españoles no sintió los efectos de esa crisis internacional y el empleo apenas se resintió. Mientras, en otras grandes economías de la UE se elevaba sustancialmente el paro y el déficit público. Aquella experiencia es una buena demostración de que, con una buena política, España no está condenada a verse arrastrada sin remisión hasta lo más profundo de las crisis internacionales.

En el periodo 2001-2003 la crisis mundial hundió las economías de Alemania, Francia e Italia a niveles de crecimiento cero, mientras España sólo redujo su crecimiento del 4 al 3 por ciento. En medio de la crisis internacional, España seguía creando empleo, más incluso que esos tres países juntos y sumados.

Estos hechos, que no opiniones, pueden molestar a quienes ahora comprueban que con su política económica, con esta crisis, España ha generado en 2008 nueve de cada diez parados en la Europa del euro. Los hechos están ahí. Insisto, las crisis internacionales suelen ser la excusa más socorrida de los malos gobernantes.

Mi deseo hoy es que lo que entonces fuimos capaces de hacer no sea la excepción que confirma una supuesta regla, que muchos buscan como tabla de salvación para esconder sus responsabilidades, y por la cual la economía española estaría condenada a sufrir crisis recurrentes y de mayor intensidad que nuestros socios, perdiendo en ellas buena parte del camino recorrido en el proceso de convergencia hacia los niveles de prosperidad y bienestar de los países más avanzados del planeta. Esto es precisamente lo que estamos viendo en la actualidad y lo que sufrimos reiteradamente en el pasado pero que ya demostramos una vez que no estamos condenados a repetir.

No por casualidad el nuevo mantra que se repite sin cesar se parece mucho a aquel de los años ochenta y principios de los noventa. Entonces se hablaba de un elevado paro estructural (del 16 por ciento, nada menos) contra el que nada cabía hacer y que recomendaba resignación, tranquilidad y confianza en la prodigalidad del Gobierno para poder convivir con un desastre económico sin remedio. Eran los tiempos de la «única política económica posible». Eran los tiempos del pensamiento único socialista y la dictadura de lo políticamente correcto. Ahora, como entonces, proclamo mi desacuerdo con este modo de pensar, que pretende convencer a los españoles de que nos tenemos que resignar a convivir con el doble de la tasa de paro europea, con 4 millones de parados, con una tasa de paro femenina del 20 por ciento, o una tasa de paro juvenil del 30 por ciento. Los españoles deben saber que no tenemos que resignarnos a sufrir el paro masivo que nos han traído las políticas socialistas, como no se resignan en otros países europeos con mucho menos paro que el español.

Desde los años sesenta del siglo pasado la senda de crecimiento de la economía española se ha caracterizado por procesos de apertura hacia el exterior que han propiciado fases de fuerte expansión en la que los españoles nos acercábamos a los niveles de bienestar de los países más ricos. Salvo durante el periodo 1996-2004 en el que decidimos basar el modelo de crecimiento español en un marco de estabilidad, la economía generaba, y por desgracia ha vuelto a generar, durante los periodos de auge, fuertes desequilibrios. De este modo, las fases expansivas han sido abruptamente interrumpidas por periodos de crisis más largos y profundos que en el resto de los países desarrollados. En estas largas crisis la economía española ha suspendido, e incluso retrocedido, en el proceso de convergencia hacia los niveles de renta de los países más avanzados. Spain was different, pero no por nuestro carácter, nuestra cultura o nuestro sol, sino por una política económica que hasta los gobiernos del Partido Popular se caracterizó por acentuar los ciclos económicos. Esta política desestabilizadora se asentaba sobre una estructura productiva muy rígida que se adaptaba mal a los cambios de rumbo en el entorno internacional.

Los ajustes en el empleo han sido especialmente importantes en los periodos de crisis, haciendo recaer a plomo sobre los desempleados y sobre la desaparición de empresas la mayor parte del coste del ajuste en lugar de permitir una distribución más justa y eficiente de los costes entre toda la población. No sólo el mercado de trabajo en España ha sido poco proclive a la flexibilidad, sino que hasta que se adoptó una ambiciosa agenda de reformas a partir de 1996 había poca competencia en los mercados y mucho intervencionismo y dirigismo público. De ahí que nuestra economía no pudiese sortear los escollos con agilidad y que la fuerza de las olas la meciesen a su antojo. Las consecuencias de esta inestabilidad económica han sido muy importantes, ya que la experiencia nos demuestra que las crisis económicas profundas van acompañadas de crisis políticas y sociales. Y la actual crisis tampoco es una excepción en este sentido. La crisis de liderazgo y la puesta en cuestión de los elementos aglutinantes de la sociedad española son asimismo elementos esenciales de la actual situación económica como apuntaba en el capítulo anterior.

La crisis de 1993: el 23 por ciento de paro

La crisis que asoló España en la primera mitad de los noventa y que llevó la tasa de paro hasta el 23 por ciento es un caso prototípico de una de esas crisis recurrentes. La recuerdo muy bien como jefe de la oposición de aquella época. En ella se revirtió gran parte del avance económico que había supuesto para España el acceso a las Comunidades Europeas. La crisis económica se manifestó en España con cierto retraso con respecto a sus primeras manifestaciones internacionales en Estados Unidos, pero fue comparativamente mucho más intensa y duradera en nuestro país dada la gran vulnerabilidad exterior de nuestra economía.

Durante el periodo de auge previo a la crisis de 1993, auge derivado de la incorporación a la Comunidad Económica Europea, la política económica renunció conscientemente a crear un marco de estabilidad que permitiese consolidar el crecimiento. Por el contrario, se embarcó en una carrera alocada de aumento del gasto público corriente y de transferencias. Así se agravaron los desequilibrios de la economía. La fruición por el gasto, los aumentos de impuestos, el desprecio por los incentivos al esfuerzo y al trabajo personal ahogaron la capacidad de iniciativa e innovación del país y sembraron las semillas del desastre. La competitividad de nuestras empresas se deterioraba con unos niveles de inflación galopantes, se acumulaban los déficit exteriores y los altos tipos de interés que se derivaban de esta situación frustraban no pocos proyectos de futuro a nivel empresarial y personal. El marco institucional en el que se desarrollaba la actividad económica era frágil y poco desarrollado. España carecía incluso de una autoridad monetaria independiente. Y de esto no hace tanto tiempo.

Cuando se presentaron las dificultades en la economía internacional, los españoles estábamos mal equipados para hacer frente a la tormenta. Un sector público omnipresente en la actividad económica, un déficit público creciente y un gran número de sectores económicos al abrigo de la competencia actuaban como un potente lastre que ahogaba cada vez más la economía. El sector público expulsaba del acceso a la financiación a las pequeñas y medianas empresas que sustentaban el escaso empleo en España.

En este contexto, el paradigma económico cacareado por el Gobierno socialista de entonces y recitado como una letanía por muchos, y al que otros siempre nos opusimos con todas nuestras energías, carecía de credibilidad internacional. El mundo ya llevaba más de una década navegando en un rumbo económico opuesto al marcado por el Gobierno español de entonces. Unas cuentas públicas insostenibles, derivadas de la incapacidad de la política económica socialista para sacar al país de una recesión que hizo descender el producto interior bruto en el año 1993, provocaron la desconfianza hacia España en los mercados internacionales. Finalmente, se produjeron las sucesivas devaluaciones de la peseta, no sin que en un intento a la desesperada aumentasen aún más los tipos de interés y con ellos los costes de financiación para el conjunto de la economía.

España era considerada, junto con otros países, como un país periférico, exótico y poco de fiar. La inestabilidad de nuestra economía hacía de España un país donde hacer negocios rápidos en los momentos buenos... y del que había que salir rápido cuando arreciaban las tormentas. Para desgracia de todos los españoles, ésta era una percepción que se alentaba incluso desde el propio Gobierno, que hacía gala de que éste era el país donde uno más rápido se podía hacer rico.

Posteriormente, años de duro trabajo desde el Gobierno que presidí, pero sobre todo del conjunto de la sociedad española, permitieron asentar la economía española sobre las sólidas bases de la estabilidad, la credibilidad y la confianza. Conseguimos apartar de la memoria esa percepción internacional negativa. Durante muchos años no volvió a hablarse de España como un país atrasado, sino que se comenzó a hablar del «milagro económico español». Volver a leer hoy de nuevo en la prensa extranjera alguno de los acrónimos que entonces se utilizaron para referirse a España es algo que me duele y que debería incitarnos a todos a una reacción decidida para devolver a España a un rumbo seguro.

Hizo falta un cambio completo en las bases de la política económica, en 1996, para que España pudiese enderezar su rumbo, generar confianza y conseguir ser uno de los países fundadores de la moneda única europea. El euro era un club basado en la estabilidad y en el respeto a las reglas. Exigía a España una nueva política económica que rompiese con el pasado y se consagrase a las reformas y a la estabilidad. A su vez, el euro imponía a sus miembros unas nuevas reglas de juego. Ya no cabían las devaluaciones para resolver los problemas de competitividad. Fue necesario un verdadero y persistente cambio en el modelo de crecimiento de España.

Ahora está de moda referirse al cambio de modelo productivo en España. Muchos de los que lo dicen se quieren referir al peso relativo que, en su opinión, deben tener los distintos sectores en la economía, algo que revela sus primitivos instintos planificadores. Pero aquí me estoy refiriendo a algo mucho más fundamental, y a lo que sí deben prestar toda su atención los gobiernos, como es que el crecimiento económico sea generador de empleo y también sea sostenible por no generar desequilibrios que lo frustren. Como ya he expuesto en un capítulo anterior, a partir de 1996 la política económica actuó para crear un marco de estabilidad que generase confianza entre los españoles y de cara al exterior. Un modelo reformista de estabilidad y de creación de empleo era lo que necesitaba España en 1996 y es lo que vuelve a necesitar en 2009. Se ha demostrado que es el único modelo capaz de sortear las crisis internacionales sin encallar.

La crisis internacional de 2001-2002: España apenas se enteró

Apenas tres años después de la entrada en el euro, España se enfrentó a una nueva crisis económica internacional que, como ya he señalado, tuvo su origen inmediato en el estallido de la burbuja de las empresas punto.com en Estados Unidos y se agudizó con los atentados del 11-S. Esta crisis se extendió rápidamente por Europa. La perturbación económica proveniente del exterior fue mucho más intensa que en los años noventa, de tal manera que el deterioro en muchas de las grandes economías con las que ya entonces compartíamos moneda fue mucho mayor. La reacción de los bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo, fue asimismo muy intensa en respuesta al gran potencial destructivo de la crisis. El rápido aumento del paro en la mayoría de las grandes economías de la zona euro amenazaba con desencadenar, como había ocurrido siempre en el pasado, otra grave crisis en España. Con ésta podíamos perder parte de la convergencia conseguida hasta entonces.

Pero estos malos presagios no se materializaron. De hecho, España aprovechó la crisis internacional para acelerar su proceso de convergencia y sostener su potencial de creación de empleo. España actuó de elemento dinamizador y estabilizador en Europa. Aquello no fue fruto de la casualidad y sí, como ya he comentado, de una toma de decisiones conscientes de toda la sociedad española y del Gobierno para transformar el modelo de crecimiento español en otro basado en la estabilidad, la credibilidad, la confianza y la creación de empleo. En unos momentos especialmente difíciles en el entorno internacional, la sociedad española demostró que era capaz de progresar como la que más. Se abría así el camino para el logro de muchos de los objetivos colectivos que como nación nos habíamos marcado desde la Transición.

El excelente comportamiento de la economía ante un escenario internacional adverso se debió a un cambio radical en la política económica. Primero quisimos disminuir las vulnerabilidades y luego atacamos la crisis con determinación. El modelo reformista que había logrado el cumplimiento de los criterios de acceso al euro se intensificó para cumplir con las nuevas reglas de juego que imponía la cesión de la política monetaria al Banco Central Europeo. La política fiscal y presupuestaria tenía un claro objetivo de equilibrio a largo plazo y el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo actuaban como guía vinculante en las actuaciones del Gobierno. Una política fiscal de consolidación del gasto público, acompañada de reducciones de impuestos, todo ello en el marco de un intenso proceso de reformas estructurales, dinamizaron fuertemente la economía. Una actuación de política económica responsable y anticipatoria evitó la acumulación de desequilibrios exteriores y una excesiva deuda externa.

Ante la llegada de un escenario internacional adverso, la profundización en esta política económica permitió que el proceso dinamizador siguiese en marcha, si bien temporalmente a un ritmo menor, y evitó su paralización y, por supuesto, su reversión, lo cual, dada la parálisis en la gran mayoría de los países europeos, nos permitió un importante avance relativo. España estaba mucho mejor preparada en esta ocasión y, sobre todo, supo reaccionar bien y a tiempo sobre la base de un diagnóstico adecuado sobre la crisis y sus potenciales consecuencias. Se afrontó la situación de frente y con confianza, y se superó la prueba.

La economía española en 2002, cuando más arreciaron las dificultades, poco tenía que ver con la existente sólo una década antes. Se había completado con éxito el proceso de privatizaciones y las empresas españolas se habían internacionalizado. El entorno competitivo interior era mucho más intenso, lo que permitía a las empresas afrontar los retos de unos mercados internacionales globalizados y crecientemente competitivos. El sector público era mucho menos intervencionista, había reducido su peso en la economía, sus instrumentos de regulación se habían modernizado, la Administración era más ágil y, sobre todo, el redimensionamiento del sector público había incentivado la emergencia de nuevas empresas, la creación de empleo y, en suma, la aparición de una sociedad vibrante que confiaba en sus posibilidades y que se veía retribuida en su esfuerzo.

Apoyándose en este dinamismo social, y contribuyendo al mismo en un círculo virtuoso, las cuentas públicas pudieron continuar su camino hacia el superávit y hacia la reducción de la Deuda pública. Por el contrario, la crisis y, sobre todo, las malas respuestas políticas frente a la misma, deterioraron rápidamente la situación fiscal en muchas economías europeas incluyendo a algunas de las más grandes. Mientras España mejoraba su posición fiscal, mostraba dinamismo económico y creaba empleo, el deterioro en el entorno internacional se intensificaba. Con las nuevas reglas de la pertenencia al euro, fueron otros países, y no España, los que no supieron cumplir las reglas y los compromisos adquiridos. La presión política desde aquellos países, que ante las primeras dificultades demostraron que no eran capaces de cumplir con los requisitos que se habían impuesto a sí mismos y a los demás, acabó derivando en un deterioro de la calidad de las reglas comunes que gobernaban la moneda única. Bajo la excusa de una flexibilización de las reglas, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento fue devaluado en su capacidad para inducir unos comportamientos fiscales sanos en los países del euro. El camino hacia la inestabilidad quedaba abierto.

Una política de estabilidad

Sin embargo, mientras tuve el honor de presidir el Gobierno, España tomó un camino diferente. Ante las dificultades, procedimos a la institucionalización de un marco presupuestario que anclaba las expectativas de un comportamiento fiscal saludable. España se encaminaba con paso firme hacia el déficit cero e incluso el superávit en las cuentas públicas. Dejaba atrás las épocas en las que las crisis lastraban las finanzas públicas y sumían al país en el paro masivo. No caímos nunca en la tentación de vincular los crecimientos del gasto público a la cercanía de unas elecciones, comprometiendo la salud de la economía española. Tampoco erramos en el diagnóstico ni ocultamos la situación a los ciudadanos, como sí han hecho otros con nefastas consecuencias. España se convirtió genuinamente en un modelo para Europa, en un modelo de cómo generar empleo y superar las dificultades. Nuestros resultados nos avalaban. España estaba a la cabeza de los esfuerzos europeos destinados a modernizar una economía europea que se estaba quedando rezagada de la economía del conocimiento.

Siempre he sido consciente de que conseguir la estabilidad no es un objetivo que se termine de cumplir un día. Se trata de un proceso constante de trabajo y mejora en el que hay que perseverar más en los momentos de crisis en los que la sociedad reclama respuestas eficaces. Detenerse a contemplar lo realizado para cantar victoria o deleitarse con lo conseguido hubiese sido deslizarse por el camino de la autocomplacencia, un rumbo errado cuyos resultados ahora conocemos. Por el contrario, decidimos acelerar el proceso de reformas estructurales cuando la crisis cobraba mayor intensidad. La inacción nos habría llevado al desastre económico y social, como antes nos había ocurrido tantas veces y como ahora nos está pasando. Perseveramos en un modelo de éxito fundamentado en la estabilidad, tanto en los momentos de auge como en los de crisis. Así quedó demostrada su validez y resistencia para conseguir un crecimiento sostenido que nos llevó a mayores cotas de prosperidad y bienestar.

España, con su salida ejemplar de una grave crisis internacional como la de 2001-2002, se deshizo de la condena eterna de inestabilidad en la que algunos habían instalado plácidamente su discurso y sus planteamientos políticos a costa del paro y la pérdida recurrente de perspectivas de futuro de los españoles. El contraste de la actuación de la política económica en los momentos previos y durante la crisis de las punto.com con respecto a la crisis actual resulta muy llamativo. Los resultados, por desgracia, también. Desde 2004 el fin del proceso de reformas estructurales, el aumento de los impuestos y el despilfarro público aletargaron la capacidad de iniciativa de la economía. Los desequilibrios exteriores se acumulaban a medida que crecía el endeudamiento de familias y empresas. La pasividad, la falta de previsión, el erróneo diagnóstico y la carencia de liderazgo aumentaban nuestra vulnerabilidad ante cualquier nueva perturbación negativa.

Otra crisis económica con un Gobierno socialista

En un capítulo anterior ya he desgranado los que, en mi opinión, han sido los principales errores de la política económica socialista desde 2004. Señalaré ahora brevemente aquellos que, en mi opinión, han hecho más por destruir la confianza en la economía española y la han situado de nuevo en una situación especialmente vulnerable.

Desde 2004, la política fiscal ha estado cebando la bomba económica que nos ha acabado explotando. El crecimiento desmesurado del gasto público durante el periodo de auge ha contribuido a alimentar el desequilibrio exterior de la economía con lo que la política económica, al igual que antes de la crisis de principios de los noventa, ha ayudado a profundizar los ciclos de la economía española. El deterioro del marco de estabilidad presupuestaria español, los casos más flagrantes de intervencionismo público en las decisiones empresariales y la falta de reformas estructurales durante más de cinco años en los que el mundo ha avanzado a gran velocidad, han deteriorado la calidad y credibilidad del marco institucional en el que opera la política económica. La política financiera no ha anticipado los riesgos de un endeudamiento creciente de familias, empresas y entidades financieras y por tanto no se han articulado medidas para incrementar la transparencia y solidez de los mercados financieros.

Finalmente, el elemento más profundo y esencial que nos ha devuelto a los tiempos del paro masivo y la falta de expectativas de futuro es la ausencia de un proyecto nacional. Cuando la política se convierte en el instrumento para azuzar el revanchismo o las querellas entre españoles de distintas partes de España, debilitamos lo que nos une y nos hace fuertes ante las dificultades. Por eso resulta tan necesario recuperar un proyecto nacional que nos permita salir con fuerza de la crisis, tal y como ya hemos demostrado los españoles que sabemos hacer, con un proyecto de futuro y liderazgo político para llevarlo a cabo. Los españoles podemos tanto como los que más y lo volveremos a demostrar, aunque sea en situaciones tan difíciles como las que se nos avecinan.

CAPÍTULO 9

Políticas que agudizan la crisis económica

El Gobierno socialista y la crisis que nunca existió

En las circunstancias actuales, un Gobierno tiene ante sí cuatro opciones.

La primera opción es negar la crisis. Es lo que este Ejecutivo hizo desde su inicio. Eran los tiempos en los que los socialistas prometían a los ciudadanos españoles cuatro años de intenso crecimiento y de creación de empleo. Eran los días en los que se prometía el pleno empleo. El Gobierno negó la crisis por activa y por pasiva, hasta el punto de calificar de catastrofistas y antipatriotas a quienes se limitaban a describir la realidad o a razonar con fundamento que la situación económica tenía visos de empeorar. Ante el insoportable peso de la realidad, con el desempleo creciendo mes a mes en decenas de miles de parados, hubo quien afirmó en la sede del PSOE, por entonces, que cualquier dato de paro futuro sería mejor que el mejor registrado en los gobiernos del Partido Popular.

Finalmente, tras varios meses de hablar de «dificultades» y de «desaceleración», y una vez transcurrido un tiempo prudencial desde la celebración de las elecciones generales —tampoco se trataba de reconocer al día siguiente que se había ocultado la crisis por razones electorales—, el Gobierno aceptó que la economía española estaba en crisis. Y entonces se abrieron tres nuevas opciones.

La opción elegida por los socialistas, una vez aceptada la existencia de la crisis, fue, inicialmente, no hacer nada. Y la razón de no hacer nada fue afirmar que la crisis no era culpa suya. La estrategia consistió a partir de ese momento en reconocer la existencia de la crisis (inocultable, por otra parte) y en atribuir todos los males económicos españoles a causas exteriores. Es decir, en rehuir cualquier responsabilidad. La estrategia que entonces emprendió el Gobierno socialista pareció consistir en aceptar que se acumularan todos los parados españoles que hiciera falta, sin otra pretensión que seguir culpando a otros de la crisis.

Los socialistas optaron inicialmente por culpar de la crisis al Gobierno de Estados Unidos, cuando George W. Bush todavía era el presidente norteamericano. El problema surgió cuando Barack Obama ganó la elección presidencial a finales de 2008. Como los socialistas habían hecho creer a todo el mundo que con la salida de Bush y la llegada de Obama se resolverían todos los problemas del mundo, desde la crisis económica hasta cualquier conflicto político, bélico o religioso sobre la faz del planeta, y sin embargo la crisis económica no hizo sino agudizarse en España, los socialistas tuvieron que buscar nuevos culpables. Y decidieron que los nuevos culpables serían los bancos y los banqueros.

Sin embargo, el Gobierno, acosado política y socialmente por los pésimos datos económicos y sociales —7.000 nuevos parados al día— decidió en un momento dado cambiar de estrategia y adoptar algunas medidas económicas, así como rechazar otras.

El primer problema es que la mayoría de las medidas aprobadas no sólo no ayudan a salir de la crisis, sino que la agudizan. Un segundo problema es que se rechazan las medidas que la economía española necesita.

El Gobierno socialista descarta así la única de las cuatro opciones que realmente permitirían a España superar la crisis: reconocer la crisis, tomar medidas y que éstas vayan en la dirección adecuada.

La necesidad de diagnosticar correctamente la crisis de la economía española

Para superar la crisis económica, es imprescindible arrancar con un diagnóstico adecuado de los males de la economía española. Si se diagnostica mal la enfermedad, la terapia puede no sólo no curar al enfermo —la economía española—, sino que incluso puede agravar su salud.

Los socialistas, además de culpar inicialmente a Estados Unidos y más tarde a los bancos y banqueros, creen que los problemas de la economía española se limitan al sector de la construcción y a una caída del gasto privado, sobre todo, el consumo de las familias. Y pretenden hacer creer a los ciudadanos españoles que todo se arreglará cuando mejore la economía internacional, pero que, mientras, la solución pasa por el denominado «plan E», un plan de obras municipales que tiene como presupuesto el 0,8 por ciento del PIB español.

Los socialistas recibieron en marzo de 2009 un insoportable baño de realismo cuando su gurú favorito, Paul Krugman, premio Nobel de economía, calificó de «aterrador» el actual panorama económico español y afirmó que la crisis será para la sociedad española «muy dolorosa» si la economía internacional va bien a partir de 2010, y «tremendamente dolorosa» si no es así.

Krugman, como la OCDE, el FMI y tantos otros analistas de prestigio, coinciden en subrayar el grave error de diagnóstico en que incurre el Gobierno. Todos ellos coinciden en que el problema económico español no está en la construcción ni en el consumo de las familias, sino que se llama falta de competitividad.

El principal problema económico español es que muchos productos españoles ya no pueden colocarse, a los precios actuales, no ya en el resto del mundo, sino en los propios mercados españoles. En buena medida, los consumidores españoles y extranjeros prefieren productos extranjeros antes que los españoles. Y no lo hacen porque sean antipatriotas, sino que, simplemente, a igualdad de precio, muchos productos extranjeros son de mayor calidad o, a igualdad de calidad, muchos productos españoles son más caros, por lo que no se venden.

Hay un dato significativo: España gasta un 10 por ciento más de lo que produce. Esto es lo que significa que nuestro déficit exterior sea del 10 por ciento del PIB. Y un déficit tan alto, que significa que pedimos dinero prestado cada año al resto del mundo por importe del 10 por ciento de nuestra renta, no se puede mantener.

Muchos analistas lo advirtieron. Argumentaron que el déficit exterior español era insostenible. Alertaron sobre la pérdida de competitividad, que acabaría por conducirnos a una grave crisis económica. Avisaron, mucho antes del estallido de la crisis financiera internacional, de que el vertiginoso crecimiento del déficit exterior auguraba muchos años de bajo crecimiento, o incluso de recesión.

Hay que reconocer que otros analistas descalificaron estas opiniones. Afirmaron que dentro del euro la financiación española era ilimitada. Según estos últimos, «el déficit exterior español no importaba» con España dentro del euro. Naturalmente, estaban equivocados, y el tiempo acabó dando la razón a los primeros.

Y es que del mismo modo que ninguna familia puede gastar todos los años un 10 por ciento más de lo que ingresa, porque va acumulando deudas y llega un momento en que «no se le fía», se le cierra el acceso al crédito y se le exige el pago de la deuda pendiente, a la economía española le llegó el momento en que también se le cerró el acceso al crédito. ¿La causa? Una deuda externa del 150 por ciento del PIB, la más alta de la zona euro, resultado de cinco años de vertiginoso crecimiento del déficit exterior, propulsado, entre otras cosas, por el insostenible crecimiento del gasto público. La abultada factura derivada de un crecimiento del gasto público, año tras año (más del 9 por ciento de incremento anual), se presentaba al cobro.

Al problema anterior se une otro factor que contribuye a explicar la crisis diferencial española: el deterioro institucional acumulado en estos últimos cinco años, al que me referí en el capítulo 6.

Finalmente, el sensible y preocupante deterioro de una parte del sistema bancario español, que ha mostrado los primeros síntomas de crisis con la intervención de una caja de ahorros, contribuye también a la acumulación de negros nubarrones sobre la situación de la economía española.

Con el diagnóstico acertado sobre las causas de la crisis económica española, la única vía posible pasa por una agenda de reformas estructurales muy ambiciosa. Sin embargo, no es la vía elegida por el Gobierno, que ha optado por el camino equivocado. Ésta es, quizás, la razón de que el más profundo pesimismo se haya adueñado de los analistas más prestigiosos. Son conscientes de que el conjunto de iniciativas que podrían ayudar a España a salir de la crisis no está, en modo alguno, en la agenda política del Ejecutivo. La aguda desconfianza en la capacidad del Gobierno para sacar a España de la crisis se ha extendido de forma muy amplia y profunda, en España y en el extranjero.

La razón está fundada en los hechos. El Gobierno ha optado por una irresponsable huida hacia delante a partir de su errado diagnóstico, condicionado a su vez por la estrategia política con la que concurrió a los comicios de 2008, consistente en negar la crisis y prometer cuatro años de crecimiento y creación de empleo, hasta alcanzar el pleno empleo. Y es que conviene recordar que «Por el pleno empleo» fue justamente uno de los principales eslóganes electorales del PSOE en las elecciones generales celebradas en marzo de 2008, muchos meses después de que estallara la crisis financiera internacional. Los socialistas han decidido que su política será la de siempre: más gasto público, rechazo a la bajada de impuestos y rechazo frontal a las reformas. Todas estas políticas sólo servirán para agudizar la crisis.

Más gasto público y más déficit presupuestario

El socialismo nunca ha visto con buenos ojos la austeridad en el gasto público. Sobre todo en España. Esta nueva crisis no constituye una excepción.

Quiero subrayar que cuando critico el incremento excesivo del gasto público no pretendo criticar las políticas presupuestarias contracíclicas normales. No se trata, por ejemplo, de recortar las inversiones productivas por parte del sector público precisamente en periodos de contracción del gasto privado. Uno de los errores de los socialistas ha sido precisamente haber incrementado mucho el gasto público en momentos en los que el gasto de las familias y empresas españolas crecía mucho, lo que es un grave error. El Gobierno defendía teóricamente el equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo económico, pero en la realidad lo que han hecho es incrementar de forma excesiva el gasto público cuando se incrementaban mucho los ingresos públicos, lo que supone una clara contradicción con lo que dicen defender.

En otras palabras, lo que a mí me preocupa no es tanto que en momentos de crisis el gasto público compense en parte la caída de gasto privado, sino otras tres cuestiones. La primera, que ese incremento del gasto público no sea temporal sino permanente, y que se «enquiste en el presupuesto». La segunda, que el mayor gasto público no se concentre en infraestructuras y otras inversiones productivas de futuro, sino en gasto público improductivo. La tercera, que ese incremento del gasto público sea excesivo e insostenible.

Pondré un ejemplo: incrementar los salarios de los funcionarios públicos muy por encima de la inflación en un año en el que se destruirá más de un millón de empleos y el déficit público puede superar el 6 por ciento del PIB.

La realidad es que el gasto público crece sin control, el déficit público se ha disparado y, lo que es aún peor, el discurso político no concede la menor importancia a la sostenibilidad de las cuentas públicas. Detrás de esa insostenible política de gasto está la pérdida del máximo rating de la Deuda pública que ha provocado la política económica socialista, y que se transmite al conjunto de la economía. Las familias y las empresas españolas se ven perjudicadas por este deterioro del rating de la Deuda pública española al ver racionado el crédito y tener, además, que pagar mayores tipos de interés.

Esta política socialista de seguir apostando por el incremento sin control del gasto público y del déficit público no hace sino agudizar la crisis.

Más empleo público significa menos empleo en el sector privado

El Gobierno ha rechazado la posibilidad de aplicar amplios recortes en las ofertas de empleo público. España tiene ya más de 3 millones de empleados públicos, y lo que ahora necesita no es incrementar el número de funcionarios, sino incrementar el empleo en el sector privado. Seguir incrementando el empleo público no hará sino contribuir a agudizar la crisis.

Las dos Comunidades Autónomas españolas con mayores tasas de desempleo son justamente aquellas en las que más años lleva gobernando el socialismo.

Los presupuestos con credibilidad cero agudizan la crisis

Ya expuse en un capítulo anterior el deterioro en la confianza que ha supuesto el hecho de que se hayan venido confeccionando Presupuestos Generales del Estado completamente alejados de cualquier previsión razonable.

El problema ahora es que el Gobierno no manifiesta ninguna intención de corregir este error. Un ejemplo: a pesar de que, a fecha de marzo de 2009, se prevé una caída de la renta española superior al 3 por ciento en 2009 y una caída adicional de al menos el 1 por ciento en 2010, el Gobierno sigue manteniendo unos presupuestos que son papel mojado.

Este hecho acentúa la desconfianza en la política económica y contribuye a deteriorar las expectativas empresariales y, con ello, a agudizar la crisis.

Rechazo a las bajadas de impuestos

En el capítulo 6 hice referencia a las subidas de impuestos que se han producido en los cinco años de Gobierno socialista (2004-2009).

En estos tiempos de grave crisis económica y social, los socialistas rechazan reducir aquellos impuestos que más lastran la maltrecha competitividad de las empresas españolas: los que gravan el empleo (las cotizaciones a la Seguridad Social) y los que gravan la renta de las empresas (el Impuesto de Sociedades). También rechazan rebajar los impuestos a los autónomos.

Se trata de un nuevo error que retrasará la salida de la crisis y que costará muy caro a la sociedad española en términos de empleos destruidos y PYMES disueltas.

Rechazo a la recuperación del mercado nacional

He mencionado ya los perniciosos efectos sobre la economía y el empleo de parcelar el mercado nacional en mercados regionales mediante normas autonómicas que impiden la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores. Y también los efectos negativos de las normas autonómicas que obligan a una empresa española a establecerse en una determinada Comunidad para poder trabajar en ella o para poder contratar con la Administración regional.

Sin embargo, el Gobierno parece decidido a avanzar por este camino equivocado, que inició con una errada política de impulso a las reformas de los Estatutos de Autonomía. Por este camino se agudizarán los efectos de la crisis.

Los peligros de incrementar excesivamente el salario mínimo interprofesional (SMI)

A los socialistas les gusta subir los salarios a golpe de decreto. Especialmente el salario mínimo interprofesional. Es, para ellos, prueba inequívoca del carácter «social» de un Gobierno. ¡Y es tan fácil! Basta con que el Gobierno lo apruebe. Naturalmente, no son los socialistas, ni siquiera el Estado, quienes pagan esos incrementos del salario mínimo. Corren a cargo de los empresarios, normalmente dueños de PYMES y autónomos y finalmente de los trabajadores menos cualificados y experimentados que quedan excluidos de la posibilidad de conseguir un empleo.

La tentación del Gobierno en el presente es seguir por el mismo camino que en el periodo 2004-2009, es decir, seguir subiendo el salario mínimo muy por encima de la inflación. Y es un error. Porque una fuerte subida del salario mínimo por encima de la inflación inevitablemente condena al paro a miles de trabajadores, especialmente los menos cualificados de todos, porque para muchos empresarios deja de ser rentable su contratación.

La consecuencia de seguir incrementando el salario mínimo por encima del IPC será más paro, sobre todo entre los trabajadores menos cualificados.

Reabrir el debate sobre la financiación autonómica

En el marco de su desacertada política territorial, los actuales dirigentes socialistas decidieron abrir el melón de la financiación autonómica, a pesar de que en 2001 el Gobierno del Partido Popular acordó de forma unánime con todas las Comunidades Autónomas un modelo de financiación autonómica que tenía vigencia indefinida y resultó satisfactorio para todos.

El problema hoy es que el Gobierno persevera en una dirección que no es otra que la de incrementar las transferencias a las Comunidades Autónomas a costa de adelgazar aún más al Estado y de elevar —aún más— el déficit público, la Deuda pública y los impuestos que pagarán mañana todos los españoles. Ni siquiera se plantea la pregunta de si ese dinero adicional, extraído del bolsillo del contribuyente, lo gastarán bien o mal las Comunidades Autónomas.

Es evidente que la consecuencia de todo esto es un deterioro de las expectativas de empresarios y familias, que saben que se incrementará su carga futura de impuestos. Esto no hace sino acentuar la crisis.

Intervencionismo público en la economía

Los actuales dirigentes socialistas parecen decididos a seguir por el camino del intervencionismo en el mundo empresarial, camino en el que en los pasados años avanzaron decididamente, como ya he explicado en otros capítulos. Así parece desprenderse de sus primeras actuaciones en relación con los problemas del sistema financiero español. La falta de transparencia en este terreno sólo servirá para agudizar la crisis.

Tampoco parece el Gobierno dispuesto a desandar el camino andado en materia de pérdida de independencia operativa del poder político de instituciones como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de la Competencia.

Nada hace pensar que el Gobierno esté dispuesto a devolver la neutralidad a estas instituciones, algo que sería fundamental para infundir seguridad jurídica y recuperar confianza.

A lo anterior se une la desconfianza que generó el manejo político del primer capítulo de la crisis bancaria española, el relativo a la insolvencia de una caja de ahorros. Aunque esta caja acabó siendo intervenida por el Banco de España, la intervención vino precedida de un intento de fusión con la caja de ahorros andaluza Unicaja en la que la necesaria transparencia brilló por su ausencia.

Así será difícil restaurar la confianza de los inversores en España.

Rechazo a la reforma laboral

Una de las cosas que más me llama la atención es la imposibilidad de plantear de forma serena y sosegada la conveniencia de aprobar una reforma laboral en España. 7.000 nuevos parados al día deberían hacer meditar a cualquier gobierno. Que nueve de cada diez nuevos parados europeos en la zona euro hayan sido españoles en 2008 debería llevar a la reflexión de cualquier persona sensata. Nuestro mercado de trabajo funciona mal, muy mal. Y eso exige cambiar lo que no funciona. Pero no hay más ciego que el que no quiere ver.

Los actuales dirigentes socialistas interpretan de una forma errónea lo que significa una reforma laboral. Interpretan que cualquier reforma laboral equivale a un recorte de derechos, cuando es más que obvio que hoy en España a los que sí se está recortando sus derechos es a los 7.000 españoles que cada día pierden su derecho a trabajar.

Los actuales dirigentes socialistas rechazan hablar de reformas en materia de negociación colectiva, intermediación laboral, movilidad geográfica, modalidades de contratación, el papel de la Administración laboral en los procesos de despido colectivo, movilidad funcional, políticas activas o funcionamiento de la prestación por desempleo, por citar algunas áreas en las que el debate es susceptible de plantearse.

Y, de este modo, se destierra cualquier posibilidad de que los empresarios españoles contraten a cientos de miles de parados, algo que harían con una normativa laboral más moderna y flexible, menos disuasoria de la contratación.

Rechazo a la apertura del debate sobre la energía nuclear

En toda Europa hace tiempo que se abrió el debate sobre la conveniencia de apostar por la energía nuclear. La elevada dependencia energética del exterior, el alto coste de la energía procedente de los hidrocarburos y el nivel de emisiones de CO₂ y otros gases de efecto invernadero eran y son razones de peso para abrir este debate.

No digamos ya Francia, que nunca abandonó la energía nuclear, sino también Reino Unido, Italia, Suecia y Finlandia, todos ellos países firmemente comprometidos con la conservación del medio ambiente, han reabierto el debate sobre la conveniencia de apostar por las centrales nucleares de tercera generación, mucho más eficientes que las anteriores, y que aportan energía segura, barata y libre de emisiones de CO₂.

El Gobierno español, con evidentes telarañas ideológicas en planteamientos que no debieran ser políticos sino técnicos, se niega siquiera a plantear el debate sobre la conveniencia de apostar por las centrales nucleares de tercera generación, a pesar de que todo el empresariado español, las dos centrales sindicales mayoritarias, UGT y CC. OO., e incluso el presidente del Gobierno español que aprobó la moratoria nuclear en los ochenta se han pronunciado públicamente acerca de la conveniencia de avanzar en este terreno.

Rechazo a otras reformas estructurales

El mero rechazo a plantear otras reformas estructurales que España necesita para salir de la crisis es también un factor que infunde desconfianza en el mundo empresarial y contribuye a agudizar la crisis.

El Gobierno socialista se niega siquiera a debatir sobre la conveniencia de revertir el recorte en la libertad de la actividad comercial o las restricciones en materia de horarios comerciales aprobadas en 2004. Se niega también a debatir sobre una reforma educativa, una reforma de la Universidad y una reforma de las Administraciones públicas.

En la agenda política tampoco se encuentran las privatizaciones, las liberalizaciones en energía, telecomunicaciones, las reformas en el sistema financiero, las reformas en la sanidad, la reforma de la formación profesional o la reforma del sistema de pensiones.

Y todo esto contribuye, mediante el deterioro de las expectativas empresariales, a hacer que la crisis sea más profunda y más duradera.

CAPÍTULO 10

Políticas económicas para salir de la crisis

Una nueva Agenda Nacional de Reformas

En la actual situación de recesión económica y de falta de expectativas de futuro considero que lo más productivo es mirar hacia el futuro y plantear qué se puede hacer para que los españoles podamos recuperar la confianza y la prosperidad. Eso fue precisamente lo que hice como presidente del Gobierno de España en 1996. Y creo que es lo que ahora, desde mi actual posición, me corresponde aportar fundamentado en un diagnóstico manifiestamente más acertado que el de aquellos que negaban la crisis, y en una experiencia de Gobierno que supuso devolver a España a la senda de la prosperidad en circunstancias igualmente difíciles.

Que quede bien claro desde el principio que España puede salir de la crisis. Que no hay ninguna supuesta maldición que nos condene como pueblo al paro masivo y al estancamiento. Sólo la mala política, la imprevisión y la improvisación nos han llevado a la gravedad de la situación actual y todo eso es reversible. Es posible volver a crecer, a crear empleo y a reducir el paro. Estoy convencido de ello porque confío extraordinariamente en la sociedad española, en su capacidad de alcanzar retos colectivos. Porque lo ha demostrado sobradamente en el pasado. Pero volverlo a hacer requiere cambiar claramente un rumbo como el actual que nos conduce a encallar en una crisis aguda, profunda y duradera.

Para enfilar la salida de la crisis con plena confianza en nuestras posibilidades como país, España necesita liderazgo político para abordar una nueva Agenda Nacional de Reformas muy ambiciosa que apueste por la austeridad y el recorte del gasto público, la contención del empleo público, la racionalización y reestructuración del modelo autonómico, las rebajas de impuestos, una nueva oleada de privatizaciones de empresas públicas, sobre todo en el ámbito autonómico y local, la recuperación del mercado nacional, la apertura comercial, nuevas liberalizaciones en los mercados de servicios, mayor competencia en todos los mercados, una nueva y profunda reforma laboral, reformas para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, reformas para mejorar la eficiencia y reducir el coste de los sistemas sanitarios, reformas para mejorar la calidad del sistema educativo, reformas para mejorar la calidad de los servicios del Estado como supervisor, reformas en la regulación financiera para reforzar la transparencia y penalizar la falta de honradez empresarial, y un refuerzo de la capacidad energética nacional.

No son recetas divertidas, lo sé. Pero en estos tiempos tan difíciles para millones de familias españolas hay que dejar las frivolidades en el cajón del despacho y decir a los ciudadanos la verdad para concitar su apoyo alrededor de un ambicioso plan de reforma económica. No es posible llevar a cabo la profunda transformación económica, social y política que se necesita en España si no existe conciencia social de la necesidad del cambio. Ha llegado el momento de alcanzar un gran pacto entre los españoles para que en nuestro país cambien muchas cosas que están mal y que hasta ahora no hemos sido capaces de mejorar.

Tiene que ser posible plantear en un país que genera 7.000 parados al día un debate de fondo sobre la reforma laboral. Tiene que ser posible en un país que es una isla energética y que tiene un serio problema de competitividad empresarial debatir sobre la conveniencia de las centrales de energía nuclear de nueva generación, camino que están siguiendo casi todos los demás países europeos. Tenemos que hacerlo posible.

Los ciudadanos deben saber que estamos siendo golpeados de manera especialmente severa porque el Gobierno ha aplicado manuales de economía que algunos leen en dos tardes, que tienen un resumen que se lee en cinco minutos, y cuya aplicación durante los últimos cinco años ha debilitado a las instituciones, a las empresas y a los trabajadores, ha minado nuestra credibilidad internacional y, en suma, ha dejado a la sociedad española más vulnerable ante una crisis que ahora nos azota con particular virulencia.

Parece evidente que no es lo mismo crear las condiciones de prosperidad que permitan salir del paro, como hicimos desde los Gobiernos que tuve el honor de presidir, que condenar a las personas al desempleo, que es lo que se hace ahora. La política económica importa y mucho. Y es que actualmente, fruto de estos últimos años de Gobierno, España está cosechando una profunda crisis económica con muy graves repercusiones sociales. El drama humano del paro, la angustia de millones de ciudadanos que no encuentran empleo o que se saben amenazados por el despido, y la desesperación de cientos de miles de familias en las que ya no entra ningún salario son la mejor prueba del fracaso económico y social del socialismo español del siglo XXI.

No me voy a recrear en el «ya lo advertimos», aunque ahí están las hemerotecas, que colocan a cada uno en su sitio. A los que fueron calificados de antipatriotas por advertir con acierto de la crisis que se avecinaba y que llamaban a la toma de medidas preventivas para evitar la actual situación y a los autocalificados como patriotas, que nos han devuelto a los tiempos de la crisis y del paro masivo.

Pero Ortega ya nos advirtió de que la realidad que se ignora prepara su venganza. Primero, el Gobierno negó la realidad. Después se nos descalificó a los que nos atrevíamos a mostrarla. Y ahora algunos atribuyen su existencia a causas totalmente ajenas e incluso impredecibles por el Gobierno y su equipo de asesores.

Yo no tengo ahora ni he tenido nunca sesenta asesores económicos. Cinco eran suficientes. Pero ni sesenta ni cinco hacen falta para darse cuenta de que esta crisis se veía venir en España, y muchos lo advertimos. Este juego ya lo conocemos. Hay quien empieza por negar la existencia de la crisis para posteriormente, en un requiebro tan ágil como inverosímil, pretender dar clases de cómo salir de ella. No es la primera vez. Los que vivimos de cerca la crisis de 1993 lo recordamos bien.

Precisamente porque reconozco el enorme daño que un mal diagnóstico y una mala política económica han tenido a la hora de generar la actual situación en España, tengo la firme convicción de que con una buena política económica que confíe en los ciudadanos no sólo superaremos la recesión sino que una vez más iniciaremos una senda de prosperidad. La buena política genera un círculo virtuoso de confianza y prosperidad que se inicia con medidas concretas que van a requerir un importante esfuerzo colectivo, un esfuerzo suplementario de todos. Requerirán responsabilidad, disciplina y dedicación por parte de los líderes y que éstos ofrezcan a los ciudadanos puntos de referencia claros y principios sólidos en los cuales creer y que sean aplicados de forma persistente a través de una política económica coherente y planificada. Algo de lo que España ha carecido por demasiado tiempo y cuyas consecuencias ahora sufrimos. Por ello los ciudadanos deben saber que España no va a salir de esta crisis con mayores dosis de socialismo simpático o de optimismo antropológico.

Austeridad y honradez frente a la crisis

Frente a la crisis actual es necesario que el sector público sea austero y que reoriente sus gastos para alcanzar el mayor impacto sobre el crecimiento con unos impuestos que han sido obtenidos de forma coactiva de unos ciudadanos que se enfrentan a una difícil situación y cuyo proceso de recaudación genera importantes distorsiones que lastran el crecimiento del empleo.

Volver a la senda del crecimiento y del empleo requiere esfuerzos y reformas de gran calado y, en primer lugar, el Gobierno y las Administraciones públicas tienen el deber de ser los primeros en dar ejemplo aplicando políticas de máxima austeridad. Hay que explicar con claridad que de esta crisis no vamos a salir con mayor gasto público, subiendo los sueldos públicos, creando ministerios, incrementando los gastos suntuarios, despilfarrando, aumentando los impuestos y la deuda o recortando la libertad económica con mayor intervencionismo. El sector público debe trabajar con ahínco para dejar cada vez un mayor espacio de libre actuación a los ciudadanos.

En el ámbito del funcionamiento de las Administraciones hay que acometer reformas profundas para que se sitúen del lado de las empresas y de la creación de empleo, y no frente a las empresas y contra la creación de empleo. En la Administración pública española hay un amplio potencial de mejora para poder hacer más y mejor con menos recursos. En esta tarea deben involucrarse de forma imprescindible todas las Administraciones: central, autonómicas y locales. Ello pasa por una mejor organización, mayores incentivos al esfuerzo y una racionalización de los procesos.

Es la hora de una mayor coordinación entre todos los niveles de gobierno para evitar duplicidades e ineficiencias. Es la hora de exigir mayor corresponsabilidad para satisfacer unos criterios reforzados de estabilidad presupuestaria que vinculen a todas las Administraciones. Es la hora de la transparencia y de rendir cuentas ante los ciudadanos sobre la calidad de la gestión. Es la hora de poner en orden unas cuentas públicas que han visto crecer sin control su gasto al calor de los ingresos derivados del boom inmobiliario. Ha llegado el momento de la disciplina presupuestaria y de reconocer que hay cosas que no nos podemos permitir todavía como país, que debemos trabajar más para alcanzarlas. Reconocer que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Ha llegado el momento de decir no a los excesos.

No saldremos de la crisis si se permite a las Administraciones regionales y locales tener comportamientos oportunistas e irresponsables que les posibilitan echar cargas y deudas sobre los hombros del Estado. Ha llegado el momento de la responsabilidad. Sólo así se recompondrá la necesaria confianza mutua para salir todos juntos de la crisis.

En el gasto público no sólo importa cuánto se gasta, sino que es tanto o más importante saber cómo se gasta. Es fundamental la composición del gasto público de cara a ayudar a afrontar la crisis e incentivar el crecimiento y el empleo. Tras cinco años con un crecimiento del gasto público por encima del crecimiento de la economía, se han consolidado gastos, subvenciones, programas, estructuras burocráticas y ministerios enteros cuyo gasto suponen un despilfarro para los maltrechos contribuyentes y que han de ser eliminados sin dilación. Se debe volver a priorizar el gasto en aquellas inversiones planificadas en infraestructuras que incrementen el potencial productivo de la economía y para ello hay que explotar las posibilidades disponibles de colaboración público-privada para un óptimo reparto de riesgos y tareas.

Para que el crecimiento económico en España vuelva a estar basado en la estabilidad se necesita deshacer el camino andado en materia de legislación sobre suelo y reintroducir racionalidad en la ordenación de este recurso, bajo los principios de liberalización y ausencia de discrecionalidad, que siempre corre el riesgo de abrirle la puerta a la corrupción. El impacto de la corrupción sobre los referentes éticos de la sociedad quizás sea el efecto más pernicioso y duradero que tendrá la mala conducción de esta política pública.

El encarecimiento artificial del precio del suelo a través de un alto grado de intervencionismo público ha supuesto un freno para el aumento del bienestar en nuestro país. El propio estallido de la burbuja inmobiliaria generada lastrará sin duda el crecimiento futuro. Pero igualmente no me cabe duda de que si abordamos con decisión la reforma de la financiación local y de las competencias urbanísticas, eliminamos los incentivos perversos a la discrecionalidad y a la limitación de la oferta de suelo y restauramos los principios éticos del trabajo con la erradicación de la corrupción, la sociedad española podrá recuperar, tras el necesario ajuste y redimensionamiento, a los sectores inmobiliario y de la construcción como generadores de empleo y riqueza.

Más incentivos, liberalización y competencia

La austeridad, la reducción del peso del gasto público en la economía y su priorización en aquellas partidas que más colaboren al crecimiento y la generación de empleo deben venir acompañadas de reducciones de impuestos, sobre todo de aquellos que gravan el empleo y el ahorro. Hay que reintroducir en la sociedad española un sistema de incentivos que, a través de impuestos más bajos sobre el trabajo y los rendimientos de la actividad económica, promuevan la iniciativa, la innovación y la asunción prudente de riesgos, ya que son las fuentes originarias de la creación de empleo.

España no puede volver a quedarse atrás en la escena internacional en ofrecer un marco fiscal atractivo para la instalación de nuevas actividades económicas. El nuevo modelo económico tiene que empezar por un marco fiscal e institucional que anime al establecimiento y el florecimiento de cualesquiera sectores económicos que estén dispuestos a retomar la senda de la creación de empleo. Todos los sectores deben sentirse llamados a devolver el modelo de crecimiento español a la senda de la creación de empleo y de la estabilidad.

En la economía española hay que lanzar un programa profundo de liberalización en muchos mercados que aún permanecen al abrigo de la libre competencia. España debe ofrecer en todos los sectores un entorno competitivo en el cual no quepan los privilegios, el favoritismo a empresas, «los brujos visitadores de la Moncloa» o «la cultura del pelotazo». Eso no es el mercado, es su degeneración.

En el mercado competitivo sólo se prospera ofreciendo mejores productos que satisfagan las necesidades de los consumidores a un precio competitivo. Hay que erradicar la cercanía al poder político como factor de éxito empresarial ya que, entre otros efectos perversos, resulta deletéreo para la apelación al esfuerzo compartido de todos para salir de la crisis. Hay que potenciar la política de defensa de la competencia y la liberalización de mercados, poner fin al control político de los organismos reguladores y supervisores, promover su fortalecimiento institucional y asegurar su independencia operativa.

Más empleo: la imprescindible reforma laboral

Sólo se podrá llevar a buen término la necesaria y profunda reforma laboral que necesita el mercado de trabajo español si existe un amplio convencimiento social de que el nivel de competencia en todos los sectores de la economía española asegura que los beneficios y márgenes empresariales asumen automáticamente su parte de carga en el esfuerzo compartido destinado a restaurar la competitividad de nuestra economía.

La necesaria reforma laboral debe incentivar la contratación, eliminar rigideces y adaptarse al siglo XXI. Sólo así se podrá conseguir que el mercado de trabajo español deje de ser la máquina de generación de paro en la que se ha convertido con las primeras dificultades de la economía. Se debe propiciar en España un cambio de modelo en las relaciones laborales para adaptarlas a la realidad de unos mercados genuinamente globalizados y crecientemente competitivos. Para ello debemos lograr de una vez por todas que en España pueda ser más sencillo ajustar los salarios y adaptarlos a las circunstancias específicas de la empresa o modificar la duración de las jornadas que recurrir al despido o abocar a las empresas directamente a su desaparición.

Es necesario plantear una reforma laboral en los terrenos de la negociación colectiva, la intermediación laboral, las políticas activas, el papel de la Administración laboral en los despidos colectivos, las modalidades de contratación, los incentivos a aceptar un empleo en el marco del funcionamiento de la prestación por desempleo y la formación profesional, entre otros aspectos.

Para salir de la crisis con una sociedad más fuerte y cohesionada, el esfuerzo del ajuste para ganar competitividad no debe dejarse caer como un peso muerto sobre los desempleados, los autónomos y los empresarios, que ven desvanecerse su forma de ganarse la vida sin vislumbrar una alternativa viable por culpa de la falta de flexibilidad de un mercado de trabajo ineficiente.

La reforma laboral debe conjugar las legítimas demandas de flexibilidad y seguridad para empresarios y trabajadores. Para ello debe centrarse el foco de las políticas en asegurar la permanencia de los trabajadores en la situación de empleo y abandonar las viejas estrategias que se centran de forma miope en el mantenimiento de los actuales puestos de trabajo y que sólo responden a una visión estática del sistema económico y no a la realidad dinámica a la que empresarios y trabajadores se enfrentan diariamente. Desde estas bases podrán atenderse eficazmente las aspiraciones de los trabajadores de una mayor seguridad en el empleo, resolver el problema del paro y devolver la competitividad perdida a la economía.

Más cohesión nacional y social

En España la crisis económica se encuentra interrelacionada y agravada por una crisis política sobre el modelo de Estado como consecuencia de las reformas de algunos Estatutos de Autonomía y la renegociación del modelo de financiación autonómica, como he mencionado en otros capítulos. De la crisis económica saldremos cuando trabajemos juntos como país en el objetivo común de la recuperación.

España necesita más competitividad y mayor cohesión nacional para superar con éxito este trance. En este sentido, pocas medidas me parece que pueden hacer más en estos dos planos que la de retomar el Plan Hidrológico Nacional para garantizar la interconexión entre las diferentes cuencas e introducir criterios de mercado para el reparto de unas aguas que siempre han sido de todos y a las que todos deben tener la posibilidad de acceder para asegurar así su utilización más eficiente, en lugar de terminar desperdiciadas en el mar. Cohesión nacional, mercado y eficiencia en el uso de los recursos ha sido la fórmula de éxito que ahora debemos recuperar.

España debe recomponer sus expectativas de futuro y eso supone que cada español individualmente pueda vislumbrar su futuro con confianza. El descenso de cotizantes a la Seguridad Social, el envejecimiento de la población y la grave irresponsabilidad del Gobierno de no haber avanzado en los últimos años en materia de pensiones han agravado la desconfianza en el futuro de una parte importante de la población española que está o se acerca al momento de su jubilación. Debemos romper este círculo vicioso con avances decididos para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones a través de un nuevo acuerdo del Pacto de Toledo. Ya lo hicimos durante mi etapa de Gobierno y la sociedad española lo puede volver a hacer, pero ello exige líderes que no oculten la realidad y establezcan este tema como prioridad política.

Debemos avanzar hacia formas de jubilación más flexibles, que se adecúen a la realidad de una esperanza y una calidad de vida crecientes, y donde el trabajador se vea claramente favorecido si desea alargar su permanencia en el mercado de trabajo. España sólo saldrá de la crisis si los españoles trabajamos más y mejor, no menos. Para ello debemos terminar con la discriminación por edad en el mercado de trabajo. Avanzar en la sostenibilidad de las pensiones no es sólo garantizar la adecuación de las prestaciones del sistema sino que éste cuente con unas fuentes de financiación más amplias y diversificadas que las actuales cotizaciones sociales, que suponen un impuesto que desincentiva la creación de empleo. Y es que el empleo es la base de nuestro bienestar y, por supuesto, del futuro a largo plazo de las pensiones.

España necesita profundas reformas en el modelo de prestación de los servicios públicos asociados a la sociedad del bienestar, y en particular en su sistema sanitario, para adecuarlo a la realidad de un país que ha aumentado su población en los últimos ocho años a un ritmo nunca visto en nuestra historia y, de hecho, no visto en ningún otro país de nuestro entorno. La diversidad de la sociedad española actual necesita encontrar en la sociedad del bienestar su correlato a través de una oferta plural de servicios en la que cada ciudadano pueda elegir en libertad cómo satisfacer a su mejor conveniencia unas coberturas de las que, en todo caso, son responsables las Administraciones públicas.

La participación de productores privados puede contribuir de forma importante a la pluralidad y calidad de la oferta y a la racionalización del gasto. No deben desdeñarse las ganancias de eficiencia y de bienestar para el conjunto de la economía que suponen abrir a la competencia amplios sectores de la economía hasta ahora en gran medida ajenos a la misma.

La sociedad del bienestar en España debe avanzar en la dirección que iniciaron en los años noventa países escandinavos líderes en protección social, como Suecia, y que abren el camino a la producción privada de los servicios con financiación pública y con plena libertad de elección por los ciudadanos. Mauricio Rojas lo explica muy bien en un excelente libro publicado por la editorial Gota a Gota, de la Fundación FAES.

Los españoles deben poder percibir con nitidez que todas las Administraciones públicas españolas están a su servicio, lo que implica la apertura de los sistemas autonómicos del bienestar a todos los españoles, con independencia de su lugar de residencia, de modo que cualquier español pueda tener siempre a su disposición los distintos servicios ofrecidos por las diferentes Comunidades Autónomas.

Energía y competitividad

En el terreno energético resultan imprescindibles reformas de calado que incrementen la seguridad del suministro, la competitividad del conjunto de la economía y que estimulen el ahorro y la eficiencia energética. Hay que introducir más competencia en los mercados energéticos y asegurar que las fuentes primarias de energía que sean limpias, seguras y baratas, como es el caso de la energía nuclear, sean aprovechadas en todo su potencial en beneficio del bienestar de los españoles.

Italia acaba de recuperar su apuesta por la energía nuclear de nueva generación, en la línea de Reino Unido, Suecia y Finlandia. España no se puede permitir seguir mirando hacia otro lado.

Con una grave crisis que ha enviado ya al paro a casi dos millones de españoles no podemos seguir permitiendo que los prejuicios agraven aún más esta situación. Es hora de derribar los mitos que nos atenazan porque España necesita de todas las fuentes de energía que puedan colaborar en la mejora de nuestro abastecimiento energético. La actual dependencia energética de países con elevado riesgo de inestabilidad política o de fuentes de energía caras, o que requieren de elevadas subvenciones, suponen un freno a la generación de empleo que no nos podemos permitir.

Un sistema financiero más sólido

La actual crisis económica está poniendo de manifiesto las profundas interrelaciones existentes entre la salud del sistema financiero y la del resto de la economía. Y conscientemente no uso la terminología habitual al uso —economía real frente a economía financiera— porque precisamente establece una falsa contraposición. De hecho, el mayor de los problemas económicos, el pánico bancario, se desencadena cuando los ciudadanos perciben sus ahorros como no reales.

La crisis financiera también ha manifestado la creciente interdependencia entre las entidades financieras más allá de las fronteras nacionales. Por eso España debe recuperar su peso en la política internacional para colaborar de forma constructiva en el fortalecimiento de los mecanismos que vigilan la solidez, solvencia y transparencia de las entidades depositarias de los ahorros de los ciudadanos. España puede y debe contribuir mucho al debate internacional, entre otros motivos por su experiencia pionera y exitosa en la implantación a partir del año 2000 de un potente mecanismo anticíclico que ha conseguido diferir en un año el impacto de las perturbaciones financieras en nuestro país.

De haber aprovechado el Gobierno este «año de gracia» para haber puesto en marcha medidas efectivas y meditadas contra la crisis en lugar de para negar su misma existencia, entonces las familias, las empresas y las propias entidades financieras se encontrarían ahora en una situación muy diferente. Pero éste no es el momento de las lamentaciones, sino el de mirar hacia el futuro y fijarnos tareas concretas.

Más allá de la agenda global de reformas financieras, nuestro país tiene que afrontar el reto de una profunda reestructuración de parte de su sistema financiero, que debería conducir a un necesario redimensionamiento y fortalecimiento del sector para que se restaure el canal de concesión de préstamos a familias y empresas.

El sistema bancario y la economía en su conjunto saldrán fortalecidos si se afrontan con valentía las debilidades que presenta la actual configuración de las cajas de ahorros. Las interferencias políticas en su gestión y un gobierno corporativo deficiente suponen un riesgo adicional para la seguridad de los depósitos que debe ser conjurado.

Ahora que ya no resulta ocultable por el Gobierno la necesidad de saneamientos e intervenciones en el sector bancario español, y tampoco que en este proceso va a ser necesario el uso de fondos públicos o del correspondiente Fondo de Garantía de Depósitos, es el momento de recordar que las actuaciones preventivas son mucho más eficientes y menos costosas que las actuaciones paliativas y que los gestores causantes de agujeros patrimoniales deben asumir responsabilidades.

El sistema bancario recuperará tanto más rápido la normalidad cuanto más eficiente sea su proceso de reestructuración. Ello pasa porque, frente a las fusiones «políticas» y las asignaciones arbitrarias de fondos públicos para rellenar agujeros patrimoniales, sean procesos transparentes de mercado o subasta los que determinen el destino y el precio de los activos y pasivos de aquellas entidades que necesitan ser absorbidas por otras para garantizar la seguridad de sus depositantes. De esta forma se minimizaría el recurso al dinero público en los rescates y se aseguraría la mejor gestión futura de los activos y pasivos intervenidos. España necesita del concurso de un sistema financiero más competitivo y sólido para que pueda apoyar con fuerza la recuperación del conjunto de la economía.

Sólo recuperando certidumbres y confianza, y con un fuerte liderazgo es posible convocar a un compromiso general de los españoles que siente las bases para una rápida recuperación económica y social de España. Creo que hay que tener el coraje de explicarlo y de llevarlo adelante. Y creo también que las recetas infantiles no conducen a ninguna parte. Mucho me temo que sin afrontar todos estos retos será difícil salir de la crisis. Y cuanto más tiempo se pierda en ello, más abultada será la factura económica y social a la que tendremos que hacer frente como nación.

Nada me gustaría más que volver a ver cómo mi país es capaz de remontar una crisis que está provocando angustia y sufrimiento a millones de familias. Para que España recupere el pulso y vuelva a la senda del crecimiento y la prosperidad, la Agenda Nacional de Reformas deberá incluir además medidas en los campos de la educación, la investigación, la justicia, la unidad del mercado interior, la defensa de los intereses nacionales, la influencia exterior de España, entre otras, y de las que trataré en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO 11

Más España y una mejor educación para salir de la crisis

Además de las reformas económicas que he expuesto en el capítulo anterior, España necesita algunos otros impulsos para superar la crisis y hacerlo con vigor.

Casi todos estos impulsos tienen algo en común: reclamar más España, y no menos. Una España fuerte y cohesionada, fiable y respetada en Europa y en el resto del mundo, tendrá mayor capacidad de superar esta crisis que una España débil y desvertebrada, poco fiable para nuestros aliados y poco respetada en Europa y en el resto del mundo.

Más España frente a las taifas autonómicas

Hay quien piensa que de esta crisis se puede salir intentando sacar la tajada más grande posible del menguante presupuesto español. Se equivoca. Hay quien, desde una perspectiva territorial, piensa que superará esta crisis a costa de debilitar el Estado, robándole competencias. También se equivoca.

La única vía posible de salir de la crisis viene dada por que España, como nación de ciudadanos libres e iguales, se fortalezca y emprenda el camino de las reformas con el esfuerzo de todos. Todos juntos somos más fuertes y sólo unidos seremos capaces de superar la dificilísima crisis económica, política y social en la que nos hemos sumergido.

La experiencia histórica de nuestra nación nos ha demostrado en repetidas ocasiones que cuando todos juntos nos hemos puesto a trabajar en pos de un objetivo común, dejando de lado otros intereses, hemos sido capaces de lograrlo. Los éxitos de la Transición política, del acceso de España a las Comunidades Europeas y de la entrada de España en el euro son buenos ejemplos. España puede salir de la crisis y lo logrará si la nación se une para conseguirlo.

La experiencia de otros países es también ilustrativa. Alemania, un país de arraigada estructura federal, inmersa en una profunda crisis económica y social, decidió hace pocos años fortalecerse mediante una reforma que transfirió competencias desde los Estados federados al Estado federal. El Gobierno federal fue capaz, más tarde, de iniciar un conjunto de reformas estructurales de hondo calado que permitieron a Alemania comenzar a superar la crisis.

Ya he explicado en otros capítulos que la desvertebración de la nación es uno de los factores que ha contribuido a agudizar la crisis en España, y que explica que la crisis internacional esté golpeando con mayor fuerza a nuestro país. Necesitamos recuperar el mercado nacional de bienes y servicios, recuperar el mercado nacional de trabajo y recuperar las políticas nacionales de cohesión en materia de educación, de universidad y de agua, entre otras.

España necesita superar la etapa de la obsesión por la diferencia y profundizar en la apuesta por lo que nos une. Esto exige cierta altura de miras de los líderes políticos, que deberían de una vez supeditar sus intereses regionales y locales a los intereses generales del conjunto de la nación.

España como país fiable y respetable

En un mundo globalizado, ningún país se puede permitir el lujo de ser poco fiable, ni política, ni económica ni jurídicamente. La falta de fiabilidad es uno de los principales enemigos de las inversiones y de la prosperidad. Y tiene toda la lógica. Si uno tiene que invertir, prefiere un país que respete la ley y los contratos. Si uno tiene que invertir, prefiere un país que honre sus compromisos políticos, legales y militares. Los países poco fiables son los que más difícil lo van a tener para salir de la crisis.

Una justicia eficaz e independiente es esencial para el buen funcionamiento de una economía. El enorme retraso que acumula la justicia española en estos momentos a la hora de resolver los casos es un factor que agudiza la crisis. Es necesario trabajar mucho para avanzar en este terreno y aumentar, así, la eficacia de la justicia española.

Además, la justicia no sólo debe ser independiente, sino que, además, debe parecer que lo es. Ciertos episodios a los que hemos asistido en los primeros meses de 2009, que muestran una connivencia entre el poder ejecutivo y determinados miembros de la judicatura que son inconcebibles en otros países democráticos desarrollados, deben ser erradicados de nuestro país.

Desde el punto de vista de la fiabilidad en el plano institucional, España ha perdido muchos puntos a lo largo de los pasados años. Se sucedieron los despropósitos en relación con la OPA sobre Endesa, con la desgraciada participación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de la Energía, el Tribunal de Defensa de la Competencia y el propio Gobierno. Todo esto generó desconfianza hacia España en el exterior en el plano económico. Se trasladó la impresión de que las leyes se cumplían o no en función de los intereses políticos del Gobierno. Y eso es algo enormemente negativo para cualquier economía.

El presidente de una gran multinacional llegó a afirmar públicamente que cuando alguien quisiera hacer negocios en España, debería primero hablar con el Gobierno. Eso no es propio de países desarrollados, sino más bien de países subdesarrollados. La seguridad jurídica en España perdió entonces muchos enteros y desde entonces no se ha hecho prácticamente nada por recuperarla.

Con todo, más daño aún ha hecho a la imagen de España como país fiable la frívola deslealtad con la que el Gobierno socialista se ha comportado con nuestros principales aliados en materia de defensa. La «espantada» de las tropas españolas de Kosovo, decidida sin avisar previamente a los aliados de la OTAN, es un buen ejemplo. Aunque podríamos traer a colación algunos otros, bien conocidos.

España necesita con urgencia recuperar la imagen exterior de país fiable, que cumple sus compromisos y responsabilidades: también con sus aliados.

La relación atlántica

Los lamentables episodios en la relación con Estados Unidos en los últimos años y hacer de ello una cuestión de política interna es otro grave ejemplo de falta de responsabilidad. España es una nación atlántica y conviene a nuestro interés una relación de confianza con el país más poderoso del mundo: Estados Unidos de América. Recuperar la confianza perdida no es tarea fácil, pero sí es indispensable. También requiere entender de una vez por todas que no se puede jugar con los intereses generales pensando que los problemas que se generan son con una Administración y no con un país en su conjunto. Los perjuicios que esta visión equivocada de las cosas han causado a la posición de España en el mundo son graves y se han traducido en pérdida de influencia, presencia y prestigio.

La defensa de los intereses nacionales en Europa

Tampoco el papel de España como país fuerte y respetado se ha visto reforzado en el seno de Europa.

El primer capítulo desafortunado tuvo lugar con las negociaciones agrarias del año 2004, en las que España cosechó un mal resultado como consecuencia de una lamentable negociación.

El segundo capítulo desgraciado se produjo con motivo de la negociación de las denominadas Perspectivas Financieras Comunitarias correspondientes al periodo 2007-2013, es decir, la negociación entre los líderes europeos para el reparto de los fondos europeos para ese periodo. Había mucho dinero en juego. España partía de una buena posición, porque había conseguido en la negociación de 1999, en la Cumbre de Berlín, un saldo neto de nada menos que 46.000 millones de euros. Recuerdo muy bien esa negociación porque la protagonicé en primera persona.

La de Berlín fue, posiblemente, una de las negociaciones más duras que tuve que afrontar como gobernante. La negociación comenzó en la ciudad alemana de Petersberg los días 25 y 26 de febrero de 1999, y allí ya vi muy claro que España se iba a quedar sola en la negociación. Tenía cierta lógica. La presidencia alemana, apoyada por Francia, quería aprobar un presupuesto europeo restrictivo como paso previo a la futura ampliación al Este. Pero el interés de España era recabar la mayor inyección posible de fondos europeos que nos ayudaran a modernizar nuestras infraestructuras y así garantizar que el impulso del euro —que había empezado a circular como moneda única el 1 de enero de ese año— desplegara toda su potencialidad.

Tras el fallido intento de Petersberg, la cumbre definitiva se celebró en Berlín los días 24 y 25 de marzo. Como no había acuerdo, la presidencia de turno fue convocando, una a una, a todas las delegaciones, en lo que se denomina en la jerga europea el confesionario. En aquella ocasión, la delegación española fue convocada la última. Cuando nos tocó, Gerhard Schröder me puso encima de la mesa unas cifras y me dijo que todos estaban de acuerdo. Era mucho menos de lo que queríamos para España. Me preguntó mi opinión y le contesté que no apoyaría esa propuesta. La reunión con Schröder fue muy breve. Evidentemente, no tenía mucho sentido alargarla.

Después, como ya es bien conocido, hubo que parar el reloj porque las negociaciones en el Consejo Europeo se prolongaron hasta primeras horas de la mañana. Recuerdo que Jacques Chirac me preguntó hasta dónde estaba dispuesto a llegar y si me había dado cuenta de que me había quedado solo en esa cumbre. Le respondí, sencillamente, que estaba dispuesto a llegar hasta el final. Sé que esa noche no debí de parecerles muy simpático a nuestros socios europeos, pero también sé que mereció la pena. Se trataba de defender los intereses de España y de conseguir lo mejor para España.

Lo logramos. Y España se benefició de un caudal de fondos europeos que nos ayudaron a mejorar nuestras infraestructuras y nuestra economía. La lástima es que ese caudal se ha secado, pues correspondía a otros negociar las perspectivas financieras de 2007 a 2013. Y el resultado está a la vista de todos. Hubo quien prefirió no negociar para no parecer antipático y consiguió un resultado muy diferente.

En la negociación de los fondos europeos llevada a cabo por el actual presidente del Gobierno para el periodo 2007-2013, España perdió más de 40.000 millones de euros en términos de saldo neto. Es decir, sólo fue capaz de conservar 5.000 de los casi 46.000 millones de euros de partida, lo que significa que España renunció al 90 por ciento del dinero procedente del presupuesto europeo.

Este dinero que España perdió no fue a parar a otros países europeos más pobres que España. No. Se lo ahorraron los países ricos, sobre todo Alemania, Francia y Reino Unido. Así lo explicó Tony Blair en la rueda de prensa que siguió al Consejo Europeo en el que se negociaron los fondos.

El problema de haber perdido el 90 por ciento de esos fondos no es solamente haber renunciado a una enorme cantidad de dinero que serviría ahora para hacer frente a la crisis, por ejemplo, mediante la financiación de infraestructuras. El problema adicional (y no menos importante) es la pérdida de peso político de España en Europa. En Europa no se respeta a quien no defiende sus intereses. En Europa no se respeta a quien no se respeta a sí mismo.

En el plano económico, la pérdida de peso político tiene efectos más difusos pero importantes. Muchas decisiones de inversión se ven también influidas por el prestigio internacional de un país. A menos prestigio y menor peso, menores inversiones.

De lo anterior se concluye que la recuperación del peso político de España en Europa es importante para contribuir a mejorar la imagen exterior de nuestro país y también para ayudar a salir de la crisis.

La defensa de los intereses españoles en Iberoamérica

A lo largo de los últimos años hemos podido presenciar más de un episodio de vulneración de los legítimos intereses españoles en el exterior. Nacionalizaciones de empresas españolas, expropiaciones forzadas de ahorros de ciudadanos españoles y otras violaciones de los derechos de propiedad de compatriotas nuestros se han sucedido en determinados países iberoamericanos. Esto es, en sí, profundamente lamentable.

Pero lo es casi tanto la reacción del Gobierno español ante estos atropellos. Cualquier Gobierno de un país desarrollado defiende los intereses económicos de sus empresas y ciudadanos ante violaciones de los derechos de propiedad perpetradas por un Estado extranjero. En el caso español, el silencio ha sido la respuesta habitual a los atropellos cometidos sobre empresas o ciudadanos españoles en países como Venezuela o Bolivia.

Cuando un país no defiende sus intereses en el exterior, sufre un importante deterioro de su prestigio y su respetabilidad. La figura de un Gobierno débil es contagiosa y arrastra a la imagen del conjunto del país. España necesita recuperar esa imagen de un país serio que se hace respetar en el exterior.

Por la refundación del sistema educativo

Como señalé en capítulos anteriores, la crisis económica que sufre España es también una crisis moral que se ha trasladado al sistema educativo. Sin cambios muy profundos en nuestra educación, la salida de la crisis se verá, tarde o temprano, abortada.

La educación y la investigación son valiosas de por sí. Tienen un papel decisivo en la transmisión de la cultura de una generación a otra. También son fundamentales para la formación y el mantenimiento de una sociedad abierta, que respete la libertad de las personas. De hecho, la educación es por sí misma la expresión de la libertad del ser humano. Cualquier reforma que se proponga para la educación tiene que tener en cuenta estos principios básicos, que son la razón de ser del sistema educativo.

Ahora bien, la educación y la investigación tienen otro aspecto, sin duda relacionado con el primero, pero no exactamente el mismo. Como ha dicho Víctor Pérez-Díaz, pueden ser un factor de impulso del ritmo vital de los españoles, o bien un factor de freno y ralentización. Nadie duda hoy en día que la educación y la investigación están en la base del crecimiento económico de un país y, por tanto, de la prosperidad de todos. Ya sabemos que los países más ricos son los más abiertos. También son más ricos los países en los que la educación y la investigación alcanzan una calidad indiscutible, con instituciones que fomentan el espíritu crítico, la creatividad personal y que atraen también a los mejores alumnos y profesores del mundo. Eso acaba traduciéndose en mayor número de patentes, en aportaciones intelectuales que acaban siendo innovaciones empresariales, así como en una mayor imaginación en la gestión de los recursos.

La educación en España comparte con el resto de los países europeos algunas características: universalidad, predominio de la enseñanza pública, alto grado de población universitaria e inversiones de tamaño similar, incluido el gasto en investigación y desarrollo, teniendo en cuenta las diferencias en renta per cápita. Como no podía ser menos, la educación en España presenta también características propias, muchas de ellas positivas. Entre éstas están la mayor presencia de la enseñanza privada, la disposición de muchos padres a invertir en la educación de sus hijos o el mantenimiento de tradiciones educativas propias, como son las de algunos colegios e instituciones universitarias relacionadas con la Iglesia y las órdenes religiosas.

En nuestro país, la población está plenamente escolarizada e incluso cursa estudios universitarios en un porcentaje elevado. El sistema educativo español se ha enfrentado a este reto, derivado de la universalización de la enseñanza, con buenos resultados. Nuestro problema no es un problema de cantidad o de acceso, es un problema de calidad.

Precisamente por eso mi Gobierno aprobó una ambiciosa reforma educativa, a través de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, y una profunda reforma universitaria, a través de la Ley Orgánica de Universidades. Más tarde, como ya he explicado antes, la política educativa del Gobierno socialista consistió en hacer lo contrario de lo que se había hecho. No sólo se derogaron las leyes sino que se empezó a remar otra vez en la mala dirección. Es tiempo de recuperar el buen rumbo.

Problemas de la enseñanza

Desde la enseñanza obligatoria hasta la universitaria, es imprescindible encauzar el problema del fracaso escolar. Los estudiantes españoles abandonan sus estudios con demasiada frecuencia. Esto constituye una auténtica sangría de recursos y una fuente de frustraciones difícil de evaluar, como todo drama personal. Se ha intentado enmascarar este problema rebajando la exigencia y dando facilidades a los alumnos para pasar de curso. En los últimos años, se ha llegado incluso a decretar que los alumnos de enseñanza secundaria pudieran pasar de curso con tres asignaturas pendientes. Gracias a una sentencia del Tribunal Supremo, se ha restablecido el sentido común y los alumnos no podrán superar un curso con más de dos suspensos.

Como era de prever, esta clase de atajos han fracasado en todo. No han descendido las tasas de fracaso escolar y sí ha descendido, en cambio, la calidad de la enseñanza impartida. Sobre todo, se ha degradado la formación humanística y la transmisión de cultura, sin obviar, como saben muy bien los profesores, el dominio de la ortografía y los medios de expresión escritos y orales. Todo esto debería constituir la formación de unas personas responsables y críticas, y por tanto de una sociedad libre y abierta.

La degradación de la formación humanística ha ido acompañada de la degradación de la vida educativa. Esta última padece la falta de disciplina, el escaso reconocimiento del mérito y el esfuerzo personal, así como la puesta en cuestión de la autoridad del maestro y del profesor. Este último punto ha afectado a todo el sistema educativo y probablemente tiene repercusiones en toda la sociedad española. Debemos darle prioridad a la hora de emprender cualquier nueva reforma de la enseñanza. Es la clave a la hora de volver a instaurar un nuevo sentido de la competencia, el amor al esfuerzo, la recompensa del mérito y del trabajo.

La restauración de la dignidad de los profesores debe ir acompañada, en todos los grados educativos y especialmente en la educación primaria y en la secundaria, de la clausura de las reformas pedagógicas inspiradas en postulados ideológicos como los que puso de moda Mayo del 68. Hay que emancipar la enseñanza —toda la enseñanza— de la ideología. El sistema educativo no puede estar al servicio de un proyecto ideológico de transformación de la sociedad según criterios sobre los que no existe consenso alguno, como ha ocurrido en múltiples casos hasta llegar a los contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. En vez de eso, hay que impulsar a los alumnos a que hagan suyo el conocimiento, el saber, la cultura y también la exigencia de experimentación, de crítica y de creatividad.

Por otra parte, la experiencia internacional acredita que la libertad de elección de centro es un factor fundamental para elevar la calidad de la enseñanza. España tiene mucho que avanzar en este terreno.

Por una Universidad de mayor calidad

Resulta sorprendente que la Universidad haya puesto el acento en la educación profesional mientras que la propia Formación Profesional, que tan excelentes resultados ha producido en nuestro país, se haya visto desprestigiada y desatendida por las autoridades. Así como hay que complementar la primera con una educación humanística y general, la segunda debe recuperar la dignidad que le corresponde, ofreciendo además una alternativa a todos los alumnos que ahora se ven obligados a seguir la secundaria sin tener vocación para ello, lo que contribuye a aumentar las cifras de fracaso escolar.

En cuanto a la propia enseñanza superior, debería ser capaz de contribuir decisivamente a lo que se ha llamado economía del conocimiento. La economía del conocimiento es el área donde las sociedades desarrolladas van a competir a partir de aquí para conseguir un mayor índice de prosperidad. Por definición, la universidad es uno de los campos fundamentales donde se va a jugar nuestro futuro.

En este aspecto, la Universidad española está preparada para afrontar una reforma en profundidad. Hay excelentes equipos investigadores, integración en redes de investigación internacionales y cada vez mayor conexión de las universidades con las empresas. Aun así, queda mucho por hacer, como demuestra la todavía escasa aportación española al número de patentes registradas en el mundo, los someros incentivos con que cuentan muchos investigadores jóvenes para cumplir su vocación en su país, o la muy pequeña presencia de establecimientos españoles en los rankings mundiales de universidades mejor valoradas.

La situación de la investigación ha mejorado gracias al gasto en investigación y desarrollo (I+D) y con el aumento del PIB per cápita. Aun así, sigue siendo mejorable. La escasez de patentes españolas indica que nuestro país es todavía demasiado dependiente del exterior, que sus patentes tienen escasa difusión y, sobre todo, que no se fomenta, cuando no se desperdicia, la creatividad y la inventiva de los españoles. Seguimos siendo débiles en campos cruciales como la biotecnología, y nuestras exportaciones manufactureras, tan importantes en nuestra economía, presentan un contenido pequeño de tecnología. El saldo tecnológico de nuestra balanza de pagos sigue siendo desfavorable.

Cambiar esta situación requiere políticas educativas que se pueden resumir en dos ideas: mayor exigencia y mayor libertad. La una no irá sin la otra. Es necesario, por ejemplo, mejorar los procedimientos de selección de profesorado, lo que llevará a fomentar la transparencia y a apoyar la movilidad de los profesores entre centros universitarios, algo en la actualidad casi imposible en España. También es necesario facilitar la movilidad de los alumnos, que constituyen, en última instancia, el mejor test al que se puede someter la calidad de una universidad. Una universidad acaba siendo, como se ha dicho, lo que son sus estudiantes. El mejor capital de una universidad, junto con sus profesores, es un alumnado crítico, capaz de apreciar la competitividad y dispuesto a cambiar de ciudad y a sacrificarse para obtener la mejor formación.

Para ello los alumnos deben ser conscientes del coste de la enseñanza que están recibiendo y del esfuerzo que hace la sociedad española para cumplir con el deber educativo que, con toda lógica, ha asumido el Estado moderno. Saber lo que cuesta la educación que se está recibiendo suele ser la base de un alumnado motivado y capaz de comprometerse, llegado el caso mediante la crítica o el cambio de universidad, con la institución en la que cursa sus estudios. Nada peor que un alumnado o un profesorado sedentarios, sin alicientes para moverse y sin capacidad para hacerlo cuando quieren hacerlo, ya sea, por ejemplo, para integrarse en un nuevo equipo de investigación o para desarrollar una nueva línea de docencia en un departamento distinto. Las universidades y centros de enseñanza empeñados en mantener un alumnado cautivo se verán empobrecidas por la falta de renovación y por el aldeanismo. Aunque en apariencia faciliten los estudios, acabarán teniendo serias dificultades para competir en un mundo global. En consecuencia, acabarán desprestigiados.

Estoy convencido de que tras un largo periodo de cambios y debates, existen las bases y la oportunidad para introducir las reformas que hagan de nuestras universidades unas instituciones capaces de alzarse a los primeros puestos del mundo, y por tanto de aumentar y mejorar nuestra prosperidad.

No me gustaría cerrar este capítulo sin hacer referencia a una de las grandes riquezas de la economía española, como es nuestra lengua, el español. En 2005 se calculó que el español y las actividades con él relacionadas generaban un 15 por ciento del PIB español, es decir unos 150.000 millones de euros.

Hoy en día hablan en español unos 450 millones de personas. De ellas, cerca de 40 viven en Estados Unidos. La predicción es que dentro de unos años vivan allí 80 millones de hispanoparlantes. Recuerdo vivamente una conversación con Jacques Chirac sobre distintas cuestiones referentes a Estados Unidos. En un momento determinado le pregunté si su política exterior sería la misma en el caso de que viviesen en Estados Unidos 40 millones de francoparlantes, con proyecciones de ser 80. Hay veces que los silencios son elocuentes.

La dimensión demográfica y económica del español no es fruto de la casualidad. Nuestra cultura es una de las más ricas, más complejas y más atractivas de la historia. La lengua que heredamos con ella es una de sus creaciones más admirables, que debemos cuidar y transmitir a las generaciones venideras. Evidentemente, también forman parte de nuestro legado las diversas lenguas españolas, pero no por ello debemos descuidar la enseñanza y el fomento de la lengua común a todos, y eso tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Tenemos un tesoro de cuyo valor no siempre parece que seamos conscientes. Pero nos abre oportunidades gigantescas, al alcance de cualquiera que sepa aprovecharlas.

CAPÍTULO 12

El impulso político para salir de la crisis

España puede salir de la crisis. Estoy seguro de ello porque confío en mi país. Confío en el potencial que España ha demostrado tantas veces cuando los españoles hemos tenido un objetivo compartido como nación. Siempre me ha animado la confianza en España. La confianza en mis compatriotas. La ambición por construir entre todos una sociedad mejor. La ambición para que España sea una de las mejores democracias del mundo.

Con esta confianza y esta ambición para España he escrito este libro. Creo que somos una inmensa mayoría los españoles que queremos que nuestro país recupere el motor de prosperidad que ahora se ha frenado y el rumbo de modernización que ahora parece olvidado. Y creo que podemos hacerlo aunque ahora estemos atravesando una etapa especialmente difícil. Podemos y debemos hacerlo.

Nunca he creído en las maldiciones históricas. Creo que ningún país está condenado al fracaso, como muchos creyeron y defendieron durante demasiado tiempo para España. De la misma forma creo que nada nos garantiza el éxito permanente. Ninguna nación —como ninguna empresa humana— lo tiene garantizado. Pero es posible cuando se trabaja en serio por lograrlo.

Lo primero que necesitamos es no caer en el pesimismo que nace del temor y de la sensación de impotencia. Demasiadas veces, en la historia de España, nos hemos hundido en el pesimismo y en la fatalidad, al concluir que los países a los que queríamos parecernos nos llevaban demasiada distancia y avanzaban en su prosperidad a una velocidad que los alejaba aún más, con lo que nos parecían cada día más inalcanzables. Pero también hemos visto que podemos alcanzarlos; que podemos estar entre los grandes; que podemos ser una de las principales potencias del mundo.

Los ingredientes del éxito

Nuestra historia reciente acredita cómo, no hace tanto tiempo, juntos fuimos capaces de poner en marcha un largo periodo de confianza, de ambición compartida y de éxito en común. Ése fue el periodo que arranca con la Transición y que nos ha permitido construir tres décadas magníficas de modernización para España y para los españoles.

Esta realidad, muy presente en la memoria de todos —a excepción, quizás, de los más jóvenes— nos debe servir para revitalizar la esperanza que debemos depositar en nosotros mismos para poner a trabajar de nuevo, con la máxima urgencia, todas nuestras potencialidades como nación.

En esas tres décadas memorables, la transformación política, económica y social de España fue formidable. Tenemos que recuperar y dar nueva vida al impulso político necesario para que vuelva a ser posible un éxito como el que fuimos capaces de desarrollar hace muy pocos años. Hacerlo depende de nosotros.

Para los más jóvenes —y para los más desmemoriados— me gustaría recordar y rendir tributo a esa gran generación de españoles responsables que no dio la espalda a su historia y que logró pasar de la dictadura a la democracia; de la ruptura, a los objetivos compartidos; del inmovilismo, a un proyecto de futuro; del revanchismo, al espíritu de concordia, y del afán de división, a un afán común que integraba la diversidad.

Ese compromiso político para construir entre todos un sistema democrático pleno y perfectamente homologable a cualquier país normal y avanzado fue el germen del impresionante avance social que se produjo a continuación y del que hemos disfrutado hasta hace bien poco.

Esa generación de españoles, liderada por Adolfo Suárez y apoyada por la acción integradora de la Corona, galvanizó nuestro potencial como nación moderna, democrática, con vocación europea y occidental: una nación con ansias de progreso y de prosperidad que ahora se encuentra estancada y confundida, porque no ve ni cuándo, ni dónde, ni cómo encontrará la salida de la profunda recesión que ahora atravesamos.

Un somero repaso a estos últimos treinta años muestra bien a las claras lo que nos ha pasado. El 1 de enero de 1979, el presidente Adolfo Suárez convocó nuestras primeras elecciones generales del periodo constitucional. Inauguramos un tiempo político democrático que puso en marcha, en nuestra nación, este fructífero periodo de libertad para España.

Una década después, el 1 de enero de 1989, el presidente Felipe González —que tres años antes había firmado el ingreso de España en la Comunidad Europea— asumió por primera vez en nuestra representación la presidencia europea. España retornaba, como uno más, a ese concierto de sociedades abiertas, libres y prósperas que tanto hemos admirado porque favorecen la iniciativa para generar crecimiento y empleo.

Otra década después, el 1 de enero de 1999, España se incorporó al euro. Pasamos a convertirnos en un motor de Europa como socio fundador de la moneda común. Pocas cosas encarnan mejor que el euro el corazón de Europa. La moneda común ha sido un potentísimo acelerador de las economías europeas y ha beneficiado a la economía española. El Gobierno que tuve el honor de presidir impulsó nuestra integración en el euro, pese a una herencia económica que dejaba como casi imposible ese reto. Lo logramos gracias al esfuerzo y el sacrificio de toda la sociedad española, que vio como algo valioso el superar las difíciles condiciones de partida para alcanzar ese importante objetivo nacional.

Otra década después, hoy, en 2009, no tenemos nada que celebrar. Lamentablemente, el impulso modernizador que nos permitió obrar la mayor transformación de nuestra Historia se ha diluido. Y eso ha contribuido decisivamente a la profundidad de la crisis actual.

Hoy, además, no vemos salida a la crisis económica porque cuando ésta llegó ya estábamos sumergidos en una grave crisis de cohesión política, de ideas y de valores. Esas crisis añadidas ayudan a explicar por qué está siendo tan grande el impacto y la profundidad de la crisis económica en España.

¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué se ha diluido el impulso modernizador que nos permitió obrar la mayor transformación de nuestra Historia? Creo que siempre hay un motor político en las transformaciones sociales: no sólo cuando se impulsan reformas y mejoras sino también cuando el resultado es el estancamiento o, aún peor, el retroceso. Por eso creo que pararnos a analizar los ingredientes de nuestro éxito es fundamental para entender los motivos de la actual crisis.

Tuvimos éxito porque pusimos en marcha un proyecto compartido de vida en común que no buscaba aventar las divisiones, ni alimentar los odios, ni alentar la ruptura. Todo lo contrario. La voluntad fue cerrar heridas viejas, cultivar el espíritu de concordia, poner fin a la historia de la tragedia civil de España.

Tuvimos éxito porque con esa voluntad común —que es también una voluntad política— construimos, entre todos y con el liderazgo de una generación de políticos responsables, un sistema democrático pleno y perfectamente homologable al de cualquier país avanzado.

La empresa común era tremendamente ambiciosa y no exenta de riesgos. Hubo que superar las amenazas de la ruptura, del inmovilismo, del revanchismo y del afán de división. Los españoles, como nación, lo logramos porque entendimos que la convivencia pacífica vale más que el cumplimiento de los objetivos partidarios de cada uno.

La arquitectura institucional sobre la que se construyó ese éxito compartido fue la Constitución, la Constitución de todos. Lo fue porque plasmó un modelo autonómico capaz de integrar a todos los que querían compartir un proyecto común dentro de la nación española. Lo fue porque cohesionó políticamente a España.

La desvertebración irresponsable

La Constitución nos ha permitido la cohesión política y territorial de España. La cohesión, no el aplazamiento de la ruptura. Cohesión dentro de un Estado fuerte, con un proyecto común y ambicioso como nación. Porque con un Estado débil perdemos todos.

A estas alturas, esto debería estar meridianamente claro para todos. Incluso para aquellos que, de forma tan frívola como irreflexiva, pusieron en marcha un desbocado proceso de reformas de Estatutos que sólo han servido para centrifugar el Estado, para fragmentarlo y para esqueletizarlo. A estas alturas, es innegable el daño que ya han causado los proyectos que se han ensayado en los últimos tiempos para transgredir el espíritu de unidad, dentro de la diversidad, que la Constitución da a la nación española. A estas alturas, es evidente que la centrifugación del Estado no es una consecuencia del modelo autonómico. Es el resultado de la deslealtad: es desleal aprovecharse de la flexibilidad del modelo para forzar su colapso.

Es muy frívola esa moda política que consiste en desdeñar por anticuados todos los proyectos nacionales por el mero hecho de ser eso: proyectos nacionales. Es peor que frívola la reciente afición por desacreditar el Pacto de la Transición en beneficio de la radicalidad y la ruptura. Es muy insensato y muy costoso alentar el revisionismo y potenciar la división de la sociedad española. Lo es porque el resultado de este frívolo coqueteo con la ruptura empieza a ser visible. Toma la forma de episodios de enfrentamiento territorial demasiado frecuentes que demuestran un deterioro institucional que ya es inocultable.

Estamos pagando muy cara la errónea pretensión de que la Constitución se cumple dejando a España con un Estado residual mientras las Comunidades Autónomas se disputan lo poco que va quedando en una alocada carrera para ver quién puede coger más tajada de la tarta común en detrimento de la comunidad de al lado, y en detrimento —sobre todo— del conjunto de España.

Tan cara estamos pagando esta carrera por la centrifugación del Estado que medio en broma (pero sólo medio en broma) ya hay quienes hablan de la conveniencia de promover en España una suerte de G-17 para buscar un acuerdo entre las 17 Comunidades Autónomas que frene la fragmentación nacional, recupere el acuerdo en las competencias comunes y ponga coto al despilfarro de dinero público que resulta de este proceso.

Es cuando menos insólito que mientras España se beneficia de la unidad de mercado en la Unión Europea, se levanten todo tipo de barreras contra esa unidad de mercado dentro del territorio español. Tiene muy poco sentido, y es extraordinariamente costosa, la multiplicación por 17 de todo tipo de normas y regulaciones. ¿O es que tiene alguna lógica que haya, incluso, diferentes calendarios de vacunas según los territorios o, cómo no, distintos contenidos para las escuálidas enseñanzas de Literatura, Historia o Geografía que se imparten en los colegios?

Deberíamos tener muy claras algunas cosas que son evidentes. Es absurdo pensar que mientras el todo se empobrece las partes pueden hacerse más ricas. Es absurdo creer que puede funcionar eficazmente una confederación disimulada en la que el Estado sea incapaz de cumplir con sus responsabilidades hacia los ciudadanos.

A estas alturas me parece que está suficientemente acreditado que no hay nada más antiguo y más rancio que poner a los territorios por delante de las personas. Nada más retrógrado y más injusto que dividir a los españoles entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. No hay nada más reñido con la modernidad que convertir la diferencia en desigualdad, y hacer de la singularidad un privilegio.

Además de ser antiguo, es muy costoso. Nuestros años de éxito se basaron en la decisión responsable de construir la España democrática juntos. Porque en una nación, decide toda la nación. Tuvimos éxito porque sólo un Estado sólido y bien dimensionado garantiza la cohesión y la igualdad. Y sólo un Estado sólido permite una eficaz defensa de los intereses nacionales: dentro y fuera de España.

Cohesión política

La esencia de nuestra Constitución consiste en entender que la unidad no se opone a la diversidad, sino que la hace posible. Jugar con esa realidad, negarla incluso, desató la crisis política que hoy padecemos, que es previa a la crisis económica mundial, y que ha agravado y profundizado la crisis económica en la que hoy está sumida España.

Superar esta crisis de cohesión política exige, en mi opinión, una fuerte voluntad compartida de volver a prestigiar lo común para reagrupar las energías hoy dispersas en afanes disgregadores y banales. Exige volver a defender España, y hacerlo sin complejos. Defenderla con visión amplia y con sentido histórico.

Defender, por supuesto, la España autonómica, pero entender que la apertura del modelo autonómico no puede poner nunca en riesgo la viabilidad del Estado. Porque defender el modelo autonómico exige entender que el modelo es flexible para que funcione, no para que se colapse.

Y defender también los intereses de España en el mundo. En eso consiste una buena política exterior. No en buscar la foto por la foto, ni en llevarse igual de bien con todo el mundo. Menos aún consiste en llevarse especialmente bien con los tiranos... y menos bien (o nada bien) con nuestros principales aliados.

Claro que para poder defender los intereses nacionales de España en el mundo, primero hace falta tener claros cuáles son esos intereses nacionales. Algunos son muy obvios. Por ejemplo, es de interés nacional defender a las empresas españolas que tienen inversiones en el exterior, y no lo es permitir sin protesta que se las expropie. También —y sigo con los ejemplos— es de interés nacional promover la democracia y favorecer una economía abierta y libre en todo el mundo, pero de manera especial en aquellos países con los que tenemos lazos históricos tan estrechos como los que nos unen con Iberoamérica. Y no lo es —otra vez por ejemplo— tener las mejores relaciones con los estertores del comunismo o con regímenes populistas que intentan implantar el comunismo con las urnas.

La apertura imprescindible

Decía al principio de este capítulo que cuando llegó la crisis económica ya estábamos sumergidos en una grave crisis de cohesión política, de ideas y de valores. Y creo que para salir de la crisis económica no sólo necesitamos recuperar la cohesión política y el impulso del proyecto común como nación que ahora está —en el mejor de los casos— disperso y en entredicho. También es necesario que reflexionemos sobre las ideas y los valores que hemos dejado que algunos arrumben como si fueran antiguos, cuando no lo son. Las ideas y los valores que nos acompañaron en nuestros mejores años y que han impulsado a todos los países que apuestan en serio por la modernidad.

Un requisito previo, si nuestra voluntad es de éxito, es la apertura. Vivimos en un mundo global, en un mundo abierto, en un mundo que cambia muy deprisa. Las reglas son simples: a mayor apertura, transparencia, libertad económica y flexibilidad, mayor rédito de la globalización. Cuanto mayor es la apertura de un país, mayor es su prosperidad; y cuanto más rápidamente avanza un país en materia de libertad económica, más rápido es su avance en progreso y bienestar. Y a la inversa: los que se encierran, los que se ensimisman, los que sólo se ocupan de sus disputas aldeanas, quedan relegados y pierden.

Me gustaría hacer una aclaración: no es sólo que yo crea que la apertura es un requisito previo a la prosperidad, es que mantengo que esto ha quedado acreditado siempre en todos los países y en todos los momentos históricos. La ecuación inversa también está sobradamente demostrada.

España es un magnífico ejemplo de los beneficios de la apertura y la liberalización, en un marco de estabilidad, como potentes motores de prosperidad y bienestar, así como de los costes —en términos de retroceso— de levantar barreras, de retroceder en la liberalización y de poner en riesgo la estabilidad.

Estamos viendo esos costes, y hoy son uno de nuestros más acuciantes problemas. Por decisión de los actuales gobernantes, España lleva ya más de cinco años sin mirar ni hacia afuera ni hacia adelante. Ha estado demasiado ocupada en mirarse el ombligo y en intentar reescribir el pasado. Además, cuando la prosperidad parecía imparable, por estos lares triunfaron los fabricantes de humo, los vendedores de palabras huecas, los propagandistas del todo vale, todo es posible y todo es gratis.

Sabemos que no es así. Necesitamos mirar hacia afuera y mirar hacia adelante; abrir el país y apostar por el futuro. Ésas han sido, en toda la historia de España, dos de las tres condiciones imprescindibles que nos han permitido avanzar como nación... cuando hemos avanzado, que no siempre ha sido así. La tercera condición, también imprescindible, era, es y ha sido siempre que los Gobiernos trabajen en políticas de hechos concretos, en vez de eludir su tarea con palabras tan grandilocuentes como vacías.

Los propagandistas del todo vale, todo es posible y todo es gratis tienen mucha responsabilidad en la profundidad de la actual crisis. Porque ni todo vale, ni todo es posible y, desde luego, nada es gratis.

Los valores que debemos recuperar

Cuando arrancó la Transición, el mundo (y con él, España) estaba inmerso en una gravísima crisis económica. Pero aquella crisis no había estado precedida en España por la abundancia económica que nos ha acompañado en los últimos años y que ha llevado a algunos a la errónea percepción de que el tren de la prosperidad era imparable, que podía avanzar sin desmayo cada día más rápido y que no era necesario cuidar la maquinaria para evitar un frenazo en seco.

Entonces, en los años setenta, los españoles teníamos muy presente que la prosperidad no se logra sin esfuerzo y no se alcanza sin dificultades. Nuestra memoria colectiva en aquellos años era de grandes dificultades, cuando no directamente de miedo a la escasez. Entonces, esa gran mayoría de la sociedad española que es decente, esforzada, que madruga cada día, que trabaja muy duro por sacar su familia adelante, y que es imprescindible para que el país avance, respaldó con su voto la propuesta política centrada y reformista que lideró Adolfo Suárez para que España emprendiera el camino del éxito.

Ni entonces ni ahora esa gran mayoría de españoles está ni por rupturas ni por radicalismos. Es una amplia mayoría que cree, que sabe y que defiende que sólo con trabajo, honradez, seriedad, responsabilidad, constancia, coherencia, respeto, compromiso, deber y esfuerzo es posible que las personas y las sociedades mejoren. Saben —todos sabemos— que esos principios básicos de actuación humana son la clave de la prosperidad y del verdadero progreso. El trabajo honrado, serio y responsable; la coherencia en las decisiones; el respeto a los compromisos adquiridos; el cumplimiento del deber y la constancia en el esfuerzo son los ingredientes de las mejores obras: las individuales y las colectivas.

Lo sabemos, igual que sabemos que es imprescindible decir la verdad de la situación como paso previo a hacer frente a cualquier crisis. Lo sabemos pese a que los funámbulos de la política hayan fraguado sus volátiles triunfos en la engañosa venta de que las acciones no tienen consecuencias y que, por tanto, desde los poderes públicos se puede hacer cualquier cosa porque nada pasará factura.

La factura ya la tenemos encima de la mesa y muestra bien a las claras que el fondo de la actual crisis es político. La salida de la crisis requerirá asimismo un gran impulso político que recupere los valores ciudadanos que cimientan las democracias sólidas y avanzadas; los valores que asumimos como nación cuando arrancó el mejor periodo de nuestra historia.

Son valores universales: la libertad y la responsabilidad; la convivencia basada en el respeto a la ley; la democracia como garantía de los derechos y libertades individuales. Todo ello apoyado en unas instituciones democráticas fuertes frente al abuso, la arbitrariedad y la corrupción.

Para recuperar el firme compromiso con estos valores universales necesitamos dar un nuevo impulso al ejercicio de la política, que debe ser expresión de ideas, y no una muestra de oportunismo y ocultación. Lo necesitamos porque sin la recuperación de estos valores indispensables será imposible que la ciudadanía asuma de buen grado los sacrificios que, como nación, necesitaremos hacer para superar la crisis.

Un esfuerzo que vale la pena

Habrá que hacer sacrificios. Habrá que pedir, de entrada, a las familias que vuelvan a inculcar a los más jóvenes los valores del mérito, del aprendizaje con esfuerzo y del respeto al profesor. Habrá que reconocer, de entrada, que el actual sistema educativo está condenando a millones de jóvenes a una formación mediocre de por vida. Y que con esa mediocre formación es imposible competir en un mundo global.

Habrá que empezar de nuevo para poner en marcha un sistema educativo en el que la enseñanza exigente, el aprendizaje con esfuerzo, el respeto al magisterio, el afán de superación, el compromiso con el cumplimiento del deber y el premio a la tenacidad y a la excelencia entren de nuevo en las aulas, y desalojen cuanto antes el actual fraude hecho de fracaso escolar, mínimos conocimientos, problemas de convivencia, e incluso violencia en los colegios. Un fraude, eso sí, vestido con el «buenista» ropaje del igualitarismo, bendecido por el culto a la eterna inocencia y amparado por la supuesta superioridad moral de la izquierda.

Ese fraude no nos sacará de la crisis. No nos sacará de la crisis la eterna adolescencia patrocinada por el Estado, sino la recuperación de la responsabilidad personal en el desarrollo del proyecto vital de cada uno. No nos sacarán ni la estatificación de la vida ni el intervencionismo del Estado, sino la recuperación de la espontaneidad individual, la responsabilidad personal y el afán por competir y ganar.

Para poner en marcha este cambio imprescindible, necesitamos premiar a los mejores porque necesitamos y necesitaremos que los mejores tomen la iniciativa para volver a poner en marcha el tren de la prosperidad en España. Necesitamos a los que tengan más ánimo emprendedor y más espíritu de iniciativa; a los que sean más capaces de competir y ganar en la competición; a los que hagan de la innovación y la superación su forma de vida.

Necesitamos volver a prestigiar los valores fuertes: los valores del esfuerzo y la exigencia; del respeto y del reconocimiento de la autoridad; de la búsqueda de la excelencia y la retribución del mérito frente a la gratificación instantánea; de la igualdad frente a la fragmentación identitaria de la sociedad; de la honradez y el trabajo productivo frente al oportunismo y las trampas.

Y necesitamos recuperar una serie de principios esenciales, como los principios de la igualdad de oportunidades, de la igualdad ante la ley, de la igualdad entre hombres y mujeres, todos ellos apoyados siempre en el principio de la responsabilidad individual.

También necesitamos volver a prestigiar la política como expresión de ideas, y no como un ejercicio cotidiano de oportunismo y ocultación. Prestigiar su principal tarea, que es garantizar a todas las personas sus derechos fundamentales y ser muy conscientes de que la primera condición de la libertad es la limitación del poder. Ésta es la expresión liberal de la política. Porque somos liberales quienes amamos y defendemos la libertad de la persona, con las limitaciones que le son inherentes y con la necesaria responsabilidad que implica el ejercicio de esa libertad.

Desde esa concepción liberal y respetuosa de las personas habrá que impulsar un proyecto de apertura, fortaleza y confianza para ganar el futuro. Habrá que convencer de que es posible y necesario recuperar la vitalidad, la confianza, la concordia y la esperanza en el futuro a partir de una propuesta nacional de nuevos objetivos ambiciosos de prosperidad y convivencia que puedan ser compartidos por una amplia mayoría de españoles.

Podemos apoyarnos en el gran legado histórico que fue la Transición; podemos tomar impulso de las mejores cosas que, como nación, hicimos juntos en nuestra historia reciente; podemos tomar ejemplo de las naciones que antes van a empezar a salir de la crisis, que serán las que apuesten por la apertura y las liberalizaciones, por las reformas y el trabajo, por la austeridad y la honradez. Porque no todo el mundo saldrá al mismo tiempo ni con la misma fortaleza de la crisis.

Podemos aprovechar esta crisis como una oportunidad para revitalizar un proyecto cohesionado de nación que tenga como motores de progreso la libertad amparada por la ley y la solidaridad entre los españoles. Un proyecto que apueste abiertamente por la responsabilidad individual y por la ampliación de las oportunidades, para que todos puedan desarrollar sus capacidades. Si lo logramos, habremos encarrilado de nuevo a nuestra nación en el tren de la modernidad. Habremos recuperado la vocación de trabajar por una España cada día más abierta, más próspera y más libre: una de las mejores democracias del mundo.

España puede salir de la crisis

José María Aznar

ISBN edición en papel: 978-84-08-08654-3

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© José María Aznar, 2009

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Primera edición en libro electrónico (epub): agosto de 2010

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