SANTOS YANGUAS JUAN MANUEL ROLDÁN JOSÉ

HISTORIA DE ESPAÑA 2

Historia de España El Mundo Nº2

Espasa Calpe

Sinopsis

El interés de Roma por la península y las causas y circunstancias que desencadenarán la intervención militar de la potencia itálica en ella se incluyen en un contexto político que trasciende sus fronteras y que interesa a todo el espacio del Mediterráneo occidental: la rivalidad centenaria entre los dos estados más poderosos de la zona, Cartago y Roma. Una correcta comprensión de esta intervención obliga a conocer el trasfondo de las relaciones romano-púnicas y el papel que la Península desempeña en ellas.

Autor: Manuel Roldán José, Santos Yanguas Juan

©2004, Espasa Calpe

ISBN: 9788467015751

Generado con: QualityEbook v0.73

HISTORIA DE ESPAÑA 2

Hispania romana

conquista, sociedad y cultura (siglos III a. C.-IV d. C.)

Primera parte: CONQUISTA Y ADMINISTRACIÓN ROMANAS DE HISPANIA I

LA CONQUISTA ROMANA DE HISPANIA

Roma y Cartago en la Península Ibérica

El interés de Roma por la península y las causas y circunstancias que desencadenarán la intervención militar de la potencia itálica en ella se incluyen en un contexto político que trasciende sus fronteras y que interesa a todo el espacio del Mediterráneo occidental: la rivalidad centenaria entre los dos estados más poderosos de la zona, Cartago y Roma. Una correcta comprensión de esta intervención obliga a conocer el trasfondo de las relaciones romano-púnicas y el papel que la Península desempeña en ellas.

Cartago, una colonia de Tiro, enclavada en el territorio de la actual Túnez, heredó de la metrópoli los intereses comerciales que esta ciudad fenicia había tenido en el Mediterráneo occidental. Cuando Tiro decae, a partir de comienzos del siglo VII a. C., Cartago aprovechó la oportunidad y se hizo con la hegemonía de las factorías fenicias del norte de África y del sur de la Península Ibérica, extendiendo sus intereses hasta las Islas Baleares, donde a mitad del siglo ya se había establecido firmemente. En el juego de intereses, fundamentalmente comerciales, de la zona, los grandes competidores de Cartago eran los griegos, que, desde el siglo VIII, habían fundado un rosario de colonias a lo largo de sus costas. Un tercer factor era, finalmente, las ciudades etruscas de la Toscana, que, desde el siglo VII, habían extendido su influencia política y comercial por la costa tirrena. La competencia greco-púnica, por un lado, en el control de los centros de comercio de la costa meridional de la Península Ibérica y de Sicilia, y la greco-etrusca en la región de Campania, por otro, había de llevar a la natural alianza de cartagineses y etruscos, que hizo posible la expulsión de los griegos de sus factorías del sur del Mediterráneo, monopolizadas a partir del siglo VI por Cartago.

A lo largo del siglo V, las relaciones internacionales en el Mediterráneo occidental experimentaron cambios trascendentales, de los que el más sobresaliente fue la decadencia etrusca y la creciente influencia de Roma, una ciudad gestada como tal como consecuencia de la expansión etrusca en el Lacio, que, tras prescindir del yugo etrusco, fue afirmándose como la principal potencia en el sector septentrional de este ámbito. No se llegó, sin embargo, a un conflicto de intereses entre Cartago y Roma porque los diferentes radios de acción de ambos estados permitían una delimitación de la esfera de influencias sin interferencias peligrosas. Un tratado romano-cartaginés del año 348, transmitido por Polibio, nos informa precisamente sobre la delimitación de estas áreas de intereses bajo una base de entendimiento y amistad. Textualmente se convenía en un tratado que habrá amistad entre los romanos y los aliados de los romanos con los cartagineses, tirios, uticenses y sus aliados; más allá del Kalon Akroterion y de Mastia de Tarsis los romanos no podrán hacer presas, ni comerciar, ni fundar ciudades.

Teniendo en cuenta que los límites indicados corresponden respectivamente al cabo Farina en la costa africana y al lugar de la posterior Cartagena, el interés de Roma por regiones tan lejanas de su ámbito de acción sólo se explica si se piensa que en la cláusula citada se habla de aliados, que no eran otros que los griegos del Mediterráneo occidental y, entre ellos, la colonia de Masalia (Marsella). En algún momento del siglo IV, Masalia y otras colonias griegas en su esfera de influencia, posiblemente por la presión púnica en Sicilia, buscaron en la naciente potencia romana un necesario apoyo contra la expansión creciente de Cartago. El tratado citado protegía, pues, el desarrollo del comercio e industria griegos en el sur de Francia y el levante hispano donde se encontraban los núcleos de Rhode (Rosas, Gerona), Emporion (Ampurias, Gerona) y Hemeroskopeion (Denia, Alicante), como centros más importantes, lejos de la amenaza cartaginesa. Del lado cartaginés, que concentraba el peso de su política en Sicilia, el tratado también favorecía sus intereses, ya que reconocía su exclusivo dominio sobre el Mediterráneo meridional. Hasta el estallido de la I Guerra Púnica (264 a. C.), Cartago se mantendrá en las esferas marcadas, y sólo el desfavorable desarrollo de la guerra será el causante de la pérdida de influencia en este sector del Mediterráneo.

La conquista de la península por los Barca

En efecto, el final de la primera confrontación bélica entre los romanos y cartagineses (241 a. C.) significó para Cartago, con la pérdida de Sicilia, Córcega y Cerdeña, la ruina de su influencia en Iberia, probablemente en el curso de la guerra. No es de extrañar, por tanto, que el programa cartaginés de reconstrucción eligiera la Península Ibérica como objetivo para recuperar un ámbito de expansión que necesitaba, una vez que las cláusulas de paz vedaban a los púnicos las islas tirrenas.

Ya conocemos las circunstancias en que esta empresa se llevó a cabo bajo la dirección de los caudillos de la estirpe de los Barca, Amílcar y su yerno Asdrúbal, cuyos resultados fueron, a partir de 237, el sometimiento de la costa oriental y la explotación de los recursos naturales, agrícolas y mineros de la región meridional y levantina, en parte, por la fuerza de las armas y, en parte, por la diplomacia. Es en este contexto de la extensión de la influencia cartaginesas por el sur y levante hispanos donde se insertan los primeros signos de interés romano por la península en la esfera política. Según Dión Casio, unos años después del desembarco de Amílcar, en 231, una embajada romana, presidida por el propio cónsul C. Papirio, se entrevistó con aquél para pedirle explicaciones sobre sus actividades bélicas en Iberia. La irónica respuesta del caudillo púnico de que los cartagineses llevaban a cabo la guerra para pagar las deudas que tenían con los romanos debió de producir cierta confusión de los enviados, pero, en todo caso, no llevó a ningún resultado concreto. Se supone que Roma actuaba protegiendo los intereses de las colonias griegas más meridionales de la Península, que indirectamente o por intermedio de Masalia hicieron saber al gobierno romano el peligro que entrañaba la expansión. Pero los intereses de Roma estaban muy lejos de la Península y, ante la preocupación por problemas más inmediatos y directos en la propia Italia, prefirió la no intervención, aun a costa de sacrificar a sus aliados. En todo caso, Roma, en 231, pudo conocer directamente el aumento de la influencia política púnica en el territorio peninsular.

El Tratado del Ebro

La ambigüedad romana permitió a Amílcar extender su influencia hasta el Cabo de la Nao, y la consecuencia directa para los intereses griegos fue la pérdida de sus factorías más meridionales o, al menos, su práctica inutilización al quedar rodeadas de territorio adicto o sometido a Cartago. Por ello, la investigación insiste en señalar a Masalia como la instigadora ante el gobierno romano del latente peligro cartaginés, que tuvo una respuesta en el envío a Iberia de una nueva embajada, en 226 a. C. El interlocutor púnico fue en esta ocasión Asdrúbal, que había sucedido a su suegro en el mando de las fuerzas púnicas en la Península tras su muerte. El gobierno romano actuó con medidas concretas en la forma de un tratado o diktat, que marcaba con exactitud el límite de las aspiraciones púnicas en Iberia, fijado en el Ebro, al norte del cual quedaba prohibido a los cartagineses llevar a cabo expediciones de conquista; en frase de Polibio, que estaba prohibido a los cartagineses atravesar el Ebro en armas. El contenido del tratado, generoso en principio, si tenemos en cuenta que los territorios controlados por Cartago en Iberia estaban muy lejos de la línea fijada, se explica por la apurada situación de Roma ante la inminencia de una invasión gala en Italia, que efectivamente tuvo lugar al año siguiente. Roma no podía arriesgarse a emprender una guerra en estas circunstancias, pero trató de interferir en la expansión púnica con un margen de seguridad satisfactorio para las dos partes.

Aníbal y la cuestión de Sagunto

Unos años más tarde en 221 a. C., moría Asdrúbal y las tropas proclamaron como jefe al hijo de Amílcar, Aníbal, que contaba entonces 25 años; el gobierno de Cartago ratificó la elección. Bajo su mandato, la política bárquida en la península experimentaría un nuevo rumbo, materializado en una reanudación de la actividad bélica, no circunscrita sólo a Levante, sino también en el interior de Iberia. En el mismo año de su elección como general en jefe, Aníbal emprendió una campaña contra los Olcades, en la región entre el Guadiana y el Tajo, y, al año siguiente y en la misma dirección, llevó sus actividades bélicas hasta las tierras de los vacceos, en el valle del Duero, expugnando dos de sus ciudades, Helmantiké (Salamanca) y Arbucala (Toro, Zamora). No conocemos los propósitos del caudillo al elegir tierras tan alejadas del radio de acción cartaginés; pudo intervenir el deseo de botín, la captación de mercenarios, el entrenamiento de las tropas para próximas campañas por la conveniencia de crear un hinterland (zona de influencia) seguro para los territorios efectivamente dominados. Aníbal pasó el invierno de 220-219 en Cartago Nova (Cartagena, Murcia), la fecunda fundación de Asdrúbal; el próximo objetivo contra la ciudad de Sagunto (Valencia) precipitaría la II Guerra Púnica (218). Esta segunda guerra entre Roma y Cartago, que tan profundamente afectaría a la Península es, en las causas y circunstancias que la generaron, uno de los grandes temas problemáticos de la historia romana y, como tal, ha generado una casi inabarcable bibliografía, que, no obstante, no ha podido resolver aún todo el transfondo de la cuestión. Intentaremos brevemente exponer estos problemas en lo que afectan a nuestro tema: la inclusión de la Península en el escenario de la guerra y, como consecuencia, los inicios de la acción directa de Roma en Hispania, ligados indisolublemente a la llamada «cuestión de Sagunto».

Enclavada en territorio edetano, en la costa levantina, Sagunto ocupaba una magnífica posición, a cierta distancia del mar, con un buen puerto y un hinterland rico, que la hicieron entrar en los circuitos comerciales y marítimos de los griegos. En el turbulento mundo de las relaciones políticas indígenas, Sagunto se encontraba en conflicto con los pueblos vecinos, pero también dividido en su interior, probablemente por cuestiones de política doméstica en cuanto a la orientación de las relaciones exteriores de la ciudad respecto a la amenaza que representaba el creciente y cada vez más cercano empuje púnico. Las fuentes antiguas, inexactas e interesadas, no permiten obtener una imagen coherente de las razones y el modo en que, en un momento dado —seguramente durante el caudillaje de Asdrúbal—, Sagunto entabló relaciones directas con Roma, que, sin duda, trataban de encontrar un contrapeso a la influencia de Cartago en la región e, incluso, en la propia ciudad, donde no puede descartarse la presencia de una facción o de agentes procartagineses. Roma aceptó incluir a Sagunto en su esfera de intereses, no sabemos si en la forma de un tratado regular —un foedus o deditio— o en la más imprecisa de una simple relación de fides o amicitia, de lazos más morales que jurídicos.

En todo caso, está clara esta relación directa entre el gobierno romano y la ciudad de Sagunto. La confusión se plantea cuando, como consecuencia del inicio de las hostilidades entre Roma y Cartago, las fuentes —sin excepción, prorromanas— plantean las razones esgrimidas por las diplomacias de ambas potencias para justificar una política estrictamente defensiva que cargara sobre el rival la responsabilidad de la guerra. Sin posibilidad de conseguir a través de estas fuentes una aceptable clarificación, sólo el contexto histórico de los años inmediatamente anteriores a la confrontación y la crítica rigurosa de aquéllas permiten un acercamiento al desarrollo de los acontecimientos que desembocarían en la declaración de hostilidades.

El Tratado del Ebro, firmado en 226, no era para Roma, sin interés directo en la Península, otra cosa que un intento de poner límite a los movimientos de las fuerzas cartaginesas en Iberia, sin implicaciones sobre reconocimiento de la soberanía cartaginesa en las tierras conquistadas al sur del río. El acuerdo, un poco posterior, establecido con Sagunto, hay que considerarlo como un paso consciente para contar con un puesto avanzado desde el que vigilar más de cerca la expansión cartaginesa en el sur y este peninsulares. Por su parte, la política de Aníbal en Iberia, desde sus inicios, tendía a una ampliación de la zona de control púnica, conseguida fundamentalmente a través del despliegue de su potencial bélico en el litoral levantino. En los años anteriores esta política, conducida por Asdrúbal más con medios diplomáticos que por la fuerza de las armas, había hecho progresar el territorio controlado por los púnicos desde la región de Cartagena hasta el Cabo de la Nao. Es evidente que el paso siguiente se encontraba al norte, en la llanura de Valencia, cuyas tribus entraron, de grado o por fuerza, en la alianza cartaginesa. El escollo principal en la dominación de esta zona la constituía Sagunto, como sabemos, de algún modo incluida en el horizonte exterior romano. Es lógico, pues, que Aníbal decidiera someter la ciudad por la fuerza, cubriendo su responsabilidad con la ayuda de los aliados vecinos. Fue la tribu de los turboletas, adversarios de Sagunto, la que se prestó al juego, invocando depredaciones de los saguntinos en su territorio y la ayuda de Cartago. Sagunto, lógicamente, ante la amenaza de una intervención púnica, recurrió a Roma, que, por tercera vez, envió una embajada a Hispania para recordar a Aníbal que respetase el pacto del Ebro y que no atacara Sagunto puesto que se encontraba bajo protección romana. Pero Aníbal encontró su posición suficientemente fuerte para contrarreplicar que el pacto de Roma con Sagunto era arbitrario y que tenía la obligación de defender a sus aliados contra las provocaciones de la ciudad. La peligrosa evolución de esta «guerra fría» aconsejó a los enviados romanos intentar ante el propio gobierno de Cartago la paralización de los planes de Aníbal, pero las conversaciones fueron infructuosas y la embajada regresó a Roma.

La creciente injerencia de Roma en la política hispana de Cartago convenció, sin duda, a Aníbal de que habría que esperar nuevas intervenciones y que dilatar la cuestión de Sagunto sólo redundaría en perjuicio de las posiciones púnicas, por lo que resolvió apuntarse el mérito de la iniciativa y, con la aprobación del gobierno de Cartago, atacar Sagunto. Tras ocho meses de asedio, la ciudad cayó en manos de Aníbal (primavera de 218), sin que Roma interviniera, a pesar del largo lapso de tiempo, para acudir en socorro de la ciudad. Esta reacción sólo se produjo cuando llegó a Roma la noticia de su caída en la forma de una embajada, presidida por M. Fabio Buteo, que presentó ante el gobierno de Cartago un ultimátum, la entrega de Aníbal y sus consejeros como responsables de la acción contra Sagunto o la declaración de guerra. Las condiciones de esta exigencia no dejaban elección: formalmente, así, comenzaba la II Guerra Púnica.

La cuestión de la responsabilidad de la guerra

La escalada de acontecimientos, que desembocaba en la guerra y que hemos simplificado, presenta, sin embargo, una serie de puntos oscuros, de importancia por el papel que desempeña la Península en ellos y que, en su conjunto, constituyen la cuestión de la responsabilidad del enfrentamiento. El problema no es nuevo: una de estas principales fuentes, Polibio, ya distinguía entre las causas verdaderas de la guerra y el pretexto inmediato que provocó su estallido. Para el historiador prorromano las causas habría que buscarlas en la intención de Amílcar de preparar una acción de venganza contra Roma, aprovechando los recursos de Iberia; el pretexto inmediato, en cambio, sería la cuestión de Sagunto, conectado con el tratado que prohibía a los púnicos cruzar el Ebro en armas.

Por supuesto, no puede demostrarse el primer punto, que ya, de entrada, trata de cargar la responsabilidad de la guerra sobre la familia Barca y que tiene su paradigma en el mítico juramento de Aníbal de odio eterno a los romanos. El gobierno de Cartago respaldó en todo momento la actuación de los caudillos púnicos de la familia en Iberia, pero además se insiste mucho menos en que Roma, al anexionar las posesiones púnicas en el Tirreno, después de finalizada la I Guerra Púnica, había emprendido un camino abiertamente imperialista y contra todo derecho, al aprovechar la precaria situación de posguerra de Cartago. En cuanto al segundo, pocas cuestiones de historia antigua ha llenado tantas páginas como la afirmación de Polibio de que Roma declaró la guerra a Cartago, aduciendo la violación del Tratado del Ebro, por el hecho de haber atacado Aníbal a Sagunto, lo que presupone admitir que Sagunto se encontraba al norte del río. Sin entrar en las muchas tesis que, con más o menos fundamentos e ingeniosidad, se han aducido, lo cierto es que el problema «Tratado del Ebro-Sagunto» jamás podrá resolverse intentando establecer la relación causa-consecuencia que menciona Polibio. Esta conexión entre el Tratado y agresión a la ciudad era el producto de un falso razonamiento de los romanos contemporáneos, que cruzaron dos pasos sucesivos para poder achacar los cartagineses la responsabilidad de la transgresión de un pacto.

La polémica de la responsabilidad de la guerra no ha terminado ni puede terminar: la propaganda romana y la tendenciosidad de las fuentes son obstáculos insalvables para poder alcanzar una solución satisfactoria. De ahí que las posibilidades de interpretación de las causas y responsabilidades sigan siendo cada vez más numerosas y contradictorias. El desarrollo económico y los planteamientos políticos a ese desarrollo de Roma y Cartago terminaron interfiriendo mutuamente en sus intereses recíprocos hasta hacer inevitable el conflicto. El caso de Sagunto fue indudablemente un pretexto. Sólo después de que la ciudad fuese capturada tras ocho meses de asedio, como dijimos, sin intención por parte romana de socorrerla, se produjo la declaración de guerra. Roma, pues, no reaccionó ante el ataque a una ciudad aliada, sino sólo como consecuencia de los éxitos de Aníbal y del aumento de poder púnico en Hispania.

La II Guerra Púnica en la península: Cneo y Publio Cornelio Escipión

La estrategia romana, una vez declarada la guerra, tenía la intención de aprovechar la iniciativa para asestar un doble golpe en la principal base de recursos del Estado púnico, Hispania, y en la propia Cartago. Para ello contaba con la superioridad de su flota, que permitía alejar la contienda de su propio territorio, y con la experiencia de la anterior confrontación con el enemigo. Así, cada uno de los cónsules de 218 a. C. fue encargado de un cuerpo de ejército: T. Sempronio Longo abordaría desde Sicilia el desembarco en África, mientras P. Cornelio Escipión embarcaría a sus tropas hacia Marsella para intentar desde allí la paralización de las tropas que Aníbal mantenía en la Península. Pero el impecable plan no contaba con la fulminante reacción de Aníbal, que, precisamente, trataba de hacer de Italia el escenario de la guerra. En una de las empresas militares más asombrosas de la historia, Aníbal, a comienzos del verano de 218, cruzó el Ebro y, después de someter por la fuerza o por la diplomacia a las tribus del norte del río, se abrió camino hacia la Galia para caer sobre Italia de improviso.

La imprescindible base de Hispania no quedó desguarnecida con este traslado de las fuerzas púnicas a Italia. Los territorios dominados por Cartago en la Península, de acuerdo con las instrucciones de Aníbal, fueron confiados para su defensa a los lugartenientes del caudillo púnico, Hannón y su propio hermano Asdrúbal, que se repartieron, respectivamente, la región entre el Ebro y los Pirineos, de reciente conquista, y la que se extendía al sur del río. Pero tampoco el gobierno romano, a pesar del imprevisto giro que la acción de Aníbal había dado al curso de la guerra, abandonó del todo los primeros planes estratégicos. Si bien el cónsul Escipión hubo de permanecer en Italia para preparar su defensa, dio la orden a su hermano Cneo de embarcar rumbo a la Península Ibérica con el grueso de las tropas —dos legiones y los correspondientes auxilia (unidades de infantería)— en principio destinadas a este objetivo.

Fue Emporion (Ampurias), colonia griega de la costa catalana, la base del desembarco, que se realizó a fines del verano de 218. Poco después, una vez afianzado el ejército romano en los alrededores, mediante acuerdos con las tribus o con el uso de la fuerza, se llegó al primer encuentro entre Cneo y las fuerzas púnicas al mando de Hanón, cerca de la ciudad de Cesse, que resultó favorable a las armas romanas. Cneo, con la toma del campamento púnico y del botín que los soldados de Aníbal habían confiado a Hannón al partir hacia Italia, logró hacer de Cesse, convertida en Tarraco (Tarragona), con su magnífico puerto, la principal base de operaciones del ejército romano en Hispania. Los límites del dominio púnico en la Península volvieron a retraerse a la línea de 226, mientras Cneo extendía su influencia al norte del Ebro combatiendo contra las tribus, como los ilergetes, que habían tomado partido por la causa púnica.

La importancia que el gobierno romano daba al campo de operaciones de Hispania queda demostrado por el envío, en el año 217, de un nuevo ejército al mando del hermano de Cneo, Publio, con el título de procónsul (gobernador de provincia), que permitió reactivar la lucha. En un principio, los dos hermanos se aplicaron a afianzar su posición en el norte del Ebro, extendiendo los pactos de alianza con las tribus indígenas, mientras, por su parte, Cartago, consciente también de la necesidad de las bases de Hispania, enviaba nuevas tropas. El primer gran choque de los dos ejércitos enemigos tuvo lugar cerca de Hibera, identificada con la posterior Dertosa (Tortosa, Tarragona). El resultado, favorable a los romanos, permitió no sólo rebasar la línea del Ebro, sino también impedir que fueran enviados a Italia los refuerzos púnicos preparados para acudir en socorro de Aníbal.

En los años siguientes, los hermanos Escipión intentaron minar los apoyos indígenas con que contaban los púnicos entre las tribus del alto Guadalquivir en campañas difíciles de precisar en su auténtico alcance y, sin duda, demasiado arriesgadas. Sólo conocemos la reconquista de Sagunto, entre 213-212 a. C., que fue devuelta a sus antiguos pobladores. El amplio teatro en que se desarrollaban las operaciones obligó a los caudillos romanos a dividir sus fuerzas para enfrentarse a las opuestas, también de varios cuerpos de ejército, por los púnicos. Esta estrategia resultó fatal para los romanos: Publio fue derrotado y muerto frente a la ciudad de Amtorgis; poco después su hermano Cneo sufría el mismo destino en Ilurcis, seguramente identificable con Lorca (Murcia). Los supervivientes de la doble catástrofe de 211 hubieron de replegarse de nuevo al norte del Ebro, en espera de un nuevo ejército, que el Senado envió al mando de M. Claudio Nerón. Bajo su dirección, se consiguió al menos mantener el territorio al norte del Ebro fuera del alcance púnico, sin iniciativas, sin embargo, para revitalizar el frente creado en la Península.

Escipión el Africano y la expulsión cartaginesa

En esta situación, un giro decisivo significó la elección, en circunstancias no suficientemente aclaradas, de Publio Cornelio Escipión, hijo del Publio caído en Hispania, como caudillo de las fuerzas romanas en la Península. Con apenas 24 años, sin cualificación legal alguna, Publio fue investido por voto popular con un imperium (poder) de rango proconsular para llevar la dirección de la guerra de Hispania. Posiblemente obró en esta irregularidad la presión popular, manipulada por la propia facción y las clientelas de Escipión, que trataron de presentar al joven caudillo como el enérgico y audaz hombre de acción que se necesitaba para este cometido, en un momento especialmente grave en el que se hizo jugar a la opinión pública la baza del carisma personal, el recurso a lo sobrenatural, poniendo de manifiesto la mística de una predestinación para acciones sobrehumanas. De este modo, Publio, a cuyo lado fue puesto como Propraetor, en sustitución de M. Claudio Nerón, M. Junio Silano, desembarcó en Ampurias con dos legiones a comienzos del otoño de 210. Con él, la guerra en Hispania entraría en su decisiva y última fase.

Reagrupadas las fuerzas, Publio se puso en marcha hacia Tarraco, utilizando los meses de forzosa inactividad, dado lo avanzado de la estación, para estabilizar la situación entre los Pirineos y el Ebro. Esta estabilización pasaba por la necesidad de trabar relaciones de amistad y alianza con las tribus indígenas, que, en su fluctuante alternancia hacia uno y otro bando, habían decidido en no pequeña medida el curso de la guerra. Frente a las exigencias de los púnicos, cuya política, sobre todo con Aníbal, se había basado en la fuerza para conseguir recursos de los indígenas, Publio se apresuró a utilizar las armas de la diplomacia para atraerse a los hispanos, asegurando, como única razón de su presencia en la Península, el objetivo de expulsar a los púnicos de ella, sin posteriores pretensiones sobre los territorios liberados. Esta atracción era tanto más importante por la propia debilidad romana de recursos, que hacía imprescindible la ayuda indígena en la provisión de víveres para un ejército de 35.000 hombres, sin contar con el concurso de tropas auxiliares como las que los púnicos utilizaban de los pueblos incluidos en su esfera de influencia. Lógicamente, por ello, la necesidad de ayuda obligaba al caudillo romano a identificar sus objetivos —la expulsión de los púnicos— con los de los aliados indígenas, como único medio de garantizar su colaboración.

El respiro que para los cartagineses había significado el acorralamiento de los romanos al norte del Ebro había permitido un fortalecimiento de sus posiciones al sur del río y el despliegue de sus fuerzas en tres frentes, a lo largo de las costas atlántica y levantina y en el interior, al norte de Sierra Morena. Frente a esta estrategia, Publio decidió sorprender a los púnicos con un audaz e imprevisto golpe de mano cuyo objetivo no era otro que la base principal cartaginesa en la península: Cartago Nova. En 209, en una operación conjunta por tierra y mar, Escipión logró sorprender a la guarnición cartaginesa y apoderarse de la ciudad. Además del botín y de gran cantidad de material de guerra, Escipión se hizo con los trescientos rehenes indígenas que los púnicos mantenían en la ciudad para asegurarse la fidelidad de sus tribus. La devolución a sus hogares de estos rehenes significó para el caudillo romano el reconocimiento de un apreciable número de tribus, que se apresuraron a firmar pactos de amistad con Roma. Y, por otro lado, los romanos pudieron contar desde entonces con una magnífica base estratégica, reforzada con un nuevo amurallamiento, clave para el control de la zona que para Cartago había constituido el núcleo de su imperio hispano y la principal fuente de recursos, especialmente por las ricas minas de plata de la región.

Una vez ganada la zona levantina, el paso lógico era la cabecera del Guadalquivir, puerta del valle y zona minera, para intentar una acción sistemática que fuera arrinconando a las fuerzas púnicas desde la zona montañosa de Sierra Morena, a lo largo del río, hasta la costa atlántica meridional, donde se encontraba el otro bastión cartaginés, el puerto de Gades (Cádiz). El movimiento de las armas romanas hacia la región llevó a Asdrúbal, uno de los tres caudillos púnicos que defendían la península, a establecer su campamento en la región de Castulo, cerca de Linares (Jaén), principal núcleo urbano y centro de la región minera. El combate tuvo lugar en Baecula, en los alrededores de Bailén (Jaén), y su resultado, favorable a las armas romanas, marcó un hecho decisivo en el desarrollo de las operaciones de la guerra en Hispania. Quedaba así abierto el Valle del Guadalquivir, pero además la victoria significó un nuevo paso positivo en la política diplomática de Escipión frente a las tribus indígenas. Según Polibio, tras la batalla los régulos de la zona se apresuraron a ofrecer a Publio el título de «rey», como reconocimiento de su liderazgo y garantía de protección. El general romano rechazó el ofrecimiento y sólo aceptó su aclamación como imperator (caudillo o jefe de un ejército, título que se concedía al vencedor de una batalla), de acuerdo con las tradiciones romanas. En todo caso, se tejían así nuevos lazos entre los indígenas y el poder romano, no tanto en la forma abstracta e institucional de pactos con el Estado, sino en la concreta y personal, aunque también más imprecisa, del caudillo que lo representaba.

Constreñido a la defensa, el mando púnico hubo de replantearse la estrategia a seguir, teniendo en cuenta que no era tanto la Península el eje de la acción general, sino, en definitiva, la lucha contra Roma. Tras la pérdida de posiciones en Hispania y de su utilización como fuente de recursos, reclamaban prioridad las operaciones de Aníbal en Italia, que necesitaban refuerzos urgentemente. La disparidad de criterios de los tres caudillos púnicos responsables de la Península llevó finalmente a un compromiso: uno de ellos, Asdrúbal, partiría con un ejército hacia Italia, Magón intentaría reclutar mercenarios en las Baleares para volver con nuevos refuerzos y el tercero, Giscón, desde la Lusitania, trataría de defender las últimas posiciones en la Península con el concurso de un nuevo general, enviado desde Cartago, Hanón.

Las fuerzas cartaginesas se dividieron: mientras Hannón y Magón en el interior trataban de reclutar mercenarios y atraer a los indígenas a su causa en la Celtiberia, Giscón se aprestaba a la defensa del valle del Guadalquivir y de la costa atlántica meridional. Publio hizo frente al doble enemigo, decidido a una acción enérgica que evitara la prolongación de la guerra. Mientras enviaba al Propraetor Silano a la Celtiberia, él mismo avanzó a lo largo del valle del Guadalquivir, con la intención de someter el último bastión púnico en Hispania, la ciudad de Gades. Silano consiguió neutralizar las fuerzas de Hanón y Magón e incluso logró hacer prisionero al segundo; Publio, por su parte, desde Castulo, donde se le unieron las fuerzas de Silano, prosiguió a lo largo del río buscando el encuentro con Giscón. Éste se produjo en Ilipa (Alcalá del Río, Sevilla), en 207, y de nuevo las armas romanas resultaron victoriosas, no en pequeña medida por el decidido apoyo que recibieron de las tribus indígenas de la Turdetania, que, lo mismo que antes hicieran las del alto Guadalquivir, tomaron partido por la causa romana. Asdrúbal, a duras penas, consiguió escapar por mar a Gades, donde también se había refugiado Magón tras la derrota en la Celtiberia.

En el año 206 se completó el objetivo de expulsión de las últimas fuerzas púnicas en la Península. Gades, la vieja colonia fenicia, consciente de la inutilidad de la lucha, decidió entregarse. Magón, que había intentado en un desesperado e infructuoso golpe de mano reconquistar Cartago Nova, encontró a su regreso cerradas las puertas de la ciudad. Resignado, partió hacia las Baleares para desembarcar finalmente en 205 en la costa ligur, cuando ya la estrella de Aníbal declinaba en Italia. Así acababan silenciosamente 30 años de presencia púnica en la Península. Pero en ellos se habían puesto las bases, en parte involuntarias, pero no por ello menos efectivas, de la presencia romana en Hispania, que habría de mantenerse, sin solución de continuidad, durante toda la existencia política de la propia Roma.

LOS COMIENZOS DE LA CONQUISTA ROMANA

Las causas de la conquista

La estrategia prevista por Roma en los inicios de la Guerra contra Cartago de llevar la contienda a la Península Ibérica, perseguida con tenacidad, a pesar de la imprevista invasión de Italia por Aníbal y de las dificultades surgidas en el teatro de Hispania, se manifestó acertada no en pequeña medida por las dotes militares de Escipión. En unos años, se había logrado expulsar de la Península a los cartagineses y, con ello, sustraer a la potencia africana su principal fuente de recursos. Pero ese objetivo primordial había ido tejiendo en los años de guerra una serie de compromisos y generado un conjunto de intereses que hacían inviable el abandono de la Península sin más por parte de los romanos, por más que la expulsión se hubiera logrado efectivamente.

Esos compromisos e intereses, sin duda, habían nacido en el curso del enfrentamiento, por lo que queda descartada una intención premeditada de anexión de territorios, desde la llegada de los Escipión, como consecuencia de un proyecto madurado con anterioridad. Si Hispania, de hecho, había entrado en la esfera romana antes de la guerra, lo fue sólo de forma indirecta, como consecuencia de la atención con que Roma seguía el creciente desarrollo de la política imperialista púnica en la Península y su repercusión en el fortalecimiento de un Estado, enemigo apenas unos años antes, de que no podía descartarse un hipotético deseo de revancha. La geopolítica romana de los años anteriores a la II Guerra Púnica estaba lejos de la voluntad anexionista cuando aún las fronteras septentrionales de Italia no estaban suficientemente aseguradas contra posibles peligros de invasión por parte de las tribus galas, menos todavía en territorio alejado y con grandes dificultades de comunicación. La necesidad, pues, de restar a Cartago su fundamental base de sustentación en fuerzas militares, como único medio de neutralizar la agresión de Aníbal sobre Italia, fue el objetivo primero que las tropas romanas se plantearon en su acción en Hispania, ajeno a cualquier imperialismo de conquista. Todavía más, las dificultades estratégicas romanas en Hispania —desconocimiento del territorio, precariedad de los efectivos y problemas de avituallamiento— obligaron desde un principio a los responsables de la guerra en la Península a ofrecer su presencia en ella como un deseo de liberar los territorios controlados por Cartago de un yugo impuesto por la fuerza a los indígenas, identificando así sus objetivos con los de una gran mayoría de las propias tribus peninsulares a las que no fue difícil atraer como aliados.

Con esta colaboración indígena y gracias a las dotes estratégicas y diplomáticas de los responsables romanos en Hispania, poco a poco y a pesar de transitorios reveses, como la muerte de los hermanos Escipión, Roma entró en contacto directo con los territorios y extendió su influencia en ellos, pudiendo calibrar sus grandes posibilidades de explotación y utilizándolos, aún más por la necesidad de alimentar la guerra en su propio escenario, teniendo en cuenta la precariedad de medios en una situación límite. La estrategia romana de colaboración con las tribus peninsulares mediante una identificación de objetivos romanos e indígenas —la expulsión de los púnicos— se mantuvo, de hecho, aún con malentendidos y suspicacias, en tanto existieron los fines que se habían esgrimido de liberar los territorios controlados por Cartago. Sin embargo, una vez alcanzados éstos, tras la batalla de Ilipa y la entrega de Gades, las relaciones con los indígenas habrían de sufrir un cambio radical, explicable en el contexto de una guerra, que aún no estaba concluida, y en el propio aprovechamiento de los recursos que antes habían sido disfrutados por Cartago. No sabemos cuándo surgió la decisión romana de permanecer en la Península, más allá del objetivo púnico, pero la voluntad de mantener los territorios ganados y explotarlos en beneficio propio era ya un hecho en 206 y chocaría de inmediato con los intereses y aspiraciones de las tribus peninsulares que se habían visto envueltas en el conflicto.

Un motivo inmediato, la necesidad romana de mantener su presencia en Hispania tras la expulsión púnica, ante la inminente invasión de la costa africana, donde Hispania desempeñaba un importante papel estratégico y logístico, y otro mediato y conexionado con el primero, aprovechar en beneficio propio los recursos, en parte conseguidos por la fuerza de las armas, son, pues, las premisas que explican la transformación de un objetivo circunstancial —Hispania, como un teatro más de una guerra que superaba el marco de su territorio— en otro concreto y específico, el de la permanencia estable con intención de dominio. Dos aspectos fundamentales es preciso destacar en esta decisión, de la que parte el tema complejo y controvertido de la conquista de Hispania por Roma: uno, la improvisación del gobierno romano y la falta de criterio preciso en su voluntad de anexión; otro, la colisión con las ciudades y tribus peninsulares cuando quedaron al descubierto unos intereses distintos a los que había suscitado su alianza con Roma.

Los comienzos de la organización territorial

En cuanto al primer punto, las vacilaciones del gobierno romano en la institucionalización de los territorios ganados en la Península pone de manifiesto que no se había previsto en un principio su anexión. Hispania constituye un claro ejemplo de la improvisación de un gobierno ante tareas administrativas para las que no existía precedente alguno, con los correspondientes fracasos, irregularidades constitucionales y pasos en falso hasta llegar a la solución de la provincialización. En 218 a. C. fue uno de los cónsules P. Cornelio Escipión el responsable de la guerra en Hispania, como comandante en jefe del ejército, según la práctica constitucional. El ataque de Aníbal sobre Italia impidió al cónsul hacerse cargo de las fuerzas destinadas a la Península, que fueron dirigidas por su hermano Cneo, como lugarteniente, hasta que, al año siguiente, se le unió Publio, investido de poder proconsular, con las prerrogativas normales en tiempo de guerra y sin un encargo expreso de regular los asuntos de Hispania sobre bases estables. El desastre de 211, con la muerte de los dos hermanos, dejó al ejército de Hispania sin mando y, tras la elección irregular de un caballero L. Marcio, como comandante, el Senado envió a un promagistrado, el Propraetor (propretor, magistrado que después del año de la pretura, volvía a ser pretor) Claudio Nerón, con poderes regulares. Poco después se producía la sorprendente elección de P. Cornelio Escipión como comandante investido de imperium proconsulare (poder proconsular) sin capacidad legal por no haber cumplido los correspondientes grados del cursus honorum, pero con un propretor, Junio Silano, como lugarteniente, para guardar de algún modo las apariencias legales. De todos modos, en la situación límite de una guerra total no podía esperarse un respeto a la constitución, por encima del objetivo primordial de vencer. Por la misma razón, tampoco el órgano de decisión de gobierno, el Senado, podía preocuparse por el destino de unos territorios que aún estaban por ganar. Esta inquietud sólo se hizo explícita después de la batalla de Ilipa, cuando, libre el territorio hispano de fuerzas cartaginesas, se hizo evidente la voluntad de mantenerlo en propio provecho. Escipión recibió así el encargo del Senado de ordenar los asuntos de Hispania, lo que significaba el establecimiento de relaciones regulares y estables con las comunidades indígenas, encargo, por otra parte, muy laxo, en el que el comandante podía desarrollar sus iniciativas sin apenas interferencias de Roma y sin plegamiento a directrices institucionales, por lo demás inexistentes, en cuanto a administración de territorios extraitálicos, si se excluye la experiencia en Cerdeña y Sicilia. Escipión, en su obra, tuvo como principio fundamental la acomodación a la situación práctica en que se había desenvuelto la acción militar marcada por las relaciones de Roma con las ciudades y tribus peninsulares que, durante la guerra, habían entrado en contacto con las armas romanas. Este contacto, en unos casos, amistoso, en otros, hostil o fluctuante, mediatizó la definición de las relaciones o, más bien, de los compromisos que los indígenas hubieron de aceptar frente a Roma. En consecuencia, de acuerdo con la conveniencia romana o con las actitudes indígenas ante el hecho de la dominación, las comunidades recibieron trato distinto en lo que respecta a su relación con la potencia romana, desde los más favorables —y también más restringidos en su concesión— foederatus (aliadas o confederadas), regido por un tratado regular de amistad, o liber (libres) otorgado por decisión unilateral romana, hasta el inferior de stipendiarius (sometidas a tributo), cargando con la obligación de contribuir con un stipendium o impuesto anual, en metal o especie, a las arcas del Estado romano. La misma situación práctica condicionó la organización del territorio sobre el que Roma extendió su influencia. Éste, en 207 a. C. se extendía en una larga franja que, desde la costa nordoriental con el hinterland inmediato al Ebro, avanzaba por la costa levantina para penetrar en el interior, desde la cabecera del Guadalquivir, a lo largo del valle. La excesiva extensión en longitud de las regiones controladas por las armas romanas había obligado, todavía en el curso de la guerra, a utilizar dos cuerpos de ejército distintos para poder disponer de fuerzas inmediatas cuando la ocasión lo requiriera y, en consecuencia, a contar con una duplicidad de mando. Si no fue el propio Escipión el que estableció un doble ámbito espacial en los dominios hispanos, ni menos aún una doble organización provincial, su iniciativa, en cualquier caso, mediatizó desde entonces los principios sobre los que unos años más tarde se desarrollaría la división provincial de Hispania en dos distritos, que todavía en esta época no podían contar con fronteras definidas, aunque sí con ámbitos bastante precisos de dominio: por un lado, los territorios controlados al norte del Ebro; por otro, los extendidos a lo largo del valle del Guadalquivir, y, entre ambos, la estrecha franja levantina.

Las primeras resistencias indígenas

Si esta organización, sencilla y práctica, pudo servir en principio para sistematizar la voluntad de dominio romana, la reacción indígena cuando comenzaron a desvelarse las intenciones de Roma sería el primer escollo en el que se estrellarían los responsables de desarrollarla. Aún sin manifestar todavía una voluntad decidida de anexión, la actitud romana, tras Ilipa, debió de despertar en los indígenas suficientes sospechas o temores de encontrarse, pura y simplemente, ante un cambio de amo. Las necesidades generadas por una guerra, que aún continuaba, y el obligado recurso a cualquier ayuda financiera o humana explican esta actitud, contra la que reaccionaron algunas ciudades del Guadalquivir, que si, en un principio, habían apoyado la causa romana, coincidente con sus intereses de prescindir del yugo púnico, hicieron ahora defección, desentendiéndose de una guerra, con sus correspondientes cargas, que ya no era la suya. Las fuentes citan los nombres de Ilurgi y Castaca, en la Oretania, es decir, la región del Alto Guadalquivir. No sabemos su localización exacta, que, por similitud de nombres, se han identificado respectivamente con Iliturgi (Mengíbar) y Castulo (cerca de Linares), en la actual provincia de Jaén. La rebelión fue atajada de inmediato: Ilurgi fue entregada a las llamas y Castaca se entregó. También Astapa (Estepa, Sevilla)

ofreció resistencia, y de su sometimiento se encargaron los legados de Escipión, logrando la pacificación del valle del Betis. En la región catalana, por su parte, la reacción a las exigencias romanas motivo del levantamiento en armas de los ilergetes, acaudillados por sus jefes, Indíbil y Mandonio, que atacaron los campos de las tribus vecinas, aliadas de los romanos, suesetanos y sedetanos, en un momento difícil coincidente con un motín militar en el campamento romano de Sucro (Albalat, Valencia). Escipión acudió a marchas forzadas a la región del Ebro, después de reprimir el motín, y consiguió la entrega de los indígenas, contra los que, sin embargo, no impuso condiciones de paz excesivamente duras.

La obra de Escipión, aplicada fundamentalmente a definir las relaciones de Roma con las tribus indígenas, aún se completó con una iniciativa que venía a indicar la voluntad de permanencia romana en Hispania y que sería el primer ejemplo de una política de incalculables consecuencias para el destino futuro de la Península. Con los heridos del ejército romano que había tomado parte en la batalla de Ilipa fundó el general romano un núcleo urbano en Italica (Santiponce, Sevilla). Sería el primero de una larga serie de fundaciones romanas, que contribuirán a la transformación del territorio sometido mediante la colonización de elementos romano-itálicos, asentados establemente en tierras de cultivo.

Los territorios peninsulares hasta la provincialización de Hispania

A la marcha de Escipión, tras cuatro años de permanencia en la Península, quedaban establecidas las bases sobre las que sedimentaria el dominio romano, con una incipiente división bipartita del territorio, una compleja red de relaciones, escalonadas en derechos, con las comunidades indígenas y el aprovechamiento de los recursos agrícolas y minerales, sobre todo, las ricas minas de plata de la región de Cartagena y del alto Guadalquivir. Pero se trataba de unas bases precarias, que, en gran medida, habían contribuido a establecer la fuerte personalidad de Escipión y su influencia sobre las comunidades indígenas. El comandante, antes de su partida, para acudir a las elecciones consulares en 206 a. C., redujo los efectivos militares a la mitad (dos legiones en lugar de cuatro) y los confió a sus dos lugartenientes, Junio Silano y L. Marcio. Al año siguiente lograba con su influencia que, por votación popular, fueran elegidos dos nuevos jefes provistos de imperium proconsular, L. Cornelio Léntulo y L. Manlio Acidino, para hacerse cargo, respectivamente, de los territorios al norte del Ebro y de la región meridional, que empezaron a ser considerados de hecho, si no de derecho, como dos provincias: la Hispania Citerior, al norte, y la Hispania Ulterior, al sur, con una línea aproximada de demarcación entre ambas a lo largo del eje Cartago Nova-Castulo. La reducción una vez más de las fuerzas romanas en Hispania a la mitad (una sola legión con refuerzos de auxiliares itálicos) en el 205 y la mecánica aplicación de los principios desarrollados por Escipión, sin su carisma personal, pero, sobre todo, la exigencia de contribuciones sobre la base de una presencia militar constante, desencadenaron de nuevo la rebelión, precisamente en la región poco antes sometida de los ilergetes, a cuya cabeza se pusieron otra vez los veteranos jefes indígenas, Indíbil y Mandonio. Otras tribus, lacetanos y ausetanos, se sumaron a la revuelta, contra la que se hizo necesaria la colaboración de los dos comandantes romanos. Las fuerzas indígenas, según Livio, consistentes en 30.000 infantes y 4000 jinetes, se enfrentaron a las romanas en territorios edetano, en la región zaragozana, y en el encuentro, favorable a las armas de Roma, Indíbil perdió la vida. Caído el velo de la política de apaciguamiento y concesiones propugnada por Escipión, Lentulo y Acidino impusieron sus condiciones: entrega de los supervivientes de la sublevación, entre ellos Mandonio, que fueron ajusticiados, pago de un tributo doble del normal, mantenimiento del ejército romano por seis meses, entrega de rehenes y establecimiento de guarniciones en sus principales núcleos. Más de treinta pueblos, según Livio, quedaron así sometidos a los generales romanos.

Mientras tanto, se desarrollaba el último capítulo de la II Guerra Púnica en suelo africano, que llevaría al encuentro decisivo de Zama entre Aníbal y Escipión. Los acontecimientos de Hispania en estos años —del 204 al 201 a. C.— es lógico que por su carácter secundario, apenas hayan quedado reflejados en las fuentes. Léntulo y Acidino mantuvieron, mediante prórrogas anuales, la responsabilidad de los asuntos de Hispania con el mismo criterio o, mejor, falta de criterio, con la que habían iniciado su mandato, es decir, simples acciones represivas contra los intentos de oposición a las imposiciones de tributo y exigencia de contribuciones de guerra en metales preciosos y especies. No puede descubrirse ni siquiera un rudimento de administración, y la prueba de fuerza a la que se reduce el dominio va acompañada del desmantelamiento de los núcleos indígenas fuertes y del desmembramiento de sus territorios, para debilitar la resistencia. Sólo datos aislados, pero suficientemente significativos, ilustran sobre el alcance de esta política, como la baja considerable de precio del trigo en Roma, en 203, debido al envío de grandes cantidades de grano desde Hispania, o el gigantesco botín de 43.000 libras de plata y 2850 de oro con el que Léntulo regresó a Roma en 201. A Léntulo sucedió en el mando en la Citerior C. Cornelio Cetego, mientras que Acidino continuaba en la Ulterior ambos fueron sustituidos en 199 por Cn. Cornelio Blasión y Lucio Esterninio, respectivamente, que mantuvieron el gobierno de Hispania por los conocidos cauces de lucha contra las tribus indígenas y gigantescas aportaciones de metales preciosos al tesoro público.

La provincialización de Hispania

El intervencionismo romano en el Oriente Mediterráneo, no bien obtenida la victoria sobre Cartago, y la guerra contra Filipo V de Macedonia (guerras macedónicas) inclinaron la atención de la política exterior romana durante estos años hacia el Este, posponiendo cualquier decisión en la construcción de una administración más estable para la Península, abandonada como antes a personajes dotados de imperium proconsular, entre los que, como es patente, predomina la familia de los Cornelios, gracias a Escipión, con fuerte influencia sobre la vida pública.

Sin embargo, la victoria de Cinoscéfalos en 197 la recomposición de la política exterior romana en manos de un gobierno aristocrático excluyente, que basaba en la igualdad de sus miembros y, por consiguiente, en la lucha contra el excesivo influjo de actitudes personales su filosofía política, repercutieron de alguna manera en la institucionalización del dominio sobre Hispania con la organización en provincias de aquellos territorios donde ya se había establecido la dominación romana. Sabemos que en 197 se elevó de cuatro a seis el número de pretores anuales, para poder disponer de dos nuevos magistrados que se encargaran del gobierno de las dos provincias hispanas. Con ello, la Península, con una doble división provincial, se añadía a las dos con las que ya contaba el Estado romano, Sicilia y Cerdeña. Es de suponer que la creación de los dos nuevos pretores y el abandono de la fórmula de mandatos extraordinarios prorrogables tendiera a evitar una excesiva concentración de poder personal que, en los últimos años, había personificado Escipión el Africano. El establecimiento de barreras a iniciativas puramente personales quedó así institucionalizado con la sustitución de mandos duraderos por gobiernos anuales, encomendados a magistrados, de más fácil supervisión. Probablemente en la iniciativa no tuvo un excesivo papel la defensa de los intereses de los provinciales, de cuyas quejas en la gestión de los gobernadores tenemos un eco en la embajada enviada al Senado en 199 por la ciudad de Gades para solicitar de la Cámara que dejasen de enviar a la ciudad prefectos (magistrados), cuya principal misión era fiscalizar la recaudación del tributo, generalmente abusiva y contraria al tratado suscrito unos años antes. Por otra parte, la decisión romana de controlar permanentemente los territorios peninsulares sobre los que había extendido su dominio durante la II Guerra Púnica no significó en un principio una conciencia clara y precisa del destino de estos dominios, fuera de su sometimiento efectivo y duradero.

El sistema de alianzas y pactos, instituido por Escipión para garantizar la hegemonía de Roma sin un despliegue importante de aparato militar, se manifestó muy pronto como impracticable, todavía más teniendo en cuenta las complejas y atomizadas realidades políticas indígenas. Todas estas razones han de ser tenidas en cuenta a la hora de analizar por qué, después de varios años de campañas estériles, el Senado se vio obligado, en contra de una línea continua de pensamiento, a provincializar los territorios hispanos incluidos en su horizonte de intereses, en la misma época en que Flaminio proclamaba la liberación de Grecia.

El gobierno provincial hasta la llegada de Catón

Los primeros pretores con poder proconsular, elegidos para hacerse cargo de las provincias hispanas, C. Sempronio Tuditano para la Citerior y M. Helvio para la Ulterior, enviados en 197 con el encargo de delimitar las fronteras entre ambas circunscripciones y provistos de escasas fuerzas militares, hubieron de enfrentarse a una rebelión generalizada, sin conexión, pero simultánea, de las dos provincias contra el gobierno romano, en la que participaron no sólo las tribus ibéricas, sino, lo que parece menos obvio, también las ciudades fenicias costeras, para las que, en principio, podría suponerse mayor interés por conservar buenas relaciones con la potencia itálica que incluirse en el incierto destino de una guerra como aliados de pueblos bárbaros.

En la Citerior no conocemos los nombres de las tribus contra las que Sempronio hubo de luchar, en un encuentro, desafortunado para los romanos, que le costó la vida. Mientras, en la Ulterior, Helvio se enfrentaba a una peligrosa coalición, en la que participaban comunidades turdetanas, viejas aliadas de Escipión, dirigidas por los régulos Culchas, que acaudillaba 17 ciudades, y Luxinio, señor de Carmo (Carmona, Sevilla) y Bardo, de localización incierta. A la revuelta se unieron ciudades fenicias de la costa meridional mediterránea, como Malaca (Málaga) y Sexi (Almuñécar, Granada), y los habitantes de la región comprendida entre el Guadiana y Guadalquivir, la Baeturia. El pretor, impotente para dominar la situación, pidió socorro al Senado, que envió para sustituirle, con tropas de refresco, a Q. Fabio Buteo. Sus campañas en la provincia no resolvieron la situación, puesto que la rebelión continuaba al año siguiente, en 195. Para sustituir al pretor Sempronio en la Citerior, fue enviado Q. Minucio Thermo, que, al parecer, logró algunos resultados positivos con su victoria sobre los caudillos indígenas Budar y Besadines, cerca de la ciudad de Turba, que le reportaron los honores del triunfo.

Si el sistema de organización provincial, con el envío anual de pretores, había introducido en el gobierno de Hispania un elemento de estabilidad, las directrices políticas en los territorios dominados no lograron superar el primitivo estadio de lograr beneficios materiales a través del uso sistemático de la fuerza. Hay que insistir en que la política romana en Hispania en los primeros años de dominio no tendía al sometimiento de un territorio compacto, por lo que es anacrónico hablar de «conquista». Roma se había conformado con asegurar su autoridad sobre el ámbito incluido en su esfera de intereses al finalizar la II Guerra Púnica, en lo posible, de modo indirecto, mediante pactos con las tribus indígenas. Sin ningún principio de administración, la misión de los pretores se limitaba a mantener la seguridad de las fronteras hacia el exterior del ámbito provincial e imponer en su interior la autoridad romana en la doble forma de respeto a los pactos y cumplimiento de las obligaciones fiscales impuestas a los indígenas. Puesto que el interés de los responsables del gobierno en Hispania no iba más allá de una explotación material de los recursos indígenas, sin contrapartidas compensatorias, es lógico que las guerras contra las comunidades peninsulares fueran endémicas, como única solución al fin primordial de conseguir beneficios mediante una política de terror. Si, en última instancia, este objetivo podía haber sido, de todos modos, impuesto con el uso de las armas, la especial geopolítica en la que se enmarcaban los dominios romanos en Hispania fue un factor decisivo de inestabilidad. En efecto, estos dominios, como hemos visto, se extendían por el este y el sur de la Península, sin unas fronteras estables. La ausencia, por un lado, de fronteras naturales, y la estrecha colaboración, por otro, entre las tribus de uno y otro lado del límite artificial impuesto por Roma, eran ya un grave impedimento a la necesaria tarea de delimitar con precisión el espacio provincial donde ejercer la política de explotación.

Esta falta de fronteras naturales, frecuentes contactos de las tribus en coaliciones, explotación y desnudo uso de la fuerza, explican que los primeros veinte años de dominio provincial romano en Hispania apenas fueran otra cosa que una serie de campañas, en las que el Estado romano invirtió un gigantesco e inútil cúmulo de energías para lograr como soluciones últimas y elementales de sometimiento total en el interior de las provincias y una aceptable seguridad al otro lado de sus fronteras, en gran medida, convencionales, si tenemos en cuenta la debilidad del criterio étnico como factor de separación.

Si la primera meta era simplemente una cuestión de medios, la segunda fue una muralla en la que se estrellaron una y otra vez los esfuerzos romanos, incapaces de encontrar fronteras estables y condenados a prolongar eternamente la guerra. Aunque la fragmentación política de las tribus de Hispania podía generar la falsa impresión de que los ejércitos estacionados allí sólo tenían que luchar contra simples bandas bárbaras, se estaba generando una peligrosa cadena de sublevaciones y represiones que llevaba el camino de transformarse en un levantamiento general y, en consecuencia, en una guerra en toda regla. Por ello, el Senado, no bien resuelta la cuestión de Oriente, con el triunfo sobre Filipo V (205 a. C.) y la implantación de su influencia en Grecia, decidió actuar enérgicamente en las provincias de Occidente con los únicos medios que la mediocre política de la oligarquía senatorial conocía, es decir, el uso de la fuerza. Por ello, en 195, además de los correspondientes pretores del año —P. Manlio para la Citerior y AP. Claudio Nerón para la Ulterior—, decidió enviar a Hispania a uno de los cónsules (magistrado supremo cuyo gobierno duraba un año), elegido a suerte, con un gran ejército. La elección recayó en M. Porcio Catón.

Catón en Hispania

Generalmente, en la historiografía ha primado la imagen de Catón como el paradigma de romano de viejo cuño, patriota, frugal, austero y justo, fiel a las ancestrales virtudes romanas y contrario a cualquier viento renovador y a todo intento de socavar el orden tradicional y, como tal, acérrimo enemigo del clan Escipión, abierto a las corrientes que, cada vez con más fuerza, penetraban de Oriente, con su culto a la personalidad, cosmopolitismo e interés por el pensamiento helenístico. Pero con frecuencia se olvida que Catón constituye también un ejemplo del nuevo tipo de latifundista, acaparador de tierras, cultivadas con mano de obra esclava, responsable de la crisis de la agricultura italiana y de peligrosos desajustes sociales, que llenarán con sus conflictos el último siglo de la República.

Se ha estimado entre 52.000 y 70.000 hombres las fuerzas concentradas en Hispania en 195, sumados los ejércitos del cónsul y de ambos pretores. Catón, tras desembarcar en Rhode (rosas) y liberar la ciudad de las fuerzas indígenas que la ocupaban, se dirigió a Ampurias, que tomó como base de su campaña. Pensando que la guerra debía alimentarse por sí misma, en frase que Livio pone en su boca, despidió a los suministradores de trigo y entrenó a los soldados para vivir sobre el propio terreno. Rechazó la petición de los ilergetes, la tribu tantas veces rebelde y ahora prorromana, de ayuda contra otras tribus en armas y, disponiendo su ejército a cinco kilómetros de la ciudad griega, al final presentó batalla a la coalición, que se resolvió en una brillante victoria. El golpe decisivo causó un efecto inmediato en las tribus al norte del Ebro. En su marcha hacia Tarraco, la meta siguiente, las diferentes tribus se apresuraron a rendírsele, entregando rehenes, a excepción de regiones apartadas, como las de los bergistanos en la zona catalana de Berga, Cardona y Solsona, que sometidos una vez, volvieron a rebelarse para sufrir un castigo ejemplar: los que habían participado en la lucha fueron vendidos como esclavos, y su territorio, desmembrado, fue repartido entre las tribus vecinas. Frente a la rápida pacificación de la Citerior, donde Catón exigió, para evitar nuevas sublevaciones, la entrega de armas y el desmantelamiento de fortificaciones en un gran número de plazas fuertes indígenas —sólo Segestica, que se resistió, hubo de ser tomada al asalto—, las noticias de la Ulterior eran inquietantes. Las ricas ciudades de la Turdetania, en el valle del Guadalquivir, para hacer frente a los romanos, se habían procurado el concurso, como mercenarios, de gran número de celtíberos, bien conocidos por sus virtudes militares, y el pretor de la Ulterior solicitó la ayuda del cónsul. Catón condujo sus fuerzas hacia el valle del Betis, pero no fue necesaria, como en la Citerior, salvo pequeñas escaramuzas, una prueba de fuerza decisiva. Catón logró disuadir a los celtíberos de participar en la lucha al lado de los turdetanos, y estos, sin su participación, no se atrevieron a enfrentarse al formidable ejército del cónsul. Deshecho el peligro, Catón volvió hacia el norte pero, en lugar de tomar el camino habitual por la costa levantina, lo hizo adentrándose por el interior, a través del Tajo, hasta territorio celtíbero. Su objetivo era, al parecer, llevar a cabo una demostración de fuerza, sin intentos anexionistas, para crear saludables efectos disuasorios de cualquier veleidad belicosa por parte indígena dentro de las fronteras romanas. No es bien conocido el itinerario seguido por Catón, que le llevó hasta Segontia (Sigüenza, Guadalajara), ciudad que fue tomada, y probablemente a Numantia (Numancia, Soria). En todo caso, se trataba de la primera toma de contacto directo con las tribus celtíberas, que, a partir de ahora y a lo largo de casi todo el siglo, se convertirán en el más grave problema para la estabilidad del dominio romano sobre la Península. De regreso a la Citerior, todavía Catón hubo de sofocar nuevas sublevaciones de las tribus catalanas de lacetanos, en la región de Solsona, y, bergistanos, que, por tercera vez en un último y desesperado esfuerzo por subsistir, se atrincheraron en su principal plaza fuerte, Bergio. Con la toma de la plaza y un duro castigo para los rebeldes, el cónsul dio por terminadas sus campañas en Hispania. Cuando regresó a Roma para recibir los honores del triunfo por sus victorias, llevaba consigo el mayor botín que hasta el momento caudillo alguno había conseguido en la Península: 25.000 libras de plata, 1400 de oro, 123.000 denarios y 540.000 monedas de plata de las conocidas como argentum oscense.

Hispania y el «imperialismo» romano en la primera mitad del siglo II a. C.

La actividad del cónsul Catón en Hispania no puede desconectarse del contexto general político y social de la Roma contemporánea, so pena de perder la perspectiva necesaria para ganar una imagen coherente de la llamada «conquista». Tras la II Guerra Púnica, el Estado romano se lanzó a una política de imperialismo a ultranza, extendido de oriente a occidente del Mediterráneo. Esta política, al destruir elementos esenciales de la estructura económico-social tradicional y propiciar el desarrollo de otros nuevos, aceleró el proceso de transformación que, desde la salida de Roma al Mediterráneo, se venía gestando en la sociedad romana. En este sentido, la expansión asestó los golpes definitivos que destruirían los presupuestos económicos en que aquella se apoyaba, abocando al Estado a una profunda crisis. La afortunada política exterior tuvo una primera y evidente consecuencia para la economía romana en una masiva afluencia de riquezas procedentes de indemnizaciones de guerra, rescate de prisioneros y botines, que, si enriquecieron al Estado, no dejaron tampoco de proporcionar sustanciosos beneficios a la aristocracia senatorial, que conducía las campañas, y a los estratos acomodados, a quienes las irregularidades de todo tiempo de guerra ofrecieron magníficas posibilidades de inversión. Este capital fue invertido, en parte, de acuerdo con las directrices y tendencias de la economía más evolucionada, compleja y productiva del Oriente helenístico. Pero el orden social tradicional no se acomodó, sin embargo, simultánea o paralelamente, al desarrollo de la economía, y el resultado fue una conmoción profunda de la sociedad romana.

Puesto que ésta se fundamentaba en estructuras agrarias, la repercusión de las nuevas formas económicas fue en ellas más radical y también más grave para su estabilidad el más evidente cambio lo constituyó la creciente decadencia de la pequeña propiedad familiar de subsistencia, suplantada y absorbida, en gran parte, por el latifundio de mano de obra esclava, orientado hacia una economía de mercado. Su consecuencia social fue la desaparición del campesinado itálico y la formación de un proletariado rústico y urbano. Sin embargo, estas consecuencias sólo más tarde hicieron ver sus siniestras repercusiones. En esta época —primera mitad del Siglo II—, los éxitos de la política exterior y sus sustanciosos beneficios levantaron una cortina de humo sobre las tendencias negativas que estaban generando. Y precisamente esos beneficios mediatizaron la política exterior en los dominios romanos en Occidente. Ante la imposibilidad de establecer unos principios de administración racionales y constructivos, el Imperio Romano en Occidente se limitó a establecer un principio de paz y autoridad, impuesto por la fuerza de las armas. Organizar las provincias, sólo significaba en ese contexto explotarlas. Y Catón en Hispania representó un ejemplo paradigmático de esa política. Se basaba en el control absoluto, impuesto bajo la paz armada, de los territorios sometidos, en la organización de la explotación económica, sistemática y despiadada de los mismos y, por último, en su defensa, concebida mediante la creación de un glacis protector a través de la pacificación de las tribus periféricas, que sirvieran de barrera a las posibles depredaciones de los pueblos exteriores.

Frente a la política de Escipión, las directrices del gobierno en las posesiones de la Península Ibérica a partir de Catón se centraron en la construcción de un territorio homogéneo y estabilizado para poder lograr en paz la explotación económica. Éste objetivo, sin embargo, obligaba a una intensa actividad militar porque era preciso dentro de las fronteras de dominio, liquidar las bolsas que, por circunstancias diversas, aún permanecían sin controlar y, al otro lado, intentar crear firmes barreras que impidieran posibles ataques de las tribus exteriores. Las provincias hispanas, a comienzos del Siglo II a. C., abarcaban un territorio que se extendía por la zona ibérica y el valle del Guadalquivir, a lo largo de una frontera imaginaria que cortaba la Península de nordeste a sudoeste. Se incluían en ellas, pues, la regiones catalana y aragonesa hasta el valle medio del Ebro, la costa levantina y su hinterland, habitado por los ilercavones, entre Tortosa y Valencia, los sedetanos y otros pueblos, extendidos entre el Sucro (Júcar) y la región al sur de Cartago Nova, las llanuras albaceteñas, el valle del Guadalquivir y la costa meridional. Si afianzar el dominio en ese territorio constituía sólo un problema de inversión de medios en zonas concretas, como la región montañosa de la Andalucía oriental, los Pirineos los montes catalanes, conseguir el establecimiento de una efectiva barrera frente a las tribus independientes del resto de la Península se presentó como un objetivo casi impracticable, más aún por la necesidad de establecer entre las zonas de dominio efectivo y las independientes un espacio de cobertura con pueblos que, sin estar incluidos en el territorio de las provincias, mantuvieran una actitud prorromana. Paradójicamente, pues, la defensa de las provincias obligó a una serie de campañas, extendidas en el tiempo a lo largo de los dos primeros decenios del Siglo II, complicadas en su extensión y confusas en su desarrollo, por las dificultades de interpretación de nuestras fuentes de documentación principales, Livio y Apiano.

Estas fuentes insisten en los nombres de celtíberos y lusitanos como las tribus contra las que hubieron de dirigirse la mayoría de los esfuerzos bélicos romanos tras la marcha de Catón. Las luchas contra ambos pueblos, que se prolongarán a lo largo de todo el Siglo II, marcarán la progresión del dominio romano en el interior de la Península hasta la definitiva anexión de la Meseta. Y precisamente porque estas luchas dan su carácter a la evolución política del dominio romano en Hispania durante un largo período de tiempo es necesario insistir en las peculiaridades de ambos pueblos, sin las que no quedaría explicado suficientemente el enfrentamiento. En Lusitania, como en Celtiberia, las precarias condiciones de existencia, como consecuencia de un desigual reparto social de la riqueza y de los continuos aumentos de población, habían contribuido a mantener vivas las tradiciones guerreras, con las que los menos afortunados, mediante nuevos asentamientos o simple pillaje, intentaban mejorar de esta forma elemental sus condiciones de vida. Se trataba de tribus seminómadas, dedicadas fundamentalmente al pastoreo, que estaban en curso de transformar su régimen económico en sedentario y agrícola. Sobre mundos aún poco estables, la incidencia de la presencia romana actuó negativamente, coartando las posibilidades de desarrollo en aras de una efectiva pacificación, impuesta a la fuerza, sin entrar en consideración de las causas reales socioeconómicas que generaban la inestabilidad. Aunque el gobierno pareció tempranamente captar el problema e intentó soluciones parciales de repartos de tierra, asentamientos y traslados de población a territorios más fértiles, pronto hubo de chocar en su política contra la protesta de los privilegiados, individuos o colectividades, a cuya costa se pretendía la reestructuración económica, precisamente los más firmes soportes de la dominación. Una revolución social estaba fuera del alcance y de la propia mentalidad romana y, como ocurre siempre que fallan las soluciones políticas, quedó sólo el recurso a la fuerza, con la represión violenta de las razias sobre las fronteras provinciales, sobre la que aún se añadió, en detrimento de soluciones duraderas, la desafortunada práctica de una administración inexperta y oportunista, cuando no abiertamente expoliadora.

La progresión de la conquista entre Catón y Graco

Tras la marcha de Catón, para el año 194 fueron nombrados como pretores Sexto Digitio, en la Citerior, y P. Cornelio Escipión Nasica, en la Ulterior. El primero hubo de comprobar la precariedad de las medidas catonianas al tener que enfrentarse contra una formidable coalición de las tribus del Ebro, donde perdió la mitad de su ejército. El necesario recurso a su colega de la Ulterior, que acudió en su ayuda, fue aprovechado por bandas de lusitanos, que, desde sus tierras del Tajo, se lanzaron en busca de productivas razias sobre las desguarnecidas tierras del Guadalquivir. No se trataba de tribus organizadas para vivir del pillaje, sino de bandas formadas de los elementos más desheredados de la población, que se juntaban para conseguir por la fuerza bienes materiales. Sus objetivos no iban dirigidos contra las propiedades de los componentes socialmente privilegiados de la población, sino que tenían como meta, probablemente dirigidas por ellos mismos, territorios al otro lado de las fronteras étnicas. Escipión logró, de regreso a la Citerior, derrotarlos cerca de Ilipa cuando volvían cargados de botín.

Aunque las fuentes no son suficientemente explícitas, parece que las acciones de los nuevos pretores de 193 —C. Flaminio en la Citerior y M. Fulvio Nobilior, investido de poder proconsular, en la Ulterior—, a quienes se prorrogó el mando para el 192, estuvieron dirigidas, en colaboración, sobre las fronteras provinciales, el seguimiento del plan general de estabilización preconizado por Catón. Con operaciones en el interior de la Ulterior, la región montañosa del sudeste, el objetivo fundamental de la acción concertada pretendía alcanzar la línea del Tajo, a través de las tribus oretanas y carpetanas para crear una amplia zona de seguridad frente a los lusitanos. Tras la conquista de las ciudades oretanas de Nuliba y Cusibi, por parte de Fulvio, y de Licabrum, por Flaminio, los ejércitos romanos se concentraron frente a Toletum (Toledo), a cuya defensa acudió una coalición indígena de tribus vecinas: vettones, vacceos y celtíberos. La coalición fue vencida y la ciudad expugnada.

El sucesor de Fulvio, L. Emilo Paulo, también con poder proconsular, hubo de enfrentarse de nuevo a problemas en la Ulterior, tanto en el sudeste de la provincia, en la Bastetania, como en la frontera occidental junto al Guadalquivir, que volvió a sufrir ataques por parte de las tribus gitanas, quizá en conexión con la rebeldía de algunas ciudades de la orilla izquierda del Betis, entre ellas, Hasta, cerca de Jerez los lusitanos fueron rechazados y la provincia pacificada. En relación con esta campaña precisamente, hay que mencionar el más antiguo documento epigráfico, romano hallado en territorio peninsular: se trata de un decreto, fechado el 19 de enero de 189 a. C., por el que el procónsul declaraba libres a los esclavos de la ciudad de Hasta que habitaban la Turris Lascutana (¿Alcalá de los Gazules?, Cádiz), haciéndoles entrega en usufructo de tierras de cultivo. El decreto documenta la existencia de un tipo de semiesclavitud colectiva, extendido en la Turdetania, y entreabre el panorama de la política romana, frente a los indígenas, de premios y castigos, de acuerdo con su actitud insurgente o colaboracionista. Pero todavía en los años siguientes continuaba la presión de los lusitanos sobre la frontera del Guadalquivir, con el apoyo de algunas ciudades del Valle: el propio pretor C. Atinio pereció en el sitio de Hasta, que había vuelto a levantarse. Mientras, en la Citerior, los esfuerzos romanos se concentraban en la frontera noroccidental, a lo largo del Ebro, para ganar terreno sobre el valle meridional y mantener así la región al norte del río lejos de presiones exteriores. Tras la expedición de Catón de 195, comienzan ahora, con operaciones en torno a Calagurris (Calahorra, La Rioja), los primeros conflictos serios en territorio celtíbero, que no dejaran de complicarse cada vez más.

Si la política exterior romana se había volcado hacia Oriente en estos años, no permitiendo la inversión de gran número de fuerzas en la Península, la paz de Apamea, en 188, con la que finalizó la guerra contra Antíoco III de Siria, dio posibilidad de devolver la atención a los asuntos de Hispania. Así lo prueba el importante ejército con el que fueron provistos los pretores de 186, L. Quinctio Crispino y C. Calpurnio Pisón (Citerior y Ulterior, respectivamente), destinado a conseguir soluciones definitivas en la protección de la Ulterior contra las incursiones lusitanas mediante un avance hasta la línea del Tajo. Los ejércitos romanos, desde la Beturia —entre el Guadiana y Guadalquivir—, ascendieron por la Extremadura inferior hacia Toletum. En la orilla norte del Tajo se enfrentaron a una coalición indígena de carpetanos y celtíberos, y el encuentro fue favorable a los romanos. Ambos pretores recibieron los honores del triunfo por sus victorias de lusitanis et celtiberis, que celebraron, cargados con un enorme botín de guerra.

Asegurada así la Ulterior, los años siguientes fueron de general tranquilidad para la provincia, mientras que en la Citerior las fuerzas romanas se enfrentaban a los celtíberos en el valle medio del Ebro. Los acontecimientos más importantes tuvieron lugar durante la pretura de A. Fulvio Flaco en el bienio de 182-181 y tuvieron por escenario la Celtiberia oriental, donde se asentaban los lusones, una tribu celtíbera, y la Carpetania, hasta la región de Toledo. Los avances romanos en los años anteriores habían creado una gran inestabilidad económica en estas tribus, que sufrían una endémica falta de tierras o, al menos, de tierras suficientemente productivas. La negación romana a distribuirlas entre los indígenas suscitó un gran levantamiento de los pueblos celtíberos de la comarca entre el jalón y el Jiloca, los lusones. La campaña de Fulvio, al parecer, comenzó en el límite occidental de su provincia, en la Carpetania, para ir progresando hacia oriente hasta alcanzar el Ebro. La operación más significativa fue el asedio de una de las más importantes ciudades de los lusones, Contrebia, cerca de Daroca (Zaragoza), sobre el Jiloca. Fulvio tomó la ciudad y llevó a cabo una matanza entre los celtíberos que habían acudido a defenderla. Aún en 180, el pretor se atrevió a dirigir una expedición de castigo en la Celtiberia Ulterior, es decir, la región más meridional, y obtuvo una victoria sobre los indígenas en el Saltus Manlianus el Valle del jalón, antes de entregar el ejército en Tarragona a su sucesor, T. Sempronio Graco.

Tiberio Graco en Hispania

Con Sempronio, fue elegido pretor en 180 para la Ulterior L. Postumio Albino. Ambos gobernadores llevarían a cabo en los dos años que permanecieron en Hispania −180 y 179— operaciones conjuntas para conseguir, apoyados en los éxitos logrados en las dos provincias en los años anteriores, una estabilización de las fronteras y una pacificación duradera que permitieran acabar con las largas guerras de la Península, renunciando a una mayor expansión en beneficio de una concentración de la actividad económica en los límites del territorio provincial. Apiano y Livio, nuestras fuentes de documentación, aunque proporcionan bastantes datos sobre la actividad de Sempronio y Albino, no permiten reconstruir con seguridad el desarrollo y la cronología de las operaciones por las contradicciones y confusiones en que caen. Al parecer, el comienzo de las campañas ha de situarse en la Ulterior, en el alto Guadalquivir, desde donde ambos pretores avanzarían por caminos distintos para dirigir sus ataques sobre las fronteras de sus respectivas provincias.

Albino marchó a través de territorio lusitano hacia la región vaccea, en el valle del Duero, y logró en su campaña, según Livio, el sometimiento de 130 ciudades. Mayor información tenemos sobre la actividad de Graco aunque sus comienzos sean confusos por la difícil identificación de los topónimos que transmiten las fuentes. Se supone que se inició en la Andalucía oriental hasta llegar a la costa mediterránea, para continuar luego por la Carpetania hasta la Celtiberia, donde se desarrollarían las acciones más importantes. Un primer choque importante cerca de la ciudad de Complega, en la comarca entre jalón y Jiloca, fue seguido de la entrega de Ercavica (cuenca), pero sólo la victoria de Graco en Mons Chaunus, sin duda, el Moncayo, acabó con la resistencia de los indígenas y abrió la posibilidad de establecer la paz sobre bases duraderas.

Así, el año 179 significa un hito importante en la historia de la dominación romana en la Península, puesto que por primera vez el gobierno contempla los territorios incluidos en su esfera de sus intereses como un conjunto homogéneo, acotado por unas fronteras, dentro de las cuales desarrollará unos principios, bien que limitados, de administración. Éstas fronteras progresaban desde los Pirineos orientales hasta el curso del Ebro a la altura de Calagurris para avanzar, englobando el alto curso del Duero en línea recta hasta el Tajo, que se sobrepasaba al oeste de Toledo, y continuaba hacia el sur hasta el curso medio del Guadiana, río que, hasta su desembocadura, constituía el límite de la provincia Ulterior. Al otro lado quedaban las tribus exteriores sin relación con Roma: en el norte del Ebro, los várdulos de la región de Vitoria; entre el Ebro y el Duero, las tribus vacceas orientales; desde el Duero al Guadiana, los vettones, y, al norte del Guadiana, los lusitanos.

La acción de Graco, una vez pacificadas las fronteras, se encaminó fundamentalmente a lograr su estabilidad mediante el aislamiento de los territorios incluidos entre las fronteras provinciales de estas tribus exteriores. Era necesario para ello la aceptación, por parte de las nuevas tribus anexionadas, en el margen de los límites provinciales, de una condición que, fundamentada en un conjunto de pactos, hiciese imposible la formación de grandes coaliciones. Sus cláusulas establecían claramente las obligaciones para con Roma: prestación de servicio militar como auxiliares de los ejércitos romanos, fijación de un tributo anual, prohibición de fortificar ciudades, desmantelamiento de ciudadelas fortificadas establecimiento de castella (lugares fortificados) y guarniciones como garantía de pacificación. Pero también se preocupó Graco de acudir a los problemas reales de estos territorios, causantes en parte de la propia inestabilidad, paliando de alguna manera las preocupantes condiciones socioeconómicas de las tribus, derivadas de su saturación demográfica y de la pobreza de amplias capas de población, mediante una política de distribución de parcelas de tierra cultivable entre los indígenas. Apiano (iber. 43) resume las medidas de Graco así: dividió las tierras entre los pobres y los estableció allí. Fijó a los pueblos de aquella región leyes minuciosas, con cuya observación serían amigos de los romanos, dio y recibió juramentos que en las guerras posteriores muchas veces fueron deseados. Pero todavía hay un aspecto interesante en la política de Graco que conviene subrayar. Y es el de la fundación de centros urbanos en los márgenes de las fronteras provinciales para intentar poner las bases de una administración regularizada, sólo posible mediante la previa urbanización de las comunidades indígenas. Si bien se trató de un esfuerzo limitado, al menos es índice de una preocupación por superar el limitado objetivo de un sometimiento sin condiciones con la aplicación de una política de fuerza y de intentar sacar a las provincias del círculo vicioso de simples objetos de explotación. Así, en el territorio recién anexionado a la orilla derecha del Ebro fundó Graco Graccurris, en el emplazamiento de la actual Alfaro (La Rioja), y, seguramente, Iliturgi (Mengíbar, Jaén), en la Oretania.

En conjunto, la actividad de Graco significó para las provincias hispanas un largo período de paz, no tanto por la calidad de las iniciativas como por su aceptación por ambas partes, aunque no contenía un auténtico programa de reorganización en profundidad. Pero, en todo caso, treinta años después, cuando volvió a estallar la guerra en la Celtiberia, los indígenas aún recordaban la equidad del pretor y solicitaban de Roma el exacto cumplimiento de los tratados suscritos con él.

Hispania en los años posteriores a Graco

Desde la pacificación de Graco hasta el estallido de las guerras celtíbero-lusitanas son muy pocas las noticias que nuestras fuentes nos trasmiten sobre Hispania, lo que no significa que los gobernadores no tuviesen que enfrentarse con problemas que exigían un esfuerzo bélico, aunque no lo suficientemente importantes como para merecer una atención particular, sobre todo, si se tiene en cuenta que en estos años Roma se enfrentaba en Oriente a la Macedonia de Perseo y al último e inútil esfuerzo de Grecia por prescindir de la tutela romana. Con esporádicas luchas contra los celtíberos, como la que proporcionó los honores de la ovatio al pretor de 175, Apio Claudio Centón, o la sofocación de la rebelión del indígena Olónico en 170, hay una noticia que merece la pena ser destacada porque, más allá de la serie de guerras o represiones, descorre el panorama de la dominación romana dentro de los territorios sometidos. Se trata de la fundación de Carteia (El Rocadillo, Algeciras, Cádiz) por L. Canuleyo, pretor de la Ulterior en 171, como primera colonia latina extra italiana, para albergar a 4000 hijos de soldados romanos y mujeres indígenas que solicitaban del Senado un estatus jurídico superior al que preveían las leyes. Según el derecho romano, los hijos de un ciudadano sólo veían reconocido su estatuto jurídico de tal si también la madre era civis romana (ciudadana) y, dado que en la mayor parte de las uniones no era éste el caso, los descendientes se veían arrinconados a la categoría de esclavos públicos, como hybridae (hijo de padres de distinta condición). Canuleyo, en nombre del Senado, los manumitió y, con la concesión de tierras en el territorio de Carteia, les otorgó el estatuto de la latinidad. Llama la atención que el mismo estatuto se concediera también a los antiguos pobladores de la ciudad, que se vieron así elevados a la categoría de ciudadanos latinos un caso, en cierto modo semejante, fue la fundación de la colonia de Corduba (Córdoba) por Marcelo, no sabemos si en el año 168, cuando cumplió su pretura en la Ulterior, o cuando vino a la Península, como cónsul, en 152. También en este caso, con el establecimiento de colonos en la ciudad, se concedió la ciudadanía a numerosos indígenas. Ambas fundaciones indican la existencia de un grupo importante de colonos, romanos e itálicos, en su mayoría antiguos soldados, que, tras su licenciamiento, decidieron permanecer en la Península como agricultores, en lugar de regresar a Italia, convirtiéndose en un importante elemento de romanización.

Pero, con estas relaciones positivas entre romanos e indígenas, limitadas, por otra parte, a espacios muy concretos, hay que poner mayor énfasis en el carácter general, mucho más negativo, de la dominación romana en Hispania durante estas décadas, expresado en las quejas de los indígenas sobre las arbitrariedades de los gobernadores, que, en ciertos casos, como en el año 171, llegaron hasta el propio Senado de Roma. El problema radicaba en la inercia del desafortunado sistema provincial, cuya falta de capacidad creadora conjugó negativamente con las tendencias estrechas y egoístas de la oligarquía romana en el poder.

El régimen de administración de las provincias, surgidas de una serie de circunstancias, distintas en cada caso, y carentes de homogeneidad, debía ser necesariamente muy elemental y, en consecuencia, de obligado desarrollo conforme la presencia romana fuese afirmándose, para sustituir de forma paulatina el uso de la fuerza, en el que el sistema se había generado, por una integración pacífica, bajo presupuestos de administración regularizada. Este desarrollo, sin embargo, no iba a ser tan evidente, precisamente a causa de los condicionamientos políticos que se daban en la dirección política romana. De ahí que el sistema provincial de la República, en gran medida, constituyera un rotundo fracaso y, como problema político, manifestó muy pronto un campo de tensiones en la relación entre el Senado, como organismo representante de la sociedad aristocrática, y magistrados, o portadores de la ejecutiva gubernamental en el campo provincial. Un elemento constitutivo de la realidad constitucional había sido el plegamiento, por parte del magistrado, a la voluntad del Senado, asegurado por los medios de control con los que la constitución contaba para evitar abusos de poder, entre los que se contaban la anualidad de la magistratura, el mutuo control de la colegialidad y el veto tribunicio. Estos frenos, sin embargo, comenzaron a fallar desde que el Estado romano, tras la I Guerra Púnica, amplió los ámbitos de soberanía fuera de Italia, estableciendo un dominio, directo y continuo, sobre territorios sometidos. Desde entonces quedaron inadecuadas las necesidades a los medios de soberanía, que sólo mediante un cambio en el sistema podrían haberse acoplado la conservación, sin embargo, de sistema de la ciudad-estado para nuevas necesidades tuvo como consecuencia, en el caso de los gobiernos provinciales, que los magistrados, en manos de los cuales se puso cada provincia, quedaran liberados en parte de los controles que evitaban los abusos de poder, ante la imposibilidad de que actuaran en ellos las limitaciones, que, sin embargo, existían en la propia Roma. Con esta inadecuación como punto de partida, el sistema fue manifestándose cada vez más peligroso, porque, de un lado, la independencia de la actuación del magistrado provincial, obligada por las necesidades inmediatas de un estado de guerra o de decisiones que no podían esperar la confirmación de Roma, y, por otro, las enormes posibilidades de enriquecimiento impune y de ampliación de clientelas, ocasionaron tanto el debilitamiento de la comunicación magistrado-Senado como la distorsión de los presupuestos económico-sociales sobre los que se había basado hasta el momento la unidad y solidaridad de clase de la aristocracia romana.

Las provincias hispanas, con este sistema, se convirtieron en un campo de enriquecimiento para los gobernadores, que pasaron sobre pactos y tratados, escudados en la impunidad que les proporcionaba el imperium de que estaban investidos. Esta impunidad quedó puesta de manifiesto en el ya citado caso de 171. Una embajada de hispanos consiguió hacer llegar al Senado sus quejas sobre la expoliación y falta de respeto a los pactos por parte de los administradores provinciales. El pretor L. Canuleyo fue comisionado por la institución romana para invitar a los embajadores a elegir los patronos —miembros del Senado— que defenderían su causa. Éstos, entre los que se encontraban Catón y L. Emilo Paulo, citaron ante el jurado a M. Titinio y P. Furio Filón, pretores de la Citerior en 178 y 174, respectivamente, y a M. Matieno, gobernador de la Ulterior en 173. El proceso terminó con la absolución del primero, el destierro voluntario de los dos restantes y la garantía del Senado de que no volverían a repetirse los abusos, con una serie de medidas que no estaba en condiciones de llevar la práctica. De todas maneras, no tanto por una real preocupación por la defensa de los provinciales, como por la necesidad de controlar a los magistrados, el Senado procuró ampliar las posibilidades de fiscalización, sobre todo, mediante una regulación legislativa, que, sin embargo, hubo de contar con fuertes limitaciones políticas, ya que el control desaparecería allí donde la estabilidad de dominio dependía de la libertad de actuación con que contaba el portador del imperium. Pero estos mismos controles legislativos demostraron la inflexibilidad del sistema al limitarse a tomar medidas contra aquellos magistrados que lesionaran las acostumbradas reglas de moral política, mediante la creación de tribunales permanentes (quaestiones perpetuae) contra delitos de extorsión o concusión (repetundis) a los provinciales, en 149. Su fin primario —el establecimiento de medios disciplinarios contra los miembros indignos de la aristocracia— pronto fue olvidado para transformarse en un instrumento más de las luchas de poder en el interior de la aristocracia. La ampliación del derecho penal al campo provincial, como medio de acomodar la administración del ámbito de soberanía romano a las necesidades reales, fue utilizado para las confrontaciones de política interior, olvidando su fin primario, lo que sólo podía significar un perjuicio para los provinciales, que continuaron siendo simples objetos de explotación. Ello, en el caso de Hispania, sólo podía llevar a un deterioro progresivo de los presupuestos sobre los que Graco había basado la pacificación, que se enfriaron en los intereses divergentes de gobernantes y súbditos hasta el peligroso límite de la confrontación armada.

LAS GUERRAS CELTÍBERO-LUSITANAS

El caso de Segeda y el comienzo de las guerras celtíberas

En los dos ámbitos provinciales de Hispania, simultáneamente, iban a surgir problemas que obligarían a la intervención militar romana. En 154 a. C., sabemos que bandas de lusitanos invadieron el territorio de la Ulterior, al mando de Púnico. Tras un primer éxito al enfrentarse con tropas romanas, donde perdió la vida el propio pretor, consiguieron la ampliación de sus fuerzas con la inclusión de grupos vettones, lindantes al este con ellos, y emprendieron conjuntamente una razia de largo alcance a través del territorio entre el Guadiana y el Guadalquivir, hasta las ciudades costeras del sur.

Por la misma época de la expedición de Púnico y sin que sea segura una relación causal, surgía en la Celtiberia, en la Hispania Citerior, el casus belli (motivo de guerra) que obligaría al gobierno romano a un gigantesco esfuerzo militar. Frente al carácter seminómada de las tribus lusitanas, cuyos problemas socioeconómicos hemos mencionado antes, los celtíberos —belos y titios al Oriente; arévacos al Occidente— habitaban en grandes núcleos de población, protegidos por murallas que, en los eventuales conflictos entre tribus, era necesario atacar o defender. Una de estas ciudades, Segeda, perteneciente a la tribu de los belos, decidió ampliar su ciudad y, como consecuencia, sus fortificaciones, al albergar a los pequeños núcleos de población de los alrededores, no sólo belos, sino también de los vecinos titios, en una especie de sinecismo. Sin duda, era un reflejo del alto desarrollo político, cultural y económico alcanzado por la ciudad, que, con este acto, afirmaba su superioridad sobre el territorio. El Senado romano, enterado del asunto, contestó con una terminante prohibición de continuar los trabajos, basada en los acuerdos de Graco, que impedían a los celtíberos construir ciudades. Tanto si la reacción romana fue espontánea, o desencadenada por las quejas de los núcleos de población obligados contra su voluntad a integrarse en la ciudad ampliada, en cualquier caso, el Senado vio en este acto un peligroso atentado a su posición dominante en el territorio, al beneficiar el fortalecimiento de un siempre eventual enemigo. Los Segedanos no quisieron, sin embargo, desistir de su propósito sin intentar convencer a los legados de Roma y replicaron con argumentos sobre cómo entendían ellos los pactos de Graco. Sin haber conseguido que desistieran de sus propósitos, los embajadores regresaron a Roma, y el Senado, considerados rotos los tratados de paz, declaró la guerra a la ciudad.

Los preparativos estuvieron en consonancia con el amplio ámbito en que iban a desarrollarse, en dos frentes distintos. Por ello, en lugar del envío a la Citerior del pretor correspondiente, fue uno de los cónsules el que se presentó en la provincia, con un ejército acorde con su grado, reforzado todavía por auxilia itálicos e indígenas. Su aparición en la región conquense de Segeda obligó a los indígenas, que, sin duda, no esperaban tal reacción y que aún no habían terminado los trabajos de fortificación, a abandonar la ciudad y buscar refugio en la Celtiberia Ulterior, en el territorio de la poderosa tribu de los arévacos, cuya capital era Numancia. Los numantinos los acogieron y decidieron apoyar con las armas, en campo abierto, su causa contra los romanos. Cuando Nobilior, el cónsul, empeñado en el castigo de los Segedanos, invadió el territorio arévaco, fue sorprendido por la coalición indígena y derrotado. La disciplina y superior táctica romanas, sin embargo, aminoraron este resultado e, incluso, lograron invertirlo cuando los desordenados indígenas, en persecución de los fugitivos, se encontraron frente a la caballería romana. Vencidos ahora, los celtíberos hubieron de refugiarse en Numancia. Hasta allí los siguieron las tropas de Nobilior, que plantaron frente a su muralla un primer campamento, en un estratégico paraje que dominaba las vías de comunicación, a cuatro kilómetros de la ciudad, cerca de Renieblas. Pero el cónsul estaba destinado a fracasar contra la resistencia indígena. Sin ningún resultado positivo, hubo de ceder su puesto al año siguiente a su sucesor, el también cónsul M. Claudio Marcelo, que, llegado a su destino, preferiría, antes de emprender operaciones en los límites de la Celtiberia, crear las condiciones precisas para la pacificación de la regiones inmediatas a la frontera provincial, el bajo valle del jalón.

Con la hábil combinación de fuerza y clemencia frente a las ciudades de Ocilis y Nertobriga, logró el positivo resultado de que todas las tribus celtíberas, incluidos los arévacos, aceptaran enviar legaciones a Roma para discutir la renovación de los pactos de Graco. El Senado, o una de sus facciones, reaccionó ante esta actitud de Marcelo, tratándola de blanda e indigna, e imponiendo la continuación de la guerra. Hay que tener en cuenta las condiciones y directrices en que se estaba moviendo la política exterior romana en los decenios posteriores a Pydna, de endurecimiento y aplicación sistemática de la razón del más fuerte. Mientras en los confines orientales del Mediterráneo se reaccionaba desproporcionadamente contra hipotéticos comportamientos dudosos de antiguos aliados —Pérgamo, Rodas—, no era lógico aplicar condiciones flexibles a pueblos bárbaros enemigos en la periferia del dominio romano en Occidente. Marcelo, tras invernar en Córdoba, su fecunda fundación, y después de conocer la decisión senatorial, reemprendió las operaciones, esta vez directamente contra Numancia. Sus éxitos en campaña, al conseguir rechazar a los indígenas al interior de sus muros, y las predisposiciones favorables que ya había tenido ocasión de comprobar en el año anterior, actuaron en conjunto para decidir a los numantinos a pedir la paz, en unión de las otras tribus de pelendones, belos y titios (152 a. C.).

Expediciones contra los lusitanos

Mientras, en la provincia Ulterior, los resultados de las armas romanas oscilaban entre fracasos y relativos éxitos. Si la expedición de Púnico había terminado con la muerte del propio caudillo, las razias se repitieron con otros jefes en los años siguientes. El nuevo pretor, L. Mummio, el destructor de Corinto, después de unos iniciales fracasos, consiguió frenarlas en una serie de campañas, que llevaron a las armas romanas hasta incluso el norte de África, donde los lusitanos, tras devastar el sur de la Península y cruzar el estrecho, habían recalado en su elemental búsqueda de botín. Finalmente, en 152, al tiempo que Marcelo conducía la guerra contra Numancia, el nuevo pretor de la ulterior, M. Atilio Serrano, llevó su ejército al interior de Lusitania, en un esfuerzo por atacar el problema dentro del propio territorio levantisco.

La conquista de una de sus más importantes aglomeraciones humanas, Oxthrakai, de localización desconocida, y los métodos moderados del pretor, seguramente bajo el influjo de Marcelo, dispuso a los lusitanos en favor de la paz, entregándose con unas condiciones semejantes a las impuestas a los celtíberos. Sin embargo, frente al éxito logrado por Marcelo en la Citerior, la paz de Atilio fue un simple episodio-paréntesis en el recrudecimiento de la rebelión, cuyas causas hay que buscar tanto en las peculiares condiciones socioeconómicas de Lusitania como en la conducta del sucesor de Atilio, Servio Sulpicio Galba.

Lúculo y Galba

En la oposición senatorial a la política pacificadora de Marcelo se había distinguido un joven, apenas llegado en su incipiente carrera política al grado de quaestor (cuestor, magistrado con funciones de carácter fiscal), pero cuyos antecedentes familiares —hijo del vencedor de Pydna, Emilio Paulo, y nieto por adopción de Escipión el Africano— y personalidad le proporcionaban una fuerte influencia: P. Cornelio Escipión Emiliano. Su participación en las discusiones habría contribuido al triunfo de la facción dura, que encontraba suficientes razones para una prosecución enérgica en la guerra en Hispania, frente a las recomendaciones de Marcelo. La guerra había sido decidida y encomendada al cónsul de 151, L. Licinio Lúculo. Pero las sombrías noticias que llegaban procedentes de Hispania sobre el encarnizado carácter de la lucha, y la crisis social, que ya había empezado a mostrar sus primeros efectos en Roma, se confabularon para dificultar la consecución de los reclutamientos necesarios no sólo de legionarios, sino incluso de los suboficiales y oficiales precisos, que llevaron a Escipión al efectista gesto de ofrecerse voluntario y al expediente extremo de recurrir a levas obligatorias. Pero cuando Lúculo llegó a su provincia, como ya sabemos, Marcelo se había adelantado en la consecución de la paz el nuevo cónsul no tuvo más remedio que respetarla, aunque sin renunciar por ello del todo a las esperanzas que había albergado de botín y gloria.

Si los celtíberos ahora se hallaban sujetos por pactos, nada impedía llevar las armas sobre sus fronteras hacia Occidente, contra los pueblos exteriores, cuya conquista ampliaría el glacis protector de la Citerior. Eran estos pueblos los vacceos, que, extendidos a ambos lados del Duero medio, sobre fértiles llanuras cerealistas, tendían el puente entre la Celtiberia, en la Citerior, y los vettones y lusitanos, en la Ulterior. La empresa, por tanto, parecía atractiva, ya que un éxito en la región prometía excelentes bases de aprovisionamiento para futuras campañas; pero, al mismo tiempo, era temeraria, al no estar apoyada por puntos seguros en la retaguardia, y siempre con un hipotético enemigo, apenas poco antes sometido, a las espaldas. Lúculo, en cualquier caso, consideró superiores las posibilidades de ganancias al riesgo y, atravesando el Tajo, se dirigió sobre las ciudades vacceas del sur, Cauca (coca, Segovia), que, contra toda justificación, tomó al asalto. El proceder del cónsul hizo cristalizar unánimes sentimientos de odio en las tribus vacceas, que se vieron empujadas a la resistencia contra el intruso. Intercatia (Villalpando, Zamora) fue la siguiente presa de Lúculo, que, tras cierta resistencia, hubo de capitular. Finalmente, le tocó el turno a Pallantia (Palencia), sin duda la más fuerte de las ciudades vacceas, contra la que se paralizaron las ambiciones del cónsul, que, ante la proximidad del invierno, hubo de retirarse con sus aspiraciones frustradas, tras el que la provincia gozaría de unos años de respiro.

La imprudencia del cónsul Lúculo iba a ser superada por la perfidia del pretor contemporáneo de la Ulterior, Galba, demostrada con los lusitanos. Sus primeros fracasos en la provincia se enderezaron con los refuerzos proporcionados por Lúculo a su regreso de la región vaccea, que permitieron operaciones conjuntas, de resultados positivos para las armas romanas, tras las que los lusitanos decidieron pedir la paz. Con el señuelo de un reparto de tierras de cultivo, máxima aspiración de los depauperados lusitanos, fueron concentrados los indígenas con sus familias en un punto y, una vez desarmados, se dio la orden de exterminio. Muy pocos escaparon a la matanza y, entre ellos, según la tradición, Viriato, que, a partir de entonces y durante más de diez años, acaudillaría una guerra sin cuartel contra los romanos.

Viriato

En el año 147 a. C. volvieron las correrías lusitanas sobre el sur peninsular, que acudió a detener el pretor de Vetilio. Cuando parecía que el problema había sido controlado, Viriato, por primera vez, como dirigente de un grupo escogido de guerreros lusitanos, derrotó a las tropas romanas. El propio pretor fue hecho prisionero y muerto. Nada parecía ya poder detener las expediciones victoriosas del caudillo, a las que se sumaron las de otras bandas y pequeños grupos por extensas regiones de las dos provincias hispanas y contra las que fueron infructuosos los intentos de los sucesivos pretores. Finalmente, ante la grave situación, y, una vez que con el incendio de Corinto finalizaban los problemas griegos, fue enviado, en 145,uno de los cónsules, hermano de Escipión Emiliano, Q. Fabio Máximo, que, tras dos años de paciente estudio del contrario, logró reducir sus áreas de movimientos.

Desgraciadamente para la causa romana, en 143, las victorias de Viriato y, sin duda, su diplomacia sobre las tribus de la Citerior, unidas a la apenas resuelta problemática socioeconómica que Marcelo había intentado reducir tras su victoria de 152, decidieron a las tribus celtibéricas a sublevarse. Con ello, todos los problemas concentrados durante sesenta años de equivocaciones y fracasos parecieron explotar al mismo tiempo. Se hizo preciso el envío de un nuevo ejército consular, al mando de uno de los titulares de 143, Q. Cecilio Metelo, el vencedor de Andrisco en Macedonia, cuyos esfuerzos se concentraron en la Citerior contra los celtíberos. En cambio, los recientes éxitos de Fabio Máximo contra los lusitanos fueron lo suficientemente importantes como para volver a confiar la provincia a un pretor. Quinctio. El error daría a Viriato la posibilidad de emprender provechosas expediciones sobre el oriente de la provincia, la Bastetania, y conseguir en la Beturia el apoyo de varias ciudades. 141 sería el año decisivo: el propio cónsul Q. Fabio Máximo Serviliano conduciría la campaña contra Viriato, arrebatándole terreno hasta reducirlo al interior de Lusitania. La situación parecía bajo control y, cuando ya estaba en camino su sucesor y hermano, Q. Servilio Cepión, una desgraciada campaña en la Beturia, ante la desconocida ciudad de Erisane, derrumbó toda la paciente obra del romano. Viriato no aprovechó su victoria para aniquilar al ejército enemigo; prefirió, sin duda consciente de su debilidad a largo plazo, pactar en igualdad de condiciones, según Livio, con el cónsul. El caudillo fue reconocido amigo del pueblo romano y pudo conservar el territorio que controlaba, seguramente la Beturia. Los comicios en Roma reconocieron el pacto de Serviliano.

Servilio Escipión, que tan grandes esperanzas había puesto en una conducción victoriosa de la guerra en Hispania y en las ganancias ligadas a ella, no podía aceptar sin más la paz impuesta a su hermano. No le fue difícil conseguir del Senado el permiso para continuar las hostilidades, probablemente basado en injustificados atentados de los lusitanos contra la paz apenas firmada. Las primeras operaciones de Escipión (140) en la Beturia le proporcionaron la conquista de Arsa; Viriato hubo de retirarse a la defensiva hacia la Carpetania. Pero el cónsul no pudo, sin embargo, lograr un enfrentamiento decisivo ante la astucia de Viriato, que logró poner a salvo y conducir a Lusitania sus tropas sin sufrir pérdidas. Las campañas continuaron en diferentes teatros de la Ulterior sin resultados apreciables, aunque, sin duda, con un creciente sentimiento de agotamiento por parte lusitana, que llevó finalmente a Viriato a iniciar conversaciones con Cepión, luego de un primer intento fracasado de entendimiento con el cónsul de la Citerior, Popilio Lenas. El caudillo no participó directamente en las conversaciones preliminares con Cepión, sino a través de tres miembros de su consejo, que, en connivencia con el cónsul, decidieron la eliminación de Viriato lo que efectivamente lograron a su regreso, aprovechando su sueño (139). Este alevoso crimen elevó la figura de Viriato a la categoría de mito y contribuyó a fijar su leyenda ya en la Antigüedad que nos vela los rasgos auténticos de su personalidad, sustituidos por anécdotas, sin duda, en muchos casos imaginadas. Los motivos que llevaron a los lugartenientes de Viriato a la traición son desconocidos, aunque parece plausible encuadrarlos en las agudas tensiones socioeconómicas lusitanas. Los estratos más privilegiados de la población, entre los que podían encontrarse los tres verdugos, consideraban a Viriato un advenedizo, y la resistencia que conducía, el mayor obstáculo a un entendimiento con los romanos y, con ello, a un mayor enriquecimiento.

Si la muerte de Viriato no significó el fin inmediato de las guerras lusitanas, que aún en los límites de la República, aunque con otros presupuestos, ocuparán la atención de las armas romanas, su virulencia quedó fuertemente reducida y permitió concentrar la atención en la Citerior, donde Numancia llevaba resistiendo imbatida cuatro años. Antes de atender a las guerras numantinas, hay que mencionar, en conexión y como colofón de las campañas lusitanas, la penetración de las armas romanas en el noroeste peninsular, en los años posteriores a la muerte de Viriato, 138-137. Fue su guía D. Junio Bruto, que, tras franquear el Duero, alcanzó el valle del Miño, sometiendo varias ciudades, como Bracara y Talabriga. Su expedición le valió el sobrenombre de Galaicus y el triunfo, que cantaría el poeta Accio.

La guerra de Numancia

La guerra que, de 143 a 133 a. C., sin tregua, enfrenta a los ejércitos romanos con un insignificante núcleo bárbaro de los confines de occidente puede parecer —y, de hecho, así ha sido tratada multitud de veces— un episodio hasta cierto punto sobrehumano y con un valor ejemplar, si no se tienen en cuenta una serie de circunstancias que, sin, por supuesto, minimizar el titánico y desigual esfuerzo de resistencia, lo explican en el contexto de la historia contemporánea. El caso de Numancia se produce en las postrimerías de una gigantesca empresa, ciertamente caótica, que extiende a todo el Mediterráneo los intereses romanos, pero que, en contrapartida, va transformando, en un proceso natural e inadvertido, los propios presupuestos del Estado romano. Para nuestro propósito nos interesa destacar de este proceso dos hechos: desde los últimos años del Siglo III, la unidad política de la oligarquía senatorial se resquebraja hasta extinguirse en un número plural de facciones, que amenazan con anularse en la conducción de los asuntos públicos. Existe, por tanto, una crisis política, que se agudiza hacia finales del segundo tercio del siglo siguiente. A su lado, y paralelamente, existe también una crisis social de carácter elemental. El desarrollo económico incontrolado que producen las guerras de conquista encuentra desprevenido al cuerpo social romano, incapaz de asimilarlo sin crear antes las estructuras necesarias. Como consecuencia, los menos se enriquecen más y los más se empobrecen progresivamente. Pero el hecho de que la milicia esté ligada a la propiedad tiene como consecuencia que la cantera de soldados disminuya conforme se van produciendo estas condiciones de empobrecimiento, precisamente en una época que engulle cantidades cada vez más crecientes de mílites o soldados. Las circunstancias, en cierto modo excepcionales, a que ha de recurrirse para llenar los imprescindibles cuadros sólo pueden acabar en una reducción de la calidad de las tropas y, como consecuencia, en la disminución de su eficacia. Para no prolongar más este preámbulo, en la guerra de Numancia se manifiestan ya abiertamente las incongruencias y fallos de los setenta años de política exterior desarrollada sin método. Mientras que los ejércitos que luchan contra los celtíberos se debaten entre el miedo y la indisciplina, la unidad y la coherencia de mando necesarias se rompen en criterios a veces contrapuestos, como consecuencia del cambio anual de magistrados, producto de las luchas políticas en las instancias centrales. Numancia no resiste durante once años, como las historias comúnmente con cierto orgullo narran: quince meses de sitio continuado, sin enfrentamientos armados, acabaron con su resistencia. Pero es cierto que durante largos años no pudo resolverse el problema, porque la misma dirección militar no supo cómo hacerlo, cambiando continuamente de tácticas y objetivos. Bastó un hombre resuelto y una acción continuada para que, como no podía ser de otra manera, acabase la desigual lucha. Pero, entretanto, el nombre de Numancia entraba en la leyenda. Ya vimos que, como consecuencia de las acciones de Viriato y seguramente a instancias suyas, las tribus celtíberas, precariamente pacificadas por Marcelo, volvieron a levantarse en armas en 143. En Roma se consideró tan grave la rebelión que fue enviado contra ellas el cónsul Q. Cecilio Metelo Macedónico. General metódico y con sentido de la disciplina, concibió la guerra como una empresa lenta y continuada, que requería un progresivo sometimiento de las distintas tribus, de oriente a occidente. La campaña comenzó con la expugnación de núcleos urbanos de las tribus de la Celtiberia Citerior, lusones, belos y titios, como Centobriga y Contrebia. Logrado este primer objetivo, quedaba expedito el camino hacia Numancia, pero antes el cónsul se dirigió, al otro lado de los arévacos, contra la región vaccea, saqueándola para impedir un eventual avituallamiento a los numantinos en estos territorios; conseguido su propósito, se dirigió por fin a Numancia, cuando ya finalizaba su periodo de mandato. Las agudas luchas políticas en Roma impidieron la prórroga de su gestión. Un enemigo suyo, Q. Pompeyo, vino a reemplazarle. Bisoño y sin experiencia, fracasó en un primer ataque directo contra la ciudad. No tuvo mejor suerte en el asalto de la vecina ciudad de Termantia y, con insignificantes adelantos cubrió el año de su mandato. Pero, paradójicamente este le fue prorrogado para el año 140. En esta segunda campaña intentó el asedio de Numancia, iniciando trabajos de circunvalación entre las dificultades que imponía el clima, la resistencia indígena y la indisciplina y baja moral de sus tropas. El fracaso militar intentó convertirlo en éxito diplomático, e inició conversaciones con los indígenas para conseguir una paz que bastara al orgullo romano. Para ello no dudó en emplear equívocos métodos, que, puestos finalmente al descubierto, le acarrearían un proceso en Roma. Finalmente, perdidos dos años más, llegaba a reemplazarle el cónsul de 139, M. Popilio Lenas. Puesto que tuvo la misma adversa suerte en sitiar la ciudad, se contentó con las ya acostumbradas razias sobre territorio vacceo. La ineptitud de la dirección romana, sin embargo, quedaría coronada por el cónsul del 138, C. Hostilio Mancino, que no sólo no consiguió poner sitio a la ciudad; él mismo, con su ejército, fue bloqueado por los numantinos y arrastrado a una capitulación. El Senado no podía aceptar esta paz humillante. En consecuencia, obligó al deshonrado cónsul a rendirse personalmente a los numantinos. Los asombrados ojos de estos pudieron contemplar desde sus murallas la tétrica ceremonia que exigía el derecho fecial (relativo a declarar la guerra y concertar la paz) de todo un cónsul, desnudo, con las manos atadas a la espalda, ante las puertas de la ciudad. Los indígenas, sin embargo, no aceptaron la entrega. Pero, al menos, los tres años transcurridos desde su victoria en consultas, vacilaciones y discusiones, les proporcionaron una tregua. Los cónsules de 137,136 y 135, a pesar de que el Senado decidió la continuación de la guerra, prefirieron olvidar la existencia de Numancia, cumpliendo su tarea militar en la castigada tierra de los vacceos. Numancia se había convertido para la opinión pública romana en un auténtico insulto. Como era de esperar, llegó la reacción popular, que, preparada por los mismos que pensaban beneficiarse de la guerra, exigió la entrega de su dirección a P. Cornelio Escipión Emiliano, el vencedor de Cartago. Para ello fue necesario eliminar ciertas trabas legales, que impedían su reelección como cónsul, esgrimidas por una fuerte oposición. Pero Escipión consiguió finalmente su propósito y fue elegido cónsul por segunda vez en 134.

Las tropas que llevó Escipión, como refuerzo de las que operaban en la Península, apenas constaban de 4000 voluntarios, entre los que la historia destacaría posteriormente nombres como los del historiador Polibio, el poeta Lucilio o los políticos C. Mario y C. Graco. No eran ingentes fuerzas las que necesitaba el escollo de Numancia, sino disciplina, que el general, no bien llegado a los campamentos, se aplicó a restablecer por los expeditivos métodos que narran Apiano y Plutarco. En el verano de 134, con un ejército entrenado, comenzó Escipión la campaña, a espaldas de los numantinos, el territorio vacceo, para sustraer la ciudad los necesarios víveres con la destrucción de las mieses. Finalmente, recaló frente a Numancia. Sin arriesgarse a precipitadas soluciones ni gestos heroicos, con frío y calculador sentido de las posibilidades, emprendió paciente y meticulosamente el asedio de la pequeña ciudad, sin olvidarse de cerrar el paso del Duero, principal vía de comunicación de los sitiados con el exterior. Un ejército de 50.000 hombres esperaba así la rendición de 3000 o 4000 guerreros, en los que el hambre empezó a hacer pronto estragos.

Fracasaron las peticiones de paz numantinas; el cónsul sólo aceptaría la rendición sin condiciones. Cuando las tropas romanas entraron al fin en la ciudad, tras quince meses de sitio, sólo encontraron cadáveres y espectros. Escipión mandó incendiar la ciudad, repartió el territorio entre las tribus vecinas colaboradoras, castigó a los culpables de simpatizar con los sitiados y se embarcó hacia Roma para celebrar solemnemente el triunfo.

LA ETAPA POSTNUMANTINA

el carácter de la época

Los cincuenta años que se extienden entre la destrucción de Numancia y la aventura de Sertorio son, por muchos aspectos, de conocimiento necesario para la exacta comprensión del desarrollo de la Península Ibérica dentro de la esfera de intereses del Estado romano. Pero, precisamente, la falta de documentación los torna problemáticos, mediatizada por la ausencia de acontecimientos relevantes en Hispania frente a las dramáticas convulsiones entre las que se debate la sociedad y el estado romanos, que, lógicamente, acapararon toda la atención de la historiografía antigua y que ha dado pie a reconstrucciones modernas en las que la ausencia de detalles se suple con generalizaciones e hipótesis, cuyas conclusiones, o son contestables, o, al menos, no pueden aceptarse para el conjunto de la Península. Generalmente, se considera la liquidación de las guerras contra celtíberos y lusitanos en 133 a. C. como el comienzo de una nueva etapa en las relaciones Roma-Península Ibérica, que, al destruir una resistencia organizada y generalizada si bien no elimina completamente la oposición indígena, permite, al menos, un margen de seguridad suficiente para que, en los cauces de una administración normalizada, las zonas incluidas en el efectivo espacio de las provincias de Hispania desarrollen una progresiva romanización. La actuación bélica pasa, así, a un segundo plano, apenas como algo más que simples operaciones de policía contra pueblos exteriores, cuya finalidad no es tanto su inclusión por la fuerza en la administración romana como un medio de mantener protegidas las fronteras de dominio Provincial.

La crisis republicana

La caída de Numancia coincidió con la gestión revolucionaria del tribunado de Tiberio Graco, que tradicionalmente, aunque no de forma muy exacta, se considera el inicio de la crisis de la República y de un proceso revolucionario que sólo terminaría cien años después con la propia disolución del régimen y la subida al poder de Augusto. Si el final de las guerras celtíberas y lusitanas tuvo unas consecuencias importantes para el posterior desarrollo de la Península, no lo fue tanto por la reciente pacificación, como veremos, sólo aparente, sino por la nueva situación que venía desarrollándose justamente por la misma época en Roma.

Los profundos cambios que sufre la sociedad romana como consecuencia del incontrolado desarrollo económico no condujeron a una evolución fluida y armónica, sino, por el contrario, a una agudización de las diferencias y contradicciones existentes en su seno. De modo similar, la expansión romana en el Mediterráneo y la aceptación de nuevos compromisos políticos no significaron la adecuación de la constitución limitada a una ciudad-estado a las tareas de un imperio universal. Política y economía, confundidas e interconexionadas en las manos de un grupo social restringido, no evolucionaron conforme a las exigencias de estos cambios; por el contrario, quedaron paralizadas en las manos de un régimen que, al controlar al Estado, no sólo entorpecía cualquier vía de solución, sino que la tornaba imposible. Y en los años centrales del siglo II, levantada la cortina de humo de una política exterior afortunada y provechosa, que había absorbido el interés del Estado y camuflado los problemas internos, se pusieron al descubierto las grietas del sistema. Es precisamente el período de las difíciles guerras en Hispania, que tuvieron una parte, y una parte importante, en la precipitación de la crisis.

Puede simplificarse la problemática de la tardía República en dos ámbitos, aunque conexionados y mutuamente incidentes, uno político y otro socioeconómico. En el primero se manifiesta la inadecuación de un régimen anquilosado y excesivamente rígido, que, además, empieza resquebrajarse en su interior no sólo por las tareas complejas nacidas de la expansión, sino incluso para las necesidades tradicionales del Estado. El segundo incluye las graves incidencias de un desarrollo económico sin control en el cuerpo social romano, apenas preparado para asimilarlo y, como consecuencia, las tensiones en el mismo y su reflejo en el Estado: es en este reflejo donde problemas políticos y económicos se conexionan, cuando el régimen oligárquico que dirige el Estado se evidencia incapacitado para resolver los conflictos sociales, que, precisamente, a partir de la mitad del siglo II, como consecuencia de la evolución económica, comienzan a alcanzar una peligrosa virulencia.

Su incidencia en Hispania

Si la crisis republicana incide profundamente en la Península, hay que preguntarse en donde se halla la interacción de ambos elementos, es decir, hasta qué punto influye la crisis interna republicana en las provincias que forman el Estado romano. Si bien la crisis es interna, Roma es por entonces ya un imperio, y por tanto la repercusión habría de llegar a todos los rincones de las provincias. Pero además salta las fronteras de las mismas, porque, aunque el peso de la vida política romana a partir del último tercio del Siglo II se encuentra inclinado hacia el interior, no impide que Roma paralelamente lleve a cabo una política exterior conquistadora especialmente brillante. Por otro lado, el fuego donde se consumen las viejas instituciones republicanas fue avivado por los recursos provinciales, y de las provincias sacarán los caudillos los medios para emprender una política de largo alcance para sustentarse en la lucha o para buscar refugio en el infortunio.

Pero las provincias no se limitaron a pagar pasivamente las consecuencias de la hipoteca republicana sin sacar ganancias de una lucha gestada y llevada a cabo en la lejana metrópoli. Precisamente a lo largo de los cien años entre Tiberio Graco y Octaviano y debido a esa profunda incidencia de la crisis interna romana en la vida provincial, las provincias despertarán a la actividad política y se madurará en amplias zonas de su territorio el proceso de inclusión en formas de vida romanas que conocemos con el controvertido término de «romanización». Más precisamente, en el caso de España, la crisis republicana marca la clave del desigual desarrollo de sus regiones, que la dividirán para toda la Antigüedad en dos zonas perfectamente claras, delimitadas y apenas corregidas: por un lado, la Hispania propiamente romana, con formas económicas, sociedad y desarrollada vida municipal auténticamente romanas; por otro, la Hispania sometida, considerada solo por Roma como un territorio conquistado y, por derecho de conquista, fuente de explotación de materias primas y de hombres, con escaso desarrollo de la vida municipal, fuerte enraizamiento de instituciones familiares y sociales propias y con una capa superficial de cultura de tinte, que, en ciertas regiones, conducirá incluso, cuando el poder de Roma se debilite tras las invasiones germánicas de comienzos del Siglo V, a un renacimiento del espíritu ancestral y de modos de vida, si bien aletargados, nunca olvidados. De ahí que, como decimos, la contemplación de estos años constituya una pieza clave en la comprensión con la Hispania romana y la absoluta necesidad de considerarla en el marco de la historia contemporánea de Roma.

La reorganización provincial tras las guerras celtíbero-lusitanas

La muerte de Viriato y la destrucción de Numancia, que dan fin a una resistencia de largo alcance, no significaron, sin embargo, una organización, o por lo menos, no directamente. Los tiempos eran poco proclives a una paciente reflexión de las condiciones políticas y socioeconómicas de Hispania, frente a los graves problemas internos que desencadena la muerte de Tiberio Graco. De todos modos, tras veinte años de guerra continuada, era evidente la necesidad de una reorganización del territorio, al que habían de añadirse las nuevas conquistas. Además, la guerra había ocasionado el desplazamiento de poblaciones, reducción de comunidades rebeldes, devastación de territorios... En suma, profundos cambios en la organización social indígena y en sus recursos económicos. De ahí que fuera enviada una comisión senatorial de diez miembros con el preciso encargo de poner orden en las provincias.

Si bien sabemos que esta Comisión efectivamente desarrolló su gestión en la Península, sin embargo, desconocemos su desarrollo y los ámbitos de competencia. Comisiones semejantes fueron enviadas por Roma, en parecidas circunstancias, a otros ámbitos, y por comparación con ellas, puede reconstruirse su actuación, que, previsiblemente, debió de referirse a la decisión sobre el territorio que sería anexionado a Roma como ager publicus (territorio del Estado), la redistribución de tierras entre los pueblos sometidos, de acuerdo con su actitud amistosa o bélica en la guerra, la definición precisa del área de dominio romano con la delimitación de fronteras, el ordenamiento de las obligaciones financieras de las provincias con un reajuste de tributos, en fin, la decisión sobre el destino de aquellos núcleos que mayor resistencia habían ofrecido.

La conquista de las Baleares

Si hacemos excepción de la campaña al norte del Duero realizada en 137 por Sexto Junio Bruto, que llevó a las armas romanas por primera vez hasta tierras galaicas y que proporcionó al general el sobrenombre honorífico de Galaicus por sus victorias en la región y la concesión del triunfo, aparte de las guerras en Celtiberia y Lusitania y los veinte años siguientes a la destrucción de Numancia, el único acontecimiento histórico digno de mención es la conquista de las Islas Baleares.

Desde la mitad del Siglo VII a. C. estas islas habían estado incluidas en la esfera de interés de Cartago, que colonizó sus costas, en las que fundó varias ciudades como Guiuntum, Bocchori, Iamo, Mago... Perdidas tras la II Guerra Púnica, Roma no se preocupó de su destino hasta el año 123, en que uno de los cónsules, Q. Cecilio Metelo, fue enviado al archipiélago con una flota para intentar su conquista, con el pretexto de detener la alarmante progresión de la piratería en las islas. No faltaban otras razones poderosas para buscar su dominio y, en primer lugar, la necesidad de hacer practicable y segura la ruta de Hispania por mar, además de las posibilidades económicas que el archipiélago ofrecía por la riqueza de sus tierras, productoras de grano y vino. Pero existía también un motivo político, puesto de manifiesto por Gwyn Morgan. Por esta época se estaban llevando a cabo campañas en la Galia Transalpina y Cerdeña.

La intervención en las Islas Baleares parece inscribirse en una operación de largo alcance que incluía los tres puntos, encaminada a asegurar la ruta marítima que unía Italia con la Península Ibérica. La inestabilidad en la Galia Transalpina tornaba insegura la ruta terrestre hacia la Península, con lo que se hacía más necesaria la vía marítima cuya utilización podía estorbar la proliferación de la piratería, tanto en el archipiélago balear como en Cerdeña. Existía un inminente peligro de que, expulsados los piratas de Cerdeña, buscaran continuar la resistencia en los puertos y refugios de las Baleares. Por otro lado, era proverbial la habilidad de los isleños en el arte de utilizar la honda, y honderos Baleares habían sido ya utilizados por los ejércitos cartagineses e incluso por los romanos. Esta importancia militar de los honderos y el intento de exclusividad en su utilización fueron también motivos esgrimidos por la dirección política romana para justificar la conquista. Y precisamente en las operaciones militares, la principal dificultad con la que tuvo que enfrentarse Metelo fue la lluvia de proyectiles lanzados por los isleños contra las tropas romanas durante el desembarco. El general recurrió a la estratagema de cubrir las naves con pieles tensadas sobre las que rebotaban las piedras, como cuenta Estrabón. Una vez en las islas, las operaciones no presentaron apenas dificultades y se redujeron a meras operaciones de policía, desalojando a los piratas de sus escondrijos. Metelo permaneció en el archipiélago hasta el 121, ocupado en la organización del territorio, en el que se establecieron dos núcleos urbanos, Palma y Pollentia (Pollensa), donde fueron asentados 3000 colonos, según Estrabón, sacados de entre los romanos de Iberia, posiblemente veteranos, licenciados de los ejércitos de Hispania, o colonos civiles de procedencia itálica, asentados desde tiempo atrás en la Península. A su regreso a Roma, Metelo recibió el triunfo y sobrenombre honorífico de Ballearicus.

Nuevas guerras en la Meseta

Por lo que respecta a la Península, tras la ordenación del territorio dictada por la comisión senatorial, una vez liquidado el foco rebelde de Numancia, las escasas fuentes de documentación con que contamos permiten deducir con suficiente claridad la pobreza de resultados de la acción militar romana en la Celtiberia y Lusitania llevada a cabo en los años anteriores. La novedad más importante es que los territorios que, anteriormente, habían sido considerados como glacis extraprovincial, fueron incluidos, tras 133, en la esfera de dominio romano propiamente dicho, con la sustitución de la política de pactos y de autonomía política por otra de sometimiento y administración directa. Las fuentes a que hacemos referencia, fundamentalmente Apiano y las escuetas noticias de las acta triumphalia, prueban que esta política era más programática que real, y, aunque de modo menos espectacular por lo menos en cuanto a su reflejo documental, continuará una segunda guerra en la Meseta que, como la anterior incluye derrotas romanas y victorias con suficiente entidad como para autorizar la celebración de triunfos, que prueban un volumen respetable y no una simple acción policial de represión de bandolerismo o de apaciguamiento social. En gran parte, puede asimilarse la acción romana en estas regiones al oeste del Ebro, a lo largo del Valle del Duero y al norte del Guadiana a la correspondiente a los primeros años de afirmación romana, tras la expulsión de los púnicos, en el Valle del Ebro y del Guadalquivir, antes de las ordenaciones de Catón en 195 y de Emilio Paulo en 189, respectivamente. Pero sus resultados habían de ser menos brillantes como consecuencia de las distintas condiciones geopolíticas y socioeconómicas de estos territorios interiores. A una mayor extensión superficial y pobreza de recursos hay que añadir la ausencia de estructuras urbanas y la plena vigencia de las culturas indígenas, con mucha menos penetración de elementos alógenos, semejantes a los que operan en la España ibérica de la costa levantina y del sur. Pero, fundamentalmente, el mayor obstáculo para un sometimiento estable está, sin duda, en las negativas condiciones socioeconómicas en que se debaten estas regiones.

Es un hecho, ya ampliamente observado, la existencia de una expansión celtíbera desde su región originaria en la Meseta hacia la periferia, cuyas causas, que las fuentes dejan entrever perfectamente, son la falta o excesiva pobreza de tierras de cultivo, que obliga a múltiples expedientes, desde la emigración pacífica y el mercenariado al saqueo. Este último, sobre todo, determina la intervención romana desde muy temprano para proteger las fronteras de dominio Provincial y tiene su culminación en la larga guerra de 154-133. Pero, sin duda, la inclusión del territorio celtíbero dentro de las fronteras de la Citerior y la ordenación posterior a Numancia, no sólo no solucionó los problemas económicos, sino que los agravó al favorecer a las clases dirigentes indígenas, como único soporte posible de este dominio, dada la incapacidad y falta de medios de la administración para asumirlo directamente. Con ello, al elemento económico, se añade otro social, de graves consecuencias. Y algún dato, precisamente de esta época posterior a Numancia, nos presenta el sombrío panorama de tensión en estos núcleos indígenas entre la población y sus instancias de gobierno, como la reacción de la población de Belgeda, en la Celtiberia, que, deseosa de entrar en guerra contra los romanos e impaciente por la política filorromana de sus dirigentes, acuchilló a los miembros del Consejo y prendió fuego a la sala de reunión, durante el gobierno del cónsul Valerio Flaco, en el año 93.

Esta falta o pobreza de tierras, causa de los desequilibrios, queda manifiesta en la estrategia, varias veces utilizada, de matanzas de pueblos enteros a los que, previamente, se reúnen desarmados en un lugar con la promesa de repartir las tierras. Sólo de la introducción de principios de urbanización y de una reorganización de la propiedad podían resultar principios durables y positivos, pero el gobierno romano, en este punto, se debatía entre la contradicción de unas metas que perseguían mantener sometido al territorio y los medios contraproducentes de conseguirlo mediante su oposición al desarrollo de concentraciones urbanas y sostenimiento de las oligarquías posesoras, que perpetuaban así las fuentes de su poder y las causas últimas del problema social. La consecuencia de este callejón sin salida será, por tanto, el expediente a la fuerza y, con él, la prolongación de la guerra hasta el total aniquilamiento indígena, apenas logrado tras la enérgica intervención de Pompeyo en la guerra sertoriana. Este panorama es extensible a la Lusitania, por causas semejantes, sobre las que llamamos la atención más arriba.

Así, a partir de 114 y hasta el año 93 a. C., se documentan, de forma casi ininterrumpida, año tras año, encuentros armados de variada fortuna e importancia entre las dos provincias hispanas, que podemos intentar ordenar para aclarar su curso.

El primer conflicto, tras las campañas de Bruto en la Ulterior y de Escipión en la Citerior, estalló en la Ulterior en 114 y, de nuevo, tuvo como protagonistas a los lusitanos. Fue Cayo Mario, el futuro oponente de Sila, el encargado, seguramente como propretor de la provincia, de reprimir la sublevación, que Plutarco, nuestra fuente de información, minimiza considerando los lusitanos como bandidos, tendentes a hacer del bandidaje la profesión más deseada. Sin embargo, la pacificación no fue completa. Al año siguiente, en 113, el nuevo pretor de la Ulterior, M. Junio Silano, hubo de enfrentarse de nuevo a los lusitanos. Pero sus éxitos tuvieron una contrapartida desgraciada al año siguiente, con la derrota y muerte en combate del sucesor de Silano, L. Calpurnio Pisón. En una preocupante coyuntura exterior, cuando las armas romanas se enfrentaban a una sublevación de esclavos en Sicilia, a la guerra contra Yugurta en África y a la amenaza de una invasión en la frontera norte de Italia por bandas de cimbrios y teutones, fue encargado en 111 Servio Galba del gobierno de la Ulterior con fuerzas precarias, dada la dificultad de encontrar los reclutamientos necesarios para atender a la pluralidad de frentes de guerra. Sólo en 109 el gobierno romano pudo lograr el envío de tropas de refresco al mando del nuevo pretor Q. Servilio Escipión, quien, al parecer, condujo operaciones victoriosas contra los lusitanos, que le valieron la concesión del triunfo, celebrado en Roma en 107. Pero no se trató de una pacificación durable: apenas dos años después, un ejército romano fue destrozado por los lusitanos, mientras la Citerior era sacudida por una invasión de bandas de cimbrios, que en 104 cruzaron los Pirineos orientales e irrumpieron en el Valle del Ebro, alcanzando incluso la Meseta. Los levantamientos y las consecuentes represiones continuaron en los años siguientes hasta la decisión senatorial de enviar a la Ulterior en 96 un ejército consular al mando del cónsul del año anterior, P. Licinio Craso. Las campañas del procónsul debieron de durar tres años y fueron premiadas con el triunfo en Roma en el 93. En ese mismo año, el pretor P. Cornelio Dolabela llevó a cabo las últimas operaciones de que tenemos noticias hasta la llegada de Sertorio, posiblemente simples acciones policiales destinadas a completar la obra de Craso. Por encima de estas interminables guerras, es digna de mencionar la noticia de la ayuda, como tropas auxiliares, prestada a las armas romanas en 102 por tribus celtíberas, para quienes el pretor M. Mario, acabada la campaña, consiguió del Senado el permiso para establecerlos en una ciudad, cerca de Colenda, en el Valle del Duero. En cuanto a la Citerior, entre la destrucción de Numancia y la acción de Sertorio, la situación no era más alentadora. Es cierto que en esta provincia la dura represión contra la ciudad celtíbera sirvió para disuadir a los indígenas de una nueva rebelión durante mayor espacio de tiempo; incluso en ocasiones, como la ya referida de 102, prestaron su apoyo, como tropas auxiliares, a los ejércitos que operaban en Lusitania. Pero tras la invasión de los cimbrios, que los propios celtíberos hubieron de rechazar ante la impotencia de las armas romanas para enfrentarse al problema, surgieron de nuevo movimientos de rebelión, sin duda, alentados por los éxitos alcanzados donde las tropas romanas habían fracasado. Los cimbrios, en efecto, cruzaron los Pirineos orientales en 104, como ya se ha dicho. Tras el saqueo de zonas comprendidas en el cuadrante nordeste peninsular, documentados por los hallazgos de numerosos tesorillos, y ante la resistencia opuesta por los celtíberos, las bandas de cimbrios abandonaron Hispania para unirse a los teutones y extenderse por la Galia.

Sabemos que en el año 99 el pretor de la Citerior, C. Celio Caldo, luchaba contra los celtíberos, y la nueva rebelión decidió al Senado romano a enviar al cónsul del 98, Tito Didio, que, prorrogado en el mando durante cinco años, condujo una serie de campañas. Que no se trataba de meras operaciones de policía lo demuestra el triunfo que obtuvo sobre los celtíberos en el año 93, y algunos detalles de la guerra, que manifiestan su dureza, como la matanza de 20.000 arévacos, el traslado de la ciudad de Termantia al llano, el asedio y toma de Colenda y la venta de sus habitantes como esclavos, la masacre de todos los habitantes de una ciudad vecina, fundada apenas cinco años antes por M. Mario para los auxiliares celtíberos que participaron en las luchas contra los lusitanos. Pero aún fue necesario el envío en 93 del cónsul C. Valerio Flaco para vencer la resistencia celtíbera. Sus campañas serían las últimas hasta las guerras sertorianas y tenemos algunos datos concretos sobre su acción, como el castigo infligido a la ciudad de Segeda por haber pasado a cuchillo a sus dirigentes, culpables de filorromanismo, o la sentencia emitida en relación con una querella de derechos de propiedad territorial y de regadío, planteada por varias ciudades del entorno de Salduie (Zaragoza), que se conservan en el llamado Bronce de Botorrita.

La evolución provincial

De los magros datos que proporciona nuestras fuentes parece deducirse que, tras estas campañas contra celtíberos y lusitanos, la dominación romana terminó por establecerse firmemente en la línea del Duero, donde se fijó, como límite natural, la frontera de las provincias. Pero si, a pesar de todo, podemos al menos intentar un esquema de los episodios bélicos, que llevan progresivamente las fronteras romanas hacia el oeste y el norte, sólo por indicios y noticias indirectas sabemos del desarrollo de la Hispania sometida durante la misma época. En cualquier caso, es indiscutible que, con sus limitaciones, el esfuerzo militar, decenio tras decenio, alejaba cada vez más hacia occidente la tensión propia de un estado de guerra, con lo que se aceleraba, en un ambiente más normalizado, el proceso de romanización en los ámbitos provinciales ya pacificados de antiguo, cuyos resultados hemos de basar apenas en media docena de datos que nos documentan sobre aspectos muy distintos y discutibles del mismo. Uno de ellos es la ya referida fundación de dos establecimientos romanos en las Baleares —Palma y Pollentia— llevada a cabo por Cecilio Metelo con 3000 colonos sacados de entre los romanos de Iberia. Este dato ha dado pie a la suposición de un respetable volumen de emigrantes en la Península para el último cuarto del Siglo II a. C. Pero si tenemos en cuenta la improbabilidad de una masiva colonización agrícola, hasta el punto de permitir extenderla a las Baleares, y la aún más difícil posibilidad de interpretar las fundaciones como asentamientos de veteranos, el dato sólo puede ser reducido a las justas proporciones de interpretar los «romanos» de Estrabón, el autor que proporciona la noticia, en el término general de portadores de una cultura romana. En la segunda mitad del siglo II, hay que considerar como tales en la Península, además de los itálicos que permanecen tras el servicio militar, a los hybridae e indígenas de los centros urbanos romanos o romanizados de Carteya, Cartago Nova, Tarraco o Corduba.

Un segundo documento, hasta cierto punto singular y generador de una riquísima bibliografía por los interesantes y múltiples aspectos que sugiere, es el decreto de Pompeyo Estrabón, el padre de Pompeyo el Grande, por el que se concede la ciudadanía virtutis causa, tras el asedio de Asculum (Áscoli), en 89 a. C., durante la llamada «guerra social» que enfrentó a los romanos con sus aliados itálicos, a un escuadrón de jinetes indígenas de la región del Ebro, la Turma Sallvitana. El excesivo alcance que para la romanización se concede generalmente al documento es preciso puntualizarlo y limitarlo en su justa proporción. La utilización de indígenas como auxilia en el ejército romano contaba con una larga tradición anterior, sin que ello aporte un elemento esencial a la romanización por las condiciones en que esta inclusión tuvo lugar, la imposibilidad de recurrir a aliados itálicos contra los que Roma se hallaba enfrentada en esta guerra. La concesión de ciudadanía, en este caso, es, por ello, mas una excepción que una regla y viene a indicar, por el contrario, que la región de procedencia, el Valle medio del Ebro, en torno a Salduie (Zaragoza), incluida desde antiguo en la zona de dominio Provincial, aún mantenía viva una tradición guerrera y estructuras indígenas propias. No mucho después, en 82, conocemos también la presencia de jinetes celtíberos en el ejército de Mario y Carbón, reclutados, en condiciones similares, en una región sobre cuyo estadio de romanización no cabe duda cuando, por la misma época, el pretor Valerio Flaco aún los combatía en sus territorios de origen.

En cambio, podríamos deducir una situación distinta en la Ulterior, limitándola, eso sí, a muy concretas regiones, del episodio, narrado por Plutarco con tintes novelescos, sobre la huida de Licinio Craso a Hispania para encontrar refugio en las tierras costeras de Vibio Paquiano, probablemente un rico hispaniense. Es un ejemplo más de la elección de la Península como meta de refugiados políticos, tanto «populares», como Junio Bruto y, más tarde, Sertorio, como «Silanos». El enfrentamiento civil en el que desemboca finalmente la crisis de la República a comienzos de los 80, arroja de Roma, ante la perspectiva de perder la vida, a cientos de políticos de causa perdida. Hispania, sin duda, no es un destino al azar, sino un punto de atracción como lugar de exilio por sus condiciones político-sociales, asimilables, en zonas concretas, a las propias de Italia, pero, al mismo tiempo, inmenso campo colonial abierto a un robustecimiento, tanto por sus riquezas materiales como por la posibilidad de reclutamiento de soldados con los que volver a emprender la lucha, como demuestra el episodio de Craso. Es realmente paradójico, pero no por ello menos cierto, que el espacio de una administración estéril y sin iniciativas en cuanto a la integración de las provincias de Hispania sea, en parte, llenado como consecuencia de una situación anormal como es la decantación límite en enfrentamiento armado a que se ve abocada la crisis política republicana. Pero ahora basta con testificar, el regiones concretas de la Península —la costa oriental y meridional mediterránea y limitados centros urbanos—, el progreso de una romanización que permite este cauce de emigración política. Y hacemos hincapié en subrayar esta limitación por qué un último dato, fechable en estos años de transición del siglo II al siglo I, prueba como en este mismo ámbito, donde más fuertemente debían incidir elementos romanizadores, en ocasiones, la población indígena podía reaccionar violentamente contra la explotación que superaba con mucho los intentos positivos de integración: los habitantes de Castulo, centro urbano principal de una de las más ricas regiones mineras, con la ayuda de una comunidad vecina, pasaron a cuchillo a los soldados romanos allí alojados.

El material presentado, ciertamente, es parco, pero contiene los elementos precisos para dudar razonablemente del alcance de la romanización no sólo en los territorios incorporados a las provincias hispanas tras Numancia, sino incluso en las pacificadas anteriormente, y desautorizan la hipotética excepcionalidad, en ocasiones señalada, de un aporte de elementos que sólo se produce posteriormente, como las concesiones de ciudadanía, urbanización y extensión de la colonización itálica. La imagen compleja que permiten adivinar las fuentes presenta una serie de situaciones escalonadas, de la costa al interior, en cuanto al grado de romanización: los resultados más maduros los ofrece la costa mediterránea y su inmediato hinterland, así como zonas concretas del Valle del Guadalquivir, en donde, a la tradicional incidencia de una emigración itálica limitada, tanto militar como civil, atraída por las ventajas económicas derivadas de la explotación del subsuelo, agricultura, comercio y banca, se añade ahora otra política, de incalculable importancia por su reducido volumen, puesto que interesa e inserta a la población indígena en problemas específicamente romanos. En un grado menor, la costa catalana y el bajo Valle del Ebro, en la Citerior; la Beturia y el actual Algarve portugués, en la Ulterior, definitivamente pacificados, inician una romanización como consecuencia de la acción normalizadora de la administración pero con una mayor pervivencia de las anteriores estructuras indígenas, en parte, tribales. Finalmente, la Meseta, del Guadiana al tajo, con el Valle del Duero, apenas si puede considerarse precariamente sometida, sin la presencia de elementos estimulantes para una transformación de sus bases socioeconómicas tradicionales.

Los mediocres resultados de unos métodos rutinarios de administración, sin fantasía política, encauzados en los raíles de su propia inercia, se verán, sin embargo, acelerados como consecuencia de esta excepcionalidad a que se ve sometida la vida provincial, arrastrada, en principio pasivamente, en el torbellino de la crisis de la República romana. Los tímidos inicios de esta inclusión, que hemos visto en la presencia de emigrados políticos en los albores del Siglo I, se ampliarán con la acción de Sertorio, para continuar ininterrumpidamente hasta la propia agonía de la República.

SERTORIO

La crisis republicana: optimates y populares

Es necesario para comprender la importancia que para la historia peninsular tiene la aventura hispana de Sertorio referirse de nuevo a la crisis interna que sacude la República romana a partir del último tercio del Siglo II a. C.

Problemas económicos, egoísmos personales y de clanes, desajustes políticos e inquietud social coincidieron trágicamente para desatar la primera crisis revolucionaria de la República en el año 133 a. C. el intento de reforma agraria protagonizado por un idealista tribuno de la plebe, Tiberio Graco —el hijo del pacificador de la Celtiberia—, abortó frente a la recalcitrante actitud de la oligarquía senatorial, pero, en cambio, consiguió romper la tradicional cohesión en la que esta oligarquía había basado desde siempre su dominio de clase. Tiberio y su hermano Cayo descubrieron las posibilidades de hacer política contra el poder y extender a otros colectivos, hasta entonces al margen de la política, el interés por participar en los asuntos de Estado. Si bien esta politización no trascendió fuera de la nobleza, en su seno aparecieron dos tendencias, que minaron el difícil equilibrio en el que se sustentaba la dirección del Estado. Por un lado, quedaron los tradicionales partidarios de mantener a ultranza la autoridad absoluta del Senado, como colectivo oligárquico, los optimates; por otro, y en el mismo seno de la nobleza, surgieron políticos individualistas que, en la persecución de un poder personal, se enfrentaron al pueblo con sinceras o pretendidas promesas de reformas y, por ello, fueron llamados «populares».

Durante mucho tiempo, aún tras el fracaso de los Graco, el contraste político se mantuvo en la esfera de lo civil. Era en el Senado donde se dirimían las diferencias de opinión, donde se ajustaban pactos, donde se hacían y deshacían coaliciones y grupos de intereses. En ciertos casos, y sobre todo a partir de la praxis revolucionaria introducida por los Graco, el contraste político trascendía de la alta Cámara a los comicios populares, en los que se integraban los ciudadanos romanos como colectivo político.

La crisis del ejército

Un elemento, cuyas consecuencias en principio no fueron previstas, iba a romper con esta trayectoria de contraste político estrictamente limitado a la esfera de lo civil y a las instituciones tradicionales. Fue, a finales del Siglo II a. C., la profunda reforma operada por un advenedizo, Cayo Mario, en el esquema tradicional del ejército romano. Soberbio y apasionado, el protegido del clan aristocrático de los Metelo, alimentado por un odio irreprimible contra la aristocracia, encontró la solución a los problemas en los que desde la guerra de Numancia se debatía el ejército, al romper los lazos, hasta entonces íntimamente ligados, entre agricultores y organización militar. Si hasta entonces el servicio militar estaba unido al censo, es decir, a la clasificación del ciudadano por su posición económica —y, por ello, excluía a los proletarii, aquellos que no alcanzaban un mínimo de fortuna personal—, Mario logró que se aceptase legalmente, a partir de 107, el enrolamiento de proletarii en el ejército.

Las consecuencias no se hicieron esperar. Paulatinamente desaparecieron de las filas romanas los ciudadanos cualificados por medios de fortuna —y, por ello, no interesados en servicios prolongados que los mantenían alejados de sus intereses económicos—, para ser sustituidos por ciudadanos que, por su propia falta de medios económicos, veían en el servicio de las armas, sino una profesión en sentido estricto, puesto que tuvo hasta época imperial un ejército profesional y permanente, sí una posibilidad de mejorar sus recursos de fortuna o labrarse un porvenir.

Fue precisamente esa ausencia de ejército permanente, que condicionaba los reclutamientos a las necesidades concretas de la política exterior, el elemento que más favoreció la interferencia del potencial militar en el ámbito de la vida civil. Si el Senado dirigía la política exterior y autorizaba en consecuencia los reclutamientos necesarios para hacerla efectiva, el mando de las fuerzas que debían operar en los «puntos calientes» de esa política estaban en manos de miembros de la nobilitas (aristocracia), que apenas tenían el débil e ineficaz control senatorial por encima de su voluntad, última instancia en el ámbito de operaciones confiado a su responsabilidad, en su «provincia».

Lógicamente, el soldado que buscaba mejorar su fortuna con el servicio de las armas se sentía más atraído por el comandante que mayores garantías podía ofrecer de campañas victoriosas y rediticias. La libre disposición del botín por parte de aquél, por otro lado, era un excelente medio para ganar la voluntad de los soldados a su cargo con generosas distribuciones. Y como no podía ser de otra manera o mas fueron creándose lazos entre General y soldados que, más allá del simple ámbito de la disciplina militar, se convirtieron en auténticas raciones de clientela, que, aún después del licenciamiento, continuaban en la vida civil.

La crisis itálica

Pero para qué el ejército interviniera directamente en la política interior fue todavía necesario que ésta se emponzoñara hasta los propios límites de la guerra civil.

Fue la cuestión itálica la larga reivindicación de los aliados itálicos para ser integrados en el Estado romano como ciudadanos de pleno derecho. Desde generaciones, estos aliados habían ayudado a levantar el edificio en que se asentaba la grandeza de Roma, gracias al original sistema con el que la ciudad del Tíber aglutinó bajo su hegemonía a los pueblos y ciudades de Italia. La expansión del Estado romano por el Mediterráneo, en el que las comunidades aliadas habían participado con las legiones romanas, contribuyó a minar los sentimientos nacionalistas, propios de cada una de ellas, para sentirse miembros de una comunidad superior, la de este Estado. La lógica consecuencia, la integración itálica en el Estado romano, no se produjo sin embargo, y el gobierno reaccionó ante la petición de igualdad con una mayor intervención en la autonomía interna de las comunidades y con provocaciones innecesarias. A comienzos del Siglo I a. C., para muchos itálicos el deseo de integración derivó peligrosamente hacia sentimientos nacionalistas que sólo veían en la rebelión armada el final de la dominación.

Y efectivamente, esta rebelión estalló a finales del 91 a. C. la llamada «guerra social» (de socii, aliados) fue uno de los más difíciles retos a que hubo de enfrentarse el Estado romano desde los lejanos días de la invasión de Aníbal. Porque, en suelo italiano, era con los propios aliados en los que Roma había descargado buena parte de su potencial militar con los que debía enfrentarse en el campo de batalla. Sin embargo, la formidable fuerza de la confederación itálica logró reunir —unos 100.000 hombres— estaba debilitada por su propio paradójico objetivo: destruir un estado en el que deseaban fervientemente integrarse. Bastó que el peligro abriese los ojos al gobierno y le hiciera ceder en el terreno político —concesión, mediante una serie de provisiones legales, de la ciudadanía romana a los itálicos que así lo solicitaran— para que el movimiento se deshiciera. Pero, mientras tanto, hubo que responder con las armas al levantamiento.

La pluralidad de frentes que los aliados abrieron contra su antigua cabeza hegemónica obligó a formar varios cuerpos de ejército, encomendados a distintos miembros de la nobleza romana en calidad de magistrados o de portadores de imperium: Pompeyo Estrabón, L. Julio César, Cornelio Sila..., Que hubieron de actuar siguiendo sus propias iniciativas y, en ocasiones, invirtiendo sus propios medios personales para reunir o potenciar sus fuerzas. Este fue el caso, por ejemplo, de Cneo Pompeyo Estrabón, un terrateniente del Piceno, antiguo pretor, al que le fue confiada la difícil misión de conquistar una de las plazas fuertes de la confederación, Asculum, donde se distinguió como ya sabemos, el escuadrón de caballería formado con hispanos, la Turma Sallvitana. Cuando, en uno de los primeros combates, sus tropas fueron drásticamente diezmadas, Pompeyo completó las maltrechas filas con reclutas procedentes del Piceno, y precisamente recurriendo a lazos personales de clientela que le ligaban con la región. El poder y prestigio alcanzados por estos comandantes al frente de ejércitos devotos era un potencial demasiado obvio para rehusar a instrumentalizarlo llegado el caso, al servicio de intereses políticos personales.

Si Roma logró conjurar en un relativamente corto espacio de tiempo el gran peligro itálico, a excepción de algunos focos aislados en el sur, las consecuencias o, mejor, las secuelas de la guerra fueron de extraordinaria gravedad para la estabilidad del Estado y, sin duda, condicionantes de la guerra civil. En primer lugar, si el gobierno atajó las imprevisibles consecuencias de la guerra con medidas políticas, éstas fueron insuficientes, puesto que los nuevos ciudadanos no fueron incluidos en pie de igualdad en el cuerpo político romano, creándose con ello nuevas e innecesarias fuentes de conflictos. Pero había también graves secuelas económicas. La guerra había asolado gran parte de Italia, la propiedad inmueble se vio lastrada por gigantescas deudas y en la ciudad el dinero se hizo escaso, lo que aumentó la crispación social. Todavía más, la guerra había obligado a relegar a un segundo plano la política exterior: no sólo se redujeron las fuentes de ingresos provinciales, sino que los enemigos exteriores de Roma creyeron ver el momento oportuno para una política antirromana de largo alcance. Este fue el caso de Mitridates del Ponto, una dinastía de Anatolia, que intentó sublevar toda Asia Menor contra el dominio romano.

Mario y Sila

En estas condiciones, en el año 88 a. C., un joven tribuno de la plebe, P. Suplicio Rufo, presentó una serie de propuestas legales, que pretendían reformas políticas y sociales, entre ellas, la igualación política de los nuevos ciudadanos. La recalcitrante oposición de la nobilitas senatorial, acaudillada por el cónsul L. Cornelio Sila, obligó a Sulpicio a la utilización de métodos revolucionarios: movilización de las masas y alianzas con personajes y grupos de tendencia popular, entre ellos y sobre todo, C. Mario. Como medida de presión y gracias sus prerrogativas de tribuno, Sulpicio consiguió arrancar a la asamblea popular un decreto que quitaba a Sila el mando de la inminente campaña que se preparaba contra Mitridates del Ponto —campaña que prometía sustanciosas ganancias— para transferirla a Mario. Sulpicio actuaba así en la línea de los tribunos populares que había comenzado con los Graco y que utilizaban la asamblea como trampolín político. Pero los tiempos habían cambiado. Sila se hallaba en esos momentos en Campania, al frente de un ejército que asediaba Nola, uno de los últimos reductos rebeldes de los aliados. Y con sutiles argumentos demagógicos hizo ver a los soldados que la transferencia del mando de la campaña de oriente a Mario les privaba de la posibilidad de enriquecerse, puesto que serían los soldados de Mario los que coparían gloria y ganancias. Los soldados se dejaron conducir hacia Roma. Y con la entrada de Fuerzas Armadas en la urbe se cumplía el último paso de un camino que llevaba a la dictadura militar. Por primera vez se había violado el marco de la libertad ciudadana de la constitución.

La guerra contra Mitrídates urgía y Sila apenas si pudo, con elementales medidas de represión y decretos arrancados por la fuerza, intentar cubrirse las espaldas antes de su marcha a oriente. Pero el provisorio orden sólo había sido posible con el concurso del ejército, sin tener en cuenta la realidad política y, ello, estaba llamado a desaparecer tan pronto como éste dejara de hacer sentir su peso sobre la ciudad. Cinna, uno de los cónsules del 87, expulsado de Roma por la oligarquía senatorial cuando se atrevió a modificar las medidas de Sila, regresó a Roma al frente también de un ejército en el que formaban Mario y sus veteranos. La ciudad fue ocupada por segunda vez y, después de un baño de sangre desatado contra los miembros de la nobleza senatorial prosilanos, el régimen instaurado por Cinna intentó un desesperado programa de estabilización, con una política de componendas que no podían tener éxito mientras siguiera pendiente la amenaza de un regreso de Sila triunfante, al frente de un devoto ejército.

Y, en efecto, los días del estéril régimen de Cinna estaban contados cuando Sila desembarcó en Brindisi en la primavera del 83, al frente de su ejército de veteranos, enriquecido y absolutamente leal a su comandante. E Italia no pudo evitar los horrores de dos años de una encarnizada guerra civil, que, finalmente, llevaron a Sila a las puertas de Roma. La ciudad, después de un último encuentro sangriento, capituló ante el general, y Sila pudo imponer por segunda vez su voluntad, pero ahora con resultados más cargados de consecuencias.

La dictadura de sila

Dueño absoluto del poder por derecho de guerra, Sila consideró llegado el momento de remodelar el Estado apoyado en dos pilares fundamentales: la concentración del poder y la voluntad de restauración del viejo orden tradicional. Pero antes creyó necesario compensar la represión que sus enemigos habían desencadenado en la ciudad durante su ausencia con otra de signo contrario, las proscriptiones o listas de ciudadanos, considerados enemigos públicos y, en consecuencia, reos de la pena capital, que costaron a Roma la pérdida de casi 5000 miembros de los dos estamentos privilegiados de la sociedad: senadores y caballeros.

También era preciso premiar a los soldados que le habían proporcionado el poder. Con las fortunas de los proscritos y las propiedades de las comunidades italianas que se habían opuesto, proporcionó tierras de labor a más de 100.000 veteranos. Esta gigantesca colonización, que cumplía de un modo dudoso la vieja aspiración social de una reforma agraria de Italia, estaba asentada, sin embargo, en los pilares del rencor y la venganza y, por ello, sólo generó profundos odios en la sociedad romana.

Para concluir sus planes de reforma, Sila necesitaba primero legitimar de algún modo su poder. Y encontró la solución en el recurso a una vieja magistratura de carácter extraordinario, arrinconada desde los difíciles días de la II Guerra Púnica, la dictadura. El dictador se aplicó así a la paradoja tarea de restaurar el tradicional sistema aristocrático con métodos revolucionarios. Tres direcciones fundamentales fueron el objetivo de atención del reformador sus puntos el primero, la regeneración del cuerpo que habría de soportar el peso de la dirección del Estado el Senado. Los terribles años entre la guerra social y la definitiva victoria de Sila habían producido muchos huecos en los 300 asientos de la Cámara, que el dictador llenó y todavía duplicó con sus criaturas. Los restos de la vieja nobilitas se vieron así desbordados por advenedizos, expuestos a asimilar rápidamente no sólo las tradicionales virtudes, sino también los vicios de la aristocracia romana.

En segundo lugar, Sila amplió el poder de la alta Cámara con otro paquete de reformas destinado a convertir el Senado en el órgano exclusivo de dirección política del Estado, al eliminar o debilitar al máximo la institución que, desde mediados del Siglo II a. C., había propiciado en colaboración con el pueblo una obra legislativa al margen e incluso pospuesta a los intereses del Estado. Esta institución, el tribunado de la plebe, fue desposeída por Sila de su capacidad legislativa y condenada, por ello al ostracismo. Por último, Sila no descuidó precauciones para evitar que se repitieran los presupuestos que habían posibilitado su propia usurpación del poder. Una serie de medidas legales se encaminaron a desmilitarizar Italia —donde el ámbito de competencia de los magistrados debía reducirse a la esfera de lo civil— y a evitar que en las provincias, donde el ejercicio de la soberanía imponía la necesidad de fuerzas militares, los gobernadores o promagistrados tuviesen la posibilidad de concentrar un poder susceptible de tornarse peligroso para la estabilidad de la res pública. Fue fijado estrictamente el número, orden y coordinación de magistrados, promagistrados y provincias; se limitó el tiempo de gobierno provincial y, sobre todo, el ámbito espacial de jurisdicción de cada gobernador, restringido a las fronteras de su provincia. Después de tres años de activa labor legislativa, Sila, en el 79, depuso la dictadura y se retiró a la vida privada. Con su fallecimiento al año siguiente se abría el último y trágico acto de descomposición de la república oligárquica.

El desmoronamiento del orden Silano: la figura de Sertorio

Sila había entregado las riendas del Estado a una nobleza senatorial previamente debilitada no sólo por la drástica vía de las proscriptiones, que le habían privado de la buena parte de su sustancia, sino por la inclusión en ella de arribistas y gentes sin escrúpulos, cuyo único título era la lealtad sentida o interesada al dictador.

Las provisiones legales que Sila había tomado para proteger el poder del Senado de poco podían valer si él mismo no lo tomaba firmemente en sus manos, recuperando autoridad, confianza y capacidad de decisión. Pero a la debilidad interna de un colectivo que renacía viciado se añadieron los muchos ataques que lanzaron contra el sistema elementos políticos y sociales, perjudicados por el dictador o simplemente olvidados en su reforma. A estos ataques desde dentro vinieron a sumarse graves problemas de política exterior, sólo precariamente resueltos durante la dictadura silana. Y el débil gobierno senatorial hubo de buscar una ayuda efectiva, que sólo podía proporcionar quien estuviese en posesión del poder fáctico, que, como había enseñado Sila, se encontraba en el ejército.

La primera amenaza seria contra el régimen se produjo todavía en vida de Sila. Las prescripciones arrojaron de Roma a cientos de políticos, militantes de las filas antisilanas, que buscaron en el exilio salvar la vida. Entre ellos se encontraba Quinto Sertorio, lugarteniente de Mario y activo miembro del gobierno de Cinna, que eligió como meta de su destino la Península Ibérica.

Formado en la escuela militar de Mario, a cuyas órdenes había combatido contra los cimbrios, Sertorio, de origen sabino, durante el intervalo popular entre los dos golpes de estado de Sila, había sido nombrado gobernador de la Hispania Citerior. Lógicamente, tras la segunda marcha contra Roma, Sertorio fue destituido y, desde entonces, se convierte en un rebelde, que, desgajado de su partido, asumirá la responsabilidad de dirigir la lucha contra el dictador desde un territorio rico en posibilidades como la Península. Deja así de ser un político antisilano más para transformarse en el personaje mítico y controvertido que, con la aureola de héroe o el sambenito de traidor, nos presentan respectivamente Plutarco y la tradición histórica ligada al círculo de Pompeyo.

La investigación no supo sustraerse a estas imágenes ni a la fascinación del personaje, proyectado anacrónicamente en el mundo contemporáneo. Mommsem, el activo nacionalista alemán de mitad del siglo XIX, convierte a Sertorio el revolucionario popular, en el original rebelde contra un régimen oligárquico odioso. Pero a este cliché proyectaría todavía A. Schulten el romanticismo de un alemán enamorado, pero no conocedor de España, engarzando indisolublemente personaje y marco geográfico, hasta crear un paradigma, de larga fortuna en nuestro país, de un Sertorio «nacionalizado», bandera y portaestandarte de las esencias de libertad del «pueblo español» contra el opresor extranjero. Los excesos de esta tradición filosertoriana no tardaron en despertar una corriente que, apoyada en las fuentes del círculo Pompeyano cuyas raíces proceden de Livio, presentó una imagen contraria del personaje, rebajándolo a simple aventurero o soldado de fortuna, cuando no traidor. Estaba abierta la polémica y, desde entonces, las biografías, trabajos o tesis sobre Sertorio se han sucedido, defendiendo cada una de las posturas o procurando desembarazarse de ellas con nuevas interpretaciones neutrales. En el marco de la historia de Roma y en el período concreto de la restauración Silana, la acción relevante de Sertorio es sólo el hecho de su desafío, desde la base de Hispania, al gobierno constituido, el peligro de sus victorias a la estabilidad de este régimen y, con la licencia de una anticipación, la ocasión que su actitud contestataria ofrecería a la promoción de Pompeyo. Pero también es cierto que en la aventura de Sertorio la Península adquiere un papel de protagonista, en su paisaje, escenario de violentos combates, y en sus hombres, que ofrecieron al caudillo romano los medios para resistir con fortuna contra las fuerzas enviadas desde Roma para aniquilarlo ni Sertorio es hispano, ni Hispania jamás representó para el algo más que un punto de apoyo, producto de las circunstancias. Pero estas mismas circunstancias convertirían la lucha de Sertorio en la Península en uno de los últimos episodios de la larga serie de guerras por la definitiva anexión del interior peninsular, con importantes consecuencias para la conformación compleja en el ámbito de la romanización de la Hispania romana.

Sertorio en Hispania

Conocida su destitución por el régimen Silano como gobernador de la Citerior, Sertorio apresuró su entrada en la Península y se instaló en ella durante un breve gobierno en el que las fuentes destacan como rasgos sobresalientes la afabilidad de trato con los indígenas, el alivio en la percepción de tributos y el levantamiento de la pesada carga que significaba el alojamiento de los soldados en las poblaciones. Pero el gobierno Silano envió contra el rebelde a C. Annio Fusco, que, en la primavera del 81, derrotó al lugarteniente de Sertorio, M. Livio Salinator, y obligó al caudillo a embarcar en Cartago Nova con sus tropas en busca de otras tierras donde rehacer su fortuna.

Podemos pasar por alto las aventuras del pequeño ejército sertoriano hasta la nueva y definitiva etapa hispana, en el escenario del norte de África. Desde Mauritania, en el curso del año 80, Sertorio, a la cabeza de la tropa compuesta de exiliados romanos y africanos, desembarco en Baelo (cerca de Tarifa, Cádiz), donde, tras incrementar sus fuerzas con contingentes lusitanos, venció al propretor de la Ulterior y pudo, sin ser estorbado, dirigirse a Lusitania. Carece de apoyo en las fuentes cualquier especulación sobre el sorprendente ofrecimiento de caudillaje que estos lusitanos hicieron a Sertorio, así como los propósitos de uno y otros. En cualquier caso, la Lusitania era todavía, después de casi un siglo, el territorio salvaje y terrible que continuaba amenazando la paz de la Ulterior, y el propio Sila, consciente del peligro, no dudó en transferir el gobierno de la provincia, para hacer frente al rebelde, a su propio colega de Consulado, Cecilio Metelo Pío, con dos legiones. Metelo, sin embargo, en la Lusitania, se encontraría en inferioridad de condiciones. Sertorio conocía el terreno y contaba con el apoyo indígena. Por ello, su espectacular avance sobre la bética, jalonado con fundaciones —Metellinum (Medellín, Badajoz) y Castra Caecilia (cerca de Cáceres)—, hacia el interior de Lusitania, terminó en una encerrona, que le privó de la mitad de sus efectivos. Mientras, el lugarteniente de Sertorio, Hirtuleyo, neutralizaba la posibilidad de una conjunción de otras fuerzas gubernamentales, procedentes del Norte, con el ejército de Metelo, al vencer por separado a los gobernadores de la Citerior y de la Narbonense. Metelo hubo de retirarse, después de dos años de fracasos, a Córdoba, débil para otra cosa que no fuera una actitud meramente defensiva, mientras que Sertorio encontraba abierto, gracias a su lugarteniente, el camino de la Citerior. En el año 77, sin apenas resistencia, Sertorio pudo avanzar por la provincia, atrayendo o sometiendo las comunidades indígenas, pero sobre todo, logró la alianza de las tribus celtíberas y la extensión de su influencia hasta el Ebro, el territorio más rico y romanizado de la Citerior. En el curso del año, se unieron a sus ya respetables fuerzas híbridas-indígenas refuerzos procedentes de Cerdeña, al mando de M. Perpenna.

Salvo algunas ciudades de la costa levantina, Sertorio era dueño de toda la Hispania Citerior y contaba con la ferviente devoción de los indígenas. El caudillo creyó llegado el momento de reorganizar su ámbito de dominio, no sólo con preparativos de guerra, sino mediante instituciones que dieron la impresión de un Estado de derecho consolidado y estable. Y así, a la vez que organizaba un ejército romano con su armamento y táctica, con efectivos predominantemente indígenas, tomaba una serie de iniciativas políticas como la formación de un Senado con exiliados romanos, la elección de magistrados e incluso la fundación de una escuela en Osca (Huesca), su centro de operaciones y capital, para la educación romana de los hijos de la aristocracia indígena, excelente medio, por otra parte, para contar con rehenes que aseguraran la lealtad de sus aliados autóctonos.

Sin embargo, el territorio donde se extendía la influencia de Sertorio agrupaba una heterogénea población, cuyos lazos del caudillo debieron de ser de signos muy distintos. En primer lugar, la Lusitania casi no había sido incluida dentro de las fronteras romanas, ya que las campañas llevadas a cabo en el período anterior apenas pueden considerarse más de represalia y exploración que de definitiva conquista; los núcleos urbanos eran de base totalmente indígena y los distintos grupos étnicos y organizaciones sociales, en cuanto se anclaron a la aventura de Sertorio, lo hicieron probablemente sobre la base de mantener su independencia, utilizando para ello las dotes de un nuevo dirigente.

Más hacia el este, en la Meseta, los pueblos celtíberos y vacceos meridionales contaban ya con una larga tradición de relaciones con los romanos, pero también hasta muy recientemente estas relaciones había sido de signo negativo, basadas en las expediciones y campañas bélicas romanas de sometimiento. El territorio, sin embargo, en este caso, estaba ya incluido dentro de las fronteras de la Hispania Citerior y, de algún modo, debían haber comenzado un tipo de relaciones basado en lazos más fructíferos que los del simple enfrentamiento. Quizá actuó en la decisión de unirse a Sertorio un espíritu aún de rebeldía y liberación similar al lusitano, aunque no podemos descartar, al menos para el núcleo de la Celtiberia, metas más acordes con su larga tradición de súbditos del Estado romano, y con los sentimientos de independencia, también debió de intervenir un interés en variar su suerte con el nuevo gobierno propuesto por el romano, pero siempre dentro de los límites del imperio. En cualquier caso, tanto a unos como a otros, lusitanos y celtíberos, Sertorio trató de unirlos a su causa utilizando lazos sagrados, de vieja tradición indígena, que los romanos conocían bien y que tenían un fuerte arraigo en la Península. Se trata de la devotio ibérica (vínculo militar y religioso), institución bien documentada en la Antigüedad hispana, de cuyos fuertes lazos de fidelidad personal tenemos abundantes ejemplos en las fuentes griegas y romanas que se refieren a Hispania.

Todavía más al Este, en el Valle del Ebro y la costa levantina, la población indígena había estado sometida a más de un siglo de influencia continua romana, aumentada en este caso por los contingentes militares y civiles procedentes de la Península itálica, que habían fijado definitivamente su residencia en la provincia hispana. Si Sertorio asentó aquí sus bases de operaciones y trató de llevar la lucha a este escenario, no es producto de una casualidad, sino de un plan bien estudiado. La adhesión a Sertorio de estos hispanienses, en una gran medida no era otra cosa que la identificación de amplias capas de la población italorromana con el Partido Popular y con su programa de derrocamiento de la dictadura de sila y del gobierno oligárquico postsilano. Con ello, las guerras de Sertorio en la Península alcanzan una nueva dimensión porque son al mismo tiempo la primera extensión, documentada y de vasto alcance, del traslado de problemas político-sociales de la crisis romana al campo Provincial y de la participación activa y consciente de los provinciales en estos problemas. Y ello es así porque esta adhesión de los hispanos del Valle del Ebro y Levante al ideal sertoriano contó, sin duda, con una oposición entre los propios hispanos de otras zonas, fieles al gobierno senatorial. Es reveladora la posición mantenida por la Hispania Ulterior durante la guerra como base de aprovisionamiento y cuartel general de Metelo, y en ella jamás intentó Sertorio probar fortuna, consciente de la inutilidad de la empresa.

La intervención de Pompeyo

La situación en Hispania, volviendo a los acontecimientos, pareció en Roma lo suficientemente grave como para tomar nuevas medidas. La estéril campaña de Metelo en Lusitania no había resuelto nada; y, sobre ello, Sertorio, dueño de la Hispania Citerior, contaba ahora con los refuerzos acaudillados por Perpenna. Se hacía necesario el envío de un general que estuviese a la altura de las circunstancias, pero el Senado, con varios frentes en el Imperio, no pudo encontrar a nadie que se hiciese cargo de la empresa. Se decidió finalmente enviar a Hispania como procónsul con un imperium extraordinarium a Cn. Pompeyo, en el año 76 a. C.

Pompeyo, hijo de uno de los caudillos romanos de la guerra social —precisamente el concesor de la ciudadanía a la Turma Sallvitana del valle del Ebro— aún no había cumplido los treinta años y ya tenía tras de sí una carrera brillante. Gracias a su fortuna y a la tupida red de clientelas de su familia pudo ofrecer a Sila, en los turbulentos días de la lucha entre populares y optimates, un ejército privado, a cuyo mando mereció el título de imperator. Y continuó prestando servicios al partido optimate contra los marianos, que le hicieron acreedor de los honores del triunfo. Como su padre o el propio Sila, Pompeyo tendía a hacer realidad las aspiraciones tradicionales de todo miembro de la nobilitas romana: ser reconocido como el princeps, el primero entre los miembros de su estamento, pero, en este caso, con la utilización de métodos revolucionarios, cuya eficacia había probado en el largo período de guerras civiles. Pompeyo no estaba interesado políticamente, es decir, nunca pensó en enfrentarse o cambiar un régimen en el que pretendía integrarse como primera figura. Gran organizador y buen militar, sin experiencias políticas y sin interés por ellas, su idea dominante era ejercer una poderosa influencia sobre el Estado llegar a ser su patronus (protector o defensor), gracias a los servicios militares prestados, y disfrutar por ello del más alto respeto dentro del orden constitucional. Para lograr esta meta era necesario acumular servicios y extender poder e influencia a todos los ámbitos del Estado. Y uno de los campos más evidentes de poder era, sin duda, el que podían ofrecer las clientelas provinciales, el reconocimiento y respeto de pueblos y ciudades del imperio hacia su benefactor romano. Pompeyo lo comprendió así y utilizó la guerra sertoriana para fortalecer y ampliar sus clientelas en la Península Ibérica. De este modo, entraba en la historia de Hispania un personaje destinado a influir poderosamente en su evolución.

Pompeyo, con un ejército de 50.000 infantes y 1000 jinetes, tomó el camino de Hispania para, a través de los Alpes y la Narbonense, desembocar en la costa catalana, donde supo ganarse la confianza de las tribus de lacetanos e indigetes, en cuyo territorio pasó el invierno para prepararse para la campaña.

Sertorio por su parte se aprestó a la lucha que, dado el volumen de las tropas contrarias, sólo podía ser de desgaste, para que la situación de excepción creada por tantas fuerzas hiciera cada vez más difícil al enemigo su aprovisionamiento por parte de las poblaciones aliadas a las que habría de recurrir. Además, debía evitar un choque decisivo, que le sería desfavorable si se producía la conjunción de los ejércitos de Pompeyo desde el Norte con los que mandaba Metelo en la Ulterior: para ello necesitaba crear varios frentes, que hicieran esta unión imposible. Así, ante la campaña del 76, mando a Perpenna al territorio entre el Ebro y el Turia con el encargo de rechazar a Pompeyo, mientras que Hirtuleyo, en la Lusitania, procuraba entretener a Metelo para evitar que pudiera conjuntar con Pompeyo, recurriendo a la guerrilla, y él mismo tomaba a su cargo en abanico el amplio territorio del interior, entre la costa y Lusitania, para acudir a cualquiera de los dos frentes que necesitara su ayuda.

el plan de Pompeyo, mientras tanto, consistía en liberar la costa oriental, como punto de arranque para avanzar en el interior de la Meseta. De hecho el caudillo optimate no tuvo dificultad en franquear el Ebro, que Perpenna no pudo defender, y avanzar hacia el sur. Sertorio, a marchas forzadas, acudió al teatro de la lucha en la costa oriental y puso sitio a Lauro (quizá Llíria, Valencia) para evitar que Pompeyo pudiera alcanzar el cuartel sertoriano de Valentia. Tras vencer a un destacamento de Pompeyo, la ciudad hubo de entregarse a Sertorio, que pudo contemplar cómo el enemigo había de retirarse de nuevo al otro lado del Ebro.

Pero si había fracasado la estrategia de Pompeyo en la costa, en la Lusitania en cambio las fuerzas de Metelo lograron vencer al lugarteniente de Sertorio, Hirtuleyo, en Italica, con lo que se deshizo el frente occidental.

Para el año siguiente, el 75, la estrategia de Sertorio continuaba siendo la misma: era absolutamente necesario mantener alejado a Metelo del teatro de la guerra oriental, mediante un continuo hostigamiento por parte de Hirtuleyo. Pero el plan fracasó esta vez rotunda y definitivamente con una total victoria de Metelo sobre el lugarteniente de Sertorio, con lo que quedaba el camino libre por completo para acudir al frente oriental. En éste, los lugartenientes de Sertorio se manifestaron impotentes para oponerse al joven Pompeyo, que logró expugnar Valentia, la ciudad donde los sertorianos se habían hecho fuertes. Los vencidos se retiraron hacia el sur para unirse a Sertorio en la línea del Sucro (Júcar). Un primer encuentro entre Sertorio y Pompeyo resultó indeciso, pero mientras tanto se produjo la temida conjunción entre los ejércitos de Metelo y Pompeyo, y Sertorio no tuvo más remedio que replegarse hacia el Norte, para atrincherarse en Sagunto. Pompeyo, por su parte, tras un infructuoso ataque al núcleo abastecedor de Sertorio, la Celtiberia, se retiró al territorio de sus aliados vascones, plantando su campamento en Pompaelo (Pamplona), ciudad que debió de ser fundada por estas fechas (75 a. C.) con el nombre del joven caudillo romano.

El ocaso de Sertorio

De hecho, la campaña del año 75 había marcado ya el curso de la guerra. Sertorio, perdida la iniciativa, no podía impedir la actuación conjunta de los dos ejércitos gubernamentales y sólo podía ganar tiempo recurriendo a la guerra de guerrillas y alianzas desesperadas, como la controvertida con el propio rey del Ponto, Mitrídates, el encarnizado y tenaz enemigo de Roma, que, en todo caso, no llegó a cuajar.

En el año 74 las operaciones se trasladaron desde la costa de Levante al interior de la Península, el centro de aprovisionamiento y hombres de Sertorio. El plan estratégico consistía en lanzarse por dos puntos distintos contra las ciudades enemigas de la Celtiberia: el propio Pompeyo actuaría hacia el Oeste, en el Valle del Duero, en tierra de los vacceos; mientras, Metelo lo haría por el frente oriental, a lo largo del Valle del jalón, contra la Celtiberia el procónsul no pudo expugnar Pallantia, la capital, pero sí Cauca, otra importante ciudad vaccea. Metelo, por su parte, fue conquistando por el Este las ciudades de Bilbilis, Segobriga y otros pequeños puntos de la Celtiberia oriental. La conjunción de los dos generales para tomar Calagurris, llave del Valle del Ebro y de las comunicaciones hacia la Celtiberia, fracasó, sin embargo, ante la defensa personal que hizo Sertorio del sitio. Pero se trató de un éxito aislado en medio de graves problemas, que no hacían sino aumentar. Parapetados tras las murallas de núcleos indígenas y forzados a la convivencia con gentes extrañas y rudas, muchos romanos en el campo sertoriano comenzaron a pensar en la inutilidad de la lucha, y las defecciones aumentaron.

Para el año 73, se mantuvo la estrategia de la campaña anterior, pero ahora sin el concurso de Metelo, que regresó a la Ulterior. Pompeyo, como único comandante al frente de sus tropas, se aplicó a terminar la obra comenzada con éxito en la Celtiberia, barriendo de Oeste a Este los focos de resistencia. Así, por conquista o defección, fueron cayendo uno a uno los principales puntos fuertes de la Celtiberia, y Sertorio, desalojado de la Meseta, buscó hacerse fuerte en el Valle del Ebro, pero sólo pudo contar con las ciudades de Ilerda, Osca y Calagurris, ya que incluso las pocas plazas fieles que aún le quedaban a Sertorio en Levante, Tarraco y Dianium, fueron neutralizadas. Al acabar el año, pues, todos los frentes del rebelde se habían desmoronado y el propio caudillo iba a encaminarse a su fin en Osca, la ciudad que en otro tiempo había sido el centro de su original política: una vasta conspiración de sus más cercanos colaboradores puso fin a su vida en el curso de un banquete.

La investigación siempre se ha preguntado por las causas que condujeron al fracaso de la obra política de Sertorio y el porqué del trágico desenlace. De acuerdo con la tendencia de las fuentes, mientras el móvil del crimen habría sido la envidia —y, en particular, la de su colaborador, Perpenna— para las prosertorianas, la tradición hostil a Sertorio carga las tintas sobre la desafortunada acción sus últimos días, producto de una mente enferma y desequilibrada por la desesperación. Así la investigación esgrime como causas, por parte romana, la envidia de los exiliados ante la preferencia de Sertorio por los indígenas, el orgullo herido por su propia incapacidad frente al caudillo y el desaliento ante un destino que veían fracasado. Pero también los indígenas habrían tenido su parte de culpa en el fin de Sertorio, al menos de forma indirecta, al no apoyar suficientemente al caudillo: la rebelión ante la dura disciplina impuesta por el romano la conciencia de ser pospuestos en los cuadros militares, la pesada carga de la guerra, sostenida en su territorio y con sus recursos, la prolongación de la lucha sin resultados positivos y, finalmente, los propios rasgos negativos del caudillo: nula visión política al rodearse de indígenas, crueldad contra los rehenes, puestos bajo su custodia en Osca, o la misantropía y los excesos de los últimos días.

Ciertamente, se trata de puntos que, en muchos casos, contienen un fondo de verdad, pero más que de causas se trata de consecuencias del fracaso de Sertorio, que hay que suponer más complejo y de más profundas raíces.

Sertorio había intentado, en su original obra política, una amalgama de elementos dispares, ensamblados más en su capacidad personal que en presupuestos políticos, prácticamente abortados antes de producir sus frutos. Por parte indígena, la unión con Sertorio había estado supeditada al éxito de su empresa, con metas propias que, en muchos casos, no correspondían con las perseguidas por el caudillo romano. Todavía más, incluso estos mismos indígenas eran también heterogéneos en los correspondientes motivos que los ligaban a Sertorio: para los lusitanos, se trataba exclusivamente de mantener su libertad y de seguirle sólo en el caso de conseguir beneficios materiales, que el desarrollo de la guerra rápidamente hizo problemáticos. Para celtíberos y vacceos, no era tanto eliminar el yugo de Roma, como lograr mejorar su suerte dentro del ámbito del Imperio, de acuerdo con las promesas hechas por Sertorio si lograba el poder. El desgaste de una dura guerra, llevada a cabo en sus territorios, y la acción de Pompeyo y Metelo, enérgica, pero, sin duda, también apaciguadora, fue minando poco a poco las voluntades. Y el resto, es decir, el Valle del Ebro y la costa levantina, fue arrastrada a la guerra, al lado de Sertorio, como consecuencia del interés de la población exiliada del partido popular y de las metas políticas por ellos propugnadas. Pero precisamente aquí se rompió la cohesión sertoriana, abriendo un abismo entre el dirigente y sus partidarios, como consecuencia de la evolución política que, paralela a la guerra, se estaba desarrollando en Roma.

El régimen de Sila, con sus proscripciones, había hecho nacer una fuerte oposición, que, desde el exilio, buscaba el derrocamiento del dictador. Pero el sistema monolítico del gobierno oligárquico senatorial, impuesto por él, no resistió tras su muerte, en el año 78. Los ataques populares al sistema obligaron a los débiles gobiernos de los años posteriores a ir cediendo a las exigencias de la oposición en el año 73, esta oposición ganó su primera gran batalla al conseguir, mediante la Lex Plautia de redditu Lepidanorum, una amnistía para los exiliados. Muchos de los romanos que rodeaban a Sertorio vieron así abiertas, por un lado, las puertas de la patria, que ellos mismos, por el otro, se cerraban al permanecer en rebeldía como enemigos públicos del pueblo romano. Los fanáticos, por su parte, de la causa popular comprendieron que estaban llegando demasiado lejos al unir su destino al de súbditos bárbaros, que, en muchos casos, luchaban simplemente contra Roma, sin sutiles diferencias de partido. A unos y a otros, sin tener metas unitarias, les estorbaba por igual Sertorio. Y, tras una primera conjuración fracasada, cuya represión abrió un abismo más profundo entre el caudillo y los exiliados, la segunda intentona tuvo éxito.

Sin el caudillo, las propias metas dispares que habían unido en el complot a los distintos elementos participantes serían la causa de la descomposición del movimiento. Perpenna que todavía en el año 74 había conducido una campaña en la Lusitania septentrional, intentó aglutinar las fuerzas dispersas, pero, sin el carisma personal de Sertorio, su éxito fue limitado, y Pompeyo no tuvo dificultad en derrotarlo y hacerle prisionero. Pompeyo lo mandó ejecutar, y los restos del ejército vencido se acogieron a la clemencia del vencedor. Así acababa este episodio colonial de la crisis republicana, que, sin embargo, para la Península tendría repercusiones importantes no en último lugar porque en él se cimentaría la ascendencia de Pompeyo sobre amplias zonas de su territorio.

La obra de Pompeyo en Hispania

De hecho, la liquidación de los últimos restos del ejército de Sertorio no terminó con la guerra en la Península. En la Citerior continuaba todavía una resistencia desesperada por parte de algunas ciudades indígenas. Por esta razón, Pompeyo, tras su victoria sobre Perpenna y su ejército, no regresó de inmediato a Roma, sino que consideró necesario rematar los resultados alcanzados con el sometimiento de los últimos focos. Las fuentes nos citan los nombres de seis de estos núcleos resistentes: Uxama, Termantia y Clunia, en la Celtiberia; Osca y Calagurris, en el Valle del Ebro; Valentia, en la costa. Así, la campaña de Pompeyo en la Citerior continuó durante todo el año 72 y debió de ser laboriosa si hacemos caso de la inscripción dictada por él mismo en el paso pirenaico del Perthus, a su marcha, en la que se vanagloriaba de haber sometido 876 ciudades de la Galia y de Hispania Citerior. En todo caso, Pompeyo logró incluir definitivamente en la esfera de influencia romana la Celtiberia, después de casi un siglo de resistencia tenaz. El ámbito romano provincial había sido así realmente ampliado y afianzado hasta el Duero y el Pisuerga, con cuñas de penetración en el territorio de los vacceos septentrionales, sobre las que se moverán en los años siguientes los ejércitos romanos.

Es evidente que si Pompeyo permaneció en la Península varios meses después de liquidar el problema sertoriano, mientras que Metelo se apresuraba a regresar a Roma para recibir los honores del triunfo, era movido por poderosas razones, que formaban parte de un vasto plan político.

La trayectoria de Pompeyo no explica el interés demostrado por someter perdidos grupos sociales en los confines de la más lejana provincia del Imperio, si estas acciones no quedan insertas en una realidad más ambiciosa y profunda. Aunque para Occidente no está tan claro el plan Pompeyano que se manifestará en Oriente, dos años después, no hay duda de que se trataba de una meta preconcebida y llevada a la práctica ordenada e insistentemente. Esta meta era el deseo consciente de extender prestigio y poder personal a todas las provincias de Occidente como segunda etapa de una obra ya comenzada en Italia y rematada después en las provincias y los territorios conquistados del Oriente Mediterráneo. El seguimiento de la carrera militar de Pompeyo permite demostrar tanto la intención de lograr un poder personal como la forma sistemática con que lo llevó a cabo. Pompeyo contaba en el punto de partida con una fructífera herencia paterna de clientelas políticas en la propia Italia, sobre todo en el Piceno, con las que le fue posible dar sus primeros pasos hacia la conquista de las más altas esferas del Estado. Con esta base y en los años siguientes a su inicio como discípulo de Sila, está clara su preocupación por extender esta influencia personal a las provincias occidentales: primero, en Sicilia y África, en lucha con los marianos, aún durante la dictadura de Sila; luego, muerto éste, en la Galia Cisalpina, durante el año 77; finalmente en la Galia Transalpina y en la provincia de Hispania Citerior, antes de comenzar la captación de Oriente.

La campaña militar del año 72 en la Hispania Citerior no fue, pues, sólo el remate de las consecuencias de la guerra sertoriana, sino, sobre todo, la base de asentamiento de esta política de prestigio y poder personal en la Península, como colofón de este plan en todo el ámbito del occidente romano. Sin embargo, si bien conocemos su resultados positivos, apenas tenemos datos para marcar las etapas de su desarrollo, aunque podemos suponer los medios utilizados.

Tras el sometimiento de los focos de resistencia con energía y dureza, Pompeyo emprendió su política de captación de la provincia utilizando los recursos en su mano según las diversas regiones y la distinta situación jurídica y cultural de los grupos sociales insertos en ellas. Las tribus fieles de la Celtiberia fueron recompensadas con beneficios materiales como repartos de tierra, fijación favorable de fronteras y suscripción de pactos de hospitalidad y lazos de clientela con los elementos dirigentes de las mismas. En algún caso, introdujo la urbanización de los grupos tribales, mediante la fundación de núcleos de tipo romano, como el ya citado de Pompaelo para sus aliados vascones, en cuyo territorio había acampado dos inviernos, y Convenae (Saint Bertrand de Cominges), en la Aquitania, donde fueron obligados a trasladarse los indígenas que habían optado por la alianza con Sertorio. En el este de la provincia, Valle del Ebro y región levantina, donde el proceso de romanización estaba muy adelantado, las medidas de Pompeyo fueron todavía más generosas y, sobre todo, de más profunda significación. El principal recurso aquí utilizado fue la concesión de la ciudadanía romana, sancionado legalmente por la reciente Lex Gellia Cornelia, que le permitía usar este derecho discrecionalmente con los indígenas que le habían servido como auxilia en sus guerras peninsulares y con los elementos preeminentes de los núcleos urbanos de población. Estas concesiones se insertaron en otras llevadas a cabo por su padre entre auxiliares hispanos de la región del Ebro durante la guerra social —la Turma Sallvitana— y, naturalmente contribuyeron a extender su prestigio y su nombre y la ferviente devoción de amplias capas de la población indígena al influyente patrono. Tenemos noticia de estos otorgamientos a un grupo de saguntinos, y el propio nombre Pompeius, extendido en la epigrafía hispana, prueba el volumen de las concesiones.

Si bien el núcleo de su obra se centró en la provincia Citerior, la directamente puesta bajo su jurisdicción, Pompeyo no desaprovechó la ocasión para tender sus redes a la otra provincia, mediante esta misma política de concesión del derecho de ciudadanía a personalidades indígenas influyentes, de las cuales la más conocida es la que recayó en la familia de los Balbo de Cádiz.

Al abandonar, pues, Hispania en la primavera del 71, Pompeyo dejaba bien cimentado su poder y la extensión de su influencia en la Península, que quiso expresar erigiendo en el paso pirenaico que abría la ruta de Hispania un gigantesco trofeo, rematado por su estatua, con una inscripción dictada por él mismo donde daba cuenta orgullosamente de su obra de pacificación, que el Senado reconocería con la concesión del triunfo.

LAS PROVINCIAS HISPANAS EN VÍSPERAS DE LA GUERRA CIVIL

La situación política de Roma

Durante los veinte años que transcurren entre el fin de la guerra sertoriana y el comienzo de la guerra civil entre César y Pompeyo, en la que la Península tendrá un papel fundamental, las fuentes de documentación apenas si proporcionan datos sobre Hispania, a pesar de tratarse de unos años cruciales, sin los que no podría comprenderse el porqué de este protagonismo en las guerras que acaban con la República. Más que nunca, la historia de la Península en esta época es inseparable de los acontecimientos que se desarrollan en Roma, guiados por el hilo de una serie de contradicciones y problemas políticos, económicos y sociales que llevarán hacia la única solución del enfrentamiento armado, en el que las provincias por sus reservas materiales y humanas son una pieza fundamental. Por ello, hay que detenerse en la evolución de la política interior de Roma para comprender por qué, en un determinado momento, Hispania, una de sus provincias, desempeña un primerísimo papel en su historia.

Sila había dejado al frente del Estado una oligarquía, en gran parte recreada por su voluntad, a la que proporcionó los presupuestos constitucionales necesarios para ejercer sin trabas un poder indiscutido y colectivo a través del órgano senatorial. Pero la restauración no dependía tanto de la voluntad individual de Sila como del espíritu colectivo y de la fuerza de cohesión, prestigio y autoridad que los miembros del Senado imprimieran al ejercicio cotidiano del poder que se les había confiado, superando las pesadas hipotecas que necesariamente incluía. Y en este sentido, la restauración de Sila no acabó con las rivalidades aristocráticas ni con la emulación de factiones o grupos de poder; más aún, se complicó con los ataques a la clase dominante como tal o a la constitución silana por parte de fuerzas sociales exteriores al sistema. La comprensión de la política romana en la época de Cicerón es la simultaneidad en planos distintos de una lucha interna de factiones e individuos de la aristocracia, con presiones demagógicas y guerras exteriores, que se interfieren y condicionan. Si, como antes, continúan las rivalidades internas en los grupos de la aristocracia, emergen además líderes individuales con factiones propias, que contribuyen a esparcir todavía más las antiguas alianzas en las que se basaba el ejercicio del poder. Entre ellas se encuentran Pompeyo, Craso, Catilina o César, pero es, sin duda, Pompeyo, tras la muerte de Sila, la más imponente personalidad individual, la que define la época y también la que, de un modo paradójico, contribuirá más a la descomposición del sistema ideado por Sila, a pesar de ser uno de sus acérrimos seguidores y representantes.

Sila había intentado borrar del horizonte político romano el peligro que él mismo había convertido en trágica realidad: proteger al Estado de una nueva dictadura militar mediante la reafirmación del poder del máximo órgano civil, el Senado, y trasladar la esfera de actuación militar a las provincias con una serie de cortapisas que hicieran imposible a cualquier político ambicioso concentrar en sus manos el poder ejecutivo emanado de un ejército fiel. Pero la restauración silana había partido de arriba, sin reformar la base, y, por ello, no consigue resolver el grave problema interno económico-social, que había estado en la base de la crisis: la cuestión agraria. El hambre de tierras que sufría Italia se soslayó aplicando la ley del vencedor, sin plantear una política de apaciguamiento social: las tierras de los vencidos pasaron a las de los partidarios de Sila y continuó, como antes, la proletarización campesina y la búsqueda de un modus vivendi en la milicia. Se añadía otro grave problema exterior: Sila había considerado a las provincias como rígidas parcelas de administración independiente, y las empresas militares en ellas se encomendaron a los correspondientes gobernadores sólo dentro del territorio de su jurisdicción. Si un potencial peligro exterior superaba el ámbito de una sola provincia, las cortapisas legales hacían imposible acudir a él con la eficacia necesaria.

El débil Senado que Sila había puesto al frente del Estado no pudo prescindir, ante los graves problemas exteriores, de los servicios de Pompeyo, el brillante general Silano que, apenas sin edad legal para comenzar el cursus honorum, se había visto al frente de un ejército privado, aclamado como imperator y honrado con los honores del triunfo. El propio Pompeyo procuró hacerse imprescindible: él acabó con el primer ataque al régimen —la insurrección de Lépido—, sometió los últimos restos de los partidarios de Mario en África, pacificó la Galia y, como hemos visto, terminó con el largo problema de Sertorio. Admirado por el pueblo, fortalecido por un ejército leal y el prestigio de sus extensas clientelas en Italia y en las provincias, el Senado hubo de confiarle nuevas misiones en el exterior, que la constitución de Sila, como ya sabemos, hacía imposible resolver por medios legales. Fue la primera la lucha contra los piratas que infestaban el Mediterráneo, que resolvió en una fulminante campaña de apenas tres meses de duración, en la primavera de 67. A su vuelta, los agentes que trabajaban para él lograron, en el 66, que se le concediera un nuevo mando extraordinario para resolver los problemas de oriente, donde el viejo enemigo de Roma, Mitrídates de Ponto, ponía en peligro la rica provincia de Asia. Tras cinco años de campañas militares, Pompeyo llevó a cabo una nueva ordenación de Oriente, en la que, con la misma meticulosidad y sistematización demostradas en Hispania, se aplicó a la gigantesca tarea de decidir sobre el futuro político de inmensos territorios y sobre la regulación de sus relaciones con el Estado romano.

Cuando, a finales del 61, Pompeyo regresó, exigiendo el reconocimiento de sus servicios al Estado y la ratificación de sus medidas en Oriente, se encontró ante un Senado que, fortalecido con el triunfo ante graves ataques internos, como la conjura de Catilina, y dirigido por una nueva generación, en la que destacaban miembros enérgicos e inflexibles, como M. Porcio Catón, le negó los frutos de sus victorias. Con todo el potencial acumulado, superior incluso al de su maestro Sila, se vio empujado Pompeyo al bando de la oposición, donde otros hombres, sin su poder pero con mayor experiencia política, intentaban con otros medios derrocar al gobierno oligárquico. Eran los populares, políticos influyentes excluidos del juego, que se apoyaban y se servían, para lograr sus intereses personales de poder, de heterogéneas fuerzas: campesinos desposeídos que clamaban por una nueva distribución de tierras; decenas de miles de veteranos que, tras un largo servicio, veían cómo se perdían sus esperanzas de subsistencia como civiles; masas populares con reivindicaciones políticas —como medio de encontrar una solución al problema económico—, sin respuesta por el terco acaparamiento de las instituciones por parte de la oligarquía...

La negativa del Senado a aceptar las dos principales aspiraciones de Pompeyo, concretas y limitadas —ratificación de las medidas tomadas en Oriente y asignación de tierras cultivables a sus veteranos—, no dejó otra alternativa al general que el retorno a la vía popular, de la que expresamente había querido prescindir al licenciar a sus veteranos y mantenerse al margen de una manipulación de la plebs urbana y de los elementos fundamentales que la hacían posible. Pero la atracción del pueblo pasaba necesariamente por la existencia de un líder, dispuesto a la colaboración y con ascendencia sobre la asamblea del pueblo. Y, desgraciadamente para Pompeyo, los populares activos en Roma se agrupaban en las filas que acaudillaba un enemigo suyo, Craso. El callejón sin salida en el que se encontraba Pompeyo y su confusión significó el trampolín para otro político, cuya oposición significaba un grave peligro: Julio César.

César pertenecía a la generación que vio la luz en la transición del siglo II al I; era contemporáneo, pues, de Pompeyo, Cicerón, Catilina y Craso y, como ellos, creció en la turbia época de las convulsiones de la guerra civil, en la que parecían derrumbarse muchos de los presupuestos fundamentales que habían constituido ancestralmente los pilares del Estado y del orden constitucional. Aristócrata, tenía el derecho de intentar la carrera de los honores senatoriales, pero sus perspectivas parecieron arruinarse con el golpe de Estado de Sila, ya que circunstancias familiares le unían con Mario. Tampoco la oligarquía silana, a la muerte del dictador, le abrió lógicamente las puertas. Como otros tantos políticos de la posguerra, César se vio lanzado a la oposición contra el régimen, aunque dentro de los cauces constitucionales y sin riesgos de determinaciones irreversibles. El joven político se lanzó a cultivar una popularidad que, precisamente, en esos lazos familiares odiosos a Sila, significaban una magnífica propaganda y se convirtió en un ferviente partidario de los ataques al régimen Silano, en las cortes y en el foro. César buscaba metódicamente la admiración del pueblo y es, por ello, un claro exponente del camino político al que Cicerón llamaba despectivamente popularis via, pero sin comprometerse por encima de ciertos límites. En todo caso, los progresos políticos de César eran un modesto avance frente a otras personalidades como Pompeyo y Craso. Y precisamente será Pompeyo, cuyas victorias y prestigio obraban como un poderoso imán en la atracción de otros políticos dentro de su órbita, el objetivo elegido por César como trampolín para futuras promociones.

César se dio cuenta de que podía aprovechar el conflicto en que se encontraban enfrentados Pompeyo y el Senado y llegó a un pacto con el primero en el que quedó implicado un tercer personaje, Craso, en una alianza privada de intereses políticos. Pero, tras una colaboración que iba dejando paso a paso cada vez más en la sombra al que parecía el motor principal, Pompeyo, el Senado, incapaz de hacer frente a esta poderosa coalición, optó, por salvarse, por el mal menor y consiguió atraerse a Pompeyo. Las aguas volvieron a su cauce, pero en el intervalo César había ganado el prestigio y el poder necesarios para enfrentarse en igualdad de condiciones al enemigo senatorial, puesto que tenía ahora tras de sí el instrumento popular más eficaz y la única fuerza política decisiva, el ejército. El hecho de que Pompeyo también dispusiera por su trayectoria de unas fuerzas considerables ligadas a su persona por lazos muy firmes y que estas fuerzas llegaran a pensar la significación negativa que tendría la toma de poder por César, hacía inevitable la guerra civil.

Las provincias de Hispania en la era de Pompeyo: César en Hispania

En los veinte años anteriores a la guerra, la historia de la Península Ibérica es, pues, la historia de la extensión en su territorio del poder personal de Pompeyo, de los intentos de César de sustraerle en lo posible esta influencia en provecho propio, de la caída final de Hispania en la esfera de Pompeyo y, como consecuencia, de lo inevitable de una lucha abierta en su territorio, comenzada por César para arrebatar a su rival uno de sus más firmes puntales de poder.

Tras la marcha de Pompeyo no conocemos los nombres de los gobernadores a los que fueron confiadas las provincias de Hispania, pero no fueron años inactivos si tenemos en cuenta los datos de las actas triunfales en 71 y 70 sobre victorias romanas ex Hispania, aunque no se sabe el territorio donde tuvieron lugar estos acontecimientos. Es de suponer que el interés bélico se centrara en la regiones periféricas hacia el Oeste lindantes con las fronteras reales de las provincias. Por lo que respecta a la Ulterior, y los posteriores acontecimientos, el ámbito del conflicto continuó siendo el territorio al norte del Tajo y de la Sierra de Gata hasta el Duero, habitado por tribus lusitanas al Oeste, en la intrincada orografía de la Sierra de la Estrella, y por vettones, al Oriente, en el ámbito que hoy cubre la provincia de Salamanca y el norte de la de Cáceres. En la Citerior, las luchas se concentrarán en la submeseta septentrional, al norte del Duero y al oeste del Pisuerga, en territorio vacceo.

Pero independientemente de estas luchas, algunos datos incidentales nos entreabren el panorama de la inclusión de las provincias hispanas, o de parte de sus territorios, en las contiendas políticas romanas, como peones de juego decisivos en el planteamiento de la lucha, con importantes repercusiones para el desarrollo Provincial y, en concreto, para el protagonismo que tendrá Hispania en la guerra civil. Lo mismo que Pompeyo, tras la guerra sertoriana, había extendido su influencia sobre la Península, otros políticos también intentaron probar suerte en ella para atraer a su bando a los ciudadanos provinciales e indígenas en las complicadas intrigas de grupos y camarillas que forman el telón de fondo de la lucha política romana de la mitad del Siglo I a. C. esta era la intención de Cn. Calpurnio Pisón en el año 65, que no pudo cumplir al ser asesinado en el camino hacia Hispania, o de P. Sittio al año siguiente. Las razones de este interés por Hispania estaban, sin duda, en su carácter de inagotable reserva de recursos materiales, pero también en la necesidad de contar con los muchos hispanienses, esto es, los colonos de procedencia itálica asentados en la Península, para cualquier empresa política.

También César intentaría utilizar las posibilidades que ofrecía Hispania para acumular poder susceptible de ser utilizado en la lucha política, y precisamente a su estancia en ella se refieren las noticias más explícitas que tenemos sobre los territorios peninsulares entre los años 70 y 60 del siglo I a. C. el primer contacto de César con Hispania tuvo lugar en el año 69, cuando invistió el cargo de cuestor de la provincia Ulterior durante el gobierno de C. Antistio Veto. Durante su estancia, que interrumpió sin terminar el período de mandato, tuvo a su cargo la administración de justicia en algunas de las ciudades donde periódicamente se convocaba a los habitantes de la provincia para que presentaran sus problemas. De creer al anónimo autor del Bellum hispaniense, cumplió sus funciones procurando atraerse las voluntades de los provinciales con una generosa concesión de beneficios, sin duda, en una política de atracción de clientelas.

A finales de la década, en el año 61, César volvería a la provincia, en esta ocasión investido del cargo de propretor, tras cumplir la magistratura Pretoria. Su partida no estuvo exenta de incidentes, como consecuencia de la oposición de los acreedores a que abandonara Roma, debido a la magnitud de las deudas contraídas, ante las que Craso acudió como garante. Y César utilizó las buenas posibilidades que ofrecía la provincia para ganar prestigio y autoridad ante la próxima meta política, la obtención del consulado para el año 59. El método más obvio era la obtención de un triunfo militar, objetivo para el que la Ulterior se prestaba magníficamente al ser lo bastante rica para financiar una guerra y al existir dentro de su territorio campos de acción que permitían emprenderla. En efecto, frente al sur, largamente urbanizado y con una fuerte población emigrada italorromana, rico y próspero, el Oeste solo se encontraba precariamente sometido hasta la línea del Tajo. El pretexto para conducir la guerra en estos territorios lo encontró César al obligar a la población lusitana entre el Tajo y el Duero, que habitaba la intrincada orografía del Mons Herminius (Sierra de la Estrella), a trasladarse a la llanura y establecerse en ella para evitar que desde sus picos continuaran encontrando refugio donde esconderse tras sus frecuentes razias sobre las ricas llanuras del sur. La resistencia indígena a la orden justificó la campaña en la que César no sólo sometió a las tribus lusitanas, sino a otras vecinas, que se unieron a la rebelión. En ella, el Propraetor cruzó la línea del Duero, persiguiendo a los que habían huido, para entrar en territorio galaico, hasta el momento al margen del contacto con Roma, si hacemos excepción de la breve campaña de Bruto en el año 138. Con ayuda de la flota, alcanzó el extremo noroccidental de la Península hasta Brigantium (Betanzos, La Coruña), ciudad que tomó, obligando a las tribus galaicas a aceptar la sumisión a Roma.

Lo importante era la capitalización de la campaña: el general victorioso fue aclamado por sus soldados imperator y, con el botín cobrado, hizo generosos repartos entre las tropas con los que afirmó los lazos de su clientela militar, además de restaurar sus maltrechas finanzas y de ingresar en el erario público un respetable tesoro que le hizo acreedor al triunfo.

Pero también y sobre todo interesaba a César extender sus influencias en la provincia entre el elemento civil y aprovechó el resto de su mandato para cimentar su prestigio y crear relaciones en el ámbito romanizado de la Ulterior de cara a su futuro político. Los medios para ello se encontraban en su gestión gubernamental, con medidas positivas para los provinciales: solución de conflictos internos de las ciudades, ratificación de leyes, dulcificación de costumbres bárbaras, medidas fiscales en favor de los indígenas —como el levantamiento del impuesto instituido durante la guerra sertoriana—, construcción de edificios públicos, etc. tenemos datos concretos de esta gestión en la ciudad de Gades en la que César entabló relaciones personales con miembros de la clase dirigente, como L. Cornelio Balbo, al que distinguió entre sus amigos. Si bien el tiempo limitado de su cargo en la Ulterior no le permitió extender su influencia en el mismo grado en que Pompeyo lo había logrado en la Citerior, César dejaba cimentada su ascendencia en la provincia para utilizarla en el futuro.

Roma entre 60 y 50 a. C.: el acuerdo de Lucca

Con el potencial militar y político ganado en Hispania, César se dispuso a lograr la siguiente meta: su elección para el consulado del año 59. Sus posibilidades no eran demasiado optimistas, ya que la oposición senatorial estaba decidida a impedírselo con todos los medios a su alcance. Como ya sabemos, por suerte para César, Pompeyo, el hombre más influyente del Estado romano, se encontraba también en abierto conflicto con el Senado, y César supo aprovechar la ocasión para acercarse a él e intentar un acuerdo privado que cumpliera los intereses de ambos, presentando un frente común contra el gobierno senatorial con la fuerza de las clientelas y de los veteranos de Pompeyo y sus propios seguidores populares, en el que también se incluyó a Craso. Este llamado impropiamente «primer triunvirato» prosperó, y su principal beneficiario, César, no sólo consiguió el consulado, sino, sobre todo, y lo que era más importante para el futuro, un mando extraordinario al término de su magistratura por un período de cinco años sobre las provincias de la Galia e Ilirico (Lex Vatinia). Es suficientemente conocido cómo César hizo uso de este imperium para llevar a cabo una de las gestas militares más asombrosas de la Antigüedad, la conquista de las Galias, agigantada aún por el magnífico relato que de ella hizo su protagonista.

Durante estos años centrales de la década de los cincuenta, apenas afloran en nuestras fuentes noticias procedentes de Hispania, fuera de la presencia de auxiliares hispanos en los ejércitos de César en la Galia y de una sublevación de las tribus vacceas de la Citerior en el año 56, que se extendió a las poblaciones arévacas vecinas. Al problema acudió el gobernador de la provincia, Metelo Nepote, que hubo de luchar encarnizadamente en torno a la ciudad de Clunia y que, dados los múltiples problemas externos con que se enfrentaba el Estado romano, no pudo hacer otra cosa que pacificar precariamente la región.

Mientras, en Roma tenían lugar importantes acontecimientos políticos. La alianza de Pompeyo, Craso y César había constituido desde sus comienzos un fracaso y se hizo precisa una ratificación, en el año 56 —conferencia de Lucca—, para volver a unir las tendencias centrífugas y deshacer las suspicacias, sobre todo, entre Pompeyo y Craso. Según el nuevo acuerdo, Pompeyo y Craso deberían revestir el consulado para el año 55 y, a su término, recibir, como César, un mando provincial proconsular por cinco años. Craso optó por Siria, donde encontraría un trágico fin en la búsqueda infructuosa de la gloria, mientras que Pompeyo se decidía por las dos Hispanias y África. César, por su parte, se contentó con mantener por otros cinco años su imperium sobre las provincias que ya tenía.

La elección de Pompeyo era acertada: la Península, por su base económico-social, presentaba un excelente arsenal de reclutamiento de tropas y materiales y contaba con una magnífica posición estratégica. Pero Pompeyo jugó mal sus cartas. Mientras que César contaba con tiempo para afirmar su poder en las Galias y llevar a sus soldados a nuevas victorias con las que ligarlos aún más a su destino personal, Pompeyo, ante la alternativa de marchar a Hispania, al lado de las fuentes reales de poder, o permanecer en Roma para mantener una posición de prestigio, optó por la segunda posibilidad, que si bien satisfacía su orgullo, apenas representaba ventajas positivas. Así pues, entre 55 y el 49 a. C., año de comienzo de la Guerra civil, la Península estuvo encomendada a legados de Pompeyo, que la debían administrar en su ausencia y que contaban con un formidable ejército compuesto de siete legiones más los reclutamientos auxiliares. Pero estas fuerzas parecían más una capitalización estática a la espera de los acontecimientos que un instrumento de acción, puesto que no tenemos noticias de ninguna intervención militar en estos años, a pesar del reciente levantamiento de las tribus vacceas. En todo caso, la existencia de este ejército señalaba ya la Península como un previsible escenario, en caso de desencadenarse la guerra civil.

LA GUERRA CIVIL

Hispania en la estrategia de la guerra

En los años siguientes al acuerdo de Lucca la atmósfera política en Roma había llegado a ser sofocante. Bandas y facciones enemigas aterrorizaban la ciudad e impedían el normal desarrollo de las instituciones. Poco a poco fue abriéndose paso la idea de que era necesario un dictador para salvar a la ciudad del caos. Éste sólo podía ser Pompeyo, que, a pesar de su alianza con César, se había mantenido alejado del juego político popular. Era, pues, inevitable un acercamiento entre Pompeyo y el Senado, que, finalmente, cristalizó en el nombramiento de Pompeyo como único cónsul (consul sine collega) en el año 53. Por debajo de toda la trama, en un juego sutil y complicado, corría el deseo de anular a César y convertirlo en un hombre políticamente muerto. Su fracaso en los intentos de «guerra fría» durante todo el año 50, a través de sus partidarios, no dejaron a César otra alternativa que contestar con la fuerza a la entente Pompeyo-Senado. Y así, en la primera semana del año 49, atravesó la frontera de Italia a la cabeza de una legión, abriendo con su iniciativa la guerra civil.

La decisión de cesar de invadir Italia inmediatamente con los escasos recursos de una sola legión y en pleno invierno tenía sin duda el propósito de utilizar a su favor el factor sorpresa. El Senado había sido empujado a la abierta hostilidad contra el procónsul bajo el presupuesto de una situación militar que no correspondía a la realidad. No sólo se había extendido el falso rumor de que las legiones gálicas estaban remisas en apoyar la causa de César; el propio Pompeyo se preciaba de poder contar en el momento preciso con diez legiones dispuestas, lo que sólo era cierto a largo plazo, ya que el núcleo principal de ese ejército —siete legiones— estaba acantonado en Hispania. La sorpresa y el disgusto de gran parte del Senado fue creciendo conforme se desvelaban los, en un principio, herméticos planes de Pompeyo, basados en un proyecto de largo alcance cuyo presupuesto era el abandono de Italia. El líder optimate, como en otro tiempo su maestro Sila, pensaba trasladar la guerra a Oriente y reunir allí ingentes tropas y recursos con los que llevar a cabo la reconquista de Italia, mientras el excelente ejército que mantenía en Hispania atacaba a César por la retaguardia. La lentitud de movimientos de Pompeyo, sin embargo, consumió un tiempo precioso, que César utilizó a su favor, con una estrategia resuelta y fulminante. Evidentemente, César sin el apoyo de la flota y con el grueso de sus fuerzas en la Galia, no podía intentar la empresa de seguir inmediatamente a su enemigo. Intentó por ello asegurar Roma y obtener recursos con los que conducir sus planes bélicos, que, desde luego, no eran permanecer en Italia ni correr tras Pompeyo de inmediato. Contando con que el líder senatorial tardaría un tiempo en concentrar fuerzas suficientes para atreverse a volver a Italia, César se propuso primero asegurar el Occidente, donde no le esperaba un hipotético ejército por reclutar, sino donde ya de hecho existían considerables fuerzas que era necesario neutralizar para evitar los riesgos de una lucha futura en dos frentes. Fue, pues, Hispania la meta fijada, con el razonamiento de marchar contra un ejército sin general, antes de perseguir, al otro lado del Adriático, a un general sin ejército.

La guerra civil, que acabará con la República, tendría así en la Península uno de sus principales y decisivos teatros, no como simple objeto pasivo, sino con un protagonismo que tiene sus raíces en fenómenos de larga tradición: la antigua colonización italorromana, la concesión de derechos de ciudadanía, la urbanización y creación de centros romanos o mixtos, y la inclusión de los indígenas en los ejércitos republicanos son suficientes razones para pensar que la crisis política en Roma se reflejaba activamente en amplias capas de la población provincial. A ello hay que añadir la labor personal de atracción emprendida en años anteriores tanto por Pompeyo como por César, que, para ambos, se tradujo en frutos positivos. Pero la crisis política en Roma era reflejo de otra más profunda, de causas económico-sociales, que en las provincias de Hispania sumaban nuevos elementos, ya que no sólo incluía los problemas de las clases y agrupamientos sociales de la metrópoli, sino también los derivados de la conquista y explotación colonial de estos grupos sobre la población indígena, a su vez, muy desigual en sus oportunidades de progresión económica y, por tanto, profundamente dividida en la aceptación del hecho político romano.

La campaña de Ilerda

Como sabemos, Pompeyo, en el reparto decidido en Lucca y refrendado por la Lex Trebonia, había recibido Hispania, juntamente con ocho legiones, de las que tuvo que renunciar a dos en favor de César, que las necesitaba para la campaña de las Galias. Pompeyo disponía, pues de seis legiones a las que añadió una séptima, reclutada en su totalidad en Hispania, la llamada Legio Vernacula. Estos efectivos habían sido distribuidos entre los tres legados mediante los que Pompeyo administraba la Península, tomando cada uno de ellos a su cargo una región determinada: Afranio se estableció en la Hispania Citerior con tres legiones; Petreyo, con dos, en la región comprendida entre el Guadiana y Ebro, la posterior Lusitania, y Varrón, con las dos legiones restantes, en el territorio meridional de la Ulterior, al sur del Guadiana. En principio, esta distribución hace pensar en la inexistencia de planes concretos sobre la estrategia a seguir, mientras se desarrollaban los precipitados acontecimientos en Italia. Sin embargo, cuando Pompeyo se retiró hacia Brundisium (Brindisi, Italia) para partir a Oriente, dio orden a su lugarteniente L. Vibulio Rufo para que en Hispania concentrara el grueso de las legiones, con las correspondientes tropas auxiliares, en la Citerior, en un lugar fácilmente defendible, para impedir el paso del ejército de César, y dejar reservas para la protección de la Ulterior. Se eligió como punto de concentración y de operaciones la ciudad ilergeta de Ilerda (Lérida), sobre la orilla derecha del Segre, donde quedaron acuarteladas las cinco legiones aportadas por Afranio y Petreyo, con los auxilia de caballería y de infantería, en total, unos 70.000 hombres.

Por su parte, César dio órdenes a su legado C. Fabio para que estuviese dispuesto a pasar los Pirineos con las tres legiones que mandaba en la Narbonense; mientras, Trebonio debía llevar a la provincia otras tres, y él mismo se pondría en camino con las tres legiones de su campaña en Italia, la VIII, XII y XIII. Pero la marcha de César fue detenida por la inesperada hostilidad de la ciudad griega de Marsella, que le cerró las puertas. Las legiones de Trebonio hubieron de permanecer asediando la plaza, al mando del propio César. Las tropas traídas de Italia fueron enviadas a reunirse con las de C. Fabio, que, mientras tanto, ya había atravesado los Pirineos y establecido su campamento al norte de Ilerda.

Tenemos una prolija descripción de la campaña de Ilerda, desarrollada entre mayo y agosto del 49, por los comentarios del propio César y por otras fuentes, con sus muchas escaramuzas, golpes de mano, maniobras y estrategia, puntos sobre los que no es necesario detenerse. Tras las primeras maniobras de Fabio, encaminadas a asegurarse los aprovisionamientos, con la construcción de los puentes sobre el Segre, César, tras llegar al lugar de las operaciones, tomó el mando y, después de una serie de maniobras, algunas comprometidas para su causa, consiguió, con la construcción del tercer puente, asegurar definitivamente el avituallamiento y fortalecer su posición, que dio como resultado inmediato la alineación de varios núcleos indígenas en su campo, como Osca, Calagurris y Tarraco y los pueblos de los ausetanos, lacetanos e ilergavones. Desconcertados los pompeyanos ante las crecientes defecciones, decidieron trasladar el teatro de la guerra al sur del Ebro, en la Celtiberia, poniendo en movimiento sus fuerzas, al mando de Afranio y Petreyo. Pero César, cortándoles el camino, les obligó a regresar, sometiéndolos a un férreo cerco y privándoles de toda posibilidad de avituallamiento. Las tropas, desmoralizadas y hambrientas, tuvieron que capitular y, de este modo, la más poderosa fuerza militar pompeyana quedó neutralizada sin apenas pérdidas. Sólo restaba sustraer al enemigo la reducida fuerza que aún mantenía en la Ulterior.

Varrón, el legado Pompeyano que dirigía el ejército de la Ulterior, constituido por dos legiones —la II, reclutada en Italia, y la Vernacula—, durante la campaña de Ilerda se había apresurado a acumular recursos, con reclutamientos en la provincia, aprovisionamientos de trigo y de dinero y preparación de dos flotas en Hispalis y Gades. César, por su parte, una vez entregado el ejército de la Citerior, proclamó un edicto para que representaciones de todas las ciudades de la provincia se reunieran con él en un día señalado en Corduba, y se encaminó hacia la Ulterior seguido por dos legiones, al mando de Q. Casio Longino. Las ciudades, cuando conocieron el edicto, se apresuraron a abrazar la causa de César. Así, Córdoba y Carmona cerraron sus puertas a Varrón, y la propia Gades, donde el legado contaba con hacerse fuerte, presionó para que los pompeyanos abandonaran de grado la ciudad, lo mismo que Italica, a la que se buscó como último recurso. Varrón no tuvo otra alternativa que entregar sus efectivos a César y rendir cuentas de su administración en Córdoba. Así, sin la pérdida de un solo hombre, César había completado el desmantelamiento del ejército Pompeyano en Hispania.

En la anunciada asamblea de Córdoba, César completó su obra con generosos actos destinados a ganarse el favor de los provinciales y así afianzar la provincia antes de marchar a la campaña de Oriente contra Pompeyo: condonó impuestos, restituyó bienes confiscados y distribuyó recompensas materiales y legales entre sus partidarios. Y, como colofón y al mismo tiempo preámbulo de una política imperial de largo alcance, concedió a la ciudad de Gades la categoría de municipio romano.

El gobierno de Casio Longino y la campaña de Munda

A su marcha, César confió el gobierno de la Ulterior a Q. Casio Longino, con las dos legiones de Varrón y otras dos, recientemente reclutadas en Italia, la XXI y la XXX. Su gestión al frente de la provincia, de creer en las fuentes —Bellum Alexandrinum—, desencadenó una rebelión generalizada que hizo de la Ulterior el último escenario sangriento de la guerra civil.

Casio, al hacerse cargo de la provincia, para emular a César, condujo una campaña contra los lusitanos al norte del Tajo, que exigió nuevos reclutas e ingentes sumas, proporcionadas por los provinciales, a los que se extorsionó para poder reunirlas. Ante la inminente campaña en África, en la primavera del 48, Casio concentró el ejército en Córdoba, donde unos ciudadanos de Italica intentaron asesinarle. El atentado frustrado significó, por una parte, un endurecimiento de la actitud de Casio hacia la provincia, con nuevas demandas de dinero, y, por otra, la chispa —ante los rumores sobre su muerte— que precipitó un motín militar. Las dos legiones que habían servido bajo Varrón con la reciente reclutada por Casio —la V—, gritando el nombre de Pompeyo y al mando del italicense Tito Torio, avanzaron hacia Córdoba. Si bien el cuestor Marco Marcelo logró hacerles renunciar a la decisión de pronunciarse por Pompeyo no pudo evitar que lo eligiesen como jefe y obligasen a marchar contra Casio, que, con las tropas fieles hubo de refugiarse en Ulia (Montemayor, Córdoba), cercado por los rebeldes. La llegada de socorros solicitados por Casio al gobernador de la Citerior y al rey Bogud de Mauritania logró resolver el conflicto, tras el que Trebonio sustituyó en el gobierno de la provincia a Casio, que huyó con el producto de sus rapiñas para encontrar su fin a la altura de la desembocadura del Ebro, al zozobrar la embarcación que lo transportaba.

Que el trasfondo del motín era algo más serio que un simple descontento con Casio lo demostró la actitud de las legiones cuando conocieron la decisión del hijo mayor de Pompeyo Cneo, de dirigirse a Hispania para intentar levantarla contra César. Para entonces, Pompeyo ya había muerto, y los dirigentes del partido senatorial pensaron que la Península ofrecía buenas perspectivas para continuar desde ella la lucha. Cneo, en efecto, desde Utica, puso proa a las Baleares, que, a excepción de Ibiza, conquistó, mientras que el ejército de la Ulterior se pronunciaba por él y lograba sublevar a toda la provincia, de donde fue expulsado el sucesor de Casio, Trebonio. La llegada de Cneo no hizo sino corroborar las esperanzas de los pompeyanos, puesto que muchas ciudades le abrieron las puertas, mientras los soldados le proclamaban imperator. Peor suerte corría la causa de África donde César lograba en Thapsos deshacer el frente senatorial. Los pocos fugitivos que lograron escapar intentaron hacer de Hispania el siguiente baluarte de resistencia, y la Ulterior así se convirtió en el escenario del último capítulo de la guerra civil.

Este escenario no era pasivo. La profunda crisis económico-social que, desde mitad del siglo II a. C., sacudía Italia, agudizando los contrastes políticos, no se había producido en el sur de la Ulterior o, al menos, no con los presupuestos itálicos, manteniéndose en los límites de un antagonismo entre ricos, poseedores de los privilegios políticos, y pobres, sometidos a las duras condiciones de su estatuto jurídico de peregrini (extranjeros). Era, pues, lógico que el reflejo de los antagonismos políticos de la urbe en las ciudades de la provincia, que sólo podían comprender las clases privilegiadas, se tradujera en un consenso hacia el punto de vista conservador senatorial, que, evidentemente, estaba personificado por Pompeyo. La victoria de César en Ilerda y su rápida aparición en la Ulterior dejaron perplejas a las ciudades que no tuvieron otro remedio que abrir sus puertas al vencedor. Posiblemente, incluso pudieron pensar que nada cambiaría y que poco tenían que ver con la lucha que, en principio, parecía puramente personal y a que su resistencia sólo podía ocasionarles perjuicios. La auténtica realidad se hizo presente cuando el gobernador cesariano, Casio, demostró sus verdaderas intenciones, dirigidas hacia las fortunas y propiedades de los ricos provinciales. Éstos identificaron inmediatamente a Casio con su jefe, César, y desde estos momentos la provincia estaba ganada para los pompeyanos. Pero lo que no podemos saber es qué parte le correspondió al propio César en el desarrollo de los acontecimientos. La sumisión de la Ulterior había imposibilitado un magnífico pretexto para poner mano en sus incontables recursos materiales, que César necesitaba para su programa político-social, y la elección de Q. Casio como gobernador, del que sabía su falta de entendimiento con los provinciales desde su primera toma de contacto con la Ulterior, como cuestor, años antes, pudo ser un recurso fríamente calculado para precipitar la situación.

Ésta, sin embargo, sobrepasó los límites previstos, en parte por el poco tacto de Casio y, en parte, por la presencia en la provincia de extensas clientelas militares de los veteranos de Pompeyo, que dieron como consecuencia la última campaña de la Guerra civil, con caracteres hasta cierto punto excepcionales por su crueldad y encono, que hicieron al historiador Veleyo Patérculo calificarla de bellum ingens ac terribile. En ella, César no actuaría como en las anteriores, evitando en lo posible la entrega sin derramamientos de sangre; se trató de una guerra de exterminio, ya que gran parte de los enemigos eran considerados por César como bárbaros, con los que no era necesario tener consideración. A ello se añadía la existencia dentro de las ciudades de un partido procesariano, lo que enconaba las posiciones y exasperaba aún más el odio. Los estertores de la guerra civil venían así, en parte, a provocar en la Ulterior otra guerra civil interna provincial, en la cual las adhesiones políticas escondían conflictos sociales de la población autóctona, por largo tiempo incubados. Ello explica este desarrollo brutal, salpicado de asaltos de ciudades, incendios, matanzas, represalias contra la población civil y exterminio, en suma, de romanos contra provinciales y de éstos entre sí, que tan vívida y crudamente nos relata el anónimo autor del Bellum Hispaniense, testigo presencial desde su puesto de suboficial del ejército cesariano.

Las tropas que César envió por mar desde Cerdeña, al mando de dos legados, para hacer frente a la sublevación apenas pudieron, una vez en el escenario, atrincherarse en la ciudad de Obulco (Porcuna, Jaén) y hacer llegar desde allí a César urgentes peticiones de que se hiciese cargo de la dirección de la guerra, dada su gravedad. El dictador envió por delante nuevos refuerzos y él mismo, tras las elecciones del 46, a finales de año, se presentó en una marcha relámpago de veintisiete días en el acuartelamiento de Obulco. Contaba para la campaña con nueve legiones una excelente caballería auxiliar de 8000 jinetes, de procedencia gala. Por su parte, las fuerzas que dirigían los pompeyanos sumaban de once a trece legiones, pero de una efectividad inferior, puesto que la mayoría de ellas habían sido apresuradamente formadas con elementos heterogéneos, reclutados en la propia provincia y, en gran parte, ni siquiera ciudadanos romanos. La estrategia prevista por César tendía, por ello, a provocar cuanto antes un combate decisivo en campo abierto, mientras que los pompeyanos, amparados en la adhesión de las ciudades y su fácil defensa, jugaban la baza del desgaste, obstaculizando sus posibilidades de aprovisionamiento. Para ello, habían dividido los efectivos en dos frentes: uno, al mando de Cneo, sitiaba la plaza procesariana de Ulia; el otro, a cargo de su hermano Sexto, defendía la capital de la provincia, Corduba.

César abrió las operaciones destacando un cuerpo de ejército a Ulia, mientras que él mismo se dirigía contra Corduba. Ante la proximidad del dictador, que concentró sus fuerzas al este de la ciudad, Sexto solicitó la ayuda de su hermano, que se vio forzado a abandonar el asedio de Ulia. Pero la excelente posición de Corduba y la prudencia de sus defensores impidieron a César asaltar la plaza o provocar un combate en campo abierto, por lo que, desistiendo de su propósito se alejó de la ciudad en busca de otros objetivos más practicables. Fue Ategua, en el Valle del Guadajoz, la meta elegida, a la que Cneo envió a uno de sus lugartenientes con refuerzos para sostener la plaza. Pero el partido procesariano en el interior de la ciudad logró, a pesar de la represión pompeyana, abrir las puertas a César. La guerra continuó, en una serie de asedios de ciudades, en la región meridional de Córdoba, con una activa participación de los indígenas en sus incidencias. Las luchas intestinas de los partidarios de uno y otro bando, las tentativas de entregarse a César y las represiones de las guarniciones pompeyanas marcaron durante varios meses, con sus sangrientos episodios, la pauta del desarrollo de la contienda. Finalmente, el 17 de marzo, en la llanura de Munda (Montilla, Córdoba), César logró encontrarse frente al grueso del ejército enemigo. En el brutal choque que siguió, la desesperada resistencia de los pompeyanos, conscientes de no encontrar perdón de la derrota, consiguió hacer tambalear en principio las líneas de César. La enérgica reacción del dictador al adentrarse en vanguardia logró el milagro de mantener la formación el tiempo necesario para que la caballería, muy superior, cayera sobre el flanco derecho y espaldas del enemigo. La batalla se transformó en una auténtica carnicería, en la que, de creer al autor del bellum hispaniense, quedaron sobre el campo 30.000 pompeyanos. Tras enviar a Q. Fabio Máximo a ocupar las ciudades de Munda y Urso (Osuna, Sevilla), César se dirigió por segunda vez a Corduba, incendiada por Sexto Pompeyo antes de huir, al verse incapaz de organizar la resistencia. La ciudad fue ahogada en un baño de sangre por los enfurecidos legionarios de César, que veían frustradas sus esperanzas de botín, y pagó su fidelidad a Pompeyo con una crecida contribución de guerra. Sólo restaba a César recuperar el sur de la provincia, Hispalis, Carteia y Gades. La resistencia había terminado; muertos la mayoría de los dirigentes —el propio Cneo había sido asesinado mientras huía—, sólo Sexto lograría escapar a la Citerior, donde, a imitación de Sertorio, creó un ejército indígena, con el que aún se mantenía cuando la muerte sorprendió a César.

La obra de César en Hispania

Sometida la provincia y deshecho el ejército enemigo, César reorganizó la situación político-jurídica de la Ulterior con metas fijas: escarmiento de los vencidos, neutralización de la inclinación pompeyana de la provincia con una colonización de largo alcance, reclutada entre sus veteranos y partidarios, y afianzamiento de la devoción a su persona con una serie de medidas favorables para aquellos que le habían sido leales entre los indígenas. Todo ello se enmarcaba dentro de una política general en el ámbito del imperio, que tendía a ensanchar las bases del viejo Estado republicano con la inclusión de provinciales en el círculo dirigente de ciudadanos romanos, y con la resolución de los problemas económicos y sociales que habían engendrado la crisis del Estado en Roma y la Península itálica.

De acuerdo con estas directrices, César llevó a cabo una ingente confiscación de tierras y obligación de cargas fiscales para ciudades y provinciales que habían militado en el bando Pompeyano. Las ciudades que le fueron fieles recibieron el privilegio de ser elevadas a la categoría de colonia latina o, incluso, de municipio romano. En cambio, los núcleos que habían constituido el alma de la rebelión pompeyana hubieron de ceder parte de su territorio a colonos cesarianos. De ahí que las colonias romanas de Hispania tengan tan alta concentración en el Valle del Guadalquivir, donde había discurrido la guerra. La repentina muerte del dictador (44 a. C.), apenas diez meses después de su triunfo en Munda, no significó la paralización de sus planes, complementados por su heredero político, Augusto. En conjunto, la segunda campaña de César en Hispania dio como resultado una profunda transformación político-social de la Ulterior, con la extensión del derecho de ciudadanía a amplias capas de sus habitantes, mientras que la presencia de estos núcleos de ciudadanos romanos actuaría como fermento de la romanización en la región y explicará el gran florecimiento económico de la Bética durante el imperio.

La reorganización de la Península por César no se detuvo en el Guadalquivir. Al oeste de la provincia, en la Lusitania meridional, el dictador levantó también una serie de centros romanos de colonización, destinados a servir como murallas de contención y avanzadillas estratégicas en sus límites, como Norba (Cáceres), Scallabis (Santarem) o Metellinum (Medellín). En cambio, la Citerior, apenas incluida de la guerra, no contó con una obra de tan vasto alcance, aunque, entre otras medidas, Tarraco y Cartago Nova fueron transformadas en colonias romanas.

Cuando César regresó a Roma para celebrar su quinto triunfo, por sus victorias en Hispania, aún quedaba un último rescoldo de la guerra civil en la Península, avivado por Sexto, el hijo menor de Pompeyo, que, como sabemos, había logrado reclutar un pequeño ejército, con el que decidió volver a la Ulterior. César envió contra él al legado C. Carrinas, que sin lograr atraer a Cneo a una lucha en campo abierto, hubo de sufrir continuos hostigamientos del enemigo en una inteligente guerra de guerrillas. Ni siquiera el envío de nuevos refuerzos al mando del nuevo responsable de la provincia, Asinio Polión, resolvió la situación, que todavía empeoró como consecuencia del incremento del ejército de Cneo y de la toma de partido de algunas ciudades por el hijo de Pompeyo. Polión, incluso, hubo de sufrir una severa derrota en campo abierto. Pero la situación no la resolverían las armas, sino los complicados juegos políticos que el asesinato de Julio César habían desatado en Roma. El pretor de la Citerior, M. Emilio Lépido, el futuro triunviro, logró mediar con los responsables de la política en Roma para que Sexto depusieron las armas y se reintegrara a la vida pública.

Así, a finales del verano del 44, terminaba en Hispania la larga guerra que había comenzado en el 49, mientras que el Estado romano volvía desangrarse en otros trece años de contiendas civiles, de los que surgiría el nuevo orden de Augusto.

LAS GUERRAS CONTRA CÁNTABROS Y ASTURES

Cantabria y Asturia, como serían llamadas posteriormente las regiones, mal conocidas, al oriente de Galicia, estuvieron supeditadas al destino de la provincia Citerior. Muy poco interés manifestaron los romanos por explorar y eventualmente someter estas tierras, conocidas confusamente como Cantabria hasta los Pirineos, y asignadas a un pueblo cántabro, belicoso y primitivo. Los pocos contactos y las aún más escasas citas sobre los cántabros hasta la mitad del siglo I a. C. se limitan a su presencia como guerreros al lado de otros pueblos indígenas de la Península y del sur de la Galia, Aquitania, o como mercenarios romanos en las contiendas civiles que tienen por escenario las provincias de Hispania. Así, aparecen aliados a los vacceos en la larga guerra celtíbera de 154-133 a. C. y a los aquitanos durante la conquista de la Galia por César en 56. Hay cántabros en el ejército de Afranio, el lugarteniente de Pompeyo en Hispania durante la Guerra civil.

El avance romano en la Citerior había alcanzado el valle alto y medio del Duero en el último tercio del siglo II a. C.; celtíberos y vacceos se integraron así dentro de los límites de la provincia. En el curso de los años siguientes, por más que la documentación de las fuentes sea demasiado precaria para acercarse a los detalles, el dominio Provincial intentó una penetración más profunda en la orilla derecha del Suerga, y llevó, al fin, al contacto directo con cántabros y astures. Sin embargo, los disturbios civiles que se suceden en las instancias centrales de Roma, en su lógica repercusión en el ámbito del Imperio, no eran la base oportuna para una acción metódica y continuada. Sin una planificación a largo plazo y sin excesivos intereses económicos, en una zona fronteriza no demasiado poblada ni rica, la inversión de un ejército parecía poco rentable. El extremo occidental de la provincia Citerior es olvidado, después de la liquidación del problema sertoriano, por la restauración silana y por el principado de Pompeyo, si no es para la obtención de mercenarios.

No es una casualidad que, después de más de un siglo, la primera noticia bélica con referencia al borde noroccidental de la Citerior se feche en el año 29 a. C. Desde hacía dos años, Octaviano afirmaba su poder único en Roma, tras la victoria sobre las fuerzas aliadas de Antonio y Cleopatra en Actium (31 a. C.). En la reorganización del Estado que siguió a la guerra civil, emprendida por el princeps con tanta resolución como precauciones, no podía faltar una primordial atención a los problemas exteriores. Un motivo esencial de propaganda del nuevo régimen debía ser la paz, pero concebida como corolario de la victoria. El Imperio debía, en la mente de Augusto, convertirse en un núcleo homogéneo y continuo, protegido sólidamente de un eventual enemigo exterior por un compacto sistema de defensa. Antes de ello, había que liquidar, sin embargo, las bolsas hostiles o simplemente independientes que la progresión imperialista romana había olvidado u obviado en Oriente y Occidente a lo largo de la República, por falta de rentabilidad o excesiva dificultad.

En la Península Ibérica Precisamente existía una de estas bolsas, la de la cornisa cantábrica. Y Augusto decidió contra ella una acción directa y sistemática como parte del programa general de pacificación del Imperio, que incluía también otros territorios como el de los sálasas, sometidos por A. Terencio Varrón, en el año 25; los Alpes Marítimos, en los años 16-14 a. C., por Silio Nerva; retios y vindélicos, en el Tirol septentrional, Baviera y oriente de Suiza, por los hijastros de Augusto, Tiberio y Druso, en 16-15 a. C. No fue casual que esta obra de pacificación comenzase en Hispania. Octavio, todavía triunviro, consiguió incluir entre los territorios bajo su directo control las provincias de Hispania, que habían recaído en el reparto original en Lépido. Durante los inciertos años de la última fase de la guerra civil, el peso de la decisión se encontraba en Oriente. Por ello, las provincias de Hispania, en cierto modo, al margen del conflicto entre Octavio y Antonio, fueron dirigidas por delegados, que no podían distraer fuerzas militares importantes en objetivos, en esos momentos, secundarios, cuando se estaba dirimiendo en Oriente el destino de Roma y del Imperio. Las fuentes, por ello, mantienen corrido el velo de los acontecimientos en Hispania en aquellos años decisivos, aunque no tanto como para desconocer que, al menos de forma limitada, los ejércitos romanos luchaban en las fronteras del dominio Provincial. Nuestro único dato, parco, pero expresivo, son las listas de los fasti triumphales. Por ellas sabemos que todos los legados de Octavio en Hispania, desde el año 39, alcanzaron el honor del triunfo por sus éxitos militares contra los indígenas, como manifiesta el lacónico ex Hispania: Cn. Domicio Calvino, contra los ceretanos (39-37); C. Norbano Flaco, seguramente en Lusitania o en su borde septentrional (36-35); L. Marcio Filipo (34) y Ap. Claudio Pulcher (33). El conocimiento de la extensión efectiva que alcanzaba el dominio provincial en la Península ofrece sobrados motivos para suponer que los pueblos cantábricos no debieron de ser ajenos a esta actividad bélica. Sin duda, entre los adversarios de los legados de Augusto se encontraban antiguos auxiliares pompeyanos que, como en otros tiempos, tras la desaparición de Sertorio, continuaron la lucha con presupuestos distintos a los que habían ocasionado su inclusión en la guerra civil. Tampoco se puede descartar la posibilidad de considerar estas campañas como operaciones de policía frente a una actitud ofensiva de los pueblos montañeses sobre la Meseta. Esta es, al menos, la razón que esgrimen continuamente las fuentes romanas como justificación de las guerras, que, unos años después, marcarán el comienzo del definitivo sometimiento. En todo caso, no es posible esperar, aun conociendo mejor los adversarios de las fuerzas romanas durante la guerra civil, una precisión satisfactoria de su geografía y etnias, que, hasta las guerras de sometimiento, a partir del 29 a. C., no comienzan a dibujarse. Pero está claro que las guerras cántabras o cántabro-astures se inscriben en un contexto geopolítico más amplio, el del sometimiento del norte de la Península Ibérica, que supera con mucho el ámbito geográfico de asentamiento de ambos pueblos.

Se han discutido mucho las razones de estas guerras, con argumentos que, apoyados en las fuentes limitadas, tardías y escasas, son en gran parte gratuitos. Con excesiva obediencia se repiten, glosan y amplían argumentos que atestiguan fuentes en varios siglos posteriores a los acontecimientos, además de fuertemente sincopadas —por tanto, generalizadoras— y, por supuesto, fieles a una propaganda oficial. Se insiste así en la protección romana a los pueblos de la meseta septentrional, concretamente los vacceos, turmódigos y autrigones, contra las depredaciones y algaradas de cántabros y astures sobre sus territorios y propiedades. Pero se olvida de igual manera que Dión Casio señala acciones bélicas romanas contra cántabros y astures, los depredadores de territorios protegidos por Roma, pero también contra sus supuestas víctimas, los vacceos.

Con la prudencia a que obliga la escasez de datos, pero también con el apoyo de las circunstancias políticas en el contexto general del Imperio, la conquista del norte peninsular, cuyo punto decisivo, sin duda, lo constituye la guerra cántabro-astur, se inscribe en un marco más amplio y trascendente que el de simples campañas coloniales justificadas con etiquetas estereotipadas. Y este marco no es otro que el de una política exterior consciente y sistemáticamente emprendida por Augusto desde su acceso al poder. No se trata tanto de responder a ataques de pueblos exteriores a las fronteras del dominio romano, sino de un plan madurado de conquista. Toma así pleno sentido el dato de Dión mencionado, como inicio de una campaña que, sin embargo, sería más larga y costosa de la, sin duda, prevista y también con un frente más extenso que el simple cántabro-astur.

De la campaña del 29, que podemos considerar el inicio de la guerra, sólo sabemos que fue dirigida por Estatilio Tauro y coronada por un éxito que prueba su tercera salutación imperial. Pero, por supuesto, no fue definitiva. C. Calvio Sabino, en el 28, y Sex. Apuleyo, en el 27, alcanzaron sendos triunfos ex Hispania, sin duda, también en el frente cantábrico. Que este frente se extendía más allá de las fronteras de cántabros y astures parece deducirse de la acción de Mesala Corvino en Aquitania, al otro lado de los Pirineos, en 28-27. Es, por ello, probable que los pueblos cercanos a los cántabros, al este de la cadena cantábrica, como los várdulos, fueran sometidos en la misma época para permitir la comunicación entre la Hispania del norte y la Aquitania. Pero el enorme frente, las características primitivas y belicosas de las tribus y la intrincada orografía se confabularon para prolongar las operaciones y, en algún caso, sufrir incluso desastres, si se tiene en cuenta la alusión a las res gestae, en la que Augusto dice haber recuperado en Hispania varias insignias militares perdidas por sus jefes.

Las guerras cántabras que la propaganda y la poesía áulica de Augusto celebran, no comenzaron el 26 con la participación activa del emperador como general en jefe. Se prolongaba ya varios años cuando el princeps decidió intervenir en ellas. Las causas de esta intervención y de las propias guerras han sido objeto de múltiples hipótesis. Se han esgrimido argumentos políticos con más o menos fortuna y apoyos. Naturalmente, el más evidente es el oficial, la eterna justificación defensiva de cualquier guerra emprendida por las armas romanas. Pero se ha intentado ofrecer otras explicaciones, entre ellas, la económica y, en concreto, el aprovechamiento de las ricas minas de la franja cantábrica, que sabemos que se pusieron en explotación no bien finalizada la guerra. El origen del sometimiento de cántabros y astures se incluye más bien en una sistemática concepción del Imperio como unidad orgánica, como parte de otros proyectos militares, que se cumplirán en los años sucesivos en todo el ámbito imperial. Pero el desarrollo de la guerra, prolongado ya durante tres años, al parecer con los resultados escasos, cuando no desfavorables, obligaron al princeps al golpe de efecto y la movilización de grandes efectivos, que supuso su traslado a Hispania.

En cuanto al discurso de la guerra, sin otros elementos que los conocidos relatos de Floro y Orosio y las breves citas de Dión, se suceden interpretaciones y rectificaciones de la estrategia de guerra que, difícilmente, sin el apoyo de datos arqueológicos, hoy por hoy, escasos, pueden superar el valor de simples hipótesis, en gran parte gratuitas. Los puntos esenciales, en cualquier caso, parecen suficientemente claros.

La campaña de Augusto, a lo largo del año 26, tuvo por escenario la Cantabria propia, atacada desde la llanura meridional por tres puntos, Con el apoyo adicional desde el mar de una flota. De los topónimos de la guerra que proporcionan las fuentes, uno de ellos Aracillum, está perfectamente localizado en Aradillos, cerca de donde se levantaría, como réplica romana, la ciudad de Iuliobriga (Reinosa). También conocemos el emplazamiento del campamento de Augusto Segisama (Sasamón, Burgos). La oportunidad estratégica de la zona elegida para el avance quedaría refrendada por el establecimiento en ella, desgraciadamente, aún sin confirmación arqueológica, con carácter permanente, de una de las legiones que participaron en la campaña, la IV Macedonica. Simultánea o inmediatamente siguiente a la campaña de Augusto en Cantabria es la presencia de las armas romanas en su flanco occidental, Asturia. En todo caso, es claro que hubo de conquistarse primero la llanura —el triángulo León, Astorga, Benavente—, donde se instalaron campamentos, que luego se hicieron permanentes. El momento culminante de esta conquista fue el sometimiento de la ciudad de Lancia, al sur de León. Asegurada la llanura, las armas romanas penetraron en la región del Bierzo para alcanzar el valle del Sil y, finalmente, el océano. Para finales del año 25, los romanos habían explorado todo el occidente peninsular y establecido puntos fuertes para supervisar la región, aunque aún no pudiera considerarse definitivamente sometida. Todavía, entre 24 y 19, las rebeliones frecuentes y peligrosas mantuvieron el estado de guerra. La última gran rebelión astur tuvo lugar en el 22; los cántabros quedaron sometidos en el 19. Sobre un sombrío fondo de matanzas, esclavizaciones y traslados de población, se instaló el ejército de ocupación y comenzó lentamente la organización del territorio y, con ella, la explotación de sus riquezas. Así, con la conquista del Noroeste, toda la Península quedaba sometida al dominio de Roma.

LA ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

LA REPÚBLICA

Evolución de la división Provincial

La decisión del gobierno romano de mantener de forma permanente los territorios conquistados en la Península implicaba la necesidad de organizarlos establemente para su explotación. Pero esta decisión no significaba que existiera un hábito que aplicar automáticamente al ámbito de dominio. Prácticamente sin experiencias de administración, Roma hubo de improvisar las directrices del gobierno provincial, que complicaron aún más las dificultosas relaciones con una población indígena heterogénea tanto en sus estructuras políticas y sociales como en su actitud ante la dominación romana. El largo período de conquista, tal como lo hemos considerado, con sus vacilaciones, no podía dejar de reflejarse también en la organización territorial, que muy lentamente trató de lograr una homogeneización de las estructuras indígenas con la imposición o adaptación de las romanas.

El modo en que la Península entra en la órbita de intereses del Estado romano deja deducir que, de todos modos, en un principio, el territorio hispano se consideró como un campo de operaciones, obligado por la constelación de fuerzas en un período de guerra. Parece demostrado que no pueden suponerse fines imperialistas en el despliegue de efectivos militares con el que comienza la presencia romana en Hispania. El propio ámbito de acción de estas fuerzas quedaba previamente marcado por la presencia púnica y, por ello, se concentró en la región costera oriental, de los Pirineos al Ebro. La estrategia romana pretendía ante todo destruir las principales reservas bélicas cartaginesas y abrir un frente, alejado de Italia, en uno de los puntos neurálgicos púnicos. Las campañas iniciales de los hermanos Escipión permitieron contar con bases estables al norte del río y, posteriormente, superarlo para adentrarse en territorio efectivamente controlado por el enemigo. Y, si bien el desastre de 211 retrajo de nuevo el espacio de operaciones al norte del Ebro, la actividad de Publio Cornelio Escipión consiguió bien pronto no solo recuperar las posiciones anteriores, sino, aún más, conquistar el núcleo púnico más importante de la costa levantina, Cartago Nova (Cartagena, Murcia), y penetrar en el Valle del Guadalquivir. Como sabemos, en 206 Escipión había logrado expulsar definitivamente a los púnicos de la Península y controlar todo el territorio por donde se había extendido la influencia cartaginesa. Se trataba de dos extensos espacios, claramente diferenciados, unidos por una estrecha franja costera. Al Norte, los romanos controlaban los pueblos de la costa entre Pirineos y Ebro, apoyados en sus bases de Emporiae (Ampurias, Gerona) y Tarraco (Tarragona), así como el territorio del interior habitado por las tribus de lacetanos e ilergetes, probablemente hasta las ciudades de Osca (Huesca) y Salduba (Zaragoza). Por el sur se habían extendido a lo largo del Valle del Guadalquivir y, tanto del alto, con la zona minera de Castulo (Linares, Jaén), como del Bajo, donde, antes de abandonar la Península, Escipión fundó el centro urbano de Italica, como lazareto para los heridos romanos e itálicos de la batalla de Ilipa (Sevilla). Este punto marcaba el límite extremo de la extensión del dominio romano por el Sur. Ambos territorios quedaban comunicados por una franja costera jalonada por las ciudades de Saguntum (Sagunto, Valencia), Dianium (Denia), Lucentun (Alicante) y Cartago Nova, sin apenas penetración por el interior.

Esta disposición, desde que se decidió la permanencia en la Península con voluntad de dominación, condicionó de hecho, si no de derecho, una división bipartita en dos ámbitos de acción. El propio Escipión, a su marcha de Hispania, confió sendos cuerpos de ejército, al mando de sus lugartenientes, M. Junio Silano y L. Marcio, para cada uno de los territorios, y el Senado posteriormente refrendó esta división con el envío de dos procónsules con poderes iguales, provisto cada uno de fuerzas militares.

Los territorios controlados por Roma en la Península se añadían así a los dominios ultramarinos con que contaba desde el final de la I Guerra Púnica, las islas de Sicilia, Cerdeña y Córcega. Para su control y administración sin experiencias anteriores, el gobierno romano había enviado pretores desde el 227 a. C. a estas islas, es decir, magistrados encargados de la jurisdicción con el encargo de regular los asuntos de estos territorios. Con esta solución pragmática, Roma creó así la organización Provincial, en la que el propio término «provincia» descubría la improvisación ante tareas no programadas, ya que, de concepto abstracto para indicar el ámbito de competencia del magistrado, pasó a designar el espacio geográfico concreto en donde el magistrado ejercía sus tareas. Con ello, «provincia» sería desde entonces un espacio limitado geográficamente en el que se reunían una serie de comunidades sometidas a Roma, administradas de forma constante por un magistrado con poder militar —imperium—, enviado anualmente desde la metrópoli, y obligadas al pago regular de un tributo, impuesto por el gobierno romano.

De todos modos, los territorios hispanos no se integraron, desde un principio, de derecho en este sistema. Si bien el envío regular de procónsules indicaba la voluntad de permanencia, el propio carácter de estos gobernadores —antiguos magistrados, a quienes frecuentemente se prorrogaba el mando por más de un año— manifestaba el carácter extraordinario del gobierno de estos dos nuevos ámbitos de dominio, que fueron denominados Hispania Citerior e Hispania Ulterior por su situación a uno y otro lado respectivamente de una línea fronteriza, en principio no claramente delimitada, al sur de Cartago Nova. La existencia de hecho de estas dos nuevas provincias se refrendó en 197 con la creación de dos nuevos pretores para su gobierno, con el encargo expreso de fijar límites concretos entre ambas. Esta frontera se fijó en el Saltus Castulonensis, una línea que partía del sur de Cartago Nova, pasando por los montes de Linares y Úbeda. Pero si bien los límites interprovinciales quedaron establecidos, no existían en absoluto líneas de demarcación hacia el interior, que fueron surgiendo en la práctica conforme el dominio romano fue extendiéndose mediante la anexión de nuevas comunidades indígenas.

Entre 193 y 191 se producen los primeros intentos serios de penetración en el interior, debido a los esfuerzos de C. Flaminio y M. Fulvio, que, a través del país de los oretanos, consiguieron alcanzar la línea del Tajo junto a Toletum, ciudad de los carpetanos. Diez años después, en 182, Fulvio Flaco se adentraba en el interior de la Meseta oriental, la Celtiberia, iniciando aquí el camino de la conquista. Sempronio Graco y L. Postumio Albino consiguieron en 180 poner firmemente el pie en territorio celtíbero, y la fundación de Graccurris (Alfaro, La Rioja) por el primero actuaría de trampolín para la posterior conquista. En esta época el dominio romano de la Península quedaba limitado al occidente por una línea que, de Graccurris a Clunia (Coruña del Conde, Burgos), iba a través de los montes de la Carpetania hasta alcanzar el Guadiana. Toda la zona al Oriente de esta línea incluía las provincias de Hispania Citerior y Ulterior.

Durante los siguientes cincuenta años el dominio romano en la Península apenas experimentó avances sensibles sobre los límites expuestos, debido a la feroz resistencia por parte de las tribus celtíberas en el oeste de la Citerior y de las lusitanas en los extremos de la Ulterior: son las grandes guerras celtíbero-lusitanas, que se extienden entre los años 154 y 133 y que exigieron por parte romana gigantescos esfuerzos y grandes pérdidas en hombres y materiales antes de ser resueltas con éxito. Su conclusión añadió al dominio romano extensos territorios del interior y obligó a un nuevo replanteamiento de las tareas impuestas a los ejércitos encargados de velar por la paz de las provincias hispanas, bajo el principio de repartir entre los gobernadores la supervisión de estos territorios, que, al menos sobre el papel, fueron adscritos a cada una de las provincias, aún sin existir sobre gran parte de ellos, o sólo de forma precaria, un control estable. Así, fueron englobados en la Citerior los territorios pertenecientes a las tribus celtíberas, los carpetanos, los oretanos que habitaban al norte de Saltus Castulonensis, los arévacos y, finalmente, los vacceos de la cuenca del Duero. En el ámbito de la Ulterior quedaron los lusitanos y sus vecinos orientales los vettones, y, al norte de ambos, los galaicos. Desde entonces y hasta la explosión de la guerra sertoriana, con la que Hispania de algún modo se incluye en los problemas de política interior del Estado romano, los esfuerzos militares se aplicaron en el Sur al ámbito comprendido entre los ríos Guadiana y Tajo y, por el Oeste, en el territorio de la Citerior, a la pacificación y dominación estable de la región al sur del Duero hasta la confluencia con el Tormes, territorio habitado por tribus vacceas meridionales.

La geoestrategia de las luchas contra Sertorio llevó el límite efectivo de la influencia romana hasta el Tajo, afianzado, al norte del río, por la carretera abierta por Metelo hasta la Sierra de Gata, mientras que por el Oeste el curso del Duero continuaba dividiendo la zona pacificada al Sur y la aún no sometida al Norte, con grandes centros vacceos, como Clunia y Pallantia, cabezas de enconada resistencia. La región de la Lusitania todavía libre entre el Tajo y el Duero y el territorio vacceo al norte de la línea del Duero fueron los objetivos de las armas romanas en el período de tiempo que se extiende entre el fin de la guerra sertoriana y el comienzo de las guerras civiles. Rebasado el río y anudados una serie de intereses económicos en la ribera norte, era inevitable, por razones de seguridad, el sometimiento de las únicas regiones hasta ahora al margen del dominio romano. Por ello, tras los últimos azares de las guerras civiles, el nuevo princeps, Augusto, en su replanteamiento total de la política imperial, consideró necesaria una campaña eficaz para liquidar la última bolsa independiente en un territorio ya totalmente englobado en el Imperio. Las expediciones emprendidas desde el año 29 a. C. abocaron a una guerra en toda regla que se extenderá en el tiempo hasta el 19 a. C. y que tendrá por escenario las regiones a ambos lados de la cordillera cantábrica y su prolongación hacia el Sur por los valles del Esla y del Órbigo, es decir, el territorio de cántabros y astures. El final será el sometimiento total de la Península, completado en el Nordeste por la anexión de las pocas tribus montañesas de los Pirineos, como los cerretanos, que, hasta entonces, amparados en su abrupta orografía, habían podido de algún modo sustraerse de forma completa al dominio de Roma.

Hasta las guerras cántabro-astures, dentro de los límites cronológicos del Imperio, la organización Provincial del territorio peninsular fue estable e idéntica a la del primer período de conquista. La frontera interprovincial que, en un principio, sólo marcaba el Saltus Castulonensis, con la progresión de la conquista fue delimitándose de forma más precisa: se prolongaba hacia el Noroeste por los iuga Oretana (Sierra de Almadén), dirigiéndose hacia el Norte cortando el Tajo en los alrededores de Toledo, remontaba probablemente el Valle del Alberche, pasaba al oeste de Ávila y se doblaba a continuación hacia el Nordeste, entre Tormes y Duero, hasta la confluencia de ambos ríos. Al oriente de esta línea se extendía la provincia Citerior; al sur de ella, la Ulterior. Las capitales de ambas provincias fueron respectivamente en un principio Cartago Nova para la Citerior y Corduba para la Ulterior, aunque, dado lo elemental de la administración y el estado casi permanente de guerra de todo el período, sólo pueden considerarse como residencias habituales de los gobernadores en el intervalo de las campañas militares. Sin embargo, a partir de César, si bien Corduba continuó conservando su carácter de capitalidad, no ocurrió lo mismo con Cartago Nova, que quedó desplazada frente a Tarraco ciudad que sería desde Augusto la capital de la Citerior.

El gobierno Provincial

Hasta la creación de derecho de las dos provincias de Hispania en 197, los territorios de la Península sometidos a Roma fueron dirigidos por los correspondientes jefes de ejército. En 205, tras la marcha de Escipión, sin embargo, ya de hecho se había introducido un gobierno provisional doble, al ser encargados dos generales, Léntulo en la Ulterior y Acidino en la Citerior, de la administración de cada una de las dos circunscripciones, provistos de un imperium proconsular especial. La elevación del número de pretores de cuatro a seis, en 197, como hemos dicho, regularizaba la situación, al contarse de este modo con dos magistrados electos para cubrir los cargos de gobernadores, también provistos de imperium proconsular. Hasta el comienzo de las guerras celtíbero-lusitanas, en 154, fueron estos magistrados los que de forma constante estuvieron al frente de ambas provincias, a excepción del año de gobierno de Catón, en 195, en el que el gobierno de la Citerior estuvo en las manos de un cónsul.

En principio, la gestión de estos magistrados se reducía a un año, pero fueron bastante frecuentes, por razones obvias de constancia en el mando, teniendo en cuenta las tareas militares y la lejanía de Roma, las prórrogas de poderes por un año más e incluso, a veces, por dos, al del término de la magistratura. Por otra parte, a partir de 154, se hizo necesario en varias ocasiones encargar del gobierno de una u otra provincia a un cónsul, dadas las grandes fuerzas militares invertidas para la guerra contra celtíberos y lusitanos, que, acabado el año de su magistratura, continuó en la Península por varios años más como procónsul.

La reforma de Sila adjudicó el gobierno de ambas provincias, lo mismo que las restantes del imperio, a antiguos cónsules o pretores, con el título respectivo de procónsules o propretores, estos últimos empero provistos de imperium proconsular. Ambos tipos de promagistrados ocuparon indistintamente su cargo de gobernadores de forma anual en cada una de las provincias hasta finales de la República. Sólo en ciertas ocasiones cabe señalar excepciones a la dualidad de los gobernadores de Hispania. Así, del 171 a 168, a causa de la III Guerra Macedonica y por la necesidad de comandantes para las tropas destinadas a este conflicto, ocuparon el gobierno indiviso de ambas provincias L. Canuleyo Dives (171-170), M. Claudio Marcelo (169) y P. Fonteyo Balbo (168). Esta dualidad volvió a quedar rota en dos ocasiones a finales de la República, como expresión, entre otras, de las muchas agresiones al orden constitucional que acabarían con ella. La primera fue a consecuencia de la Lex Trebonia en el año 54, que dio a Pompeyo el gobierno indiviso de las provincias de Hispania hasta la explosión de la guerra civil en 49. La segunda fue obra del llamado segundo triunvirato (en realidad, el único legal), que atribuyó a Lépido para el año 42 el gobierno de ambas provincias. En el 41 por el acuerdo de Brundisium (Brindisi), las dos Hispanias pasaron a manos de Octaviano, que las mantuvo bajo su autoridad hasta la disolución de la República. En estas ocasiones de gobierno indiviso no fueron los propios titulares los que ejercieron la función directa de gobierno en las provincias, sino sus lugartenientes, legados del procónsul en el caso de Pompeyo y Lépido o propiamente procónsules durante el gobierno nominal de Octaviano.

Durante el período de conquista, que cubre los dos últimos siglos de la República, no es mucho lo que se puede individualizar sobre las tareas de gobierno y administración de las provincias de Hispania. Hay que tener en cuenta que las fuentes de documentación dedican primordialmente su atención a noticias más espectaculares, como son las incesantes guerras de conquista que cubren toda la época, entre las que se deslizan datos aislados que apenas permiten formarse una idea de conjunto. De todos modos, la competencia del gobernador no era excesivamente minuciosa. Para la época republicana puede decirse que el gobernador romano en su provincia gobierna, pero no administra. Sólo en el principado puede hablarse de una administración desarrollada, aunque incluso en esta época la intensidad de la administración provincial para nuestro concepto moderno es muy modesta.

La administración provincial republicana puede resumirse en unas normas muy concretas: aprovechamiento económico de la provincia bajo presupuestos de seguridad. Eran, por ello y en primer lugar, competencia del gobernador todos los asuntos que entrañaban la utilización de un imperium militar, es decir, el recurso a la fuerza armada. Para ello y como máxima autoridad militar, el gobernador estaba provisto de un cuerpo de ejército, mayor o menor, según su categoría o necesidades, que constituía la base necesaria para aplicar estos rudimentarios principios de administración. Con su concurso, el gobernador debía mantener tanto la seguridad en el interior de su provincia como la defensa frente al territorio hostil a ella. En consecuencia, era cometido suyo impedir los levantamientos contra Roma, aplastar los disturbios internos de su provincia, impedir el apoyo de los provinciales a fuerzas exteriores, es decir, crear los presupuestos para que la provincia aceptara en paz las tareas de los órganos fiscales y aduaneros. En esta época, el fisco y las aduanas todavía no son competencia de una organización estatal. Dado lo parco del desarrollo de la administración durante la República, su recolección se confía a privados mediante el sistema de arriendo. Naturalmente, puesto que sobre el gobernador descansa la responsabilidad de la provincia, puede actuar con poder de decisión en cualquier pleito que se cree entre recaudadores de impuestos e impositores.

Sabemos muy poco sobre el equipo que acompañaba a cada gobernador en el desempeño de su función. De hecho, las tareas limitadas que había de resolver no precisaban de un número excesivo de ayudantes. Mediante elección popular, era puesto a su disposición, como magistrado regular bajo su mandato, un quaestor (cuestor), encargado especialmente de la administración de las finanzas de la provincia, pero con otras atribuciones en ciertos casos, por delegación del gobernador, como la de sustitución en períodos de ausencia o con tareas judiciales, si así lo estimaba éste. Apenas son mencionados en las fuentes los correspondientes a las provincias de Hispania en este período. Sólo a título de excepción conocemos los nombres de alrededor de una decena para un período de más de 200 años, como, por ejemplo, Sempronio Graco, el famoso tribuno de la plebe revolucionario, durante el gobierno de Mancino en la Citerior en 137, o César, cuestor de la Ulterior en el año 68 durante el gobierno de C. Antistio. Un caso aislado representa Cn. Calpurnio Pisón, Quaestor pro praetore, muerto en la Citerior el año 65 cuando iba a hacerse cargo de la provincia. Se ignora a quien tuvo el encargo de suplir y cuáles fueron las causas de esta interinidad.

La práctica de administración republicana tiene, sobre todo, por fundamento, allanar caminos a los recaudadores de impuestos, sin que ello deba suponer en principio dañar los intereses de los provinciales con abusos. En el gobierno Provincial, Roma no impone completamente su derecho, sino que deja vigentes los derechos nacionales, particularmente en aquellos territorios en los que existen instituciones consolidadas por una larga tradición civil. Pero con el ejercicio del poder romano se va constituyendo un nuevo sistema de formas jurídicas aplicables en las provincias, distintas tanto del derecho romano como del peregrino. Estas eran las normas que emanaban del gobernador a través de su edictum (edicto), en el que se expresaban los criterios relativos al ejercicio de su jurisdicción en la provincia durante el ámbito temporal de su mandato. Probablemente existió un antiguo edicto provincial unitario del que se serviría cada gobernador para su propio edicto, pero, por lo que conocemos al final de la República, sobre todo, por testimonios de Cicerón, puede decirse que existía gran libertad en el ius edicendi de los gobernadores.

Frente al poder del gobernador, los provinciales tenían poca defensa. Hay que tener en cuenta que el gobernador no es un encargado del gobierno, sino un miembro del mismo con pleno derecho. Pero, además, en la provincia no estaba mediatizado por un colega del mismo rango, como los magistrados de las instancias centrales, o por un tribuno de la plebe, que pudiera ejercer sobre él su prerrogativa de intercesión ante cualquier daño a un provincial. Las provincias fueron verdaderos sacos sin fondo para las necesidades crecientes de dinero que la política romana, sobre todo durante el último siglo de la República, imponía a los que tomaban parte activa en ella. Frente al ilimitado poder del gobernador, es cierto que se crearon por la lex Calpurnia de 149 las llamadas quaestiones perpetuae de repetundis o tribunales de concusión, ante los que podía ser llamado un gobernador al término de su mandato para dar explicaciones sobre su gestión. Pero la acusación de un delito cometido contra los provinciales debía ser hecha por el patronus de la provincia, senador residente en Roma, y es claro que, mientras que los tribunales estuvieron en manos de los senadores, se evitó al máximo el escándalo. De hecho, ya al poco tiempo de su creación, estos tribunales se convirtieron en simple palestra del juego político, muy lejos de las verdaderas tareas que presidieron su creación.

El ansia de poder y riqueza de los gobernadores podía también canalizarse hacia el exterior. Para los políticos de fines de la República era un buen negocio lanzarse a guerras de conquista, que, además de sustanciosos botines, extendían su clientela militar y, con ello, su prestigio y poder entre los soldados que dirigían. No de otra manera hay que imaginar las intenciones de César durante su propretura en la Ulterior contra los lusitanos o, posteriormente, al lograr el gobierno de la Galia Narbonense.

Todas estas reglas generales sobre el gobierno Provincial, si bien hemos de aceptarlas también para el caso de Hispania durante la época republicana, no estamos sin embargo en condiciones de precisar con ejemplos suficientes los ámbitos en donde se hacía presente en la autoridad del gobernador y su repercusión en la vida Provincial, fuera de este último aspecto imperialista, que, por más llamativo, es reflejado con más frecuencia en nuestras fuentes de documentación. Intentaremos, pese a todo, apurarlas para evitar una imagen excesivamente generalizadora.

Una de las tareas del gobernador hacia las poblaciones indígenas englobadas en su jurisdicción no es sólo la indicada de represión de disturbios, sino también la contraria y positiva de defenderlos contra otros pueblos exteriores de las fronteras de la provincia cuando éstos fueran atacados. Naturalmente, no podemos estar seguros de sí, dado el sentido altamente legalista romano, se trata de simples pretextos para iniciar una acción imperialista. Según Suetonio, César partió apresuradamente de Roma para hacerse cargo del gobierno de la Ulterior para llevar más pronto socorro a los aliados que imploraban la protección de Roma. Si la razón es sospechosa, no deja de indicar un motivo real del que se esperaba solución. También sospechosa, la razón que da Floro del ataque de Roma a los cántabros es la de acabar con las molestias que éstos causaban en sus correrías a las tribus de vacceos, autrigones y turmódigos, bajo el dominio de Roma y, por tanto, bajo su protección.

Entre los pocos casos concretos que poseemos sobre una gestión autoritaria sobre provinciales hispanos por parte del gobernador, hay dos que merecen la atención. Craso, en los años 96-95 procónsul de la Citerior, prohibió a los habitantes de Bletisa (Ledesma, Salamanca) celebrar sacrificios humanos; también César, durante su propretura de la Ulterior en 61, abolió en Cádiz la costumbre de quemar vivos a los criminales. Se trata de dos casos aislados, y por ello no sabemos hasta qué punto podría generalizarse, pero es lógico pensar que, además de mantener la paz en su provincia, el gobernador se preocupase de actuar sobre las costumbres de los súbditos, acercándolas, en casos tan chocantes, al modo romano.

Los repartos de tierra

Más datos poseemos sobre un punto crucial, en el que habremos de insistir, de la vida Provincial y de las relaciones pacíficas entre el gobierno romano y los provinciales. Uno de los problemas que actúa de transfondo en la conquista es la necesidad de tierras por parte de la población indígena, problema que no sólo es producto de la miseria de las poblaciones, sino del que en buena parte es responsable la desigualdad social indígena. A lo largo de toda la República es constante el juego de los gobernadores sobre este problema, utilizado una y otra vez para conseguir sus propósitos, bien de pacificación y apaciguamiento social, o —y el caso se repite con demasiada frecuencia— como trampa para conseguir fines de represión. Se trata de los repartos de tierras a las poblaciones indígenas, a veces conexionado incluso a la fundación de centros urbanos para conseguir una adaptación de los indígenas a módulos romanos y, claro está, también para un más fácil gobierno, debido al más exacto control de los habitantes de estos centros. El ejemplo más antiguo que conocemos data de 189: en esa fecha L. Emilo Paulo concedió la posesión de tierras de cultivo y la ciudadela, junto con la manumisión, a los habitantes de la Turris Lascutana, siervos de la ciudad de Hasta (cerca de Jerez, Cádiz). En este marco se inscribe también la fundación de Graccurris por Sempronio Graco en 179, los repartos de Junio Bruto ante el Ejército de Viriato, la fundación de una ciudad, de nombre desconocido, cercana a Colenda, por M. Mario para asentar a sus auxiliares celtíberos, o la añagaza de T. Didio posteriormente contra esta misma ciudad, a cuyos habitantes se convocó con el pretexto de repartir las tierras para aniquilarlos.

Esta política urbana podría tener también causas preventivas o represivas. Dada la orografía de la Península y sus sistemas sociales, era muy difícil mantener pacificados territorios donde sus habitantes en cualquier momento podían desbandarse o guarecerse en sus montañas. La conquista en muchos casos iba acompañada de la deportación de la población o de su traslado a paisajes más fáciles de controlar. Así, T. Didio obligó a los habitantes de Termantia a trasladar su ciudad al llano sin fortificaciones, política continuada por César con los lusitanos en la Sierra de la Estrella y por Augusto durante las guerras cántabro-astures.

Las comunidades provinciales:

populi y civitates

es claro que en las relaciones concretas con los hispanos, aparte de la división en provincias, era necesario recurrir a unidades administrativas menores que facilitaran las tareas del gobierno. Hispania era un conglomerado heterogéneo de formaciones político-sociales, unas propiamente indígenas, anteriores a la conquista; otras, creación romana; otras, en fin, si bien autóctonas, dotadas en mayor o menor grado de privilegios políticos o de exenciones administrativas. De un lado, la heterogeneidad de estructuras sociales anteriores a la conquista; de otro, la irregularidad de la misma, habrían de actuar en la persistencia de esta diversidad de núcleos sociales y de las instancias de que estos grupos disponían para sus relaciones con el gobierno romano. A lo largo de la República, y aún durante el Imperio, la administración romana, dúctil y con gran capacidad de adaptación, nacida de la precariedad de medios de que disponía, no suprimió las instituciones indígenas, a través de las cuales le era posible llevar a cabo su gobierno y las tareas que éste imponía de recaudación de impuestos, levas y control legal. Sin embargo, sí intentó, como hemos visto, conseguir que estas unidades sociales se incluyeran en un cuadro urbano para evitar la dispersión y con ello ejercer un control más efectivo sobre las mismas. Esta política no podía dejar de suscitar modificaciones sobre la organización indígena del territorio desde el mismo comienzo de la conquista, que tuvo que experimentar importantes cambios introducidos por la administración romana: reducción del territorio, traslado de poblaciones, confiscaciones y repartos de tierra.

En el sur y oriente de la Península, correspondiente a la Hispania ibérica y con una larga tradición urbana, promovida y ampliada por la influencia de la colonización púnica y griega, la unidad administrativa fue la civitas, sólo impropiamente sinónimo de ciudad, puesto que cada núcleo urbano incluía un territorium rústico dependiente, en el que podían integrarse otras unidades menores de concentración urbana. Estas civitates no eran uniformes de cara a la administración romana: además del mantenimiento de los derechos tradicionales nacionales, que hasta la dominación romana habían presidido sus relaciones internas —si se exceptúa en los casos en que este mantenimiento perjudicaba a los intereses romanos—, la regulación de las relaciones de Roma con cada comunidad se basaban en las características que había revestido esta sumisión, producto de un pacto pacífico, de la entrega sin condiciones o de su conquista por la fuerza de las armas. Tenemos precisamente un ejemplo de una de esas regulaciones en la llamada tabula Alcantarensis, que nos documenta una deditio —rendición sin condiciones— del año 104 a. C.:

Siendo cónsules Cayo Mario y Cayo Flavio, A. Lucio Cesio, hijo de Cayo, imperator, el pueblo de los seano se rindió. Lucio Cesio, hijo de Cayo, imperator, después que hubo aceptado, preguntó al Consejo lo que consideraba adecuado exigirles. A partir del dictamen del Consejo, exigió los prisioneros, los caballos y las yeguas que hubieran cogido. Lo entregaron todo. Después Lucio Cesio, hijo de Cayo, determinó que quedaran como estaban los campos y las construcciones; las leyes y las demás cosas que hubieran tenido hasta el día de la rendición se las devolvió para que siguieran en uso mientras el pueblo romano quisiera. Y en relación con este asunto les ordenó a los legados que fueran Creno y Arco, hijos de Cantono, legados.

Así, las comunidades constituían un mosaico de estatutos, con derechos y obligaciones desiguales. Las más privilegiadas, pero también las menos en número, eran las civitates foederatae o aliadas, integradas en el Estado romano como consecuencia de un pacto, y las liberae, exentas del pago de tributo e independientes en la gestión de sus asuntos internos, por decisión unilateral romana. La inmensa mayoría, sin embargo, entraba en la categoría de civitates stipendiariae, es decir, sometidas al pago de un stipendium o tributo anual fijo, a la obligación de proporcionar soldados auxiliares y a la renuncia a derecho propio. En el interior y, especialmente, en la mitad norte peninsular, Roma se encontró con una amplia gama de unidades territoriales, que podían contar con centros urbanos, pero que se enmarcaban en una entidad social de carácter tribal que superaba el concepto de ciudad. Cuando la dispersión de sus habitantes, aún ajenos al fenómeno urbano, no permitía su conversión en civitates, el gobierno romano las consideró, desde el punto de vista administrativo, como populi indiferenciados, pero con unidades territoriales análogas a las civitates. La tendencia fue, sin embargo, la transformación de estos populi en civitates, mediante la creación de centros urbanos en su territorio, a lo largo de un lento proceso que se prolonga durante todo el Imperio y que aún no estaba acabado al final del dominio romano en la Península. En todo caso, estas unidades territoriales en sus subdivisiones, fueron aprovechadas como unidades administrativas por parte de la potencia colonizadora formando con ellas los órganos primarios de la administración provincial. Más difícil es precisar cómo se llevaban a cabo estos aprovechamientos, es decir, cuáles eran las intenciones de gobierno y representación de estas unidades y cómo se establecía la relación con los magistrados romanos correspondientes. Las fuentes nos documentan la existencia de monarquías indígenas aún durante el final de la República, su apoyo por parte romana y colaboración que, debido a ello, existía entre ambas, lo que puede ampliarse a otros núcleos donde, no existiendo monarquía, eran las oligarquías ricas las sostenidas por Roma y, por tanto, las más interesadas en una colaboración. En otras zonas, especialmente en la Hispania céltica, era un magistrado popular indígena el vehículo de las relaciones entre las entidades constitutivas del pueblo y la administración romana, pero no sabemos si se trata de una creación romana o de una adaptación de otras zonas peninsulares no celtizadas. Lo único verdaderamente seguro es, pues, que los romanos utilizaron durante la República, como instrumento de su organización, la anterior indígena, adaptada en los casos posibles al modelo ciudadano.

Pero también existen algunos indicios a finales de la época republicana de una institución que se desarrollará solo plenamente durante el Imperio. Se trata de los conventus o asambleas de la provincia con el fin de administrar justicia a los súbditos provinciales por parte del gobernador romano en días fijados al respecto. El gobernador recorre su provincia para impartir justicia y hacer etapas en ciudades prefijadas para establecer allí su tribunal, al que acuden los habitantes de un determinado distrito. Estos tribunales itinerantes tenían lugar, durante la República, generalmente en invierno, ya que el verano era destinado a las campañas militares y a negocios de la administración. Por Suetonio sabemos que estos conventus —que durante el Imperio serán divisiones de las provincias para la administración de justicia— ya existían en el año 68, puesto que en esa fecha César, como cuestor de la Ulterior, visitó las asambleas de esta provincia para administrar justicia por delegación del pretor. El autor que transmite este dato relaciona el viaje con Gades (Cádiz), que durante el Imperio será de hecho una de las capitales de los cuatro conventus de la bética.

La administración fiscal

La necesidad de una ordenación de los habitantes englobados en cada una de las provincias con magistrados o responsables de los asuntos internos de cada grupo social era más evidente que en el reparto de justicia, en la principal rama de la administración provincial, esto es, en la recaudación de tributos, a la que hay que añadir también, primero de forma irregular y luego metódica, la prestación de servicio militar de contingentes de indígenas en las tropas auxiliares romanas.

Desde 167, en que fue suprimido el tributo en Italia, las provincias hubieron de soportar mediante un rígido sistema de tasación las expensas de la administración y de las obras públicas. Pero este sistema no estaba extendido por igual a todas las comunidades provinciales, ya que dependía de los lazos que cada comunidad tuviese con Roma y del status privilegiado o no de las mismas. En principio, las ciudades aliadas y libres no pagaban tasas, pero este tipo de comunidades fue disminuyendo paulatinamente; las pagaban los municipios y colonias, las ciudades de derecho latino, pero, especialmente, el conjunto de provinciales, reunidos en núcleos urbanos o unidades territoriales, sobre los que caía el peso principal de los mismos. Los tributos eran de dos tipos, el stipendium o tributo del suelo, por lo que las ciudades que habían de pagarlo se llamaban stipendiariae y otros impuestos de carácter personal.

Como hemos visto, durante la República la recaudación de impuestos no era llevada a cabo directamente por el Estado o sus representantes, sino por sociedades privadas, las societates publicanorum, formadas por caballeros, a los que el gobierno arrendaba por una suma global el cobro de los impuestos. Dada la precariedad del aparato administrativo romano y la anualidad de los magistrados provinciales, este sistema representaba unas ventajas objetivas, naturalmente, para el Estado romano, ya que el cobro de tributos por parte de estas sociedades, que estaban montadas para la ganancia, no perdonaban de los provinciales nada del montante global, cuando no era subido o exigido mediante la coacción. El papel del gobierno provincial se limitaba a prestar ayuda a estos publicani para la recaudación y procurar que ésta se realizase sin disturbios.

Pero además de este tributo impuesto por el Senado, que solía representar el cinco por ciento de la cosecha de grano, pagadero también en metal, la condición de conquista que existe, si no en todo el ámbito de la provincia, sí en parte de la misma durante toda la época republicana, llevaba a contribuciones extraordinarias, bien como ayuda obligatoria de los provinciales en época de campaña, bien como castigo al ser sometidos o vencidos. Entre las primeras podemos citar, por ejemplo, la contribución extraordinaria impuesta por Metelo en su provincia durante la guerra sertoriana, que luego César condenaría, unas cantidades ingentes de trigo acumuladas por Fabio Máximo, propretor de la Citerior hacia 124, por medio de la fuerza. Las segundas eran constantes iban añadidas al saqueo y al botín tomado en la conquista.

El patronato romano: fides y devotio

Es necesario referirse también a las relaciones personales tejidas por los gobernantes o personajes influyentes de la política romana con los provinciales, como importante elemento de carácter político con incidencia en la evolución peninsular.

Roma, el Estado romano, la República o cualquier término generalizador, encubre en la realidad unos nombres de políticos y dirigentes concretos que se arrogan en su gestión, especialmente las provincias, la representación del conjunto político de la potencia dominadora o, todavía más, la personalizan. En realidad, la extensión del poder romano en las provincias no corresponde tanto al Estado en abstracto como a la oligarquía que lo dirige o, más precisamente, a los conquistadores-gobernadores de estas provincias. Son los gobernadores-jefes del ejército los que conquistan un territorio, los que establecen las condiciones de entrega, los que hacen repartos de tierra, los que atan y desatan con ciudades, tribus y gentes en nombre del Estado romano. Pero estos indígenas no tratan con el Estado como concepto abstracto, que sólo muy someramente comprenden, sino con las personalidades concretas que tienen frente a ellos. De aquí que esta influencia sobre los indígenas dependa en gran parte de la fuerza de persuasión, de las dotes personales que desarrollen estos gobernadores. En el caso concreto de Hispania, basta con considerar los nombres de Sempronio Graco, Sertorio, Pompeyo o César para ilustrar este punto. Esta influencia sobre los indígenas no sólo contribuía en última instancia a atraerlos a la obra de Roma, sino, sobre todo, primariamente era la causa de la extensión de la propia influencia de la familia a la que pertenecía el caudillo, creando verdaderas esferas de influencia dinásticas, que persisten a lo largo del tiempo. El hecho estaba incluso fuertemente enraizado tanto en instituciones tradicionales indígenas como en la misma idiosincrasia romana.

Por parte indígena, se trataba de hábitos, bien conocidos en la Hispania prerromana, con un fuerte contenido religioso, la devotio y fides. La primera significaba la consagración del indígena a un personaje, considerado superior, al que se prometía fidelidad hasta la muerte; la segunda consistía en un pacto bilateral, un vínculo recíproco, que ligaba a un personaje influyente, el patronus, con una serie de clientes: a cambio de protección y ayuda económica, los clientes se obligaban al respeto y obediencia al patrono en tiempos de paz y a la prestación de soporte militar en caso de guerra. Por lo que respecta a Roma, desde tiempos primitivos, constituían un elemento esencial de la sociedad los vínculos de clientela, que, como en el caso de la fides ibérica, ligaban con mutuos lazos a patronos y clientes. Éstos lazos de clientela fueron trasladados a la espera de la política exterior y suponían que, a consecuencia de unos beneficios por parte del patrono, el indígena respectivo —individuos o comunidades enteras— correspondía con la lealtad y fidelidad al patrono y, a través de él, al propio Estado romano.

Los beneficios de un patrono podían cubrir toda una gama de posibilidades generales, como la promulgación de leyes, pacificación entre las tribus, repartos de tierra, defensa de los intereses de los provinciales ante el Senado romano..., o personales, como la propia concesión de la ciudadanía romana. La consecuencia de todo ello fue la constancia y la lealtad durante generaciones al nombre del patrono y, con él, a sus descendientes, como prueba el caso de las clientelas de Pompeyo, con sus repercusiones en la guerra civil.

El ejército de conquista y ocupación

Debemos referirnos, aunque sea brevemente, a un tema importante en el complejo de la administración como es el del Ejército. Es obvio que, desde los inicios de la conquista y por las peculiaridades de su desarrollo, la Península tuvo que soportar la presencia de contingentes romanos de apreciable entidad. Cuando, con la expulsión de los cartagineses, el Senado comenzó a regularizar la administración de las nuevas posesiones con el envío de propretores, se les proveyó de sendos ejércitos que, como fuerza armada, proporcionarían a los encargados de la administración de ambas provincias los medios para imponer sus directrices de gobierno.

En líneas generales, un ejército pretoriano estaba constituido por una legión, formada por ciudadanos romanos, socii, esto es, aliados —hasta el año 89 constituidos con elementos itálicos— y auxilia, tropas ligeras en las que servían soldados no romanos ni itálicos y cuyos elementos procedían de los pueblos indígenas con los que Roma había pactado una cooperación militar o por medio de libre adiestramiento individual o colectivo de mercenarios. La unidad legionaria de cuatro a cinco mil soldados de infantería y trescientos jinetes se complementaba así con contingentes variables de auxilia, que sólo permanecían en filas el tiempo en que se desarrollaban las campañas, con estructura y unidades orgánicas propias, y un número igual de socii itálicos de infantería, encuadrados en alae y subdivididos en cohortes, y de jinetes, en una proporción con respecto a los romanos del doble o triple, ordenados en pequeños escuadrones de treinta hombres, llamados turmae. En consecuencia, pues, un ejército pretoriano venía a disponer de unos diez o doce mil soldados, sin contar los auxilia irregulares. Así, la cifra de hombres en armas del ejército romano en la Península era normalmente de veinte a veinticinco mil soldados, aparte de los auxilia indígenas.

Sin embargo, cuando el gobernador era cónsul el ejército del que disponía tenía el doble de los efectivos asignados al pretoriano. Así, durante ciertos periodos, el ejército romano en Hispania contó con efectivos muy superiores a los antedichos, como fue el caso durante la estancia de Catón, o durante las guerras celtíbero-lusitanas, en las que las fuerzas romanas llegaron hasta los cuarenta o cincuenta mil hombres. Otro período que significó un aumento considerable de los efectivos romanos en suelo peninsular fueron las guerras sertorianas, a partir del año 83, y, posteriormente, la guerra civil entre César y Pompeyo. El último episodio de la conquista romana de la Península, las guerras contra cántabros y astures significó la concentración en ciertos momentos de hasta 35.000 soldados. La definitiva victoria de Agripa en el año 19 a. C., con el final de la conquista, redujo los efectivos romanos en Hispania, en donde quedó como ejército, ya no de conquista, sino estable de ocupación, una legión en Cantabria, la IV Macedonica, emplazada cerca de Reinosa, y dos más, las VI y la X, reunidas en un solo campamento en la región de Asturia-Gallaecia, cerca de Poetavonium, apoyadas por un número impreciso de tropas auxiliares.

Estas tropas, que debían cumplir al mismo tiempo funciones estratégicas y de policía, no se mantenían, lógicamente, en un cuartel general, dada la enorme extensión del territorio sobre el que tenían que ejercer su supervisión. Pero en los largos períodos de invierno, el ejército se replegaba a regiones pacificadas donde pudiera contar con medios de subsistencia. Sin embargo, no sabemos si la castrametación de estas tropas se realizaba dentro de las ciudades o en campamentos propios. Por las escasas noticias con que contamos, al parecer la castrametación se adaptaba a la situación dada. Pero además, durante la época de sometimiento, el papel desempeñado por las guarniciones establecidas por los conquistadores romanos fue muy importante. La imposición de una guarnición era el trato normal para una comunidad recientemente capturada. Ciertas comunidades, por otra parte, permitían la presencia de fuerzas romanas entre sus muros, como puntos estratégicos de una zona determinada. Y, finalmente, cuando así parecía aconsejable, se establecían fuertes militares permanentes, que, en algunos casos, cuando ya habían perdido su primordial función militar, podían dar lugar a núcleos de población. Son los muchos castra, praesidium, castellum y praetorium que encontramos dispersos en la toponimia antigua de la Península, como Aritium Praetorium, en la vía de Lisboa a Mérida; Castra Caecilia, en el Ebro, o Castellum Ebora, junto a Sanlúcar de Barrameda.

Si bien las fuerzas de época republicana, como ejército de conquista, no debieron de influir de forma excesivamente positiva sobre la población autóctona, tuvieron una considerable importancia para el fenómeno de la romanización —tema que se tratará en su lugar—, cuando se transformaron en un elemento estable, una vez resuelto el servicio militar, por obra de los veteranos que se quedaron como colonos en la Península.

La colonización

Ello nos enfrenta al tema de la colonización y fundación de ciudades, que, como el del ejército, no nos interesa aquí desde su perspectiva social, sino desde el punto de vista de la función gubernamental y en su vertiente político-administrativa.

La colonización, es decir, la creación de centros urbanos de corte romano para un núcleo de población itálica, es consecuencia, obviamente, de la presencia y extensión del elemento humano romano en la Península como factor dominante de la explotación económica. La corriente de población civil itálica que, con los ejércitos de conquista o tras ellos, se desplazó hacia la Península era tan variada en sus intenciones como en su extracción social. Muchos de ellos, por descontado, ni siquiera eran ciudadanos romanos, pero en su conjunto acudían bajo la protección que ofrecía el poder de Roma y, en cualquier caso, pertenecían a su ámbito cultural.

Tanto por las circunstancias económico-sociales de Italia, desde mitad del siglo II a. C., como por las condiciones de suelo, subsuelo, situación geográfica y panorama político de la Península Ibérica, se daban los presupuestos más favorables para que pudiera prender una vasta política de colonización. Desde muy temprano, se conoció, valoró y explotó en consecuencia la riqueza de Hispania en minerales y, desde que la crisis económica empezó a sacudir a Italia, se reconoció el valor de las fértiles tierras de los valles del Ebro y del Guadalquivir. A ello se añadía el campo virgen que se ofrecía a los comerciantes e industriales para negociar ante una población indígena menos esquilmada que en Oriente y con unas posibilidades de comunicación. De todas maneras, no fue tanto el ámbito de los negocios la fuente principal de la corriente migratoria hacia la Península, si tenemos en cuenta que la presencia de negotiatores y publicani sólo incide en un número restringido de núcleos urbanos, generalmente costeros. Es, con un nivel muy superior, la colonización agraria la que arrastra y retiene en la Península al núcleo fundamental de la emigración itálica durante la República. Y precisamente en esta colonización las provincias de Hispania representan una excepción frente al resto del ámbito.

De hecho, sabemos que no existe fuera de Italia una gran colonización agraria hasta la época de César. Si en Hispania efectivamente se produce, hay que suponer que las razones están precisamente en la situación especial que ocupan las provincias hispanas entre al resto del Imperio, y es ésta la presencia continuada de numerosas fuerzas militares. Los largos años de guerra entre los que se teje la conquista de la Península habían creado una situación excepcional dentro de las provincias de la República romana. La situación militar de la Península había conducido a la creación de un auténtico ejército estable, prototipo de los ejércitos de la época imperial. La consecuencia de ello será el asentamiento voluntario de soldados romanos y aliados itálicos en estas provincias, a licenciarse como colonos agrícolas. Estos colonos darán lugar a la creación de numerosos centros urbanos, habitados por itálicos, asociados a indígenas, de condición jurídica no muy clara, que serán un eficaz medio de romanización del país. Y frente a su política ordinaria, notoriamente hostil a una colonización ultramarina, el Senado no sólo no se opuso a estos asentamientos, sino que los auspició con miembros influyentes.

Conocemos bien las razones que han bloqueado la extensión de la colonización fuera de la Península itálica, explicables en el contexto de la política interior y de los juegos de fuerzas de la nobilitas. El acto personal de fundación de la colonia significaba la inclusión, en la clientela política del nobilis fundador, de los ciudadanos asentados y la extensión a las provincias, por tanto, de su poder y prestigio. La crisis de la República, a partir de la segunda mitad del siglo II, hizo progresivamente suspicaz a un colectivo aristocrático que sólo podía fundamentar su poder en la igualitaria mediocridad de sus componentes y, en consecuencia, debía rechazar cualquier intento individual de concentración de poder. En Hispania, las condiciones de servicio de las fuerzas romanas, que obligaban a varios años de permanencia del soldado en suelo peninsular, habían creado una situación peculiar. Entre campaña y campaña, el ejército no era licenciado, sino que se retiraba a territorios pacificados —precisamente los más fértiles— donde era posible tener contactos no bélicos con la población indígena. Es comprensible que se ataran lazos, incluso de tipo familiar, con la población autóctona. Y las oportunidades indudablemente eran mayores para intentar una nueva vida civil en estas regiones, donde no se encontraban aislados, ya que la idea de permanecer, extendida a lo largo del tiempo, venía a incrementar el número de los nuevos colonos. Se trata, sin duda, de una colonización irregular, y no conocemos bien las características y las condiciones de asentamiento, bien por la compra de terrenos, por ocupación del ager publicus, por entendimiento con los antiguos propietarios indígenas o, en último caso, por la violencia. Pero su incremento hizo pensar al gobierno romano en tomar medidas de algún modo que regularizasen estos asentamientos mediante la creación, por obra de los generales gobernadores, de núcleos urbanos donde los colonos pudieran concentrarse. El asentamiento de estos colonos, teniendo en cuenta la falta de una política colonial propiamente dicha, estaba mediatizado solo por circunstancias de conveniencia. Estas circunstancias eran, por una parte, tierras fértiles similares a las abandonadas o deseadas en Italia, y, por otra, facilidad de asentamiento y de régimen de vida en regiones que no ofrecieran problemas de un establecimiento pacífico. El propio desarrollo de la conquista marcaba la pauta hacia dos zonas concretas, el Valle del Guadalquivir, es decir, la Andalucía occidental, y el Valle medio y bajo del Ebro. Los nuevos núcleos, con cierto carácter oficial, además de la función principal de proveer de tierras a los veteranos, podían servir de ayuda al mejor control de la región y, tanto si se levantaban sobre ciudades indígenas como si eran de nueva planta, podían albergar a indígenas escogidos. Itálica (Santiponce, Sevilla), en 206 a. C., es la primera de estas fundaciones, para los soldados heridos del ejército de Escipión, tras la batalla de Ilipa; le siguen Carteia (cerca de Algeciras, Cádiz), para los hijos de soldados romanos y mujeres indígenas, que solicitaron del Senado un centro donde instalarse; Corduba, fundada en 152 por M. Claudio Marcelo, con ciudadanos romanos e indígenas escogidos; Valentia, en 138; Palma y Pollentia (Pollensa), en Mallorca, en 123-122, y, en fecha imprecisa, Ilerda (Lérida) y Munda (Montilla, Córdoba).

La política de urbanización

Pero, sin el carácter solemne y privilegiado de estos centros urbanos, existe evidencia de otras fundaciones de época republicana que, si se quiere, con carácter de excepción, señalan preocupaciones o deseos, por más que limitados y discontinuos, de miembros del colectivo senatorial, que, en aplicación de un ethos aristocrático de viejas raíces, han realizado esfuerzos en su papel como gobernadores provinciales para superar el limitado objetivo de un sometimiento sin condiciones con la simple aplicación de la política de fuerza. Su preocupación por liberar a las provincias del círculo vicioso de simples objetos de explotación y de instrumentos de poder en las luchas de facciones internas se manifiesta en la fundación de centros urbanos indígenas, que indican un esfuerzo por poner las bases de una administración regularizada, sólo posible mediante la previa urbanización de las comunidades indígenas. Por supuesto, no existe ningún objetivo altruista de política cultural, pero, al menos, supone un interés por regularizar el ejercicio de la soberanía desde las propias bases del territorio sometido. Se integran en la lista Graccurris (Alfaro, La Rioja), Iliturgi (Mengíbar, Jaén), Metellinum (Medellín, Badajoz) y Pompaelo (Pamplona), entre otras. Su ubicación geográfica señala las zonas de interés en las que se mueve la administración romana; sus diferentes modos de organización, la capacidad de adaptación de los correspondientes responsables romanos en la aplicación de esta política urbanizadora. Al lado de la fundación de nuevas comunidades, conocemos también la reorganización de ciudades indígenas para asegurar, en un área determinada, puntos de apoyo leales, generalmente mediante reparto de tierras, como en el caso ya citado de Turris Lascutana, en la Ulterior, o de Complega, en la Citerior. El propósito de crear puntos de apoyo indígenas pro romanos en áreas de avanzadilla se combina con el deseo de fomentar la vida sedentaria, no tanto como un esfuerzo consciente de romanización, aunque indirectamente facilite el progreso, sino para crear bases de administración estables.

En todo caso, la política de urbanización, comenzada en el siglo II, continúa intermitentemente en el siglo I con el propósito fundamental de conseguir seguridad y estabilidad en áreas concretas de la Península y, sin duda, como uno de los escasos ejemplos de verdadera política de administración, que el Estado romano, a través de la casi ilimitada libertad de los gobernadores provinciales y gracias a su iniciativa, ha emprendido para facilitar la pacificación de los indígenas y una mejor supervisión de los mismos. Pero es, sin duda, un esfuerzo insuficiente que el Estado republicano no supo resolver. República y ámbito de soberanía extraitálico se mueven hasta César en la dialéctica de las necesidades planteadas por un Imperio mundial, y la incapacidad de mantenerlo con las parcas instituciones de la ciudad-estado. En esa dialéctica es más fuerte el Imperio, y la consecuencia necesaria sólo podía ser, por ello, la disolución del orden republicano. Urbanización del imperio y superación de los límites de la ciudad-Estado en el ejercicio de la soberanía —a través de la extensión de la ciudadanía más allá de las fronteras de Italia— son las soluciones que lentamente se irán desarrollando en época imperial como soportes necesarios del ejercicio del poder en el ámbito de soberanía extraitálico. Pero entre la aporía republicana y la solución imperial, se inserta una etapa de transición en la que se esbozan los nuevos caminos que permitirán superar el callejón sin salida de un Imperio sumido en las luchas de facciones de un régimen oligárquico agonizante. Son las soluciones vislumbradas por César y complementadas por su heredero político, Augusto.

La política de colonización y municipalización de César

Es César el que imprime a la colonización irregular republicana un auténtico contenido y una considerable extensión sobre la que se asentarán las bases de su posterior desarrollo en el temprano Imperio. La emigración, como hemos visto, se había llevado a cabo sin planificación ni directrices generales por parte de las instancias centrales de gobierno. Tras su victoria sobre los pompeyanos, donde precisamente Hispania realiza un papel de protagonista, y como dictador, después de la sangrienta guerra civil, César tratará de solucionar de forma original los graves problemas que habían conducido durante el último siglo de la República a un auténtico caos social, de los que no era el menor la proletarización del campesinado italiano y, naturalmente, la falta de tierras de cultivo, absorbidas por el latifundio. Pero estas tierras siempre se habían buscado en Italia, donde su escasez sólo se resolvía en los cambios de amo que sufrían, según quien fuese el vencedor y vencido. El programa de César para la pacificación de Italia, arrancando de raíz las secuelas de la guerra civil, debía evitar esta inseguridad y balanceo, por lo que no había otra solución que buscar terrenos fuera de Italia, que sólo podía ofrecer el mundo provincial.

Así, conscientemente, trasladó la colonización a las provincias, donde existía una serie de ventajas respecto a Italia: por un lado, suficiente ager publicus; por otro, la participación de las provincias en la guerra civil daba pretextos para confiscar las tierras de los aliados de los vencidos, pero, sobre todo, no había que tocar la propiedad de los ciudadanos romanos que pudiera despertar resentimientos y mantener vivas las ascuas de la guerra civil.

Entre las provincias, Hispania y, sobre todo, el sur peninsular, ofrecía condiciones óptimas: tierras fértiles, fácil comunicación con Italia y, además, la guerra civil había tenido en ella uno de sus principales escenarios, con lo que era más necesaria y, al mismo tiempo, más fácil una reorganización de las tierras, ya que la mayoría de las ciudades habían tomado partido contra César.

La política de colonización de César fue total y persiguió con ella metas políticas, económicas y sociales: control estratégico, asentamientos de veteranos, cuyo servicio en el ejército quedaba premiado con una parcela de tierra, y colonización civil, que venía a descongestionar la urbe del proletariado desclasado, caldo de cultivo de los disturbios que forman el telón de fondo de la tardía República. El núcleo fundamental de los establecimientos fue situado al sur del Guadalquivir región desde hacía largo tiempo pacificada, fértil y donde los elementos ideológicos romanos, gracias a la colonización irregular privada de los siglos anteriores, habían hecho ya grandes progresos. Allí fueron fundadas, entre otras, las colonias de Urso (Osuna, Sevilla), Ucubi (Espejo, Córdoba), Hispalis (Sevilla), Itucci (Baena, Córdoba) y Hasta Regia (Mesas de Hasta, cerca de Jerez, Cádiz).

Fuera del valle, en otras regiones peninsulares, son fundaciones cesarianas Norba Caesarina (Cáceres), Metellinum (Medellín, Badajoz) y Scallabis (Santarem, Portugal), en los límites occidentales de la Ulterior; Cartago Nova (Cartagena), Tarraco y Celsa (cerca de Velilla del Ebro, Zaragoza, en la Citerior.

Esta política de colonización fue ampliada además con otra paralela de concesión de derechos de ciudadanía a ciudades indígenas. Hasta César, la política de municipalización, es decir, la concesión a comunidades urbanas de los derechos de ciudadanía romana, sólo había sido llevada a cabo en Italia. Ello había hecho posible la igualación jurídica de la Península itálica. Pero ahora que las fronteras del Estado romano alcanzaban a todo el Mediterráneo, esta política era con todo insuficiente, y el dictador trazó el plan de ensanchar la base de los elementos dirigentes ciudadanos sobre un imperio de súbditos mediante el otorgamiento del privilegio de municipio romano o latino (en el que sólo las élites recibían el derecho de ciudadanía, tras cumplir un cargo municipal) a aquellos núcleos urbanos provinciales que por sus condiciones pudieran cumplir los presupuestos exigidos a las más altas instancias ciudadanas.

El derecho municipal fue concedido, por tanto, a ciudades provinciales que ya tenían, tras un contacto largo y continuado con Roma, unas formas de vida romanas, organización urbana adelantada, una comunidad con bases económicas estables, ciudadanos romanos entre sus habitantes y, sobre todo, unos merecimientos o su lealtad al Estado que les hicieran acreedores a este privilegio.

Se trataba, pues, de una medida política, cuyas metas eran menos un aumento de prestigio y de las relaciones personales del otorgador del privilegio que un elemento más de una nueva concepción general del propio Estado romano.

Puede definirse la política de colonización y municipalización de César como un intento de trasplantar a las provincias del Imperio los presupuestos que habían regido hasta entonces la organización de Italia, con la única diferencia de que, mientras en Italia esos presupuestos habían llevado a la total homogenización político-jurídica de la misma, en las provincias debían crear islotes privilegiados con los cuales mantener la explotación de los territorios englobados en el Imperio.

Los nuevos ciudadanos provinciales darían nueva savia y extensión al círculo de dirigentes romanos, que portaría sobre sus hombros la unidad y la fuerza del Estado a través de la ciudad, el núcleo jurídico-político en el que se fundamentaba toda la organización política del Estado romano.

Pero en Hispania, como en el resto de las provincias, no fue esta distribución de la ciudadanía romana un programa general de urbanización de un Imperio universal, que trataba de hacer saltar las barreras de la ciudad-Estado, como generalmente se piensa, sino la conducción consciente de un proyecto de reformismo conservador, destinado a perpetuar con bases más estables el imperialismo romano. La prueba está en la proporción exigua de estos núcleos privilegiados frente a otras organizaciones urbanas en cada provincia.

Esta política municipal de César, apenas comenzada, fue truncada por su muerte, y sólo con Augusto se completará. Pero posiblemente en la Bética sean cesarianos la mayor parte de los diez municipios que encontramos bajo Augusto, aunque sólo dos de ellos pueden adscribírsele con toda seguridad, el municipium Augustum Gades (Cádiz) y el municipium Constantia Iulia Osset (Triana, Sevilla). En Lusitania el único municipio romano que registran las estadísticas de Augusto es también seguramente obra de César, municipium Olisipo Felicitas Iulia (Lisboa), y seguramente la mayor parte de los trece municipios romanos y las dieciocho ciudades con derecho latino son obra de Augusto.

EL ALTO IMPERIO

La organización Provincial de Augusto

La temprana muerte de César, como hemos dicho, truncó los ambiciosos planes que había previsto para la reorganización del Estado romano y de su Imperio. Esta labor estaría destinada a su heredero político, Augusto, cuya ordenación provincial se mantendrá estable hasta la crisis del siglo III d. C.

El programa originario de Augusto se basó en un escrupuloso respeto conservador hacia la antigua constitución republicana con la inclusión de un elemento revolucionario: su propia posición preeminente como suprema instancia política y la del Ejército con cuyo concurso había escalado el poder.

De acuerdo con ello y por lo que respecta a la administración, el Principado, inaugurado por Augusto en el 27 a. C., significó desde el punto de vista formal un compromiso entre las formas de gobierno republicanas y la esencia monárquica del nuevo régimen, que presuponía la realidad incontestable de que todo el poder real y sus correspondientes responsabilidades estaban de las manos del princeps. En consecuencia, el emperador tendría un peso decisivo en el control y en las tareas administrativas de las circunscripciones territoriales provinciales. El compromiso, por tanto, en el sistema Provincial, estuvo fuertemente desequilibrado en beneficio del emperador desde un principio, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta la necesidad de crear un sistema de administración eficiente como soporte del Imperio. Por un lado, como hemos visto, en época republicana, la administración Provincial era prácticamente inexistente y supeditada, en gran medida, al albedrío de los gobernadores con un control insuficiente del Senado. Pero además, Augusto era consciente de que la administración significaba el control real del nuevo Estado.

Formalmente, las provincias continuaron siendo predios del pueblo, y el vasto Imperio Mediterráneo siguió supeditado a la soberanía de la ciudad-Estado, Roma. Pero este Imperio no era unitario, ni en su estructura económica y social ni en su nivel cultural. Como tarea previa a esta organización, era preciso reconstruir o modificar los ámbitos provinciales en sus límites bajo presupuestos de homogenización, destruir las bolsas aún no sometidas dentro de estos límites y marcar las acciones de competencia de los órganos encargados de administrarlos. Teniendo presente las dificultades y las limitaciones de un gobierno central sobre este gigantesco Imperio, se mantuvo el principio general republicano de dejar subsistir las constituciones tradicionales en las comunidades sometidas, pero al propio tiempo se procuró fomentar el desarrollo del ordenamiento ciudadano de estas comunidades, según esquemas romanos, para lograr la deseada uniformidad de las células administradas. Si bien este segundo elemento estaba presente de hecho desde época republicana, sólo a partir de Augusto o, más precisamente, desde César, tuvo el carácter sistemático necesario para poder ser considerado como parte integrante de un verdadero programa político.

La organización Provincial, pues, desde la reforma de Augusto, ha de ser contemplada desde dos límites distintos. El primero parte de la administración central y, como en el período republicano, está constituido por los magistrados y funcionarios, cuya misión primordial es el mantenimiento de la correspondiente provincia bajo la esfera de dominación romana, garantizando la paz y la estabilidad política como medio de conseguir los recursos de explotación que el derecho de conquista autorizaba al Estado romano a exigir de sus súbditos. El segundo, por su parte, nace del desarrollo progresivo del ordenamiento ciudadano de tipo romano en cada provincia, sus diferentes escalones jurídicos y las instituciones peculiares municipales —magistraturas y constitución—, células básicas en la estructura política del Imperio.

La base de la sistematización administrativa, fundamento territorial, al propio tiempo, de la supremacía militar del princeps, fue la conocida distinción en provincias senatoriales e imperiales, llevada a cabo en la sesión del Senado de 27 a. C. en la que Octaviano declaró a la alta cámara querer restituir la res pública. Hábilmente orquestada, tras las protestas más o menos espontáneas y desinteresadas de los senadores, Octaviano accedió a volver sobre su decisión y, al tiempo que conservaba el consulado, aceptó asumir un imperium especial sobre las provincias no pacatae, es decir, las que aún no estaban pacificadas, mientras que las restantes volverían a ser gobernadas, como antes, por procónsules, dependientes directamente del Senado. En la ocasión, se le concedió a Octaviano el título de Augustus.

Así pues, el nuevo principio sobre el que se fundaba la división Provincial estaba en el hecho de que el princeps asumió el control de aquellas regiones que tenían necesidad de la defensa militar, frente a la senatoriales en las que no era preciso mantener tropas legionarias. Por ello, la división no afectaba a su distinto carácter administrativo, en el sentido de que el emperador gobernase las imperiales y el Senado las senatoriales. En realidad, la única diferencia administrativa, junto con el distinto sistema de nombramiento, consistía en que el emperador daba a los gobernadores de las provincias imperiales, al hacerse cargo de su gestión, una lista de instrucciones (mandata), que, en cambio, no recibían los de las senatoriales. Pero tanto el emperador como el Senado emitían normas aplicables a ambos tipos de provincias.

Con este sistema, en el gobierno y administración Provincial, se cumplía el compromiso entre formas republicanas y poder real en manos del emperador. Es cierto que los gobernadores provinciales procedían todos del orden senatorial, pero el princeps intervenía, más o menos explícitamente, en la designación de la mayoría de ellos. También lo es que el Senado gobernaba directamente las provincias ricas, civilizadas e importantes, mientras que los legados imperiales ejercían su función en regiones inhóspitas, salvajes y peligrosas. Pero el emperador gobernaba efectivamente, sin limitaciones ni interferencias, mientras que los gobernadores senatoriales tenían restringido el tiempo de su gestión, estaban asistidos y condicionados por otros magistrados y debían aceptar la presencia de funcionarios nombrados directamente por la autoridad imperial.

El desarrollo de la organización Provincial durante los dos siglos siguientes fue precisando este control imperatorial por un lado, mientras que por otro se iba produciendo una creciente uniformidad en las diferentes provincias como consecuencia de la extensión a las comunidades urbanas del derecho municipal. Mientras la administración ampliaba sus tareas, tanto desde las instancias centrales, emanadas del emperador, como en cada circunscripción provincial, se iba produciendo un importante cambio de la situación jurídica de los habitantes del Imperio. El antiguo estado de ciudadanos en posesión de todos los derechos, dominante sobre un inmenso Imperio de súbditos, se transformaba paulatinamente en un Estado mundial en el que se producía la convergencia entre los dos elementos desiguales, ciudadanos y súbditos. Dos siglos después de Augusto este proceso se reconoció concluido y se refrendaba de forma legal mediante la controvertida constitución de Antonino Caracalla en 212, en la que el emperador otorgaba la ciudadanía romana, con pocas limitaciones, a todos los habitantes del Imperio.

Las fronteras provinciales

A finales de la República, la tradicional división Provincial de la Península Ibérica en dos circunscripciones, Citerior y Ulterior, era manifiestamente artificial y sólo explicable por la falta de una política coherente desde las instancias centrales y por el carácter anárquico de la progresión del dominio romano en ella, en muchos casos, producto de reacciones a la iniciativa bélica de las tribus indígenas periféricas. Esta artificialidad era especialmente clara en lo que respecta a la Hispania Ulterior, donde existían dos zonas bien delimitadas con un carácter muy distinto, la zona del sur del Guadalquivir, ya de antiguo escenario de una amplia colonización romano-Italica, recientemente ampliada por César con veteranos y proletarios de la urbe, con gran extensión de la ciudadanía romana y con una estructura social casi totalmente urbana, frente al territorio occidental de la provincia que sólo poco antes había comenzado el proceso de urbanización con la creación de una serie de centros coloniales y cuya parte septentrional todavía estaba en gran medida fuera del ámbito del dominio romano regular, tras su reciente conquista.

Augusto, por ello, en su reestructuración del Imperio, decidió dividir la Ulterior en dos provincias distintas, con el río Guadiana como límite común de ambas: al sur del río se extendía la Hispania Ulterior Baetica y, al norte, la Hispania Ulterior Lusitania o, simplemente como será la denominación común, Baetica y Lusitania. La Baetica como provincia pacificada y, por tanto, inermis, sin tropas de guarnición, fue adscrita al Senado, mientras que Augusto se reservó como provincias imperiales la Lusitania y la Citerior, con los territorios recientemente anexionados en el Norte tras las guerras contra cántabros y astures, que fueron adscritos a las correspondientes provincias limítrofes, Citerior y Lusitania, bajo el principio de asignar a cada uno de los gobernadores interesados la fracción de territorio sobre el que había operado cada uno durante las guerras: de este modo, los cántabros fueron adscritos a la Citerior y los astures y galaicos a la Lusitania. La fecha de la división de la Ulterior, que tradicionalmente se consideraba contemporánea al reparto entre emperador y Senado de las provincias del Imperio, esto es, en 27 a. C., hoy se considera que ha de retrasarse unos años, probablemente el 13 a. C.

De todos modos, un poco después, entre 7 y 2 a. C., las fronteras provinciales sufrieron una nueva remodelación, consistente básicamente en la ampliación del territorio de la Citerior en detrimento de las dos restantes provincias. Todo el territorio del norte del Duero, hasta entonces en la Lusitania, pasó a pertenecer a la provincia Citerior, así como la zona del saltus Castulonensis y las llanuras entre el alto Guadalquivir y el Mediterráneo, pertenecientes a la Bética.

El hecho de que ambas regiones fueran ricas en minerales hace pensar que Augusto trató de concentrar los principales distritos mineros bajo una misma autoridad y, al mismo tiempo, poner la totalidad de las fuerzas militares de guarnición en Hispania —acantonadas todas ellas en la regiones de Cantabria, Asturia y Gallaecia— bajo un mismo mando. Con ello, quedaban delimitadas establemente para los siguientes dos siglos las fronteras provinciales de Hispania. Desde el Mediterráneo hacia Occidente, el límite entre Citerior y Bética arrancaba entre Urci (al Norte de Almería) y Murgi (junto a Dalías); continuaba por el interior separando Acci (Guadix, Granada), en la Citerior, Iliberri (Granada), en la Ulterior; seguía el curso del Guadalbullón hasta su confluencia con el Guadalquivir y continuaba hacia el Oeste por el curso de este río para alcanzar, desviándose hacia el Norte, el extremo occidental del Saltus Castulonensis, dejando Castulo (cerca de Linares) en la Citerior. A continuación progresaba por la cordillera Oretana hasta el Guadiana, con Oretum (Granátula) en la Citerior, y Sisapo (Almadén), ambas en Ciudad Real, en la Bética. Entre Citerior y Lusitania se mantuvieron las fronteras de época republicana entre el Guadiana y el Duero: la línea de demarcación atravesaba el Tajo entre Toledo, en la Citerior, y Caesarobriga (Talavera de la Reina), en la Lusitania; dejaba Ávila en la Citerior y Salmantica en Lusitania, y alcanzaba el Duero en su confluencia con el Esla. Desde aquí, el Duero constituía el límite entre ambas provincias hasta el Atlántico. Finalmente, entre la Bética y la Lusitania, el linde estaba marcado por el Guadiana desde la cordillera Oretana hasta el mar aunque en ciertos puntos del territorio lusitano se prolongaba al sur del río. Las capitales quedaron establecidas en Emerita Augusta (Lusitania) Corduba (Bética) y Tarraco (Citerior).

La subdivisión provincial: los conventus jurídicos

La excesiva extensión de las circunscripciones provinciales para una eficaz administración condujo a la creación de unidades más reducidas para necesidades especiales de gobierno, sobre todo, en lo que respecta a la administración de justicia. Ya desde época republicana los gobernadores provinciales, como hemos visto, reunían en determinados lugares y días a la población bajo su jurisdicción para impartir justicia. Estas reuniones o conventus (de convenire, «acudir a un lugar») quedaron regularmente instituidas en determinadas ciudades dentro de la correspondiente provincia, adonde debían acudir los habitantes de la región circundante. Tras la institucionalización de estas reuniones, se terminó por fijar los límites correspondientes a cada distrito y considerar como capital de ellos la ciudad que había servido de marco a estas reuniones. El término conventus pasó a designar cada uno de estos distritos, con su correspondiente lugar de reunión o capital conventual, precisado con el término iuridicus para subrayar su carácter de ámbito de administración de justicia. En estas subdivisiones jurídicas se tuvieron generalmente en cuenta las unidades geográficas regionales, eligiéndose como capitales las ciudades que constituían polos de atracción para cada una de las regiones. Se pensaba que la sistematización conventual había sido institucionalizada por Claudio (41-54), pero un hallazgo epigráfico reciente parece poder concluir que ya en época augustal se establecieron estas circunscripciones. Conocemos por Plinio el cuadro general de los conventus peninsulares, así como las comunidades —civitates y populi— que las integraban, lo que ha permitido trazar, al menos, sus límites aproximados. La Citerior estaba dividida en siete conventus, que tomaban sus nombres de la capital correspondiente: Tarraco, Cartago Nova, César augusta (Zaragoza), Clunia (Coruña del conde, Burgos), Asturica, Bracara y Lucus; la Lusitania contaba con tres, con capitales en Emerita Augusta, Scallabis (Santarem) y Pax Iulia (Beja), y la Bética, con cuatro, cuyos centros eran Hispalis, Astigi (Écija, Sevilla), Corduba y Gades.

Las circunscripciones conventuales no eran solo divisiones para impartir de forma más cómoda la justicia por parte del gobernador a sus administrados. La capital de cada conventus ejercía una gran atracción sobre los habitantes de la región correspondiente y hacia ella confluían todos aquellos que deseaban exponer sus problemas al gobernador o manifestarle su devoción. El mismo hecho de esta confluencia era una magnífica ocasión para ligar relaciones o hacer negocios. El conventus, a media distancia entre la provincia y la civitas, las dos realidades administrativas esenciales romanas, tenía una existencia propia como resultado de la constancia de estas relaciones judiciales, sociales y económicas, pero también religiosas, puesto que el gobierno romano favoreció y promocionó, en el cuadro de los conventus, el culto imperial, con asambleas conventuales a semejanza de las provinciales.

El gobierno Provincial

La política de Augusto se puede calificar de compromiso. El hecho fundamental del principado desde el punto de vista constitucional consiste en la superposición de un poder hegemónico a los tradicionales del Estado republicano: los del Senado y el pueblo. Por ello, Augusto no alteró los antiguos cuadros republicanos sociales y menos aún sus estamentos superiores, sino que, por el contrario, precisó las líneas divisorias entre ellos y asignó férreamente a cada uno su participación en la vida pública. Como en época republicana, los senadores continuaron siendo el elemento dirigente de donde se nutrían los cargos políticos y las funciones públicas de mayor responsabilidad y prestigio. Pero, frente a la República, estaría ahora por encima de ellos la figura del emperador a quien todos quedaban subordinados y cuya voluntad y deseos se constituían el ley, como suprema instancia del Estado. También el segundo estamento dirigente, el orden ecuestre, fue incluido por Augusto en su obra de reorganización utilizado en la vida pública como cantera de funcionarios directamente dependientes de él, como agentes personales, en la administración central y las provincias, de su voluntad y sus intereses. En consecuencia, el gobierno de las provincias fue, pues, encomendado al orden senatorial. En las provincias devueltas al Senado, se mantuvo en la elección de gobernadores la aplicación de las normas republicanas en la materia. La asignación de las provincias entre candidatos cualificados (senadores que hubieron cumplido ya la magistratura Pretoria) era efectuada a suerte, y el periodo de gestión era habitualmente de un año, aunque no faltaron las excepciones. Los gobernadores de las provincias senatoriales recibían el título de procónsules y, aunque formalmente disponían de las bases tradicionales para el ejercicio del poder —el imperium y la potestas—, sus competencias se reducían a la administración civil y al ejercicio de la función jurisdiccional. Estaban asistidos regularmente por un officium, compuesto de diversos subordinados y colaboradores: legados y un cuestor con un imperium propretorial (quaestor pro praetore), adscrito por sorteo para ocuparse de las cuestiones financieras.

Pero ni en la jurisdicción ni en las finanzas el Senado monopolizaba la administración de sus provincias. El princeps se consideraba autorizado a introducir reformas en el procedimiento judicial en interés de los no ciudadanos en una provincia senatorial. En cuanto a la gestión financiera, aunque los ingresos públicos procedentes de estas provincias pasaban a engrosar el aerarium (tesoro público), administrado por el Senado, existían en ellas procuratores ecuestres, encargados de la gestión de las propiedades imperiales y, en ocasiones, también de la administración de las minas y de la percepción de determinados impuestos, como el del cinco por ciento sobre las herencias. Aunque subordinados al gobernador senatorial, eran directamente dependientes del emperador, y si bien no puede calificárseles de espías del princeps, su presencia cuando menos era incómoda y susceptible de plantear conflictos de competencia.

Para las provincias atribuidas al emperador, la elección de gobernador presentaba problemas más delicados; la existencia en ellas de ejércitos hacía aún más necesaria la lealtad de los responsables. Pero aunque esta elección no podía ser abandonada sin más, como las provincias senatoriales, a la suerte, no se rompió tampoco la relación estrecha entre magistratura y administración provincial. El sistema creado por Augusto permitió confiar a personas idóneas las responsabilidades del cargo por periodos largos de tiempo si era conveniente, sin dañar por ello el concepto de Estado. Aunque haber revestido la magistratura de cónsul o pretor sigue siendo condición vinculante para asumir la función de gobernador en las provincias administradas por el emperador, el princeps se liberó de todo vínculo de rígida regulación en la elección del titular. Entendido como representante del emperador, recibió el nombre de legatus Augusti propraetore y, aunque tales legati eran invariablemente personajes de rango consular o propretorial, la fuerte influencia ejercida por el princeps en la elección de magistrados permitía disponer de los hombres cualificados.

Una vez ejercida la magistratura exigida, el elegido podía recibir en cualquier momento el encargo del emperador y ejercerlo durante todo el tiempo que el princeps considerase oportuno. Aunque en teoría no estaba previsto ningún término legal de duración del cargo, en la práctica se estabilizó en torno a un período de tres a cinco años. La base de su poder era el imperium, derivado lógicamente del que detentaba el princeps, cuyo contenido fundamental lo constituía el mando de las Fuerzas Armadas en la provincia. El equipo de colaboradores era también distinto. A diferencia de los gobernadores provinciales, el legatus de una provincia imperial no podía tener otro legado subordinado ni magistrado de rango inferior adscrito a su persona, como ocurría con los cuestores de las provincias senatoriales. Las imprescindibles funciones eran resueltas por funcionarios imperiales, los procuratores, generalmente con competencias de carácter financiero. Para el mando de las legiones estacionadas en la provincia, el legado contaba también con los correspondientes comandantes, legati legionis, subordinados a su imperium y sus representantes en las localidades donde estaban estacionadas las legiones. Además de los poderes militares, el legatus Augusti cumplía funciones administrativas y jurisdiccionales.

De acuerdo con este esquema general, la Hispania Citerior, como provincia imperial, estaba confiada a un legatus Augusti propraetore, con sede en Tarraco, magistrado dotado de imperium, es decir, de mando militar sobre las fuerzas estacionadas en la provincia, pero, al propio tiempo, mandatario del emperador, dependiente de su voluntad en el ejercicio del cargo y en el relevo del mismo. Como una de las provincias más importante del Imperio, se prefería para el cargo a senadores de alto rango ex cónsules, generalmente de procedencia itálica y, en muchos casos, de viejas familias patricias. Entre sus funciones administrativas estaba la construcción o reparación de vías públicas, la supervisión sobre las ciudades y su Consejo municipal, administración de los bienes recaudados en la provincia, salvaguardia del orden público, mantenimiento del servicio postal (cursus publicus) y elaboración del censo, entre otras.

El gobernador tenía también funciones judiciales, pero la extensión enorme del territorio de la provincia aconsejó subordinarle un legatus iuridicus, del orden senatorial, para servirle de ayuda en las cuestiones jurisdiccionales. Para este cargo se prefería a jóvenes senadores, generalmente homines novi, de ascendencia no demasiado brillante, tanto itálicos como provinciales. No había una especial relación personal entre el gobernador y el iuridicus: se trataba de un hombre de confianza del emperador, que incluso podía dar cuenta a éste sobre la gestión de su superior.

Del gobernador dependían también los legati legionis, es decir, los comandantes de las unidades legionarias estacionadas en la provincia. El resto de las funciones administrativas y, sobre todo, las financieras, eran cumplidas por procuratores, funcionarios imperiales del orden ecuestre, responsables directamente ante el emperador. Además, el gobernador contaba con un equipo, officium, de personal subalterno y jerarquizado, para cumplir las tareas de la administración. Estos funcionarios, civiles y militares, eran tanto libres como esclavos y libertos del emperador. Entre los primeros estaban los tabularii, commentarienses, arcarii, procuratores o dispensatores...; De los segundos, militares, eran los cornicularii, beneficiarii, speculatores o stratores..., Suboficiales legionarios al servicio de sus respectivas unidades o directamente subordinados al gobernador de la provincia.

La provincia Lusitania, con capital en Emerita Augusta, por su carácter también imperial, estaba encomendada a otro legatus Augusti propraetore, aunque de menor rango, dada su menor extensión e importancia. Por lo demás, sus funciones administrativas y judiciales eran las mismas que las del gobernador de la Citerior. A pesar de ser imperial, la provincia no contaba con tropas legionarias de estacionamiento y no es segura la existencia de un iuridicus, como en el caso de la Citerior.

Por último, la Baetica, como provincia senatorial, estaba gobernada por un procónsul, elegido entre senadores que ya hubieran cumplido la magistratura pretorial. La elección se hacía en Roma por sortitio y el elegido ejercía su cargo durante un año. Sus funciones, administrativas y judiciales, eran semejantes a las de los gobernadores imperiales y, para su cumplimiento, contaba con el concurso de otros dos magistrados a él subordinados, el legatus proconsulis y el quaestor, el primero, delegado del procónsul en funciones judiciales, y el segundo, responsable de la provincia en materia financiera, aunque sus competencias en este ámbito se vieron progresivamente restringidas por la creciente importancia del fisco imperial.

Los concilia provinciales

Una innovación imperial fue la constitución de concilia o asambleas provinciales, que, aunque nacieron con una finalidad esencialmente religiosa —el culto al emperador y a su familia—, desarrollaron un importante papel político. En las asambleas están representadas todas las ciudades de la provincia por medio de diputados, elegidos por ellas, procedentes por lo general de las oligarquías municipales. Las reuniones eran anuales y se celebraban en la capital de la provincia, en el templo dedicado a Roma y Augusto, presididas por la máxima autoridad del culto imperial, el flamen provincial. Aparte de las tareas de carácter religioso —elección de flamines, concesión de honores a personajes eminentes, administración de los fondos enviados por las ciudades para sostener sus gastos—, los concilia se convirtieron en un órgano de control de los gobernadores provinciales, puesto que podían elevar al emperador quejas sobre su eventual mala gestión, y en un elemento de cohesión interna, ya que las convocatorias anuales eran un excelente medio para estrechar lazos de amistad y cooperación entre las distintas comunidades. Conocemos casos concretos de apelación por parte del concilium provincial contra la mala gestión gubernamental, como los que narra Plinio el joven, de finales de siglo I, presentados por los ciudadanos de la Bética, que solicitaron sus oficios de defensor.

El exercitus hispanicus

Las razones de la existencia en la Hispania imperial de un ejército permanente tiene su origen en las peculiares circunstancias que incidieron en la conquista de la Península. En efecto, desde Augusto, el ejército cumple esencialmente un papel de cobertura, estacionado en cuarteles permanentes y estables a lo largo de las fronteras del Imperio, de las que Hispania estaba muy alejada. Pero cuando Augusto llevaba a cabo esta reforma, no toda la Península estaba sometida, a pesar de los dos siglos de presencia continuada en ella. Todavía permanecía un foco independiente en el Noroeste, real o supuestamente perturbador de la paz proclamada por el princeps. Como sabemos, el propio Augusto dirigió una campaña, en el 27 a. C., contra los pueblos de la región —cántabros y astures—, cuyo sometimiento sólo se logró en el 19 a. C.

Pero ni siquiera entonces pareció conveniente retirar las fuerzas que habían intervenido en la conquista. En una región donde era desconocido el fenómeno urbano, la administración apenas podía contar con el suficiente apoyo para cumplir sus tareas, entre las que destacaba por su importancia la explotación de riquísimas minas de oro. Así, no es extraño que se confiara al ejército no sólo las tareas de vigilancia y supervisión del espacio recién conquistado, sino también las de implantación de una infraestructura básica para el posterior desarrollo de la administración, con la que pudiera llevarse a cabo una explotación pacífica de sus recursos. Esta doble función de vigilancia y de apoyo de la administración, singular en el conjunto de las fuerzas militares del Imperio, las cumple el ejército en el Noroeste como fuerza de ocupación que, al tiempo de controlar regiones susceptibles de rebelión —de hecho todavía en época de Nerón se documentan levantamientos de astures—, imponen las bases para su explotación pacífica, mientras se desarrollan los primeros centros urbanos destinados a soportar la estructura administrativa.

Un texto conocido de Estrabón (III 4,20), así como testimonios arqueológicos y epigráficos, nos documentan sobre la disposición del ejército de ocupación, que cubría el norte peninsular, de los Pirineos a Gallaecia. En el sector cantábrico fue asentada la Legio IV Macedonica, con la misión de vigilar, desde los alrededores de Reinosa, las faldas meridionales de la cordillera cantábrica y el eje de comunicación entre la Meseta y la costa, a lo largo del Valle del Pisuerga. Tropas auxiliares dependientes de ella se desplegaban, sin duda, en puntos estratégicos hasta los Pirineos, aunque desgraciadamente se nos escapan por falta de documentación más precisa. Las dos legiones asignadas a la zona galaico-astur, por su parte, sabemos que eran la VI Victrix y la X Gemina, acuarteladas, posiblemente juntas, en el Valle del Vidriales, al oeste de Benavente (Zamora), con misión de vigilancia sobre la zona montañosa interior, donde se asentaban las minas de oro del Bierzo (León). Las tropas auxiliares que completaban este segundo ejército, entre las que podemos individualizar los nombres de las alas —unidades de caballería de 500 hombres— II Gallorum, II Trhacum y II Tautorum, y las cohortes —cuerpos de infantería, también de 500 soldados— IV Gallorum y IV Trhacum, se dispersaban a lo largo del triángulo de comunicación de los centros urbanos de administración creados por los romanos, Lucus, Bracara y Asturica.

Todavía durante una gran parte del siglo I, el Noroeste estuvo sometido a esta situación de supervisión militar estrecha, que, sin embargo, progresivamente cedió a una administración más regular, completada definitivamente en época flavia. Por otra parte, las crecientes necesidades en los muchos frentes fronterizos del Imperio obligaron a trasladar tropas del ejército hispánico a otros puntos: el frente cántabro, que ya había perdido su interés estratégico, fue abandonado y, con ello, se produjo la marcha de la IV Macedonica y de los auxilia a ella adscritos, en el año 39. Un cuarto de siglo después en el 63, también el frente astur quedó reducido con el envío al limes danubiano de la X Gemina.

En la guerra civil, desencadenada con la muerte de Nerón, Galba, gobernador de la Citerior y pretendiente al trono, tras reclutar en la provincia una nueva legión la VII, y algunos cuerpos auxiliares, acudió a la lucha por el poder que se dirimía en el norte de Italia. Su intento tuvo éxito y, tras ocupar el trono, devolvió a la Península la Legio X Gemina. Pero poco después era asesinado y su lugar lo ocupó Otón un antiguo gobernador de la Lusitania, que trató de defender el trono contra otros pretendientes como Vitelio. Vitelio consiguió la púrpura y durante su breve reinado añadió a las legiones VI y X una tercera, la I Adiutrix. Este ejército hispánico, sabida la derrota de Vitelio, se pronunció por Vespasiano. Con su subida al trono terminaba el trágico año de los tres emperadores y se intentaba de nuevo la reorganización del Imperio.

Vespasiano, en sus medidas para Hispania, que incluían el controvertido otorgamiento del ius latii a sus ciudades, también reorganizó el ejército con una parcial «desmilitarización». Hispania recibió, como única tropa legionaria, a la Legio VII Gemina, que creada, como hemos visto, años antes por Galba y diezmada durante la Guerra civil del 68, una vez regenerados sus efectivos, recibió como acuartelamiento definitivo la zona que, desde comienzos del Imperio, había constituido el centro estratégico primordial de la Península, la región astur, en el solar de la ciudad de León. Una media docena de cuerpos auxiliares de infantería y caballería completaban el nuevo ejército, también establecidos en puntos estratégicos del Noroeste. La función fundamental de este ejército no era tanto la defensa de las fronteras, de hecho, inexistentes, como la protección de uno de los mayores centros de explotación minera del Imperio, donde cumplía también tareas técnicas en los diferentes trabajos de elaboración del metal.

Con ello, el papel del ejército acantonado en Asturia-Gallaecia es bastante original con respecto al resto del Imperio, además y sobre todo porque su influencia sobre la población indígena trasciende los fines propios para los que fue estacionado. Su cotidiana presencia a lo largo del tiempo lo convierte en un elemento más de la vida Provincial, sobre la que actúa con el ejemplo de su propia organización. Los acuartelamientos legionarios y auxiliares permanentes se convierten en auténticas ciudades militares, obligadas a resolver problemas idénticos a los de las comunidades civiles y, como éstas, focos de atracción y lugar de contacto con la población indígena, aún más cuando, desde la mitad del siglo II, es esta población casi en exclusiva la que nutre los cuadros del ejército peninsular.

El papel del ejército a lo largo del Alto Imperio no se agota en esta multiforme y sui generis prestación de servicios a la administración y desarrollo del noroeste peninsular, en el contexto de una administración civil y regularizada. Como institución provincial, sus posibilidades y recursos son utilizados también al servicio del gobernador de Tarraco, adonde se envían o en donde se emplean de continuo soldados de la Legio VII. La legión, aún teniendo su cuartel general en León, fue utilizada ampliamente en toda la Península, mediante destacamentos o vexillationes, enviadas a los puntos necesarios no sólo para la explotación minera, sino también para la represión del bandolerismo y, naturalmente, de servicio en las provincias vecinas cuando la situación crítica así lo exigía. Así pues, aún como instrumento al servicio de la paz y desarrollo provincial el ejército hispánico mantiene sus funciones militares, a las que, lógicamente, se recurre en caso necesario, como sabemos que ocurrió cuando, bajo el emperador Marco Aurelio, bandas de musulmanes invadieron el sur de Hispania.

La administración local: colonias, municipios y civitates

Se puede caracterizar, sin duda, el Imperio Romano como urbano. A lo largo de los dos primeros siglos de nuestra era, el fenómeno urbano, que había sido desde mucho antes en Oriente la forma de vida más extendida, se desarrolla en Occidente y termina por constituir la célula fundamental e irremplazable —la civitas— del edificio político mundial levantado por Roma. Hasta tal punto, que la crisis de la ciudad es también la crisis del propio Imperio, y la decadencia de la cultura urbana, el punto de partida de una oscura época de transformaciones que, a través de la propia disolución del orden estatal romano, conducen de la Antigüedad a la Edad Media.

Aunque la organización Provincial haya sido reglamentada en detalle y tenga plena vigencia a lo largo de toda la dominación romana, la administración se apoya fundamentalmente en las ciudades. Por ello, un rasgo característico del Imperio es la constante extensión y estímulo de la cultura urbana fuera de Italia, cultura que no quedaba reducida al ámbito material y externo de simple concentración humana. Significaba una unidad territorial, jurídica, económica y religiosa, formada por un centro urbano, rodeado de un territorio rústico que le pertenecía y para el que el asentamiento urbano constituía el centro político y económico. El proceso de urbanización, que Roma había desarrollado en Italia, fue extendido, con la propia progresión del Estado romano, por el Mediterráneo, en un Imperio basado en las estructuras ciudadanas que Oriente conocía desde milenios, como en la creación, según el modelo romano, de los núcleos ciudadanos en Occidente, que facilitaran las relaciones políticas y sociales necesarias para materializar la exigencia de dominio, muy superior a los limitados medios de que disponía el aparato administrativo romano. Por ello se fomentó en las provincias el desarrollo de centros urbanos, que se convierten, en aquellos territorios que aún no habían superado la primitiva organización tribal, en lugar de reunión para las comunidades tribales no urbanas, núcleo de la administración romana y centro religioso para la veneración tanto de los dioses indígenas como de los romanos, en especial, de aquellos que contribuían a extender la idea imperial, como el culto a Roma y al propio emperador. Se entiende, pues, que la potenciación de la cultura urbana por el Estado romano no fue tanto debida a impulsos culturales como auténticas necesidades políticas. El crecimiento y desarrollo de las ciudades en el ámbito indígena suponía, al tiempo, la renuncia voluntaria a las propias tradiciones y estructuras políticas y sociales y la creación de formas de vida que traía el dominador romano. Con ello se debilitaban los hasta entonces fuertes lazos sociales de los grupos étnico-tribales, dirigidos por una aristocracia agraria belicosa. La concentración de estos grupos en el marco más amplio de la ciudad contribuía a aflojar los lazos de cohesión de la tribu clan ante el sentimiento de pertenencia a una comunidad en la que se insertaban otros individuos y grupos. El espíritu colectivo fundado en lazos consanguíneos de la tribu era así sustituido por una reafirmación del individuo, que, en todo caso, no intentó deshacer las estructuras sociales indígenas, sino sólo acomodarlas a los intereses de Roma.

La urbanización del Imperio no trajo consigo, por tanto, una remodelación social, porque Roma respetó la existencia de un elemento dirigente dentro de la ciudad, aunque canalizó las aspiraciones de poder y prestigio de las clases altas hacia la obtención de honores en el marco ciudadano. La política romana fue, pues, de constante atracción de las aristocracias locales, a las que, a cambio del reconocimiento de su papel director y de concesión de privilegios jurídicos y sociales, logró asegurar a su servicio.

Este modelo urbano no fue, sin embargo, unitario en lo que respecta a la relación jurídica de cada núcleo concreto con el Estado romano. A ello se oponían las diferentes condiciones culturales y sociales indígenas y la propia oportunidad política. Así, la extensión ciudadana en las provincias y en concreto en Hispania siguió en lo jurídico una evolución basada en la concesión paulatina de privilegios, que fueron acercando progresivamente cada núcleo urbano a la organización modelo de la ciudad-estado de Roma. Si añadimos aún la existencia de ciudades romanas de nueva planta las provincias, las colonias, fundadas como medio de pacificación social o promoción económica de ciudadanos romanos procedentes de Italia, que ya gozaban, lógicamente, del derecho de ciudadanía, es evidente que existieron en las provincias diferentes tipos de ciudades por su condición jurídica en relación con el Estado romano, que interesaba al propio tiempo a la de sus ciudadanos de pleno derecho.

Hay que distinguir claramente entre «urbanización», o política de creación y fomento del marco material en el que es posible desarrollar una cultura ciudadana, y «municipalización» u otorgamiento, a los ciudadanos de una comunidad urbana determinada, de privilegios jurídicos semejantes a los que disfruta el pueblo dominador.

El concepto de populus, que el Estado romano desarrolló, nunca fue de carácter étnico, sino político y, por ello, con capacidad para superar límites nacionales. En consecuencia, la concentración urbana de ciudadanos romanos no quedaba reducida, ni en el aspecto territorial y personal, a Italia y a los italianos, sino que creció y se desarrolló en el ámbito exterior Provincial mediante numerosas urbes de ciudadanos romanos, colonias y municipios, integradas e inseparables del propio concepto de comunidad-Estado romano.

Si hacemos excepción de las colonias, cuyos integrantes ya gozaban en el momento de la fundación de los privilegios del ciudadano romano, la creación de municipios suponía la aceptación, en este cuerpo privilegiado superior, de provinciales indígenas, hasta entonces súbditos y, por tanto, sin derechos jurídicos. Los municipios romanos son, pues, antiguas ciudades indígenas cuyos habitantes, peregrini o súbditos ajenos al derecho romano, eran honrados colectivamente con el derecho de ciudadanía. La concesión colectiva de este privilegio obligaba a la refundación de la ciudad como municipium civium romanorum y a la provisión de las instituciones inherentes a su nueva categoría, con la paralela renuncia a las fórmulas administrativas propias.

Pero entre estas colonias y municipios de ciudadanos romanos y las comunidades indígenas urbanas o tribales no privilegiadas se intercalan los municipios de derecho latino. Su constitución se basaba en una ficción jurídica consistente en otorgar a una ciudad peregrina el derecho latino, que, en época republicana, hasta la unificación de Italia, había supuesto para los itálicos un trato privilegiado en el conjunto de los súbditos del Estado, el uso de ciertos derechos propios de la comunidad romana y, en ciertos casos, un escalón intermedio para alcanzar el disfrute pleno de la ciudadanía romana. Son, pues, comunidades indígenas cuyos habitantes fueron hechos «latinos». El otorgamiento a una ciudad indígena de la carta municipal latina suponía, pues, la concesión de privilegios concernientes tanto a la gestión pública de la ciudad como al estatuto personal de sus habitantes, en su nueva categoría de latinos. Sin duda, el privilegio más característico y ambicionado de las ciudades latinas era el que suponía, para todo latino que hubiera cumplido durante un año y una magistratura en su municipio, al dejar el cargo, su elevación, con la de sus parientes, a la categoría de ciudadanos romanos. Mediante este privilegio, los círculos dirigentes de las ciudades latinas tenían la posibilidad de alcanzar el máximo orden jurídico con el cumplimiento de los onerosos deberes municipales y mediante la propia elección de sus conciudadanos.

Pero, en todo caso, la existencia de ciudades privilegiadas en Hispania —colonias romanas y municipios romanos y de derecho latino—, cuyo número se incrementa a lo largo del Imperio, no impide que, en su gran mayoría, las comunidades de la Península siguieran careciendo de especiales derechos, incluyéndose en la categoría de peregrinae. Estas comunidades, si se encontraban en núcleos urbanos recibían, desde el punto de vista de la administración, el nombre de civitates, frente a aquellas que aún mantenían una estructura político-social propia, basada en relaciones de carácter suprafamiliar, o populi, donde no existía un núcleo importante de población que concentrara las funciones de carácter administrativo.

La mayoría de los populi se documentan en el noroeste peninsular, frente al resto de Hispania donde el fenómeno urbano contaba ya con una fuerte tradición, como consecuencia de las influencias colonizadoras fenicia y griega y de la propia presencia romana, a lo largo de la República. De todos modos, aún en el Noroeste, la política imperial fue de constante impulso del régimen urbano, fomentando la formación de núcleos de mayor o menor entidad en detrimento de la dispersión de la población en aldeas o castros.

Las ciudades peregrinae, es decir, aquellas cuyos habitantes eran extranjeros al derecho romano, tampoco tenían un estatuto jurídico uniforme, producto de su forma de inclusión en el Estado romano, tras la conquista de su territorio. Sus derechos fueron regulados unilateralmente por Roma y divididas en tres grandes categorías: civitates foederatae, liberae et immunes y stependiariae.

Las foederatae eran ciudades que habían suscrito un tratado con Roma, por el que se regulaba su relación con el Estado romano como consecuencia de un pacto. Estaban exentas de los impuestos ordinarios y fuera de la jurisdicción de los gobernadores provinciales. De número muy reducido, pueden considerarse una herencia de la época de la conquista, y su carácter privilegiado condujo a una evolución por la que gradualmente tendieron a transformarse en municipios.

Las liberae et immunes gozaban de privilegios semejantes a las foederatae, aunque, en este caso, su carácter no era producto de un pacto, sino de la gracia voluntaria y unilateral del Estado romano, que podía revocar en cualquier caso estos privilegios, entre los que se encontraban el derecho a usar sus propias leyes, la utilización de aduanas propias y la exención de impuestos. También, como en el caso de las foederatae, la tendencia general fue su transformación paulatina en municipios.

Frente a las ciudades federadas y libres, las stependiariae, las más numerosas, no gozaban de privilegios particulares y, como su mismo nombre indica, estaban sometidas al pago de impuestos. De cualquier manera, el gobierno romano generalmente no interfería en sus asuntos internos, por lo que se regían por leyes propias, con sus instituciones tradicionales.

En la estructura urbana de la Hispania imperial hay que hacer mención finalmente de una serie de entidades de rango inferior, dependientes en la administración de colonias, municipios y civitates, mantenidas como consecuencia de la adaptación por parte romana a las realidades tradicionales indígenas. Los distintos términos utilizados por las fuentes romanas para estas entidades no distinguen demasiado claramente su carácter, aunque parecen hacer referencia a peculiaridades de su origen, extensión territorial o administración. Así, los fora deben su nombre a su origen como mercados, en los que se concentraba en ciertas fechas la población circundante para sus transacciones. El castellum, por su parte, se denominaba así por su carácter de núcleo fortificado. Tanto el forum como el castellum, particularmente abundantes en el Noroeste, no tenían entidad administrativa propia dependientes de la civitas o populus, aunque podían llegar a constituirse en civitates.

Con el nombre de praefectura se designaba una circunscripción administrativa sometida a una civitas superior, que la controlaba directamente. Por lo que respecta al vicus y al pagus, se trataba de poblaciones rurales, dependientes de un centro superior, a cuyo territorio estaban adscritos. Finalmente, las canabae son un caso especial de agrupación urbana a la vera de campamentos militares, cuya población vivía del contacto con los soldados, como las que surgieron junto a la VII Gemina, origen de la ciudad de León.

Plinio nos ofrece un cuadro de la distribución de las comunidades hispanas, con sus correspondientes estatutos jurídicos, en el tercer cuarto del siglo I. La Bética estaba dividida en ciento setenta y cinco civitates, de las que nueve eran colonias; ocho, municipios de derecho romano; veintinueve, municipios latinos; tres, federadas; seis, libres, y las ciento veinte restantes, estipendiarias. La Lusitania contaba con cuarenta y seis civitates: cinco colonias, cuatro municipios y treinta y siete estipendiarias. En la Citerior, de las doscientas noventa y tres comunidades, ciento catorce eran aún populi, en su mayoría ubicados en la regiones occidentales, las últimas incorporadas al Imperio; doce colonias, trece municipios romanos, dieciocho latinos y ciento treinta y cinco civitates estipendiarias constituían el grupo de las consideradas como civitates.

El ordenamiento municipal romano

Las comunidades urbanas de derecho privilegiado —colonias y municipios romanos y municipios de derecho latino— constituyen entidades administrativas autónomas, ordenadas mediante un conjunto de instituciones, que, patrimonio en principio del derecho municipal, se extendieron a las comunidades provinciales del Imperio. Conocemos bastante bien el mecanismo de estas instituciones —y, con ello, el funcionamiento de la administración municipal— gracias, sobre todo, a la existencia de grandes fragmentos de ordenanzas, procedentes precisamente de ciudades privilegiadas de Hispania y, más concretamente, de la Bética: Urso (Osuna), Salpensa (en las cercanías de Utrera), Malaca (Málaga) e Irni (provincia de Sevilla). Estas ordenanzas, en la forma de leges datae, es decir, promulgadas por el emperador con carácter permanente, reunían las disposiciones legales por las que debía reglamentarse la organización de la correspondiente comunidad. Sus textos, comparados entre sí y con otros de leyes municipales Itálicas, permiten comprobar la gran semejanza y, en ocasiones, identidad de sus apartados, lo que autoriza a considerar uniforme, por tanto, el régimen municipal de todo el Imperio.

El más antiguo de los textos señalados es el relativo a la lex coloniae Genetivae Iuliae sive Ursunensis, registrada en varias tablas de bronce, halladas en Osuna y conservadas en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid). Urso fue fundada como colonia de ciudadanos romanos, pero apenas existe variación con los restantes textos, que proceden de municipios, regidos por las mismas instituciones. Sus capítulos más interesantes hacen referencia a la regulación de la vida constitucional municipal, con normas sobre derechos y deberes de los magistrados de la colonia, funcionarios subalternos, curia municipal y cargos sacerdotales; procedimientos judiciales; patrimonio municipal; normas de urbanismo; elección de magistrados y disposiciones para el mantenimiento del orden público y organización de la defensa de la colonia en caso de emergencia. Sumado a los textos de los municipios latinos de Malaca, Salpensa e Irni, elevados a este rango jurídico como consecuencia de la aplicación a distintas comunidades de la concesión a Hispania del derecho latino por Vespasiano, nos ofrecen, pues, una aceptable imagen de la ordenación municipal romana.

La organización política del Imperio se apoyaba, dada la debilidad de la administración central, en las comunidades urbanas, por lo que un interés elemental y constante del poder imperial se cifró en mantener la vigencia y función de estas comunidades como entes administrativos autónomos. Ciudad y territorio rústico anejo, como unidad equiparada e inseparable, repetida a lo largo y ancho del Imperio es, en muchas ocasiones y especialmente en Occidente, producto de la política urbanizadora romana. A su iniciativa e impulso transformaron las comunidades indígenas sus viejas estructuras para acomodarse al orden político-social imitado del romano, como núcleos fundamentales de una administración que renunció a un aparato administrativo burocrático centralista, sin duda, costoso y poco eficaz, si tenemos en cuenta la extensión del Imperio por otro más barato y más fácil de aplicar, basado en estas instituciones especiales «autónomas». Naturalmente, esta «autonomía» tiene unos límites de seguridad para el poder central, que se consigue con la atracción y lealtad política de las élites locales, a las que, a cambio de ser mantenido su prestigio social y su poder económico, se les responsabiliza con exigencias y compromisos de velar por el funcionamiento del ente autónomo ciudadano y por su desarrollo cultural y social, como «clase política», de la que se reclutan los magistrados y el Consejo municipal.

Así, las tareas de las comunidades urbanas del Imperio es la de soportar, en un marco estandarizado romano, un conjunto de funciones políticas y sociales con responsabilidad propia, en la que la clase alta asume la garantía de su funcionamiento. Y son los estatutos municipales otorgados por Roma, los ejemplos de Urso, Malaca, Salpensa e Irni hemos mencionado, la expresión, tanto de la «autonomía» como de las garantías para su real funcionamiento. Porque, a imagen del gobierno central, tampoco las comunidades urbanas del Imperio, las civitates, tenían un aparato burocrático administrativo. La gestión pública de la ciudad estaba en manos de unos cuantos —cuatro o seis— portadores de la magistratura, con carácter anual y gratuito, y un consejo municipal vitalicio, también de carácter honorífico, el ordo decurionum. En consecuencia, sólo los ciudadanos acomodados con mucho tiempo libre y una cualificación económica determinada, el censo, podían aceptar estos puestos dirigentes comunales. Pero el precio que estas élites municipales debían pagar por mantener su prestigio y poder socioeconómico iba todavía más allá de dedicar su tiempo al servicio de la comunidad, porque una de las bases autonómicas de las ciudades romanas era la económica, considerada independiente de cualquier medio financiero proporcionado por el Estado central. Si tenemos en cuenta, por su parte, que los medios económicos propios del municipio —tierras comunales e impuestos— sólo podían a lo sumo cubrir una parte de las muchas necesidades materiales y personales que requería el funcionamiento comunal, es evidente que dependían para su existencia de los servicios y prestaciones —munera— de sus ciudadanos, que, según sus posibilidades económicas, facultades personales y categoría social, debían contribuir a sostener la gestión municipal.

Pero eran sobre todo de las élites calificadas como «clase política», este ordo decurionum, de que la comunidad esperaba no sólo aportaciones privadas para la financiación de una activa vida comunal —fiestas y juegos— y para las necesidades elementales de funcionamiento —abastecimiento de artículos de primera necesidad y suministro de agua—, sino también liberalidades extraordinarias en la forma de repartos de dinero, fundaciones o regalos. Si se puede dudar del «patriotismo» de las élites locales, plenas de amor por sus ciudades, a las que embellecen con sus donaciones altruistas, como con gusto se repite de forma demasiado generalizadora, es, en cambio, cierto que existe una pugna interna por prestigio social y, con ello, poder político, que empuja a estas familias ricas a cumplir estos «servicios» para el bienestar de la comunidad. Pero si era la presión social la razón fundamental de esta casi obligada liberalidad, también es verdad que podía ser utilizada como un buen medio de significarse ante la opinión pública. Y de ahí las inscripciones y estatuas con las que esta «clase política» se honra en las personas de sus miembros, como testimonio de un «evergetismo» que no es, en parte, otra cosa que el obligado cumplimiento de funciones bien especificadas en los estatutos municipales, a las que no pueden sustraerse so pena de perder poder, prestigio y fortuna incluso. La historia de los municipios en las provincias del Imperio Romano está así ligada a la historia de sus élites locales: su prosperidad significa la prosperidad de la ciudad; sus dificultades económicas, la decadencia de la vida comunal; su desaparición en las cambiantes condiciones de las postrimerías de la Antigüedad, la ruina del municipio y su sustitución por otras formas de vida social con las que se abre la Edad Media.

Las instituciones municipales

Es el municipio, sobre todo, un concepto político, salido de un vínculo de sujeción a Roma y dotado de una autonomía en su constitución interna, pero también un ente jurídico, como colectividad de ciudadanos con leyes propias, patrimonio específico, distinto del que poseía el pueblo romano, y derecho de elegir magistrados, exigir tributos y administrar bienes propios.

Desde el punto de vista del marco material, la circunscripción territorial comprendía además de la ciudad propiamente dicha (oppidum), una zona circundante, el territorium rural, cuyos habitantes, reunidos en comunidades pequeñas (pagi, vici, villae), no tenían administración propia, dependiendo de la ciudad, a la que estaban agregados, tanto para necesidades edilicias como para las ceremonias religiosas. Es el foro, en el centro de la urbe, plaza pública circundada de los principales edificios civiles y religiosos, el corazón de la vida pública ciudadana, en el que se discutían los asuntos más importantes, se impartía justicia, se celebraban las fiestas locales y las solemnidades religiosas y se elegía a los magistrados. Pero, desde el punto de vista constitucional, los elementos integrantes de la ciudad eran el pueblo, los magistrados y el Senado.

No toda la comunidad formaba parte del pueblo —populus— en estricto sentido político, puesto que, con los ciudadanos de pleno derecho, los civis, existían los simples residentes o incolae. Durante el Alto Imperio, al menos, la investidura de las magistraturas honoríficas era patrimonio exclusivo de los primeros. Poseer, por tanto, la categoría de civis local era condición necesaria para una promoción social y política, que, en determinados casos, podía conducir a la obtención de la ciudadanía romana.

Para ser considerado civis o municeps de una comunidad eran precisos los requisitos de nacionalidad (origo) y de residencia (domicilium). El primero se otorgaba automáticamente a los hijos nacidos de padres legítimos ciudadanos pero podía también conseguirse por adopción, adlectio inter cives, y manumisión. El origo, como constatación de un requisito, se acostumbraba citar tras el nombre del individuo, generalmente de forma adjetivada.

En contraposición a los ciudadanos, los incolae eran aquellos individuos libres que habían elegido como domicilio o residencia permanente una comunidad distinta a la de su nacimiento, sin perder por ello los derechos de ciudadanía de su patria de origen. No se consideraban en cambio incolae los forasteros que sólo temporalmente, por razones de estudio, negocios o familiares, residían en la ciudad, los hospites, advenae o adventores. Pero ambos, civis e incolae, están en la misma forma obligados a la aceptación de las cargas comunales, munera, aunque la investidura de las magistraturas u honores sólo, como decimos, corresponde a los ciudadanos.

Si estos deberes alcanzaban a todos los residentes en la ciudad, para el ejercicio de los derechos públicos y privados era necesario el fundamento de la ciudadanía. En el campo del derecho privado, la ciudadanía comportaba el derecho a contraer matrimonio plenamente válido, con todos los efectos jurídicos que de ello se seguían, y el ius commerci, es decir, la facultad de cumplir todos los actos concernientes al ejercicio del derecho de propiedad. En el derecho público, las dos principales prerrogativas del ciudadano eran el ius suffragii o derecho a voto en los comicios y el ius honorum —en el papel, abierto a todos los ciudadanos, pero en la práctica restringido a la oligarquía de notables—, o elegibilidad para los cargos públicos, es decir, el electorado activo y pasivo. El principio de la participación en el ejercicio de los derechos públicos se aplicaba en el municipio a través de los comicios para votación de leyes, juicios públicos y comicios electorales para el nombramiento de las magistraturas ciudadanas. Para participar en esta vida municipal, la comunidad ciudadana, populus, estaba dividida en varios cuerpos subordinados, que formaban las unidades votantes, cada una de las cuales constituía una especie de corporación con representantes, reuniones especiales, de carácter generalmente religioso. Conocemos bien el mecanismo de elección de magistrados por la lex Malacitana, que documenta sobre las prescripciones, requisitos de elegibilidad, calendarios y procedimientos. Pero desde finales del siglo II la elección popular de los magistrados pasó progresivamente al Senado municipal como consecuencia de las crecientes dificultades para encontrar candidatos que estuviesen dispuestos a soportar las cargas financieras que conllevaba el disfrute de los honores o magistraturas, dificultad que, ante la generalizada resistencia, obligó a una nueva reestructuración del procedimiento de elección, que se impone desde el siglo III: la cooptación para la magistratura entre los miembros de la curia municipal, que vació de contenido la participación política del populus en la vida de la comunidad, si no es para asuntos sin trascendencia.

La administración autónoma ciudadana suponía la disposición de unos magistrados, medios y responsabilidad propios en el marco de la ley municipal. El término técnico magistratus tiene un doble significado: indica tanto a cada uno de los portadores de la magistratura o conjunto de ellos como la magistratura en sí, aunque para este segundo concepto existe en época imperial el sinónimo de honor. La magistratura es portadora de la soberanía del conjunto de la comunidad ciudadana, del populus, que, con la curia municipal, ordo decurionum, forman la tripartita fuente de soberanía. Pero puesto que el populus no puede por sí mismo llevar a término todas las medidas administrativas, elige, entre el círculo de los ciudadanos honorables, los adecuados representantes, los magistrados, a los que traslada todos los derechos de soberanía para el tiempo de duración de la magistratura, con el mandato de realizar el deseo del pueblo y tomar todas las medidas necesarias para el desarrollo de la ciudad y el bienestar de los ciudadanos.

Desde finales del siglo I las particularidades de la magistratura se extienden prácticamente a todas las comunidades del Imperio, sean municipios o colonias, e incluso a las civitates peregrinas o comunidades sin derecho privilegiado, con una tendencia a la unificación absoluta que preludia la organización unitaria del siglo III.

En la cúspide de cada comunidad ciudadana aparecen regularmente cuatro magistrados en dos colegios, los duumviri iure dicundo y los duumviri aediles, en muchas ocasiones reunidos en un solo colegio de quattuorviri, a los que circunstancialmente se añaden en algunas ciudades dos quaestores. En el siglo I imperial estos magistrados eran elegidos por el populus, reunido en comicios, para pasar luego a ser cooptados por el ordo decurionum.

El presupuesto jurídico para la candidatura a una magistratura municipal era la posesión del ius honorum. Dado que un magistrado al absolver su año de gestión se integraba de por vida en la curia municipal, las exigencias impuestas a los candidatos a una magistratura correspondían a aquellos que eran integrados en este Senado municipal en conjunto, este ius honorum incluía como principales factores el nacimiento libre, el correspondiente derecho de ciudadanía, ampliado desde el siglo II también a los incolae, posesión de capacidad jurídica y de todos los derechos ciudadanos, una cualificación económica determinada, imprescindible para responder a las exigencias de gasto que comportaba el ejercicio de la magistratura, y una edad mínima, fijada por la ley municipal para cada magistratura concreta, ya que el conjunto de las mismas constituía una auténtica carrera —cursus honorum—, que había que escalar necesariamente grado a grado: de menor a mayor, era este orden, cuestura —en el caso de que la ciudad dispusiera de esta función—, edilidad y duumvirato.

En general, la magistratura municipal, como la romana, se ordenaba bajo dos principios básicos: la anualidad y la colegialidad, nacidos de una desconfianza ancestral hacia el poder personal y unitario. Los magistrados, colegas en el mismo cargo, formaban jurídicamente una unidad que, según la concepción romana, impedía incluso el reparto de poderes, resumidos en los llamados potestas e imperium. Era el primero el poder concedido a un magistrado legalmente, es decir, la competencia en su función. En cuanto al imperium, señalaba el conjunto de la autoridad concreta, los derechos y prerrogativas que corresponden al magistrado que lo posee para poder cumplir sus fines de gobierno: poder militar, jurídico, civil, penal y coercitivo, es decir, posibilidad de encarcelamiento, citación a juicio y, en caso de resistencia, arresto.

En su calidad de representante del populus, del que personificaban sus maiestas o soberanía, los magistrados municipales tenían una serie de derechos y privilegios honoríficos, que se manifestaban tanto mediante signos de respeto por parte de sus conciudadanos como por atributos externos, como el derecho a usar la llamada toga praetexta o manto orlado con una franja de púrpura, la sella curulis o sitial de marfil en la curia o en el teatro, o el acompañamiento, en ocasiones solemnes, de dos lictores, portadores de las hachas y varas (fasces), símbolo de su poder. Pero, sin duda, el principal honor para los magistrados municipales, en el caso de las comunidades del Imperio con derecho latino, era el otorgamiento, a la terminación del cargo, de la ciudadanía romana, con sus padres, esposas e hijos.

Como dijimos, el más alto rango entre los magistrados municipales correspondía a los duumviri iure dicundo, que, como cargos directivos, tenían el derecho y la obligación de desarrollar, con la curia municipal y los otros magistrados, la administración de todos los asuntos municipales. Entre las tareas específicas de los duumviri se encontraban, en el interior, la vigilancia y cuidado del cumplimiento de las obligaciones que la ciudad debía tener con los dioses —celebración de juegos anuales y supervisión de los correspondientes cargos sacerdotales—, convocatoria y presidencia de las asambleas legislativas y electorales, jurisdicción municipal, administración de las finanzas municipales, etc. los duumviri también representaban a la comunidad en el exterior, en nombre del ordo decurionum, con una serie de tareas como la conducción de la correspondencia administrativa y jurídica de la comunidad con las distintas instancias provinciales y del poder central, la firma de tratados y acuerdos públicos con otras ciudades o la recepción del emperador y miembros de la familia imperial o altos funcionarios desde la frontera del término municipal, entre otras. Cada cinco años, los duumviri contaban además con un poder especial sensorial para confeccionar las listas del censo de ciudadanos, en cuyo caso recibían el nombre de duumviri quinqueannales.

En cuanto a los aediles o duumviri aedilicia potestate, sus atribuciones, muy variadas, pueden reducirse a tres tareas o curae: urbis, annonae y ludorum. Objeto de la primera era la policía de la ciudad y la seguridad pública. La cura annonae, por su parte, abarcaba el aprovisionamiento y vigilancia general sobre el mercado, por lo que respecta a la calidad de los géneros a la venta, precios, pesos y medidas. Y, finalmente, la cura ludorum suponía la disposición y regulación de los juegos públicos, como verdaderos empresarios de espectáculos ofrecidos en el circo y de las representaciones teatrales.

Los quaestores, finalmente, poco documentados en las comunidades hispanas, eran los magistrados encargados específicamente de la caja municipal, en la que actuaban como tesoreros. Hay que mencionar también que, en ausencia de uno de los duumviros por más de un día, debía procederse al nombramiento de un praefectus, que lo sustituía durante el tiempo que faltaba y que era elegido entre los miembros de la curia municipal. El poder del praefectus era igual al del duumvir y sus funciones cesaban al regreso del magistrado ordinario. También se recurría al praefectus en caso de faltar ambos magistrados: era entonces un praefectus pro duoviris.

La tercera institución fundamental del municipio era el ordo decurionum, que en los dos primeros siglos del Imperio constituía normalmente la asamblea de los antiguos magistrados de una ciudad e incluía, con ello, a todos los ciudadanos que, por fortuna y prestigio, tenían una función directiva política y social en la comunidad. Normalmente constaba de unos cien miembros, que formaban el Consejo municipal, mediatizando como factor continuo una dirección aristocrática de la política y la administración comunal. El ordo, como auténtico Consejo municipal, estaba encargado de ocuparse de todas las cuestiones importantes de interés general concernientes a la administración de la ciudad, la gestión de los capitales, trabajos públicos y tributos, ceremonias y sacrificios, fiestas y juegos anuales, otorgamiento de honores y privilegios, etc. con el tiempo, a lo largo del siglo II, mientras los magistrados perdían paulatinamente su potestad, se desarrolló la tendencia de concentrar toda la administración municipal en manos de este ordo decurionum, que terminó anulando incluso a las propias asambleas populares hasta llegar a nombrar directamente a los magistrados de la ciudad.

En el conjunto de las instituciones municipales hay que referirse finalmente al patronato que, ya existente durante la República, siguió perviviendo en época imperial, aunque con ciertas modificaciones. En lugar del patronato Provincial, asumido por el emperador como supremo benefactor de todos los súbditos del Imperio, se desarrolló extraordinariamente la figura del patronus en las comunidades ciudadanas. No se trataba de una magistratura oficial, sino de un título honorífico que, en las ciudades de derecho privilegiado —municipios y colonias—, estaba regulado por la ley, como documentan los estatutos de Urso y Malaca. Se solía conceder a personajes que se habían distinguido por sus liberalidades para con la ciudad o que, por sus relaciones políticas y sociales, podían apoyarla y defender sus intereses en las altas esferas. También las civitates sin derecho privilegiado podían establecer relaciones con personajes influyentes, que perduraban durante generaciones, a través de los llamados «actos de hospitalidad», firmados entre el benefactor, el hospes, y los magistrados o jefes indígenas de la correspondiente comunidad, a la que integraba en su clientela. Tenemos en Hispania un buen número de documentos que atestiguan estos convenios de hospitalidad y patronato, prueba de su extensión y de su vitalidad.

Las comunidades sin derecho privilegiado

Sobre las instituciones de las ciudades sin derecho privilegiado en Hispania tenemos mucha menos información. Realmente, constituyen un mosaico donde caben tipos muy variados de organización. En aquellos grupos sociales en contacto con la vida municipal de tipo romano, la atracción que ésta ejercía condujo a una mimetización institucional por parte indígena. Pero en la regiones donde la municipalización estuvo muy poco extendida, pervivieron con increíble tenacidad las instituciones heredadas de época prerromana para saltar las fronteras temporales del interior y renacer con un impulso tras la desaparición del poder romano. En conjunto puede decirse que, si bien no con una organización municipal de tipo romano, la concentración en núcleos urbanos se produjo a lo largo de los dos primeros siglos del Imperio en la mitad oriental de la Península, en la costa mediterránea y en el Valle del Ebro, extendiéndose progresivamente por la Meseta. En cambio, en el Norte y Noroeste, aparte de unos pocos centros aislados, necesarios para la administración y sede de los magistrados romanos, la organización político-social siguió siendo en gran parte de corte tribal. Las comunidades podían abarcar una extensa gama de unidades suprafamiliares, insertas en grupos cada vez mayores, que en las fuentes romanas se conocen con los nombres de tribus, populi, gentes, gentilitates y centuriae. Estas comunidades tendieron a lo largo del Imperio, por imposición romana o por influencia de la municipalización, a agruparse en núcleos urbanos, las civitates. Como hemos visto, Plinio todavía menciona 114 populi en la Citerior. A mitad del siglo II, Tolomeo, en su descripción de Hispania, sólo conoce ya civitates. Las civitates podían ser capaces de actuaciones de valor jurídico, tales como hacer pactos de hospitalidad, ofrendas, votos... Y de designar magistrados. El material más interesante para el estudio de las instituciones de estos núcleos urbanos lo constituyen los mencionados «pactos de hospitalidad» entre comunidades indígenas o individuos en concreto y comunidades. En ellos aparecen nombrados los magistrados de la respectivas comunidades.

La evolución de las provincias hispanas en el Alto Imperio

Las provincias de Hispania son durante el Imperio, salvo escasos acontecimientos, organismos sin historia, ya que, una vez finalizada la conquista, la Península quedó integrada en las estructuras generales del Estado romano, como parte de su sistema. Las noticias anecdóticas que, de tiempo en tiempo, se refieren en particular a Hispania, o los acontecimientos políticos y de carácter administrativo que directamente la afectaron, no son suficientes para trazar un desarrollo histórico independiente del contexto general del propio Imperio. De todos modos, la evolución del sistema lógicamente afectó también a la Península, en ocasiones con peculiaridades propias, que requieren una atención particular.

Durante el gobierno de los sucesores inmediatos de Augusto, la llamada dinastía julio-Claudia (14-68), ningún acontecimiento digno de mención tuvo como escenario la Península Ibérica. En los cauces establecidos por el propio Augusto, continuó desarrollándose la administración con una progresiva integración de las provincias hispanas en el sistema romano. Esta integración se manifestó fundamentalmente en la transformación de muchos populi en civitates, abiertas así a la organización municipal, y en el reclutamiento de un número cada vez mayor de ciudadanos romanos hispanos en los cuerpos legionarios del ejército romano en detrimento de los itálicos, que hasta entonces habían nutrido casi en exclusiva sus filas. La promoción social que este expediente significaba se completó con la utilización de la Península, como fuente de leva, de un gran número de cuerpos auxiliares, constituidos con soldados peregrini (no ciudadanos), extraídos en bloque de las regiones peninsulares menos integradas en el proceso romanizador, el Norte y el Noroeste. Conocemos un gran número de alas y cohortes de nombre étnico hispano —astures, galaicos, cántabros, vascones, lusitanos...—, Establecidas en diversas fronteras del Imperio, cuyos componentes recibían, al finalizar su servicio, el derecho de ciudadanía romana.

Esta importante cantera militar desempeñó, sin duda, un destacado papel en las conmociones que acabaron, en el año 68, con la dinastía, tras el derrocamiento de su último representante, el emperador Nerón. El gobernador de la Citerior, Galba, se rebeló al frente del ejército hispánico, reforzado con nuevas levas en la provincia, y arrastró en la aventura al gobernador de la vecina Lusitania, Otón. Ambos se sucederían de forma efímera en el trono imperial, con un tercer pretendiente, Vitelio, antes de que el general Vespasiano logrará finalmente el poder, fundando una nueva dinastía, la Flavia (69-96).

La subida al trono de Vespasiano significó una reordenación del Imperio, que afectó de forma particular a Hispania: en primer lugar, por lo que respecta al ejército de ocupación. Se llevó a cabo una parcial «desmilitarización» e Hispania recibió, como única tropa legionaria, a la legión VII Gemina, creada unos años antes por Galba, una vez regenerados sus efectivos, diezmados durante la guerra civil del 68. La legión fue acuartelada de forma estable en la zona que, desde comienzos del Imperio, había constituido el centro estratégico primordial de la Península, la región astur. El campamento daría lugar a la ciudad de León. Una media docena de cuerpos auxiliares completaban el nuevo ejército, que se mantendrá, sin apenas cambios, hasta el final de la Antigüedad.

Más importancia tendría para la transformación administrativa de Hispania y su integración en las estructuras romanas el edicto de latinidad promulgado por Vespasiano, que suponía el reordenamiento jurídico de las poblaciones hispanas. Conocemos por Plinio la decisión, según la cual el emperador Vespasiano Augusto, cuando se vio lanzado a las procelosas luchas de la República, otorgó la latinidad a toda Hispania. La concesión del derecho latino (ius latii) suponía la posibilidad de que todas las comunidades urbanas peninsulares pudieran organizarse como municipios latinos, que, como hemos visto, incluían la concesión de la ciudadanía romana para quienes hubieran ejercido un cargo municipal. Como consecuencia del decreto, un gran número de ciudades hispanas —se estima que alrededor de 350—, con una infraestructura urbana e incipientes formas de organización administrativa, vieron abiertas las puertas a su definitiva organización como municipios, que fue cumpliéndose a lo largo de la dinastía, bajo el gobierno de los hijos de Vespasiano, Tito y Domiciano. Espléndidos testimonios de este proceso son las mencionadas tablas de bronce de Malaca, Salpensa e Irni, que recogen la legislación o la que, de acuerdo con su nuevo carácter, habrían de regir sus instituciones los nuevos municipios. El título de municipium Flavium que llevan numerosas ciudades de Hispania prueba la extensión de la concesión, que alcanzó incluso a comunidades del noroeste peninsular, abiertas así a su integración en el sistema administrativo romano.

El proceso de promoción político-administrativa, comenzado por Augusto y sus sucesores y fomentado por los Flavios, se tradujo, desde finales del siglo I, en la creciente importancia de las élites hispanas, que accedieron a puestos de responsabilidad en la administración central. Se ha llegado incluso a hablar para el siglo II de un «clan hispano», constituido por Senadores peninsulares, que controlan los órganos políticos y administrativos del Imperio y que explicarían la subida al trono de los emperadores Trajano y Adriano oriundos de Hispania.

Así, la dinastía de los Antoninos que, desde finales del siglo I (96-92), sucede a la Flavia contempla la decisiva influencia de la oligarquía hispana en el marco de un sistema administrativo caracterizado por la estabilidad, donde se integran también las provincias hispanas.

Esta estabilidad, traducida en una era de paz, bienestar y desarrollo económico dentro de las fronteras del Imperio, que se extiende a la mayor parte del siglo II, no dejaba de incluir ciertos gérmenes de descomposición, preludio de la mal conocida y peor interpretada «crisis» del siglo III, una larga época de conmociones políticas y de transformaciones sociales y económicas que dará origen a la nueva sistematización del Bajo Imperio.

Sería difícil resumir en unas líneas las causas y los síntomas de estas transformaciones, en las que incidieron tanto agentes externos —la múltiple presión de pueblos exteriores sobre las fronteras del Imperio, que obligó a un esfuerzo militar constante y desproporcionado para las posibilidades de defensa— como internos, entre ellos, el estancamiento del sistema económico y la ruptura del equilibrio político y social no mediatizado con las crecientes necesidades del Estado para acudir a contrarrestar el peligro exterior.

Hispania, lógicamente, no podía escapar a este proceso, cuyos primeros síntomas hicieron presentes en los reinados de los últimos Antoninos, Marco Aurelio (161-180) y Cómodo (180-192). En dos ocasiones, durante el gobierno del primero, en 171 y en 177-178, bandas de tribus africanas, los mauri (mauros), llevaron a cabo incursiones, que tuvieron como escenario las tierras de la Bética, contra las que hubo que movilizar a la Legio VII Gemina. No conocemos el alcance y consecuencias de las razias africanas, en las que la propia Italica fue sometida a asedio, mientras independientemente el gobierno tenía que hacer frente a desórdenes internos en Lusitania. Estos disturbios se vieron incrementados en época de Cómodo por la acción de bandas de desclasados —desertores de la milicia, campesinos y esclavos—, reunidas en torno a un ex soldado fugitivo llamado Materno, que durante unos años llevaron a cabo acciones depredadoras sobre ciudades y aldeas de Italia, la Galia e Hispania antes de ser disueltas por un ejército regular romano.

La crisis de poder desencadenada por el gobierno del último Antonino, Cómodo, fue resuelta por el fundador de una nueva dinastía, el africano Septimio Severo, que trató de frenar los múltiples problemas del Imperio con una serie de medidas que transformaría su esencia misma. Fue una de las principales la reforma del ejército, utilizado para nuevas e incrementadas tareas en el contexto general de la administración imperial, que condujo a una «militarización» de la sociedad, en la que los soldados constituían el elemento dominante de la escena social. Se trataba, en todo caso, de medidas de emergencia, que no hicieron sino convertir el Imperio en un estado de excepción permanente, incapaz de encontrar solución a los males de fondo que lo aquejaban. Y esta situación se hizo especialmente evidente en la crisis del régimen municipal, uno de los pilares del sistema político-administrativo romano.

Durante los dos primeros siglos del Imperio, las ciudades pudieron cumplir con las cargas administrativas que el Estado central romano había depositado en sus élites. A través de la ciudad, el Estado resolvió el difícil problema de la administración de un Imperio apenas abarcable y obtuvo los recursos materiales para su sostenimiento. Pero desde finales del siglo II, cuando aparecen los primeros síntomas de una grave crisis económica que se extiende por todos los ámbitos del Imperio, el Estado no vio otro recurso de allegar los medios que necesitaba para paliar el agarrotamiento producido en el interior por convulsiones socioeconómicas y políticas y en el exterior por presiones de pueblos bárbaros, que presionan a su vez sobre las ciudades, las cuales, castigadas también por esta crisis general, que no podía dejar de afectar a sus élites, vieron derrumbarse los presupuestos que habían hecho posible la construcción y el desarrollo del régimen municipal. El primitivo sistema político social autónomo de las ciudades se transformó en un estado de excepción, obligado e impuesto, que convirtió a los antiguos honores —magistraturas y curia municipal— en onera, esto es, en cargas irrenunciables.

Mientras los grandes aristócratas senatoriales conseguían sustraerse al ámbito de la ciudad, al retirarse a sus dominios en el campo, en las grandes villae, donde llegaron a crear unidades económicas autárquicas, ajenas a los gastos de la ciudad, sobre la curia municipal —los curiales, como empezó a llamárseles— recayó todo el peso de las cargas municipales y de las obligaciones fiscales de la comunidad, puesto que se les responsabilizó con la garantía de sus propios bienes del pago de las mismas. La consecuencia fue la pauperación de las clases medias —ya que las altas habían podido escapar al proceso— y el desesperado esfuerzo por sustraerse al nombramiento como curiales. Estas graves dificultades ciudadanas obligaron a la creación de nuevos funcionarios, como los curatores reipublicae, cuya misión era velar por los intereses financieros de la ciudad, pero la injerencia del gobierno central privó su gestión de eficacia y los hizo caer en el desprestigio.

Pocos son los acontecimientos que, a lo largo del siglo III, tienen a Hispania como escenario. Uno de ellos, de graves repercusiones económico-sociales, fue la usurpación de Clodio Albino, que, frente a Septimio Severo, intentó ser reconocido como emperador en Occidente (Britania, las Galias e Hispania). La conspiración fue abortada en 198 y Severo condujo una dura represión contra los partidarios de Albino, entre los que se encontraban no pocos nobles hispanos. La confiscación de sus bienes en beneficio del patrimonio imperial alteró gravemente el equilibrio económico y social de la Península.

Por lo demás, en la época de los Severos, Alejandro (222-235), abre una caótica época conocida con el nombre de «anarquía militar», en la que, bajo el signo de la crisis económica y social y de renovadas presiones de pueblos exteriores sobre todas las fronteras del Imperio, se suceden emperadores y usurpadores efímeros, incapaces de fortalecer el aparato estatal. Hispania sufrió los males del Imperio y su territorio se vio sometido tanto a tensiones generadas por los intentos de afirmación de diversos usurpadores como a los saqueos producidos por la irrupción de bárbaros que transitoriamente recorrieron la Península a sangre y fuego. En efecto, en época de Galieno, en torno a 260, bandas de francos, procedentes de la Galia, que habían invadido, penetraron en Hispania: aquí, después de poner sitio a Tarraco, lograron hacerse con naves y una parte de ellos pasó a África. El resto permaneció durante 12 años en la Península, sin que podamos establecer ni su ámbito de acción ni las reales consecuencias de sus movimientos. La arqueología constata una serie de destrucciones de ciudades y villae, fechadas en torno a la mitad del siglo III (Ampurias, Badalona, Barcelona y puntos de la región catalana y de la costa levantina), así como «tesorillos» de monedas, que podrían ponerse en relación con la invasión, que no también con el estado general de inseguridad producido como consecuencia de las luchas por el poder y de las usurpaciones que afectaron a Hispania, en concreto, la de Póstumo, durante el reinado de Claudio II el Gótico, a finales de la década de los 60, y las de Floriano y Bonoso, en época de Probo, diez años después.

EL BAJO IMPERIO

La nueva organización administrativa de Hispania

La subida al poder de Diocleciano, en 284, con la instauración de la tetrarquía, abre un nuevo período en la historia de Roma, calificado tradicionalmente, aunque no sin objeciones, como Bajo Imperio. La tetrarquía, establecida como fórmula para hacer frente a los múltiples problemas del Imperio, introdujo una importante serie de transformaciones en el sistema político-administrativo del Estado romano. Los cambios operados en la estructura económica y social, la larga crisis del poder central, incapaz de poder solucionar los problemas interiores y exteriores, las tendencias centrífugas de ciertas regiones del Imperio, que incluían veleidades autonomistas, habían generado una profunda desconfianza hacia las instituciones romanas, que Diocleciano intentó superar con un ingenioso sistema de poder compartido con otros titulares, para asegurar la eficacia del mando y cerrar el camino a las usurpaciones, que habían debilitado durante un siglo el aparato central. La sacralización del poder, la descentralización administrativa, el incremento del personal burocrático, un nuevo sistema impositivo basado en el más preciso control de sus súbditos y bienes y una radical reforma del ejército son algunas de las importantes innovaciones que caracterizan el Bajo Imperio.

Diocleciano asoció al poder, también con el título de Augustus, pero subordinado por una relación sacral de dependencia, a Maximiano, y ambos adoptaron a sendos Césares, como garantía de continuidad sucesoria, Galerio y Constancio. Augustos y Césares se ocuparían respectivamente de las cuatro zonas en que fue distribuido el Imperio, desde otras tantas capitales, establecidas en Nicomedia, Sirmio, Milán (o Aquileya) y Tréveris.

Esta asignación de jurisdicciones territoriales conllevó una nueva organización administrativa, basada en la multiplicación del número de provincias, que pasaron de 48 a 104 en el siglo III; con ello se pretendía evitar una excesiva concentración de fuertes poderes militares y políticos en ciertos lugares del Imperio y facilitar la eficacia de la administración, fundamentalmente en lo que respecta al control fiscal, pero lógicamente significó también un fuerte incremento de la burocracia con sus muchos componentes negativos. La necesaria conexión entre gobierno central y provincias aconsejó la reagrupación de éstas en circunscripciones más amplias, las diócesis, dirigidas por vicarios. La evolución del sistema llevó después, en época de Constantino, a la inclusión de estas diócesis en unidades administrativas superiores, las praefecturae, encomendadas a los prefectos del pretorio, con funciones administrativas, financieras y judiciales, que significaron de hecho la división del Imperio en grandes unidades geográficas.

La Península quedó afectada, como todo el resto del Imperio, por esta nueva división administrativa, cuyo punto de partida se fecha entre 284 y 288. Las provincias de Hispania quedaron integradas en la diócesis Hispaniarum: la antigua Citerior fue dividida en tres provincias— Tarraconensis, Carthaginiensis y Gallaecia—, continuaron como hasta entonces la Lusitania y la Baetica y se añadió una sexta provincia, la Mauritania Tingitana, que, por su situación en la costa atlántica de Marruecos, tenía una comunicación más fácil con la Península Ibérica que con su vecina africana, la Mauritania Caesariensis. Posteriormente, entre 365 y 385, de la Cartaginense se desgajó la nueva provincia de las Islas Baleares (Balearica), con lo que el conjunto de la diócesis, para entonces incluida en la prefectura de las Galias, contó con siete provincias. No conocemos con precisión los límites asignados a las nuevas provincias, en los que se tuvieron en cuenta, más que consideraciones geográficas y étnicas, factores económicos, fiscales y militares, en especial, un mayor control de la red viaria por la que se transportaban los impuestos y llegaban los abastecimientos al ejército. En la nueva ordenación, no sólo continuó siendo la capital de la Lusitania, sino de toda la diócesis. Corduba conservó su rango de capital de la Bética, lo mismo que Tarraco de la Tarraconense. En las nuevas provincias, Bracara fue la capital de la Gallaecia Cartago Nova de la Cartaginense y Palma de la Balearica.

Por consiguiente, en el escalonamiento de responsabilidades que genera la agobiante burocratización del Imperio y respecto a la Península, directamente de la instancia central superior, el emperador, dependía el prefecto del pretorio responsable de la praefectura Galliarum, en la que se integraba la diócesis Hispaniarum, junto con la de Britania y las propias Galias, a cuyo frente se hallaba el vicarius Hispaniarum, que tenía bajo su jurisdicción a los seis (o siete) gobernadores de las provincias en las que se hallaba dividida la diócesis. Transitoriamente, en época constantiniana, se puso al lado del vicario un comes Hispaniarum, con funciones civiles y militares.

La antigua división en provincias senatoriales e imperiales desapareció en la ordenación bajoimperial por una nueva, en la que el rango de la provincia se decidía por el propio gobernador que la dirigía, de acuerdo con su pertenencia al orden senatorial o al ecuestre. La Bética y la Lusitania —y posteriormente Gallaecia— tuvieron el rango de provincias consulares, encomendadas a un senador con el título de vir clarissimus; las restantes serán praesidiales, bajo la jurisdicción de un praeses ecuestre, con el título de vir perfectissimus. Consulares y praesides desempeñaban tareas administrativas y jurisdiccionales, eran responsables del mantenimiento del orden en los territorios a ellos asignados y tenían la misión de vigilar la recaudación de los impuestos y el mantenimiento de los servicios públicos de aprovisionamiento y correo, pero quedaban fuera de su competencia las funciones de defensa y el mando de las tropas. Para el cumplimiento de las tareas de la administración, contaban, con los vicarii con un officium, que incluía una serie de funcionarios y personal subalterno, a los que hay que añadir, fuera de su jurisdicción, representantes de los organismos centrales, delegados y agentes del emperador. Se ha calculado en unos mil quinientos los funcionarios dedicados a la administración civil en el conjunto de la diócesis Hispaniarum.

El ejército bajoimperial

El sistema defensivo y la propia institución militar creados por Augusto y desarrollados a lo largo de los dos primeros siglos del Imperio manifestaron ya en el reinado de Marco Aurelio síntomas claros de una gran crisis que sólo la infatigable actividad del emperador pudo frenar, con problemas fundamentales que, en su mutua interdependencia, se agravaban: la insuficiencia de un sistema de defensa estáticos frente a presiones de pueblos exteriores cada vez más duras, extensas y concertadas y el deficiente grado de competencia de un ejército minado por serios problemas de reclutamiento, calidad y moral, precisamente cuando más necesario se hacia su concurso.

Ya a lo largo del siglo III, emperadores como Septimio Severo y Galieno habían introducido importantes modificaciones que afectaron parcialmente a la composición, funciones, táctica y armamento de las tropas. Diocleciano hizo suyas estas reformas y acometió una reorganización militar en profundidad, sobre la que, poco después, Constantino introdujo nuevas modificaciones para crear el auténtico ejército bajoimperial.

La diferencia fundamental del nuevo ejército consistía en la distinción entre tropas de frontera, que continuaban la vieja tradición de la milicia altoimperial, acantonadas en lugares fortificados a lo largo de las fronteras, los limitanei, y tropas móviles los comitatenses, que, desde sus lugares de estacionamiento, podían acudir a cualquier punto que requiriera su ayuda. Se aumentó considerablemente el número de legiones, que pasaron de treinta y nueve a sesenta, y se reestructuraron los mandos, con una neta distinción entre poder civil y militar.

La diócesis Hispaniarum mantuvo en la nueva ordenación un ejército, cuya composición y efectivos conocemos por un documento del siglo IV, la Notitia Dignitatum. De acuerdo con sus datos, a lo largo del norte peninsular, de Galicia a Vasconia, se hallaron acantonadas una serie de tropas con el carácter de limitanei, a las órdenes de un magister peditum presentalis a parte peditum. El único cuerpo legionario de las mismas era, como antes, la Legio VII Gemina, que mantenía su estacionamiento en León, mandada por un praefectus legionis. El resto de las tropas lo formaban cinco cohortes, dirigidas por tribunos, cuatro en la provincia de Gallaecia y una en la Tarraconensis. Eran éstas la cohors II Flavia Pacatiana, con un acuartelamiento en Poetavonium (Rosinos de Vidriales, Zamora); la II Gallica, de la que desconocemos su precisa localización dentro de Gallaecia, la cohors Lucensis, en Lugo; la cohors Celtibera, situada primero en Brigantia y posteriormente trasladada a Iuliobriga (Cantabria), y, finalmente, en la Tarraconense, la cohors I Gallica, en Veleia (Iruña, provincia de Álava). Una serie de tropas comitatenses, cuyo número variaba en función de las necesidades, a las órdenes de un comes, completaban las fuerzas militares de la diócesis, que contaban también con un dispositivo de defensa fronteriza de limitanei en la provincia africana de Mauritania Tingitana, contra los posibles ataques de las tribus beréberes.

Lo mismo que en las vecinas Galias, está demostrado que las tropas del ejército imperial estacionado en Hispania estaban alojadas en ciudades fortificadas, como consecuencia seguramente de disposiciones de tipo general, cuyo periodo de máxima actividad comprende los reinados de Galieno a Constantino. El proceso de fortificación, posterior al de urbanización de efectivos, no alcanzó sólo a los centros de estacionamiento de tropas. A su imagen y con el concurso de éstos, otras muchas ciudades de Hispania se fortificaron en el curso del siglo III. Pero, sin duda, el proceso debió de iniciarse en las localidades sede de guarniciones, que debido a las circunstancias especiales de Hispania —provincia interior— no habían tenido hasta entonces necesidad de desarrollar una experiencia propia de fortificación. En León, como en Veleia o Lugo, por no citar el campamento de Poetavonium, surgen las primeras fortificaciones, cuyo modelo se aplicará a otros centros urbanos, aún inermes, entre los que se cuentan Gerona, Barcelona, Lérida, Zaragoza, Pamplona y Astorga. La participación del ejército en esta magna obra de fortificación, que supone una nueva concepción vital, queda aprobada por el grado de estandarización, índice de una mano de obra o un concurso técnico uniforme que sólo estaba en grado de proporcionar el ejército.

Frente a hipótesis y generalizaciones sobre el alcance de estos amurallamientos, que han dado lugar al desarrollo de toda una teoría sobre un hipotético limes en la Hispania del Bajo Imperio, no cabe duda de que se trata de la última consecuencia lógica de un proceso de sedentarización del ejército peninsular, más atento al servicio de una administración, que no puede prescindir de su concurso por las peculiaridades socioeconómicas de la región, que al ejercicio de sus virtudes castrenses en un estacionamiento muy alejado de los focos de preocupación estratégica del Imperio.

La propia peculiaridad del ejército hispánico ha obrado en su incomprensión y, en consecuencia, a los continuos intentos de adaptar su papel al resto de las fuerzas militares del Imperio, con unos argumentos que, firmemente aceptados durante años en la investigación española, han sido sometidos a revisión. Hoy, después de rectificaciones y precisiones, puede considerarse definitivamente superada la concepción del llamado limes hispanicus, como conjunto de defensas articuladas del ejército hispánico, a semejanza del limes africano o isáurico, frente a la supuesta amenaza permanente de los pueblos de la región noroccidental —cántabros, astures y vascones—, todavía reforzada con una segunda línea de retaguardia del medio Ebro al Duero, como protección para los ricos latifundios de la Meseta, en un complejo sistema de defensa en profundidad que habría incluido además castella y fortificaciones estatales y privadas, así como la existencia de un comitatus o ejército movible, con un apreciable número de efectivos. El argumento más sencillo contra este esquema es el de la integración, bien que con peculiaridades, consecuencia de un extraordinario arraigo de reminiscencias indígenas, de la región supuestamente objeto de una actitud defensiva por parte de la administración romana, a la que Diocleciano dará entidad administrativa propia con la creación de una nueva provincia hispana de Gallaecia.

El ejército hispánico, pues, con el que cuentan las provincias de Hispania cuando Diocleciano pone fin con sus reformas a la larga crisis del siglo III, es y sigue siendo el mismo que Vespasiano, también en seguimiento de una reorganización del Imperio, colocó como instrumento de la política imperial en una región que interesaba conservar y desarrollar. Las dificultades, sin embargo, que convirtieron al Imperio a lo largo del siglo III en un estado de excepción, al que Diocleciano y Constantino dieron categoría permanente, entorpecieron este desarrollo y, de algún modo, lo estrangularon, al menos en la dirección primitiva que descansaba sobre el eje de la urbanización de territorios tradicionalmente tribales y rústicos. Testimonio del fracaso es precisamente el refugio de fuerzas militares encargadas de fomentar este desarrollo en recintos urbanos fortificados, al margen de un mundo que avanza bajo el signo de una progresiva ruralización.

Si no conocemos los detalles, no hay duda, sin embargo, de que en una gran medida los dispositivos de defensa durante el Bajo Imperio se hallaban en las propias ciudades, que debían atender con sus medios a la solución de los problemas militares. Pero también los grandes latifundios bajoimperiales organizaron sus propias milicias rústicas contra el bandidaje, constituidas por campesinos y esclavos, que llegaron a constituir auténticos ejércitos privados, apoyados en fortines —Turres y castella—, diseminados por el campo. Defensa ciudadana y milicia rústica prueban la insuficiencia de la defensa estatal y el estado de inseguridad previo a las invasiones bárbaras, entre las que se diluye el dominio romano de la Península.

Si no conocemos los detalles de la disolución del ejército romano en Hispania, está sin embargo claro que su destino iba unido al de las ciudades donde estaban estacionados sus cuerpos. La caída de estas ciudades —Astorga, León, Lugo, Braga— en manos de los invasores germánicos fue, con la disolución de las milicias que en ella se refugiaban, la señal de abandono de estas regiones por Roma. Hasta un grado tal que, cuando después de un largo siglo de disturbios, la monarquía toledana reconstruye una Hispania visigoda, el Noroeste permanecerá no sólo al margen, sino todavía más vigilado por guarniciones que introducen por fin en la Península el concepto auténtico del limes o frontera fortificada frente a presiones de un exterior bélico, que son las poblaciones en otro tiempo objeto del interés romanizador de un ejército que no pudo llegar a cumplir los objetivos que le fueron encomendados.

El fin de la Hispania romana

La tetrarquía, el nuevo sistema político implantado por Diocleciano, preveía la existencia de dos augustos, que se repartirían el gobierno y la administración del Imperio. Diocleciano se reservó la parte oriental, donde se encontraba ahora el peso del Imperio, y Maximiano obtuvo el occidente. Ambos augustos asociaron al poder a sendos Césares —Diocleciano a Galerio y Maximiano a Constancio—, aunque no es seguro si también con una jurisdicción territorial precisa. Hispania, integrada en la pars occidentalis del Imperio, fue objeto del interés de Maximiano, que hubo de atender personalmente a la represión en las costas peninsulares de incursiones piratas llevadas a cabo por bandas de francos, antes de pasar a Mauritania Tingitana para someter a las tribus africanas de los mauri. Las campañas tuvieron lugar entre los años 296 y 298 y las conocemos no demasiado bien por fuentes literarias y epigráficas.

La abdicación de Diocleciano y Maximiano en 305 dio el poder a los Césares Galerio y Constancio, como nuevos augustos, quienes a su vez nombraron a Maximino y Severo para reemplazarles. Hispania pasó entonces a depender de Constancio Cloro, junto con la Galia y Britania. Pero la muerte de Constancio, al año siguiente, en Eburacum (York), abrió una crisis política en la que no queda claro quién detentó el poder en Hispania. En efecto, las tropas de Constancio proclamaron augusto a su hijo Constantino, en detrimento del legítimo del sucesor, el César Severo. La crisis no tardó en resolverse con el nombramiento de Constantino como César, quedando Severo como Augusto y, hasta ese momento, al parecer, las provincias de Hispania estuvieron en manos de Constantino.

El mismo año de 306 contemplaría el comienzo de la disolución del sistema tetrárquico implantado por Diocleciano. La sublevación de Majencio en Roma, la toma del título de augusto por parte de su padre Maximiano y la muerte de Severo en lucha contra ambos abrirían los complicados acontecimientos que llevan a Constantino en solitario al poder, en los que Hispania no contó con un protagonismo particular, dado su poco peso específico desde el punto de vista militar. La diócesis de Hispania, dependiente de la prefectura de las Galias, permaneció relativamente tranquila a lo largo de la dinastía constantiniana. Sólo en 350 sabemos que el usurpador Magno Magnencio se proclamó emperador en Autun con el apoyo de las Galias y la adhesión de la diócesis Hispaniarum o de parte de sus estamentos administrativos, obligando al augusto legítimo, Constante, a huir a Hispania, aunque fue asesinado por un partidario de Magnencio. Fuera de ello, las noticias que se refieren a la Península son muy esporádicas y de escaso interés este anonimato ha sido considerado como índice de un período de calma y tranquilidad, e incluso de recuperación económica de la Península, en medio de las luchas por el trono de la segunda mitad del siglo, que se cierran con la instauración del hispano Teodosio, el último emperador digno de tal nombre en la historia romana. Es sabido que, a su muerte, el Imperio quedó dividido en dos partes, de la que la occidental, en la que se incluía Hispania, correspondió a su hijo Honorio. Las usurpaciones, como consecuencia de la debilidad del poder central, volvieron a repetirse, pero ahora Hispania no permanecerá ajena a las luchas, teniendo en cuenta los fuertes intereses de la familia teodosiana en la Península. Pero más grave es que estas luchas abrirán las puertas de Hispania a los bárbaros y acabarán con el dominio romano en su territorio.

Hasta el 407, los acontecimientos políticos del Imperio solo repercutieron en la Península de forma indirecta, pero en este año se sublevó en Britania, contra el poder de Honorio, un usurpador, Flavio Constantino III, que, dueño de la Galia, necesitaba para fortalecerse extender su dominio a la vecina Hispania. Envió para ello a la Península a su hijo Constante, asesorado por un prestigioso general, Geroncio, que, aún con dificultad, logró vencer en el interior a las tropas privadas que opusieron a los intrusos los familiares de Teodosio, mientras otros contingentes también privados acudían a defender los Pirineos contra los refuerzos enviados por Constantino III en apoyo de Constante y de Geroncio, constituidos por bárbaros galos, los llamados honoriaci. Con su ayuda, la Península cayó en manos del usurpador, pero, en este punto, Geroncio quiso capitalizar la victoria en su propio beneficio y se rebeló contra Constantino, proclamando como emperador para la diócesis Hispaniarum a Máximo. Para fortalecer su posición, Geroncio, que había ganado para su causa a los honoriaci, defensores ahora de los pasos pirenaicos, se puso en contacto con los bárbaros asentados en el sur de la Galia, que pudieron penetrar así en Hispania el año 409, sin encontrar resistencia armada alguna por parte de estas tropas mercenarias. Suevos, vándalos asdingos y silingos y alanos sometieron a pillaje su territorio y procedieron luego al reparto de la Península. Los vándalos silingos ocuparon la Bética, mientras suevos y vándalos asdingos se repartían Gallaecia. Los alanos, por su parte, se instalaron en la parte occidental de la Cartaginense y en la Lusitania. Sólo la Tarraconense y el oriente de la Cartaginense lograron escapar a la invasión, tuteladas en nombre del poder imperial por otro pueblo bárbaro, los visigodos, que, en lucha con los primeros invasores, terminarán por hacer suya la Península mientras se deshace en el siglo V el Imperio Romano de occidente.

SEGUNDA PARTE: SOCIEDAD Y CULTURA II

LA SOCIEDAD EN LA HISPANIA ROMANA

LA falta de uniformidad en la organización social de los pueblos indígenas en época prerromana, unida a las épocas distintas en que fue conquistada la Península y a la falta de una voluntad homogeneizada por parte de Roma, dieron como resultado una gran diversidad de situaciones en cuanto a la estructura social de las distintas áreas de la Península Ibérica, más o menos alejada de los modelos romanos y que, sólo muy lentamente, se fueron aproximando entre sí. Como ejemplo de esta diversidad no tenemos más que pensar en la pervivencia de esas estructuras organizativas indígenas representadas en la epigrafía con los términos gens, gentilitas y genitivos de plural, que no sabemos exactamente que eran o cómo funcionaban, y que pervivieron hasta bien avanzado el Imperio en la zona indoeuropea de Hispania, mientras que en la Bética y en otras zonas del área íbera la estructura social era básicamente igual a la de Roma.

LA ROMANIZACIÓN DE HISPANIA

El concepto de «romanización» ha sido considerado durante mucho tiempo por los historiadores como una meta que había que demostrar que se había alcanzado, obteniendo a la vez un estadio de cultura superior, dando así cobertura a otros procesos de colonización bajo el pretexto de evangelización o civilización de sociedades con una cultura inferior, en definitiva «bárbara» en comparación de sociedades con la cultura superior del pueblo conquistador, en este caso los romanos. Por ello, se buscaba ofrecer resultados de esta romanización, resaltando con orgullo en muchos manuales de Historia de España lo que habían aportado al Imperio los emperadores, filósofos o poetas hispanos.

Por lo que se refiere a Hispania, la mayoría de los trabajos sobre el concepto de romanización se han ceñido al análisis de los factores y las causas de la misma, sin ni siquiera intentar delimitar el concepto. En esta línea destacan los trabajos de Sánchez Albornoz, García y Bellido, Balil y Blázquez, entre otros. Para la mayoría de estos investigadores había que prestar una atención especial a la «aculturación material», a la adopción por parte de los indígenas de útiles instrumentos romanos (utilización del molino, de la terra sigillata —cerámica típicamente romana—, realización de inscripciones, uso de monedas romanas, etc.), con lo que la romanización era medida con una escala en función de los restos arqueológicos y, sobre todo, por la existencia o no de ciudades, característica esencial y casi única para algunos de las zonas romanizadas. Éstas eran aquellas en que había tenido lugar el proceso urbanizador. Así, el grado de romanización era medido según los puntos alcanzados en una escala cuyo máximo exponente en las provincias occidentales eran la Bética en Hispania y la Galia Narbonense en la zona meridional de la Francia actual, lugares en que todas estas «transformaciones» estaban presentes. En cierta medida lo que se entendía era que la sociedad indígena que se romanizaba por contacto, por un lento, pero seguro flujo de influencias, considerando casi siempre a los comerciantes y al ejército como agentes básicos de la romanización. Dentro de esta visión se trataba de una línea divisoria entre la zona sur y oriental de la Península Ibérica y la zona Norte, de la que siempre, dentro de esta visión, se ha dicho que no había sido romanizada o lo había sido «superficialmente».

En la actualidad, la idea de romanización se separa bastante de la idea de «semejanza a lo romano», de forma que la romanización de un pueblo no implica que este pueblo se haya hecho igual o parecido a lo que consideramos típicamente romano, sino que se aprecian las transformaciones internas que se producen como consecuencia de la conquista e integración en el mundo romano, que, por la fuerza, transforman a los pueblos en algo distinto de lo que eran antes. Se valoran, así, las dos sociedades que entran en contacto y las modificaciones, distintas en cada caso, resultado de este contacto. De este modo, los vencidos, los conquistados por Roma, en definitiva, los indígenas, pasan a ocupar un lugar importante en la investigación.

Desde esta perspectiva, la romanización no debe entenderse, en opinión de M. Vigil, como un cambio político, cultural e institucional, sino como un cambio en las estructuras organizativas indígenas, dentro de un proceso en el que ni las estructuras romanas permanecen inalterables, ni las indígenas son receptoras pasivas, aunque tampoco se debe caer en apriorismos considerando que la romanización es únicamente la implantación de las estructuras romanas (su organización político-jurídica, el esclavismo como forma de producción económica dominante, la vida urbana y la familia patriarcal como pilares sociales, o la religión y la filosofía romana como soportes de la superestructura ideológica de la potencia colonizadora). Pero por esta vía se ha llegado a planteamientos tan partidistas y ahistóricos como las antiguas tesis colonialistas. Quizá porque no se tiene en cuenta a menudo que el término «romanización» es de acuñación moderna y que incluye una serie de elementos que, considerados por separado, pueden afectar decisivamente a las conclusiones finales.

Desde este planteamiento el concepto o resultado de romanización que conviene a la Bética puede que no sea apropiado para otras zonas de la Península Ibérica, donde las transformaciones producidas por la conquista romana no tienen porqué llevar al mismo resultado. Hoy en día se piensa que hay que tener en cuenta las realidades prerromanas, junto con las condiciones de la conquista y el desarrollo posterior, elementos que, unidos, producen en cada caso un proceso distinto, que siempre da lugar a un cambio histórico de primera magnitud. Las vicisitudes del largo periodo de conquista de la Península por Roma, más de dos siglos, no hicieron sino acentuar las diferencias organizativas puestas de manifiesto en capítulos anteriores. El dominio romano se estableció en primer lugar en el área íbera, progresando lentamente hacia el interior y hacia el Norte en el área indoeuropea. Por ello, cuando en las zonas iberas de Cataluña, levante y sur de la Península los romanos llevaban más de un siglo de estancia, todavía muchas poblaciones del norte no habían sido conquistadas y sólo muy superficialmente habían establecido contacto con los conquistadores.

En opinión de Pereira, lo fundamental son las transformaciones internas que se producen en los pueblos indígenas por efecto de la conquista romana y su resultado. En el caso de los pueblos del norte de la Península Ibérica, por ejemplo, sufrieron alteraciones profundas, como ha sido puesto de manifiesto por distintos historiadores de la Antigüedad, pero éstas no dieron lugar en muchos casos a la formación de ciudades o a la urbanización, aunque, como ha puesto de manifiesto J. Santos, los romanos querían aplicar «el esquema de la civitas» a las comunidades del norte de Hispania, para lo cual tuvieron que introducir fuertes cambios en su naturaleza interna.

Ya hemos visto como en la etapa prerromana son evidentes una serie de diferencias organizativas entre los pueblos de las distintas zonas. Esta falta de homogeneidad permanecerá en la etapa romana. Y esto no es sólo aplicable a algunas zonas de Hispania, sino también a otras zonas del Imperio Romano: Alpes, Galia, Britania, Dalmacia. Ya los romanos en el proceso de conquista y sometimiento militar de la Península fueron aplicando medidas que tuvieron una importante repercusión en las poblaciones indígenas y su inclusión en la formación social romana: asentamientos y dislocación de poblaciones y repartos de tierras.

Estos últimos constituían, en opinión de Knapp y Richardson, una medida destinada a poner fin a las hostilidades de los indígenas y a la amenaza que suponía la existencia, según las fuentes, de bandidos entre la población. Esta finalidad se aprecia claramente en la política seguida por Roma fundamentalmente entre 155 y 133 a. C. en las guerras con los lusitanos; las hostilidades durante este período acaban normalmente con el ofrecimiento de tierras por parte de Roma, dado que es la pobreza debida a la esterilidad del suelo o a la falta de tierras la causa que las fuentes alegan como origen del bandolerismo de los indígenas. Esta resistencia a Roma presentada como una sucesión de actos de latrocinio es común en las fuentes a pueblos que habitan zonas montañosas (ligures, pueblos del Próximo Oriente, Pueblos del Norte, etc.) y constituyen un motivo justificado para Roma para declarar una guerra justa.

Las guerras lusitanas terminan con el asesinato de Viriato el reparto de tierras entre sus seguidores y la fundación de una ciudad. Se trata de una política semejante a la que Roma había seguido con pueblos como los ligures (179 a. C.) o con los piratas cilicios (67 a. C.). Esta entrega de tierras suele ir acompañada de una política de asentamiento de la población, que debe ser analizada en el marco de una reorganización del hábitat indígena destinado fundamentalmente al control de estas poblaciones. Así, en el año 179 a. C. Tiberio Sempronio Graco realiza entre los celtíberos un reparto de tierras y da un lugar en la comunidad (Complega) a los grupos más pobres, lo que trae consigo la reorganización interna de una ciudad ya existente, incrementando su número de ciudadanos. En el año 139 a. C. al finalizar las guerras lusitanas, Cepión reparte tierras y asienta aquellos que habían luchado al lado de Viriato. Mario, por su parte, lleva a cabo en el año 102 a. C. el establecimiento de una ciudad cercana a Colenda (Cuéllar, Segovia) de los celtíberos que habían ayudado a Roma contra los lusitanos. Sabemos por Floro (2, 33,59-60) que, al final de las guerras cántabras, también se efectuaron asentamientos de poblaciones en el llano en el año 19 concretamente Agripa realiza un asentamiento de población cántabra en el llano.

La finalidad de todas estas medidas no es otra que poner a los indígenas bajo el control romano e introducirlos en su praxis político-administrativa, cuyo elemento básico es la civitas. Y ello evidentemente tuvo que suponer un cambio y una alteración en las estructuras organizativas y la forma de vida de aquellas poblaciones que se vieron afectadas por ellas, incluso en ocasiones un proceso de sedentarización.

Otra de las medidas tomadas por Roma durante el proceso de conquista es la dislocación de poblaciones indígenas, una vez conquistado su territorio, devolviéndolas en algunos casos al espacio geográfico que ocupaban antes de ser arrinconadas en época prerromana por otros pueblos en expansión, como parece ser el caso de los pelendones y los vettones y sus ciudades de Numantia (Numancia, Soria) y Salmantica (Salamanca) por la acción de los arévacos y los vacceos.

Principales factores de romanización

En todo este proceso de transformaciones que implica lo que hemos dado en llamar «romanización» hay una serie de factores que lo hacen posible y que se interrelacionan. Uno de estos factores es el ejército romano y la participación indígena en él. Como ya se ha visto anteriormente, el ejército realizan una función romanizadora importante por la presión ejercida durante el proceso de conquista y su presencia en un determinado territorio, así como por la participación de los propios indígenas en las legiones y tropas auxiliares. A la vez, su larga permanencia en la provincia traía consigo la creación de campamentos militares en torno a los cuales se concentrarán actividades variadas y muy intensas. En primer lugar, alrededor de los campamentos se localizaban los prata, extensiones de terreno sustraídas a las comunidades o tomadas del ager publicus para servir de terrenos de pasto o campos de cultivo a la correspondiente unidad militar, tanto legiones como unidades auxiliares. Por otra parte, al lado de los campamentos se quedaban pequeños núcleos de población llamados cannabae, donde se instalaba una población muy heterogénea fundamentalmente de buhoneros y mercaderes en general, que seguían habitualmente al ejército y abastecían de ciertos productos a los campamentos. En algunos casos, de estas cannabae surgirán nuevas ciudades, como sucede con la ciudad de León en relación con las cannabae de la Legio VII Gemina.

La colonización romano-Italica

Es de todos conocido que a la penetración de los romanos sigue la explotación económica de los recursos naturales, lo que traerá consigo la introducción de formas económicas típicamente romanas. A la llegada del ejército acompaña o sigue la de población civil itálica atraída por la explotación de los recursos minerales y de las fértiles tierras de los valles del Ebro y Guadalquivir, fundamentalmente. Dentro de esta población civil destacan dos grupos, los hombres de negocios, entre los que se encuentran los negotiatores, que obtenían su beneficio mediante negocios privados, y los publicani, que realizan operaciones financieras con el Estado, actuando no sólo en la recaudación de los impuestos, sino como concesionarios de las obras públicas, suministros, abastecimientos al ejército, explotación de las minas, de las Salinas, etc., y los colonos. En el caso de la Península Ibérica estos publicani están ligados, sobre todo, a la explotación minera, que constituyen la primera fuente de explotación de la Península por los romanos y uno de los principales motivos de su permanencia en Hispania.

Los colonos buscan en la tierra la fuente de recursos y, así, junto a la explotación de las minas, se realiza también la explotación del suelo desde el punto de vista agrícola. Fue, sin duda, ésta colonización agraria la que arrastró y retuvo en la Península al mayor contingente de población itálica, como consecuencia de la presencia continuada del ejército. La creación de un ejército estable en la Península durante una etapa prolongada trajo como consecuencia el asentamiento voluntario de soldados romanos y aliados itálicos en estas provincias como colonos agrícolas, una vez licenciados. El aumento de colonos en las provincias estaba mediatizado por la abundancia de tierras fértiles, similares a las abandonadas o deseadas en Italia, y por la facilidad de asentamiento y de vida asimilable a la romana en regiones que no ofrecían problemas. El propio desarrollo de la conquista se centra en dos regiones que cumplían estos requisitos, el Valle del Guadalquivir, más concretamente la Andalucía occidental, y el Valle medio y bajo del Ebro. Es importante poner de manifiesto que, tras la conquista, aparecen establecimientos agrícolas típicamente romanos a los que se conoce con el nombre de villae. Como ha visto Barceló en su análisis económico de la obra de Columela, su aparición en las provincias supone un cambio en los modelos de asentamiento prerromanos y, sobre todo, en los sistemas de explotación y cultivo de la tierra. A excepción de las villae suntuosas, como pueden ser algunas villae marítimas de la bahía de Nápoles o las villae imperiales, en las que no se establece una relación directa con la propiedad de la tierra, las villae supone una asociación entre una unidad de explotación, una granja, y la residencia, una construcción doméstica fuera de la urbs.

Para consolidar la conquista, Roma creó una infraestructura basada en la fundación de ciudades (núcleos urbanos), en unos casos promocionando centros indígenas y en otros fundando ciudades nuevas, algunas con un estatuto jurídico bien definido (colonias y municipios). Normalmente estos nuevos asentamientos fueron fruto de la voluntad de los generales que habían combatido la región. Por ejemplo,

itálica (Santiponce, Sevilla) fue fundada por Escipión, Graccurris (Alfaro, La Rioja) por T. Sempronio Graco y Valentia (Valencia) por D. Junio Bruto.

Conectada con la fundación de estos nuevos centros de población está la construcción de vías (el trazado de la red viaria) con funciones de penetración, conquista y dominación (militares), así como económicas y, sobre todo, político-administrativas, instrumento eficaz para la reorganización y administración de territorios de reciente adquisición, ya que conectaban entre sí los nuevos centros fundados y éstos con la capital del conventus o de la provincia.

Tras la conquista, Roma procedía a la organización de los pueblos y los territorios en función de sus intereses, es decir, de las necesidades de administración y control de las zonas conquistadas. Esta estructura tiene como base la civitas, unidad administrativa a partir de la cual se hará efectivo el dominio romano. La civitas está constituida por un centro político-administrativo, a la vez con funciones religiosas y económicas, del que depende un territorio determinado en el que habita esa comunidad de individuos que la constituyen: los ciudadanos. La civitas actúa como vehículo de integración en las colectividades indígenas en la organización político-administrativa romana, puesto que a través de ella se realizan el censo, el pago de impuestos, los reclutamientos militares, etc. En el estado actual de conocimientos este centro de algunas civitates, que aparecen como tales en los autores antiguos, no siempre se puede identificar con un núcleo urbano, pues, a veces, son otros núcleos de habitación menores los que cumplen esta función. En el caso del norte de Hispania conocemos la existencia de civitates entre los cántabros y otros grupos de población cuyos núcleos político-administrativos no han sido identificados todavía. Es el caso claro de Vadinia, la capital de los vadinienses, y la capital de los Orgenomescos entre los cántabros. Pero, aunque no los conozcamos, desde el punto de vista administrativo siguen desempeñando su función. Por eso, como han puesto de manifiesto J. Santos y M. C. González, encontramos en la epigrafía referencia a estas civitates (vadiniensis, Orgenomescus, etc.), cuando el individuo muere lejos del territorio de la civitas a la que pertenece o fuera de ella realiza una actividad que permanece (pacto de hospitalidad, dedicaciones a una divinidad).

La municipalización

Uno de los momentos fundamentales dentro del proceso de integración de Hispania en el Imperio Romano es la concesión por Vespasiano a toda Hispania en el año 70 d. C. del ius latii. El derecho latino era un conjunto de disposiciones legales que componían un estatuto organizativo. Aquellas comunidades que se acogían a éste se adaptaban al estilo romano (Senado elegido, magistrados colegiados anuales, etc.). Esto significaba que las comunidades indígenas abandonaban las formas ancestrales de organización o que adoptaban otras nuevas. El disfrute del derecho latino supone un paso intermedio hacia la ciudadanía romana, que representaba el máximo grado de integración en su organización político-administrativa. Mediante la obtención y el disfrute del ius latii aquellos que desempeñaban las magistraturas dentro de la civitas de derecho latino podían alcanzar la ciudadanía romana, lo cual no sucede en las civitates peregrinae, por lo que supone un paso entre el peregrinus y el ciudadano romano. En el caso de la Península Ibérica conocemos la concesión del derecho latino por un texto de Plinio (NH 3,20), en el que se recoge la concesión del mismo por Vespasiano a toda Hispania.

A pesar de la información que Plinio proporciona, el principal problema que ha suscitado este tema a los investigadores ha sido descubrir la importancia y el alcance real que la concesión de este privilegio tuvo dentro de la Península Ibérica. Durante mucho tiempo algunos investigadores han pensado (Galsterer, 1971) que la concesión del ius latii no había afectado más que a las zonas del sur y levante, donde se consideraba que la romanización había sido más profunda y donde existían colonias y municipios, lo cual era consecuencia directa de situar en una relación causa-efecto la concesión del derecho latino con la urbanización y la creación de municipios. Según esto, las zonas de la Península Ibérica que se consideraban menos romanizadas, especialmente el norte, no se habrían visto afectadas, pues en ellas apenas había noticias en las fuentes de existencia de municipios.

Pero investigaciones posteriores llevadas a cabo sobre otras zonas del Imperio Romano a las que también se había concedido el ius latii han puesto de manifiesto, por medio de la documentación epigráfica fundamentalmente, que la concesión del derecho latino por parte de Roma no trajo como consecuencia en todos los casos la creación de municipios, sino que en algunas zonas del Imperio las civitates peregrinae mantuvieron su condición.

Dentro del proceso que analizamos hay que distinguir dos tipos de situación: la concesión del derecho latino a un pueblo o una zona determinada, sin que necesariamente se hayan creado municipios o colonias, y aquella otra que está acompañada de una reforma constitucional profunda que supone la introducción de una ley municipal, que implica la organización de una civitas a semejanza de Roma. En el primer caso, están las civitates de los Alpes o Aquitania. Las comunidades indígenas se reestructuran y funcionan como si fuesen propiamente romanas, pero manteniéndose como civitates sin estatuto jurídico superior. Así encontramos civitates alpinas que son anexionadas a otros centros (adtributae), sin constituir por sí mismas una unidad administrativa. Estos pueblos siguen manteniendo su organización local indígena y únicamente son agregados administrativa, funcional, financiera y censitariamente a un centro dominante donde pueden llegar a ocupar las magistraturas y acceder a la ciudadanía romana. La finalidad principal de este proceso es introducir progresivamente la noción de una organización municipal en estas poblaciones que habían permanecido en un sistema prepolítico o precívico. Al abrir a estos pueblos las magistraturas del centro principal, Roma introduce un fermento de municipalización.

En el caso de la Galia céltica hay civitates que en el momento de la organización, tras la conquista, son etnias y desconocen el concepto de la polis (centro urbano dotado de magistraturas cuya autoridad superior se afirmará sobre todo el territorio de la ciudad-Estado). En este caso la concesión del derecho latino supone una innovación, puesto que, sin abolir las magistraturas indígenas, se les impone un colegio duoviral, magistratura claramente romana, cuya misión es encarnar una cierta autoridad central que influya sobre todo el territorio. También aquí el disfrute de estas magistraturas centrales da acceso a la ciudadanía romana. Lo que se ha producido es el respeto de las estructuras indígenas sin introducir de forma brusca una constitución municipal latina. Roma ha encontrado en la concesión del ius latii a una civitas que permanece indígena, la clave de la fusión constitucional eminentemente eficaz. El otorgamiento del derecho latino supone una reforma constitucional, aunque no se haya promulgado una ley municipal.

En otras zonas del Imperio el derecho latino está acompañado de una reestructuración constitucional local mediante la introducción de una carta municipal. Es lo que ocurre con los municipios latinos de Hispania (Malaca, Salpensa, etc.), África Proconsular y Galia Narbonense. En el caso de Hispania encontramos ambas situaciones. Según Plinio, todo el territorio hispano recibió el ius latii de Vespasiano. Pero una parte ha escapado a la organización municipal latina establecida en otras zonas. Nos referimos, evidentemente, a las zonas del norte peninsular frente a las del sur y levante. También en el norte, tal como sucedió en la Galia céltica, aunque no hubo una constitución municipal latina (no se fundaron ciudades, ni se otorgó el título de colonia o municipio), sí se produjo una reforma institucional en las colectividades indígenas. En Gallaecia, que es uno de los casos mejor conocidos, las comunidades se reestructuraron y funcionaron como las propiamente romanas. Las menciones al origo personal en unas áreas con no muchas inscripciones habla en favor de una enorme fragmentación en época prerromana, como hemos analizado anteriormente. En época Flavia esta trasformación del paisaje político tiene otro momento importante. El cambio de hábitat se hace evidente, pues muchos de los asentamientos indígenas se abandonan y se produce una reestructuración política en las comunidades al desaparecer las subcomunidades que hasta ahora, tal como muestra la epigrafía y han visto en distintos trabajos de J. Santos y G. Pereira, sobre todo este último, seguían existiendo en el interior de las comunidades. No hay urbanización (sólo excepciones como Lucus Augusti y, Bracara Augusta y el único municipio documentado, Aquae Flaviae), pero las comunidades funcionan al modo romano (duoviri, omnibus honoribus in re publica sua functo, etc.) y sus élites ascienden a sacerdotes provinciales del culto imperial.

El culto imperial

La extensión del culto al emperador, sobre el que volveremos más adelante, constituye un elemento ideológico que permite una cohesión desde el punto de vista político-religioso y su propagación afectará decisivamente a la consolidación de las oligarquías provinciales y municipales, que son los oficiantes del mismo. Por su parte, la religión romana introduce sus propios dioses que en muchos casos se asimilan a las divinidades indígenas, lo que favoreció aún más la integración ideológica en el Estado Romano.

LA SOCIEDAD EN LA HISPANIA ROMANA

A la hora de analizar la sociedad en Hispania en época romana, nos encontramos con importantes problemas de conceptuación, la mayoría de los cuales no son específicos de la Península, sino genéricos del análisis de la sociedad romana en general. Las verdaderas dificultades no se derivan de la carencia de fuentes y de métodos adecuados, como se cree con demasiada frecuencia. Las fuentes para la historia social romana no son más pobres que las que poseemos para la historia militar o de la administración. El problema es de naturaleza teórico-científica: cómo podemos definir una realidad tan compleja como la sociedad humana en su propia forma de ser en un momento histórico determinado.

Se han querido contraponer como únicas metodologías aplicables al análisis de las estructuras sociales antiguas las denominadas de forma muy simplificada «esclavista» (esclavismo como modo de producción dominante) y «no esclavista» (su contraria). Pero esta conceptuación se presenta en la actualidad de una forma más compleja, pero, a la vez, más flexible.

Los historiadores marxistas han caído en un cierto economicismo, al considerar más importante el número de esclavos en una época o formación social determinada, que su incidencia real en el proceso histórico. Pero en la actualidad, la metodología del materialismo histórico aplicada a este campo de la investigación ha evolucionado hacia posturas menos rígidas y más científicas. Alföldy ha sido el crítico más acérrimo y no podemos por menos de estar de acuerdo con él en que la esclavitud es un elemento estructural importante, pero no el único. Lo cual nos lleva a afirmar que el modo de producción esclavista en época romana es dominante únicamente en áreas y períodos de tiempo determinados, precisamente en el lugar y en el tiempo en que la esclavitud constituye el factor más directo del proceso de desarrollo histórico que analizamos. Es incorrecto poner la etiqueta de esclavista a la formación social romana desde el siglo II a. C. al siglo II d. C., pues son pocas las áreas que podemos denominar «centrales» en esta época y, además, aparecen ya en esta época (fuentes de final de la República y comienzos del Imperio) elementos estructurales importantes (colonus, por ejemplo) que hay que tener en cuenta.

En este panorama tenemos también teóricos del análisis social, como Gurvitch, que consideran impropio utilizar la categoría de clase social para referirnos a la Antigüedad a esto hay que unir la impropiedad de la frecuente modernización de la terminología aplicada al mundo antiguo, de lo que tenemos el caso más típico en Rostovtzeff, que utiliza para definir la sociedad romana términos modernos que tienen un contenido claro y diferenciado a la de definir otras formaciones sociales (burguesía, capitalismo, etc.). Al mismo tiempo, en relación con la impropiedad de los términos empleados para el análisis de la sociedad, como puso de manifiesto J. Mangas, está la tendencia del lenguaje de los historiadores hacia una tan aparente como real impropiedad, al emplear el lenguaje coloquial y, por ello, términos del habla vulgar en lugar de categorías científicamente definidas. La diferenciación establecida por los historiadores marxistas entre propietarios de esclavos y esclavos que, aunque existiera y sea válida para la definición, no tiene validez general para todas las áreas del mundo romano en época clásica, es, sin duda, menos operativa que la distinción establecida en el aspecto jurídico por los romanos entre libres y elemento servil y, dentro de los libres, los distintos grupos de ciudadanos que se diferencian entre sí por la naturaleza de su estatuto jurídico de ciudadanos (cives romani y cives latini) y los individuos libres que no tienen derecho de ciudadanía y que aparecen en la terminología romana como peregrini. Por otra parte, dentro de lo que podríamos considerar elemento servil, hay un grupo, los liberti, que jurídicamente tienen diferencias claras con los esclavos y que en determinados sectores y momentos (sobre todo en la administración imperial) participan en el proceso histórico de forma más profunda que éstos.

Alföldy ha definido la estructura social de carácter romano como una pirámide en la que se refleja un sistema de estamentos y estratos o capas sociales, consecuencia de la propia estructura económica y de una serie de factores político-jurídicos y sociales. En esta pirámide la parte superior está ocupada por los honestiores y la parte inferior por los humiliores. Son las relaciones económicas, las funciones que desempeñan, el prestigio y las propias formas organizativas de la sociedad romana las que nos permiten definir a la parte superior de la pirámide como estamentos, los ordines (unidades sociales ordenadas por criterios jerárquicos, con funciones, prestigio social y situación económica específicos), frente a los estratos bajos, constituidos por grupos heterogéneos de población urbana y rústica, que se agrupan por las actividades económicas que realizan, tanto en el campo como en la ciudad, y por su cualificación jurídica de ingenui (libres por nacimiento), libertos (esclavos manumitidos) y esclavos, a la vez que entre los ingenui podía haber ciudadanos romanos de pleno derecho, o peregrini, carentes del derecho de ciudadanía.

Hay, además, una serie de elementos que no conviene olvidar, si queremos llegar a comprender en toda su extensión la complejidad de la sociedad en época romana y que son válidos también para el análisis de la sociedad en Hispania:

• Frente a la gran tendencia a la simplificación de la terminología utilizada por los historiadores de la Antigüedad, hay en Roma una gran complejidad terminológica que responde a una gran variedad de estatutos jurídicos (cives romani, cives latini, peregrini, liberti, servi, coloni, etc.).

• En la Antigüedad no siempre se da una exacta coincidencia entre lo jurídico y lo real. Es lo que pasaba, por ejemplo, en la Atenas clásica, donde, aunque jurídicamente la diferencia entre libres y no libres y, en el grupo de los libres, entre ciudadanos y no ciudadanos (metecos en su mayoría) era muy clara, realmente ciudadanos arruinados, individuos libres no ciudadanos y esclavos (en este caso sus amos) alquilaban su fuerza de trabajo al Estado y realizaban las mismas actividades en las construcciones públicas.

• En el plano jurídico hay una diferencia muy clara entre libres y elemento servil.

• Como ha visto Alföldy y se puede comprobar en la realidad, los ordines romanos no son castas cerradas, ya que una posición económica fuerte, indispensable, por otra parte, para poder desempeñar los cargos inherentes al estatus social de cada ciudadano, propicia el ascenso al ordo superior. Los campesinos ricos del territorio de la ciudad podían ser admitidos como decuriones, los decuriones ricos en el ordo ecuestre, los caballeros ambiciosos y hábiles tenían posibilidad de entrar en el ordo senatorial y este grupo hegemónico fue constantemente completado por homines novi: Catón, Cicerón, Plinio el joven o Tácito.

• Lo esencial no es el número mayor o menor de esclavos o, en general, de individuos pertenecientes a los distintos grupos sociales, sino su participación cualitativa en el proceso histórico de la formación social a la que pertenecen.

• Hay que tener en cuenta también que Roma, tras la conquista de las provincias, y en tanto los factores políticos no lo hacían completamente imposible, ofrece su propio modelo social a los nuevos territorios, no de forma violenta, sino integrando a las élites indígenas en los niveles superiores de la sociedad romana.

Dos son los criterios que determinan la pertenencia a los estratos superiores de la sociedad, la riqueza y la inclusión en uno de los ordines, estamentos privilegiados jerárquicamente (senatorial, ecuestre o decurional).

En la sociedad romana el elemento definidor de la riqueza era la propiedad inmueble, al ser la agricultura la actividad económica fundamental. La consecuencia mediata es que el estrato superior de la sociedad estaba constituido básicamente por terratenientes que, a su vez, formaban las élites urbanas. Ello no excluye que también formaran parte de ella hombres de negocios, grandes comerciantes y banqueros.

Esto, por otra parte, creaba una situación social de extrema diferencia entre ricos y pobres. Un número restringido de terratenientes concentraba la mayor parte de las tierras cultivables y, por ende, enormes fortunas, mientras que la inmensa mayoría de la población vivía en la precariedad o en la miseria.

No obstante, la posición social elevada venía definida por la pertenencia a uno de los ordines, para ingresar en los cuales no era suficiente cumplir los requisitos económicos y sociales, sino un acto formal de recepción, que en el caso del ordo senatorial consistía en haber cumplido la primera función pública reservada a los miembros de este estamento (decemvir auro, argento, aere fiando feriundo). Para pertenecer al ordo ecuestre era necesario recibir del emperador el eques publicus o caballo del Estado, que confería la dignidad de caballero, mientras que en cada ciudad del Imperio únicamente pertenecían al ordo decurionum o aristocracia municipal quienes hubiesen desempeñado una magistratura local o fuesen incluidos en la lista oficial del estamento (album decurionum).

Y todo ello debido, sobre todo, al origen personal. Era la familia la correa de transmisión de los estatutos sociales individuales y de la herencia de los privilegios, pues haber nacido en una u otra familia traía como consecuencia un estatuto social, pero también diferentes vías de acceso al poder político.

La familia constituía el soporte de la sociedad romana y en ella se incluían los esclavos. Tanto éstos como los restantes miembros de la familia —esposa, hijos, nietos y clientes— estaban sometidos a la autoridad del paterfamilias, la máxima autoridad en el seno de la unidad familiar.

Otro problema importante, aunque de naturaleza distinta, con el que nos encontramos al realizar este análisis es el carácter de las fuentes que se pueden utilizar para llevarlo a cabo. Para ciertas áreas de Hispania se puede hablar de escasez de fuentes y, en ocasiones, de escasez de datos significativos de las que se han conservado; en ellas la mayor parte de las fuentes escritas nos aportan más datos sobre las costumbres y modos de vida indígenas que sobre el cambio producido en la sociedad indígena tras la conquista romana. Por ello, aunque las fuentes literarias ofrecen en ocasiones datos interesantes, sobre todo de mandos del ejército y ciudadanos que tenían un papel importante en la administración, son las instituciones la pauta más operativa y fidedigna para conocer los componentes de los distintos ordines y los cargos que han desempeñado, así como la integración de los indígenas en las formas organizativas romanas y la mayor o menor funcionalidad de las unidades suprafamiliares que siguen existiendo y reflejándose con gran abundancia en la epigrafía, sobre todo de la mitad norte peninsular.

GRUPOS SOCIALES

La estructura social de carácter romano era el reflejo de la estructura económica con implicaciones de factores de carácter jurídico-político. En la sociedad romana había una diferenciación jurídica clara entre los libres y los esclavos y, dentro de los libres, entre los ciudadanos y no ciudadanos. Pero es que, además, entre los ciudadanos había un conjunto de grupos cerrados, al menos en teoría, con un gran prestigio social, un nivel económico elevado y exigido, además, para pertenecer estos grupos, y las funciones asignadas a cada uno de estos grupos, que eran los ordines. Frente a estas unidades hay los conjuntos heterogéneos que se definen por su actividad económica, en el campo o en la ciudad, o por su situación jurídica: cives romani o peregrini (no ciudadanos), entre los ingenui, libertos (esclavos manumitidos) y esclavos.

Ordo senatorial

El más alto estamento de la sociedad romana era el orden senatorial, no sólo por su riqueza, aunque se les exigía un censo mínimo de un millón de sextercios, sino sobre todo por otros factores sociales, políticos e ideológicos que daban cohesión al estamento. La educación que recibían estaba encaminada a convertirlos en los guardianes y representantes de los viejos ideales del Estado romano, en cuyo servicio desempeñaban todas las magistraturas del cursus honorum hasta alcanzar el consulado, el más alto ideal de todo individuo perteneciente a este grupo.

En cuanto al número, a fines de la República había superado el millar, pero Augusto fijó su número en seiscientos.

Su actuación en las provincias fue constante, sobre todo como oficiales de las legiones y administradores de las provincias senatoriales, así como algunos enviados para misiones extraordinarias. De lo anterior tenemos abundantes noticias en las fuentes literarias e incluso en la epigrafía. Pero la estancia en las provincias se limitaba la mayor parte de las veces al período de su mandato, aunque no era obstáculo para que estrecharan lazos con las familias asentadas en ellas e incluso eran elegidos por algunas comunidades como patronos que les defendieran frente a los intereses de Roma. De algún modo podemos decir que formaban parte de la sociedad hispanorromana, aunque no ya sólo los llegados como mandos del ejército o como administradores de las provincias, sino también los propios senadores de origen hispano, emigraban muy pronto a Roma para dar a sus hijos una educación selecta y, a su vez, entrar ellos en la política, que se decidía en la capital del Estado. Y allí se relacionaban con otras familias senatoriales residentes en Roma, perdiendo en cierta medida los lazos de unión con las comunidades de las que procedían.

En este sentido es significativo el estudio de Mangas sobre los gastos en los municipios romanos de Hispania, en el cual se descubre cómo los miembros del orden senatorial ejercieron poca influencia en la vida de las ciudades, pues rara vez se les dedicaba una estatua honorífica, al contrario de lo que sucede con los caballeros y sobre todo con los del orden decurional.

Para fijar su residencia en Roma, según una disposición de Trajano, debían invertir un tercio de su fortuna en suelo itálico. A pesar de ello, las propiedades que seguían manteniendo en sus lugares de origen, por muy absentistas que fueran y lo eran, y las clientelas que poseían en sus lugares de procedencia les hacían a veces portavoces de los intereses de sus patrias locales.

Para mantenerse en el estatuto del orden senatorial tenían grandes gastos, por lo que necesitaban riquezas que alcanzaban, sin muchos escrúpulos, con «matrimonios de conveniencia» o consiguiendo introducirse en el grupo de herederos de personajes importantes. Tampoco era infrecuente que sometieran a fuertes expolios a las provincias durante el desempeño de su cargo, de lo que tenemos constancia en el caso de C. Vibio Sereno, procónsul de la Bética desterrado por Tiberio, cuando se descubrieron sus abusos, o en el de L. Calpurnio Pisón, legado de la Hispania Citerior, también con Tiberio, que, según noticias de Tácito, se dedicó expoliar a los indígenas por encima de lo estipulado legalmente.

Durante la crisis del final de la República hubo una gran movilidad de fortunas que pasaron de los proscritos y vencidos a los vencedores. La estabilidad de la pax Augusta trajo como consecuencia la estabilidad económico-social de los miembros del orden senatorial, por lo que casi se tendió a un ordo cerrado, aunque hubo, como ha visto Lambrechts, incorporaciones de provinciales, primero occidentales y, a partir de los Severos, de África y oriente.

No obstante, a pesar de esta aparente estabilidad no faltaron tampoco confiscaciones, destierros y muertes de Senadores en época julio-Claudia. Tiberio, a instancias de Sejano, utilizó estas medidas, y también fueron muy numerosas las condenas y asesinatos ordenados por Nerón. Aunque, sin duda, la clave final estaba en manos del emperador que, al tener la censura, podía incluir o excluir del Senado a los que no fueran de su agrado, o no fueran adictos.

Se ha pensado siempre, quizá de una forma bastante mecánica, que los componentes del orden senatorial eran los grandes propietarios agrarios, mientras que los caballeros realizaban funciones comerciales, financieras y administrativas. Después de los trabajos de Nicolet, hoy sabemos que también los del orden ecuestre tenían grandes propiedades de tierras y que los senadores desarrollaban actividades atribuidas tradicionalmente a los caballeros.

De los estudios de C. Castillo se deduce que los miembros del orden senatorial y ecuestre de la Bética pertenecían a viejas familias de emigrantes itálicos, pero lo que no sabemos es cuándo surgió la primera generación de Senadores de origen hispano. Rodríguez Neila piensa que se inició en el siglo I a. C. con un pequeño grupo en época de César, llegando en el año 40 uno de sus miembros, el gaditano Cornelio Balbo, a ser el primer cónsul de origen provincial. Durante los julio-Claudios aumenta el número, que se consolida a finales de la dinastía Flavia, siendo el periodo de los Antoninos favorable a los hispanos, sobre todo con Trajano y Adriano, y el de los Severos a los originarios de África y oriente.

Se ha pensado, por ello, en la existencia de un «clan hispano» con gran influencia en el Senado en época de Trajano y Adriano, pero, aunque el grupo existió, no parece que la influencia fuera tan decisiva y prolongada.

La procedencia de estos senadores de origen hispano eran las zonas más romanizadas, la Bética y las ciudades costeras del levante (Tarraco, Barcino, Sagunto o Valentia), situación que cambia, aunque no decisivamente, en el Bajo Imperio.

Ordo ecuestre

Más que el tipo de propiedad o de actividad (ambos grandes propietarios de tierras y los caballeros, según Nicolet, no sólo con funciones comerciales, financieras o de servicio de las provincias imperiales) las diferencias entre los dos ordines sociales más elevados se derivan del grado de fortuna, de la carrera y privilegios específicos, así como del origen. La fortuna mínima exigida para poder acceder al ordo ecuestre era de 400.000 sextercios, con lo que contaba con más miembros que el ordo senatorial.

Estas fortunas estaban fundamentalmente ligadas, y sobre todo en época republicana, al capital mueble, el comercio y el préstamo, tanto público como privado, así como el arriendo de impuestos y contratas del Estado.

La condición de eques romanus o eques publicus se alcanzaba por concesión del emperador a título individual, lo que hacía que tuviera un carácter único y no hereditario, aunque los hijos de los caballeros frecuentemente eran admitidos entre los equites. También algunos miembros del orden decurional, como luego veremos, culminaban su carrera siendo admitidos en el orden ecuestre.

Según estimaciones de Alföldy, el orden estaba compuesto en época de Augusto por alrededor de 20.000 miembros, número que aumentó a lo largo del Imperio por la admisión de provinciales. Por otro lado, era el orden ecuestre el lugar de reclutamiento de individuos para el orden senatorial, con el que mantenían en general buenas relaciones, estrechadas a veces con matrimonios mixtos, y constituían, junto con los miembros del orden decurional, las oligarquías municipales.

La carrera de los equites quedó reglamentada desde Augusto: administración en las provincias imperiales, cargos en las legiones (tribuno o prefecto de una cohorte o de una unidad familiar), cargos militares de carácter urbano (prefecto de una cohorte urbana, de una pretoriana o de una de policía), varias procuratelas de diversa categoría y varias prefecturas, censuras y cargos religiosos de segundo orden (aruspex, lupercus, etc.).

Gran parte de los componentes de este ordo pertenecen a él por nacimiento, pero también se integraron en él individuos que por solvencia económica y funciones políticas ascendían socialmente. La culminación de las carreras municipales era normalmente el acceso al ordo ecuestre.

Por otra parte, Pflaum ha puesto de manifiesto cómo en los primeros siglos del Imperio varios caballeros de origen hispano desempeñaron importantes cargos en la administración Provincial fuera de Hispania.

Ordo decurionum

El ordo decurional, grupo que controlaba la administración ciudadana en las ciudades organizadas al modo romano y que tenía prestigio social y mayor capacidad económica que el resto de la población, constituía con algunos miembros del orden ecuestre la oligarquía municipal. Básicamente su procedencia era la inmigración itálica y la aristocracia indígena, acumuladores de los medios de producción.

Así como los otros órdenes, senatorial y ecuestre, constituían una institución unitaria de todos los miembros de este rango en el ámbito del Imperio, el orden decurional tenía rasgos y composición distintos, de acuerdo con la categoría jurídica y económica de la ciudad a la que pertenecían.

Para ser elegido magistrado municipal se necesitaba ser ciudadano y haber cumplido 25 años de edad, pero lo realmente definitivo era tener capacidad (lo estipulado legalmente eran 100.000 sextercios) para sufragar las cargas inherentes al cargo, dado que los ingresos de las ciudades eran pocos y para sufragar los gastos públicos se necesitaban donaciones espontáneas, tanto de los libres como de los libertos, y las mencionadas cargas inherentes al desempeño de las magistraturas, como bien ha visto Mangas.

Esta situación trajo consigo una consecuencia con doble matiz, de tipo jurídico y de tipo sociopolítico. La aplicación de la normativa legal que exigía anualmente seis magistrados ordinarios (dos duumviros, dos ediles y dos cuestores) y uno extraordinario, el cuestor, así como los individuos necesarios para el culto imperial (otros seis, aunque en principio eran vitalicios), no pudo cumplirse a rajatabla, sobre todo en las ciudades pequeñas, como ha puesto de manifiesto Rodríguez Neila, y, al mismo tiempo, como se desprende de los estudios de este autor y otros trabajos de prosopografía unas cuantas familias se repartieron las magistraturas municipales, teniendo algunas representantes de las magistraturas de varias ciudades. De acuerdo con los datos recogidos por C. Castillo, los Acilii aparecen como magistrados locales en Urso y Singilia Barba sobre todo, pero también en Asido, Astigi, Callensis, Corduba, El Coronil, Hispalis, Igabrum, itálica, Naeva, Sacili y Salpensa; los Dasumii en Corduba y Gades; los Helvii en Hispalis y en Urgabo.

En lo que respecta a los gentilicios, generalmente no imperiales, los más frecuente son los Valerii y Cornelii, a los que siguen los Aemilii, Fabii, Antonii, Iulii, Licinii y Caecilii. Entre los imperiales sólo los Iulii ocupan un lugar destacado, estando los Flavii en segundo lugar, de acuerdo los primeros con la política de concesión de ciudadanía llevada a cabo por Julio César en la Bética y la concesión del ius latii de Vespasiano, con la posibilidad de acceso a la ciudadanía romana de los magistrados de los municipios de derecho latino creados al aplicarse esta medida los segundos.

Aunque normalmente las oligarquías municipales estaban compuestas por propietarios agrícolas, también se incluían en ellas individuos ligados a otros sectores económicos, como la comercialización de los productos agrarios y la explotación de minas concedidas en arriendo por el Estado.

La plebe

Es el sector más numeroso de población y se trata de libres no pertenecientes a ninguno de los ordines enumerados. Son, con mucho, los peor conocidos de toda Hispania, sin duda porque cuentan con una escasa documentación, en su mayoría de carácter epigráfico.

Los componían hombres libres englobados bajo el nombre decives, municipes, incolae, contributi y peregrini, términos que hacían referencia a un estatuto jurídico individual, privilegiado o no, que podían residir o en el núcleo central de la población o en el territorium de la civitas. Existían diferencias claras entre los libres ciudadanos y los libres no ciudadanos en su estatuto jurídico-político, aunque no siempre en el campo económico: junto a ciudadanos muy pobres había libres no ciudadanos medianamente acomodados.

La falta de referencias a este grupo en las fuentes se explica, sin duda, porque sus medios económicos escasos no permitían dejar abundantes recuerdos epigráficos, ni su posición en la sociedad les dejaba tomar decisiones importantes o participar en actividades sobresalientes dignas de ser reseñadas por sus contemporáneos.

En opinión de Mangas, muchos individuos que aparecen en la epigrafía son los tria nomina y sin indicación de estatuto servil pertenecían a las bajas capas de la población, aunque esta afirmación es más válida para la Bética que para el resto de Hispania. En la epigrafía no aparece con frecuencia la indicación de la profesión de estos individuos. La mayoría de ellos ejercían sus actividades económicas en el sector agropecuario; eran pequeños agricultores que trabajaban su pequeña parcela o tierras alquiladas a los particulares o a la ciudad. A medida que se fue produciendo la concentración de la propiedad agraria a lo largo del siglo II muchos de estos ciudadanos se convirtieron en jornaleros o trabajadores dependientes —colonos—, aunque el estatuto jurídico de éstos no estuviera bien definido.

Otro grupo importante de individuos libres no pertenecientes a los ordines se dedicaba al artesanado. Generalmente, la unidad básica de producción era el pequeño taller en el que, junto al propietario, trabajaba su familia y, en ocasiones, uno o varios esclavos, dado que, como vemos en otro lugar, Hispania no se distinguió en el Alto Imperio por ser una provincia exportadora de productos manufacturados. Por la epigrafía conocemos un gran número de oficios en la Hispania romana: zapateros, barberos, albañiles, fabricantes de lonas, alfareros, marmolistas, Herreros, pescadores, barqueros, etc. Su posición social debía de ser más favorable que la de los que trabajaban en el campo, pues los núcleos urbanos ofrecían mejores condiciones de trabajo, mayores posibilidades de promoción social y espectáculos y liberalidades públicas de los magistrados y de los particulares. Un pequeño grupo de hombres libres estaba empleado en las tareas de la administración como apparitores o subalternos de los servicios de la administración: escribas, ordenanzas, lictores, recaderos, pregoneros, contables y flautistas, entre otros.

Otro medio de promoción social era el servicio en las legiones o las tropas auxiliares del ejército, que en el Imperio acogió tanto a ciudadanos romanos como a libres provinciales sin estatuto jurídico privilegiado. Al contingente de legionarios, sobre todo de las zonas del Sur y Levante, aunque en un segundo momento también de otras áreas, hay que unir los componentes de un gran número de tropas auxiliares conocidas sobre todo en las fronteras con nombre étnico hispánico de las zonas del norte, la Meseta y occidente: galaicos, astures, cántabros, várdulos, lusitanos, vettones, vascones o arévacos.

No debemos olvidar la participación que este grupo de población tiene en las explotaciones mineras, al menos en aquellas no administradas directamente por el Estado, sino arrendadas a particulares. Sabemos por la epigrafía que una parte de los trabajadores eran libres; no de otro modo hay que interpretar la referencia en las leyes de Vipasca o mercenarii (servos mercenariosque), o las noticias de la epigrafía de Castulo sobre Orgenomescos que trabajan en las minas, o la relativa abundancia de individuos Cluniensiso Uxamensisque que aparecen en las zonas mineras del noroeste y otros lugares de Hispania.

LIBERTOS Y ESCLAVOS

Ya hemos analizado en otro lugar la existencia de esclavitud y otras formas de dependencia en la Península Ibérica en época prerromana; se trata ahora de ver el proceso de esclavitud y manumisión de ciertos individuos o grupos en la Hispania romana y por acción de Roma.

Esclavos

En todo el Mediterráneo, a lo largo de la Antigüedad, el estatuto de los esclavos no se modificó sustancialmente. La característica fundamental del esclavo consistía en que no se le consideraba persona, sino instrumentum vocale, por lo que no tenía derechos personales y patrimoniales. Bien es verdad que algunos ocuparon puestos de responsabilidad al servicio de algún dueño o de la administración, pero mientras que estos individuos no fueran personas, seguían siendo esclavos.

El desarrollo distinto de la esclavitud en Hispania estuvo influido por las distintas etapas de realización de las conquistas, la variedad de organizaciones y pueblos indígenas con distintas estructuras y grados de desarrollo, a la vez que la diversa forma de aplicación y penetración de las formas romanas.

De acuerdo con las investigaciones de Mangas, podemos llegar a conocer, a pesar de la escasez de la documentación o de lo poco explícito de la misma, los distintos aspectos de la esclavitud en la Hispania romana.

Durante el período republicano los enfrentamientos entre romanos e hispanos condujeron frecuentemente a esclavizar grandes masas de población; pero no siempre los prisioneros hispanos quedaron reducidos a esclavitud, pues mientras Cartago seguía siendo en la Península enemigo de Roma, ésta devolvió muchos prisioneros hispanos a sus comunidades de origen; pero, desaparecido el enemigo cartaginés, el comportamiento romano cambió y los autores antiguos hablan ya de venta de prisioneros en mercados de la Península y fuera de ella.

Las guerras eran en época republicana, junto a la piratería, las principales fuentes de aprovisionamiento de esclavos. Pero, una vez terminada la conquista y limpiados los mares de piratas otras pasaron a ser las fuentes principales: transmisión por herencia, venta propia o venta del hijo por el padre, la condena o la reproducción natural, ya que los hijos de madre esclava heredaban la condición de ésta. Por otra parte es posible también que los esclavos tuvieran un origen externo a la Península. Aunque son pocas las inscripciones en que el esclavo indica el lugar de origen, a partir del análisis del nombre de ellos que aparece en la epigrafía, tanto Mangas como otros autores han llegado a esta conclusión. Es abundante el número de esclavos que llevan nombre griego, casi igual el número con nombre latino y un número menor con nombres celtas peninsulares. De todos modos, parece algo admitido en la actualidad que el nombre griego u oriental puede hacer referencia más al estatuto jurídico de la persona que lo lleva que al origen geográfico del mismo, ya que los esclavos griegos y orientales eran más apreciados por su mejor preparación y habilidades. Por ello, junto a aquellos individuos de quienes expresamente podemos decir que son esclavos, porque hay términos que expresan su naturaleza (servus, verna, etc.), podemos considerar que un número importante de los que tienen un solo nombre y éste es griego pudieron tener un estatuto servil.

La participación de los esclavos en la producción se nos escapa por la escasez la fragmentariedad de los datos de las fuentes, a pesar de que sí se pueden avanzar algunas posibilidades. Así, por ejemplo, en opinión de Mangas, se dio una mayor concentración de esclavos en los sectores económicos más progresivos: minería, artesanado, explotaciones de aceite y vino para la exportación. Como en época republicana las explotaciones mineras estatales contaban con una mano de obra en su mayoría servil en condiciones de trabajo muy duras, tanto por las precarias condiciones técnicas como por el interés de los explotadores en conseguir las mayores ganancias posibles.

De su participación en la agricultura faltan datos, pero parece que su uso se incrementó a partir del establecimiento por César de colonias de ciudadanos itálicos, sobre todo en la Bética. Por otra parte, parece que durante el siglo I y, fundamentalmente a partir de los Antoninos, la concentración de la propiedad favoreció el desarrollo esclavista. En este sector se produce, al igual que en Italia, un gran absentismo de los propietarios y es generalmente un esclavo, el vilicus, quien se encarga de dirigir la explotación. El ejemplo más claro en Hispania es el del vilicus de la finca de Marcial cercana a Bilbilis (Calatayud, Zaragoza), que tiene a su cargo otros esclavos, pueri.

Tenemos también noticias de otras actividades de esclavos como gladiadores que, según Grant, eran ordinariamente esclavos o personas condenadas por los tribunales (servi poenas) y cuya procedencia por los datos de la epigrafía es mayoritariamente oriental (siempre con la reserva del significado de tener nombre griego); empleados en la construcción, forjadores, sopladores de vidrio, zapateros, bataneros, carpinteros, un médico en Hispalis, pedagogos, nodrizas y peluqueros-barberos.

La epigrafía presenta siempre a los esclavos domésticos mejor considerados, mientras que entre los esclavos públicos, tanto de las ciudades como del Estado, la situación era más variada. Los que pertenecían al aparato burocrático (esclavos dependientes de los funcionarios de rango inferior, ministri de los cultos públicos para limpieza de los templos, aviso para el inicio de las sesiones, etc.) tenían una situación privilegiada, pero no así los esclavos del Estado o del emperador (que en realidad llegaban a confundirse en cuanto a las funciones que desarrollaban) que trabajaban en las propiedades y latifundios públicos o imperiales, en minas, en canteras, etc. Asimismo, las posibilidades de promoción eran nulas para los que trabajaban en la minería o la agricultura y sí existían para los de la administración. Durante el Imperio se suavizaron ligeramente las condiciones de vida de los servi, en lo que influyó la filosofía estoica, introduciéndose algunas mejoras legales durante la dinastía de los Antoninos, por ejemplo prohibición al dueño de matar al esclavo y reconocimiento del concubinato de los esclavos como una forma de matrimonio, pues seguían sin ser considerados personas, es decir, sujetos con capacidad de poseer y administrar una propiedad, con posibilidad de formar una familia legalmente reconocida y con libertad de disponer por sí mismos de su trabajo, lugar de residencia y comportamiento social.

Libertos

Los esclavos tenían posibilidad de abandonar esta situación mediante la manumisión, la obtención de la libertad que mejoraba su condición social, pero pocos eran los que llegaban a conseguir una libertad política plena. La liberación no significaba la rotura de los lazos de dependencia, sino el establecimiento de otros lazos de vinculación con sus antiguos dueños, a veces de por vida. Además, gran parte de los libertos (esclavos manumitidos), ya fueran privados o públicos de acuerdo con el carácter del dueño y ahora patrono, seguían desempeñando las mismas funciones que antes de la manumisión. La documentación epigráfica referida a los libertos es mucho más abundante que la que hay sobre los esclavos en la Hispania altoimperial. Esto admite, en opinión de Mangas, una doble interpretación: las mejores condiciones económicas y sociales de los libertos y la existencia de un número considerable de éstos, explicaciones que no tienen porque ser excluyentes.

Sabemos por las fuentes que durante la II Guerra Púnica se produjeron manumisiones en masa, siendo muy significativa la que realizó Escipión tras la toma de Cartagena liberando a los rehenes indígenas que tenían los cartagineses, pero no de prisioneros que eran vendidos normalmente en los mercados de esclavos. Asimismo tenemos noticias de manumisiones en masa para conseguir el debilitamiento de las oligarquías indígenas. A veces, incluso, se produce la liberación de comunidades enteras que dependían de otras privilegiadas, como sucede con la Turris Lascutana, cuyos habitantes dependían de Hasta Regia y fueron liberados de ésta por Emilio Paulo (189 a. C.), o con las manumisiones masivas de oppidanorum servi llevadas a cabo por los hijos de Pompeyo.

La frecuencia de las liberaciones obligó a Augusto a introducir una legislación restrictiva para defender los derechos de los ciudadanos y la estabilidad del sistema. No obstante siguió creciendo el número de esclavos, los más capaces y dinámicos que, aunque tenían restringidos los derechos jurídicos, tenían una gran libertad en el campo económico, como se desprende de la obligatoriedad del munus del sevirato, que consistía en la entrega de quinientos denarios para los fondos públicos, o de los gastos realizados por muchos libertos en su municipio (construcciones de circos, teatros y templos, estatuas, donativos de dinero, etc.). Incluso la Ley de Urso en su capítulo 105 prevé la posibilidad de que algún liberto pueda llegar a formar parte del orden decurional, lo que no aparece en otras leyes municipales. El carácter del liberto y del esclavo, privado o público, viene dado por el carácter del dueño (emperador, comunidades, civitates, collegia, individuos particulares, etc.).

Como ha visto Mangas a partir de los datos de la epigrafía, el comportamiento de los libertos en Hispania, sobre todo de los privados, estaba más próximo a los libres que a los esclavos, con abundantes dedicatorias de patronos a libertos, libertos herederos del patrono y, en cuanto a las divinidades a las que dan culto, aunque no se puede distinguir entre divinidades objeto de culto de los esclavos o de los libertos, se advierte que algunos dioses cuyos devotos son libertos no fueron, o lo fueron apenas, adorados por esclavos y estas divinidades recibieron culto generalizado entre los hombres libres.

Los cargos más importantes desempeñados por los libertos, por supuesto imperiales, eran los de procurator, bien de las explotaciones o, mejor, distritos mineros (hay constancia en Aljustrel, Sierra Morena, Riotinto, Villalís [León] y Galicia), bien curatores fisci y, sobre todo, tabularii (Mérida, Tarraco, Barcino, etc., casi todos del siglo II).

Había un modo de jerarquización en los cargos de los libertos imperiales, de modo que había una especie de cursus honorum, como piensan Wachtel y Boulvert. El orden ascendente iría de audiutores tabularii a tabularii y, de aquí, a procuratores. Dentro de los procuratores tenía mayor rango el procurator hereditatium que el procurator metallorum. Esta vía de promoción hacía que pocos libertos imperiales se preocuparan por sufragar gastos de los municipios.

ASOCIACIONES POPULARES

Para concluir con el análisis de la estructura social, no podemos olvidarnos en una sociedad tan minuciosamente organizada como la romana del estudio de las diversas formas de asociación, que se incluyen bajo el nombre genérico de collegia, del latín colligere, reunir. En el mundo romano todas las manifestaciones de la organización social giraban en torno al principio de asociación.

Los individuos pertenecientes a las capas bajas urbanas e incluso, como luego veremos, del medio rural, podían organizarse en asociaciones para cumplir una serie de funciones o disfrutar de ciertos beneficios. El término más utilizado para designar a estas asociaciones romanas es el de collegia, aunque no es, ni con mucho, el único, ya que también reciben otros nombres, que, para De Robertis, se pueden reducir básicamente a tres: Corpus, sodalicium y sodalitas. Aunque se ha pensado a veces en una diferencia de uso de collegium y Corpus en relación con la legalidad o no de su constitución, Santero expone que la diferencia en la aplicación de cada uno de los dos términos tiene una base cronológica y no jurídica. En época clásica ambos términos son intercambiables, mientras que en los siglos IV y V d. C. las agrupaciones específicamente profesionales toman preferentemente el título de Corpus, siendo, por tanto, collegium el término más amplio, que designa a cualquier tipo de asociación, y Corpus aplicado a las profesionales. También el término collegium es intercambiable con el de sodalicium, aunque hay autores que establecen una distinción entre el carácter público de término collegium y el privado de sodalicium (asociación privada compuesta de sodales= compañeros de mesa). Finalmente sodalitas no se emplea nunca en fuentes de época imperial, a no ser referido a asociaciones religiosas oficiales o semioficiales.

Estos cuatro términos son, en resumen, los más frecuentemente usados, aunque en el estado actual de conocimientos no podemos establecer diferencias seguras por la propia confusión existente en las fuentes y únicamente puede llegarse a descubrir un orden de frecuencia de aparición de las distintas épocas y referido a los distintos tipos de asociaciones.

La división establecida por Waltzing en su obra de finales del siglo XIX es la tradicionalmente seguida por todos los autores que se han ocupado del tema. A partir de ella y de acuerdo con otros estudios (Santero sobre todo) pueden establecerse en siete tipos distintos de asociaciones:

• Colegios religiosos, en los que se pueden encontrar dos tipos, los oficiales o semioficiales, encargados del culto público (sodales Augustales como grupo más representativo), y los privados, que rinden culto libremente a una divinidad escogida por ellos.

Existen desde época republicana, y preferentemente la divinidad por ellos escogida es una divinidad extranjera. También se consideran colegios religiosos privados los que agrupan a individuos que dan culto a los emperadores vivos o muertos (cultores Larum imperiales), a los lares de una ciudad importante. Generalmente su extracción social es baja, pues están formados por clientes, libertos y esclavos.

• Colegios funerarios (collegia funeraticia). Waltzing los incluye dentro del grupo anterior, pero no así De Robertis, pues considera que, aunque los colegios religiosos privados se preocupaban de dar sepultura y ritos funerarios a sus miembros, cuando morían, teniendo incluso lugares propios de enterramiento, no siempre prevalecía la finalidad funeraria sobre la religiosa.

Estos colegios funerarios se forman con la finalidad de proporcionar sepultura y honras fúnebres a sus miembros y tienen, como las corporaciones profesionales, una divinidad propia a la que honran, aunque no sean esencialmente colegios religiosos.

Ambos colegios (religiosos y funerarios) suelen ser incluidos en un mismo grupo denominado collegia tenuiorum por la extracción social de los individuos que los componen.

• Asociaciones políticas, compuestas durante la República por ciudadanos relevantes que, con el apoyo de estos grupos, buscaban alcanzar los altos cargos. Tenían en esa época un carácter exclusivamente político y electoral y se les denominaba sodalitates, sodalicia y factiones. Este tipo de unión política desaparece con la República.

• Círculos de diversión (llamados así por Waltzing). Sobre todo de los siglos I y II d. C. en estos grupos cuya finalidad era el entretenimiento y la asistencia a banquetes de los socios.

En unos grafitos de Pompeya recogidos en el CIL IV y que cita Waltzing aparecen una sociedad de jugadores de pelota (pilicrepi) y tres clubes de «bons vivants» (seribibi [bebedores], furunculi [ladronzuelos] y dormientes [dormilones]).

En ocasiones se trata de colegios funerarios o comunidades cristianas camufladas.

• Corporaciones profesionales. Según Waltzing, son todos aquellos colegios que están formados por individuos que tienen la misma profesión, cuyo nombre recibe el colegio. Entre ellos se pueden incluir los colegios de artesanos, artistas y comerciantes (opifices, artifices y mercatores o negotiatores), que, según los historiadores del derecho, son las corporaciones en sentido técnico y que están formados por individuos pertenecientes a todos los grupos sociales, libres, libertos y esclavos, y las decurias de empleados subalternos de magistrados romanos o municipales (decuriae apparitorum), que incluían escribas, mensajeros, tocadores de flauta, etc., y que en realidad eran cuerpos oficiales o administrativos dependientes del emperador o de los magistrados municipales. El carácter de asociación les viene a estas decurias del hecho de ocuparse de sus intereses particulares.

• Asociaciones militares, que Waltzing incluye entre las corporaciones profesionales, pero no así Santero. Se trata de una especie de asociaciones de seguros mutuales, que pagaban ciertos subsidios en circunstancias determinadas (viajes, retiro, muerte, etc.) constituidos por militares de una misma graduación o especialidad.

La legislación romana (Dig. 47, 22,1) prohibía al soldado raso constituir colegios para que sus reuniones no pudieran convertirse en motines. A los oficiales subalternos, no obstante, se les permitió asociarse en colegios desde la época de Septimio Severo y se sabe que en África adquirieron unas características muy peculiares.

Dentro de estas asociaciones se pueden distinguir los colegios de suboficiales (collegia militum), los colegios de veteranos (collegia veteranorum), abundantes, sobre todo, en los siglos II y III en Italia y las provincias, y los colegios de obreros adscritos a las legiones y las flotas, que son los que tienen un carácter más profesional.

• Cofradías de iuvenes, estos collegia iuvenum tienen su origen en época republicana y su máximo desarrollo en el Alto Imperio y, aunque constituyen colegios religiosos, se trata de jóvenes que disponen de tiempo libre para dedicarse a celebrar fiestas y juegos y, a diferencia de los tenuiorum, sus miembros pertenecían a los niveles superiores de la sociedad, si bien excepcionalmente había algunos servi y libertos. Estos colegios realizaban una función de iniciación a la vida política y de formación militar para una futura carrera en la milicia. Estas agrupaciones del mundo romano son similares a las que ya existían en el Mediterráneo oriental durante el helenismo. Cronológicamente hay una gran diversidad, siendo las religiosas y los círculos de diversión las más antiguas, mientras que las asociaciones políticas son más recientes y surgen cuando el principio electoral tiene cabida en el derecho público, aunque no duraron mucho tiempo. Las más recientes son los collegia tenuiorum que fueron reconocidos legalmente a mediados de siglo I d. C.

En época republicana fueron adoptadas por el Senado una serie de medidas restrictivas, sobre todo porque muchos grupos políticos subversivos aprovecharon el nombre y la organización de los colegios populares para formar grupos de presión contra el régimen. Pero parece que estas pequeñas restricciones sólo afectaron a Roma y que la tónica general fue la libertad asociativa, tanto en Roma como en las provincias. Toda asociación se ponía bajo la advocación de una divinidad protectora al margen de la finalidad que pretendiera. Estas asociaciones se administraron de forma análoga a los municipios. Al frente de cada collegium había un magister elegido por un periodo de cinco años y, además, tenía sus propios curatores, quaestores y sacerdotes. El hecho de que el cargo de sacerdos o incluso el de magister fuera desempeñado por un liberto no debe extrañar, si tenemos en cuenta que éstos podían formar parte de algunos collegia.

Cada collegium tenía su administración interna y un lugar propio para las reuniones (templo o edificio de su pertenencia). Tenían personalidad jurídica para poseer, alquilar, comprar y vender todo tipo de bienes. Todos los afiliados debían pagar una cuota anual para el sostenimiento de los cultos, edificios comunes, etc., independientemente de las donaciones o de las rentas de los bienes propios del collegium asimismo, el collegium tenía con frecuencia a título honorífico un patrono que pertenecía a los grupos sociales superiores.

Para el conocimiento de las asociaciones de las provincias hispanas tenemos el libro de Santero, primera y única monografía sobre el tema. Hoy sabemos, tras su análisis y a partir, sobre todo, de los datos de la epigrafía, que:

• La tendencia dominante a la unión en la civilización romana tuvo especial acogida entre los profesionales de todo tipo, no siendo las provincias hispanas una excepción. Ya en el siglo I a. C. existen en Cartago Nova dos colegios religiosos.

• es difícil precisar cuándo se aplica en Hispania la lex Iulia de colleiis, promulgada por César, que disolvió todos los colegios excepto los tradicionales y legítimos, propiciando un mayor desarrollo de los profesionales. Las ciudades del Imperio favorecieron el desarrollo de estos colegios profesionales, puesto que las magistraturas municipales podían usarlos para los trabajos de utilidad pública. Con ello se establece una estrecha colaboración entre los magistrados municipales y estos collegia, que les lleva a desempeñar un importante papel en la vida municipal. Son, sobre todo, los collegia de fabri (trabajadores de la construcción), de centonarii (fabricantes de toldos y lonas) y de dendrophori (relacionados con la industria de la madera, su transporte y comercio).

La epigrafía nos da noticia de un importante número de colegios en las provincias hispanas. Hay una gran abundancia de colegios religiosos (Isis, Diana, Hércules, Minerva, etc.) y funerarios de tenuiores, aunque no se conocen dioses indígenas relacionados con ellos. También son relativamente abundantes los profesionales de fabri centonarii y dendrophori (tria collegia principalia), así como bomberos, pavimentadores (stratores), zapateros (sutores), broncistas (confectores aeris) o serradores de piedra (serrarii), en ciudades tanto de la tarraconense (Uxama o la propia Tarraco) como de la Bética (Igabrum, Hispaliso Italica). Son, sin embargo, muy escasos los collegia iuvenum y los militares y no tenemos noticia de ninguna asociación política, sin duda porque desaparecieron al final de la época republicana, pero, sobre todo, porque la virtualidad de las actuaciones de estos grupos estaba en la ciudad de Roma principalmente. Tampoco hay noticia de ningún círculo de diversión, lo cual no es raro, si pensamos que la documentación sobre estas asociaciones escasea en todo el mundo romano.

En cuanto a la cronología de la documentación hispana sobre el tema, la mayor parte de las noticias sobre colegios hispanos, sean del tipo que sean, corresponden a los siglos II y III d. C., aunque también hay noticias escasas de antes y después. En este sentido el fenómeno asociativo romano de Hispania puede considerarse paralelo al de las demás provincias del Imperio.

La tendencia a la asociación en Hispania no fue algo exclusivo de las ciudades, pues también en el medio rural tenemos noticias de collegia de possessores y agrimensores muy similares a las agrupaciones rurales del norte de África entre los pequeños propietarios.

Geográficamente la mayor concentración se da en la Bética, la provincia que más pronto fue integrada en la formación social romana, siguiendo la tarraconense, sobre todo en las ciudades más importantes y, lo que es más raro, sin ninguna documentación para la provincia de Lusitania, salvo un colegio de jóvenes en pax Iulia.

Todos estos colegios funcionaron libremente durante el Alto Imperio, a pesar de que el Estado presionaba cada vez más para hacerse con sus servicios, con lo que se restringía su libertad de actuación. Este proceso culminó, de acuerdo con la teoría tradicional en el Bajo Imperio con la obligación impuesta por el Estado a todos los trabajadores de enrolarse en corporaciones obligatorias y hereditarias (corpora necessaria) aunque se ha puesto de manifiesto con algunos datos que no toda la clase trabajadora estaba enrolada en estos corpora al servicio estatal.

LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA SOCIAL DEL BAJO IMPERIO

Una serie de transformaciones que afectaron a las relaciones sociales y a todas las estructuras en que se había basado la formación romana de la República y Alto Imperio comienzan a tener lugar a fines del siglo II y se manifiestan en el III. Fundamentalmente se trata de una crisis económica con la extensión del latifundio que rompe el equilibrio en las relaciones sociales dentro del marco de la ciudad, elemento básico hasta este momento de sistema socioeconómico y jurídico-político romano.

El sector agrario alcanzó en esta etapa de nuevo una importancia considerable como fuente de ingresos, quizá también a consecuencia del descenso de otros sectores. Por ello el grupo de los latifundistas adquirió una gran relevancia.

Los propietarios de tierras en el Alto Imperio eran en su mayoría los componentes de las oligarquías municipales y en su ciudad cumplían las magistraturas y realizaban sus liberalidades públicas. Pero, poco a poco, como veremos en otro lugar, comenzó a formarse un latifundio extraterritorial cultivado sobre todo por los colonos en vez de mano de obra esclava como la etapa anterior. Paulatinamente estos propietarios de tierras se fueron desvinculando de la ciudad, pues sus intereses económicos no tenían relación con ella y, además, el latifundio se fue haciendo cada vez más autosuficiente y cerrándose sobre sí mismo.

Con el desarrollo del latifundio de esta época aparecieron nuevas relaciones de producción. El colonato se impone como fuerza de trabajo a la mano de obra esclava hasta ahora dominante. Tal fue su importancia que Diocleciano reguló jurídicamente su naturaleza: el campesino que recibía tierras de cultivo de un latifundista se vinculaba de por vida y de forma hereditaria a la tierra que trabajaba, a pesar de seguir siendo jurídicamente libre.

De este modo se fueron consolidando dos grupos jurídicamente diferenciados, los honestiores y los humiliores, como han visto Garnsey y Cardascia, pero que desde el punto de vista socioeconómico no parece tan simple. Como se desprende del análisis de Sayas, junto a esta oposición entre honestiores (honor debido al cargo elevado que desempeñan o a su pertenencia a un estatus social elevado) y humiliores (masa del pueblo sujeto del derecho común) se puede establecer otra de modo paralelo entre potentes y tenuiores. Los potentiores o potentes son personajes con gran poder económico o que ocupan los cargos más elevados, mientras que los tenuiores son la masa del pueblo que necesita protección legal frente a los abusos de los ricos.

Lo que demuestra esta doble dicotomía es que la correspondencia entre la realidad jurídica y la económico-social no es tan completa como se ha querido ver en ocasiones con la simplificación honestiores frente a humiliores. Por ejemplo, hay algunos decuriones municipales (honestiores jurídicamente) cuya deteriorada situación económica se acercará mucho a la de los humiliores, aunque no por ello pierdan las ventajas legales que no dependen del poder económico.

De ningún modo estos dos grupos de base jurídica, honestiores y humiliores, pueden ser considerados como clases sociales, debido a la falta de homogeneidad y de conciencia de clase. Además existe algún grupo intermedio, como los individuos que disfrutan de la propiedad de los medios de producción y los emplean personalmente sin tener trabajo asalariado.

Los honestiores

En el Alto Imperio había tres ordines privilegiados: senatorial, ecuestre y decurional, que constituían la clase dirigente de la sociedad romana, bien del Imperio en general (senadores, caballeros), bien de las ciudades privilegiadas del mismo (caballeros —pocos— y decuriones).

En la Antigüedad tardía este grupo se simplificó por la ruina de las oligarquías municipales y la práctica desaparición del orden ecuestre asimilado por el senatorial.

Dentro de este grupo social hay que establecer un primer subgrupo de potentiores que disponían de un poder real, bien por los cargos que ocupaban en la administración, bien por sus riquezas. Vivían en el campo con los máximos refinamientos y a veces formaron tropas privadas con sus esclavos y arrendatarios, aunque para Hispania carecemos de documentación en este punto.

Entre ellos se encontraban los senadores, cuya riqueza territorial fue aumentando, aunque su poder político disminuyó por la competencia de numerosos caballeros en la burocracia estatal.

El aumento del número de senadores en el Bajo Imperio por el paso de 600 a 2000 miembros del Senado con Constantino y por su duplicación, el de Roma y el de Constantinopla, ambos con 2000 miembros, trajo como consecuencia el que muchos caballeros fueran introducidos en el orden senatorial por adlectio del emperador. Las antiguas familias aristocráticas constituían el núcleo principal, pero se tuvo que dar entrada a homines novi, casi siempre del orden ecuestre, aunque también a alguno de los curiales.

De este modo el Senado llegó a tener una composición un tanto heterogénea con diferencias de rango social e incluso de carácter religioso, paganos y cristianos, aunque con gran identidad de intereses económicos.

Tenemos pocas noticias referidas a senadores hispanos aunque éstas insinúan cierto peso específico en terrenos como el político y el religioso y en momentos determinados, como el reinado de Teodosio. Parece que estos senadores no pertenecieron a las familias senatoriales hispanas del Alto Imperio, sino que fueron homines novi que tenían un arranque constantiniano y que probablemente salieron de la aristocracia municipal hispana. Por los datos manejados hasta el momento, entre praesides, consulares y vicarios se cuentan alrededor de una treintena de hispanos en el Bajo Imperio.

Como no podía ser de otro modo, con Teodosio, hispano, se produce el ascenso a altos cargos de miembros de su familia y de la de su esposa Flacila y cuando se produce el movimiento bagáudico en la Península miembros senatoriales hispanos desempeñan cargos importantes de carácter militar, como Merobaudes, senador de la Bética, magister utriusque militae, que tiene la misión de reprimir este movimiento social.

Individuos pertenecientes a este grupo social desempeñaron los cargos de comes Hispaniarum, vicarios o gobernadores de provincia. De acuerdo con los datos recogidos por Chastagnol, conocemos cuatro comites, la mayoría de la época de Constantino, pero sólo un hispano; quince vicarios y también un solo hispano con seguridad. No conocemos el nombre de ningún gobernador de la cartaginense, ni de las Baleares, de la Bética Chastagnol nos ofrece 5 ó 6, tres de ellos probablemente hispanos; de la Lusitania ocho, sin que se sepa con seguridad que el origen de alguno de ellos es hispano, lo mismo que de los dos de Gallaecia, y, finalmente, se conocen siete de la tarraconense, sólo uno de ellos posiblemente hispano.

Era corriente que los hispanos desempeñaran altos cargos imperiales en otros lugares, lo mismo que los cargos municipales fueron desempeñados por honestiores de otras partes del Imperio, estableciéndose estrechas relaciones de parentesco. En el caso de Hispania, sobre todo la tarraconense, hubo una importante relación con la Galia.

Una característica especial de la aristocracia hispana era su fe cristiana. Hay abundante documentación sobre la penetración y colocación de cristianos en los altos cargos peninsulares y un claro predominio en la clase senatorial hispana. Hay, asimismo, indicios de que la aristocracia cristiana hispana procuraba controlar las sedes episcopales. El grupo inferior de los honestiores estaba constituido por los curiales y sufrió un progresivo deterioro a lo largo del Bajo Imperio pasando los cargos municipales de ser apetecidos a convertirse en pesadas cargas que todos querían eludir, de tal modo que el Estado debió hacer hereditario el cargo de curial. Todos los curiales eran possessores, ya que el punto de referencia para entrar en la curia era la tierra. Algunos grupos como los senadores, los componentes del clero y los funcionarios del ejército y de la administración estaban exentos de estos cargos municipales, por lo que las cargas recaían en pocos que intentaban eludirlas ejerciendo en la misma ciudad una actividad considerada por el Estado como pública (profesor de retórica o gramática, por ejemplo), o mediante la huida, aunque las leyes prohibían al curial abandonar su ciudad y vender sus bienes.

Los humiliores

A pesar del mantenimiento de la distinción jurídica entre libres y esclavos, la población libre agrícola y artesanal, así como los libertos y esclavos, vieron acercarse su condición de hecho para ser considerados una clase social, a pesar de las diferencias basadas sobre todo en la distinta situación económica de los individuos que la componían.

Como el colonato se configura como un grupo bien diferenciado, podemos establecer para el análisis tres grupos dentro de los humiliores según el ámbito geográfico a que nos refiramos: plebe urbana, plebe rústica y colonos.

La plebe urbana estaba formada por comerciantes y artesanos, incluso acomodados, trabajadores eventuales, obreros de industrias estatales y esclavos. El número de artesanos y su diversificación profesional era grande en las ciudades más importantes. Aquí se incluía la masa de funcionarios de la administración Provincial, los profesionales de carácter liberal (médicos, abogados, pedagogos, etc.) y los comerciantes dedicados al tráfico marítimo, todos ellos en un nivel socioeconómico más elevado.

Los grupos de población situados fuera de la ciudad constituían legalmente la plebe rústica, ocupada en tareas agrícolas la mayor parte de ella y sometida a obligaciones impositivas. Su composición era diversa: los sujetos a la tierra con vínculos de dependencia, que era el grupo más numeroso, los inquillini, que trabajaban y vivían en los grandes latifundios, aunque podían abandonar el lugar cuando terminaba su contrato, los trabajadores asalariados, que se apalabraban con su propietario y recibían un sueldo por su trabajo. Estos últimos podían formar cuadrillas, como los circumcelliones del norte de África que de modo ambulante se ofrecían a los grandes propietarios en los trabajos estacionales que necesitaban más mano de obra.

Pero, sin duda, dentro de la plebe rústica el grupo más numeroso y significativo era el de los colonos. La razón fundamental del surgimiento del colonato está en la necesidad de mano de obra estable para los latifundios de los grandes propietarios y del Estado, ya que la esclava era cada vez más insuficiente.

Los colonos tienen rasgos jurídicos característicos que los distinguen de los ciudadanos libres y de los esclavos de los primeros la prohibición de marcharse del lugar (a pesar de que, a veces, huyen como medio más usual de protesta), la heredabilidad del vínculo y una reducción del ius commercii. Con respecto a los segundos poseen un verdadero derecho de propiedad, su unión matrimonial no era contubernium, como en el caso de los esclavos, sino matrimonium (unión de personas libres).

A veces hay individuos libres que ingresan en el colonato por propia iniciativa, lo cual puede parecer chocante. Pero no lo es tanto, si pensamos que una situación afín a la esclavitud, como es la del colono, o la esclavitud misma, pueden ser preferidas a una libertad carente de recursos en la que la supervivencia es difícil.

MOVIMIENTOS Y REVUELTAS SOCIALES EN EL BAJO IMPERIO. LOS BAGAUDAS

Es la época bajoimperial, desde el punto de vista de la sociedad, una de las etapas quizá todavía más desconocidas o menos comprendidas. Este período está caracterizado por un alto grado de conflictividad, en el que sobresalen, sobre todo, la bagaudia y el priscilianismo. Como el segundo es tratado más adelante dentro de los primeros siglos del cristianismo, vamos a ocuparnos aquí de los bagaudas.

La bagaudia ha constituido y todavía constituye uno de los problemas históricos más interesantes de época bajoimperial quedando todavía por conocer exactamente su composición y su valoración histórica. Sí parece claro que no se trata de un grupo social homogéneo, sino que engloba a un conjunto de individuos de procedencia y carácter diverso tanto en la Galia como en Hispania.

Todas las acciones bagaudas se circunscriben a la Tarraconense y en la misma época se producen una serie de revueltas del mismo tipo en la Galia. El marco cronológico (siglo V) queda delimitado en las fuentes, pero, a partir del análisis de éstas, no aparece clara su composición. Precisamente este punto ofrece opiniones contradictorias dentro de los múltiples análisis de que ha sido objeto.

Los que piensan que se trata únicamente de revueltas campesinas en contra de los latifundistas y protagonizadas por campesinos empobrecidos incapaces de hacer frente a las cargas que les imponen los grandes propietarios simplifican en cierta forma el problema. Esta hipótesis presupone la existencia de grandes latifundios trabajados por colonos y esclavos en situación muy precaria, hecho que no ha sido comprobado. Otra de las hipótesis ha sido la de su posible raigambre vascona. Esta hipótesis de Sánchez Albornoz ha sido aceptada por Orlandis y, en alguno de sus trabajos, por Sayas. Barbero y Vigil señalan la participación de vascones en este movimiento. Para ello se utiliza la mención de Aracelli y la importancia estratégica de Tarazona, según Orlandis. Esto explicaría su circunscripción a la Tarraconense.

Sayas ha vuelto recientemente sobre sus investigaciones expresando que, aunque en el movimiento bagáudico debió de haber una participación vascona, ésta no fue en absoluto exclusiva. Sayas, en el análisis de la Crónica de Idacio, única fuente con la que contamos para la bagaudia hispana, encuentra una serie de inconvenientes a que ésta sea vascona. Resalta que las fuentes en ningún momento se refieren a los bagaudas vascones, sino que aluden siempre a los bagaudiae tarraconenses, lo que, en su opinión, no permite, por supuesto, vincularlos geográficamente y humanamente a los vascones.

La mayoría de los investigadores están de acuerdo en la heterogeneidad del movimiento descartando la explicación excesivamente simplificadora que lo reducía a una sublevación de campesinos arruinados contra los latifundistas.

Tampoco G. Bravo considera necesaria la identificación bagaudas/vascones, llamando la atención sobre el componente, tanto rural como urbano, del movimiento. Según este autor, el contingente bagáudico está integrado básicamente por hombres sin recursos, pauperes, del campo y de la ciudad que había visto erosionarse su situación social y económica anterior; esclavos urbanos y ciudadanos arruinados se alinearían junto a las diversas categorías de campesinado.

Es decir, que, a pesar de las nuevas aportaciones de la investigación, este movimiento sociopolítico sigue siendo uno de los temas más controvertidos del análisis de la sociedad bajoimperial y la cuestión todavía abierta.

PERVIVENCIA DE ORGANIZACIONES SOCIALES INDÍGENAS EN LA HISPANIA ROMANA

En la estructuración al modo romano de los territorios conquistados Roma tuvo la suficiente flexibilidad y buen sentido político de no romper sin más la organización social indígena preexistente, como podemos ver en las fuentes y los estudios referidos a distintas zonas del Imperio. También en la regiones del centro y norte de Hispania los romanos siguieron el camino, a todas luces más operativo, de la asimilación e integración de las unidades organizativas, persistentes con gran fuerza hasta bien avanzado el Imperio, como parece que hay que deducir de la evidencia epigráfica.

Ya hemos visto anteriormente que a la llegada de los romanos la Península Ibérica estaba configurada en dos áreas básicamente distintas en cuanto a sus estructuras políticas, sociales y económicas, el área íbera, más asimilable a lo que sucede en el Mediterráneo en general, Grecia y Roma sobre todo (la ciudad como instancia organizativa básica), donde las estructuras indígenas se habían ido diluyendo y asimilando al aporte de los colonizadores, y el área indoeuropea, donde a una organización basada no en los lazos ciudadanos, sino en los lazos parentales, hay que unir cambios mucho menores en las estructuras internas, debido tanto a su propio grado de evolución, con instancias organizativas menos «homologables» a las romanas, como al menor contacto con los romanos por el retraso en la conquista. En el estudio de las supervivencias de organizaciones indígenas dentro del esquema político-administrativo romano se ha avanzado mucho en las últimas décadas. Los tradicionales estudios de Sánchez Albornoz o Schulten y los de A. d´Ors, M. Vigil, solo o en colaboración con Barbero, de M. L. Albertos, de Lomas y de Salinas, por citar los más representativos, han servido de base para estudios posteriores, sobre todo de la propia M. L. Albertos, J. Santos, G. Pereira y M. C. González, que han dado un enfoque nuevo a la cuestión.

El aspecto fundamental era descubrir qué encerraban los términos que aparecían en las inscripciones y que estaban reflejando las formas organizativas indígenas en lo que a la sociedad se refiere. El avance ha ido en varios sentidos. Caro Baroja mostró que aplicar a las organizaciones sociales indígenas del área indoeuropea el término «tribu» era una incorrección manifiesta; a pesar de ello, esta afirmación basada en un análisis antropológico e histórico no tuvo la acogida que merecía y el término se sigue utilizando.

Otro avance importante tiene su origen en la obra de M. L. Albertos sobre las organizaciones suprafamiliares. Se trata de la interpretación del signo epigráfico de la «C» invertida. Esta autora propone castellum, en vez de centuria, como se había interpretado hasta ese momento. Fue el inicio de la diferenciación entre la organización de tipo parental y consanguíneo del área indoeuropea (reflejada en los términos gens, gentilitas y genitivos de plural) y la organización del área galaica más cercana al tipo territorial. Esta interpretación fue reforzada por planteamientos históricos por J. Santos y, sobre todo, por G. Pereira.

Por lo que se refiere a los términos gens y gentilitas la interpretación nueva del Pacto de los Zoelas ofrecida por J. Santos, a partir del análisis diferenciado de cada una de las partes del citado pacto de hospitalidad y clientela, lleva a diferenciar claramente el contenido de los términos gens y gentilitas de la segunda parte del pacto. Hasta ese momento, se había pensado que ambos términos incluían una unidad gentilicia que, por homofonía con gentilitas, se denominaba gentilidad. Lo que sí parece claro es la dinámica de acercamiento al modelo romano, de la transformación de las unidades organizativas a través de la inclusión o conversión en civitates, junto a la influencia de elementos romanos, como los traslados de poblaciones y repartos de tierras (con la territorialización consiguiente) documentados abundantemente en las fuentes, la explotación de los recursos mineros, etc. Básicamente el avance mayor, aparte de la citada diferenciación el contenido de los dos términos latinos, consiste en descubrir cómo la civitas como elemento organizativo básico ha sido implantada progresivamente por los romanos.

Un paso más en esta diferenciación de unidades organizativas indígenas, siguiendo la metodología utilizada por J. Santos, lo da M. C. González en su estudio sobre las unidades del área indoeuropea ya citado. Esta autora distingue claramente a partir de los datos de las fuentes escritas, sobre todo de la epigrafía, las unidades reflejadas en el término gentilitas y en los genitivos de plural que forman parte del sistema onomástico de los individuos. No nos extenderemos sobre algo que ha sido ya también analizado anteriormente.

En definitiva, el Estado romano, por necesidades administrativas reordenó las grandes unidades territoriales dando forma a las civitates con distintos estatutos jurídicos y teniendo en cuenta a los pueblos indígenas y sus organizaciones a la hora de establecer la división en conventus. Paralelamente, el poder romano está propiciando el hospitium como elemento integrador y busca para estas áreas más que una organización al modo romano una organización administrativa al modo romano, donde la civitas es el elemento fundamental.

Por ello, a pesar de que no se corresponda con un núcleo habitado urbanizado, aparece la civitas/polis de Vadinia o un civis Orgenomescus y la civitas Argenomescon. Roma integra sin hacerlas desaparecer a las unidades organizativas indígenas, posiblemente porque no «estorbaban» a la acción de Roma en cuanto a su administración. Por ello en el siglo I d. C. aparece en la epigrafía una formulación paralela para Gallaecia y el resto del área indoeuropea: civitas + ᴐ y civitas + genitivos de plural; pero cuando la implantación del esquema político-administrativo romano va alcanzando un grado mayor de implantación, ya en el siglo II d. C., en Gallaecia únicamente se hace referencia a la civitas, mientras que en el resto del área indoeuropea se sigue manteniendo la formulación del siglo I.

Por otra parte esta pervivencia no significa desarticulación de las dos realidades, sino coexistencia; no de otro modo hay que entender las noticias en la epigrafía que nos hablan de ciudadanos romanos que se integran en la civitas a través de la pertenencia a una de estas unidades organizativas.

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA HISPANIA ROMANA

EL análisis del sistema económico romano en general ha pasado por etapas distintas, desde el planteamiento de grandes historiadores del mundo romano o incluso de la economía romana, como Frank, Rostovtzeff o Heichelheim, que han realizado un estudio exageradamente modernizante y aplicando un marco conceptual moderno (burguesía, capitalismo, banca), hasta los historiadores contemporáneos, por ejemplo Finley o Austin y Vidal-Naquet para Grecia, que sitúan los hechos económicos en su contexto, sin aislarlos y sin emplear para definirlos una conceptuación anacrónica moderna.

En la investigación actual es dominante la idea de que la base económica en el mundo romano era fundamentalmente agrícola, estructura realmente atrasada si la comparamos con la más evolucionada de Roma.

Ciertamente, la Roma primitiva era un estado de base agraria, pero tras la I Guerra Púnica se le ofrecen un gran número de posibilidades de obtener ganancias en otros sectores como el artesanado o el comercio. Y realmente estas posibilidades debieron de ser aprovechadas, pues la lex Claudia del año 218 a. C. establecía que los componentes del ordo senatorial debían continuar la tradición agraria y renunciar a la actividad en otros sectores económicos.

De esta forma, aunque las capas superiores también se dedicaron a actividades económicas no agrarias, sobre todo desde el siglo II a. C., en la estructura económica global la importancia de la agricultura fue siempre decisiva.

En el estado actual de conocimientos falta mucho, sin duda, para poder ofrecer una Historia económica de la Hispania romana. Aunque, ciertamente, los datos existen, se trata de una documentación muy desigual, relativamente abundante para el estudio de la minería o la distribución de aceite, por ejemplo, pero muy escasa, si queremos analizar las explotaciones agropecuarias u otros sectores de la economía. Junto a esta primera traba hay que situar también el diferente grado de exploración, sobre todo Arqueológica, realizada en las distintas áreas de la Península y la frecuente dificultad de datación de la información que nos ofrecen las distintas fuentes.

Existen, además, claras diferencias según las zonas en función de la diversidad en época prerromana, ya analizada con anterioridad, que se ve, en ocasiones, reforzada por la proximidad real a Italia o la existencia en el subsuelo de productos especialmente apetecidos por Roma. Ello unido, también, a las diferentes etapas de la conquista, pues los últimos pueblos conquistados por Roma (del Norte, en general, y cántabros y astures, en particular) no recibieron la influencia de la estructura económica romana hasta el Alto Imperio. Y todo mediatizado por factores como el clima, las condiciones del suelo y el subsuelo, las vías de comunicación, las formas de propiedad y las relaciones de producción.

Es evidente que los cambios producidos en la economía por la dominación romana no fueron uniformes y afectaron a los diferentes sectores económicos. Así, por ejemplo, en el norte de Hispania se continuó durante mucho tiempo en algunas zonas con una economía de subsistencia, junto a sectores más progresivos como la explotación de las minas de oro monopolizada por el Estado, mientras que en el área ibérica (sur, Levante y Valle medio y bajo del Ebro) su mayor grado de evolución anterior, debido en gran medida a las influencias de los puelos colonizadores, junto con el interés romano por los productos del suelo y subsuelo, produjeron una aceleración mayor en su ritmo de desarrollo económico.

Los estudios modernos sobre la economía de la Hispania romana han sido realizados desde muy diversos planteamientos metodológicos, destacando, sin duda, aquellos en que mediante una acumulación de datos con escasa crítica ofrecen una enumeración de productos en cada zona geográfica y su distribución, incidiendo generalmente en su comercio, las fuentes de riqueza, etc., sin pararse a analizar (quizá porque no es posible realmente) las formas de producción y de propiedad. En otras ocasiones estos estudios se realizan sobre aspectos muy concretos y, a veces también, se trata de trabajos meramente arqueológicos.

Todo ello nos lleva a pensar que en la actualidad quizá debamos todavía conformarnos con la exposición de los datos más relevantes con que contamos, agrupados en los sectores económicos fundamentales que se pueden establecer para la Hispania romana, junto con aquellos otros aspectos que, aunque no son de carácter estrictamente económico, afectan a la economía.

SECTOR MINERO

Aunque el sector agropecuario fue en época romana la actividad económica fundamental, desde siempre los romanos tuvieron gran interés en los abundantes metales de la Península Ibérica. Esta riqueza de Hispania en metales había atraído siglos atrás a otros colonizadores fenicios y griegos y la intervención de Cartago en la Península va dirigida a controlar las minas de Cartagena y Sierra Morena, con lo que, fortalecido económicamente, podrá enfrentarse de nuevo al tradicional enemigo. Es posible, incluso, que podamos pensar que ya durante la II Guerra Púnica Hispania comenzara a ser considerada como importante lugar de extracción de productos minerales, pues sabemos que el propio Escipión, al marchar de Hispania, llevó consigo grandes cantidades de plata.

En los primeros tiempos de la conquista el móvil de la misma fue fundamentalmente la obtención de metales preciosos, sobre todo plata. Pero los metales no procedían en esta etapa de las minas, a pesar de que éstas pasan a ser propiedad del Estado (Senatus Populusque Romanus), sino del botín y los tributos. Este parece ser el móvil de muchas de las guerras (contra celtíberos y lusitanos, temprana penetración en Galicia −138 a. C.—, e incluso la campaña de César en el noroeste).

Polibio, Posidonio, Diodoro, Estrabón y Plinio, aparte de referencias aisladas en otros autores, nos ofrecen noticias de la abundancia de metales y minerales en Hispania. Así, oro en Sierra Morena y otras zonas del sur peninsular, pero principalmente en el noroeste; plata en Cartago Nova y Castulo, centro principal de la producción del sudeste, aunque también en otras zonas de la Bética y el noroeste; hierro sobre todo en la región cantábrica y en algunos puntos del Valle del Ebro; plomo, unido a la plata, principalmente en la Tarraconense, especialmente en la región cantábrica y en Cartago Nova; cinabrio en Sisapo (Almadén) y estaño en la Lusitania y Gallaecia.

En Hispania, destacan sobre las demás explotaciones auríferas la zona de Aljustrel, fundamentalmente de extracción de cobre y de donde procede la Lex Metallis Vipascensis (las vulgarmente denominadas «tablas de bronce de Vipasca»), y el distrito de Huelva, en el que destaca Riotinto con sus explotaciones de cobre.

Conocemos con bastante detalle las explotaciones de las minas de oro del noroeste gracias a las fuentes escritas, sobre todo Plinio, y a los importantes trabajos de investigación arqueológica llevados a cabo o dirigidos por Domergue y los estudios de Sánchez-Palencia. Geográficamente esta zona minera incluye la parte occidental de las actuales provincias de Asturias, León y Zamora, la mitad oriental de Lugo, la provincia de Orense y Tras-os-Montes en Portugal. Destacan en esta gran zona por el sistema de explotación utilizado la ruina montium, las explotaciones de Las Médulas (León), y algunos puntos de El Bierzo, Asturias y Galicia.

Es posible que los romanos comenzaran la explotación de las minas de oro del noroeste al final de las guerras cántabras, es decir aproximadamente hacia el año 19 a. C., a partir de las explotaciones ya realizadas por los indígenas en la etapa anterior. Además la información de Plinio (NH 33,78), procurator de la Hispania Citerior en 73 d. C., que nombra como regiones productoras a Asturia, Gallaecia y a Lusitania, permite situarla en época de Augusto, ya que las dos primeras fueron separadas de la Lusitania en la reorganización llevada a cabo por éste entre el 16 y el 13 a. C.

La creación de la procuratela de Asturia y Gallaecia es muy significativa al respecto. La propia extensión de la Citerior es motivo suficiente para que se hubiera creado este elemento de unión y control de las zonas del noroeste tan alejadas de la capital de la provincia, pero su justificación mayor se encuentra en el desarrollo de las minas de oro: como propiedades imperiales que dependen del fiscus y son administradas y controladas financieramente por su representante, el procurator, lo mismo que sucede, por ejemplo, en Dacia y en Galicia. Floro y Trogo Pompeyo, escritores de época de Augusto, elogiaban las minas de oro del noroeste y Plinio nos dice que estaban en explotación en época de Vespasiano (siglo I).

A fines del siglo II o comienzos del III parece decaer al interés del Estado romano por las minas del noroeste y la supresión de la procuratela de Asturia y Gallaecia indica probablemente un descenso de su producción. Los vestigios recogidos sobre el terreno no parecen pasar del siglo II. Los motivos que se pueden avanzar para el ocaso de estas explotaciones son el agotamiento del mineral, la falta de mano de obra, el fin de la rentabilidad de las explotaciones o la crisis general del Imperio a finales del siglo II d. C.

En Aljustrel, en el Alemtejo (Portugal) se encontraba el distrito minero de Vipasca se trata de uno de los más antiguos testimonios de ocupación en relación con la explotación del cobre principalmente, pero también de la Plata y, posiblemente, de oro y hierro. Un modelo de mina romana con extensos filones de minerales y un modelo de explotación racional.

Ya se explotaba este yacimiento en el Eneolítico y en la Edad del Bronce, aunque no de una manera tan sistemática y racional como en el alto Imperio Romano. Además en este distrito se han encontrado las tablas de Vipasca (I y II), los textos más completos sobre la organización fiscal y administrativa de este distrito minero a comienzos del siglo II d. C.

Aunque, como hemos dicho, se realizan explotaciones en la zona ya desde el Eneolítico, a partir de la época de Augusto es cuando se concentra el hábitat en el siglo II toma el nombre de metallum Vipascense. Esta ocupación del lugar y la correspondiente actividad minera continuaría, al menos, hasta la segunda mitad del siglo III d. C., como parece confirmar una inscripción en mármol que menciona a un procurator del que no sabemos el nombre y que aproximadamente en el año 173 d. C. había puesto de nuevo en actividad la mina y sus instalaciones (restitutor metallorum), destrozadas por incursiones del norte de África en el 172.

El distrito minero de Huelva, de acuerdo con Blanco Freijeiro y Luzón, se mantuvo en ascenso durante siglo I d. C., consiguió duplicarse en el siglo II, comenzando a descender en las últimas décadas de este siglo, situación que tiene su continuidad en el siglo III d. C., paralelamente a lo que sucede también, aunque se trate de minerales distintos, en los otros distritos analizados.

El Estado romano fue siempre el dueño de todas las minas. En la República su gestión, al igual que la de la mayoría de los impuestos, fue puesta en manos de los publicani que organizaron sociedades y procuraron sacar el máximo rendimiento de las mismas. Este sistema continuó vigente a lo largo de la República y al comienzo del Imperio, aunque las minas de oro estuvieron siempre directamente en manos del Estado.

Tanto la arqueología como en algún caso las fuentes literarias (Plinio para el noroeste) nos informan sobre las técnicas de explotación de las minas. Se han hallado restos de fundiciones en las escorias de la Sierra de Cartagena e instrumentos mineros variados, ferramenta, se conservan en el museo de la ciudad. En el Museo Arqueológico de Linares (Jaén) se hallan también gran cantidad de instrumentos de trabajo de las minas. Asimismo en la minas Diógenes, en Ciudad Real, en la zona norte de Sierra Morena, se ha encontrado abundante material arqueológico al respecto. Todos estos restos confirman que los romanos conservaron las técnicas prerromanas de extracción de mineral, aunque durante los primeros siglos del Imperio se generalizaron las técnicas de explotación más avanzadas: norias para la extracción de agua, utilización del «tornillo de Arquímedes» para el mismo fin y perforación de la montaña a baja altura para realizar un drenaje natural.

Pero, sin duda, donde se usaron las más espectaculares técnicas de explotación fue en las minas de oro del noroeste, a pesar de que pervivieron muchas técnicas de explotación indígenas perfeccionadas por los romanos: criba y lavado de arenas de los ríos, explotación a cielo abierto, apertura de pozos y galerías y derrumbamiento de montañas de aluvión, ruina montium. Esta técnica, descrita por Plinio, consistía en la excavación de galerías destinadas a provocar el derrumbamiento del monte, que es a lo que se refiere propiamente el nombre dado a esta técnica. Se llenan de agua, traída por canales de hasta 40 km de longitud, vastas cuencas de nivel situadas en los puntos más elevados de la explotación y hacia donde convergen las citadas conducciones o corrugia. Finalmente, se dejan caer grandes masas de agua sobre la ruina montium, que se dirige hacia los canales de decantación (agogae) donde el oro se recoge antes de que los escombros se acumulen en una zona más baja.

Esta técnica fue empleada en Las Médulas (León) y aplicada a yacimientos de tipo aluvial y permite una economía de tiempo, de mano de obra y de material. Es posible que los pueblos indígenas de la zona explotaran en cierta medida los yacimientos de aluvión y los filones de cuarzo. Para Domergue la ruina montium sería el final del proceso perfeccionado por los romanos, pero la corrugia (= corrugi) era ya de época romana. Además, la diferencia fundamental estaría en el paso en época romana de una pequeña explotación minera a una explotación industrial.

Conocemos bastante bien por las tablas de bronce de Vipasca el régimen de explotación de este distrito. Ésta se divide en diversos concesionarios y se pone un precio. Según el valor de la concesión y según las peticiones. El procurador no dirige la explotación, sino la administración del territorio, estableciendo las condiciones óptimas para la puesta en funcionamiento. Los colonos o arrendatarios deben entregar al fiscus la mitad del mineral que extraen (no sabemos si en mineral natural o su valor en plata), y aunque no disponen de grandes medios financieros, sí tienen los suficientes para tener esclavos y emplear hombres libres.

Hay varias formas de adquisición de los pozos: por occupatio, que consiste en la elección libre por el conductor o arrendatario entre las concesiones ofrecidas, pagando un impuesto para el derecho de disfrute; por venta, tanto de un pozo completo como de parte de él, siempre que lo declaren al fisco, pues, si no cumplen las condiciones, el fisco vende el referido pozo en subasta; por donatio, para partes de pozos; por adsignatio, asignados por el fisco.

El procurator debe buscar un óptimo desarrollo de la actividad minera y aumentar los beneficios, controlando las concesiones y penalizando con fuertes sanciones a los que no cumplen los requisitos, con tratamientos diferentes para hombres libres (mercenarii) y esclavos. Los servicios complementarios, baños, barbería, zapatería y tiendas de tintoreros, eran monopolios que se adquirían también en arriendo, con el compromiso, fuertemente vigilado por la administración, de proporcionar un servicio adecuado a las necesidades.

Todo el metal extraído era objeto de exportación, principalmente a Roma, a través de los negotiatores, de los que hay abundantes ejemplos en la epigrafía desde el último siglo republicano en adelante. Las minas de oro del noroeste fueron administradas durante el siglo I d. C. por el legatus Augusti propraetore de Hispania Citerior y parece que a finales de este siglo aparece la procuratela, encargo directo del emperador para el distrito minero; es el procurator metallorum de las inscripciones. El distrito está dirigido por este procurator, no siempre de rango ecuestre, representante directo del emperador que tiene a su cargo tanto la administración del ejército como los servicios financieros.

Sobre la mano de obra empleada en las explotaciones romanas tenemos una serie de documentos, tanto de época republicana como de época imperial. Diodoro nos dice que las minas de Hispania atrajeron a muchos itálicos que compraron para la explotación de las mismas gran cantidad de esclavos. En las leyes del distrito minero de Vipasca, de comienzos del siglo II d. C., se indica que las minas eran trabajadas por esclavos y por jornaleros libres, mercenarii. Es de suponer que, al menos en un principio, la mayoría de los prisioneros de las guerras cántabras fueran obligados a trabajar en los cotos mineros. Por otra parte en la epigrafía hay datos de los cántabros Orgenomescos en una lápida hallada en Castulo, así como de clunienses o uxamenses en otras zonas mineras, como hemos visto en el apartado dedicado a migraciones.

Para la supervisión de las explotaciones y el control de la mano de obra esclava, pero también para trabajos de carácter técnico, había unidades militares en las proximidades de los cotos (alas, cohortes y destacamentos de la Legio VII Gemina).

Parece que la escasez de mano de obra agudizó la decadencia de las explotaciones estatales, que prosiguieron durante el Bajo Imperio, aunque no alcanzaron ya el desarrollo de la República y el Alto Imperio.

Sector minero en el Bajo Imperio

Al final de la dinastía de los severos (235) las minas hispanas redujeron su nivel de explotación, lo que no quiere decir necesariamente que dejaran de explotarse del todo, pues se han hallado monedas de la época de las minas de Huelva (Riotinto) y de Sierra Morena (Castulo), lo que nos sugiere una continuidad en estas zonas.

Pero hay una serie de datos que llevan a pensar necesariamente en la pérdida de importancia de las minas hispanas. No hay ningún documento que nos dé noticia de cargos administrativos relacionados con las mismas. Es significativo al respecto que, ni en el edicto de precios de Diocleciano de comienzos del siglo IV d. C., ni en la Expositio totius mundi (obra de un mercader sirio) de mediados del siglo, se mencionen minas en Hispania. El aumento del número de miliarios en el noroeste en esta época ha sido interpretado por algunos autores como síntoma de la reanimación de las minas, pero, como ha puesto de manifiesto Blázquez, se trata de miliarios en su mayoría honoríficos. La producción de las minas de oro de El Bierzo, explotadas intensamente hasta el siglo III, sufrió una disminución e incluso desapareció por completo. Lo mismo puede decirse de las minas de Cartagena o del distrito portugués de Aljustrel, donde no se ha hallado ningún material que pruebe su actividad en esta época.

Este descenso de la producción en Hispania posiblemente esté en relación directa, según Blázquez, con el aumento de la producción de plomo y estaño en las minas de Britania y que a comienzos del siglo V, cuando acabe la producción en esta región, se retomen las explotaciones hispanas, como las minas de estaño cercanas al castro de Las Merchanas en Salamanca, donde existía un destacamento militar en época bajoimperial. Pero tanto este motivo, como los del agotamiento de los filones, la falta de rentabilidad o de mano de obra, no terminan de explicar un cambio tan brusco de la actividad en tan poco tiempo.

En las noticias de las fuentes del Bajo Imperio el mineral hispano que es objeto de la referencia es la sal, empleada, según los tratados de veterinaria de la época, como aplicación farmacológica, tanto para las enfermedades de los ojos de los hombres (sal gema, según Vegetio Renato) o de las bestias (Rutilio Palladio, Agric. 44, 3, 2).

Sidonio Apolinar (Ep. 9, 12) alude a la sal de la Tarraconense que se exportaba a Galia e Italia.

Según Agustín de Epona (Ep. 50), en su tiempo todavía se exportaba minio de Hispania a Cartago y Egipto.

SECTOR AGROPECUARIO

Lo mismo que anteriormente, durante la época romana fue el sector dominante de la economía hispana, al igual que de la de otras áreas del Imperio.

De acuerdo con las referencias de los autores antiguos, Hispania contaba con grandes extensiones de bosques, como por ejemplo los de la cordillera que cruzaba Bastetania y Oretania, con los importantes bosques de la Bética, Castilla y la cordillera cantábrica. De ellos se obtenía un doble producto. Según Estrabón, los montañeses de la cordillera cantábrica se alimentaban las tres cuartas partes del año de bellotas y los bosques eran talados y la madera visada en la construcción de barcos, para las explotaciones mineras, la construcción de edificios y de diversas clases de máquinas, así como para calefacción. También había árboles frutales como manzano, higuera, almendro y ciruelo, cuyos frutos se dedicaban normalmente al consumo local, aunque algunos de ellos eran exportados, por ejemplo los higos de Ibiza y de Sagunto a Roma, las cerezas de Lusitania a la región del Rhin, etc., siempre teniendo en cuenta el carácter más o menos perecedero de los mismos.

Pero los productos más importantes de la agricultura hispana en época romana eran, sin duda, lo que distintos autores han llamado la «tríada mediterránea», trigo, vid y olivo, a los que hay que unir otros de menor importancia. La producción cerealista fue muy elevada, tanto en época republicana como imperial, destacando, junto al trigo, la cebada y el mijo en la Bética, la Meseta central, el Valle del Ebro y la fachada mediterránea. El olivo tenía el límite de su cultivo en la Sierra de Gredos y sus prolongaciones. Parece que, a pesar de la experiencia de siglos anteriores, la verdadera expansión de la explotación se produce sobre todo en la regiones de la Bética (alto y bajo Guadalquivir), y la Tarraconense, con importante desarrollo alrededor de la albufera de Valencia y Valle del Ebro, y, asimismo, en la Lusitania en las cercanías de Mérida, en época altoimperial, como hay que pensar por las noticias de Plinio y Marcial, en el sentido de que la producción de aceite era la más importante de la Bética, del relieve de Córdoba en el que se representa la recogida de aceituna, de las varias prensas aceiteras recogidas en Jaén, así como de los tipos y marcas de ánforas utilizadas para su exportación.

La producción vitícola fue también importante en época altoimperial. Las regiones cuyo vino era más apreciado se encontraba en el sur peninsular y la costa mediterránea, destacando el Valle del Guadalquivir, la comarca de Lauro en Valencia, la de los lacetanos en Barcelona, una zona de Tarragona y algunas zonas de Baleares.

En cuanto a la diferenciación en variantes regionales y calidades, sabemos que se diferenciaba el vino de la zona de Jerez y que algunos vinos, como el de Sagunto, eran considerados de baja calidad y destinados a la exportación. Plinio habla de vinos dulces y secos obtenidos de clases distintas de uvas, una de ellas llamada coccolobis muy apreciada por los hispanos.

En Funes (Navarra) se ha descubierto una importante bodega que estaba en funcionamiento en las primeras décadas del siglo II que, por sus dimensiones, supera la explotación de carácter familiar, lo que ha hecho pensar a Sayas en la posibilidad de que hubiera una especialización de algunas villae en distintos productos (cereales y vid, por ejemplo) en relación con la ciudad en cuyo territorio rural estaban ubicados.

También se cultivan con esmero las plantas textiles, algunas de ellas base de una industria de cierta importancia, como el lino, abundante en Levante, sobre todo en la región de Játiva y en Tarragona, y posteriormente incluso en el noroeste (el linum zoelicum de que habla Plinio); se explotaba el esparto, planta silvestre abundante en la región de Cartagena, que, por ello, recibió el nombre de campus spartarius, y en la zona de Ampurias. Su uso continuo siendo grande en amplios campos, como sucedía ya en época anterior: cordajes y velas para barcos, espuertas y sacos, calzado.

Son importantes, asimismo, en relación con la industria textil, las plantas tintóreas, como el coccus, y el aprovechamiento de la cochinilla y el quermes para el tintado de telas.

Los emperadores no se mantuvieron ajenos al control de la producción de vino y aceite. Así conocemos el decreto de Domiciano del año 92 d. C. en el que se mandaba reducir a la mitad la superficie dedicada a viñedo en las provincias para favorecer al italiano, aunque no sabemos de qué forma afectó a Hispania y, además, esta ley se anula en el siglo III d. C. con Probo. Blázquez piensa que tal decreto no se aplicó en Hispania, ya que tenemos noticias posteriores que nos hablan del vino de Hispania y hay restos de ánforas que demuestran continuidad en la exportación. Pero el decreto se refería a la reducción, no a la desaparición de la vid. Otra actuación imperial sobre la producción, en este caso del aceite, que expresa la preocupación del poder central sobre la producción aceitera, es el rescriptum de re olearia, que hay que fechar en época de Adriano (siglo I), en una inscripción de Castulo.

Junto a la agricultura, la ganadería constituye otro de los sectores productivos básicos de Hispania, aunque su riqueza varía según la regiones. Esta riqueza en ganados es puesta de manifiesto ya durante las guerras de conquista entre los celtíberos y lusitanos, a los cuales se les exigieron como tributos capas, pieles de buey y caballos, de donde se deduce la riqueza ganadera de la Meseta. Sabemos también que los galaicos y astures tenían unos caballos, tieldones y asturcones, muy apreciados en Roma. No obstante esto apenas es significativo, si, de entrada, afirmamos que este tipo de animales (bueyes, caballos y ovejas) eran empleados como fuerza motriz, como medio para los desplazamientos y como complemento dietético. En la denominada área de los verracos —Meseta occidental y norte de Portugal—, la riqueza bovina, ovina y porcina, que había constituido la base de la economía, continuó siendo importante en época romana. También en la Bética hay que resaltar una importante riqueza ganadera. Oretania tiene excelentes condiciones para la cría de ganado y en las fuentes escritas, desde los mitos de Tartesos hasta Estrabón, hablan de las vacadas que pastaban en el Valle del Guadalquivir.

Da la impresión que durante los primeros siglos del Imperio varias especies de la producción ganadera hispana estaban en alza. A las ya referidas hay que unir el ganado porcino, del que hay referencias para los lusitanos, y entre los cerretanos y los cántabros son celebrados por Estrabón y Marcial sus famosos jamones, que eran exportados.

Poseemos un número suficiente de datos sobre técnicas de explotación agrícola y cuidado y mejora de las razas animales, que nos llevan a pensar en un conocimiento técnico muy perfeccionado. Sabemos de la existencia de regadíos en amplias zonas de la Bética, que se remontaban a la época tartésica, utilizando los canales de que nos habla Estrabón. Del mismo modo, conocemos el regadío de las vides plantadas en tierras con poca humedad.

En algunos casos se siguieron utilizando las técnicas de cultivo y los aperos agrícolas. Ya hemos visto lo referente a los regadíos de la Bética, que utilizan una infraestructura preexistente, aunque mucho más extendida. La presencia en la zona sur sobre todo de los cartagineses, que poseían técnicas agrícolas más desarrolladas que las romanas, hizo que ya en Hispania se utilizasen esas técnicas. Así, por ejemplo, junto al tibullum indígena para trillar las mieses, se usó el ploscellum punicum, un tipo de trillo diferente, que cortaba las mieses con cuchillas de hierro y era arrastrado sobre ruedas.

Tenemos también noticias de actuaciones encaminadas a mejorar la raza de la ganadería hispana. Columela nos cuenta que se realizaron cruces de ovejas del norte de África con la de la Bética para conseguir una mayor producción de lana en cantidad y calidad. Por otra parte, escritores de época imperial como Plinio y Marcial siguen ponderando la lana de las ovejas de la Bética que era exportada a Italia.

Más complejo resulta el conocimiento de la estructura de la propiedad de la tierra. Tradicionalmente se ha pensado que, al inicio del Imperio, coexistían dos formas de propiedad sobre la tierra, la comunitaria, de la que tenemos noticias a través de un texto de Diodoro y posiblemente en algunos restos de edificios que se ha pensado que eran «comunales» y que estaría en relación con las denominadas agrupaciones gentilicias del área céltica de la Península, y la privada, sobre todo en el área íbera y no como algo surgido ex novo, sino como consecuencia del propio proceso histórico de época prerromana.

Lo que sí parece claro es que al pasar la Península Ibérica a ser territorio Provincial se producen una serie de cambios y una, diríamos, especie de homologación con el resto de los territorios provinciales del mundo romano.

Hay una serie de elementos que influyen decisivamente en el cambio de la etapa precedente. Ya se ha visto anteriormente la política llevada a cabo por los generales romanos, tras la conquista de poblaciones con grandes desigualdades en la propiedad —por ejemplo lusitanos o astures o cántabros—, de asentarlos en ciudades nuevas en ocasiones y realizar repartos de tierras.

Las civitates, tanto las estipendiarias como las colonias y municipios, poseen tierras comunales que, o bien son utilizadas para aprovechamiento colectivo (es el caso de los prados), o bien son alquiladas a particulares. También en las legiones y unidades auxiliares poseyeron sus prata (extensiones de terreno propiedad del Estado tomado a las comunidades —civitates— para pastos y explotación agrícola), de los que tenemos noticia en el área de astures (cohors III Gallorum) y cántabros (Legio III Macedonica).

Por otra parte, se produce una acumulación de tierras en manos de particulares y del emperador. Con respecto al primer aspecto, Rostovtzeff proponía la existencia de grandes latifundios en la Bética, aunque Etienne piensa, por contra, que los fundos no eran de grandes dimensiones, a pesar de que, como ha visto bien C. Castillo a través de la evidencia epigráfica, lo que se puede afirmar es la existencia de grandes familias que poseían varios fundos, tanto en su municipio de residencia como en otros. Se debe hablar, entonces, de concentración de la propiedad, no de concentración de las tierras para formar latifundios. Esta condición de la propiedad no fue exclusiva de la Bética, aunque el correspondiente proceso en la Lusitania y la parte oriental de la Tarraconense parece que fue un poco posterior.

El patrimonio imperial en Hispania fue acrecentándose poco a poco, pues, aunque las propiedades de Augusto en la Península no era muy abundantes, sus sucesores se encargaron de aumentarlas, uniendo en muchos casos al patrimonio imperial, que se transmitía de un emperador a otro, el propio, sobre todo en el caso de los emperadores hispanos Trajano y Adriano.

Sabemos por Hirschfeld que el patrimonio imperial alcanzó grandes dimensiones en el territorio romano en época imperial, aunque hay casos en que la política de los emperadores no fue dirigida a ampliarlo con confiscaciones, incluidas las realizadas a los ciudadanos (tierras, minas —caso de Sexto Mario y Tiberio—, etc.).

Parece que es en época de Septimio severo cuando el patrimonio imperial en las tres provincias hispanas eran verdaderamente considerable, al ir paulatinamente desapareciendo la separación entre ingresos privados del emperador, ingresos de las provincias imperiales e ingresos de las provincias senatoriales.

La concentración de la propiedad fortaleció en opinión de Mangas, tanto a las oligarquías municipales como al emperador; este proceso fue una de las causas de la crisis del régimen municipal en la transición del siglo II al III: el gran propietario absentistas tiende a concentrar las propiedades agrarias y a establecer su vivienda en el campo, la villa rústica, desde la cual atiende mejor la explotación del fundo. De este proceso surgirán los grandes latifundios bajoimperiales.

Elemento básico de la explotación agrícola de Hispania en época imperial son las villae el término «villa» incluye habitualmente muchas realidades, porque los romanos no emplearon sólo un término para designar lo que puede ser una explotación agrícola o simplemente una casa de campo más o menos lujosa. El término se relaciona con el conjunto del dominio rural, con sus tierras o fundus, con los edificios destinados a alojar a su propietario y al personal.

En sentido extenso la villa constituye la explotación agrícola de tipo latino o romano, aunque, en sentido estricto, no representaría más que las construcciones que contiene.

En las fuentes «villa urbana», «villa rústica» y fundus aparecen como las tres partes constitutivas de la villa en sentido extenso, pero en su definición más estricta el término no puede designar más que un conjunto de edificios rurales, elaborados en función de criterios específicamente romanos (demostrado por los agrónomos, por Vitrubio) y respondiendo a un doble objetivo, de producción (agricultura, piscicultura, cría de animales, etc.) y de residencia (eventualmente para el propietario, dominus, y obligatoriamente para el personal).

Debemos un análisis exhaustivo de las villae de la Península Ibérica a M. C. Fernández y a Gorjes. Este tipo de explotación se extiende en Hispania en menos de dos siglos desde la conquista. En el siglo I a. C. están ya presentes en Cataluña, de donde se extienden a lo largo de la costa mediterránea, pero, sobre todo, por el Valle del Ebro (Castejón, Corella, Calahorra) hacia Navarra (Tudela, Valle del Arga y Valle del Alagón) y Castilla (Osma, Soria, cerco de Numancia, Palencia, Clunia). De la baja Andalucía (Sevilla, Valle del Genil) se extienden por el Guadalquivir y por el territorio lusitano (Alemtejo, Beja, Santarem). A fines del siglo I d. C. se reúnen las dos corrientes en Gallaecia y cincuenta años más tarde el centro de la Península ya está también ocupado.

En sus cinco siglos de existencia estos establecimientos cambian, pasando de las explotaciones republicanas a las construcciones más confortables del Alto Imperio y a la suntuosidad y vastos dominios del Bajo Imperio. El rango social y la riqueza de los propietarios les llevan a reproducir en su dominio el estilo de vida de la corte imperial. A partir del siglo III se produce la concentración de la propiedad y el desarrollo del latifundio, así como la residencia del propietario que ha abandonado la ciudad en plena crisis de la misma.

La implantación en el espacio de las villae hispanorromanas depende de diversos factores, tanto geográficos (calidad del suelo, clima, hidrografía o morfología, en general favorables) como económicos (infraestructura de urbanización y red de vías, creación de nuevos mercados en las ciudades próximas, etc.) o socio-políticos, en función de la mentalidad de las comunidades indígenas y de las estructuras agrarias preexistentes.

La tipología y estructuras de las villae se pueden resumir en tres tipos de planos: la villa lineal, en galería, sobre todo en las regiones frías y lluviosas; la villa con plano bloque en peristilo de inspiración italiana, que es el más frecuente, y la villa áulica, con diversidad de estructuras desarrolladas desde la segunda mitad del siglo II d. C., cuyas formas de expresión más características se dan a mediados del siglo III y en el IV. Los problemas del siglo IV y las invasiones del V acentuaron el carácter de refugio y de lugar de defensa de las grandes villae dando origen al nacimiento de numerosos vici, posteriormente aldeas o ciudades medievales, observándose a veces la toponimia (-ana, —ano, —ain).

El espacio rural de una villa varía según las zonas. En la costa levantina predomina la pequeña y mediana propiedad, en el Valle del Ebro encontramos ya, en el siglo I d. C., villae de extensión considerable (Liédana, Funes, Corella, Calahorra, etc.) y en la Meseta se conocen villae de gran extensión. Significativa es la extensión de 650 hectáreas de una villa de Valladolid.

La fuerza de trabajo empleada en la explotación de las villae varía. En la republica la mano de obra es mayoritariamente esclava disminuyendo, no obstante, el número de esclavos al final de la misma; al mando de la villa se encuentra el villicus, capataz al cargo de la explotación y de la mano de obra. En el Alto Imperio se produce un absentismo muy claro de los propietarios, pasando a finales del siglo II y durante los siglos siguientes a ser residencia permanente del propietario. Desde fines del siglo II comienza a ser abundante la mano de obra libre y menor el número de esclavos; también adquiere importancia el colonato, que comenzó a ser plenamente significativo en el siglo III.

El sector agropecuario en el Bajo Imperio

La producción agropecuaria siguió siendo durante el Bajo Imperio el sector más importante de la economía, aunque en un cambio significativo en la estructura de la propiedad. La Expositio totius mundi ensalza la riqueza agropecuaria de Hispania y el edicto de precios tienen referencias directas a estos productos estableciendo el canon que deben pagar. Entre los productos objeto de exportación que recoge el mercader sirio (oleum, liquamen, vestem variam, lardum, itanenta, spartum) la inmensa mayoría son agrícolas o ganaderos un producto fundamental de la producción agrícola hispana seguía siendo el aceite, que ahora se exportaba a Roma y al limes del Rhin. Ausonio se refiere al aceite hispánico que le envía su hijo y Palladio menciona el aceite de la Bética, que parece el más afamado. Parece que hubo una disminución clara de la producción en el siglo III, como atestiguan los restos de prensas de aceite, los almacenes y muchos fragmentos de recipientes de numerosas villae de Hispania.

En relación con el transporte de aceite a Roma, tenemos noticias de la existencia de corporaciones bajoimperiales de navicularii. Pero, para Blázquez, la no aparición de ánforas del Bajo Imperio en los hallazgos submarinos es una prueba del descenso notable en la exportación de productos hispanos como el aceite, el vino y la salazón. Por ello es posible que las menciones de los navicularii tengan relación con contribuciones.

Hispania y, sobre todo, la Bética, fue desde época altoimperial uno de los abastecedores de Roma tanto del citado aceite como de trigo y, por ello, sorprende que no sea citado por la Expositio, máxime cuando tenemos noticias de envío de trigo a Roma, al menos en dos momentos excepcionales, en el año 384 (Symn., Rel. 35, 14) y cuando, debido a la revuelta de Gildon entre el 395 y el 398, se vio cortado el suministro a Roma de trigo africano, que era el que normalmente llegaba a la capital del Imperio (Cl. Clau., In Entr. I, 407). La procedencia no se precisa en ninguno de los textos, pero por la distribución y desarrollo de las villae, tanto podía ser de la Bética como de la Tarraconense (este y valle medio y bajo del Ebro) y la zona sur de Lusitania.

Ya en el Alto Imperio el esparto era cultivado preferentemente en las zonas de Cartagena y Tarragona. No parece que en esta época su cultivo estuviera en relación con la actividad minera y concretamente con el utillaje minero (espuertas para transporte de mineral halladas en Mazarrón) de la zona de Cartagena, pues quizá se abandonó, sino más bien, como afirma la Expositio, con su empleo en la navegación. La referencia a la vestis varia como producto hispánico de exportación, en la Expositio totius mundi, quizá deba entenderse, en opinión de Sayas, en su amplio significado de prendas de vestir y otro tipo de ropas y varia, tanto a la diversidad de las materias primas empleadas, procedentes del cultivo de plantas textiles, como a la variedad misma de las ropas. Y esto nos llevaría al tipo de ganado que en esos momentos se criaba en Hispania no parece que en el Bajo Imperio las especies bovina, ovina, porcina y equina hayan sufrido reducciones sensibles con respecto a lo que sabemos para el Alto Imperio, cuando, al igual que en época republicana, se había realizado una importante selección de razas con cruces de animales hispanos con otros traídos de fuera, al objeto de conseguir un aumento de la producción en cantidad y calidad, como hemos visto anteriormente en el caso de Columela y las ovejas de la Bética apareadas con carneros de África que dieron unas crías con una lana mejor y más abundante. La lana de Hispania es alabada en el edicto de los precios de Diocleciano, donde se hace mención a la región de Asturias no citada anteriormente.

No es desdeñable la idea de que en época bajoimperial la producción ganadera (el territorio dedicado a ganadería) aumentara en detrimento de las explotaciones agrícolas, dada la ventaja que para ese momento supone la menor necesidad de mano de obra. Por ello, en una situación de decadencia de la esclavitud es posible que el ganado fuera ocupando terrenos de bosque y de marismas o incluso algunas zonas de tierra arable.

La atención del mercader sirio al lardum (jamón) hispánico no sorprende, si tenemos en cuenta que ya en el Alto Imperio hay referencias (Estrabón y Marcial) al jamón de los cerretanos y de los cántabros, por lo que quizá debamos pensar en una continuidad en la producción y en la exportación. También el Edictum de pretiis de Diocleciano hace referencia a los jamones cerretanos (comarcas de la Cerdeña, Andorra y Alto Segre) con un impuesto de veinte denarios por libra.

En el término iumenta de la Expositio quizá haya que ver más que la denominación de caballos. Sabemos de la importancia de los caballos en época republicana y, sobre todo, altoimperial, por las noticias de los autores antiguos sobre los asturcones y tieldones de Asturia y Gallaecia, respectivamente, así como representaciones en objetos arqueológicos. De los caballos de Lusitania, en particular de los de la parte del Tajo más cercana a la costa, se dice que eran muy veloces en la carrera, porque las yeguas habían sido cubiertas por el viento Zephyro. Especialmente apreciados como caballos de carrera eran los de la Bética, que son alabados en las fuentes de época bajoimperial en las que se contraponen dos tipos de caballos, los de gran alzada, buenas proporciones, posición erguida y cabeza hermosa, aptos para la carrera, con los segundos, magros y aptos para la caza que se cree descienden de caballos salvajes. Tienen el pelo liso, corren mucho, son poco apropiados para ir al paso. Los caballos de Hispania son citados junto a los de otras tierras famosas por su ganado caballar como Arcadia, Cirene, Capadocia, Tesalia, Mauritania y Persia. Hispania siguió, pues, en el Bajo Imperio, siendo lugar de origen de caballos que se exportaban a lugares distintos del Imperio.

Es posible que en el término de la Expositio se incluyan también acémilas, como los burros de Celtiberia, muy apreciados para la carga. Hay restos de huesos de bovino en villas de Soria que sería empleado, aparte de por su aprovechamiento para carne, como animal de tiro en las faenas agrícolas, en las que, a veces, podía ser sustituido por el asno.

En definitiva, de acuerdo con los datos de las fuentes literarias y de la arqueología, en esta época el ganado criado en Hispania sigue siendo el equino, bovino, ovino y porcino.

También se han hallado en distintas villas del Bajo Imperio toda una serie de instrumentos agrícolas que en nada difieren de los ya empleados en la época anterior (hoces, podaderas, rejas de arado largas y estrechas, azadas, etc.).

Pero, sin duda, el proceso más importante en el sector agropecuario en el Bajo Imperio, aparte del aumento o no de la producción, es la concentración de la tierra en pocas manos y la consiguiente aparición de los grandes latifundios.

Básicamente se hacen con la propiedad de la tierra aquellas minorías que controlaban los resortes del Imperio, senadores y altos funcionarios, a los que hay que unir, por supuesto, al propio emperador, cuyas propiedades crecieron considerablemente a partir del siglo III. Varios son los factores que pueden aportarse para explicar este proceso. Se produce una interinfluencia entre el decaimiento de la ciudad y la aparición de los latifundios y, sobre todo, las lujosas villae rústicas, de las que tenemos noticias por la arqueología. Tras las invasiones hubo una pérdida de importancia de algunas ciudades con una reducción generalizada y a veces muy significativa del área urbana intramuros (Blázquez informa de 27 ciudades que sufrieron este proceso, el cual es muy evidente en Mérida que pasa, según el mismo autor, de 120 a 49 hectáreas) por las necesidades defensivas en una época de gran inestabilidad y por la propia decadencia de la vida urbana. Por otra parte, se produce un decaimiento y deterioro del orden curial, pues los ciudadanos más pudientes, que teóricamente debían seguir soportando el peso del funcionamiento de las ciudades, intentaban por todos los medios introducirse en los grupos inmunes de estos cargos, o eludirlos mediante subterfugios legales, quedando las cargas en manos de unos pocos con una economía ya muy deteriorada. Dentro de este proceso y completándolo se produce el abandono de la ciudad por los más ricos, que fijan la residencia en sus lujosas villae rurales.

También como consecuencia de las invasiones surgieron en muchas partes del Imperio nuevas relaciones de producción, en un proceso que trajo consigo la consolidación del grupo de propietarios terratenientes.

Aunque el proceso debió de ser muy similar al del resto del Imperio, resulta difícil establecer para Hispania el número y las dimensiones de los latifundios altoimperiales para, a partir de ellos, descubrir el progresivo aumento de éstos en extensión y el aglutinamiento de algunos de ellos, incluso situados en zonas distantes, como puede ser el caso de las grandes propiedades de Santa Melania. A pesar de todo, sí puede descubrirse la procedencia de las tierras que formaron estos latifundios bajoimperiales.

Varios son los factores que, en mayor o menor medida, influyen en la creación de grandes propiedades, aunque no podemos cuantificar hasta qué punto se realiza esta influencia. Sabemos, por una parte, que las ganancias de los senadores y altos funcionarios no podían ser invertidas hasta el año 405 en propiedades muebles, por lo que, necesariamente debían serlo en la compra de tierras. Por otra parte, en esta etapa se produce la ruina de muchos pequeños y medianos propietarios, pues, ante la agobiante presión fiscal, muchos campesinos se pusieron bajo la protección de los grandes terratenientes pasando a cultivar en arriendo las tierras que hasta ese momento les habían pertenecido, incluso aunque esta renuncia fuera considerada ilegal por algunos emperadores, como Valente. Asimismo, los curiales, propietarios de tipo medio, ante la gran presión fiscal, se despidieron de sus tierras e intentaron abandonar el ordo a que pertenecían.

En las tierras comunales de la ciudad tiene lugar un proceso que favorece también la concentración de la propiedad. Las noticias referentes al mismo no son muy abundantes y, además, son indirectas. Del año 365 y del 384 conocemos dos disposiciones que prohibían a los curiales arrendarse a sí mismos, o a otras personas que no fuesen del lugar, estas tierras comunales. En opinión de Sayas estas medidas no pudieron frenar las apetencias del terrateniente por hacerse con parte de las tierras comunales y contribuyeron a un deterioro aún mayor de los curiales, que no podían equilibrar sus cargas municipales mediante el arriendo a sí mismos de las tierras comunales. Estas tierras fueron usurpadas por los latifundistas potentiores que monopolizaban, además, los altos cargos de la administración y el ejército. Otro factor que interviene en el proceso que analizamos son los denominados agri deserti. Se trata de aquellas tierras que habían sido abandonadas por los campesinos por su baja rentabilidad o por otros motivos. Para que los curiales de la ciudad no tuvieran que pagar colectivamente los impuestos que recaían también sobre estas tierras, a pesar de que estuviesen sin cultivar, se entregaron a campesinos que tenían ya pequeñas o medianas propiedades. Pero éstos no podían resistir la enorme presión fiscal con unas tierras que habían estado abandonadas en muchos casos precisamente por su baja productividad, y la medida, más que mejorar la situación, la empeoró; estas tierras también cayeron en manos de los grandes propietarios que tenían medios económicos suficientes para hacer frente a esta situación. De este modo, independientemente de la relación costos de producción-beneficios obtenidos, se posibilitó el aumento de la propiedad agrícola.

Incluso algunas medidas tomadas por los emperadores para paliar la ruina del pequeño campesinado tuvieron el efecto contrario del que se buscaba. Así, el emperador Juliano distribuyó en Antioquía tres mil lotes de tierra; pero, al no adoptarse las medidas necesarias para que estas tierras no pudieran ser vendidas, los lotes fueron vendidos rápidamente a los más ricos, produciendo un efecto contrario al pretendido.

Las propiedades de tierra del emperador en el Bajo Imperio eran las mayores y además tenían posibilidades de aumentarse por medio de las confiscaciones de tierras abandonadas o sin cultivar, de las que, como establece el Código de Justiniano, se hacía cargo el fisco, o a través de donaciones de diverso tipo. Claro está que estas probabilidades de ampliación estaban contrarrestadas por otras de disminución como las donaciones particulares y a los veteranos y, en zonas fronterizas, la concesión de tierras a los bárbaros.

La unidad de producción dominante en el Bajo Imperio en el sector agropecuario era el fundus. Los fundi se fueron configurando a partir de las cesiones a los ciudadanos de la propiedad de una parte de la tierra conquistada, que pasaba a ser ager provincialis. Estas porciones de tierras tomadas del ager publicus para entregarlas a individuos particulares fueron denominadas con los nombres de sus possessores terminados en los sufijos de pertenencia —anus, —ius. Éstos nombres son los que aparecen posteriormente en la toponimia.

Salvo algunas zonas del norte toda la Península Ibérica se cubrió de fundi que poco a poco, se fueron convirtiendo en unidades autárquicas (de esta forma junto a la explotación agrícola propia encontramos restos de cría y cuidado de ganado bovino, ovino, porcino y caballar), lo que constituyó un factor más de decadencia de la ciudad, junto con la tendencia de los fundi a concentrar en sus manos el poder político de todo tipo. El carácter de economía mixta agropecuaria, e incluso de desarrollo artesanal, está suficientemente claro en los hallazgos arqueológicos realizados en muchas de las villae de estos fundi; molinos con agujero en el centro para ser movidos a mano, tapones de ánforas, herramientas agrícolas como tridentes, picos de doble corte, hoces, azadas, etc. Hay también alguna herradura de caballo y algún cencerro, así como restos de comida que denotan la importancia de la utilización de ciertos animales (huesos de jabalí, cerdo, ternera, cordero, cabra, liebre, conejo y aves diversas). Esta tendencia a la autarquía de los grandes latifundios, base del nuevo sistema económico, aparece en algunos de los teóricos de la época, como es el caso más claro de Palladio, para quien es muy recomendable contar en los propios latifundios con especialistas del sector artesanal Herreros, albañiles, carpinteros y otras profesiones similares.

El fundus se transmitía de propietario particular a propietario particulare, pero siempre conservando su nombre primitivo, pues con él figuraba en los archivos oficiales. No era inmutable, al ser susceptible de divisiones y anexiones. Las divisiones o parcelas de un fundus, denominadas loca, carecen de autonomía económica. Si este locus adquiere dicha autonomía, se convierte, entonces, en un fundus, mientras que un fundus anexionado a otro dejaría de tener esa autonomía económica pasando a constituirse en un locus. Si la posible unión de dos o más fundi adquiría unidad y coherencia suficiente, pasaba a denominarse con el nombre del fundus dominante el que formaba el centro original.

La reconstrucción del mapa de fundi en Hispania es bastante compleja, pues sería necesario utilizar tanto los datos de la arqueología, sobre todo los referidos a las villae de estos fundi, como los testimonios de la lingüística, a través de los topónimos de distintas terminaciones (-ena, —en, —in, ino —ina, ain —ano, —ana, —año, —aña) que hacen referencia a los nombres de antiguos possessores.

Los fundi se extendieron básicamente por toda Hispania, siendo resaltable su implantación en áreas que en la época anterior habían quedado aparentemente al margen de las estructuras propiamente romanas; es el caso del País Vasco, Navarra, Asturias, Lusitania y Galicia.

Un rápido recorrido por cada una de las zonas o provincias nos da una idea de la distribución de las villae conocidas hasta el momento, e incluso de su naturaleza. Sayas ya ha realizado una síntesis al respecto, a partir de los trabajos de Blázquez y otros autores, bastante clarificadora de lo que conocemos hasta el presente.

Sorprende el que en una región como la Bética no haya hasta ahora restos tan abundantes de villae como los que se han encontrado en otras zonas menos integradas en las estructuras romanas, como hemos visto antes. No obstante, es posible que lo que falte sea una exploración a fondo de la Bética que haga desaparecer la idea expuesta por Blázquez de que en el Bajo Imperio el eje económico se desplazó desde el Valle del Guadalquivir, donde estaba en los primeros siglos del Imperio, hacia otras zonas, especialmente en la Meseta, pues no faltan villae de importancia en la zona sur de la Península, como la del Cortijo de Fuentedueñas en Écija (Sevilla) o la de Torrox en Málaga. Es significativo en este sentido el trabajo de Ponsich, centrado en las zonas de Carmona, Lora del río, Alcalá del Río y Sevilla, en las que documenta un número considerable de villae, muchas de ellas del siglo IV y dedicadas a una explotación agrícola selectiva. Así, por ejemplo, en unas hay prensas de uva y en otras de aceituna. Por otra parte, las villae rústicas de la Bética estaban localizadas no sólo en el Valle del Guadalquivir, sino también en las zonas del interior, aunque la magnitud de los asentamientos varía en función de esta ubicación. De modo que las del interior y las que tenían menos disponibilidades de agua son menores.

En la parte española de la provincia de Lusitania conocemos una villa de gran extensión e importancia, la de la Cocosa, en Badajoz, que hace pensar en un gran dominio y en un fuerte poder adquisitivo de su dueño. Los almacenes, prensas, molinos, lagar, etc., descubiertos nos llevan a suponer una explotación agrícola de grandes dimensiones, con un utillaje y unos recipientes de almacenaje también muy ricos (aperos, rejas de arado, cuchillos, hoces, fragmentos de toneles, ánforas, molinos, etc.). De acuerdo con lo allí hallado es evidente que se trataba de un fundus dedicado al cultivo de los cereales, la vid y el olivo, que realiza su actividad agraria hasta el siglo VII. Junto a ella se conocen otras villae importantes: Guareña (Badajoz), Magazos, Malpica del Tajo (Toledo), Santa María de los Barros (Badajoz), Salama de los Barros, Torres Novas, etc.

También para la parte portuguesa, como señala Alarçao, faltan excavaciones metódicas que permitan descubrir el proceso de evolución y formación de las grandes propiedades rurales. No obstante, por lo conocido, las concentraciones de villae se dan en la zona del Alemtejo y el Algarve, siendo menos abundantes y más pobres que en otras zonas de Hispania.

En la provincia de Gallaecia (que en esta época incluye a Asturias) las villae está situadas al borde de los ríos, la costa y las vías de comunicación. Algunas guardan relación con explotaciones mineras cercanas, aunque tenían aún en este caso un componente agrícola importante. Pero la dominante es el sistema de explotación agropecuaria. Un hecho destacable en Gallaecia es que, junto a estos nuevos establecimientos, perviven modelos económicos indígenas, como el del Castro de A Lanzada que llega más allá de la época de Constantino (siglo IV), donde la economía dominante es ganadera.

La diversidad geográfica de la provincia Tarraconense es evidente e influye en la falta de unidad económica y social. Tiene dos zonas claramente diferenciadas, la de Cantabria y Vasconia, por una parte, y la de Valle medio y bajo del Ebro y la costa mediterránea, por otra. Los estudios de Caro Baroja sobre los topónimos que pueden denotar la existencia de villae tienen gran importancia para la zona de Álava y Navarra, aunque para este último territorio se han continuado estos estudios no siempre de forma adecuada. Los topónimos que sugieren un sistema de explotación agrícola basado en los fundi, y las prospecciones y excavaciones arqueológicas confirman que en la zona del llano el sistema de explotación era el mismo que para el conjunto de Hispania, aunque, como indica Caro Baroja y recoge Blázquez, en esta zona los fundi son más numerosos.

Parece que debemos pensar, por las noticias de Paulino de Nola sobre los vascones de la zona del saltus, que allí se daba un sistema de explotación distinto compatible con la pervivencia de una organización social indígena más atrasada. También en Cataluña, donde la toponimia de esta naturaleza es muy abundante se pueden distinguir dos zonas, la pirenaica y montañosa, cuyas villae se adecuaban a la naturaleza del terreno con cultivos a él apropiados (trigo en el llano, viña y olivar en las laderas soleadas y pastos en la montaña), y la zona no montañosa, donde la explotación estaba basada en la producción de cereales, vino y aceite, y que está atestiguado por el instrumental hallado en las villae excavadas (lagares, dolia, etc.).

En la provincia cartaginense, cuyo territorio pertenecía en época altoimperial a la Tarraconense, hay ya en los primeros siglos del Imperio una especialización en la actividad económica, según se trate de las zonas costeras o del interior. En general se puede decir que el litoral está especializado en el comercio y la industria y el interior realiza, sobre todo, actividades agrarias. Las villae agrícolas del interior cuentan con sistemas de regadío bastante perfeccionados, sobre todo en la zona de Yecla y Jumilla (Murcia). Característico de las villae del Golfo de Cartagena es el cultivo del esparto muy apreciado desde siglos anteriores y que, aunque no tenemos noticias en el Bajo Imperio sobre su cultivo, debió de seguir siendo un producto importante, pues es citado en el edicto de precios de Diocleciano.

CAZA Y PESCA

Sabemos por las fuentes literarias, la epigrafía y por los hallazgos arqueológicos, que los animales y los peces objeto de caza y pesca fueron abundantes en la Península y que estas actividades, que en época prerromana constituían dos medios importantes para la consecución de alimentos (baste recordar lo dicho los capítulos dedicados a los pueblos indígenas prerromanos), no dejaron de realizarse con la conquista romana. Pero mientras que la caza fue una actividad que no se introdujo en los circuitos comerciales del Mediterráneo (como dice Blázquez, no tenía una importancia económica positiva), la pesca sí fue objeto no sólo de transformaciones industriales (salazones) sino de exportación a toda la cuenca mediterránea.

En los autores antiguos tenemos numerosas referencias a la gran abundancia de pesca en numerosas regiones de Hispania; así para Lusitania dice Polibio que no se aprecia nada, será gratis a los que compran algún otro producto, y lo mismo Silio Itálico que afirma que el lusitano procede de bosques abundantes en caza, aparte de mencionar en otros pasajes de su obra esta actividad entre las poblaciones del norte.

Pero es, sin duda, Estrabón quien ofrece una descripción más completa de los animales que serían objeto de caza al citar como «productos» de Iberia los rebecos y los caballos salvajes, las aves de sus lagunas, entre las que se encuentran cisnes y otras especies análogas como las avutardas, que son muy numerosas. El mismo autor pondera la abundancia de caza en la Turdetania, donde se cazaban ciervos, actividad reflejada en los relieves sepulcrales del Museo de Córdoba.

El propio Estrabón y Plinio se refieren a la abundancia de conejos en las Islas Baleares que llegaron a constituir una verdadera plaga, hasta el punto de que en época de Augusto los habitantes de las islas solicitan apoyo militar para acabar con su rápida multiplicación. Además, la Celtiberia era llamada cuniculosa por la abundancia de estos animales.

Finalmente, Marcial menciona entre los animales en las proximidades de Bilbilis (Calatayud, Zaragoza) corzos, jabalíes y liebres. En las riberas del Tajo y los Pirineos, Claudio Claudiano, autor del Bajo Imperio, canta a la ninfa Terón del séquito de Diana, que caza osos en Hispania para los juegos celebrados por el cónsul Estilicón en Roma.

Conocemos, además, una serie de inscripciones en que, o bien en los elementos decorativos, o bien en el texto, se hace referencia a esta actividad. La inscripción CIL II 2660, del Museo de León, dedicada a Diana, presenta cabras, ciervos y jabalíes como objeto de caza. Una inscripción de la Meseta menciona caballos salvajes. De la zona de Clunia (Burgos) son varias las estelas funerarias en que aparecen escenas de cacerías de jabalíes o ciervos, generalmente con jinetes acompañados de perros y esclavos. De la propia Clunia es una inscripción métrica que cita como animales de caza jabalíes y ciervos, que se atrapan con red. En una estela de cerca de Estella (Navarra) un perro acompaña al cazador. Y en Lusitania hay dos estelas, una de origen desconocido en el Museo Leite de Vasconechos, en la que se representan dos venados y otra de Rabanales, fechada en el siglo III, donde hay representado otro.

Sirva esta pequeña enumeración para dejar constancia de la dispersión de estas representaciones, pues la relación completa de todas ellas sería interminable. También los perros de caza hispanos fueron muy apreciados, de acuerdo con los autores de los siglos II y III, algunos incluso recomendando el cruce de una perra ibérica con un perro sármata.

No escasean tampoco representaciones en mosaicos o en otros objetos en el Bajo Imperio. También a modo de ejemplo citaremos alguno. En Conimbriga hay un mosaico en el que aparecen unos jinetes que, ayudados por perros, cazan ciervos y rebecos. En la Tarraconense se conoce el mosaico Dulcitius en el que un jinete alancea a una cierva, el de la villa Fortunatus con animales de caza (perdices, palomas, conejos) y otro en que aparecen ciervos y osos. Pero, sin duda, las más impresionantes escenas de cacería son las de la cúpula de Centcelles, de la provincia cartaginense; de Bureña (Teruel), unas sístula fechada en el Bajo Imperio en la que aparece una escena cinegética de dos cazadores armados persiguiendo a dos cabras montesas y un león, ayudados por un perro.

Un aspecto económico distinto tiene la actividad de la pesca en la Hispania antigua por lo que se refiere a su incidencia en los circuitos comerciales del Mediterráneo. Los autores grecolatinos, sobre todo Estrabón y Plinio, alabaron la riqueza piscícola de los ríos y las costas béticas. Estrabón llega a comparar las riquezas agrícolas del interior de Turdetania con las riquezas del mar. Los dos autores citados enumeran hasta dieciocho clases distintas de peces y cetáceos que se pescaban en las costas hispanas: faber (al que aluden también Columela y Ovidio), escombros (a lo largo de la costa de Mauritania y a la entrada del Atlántico al Mediterráneo en Carteia y de los que existen criaderos), Salpa (en Ebusus), pulpos, sepias, calamares, ballenas, ostras, muy apreciadas en las costas de Ilici (Elche) y abundantes en el Tajo y las de Tarragona que se crían en viveros en el Bajo Imperio, conchas, orcas, marsopas, congrios, murenas (muy ensalzada por Columela la murena tartesis, a la que ya hace referencia Aristófanes en Las Ranas) y peces similares, buccinas, múrices, atunes y colias. Esta riqueza era ya explotada antes de la llegada de los romanos para salazones y para la exportación, y se siguió explotando después de la conquista de la Península por Roma. La técnica del salazón la aportaron los púnicos, pues la gran abundancia de Salinas contribuía a una producción a bajo costo. Desde antiguo se desarrolló esta industria, como afirman las obras de algunos escritores de mediados del siglo V a. C. y de siglos posteriores en Atenas. Las salazones de Gades son citadas por Antífanes y Nicastro en el siglo IV. De la salazón ibérica habla Horacio. También en el Bajo Imperio se refieren a ellas Oribasio, médico y amigo de Luciano, para quien la salazón de Cádiz es la mejor, la Expositio totius mundi sin puntualizar el lugar de procedencia, el Talmud, que menciona la exportación de garum a Palestina y Líbano y que alaba los escombros de Cádiz como buenos y baratos.

Con la llegada de los romanos la explotación de los salazones no sólo no quedó paralizada, sino que aumentó, como ha demostrado hace ya tiempo el estudio de Ponsich y Tarradell. Hubo talleres de salazón en Almuñécar, Torrox, Torremolinos, San Pedro de Alcántara, Carteia, Villavieja, Baelo, Barbate, Cerrato del Trigo, Malaca, Cartago Nova, etc. Pero esta industria de salazones no sólo fue excepcional en la parte hispana en época republicana y alto imperial, sino que también tuvo un gran desarrollo en la orilla africana del estrecho. Así Lixus (con diez conjuntos de pequeñas industrias que exportaban pescados salados y garum), Tahadart (con seis conjuntos), Cotta, Sahara, Alcazarsegher, Sania et Torres, constituyeron los centros más importantes de producción. Se puede decir que la costa mauritana forma en esta época una unidad económica y administrativa con la Bética. Para la pesca e incluso el salazón de pescado podría haber sociedades que utilizaban trabajo asalariado o grupos de pescadores libres. Una inscripción de Cartagena de época de Augusto menciona una asociación de pescadores y revendedores; es una dedicatoria votiva a los Lares Augustales y a Mercurio. Como en tantas otras asociaciones, junto a la veneración a un dios protector, se busca la defensa corporativa contra el intrusismo de pescadores privados. Ya hemos visto en otro lugar cómo estas asociaciones de carácter profesional están bien representadas en Hispania.

Pero la exportación de garum a lugares alejados del Mediterráneo requiere una compleja organización comercial que desbordaba las posibilidades de los pequeños propietarios. Hay una inscripción de Roma (CIL VI, 2, 9677) que nos informa de que los exportadores de garum de Málaga se agrupaban en una asociación, de la que se conoce el nombre del presidente: Q. Q. (Quinquenalis) corporis negotiantium, malacitanorum, P. Clodius Athenius, negotians salsarius.

Por otra parte, algunos autores, entre ellos Blázquez, han querido ver en los atunes o delfines representados en las monedas de algunas ciudades béticas (Abdera, Sexi, Gades) el reflejo de las riquezas de salazones de estas ciudades, pero el problema surge al tratar de explicar por qué estas representaciones existen también en ciudades del interior (Asido, Caura, Ilipa Itucci).

Junto a las noticias relativamente abundantes de los autores antiguos sobre la riqueza pesquera del Mediterráneo, no faltan datos aislados en la costa atlántica que, según Polibio, abundaba en peces de todo tipo, o a la riqueza del Tajo en peces y ostras. Blanco Freijeiro sugiere que la pesca debió de ser una de las bases de la alimentación de los pueblos del norte por el tipo de olla de cuello inclinado hacia fuera aparecida en los castros y por la gran cantidad de espinas de pescado y conchas halladas en ellos.

En el Bajo Imperio las industrias de salazón recuperaron después de las invasiones del siglo III la importancia que habían tenido en época anterior. Pero quizá ya en estos momentos no haya una gran exportación a pesar de algunas noticias aisladas (Ausonio menciona el garum de Barcelona como bocado exquisito, al agradecerle a su hijo el enviárselo, pues entre los hallazgos submarinos de la costa hispana no se cuentan ánforas del Bajo Imperio). Que la pesca siguió siendo una fuente de alimentos lo prueba el que en la villa de Tossa (Gerona) hayan aparecido en abundancia ostras, caracoles (de mar, de distintas especies) y conchas o que en la necrópolis de Sant Fruitós de Tarragona a veces aparezcan conchas en gran cantidad.

En Lusitania no se encuentran alusiones a la pesca en el Bajo Imperio, aunque es probable que continuara teniendo importancia como en tiempos de Estrabón y Polibio. En Gallaecia y Asturia la base de la alimentación en castros que llegan hasta el Bajo Imperio eran la pesca y los mariscos, de lo que tenemos una prueba evidente en los concheros del Castro de A Lanzada.

SECTOR ARTESANAL

Aunque la actividad artesanal en Hispania aumentó considerablemente en el Imperio con respecto a lo que sucedía en época prerromana, e incluso, republicana, este sector continuó siendo secundario y restringido casi al consumo local y artículos de primera necesidad, salvo en ramos muy concretos cuyo desarrollo estaba relacionado con el de otros sectores económicos. Se siguen manteniendo las dos antiguas formas de producción artesanal, los talleres domésticos, que elaboran una gran cantidad de productos para uso propio, y los grandes talleres; ambos atendían las necesidades locales.

Pocos de los talleres hispánicos rebasaban el marco local y se especializaban en exportar sus mercancías a otras regiones, lo que incidía en que la unidad dominante de la producción fuera el taller de pequeñas dimensiones, en el que trabajaban el propietario con miembros de su familia y un pequeño número de esclavos, libertos o asalariados libres. En ocasiones, ante un aumento de demanda, se prefería aumentar el número de talleres de estas características que ampliar el originario.

Los talleres artesanales cubrían las necesidades de la sociedad, aunque no fue así en todos los sectores. Por ejemplo, Hispania exportaba sobre todo materias primas (productos mineros y agropecuarios), mientras que en el comercio de productos manufacturados la exportación era menor que la importación.

El desarrollo económico de otros sectores y el cambio en la forma de vida y las creencias trajeron consigo el desarrollo de la artesanía. El aumento de la producción minera implicó el de la producción artesanal de máquinas y herramientas utilizadas en la explotación del mineral y de barcos para la exportación. El incremento de las industrias de salazón y agrícolas (cereales, vino y aceite) y el comercio de estos productos exigió una industria secundaria de fabricación de ánforas para usar como envases, como testifican la gran cantidad de escombreras de hornos cerámicos y de fragmentos de alfarería, dispersos no sólo por la Península Ibérica, sino por otras áreas del Imperio (Roma, el limes, etc.). Esto explica que el Valle del Guadalquivir, por ejemplo, como han demostrado Callender y Chic, entre otros, estuviera lleno de alfares.

Capítulo importante es el de las obras públicas, que en muchos casos están mediatizadas por el desarrollo propio de las actividades económicas (puentes y acueductos, obras hidráulicas o vías), pero muy frecuentemente están en función de la implantación de la vida urbana y del grado de asimilación de las formas ideológicas y culturales de carácter romano.

A medida que la vida urbana, elemento fundamental de la estructura económica y político-social romana, se fue implantando, su desarrollo tuvo su máxima expresión tanto en la transformación de los núcleos urbanos indígenas existentes como la fundación de ciudades nuevas. Por otra parte, la concesión a muchas ciudades de estatutos privilegiados «obligó» a los grupos de la oligarquía municipal a imitar las formas de vida romanas del ocio, que tenía lugar en construcciones públicas como termas, teatros, anfiteatros, arcos y templos. La consecuencia inmediata fue el desarrollo de muchos talleres artesanales y el aumento del transporte. Lo que nos ha quedado de aquel esplendor, bien por tratarse de monumentos que han permanecido en pie a lo largo de los siglos, bien porque se van desenterrando en excavaciones arqueológicas de época romana es visible en los restos de las ciudades.

Este urbanismo de tipo romano se da, sobre todo, en los núcleos de nueva planta, pues, cuando se trata de continuidad de poblamiento, encontramos que las ciudades preexistentes únicamente han incluido las obras públicas necesarias para desarrollar los nuevos modos de vida.

Muchas de estas ciudades han conservado hasta la actualidad su estructura urbanística romana original, así Mérida, Zaragoza y Tarragona entre las urbes modernas levantadas sobre antiguas. Debido a la nueva situación, la arquitectura, escultura y pintura alcanzaron una gran perfección técnica en Hispania. En el campo de la arquitectura destacan las obras públicas: murallas y restos de recintos amurallados, foros, teatros, templos, anfiteatros, circos y termas. Los materiales de construcción se obtenían de los lugares próximos a los núcleos de población, salvo algunos especialmente lujosos como los mármoles.

En el campo de la escultura, sobre la cual hay un estudio de García y Bellido para España y Portugal, el mayor número de ejemplares o restos de los mismos se encuentra en ciudades donde las formas romanas han sido asimiladas más a fondo: Emerita Augusta, itálica, Tarraco y otras ciudades del sur y este peninsular con estatuto de colonia o municipio. Existían talleres hispanos que copiaban modelos griegos y romanos, aunque en algún caso especial también se importaron esculturas. En las zonas más romanizadas destaca la producción de esculturas, tanto profanas como religiosas. El retrato, según García y Bellido, tuvo su máxima difusión en Hispania en el siglo I d. C. Los retratos representaban a los emperadores y miembros de la familia imperial, sacerdotes y particulares. En cuanto a las estatuas de personajes, togati y thoracati, las primeras abundan más en el siglo I que en el siglo II d. C., mientras que las últimas son más frecuentes en el siglo II d. C.

También en el Alto Imperio son abundantes las estatuas de divinidades, sobre todo en aquellas ciudades con estatuto jurídico superior, Mérida, itálica y Tarragona, y realizadas la mayoría en talleres locales en época de los Antoninos y los Severos. Como ha visto Mangas, no se puede establecer una relación entre la importancia de los dioses en la escala jerárquica de la mitología y el número de imágenes de los mismos halladas hasta el momento.

Como otro producto más del sector artesanal deben considerarse las numerosas inscripciones (cuyo número aumenta considerablemente) realizadas sobre bases de estatuas, aras votivas o funerarias, placas, estelas funerarias que muestran, a partir del análisis de los símbolos y elementos decorativos, la existencia de gran cantidad de talleres locales. En las áreas donde la romanización ha sido menor la escultura está representada por estas estelas (estudiadas desde el punto de vista formal para los conventos cesaraugustano y cluniense por Marco Simón) de una gran variedad decorativa y con una factura que demuestra el gran dominio técnico de la escultura en bajorrelieve.

La pintura, por su propia naturaleza perecedera, ha ofrecido menos muestras y un mal estado de conservación, correspondiendo la mayoría de ellas al Bajo Imperio, como se verá más adelante. A pesar de esta escasez de ejemplos sabemos que la decoración parietal de edificios públicos y privados era habitual en Hispania y se realizaba en técnicas análogas a las del resto del Imperio.

Otro aspecto importante de la producción artesanal relacionado en gran medida con la arquitectura y la escultura son los mosaicos que decoran las grandes mansiones de los núcleos urbanos, cuando la oligarquía residía en los mismos, o las villae de los terratenientes a partir de finales del siglo II en que aquella se establece en el campo. En otro lugar analizamos también este aspecto, pero diremos ahora que los temas de los mosaicos hispanos son semejantes a los de otras zonas del Imperio y que, por las firmas que se han conservado, podemos deducir que había muchos musivarios griegos.

La existencia de fábricas de vidrio en la Península es conocida por Plinio, y parece que en Mataró (Barcelona) y en Santa Colomba de Somoza (León) hay restos de hornos de vidrio, como en otras zonas occidentales del Imperio, lo cual supuso reducir las importaciones de vidrios orientales. La producción de estas fábricas que comenzaron a finales de la República fue, si no muy abundante, al menos, variada y objeto de una gran demanda. Estatuas y lucernas de bronce salieron de los talleres de fundición, de los que se conocen el de Turiasso y el de Bilbilis. Al parecer también continuaron su actividad en época romana varios de los talleres de armas, tan numerosos en época prerromana.

Otros muchos productos artesanales alcanzaron una gran perfección técnica: instrumental médico, horquillas y alfileres de hueso, piedras preciosas engarzadas en anillos y collares, o halladas sueltas. La mano de obra empleada en este sector está en función de la actividad de que se trate. Así, por ejemplo, en el de las de industrias extractivas y en el de la construcción de grandes obras públicas (puentes, acueductos, teatros, circos, etc.) se utilizan masas de trabajadores que superaban el marco local, aportando los municipios y las tropas legionarias una importante mano de obra, mientras que en los talleres artesanales, que, como hemos visto, eran de pequeñas dimensiones, trabajaban el dueño y unos pocos esclavos, libertos e individuos libres. De los nombres de artistas y artesanos conocidos hasta ahora se puede deducir que hay tanto nombres griegos como latinos y que el estatuto social era muy variado, desde ciudadanos romanos hasta esclavos, pasando por libres no ciudadanos y libertos. Conocemos por la epigrafía varios colegios de artesanos, a los que nos hemos referido anteriormente. Su análisis pone de manifiesto que el asociacionismo popular se generalizó en las áreas más romanizadas, que es, además, donde se produce mayor actividad económica.

La propiedad de los talleres artesanales parece que era privada de acuerdo con los pocos datos que tenemos, aunque, por ejemplo, el emperador poseía canteras, como se deduce de una inscripción de itálica en la que se cita una asociación de trabajadores de una cantera, serrarii Augustorum. El estatus jurídico de los propietarios era muy variado, tanto ciudadanos, como libres no ciudadanos o libertos encuentran aquí un buen medio de mejorar sus condiciones de vida, manteniéndose como unidad productiva básica el pequeño taller que atiende a las necesidades locales, de ahí la multiplicidad de los mismos.

Hemos dejado para el final el análisis de la Terra sigillata hispánica por tratarse de un aspecto especialmente significativo dentro del sector artesanal.

La Terra sigillata hispana forma parte de la categoría de cerámicas en «barniz» rojo que han imitado, competido y suplantado las producciones de Arezzo (Italia) en las provincias occidentales del Imperio (Hispania, Galia y Africa, sobre todo). Según Mayet, se trata de las cerámicas de barniz rojo o anaranjado que presentan sellos de oficina, decoraciones diferentes (barbotina, de molde, lineal, etc.), imitando las producciones de Italia y Galia durante el Alto Imperio e influidas por las sigillatas africanas y paleocristianas en el Bajo Imperio. El término latino officina designa el taller de terra sigillata y, por extensión, al conjunto de artesanos y esclavos trabajando para un mismo officinator, que es el dominus de una villa, un notable de un municipio o un maestro-alfarero. Arqueológicamente se detectan estos talleres cuando se descubre gran número de fragmentos de moldes y de vasos que se correspondan con éstos, descubriendo, si es posible, vestigios del proceso de cocción, hornos o restos de los mismos o depósitos de escombros, si los lugares han sido suficientemente protegidos. De acuerdo con estos restos se realiza una distinción entre pequeños centros de producción de escala local, como Abella y Solsona en Lérida, Bronchales en Teruel y Granada, y grandes centros de producción, entre los que sobresalen, sin ninguna duda, Andújar en Jaén, con imitación de formas gálicas inactividad desde Claudio hasta fines del siglo II d. C., y Tritium Magallum (Tricio, La Rioja) con imitación de modelos del sur de la Galia y con un florecimiento en el siglo I d. C. comenzando a decaer a fines del siglo II d. C. Estos alfares han sido estudiados por Garabito y Solovera. Sus formas y moldes se han distribuido tanto en otras zonas de la Península Ibérica como en la Mauritania Tingitana.

A través del estudio onomástico de las marcas de alfarero, en el fondo de las formas lisas y sobre la «panza» de las formas decoradas, se llega a la conclusión que la proporción de hombres libres con una total latinización (tria nómina) es casi absoluta.

A partir de los estudios de Mayet, Roca, Mezquiriz, Beltrán y Garabito, entre otros, estamos en disposición de poder avanzar una hipótesis sobre las estructuras de producción de la sigillata hispánica en comparación con la aretina y la gálica. El officinator era el responsable de la producción y jefe de taller, según las noticias de la epigrafía y de Apuleyo. No implica necesariamente que sea el propietario, pero en ciertos casos no será el artesano-alfarero y sí el que posea hombres (libres y esclavos) y medios para la producción.

La mayoría de los talleres son de pequeña extensión, ya que se han detectado 240 oficinas en los sellos, situación parecida a la de Arezzo: pequeños talleres que predominan al lado de grandes firmas, dominando la producción y la difusión. Esta fragmentación parece sorprendente, si pensamos en la estandarización de las formas y la uniformidad de las decoraciones de la sigillata hispánica.

Son muy escasas las asociaciones (collegia) de officinatores en los sellos de alfarero, como ocurre en los talleres itálicos y galos. La calidad uniforme de los productos cerámicos se explicaría porque la cerámica destinada a ser vendida fuera de los talleres corresponde a los gustos de los clientes y quienes conocen estos gustos y los imponen a los productores son los negotiatores. Mayet considera la hipótesis de que los negotiatores adelantaran al artesano (officinator) la materia prima y una parte de su salario, siguiendo las normas de producción cerámica impuestas por ellos. El resto del salario se pagaba al finalizar el producto. La difusión de la sigillata hispánica es interprovincial. En el caso de Andújar (Jaén), las vías de comunicación han influido decisivamente en su comercialización y han tenido un papel complementario dentro del comercio más importante de aceite, trigo, vino y garum. Los productos de ciertas officinae de Tritium Magallum aparecen por toda la Península y Mauritania Tingitana. Posiblemente Mérida ha servido como centro de redistribución para la comercialización en Lusitania, la Bética y Mauritania Tingitana.

Durante el Bajo Imperio la situación cambia, desaparece la comercialización en Mauritania y todas las franjas litorales reciben importaciones masivas de sigillatas africanas.

El sector artesanal en el Bajo Imperio

Es muy poco lo que sabemos del papel desempeñado por las distintas actividades del sector artesanal dentro de la estructura económica hispana en el Bajo Imperio, sobre todo en lo que se refiere a la propiedad de los medios de producción y a la mano de obra empleada, tanto sobre su cualificación profesional como de su estatuto jurídico. Por ello, nos conformaremos con enumerar, de acuerdo con los datos de la arqueología y las fuentes escritas, los distintos ámbitos del sector artesanal, que, en muchos casos, se podrían analizar también bajo el aspecto del comercio de exportación e importación.

Uno de los aspectos más sobresalientes de la actividad artesanal bajoimperial en Hispania es el de la forja del metal en relación con los latifundios y la importancia de la caballería. Se han hallado numerosos arneses de caballos repartidos por toda la Península Ibérica (Caesaraugusta, Castulo, Cimanes de la Vega, Clunia, Córdoba, Cubillos de Cerrato, Marchena, Mérida, Poyato de Peñacabra, Villaricos, etc.) más abundantes que en el resto del Imperio, gran cantidad de piezas de bocado de caballos, entre las que destacan las ruedecillas caladas con cuidada decoración (motivos geométricos y vegetales, zoomorfa —sobre todo caballos— e incluso paleocristiana), así como elementos de carros, como el de Poyato de Peñacabra (Guadalajara) con cabeza de Attis. Son, asimismo, abundantes los puñales y hebillas o broches de cinturón de bronce hallados en la necrópolis del Valle del Duero y en otras regiones del sur y Lusitania. El parentesco de los broches de cinturón con los de Germania ha hecho que estas necrópolis se hayan puesto frecuentemente en relación con la posible existencia de grupos de gentes centroeuropeas asentadas en las zonas del nunca confirmado limes del norte de la Península. Por su parte, los puñales tienen un claro parentesco con las armas celtibéricas, por lo que se piensa que serían obra de artesanos locales que mantienen la tradición de Cogotas y Monte Bernorio. Asociados a estos hallazgos se encuentran también vasos y recipientes de bronce.

No menos importante dentro de la forja del metal es el hallazgo de instrumentos agrícolas, como el de Fuentespreadas en Zamora, que confirman la idea de que los talleres artesanales para la forja del metal están destinados esencialmente a cubrir las necesidades de los grandes latifundios y no a la exportación.

En opinión de Sayas, la difusión de estos talleres y sus productos nos están mostrando indirectamente la pervivencia de las explotaciones de las minas de estaño, cobre y hierro.

La producción interna de cerámica sufre una especie de estancamiento con relación a la etapa anterior, sin que haya ya grandes centros productores como sucedía en Andújar o Tricio. Se han descubierto hornos que fabricaban terra sigillata clara, típica del Bajo Imperio, localizados sobre todo en el Levante y algunos en el sur, aunque también hay uno en Villalpando (Zamora). También se han encontrado, sobre todo en la Bética, ladrillos estampados paleocristianos que siguen prototipos africanos.

En esta etapa en la Península Ibérica se aprecian claramente dos corrientes cerámicas, una que fabrica cerámica roja de gran tamaño y con motivos estampados, que procede de Cartago, y otra que tiene piezas más pequeñas y de color gris, de origen provenzal. Junto a ellas se siguen fabricando cerámicas de tradición indígena, decoradas a franjas, que han aparecido sobre todo en necrópolis de la cuenca del Duero.

El trabajo de las canteras tuvo también su importancia y proporcionaba material para la elaboración de sarcófagos, esculturas, lápidas y otros objetos, aunque se produce un descenso del trabajo de la piedra con respecto a otras épocas. Los retratos y esculturas del Bajo Imperio son escasos, aunque en algún momento (un ejemplo en época de Constantino), debido a la recuperación económica, volvió a aumentar el número. Los escultores producen piezas sueltas y escasas en número que son fiel reflejo del arte romano provincial, produciéndose una gran libertad en la interpretación de los modelos recibidos.

Capítulo especial dentro de la labra de la piedra merecen los sarcófagos. De Roma, que era una ciudad eminentemente consumista, se importaron bastante sarcófagos tanto en Hispania como en otros puntos del Imperio. Los hallazgos hispanos son, sobre todo, abundantes en la Bética, especialmente en Córdoba, aunque hay también algún ejemplar o fragmento en Gerona, Barcelona, Toledo (Layos, Erustes), León, Zaragoza (Castilíscar), Albacete (Hellín), Valencia y Tarragona. Junto a ellos hay otros de procedencia oriental, aunque es posible que éstos hayan sido trabajados en Hispania por artífices orientales.

A medida que la demanda fue aumentando, a pesar de ser algo exclusivo de las clases altas debido su alto coste, comenzó su producción en Hispania copiándose técnicas y temática. Según Blázquez, en la Península Ibérica se pueden distinguir tres talleres de sarcófagos paleocristianos: uno en La Bureba (Burgos) en el siglo IV, del que se conocen varios ejemplares, con influencias griegas y norteafricanas y una acusada tendencia a la estilización, que puede ser debida a las influencias de las estelas de Lara de los Infantes; el de Tarraco, del siglo V según Palol, que imita sobre todo modelos de Cartago, y un taller bético con ejemplares en Écija, Alcaudete y Singilia Barba con influjos orientales.

En el Bajo Imperio tiene lugar un gran desarrollo de la musivaria. Según Blázquez, el cincuenta por ciento de los mosaicos hispanos son de este período. Paralelamente al proceso de abandono de la ciudad por los grandes propietarios se produce su instalación en las lujosas villae del campo, que son adornadas con excelentes ejemplos de mosaicos. Hay una cierta uniformidad en los mosaicos de toda la Meseta norte con sus puntos extremos en Huesca, Navarra, Mérida y Ciudad Real, mientras que los mosaicos béticos y del sudoeste siguen otras tendencias. Con respecto a la realización de los mosaicos hispanos hay dos teorías distintas, una que propone que han sido realizados por gentes venidas de África y la mantenida por aquellos que piensan que de África vinieron los cartones cuyos temas se mezclaban en los mosaicos concretos. No parece que los nombres de los musivarios (Ceciliano, Marcelo, Marciano o Aunio Ponio) avalen la primera hipótesis.

Las noticias de las fuentes escritas y de las representaciones de los mosaicos ponen también de manifiesto la existencia de una industria textil en Hispania en el Bajo Imperio y en ese sentido deben entenderse las referencias a la lana de Asturias en el edicto de precios de Diocleciano, la vestis varia de la Expositio totius mundi, la capa hispana regalada a San jerónimo y las telas transparentes de un mosaico báquico de Alcalá de Henares (Madrid).

Finalmente, pero no porque tenga menor importancia, hay que hablar de la industria de salazón, cuya producción había disminuido, aunque se seguían produciendo conservas. El complicado proceso de preparación del garum dio lugar a una industria hispánica muy especializada que se prolongó durante todo el Imperio, aunque a partir del siglo III experimentó una sensible reducción. No obstante, sabemos que siguió durante el Bajo Imperio, pues aparece en la Expositio con el nombre de liquamen, Ausonio consume en Burdeos un garum procedente de Barcelona y la documentación arqueológica para el sudeste y la zona del estrecho recogida por Ponsich y Tarradell así lo confirma. Las factorías de salazón seguían trabajando en el Bajo Imperio (Limis hasta el siglo V, Sahara y Alcazarsegher hasta fines del siglo IV y lo mismo que las de Xábia, y las de Baelo fueron rehechas después de las invasiones con materiales del Capitolio). La producción de Mauritania Tingitana, que formaba parte de la diócesis Hispaniarum, debió de ser canalizada a través de Cádiz. Pero la importancia y la producción de las factorías hispanas tuvo que descender, pues en ese momento la Península Ibérica estaba alejada del comercio militar, de la corte y de los mercados bárbaros (el eje Rhin-Danubio-Balcanes-Asia Menor).

Hay, además, restos de otras actividades artesanales, aparte, claro está, de las relacionadas con las herramientas de labranza, los utensilios utilizados en la industria de salazón, los aparejos e instrumentos para la explotación minera, los necesarios para la industria textil, etc., pero que no son significativas.

VÍAS FLUVIALES, MARÍTIMAS Y TERRESTRES

Durante todo el período imperial se siguieron empleando las vías fluviales y marítimas que se habían usado durante el republicano e incluso la mayoría de ellas en época prerromana por tratarse de vías naturales debidas a la navegabilidad de los ríos, a la accesibilidad de los esteros y a los vientos y corrientes más o menos favorables del Mediterráneo. Donde realmente se produce un cambio sustancial es en el desarrollo de las vías terrestres, pues, aunque en muchos casos los trazados se realizan por caminos naturales usados ya desde épocas más antiguas, el pavimentado «al modo romano» se realiza, sobre todo, a partir de Augusto, principal planificador de la red viaria hispana.

Dejando de lado la discusión de si los ríos de la Península ofrecían mejores condiciones de navegabilidad durante la Antigüedad por llevar mayor caudal de agua (Schulten), o si el régimen de lluvias y el cauce de los ríos no han sufrido modificaciones sustanciales desde época romana (Balil) parece que aún hoy los ríos serían igualmente navegables (salvo regulaciones de caudal por presas modernas) si se emplearan el mismo tipo de barcos que en la Antigüedad.

Según los autores antiguos, sobre todo Estrabón, Plinio y Apiano, que recoge Blázquez en varios de sus trabajos sobre economía de la Península Ibérica, casi todos los ríos de Hispania eran navegables. Incluso de algunos cauces, como el del Betis, Estrabón diferencia el tipo de navegación que puede realizarse hasta una serie de puntos concretos. Puede remontarse navegando hasta una distancia de 2200 estadios, desde el mar hasta Córdoba y hasta algo más arriba. Hasta Hispalis, lo que supone cerca de 800 estadios, pueden subir navíos de gran tamaño, hasta las ciudades de más arriba, como Ilipa, sólo los pequeños. Para llegar a Córdoba es preciso usar ya de barcas de ribera, hoy hechas de piezas ensambladas, pero que los antiguos construían de un solo tronco; más arriba de Castulo el río deja de ser navegable. Además del Betis, eran navegables, según los autores citados, el Iberus, Anas, Calligius (Sado), Tagus, Durius, Limia y Minius. Otras distancias de navegabilidad ofrecidas por estos autores son 800 estadios para el Duero, el Sado hasta Alcacer do Sal, a unos 40 km de la costa, y el Miño, según cálculos de Estrabón, 800 estadios. Del Anas dice el geógrafo de Amasia que era navegable un buen trecho, si bien no tan lejos, ni en naves tan grandes como el Betis, habiendo en Emerita Augusta uno de los pocos puertos fluviales de la Península. Su desembocadura era apta para la navegación, incluso para navíos grandes, también según el propio Estrabón. Para este autor el Tajo era navegable para grandes barcos hasta muy arriba.

Del Ebro sabemos que su curso medio era surcado por barcos pequeños, pues César en el año 49 a. C. describe la requisa que realizaron los pompeyanos de barcos pequeños para construir un puente en Otogesa, ciudad situada hacia Mequinenza (Zaragoza) o Riba-roja (Tarragona). Plinio dice, además, que el Ebro era navegable hasta Vareia, actual Varea, al norte de La Rioja.

Junto a los tramos navegables de los ríos Estrabón cita gran número de abras y esteros según él, escotaduras litorales que el agua del mar llena en la pleamar, y por las que se puede navegar, remontando la corriente, como por los ríos hasta el interior de las tierras y las ciudades de sus orillas que con la pleamar empujaban los barcos tierra adentro, citando en particular los estuarios de Hasta, Nabrissa, Onoba y Ossonoba. También en la costa atlántica había estuarios navegables como los del Sado.

Por otra parte hay suficientes datos para saber que se navegaba con plena normalidad por el Mediterráneo. A los restos arqueológicos de esta navegación hay que unir que los barcos tardaban una semana de Gades a Ostia, o que la rapidez de los correos marítimos tuvieron a Cicerón al corriente de lo que sucedía en el sur de la Península durante la Guerra civil. Sabemos también que el viaje de Cádiz a Tarraco se realizaba frecuentemente por mar, como lo hizo César en naves gaditanas construidas por Varrón.

No parece que pueda hablarse de una modificación cualitativa de las condiciones técnicas del transporte marítimo y fluvial, sino que los posibles cambios estaban únicamente en función de la mayor o menor actividad que dependía del excedente disponible para comerciar, así como el empleo de la ruta marítima del Atlántico hacia las Galias y Britania. No obstante sí debió de haber, por razones no sólo comerciales sino de naturaleza administrativa y militar, una extensa obra de adecuación y construcción de puertos marítimos y fluviales.

Pero la verdadera labor de los romanos en lo que a comunicaciones se refiere fue la de dotar a la Península de una gran red de vías terrestres, que superaran las dificultades de la navegación marítima durante los meses de invierno, aprovechando las viejas rutas anteriores y adaptándose a las condiciones geográficas.

Las necesidades de la conquista tuvieron gran influencia en el trazado de las vías en los primeros momentos, pero pronto primaron la comunicación y el comercio. Para su conocimiento, aparte de las noticias de las fuentes referidas a la conquista, tenemos los distintos itineraria hispana, recogidos por Roldán en el libro del mismo título (Vasos de Vicarello, Itinerario de Barro de Astorga, Itinerario de Antonino y Tabula Peutingeriana) y la gran cantidad de miliarios del Alto y Bajo Imperio cuyo hallazgo ha ido jalonando las vías romanas de Hispania, principales y secundarias.

La más antigua e importante de estas rutas en Hispania es la comercial que, desde las Galias, llegaba a Cartagena internándose luego hacia el oeste por el Valle del Guadalquivir. Era la llamada vía Heraklea o Herculea que llevaba del Ródano a Gades al final de la República uniendo núcleos de tanta importancia como Castulo, Corduba, Astigi e Hispalis. Augusto, constructor de muchas millas de vías en todo el Imperio dentro de su programa de favorecer la paz y la prosperidad económica, planifica la red viaria hispana como un cinturón de calzadas que rodeaban la Meseta, comunicando los centros más importantes del interior con la costa oriental o, en algunos casos, los núcleos del suroeste y sur de Lusitania con el noroeste pasando por el Valle inferior del Tajo y del Duero. La vía llamada entonces Heraklea recibió el nombre de Augusta, fue pavimentada y jalonada con estaciones de descanso y miliarios que señalaban las distancias. Desde los Pirineos a Cartagena, de acuerdo con los datos recogidos por Balil, han sido hallados 21 miliarios de Augusto, seis de Tiberio, dos de Claudio, cuatro de Nerón, dos de Vespasiano, tres de Domiciano, uno de Trajano, dos de Adriano, uno de Máximo, cuatro de Decio y uno de Galerio, donde se ve con clara nitidez la acción de Augusto.

Junto a esta vía de comunicación de la costa oriental con la Galia y, a través de ella, con Italia y Roma, hay otra que une todo el norte también con la Galia, en este caso con Burdeos; es la que va de Asturica (Astorga) a Burdigala (Burdeos), al sur de la cordillera cantábrica, como antes he dicho, penetrando en territorio alavés una vez pasado Pancorbo y pasando los Pirineos después de haber llegado hasta Pamplona.

Durante buena parte del recorrido esta vía se confunde con otra que, llegando al territorio de los autrigones, se desvía hacia el Valle del Ebro para llegar hasta Zaragoza.

Cerrando el circuito, el oeste quedó comunicado de sur a norte por la llamada posteriormente Vía de la Plata, un antiguo camino utilizado por los tartesios que enlazaba Mérida con Astorga, por Cáceres y Salamanca, con prolongación por el sur hasta Huelva y por el norte hacia Galicia y Asturias. En el recorrido entre Mérida y Astorga se han hallado, según datos de nuevo de Balil, un miliario de Tiberio, tres de Nerón, ocho de Trajano y uno de Maximino. Del análisis de estos y otros miliarios parece que puede deducirse que los primeros emperadores prestaron mayor atención a las vías del centro, sur y este de la Península, incluyéndose en estas preocupaciones sólo en la segunda mitad del siglo I la vía que unía Sevilla y Mérida con los centros mineros del noroeste y sólo muy tardíamente las vías secundarias.

Más al oeste de la Vía de la Plata y paralela a ella era la que comunicaba Bracara Augusta (Braga) con Olisipo (Lisboa), que se prolongaba hacia el sur hasta Pax Iulia y la desembocadura del Guadiana. Este cinturón periférico era unido con los núcleos del interior por caminos transversales; el principal era uno que unía por el sur Mérida con Hispalis y por el norte la primera de las dos ciudades citadas y Caesaraugusta, atravesando la Meseta por Toledo y continuando hasta Tarragona después de Zaragoza.

En el noroeste surgió una compleja red viaria que ponía en comunicación los centros administrativos de Asturica, Bracara y Lucus, así como Asturia, que atendían las necesidades inherentes a las importantes explotaciones mineras de la zona (oro, hierro, cobre, etc.). De este modo se fueron configurando una serie de centros de gran importancia económica y administrativa que se comunicaban entre sí y con la costa y que funcionaban como verdaderos nudos de comunicación. Estos centros eran Astorga, centro de la región minera del noroeste, con acceso a la costa y a los ríos navegables; Mérida y Sevilla, puntos de confluencia de los productos agrícolas del Guadiana y Guadalquivir; Castulo, centro de la zona de Sierra Morena; Zaragoza, Centro del Valle del Ebro, con acceso directo hacia la Meseta y hacia el norte, y Tarraco, punto de confluencia de las vías del interior y lugar de acceso al Mediterráneo.

EL COMERCIO

Ya hemos visto cómo las necesidades de tipo militar, administrativo y comercial llevaron a la construcción de vías terrestres y a la ampliación o creación de nuevos puertos marítimos y fluviales.

Del mismo modo, Roma, aunque respetó en un principio las acuñaciones locales de Hispania de influencia griega y púnica, buscó el control de las acuñaciones monetarias, que fue total cuando consolidó realmente su posición. A partir de mediados del siglo II a. C. Roma controla las emisiones del área ibérica.

Desde que parte del territorio de la Península Ibérica se convirtió en dominio permanente de Roma las tropas estuvieron allí acantonadas, lo que hizo que una serie de elementos civiles de toda extracción acompañaran al ejército para subvenir a sus necesidades. Entre ellos destaca, desde el punto de vista de los intercambios comerciales, el buhonero, pequeño comerciante ambulante que compraba a los soldados el botín de guerra y, además, hacía llegar a los distintos puntos del interior y al propio ejército gran cantidad de objetos importados. Hay varios pasajes de la conquista en que aparecen estos individuos. Así, cuando Escipión se pone al frente del ejército que sitia Numancia, expulsa a magos, adivinos, prostitutas y buhoneros. También en otros relatos como el del sitio de Astapa en el 206 a. C. o en la campaña de Catón de 123 a. C. se cita a los buhoneros que acompañan al ejército.

Pero en relación con el ejército y el comercio tienen una mayor importancia los publicani, individuos que contaban con un contrato estatal sobre los beneficios que podían obtenerse del ejército. En su mayoría pertenecían al orden ecuestre y se especializaron en diferentes negocios, de donde recibieron distintos nombres: redemptores o abastecedores de trigo a las legiones, mercatores o mercaderes del ejército, pero, sobre todo, mangones o mercatores venalicii, comerciantes de esclavos. Su importancia es evidente teniendo en cuenta que en estos momentos, al final de la República, la mano de obra dominante es esclava y en la Península se están desarrollando las guerras de conquista de forma continuada con toma de prisioneros.

Tenemos pocas noticias en las fuentes literarias o en la epigrafía que hagan referencia a operaciones comerciales; por ello, son los testimonios arqueológicos los que pueden aportarnos luz sobre el comercio en época republicana. Precisamente estos datos prueban la existencia de un intenso comercio en Italia a partir del siglo II a. C. Sin duda, el comercio de mayor volumen y, por ello, el de mayores consecuencias económicas y sociales era el exterior, bien entendido, como afirma Mangas, que exterior en este caso tiene un significado geográfico de «fuera de» la Península, pues tenía lugar dentro de los distintos dominios romanos sometidos al mismo poder político. Este comercio se realizaba en esta época casi exclusivamente por vía marítima, como deducimos de las noticias de Estrabón y otros autores antiguos, así como el hallazgo a lo largo de la costa de distintos pecios, aunque casi todos del Alto Imperio. La tardanza, además, no era excesivamente larga, pues un barco empleaba siete días para ir de Gades a Ostia y cuatro si salía de Tarragona.

Poseemos gran cantidad de testimonios de restos de cerámica de importación, aparecidos en el Este y en el mar, sobre todo en las costas mediterránea y atlántica meridional, entre los que se encuentran vasos campaniformes, cerámica aretina y, en menor cantidad, vidrios. Eran objeto también de importación vinos de Falerno y del Mediterráneo oriental, tapices asiáticos, cerámica de Alejandría y bronces y joyas alejandrinas destinados, sobre todo, a los colonos itálicos y a los indígenas más en contacto con ellos, es decir, las clases dirigentes indígenas.

De Hispania se exportaba sobre todo productos del sector primario, trigo, vino, aceite y otros productos pesqueros y derivados, como el salazón y el garum de las fábricas que continuaron los ya existentes en época prerromana. Eran exportados en menor volumen lana, tejidos y esparto.

Estas actividades repercutieron sobre todo en las ciudades portuarias que ya eran grandes centros urbanos incluso en época prerromana: Gades, fundada por los fenicios, había mantenido relaciones comerciales con todo el Mediterráneo y el norte de África, mientras que ahora monopolizaba la navegación entre el Mediterráneo y el Atlántico y concentraba la red fluvial del Guadalquivir y del Guadiana; la ruta del estaño hizo surgir el «puerto de los ártabros» en la desembocadura del Miño, así como puertos intermedios de escala (Portimâo en el Algarve y Olisipo, que fue mejorado por los romanos); Carteia, que desde la conquista romana se convirtió en enclave para los intercambios con el área africana del Estado; Cartago Nova (Cartagena), por donde pasaba para su exportación el mineral de las minas de su entorno y los productos de la meseta Sur; Tarraco, que controlaba el acceso a las zonas trigueras del Valle del Ebro. Junto a estos puertos marítimos se pueden contar otros en las vías fluviales y en los esteros: Asta, Hispalis, itálica, Ilipa, Astigi, Obulco, Munda, Ategua, Tucci, Urso, Ulia, Corduba, eran algunos de ellos.

La piratería constituía un mal endémico en el Mediterráneo y el Estado protegió el comercio realizando operaciones de represalia contra los piratas, tal como reflejan varios pasajes de las fuentes literarias. A finales de la República existían en la regiones en que mayor había sido el impacto colonizador familias indígenas que eran activos y ricos comerciantes, como es el caso de los Balbo de Cádiz, enriquecidos con el comercio marítimo. La pax augusta trajo consigo un gran desarrollo del comercio interprovincial, principalmente objetos de primera necesidad, productos alimenticios, lanas, maderas de construcción, metales y productos manufacturados, siendo Roma e Italia los polos de atracción de este comercio.

A lo largo del Alto Imperio el comercio de exportación en Hispania estuvo basado en artículos de primera necesidad, trigo, vino, aceite, pescado y sus derivados y, en menor medida, textiles y productos manufacturados de los que nos dan noticia las fuentes, aparte de los metales que se extraían en estos momentos en gran cantidad en las minas hispanas, como hemos visto en otro apartado.

Pero no toda la salida de productos tiene que ver con las relaciones comerciales pues, a los impuestos que las provincias pagaban a Roma en moneda y especie con destino a Roma y a los campamentos legionarios, hay que unir la producción de los dominios imperiales, que salía mayoritariamente de Hispania y eran controlados por funcionarios imperiales (procuratores, arkarii, tabularii, etc.).

Parece que la administración intervino en la organización del comercio, aunque no se sabe que haya sido de forma significativa hasta los Severos con la creación del fiscus rationis patrinionii de la Bética y el control de las asociaciones profesionales de banqueros. No debe, por otra parte, extrañar este intervencionismo, si tenemos en cuenta que, por tratarse en muchos casos de productos de primera necesidad para el aprovisionamiento de la ciudad de Roma y del ejército, había que evitar las especulaciones.

En la economía del Imperio la exportación agrícola y minera de la Península Ibérica era una pieza fundamental para el abastecimiento de mercancías, sobre todo el aceite producido en la Bética. Los miles de ánforas con estampilla procedentes de época imperial que han aparecido en muchos puntos nos dan idea de la magnitud de su comercio.

Hacia mediados del siglo I d. C. la exportación de aceite bético se basaba en una compleja organización comercial que exigía una complicada cadena de producción, en base, transporte y relaciones comerciales, en manos de los nanicularii y los diffusores olearii. El gran depósito de restos de ánforas del monte Testaccio, en Roma, cerca de Ostia, y las marcas de ánforas de tipo Dressel 20, halladas en la propia Bética y en diferentes puntos del Imperio, deberían servir para aclarar los puntos concretos de este comercio. Pero lo dificultan las divergencias sobre la datación de las ánforas del Testaccio y sobre el contenido de los sellos. No sabemos aún con absoluta certeza si éstos hacen referencia a los dueños del aceite, a los productores (claro cuando los sellos incluyen el nombre del fundus), a los compradores o los exportadores.

No está clara tampoco la vinculación entre los productores de aceite, de ánforas, comerciantes y transportistas, que, sin duda, tuvieron que tener relaciones múltiples y variadas. Las asociaciones entre productores y navicularios fueron frecuentes, como reflejan sellos de ánforas y algunos tituli picti. Como piensa Blázquez, es probable que estas asociaciones se diesen entre individuos que desempeñaban más de una función económica, como, por ejemplo, productores que pusieran directamente en el mercado sus productos o navicularios comerciales. Los diffusores olearii eran una especie de corredores de comercio entre productores y comerciantes que canalizaban la exportación a los lugares de demanda.

Aspecto importante es el del control fiscal del comercio del aceite, por ser considerado dentro del Imperio Romano materia estratégica. Esto llevó a la administración a ejercer un control cada vez más rígido y exclusivo que, tras diversas medidas de varios emperadores (Vespasiano, Cómodo), culmina con la creación por Septimio Severo de un órgano de control directo, el fiscirationis patrimoni provinciae Baeticae, que conocemos por letreros de las ánforas del Testaccio.

Tenemos bastantes datos sobre la organización del fisco. Existía un praefectus at oleum afrum et hispanum rescescendum a cuyas órdenes estaban los auditores. Se conocen también procuratores ripae Baetis, aunque no sabemos si únicamente cuidaban de la navegabilidad del río o también tenían alguna función en la expedición de productos o si ésta recaía en los dispensatores de los puertos.

Aunque existió el comercio libre, el tráfico del aceite bético, así como el del vino, fue controlado por el annona imperial, para asegurar el aprovisionamiento de la población de Roma y del Ejército del limes. Junto al aceite y al vino, la exportación de conservas de pescado, salazones y garum realiza un importante papel en la economía de la Bética, y de la costa ibérica en general. Ánforas de envase de estos productos han aparecido, aparte de en todo el Mediterráneo occidental y Roma, en muchas ciudades de la Galia, Britania y el Rhin. Como en el caso del aceite se trata de una gran empresa, que necesitaba de industrias accesorias para la fabricación de barcos y redes, personal dedicado a la elaboración de los productos y una complicada organización de transporte, distribución y venta. El momento culminante de la exportación de garum hispánico a Italia es el siglo I d. C., momento en el que el volumen de negocio es tan importante como el del aceite.

Otros productos que salían de Hispania siguen siendo los que ya se exportaban en época republicana: caballos, lana, lino, esparto y ciertos colorantes obtenidos de minerales (chrysocolla), vegetales (coccus) o insectos (cochinilla y quermes), de tal modo que se siguió exportando mayoritariamente materias primas.

Por el contrario, la importación consistía en manufacturas y artículos de lujo, aunque es difícil valorar estas importaciones que, no obstante, fueron muy inferiores a las exportaciones. Entre los productos que llegaban a Hispania para las oligarquías de las ciudades se encuentran cerámica de lujo (aretina y subgálica, aunque desde la segunda mitad del siglo I la cerámica sigillata hispánica comenzó a desplazar a ésta), vidrios, tejidos, perfumes, esculturas y piedras preciosas.

La tasa de 2 por 100, o del 2,5 por 100 sobre las mercancías, según las épocas, se cobraba en los puertos hispanos, aunque sólo tenemos noticia de que sucediera en algunos puertos de la Bética (Iliberris, Ilipa, Astigi, Hispalis o Corduba). Los encargados de estas oficinas eran esclavos y libertos de la administración imperial.

En esta época algunas ciudades siguieron teniendo un gran auge económico por disponer de buenos puertos marítimos; es el caso de Olisipo, Gades, Malaca, Cartago Nova, Valentia o Emporion, sólo por citar algunos ejemplos. Fruto del aumento de la navegación por el comercio con Britania, posiblemente de aceite, es la construcción a comienzos del siglo II d. C. por un arquitecto indígena de la Torre de Hércules en La Coruña.

Pero de la actividad comercial que menos información tenemos es del comercio interior en Hispania. Sin duda el incremento de la producción y la mejora de los medios de comunicación facilitó el intercambio de las mercancías incluso en el interior de la Península Ibérica, aunque no sepamos, sería muy interesante, cómo estaba organizada la distribución y venta de la cerámica de Tricio y otros alfares riojanos o de qué centros de producción procedían los utensilios de hierro hallados por toda Hispania.

Sí sabemos del importante papel que ejercía la ciudad como centro de atracción de la zona rústica circundante en el orden económico y de intercambio de mercancías; allí acudían los habitantes de los establecimientos rurales a vender sus productos y a adquirir aquellos artículos que no proporcionaba la economía doméstica.

En las zonas donde la vida urbana no estaba tan desarrollada el papel de atracción y de lugar de mercado fue desempeñado por algunos núcleos que aparecen en los textos como fora y que, en algunos casos, se convirtieron posteriormente en ciudades.

Respecto al comercio interior, Mangas ha hecho una serie de apreciaciones que parece interesante recoger:

• El volumen de intercambio de productos en el interior de Hispania aumentó considerablemente durante los primeros siglos del Imperio. El comercio llevó un número mayor de productos a todas las regiones.

• Los centros de las civitates y los populi se beneficiaron de estos intercambios más que el resto de los núcleos urbanos.

• Unas regiones se beneficiaron del intercambio de productos más que otras y esto no contribuyó a igualarlas, sino que intervino decisivamente en el aumento del desequilibrio, aunque en este proceso sin duda participó el comercio exterior.

El comercio en el Bajo Imperio

En el Bajo Imperio las relaciones comerciales de la Península con el resto del Imperio fueron frecuentes y el edicto sobre los precios de Diocleciano fijaba los costes de los transportes de Hispania con el oriente, con África y con Roma. Que este transporte existe lo prueban, además, los viajes de personas importantes, como el de Orosio a África para visitar a San Agustín en el año 414, o el de Idacio por Oriente; asimismo tenemos noticias de obispos hispanos que asisten a sínodos celebrados fuera de Hispania.

En Hispania, excepto la industria textil, cuya documentación es indirecta y no muy precisa, y la industria de la púrpura de Baleares, que conocemos por el Notitia Dignitatum, no parece que haya habido un gran desarrollo industrial que diera lugar a un importante comercio de exportación. Por eso, en opinión de Sayas, salvo en el caso de las prendas confeccionadas y los tejidos de púrpura o el garum, las exportaciones difícilmente pueden considerarse como productos de lujo, mientras que los procedentes de importación, de los que tenemos noticias por los hallazgos arqueológicos, son en su mayoría asequibles únicamente a los grupos adinerados. Lo que está probando, en opinión de Blázquez, esta importación de productos de lujo, sobre todo sarcófagos, como luego veremos, es la recuperación económica de la capa alta de la sociedad hispana a finales del siglo III y durante el siglo IV.

Pasando concretamente al análisis de cada uno de estos dos componentes del comercio, se descubre claramente por las fuentes literarias, sobre todo, que Hispania continuó exportando en el Bajo Imperio materias primas, entre las que sobresalen las de origen agropecuario, mientras que la exportación de estos productos debió de ser muy baja o casi nula. De acuerdo con los datos de Hispania se exportaban algunos minerales (estaño y cinabrio y sal, sobre todo para su aplicación en medicina); caballos para las carreras del circo, que son designados como iumenta en la Expositio totius mundi y a los que aluden por diversas razones varios escritores del Bajo Imperio: Amiano Marcelino, Vegetio, Claudio Claudiano y Nemesiano; jamones y mantos hispanos, recogidos en el edicto sobre los precios; esparto, del que nos habla la Expositio, y hierbas medicinales (adormidera, enebro, vetónica, etc.). En cuanto a la exportación de aceite, garum y trigo, es posible que se siga exportando a Roma, pero con un volumen inferior al del Alto Imperio, pues las noticias o falta de ellas así nos lo hacen pensar. El garum sufrió una sensible reducción en el siglo III, aunque sigue exportándose, de acuerdo con la Expositio, que lo denomina liquamen, y la noticia de Ausonio que agradece a su hijo el que le mande garum de Barcelona. Pero lo de Ausonio es un regalo y, por ello, no significativo, y faltan, tanto para el garum como para el aceite, hallazgos submarinos de ánforas de la época en el Mediterráneo. Al trigo concretamente no alude la Expositio, pero sabemos que su llegada a Roma, al menos en dos ocasiones excepcionales, en el año 384 y cuando la revuelta de Gildon cortó el suministro de grano africano a Roma.

Tenemos también alguna referencia en Sidonio Apolinar a la madera para la construcción de buques o al corcho utilizado para la pesca. Para el conocimiento de las importaciones contamos con una serie de testimonios arqueológicos que muestran que Hispania recibió productos de numerosas regiones del Imperio, aunque no en grandes cantidades. Así, por ejemplo, ladrillos estampados, sigillata clara y cerámica de relieves aplicados (siglos III y IV), todo ello de África, o los vidrios puteolanos o de otros lugares de Italia, aparecidos en Pamplona, Ampurias, Tiermes, Carmona o Herrera de Pisuerga, así como otros de procedencia oriental (el de Ilici del siglo V d. C., probablemente de Egipto), o de Germania, concretamente de Colonia, aparecidos en las necrópolis del Duero. Con Oriente parece que hubo intensas relaciones, no sólo por los objetos arqueológicos hallados (vidrio, pátera argentea del teatro de Málaga, ungüentarios aparecidos en Ibiza de los siglos III y IV, típicos de Siria, o de los sarcófagos a los que luego nos referiremos), sino por la abundancia de monedas originarias de cecas orientales. También parecen que proceden de Oriente, concretamente del Pentélico, las losetas de mármol utilizadas en la cúpula de Centcelles.

Los sarcófagos constituyen, no obstante, el objeto más típico de importación en esta época. Muchos de ellos proceden de talleres romanos del siglo III y IV y llegan como carga de retorno vía Ostia de los barcos que llevaban mercancías a Roma, aunque también los hay de origen o inspiración oriental, según hayan sido importados de Oriente o trabajados en la Península por artistas orientales, especialmente sirios.

De este modo, exportando productos agropecuarios, aún en grandes cantidades, lo cual ya no era el caso en el Bajo Imperio, e importando productos de lujo, que a sus grandes costos unían importantes gastos de transporte, Hispania tuvo en esta época una balanza comercial muy desfavorable.

LA MONEDA EN ÉPOCA REPUBLICANA E IMPERIAL

Antes de que los romanos llegaran a la Península Ibérica, los pueblos que habían estado en contacto con los fenicios y griegos se introdujeron en la economía monetaria, acuñando, a imitación de los fenicios y griegos, monedas de plata y bronce con sus mismos tipos.

La política de Roma durante la conquista fue clara y tajante, acabando paulatinamente con las acuñaciones de base púnica y griega en el primer cuarto del siglo II a. C. Es el momento final de las dracmas de plata amporitanas, las monedas de plata más antiguas conocidas en Hispania. Ampurias grabó plata desde el año 218 al 150 a. C. En fecha no segura algunas ciudades indígenas (Barcino, Iltirta y otras) imitaron las piezas de Ampurias, pero todas ellas acuñadas bajo control romano y probablemente destinadas a pagar las contribuciones y los tributos de la guerra. Estas dracmas circularon desde un poco antes del 200 a. C. hasta el 100-90 a. C. El mismo Sagunto abandonó las acuñaciones de base griega y acuñó numerario ibérico de patrón y control romanos entre el 215 y 212 a. C.

Es sobre todo en el nordeste peninsular donde Roma impuso su metrología y propició la acuñación de monedas. Se trata de la serie del jinete ibérico que es la dominante en el numerario hispanorromano y la que comprende mayor extensión territorial. Es posible, como piensa Blázquez, que en un primer momento se imprimiera en un número muy reducido de talleres o quizás al principio en uno solo, Ampurias. Se amonedaron posteriormente más de un centenar de series bajo la autoridad y control de Roma y con leyendas en alfabeto ibérico de los nombres de las distintas comunidades. Se trata de monedas en bronce, ases y divisores, denarios y quinarios de plata en la provincia de Hispania Citerior. Con la introducción de un sistema de plata propio Roma arrinconó las dracmas de referencias griegas.

En la Hispania Ulterior todas las monedas son de bronce, destacando por su importancia la ceca de Obulco, que lanzó 20 o 25 emisiones, comenzando sus acuñaciones hacia el año 120 o 115 a. C. En las monedas de Obulco que fueron imitadas por otras ciudades de la Bética (Abra, Ulia, Arva, Carbula) aparecen los magistrados indígenas como en Ampurias o en Sagunto.

Se estableció, pues, una moneda uniforme, tanto en la Hispania Citerior (Cataluña, Valle del Ebro y Levante) como en la Ulterior, donde Obulco y Castulo fueron las cecas más importantes.

En la primera mitad del siglo I a. C., principalmente durante la guerra sertoriana, fueron acuñados en Hispania denarios consulares para conmemorar acontecimientos importantes o para pagar a los legionarios. El más antiguo conocido es el de Marco Valerio Flaco del año 82-81 a. C. para conmemorar el triunfo sobre los celtíberos.

En la Hispania Citerior funcionaron entre el 50 y el 23 a. C. 16 cecas, las más antiguas Cartago Nova, Celsa, Dertosa y Ampurias, entre otras, y las más recientes (28-27 a. C.) Acci, Bilbilis, Ercavica, Osca, etc. Las cecas béticas van desde el 67 (Obulco, Carbula, Salpensa) al 45-44 (Abdera, Brutobriga, Onuba), con una gran pluralidad de talleres. Precisamente en el año 45 a. C. se da la culminación del proceso en que la moneda fue abandonando el alfabeto ibérico en sus epígrafes que habían sido bilingües, para pasar a usar únicamente el alfabeto latino.

La abundancia de plata en las grabaciones indígenas de la época republicana es bien patente. Las cecas que más monedas de este tipo acuñaron fueron Bolscan, Segobrices y Barscunes, todas ellas muy relacionadas con los acontecimientos de la conquista. Casi la mitad de los denarios aparecidos provienen de la ceca de Bolscan.

La moneda hispánica es un buen indicador de la progresiva romanización de la Península en su metrología, letreros y prototipos. En época imperial continuaron las acuñaciones locales, junto a la circulación de las monedas de época republicana, al tiempo que cada vez entraba mayor cantidad de moneda troquelada fuera de la Península, tanto de la propia Roma como de Galia o el norte de África, con una generalización cada vez mayor de la moneda emitida por Roma, lo que supone un cambio en la situación anterior en la que en la Mauritania Tingitana había más de tres veces más monedas procedentes de cecas hispánicas que de la República romana, siendo como una especie de prolongación de la Bética.

El dominio abrumador de la moneda romana de cobre es más acusado, si cabe, en la de plata, en la que se observa una paulatina desaparición de la acuñada por las ciudades, frente a la plata de los talleres de Roma, Lyon o Tréveris. El oro nunca fue acuñado por las cecas indígenas y el que circuló en Hispania procedía su totalidad de las cecas imperiales, primero de la Galia y luego de la propia Roma. Bajo Claudio (hasta 21 ciudades según Vives habían grabado moneda a principio de época imperial) cesaron las emisiones locales y sólo con Galba (siglo I), por necesidades perentorias y concretas, se acuñó bronce y plata en Tarragona y Clunia, a la que el emperador concedió el estatuto de colonia, aunque aquí menor cantidad.

El norte en la República y gran parte del Imperio, sobre todo el Alto Imperio, quedó un poco al margen del uso de la moneda, a pesar de que sabemos que se introdujo con la llegada de los romanos, pues anteriormente se realizaba el intercambio de especie o se utilizaban trozos de plata recortada como medida de cambio (Estrabón 3, 3, 7).

La circulación monetaria en el Bajo Imperio

La nueva situación económica creada por la crisis del siglo III con sus destrucciones, invasiones usurpaciones trajo como consecuencia una crisis inflacionista y una depreciación de la moneda, lo que explica la gran abundancia de piezas en el Bajo Imperio.

No tuvieron consecuencias favorables toda una serie de medidas tomadas por los emperadores como, por ejemplo, el intento de combatir la inflación con una cantidad de plata en las monedas con las medidas tomadas por Cómodo y los severos disminuyendo sucesivamente la ley monetaria, hasta llegar a Caracalla, que creó el Antoniniano que equivalía a un denario y medio neroniano o dos, según Mazza. La ley de Gresham se cumplió una vez más, pues la moneda de menor valor real expulsó del mercado a la de mayor valor, convirtiéndose la primera en moneda de uso y guardándose la segunda. De esta forma a lo largo del siglo IV encontramos usada casi exclusivamente la moneda de bronce. Pero a finales de este siglo las de oro y plata, sobre todo las primeras, reemplazaron a las de bronce.

Sobre los numerosos tesorillos y la circulación monetaria en el Bajo Imperio se han realizado abundantes estudios, pero el más completo y el que se usa a menudo como paradigma es el de Conimbriga en el siglo IV d. C. De todas las monedas halladas en Conimbriga el 70 por cien pertenecen a época bajo imperial, sobre todo al siglo IV, y dominan las procedentes de las cecas occidentales, sobre todo de Roma y Arlès, siendo alrededor del 15 por cien las procedentes de las cecas orientales, entre las que destacan Bizancio y Cicico. Las de África tienen una presencia similar. En cuanto a la mayor concentración dentro del siglo IV, se ve que hasta el 335 no son muy abundantes (sólo el 6,43 por cien de las del Bajo Imperio), mientras que hasta el 353 se producen distintos aumentos con altibajos y un nuevo aumento considerable a partir de 353, alcanzando el punto máximo en el 353-354 y 357-358, decayendo después de la muerte de juliano. Entre el año 335 y el 364 se concentra el 63,9 por cien de la moneda del Bajo Imperio conocida en Conimbriga.

A partir del 341 decrece el número de las piezas procedentes de Italia y aumenta el de las acuñadas en Arlès, que a partir de 241 d. C. constituyen el 43 por cien del total. Precisamente de Arlès y de Lyon procede la moneda de Majencio (350-353), muy abundante y de buena calidad. Ésta circuló por la Península los siglos IV y V.

En los reinados de Valentiniano y Valente se ve una clara tendencia a la disminución de moneda, que aumentó con Graciano y disminuyó de nuevo con Máximo.

También es claro que no conocemos monedas posteriores a 408 d. C., lo cual confirma que en el 409 las invasiones interrumpieron en la Península la evolución monetaria del resto del Imperio.

Es evidente, asimismo, que no hubo en Hispania cecas oficiales de acuñación, cubriéndose las necesidades con monedas procedentes de otras partes del Imperio, posiblemente en una proporción muy similar a la constatada en Conimbriga. Blázquez propone explicar esta situación por la importancia de la economía de trueque y Sayas deduce de aquí el poco peso político y la escasa entidad comercial de la Península, debido quizá a su situación periférica.

Parece que el oro tuvo una circulación libre garantizada por la vigilancia del propio Estado y que grupos senatoriales y latifundistas de la parte occidental del Imperio tenían grandes fortunas en este metal. Los tesorillos que se han hallado por toda la Península, aunque en algunas zonas hay mayor concentración, como las cuencas del Duero y del Miño. Precisamente Gallaecia, a la que no parece que hubiera alcanzado muy pronto la economía monetaria, ha proporcionado un gran número de tesorillos. En Lusitania también son abundantes, aunque varios de ellos pertenecen al siglo III y su número disminuye al sur del Tajo. El resto de la Península ha dado menos tesorillos en el caso de la Bética la mayor parte de los encontrados pertenecen al siglo III.

El sistema monetario constantiniano basado en el solidus se mantuvo tras la entrada de los pueblos bárbaros. Junto a él se acuñaba otra moneda de oro que venía a ser un tercio (tremís o triente y una moneda de plata denominada siliqua que equivalía a 1/24 del solidus, mientras que la moneda fraccionaria siguió siendo de bronce.

LA POLÍTICA FISCAL

Hasta muy recientemente este tema no había sido tratado monográficamente por la investigación española, ya que la mayor parte de las referencias al mismo las encontramos en obras de carácter más general y éstas, además, sólo empiezan a ser frecuentes en las últimas décadas.

Además, se trata de un tema difícil de analizar, dado que los autores grecolatinos, en sus descripciones de la conquista y la posterior implantación de las estructuras romanas en la Península, se fijan más en el desarrollo de las guerras o incluso en la descripción de las costumbres y modos de vida de las poblaciones indígenas que en algo que ellos consideran «ordinario», «cotidiano», «normal».

Por ello, todo lo relacionado con el tema financiero en general y con el tema fiscal en particular no suele estar presente en las obras de los escritores grecolatinos de época clásica referidas a Hispania.

A ello se une la propia naturaleza de los tributos, sobre todo los directos, que constituyen un deshonor para la civis y, por ello, deben ser obviados en la medida de lo posible y, por supuesto, no recordados salvo que sea estrictamente necesario.

En la actualidad este tema se muestra más asequible a partir de la monografía de Muñiz Coello, en la que encontramos un análisis detallado de la explotación directa e indirecta de la Península por Roma durante el proceso de la conquista y tras el establecimiento de las tres provincias (Citerior Tarraconense, Lusitania y Bética) por Augusto, con referencia concreta a los impuestos directos e indirectos, a las concesiones de los mismos y a los funcionarios de los que éstos dependían.

Desde que la Península Ibérica fue convertida por los romanos en territorio provincial, una vez expulsados de ella los cartagineses, se vio sometida durante todo el proceso de la conquista a una continua explotación en beneficio del Estado romano a través de botines de guerra, contribuciones y exacciones de todo tipo cobradas por los generales gobernadores. Además, a partir del año 206 a. C., se impuso a Hispania la obligación del pago del stipendium, de lo que informan las fuentes escritas y, sobre todo, Livio.

El stipendium desempeña el sueldo que el legionario recibe por militar en las legiones y probablemente desde el siglo V a. C. provenía de los tributos que el Senado recaudaba entre los pueblos itálicos sometidos. Stipendium pasó a significar toda contribución que los pueblos sometidos debían entregar al Estado romano y, aunque ya en el siglo II era más de lo que se necesitaba para el pago a las legiones, siguió manteniendo su nombre originario incluso en tiempos de paz, en que se convierte en una fuente regular de ingresos.

Livio y otros autores describen el producto obtenido de las victorias sobre los enemigos utilizando tres conceptos distintos: praeda, conjunto de bienes tomados al enemigo tras su derrota y que en la primera fase de la conquista estaban acompasados con las necesidades de la continuación de la guerra; manubiae, todos aquellos objetos que, procedentes del botín, son vendidos a los particulares y sobre los que los magistrados provinciales tenían imperium para darles un uso público, como puede ser la construcción de monumentos, o para ofrecer festejos al pueblo; donativa, parte de estos manubiae que consistían en regalos hechos a los legionarios generalmente en monedas de plata como una especie de beneficio proporcional del botín logrado con las victorias en que habían participado. En el Imperio constituyeron una de las bases fundamentales sobre las que se asentaba el apoyo que el ejército daba al emperador para continuar en el trono.

En Hispania, como en otras regiones conquistadas, el Senado aplicaba de inmediato los mecanismos para poner en rendimiento económico los nuevos territorios del ager publicus populi romani. Parece ser que hacia el año 200 a. C. el territorio conquistado de la Península Ibérica comienza a dar los frutos que el Senado había previsto diez años antes. La riqueza de Hispania en metales preciosos cubría todos los gastos de la guerra, según las noticias de Plutarco en su vida de Catón (Cat. 10, 2-3), quien prometió a los celtíberos 200 talentos robados al enemigo para que fueran mercenarios del ejército romano. Estas cantidades provenían en su mayoría de los tributos y el botín, de lo que hay abundantes alusiones en las fuentes.

En los primeros años de la conquista la arbitrariedad es norma en la recogida de tributos y, sólo tras la creación de las dos provincias, Citerior y Ulterior, de iure, como opina Badian, o a partir de la reorganización llevada a cabo por Tiberio Sempronio Graco y Lucio Póstumo Albino entre el 180 y 178 a. C., se estableció el tributo fijo o regular del stipendium. De esta forma Roma instituía la capacidad fiscal de Hispania asegurándose, al mismo tiempo, los ingresos futuros cuando faltase el botín de las guerras.

En las provincias, junto al stipendium, se mencionan frecuentemente los decumae, impuesto directo consistente en el pago de los diezmos de las cosechas, generalmente cereales. En Hispania no tenemos ningún dato cierto sobre estos decumae y sí sobre el pago del 5 por cien de la cosecha de grano (Liv. 43, 2, 12). En lugar de trigo esta vicesinia podía cobrarse también en dinero, según la tasación establecida por los pretores (Cic., Verr. 3, 6, 12, 192).

En la República, Hispania contribuía al fisco con una cantidad fija determinada por el Senado (stipendium), en contraposición con los diezmos de otras provincias (Sicilia, África, Asia). Este stipendium, como vemos en las fuentes escritas del siglo II a. C., se pagaba en oro y plata, muy abundantes en la Península y muy apetecidos por el Senado romano. Pero había regiones donde los metales preciosos escaseaban o el cultivo de cereales era dominante y allí el stipendium era exigido en cereales estableciendo el precio el magistrado correspondiente, produciéndose a veces importantes fricciones al fijar aquél bajos precios sobre el trigo, lo que da lugar a la protesta de los hispanos, como por ejemplo la embajada de legados de pueblos peninsulares a Roma en el 171.

A partir del año 133 a. C. todos los pueblos de la Citerior hasta entonces conquistados, incluidos los vacceos y los lusitanos, pagaban stipendium al Estado romano. Esta situación no tuvo continuidad durante la guerra sertoriana y la guerra civil entre César y Pompeyo, ya que la estructura financiera estaba pensada para una época de paz continuada. La etapa final de la República fue un período de altibajos en la aplicación de la maquinaria fiscal, pues durante la guerra sertoriana Hispania constituyó una fuente de gastos hasta 72 a. C. en que se abre un período de poco más de veinte años en que vuelven a llegar las contribuciones de Hispania al tesoro de Roma, lo que de nuevo se quiebra con la guerra entre César y Pompeyo, para volver a la continuidad del sistema en los años anteriores al Principado.

Durante la República, sobre todo en las etapas de la conquista, hubo también contribuciones en especie, como capas, pieles, caballos, etc., sin dejar de lado el reclutamiento obligatorio de indígenas para las tropas auxiliares y la explotación de las minas, propiedad del Estado, que eran arrendadas a particulares (conductores), como vemos en otro lugar.

En época republicana se produce una incorporación de los publicani (en sentido estricto, todo aquel que toma en arriendo un publicum, o sea un servicio del Estado, cuya explotación se le concede) al mundo financiero debido a las ventajas del sistema: el Senado recibía por adelantado y con puntualidad el monto de los impuestos y además se simplificaba el proceso.

El órgano de gestión del publicanus es la societas publicanorum. La societas se estructuraba jerárquicamente con un manceps, presidente de la societas, adjudicatario oficial que recibe el contrato realizado por cinco años (un lustrum), con el Estado, comprometiendo en él toda su fortuna privada.

El Senado se ahorraba un funcionario mediante el arriendo, pero el contribuyente debía soportar la avidez y las vejaciones de algunos publicani, lo que llevó a que la situación de privilegio de éstos en la República entrara en crisis en el Principado y prácticamente hubiera desaparecido desde los Antoninos. En general, se admite que los publicani dejan de gestionar los impuestos directos con Tiberio aunque siguen teniendo el monopolio de los indirectos.

Para Hispania no hay noticia de la existencia de ninguna societas publicanorum, pues las condiciones de la conquista y la escasez de periodos continuados de paz, así como la falta de tradición de arriendo de servicios, no la hacen apetecible. La única relación de Hispania con las societas se produce en los primeros años de la conquista en relación con el abastecimiento de los ejércitos, siendo los gobernadores y cuestores los principales agentes de las finanzas del Estado romano en Hispania en época republicana.

La reorganización Provincial de Augusto y la acción de sus sucesores supusieron un cambio importante en la política fiscal. Las provincias imperiales son administradas por el fiscus y, desde Vespasiano (siglo I), todas las provincias serán locafiscalia, estableciéndose en las senatoriales, junto a la pervivencia del aerarium dependiente del Senado, los diversos fisci. Desde los Severos (siglos II-III) se da una paulatina asimilación entre la caja del fiscus (imperial) y la del aerarium (senatorial). El aerarium quedará reducido a ser el tesoro de la ciudad de Roma.

Desde fines del siglo II d. C. las provincias hispanas son englobadas en un solo distrito financiero frente a las tres anteriores, incrementándose el peso del patrimonium Caesaris reduciéndose los stationes de los portoria y otros servicios dependientes del fiscus.

En cuanto a los impuestos de la época imperial, se mantuvo el stipendium del 5 por cien, como impuesto directo. Entre los impuestos indirectos destacan la quincuagésima o portorium, que grababa con un 2 por cien el derecho de paso de las mercancías; la vigésima hereditatium, 5 por cien sobre las herencias no transmitidas por línea directa; vigesima libertatis, pago del 5 por cien sobre el valor de los esclavos manumitidos.

El portorium era una contribución indirecta que debía pagar todo el que atravesase un distrito de acuerdo con las mercancías que transportase (esclavos, animales —salvo bestias de carga o marcha utilizadas en tal función—, ciertas manufacturas), estando exentas muchas personas (cives romani provinciales y publicani). Los beneficios de estos portoria iban a parar a las arcas municipales y constituían una importante fuente de ingresos para las ciudades. Las necesidades del Bajo Imperio motivaron que el Estado se adjudicase el 2/3 de estos ingresos.

En la República era el Senado quien decidía sobre su establecimiento o supresión, pasando en el Imperio esta atribución al emperador. Tiberio reorganizó este impuesto creando diez circunscripciones aduaneras. Las tres Galias constituían un único distrito, lo mismo que Hispania.

La tasa del portorium variaba según las provincias. Sicilia pagaba el cinco, Galia el 2,5 e Hispania el 2 por cien. Desde Teodosio la tasa se elevó al 12,5 pero aumentó el número de personas exentas. En Hispania conocemos varias stationes, la mayoría en la Bética, siendo los lugares más propicios los puertos del Mediterráneo, el Atlántico y los límites del Pirineo.

El impuesto de la vigesima hereditatium estaba centralizado en una oficina general en Roma para las recaudaciones de la propia urbe y en una oficina paralela encargada de las recaudaciones de Italia y las provincias, estando la dirección de ambas confiada a procuradores imperiales.

Hasta Trajano estuvo en algunas provincias arrendado a societates publicanorum, pero ya con Adriano el número conocido de procuradores nos lleva a pensar que las societates habían dejado de participar en la explotación de este impuesto. En época de Diocleciano la vigesima sobre las herencias había ya desaparecido.

En el año 357 a. C. la Lex Manilia estableció un impuesto consistente en el pago del 5 por cien del valor de los esclavos manumitidos, la vigesima libertatis, que era pagado por el dueño, cuando la acción partía de él, y por el esclavo, si éste se compraba a sí mismo. El importe de este vectigal era depositado en el aerarium sanctius, que estaba en el templo de Saturno y se reservaba para necesidades urgentes y extraordinarias.

Durante el proceso de la conquista tenemos noticias de numerosas manumisiones, pero no parece que produjeran ingresos por vigesima libertatis.

En el Imperio, Hispania pasó a ser una circunscripción donde se aplicaba este impuesto bajo la jurisdicción de un proc (urator) XX lib (ertatis), del que no tenemos confirmación documental y que tenía a sus órdenes una plantilla de funcionarios, de los que sí tenemos noticia en la epigrafía que controlaban todo lo relacionado con el impuesto. Gades, Olisipo, Tarraco y Cartago Nova fueron los centros de Hispania en que se realizó un mayor número de manumisiones, de acuerdo con los datos de la epigrafía. Las oficinas se sitúan en las capitales importantes antes citadas.

Había, además, otra serie de contribuciones administradas por el fiscus: los bona caduca o vacantia, donación de bienes en los casos en que, una vez realizado el testamento, los beneficiarios no pueden hacerse cargo de ellos, por imposibilidad física (muerte) o legal; la centesima rerum venalis vectigal que consiste en el 1 por 100 de todas las ventas y que posiblemente fue establecido por Augusto; la quinta et vicesima venalium mancipioruni, otro vectigal sobre el precio de venta de los esclavos, creado por Augusto en el 7 d. C. y que consistía en el pago del 4 por 100 de toda subasta o venta de esclavos, hasta Nerón por parte del comprador y, a partir de él, por la del vendedor, lo que encarecía la mercancía, y las multae, pena jurídica que grababa la fortuna de los inculpados y que suponía una importante fuente de ingresos para las finanzas de los municipios.

En el Imperio se produce un cambio en la administración fiscal. Frente a la situación de la República, en que los particulares desempeñan un papel decisivo según la planificación del Senado, en el Imperio el sistema estará en manos de los propios servidores del Estado, los procuratores. Éstos procuratores desplazarán a las societates, que reducirán su actuación a sectores secundarios, y se convertirán en intermediarios entre el poder central y los contribuyentes. En las provincias gobernadas por un legado del emperador el procurator centraliza todos los servicios relacionados con el fiscus. También en las provincias senatoriales había procuratores encargados de la gestión de los intereses del fisco en la correspondiente provincia.

El puesto de procurator y los puestos de responsabilidad eran normalmente ocupados por equites, siendo servi liberti del propio emperador o de los municipios los funcionarios a su servicio.

Referencia especial merecen los procuratores del noroeste de Hispania, que, con residencia en Asturica Augusta (Astorga), llenaron la especie de vacío de autoridad que había en esta región con respecto a los procuratores Hispaniae Citerioris. Estos procuratores mantuvieron gran independencia de gestión con respecto al legado militar del distrito.

Para una mejor gestión de todos estos impuestos se necesitaba la confección de unos censos que contemplaran las ventas en dinero y en especie, los arriendos, las transacciones de productos y, en general, el capital mueble e inmueble existente. Por ello se realizaban un censo de personas y un catastro de bienes. La regular confección de los censos supone un gran paso para la determinación de personas y riquezas imponibles.

Mientras que en Italia el censo se realizaba, sobre todo, para las levas de legionarios, aunque también con una finalidad recaudadora, en las provincias prevaleció su función de establecer las capacidades tributarias de sus habitantes.

La confección del censo no debió de resultar muy sencilla en aquellas regiones de la Galia o Hispania y del entorno del limes del Danubio en las que en la etapa prerromana sus estructuras políticas no estaba muy desarrolladas, al contrario de lo que sucede en las provincias de antiguo dominio, como por ejemplo Sicilia. Por ello, en aquellas zonas vacías de urbanismo se crearon ciudades ex novo que sirvieron de capital a los populi y a ciudades ya existentes se les otorgaron las instituciones necesarias para que desempeñaran estos cometidos.

El máximo responsable del censo era el emperador y en cada provincia había un censor Provincial, en principio del ordo senatorial y luego del ordo ecuestre, para la realización del censo.

Para evitar los gastos de la excesiva multiplicación del número de funcionarios, las curias municipales desempeñan un papel importante suministrando datos en el ámbito del ager municipalis. Éstas designaban de entre sus miembros al censor local, que aparece en la documentación como duovir quinquenalis y cuya jurisdicción abarca todos los dominios del municipio para la confección de las listas de personas y bienes imponibles.

Tratamiento especial, sin duda, merece el régimen de explotación de las minas. En la República, las minas, como los demás loca pública, eran propiedad del Senatus Populusque Romanus, concediéndose la explotación a las societates publicanorum y también a particulares en régimen de possessio.

Pero en Hispania la concesión a los publicani no duró mucho tiempo y, además, las minas más importantes de minium (Sisapo), de oro, (sobre todo el Noroeste) y de plata fueron explotadas directamente por el Estado a través de procuratores.

Poseemos en la Península Ibérica un documento de extraordinario valor para el conocimiento de la organización de un distrito minero, el de Aljustrel, las tablas de Vipasca I y II. A los numerosos estudios referidos a este documento hay que unir el de C. Domergue, en que se recogen, traducen y comentan una vez mas tan importantes documentos. Las tablas de bronce de Vipasca nos ofrecen una ordenación sobre la producción de cobre en época de Adriano.

De acuerdo con los datos que poseemos hasta el momento, Roma regulaba la explotación de las minas en Italia y las provincias mediante una lex dicta. Esta ley afectaba a cada provincia en general, aunque cada distrito poseía una normativa concreta que aplicaba, de acuerdo con el espíritu de la norma, cada procurator metallorum, que era un auténtico gobernador del distrito minero a él asignado. La responsabilidad del funcionamiento del distrito recaía sobre él, debía impulsar la producción y la prospección de nuevos yacimientos, en definitiva, de todo aquello (seguridad, infraestructura, etc.) que propiciara un trabajo continuado para que no faltaran los ingresos en las arcas fiscales.

En Vipasca conocemos dos tablas de bronce denominadas Vipasca I y II; en la primera se encuentra una síntesis de la normativa general del Imperio, mientras que en la segunda se encuentra la ordenación para el distrito en particular dirigida a Ulpio Aeliano, procurator metalli Vispacensis.

Al objeto de anular la presencia del gran capital en las explotaciones, las minas eran concedidas a un gran número de pequeños arrendatarios o conductores.

El canon fijado en Vipasca por la explotación de un pozo, que debía pagar su ocupante, eran de la mitad de los beneficios obtenidos. Si no quería o no podía pagar, podía abandonar el pozo, vender su derecho de opción, pedir un préstamo o, lo más frecuente, formar una societas.

Si el ocupante abandonaba el pozo, cualquier colono de Vipasca podía ocuparlo mediante nuevo arrendamiento en el plazo de dos días. Si un conductor explotaba varios pozos a un tiempo, la ley únicamente le obligaba a tener abierto uno de cada cinco, hasta que encontraba el mineral, momento en que debía poner otro en funcionamiento. Si en el plazo de 25 días no se ponía en producción, el pozo salía a pública subasta para que otro arrendatario lo ocupase.

Pero, como hemos visto en otro lugar, en Vipasca se arrendaban en general todos los servicios no propiamente mineros, que se adjudicaban en subasta pública dirigida por el propio procurator. La cantidad más importante del gasto público en la República era el stipendium del ejército y el trigo de los aliados, aunque también se empleaban cantidades importantes de dinero en obras públicas, pago de salarios a los funcionarios del aerarium o manutención, cuando eran esclavos, o transporte del material bélico y tropas. Las numerosas legiones y unidades auxiliares utilizadas en las operaciones de conquista de la Península Ibérica necesitaron todos los beneficios de la explotación e incluso gastos adicionales, como en el caso de las guerras celtíbero-lusitanas. A partir de Augusto el ejército genera sus propios recursos procedentes de la explotación de los prata, así como de otras fuentes de ingresos y de los alfares propios. El ejército deja paso en este tiempo a otros capítulos de gasto, como la construcción y mantenimiento de la red viaria que sufragaba, en parte, el Estado, y todo el engranaje administrativo.

La estructura económica de la hacienda pública en las provincias hispanas en el Imperio se basaba en la autonomía ciudadana. Las ciudades contaban con una serie de ingresos procedentes de la explotación de su territorio y de tasas e impuestos locales, así los que tenían que subvenir a unos gastos (administración local, pago de impuestos al Estado y financiación de obras públicas de la ciudad y su territorio). Necesariamente había importantes déficit que creaban problemas financieros a las ciudades. Por ello, los magistrados municipales se veían obligados a una especie de contribución o prestación de servicios, los denominados munera. Estos munera, según sean manuales o no, pueden ser aplicados a los decuriones. La lex Ursunensis reglamenta la situación de las autoridades de la colonia con relación a los munera. Pontífices y augures no estaban obligados a los munera personalia (trabajos realizados regularmente por los funcionarios sin retribución alguna), pero sí a los patrimonalia que afectan al peculio privado a través de requisas.

Los munera podía ser de distintas clases: obras de interés general (construcción o reparación de vías, edificios, monumentos traída de aguas y construcción de estanques o cisternas; termas y baños; construcciones de carácter religioso o suntuario, etc.), espectáculos, comidas o largitiones y ludi, que para el caso de los duoviri debían durar cuatro días con un gasto de 2.000 HS y la mitad en el caso de los aediles. Tenemos noticia en la epigrafía de ludi scaenici, ludi circenses, ludi gladiatorium y hasta ludi pugilum, todos asumidos como munera por los cargos municipales. Destaca la Bética por su número de ludi scaenici, no testimoniados ni en la Citerior tarraconense, ni en la Lusitania, y los ludi circenses de la Citerior, aunque menos numerosos que los de la Bética.

Por todo ello, la crisis económica que se comienza a manifestar en el siglo II d. C. que afectó a las oligarquías municipales significó, de igual forma, la crisis de la ciudad. Cada vez era más difícil encontrar ciudadanos dispuestos a hacerse cargo de los gastos que traían consigo las magistraturas y sacerdocios municipales, con lo que las ciudades inician un período de dificultades que cambiarán su estructura económica y social en el Bajo Imperio.

En uno de sus numerosos trabajos sobre la economía de la Península Ibérica, Blázquez ha recogido todos los datos de las fuentes referidos a la administración financiera del Bajo Imperio. Como es de dominio general, Diocleciano unificó el sistema fiscal. Toda la población agraria del Imperio fue gravada con un impuesto que combinaba la persona y la tierra (lugatio, capitatio), el caput como unidad del impuesto personal y el iugum como unidad del impuesto sobre la tierra. Los ciudadanos tenían que pagar tasas sobre el comercio, sobre algunas profesiones, etc., y, también como en el Alto Imperio, algunas categorías sociales estaban exentas de ciertas contribuciones, como los funcionarios o los veteranos.

La reforma tributaria atañe gravemente a la población laboral del Imperio, por el propio aumento de la suma total de la contribución y por el del aparato burocrático, ya que en Hispania, como en otras zonas del Imperio, la división entre el aerarium privatum hizo aparecer nuevos funcionarios (rationales hispanorum, procurator patrimonium, rationales que en la Notitia Dignitatum se encontraban a las órdenes del comes sacrarum largitionum, rationalis rei privatae del emperador, per Hispaniam, etc.), que pagaban los propios contribuyentes y que ofrecía muchas posibilidades de abusos.

Durante el siglo IV Hispania se vio libre de la glebalis collatio, que grababa las posesiones de Senadores y decuriones, hasta el año 398 en que una constitución de Honorio (Cod. Theod. 6, 2, 21) abolió esta exención.

Las contribuciones se pagan en especies. El Cod. Theo. (11, 9, 1) recoge una ley del último día del año 323 que se refiere a las prestaciones obligatorias de vestidos y caballos. Una segunda ley (11, 9, 2) del año 337 nos trasmite que la Bética además de los tributos comunes y las vestes canonicae, debía entregar anualmente al fisco oro y plata.

CULTURA Y RELIGIÓN

LA conquista de la Península por Roma trajo consigo la extensión más o menos profunda del latín, según las zonas; el que se realizaran toda una serie de construcciones, cuyo reflejo está en la arqueología; el que hubiera un tipo de culto a unas divinidades concretas (romanas e indígenas perduradas, como luego veremos); en fin, toda una serie de elementos, a veces visibles y otras veces no, que constituyen lo que podemos denominar cultura en época romana en Hispania.

LA CULTURA EN HISPANIA EN ÉPOCA ROMANA

La latinización de Hispania

Hoy nadie duda de que el texto de Estrabón en que nos dice que los indígenas olvidaron pronto su lengua para adoptar el latín, la lengua del Imperio, no es más que un texto de propaganda romana y que la realidad es muy distinta, y ya el propio García y Bellido advertía para no tomar las afirmaciones del geógrafo de Amasia al pie de la letra, incluso aunque nos refiramos a la Bética, pues la latinización de Hispania fue un largo proceso que aún no había acabado cuando terminó el Imperio Romano de Occidente.

Bien es verdad que los documentos oficiales (los correspondientes a la administración central y los decretos de los magistrados de colonias y municipios), como no podía ser de otra forma, se realizaron siempre en latín, la lengua oficial. Y aunque, hasta que en el año 49 a. C. César suprimió oficialmente el bilingüismo en las monedas, hubo emisiones locales que se realizaron con leyenda bilingüe, ibérica y latina, no tenemos noticia de decretos bilingües o transcripciones en lengua indígena de un documento oficial latino.

La progresiva asimilación y uso del latín tiene su reflejo incluso en documentos semioficiales, como los pactos de hospitalidad, que se escribían desde comienzos del Imperio en lengua latina, habiéndose producido en los mismos un abandono progresivo de los alfabetos ibéricos. Sabemos, además, que, desde el emperador Claudio (siglo I), el conocimiento de la lengua latina fue requisito para poder recibir la ciudadanía romana.

En definitiva, de los datos que actualmente poseemos, podemos deducir que había dos niveles de lengua, la oficial, generalizada sobre todo en la escritura y, por supuesto, en los documentos oficiales, y las lenguas indígenas que perviven durante más tiempo en las áreas rurales y montañosas y los estratos sociales más bajos, como lengua hablada, a pesar de que la onomástica indígena, a medida que avanza el periodo imperial, aparece latinizada en las inscripciones.

Los escritores hispanos. La educación en Hispania

La literatura hispanorromana es un rasgo característico de la cultura latina en Hispania, síntoma del alto grado de semejanza a lo romano alcanzado sobre todo en la Bética y la Tarraconense.

El bienestar alcanzado por muchas familias hispanas por su nivel económico se manifiesta en un interés por las letras latinas. Bien es verdad que muchos de los escritores recibieron su educación en la capital imperial, pues los jóvenes con capacidad y de familias acomodadas se marchaban a Roma, la ciudad que atraía hacia sí lo mejor de cada provincia en todos los aspectos, tanto materiales como culturales, y que ofrecía el más alto grado de desarrollo cultural.

No obstante, en las provincias había círculos culturales de cierta importancia, con un elevado conocimiento de la lengua y la literatura latinas, como reflejan para el caso de Hispania a las inscripciones en verso recogidas y estudiadas por Mariner.

La enseñanza en Hispania, como en el resto del mundo romano, se dividía en tres niveles, la primaria o elemental, la secundaria y la superior. La enseñanza primaria, de los siete a los once años, incluía lectura, escritura y operaciones matemáticas. El maestro de esta etapa era el magister ludi. Había escuelas públicas, pero las familias ricas y aristocráticas elegían para sus hijos una educación privada con esclavos o libertos. Hasta bien avanzado el Imperio los maestros tuvieron una baja consideración social. El edicto de precios de Diocleciano fijaba para los profesores de esta etapa 40 denarios por alumno y mes.

La segunda etapa o enseñanza secundaria era impartida por un grammaticus, generalmente en las ciudades, con mayor consideración social y sueldo que el magister ludi. El edicto de precios fija la cantidad de 200 denarios por alumno y mes. En esta etapa se enseñaba lengua y literatura latina y griega y generalidades de física, astronomía, aritmética, geometría, música, geografía e historia y principios de filosofía y retórica.

La enseñanza superior, a la que tenían acceso únicamente los hijos de familias acomodadas, pues no había escuelas costeadas por los poderes públicos, estaba orientada a la preparación en la técnica y el arte de la oratoria. Los profesores de esta etapa eran los rhetores u oratores, que disfrutaban de una categoría social superior a la de sus colegas de la enseñanza primaria y media. El edicto de precios fijaba una cantidad de 250 denarios por alumno y mes.

En el Imperio la enseñanza comenzó a tener mejor tratamiento que en etapas anteriores. Los libres que se dedicaban a la enseñanza estaban exentos del pago de tributos; esto favoreció al desarrollo de centros públicos y la participación de los libres en las tareas docentes. Fue habitual que en esta época las colonias y municipios dispusieran de escuelas públicas pagadas con fondos municipales. Incluso vemos en las leyes de Vipasca cómo este distrito minero siguió las mismas pautas. Este mejor trato no desapareció en el Bajo Imperio, pues tanto Diocleciano, como Constantino, Valentiniano y Teodosio II, continuaron concediendo inmunidades económicas a los enseñantes. Constantino otorgó, a éstos y otros oficios que necesitaban reactivación, exenciones semejantes a las de profesiones liberales, como médicos, veterinarios, pintores, escultores o arquitectos.

Lo normal era costear el primer nivel, aunque había varios ejemplos de mantenimiento de gramáticos sabemos que Tricio, en La Rioja, pagaba a un gramático 1.110 sextercios anuales.

Junto a estas enseñanzas generales hay otras más concretas y prácticas así, el conocimiento del derecho era muy apreciado en una sociedad tan burocratizada. Desde época republicana se enseña la teoría junto con casos prácticos. También en el Bajo Imperio se generaliza la enseñanza de la estenografía. Literatos, personas privadas y padres de la Iglesia contaban con notarii (estenógrafos), que recogían sus trabajos. En el edicto de precios se fijan 75 denarios para un profesor de estenografía.

De medicina, otra de las artes liberales mejor remuneradas, había escuelas prestigiosas en Pérgamo, Esmirna, Alejandría, Marsella, Lyon, etc. A partir del siglo III hay una relativa intervención del Estado en este sector o mas con el establecimiento de un salario para los médicos por Septimio Severo o la concesión de inmunidad frente a las contribuciones de algunos médicos, de acuerdo con la importancia de la ciudad, por Antonino Pío.

La referida emigración a Roma de estos jóvenes y sus padres trae consigo el que sus preferencias, centros de interés, etc., estuviesen más relacionados con los que en ese momento estaban en boga en Roma, pues, como bien apunta Presedo, la literatura latina no dejó nunca de ser una actividad cultural de formación eminentemente retórica con un valor testimonial mínimo.

Pero, como no podía ser de otro modo, las obras de algunos de ellos reflejan su peripecia vital y sus orígenes, así como su integración en círculos de interés e influencias concretos. Sin duda uno de los más importantes entre los hispanos fue el de Séneca, el rhetor, miembro del orden ecuestre, nacido en Córdoba hacia el año 55 a. C. y muerto hacia 39 d. C. y miembro de un grupo de maestros de retórica y amigos, como Porcio Latrón, también de Córdoba, rhetor de gran prestigio en la época de Augusto, Gayo Albunio Silón, Lucio Junio Gulión, Aurelio Fusco y Tito Labieno, y luego Lucio Anneo Séneca el filósofo, también de Córdoba, nacido el 4 a. C., maestro de Nerón y desde 49 d. C. cabeza visible de los Anneos de gran influencia en la corte, a pesar de que sus posturas ambiguas le llevaron a ser obligado por el emperador a quitarse la vida.

Como nombres importantes de este grupo de escritores hispanos, sobre todo en los siglos I a. C. y I d. C., debemos citar a Cayo Julio Higinio, liberto de Augusto y bibliotecario de la Biblioteca Palatina cuyas obras de temas diversos y variados se han perdido; M. Porcio Latrón, del que hemos hablado antes; F. Rústico, hispano, pero sin que conozcamos concretamente su origen, admirador de Séneca que escribió unas Historiae perdidas que sirvieron de puente a Tácito; Lucio Anneo Séneca (el rhetor), que escribió una historia de Roma desde las guerras civiles hasta Tiberio, hoy perdida, y sus célebres Controversiae, ejercicios de tipo forense, y Suasoriae, declamaciones en que un personaje vacila entre varias alternativas hilo conductor de la argumentación retórica consiste en persuadirle en un determinado sentido; L. Anneo Séneca, el filósofo, que tuvo gran influencia en Roma, siendo su obra más importante Apokolokyntosis, conservándose sólo parte de su producción reflejo de su agitada y, a veces vacilante, carrera de intelectual y político; Lucano, natural de Córdoba, nieto de Séneca el rhetor y sobrino del filósofo, cuestor en el año 61 d. C. y discípulo del estoico Comuto, que escribió distintos poemas, pero que es famoso sobre todo por su Bellum civile, conocido como Farsalia epopeya histórica en 10 libros que narra la guerra civil entre César y Pompeyo; M. Fabio Quintiliano, natural de Calagurris (Calahorra, La Rioja) en el Valle medio del Ebro, nacido hacia 35 d. C. y que tuvo una cátedra de retórica en Roma; M. Valerio Marcial, de Bilbilis (Calatayud, Zaragoza), nacido entre el 38 y el 41 d. C., fue tan famoso sobre todo por sus epigramas, en cuyo género es el maestro indiscutible, revolucionando la poesía latina; L. Junio Moderato Columela, natural de Gades (Cádiz), amigo y admirador de Séneca, que escribió doce prácticos libros De Agricultura y uno De Arboribus; Pomponio Mela, nacido en Tingentera, cerca de Algeciras (Cádiz), que vivió y escribió bajo Claudio su Chorographia, tres libros para el conocimiento de la geografía del Imperio, siendo además el tratado geográfico latino más antiguo de los conservados.

Junto a este grupo importante de escritores hispanos del Alto Imperio debemos hacer también una referencia a los que, influidos por su fe cristiana, escriben a partir del siglo III y, sobre todo, en el Bajo Imperio, más concretamente en el siglo IV.

En opinión de Fontaine, el oficio de escribir de los cristianos estaba ligado a la profecía humana de la palabra de Dios. Esta literatura cristiana en lengua latina no podía surgir más que en el siglo III, siglo de crisis histórica y tiempo por excelencia de las persecuciones y los mártires. Es natural, por otra parte, que su estilo esté condicionado por sus convicciones religiosas, pues temáticamente, al moverse dentro de una ideología, debe adaptarse a los problemas de cada época y estilísticamente los fines que se proponen y la pluralidad de públicos está por encima del propio Imperio del lenguaje.

A pesar de ello, Fontaine piensa que no hay ruptura absoluta en la evolución práctica de la prosa cristiana con respecto a la prosa pagana, de Tertuliano con respecto a Apuleyo.

Lo que sí se debe admitir, no obstante, es que para los escritores cristianos la palabra no puede ser un juego brillante, desde el momento en que es utilizada para servir a unos intereses ideológicos concretos. En el caso de los escritores cristianos de Hispania del periodo de los siglos IV y V, como expone Codoñer, la diferencia fundamental con los del siglo I d. C. (paganos por oposición a la denominación de cristianos de éstos), cuyo origen provincial no influye decisivamente en su actividad literaria en el Imperio, sino que se integran a título individual en el ambiente de Roma y en sus corrientes desvinculándose de la provincia, es que se sienten afectados por problemas locales, escriben desde Hispania sobre asuntos que afectan a Hispania. Mientras que externamente el siglo IV es un periodo de tranquilidad para la Iglesia en sus relaciones con el Estado, internamente es un periodo muy agitado y rico en herejías: novacianismo, donatismo, arrianismo, priscilianismo, etc.

La mayor parte de los escritores latinos cristianos de esta época escriben en prosa, aunque no faltan, como veremos, algunos que lo hacen en verso y, salvo Baquiano, los demás, Gregorio de Elvira, Potamio de Lisboa, Paciano y Prisciliano, son de finales del IV y comienzos del V. Todos tienen algo que ver con alguna de las herejías de la época (arrianismo-antiarrianismo, novacianismo, priscilianismo), aunque no se reflejan necesariamente en su obra. También todos ellos, salvo Baquiario, son obispos y, como afirma Codoñer, por fuerza, estas funciones de carácter pastoral deben quedar reflejadas en su actividad literaria.

La mayoría de las obras que escriben llevan el nombre de Tractatus, con contenido de comentarios de textos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y con una función litúrgica. Así, por ejemplo, han escrito obras de este tipo Gregorio de Elvira, Potamio de Lisboa y Prisciliano, destacando por el número de ellas Gregorio de Elvira y Prisciliano.

Escriben también libri (Prisciliano y Gregorio) o epistolae (Paciano y Potamio), escritos en ambos casos de carácter polémico y destinados a combatir errores. Y aparte como una obra especial dentro de este conjunto debe considerarse el itinerario de la monja Egeria, con una finalidad no literaria en principio, pues se trataba de la descripción de los lugares que cubre el itinerario que conduce a Jerusalén, es decir, con una finalidad práctica. Esta obra se fecha a finales del siglo IV o comienzos del V, coincidiendo con el apogeo de los viajes a Jerusalén. Y aparte en el campo poético destacan Juvenco y Prudencio, con planteamientos bastante distintos en lo que se refiere a la valoración del mundo romano anterior. Mientras la obra del presbítero Juvenco (Evangeliorum libri quattuor), de ilustre procedencia según jerónimo en su De viris illustribus, escrita hacia el año 300, es un intento claro de sustitución de la poesía pagana por la poesía cristiana, Prudencio, que vivió a finales del siglo IV y comienzos del V, una época en que se recrudece la postura antipagana, constituyen la supresión de la contraposición entre forma-contenido, paganismo-cristianismo, de modo que, en opinión de Codoñer, no sólo no significa ruptura con la anterior, sino incluso entusiasmo de alabanza de los logros de Roma.

La obra de Juvenco es una paráfrasis versificada de los evangelios y su importancia radica en gran medida en que constituye el primer intento épico de la literatura cristiana. Formalmente intenta mantenerse fiel a la tradición clásica, pero constituye una obra que no tiene más que una acumulación de relatos que no hacen progresar narrativamente la acción.

Prudencio escribió varias obras (Cathamerinon, Peristephanon, Apotheosis, Hamartigenia, Psycomachia y Contra Symmachum) en las que se busca en la Sagrada Escritura la justificación del tratamiento del tema. Para este autor la poesía está destinada a ensalzar a Dios, por lo que resulta sorprendente y nueva la aparente normalidad en que son compatibles tradición pagana y cristiana.

EL ARTE

En el arte romano de época clásica hay una clara influencia del arte griego, no sólo por la traída de estatuas, como cuando Bruto Galaico erigió en Roma un templo en honor de Marte y colocó una estatua de Marte y otra de Venus, obras del escultor griego Skopas, sino por la llegada a Roma de numerosos artistas griegos que ponen punto final a las últimas manifestaciones del arte etrusco. Se podría decir que se trata de la sabiduría y el arte de los griegos puestos al servicio de Roma.

En el arte romano de época clásica, sobre todo en la arquitectura, se da una perfecta simbiosis entre elementos griegos (columnas y cornisas) y elementos romanos (arco y bóveda), lo que permite, junto a la belleza externa de los griegos, un tratamiento sobresaliente del espacio interior, de forma que Roma puede construir sus impresionantes salas de termas y basílicas, a la vez que con sus obras públicas salvar ríos y barrancos, utilizando las inigualables arquerías de sus puentes y acueductos.

Junto a este impresionante creación de la arquitectura romana (en la que se unen belleza y utilidad), conviene también resaltar en la época final de la República el retrato escultórico y el segundo estilo Pompeyano en la pintura.

A la llegada de los romanos a la Península, como hemos visto en los capítulos correspondientes de los pueblos prerromanos, el arte que aquí se realiza tiene una doble raíz, fenicia y púnica en la zona de Andalucía y Baleares y griega en la zona del Levante y Cataluña. Durante los primeros siglos después de la conquista se dan en Hispania (Bética y zona costera levantina) algunas manifestaciones artísticas en que, junto a figuras romanas, aparecen otras de estilo ibérico. Se trata de las primeras obras de estilo hispanorromano que aparecen en estas zonas junto a las obras del arte oficial de los Julio-Claudios, arte que se impone en época Flavia.

Por lo que se refiere al resto de la Península las obras de arte imperial oficial romano son más escasas y aparecen manifestaciones indígenas influidas o alentadas por él, como las estatuas de los guerreros galaicos y lusitanos o los elementos decorativos de las estelas funerarias, escritas, eso sí, en latín, pero que guarda múltiples elementos del subconsciente indígena (soles, lunas, puentes o puertas del Más Allá, sogueados, esvásticas, etc.) y se mantienen durante todo el Imperio.

Arquitectura

Quizá por su espectacularidad sea una de las muestras más representativas del arte hispanorromano, aparte, claro está, de la finalidad que estas construcciones tienen para la vida económica, política, social o religiosa de las ciudades en que han sido realizadas o a las que sirven (caso de las calzadas, puentes o acueductos).

Calzadas

Las vías romanas tenían un ancho entre cinco y seis metros, con aceras o arcenes. Se tendía por lo general al trazado en línea recta y, cuando el terreno no lo permitía, se salvaban los arroyos y vadenes por medio de alcantarillas. Cuando se trataba de un barranco o el lecho de un río el medio utilizado eran los puentes. Las calzadas de mejor calidad tenían un firme de hasta un metro de espesor con cimientos de piedra (statumen), una capa de cascajo sobre ella (rudus), grava por encima (nucleus) y el empedrado de la superficie (summa crusta) realizado con grandes losas irregulares. Las principales vías de Hispania y los documentos que a ellas hacen referencia ya los hemos analizado en el capítulo de la economía.

Puentes

Los romanos hicieron de piedra muchos de aquellos puentes de madera que, hasta entonces, habían servido para vadear los ríos, aunque posiblemente no todos los utilizados por ellos fueron de piedra (de ahí que no se hayan encontrado restos en lugares en que normalmente se esperaba encontrarnos), ni todos los llamados «romanos» lo son.

Para construir estos puentes los romanos utilizaron el material que se encontraban más cercano, granito en la Lusitania y parte occidental de la Tarraconense y arenisca y caliza en la Bética, aunque el armazón interior fue en muchos casos de hormigón.

Hay alguna diferencia en cuanto a los elementos constructivos, sobre todo los pilares, entre los que unen riberas de poca altura, con pilas chatas y robustas y no muy numerosos, y los que unen riberas altas, con pilas altas y esbeltas y pocos arcos. Entre los primeros bien conservados destaca el puente de Emerita Augusta (Mérida, Badajoz) sobre el río Guadiana con 792 m de longitud, 6,50 de calzada y 60 ojos y, junto a él, los de Albarregas también en Mérida, Medellín (del que sólo se conservan algunas pilas) Alconera (también en Badajoz, trasladado del lugar de ubicación original para que no lo cubrieran las aguas del pantano de Alcántara) y el de Salamanca. El puente de Alcántara sobre el Tajo en la provincia de Cáceres, que tiene 47 m de altura desde el río a la calzada, es el mejor ejemplar de los del segundo tipo. Aparte de su gran belleza, es importante para la historia de la municipalización de Hispania su construcción en el año 106 d. C. por varios municipios de Lusitania en honor de Trajano. Del mismo estilo son el de Segura, cerca de él en el límite con Portugal, el de Guarda sobre el río Mondego y el del río Bibey en Orense. En aquellos lugares en que no era necesario se construían puentes menos monumentales, pero en todos ellos se usa el arco de medio punto y se busca la horizontalidad de la calzada.

Puertos y faros

Puertos conocidos por el tráfico y las exportaciones de aceite y trigo de Hispania, como hemos visto anteriormente, son los de Tarraco, Cartago Nova, Malaca, Gades e Hispalis.

Hay restos interesantes en el de Emporion, el primero en que desembarcaron los romanos, que conserva parte de sus antiguos muelles de sillería, y en el Portus Ilicitanus (Elche, Alicante), que conserva restos de edificios romanos e ibéricos que rodean la dársena.

Elemento complementario de los puertos en función de la navegación son los faros. El más nombrado en las fuentes antiguas es la Turris Caepionis en la desembocadura del Guadalquivir, pero sólo quedan restos de él en el topónimo Chipiona (Cádiz) del nombre de su constructor, Caepio. Si queda, sin embargo, el faro de La Coruña denominado Torre de Hércules, muy conocido en el Bajo Imperio como elemento fundamental para la navegación atlántica hasta Britania. Parece que es del siglo II d. C. por una inscripción dedicada a Marte aparecida en sus alrededores.

En la parte más alta se está a 105 m sobre el nivel del mar. Lo que se ve al exterior en la actualidad procede de una restauración del original en 1791, encontrándose la fábrica romana en el interior.

Acueductos

Sin duda, entre los acueductos contamos con el monumento más importante y señero de la arquitectura romana de Hispania, no sólo por su propia majestuosidad, sino por el conjunto que forma con el paisaje urbano que lo circunda, el acueducto de Segovia.

La finalidad de los acueductos era asegurar el agua de las fuentes en que la población se abastecía para consumo individual, a las termas de uso público, a las cloacas, por donde debía correr continuamente agua para garantizar la salud pública y, sólo después de cubrir estas necesidades, para la industria privada de molineros, tintoreros y otros.

Según Carettoni, se dio un desarrollo excesivo de los acueductos en Occidente (Galia e Hispania, sobre todo), pero no debemos olvidar que, junto a su belleza y utilidad para el acopio de agua, su monumentalidad es reflejo del poder del Estado romano de cara a los indígenas. Podríamos decir que son una combinación perfecta de belleza y sentido práctico para resaltar el poder romano a los ojos de todos.

La fecha de construcción del acueducto de Segovia se sitúa por los datos de las excavaciones arqueológicas realizadas en sus cimientos y por comparación con otros similares (el Aqua Claudia de Roma) entre Claudio y los Flavios. En opinión de Blanco Freijeiro, que reconstruye la inscripción del sotabanco de la arquería superior, IMP(erator) NERVA CAESAR, la fecha de terminación de este imponente y esbelta mole de granito debe situarse en el año 97 d. C. Junto a él, el acueducto de Las Ferreras en Tarragona es, en opinión de Fernández Casado, el primer intento romano de superponer dos arquerías y debe, por ello, situarse en época de Augusto.

La diferencia con los demás acueductos conservados (el de San Lázaro y el de Los Milagros, ambos en Mérida, como más característicos) es que en éstos la sillería o la mampostería revisten núcleos de hormigón.

Arcos de triunfo

Por lo regular estos arcos se situaban en los límites de diversas demarcaciones y son muy abundantes en Hispania.

Tenemos noticias por las fuentes escritas (literarias y epigráficas) y por la arqueología de varios de ellos. Cronológicamente, el primero de ellos es el lanus Augustus, del año 2 a. C., que señala la frontera de la Bética y la Vía Augusta y que aún no ha sido localizado, aunque parece que estaba cerca de Mengíbar, en Jaén.

Otros arcos triunfales son el de Bará en las cercanías de Tarragona, el de Cabanes cerca de Castellón, el de Medinaceli en Soria, posiblemente límite de los conventus cluniense y Cesaraugustano, en opinión de Mélida, y el de Capera, actual despoblado de Cáparra al norte de la provincia de Cáceres, en el cruce de dos calles y de gran monumentalidad, según la reconstrucción llevada a cabo por García y Bellido, que lo data en el final del siglo I d. C.

Interesante es también el llamado arco de Trajano en Mérida, aunque sobre él hay todavía discusión sobre si se trataba de un arco exento o de una puerta monumental de la ciudad, pero su altura y su forma (dos filas de dovelas) lo acercan más a esta segunda posibilidad.

Las tres capitales de provincia y otras ciudades importantes

Las ciudades con estatuto privilegiado (colonias y municipios) tienden a reproducir en su urbanística la de la ciudad de Roma, mientras que el resto sigue manteniendo sus peculiaridades indígenas, como centro de reunión de poblaciones dispersas y que, en muchos casos, conservan sus propias formas organizativas.

Pero en la zona sur y Levante de la Península hay ya a la llegada de los romanos una serie de ciudades con una urbanística muy desarrollada. En esos casos se conserva su trazado original incorporando el reflejo de los elementos ideológicos de la ciudad romana: curia, foro, templos (tanto de los dioses romanos y orientales como para el culto al emperador), termas, teatros, anfiteatros y circos. En definitiva la perfecta unión entre la vida civil y religiosa.

Las capitales de provincia

La capital de la Citerior es Tarraco (Tarragona), la cual para Plinio (NH, 3, 21. Scipionis opus) es una fundación de Cneo Escipión, junto a un oppidum antiguo. Tiene una muralla del siglo II, cuya parte inferior es ciclópea y la superior de aparejo romano, toda de la misma época. Destacan una serie de construcciones que le dan su naturaleza de ciudad romana: el templo de culto a Augusto y Júpiter dentro de un foro porticado, otra extensa plaza porticada junto a la anterior, circo, teatro y otros lugares de esparcimiento, así como obras de arte clásico: estatuas de dioses, retratos de emperadores y magistrados.

Parece que Corduba (Córdoba) era considerada ya capital de la Ulterior antes de producirse la reorganización de las provincias por Augusto por su emplazamiento y su sólida muralla. Fue fundada en 169-168 a. C. por Claudio Marcelo y ya, desde entonces, fue residencia habitual de los gobernadores provinciales y cuartel de invierno de las tropas.

Se conserva parte de su muralla, que los árabes remozaron, aunque los restos de edificios suntuosos son menos abundantes que en Tarraco conocemos un importante templo excavado por F. Hernández y A. García y Bellido, así como restos de casas romanas; en ningún caso se trataría de un conjunto espectacular, si no tuviéramos noticias por otras fuentes (Marcial, 9, 12, por ejemplo) de su suntuosidad.

Fundación de Augusto en el año 25 d. C. en el transcurso de las guerras cántabras fue la colonia de Emerita Augusta (Mérida), capital de Lusitania desde la creación de esta provincia en la reorganización de Augusto de entre el 16 y el 13 a. C. Los puentes antes analizados sobre el Guadiana y el Albarregas, así como los restos del acueducto de Cornalvo, son de la época de fundación.

Inmediatamente después se construyeron el templo de Aeternitas y el denominado templo de Diana, así como el teatro y el anfiteatro, inaugurados antes del final de siglo. También el circo debió de ser de una época temprana, aunque no tenemos datos sobre la fecha de construcción. Y aparte hay, además, otra serie de restos que han ido apareciendo a medida que se realizaban obras modernas, ya que la ciudad romana, como tantas otras, está bajo los cimientos de la actual ciudad, lo que dificulta el conocimiento en toda su extensión. Se ha podido seguir la red de alcantarillado y el trazado de las calles romanas, sobre todo el cardus y el decumanus, se mantiene en la regularidad del trazado del callejero actual.

Aunque no tan espectaculares, hay otra serie de ciudades que destacan por los restos de sus edificios. Entre ellas y sin ánimo de ser exhaustivos, sino simplemente a título de ejemplo, se cuentan Italica (Santiponce, a 8 km de Sevilla), en la Bética, con un teatro de época de Augusto y unas termas de época de Trajano en la zona del actual pueblo, y termas, cloacas y un anfiteatro de Adriano, que le había concedido el estatuto de colonia; Segobriga (Cabeza del Griego, Cuenca), del conventus cartaginense en la Tarraconense, oppidum indígena en el que se comienzan a ubicar los edificios más representativos de una ciudad romana, termas, anfiteatro, teatro y foro, así como estatuas del arte imperial romano; Barcino (Barcelona), colonia inmune desde Augusto, asentada en su origen, al parecer en Montjuïc, posteriormente, más cercana al puerto, bajo la Barcelona actual, en la que se ha excavado un templo y se ha ubicado con seguridad su foro, aparte de la existencia de restos del acueducto, estando muchos materiales romanos, entre los que se encuentran estatuas; Emporiae (Ampurias), en cuyas ruinas se distinguen claramente dos ciudades, una greco-íbera, la neapolis de las colonizaciones, y otra romana, que juntas formaron un municipio, quedando restos de un foro, pero, al parecer, declinando su importancia a finales del siglo I d. C.; Bilbilis (Calatayud), donde nació Marcial y municipio desde época de Augusto, objeto de excavaciones sistemáticas y con importantes restos, entre los que destacan el foro, con un templo con terrazas, posiblemente otro templo, varios depósitos de agua, termas, un teatro y varios lienzos de muralla; Caesaraugusta (Zaragoza), colonia fundada por Augusto también en el transcurso de las guerras cántabras y capital del conventus cesaraugustano, conserva restos de su muralla del Bajo Imperio como así como la infraestructura del teatro y toda otra serie de restos; Clunia Sulpicio (Burgos), capital del conventus cluniense, municipio con Tiberio y colonia posteriormente, posiblemente desde Galba y, con toda seguridad, desde Adriano, con un teatro labrado en la roca y con unas ruinas del foro, con una basílica de tres naves, un templo quizá dedicado a Júpiter y otro posiblemente de culto imperial, así como unas importantes termas; Asturica Augusta (Astorga), capital del conventus Asturicense y centro político-administrativo del noroeste con sus importantes explotaciones mineras, de la que se conocen las cloacas y algunos restos de edificios, aparte de importantes hallazgos de inscripciones y otros restos romanos, aunque también en este caso su conocimiento se ve dificultado porque la ciudad moderna está totalmente ubicada sobre la romana, y Lucus Augusti (Lugo), capital del conventus Lucense y la ciudad que mejor conserva sus murallas bajoimperiales con sus cuatro puertas originales, que tiene, además, unas termas conocidas y a 14 km de la ciudad, en Santa Eulalia de Bóveda, el único ninfeo en España, monumento a las ninfas y a las aguas.

Edificios públicos, templos y edificios para espectáculos

En la teoría y las reglas de Vitrubio (De Architectura), el foro, centro urbano de la ciudad, debía estar emplazado en el cruce de las dos calles principales de la misma. Pero ni el foro fue único en todas las ciudades, sino más bien todo lo contrario (sin llegar en todos los casos a lo que ocurrió en la ciudad de Roma, que tuvo una docena), ni cumplía las reglas establecidas por Vitrubio.

Tenemos por las fuentes escritas y la arqueología referencias, entre otros, de los foros de Hispalis (Sevilla), Córdoba, Baelo (Bolonia, tarifa, Cádiz), Tarraco (el foro provincial y algún otro posible), Emerita y la llamada Curia de Augustrobiga (Talavera la Vieja, Cáceres). Por lo que se refiere a los templos, vemos más adelante en el apartado dedicado a la religión cómo se produce un sincretismo entre las divinidades clásicas —Júpiter, Juno, Minerva, Diana etc.—, las virtudes imperiales y los emperadores divinizados. Ello dio lugar a que «compartieran» la titularidad de algunos templos.

En las monedas locales de varias ciudades hay representaciones de templos, a veces con el rótulo de la divinidad (Elche [Juno] y Cartagena, Tarragona, Mérida y Zaragoza [emperador o virtudes imperiales]) o sin él (Málaga, Cádiz y Adra).

De los templos conocidos, el mejor conservado es el de Alcántara, dedicado a los dioses y a Trajano por C. Julio Lacer, arquitecto del puente. También está bastante bien conservado el templo de Mulva. Pero este estado de conservación no es lo corriente. Lo más común es encontrar restos no del todo significativos para el conjunto, aunque sí interesantes por sí mismos, sobre todo capiteles, que nos permiten definir el estilo del correspondiente templo, aunque, a veces, pueden corresponder también a teatros, termas y edificios privados.

Desde época de Augusto el templo normal es próstilo, períptero y corintio, levantado sobre un podio y que emplea la piedra del país como material de construcción. Se han encontrado restos de este tipo de templos, entre otros lugares, en Bolonia, Carteia, Sevilla, Córdoba, Mérida, Ébora y Barcelona. En Elche hay indicios de un tetrástilo jónico, que podría ser el representado en las monedas locales.

Los restos más abundantes son de capiteles, que se conservan normalmente en los correspondientes museos y que sirven para definir el estilo constructivo de los templos o edificios de que proceden. Tampoco son escasos los arquitrabes, entre los que destacan los del templo de Marte en Mérida.

entre los edificios destinados al ocio y solaz de los habitantes de una ciudad e incluso de los de los alrededores destacan los teatros, los anfiteatros, los circos y las termas. Normalmente, para la construcción de los teatros se utiliza la ladera de un cerro o una vaguada, para una cimentación más sencilla, aunque en algunos casos, como el de Clunia, al que nos hemos referido anteriormente, que tiene la summa y la media cavea labradas en la roca. Los teatros más importantes conocidos en Hispania, algunos de los cuales tienen un estado de conservación bastante bueno, bien porque ha sido objeto de restauraciones a lo largo de los siglos, bien por el lugar en que han sido realizados, son el de Mérida, el de Clunia, el de Italica y el de Pollensa. Conocemos el teatro de Olisipo hoy desaparecido, por dibujos de anticuarios hasta el siglo XVIII, algunos de los cuales se conservan en la Real Academia de la Historia (Madrid).

El anfiteatro, cuyo máximo exponente es el denominado Colossaeum de Roma, era el lugar donde se ofrecía mayor número de espectáculos: combates de gladiadores, luchas con animales salvajes e incluso, a veces luchas navales (naumachie). También en este caso las laderas de las colinas eran lugares buscados para su construcción (Carmona, Mérida, Segobriga, Tarragona), aunque, a veces, se usaba también una vaguada, como en el de Italica. Es interesante y bien conservada en alguno de ellos la denominada fossa bestiaria, que se utilizaba para el traslado de fieras y otros servicios y era excavada en la arena.

El circo fue uno de los edificios que más gustaban a los romanos por su entusiasmo por los caballos, ánimo que no sólo se sitúa en Roma, sino que también pasó a las provincias, con lo que se encuentran en ellas con cierta frecuencia restos de circos, aparte de representaciones, como los mosaicos, en que esta actividad aparece reflejada. En Hispania han sido excavados y limpiados en mayor o menor medida los circos de Tarragona, Sagunto, Mérida y Toledo. Finalmente, en esta somera enumeración no podíamos olvidarnos de las termas públicas, que se convirtieron casi en un elemento de uso diario. Estos edificios fueron en su origen bastante modestos, incluyendo vestuarios, patio para hacer ejercicio (palestra) y, por supuesto, las tres habitaciones para el baño, una para el caliente (caldarium), otra para una especie de sauna (tepidarium) y otra para el baño frío (frigidarium), aunque con la construcción de las termas de Tito en Roma, desaparecidas y únicamente conocidas por los dibujos de Palladio, las termas pasan a ser edificios monumentales donde, junto a lo básico antes referido, eso sí en mayor número y suntuosidad, se encuentran bibliotecas y otras salas de esparcimiento. De entre las primeras destacan en Hispania las de Caldas de Malavella (Gerona) y Caldas de Montbui (Barcelona), Los Bañales de Sádaba en Zaragoza, las termas de Segobriga y algunos baños de villae suntuosas, como la de Dueñas en Palencia, la «casa de Neptuno» en itálica y tantas otras recogidas en los estudios sobre las villae romanas. Entre las monumentales podemos citar las termas de los Palacios y los Baños de la reina Mora o termas mayores en itálica, o las termas de Alanje, a 18 km al sur de Mérida.

Arquitectura paleocristiana

Con la entrada y arraigo del cristianismo en Hispania aparecen unos edificios dedicados al culto de esta nueva religión, entre los que destacan las basílicas y las iglesias martiriales, junto a algunos edificios dedicados al culto o adaptados al mismo en algunas villae (por ejemplo en villa Fortunatus, en Fraga, y la Cocosa, en Badajoz).

Se puede afirmar con carácter general que quedan más restos de edificios de estas características en las fuentes escritas (textos literarios y epígrafes) que en las arqueológicas.

La basílica es una adaptación cristiana del edificio romano del mismo nombre. Tiene un ábside circular con 3 o 5 naves, para cuya separación se utilizan pilares unidos por arcos de medio punto. La fecha de construcción es el siglo IV y, sobre todo, el V y el VI. Basílicas conocidas, aunque en algunos casos sean un conocimiento parcial, como sucede con la de Barcelona, son las de Son Peretó y Son Bou en Mallorca, Es Fornás de Torelló y la Illeta del Rey en Menorca, Algazares en Murcia, Vega del Mar en Málaga y Casa Herrera en Badajoz. En Quiroga, Lugo, se ha encontrado lo que podría ser una mesa de ofrendas.

Las iglesias martiriales son lugares de culto a las reliquias de los mártires. Entre ellas conocemos la basílica de la necrópolis paleocristiana de Tarragona, dedicada posiblemente al culto de San Fructuoso y, quizá también, un edificio de la Cocosa, Badajoz, así como el martyrium de la Alberca en Murcia. Pero, sin duda, la mayor iglesia martirial de Hispania es la de Marialba, cerca de León, de fines del siglo IV en su primera fase. Han aparecido 13 tumbas bajo el ábside que coinciden con el número de mártires de la familia de San Marcelo, por lo que se ha pensado en él como mártir titular, pero las excavaciones no lo han confirmado.

Escultura

La escultura romana depende en gran medida de la griega, no sólo porque se trasladan piezas de Grecia a Roma, como hemos visto anteriormente en el caso de Bruto Galaico, sino porque desde el siglo II a. C., sobre todo artistas de Pérgamo se trasladaron a Italia.

La mayoría de las esculturas aparecidas en Hispania son anónimas y se han encontrado en las principales ciudades anteriormente mencionadas. Sí sabemos la fecha de algunas, como la estatua del portador de la antorcha del dios Mitra, o la estatua del mercurio del mitreo de Mérida (155 d. C.) o la estatuilla de Atlas arrodillado bajo el globo que se encuentra en el Museo de Sevilla (49 d. C.). El hallazgo de piezas sin terminar de labrar lleva a pensar que existieron talleres en Hispania que utilizaban el material de las canteras de mármol hispanas explotadas para este fin. En cuanto a la cronología de la escultura romana en Hispania, los primeros influjos claros se producen hacia el año 200 a. C. por la interrelación de la cultura ibérica con la itálica. El retrato romano tiene gran personalidad con respecto al griego, pues mientras éste refleja héroes o personajes idealizados, aquél hace referencia a personajes concretos.

En Hispania ya hay retratos del año 55 a. C., pero la época de esplendor se produce con la dinastía Julio-Claudia. El grupo más importante es el de los emperadores y miembros de la familia imperial, con varios de Augusto, con y sin velo, abundantes de Livia, su mujer, varios también de Agripina, la esposa de Claudio, y también, aunque en menor número, de Vespasiano, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio y Septimio Severo.

Junto a ellos hay también un número importante de retratos de particulares que, como en el caso de los imperiales, van decreciendo paulatinamente desde época Julio-Claudia (muy numerosos) hasta desaparecer en el siglo III. Entre ellos destacan varios retratos femeninos de Mérida, una muchacha de Mulva y un retrato de bronce de Ampurias. Las estatuas de los dioses no son independientes de Grecia, debido a la equiparación de los dioses (por ejemplo, Zeus-Júpiter, Hera-Juno, Atenea-Minerva). La mayoría de las estatuas conocidas pertenecen a la religión pública y, por ello, han sido halladas en los templos de las ciudades más importantes: Mérida, itálica, Tarragona o Córdoba.

Se han encontrado también copias de estatuas griegas, entre las que destacan las dos cabezas de Alejandro de Tarragona e itálica. La escultura se completa con los sarcófagos, sobre todo paleocristianos, de los que ya hemos hablado al referirnos al artesanado y al comercio en época bajo imperial.

Pintura

Las pinturas romanas aparecidas en Hispania, por cierto no muy abundantes y sin llegar a la espectacularidad de las de Pompeya o Herculano, tienen los mismos caracteres que en el resto del Imperio. Los restos conservados pertenecen a casas, villas y necrópolis con una cronología de entre el siglo I y el siglo IV d. C., distinguiéndose claramente dos zonas: Levante y Andalucía, con pinturas sobre todo de los siglos I y II y de influencia italiana, y las regiones occidentales, donde predominan los elementos norteafricanos. De la pintura paleocristiana no se conocen restos específicos.

Las pinturas se han hallado en las ciudades más importantes (Carmona, Mérida, Osuna, Arva, etc.), pero también en algunas villae quizá el conjunto más interesante de la pintura romana en Hispania sea el del ninfeo de Santa Eulalia de la Bóveda en Lugo, composición típica del siglo IV.

Mosaicos

Por su situación en los edificios son quizá las piezas mejor conservadas del arte romano y muchos de ellos en la actualidad embellecen y enseñorean algunos de los principales museos ibéricos, destacando, sin duda, entre ellos los del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. De acuerdo con la técnica empleada, los mosaicos son de distintos tipos:

• Opus signinum. Cemento en el que se incrustan piedrecillas claras, normalmente blancas. Son casi todos del siglo II y I a. C. (resaltan los de Ampurias), aunque alguno hay del siglo I d. C. (Mérida).

• Opus sectile. Hecho con placas recortadas de forma rectangular de caliza y mármol sobre todo, aunque también se usa algún otro tipo de piedra. La época de mayor apogeo es el Bajo Imperio y el mayor número ha aparecido en Itálica, aunque hay uno muy bello en el Museo de Córdoba.

• Opus tesselatum y vermiculatum. Son los más corrientes y entre ellos se encuentran verdaderas obras de arte. El primer tipo está hecho de pequeños cubos (tesselae) de un centimetro de lado, mientras que en el segundo se utilizan cubos mucho más pequeños, incluso hasta de un milímetro de lado.

Para los de tema geométrico es más agradecido el blanco y negro, aunque no son muy abundantes en Hispania, sino sobre todo en Roma e Italia. Las provincias utilizan más los productos polícromos de gusto oriental. Entre los de blanco y negro de Hispania destacan uno de Ampurias, otro de Carmona y el de Vega del ciego en Asturias, que se conservan en el Museo de Oviedo.

La mayoría de los hispanos están realizados en policromía y, según los motivos, destacan los de bustos de dioses, personificados a tamaño natural, escenas de la vida diaria y grandes figuras, estos últimos sobre todo del siglo III d. C. Han aparecido en las ciudades (Itálica, Mérida, Córdoba, Cabra, Zaragoza, Barcelona, Gerona, etc.), pero también en villae como la de Ramalete (Navarra), la de las Tiendas cerca de Metida, la de Quintana del Marco (León) o la de Dueñas (Palencia), sólo por citar algunos ejemplos.

Los mosaicos paleocristianos suelen ser de modesta calidad para cubrir las tumbas con una plancha (adornos geométricos y florales, crismón y, a veces, la efigie del difunto), como sucede en la necrópolis de Tarragona, o más espectaculares como los de los edificios de culto: sinagoga de Elche y basílicas de Baleares, realizándose hasta el siglo IV d. C.

LA RELIGIÓN EN HISPANIA EN ÉPOCA ROMANA

Las perspectivas que presenta la organización religiosa de los hispanorromanos a lo largo del Imperio ofrecen una cierta complejidad, acorde con otros muchos elementos característicos de la sociedad antigua. El mundo ideológico de los habitantes de la Península Ibérica durante estos siglos responde a líneas de pensamiento conformes a su comportamiento vital; de esta manera, las creencias religiosas, inmersas en un contexto más amplio, contribuyen también a la comprensión de las sociedades antiguas; en otros términos, difícilmente se podrá entender el significado de estas comunidades primitivas sin considerar el alcance de las creencias religiosas, que impregnan todos o casi todos los hábitos cotidianos.

Como punto de partida hay que contar, por tanto, con lo que representa la religiosidad en el marco de las poblaciones indígenas (prerromanas), debido a la pervivencia de muchos de tales cultos en tiempos romanos o al proceso de sincretismo que se opera entre algunas de sus divinidades más representativas y los dioses del panteón romano. En cualquier caso, la diversidad que matiza las religiones indígenas, de origen prerromano, puede explicarse como consecuencia de la convergencia entre las formas religiosas prehistóricas y las aportaciones foráneas de los invasores indoeuropeos (celtas o no) y de los elementos colonizadores procedentes del Mediterráneo oriental. En este sentido, puesto que la administración romana llevó a cabo una política extremadamente tolerante en lo que atañía a los aspectos religiosos, no puede resultarnos extraño que gran parte de estos cultos y su organización se mantuvieran vigentes en territorio hispano a lo largo de los siglos del Imperio.

Ahora bien, la gran abundancia de dioses de los que tenemos conocimiento no se reducen a los indígenas, sino que la documentación antigua nos reseña también la presencia de divinidades típicamente romanas y de cultos en conexión con ellas, que parecen haber adquirido un gran auge en las provincias hispanorromanas; el impulso de dicho arraigo se debería tanto a los itálicos establecidos en territorio peninsular como a un buen número de indígenas hispanos integrados en el marco político-administrativo romano, sobre todo a través de los centros urbanos.

Por otro lado, hemos de tener presente en este mismo contexto la importancia alcanzada por el culto imperial como elemento amalgamador del interés común a los ciudadanos romanos, que no sólo definía el carácter político implícito en la religión romana, sino que también pasaría a erigirse en un factor jerárquico en el ámbito de la religión politeísta de los romanos.

Pero si los mundos religiosos griego y romano, al igual que ocurrirá después con el monoteísmo cristiano, presentan unas características orgánicas y coherentes, no sucede lo mismo con la religiones indígenas y mistéricas (orientales), configuradas a base de aspectos muy diversos. De esta manera los cultos a divinidades llegadas de oriente se encuentran «fragmentados» y, como en el caso de los indígenas, no presentan una unidad compacta; además, la religión oriental en Hispania cuenta con la presencia de dioses de diversa procedencia (fenicia, Siria, egipcia, etc.).

A la complejidad que se advierte en esta religiosidad tan dispar hemos de añadir la importancia y significado del cristianismo, cuyos principios religiosos serían pronto asumidos por colectivos abundantes de hispanos, en especial los integrados en las capas sociales más bajas, ya que, al tratarse de una religión salvadora, dedicaría una situación de consuelo para los más desamparados en el contexto socio-económico de la sociedad romana.

Antes de pasar a analizar cada uno de los apartados correspondientes a las religiones indígenas, a la religión romana o cultos paganos de carácter oficial (incluido el proceso de sincretismo), al culto imperial, a las religiones mistéricas y orientales y el cristianismo primitivo hispano, hemos de referirnos a la documentación antigua con relación a estos temas. Las fuentes de información de carácter literario y numismático resultan mucho más numerosas durante la etapa republicana de la historia hispana antigua, al tiempo que la documentación epigráfica y los objetos arqueológicos predominan durante las tres primeras centurias del Imperio. Al tratarse, sin embargo, de referencias escasas, se ha incurrido en el grave error de aplicarlas a una misma etapa cronológica, destacando en este sentido el fenómeno del sincretismo entre dioses indígenas y romanos, que sólo iniciaría su camino en una fase avanzada de la época alto imperial.

Hay que tener en cuenta, por otro lado, que esta misma documentación no hace posible en todos los casos un conocimiento de la advocación bajo la que se veneraba el culto de la divinidad correspondiente. En este sentido, desempeña un papel sustancial la iconografía religiosa cuando ésta existe, a pesar de que el significado de los símbolos religiosos a duras penas se podrá llegar a comprender sin el mito que les rodea, puesto que dichas representaciones pueden identificarse con una teofanía de la divinidad.

Como consecuencia de ello el proceso de integración de las poblaciones hispanas en el mundo religioso romano experimentaría avatares muy diferentes. Los aspectos de la religiosidad romana comenzarían su penetración en la Península teniendo a los romanos e itálicos como portadores, pero poco tiempo después tanto los grupos y comunidades indígenas como los fenicios o griegos los asimilarían, rindiendo culto a tales dioses: ninguna norma les impedía, excepto a los judíos, introducirlos en su panteón y venerar a todos ellos.

Por consiguiente, si dejamos a un lado las regiones hispanas en las que la organización social de tipo parental hacía posible un sistema mucho más conservador en el campo religioso, el resto del territorio peninsular se incluiría en el marco religioso del Imperio, lo que se vería favorecido además por la tradicional política romana de respeto a las creencias religiosas de los grupos que iba anexionándose con tal de que aceptaran de buen grado su sistema político-administrativo.

Las distintas poblaciones hispanas perderían su cohesión interna a medida que eran introducidas en los parámetros propios de la organización territorial romana; la explotación del territorio, las formas económicas y sociales, así como las costumbres propias de cada grupo tardarían en modificarse.

Las religiones indígenas

En el ámbito de esta religiosidad tal vez sea preciso aludir como introducción a las divinidades de los por los colonizadores; tanto los púnicos como los griegos transportarían al Occidente mediterráneo a sus dioses respectivos, cuyo culto no se vería cercenado por la presencia romana en nuestro suelo, de manera que continuarían siendo venerados por un colectivo amplio de indígenas próximos a los centros coloniales y factorías-emporios de los colonizadores.

De cualquier forma, tendría lugar en el marco temporal de la República un proceso de sincretismo, a pesar de que no todas las divinidades griegas serían asimiladas por parte romana: como ejemplo más destacado sabemos que la diosa Artemis Efesia, divinidad principal de los centros griegos de la Península, dirigidos por Marsella, se asimilarían a la Diana romana. Igualmente los dioses púnicos se sincretizarían con los romanos en el contexto de las religiones orientales, pero perviviendo los lugares de culto las formas de dicho culto e, incluso, las advocaciones de los colonizadores sobre las romanas y manteniéndose con escasas alteraciones a lo largo de las primeras centurias del Imperio.

En cuanto a la religión indígena en la Hispania romana hemos de partir del hecho de que conocemos en la actualidad el nombre de más de tres centenares de divinidades indígenas, tanto por su origen como por la organización de su culto. Casi todos estos teónimos aparecen registrados en documentos epigráficos hallados en la región lusitana enclavada al norte del Tajo y del noroeste peninsular, identificándose por tanto con la regiones hispanas más débilmente romanizadas, dado que la rápida conquista y aculturación romana del territorio habitado por las poblaciones ibéricas conllevaría una pronta ocultación de las creencias.

Las imágenes representativas de tales dioses resultan ser bastante escasas, sobresaliendo, entre otras, una correspondiente a Cernunnos, la estatua de Jano encontrada en Candelario, una cabeza de Endovelico, un Marte hallado en los Pirineos, una figura del dios acuático Tameóbrigo y tres bronces en los que se representa al dios galo Sucellus.

La denominación de muchas de estas divinidades indígenas se encuentra relacionada exclusivamente con el lugar en el que se les rendía culto, llevando añadidos una serie de adjetivos en los que se especificaban los pueblos o grupos de población que las veneraban. Por lo que se refiere al panteón indígena, hemos de partir del hecho de que la Península Ibérica contaría con un politeísmo muy extendido, e incluso con amplias zonas en las que el animismo estaría fuertemente arraigado. En este sentido el objeto de culto estaba constituido por la divinidad o las fuerzas de la naturaleza, pudiendo adquirir en ocasiones este mismo carácter alguna teofanía, aunque en última instancia el objeto real fuese la divinidad.

El conjunto de dioses indígenas de Hispania ofrece bastantes similitudes con el de Galia, a pesar de variar sus nombres. Así, por ejemplo, sabemos que la tríada de las divinidades celtas que menciona Lucano (Farsalia 1, 444-446) era venerada igualmente en territorio hispano, donde se rendía culto a un dios indígena inventor de las artes y que sería asimilado a Júpiter, que tenía su morada en las montañas y disponía a un mismo tiempo del rayo y la tormenta (conocido como Júpiter Candiedo en una inscripción de Galicia y Júpiter Candamio en otra de Asturias).

Del mismo modo adquiría un gran significado una divinidad innominada asimilada a Marte, muy venerada entre las poblaciones septentrionales (reseñada como Marte Cariocieco en CIL II 5612). Junto a ellos recibiría culto una deidad infernal y nocturna, Endovelico, así como una divinidad protectora de los herreros, cuyo nombre desconocemos.

Existen una serie de dioses, a los que Blázquez considera de «carácter desconocido»: entre más de una veintena de ellos destaca Abna en Santo Tirso (Portugal), Dialco en Cabeza del Griego o Verore en Lugo. A ellos hemos de añadir otros cuya denominación se identifica con un topónimo, como Arentio en Idanha a Velha, Baraeco en Trujillo, Tullonio en Alegría (Álava), etc. A continuación, cabe destacar la presencia de un grupo de divinidades protectoras o bienhechoras, cuya advocación concreta se desconoce, aunque tal vez lo fueran bajo todas ellas. Así por ejemplo, Banda (o Bandua), que se identificaría con una diosa similar a Fortuna y, por ello, protectora de la familia.

De otro conjunto abundante de dioses conocemos sus advocaciones cuya clasificación lógica debería llevarse a cabo de acuerdo con el contexto religioso de la población a la que corresponde el territorio en el que fue hallada la inscripción que lo constata: entre ellos contamos con dioses de la salud, de la fecundidad, de los viajes, del artesanado, de la guerra y dioses uranios.

Entre estos últimos destaca el hecho de que tanto el Sol como la Luna, las estrellas y algunos planetas serían considerados por los indígenas como teofanías, moradas de dioses o, incluso, divinidades en sí mismas. Las abundantes representaciones de discos solares o radiados, medias lunas y astros en las cabeceras de los monumentos epigráficos nos hacen pensar en su conexión con la vida de ultratumba. En lugares de la Península muy distantes entre sí tenemos constancia del culto a la Luna, como en las dos islas a ella consagradas, una en la costa malacitana y otra en la gallega, así como la iconografía monetaria de ciudades meridionales hispanas y estelas funerarias de la Meseta.

Pervivencias de este tipo de culto se rastrean en las danzas rituales que, hasta hace pocas décadas, continuaban practicándose en Galicia y de las que se hace eco Estrabón al afirmar que según ciertos autores, los galaicos son ateos, pero no así los celtíberos y los demás pueblos que limitan con ellos por la zona norte, todos los cuales cuentan con una divinidad innominada, a la que, durante las noches de plenilunio, las familias rinden culto, danzando hasta el amanecer delante de las puertas de sus casas (Geografía 3, 4, 16).

Por otro lado, las fuentes literarias aluden también a ciertos animales sagrados que serían objeto de culto, destacando el ciervo entre los lusitanos (Plutarco; Vida de Sertorio 20 y 22), el buitre entre los arévacos (numantinos) y el toro entre las poblaciones pastoriles. En este sentido las creencias de vacceos y celtíberos relacionando las moradas de los difuntos con lugares elevados conducían a abandonar los cadáveres al aire libre para que fueran despedazados por los buitres.

No obstante, estas creencias en dioses astrales de ultratumba no abarcarían todo el territorio peninsular: en el área propiamente ibérica se han descubierto infinidad de representaciones animalísticas junto a las tumbas (leones, esfinges, grifos, toros, etc.), a las que se les atribuye un carácter apotropaico. Del mismo modo en esta zona geográfica se hallaron esculturas femeninas en ciertas necrópolis con una cavidad posterior a modo de urna cineraria, a pesar de que tales creencias serían borradas pronto por Roma.

Se ha supuesto que la diosa Ataccina sería también una divinidad funeraria, argumentando para ello su asimilación con la romana Proserpina: de este modo, si la Ataccina de Turobriga respondía a tales características funerarias, nos hallamos ante un área peninsular diferente en vinculada a las creencias de ultratumba.

Como puntualiza Mangas, el hecho de que ciertos dioses cuenten con una advocación preferente, no excluye que se les venerase igualmente bajo otras advocaciones menos frecuentes. Por lógica, los creyentes buscarían en todos los casos la fertilidad de sus tierras y la fecundidad de sus ganados y familias, de modo que es posible que a menudo los dioses de la salud no fueran distintos de los de la fecundidad. Los exvotos de los santuarios ibéricos se vinculan con las peticiones y anhelos de los fieles: fertilidad, protección de su salud, ayuda en la guerra, etc., actitud que quizá constituye la pauta de comportamiento con respecto a otros dioses.

El culto a las montañas, árboles, etc., estaba arraigado entre las poblaciones de la mitad norte peninsular, como ha analizado M. L. Albertos para el caso de los galaicos, astures y berones, destacando el significado de algunas de las deidades más representativas: en este contexto se enmarca el monte existente las proximidades de Lisboa estaba consagrado al viento Zephyrus, fecundador de las yeguas de la región; del mismo modo en Palencia se localiza el culto a las Duillae como divinidades protectoras de la vegetación. Por su parte en diversos lugares del área indoeuropea o celta se han descubierto restos al culto de las Matres, protectoras de la fertilidad de las personas y la fecundidad del suelo (representadas en número de tres sedentes y rodeadas de niños y frutos del campo).

A su vez, la diosa Epona, sentada sobre un caballo y representada de frente pasa por ser la divinidad protectora de los animales, en especial de los équidos, al haberse encontrado figuraciones suyas en apriscos de ganado. De la misma manera seguirían vigentes los cultos a dioses protectores del ganado vacuno y porcino en el área vettona como una pervivencia de la religiosidad prerromana, contando como teofanía de los mismos con abundantes esculturas de toros y cerdos (los verracos).

Por lo que se refiere a los dioses de la salud, los exvotos de los santuarios ibéricos, que continuarían vigentes como lugares de culto durante el Imperio, nos están indicando las enfermedades cuya curación pretendían los exvotos y que no se concretan en el testimonio de Estrabón, en el que se refiere al hecho de que las poblaciones septentrionales ponían a los enfermo junto a los caminos para que los curasen. La curación de las personas se vincularía tanto con algunas plantas como con aguas medicinales, ritos celebrados en diversos santuarios, etc. Tal vez haya que enmarcar en este contexto a las divinidades de las aguas, que serían objeto de un culto enormemente extendido por todo el territorio peninsular, destacando el ofrecido a las ninfas y al genio de las fuentes (CIL II 2546); además, el culto a las fuentes y aguas termales gozaría de gran aceptación entre las poblaciones próximas al Duero y al Miño.

Endovelico ha sido considerado tanto un Dios de ultratumba como un dios de la salud o un dios de los muertos debido al emplazamiento de su santuario en San Miguel de Mota (Portugal). Según Mangas, se trataría básicamente de un dios de la salud, lo que se deduce de las expresiones correspondientes a los monumentos epigráficos en que aparece, que llevan a confirmar la práctica de ritos de incubatio en las capillas añadidas a dicho santuario.

Si tenemos en cuenta que los caminos constituirían lugares peligrosos para quienes los frecuentaban, no debe extrañarnos el hecho de que una capilla o recinto sagrado constituiría un elemento de orientación sumamente apreciado por los viajeros. De ahí que, aunque desconozcamos en gran medida los nombres indígenas de dichas divinidades, hayan llegado hasta nosotros asimiladas con la romanas bajo el calificativo de lares viales, con abundante profusión de epígrafes en el norte peninsular. Estas creencias en los dioses protectores de los viandantes permanecerían vigentes a lo largo de todo el Imperio, puesto que San Martín de Dumio nos asegura, al final del mismo, que había que condenar el culto a los dioses de las encrucijadas.

Por último, existiría igualmente una divinidad de la guerra, asimilada al Marte romano según los autores antiguos, y de gran tradición entre los pueblos del norte de acuerdo con Estrabón. En este sentido el Dios Cosus, con epítetos muy diversos, era venerado en varios lugares; él mismo, u otra divinidad indígena de las mismas características, se asimilaría al Marte romano bajo varias formas (Marte Tileno, Marte Cariocieco, etc.). Quizá no haya que circunscribir dicho culto al norte de la Península, como demuestran los dioses de los santuarios ibéricos, encargados de proteger igualmente a los guerreros. Hemos de tener en cuenta, sin embargo, que el proceso de romanización de la Península Ibérica se traduciría, en el plano religioso, en una interpretación romana de los dioses indígenas mediante un proceso de sincretismo entre la religiosidad indígena y la romana. En tales circunstancias la interpretación solía proceder más del lado indígena que del romano, puesto que los nativos sentirían la necesidad de acompañar la advocación de su dios con la equivalente al romano. Destaca sobre todo la asimilación que se produciría entre las divinidades indígenas de las aguas y las ninfas romanas, presentándose muchas veces con la forma toponímica correspondiente. Sabemos, además, que, dado que su culto se prolongaría hasta finales del Imperio, el cristianismo convertiría en lugares para su propio culto antiguo santuarios consagrados a las aguas, como sucedería en el caso de Santa Eulalia de Bóveda (Lugo).

De la misma forma no conocemos el nombre indígena de dios del artesanado a pesar de que la presencia del romano Mercurio, catalogado con epítetos locales, parece reflejar un sincretismo entre ambos; sin embargo, las divinidades de esta naturaleza posiblemente alcanzarían notoriedad en las zonas vinculadas a yacimientos mineros. Por lo que respecta a los lugares de culto, las poblaciones prerromanas contaban con un conjunto de referencias sagradas, que eran los límites del territorio correspondiente a las organizaciones gentilicias, los centros y recintos de culto, las corrientes de agua, montañas y bosques sagrados, las encrucijadas de la red viaria de comunicación. En otras palabras, las formas políticas y el carácter de la religiosidad indígena constituirían los elementos definitorios de las zonas acotadas y consagradas al culto.

No tenemos noticias de la existencia de grandes santuarios vinculados con las divinidades indígenas que acabamos de reseñar, si exceptuamos los de Endovelico y Ataccina Turobrigense Proserpina, ambos en Lusitania, así como el de Panoias. Sabemos que ciertas rocas, algunas zonas del bosque, las fuentes de aguas salutíferas, etc., eran lugares entregados al culto, aunque no los conjuntos arquitectónicos de los poblados castreños a los que se les había asignado una conexión con los ritos de incineración. En el santuario de Panoias (Vila Real), emplazado al aire libre, se rendía culto, a comienzos del siglo III d. C., a todos los dioses y diosas, incluyendo divinidades indígenas y romanas. Nada sabemos, sin embargo, de las ceremonias rituales de estos santuarios excavados en la roca, cuyas plataformas se comunicaban entre sí mediante escalinatas y rampas.

Algunas montañas, islas y promontorios (cabos) eran considerados sagrados, como el monte de Venus (advocación que oculta el nombre de una diosa indígena), la montaña sobre la que se alzaba el santuario de Endovelico, el monte Tileno, etc. Por su parte, también las cuevas y santuarios ibéricos se hallaban ubicados fuera de los recintos de los poblados; en cualquier caso, las prácticas rituales y de culto no se llevarían a cabo en el interior de las cuevas sino en los lugares sagrados del exterior, algunos de los cuales incluso llegarían a estar fortificados. Todos ellos continuarían siendo centros de culto a lo largo del Imperio, a pesar de que la penetración de la religión romana desplazaría su importancia, provocando su posterior desaparición.

Las divinidades indígenas, en especial las de mayor significado, como sucedía con Endovelico y Ataccina, recibirían culto de gentes de procedencia muy diversa y de origen social muy variado: entre los devotos del primero se encontraban tanto indígenas como ciudadanos romanos de origen oriental. Endovelico era considerado como el dios lusitano de la salud y la medicina: concedía oráculos a los enfermos, quienes pasaban una noche en el recinto sagrado (o en sus capillas adyacentes) y se les indicaban las prácticas a seguir en cada caso.

Una gran mayoría de los oferentes y fieles que aparecen en las inscripciones dedicadas a los dioses indígenas son igualmente indígenas, parcialmente romanizados al utilizar el latín en sus dedicatorias. Entre quienes costean dichas dedicatorias encontramos grupos de legionarios, libertos y comerciantes llegados a territorio hispano e introducidos por los indígenas en el marco de su religiosidad, tal vez como consecuencia de su matrimonio con nativas ibéricas. No obstante, el número más abundante de inscripciones a estas divinidades indígenas provendría de individuos originarios del lugar en que, de manera tradicional, se venía rindiendo culto a dichos dioses.

Las formas de culto englobaban los medios para atraerse la buena voluntad de los dioses o agradecerles los favores recibidos; contamos, así, con actitudes de creación, adoración y dedicación, consistiendo la ofrenda en todo tipo de objeto o animal, con valor real o simbólico. Las palabras que acompañaban al rito eran utilizadas en ocasiones con fórmulas mágicas (tablas de imprecación). La práctica de la incubatio comportaba la creencia de que la divinidad manifestaba su voluntad a través de los sueños: los sacerdotes del Herakleion gaditano, por ejemplo, además de dirigir las ceremonias rituales y de culto, interpretaban los sueños de los devotos.

Existieron prácticas adivinatorias arraigadas entre las poblaciones septentrionales, siendo tanto las mujeres como los hombres quienes las realizaban en el caso de los celtíberos; igualmente en las Fuentes Tamaricas cántabras existía un centro dedicado a la adivinación, mientras que otras poblaciones (los galaicos entre ellos) llevaban a cabo presagios a través del análisis de las entrañas de las víctimas, del vuelo de las aves, etc. Es más, los lusitanos estaban avezados a los sacrificios rituales de personas, práctica que sería abolida por el Estado romano, permaneciendo vigente la forma de caer muertas las víctimas animales como elemento de la magia y adivinación.

Entre los sacrificios de animales destaca el caso de los vascones, quienes ofrecían caballos a un dios innominado (el Sol o un dios de la guerra), bebiendo a continuación su sangre de manera ritual. Además de caballos, machos cápridos (en una etapa más antigua se unirían también prisioneros de guerra) serían sacrificados por las poblaciones castreñas en honor de un dios de la guerra, contando con referencias de sacrificios de cerdos, ovejas, corderos, vacas, bueyes, etc. Sirva como ejemplo la inscripción de Cabeço das Fraguas, fechada en la segunda mitad del siglo II, en la que se menciona el sacrificio de un cerdo, una oveja y un toro, relacionado con los suovetaurilia indoeuropeos y romanos.

Otras formas de culto se relacionarían con libaciones sobre las aras de los dioses, el encendido de velas en encrucijadas y lugares rocosos, procesiones de carácter ritual, monedas arrojadas a fuentes, etc. A lo largo del Imperio algunas danzas y mascaradas conservarían su religiosidad primitiva, contando entre otras con la realizadas en el norte peninsular en honor de la Luna, que a menudo acompañaban a los sacrificios colectivos (Estrabón, 3, 3, 7).

La realización de este tipo de actos de culto tendría lugar tanto en grupo como de forma individual, de manera que las danzas rituales acompañarían a profesiones y actos colectivos, mientras que las ofrendas, libaciones y sacrificios rituales podían realizarse a título individual o en grupo. En este sentido, las acciones culturales de carácter colectivo estarían dirigidas normalmente por un sacerdote, cuya presencia en las fuentes históricas antiguas es nula, salvo en el caso del encargado de la adivinación en el pueblo de los lusitanos (Estrabón, 3, 3, 6).

Se puede afirmar, por consiguiente, que no existía, en el área indoeuropea de la Península Ibérica, una organización sacerdotal similar a los druidas galos; en contrapartida, al margen de las funciones religiosas dirigidas por los adivinos, hay que contar con el hecho de que los jefes de las diferentes unidades sociales serían los encargados de oficiar los cultos tribales correspondientes en el momento de las grandes celebraciones de carácter público. Frente a ello, los santuarios ibéricos y tal vez el de Endovelico estarían bajo la custodia de guardianes y sacerdotes a un mismo tiempo; sin embargo, esta organización sacerdotal de raigambre ibérica desaparecería poco después de la conquista romana de la región.

Los cultos romanos en Hispania

Aún cuando no se produjo una desaparición absoluta de la religiosidad de los indígenas ni éstos renunciaron a sus cultos tradicionales, los hispanos sumarán a sus creencias y cultos anteriores los propios de los romanos; además, en algunas regiones, las divinidades romanas sustituirán casi por completo las más antiguas creencias indígenas. La religión romana penetrará en los territorios ibéricos de forma desigual, de acuerdo con el momento de anexión de los diversos territorios, las características de la organización indígena, la situación administrativa de cada comunidad o grupo social, etc.

No debemos olvidar, por otro lado, el carácter estatal de esta religión, dado que en el fondo se trataba de una religión oficial presidida por los magistrados, lo que convertía a una gran parte de las manifestaciones religiosas y culturales en una rama más de la administración pública romana. Será, por consiguiente, esta religión estatal la que Roma, al margen de la libertad de prácticas religiosas indígenas, tratará de introducir entre las poblaciones conquistadas, así como los restantes elementos de la romanización.

Como consecuencia de ello, en cada uno de los centros urbanos hispanorromanos los magistrados municipales (civiles) se hallaban a la misma altura que los cargos religiosos y las agrupaciones sacerdotales, con los que se confunden en ocasiones. En este sentido, el culto imperial, que el Estado impulsará en las provincias hispanas, no será más que el resultado de la prioridad asignada a los cultos públicos sobre los privados.

La religión romana no contaba con unas creencias básicas, ni tan siquiera elementales, ni con una moral claramente definida; el carácter religioso se hacía preciso únicamente en cuanto existía la necesidad de disponer de una religiosidad nacional (política) elaborada por los escritores e historiadores más representativos de la primera fase del Imperio, manifestándose dicha invitación a la religiosidad como una virtud propia del ciudadano romano.

Al ser en su origen un pueblo eminentemente agricultor y pastor, los romanos pretendían lograr de los dioses esa protección para sus campos y ganados en que, de este modo, tan pronto como comprendían que un ser vivo o inanimado poseía numen o genio, pasaban a convertirlos en dioses: por ello contaban con dioses del campo, de los bosques, de los caminos, de los prados, de los ganados, del hogar, de las fuentes, de los ríos y de la propia ciudad (con el transcurso de los años la dea Roma pasaría a ocupar un lugar privilegiado en el ámbito de los cultos).

A su vez se integrarán en la religión romana las divinidades griegas que contaban con un sentido protector de las diferentes facetas de la vida y del medio ambiente del hombre: de esta manera se introducirá, por ejemplo, en el panteón romano la diosa Venus, protectora de la fecundidad, y Proserpina, patrona de la germinación de las plantas. Al mismo tiempo los graneros y despensas dispondrán de sus dioses penates, los campos de sus lares y los conceptos o deseos abstractos de sus respectivos genios (Pax, Concordia, Victoria, Virtus, Honor, Fides, etc.). Aunque un cierto número de divinidades disponía de advocaciones similares a las indígenas, ocuparán un lugar diferente en el marco de la estructura jerárquica religiosa, de igual manera que la organización social era distinta a la de la sociedad indígena.

Los dioses oficiales romanos incluían la tríada capitolina, la dea Roma y el Emperador, así como las divinidades imperiales asociadas; a través del culto que se les rendía se manifestaba el poder supremo de Roma: al tratarse de divinidades políticas los poderes públicos apoyaban no sólo su existencia, sino también su expansión.

La tríada capitolina (Júpiter, Juno y Minerva) recibía culto en los centros urbanos privilegiados, siendo conocido sus templos como Capitolios (en Urso, Hispalis, Baelo, Emerita, Asturica, Tarraco, etc.). Tales divinidades de carácter oficial arraigarán de forma más acusada en los territorios hispanos vinculados a los asentamientos militares y zonas de menor romanización (el noroeste).

Las condiciones peculiares de cada provincia hispanorromana, e incluso de cada circunscripción menor dentro de las mismas (conventus), condicionarían la implantación de unos u otros dioses oficiales: así, el culto a la diosa Roma, enormemente extendido en el marco geográfico greco-oriental, será débilmente aceptado en territorio hispano, en tanto que vinculado al culto imperial.

Por su parte, Júpiter será venerado en ciertas regiones como un dios celeste y de ahí y su asimilación con divinidades indígenas de carácter uranio en cuanto a la diosa Juno, así como Minerva, contaban con devotos pertenecientes en su mayor parte a los grupos sociales más romanizados.

De igual forma encontramos dioses de la salud y de las aguas, destacando en primer lugar las ninfas, que se asimilarán a las divinidades de origen prerromano en las mismas áreas en que era conocido el poder salutífero de las aguas. Junto a ellos sobresale el culto a Esculapio, dios de la salud influido por los centros coloniales griegos del litoral oriental. Igualmente son numerosos los hallazgos en Lusitania en honor de Salus.

Las divinidades consideradas como protectores de la casa y de la sociedad (lares domésticos, Vesta, Jano, Lupa, penates y diosa Roma) encontraron un escaso arraigo en suelo hispano, predominando en las zonas más romanizadas y siendo conocidas bajo las mismas advocaciones que en Roma. En cuanto a Marte, será venerado como dios de la guerra por parte de elementos militares en Lusitania y Tarraconense, mientras que el culto al Hércules gaditano contribuirá a una menor expansión del propio de Marte en la Bética. Por otro lado, los Dióscuros, como héroes divinizados, protegían a sus fieles de los peligros del mar o de los propios de las batallas.

En relación con el cielo económico existían dioses romanos de carácter secundario, como Flora, Príapo, Fauno y Pomona, representados en esculturas de huertos y jardines. Saturno tampoco tenía un gran número de devotos, al tiempo que la diosa Ceres, protectora de la agricultura, y Terra Mater contarían con un grupo reducido de devotos pertenecientes a los sectores más romanizados. Además se desarrollará también el culto a Venus y a Cupido.

El sustrato religioso prerromano comportó una gran influencia sobre los cultos y creencias romanos de acuerdo con lo que observamos en el caso de Diana: además de protectora de las actividades cinegéticas, en las ciudades griegas minorasiáticas era considerada como diosa de la fecundidad, llegando a convertirse en algunos casos en personificación de la Luna. Menor relieve adquirirá Silvano, venerado por las capas sociales más bajas de hombres libres, así como por esclavos y libertos, y que en las provincias hispanas tendría ese mismo carácter.

El culto a los Lares Viales y Mercurio, asimilados a los dioses indígenas protectores de los caminos y viajes, se propagó junto al de esas mismas divinidades: sólo en algunos casos mantendrá el carácter específicamente romano. Del mismo modo, algunos conceptos o virtudes fueron considerados como divinidades aisladas o asociadas al culto imperial (Abundantia, Virtus, Pictas, etc.), estando relacionadas con comunidades intensamente romanizadas al no ser asimilables a los dioses indígenas.

Por su parte Tutela tuvo abundantes adeptos entre los libertos y esclavos, identificándose con un dios guardián (en algunos casos aparece como protector de una población completa, como la Tutela de la civitas de los pésicos en Asturias). Con unas características análogas se nos presenta el Genio, protector tanto de personas como de comunidades, edificios e, incluso, de otros dioses; entre sus fieles destaca igualmente un colectivo amplio correspondiente a los grupos sociales más bajos.

Con respecto a los dioses de ultratumba, las creencias se mezclaron con las griegas y su incidencia no alcanzará a los sectores sociales más populares ni a los escasamente romanizados, destacando Proserpina, Plutón, Las Parcas, etc. Las referencias a los dioses manes aparecen también en inscripciones funerarias en las que perviven los símbolos astrales de tradición indígena, en los que se reflejan creencias en la morada de los difuntos en las alturas.

A excepción del norte peninsular, la religión y cultos romanos gozaron de una aceptación casi generalizada: todas las deidades del panteón romano recibían sin excepción culto en las provincias hispanorromanas, siendo el más venerado de ellos Júpiter, seguido de Diana. La documentación existente al respecto resulta enormemente variada: así, por ejemplo, Tarragona nos ofrece fragmentos de los restos de un templo de Júpiter, así como los clípeos con la cabeza de Júpiter Ammón (otros templos de la misma ciudad estaban dedicados a Marte, Tutela y Minerva Augusta). Por otro lado, el templo de Júpiter en Capera corresponde a la época de los Antoninos, mientras que en las proximidades de Plasencia existía un aedicula.

Del mismo modo, en Mérida se conservan restos de un templo consagrado a Marte, mientras que Augustobriga contaba con un Capitolio, al igual que Baelo, este último con un templo dedicado a Minerva, otro a Júpiter y un tercero a Juno. A través de las inscripciones se constata también la existencia de algunos otros templos, como el de Minerva en Gades, el de Apolo en Arucci, etc. Y, junto a ello, el territorio hispano ha aportado imágenes de divinidades romanas en buen estado de conservación, la mayor parte de las cuales corresponde a la Bética y el litoral de la Tarraconense, como el Mercurio y Venus de itálica, el Poseidón de Denia, etc., lo que no impide que hayan aparecido igualmente en otras regiones peninsulares más débilmente romanizadas.

Las formas de culto, en el caso de los dioses romanos, no se diferenciarán sustancialmente de las propias de los indígenas; en este sentido cualquier devoto podía comunicarse libremente con la divinidad, a pesar de que el culto organizado revestía cuatro modalidades distintas: culto doméstico, culto de las asociaciones populares, culto de las unidades administrativas inferiores (colonias-municipios-civitates) y culto conventual o provincial.

La religiosidad romana acabará por convertirse en algo permanente y definido en el sentido ritual y formalista: como consecuencia de ello distintos cuerpos sacerdotales correspondientes a los diversos dioses celebrarían sus cultos. Al aumentar el número de divinidades se ampliaron igualmente los cuerpos sacerdotales, al tiempo que los paterfamilias actuaron como sacerdotes privados ofreciendo sacrificios a los lares. Además, cualquier ciudadano podía ser sacerdote público y los magistrados tenían a su cargo los cultos del Estado, mientras que un cuerpo de adivinos estaba encargado de observar el cielo, la forma de comer de los pájaros, el vuelo de las aves, etc.; otros cuerpos religiosos estaban integrados por los arúspices, pontífices, vestales, fetiales, etc., siendo presididas las funciones religiosas de carácter estatal por el pontífice máximo.

Estos aspectos culturales y las creencias relacionadas con la religión de Estado serán los que adquieran mayor vigencia en Hispania, repitiéndose los cargos y funciones sacerdotales en cada uno de los centros urbanos. Las manifestaciones de tales creencias eran muy frecuentes, de manera que cualquier aspecto importante de la vida familiar, municipal o provincial iba acompañado de un sacrificio o acto religioso.

El culto doméstico a los lares era oficiado por el «padre de familia» como sacerdote, pudiendo participar en el mismo tanto las personas libres como los esclavos y libertos de cada familia. Junto a ello el culto ofrecido por las asociaciones populares tenía un carácter colectivo y no público. Los cultos públicos, por su parte, de acuerdo con la ley colonial de Urso, estaban organizados por los ediles y sacerdotes de dicha comunidad, modelo que será utilizado por los municipios y otras unidades administrativas inferiores.

Cada centro urbano (colonia o municipio) disponía de dos colegios sacerdotales, el de los pontífices y el de los augures, con tres miembros cada uno de ellos. El cargo de sacerdote era vitalicio y únicamente eran elegidos los ciudadanos con buena posición económica y antecedentes irreprochables durante su vida; conllevaba privilegios, así como exenciones fiscales y militares, pero también obligaciones, como la residencia en el núcleo urbano. Los aspectos no religiosos, como la administración económica de los templos, dependían de los ediles, quienes nombraban para su gestión a unos funcionarios renovables cada año, al tiempo que el cuidado y la limpieza de los templos corría a cargo de esclavos públicos.

El culto al emperador

La institucionalización de este culto de origen romano en territorio hispano sirvió como elemento unificador de los distintos pueblos peninsulares, bien dispuestos a aceptarlo. Las raíces de dicho culto hay que buscarlas en los propios indígenas, dado que, en los momentos finales de la República, se documenta un culto a los jefes: en este sentido las instituciones de la devotio y la Fides ibéricas constituirían las bases para dicho culto, a lo que hay que añadir el patronato sobre individuos o colectividades públicas.

En la Península Ibérica se inicia el culto imperial en la persona del primer emperador, Augusto, en el año 25 a. C.; en este proceso la iniciativa de los provinciales precedió a la intervención gubernamental, puesto que la tradición ibérica de la devotio fue invocada en Roma el mismo día que Octaviano recibía el título de Augusto (año 27). Coincidiendo con su estancia en Tarragona los habitantes de dicha ciudad le dedicaron un altar, sobre el que crecería una palmera; de esta manera, en torno al año 15 a. C. contaba con altares en Mérida y con las Aras Sestianas en el norte (Bracara, Gijón, Aquae Flaviae, etc.).

El culto imperial tuvo sus primeras manifestaciones alrededor de los altares, constituyendo una excepción notable el templo municipal de Cartago Nova; este culto revestía pronto un carácter municipal en Tarragona. Frente a él, el culto a Roma, con el que se asocia el de Augusto en la regiones orientales del Imperio, estaba escasamente arraigado en las provincias occidentales (contradice de este modo la teoría que quiere ver el origen del culto al emperador en Oriente y Grecia y su traslado posterior a Occidente).

El culto imperial honraba a Augusto como hijo del divino César; por lo tanto se conectaba directamente con su persona más que con su genio o numen. Por otro lado, en las provincias hispanorromanas gozaban igualmente de gran aceptación los cultos dinásticos a otros personajes, como Agripa, Tiberio, Lucio y Livia, entre otros.

El reinado de Tiberio se identifica con la etapa decisiva en el proceso de instauración definitiva del culto al emperador, como se observa, por ejemplo, a través de las monedas: la muerte de Augusto trajo consigo la aparición de un culto provincial organizado, de acuerdo con lo que se desprende de los templos de Tarragona y Mérida, en los que no aparecen asociados el culto de Roma y Augusto.

En este contexto, dicho emperador prohibió en el año 25 d. C. que a ejemplo de Asia, se erigiese en la Bética un templo dedicado a él en vida y a su madre (Tácito, Annales 4, 37): el motivo de tal prohibición pudo estar vinculado con el hecho de que la Bética era provincia senatorial y escapaba, por tanto, al control directo del emperador. No obstante, en tiempos de Tiberio los hispanorromanos honraban a los Césares vivos, es decir a Germánico, Druso, Druso el Menor, Nerón y Calígula, así como a Livia.

Ya en el transcurso de esta primera etapa aparece reseñada en la documentación la presencia de pontífices y flamines, encargados y entregados al culto imperial, así como de Augustales y magistri larum Augustalium. En la celebración y ceremonias de dicho culto tomaban parte todas las clases o grupos sociales sin distinción, síntoma de una veneración espontánea de acuerdo con las inscripciones.

El culto al emperador adquirió en las provincias hispanas formas muy diversas y, así, junto al culto a la figura imperial, vivo o muerto y divinizado, encontramos manifestaciones a las personas más cercanas de su familia, al numen y al genio imperiales, a los dioses augusteos relacionados con él, y, finalmente, a las virtudes imperiales, todo lo cual conectaba con la configuración de una especie de teología del culto imperial.

Para comprender, en este contexto, las formas de culto distintas a las vinculadas directamente con el emperador, hemos de tener presente el hecho de que varios dioses romanos y otros orientales aparecen acompañados a veces del epíteto augusto/augusta; en los casos en que acompaña a una virtud personificada constituye un indicio evidente del culto a una virtud imperial (Providentia Augusta, Salus Augusta, Aeternitas Augusta, Pietas Augusta, Fortuna Augusta, etc.).

Las divinidades romanas y orientales se extendieron ampliamente por Hispania con sus propias advocaciones, de manera que, cuando van seguidas del adjetivo «Augusto», se alude al poder de dicho Dios en cuanto protector de la persona del emperador. El numen comenzó a adquirir significado como divinidad individualizada en una fase avanzada del Imperio, identificándose con el poder, la majestad y la fuerza de un dios (y algo parecido sucedería con la veneración del numen de los emperadores). En contraposición, el genio era invocado como protector de las personas particulares, de las comunidades de las cosas, por lo que el culto al genio del emperador se relacionaba con el espíritu protector del mismo.

A esos primeros momentos de gran florecimiento del culto imperial seguiría, a la muerte de Tiberio, un decaimiento acusado, que se mantendrá entre los años 37 y 68; de los emperadores de la dinastía Julio-Claudia únicamente Claudio gozó de una veneración más o menos generalizada, lo que provendría, sin duda, de su intento por otorgar el derecho de ciudadanía a todos los habitantes de las provincias. A pesar de todo, no deja de causar admiración este debilitamiento, si lo comparamos con hechos circunstanciales, como el juramento de fidelidad a Calígula realizado por parte de los habitantes de Aritium, en Lusitania, a los dos meses de su ascenso al trono (CIL II 2221 y 2234), a pesar de que las manifestaciones de dicho culto se relacionan exclusivamente con los divi, siendo atendido sólo por los flamines.

El culto imperial que se desarrolló en las provincias hispanorromanas era una consecuencia inmediata del culto del conventus, desconocido en las restantes provincias del Occidente romano, a excepción de Dalmacia. En tiempos de la dinastía de los Flavios se revitalizó aún más dicho culto, lo que nos ha quedado patente en la gran diversidad de dedicantes y en los abundantes sacerdotes provinciales reseñados en las inscripciones; no tuvieron eco, sin embargo, en este sentido las excentricidades de Domiciano, que se hacía pasar por un dios vivo.

El período del máximo apogeo del culto al emperador en Hispania coincide, sin duda, con la fase de la historia de Roma ocupada por la dinastía de los Antoninos (siglo II), en relación con la vinculación de algunos de dichos emperadores con la Península Ibérica, en especial con la Bética, que nos ofrece el mayor número de testimonios (sobre todo Italica). Este hecho no impedirá que Tarragona continuase desempeñando a lo largo de dicha centuria las funciones de centro religioso hispano de mayor significado.

En el marco del culto imperial de esas décadas hemos de destacar el santuario (capilla) de Alcántara, que se fecha en torno al 103-104 y está dedicado al emperador vivo y a los emperadores muertos: obra de un ciudadano particular, constituye un ejemplo evidente y elocuente de la gran vitalidad alcanzada por el culto imperial en aquellos momentos, pudiéndose considerar como algo excepcional en el marco de las provincias romanas occidentales.

El emperador Adriano restauró, en el año 122-123, el culto dedicado a Augusto en Tarragona, introduciendo el culto a la diosa Roma en el marco del culto provincial propio de la provincia Citerior Tarraconense. Durante estos años se pasó de un culto dirigido exclusivamente a Augusto, arraigado y desarrollado durante la dinastía de los Flavios, a un culto vinculado con los emperadores vivos, de carácter mucho más colectivo y más amplio que el mero culto imperial. Junto a ello las manifestaciones religiosas a las virtudes imperiales no desempeñaron un papel sustancial en tiempo de los Antoninos, logrando un significado cada vez mayor las emperatrices y dando paso la iniciativa privada a la colectiva y oficial.

De cualquier forma el auge del culto al emperador no logró sobrepasar los años correspondientes al reinado de Marco Aurelio, puesto que no existen dedicatorias a dicho emperador posteriores a 170, momento en el que se inició su ocaso. Los testimonios pertenecientes al siglo III son relativamente escasos, siendo oficiales todas las dedicatorias y encontrándose bastante diseminados por todo el territorio hispano, por lo que, a lo largo de dicha centuria, el culto imperial fue perdiendo su individualidad.

Por lo que se refiere a los devotos de dicho culto, hemos de partir del contraste existente con relación a la tríada capitolina por ejemplo: mientras que los adeptos de dichas divinidades estaban vinculados con los diversos estamentos de la milicia, los representantes del sector oficial o semioficial de la administración, así como los indígenas con nombres latinizados y las comunidades indígenas, los fieles a los cultos conectados con el emperador se identifican en su gran mayoría con miembros de los ordines y los sectores romanizados y acomodados de la sociedad hispanorromana.

El culto imperial interesaba de manera casi exclusiva a las minorías sociales privilegiadas, que representaban al grupo más elevado en el marco de la organización político-administrativa ciudadana. Sin embargo, como contrapartida el culto a las divinidades y virtudes augusteas contaba entre sus devotos mayoritariamente con personas de bajo origen, esclavos y libertos; tales divinidades presentaban un carácter doméstico y familiar, ofreciendo además protección a los individuos y a la comunidad política y social de los ciudadanos de manera que, con ello, la religión privada entraba a formar parte de las ceremonias y cultos públicos.

En cualquier caso, el desarrollo del culto al emperador en las provincias hispanorromanas se vincula estrechamente con el desarrollo de la vida municipal: una gran parte de los documentos y monumentos conectados con el mismo se han encontrado precisamente en las capitales de provincias y conventus, así como en los centros urbanos del sur y este peninsulares que disponían de estatuto privilegiado. En este sentido los sacerdotes municipales podían atender igualmente todo lo relacionado con el culto imperial, lo que no era óbice para que dicho culto contara con un grupo de sacerdotes especializados, los flamines, elegidos a imitación del culto de conventus o de la provincia.

En el marco de los cultos de carácter municipal, las cofradías religiosas desempeñaban un papel sustancial: así, por ejemplo, estaban ampliamente extendidas las asociaciones de los augustales y seviri augustales, integradas por libertos y cuya misión consistía en propagar dentro de los municipios este culto al emperador (los Augustales, cuyo nacimiento tendría lugar en una etapa anterior, acabarían por confundirse con los seviri augustales). La integración plena del colectivo de libertos ricos en el marco de dicho culto parece venir corroborada por el hecho de que este tipo de cofradías aparece registrado de manera intensa en los núcleos urbanos del litoral hispano, en los que tales libertos podrían lograr mayores ingresos económicos.

En la organización conventual el culto al emperador quedaba circunscrito prácticamente a las regiones peninsulares en las que el desarrollo del régimen municipal romano no era excesivamente fuerte, es decir, en las tres circunscripciones territoriales del noroeste más los conventus jurídicos cartaginense y cluniense, todos ellos correspondientes a la provincia Citerior Tarraconense. Frente a ello las manifestaciones de este mismo culto se hacen ostensibles en las tres provincias hispanorromanas, teniendo lugar sus celebraciones en las capitales de las mismas (Tarragona, Córdoba y Mérida).

Un papel especial desempeñaban, en este contexto, los concilios o asambleas provinciales, cuyas reuniones se celebraban al menos una vez al año, debido a su trascendencia política. Además de los actos culturales dinásticos en honor del emperador y los festejos complementarios, tales asambleas tenían otros objetivos administrativos y económicos, como la búsqueda de soluciones a problemas comunes y la ampliación de los intercambios comerciales. Como consecuencia de ello el culto al emperador pasó a convertirse en un exponente claro de la situación política general existente en Roma, al mismo tiempo que se tradujo igualmente en una adecuada y satisfactoria administración de las provincias.

Contando con el antecedente de los concilios extraordinarios que tendrían lugar en época de César en ciertos puntos de la Península, dichas asambleas de carácter civil se regularon a partir de Augusto matizándose de un contenido religioso: de esta manera cada año se celebraban dichos concilios de los municipios, las capitales de los conventus jurídicos y las capitales de la respectivas provincias; a estas últimas acudían los gobernadores provinciales, pero al mismo tiempo delegados de los municipios, así como de los centros urbanos y núcleos rurales más significativos, designados por las respectivas curias de acuerdo con su capacidad económica e importancia política.

En el transcurso de tales asambleas se procedía, en un primer momento, a la elección del sacerdote encargado del culto al emperador en la provincia, el flamen, encargado de presidir además tales reuniones, festejos y actos de culto. Al mismo tiempo se elegía sacerdotisa a una mujer, la flaminica, que podía ser o no la mujer del flamen, con el objeto de que se hiciese cargo de todas las funciones relacionadas con el culto a las mujeres de los emperadores.

Los requisitos para ambos cargos eran comparables a los exigidos para poder ser elegido sacerdote municipal; únicamente se diferenciaban en el hecho de que los sacerdotes provinciales pertenecían, por lo general, a estratos sociales más elevados y disponían de recursos económicos más abundantes. En este sentido, un gran número de flamines había cumplido el cargo de sacerdote municipal, al tiempo que el desempeño del flaminado constituía la llave para el acceso al orden ecuestre.

Religiones mistéricas y orientales

Toda una serie de divinidades, cultos y creencias procedentes de Asia Menor, Siria, Persia y Egipto penetraron en una primera etapa en Grecia, para pasar a continuación a Roma y acabar recalando en territorio hispano; en el transcurso de la época imperial romana y preferentemente a lo largo de los siglos II y III, arraigarán enormemente las manifestaciones de dichos cultos.

Una de las más representativas religiones mistéricas, caracterizadas todas ellas por la salvación personal y por el hecho de que en las mismas, al igual que sucederá con el cristianismo, existe un Dios que nace, muere y resucita, es la de Mitra, que contó con abundancia de devotos, en especial entre los soldados. Desde mediados del siglo II funcionó en Mérida un mithraeum, que nos ha proporcionado varias imágenes de culto con inscripciones, e igualmente será venerado Mitra en zonas escasamente romanizadas de Asturias, Galicia y Lusitania, donde estaban estacionadas tropas de guarnición vinculadas con los distritos mineros de oro, así como en Córdoba (sus adeptos pertenecían básicamente a las clases sociales bajas).

Le seguía en importancia el culto a Cibeles (Magna Mater), divinidad frigia, de la que conservamos una veintena de inscripciones aparecidas en la mitad occidental de la Península, sobre todo en las zonas menos romanizadas de Lusitania y el noroeste de la Tarraconense; tal concentración obedece, sin duda, a la abundancia de esclavos orientales en Lusitania meridional, así como a las relaciones comerciales intensas de algunos centros urbanos (Olisipo, Mérida, etc.) con las regiones de Oriente.

Los testimonios epigráficos hacen mención de las ceremonias propias de dicho culto, puesto que en ellos se hace alusión a varios taurobolia (sacrificios de toros) en Córdoba, Metellinum y Mérida; en Córdoba se une al criobolium (sacrificio de un cordero) con el taurobolium, debiendo recibir en ambos casos los devotos la sangre de la víctima por encima de ellos: en este sentido Publicio Valerio Fortunato en el año 234 y su hijo en el 238 erigieron sendos altares taurobólicos a la salud del emperador.

El culto a esta divinidad arraigó de forma especial entre los ciudadanos libres, aunque hallamos también entre sus devotos algunos indígenas y esclavos (en las ceremonias y prácticas de culto aparecen integradas algunas mujeres). La fecha de propagación del culto a Cibeles se extiende, más o menos, desde los inicios del siglo II hasta el año 238, conociéndose además diversas dignidades sacerdotales que se encargarían del mismo.

Una interpretación local de esta gran diosa oriental Cibeles es la Afrodita de Afrodisias, localidad de Asia Menor; de esta deidad relacionada con la fecundidad contamos con una escultura hallada en el Bajo Alemtejo, en cuya parte inferior aparecen representadas las tres Gracias, Afrodita cabalgando sobre un carnero marino y los tres Erotes (dioses del amor).

En cuanto el culto a Attis, divinidad secundaria ligada a Cibeles, conocemos unas 25 representaciones y dos inscripciones, una de Segobriga y otra de Mago (CIL II 3706); algunas de dichas imágenes, como la de la tumba de los Escipión en Tarragona y la correspondiente a la necrópolis de Carmona, se fechan en el siglo I d. C. Los testimonios conocidos del culto perteneciente a esta divinidad provienen casi en su totalidad de la Bética, localizándose algunos de ellos en la Tarraconense.

Por su parte el culto a Mabellona, diosa acuática conocida en la Península Ibérica a través de nueve inscripciones se propagó por las inmediaciones de Turgallium; sus devotos eran fundamentalmente indígenas o esclavos, apareciendo una sola mujer. Su culto fue trasladado a territorio hispano por soldados, quienes lucharon a las órdenes de Sila contra Mitrídates en el Ponto y posteriormente combatieron contra Sertorio al mando de Metelo.

En relación con el culto a Sabazios, divinidad traco-frigia, nuestra fuente de información más importante la constituyen las placas de bronce halladas en Ampurias: en dicho tríptico se encuentra el dios representado de pie, con barba y gorro frigio, acompañado de una serie de atributos y símbolos (cráteras, carnero, serpiente, pino, árboles, Luna, Sol, busto de Baco, etc.). Tanto dichas placas como una pequeña cabeza del dios hallada en Elche puede fecharse en el transcurso de los siglos II y III.

El carácter esencialmente popular del culto a Némesis en las provincias romanas occidentales no era adecuado para dejar testimonios abundantes: la mayor parte de la docena que conocemos proceden de la Bética y algunos de la Tarraconense, vinculándose algunos con el circo, puesto que seis proceden de capillas correspondientes a centros circenses de Mérida, Itálica y Tarragona. Entre sus devotos abundan los esclavos y libertos con nombre griego, extendiéndose su culto a lo largo de los tres primeros siglos del Imperio. Del mismo modo entre los testimonios de dicho culto destacan las placas votivas de Itálica, en las que aparecen representados pares de pie, así como un altar con una imagen de dicha divinidad aparecida en Cartago Nova y la pintura del anfiteatro de Tarragona.

El monumento más significativo que nos ayuda a conocer los ideales religiosos de origen sirio en las provincias hispanas lo constituye la inscripción del altar de Córdoba, de tiempos de Heliogábalo, en el que se registran la tríada de Emesa y otros dioses como Elagabal, Allath, Kypris, Phiren, Yari y Nazaia. También conocemos otras divinidades sirias, homo la Tyche de Antioquía, representada en un bronce de Hoyo de Alimanes, o Zeus Kasios y Aplirodite Souza, cuyos nombres aparecen registrados en dos anclas de plomo halladas en el puerto de Cartago Nova, correspondiendo sin duda a navíos que comerciaban con la Península, o Adonis y Salambó, de los que tenemos conocimiento a través de las Actas de Justa y Rufina de Sevilla, que constituye el documento más importante de su culto en todo el Imperio.

Los devotos del culto a Adonis plantaban en tiesto los conocidos «jardines de Adonis», que simbolizaban la renovación de la naturaleza mediante el ardiente Sol estival. Durante la procesión en su honor las mujeres danzaban alrededor de la imagen de piedra y recogían dinero para el mantenimiento de su culto, caminando todos, devotos y devotas, con los pies desnudos; dicha procesión recorría el campo hasta alcanzar el monte Mariano. Las ceremonias del culto a Adonis tenían lugar en una gruta, siendo arrojados a los pozos buen número de muñecos que representaban al dios muerto.

Al margen de la inscripción dedicada a Jupiter Dolichenus, hallada en Villadecanos (alrededores del campamento de la VII Gemina) y fechada en el año 224, el culto oriental que alcanzó mayor difusión por toda la Península Ibérica fue el de Isis, del que conservamos como testimonio varias inscripciones, estatuas, bronces (seis de ellos representando a Isis Kourotrophos) y terracotas. La imagen de esta diosa adornaba con frecuencia lucernas, terra sigillata y mosaicos; sus dedicantes suelen ser mujeres, procedentes de las capas más elevadas de la sociedad, a pesar de que la inscripción de Valentia menciona una asociación de esclavos.

El culto a Serapis, creación artificial de los Lágidas, penetró rápidamente en Hispania gracias al contacto comercial intenso de los pueblos ibéricos con Italia, Sicilia y África, en especial con Alejandría. A lo largo del siglo I Ampurias contaría ya con un santuario, coexistiendo su culto con el de Mitra en Mérida y con otros dioses indígenas en Panoias. Una cabeza de esta divinidad fechada a comienzos del siglo III d. C., fue hallada en la provincia de Valladolid, así como un altar en Castra Caecilia (Cáceres), que data de los años 80/79 a. C.

El santuario más importante fue, sin duda, el de Panoias, enclavado sobre rocas, con una explanada y tres depósitos, dos rectangulares y uno circular, contando también otras rocas de las proximidades con depósitos e inscripciones; la roca central constituía un altar al aire libre. Utilizando los depósitos que se mencionan en las inscripciones podemos formarnos una idea acerca del ritual que le caracterizaba y que consistía en el sacrificio de las víctimas: las vísceras, en compañía de la sangre, eran arrojadas a los diferentes depósitos, realizándose a veces mezclas con ellas; la sangre servía igualmente para rociar las fosas, quemándose finalmente las entrañas y las víctimas. En Malaca y Panoias se han descubierto, además, pies votivos consagrados a Serapis, representándose igualmente dicha divinidad sobre lucernas en Metellinum (Medellín), Mérida e Hispalis, y apareciendo nombres teóforos en itálica y Tarragona.

El culto rendido en la Península a Dea Caelestis, importante deidad femenina de origen africano, versión occidental de la púnica Tanit, debió de estar mucho más expandido de lo que nos permiten conocer los escasos testimonios epigráficos de que disponemos en la actualidad; la enorme cantidad de elementos africanos que, atraídos por las circunstancias favorables del sur peninsular, llegaron a instalarse aquí, hacen que se considere el hecho como algo aún más insólito. Los devotos de dicha divinidad pertenecerían en su totalidad a las clases bajas, esclavos, libertos y plebeyos. En realidad se trataría de una diosa de carácter lunar, las inscripciones han aparecido fundamentalmente en la región meridional y levantina (las que mantenían relaciones más intensas con África) y en Ilici, donde dicha diosa contaría con un gran templo tetrástilo. Junto a Astapa, en Tajo Montero, se encontró una imagen de la diosa en el interior de un nicho, próxima a una palmera y con el arco como atributo.

Uno de los santuarios más famosos de toda la Antigüedad fue el consagrado en Cádiz a Hércules. En su origen se trataba de una divinidad fenicia, cuyo nombre primitivo, Melkart, corresponde a un numen tirio venerado entre los colonos fenicios llegados a territorio ibérico desde finales del II milenio a. C. La naturaleza más antigua de Hércules era la de un dios agrícola, un dios de la vegetación; con posterioridad adquirió otros rasgos, entre los que descollaba su aspecto marino, debido al hecho de haber sido transportado por los comerciantes tirios en sus navegaciones por todo el Mediterráneo hasta más allá de la zona de unión de dicho mar con el Atlántico. Su contacto posterior con el Hércules griego le supuso su significación solar, perceptible en sus aventuras en el lejano Oriente; esta identificación y relaciones con el Hércules griego aparecen testimoniadas ya con claridad en Chipre desde el siglo VI a. C.

El templo del Hércules gaditano es conocido bastante bien a través de las descripciones de los autores antiguos y de los testimonios numismáticos: así, por ejemplo, las monedas gaditanas representan un gran templo tetrástilo con frontón triangular (el Herakleion). La puerta de entrada tenía figurados los 10 trabajos de Hércules, y el templo constaba de una gran torre, situada frente al altar, que se hallaba a su vez al aire libre (había igualmente otros altares y capillas). El santuario no conservaba ninguna imagen del Dios, de acuerdo con la costumbre semita, y estaba generalizada la creencia de que el cadáver de Hércules se hallaba en el interior de dicho recinto.

El santuario podía recibir herencias, llegando a reunir una fortuna bastante amplia, siendo expoliado de hecho en diversas ocasiones; también funcionaba en su interior un oráculo dedicado a la interpretación de los sueños, que fue consultado, entre otros, por Aníbal y César, y que ocasionaría la muerte del procónsul de la Bética Cecilio Emiliano en el año 215 d. C. por consultarle acerca del futuro del emperador Caracalla.

Los autores antiguos aseguran que el ritual propio del Herakleion gaditano era similar al del templo de Melkart en Tiro: sus sacerdotes, célibes, celebraban los oficios delante del altar con los pies descalzos y vestían una túnica de lino blanco; llevaban la cabeza rapada y rodeada con una cinta. Estos sacerdotes, enrolados en una organización jerarquizada, celebraban sacrificios todos los días de la semana, existiendo al mismo tiempo una fiesta anual, a la que los extranjeros tenían prohibida la asistencia. Por otro lado el santuario podía recibir igualmente peticiones de plegarias y sacrificios de personas ausentes. En la misma ciudad de Cádiz existía otro templo consagrado a Baal Hammón, al que los griegos denominaban Cronos y los latinos Saturno, que adquirió fama a causa de celebrarse en él sacrificios humanos en el siglo I a. C. (Cicerón, Pro Balbo, 43, y ad familiares, 10, 32, 3).

Es posible que existiera otro templo más dedicado igualmente a Saturno en Cartago Nova (Polibio, 10, 10, 11), a quien estarían consagrados los cabos de Palos y San Vicente; un tercer templo gaditano estuvo dedicado a la diosa Astarté.

Finalmente el historiador Polibio (10, 10, 8) menciona igualmente en Cartago Nova el templo de Eshum, divinidad protectora de la salud, conocida entre los griegos y romanos como Asclepios o Esculapio, mientras que el dios fenicio Aresh, asimilado a Mercurio, contaba, en los alrededores de este mismo centro urbano, con una colina dedicada a él, y en la que posiblemente existía un templo (Livio, Histodas, 36, 44, 6).

También en el caso de las religiones mistéricas se desarrollará, en época tardía, un sincretismo con otros cultos, en especial con el culto al emperador, lo que queda bien patente en el hecho de que algunas divinidades mistéricas (Isis, Némesis, Dea Caelestis, etc.), de acuerdo con lo que nos trasmiten las inscripciones, aparecen calificados como «augustos». Igualmente hayamos documentado este sincretismo con otras deidades: así, por ejemplo, el mitreo de Mérida contenía estatuas de Cronos con cabeza de león y una segunda con cabeza humana, así como otras de Neptuno, Mercurio, Serapis y Venus.

Por otra parte, en el santuario de Panoias el culto a Serapis se hallaba unido al de los restantes dioses y diosas, al conjunto de los genios, a los genios de los lapitas, a los dioses funerarios y a los que se ofrece un sacrificio cruento. Por último, conocemos un tercer santuario sincretista en Quintanilla de Somoza, en las proximidades de Asturica Augusta (Astorga), dedicado a Zeus Serapis; junto al nombre de esta divinidad se lee el de Iao, aplicado a Baco, que designaría al Jahvé de los judíos.

Como síntesis podemos afirmar que la religiosidad oriental en su conjunto no encontró acogida en territorio hispano, si hacemos excepción del cristianismo, que analizaremos a continuación, y de las divinidades introducidas por parte de los colonizadores. Sin embargo, algunos dioses de carácter secundario procedentes del mundo oriental se extendieron por las zonas próximas a litoral Mediterráneo vio levantino, de manera que a lo largo de los siglos del Imperio tendrán vigencia ciertos cultos aislados.

El cristianismo primitivo en Hispania

los documentos más antiguos con que contamos referidos a la existencia de comunidades o grupos de cristianos en la Península Ibérica datan de finales del siglo II (Ireneo, Contra los herejes 2, 14, y Tertuliano, Contra los judíos 7), cuyo valor histórico resulta escaso a causa de su carácter retórico y ampuloso. Los testimonios que nos ofrece la correspondencia epistolar de Cipriano, en concreto la carta fechada en el año 254, denotan una gran importancia, que veremos después (Cipriano, Cartas 67, 6, 1-2).

En cualquier caso, la documentación más explícita acerca del arraigo, desarrollo y expansión del cristianismo hispano, así como sobre el carácter de la organización de la primitiva iglesia cristiana en Hispania, corresponde ya a los siglos inmediatos a la caída del Imperio Romano, por lo que quedan fuera de nuestro ámbito cronológico, aunque haremos alusión a ella.

Como portadora de un mensaje de salvación y confraternidad la religión cristiana lograría un amplio eco al desarrollarse en un medio esencialmente «capitalista» y basado en la explotación de la persona, como era el mundo romano; en consecuencia su implantación y evolución marcó y matizó a un mismo tiempo, al menos parcialmente, la vida socio-política e ideológica de los hispanorromanos.

Por lo que se refiere al origen del cristianismo en Hispania, se ha mantenido tradicionalmente la discusión en torno a las primeras actividades del mismo con el fin de presentar una iglesia hispana cuyos comienzos más remotos empalmasen directamente con los Apóstoles. Con relación a este problema contamos con tres tesis diferentes, que atribuyen respectivamente dichos orígenes a la predicación de Santiago, a la llegada de San Pablo o a la labor de los Siete Varones Apostólicos.

La cuestión última, sin embargo no se centra solamente en la verosimilitud de la predicación de Santiago en Hispania; es más, hemos de hacer aquí una comprobación curiosa: la venida de San Pablo a territorio hispano ha ido aceptándose como válida cada vez más en proporción directa a la pérdida de la creencia en la predicación de Santiago en ese mismo territorio.

La tradición referida a la predicación de Santiago en nuestra Península es medianamente antigua, identificándose básicamente con las noticias reseñadas en el Breviario de los Apóstoles, que se fecha en el siglo VII. Hemos de dejar a un lado los testimonios acerca de la predicación de los Apóstoles por todas las tierras de Oriente y Occidente, debido a que su carácter inconcreto no prueba nada con respecto a Hispania o a Santiago y a que, en su aparente precisión y referencias a tradiciones antiguas, no hay más que exposiciones que presuponen un estado especial de los conocimientos geográficos.

El primer testimonio indudable que atribuye a Santiago el territorio hispano como tierra de misión lo constituye el De ortu et obitu patrum de Isidoro de Sevilla (probablemente anterior al año 612); frente a él, otras fuentes contemporáneas (Gregorio de Tours, Venancio Fortunato, etc.) no sabían aún nada de esta misión de Santiago, noticia que sería acogida, al parecer, en Hispania, con cierto escepticismo, según se desprende de la discusión implícita que de ella realiza Julián de Toledo, quien prefería tener en consideración al respecto las referencias contenidas en Pasión de Santiago (Passio Iacobi), que únicamente da a conocer la predicación llevada a cabo por Santiago en Judea y Samaria.

La narración acerca de este apostolado Jacobeo circuló como un dato de erudición hasta el momento en que fue objeto del eco popular a finales del siglo VIII en la Hispania del norte; de acuerdo con ello podemos afirmar que la tradición relativa a la predicación apostólica de Santiago en la Península no rebasa el año 600, tardando bastante tiempo en ser acogida por el consenso general; pero como, además, en varios textos de época visigoda se habla del dominio general ejercido por la idolatría en el territorio peninsular, así como del escaso fruto logrado tras los primeros intentos de evangelización, podemos prescindir de la tradición jacobea al analizar los orígenes del cristianismo en la Península Ibérica.

Los historiadores de la iglesia contemporánea conceden una importancia cada vez mayor a la presencia de San Pablo en Hispania por presentar un grado mayor de verosimilitud; el mismo Pablo asegura en dos pasajes de su Carta a los romanos (15, 23 y 28), en el año 58, que visitará territorio hispano. Éstos y otros datos similares (como la afirmación, en su Carta a Timoteo del año 67, de que había predicado a todas las gentes) convierten realmente a este personaje en el introductor del cristianismo en Hispania. Sin embargo, ninguna iglesia local ha conservado la menor huella de esa actividad paulina, ni tampoco el recuerdo de su evangelización.

Para el padre Vega existe un nuevo algún momento en favor del origen paulino del cristianismo hispano: en la liturgia mozárabe las fórmulas de consagración eucarística no derivan de San Mateo, sino que están sacadas de la narración que sobre la institución ofrece Pablo en su carta primera a los corintios (11, 23). En resumen, podemos afirmar que, si San Pablo vino realmente a Hispania, tendría lugar una discontinuidad entre su predicación y la vida de las comunidades o iglesias locales posteriores; al mismo tiempo sus fundaciones, en el caso de que existieran, no pervivirían, por lo que en la actualidad resulta imposible centrar los verdaderos principios del cristianismo peninsular en la actividad paulina.

Por lo que respecta a los Siete Varones Apostólicos, la tradición recuerda los hechos de la siguiente forma: siete personas, cuyos nombres conocemos, son consagrados en Roma por los Apóstoles (seguramente Pedro y Pablo) y enviados a territorio hispano; se dirigen a Guadix (Granada) para, tras dispersarse, fundar comunidades cristianas en una región muy limitada de las provincias de Granada y Almería, sirviéndose para ello como marco de una serie de municipios y centros urbanos de menor importancia (una tradición antigua asegura que se convertirían en mártires, mientras que otra supone que sólo serían confesores).

La existencia de dicha leyenda suscita varios problemas:

• El de su ordenación por parte de los Apóstoles (no contamos con ninguna otra noticia sobre este punto).

• El de los territorios y lugares concretos de su misión, puesto que algunos de los topónimos que nos ofrece la tradición resultan inseguros (serían aceptables las sedes de Torcuato en Acci, de Cecilio en Iliberris, de Eufrasio en Iliturgi, y de Segundo en Abula, pero existe la oscuridad más absoluta acerca del emplazamiento de la Iglesia fundada por Indalecio en Urci, así como por Ctesifonte en Vergi y por Hesiquio en Carcesa).

• El relacionado con la fecha de la leyenda, que se fragua en el transcurso del siglo VIII, habiendo sido redactada, al parecer, por un mozárabe.

Junto a ello existe otra dificultad de índole diferente: varias de las supuestas sedes de estos Varones Apostólicos no existirían ya en el momento de la celebración del concilio de Iliberris, fechado en torno al año 300 (¿habrían desaparecido por completo comunidades cristianas que habrían tenido un origen tan antiguo, junto con la población que las había acogido, así como los centros de hábitats correspondientes?).

De cualquier forma, resulta difícil explicar la situación y expansión creciente del cristianismo a partir de esta tradición, que, aún en el caso de resultar genuina, no rebasaría los estrechos límites de una región poco extensa, ni situada tampoco en los alrededores de los grandes centros políticos y económicos de Hispania o de las vías de comunicación que los unían.

Entre los primeros documentos de que disponemos acerca de la implantación del cristianismo en la Península Ibérica hemos de destacar las referencias de Ireneo de Lyon (Contra los herejes 2, 14), quien menciona, hacia el año 80, la presencia de algunas comunidades e iglesias en Hispania, pero no alude más que a la existencia de grupos de cristianos emplazados en dicho territorio sin concretar los lugares, la organización, la abundancia o escasez de fieles y el origen de dichas comunidades. De manera similar se expresa Tertuliano (Contra los judíos 7), buscando garantizar, en los primeros años del siglo III, la existencia de comunidades cristianas en todos los rincones hispanos, a pesar de que tampoco precisa ningún enclave, puesto que se limita a recorrer los límites del mundo conocido desde África a Oriente; las palabras de Tertuliano no demuestran absolutamente nada, dado que tendríamos que suponer una existencia pujante de dichas iglesias cristianas en Hispania durante los siglos II y III, aunque no se indicara en ninguno de estos dos documentos.

En el año 254 topamos con una carta de la correspondencia de Cipriano de Cartago cuyas circunstancias más significativas son las siguientes: los obispos Basílides, al frente de la comunidad cristiana de Asturica-Legio (León), y Marcial, posiblemente al frente de la de Mérida, aceptarían el libellus (certificado de sacrificio a los dioses romanos y aceptación de las ceremonias públicas) con el fin de librarse de las medidas de represión formuladas contra los cristianos por el emperador Decio en el año 249-250. Inmediatamente el clero y los jefes (sacerdotes, presbíteros) de ambas iglesias hispanas depondrían a sus obispos y procurarían sustituirlos por otros; Basílides apelaría entonces a Roma, mientras que sus fieles se dirigirían a Cartago.

A través de dicha carta se nos reseñan los siguientes puntos:

• La existencia de comunidades cristianas en Asturica-Legio, Emerita (Mérida) y Caesaraugusta (Zaragoza).

• en el marco de estos tres enclaves, además de obispos, existían presbíteros y diáconos.

• existen igualmente otros obispos, a los que Cipriano conmina para que no comuniquen con los libeláticos.

Hay un aspecto que sobresale entre todos los temas: ¿por qué los fieles de estas comunidades hispanas apelan a Cartago mientras Basílides lo hace al papa Esteban de Roma? es probable que el fundamento de tal apelación por parte de los grupos cristianos de Hispania a Cartago, o más bien al conjunto de iglesias norteafricanas, de las que Cartago sería la cabeza visible, estribara en el hecho de que tales comunidades habrían desempeñado un papel decisivo en la expansión del cristianismo hispano.

Se inserta en este contexto la tesis que quiere ver la introducción del cristianismo en Hispania a partir del norte de África, de un modo similar y con unos medios análogos a los que habían utilizado otras religiones orientales algún tiempo antes de la persecución anticristiana de Decio habían sido transferidas desde el norte de África a Asturica (Astorga) y Legio (León) tropas enroladas en la legión VII Gemina, que pudieron haber servido como vehículo de transmisión de la nueva religión; además, Mérida era un punto crucial en la vía que discurría entre Hispalis (Sevilla) y Asturica (Vía de la Plata), al tiempo que Caesaraugusta constituía un emplazamiento básico en el sistema defensivo bajo la supervisión de la legión VII en las regiones septentrionales hispanas: ¿la llegada de estas tropas legionarias pudo dar origen a que se extendieran las comunidades cristianas hasta lugares relacionados con ella, fortaleciéndose y afianzándose al mismo tiempo otras iglesias ya existentes con anterioridad a su llegada?

De los años inmediatos poseemos muchos más datos en este mismo sentido: así, por ejemplo, en enero del 259 sufren martirio en Tarragona el obispo Fructuoso y los diáconos Augurio y Eulogio (Actas de los Santos Fructuoso, Augurio y Eulogio 1 y 2) con motivo de la persecución decretada contra los cristianos por parte del emperador Valeriano en el año 257. En estos momentos la comunidad cristiana Tarraconense no debía de ser muy numerosa, de acuerdo con lo que podemos deducir de las actas de dicho martirio, a pesar de que la presencia de un obispo y dos diáconos le confiere cierto significado.

Es de lamentar, como hacía ya Prudencio en torno al año 400, que no se hayan conservado narraciones de mártires antiguas, excepto la que acabamos de analizar, puesto que las que conservamos, a pesar de que se basan probablemente en tradiciones y datos seguros, se hallan insertas en el género novelesco constituido por las descripciones hagiográficas.

Un dato más relacionado con este mismo cuerpo legionario nos lo ofrece Prudencia al relatarnos el martirio de Emeterio y Celedonio (Peristephanon 8), que fueron muertos en Calahorra, probablemente hacia el año 289: se trataba de soldados, muy posiblemente pertenecientes a un destacamento de la unidad militar a que nos venimos refiriendo. Igualmente era soldado (centurión) y militaba en la legión VII Gemina Marcelo, muerto en Tánger por no manifestar públicamente mediante sacrificios su adhesión al régimen imperial y a la religión estatal.

Por otra parte, resulta enormemente significativa la leyenda en torno a Félix de Gerona y Cucufate de Barcelona: el primero de dichos mártires se nos presenta como un mercader y negociante africano que pasa de Scilli a Barcino (Barcelona) y Ampurias en misión comercial, hasta que, obligado a confesar su fe, pierde la vida.

¿Qué comunidades cristianas existirían en Hispania de acuerdo con lo que podemos deducir de nuestro conocimiento acerca de los mártires? Tomando los martirios como indicio de la vitalidad y pujanza cristiana en suelo ibérico sabemos que Zaragoza, Gerona, Barcelona, Valencia, León, Mérida, Alcalá de Henares, Sevilla, Córdoba, Tarragona y Toledo cuentan con representantes de los mismos. Entre estos testigos de la fe se hallaban comerciantes, soldados, nobles, mujeres e, incluso, niños; según ellos, podemos concluir que, a lo largo del siglo III, el cristianismo irá progresando con lentitud únicamente en los grandes núcleos urbanos, apoyándose para ello en las gentes más humildes, sin dejar de alcanzar sin embargo algunos miembros de las clases altas de la sociedad hispanorromana.

Avanzando en el tiempo contamos con un hecho claro, que nos pone al corriente de la expansión del cristianismo en Hispania, el concilio de Elvira; este sínodo episcopal tendrá lugar en la localidad granadina de Iliberris en los primeros años del siglo IV (alrededor de 300 a 309), congregándose en el mismo obispos y presbíteros de diferentes regiones hispanas. Entre los 19 obispos y 24 presbíteros que en él tomaron parte figuraban ocho y diecisiete respectivamente de la Bética, mientras que la cartaginense presentó cinco obispos y cuatro presbíteros. Esto demuestra que la densidad de sedes episcopales comunidades cristianas regidas por presbíteros en la Bética es de 3 a 1 frente a la respectivas provincias hispanorromanas, lo que corroboró igualmente el concilio de Arlès del año 314, en el que estarán presentes representantes de seis iglesias hispanas y entre ellos, junto a los de Mérida, Zaragoza y Tarragona, asistirán dos de la Bética. De esta manera, podemos afirmar de manera tajante que la Bética fue la primera y más densamente cristianizada de todas las provincias hispanas.

Un nuevo detalle se desprende de este concilio de Elvira, la existencia de comunidades hispanas dirigidas por presbíteros, del mismo modo que conocemos en ciertas regiones africanas y que sería algo poco frecuente, al parecer, en el resto de Occidente del Imperio. Por todos estos indicios se hace posible asegurar como muy probable un origen inmediato de las iglesias hispanas en las de África cristiana. El argumento en contra de esta hipótesis, centrado en el hecho de que el montanismo no arraigó en la Península Ibérica, no resulta válido, puesto que dicha herejía (o secta), tan vigorosa en el norte de África, no alcanzó tampoco en ningún momento a la región de Mauritania Tingitana, lo que explicaría su no florecimiento en territorio hispano. Por otra parte se hacen evidentes los contactos entre las liturgias africana e hispana en cuanto a los ritos y ceremonias: así, aunque cada día se van descubriendo nuevos detalles, que muestran el proceso de europeización de la liturgia hispana desde finales del siglo V, es igualmente cierto que el fondo o la base sobre la que actúan tales influencias era bastante distinta y en ella desempeñaron un gran papel los elementos africanos; es probable también que los contactos de la liturgia hispana con la copta o la caldea no hayan llegado al territorio peninsular más que a través de las comunidades cristianas del África Cartaginesa.

Si localizamos sobre un mapa de las provincias hispanorromanas las sedes y comunidades cristianas acreditadas por las distintas fuentes históricas hasta el año 350, vemos que las líneas de mayor densidad de adeptos de la nueva religión se corresponden con la Bética y las zonas por las que circula el comercio y la milicia, es decir, que las comunidades cristianas se hallarían situadas o sobre las vías de comunicación romana que integraba la red principal peninsular o en el contorno de los grandes núcleos urbanos hispanorromanos, de tal forma que poco a poco su número y densidad relativa decrece a medida que nos desplazamos hacia el Norte y el Este. Es más, la densidad resulta pequeña en Levante y casi nula en las regiones al norte de la línea Astorga-Zaragoza-Barcelona. Por todo ello, y a falta de nueva documentación, hemos de admitir que el cristianismo se difunde desde la Bética hacia el Norte y Nordeste, y que solamente en el siglo IV parece llegarse a un contacto eficaz con las comunidades de la Galia, de manera que, a través de Cataluña, se iniciará un nuevo momento de influencia del cristianismo italiano y galo sobre las comunidades cristianas de Hispania.

A lo largo del siglo V, y especialmente durante la centuria siguiente, se hará sentir muy poderosamente la necesidad de vincularse a Roma; frente a ello, la ruptura de los lazos con África, que se iban produciendo con lentitud, se realizará de manera casi definitiva con el establecimiento del reino vándalo arriano. Como consecuencia de ello, la presión creciente de la Iglesia de Roma, las influencias doctrinales y litúrgicas desde el siglo V, el contacto más acentuado cada día con las iglesias galas, etc., diluyeron el carácter africano de la primitiva iglesia cristiana de Hispania, incorporándola al conjunto de iglesias occidentales latinas. Sin embargo, esto no impide pensar que el origen de nuestro cristianismo se encuentre en las pujantes comunidades cristianas del norte de África, zona con la que la Península Ibérica mantenía fuertes lazos de tipo administrativo, militar y económico, sobre todo con la provincia romana de Mauritania Tingitana.

Ahora bien, las comunidades cristianas de Hispania durante los primeros siglos tuvieron que mantenerse muy atentas para que los nuevos adeptos no combinaran los cultos cristianos con los correspondientes a los dioses paganos, de lo que tenemos abundantes referencias en la documentación del siglo IV. Por otra parte, no debemos olvidar que la redención formulada por el cristianismo no rechazaba la esclavitud; es decir, que la Iglesia se acomodó por completo al contexto social en que le tocaba vivir, prohibiendo a los esclavos y libertos el desempeño de las funciones sacerdotales mientras continuaran manteniendo lazos de dependencia con respecto a sus antiguos dueños.

En este contexto no puede resultar difícil que la iglesia fuera adquiriendo una gran importancia como elemento social; las mismas comunidades cristianas lograrían una entidad y significado cada vez mayores, llegando convertirse en grandes fuerzas sociales. Las primitivas comunidades cristianas de Hispania existían únicamente en los centros urbanos y estaban integradas básicamente por esclavos, libertos, soldados, comerciantes y mercaderes, procedentes en un principio de la regiones orientales mediterráneas y del norte de África, así como por otras personas estrechamente relacionadas con las comunidades judías asentadas en nuestro suelo; dichas comunidades adoptaban en su organización los aspectos propios de los collegia tenuiorum (asociaciones de gentes pobres) con fines fundamentalmente funerarios, de modo que, en el marco de la sociedad romana, pudieron poseer sus propios cementerios sin violar las leyes.

En el interior de dichas comunidades cristianas, el episcopado, que ostentaba el puesto jerárquico más elevado, se fue identificando de manera progresiva, con posterioridad a la época de Constantino, con los grupos sociales dirigentes; como resultado de ello los obispos se convertirán, por una parte, en los personajes más sobresalientes de las ciudades, en un momento en que la organización urbana estaba en fase de desintegración y las magistraturas municipales no tenían ya sentido alguno, y, por otra, sus estrechas relaciones con el poder central hicieron de ellos casi funcionarios imperiales.

La nueva situación representada por la Iglesia, jerarquizada oficialmente, así como la constante expansión del cristianismo por las zonas rurales, condujo inevitablemente al surgimiento de conflictos de tipo social en el interior de las comunidades cristianas hispanorromanas, al igual que sucederá en el resto del Imperio. Estos movimientos, caracterizados por la oposición al episcopado de las ciudades y a la Iglesia oficial identificada con el Estado, tenían una clara raíz social y consideraban a la nueva situación en que se hallaba la Iglesia poco acorde con las tradiciones primitivas.

Todos estos movimientos sociales, declarados herejías, se expandieron y perduraron durante mucho tiempo en la regiones rurales, especialmente en las escasamente romanizadas (hemos de tener presente que el campesinado pasaba a la situación de colonato en las propiedades eclesiásticas). Un ejemplo típico de estos movimientos socio-religiosos lo constituye el donatismo del norte de África, cuya influencia parece haber alcanzado las costas meridionales hispanas, a pesar de que dicha resonancia no implicaría el desarrollo de la secta de los circumcelliones en nuestro territorio.

En Hispania tenemos un ejemplo muy claro de manifestaciones de este tipo en el priscilianismo, basado en la vida ascética y rigorista. Este movimiento fue declarado herético y su jefe, Prisciliano fue hecho ejecutar en Tréveris en el año 385. Con anterioridad a esta fecha se habían condenado ya las prácticas ascéticas y rigoristas defendidas por los priscilianistas, aunque sin mencionarlos expresamente, en el concilio de Zaragoza del año 380, y las mismas invectivas condenatorias, referidas ya en concreto al priscilianismo, se encuentran en el I Concilio de Toledo del año 400. En cualquier caso esta herejía (más bien movimiento social) se mantendría vigente durante bastantes años en las zonas rurales menos romanizadas del Noroeste peninsular.

El origen de tales herejías de carácter social constituye un reflejo fiel de la inestabilidad general por la que estaba atravesando la sociedad romana bajoimperial, consistente en el conflicto entablado entre los grandes terratenientes y los campesinos que estaban sometidos a ellos. Si tenemos en cuenta que los obispos se habían convertido en grandes propietarios de tierras y gozaban a un mismo tiempo de exenciones y privilegios concedidos por el Estado, habiéndose asimilado a los grupos elevados de la sociedad, es comprensible el hecho de que, entre el campesinado, en especial en las regiones menos romanizadas, tuvieron acogida tales herejías. En este mismo contexto, aunque a un nivel diferente, surgirían las revueltas armadas campesinas (bagaudas) del Bajo Imperio, dirigidas contra los grandes terratenientes, y que, sin duda, encontraron su caldo de cultivo entre los partidarios del priscilianismo.

GRANDES SEMBLANZAS

LAS GUERRAS PÚNICAS

LA victoria de Roma sobre Cartago en las guerras púnicas fue un acontecimiento de enorme importancia en la historia de la Antigüedad, ya que decidió la hegemonía de la República latina en el Mediterráneo y sentó las bases para el posterior desarrollo del Imperio.

Los conflictos bélicos conocidos como guerras púnicas (del latín punicus, derivado de poeni, el nombre que los romanos daban a los cartagineses) enfrentaron durante ciento cincuenta años a Roma con Cartago, ciudad de origen fenicio situada en una Península del Golfo de Túnez, que era la mayor potencia marítima y comercial del Mediterráneo a comienzos del siglo III a. C. y controlaba toda el área comprendida entre Sicilia y la Península Ibérica, donde tenían varios asentamientos comerciales en las zonas costeras de Levante y Andalucía.

El choque militar entre el poder cartaginés instalado y el romano en expansión, debido a la creciente rivalidad política y económica entre ambos, condujo a la primera guerra (264-241 a. C.), iniciada por enfrentamiento de la influencia de ambas potencias en Sicilia, y concluyó con la victoria de Roma, que conquistó dicha isla y cuatro años después (237 a. C.) también arrebató a los cartagineses Córcega y Cerdeña.

La II Guerra Púnica

Después de su derrota de 241 a. C., el líder cartaginés Amílcar Barca se dedicó a reforzar la influencia y aumentar el poder de Cartago en Hispania, como forma de equilibrar las pérdidas de la pasada guerra y prepararse para el inevitable nuevo enfrentamiento con la República latina. A partir del año 237 a. C. intensificó la ocupación de Hispania como base de futuras operaciones en territorio italiano. Amílcar fundó la ciudad de Akra-Leuké, cerca de Alicante, y la convirtió en el centro de operaciones de su ejército incrementado con contingentes de las tribus ibéricas. A esa preparación para la siguiente etapa del conflicto dedicó los últimos nueve años de su vida, hasta que murió ahogado cerca de la actual ciudad de Elche (227 a. C.), cuando huía tras ser vencido en una escaramuza por la tribu de los oretanos.

Amílcar Barca fue sucedido como comandante del ejército cartaginés en Hispania por su yerno Asdrúbal, en el año 228 a. C. Éste amplió las posesiones cartaginesas en la región por métodos diplomáticos, estableciendo relaciones clientelares con los pueblos ibéricos más próximos. También fundó una nueva capital de los territorios hispánicos conquistados, Cartago Nova (la actual Cartagena), y mediante un tratado con Roma estableció los límites de los territorios peninsulares cartagineses en el curso del río Ebro. En el año 221 a. C. fue asesinado por un esclavo celta, lo que propició que el mando recayera en su cuñado Aníbal, hijo de Amílcar Barca y una de las figuras máximas de la historia militar de la Antigüedad.

Las campañas de Aníbal

Aníbal accedió a la jefatura del ejército con sólo veintiséis años. En los siete años anteriores había colaborado estrechamente con Asdrúbal en la expansión y consolidación del poder cartaginés en la Península Ibérica. En los dos años siguientes tras asumir el mando, Aníbal conquistó el territorio comprendido entre los ríos Tajo y Ebro, excepto la ciudad de Saguntum (la actual Sagunto), aliada de los romanos, la cual fue expugnada en el año 219 a. C., después de un sitio de ocho meses. Roma consideró este ataque como una violación del tratado firmado con Asdrúbal y exigió la entrega por parte de Aníbal. La negativa cartaginesa precipitó el inicio de la II Guerra Púnica (218-201 a. C.). Aníbal tomó la iniciativa y decidió llevar las operaciones a la Península italiana. En la primavera del año 218 a. C., el gran ejército cartaginés (cien mil hombres), que contaba con un considerable número de elefantes, cruzó los Pirineos y el Ródano y, atravesando los Alpes en 15 días, descendió a la llanura del Po, sorprendiendo a los romanos aún no preparados para la guerra, en una operación considerada como una de las grandes hazañas de la historia militar. Después de consolidarse en el norte de Italia, Aníbal derrotó a los romanos sucesivamente en las batallas de los ríos Tesino (Ticino) y Trebia (218 a. C.) y del lago Trasimeno (217 a. C.); mientras tanto, un ejército romano mandado por Publio Cornelio Escipión el Africano, hijo del general derrotado en Tesino y Trebia, trasladó la guerra a Hispania, derrotando a los cartagineses también en 218 a. C. tras haber desembarcado en Emporion (Ampurias). En 216 a. C. Aníbal reanudó su avance hacia el sur de Italia, obtuvo una victoria decisiva en la gran batalla de Cannas (216 a. C.) y, con Roma inerme ante él sorprendentemente no asaltó la ciudad sino que se dirigió a Capua para invernar; hecho éste que cambió el curso de la guerra, ya que permitió la recuperación del enemigo. Un posterior avance sobre Roma (211 a. C.) fue rechazado y los años siguientes transcurrieron con escaramuzas en el sur de Italia, mientras que el ejército cartaginés se debilitaba progresivamente y los refuerzos pedidos por Aníbal nunca llegaban (el contingente que partió desde Hispania en 207 a. C. mandado por Asdrúbal, hermano de Aníbal, fue derrotado por los romanos en la batalla del río Metauro). En el teatro de guerra hispano, los romanos conquistaron Cartago Nova en el 209 a. C. y Gadir (actual Cádiz) en el año 206 a. C. En 204 a. C. Escipión desembarcó en el norte de África, amenazando a Cartago, que llamó a Aníbal para su defensa. La victoria romana en la batalla de Zama (202 a. C.), significó el final de la II Guerra Púnica y supuso el declive de Cartago como gran potencia. Al año siguiente, los cartagineses entregaron sus posesiones en Hispania y las islas del Mediterráneo a Roma, renunciaron a su flota y pagaron una gran indemnización. Aníbal se refugió en los reinos helenísticos de Oriente, alentando la lucha contra Roma, y, al ser reclamada su entrega por ésta, se suicidó en el año 182 a. C.

La tercera guerra púnica no afectó a Hispania, ya definitivamente romana. Ante el tibio renacer comercial de Cartago, e impulsados por el censor Catón el Viejo, los romanos tomaron como pretexto una violación sin importancia del anterior tratado para iniciar la guerra (149-146 a. C.). Bajo el mando de Publio Cornelio Escipión Emiliano, quien luego destruiría también Numancia (133 a. C.), los romanos tomaron Cartago, la arrasaron y vendieron a los habitantes sobrevivientes como esclavos.

ESCIPIÓN EL AFRICANO

Publio Cornelio Escipión, el Africano Mayor, fue nombrado procónsul de Hispania en el año 211 a. C., con tan sólo veinticuatro años. La conquista de Cartago Nova y las batallas de Bécula e Ilipa le hicieron cónsul y dueño del sur peninsular (209 a. C.). Su hijo, Publio Cornelio Emiliano, el Africano Menor, llegó a Hispania (151 a. C.) para intervenir en las guerras que la asolaban. Tras conquistar Cartago en la III Guerra púnica regresó a Hispania y cercó Numancia (124 a. C.) hasta su rendición.

LAS CONQUISTAS ROMANAS EN LA PENÍNSULA

En 288 a. C. Roma declara la guerra a Cartago tras veinte años de colonización púnica en la Península Ibérica. En doce años los romanos no sólo expulsaron a los púnicos, sino que crearon un entramado de intereses diversos que no deshicieron cuando alcanzaron su objetivo inicial: impedir la reconstrucción comercial de Cartago. Tarraco (218 a. C.), Sagunto (212), Bécula (208), Ilipa (207) y Gades (206) cayeron en manos romanas, una conquista de norte a sur que conllevó la fundación de nuevas ciudades y la creación de dos provincias, las Hispanias Citerior y Ulterior, que ocupaban, mediado el siglo II a. C., casi toda la mitad oriental de Iberia. En 19 a. C. toda la Península se hallaba bajo dominio romano.

INDÍBIL Y MANDONIO

Los caudillos ilergetes Indíbil y Mandonio han sido tradicionalmente considerados hermanos, aunque carecemos de fuentes fiables que nos permitan asegurarlo. En todo caso, lo que sí se sabe a ciencia cierta es que ambos hubieron de regir el destino de este pueblo ibero que fue, sucesivamente, enemigo y aliado de Roma.

En el momento de la conquista romana de la Península, los ilergetes ocupaban el Valle medio del Ebro, un territorio que se corresponde aproximadamente con la zona donde hoy se asientan las provincias de Lérida, Zaragoza y Huesca. Los textos clásicos proporcionan los nombres de sus ciudades principales, algunas todavía sin identificar, como la propia capital, Atanagrum, y otras, como Ilerda (Lérida) y Osca (Huesca), claramente localizadas.

La II Guerra Púnica

Al estallar la II Guerra Púnica, que, en definitiva, daría a Roma la oportunidad de iniciar su expansión en la Península, los ilergetes tomaron partido por los cartagineses. Aníbal ya había sometido las tierras situadas al norte del Duero en su camino hacia Italia, dejando a Hannón al frente de ellas. Con el objetivo de privar a Cartago de sus bases en Hispania, las tropas romanas, dirigidas por Cneo Escipión, desembarcaron en Ampurias infligieron una derrota sin paliativos a los cartagineses y sus aliados en Cesse (218 a. C.), ciudad que a partir de entonces pasaría a denominarse Tarraco en esta batalla fue hecho prisionero el propio Indíbil. En 217 a. C. Publio Escipión llegó a la Península en apoyo de su hermano; a partir de entonces, el avance de las tropas romanas fue lento pero constante. Los Escipiones lograron imponerse a los cartagineses en Hibera, la actual Tortosa, en las inmediaciones de la desembocadura del Ebro. Según afirma Tito Livio los ilergetes, igualmente derrotados, decidieron entonces pactar con Roma, que dominaba ya el territorio situado al norte del Ebro. No obstante, fuentes historiográficas modernas descartan esta posibilidad. De hecho, los ilergetes de Indíbil sumaron sus fuerzas al bando cartaginés en la batalla de Amtorgis, en la que murió Publio Escipión, y que se completó con la derrota y muerte de su hermano Cneo en Ilurcis.

Corría el año 211 a. C. y la balanza parecía inclinarse en favor de los intereses púnicos, ya que los romanos habían quedado reducidos a la zona litoral situada entre el río Ebro y los Pirineos. No obstante, los cartagineses demostraron escasa habilidad frente a sus aliados iberos, pues solicitaron de Indíbil una gran cantidad de dinero y exigieron rehenes como forma de garantizar la fidelidad de las tribus locales. En esta tesitura, la reacción de Publio Cornelio Escipión, hijo del Publio, fue decisiva. En 209 a. C. tomó Cartago Nova, centro económico y militar de los cartagineses en Hispania, mediante un ataque sorpresa. A continuación, liberó a los rehenes iberos que los cartagineses mantenían apresados, entre los que se encontraban la esposa y el hijo de Mandonio. Ante esta muestra de magnanimidad que tenía como objetivo atraerse las simpatías de los indígenas, Indíbil y Mandonio, junto con Edecón, caudillo de los edetanos —pueblo asentado en tierras de la actual Valencia, al sur de Sagunto—, decidieron romper sus vínculos con Cartago y apoyar a los romanos. El propio Indíbil, tras agasajar con presentes a Escipión, como prueba de su agradecimiento, llegó a ofrecerle la corona real.

La rebelión de los ilergetes

Tras las batallas de Baecula e Ilipa, los romanos completaron la conquista de las ciudades púnicas en la Península con la caída de Gades (Cádiz), en 206 a. C. Para entonces, el descontento ante la ocupación militar romana se había extendido entre los ilergetes. Indíbil y Mandonio, molestos por los onerosos tributos establecidos por Roma, y ante la ausencia de Escipión, que permanecía en Cartago Nova, víctima de una grave enfermedad, se rebelaron contra el invasor y se adentraron en los territorios de suesetanos y sedetanos. A pesar de que la revuelta se propagó con éxito entre las tribus iberas del norte del Ebro, las legiones romanas, apoyadas en la dirección del repuesto Escipión, que atrajo con un señuelo a las tropas enemigas, lograron la victoria.

Indíbil consiguió huir con una tercera parte de su ejército, y al año siguiente dirigió un nuevo levantamiento en el que tomaron parte otras tribus ibéricas del nordeste peninsular, como lacetanos y ausetanos. Los indígenas lograron reunir un contingente de unos 30.000 infantes y aproximadamente 4000 jinetes. No obstante, una vez más, la superioridad de Roma se impuso: los procónsules Léntulo y Acidino lograron sofocar la rebelión Indíbil murió en la batalla del Ager Sedetanus, en la actual provincia de Zaragoza, en 205 a. C. Mandonio, hecho prisionero, corrió la misma suerte. Como represalia, los ilergetes y las demás tribus rebeldes fueron sometidos al pago de fuertes tributos por los romanos.

VIRIATO

La figura de Viriato ha sido frecuentemente utilizada como símbolo del espíritu nacional y el afán de libertad propio del pueblo español. Independientemente de las razones que permitieron su larga resistencia, este caudillo lusitano puso en jaque el dominio romano en la Península Ibérica con tácticas guerrilleras, venciendo en continuados combates a las legiones imperiales.

No conocemos con exactitud cuáles fueron las causas reales de las guerras lusitanas, probablemente la propia situación socioeconómica de las tribus locales, en las que las desigualdades sociales debían de estar muy patentes. Existía una pequeña oligarquía que concentraba toda la riqueza y amplios sectores de la población que carecían de los medios básicos de supervivencia, por lo que eran frecuentes las incursiones de pillaje y el bandolerismo en la Bética. El hecho es que la contienda dio inicio en 154 a. C., cuando en una de esas incursiones en jefe de la guerrilla, Púnico, causó alrededor de 5000 bajas al ejército romano. Este éxito animó a los vettones, que se aliaron con Púnico en la lucha contra los colonizadores romanos, llevando a cabo una incursión continuada en las tierras situadas entre los ríos Guadiana y Guadalquivir. De los cabecillas del ejército lusitano, el más célebre es Viriato, quien, al menos durante algunos años, logró aunar los intereses de su pueblo.

La lucha guerrillera

Sabemos que Viriato formaba parte de una tribu pastoril y que logró escapar de la matanza general ordenada por el pretor Galba (150 a. C.) con el pretexto de distribuir tierras entre los lusitanos. Al parecer, fue entonces cuando se convirtió en guerrillero y en torno a 147 a. C. fue aclamado jefe, ofreciendo una fuerte resistencia a los colonizadores romanos. Ese mismo año consiguió su primera victoria. Tras romper el cerco impuesto por el pretor Cayo Vetilio, marchó hacia la ciudad de Tríbola, al sureste del Guadalquivir, para tender una emboscada al ejército enemigo. En ella murió el propio Vetilio, mientras que sus tropas diezmadas, tuvieron que refugiarse en Carpesos, a orillas del mar. Un año después se hizo fuerte en la Carpetania, tomo Segobriga y estableció alianzas con algunos pueblos de la Meseta. En ese período se enfrentó y derrotó a los ejércitos romanos de los pretores Cayo Plaucio y Claudio Unimano, desbaratando el poder de Roma en la Península.

La llegada a Hispania en 145 a. C. de un ejército consular al mando de Q. Fabio máximo, hermano de Escipión Emiliano, pareció invertir la tendencia victoriosa de los hombres de Viriato. Las legiones romanas consiguieron contener los embates de los lusitanos y recuperaron el control del Valle del Guadalquivir. Sabemos que Fabio Máximo pasó el invierno en Corduba y que Viriato se refugió en Baikor, topónimo que algunos historiadores identifican con Bailén. No obstante, Viriato y sus seguidores, aprovechando que la Hispania Ulterior había sido confiada nuevamente a un pretor, Quincio, y el estallido de la guerra de Numancia (143 a. C.), lograron contraatacar en la Bastetania, tomaron Tucci (Martos) y obtuvieron apoyo de diversas tribus en Beturia. Al parecer, el pretor Quincio se retiró a Corduba y dejó la guerra en manos de C. Marcio, un hispano de itálica.

Tras el desembarco del cónsul Q. Fabio máximo Serviliano en 141 a. C., Viriato se vio obligado a retroceder hasta el interior de la Lusitania, pero la victoria en Beturia, en la ciudad de Erisane, le permitió firmar una paz ventajosa, en la que Roma se comprometía a respetar los límites del pueblo lusitano y se declaraba a Viriato «amigo del pueblo romano».

La traición de Viriato

Sólo un año después, el cónsul Q. Servilio Cepión, hermano del anterior consiguió del Senado la ruptura del acuerdo con los lusitanos y desató nuevamente las hostilidades. Cepión obtuvo algunas victorias en Beturia y avanzó hacia el norte (140 a. C.), mientras Viriato se vio obligado a huir a Lusitania a través de la Carpetania. Probablemente, la debilidad de Viriato se debía a la fatiga lógica por los años de lucha guerrillera y, sobre todo, al acercamiento de Roma a la oligarquía lusitana, que veía con buenos ojos una victoria romana. Esta segunda tesis explicaría la muerte de su suegro, el influyente Astolpas, por orden del propio Viriato. El hecho es que, en esta situación, el caudillo lusitano decidió negociar, para lo cual envió a la ciudad de Urso a tres de sus consejeros, Audax, Ditalcón y Minuro. El cónsul Cepión no desaprovechó la oportunidad para comprar los servicios de los tres indígenas, que, de regreso al campamento, probablemente situado en la Serra da Estrela, asesinaron a Viriato mientras dormía (131 a. C.). Según la tradición, al solicitar la recompensa por su acto obtuvieron como respuesta la célebre frase: «Roma no paga traidores». La guerra no finalizó con la muerte de Viriato, de la resistencia lusitana, muy debilitada, estaba próxima a su fin. De hecho se consumó dos años después.

EL HOSPITIUM ENTRE CIUDADES IBÉRICAS

La finalidad de los pactos de hospitalidad entre pueblos ibéricos prerromanos son aún hoy motivo de debate. El hospitium entre indígenas ya existía con un fin religioso, social y local, pero diversas téseras (inscripciones de nombres y pactos grabados en piedra) halladas en las últimas décadas polemizan con la idea de que, desde un punto de vista jurídico, se instauraba para resistir a Roma. Aunque en muchos casos así era, hubo pactos entre indígenas para integrarse en Roma. La administración romana habría dejado evolucionar esta institución para favorecer la integración política y administrativa de los distintos pueblos de su Imperio, servirse de ella y establecer un hospitium interprovincial de carácter político y popular.

NUMANCIA

Símbolo de la resistencia celtíbera, Numancia soportó el asedio de las legiones romanas durante más de diez años. Sin negar el heroísmo de sus defensores, tantas veces ensalzado, el hecho de que una pequeña ciudad habitada por pueblos bárbaros pudiera hacer frente a los embates del mayor ejército conocido hasta entonces sólo puede explicarse por las contradicciones internas del proceso de expansión.

Antigua ciudad de los arévacos, Numancia se localiza en el Cerro de Garray, en las inmediaciones de Soria, en una comarca de gran riqueza cerealística. La población, cuyos orígenes se deben situar entre los siglos III y II a. C., habría de convertirse en una de las principales ciudades de la tribu de los arévacos en el principal foco de resistencia indígena en el transcurso de las guerras celtíberas (154-133 a. C.). Parece probado que en la resistencia de los numantinos, que contaron con el apoyo de los vacceos para el avituallamiento, tuvieron mucho que ver las tensiones de la oligarquía romana y el deseo de algunos generales de utilizar la guerra para enriquecerse, ya que el heroísmo de los indígenas no justificaría una campaña de semejante magnitud.

Por las excavaciones sabemos que la primitiva ciudad de Numancia, integrada por casas de piedra y adobe, ocupaba una pequeña parte de la colina donde se sitúa, aunque fue creciendo a partir de 153 a. C., cuando pudo llegar a concentrar entre sus muros, de unos 3100 m de perímetro, a cerca de 20.000 personas, probablemente más del doble de su población habitual.

Inicio de las guerras celtibéricas

El origen de la guerra parece encontrarse en la intención de Segeda, población de la tribu de los belos, de ampliar las murallas que protegían la ciudad. Roma, basándose en los tratados de Tiberio Graco, firmados en 179 a. C., prohibió la continuación de las obras. Ante la falta de acuerdo con los segedenses, el Senado decidió enviar un ejército de 30.000 hombres al mando del cónsul Q. Fulvio Nobilior (153 a. C.). Los belos de Segeda, que no habían finalizado las obras de fortificación, se refugiaron entonces entre los arévacos. El general romano se dirigió hacia Numancia, pero fue objeto de una emboscada en la que sus legiones sufrieron numerosas bajas. Finalmente, el encuentro de los indígenas con la caballería romana logró invertir la situación y los celtíberos fueron severamente derrotados, perdiendo su jefe, el segedense Caro.

Tras esta batalla, los celtíberos se refugiaron entre los muros de Numancia. Nobilior instaló su campamento en los alrededores de la ciudad y recibió refuerzos, entre ellos jinetes y elefantes del rey númida Masinisa. La presencia de los proboscídeos sorprendió a los numantinos, pero la huida de uno de los animales, herido, provocó una desbandada general que obligó a recular a los romanos. Los arévacos aprovecharon la ocasión para atacar y causar nuevas bajas en el ejército enemigo.

Otros fracasos menores acompañaron la trayectoria de Nobilior, cuyas tropas, según las fuentes, sufrieron las inclemencias del frío invierno soriano y la falta de víveres. En 152 a. C. el cónsul fue sustituido por el experimentado M. Claudio Marcelo. Su primera acción fue someter Ocilis, que se había sublevado un año antes. Tras la victoria, Marcelo se comportó con gran magnanimidad con los vencidos, gesto que fue valorado en la Celtiberia Citerior, y los habitantes de Nertobriga, no sin antes intentar una estratagema, solicitaron la paz. Marcelo exigió que ésta fuera general e incluyera a todos los pueblos celtíberos. Ante las dudas de los indígenas, el cónsul romano decretó una tregua, animó a los celtíberos a enviar legaciones a Roma y recomendó por carta al Senado que llegara a un acuerdo con ellas. En Roma, sin embargo, se impuso el partido belicista, que ya encabezaba por entonces Escipión Emiliano, por lo que el Senado exhortó a Marcelo a continuar la guerra y decidió enviar un ejército a las órdenes de L. Licinio Lúculo. Marcelo, entre tanto, marchó sobre Numancia, derrotando a los arévacos y reduciéndolos al interior de los muros de la ciudad. No obstante, el general romano volvió a mostrarse clemente, devolvió a los rehenes y emprendió negociaciones de paz con Litennón, jefe de los numantinos, que fructificaron con un tratado, finalmente aceptado por el Senado.

El cerco de Numancia

La paz se mantuvo en la Celtiberia hasta 143 a. C., cuando animados por los éxitos de Viriato, titios, belos y arévacos se sumaron al levantamiento contra los romanos. Ante la situación creada por estas sublevaciones, el Senado decidió enviar a la Península un gran ejército al mando del cónsul Q. Cecilio Metelo Macedónico, quien logró derrotar a los celtíberos citeriores y arrasó el territorio vacceo para evitar el aprovisionamiento de los numantinos. No obstante, fue a su sucesor y enemigo político, Quinto Pompeyo, a quien correspondió en 141 a. C. la empresa de conquistar Numancia y pacificar la Celtiberia. La encarnizada resistencia de los defensores le obligó a retirarse, como también tuvo que hacerlo en Termantia. En 140 a. C. sus tropas volvieron a sitiar la ciudad e intentaron desviar el curso de un río —el Merdancho, según Schulten— para anegar la llanura e incomunicar Numancia, aunque no lo consiguieron porque los numantinos atacaron a los soldados que trabajaban en la apertura del canal. El relevo de las tropas hizo abandonar la batalla a Pompeyo, que antes de dejar la Península para regresar a Roma trató de obtener por la vía diplomática lo que no había conseguido por la militar, entablando conversaciones de paz con los arévacos. Aunque logró llegar a un acuerdo, éste no fue ratificado por el Senado, que, además, inició un proceso contra él.

Sus sucesores Marco Popilio Lenas y Cayo Hostilio Mancino, intentaron infructuosamente concluir la conquista, a las órdenes de un ejército cada vez más desmoralizado. Mancino, cónsul en 137 a. C., abandonó el sitio de la ciudad ante la amenaza de vacceos y cántabros, que podían acudir en socorro de los numantinos, recluyó a sus tropas en el antiguo campamento de Nobilior, donde, al verse cercado por los indígenas y en situación comprometida decidió pactar con los defensores de la ciudad en plano de igualdad. El acuerdo de paz, humillante para Roma, tampoco fue aceptado por el Senado, y Mancino fue entregado desnudo y atado a sus enemigos, que rechazaron el presente.

Entre 137 y 135 a. C. el ejército romano fue dirigido por los cónsules Emilio Lépido, L. Furio Filo —que llegó a Hispania con la misión de entregar a Mancino— y Q. Calpurnio pisón. El primero centró su actividad en territorio vacceo, cercando Pallantia en contra de las indicaciones del Senado y con nefastos resultados. También atacó Pallantia Calpurnio, que al parecer sufrió alguna derrota frente a los muros numantinos.

Escipión y el fin de Numancia

Llegados a esta situación, el Senado decidió tomar medidas excepcionales y en 143 a. C. nombró cónsul a P. Cornelio Escipión Emiliano, vencedor en Cartago, para enviarlo a Hispania al frente de las tropas. Para ello hubo de solventar algunos inconvenientes legales, ya que el candidato no podía optar a la reelección consular, y el Senado se vio obligado a solicitar a los tribunos de la plebe que suspendieran temporalmente la ley que impedía su nombramiento. Conocemos con detalle los avatares de la campaña gracias a Apiano, quien toma la información de Polibio, acompañante del general romano en calidad de consejero.

Como primera medida, Escipión expulsó del campamento a prostitutas, mercaderes y adivinos, y centró sus esfuerzos en la adecuada instrucción de las tropas y recuperar su maltrecha moral. Finalmente, una vez consideró recuperada la disciplina militar, penetró en territorio vacceo hasta Pallantia aprovisionándose de cereal y arrasando a su paso las cosechas. En Numancia, donde llegó en otoño, unió a sus tropas las del príncipe africano Yugurta. El número de sus efectivos, incluidas algunas tribus hispánicas aliadas, ascendía a 50.000 hombres, que debían enfrentarse a un contingente que no superaba los 4000 guerreros, las tropas se instalaron en dos campamentos. Además, se construyeron siete fuertes, unidos entre sí por un vallado y un foso, cercando la ciudad. El cerco incluía el cauce del Duero, donde Escipión construyó fuertes en ambas orillas y los unió con sogas de las que colgaban troncos con garfios. A pesar de todo, y de la constante vigilancia, Retógenes Caraunio y otros cinco hombres consiguieron romper el bloqueo una noche de niebla, dieron muerte a los centinelas y solicitaron ayuda en Lutia. Al tener noticia de ello, Escipión sitió también esta ciudad y obligó a sus habitantes a entregar a los evadidos y a los hombres dispuestos a seguirlos. Le fueron entregados 400 jóvenes, a los que Escipión cortó las manos.

Cuando el hambre empezó a hacer estragos, los numantinos quisieron parlamentar, pero Escipión exigió una rendición incondicional que no fue aceptada. Tras quince meses de sitio, la falta de provisiones y las epidemias diezmaron la población de Numancia, cuyos habitantes decidieron finalmente rendirse en el verano de 133 a. C. Muchos arévacos prefieron suicidarse antes que entregarse a los romanos, aunque Escipión pudo reservarse 50 prisioneros para exponerlos en el triunfo de Roma y vendió el resto como esclavos. Sobre las ruinas de la ciudad, destruida por el general romano, se erigió una nueva Numancia, integrada por miembros de la tribu de los pelendones.

CNEO POMPEYO

La muerte de Sila (78 a. C.) convirtió a Cneo Pompeyo (106-48 a. C.) en el restaurador del orden constitucional. A él se le confirió la represión de la revuelta de Sertorio en Hispania. Que sofocó con éxito en 71 a. C. y que le valió el cargo de cónsul. Sus victorias militares y su habilidad política le dieron poder suficiente para formar parte del triunvirato (60 a. C.) junto a César y Craso. Pompeyo se ocupó del gobierno de Hispania. Una década más tarde el pacto no fue renovado: Pompeyo se había fortalecido con la muerte de Craso, y César emprendió una guerra civil que acabó en Hispania con la batalla de Munda (45 a. C.), derrotando a los hijos huérfanos de Pompeyo, asesinado en Egipto tres años antes por el rey Tolomeo, que quería y creía hacer un favor a César.

JULIO CÉSAR EN HISPANIA

Como pretor (61 a. C.) de la Hispania Ulterior gobernada por Pompeyo, Julio César (102-44 a. C.) practicó una táctica de atracción política que trascendió a la Hispania Citerior de Sertorio. Organizó un ejército permanente, redujo impuestos y cedió derechos municipales. Fue así como se ganó la confianza de Roma y formó parte del triunvirato. Craso gobernó Oriente; Pompeyo, Italia e Hispania; y César, Galia. Pero tras la muerte de Craso y las intrigas para retirarle el consulado de la Galia, César inició, en tierras itálicas, griegas y egipcias, una guerra civil contra Pompeyo (49 a. C.), que culminó en la batalla de Munda (cerca de Osuna) en 45 a. C. Aquí comienza la Dictadura y los planes para la colonización definitiva de Hispania.

LAS GUERRAS CÁNTABRAS

Con su victoria definitiva sobre los pueblos celtas —cántabros, astures y galaicos— del norte de la Península Ibérica, los romanos culminaron la conquista de Hispania en época del emperador Augusto.

Se conoce como «guerras cántabras» a las campañas bélicas realizadas entre los años 29 a. C. y 19 a. C. por el ejército de Roma contra los últimos focos de resistencia de los indígenas hispanos: cántabros, astures y galaicos. La conquista romana de la Península Ibérica, iniciada a finales del siglo III a. C. en el contexto de la II Guerra Púnica que enfrentó a la República con Cartago, había avanzado rápidamente después de la victoria de Escipión el Africano sobre Aníbal en la batalla de Zama (202 a. C.), pero hasta las décadas finales del siglo I a. C., no llegó a las regiones pirenaicas central y occidental y a las de la cornisa cantábrica y del interior de Galicia. Hasta entonces, la ocupación progresiva del territorio hispánico sólo había encontrado como episodios importantes de resistencia el levantamiento del jefe lusitano Viriato (asesinado en el 139 a. C.), que fue secundado por el pueblo arévaco, cuya lucha concluyó con la destrucción de Numancia por Escipión Emiliano (133 a. C.).

Origen de las guerras cántabras

Las frecuentes incursiones de saqueo que realizaban los cántabros, astures y galaicos, pueblos de cultura celta aún no sometidos militarmente, sobre las regiones colindantes con la meseta, fue una de las razones que impulsaron a los romanos a completar la efectiva ocupación del territorio peninsular, toda vez que amenazaban la explotación de las minas de hierro y oro de la zona. Sin embargo, hubo otro motivo quizá más determinante para la operación militar.

En el año 29 a. C., Cayo Julio César Octavio, llamado Augusto, regreso a Roma desde Oriente como máximo dirigente del mundo romano, tras la victoria de su flota —comandada por Agripa— sobre la de su rival Marco Antonio y la reina Cleopatra de Egipto en la batalla naval de Accio (31 a. C.), seguida del suicidio de ambos y el asesinato de su hijo Cesarión (30 a. C.). Octavio, vencedor de una guerra civil que dividió a la ciudadanía romana, necesitaba una empresa militar contra un enemigo exterior que cimentara su prestigio ante el Senado y el pueblo de Roma, a fin de que su proyecto político de autoridad imperial bajo una cobertura de formas republicanas, fuera pacíficamente aceptado por todos. Además, el control efectivo por el propio Octavio Augusto de los recursos mineros del norte de Hispania —la Tarraconense fue una provincia sometida a emperador, no al Senado— también tuvo especial importancia.

Desarrollo de las campañas

Las operaciones se extendieron desde los Pirineos hasta el río Miño y comenzaron el mismo año 29 a. C. Dos años después, cuando el Senado otorgó a Octavio el título de Augusto, este mismo tomó el mando de la siete legiones y sus correspondientes tropas auxiliares (aproximadamente setenta mil soldados), aunque pronto delegó la dirección de la guerra en los generales Antistio y Carisio. La estrategia romana consistió en rodear la región cantábrica con campamentos militares permanentes, y penetrar en el territorio enemigo avanzando simultáneamente con tres columnas: una por el este, desde Segisamo (Sasamón, Burgos) hasta Cantabria, en cuya costa desembarcó la flota romana realizando una operación de pinza sobre la retaguardia; otra por el centro, que desde Asturica (Astorga) se dirigió hacia el Bierzo y Asturias; y la tercera por el oeste, partiendo de Bracara (Braga) hacia Galicia.

La resistencia de los pueblos indígenas, que aprovecharon las dificultades del terreno, fue tenaz, obligando a las legiones a entrar en combate en las batallas de Aricillum, Mons Vindius, Bergidum, Mons Medullius y Lancia. Sin embargo, la legión era la más formidable estructura militar de la época y las operaciones concluyeron con la victoria romana en el 25 a. C. Los enemigos supervivientes fueron llevados a la Galia, donde fueron vendidos como esclavos.

En los años posteriores (24 a. C. y 22 a. C.) se produjeron nuevos levantamientos indígenas, que pusieron en peligro las conquistas realizadas, hasta el punto de que el propio Agripa, el más grande general de Augusto, debió ponerse al frente de las legiones para continuar la lucha hasta la victoria definitiva en el año 19 a. C.

Para impedir nuevas rebeliones, los combatientes que sobrevivieron fueron destinados a las minas como esclavos, y gran parte del resto de la población fue dispersada en diferentes asentamientos de la meseta. Con los legionarios veteranos participantes en las guerras cántabras Augusto pobló las dos ciudades por él fundadas en los extremos del tramo principal de la calzada de la Vía de la Plata: Emerita Augusta (Mérida) y, sobre el antiguo campamento militar, Asturica Augusta (Astorga).

La resistencia encontrada por los romanos en las guerras cántabras dejó en ellos una huella duradera. Nada menos que tres legiones permanecieron en la región durante varias décadas, vigilando a la población indígena y protegiendo las estratégicas explotaciones mineras, lo que no impidió que durante la época de Nerón (54-68) se produjeran los últimos episodios de rebelión rápidamente sofocados.

HISPANIA

Con la conquista iniciada en la II Guerra Púnica nacieron las Hispanias, las primeras provincias romanas fuera de Italia, también las primeras en recibir el derecho de ciudadanía y cuna de grandes emperadores en los siglos I y II.

Hispania es el nombre dado por los romanos a la Península Ibérica. La más antigua referencia documental escrita que se conserva sobre la utilización del mismo es una cita debida al poeta Quinto Ennio datada hacia el 200 d. C. su origen ha sido discutido durante mucho tiempo. Actualmente predominan las tesis que lo hacen derivar de voces semíticas, utilizadas por los comerciantes fenicios y luego por los cartagineses: span (con el significado de oculto, país escondido y remoto), y también I-shphanim, traducible como «tierra de damanes» (el damán, Hyrax Syriacus, es el nombre de un pequeño mamífero de Oriente Medio, parecido al conejo, que entonces abundaba en la Península).

Organización territorial, política y administrativa durante la República

La conquista romana de Hispania comenzó con el desembarco en Ampurias de Escipión el Africano (218 a. C.), se consolidó en su primera fase tras finalizar la II Guerra Púnica (201 a. C.), y se extendió a los dos siglos siguientes, hasta culminar con el sometimiento de las regiones de la cornisa cantábrica el 19 a. C. Fue la primera provincia romana fuera de la Península italiana. En el año 197 a. C., los romanos dividieron el territorio peninsular conquistado en dos provincias: la Hispania Citerior, al norte del Ebro, e Hispania Ulterior, al sur.

Pese a su expansión durante esos siglos, Roma seguía siendo jurídicamente una ciudad-Estado de formas políticas republicanas y ese modelo fue el aplicado en Hispania, cuyas estructuras de gobierno fueron una prolongación de las magistraturas de la ciudad de Roma. El proceso de romanización se apoyó primero en la llegada de inmigrantes de origen romano e itálico —ciudadanos romanos— que se fueron estableciendo en las ciudades más latinizadas: itálica (Sevilla), Corduba (Córdoba), Emerita (Mérida), Barcino (Barcelona), etc.; más tarde, se intensificó con la amplia política colonizadora de Julio César, asentando a veteranos de las legiones y comerciantes, proceso continuado después por Augusto. El derecho romano concebido originalmente para ser aplicado sólo a los ciudadanos de Roma, hubo de desarrollar fórmulas jurídicas específicas para las provincias. El nuevo sistema, llamado ius gentium, se basaba en los edictos del pretor, que definía e interpretaba la ley para los casos particulares. El pretor peregrino (de los extranjeros) administraba justicia en Roma, cuando una de las partes no era un ciudadano romano, y el pretor provincial adecuaba sus edictos a los de aquél. Durante los últimos años de la República, este sistema comenzó a aplicarse también a los conflictos entre ciudadanos romanos.

El sistema durante el Imperio

En el año 27 a. C., Augusto dividió la Hispania Ulterior en dos nuevas provincias: Bética, una de las regiones más romanizadas de la Península, que abarcaba la casi totalidad de Andalucía, el sur de Extremadura y parte de Ciudad Real, con capital en Hispalis (Sevilla); y Lusitania, que comprendía el actual Portugal, casi toda Extremadura y parte de las actuales provincias de Salamanca y Zamora —aunque luego perdió las zonas del norte del Duero—, con capital en Emerita Augusta (Mérida). La provincia de Hispania Citerior pasó a llamarse Tarraconense y se extendía por el resto de la Península, con capital en Tarraco (Tarragona). De ésta se desgajaron luego las nuevas provincias de Hispania Nova Citerior Antoniniana (el noroeste peninsular, futura Gallaecia), bajo Caracalla a comienzos del siglo III; y Cartaginense (centro y este peninsulares, más las Islas Baleares), durante el reinado de Diocleciano, a principios de siglo IV. A fines del siglo IV, las Baleares pasaron a ser la provincia Balearica. En ese mismo siglo, el noroeste de África pasó a ser parte de las provincias de las Hispanias con el nombre de Mauritania Tingitana, con capital en Tingis (Tánger).

Augusto dividió a las dos provincias en dos categorías: senatoriales (las más romanizadas y pacíficas), bajo el control más bien nominal del Senado; e imperiales (las más fronterizas conflictivas e importantes estratégicamente, donde acantonaba el mayor número de legiones), bajo el control directo del emperador. A la primera categoría pertenecía la Bética, y a la segunda Lusitania y la Tarraconense. Las provincias imperiales eran gobernadas, según su importancia, por legados o procuradores nombrados por el emperador, que se mantenían en sus cargos de tres a cinco años; el emperador también designaba a los comandantes de las regiones y a los responsables del cobro de impuestos. Paulatinamente, este sistema se fue aplicando también a las provincias senatoriales. Según la organización administrativa establecida por Augusto, que se mantuvo durante más de dos siglos, solo los núcleos urbanizados y romanizados eran ciudades o colonias romanas; las ciudades prerromanas importantes que seguían con su organización tradicional, aunque imitando el modelo romano, eran ciudades libres y federadas; los asentamientos con un pobre desarrollo urbanístico y mayoritaria población indígena, escasamente romanizadas, eran ciudades estipendiarias. Muchas de estas últimas ya estaban en condiciones de convertirse en ciudades romanas desde la década final del siglo I. Esta política de Augusto, decisiva para la romanización del Imperio sobre la base del modelo de la ciudad de Roma, sirvió para romper las organizaciones prerromanas y también como un instrumento para que las oligarquías locales tuvieran acceso a la ciudadanía.

Un momento significativo del proceso romanizador fue la concesión por el emperador Vespasiano (69-79) del derecho de ciudadanía latina a todos los hispanos libres de origen indígena, aplicándoseles desde entonces el ius Civile de Roma cuando Caracalla extendió la ciudadanía a todos los habitantes libres del Imperio (212), la casi totalidad de la población de Hispania estaba ya romanizada.

EL TEATRO DE MÉRIDA

El teatro de Mérida es el mejor conservado de cuantos se edificaron en Hispania. Sus ruinas aportan una completa información acerca de las soluciones, tanto estructurales como decorativas, adoptadas por la arquitectura romana en los edificios destinados a los espectáculos públicos.

En el año 25 a. C., el emperador Octavio Augusto fundó, en la orilla derecha del río Guadiana, la colonia Emerita Augusta, como premio para los legionarios que habían combatido en las guerras cántabras —denominados eméritos—, a quienes se concedían tierras para un tranquilo retiro. Elevada al rango de capital de la provincia lusitana, en poco tiempo pasó a ser uno de los principales enclaves no sólo de Hispania, sino del mundo romano en general —en el siglo IV contaba con 35.000 habitantes—. La razón de la prosperidad emeritense tuvo mucho que ver con su condición de encrucijada entre la calzada que unía Astorga con itálica (de norte a sur) y la vía que, partiendo de Tarraco, atravesaba la Península de este a oeste para culminar en Lisboa. El cónsul Marco Agripa, yerno de Octavio Augusto, fue el patrocinador de la construcción del teatro —el más notable de los erigidos en Hispania—, que se llevó a cabo entre los años 18 y 15 a. C. Así lo atestigua una inscripción que alude a dicho general en el transcurso de su tercer consulado. Emplazado en uno de los extremos del recinto amurallado, se concibió como parte integrante del plan urbanístico de la colonia.

El teatro mide 86,63 m de diámetro total. La longitud de la escena (que sería reconstruida en tiempos de Trajano y, sobre todo, de Adriano) es de 59,90 m por 7,28 de fondo. Su esquema responde a modelos canónicos de los teatros provinciales del oeste —guarda una gran semejanza con el tunecino de Dougha—, aunque es de un lujo y una suntuosidad inusuales en provincias. El frons scenae se articula en siete pórticos, tres de ellos retranqueados, que se corresponden con las tres puertas. Consta de un doble piso de columnas corintias con fustes de mármol azul y basas y capiteles de mármol blanco, como el entablamento. En la puerta central (valva regia) hay dos columnas decorativas de altura superior a las demás. En los intercolumnios aparecían estatuas de dioses, emperadores y magistrados, copias de los originales, que se exponen hoy en el Museo Nacional de Arte Romano de la localidad.

La cavea, el graderío, que aprovecha el desnivel del terreno, tiene capacidad para aproximadamente 5500 espectadores. Orientada al norte, en su parte inferior, en torno a la orchestra, semicircular, se localizan las tres gradas reservadas a las autoridades, donde se colocaban sillones para las representaciones. Tanto la orchestra como las gradas de las autoridades aparecían revestidas de mármoles. La ima cavea, destinada a los caballeros, consta de 22 filas y se divide en seis sectores, y bajo ella hay un corredor semianular con seis vomitorios; tras el podio (o balteus) de separación se extienden la cavea media (que acogía a la plebe libre), con cinco filas y cinco vomitorios, y la cavea summa (para las clases más desfavorecidas), la más deteriorada por el hundimiento de las bóvedas, que tuvo también cinco gradas. Todas las partes de la cavea se encontraban comunicadas entre sí por tramos de escaleras que servían para compartimentar el espacio verticalmente en secciones denominadas cunei. El acceso desde el exterior a la cavea se realizaba a través de trece puertas. La altura de las gradas era de 0,32 m, y su anchura, de 0,74.

En los teatros griegos, la orchestra recibía este nombre por ser el lugar destinado al cántico y las evoluciones del coro; así pues, frente a la cavea, consagrada en exclusiva a los espectadores, la orchestra y la scaena estaban destinadas a la representación. Sin embargo, la tipología romana del teatro —y así queda patente en Mérida— ofrece diferencias significativas con respecto a los modelos griegos. De hecho, la orchestra distribuía su espacio entre la parte destinada a espectadores de especial relevancia y un ámbito dedicado en exclusiva al coro.

Detrás de la escena se ubicaban distintas dependencias destinadas a los actores y, de espaldas a ella, un pórtico que rodeaba el gran jardín trasero (que reproduce el esquema del teatro de Pompeyo en Roma, el primero de los construidos en la Ciudad imperial) y una pequeña cámara rectangular dedicada al culto imperial. Dichas estancias albergaban el vestuario de los actores, servían como locales de ensayo o, incluso, como refugio para los propios espectadores si las inclemencias del tiempo forzaban la interrupción del espectáculo.

Complemento esencial de toda obra pública romana fue el sistema de saneamiento de los edificios; en el caso del teatro emeritense, se construyó una cloaca con sillares de granito, asentada sobre un piso de cemento y cubierta con bóveda de ladrillo.

LUCIO ANNEO SÉNECA

Este filósofo hispanorromano está considerado como el más notable representante del estoicismo en época imperial; su pensamiento ejerció una gran influencia durante la Edad Media y el Renacimiento. No obstante, su obra, ecléctica y asistemática, recoge elementos platónicos, epicúreos, cínicos y escépticos.

Lucio Anneo Séneca nació en Córdoba el año 4 a. C. Fue conocido como Séneca el Joven o el Filósofo, para distinguirlo de su padre, Séneca el Viejo o el Retórico, que pertenecía al orden ecuestre. En torno al año 12 d. C. se trasladó a Roma junto con su familia, y allí estudió retórica, cautivado por la personalidad de Papiro Fabiano, y asistió a varias escuelas de filosofía en las que tuvo como maestros a Soción, de tendencias neopitagóricas y a Attalo, seguidor del estoicismo antes de ejercer la abogacía.

Carrera política y trayectoria vital

Personaje contradictorio, su vida tiene poco que ver con su pensamiento filosófico. Su salud enfermiza le hizo viajar a Egipto con su tío, el prefecto Cayo Galerio, en el año 29. Dos años después regresó a Roma, y en 33 inició su carrera política como cuestor: Destacado orador, accedió al Senado durante el último período del mandato de Tiberio. En el año 41, durante la etapa de gobierno de Claudio, fue acusado de estupro por instigación de Mesalina, al haber mantenido relaciones con Julia Livila, hermana de Calígula, por lo que permaneció desterrado en Córcega durante siete años. Nombrado por Agripina preceptor de su hijo Nerón en el año 49, ejerció una influyente labor como consejero cuando éste fue coronado emperador: de hecho, dirigió con la colaboración de Burro, prefecto del pretorio, la política imperial. Durante este período amasó una ingente fortuna y fue acusado de enriquecimiento abusivo. El creciente personalismo y la deriva dictatorial de Nerón le movieron a solicitar del emperador permiso para abandonar el gobierno en el año 62. A partir de entonces consagró su vida a la escritura y a la filosofía. Implicado al parecer en la conspiración de Pisón, que tenía por objeto acabar con la vida de Nerón, fue condenado por su antiguo discípulo a suicidarse. Ejecutó la sentencia cortándose las venas en el baño de su casa de Roma.

La obra filosófica y literaria de Séneca

Una clara intención doctrinal preside los escritos de Séneca, de modo que resulta un tanto problemático establecer clasificaciones estrictas. Como rasgo característico de su producción en prosa, cabe señalar el planteamiento de las cuestiones a partir de la existencia de un personaje que pone objeciones o realiza incisos al tema tratado, de modo que, convertido en una suerte de adversario del autor; permite el avance de la exposición. Entre sus escritos morales, cabe destacar las Epístolas a Lucilio, obra que recoge las 124 cartas dirigidas a su amigo y que aporta valiosa información acerca de la época. El autor toma como punto de partida cuestiones concretas que conducen, a lo largo del texto, a consideraciones de carácter general.

Séneca compuso numerosos tratados dialogados en los que defiende una ética orientada a la virtud mediante la superación de las debilidades y pasiones de la naturaleza humana, inclinado hacia un estoicismo de tendencia pesimista, para Séneca la virtud del sabio consiste en soportar las adversidades del destino y luchar contra ellas, concepción que le aleja del estoicismo en sentido estricto. En De la Providencia plantea la contradicción entre un universo gobernado por dicha virtud y, por otra parte, la existencia del mal. De la tranquilidad del alma constituye una alabanza de la intervención en política, tema que se opone al abordado en Del ocio, que constituye un elogio de la existencia contemplativa. De la brevedad de la vida retrata la personalidad del sabio estoico —cuyo modelo es Catón—, que se muestra impasible ante las ofensas ajenas. Las Consagraciones son tres cartas de consuelo dirigidas a amigos o familiares entre las que destaca la dedicada a Polibio, liberto del emperador Claudio. En ella, Séneca adula al gobernante con la esperanza de ser perdonado y acortar su exilio.

Entre sus obras consagradas al estudio de la naturaleza figura Cuestiones naturales, un conjunto de siete libros escritos en los últimos años de su vida, en los que se entremezclan el discurso científico y el afán moralizador. Séneca aborda aquí el análisis de diversos fenómenos generados a partir de los tres elementos: la tierra, el agua y el aire.

En el campo literario, se le atribuyen 67 epigramas; además, escribió nueve tragedias inspiradas en la mitología griega, con un tratamiento patético y caracteres que encarnan posiciones humanas extremas, en las que el hombre lucha contra sí mismo: Medea, Las troyanas, Agamenón, Edipo, Hipólito, Fedra, Hércules furioso, Tiestes y Hércules Eteo.

MARCIAL

Forjador del moderno epigrama, Marcial es considerado como uno de los grandes poetas latinos de la época de los Flavios. Su obra, caracterizada por la mordacidad y el humor, constituye un magnífico documento para conocer la vida del Alto Imperio.

El poeta hispanorromano Marco Valerio Marcial nació en Bilbilis, la actual Calatayud, alrededor del año 40 d. C. Aunque originario de una familia modesta, en el 64 marchó a Roma para finalizar sus estudios jurídicos. Allí despertó su interés por la literatura y recibió, hasta que la conspiración de Pisón terminó con su influencia, el apoyo de la familia Séneca. A partir de entonces debió de vivir en condiciones precarias buscando el patrocinio de otros mecenas. Trabó amistad con diversos escritores de la época como Silio Itálico, Juvenal, Plinio el Joven y Quintiliano, y recibió algunos honores de Tito y de Domiciano, en el transcurso de cuyo mandato publicó la mayor parte de su obra.

En el año 98, tras la subida al poder de Trajano, decidió regresar a Hispania donde obtuvo la protección de una dama adinerada denominada Marcela. Murió en su ciudad natal, Bilbilis, hacia el año 104.

El epigrama: antecedentes del género

Marcial es célebre por sus epigramas, un tipo de composición con larga tradición en la literatura grecorromana. En origen, los epigramas eran simples inscripciones en verso que, con carácter conmemorativo o elegíaco, se grababan en tumbas, estatuas o monumentos. No obstante, en época helenística se habían convertido ya en un género poético con entidad propia, aunque de carácter menor; y generalmente de tema elegíaco, erótico o lírico. A pesar de que se pueden rastrear antecedentes en la poesía latina, fue Cayo Valerio Catulo el que introdujo la sátira en este tipo de composiciones. La obra de Marcial le debe mucho, y de hecho el propio autor bilbilitano considera a Catulo como su principal modelo, al menos en lo que se refiere al estilo mordaz, la variedad métrica y la técnica compositiva ya que la temática amorosa característica de buena parte de la obra de Catulo es totalmente ajena a Marcial.

Obra y significación de Marcial

Marcial escribió unos 1.500 epigramas distribuidos en 15 libros. En el año 80 publicó su primera obra, Liber de spectaculis, donde celebra la inauguración del Coliseo y los juegos conmemorativos. En Xenia concentra epigramas para acompañar los regalos que se hacían con ocasiones de la Saturnales, y Apophoreta reúne epigramas destinados a los convidados a los banquetes, también con motivo de las fiestas de las Saturnales. Ambas vieron la luz entre los años 84 y 85. Estas dos colecciones forman ya parte de su gran obra, Epigramas, y están catalogadas actualmente en los libros XII y XIV.

El éxito de estas recopilaciones animó a Marcial a publicar el resto de su producción, es decir, los 12 libros restantes de Epigramas, en los que, con estilo depurado, da rienda suelta a todo su ingenio y agudeza. En torno al año 86 fueron publicados los libros I y II, y hasta su marcha a Bilbilis en 98 aparecieron los libros del III al XI. El XII sería publicado en Hispania en 101.

Los temas y el lenguaje salaces —y humor, generalmente concentrado al final del texto— salpican la mayor parte de estas composiciones, pensadas para divertir o entretener y despojadas ya de cualquier función práctica inmediata. Otro rasgo esencial de la obra de Marcial es el realismo, lo que la convierte en un magnífico documento para conocer la vida y hábitos sociales de su tiempo. El escritor retrató con mano maestra las costumbres y corrupción de la sociedad romana de la época. En este sentido, se puede considerar que Marcial, a pesar de que no lo buscaba, era un escritor moral. No obstante, su mordacidad se quiebra frente a los poderosos, ante quienes se muestra siempre adulador. De hecho, su obra incluye abundante propaganda imperial, como ocurre, por ejemplo, en el libro VIII, en el que homenajea a Domiciano.

Normalmente, los epigramas de Marcial constan de dos partes perfectamente diferenciadas. En la primera se expone el tema, y en la segunda se concentra el rasgo ingenioso, salaz o lúdico. Pero aunque predominen los dísticos de afán humorístico, también se encuentran epigramas largos, en los que tienen cabida evocaciones de su patria, exaltaciones de la naturaleza o cantos elegíacos a la muerte de un amigo. Es precisamente esta variedad lo que hace más valiosa la producción de Marcial, que tuvo gran éxito en vida y pasó inadvertida durante la Edad Media. Finalmente, desde el Renacimiento su obra ha sido leída y admirada por numerosos autores. En la literatura española se puede encontrar su huella en los poetas del Siglo de Oro español y en los escritores del XVIII.

MARCO FABIO QUINTILIANO

La retórica latina tiene en Quintiliano a una de sus máximas figuras históricas, sólo comparable con Cicerón su obra representa un marcado carácter pedagógico y ha ejercido enorme influencia en el desarrollo de la disciplina retórica.

Marcus Fabius Quintilianus nació probablemente en el año 35 d. C. en Calagurris Nasica, ciudad de la provincia Tarraconense (hoy Calahorra, La Rioja). Fue educado en Roma, ciudad a la que regresó en el 68, después de la muerte de Nerón, llamado por el nuevo emperador, Galba. Se dedicó primero a la abogacía y después a la enseñanza de la retórica, por la que obtuvo gran reconocimiento, siendo nombrado profesor oficial de esa materia y pagado por el erario público. Retirado ya de la enseñanza pública, fue elegido para encargarse de la educación de los sobrinos del emperador Domiciano.

Durante los últimos años de vida, aprovechó su experiencia como profesor para centrarse en la escritura, debiendo su fama a la Instituio Oratoria, gran obra que comprende 12 volúmenes, en la que actualizó una concepción ciceroniana de la retórica, en una época en que parecía postergada. Murió entre los años 95 y 100.

La obra retórica de Quintiliano

La retórica de Quintiliano, al igual que anteriormente la de Cicerón, está influida por los modelos griegos, los primeros en desarrollar esta disciplina en la Antigüedad. Su obra más importante, la Institutio Oratoria, despliega todo su pensamiento sobre la retórica con perspectiva educativa, gran originalidad y brillante estilo, razones por la que ha ejercido una gran influencia sobre la pedagogía teórica nacida muchos siglos más tarde con el Humanismo y el Renacimiento.

Para Quintiliano, la retórica regula la mejor forma posible de realizar la aplicación social de la actividad que define esencialmente al ser humano: la capacidad comunicativa. Concibe la retórica como un ars, una técnica, un saber transmitido de generación en generación; por ello, «retórica» significa no sólo la técnica sino también el proceso y la actividad de un aprendizaje y enseñanza. En la Institutio, el autor sintetiza la evolución de la disciplina, y remarca su papel central y universalista en la educación, ya que provee de un discurso general a la adquisición del conocimiento de las disciplinas particulares.

La obra de Quintiliano establece los nexos entre retórica y literatura (oral o escrita), desarrollando principios estéticos y analizando de manera crítica la obra de autores como Plauto o Virgilio por su utilidad para la formación retórica.

Quintiliano, al igual que Cicerón, propone un ideal humano en el que el ejercicio de la retórica no se reduce a la faceta técnica, sino que se amplía a todos los ámbitos de la cultura. La finalidad primordial de su obra es educar al «orador perfecto», entendiendo como tal a una persona moralmente buena y con una amplia formación.

Institutio Oratoria

El libro primero de la Institutio se centra en describir cómo debe ser la educación elemental del futuro orador, hablando también de otras disciplinas necesarias para su formación (música, geometría, astronomía, gimnasia, etc.). El libro segundo se dedica a la enseñanza que se imparte en las primeras etapas de la escuela de retórica y a su crítica. La parte técnica de la obra comienza con el libro tercero, en el que alude al origen de la disciplina y hace un resumen de su historia, para desarrollar luego la teoría retórica propiamente dicha, describiendo los tres tipos tradicionales de oratoria (epidíctica, deliberativa y judicial). Los libros siguientes desarrollan la inuentio a través del estudio de las cinco partes tradicionales en las que se estructura un discurso: exordium, narratio, argumentatio, dispositio (la manera en que se organiza el contenido del discurso y los recursos a utilizar según las circunstancias) y elocutio (la formulación verbal definitiva del discurso). Posteriormente, Quintiliano hace un análisis crítico de las literaturas griega y romana y sus principales autores, en orden a su utilidad para la formación. La obra termina refiriéndose a las dos últimas partes del hecho retórico: memoria y actio, y, finalmente, a las cualidades morales del orador.

LAS MINAS DE METALES EN LA HISPANIA ROMANA

Muchos siglos atrás, los fenicios dieron a conocer por toda el área mediterránea los diversos metales procedentes de la Península Ibérica. En Hispania, los romanos no sólo perfeccionaron las técnicas de extracción de metales, sino que realizaron increíbles innovaciones. Los metales que los romanos explotaron en la Península fueron, especialmente, el oro, el estaño, la plata, el plomo, el hierro, el cinabrio y la calamina. La actividad minera estuvo centrada, desde época de Augusto, en el sureste, suroeste y noroeste de Hispania. El sector minero era competencia del Estado, en su mayor parte, o de particulares arrendatarios. Las extracciones continuaron ininterrumpidamente hasta el siglo IV d. C.

TRAJANO

Miembro de una influyente familia senatorial de la Bética, Trajano fue el primer hispano y primer provinciano que ocupó el trono imperial. Firmeza y benevolencia caracterizaron el brillante gobierno del iniciador de la dinastía de los Antoninos; bajo su mandato, el Imperio alcanzó su máxima extensión. Ello le hizo merecedor del título de optimus princeps con que ha pasado a la posteridad.

Marcus Ulpius Traianus nació en la ciudad de Itálica en 53 d. C. Instalado en Roma desde muy joven, acompañó a su padre a Siria en el año 75 y se distinguió en la campaña contra los partos. Cuestor, tribuno de la plebe y pretor; fue nombrado por Domiciano legado de la VII Legión Gemina, en Hispania, y en 88 marchó a Germania para sofocar la revuelta de L. Antonius Saturninus, aunque no llegó a intervenir. En el año 91 accedió al consulado.

Era gobernador de la Germania Superior en 97, cuando fue adoptado por Nerva, quien lo revistió con el poder tribunicio y lo asoció al trono. De esta manera el anciano emperador trataba de mitigar sus tensas relaciones con el ejército. Además de su prestigio como militar y administrador; en el acceso al poder de Trajano tuvo mucho que ver el creciente peso de la oligarquía hispanorromana, ya plenamente integrada en los cuadros imperiales.

Tras la muerte de Nerva, a principios del año 98, y antes de regresar a Roma para tomar posesión de su cargo, Trajano, una de cuyas primeras medidas de gobierno fue ejecutar a los pretorianos que se habían rebelado contra su antecesor; decidió consolidar la frontera renano-danubiana, tarea que se prolongó un año y medio. Durante este tiempo el gobierno de Roma fue desempeñado por el Senado, hecho que favorecería la posterior relación de esta institución con el emperador.

Política, administración y obras públicas

Como se ha indicado, Trajano mantuvo una relación de respeto y colaboración con el Senado, aunque limitó algunas de sus funciones en favor de la nueva burocracia imperial y conservó el poder absoluto. Nombró nuevos senadores originarios de las provincias orientales e impuso a los miembros de la institución la obligación de comprar tierras en Italia con el fin de fomentar la economía agraria. El emperador tomaba así medidas para frenar el declive de determinadas regiones de la Península itálica, donde se había dejado sentir la competencia comercial de las regiones occidentales. A este objetivo corresponden también diversas acciones sociales de este período, entre ellas la aplicación de la asistencia estatal alimentaria (alimenta) a los niños necesitados, instituida por Nerva, y que se financiaban mediante los intereses de los préstamos imperiales a los propietarios de las tierras.

Trajano también llevó a cabo un intenso programa de infraestructuras. Construyó y mejoró numerosas calzadas (Vía Trajana, entre Benevento y Brindisi, y Vía Appia), puentes y acueductos (Aqua Trajana, en Roma) y algunos puertos (Ostia, Cemtumcellae y Ancona). Entre sus obras públicas figuran, asimismo, las termas de Esquilino, y destaca muy especialmente el foro que lleva su nombre, el más grandioso de los foros imperiales, edificado por Apolodoro de Damasco. Allí se erigieron la basílica Ulpia, dos bibliotecas y la célebre Columna Trajana. Esta última, de mármol blanco, es particularmente estimable por sus bajorrelieves, desarrollados en espiral desde la base hasta el remate, que representan distintos episodios de la lucha contra los dacios.

A pesar de la reducción impositiva, los gastos militares y las obras públicas, Trajano supo hacer frente a la difícil situación financiera de Roma gracias a la mejora de la administración (incrementó el número de funcionarios imperiales y envió a los municipios curatores civitatum encargados de regular los gastos excesivos) y a las victoriosas campañas contra los dacios, que le dieron acceso a un importante botín de guerra. Mejoró también la justicia, reduciendo el tiempo de detención preventiva y rechazando las denuncias anónimas, y renovó el ejército, lo cual creó dos nuevas legiones y aumentó el número de cuerpos auxiliares. Del mismo modo, se mostró en general benevolente con los cristianos, aunque, en respuesta a Plinio, estableció los criterios para su persecución.

Por lo que respecta a Hispania, Trajano potenció el comercio de la Bética, especialmente de aceite y cereales, y durante su mandato se reformó la estructura urbana de centros como Itálica, Corduba, Carmo y Astigi; se renovó la red viaria y se construyeron el arco de Bará, el puente de Alcántara y el anfiteatro de Italica.

La conquista de Dacia

La época de Trajano está marcada por el carácter expansivo de su política exterior y, gracias a sus éxitos militares, la mayor extensión del Imperio coincide con su etapa de gobierno. A principios del siglo II, el emperador sometió la Dacia en la que reinaba Decébalo, quien, con anterioridad, en el año 89, había firmado un pacto de alianza con Domiciano. De hecho, el rey dacio percibía de las arcas de Roma una cantidad anual y contaba con la colaboración de técnicos romanos. A pesar de ello, Decébalo se había convertido en una amenaza para la frontera danubiana, por lo que Trajano, que ambicionaba la riqueza minera del país, decidió pasar a la acción y cruzó el Danubio. Carecemos de fuentes fiables acerca del desarrollo de los acontecimientos, y la interpretación de la columna Trajana es frecuentemente incierta. Sabemos, eso sí, que parte de la campaña de 101-102 se desarrolló en la Mesia Inferior; donde Trajano infligió una severa derrota a Decébalo. Tras ella, hubo conversaciones de paz, pero no fructificaron, y las tropas romanas penetraron en territorio dacio tomando la capital del reino, Sarmizegetusa, situada al sur de la actual Transilvania.

Pese al reforzamiento de las fronteras y a las duras condiciones de paz impuestas por Roma, que incluían la demolición de las fortalezas y la aceptación de la guarnición romana en Sarmizegetusa, los dacios reanudaron las hostilidades en 105. Decébalo intentó cruzar el Danubio frente a Mesia Inferior, pero fracasó y optó por tomar parte del territorio de los yácigos. Tras los escarceos iniciales, Trajano concentró sus esfuerzos en la toma de Sarmizegetusa, objetivo que consiguió en 106. Decébalo pudo huir, pero fue perseguido por tropas romanas y, finalmente, optó por el suicidio. Su cabeza fue enviada a Roma, expuesta y arrojada finalmente al Tíber: la Dacia fue reconvertida en provincia romana y repoblada con colonos de Asia Menor y de las tierras del Danubio. La nueva provincia comprendía el territorio que los dacios habían arrebatado a los yácigos, quienes, después de intentar inútilmente que les fuera devuelto, se levantaron en armas (107-108). Adriano, que era legado de Panonia Inferior, fue el encargado de sofocar la revuelta. El botín de guerra y la riqueza de las minas de oro de la Dacia fueron determinantes en la financiación de buena parte de los programas sociales y constructivos del emperador.

Las campañas de Oriente

Tras reorganizar las fronteras imperiales, Trajano concentró su actividad en Oriente, donde los partos, a pesar del tratado firmado en el año 63, constituían una competencia real para el Imperio. En 106 Aulio Cornelio Palma, legado de Siria, había conquistado Petra, puerto de entrada del mar Rojo, y sometido el reino nabateo, que pasó a constituir la provincia de Arabia, con capital en Bostra. Pero no fue hasta finales de su reinado cuando Trajano llevó a cabo sus más importantes conquistas en la región.

En la primavera de 114, aprovechando que Cosroes, rey de los partos, había apoyado el acceso al trono armenio de un candidato no pactado con Roma, se anexionó el territorio, que fue convertido en la provincia romana de Armenia. Trajano dedicó el verano a organizar la nueva provincia y en otoño inició la invasión del norte de Mesopotamia, donde reinaban príncipes árabes vasallos de Cosroes. Tomó Nisbis y Singara y pactó con el príncipe de Osroene, instalándose en su capital, Edesa. Continuó su victoriosa campaña en 115 y pasó el invierno en Antioquía, ciudad que fue destruida por un terremoto. En la primavera de 116, siguiendo el curso del Tigris y el Éufrates en dirección sur, marchó hacia algunas de las principales ciudades partas, incluida la capital, Ctesifonte, así como Seleucia y Babilonia, y llegó hasta el Golfo Pérsico. No encontró demasiada oposición, ya que Cosroes había huido.

Al parecer, Trajano comenzó a barajar planes para organizar una expedición a la india, pero el territorio recién conquistado era demasiado extenso para el número de fuerzas romanas. En otoño de 116 la contraofensiva de los partos, dirigida por los príncipes arsácidas Meherdates y Sanatruces, así como distintos levantamientos provocados por las imposiciones financieras de los conquistadores, obligaron al emperador a reemprender las campañas militares. Paralelamente estalló una revuelta de los judíos en Chipre, Cirenaica y Egipto, por lo que Trajano hubo de enviar tropas destinadas a luchar contra Cosroes y decidió abandonar las regiones meridionales de Mesopotamia. Previamente, coronó como rey de los partos al arsácida Partamaspates y acarreó consigo el trono de su antecesor. De regreso a Roma, y antes de morir inesperadamente en Selinonte, Cilicia, el 7 de agosto de 117 designó sucesor a Adriano.

EL ACUEDUCTO DE SEGOVIA

en el mundo romano, las obras de ingeniería estuvieron estrechamente vinculadas a la construcción de las ciudades. Además de las calzadas, los sistemas de alcantarillado o los puentes, fueron imprescindibles las relacionadas con el suministro de agua, especialmente los acueductos. Hubo alrededor de cien repartidos por tierras hispanas; ninguno tan bien conservado como el de Segovia, incluido desde 1985 en el catálogo de edificios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La necesidad de buscar un suministro de agua alternativo a los ríos, cuando éstos se revelaron insuficientes para abastecer las necesidades de la urbe romana, determinó la elección de estas grandiosas obras de ingeniería.

Construcción de un acueducto

El proceso de construcción de un acueducto se iniciaba con la localización de una fuente de agua adecuada. Para lograr la captación de agua, lo habitual era desviar parte del curso mediante un canal impermeabilizado. Lógicamente, era conveniente aprovechar un terreno con pendiente no muy pronunciada entre la fuente y la ciudad, donde la fuerza de la gravedad evitara la necesidad de aplicar presión al agua mediante sifones.

El núcleo principal del acueducto, el canal propiamente dicho, recibe la denominación de specus; el pavimento, las paredes y el tejado que lo cubría estaban hechos de piedra, tanto si discurría bajo tierra como a ras de suelo. Se empleaba fábrica de sillería (opus quadratum) o bien mampostería (piedras irregulares, sistema denominado opus incertum). Para construir los arcos se recurría frecuentemente al aparejo a hueso (sin argamasa), lo que obligaba a pulir con cuidado cada sillar para que sus uniones se acoplaran convenientemente y ejercieran el grado de presión adecuado que evitara desmoronamientos.

Para ahorrar tiempo, el trabajo se iniciaba de manera simultánea en distintos puntos del acueducto; asimismo, se abrían varias canteras, con el fin de reducir al máximo el transporte de piedra. La presencia de represas —normalmente existían varias a lo largo del recorrido— aseguraba la purificación del agua, que, al llegar a la urbe, era recogida en un depósito denominado castillo de agua, desde donde se distribuía a través de tres canales: uno se dirigía a las termas, otro alimentaba las fuentes de uso público y el tercero estaba destinado al abastecimiento de los particulares.

Funcionalismo monumental

Perfecta síntesis de precisión técnica y armonía estética, el acueducto de Segovia, uno de los más importantes monumentos de época romana, fue erigido en el siglo I, probablemente en época de los Flavios; sin embargo, hay autores que señalan el tiempo de Trajano, y otros que se basan en la reconstrucción de la inscripción para situar en el periodo de gobierno de Nerva (en torno al año 97) su finalización. No deja de sorprender la realización de una obra tan extraordinaria para una pequeña población como debía de ser la Segovia romana. Hasta el siglo XX, el acueducto surtió a la ciudad con las aguas procedentes del arroyo de La Acebeda, situado a 16 km de la capital castellana, en la Sierra de Fuenfría.

La arquería del acueducto segoviano mide un total de 728 m de longitud, y desde una altura mínima de 7 m en el arranque de los arcos, llega a alcanzar los 28,5 m en la plaza del Azoguejo (sin contar los cimientos de 5,5 m). Está construido por dos órdenes de arcos de medio punto que se reducen a uno solo en las laderas. En total, suman 163, repartidos del siguiente modo: 44 en su zona inferior, que coinciden con la parte central del monumento, y 119 en la superior. Los arcos del piso superior tienen una luz de 5,10 m, mayor que la de los inferiores. Los pilares de estos últimos son de mayor altura y grosor: sobre el ático, de mampostería, se sitúa el canal del agua, cuya sección tiene forma de «U» y mide 180 × 150 cm. Su aparejo está constituido por grandes sillares de granito, superpuestos en seco, sin argamasa ni cemento. Sobre los tres arcos inferiores de mayor altura (20 m) se dispuso una cartela hoy desaparecida. Restan los agujeros que dejaron las grapas que en su día sostuvieron las letras de bronce de la inscripción conmemorativa. Por encima de la cartela, y a ambos lados del pilar central, se abren sendos nichos que contuvieron estatuas de dioses o del emperador.

Cuando en el siglo IX la ciudad fue conquistada por al-Mamún de Toledo, algunos de sus arcos resultaron seriamente deteriorados. El acueducto fue restaurado a finales del siglo XV, durante el reinado de los Reyes Católicos, bajo la dirección de fray Juan de Escobedo, monje del Parral. Entonces se reedificaron 36 arcos, que, aunque ligeramente apuntados, respetan la estructura original. También se sustituyeron las imágenes de gobernantes y dioses paganos por las de San Sebastián y la Virgen. En 1958 se llevó a cabo el grapado de sillares fragmentados y, ya a finales del XX, el deterioro de la piedra por causa de la contaminación atmosférica obligó a los poderes públicos a iniciar un minucioso plan de reestructuración.

LAS OBRAS PÚBLICAS Y LAS COMUNICACIONES

Los romanos construyeron una vasta red de calzadas, impresionante por su extensión y continuidad, que facilitó en gran medida el comercio entre las diferentes provincias y aseguró el cómodo acceso a las ciudades. La red viaria hispanorromana era fundamentalmente periférica, con diferentes ramales que cruzaban las zonas del interior. Destacaban dos grandes vías: la que partía de los Pirineos y llegaba a Gades (Cádiz) por todo el litoral mediterráneo y la que iba de Tarraco (Tarragona) a Caesaraugusta (Zaragoza) con ramales hacia el centro y el noroeste. Para salvar los obstáculos de la naturaleza, se construyeron puentes sobre ríos y viaductos sobre valles. Además, acueductos que abastecían de agua a las ciudades y, en ellas, los foros; para el ocio, teatros, anfiteatros, circos y termas.

EL COMERCIO EN HISPANIA

Aunque la explotación minera fue la que más interesó a Roma, los productos vegetales (trigo, vid, olivo, frutas y hortalizas, y la ganadería tuvieron vital importancia. El comercio interior era básicamente local —rara vez se realizaba a grandes distancias— y estaba basado en productos perecederos y de primera necesidad. La organización comercial era compleja y colectiva, y se contraponía a la estatal, controlada directamente por delegados senatoriales o imperiales. El comercio exterior se realizaba por rutas terrestres, fluviales o marítimas, y se llevaba a cabo con todo el mundo conocido. Minerales, vino, salazones y, sobre todo, aceite eran los productos básicos más exportados, especialmente a Roma.

LA MONEDA ROMANA EN HISPANIA

La llegada de los romanos supuso el fin de las monedas púnicas y griegas, que dejaron de acuñarse recién entrado el siglo II a. C. Comenzó entonces la fabricación de monedas de plata y bronce, bajo la metrología romana —la primera fuera de la Península itálica—, pero en las que aparecían caracteres ibéricos. El as (décimo de un denario) del jinete ibérico fue el más numeroso del numerario hispanorromano —acuñado en su origen en el actual territorio catalán— y el más extendido por Hispania. El siglo I fue quizá el más prolífico, con moneda ya de tipo imperial, durante el cual las sedes de las cecas cambiaron con más frecuencia de lugar y aumentaron el número de tipos y la cantidad de acuñaciones como consecuencia del progreso económico.

ADRIANO

Originario de itálica, Adriano fue un emperador culto, de talante reformador e inclinaciones pacíficas, que opuso al expansionismo militar de su antecesor, Trajano, la firme voluntad de lograr un futuro próspero y estable para todos los territorios del Imperio.

Miembro de una familia senatorial de la Bética, Publius Aelius Hadrianus nació en el año 76, probablemente en itálica. Tras la muerte de su padre (86), recibió la protección de Trajano, el futuro emperador, y del prefecto del pretorio P. Atilius Attianus. Se educó en Roma, aunque en 90 regresó a itálica, donde estudió durante dos años. Poseedor de vastos conocimientos, se interesó particularmente por la cultura helénica. Contrajo matrimonio con Vivia Sabina, sobrina del emperador. Tribuno militar (95 y 96), cuestor (101) y tribuno de la plebe (105), tuvo una participación destacada en las guerras de Dacia (105-106). Posteriormente fue gobernador de la Panonia Inferior (107) y accedió al consulado (109). Encargado del gobierno de Siria desde 116 d. C., Trajano lo convirtió en hijo adoptivo poco antes de morir (117), nombrándolo sucesor. Sin embargo, algunas fuentes señalan que su acceso al poder se debió a las intrigas de la emperatriz Plotina.

La consolidación de las fronteras

El principal interés de Adriano fue poner en práctica una política de paz e integración y fomentar el desarrollo de las distintas regiones del Imperio, para lo cual recorrió la totalidad de las provincias. Consciente de que la orientación expansionista de Trajano resultaba insostenible para las arcas del Imperio, Adriano consolidó la frontera del Éufrates en Mesopotamia —abandonando parte de los territorios conquistados por su antecesor— y de las tierras germánicas. Conservó la Dacia y contuvo a pictos, escotos y caledonios en la actual Escocia, para lo cual ordenó construir el muro que lleva su nombre (122-127). No obstante, reprimió con dureza una sublevación de los judíos (132), cuyo origen fue la prohibición de la circuncisión y la reconstrucción de Jerusalén con el nombre de Aelia Capitolina, así como la erección, en el solar del antiguo templo, de un santuario consagrado a Júpiter y al emperador, hecho que tenía como objetivo fundamental la asimilación forzada de los hebreos.

Política, administración y obras públicas

una de las primeras decisiones de Adriano tras su acceso al poder fue condonar los impuestos atrasados de la población; a ésta siguieron otras medidas de carácter social. Para poner remedio al abandono de las tierras impulsó una política de repoblación y promulgó la Lex Hadriana de rudibus agris, que otorgaba a los campesinos derechos sobre las tierras baldías a condición de cultivarlas. Protector de las ciencias y las letras, a su iniciativa se debió la construcción de magníficos monumentos y obras públicas, como el anfiteatro de Nîmes el templo de Venus en Roma, su mausoleo (hoy Castell de Sant´ Angelo) y los puentes sobre el Tíber, también en Roma; así como la Villa Adriana de Tívoli. Su devoción por el mundo griego le hizo volcarse en Atenas, ciudad que embelleció con esmero.

La inclinación reformadora de Adriano afectó también a las provincias del Imperio: en Hispania otorgó el título de colonia a Itálica y fomentó en ella el desarrollo de las obras públicas, al igual que en Emerita, Barcino, Tarraco, Caesaraugusta o Astigi. A este período corresponden la reconstrucción del templo de Augusto en Tarraco y el arco de Medinaceli. Asimismo, renovó la red viaria de la Península. Adriano llevó a cabo una importante labor de consolidación de la burocracia imperial, que le impulsó a transformar el Consilium Principis en órgano de consulta regular; reduciendo las competencias del Senado. En el ámbito jurídico, dio a sus súbditos el código denominado Edictum perpetuum, compuesto por el jurista Salvio Juliano y que recopilaba los edictos anteriores del pretorio. La reorganización administrativa emprendida por el emperador implicó una creciente injerencia del Estado en los asuntos locales. Proceso ya iniciado con Trajano en este sentido, fomentó la presencia de inspectores imperiales para controlar la gestión de las municipalidades. Privó al Senado de la administración de Italia y lo sustituyó por un Consejo imperial.

Preocupado por la sucesión, Adriano, que carecía de descendencia, adoptó a Lucio Cejonio Cómodo Vero, que, no obstante, moriría en 138, seis meses antes que el propio emperador, que se vio forzado a adoptar nuevamente. En esta ocasión designó sucesor al senador Tito Aurelio Fulvio Antonino (Antonino Pío), aunque le dio instrucciones concretas sobre su propia sucesión, ya que le obligó a adoptar a su vez al hijo de Cómodo Vero (Lucio Vero) y al sobrino de su esposa, Marco Anneo Vero (Marco Aurelio). Adriano murió en Bayas el 18 de julio del año 138.

LOS PUENTES ROMANOS

Aunque los romanos no fueron los primeros constructores de puentes, los suyos son obras únicas y rozan la perfección. Superado el problema de la cimentación bajo el lecho del río, que lograban mediante la colocación de una base hermética y otras técnicas, era también muy importante la disposición de los bloques de piedra, que colocaban de tal manera que el peso de la propia estructura aseguraba la firmeza de la construcción, con lo que podrían abrirse arcos —su mayor logro— y vanos. Hay muchos puentes romanos a lo ancho de la Península, de los cuales destacamos el de Mérida sobre el río Guadiana, el de Alcántara sobre el Tajo, el de Salamanca sobre el Tormes, el de Córdoba sobre el Guadalquivir y el de Tortosa sobre el Ebro.

LA MURALLA DE LUGO

El recinto amurallado de Lugo, con modificaciones medievales, es una de las construcciones romanas mejor conservadas de la Península Ibérica. Si bien la ciudad de Lucus se fundó en el año 14 a. C., no fue hasta la segunda mitad del siglo III d. C. cuando comenzó a levantarse el cerco, probablemente ante las primeras amenazas bárbaras. La muralla tiene un perímetro de 2.140 m, un espesor medio de seis y una altura que oscila entre los 8 y 12 metros por su parte exterior. La componen, además, setenta torres semicilíndricas formadas por lajas de pizarra.

MARCO AURELIO

Miembro de la dinastía de los Antoninos, Marco Aurelio, brillante hombre de pensamiento, destacó también como político y estratega. Compartió el poder, al menos nominalmente, con Lucio Vero y su reinado estuvo condicionado por los numerosos conflictos bélicos a los que tuvo que hacer frente.

Marcus Annius Verus, miembro de una familia senatorial originaria de la Bética, nació en Roma en 121. Recibió una excelente educación y pronto se hizo seguidor de la filosofía estoica. Fue pretor en 139 y asumió el consulado en 140 y 145. Asociado al trono imperial con el título de César desde 147 por Antonino Pío, quien lo había adoptado por indicación de Adriano, accedió al poder a la muerte de aquél, en 161. Marco Aurelio, por su parte, asoció al gobierno con el título de Augusto a Lucio Vero, su hermano adoptivo, creando un gobierno colegiado en el que, no obstante mantuvo la preeminencia. Contrajo matrimonio con Ania Faustina, hija de su predecesor.

A pesar de las muchas campañas guerreras a las que hubo de hacer frente, Marco Aurelio saneó la hacienda pública mediante la contención del gasto e introdujo numerosas reformas administrativas y judiciales, que tendieron a favorecer a los más débiles y contribuyeron a reforzar la centralización del Imperio. Sin embargo, Marco Aurelio fue poco tolerante con los cristianos, y en su reinado se produjeron dos persecuciones: en 165 (Roma) y 177 (Lyon).

En el ámbito filosófico, Marco Aurelio es autor de la obra Pensamientos, escrita en griego en sus últimos años de vida, durante las campañas de la frontera danubiana. Está dividida en 12 libros y contiene máximas y reflexiones inspiradas por la doctrina estoica en las que demuestra la influencia de Epicteto. Resulta paradójico que un emperador filósofo, que antes de asumir el trono imperial no había ejercido ningún mando militar, tuviera que dedicar la mayor parte de su mandato a la guerra.

Un reinado marcado por la guerra

Desde los primeros años de su reinado, Marco Aurelio hubo de hacer frente a diversos movimientos en las fronteras de Britania y Retia. Pero los verdaderos problemas del Imperio se hallaban en Oriente, donde Vologeso III, rey de los partos, invadió Armenia en 161, derrotó a las legiones romanas y se adentró en Siria. Marco Aurelio envió en 162 nuevas tropas al mando de Lucio Vero, aunque dirigidas de hecho por Estacio Prisco y Avidio Casio. Los dos generales derrotaron a los partos, expulsándolos de Siria, recuperaron Armenia y se adentraron en Mesopotamia, arrasando la capital parta, Ctesifonte. En 166, el estallido de una epidemia de peste precipitó la firma de la paz, que sólo reconocía algunas de las conquistas romanas, aunque aseguraba al Imperio una situación estable en la región. Los soldados que habían participado en las campañas, muchos de ellos infectados por la enfermedad, regresaron a Roma, de modo que la epidemia acabó extendiéndose por todo el Imperio.

También en la frontera danubiana la situación era peligrosa, ya que sármatas, marcómanos, cuados y otras tribus germánicas habían desatado la lucha contra Roma, traspasando los límites del Imperio en 167 y llegando a las cercanías de Aquilea después de atravesar los Alpes. Los dos emperadores, Marco Aurelio y Lucio Vero, dirigieron personalmente la campaña en la que las tropas romanas obtuvieron una nueva victoria. De regreso a Roma, a principios de 169, Lucio Vero encontró la muerte por apoplejía. Los pueblos germanos reanudaron entonces sus incursiones. El Imperio hizo un gran esfuerzo financiero y de leva, reclutando dos nuevas legiones. La lucha se prolongó durante algún tiempo, pero finalmente los bárbaros fueron expulsados más allá de las fronteras imperiales. Marcómanos y cuados, en 174, y sármatas, en 175, acabaron por someterse al poder de Roma. A cambio de una estrecha franja de terreno, aceptaron colaborar con el Imperio aportando colonos y soldados.

No obstante, el destino del emperador parecía estar ligado a los conflictos bélicos: en 174-175 se produjo el levantamiento del campesinado de Egipto; los insumisos derrotaron en primera instancia a las tropas romanas y llegaron a las inmediaciones de Alejandría. En 175, el gobernador de Siria, Avidio Casio, se proclamó emperador tras dar crédito a los rumores que anunciaban la muerte de Marco Aurelio, aunque fue depuesto y asesinado por sus mismos seguidores. Al mismo tiempo, Hispania era objeto de frecuentes incursiones de los mauritanos desde el norte de África.

En 178 Marco Aurelio regresó a la frontera del Danubio, dónde marcómanos y cuados habían vuelto a sublevarse. El emperador no pudo presenciar el éxito de sus legiones, ya que tras contraer la peste, murió en Vindóbona (Viena) el 17 de marzo de 180. Su sucesor fue su hijo Cómodo, al que previamente había asociado al trono.

LOS MOSAICOS HISPANORROMANOS

Para reconstruir la historia del mosaico en la Península Ibérica hay que estudiar el proceso de romanización, que abarca desde mediado el siglo I a. C. hasta avanzado el siglo V d. C. En el siglo I d. C., habitaciones de casas de Ampurias, Tarraco, Barcino o Italica presentan mosaicos pavimentales en blanco y negro con decoración geométrica. A finales del siglo II o principios del III se empiezan a producir mosaicos polícromos. En el siglo IV las propiedades rurales conocen una inusitada expansión; junto a ríos se construyen grandes y suntuosas mansiones donde el gusto por la riqueza se refleja en cada rincón. Es la época de máximo florecimiento del arte musivario. Los temas principales son los mitológicos, fáunicos, bélicos y las escenas de caza.

AURELIO PRUDENCIO CLEMENTE

El calagurritano Aurelio Prudencio Clemente, que ocupó diversos cargos políticos importantes en la administración romana, fue el máximo exponente de la lírica cristiana de finales de siglo IV y principios del V.

El poeta Aurelio Prudencio Clemente nació en Calagurris Nasica (Calahorra), entre los años 342 y 348, en una familia cristiana de buena posición económica. Recibió una esmerada educación y ejerció la abogacía y la enseñanza de la retórica. También tuvo una importante actividad pública como gobernador de las ciudades de Tarraco (Tarragona) y Caesaraugusta (Zaragoza) y después como Prefecto de Milán en Roma, nombrado por el emperador Teodosio. Durante el reinado de Honorio cayó en desgracia en la corte imperial, lo que supuso su alejamiento de Roma. A los cincuenta y siete años se retiró a su ciudad natal, dedicándose a escribir poesías religiosas, que fueron compiladas en seis libros. Regresó a Roma entre los años 401 y 403, muriendo probablemente hacia el año 410.

La lírica de Prudencio

Las fuentes utilizadas en su obra por Prudencio fueron muy variadas: desde la Biblia a los más diversos autores como las Actas de los Mártires, Tertuliano, Minucio Félix, Lactancio o Cipriano de Cartago aunque su principal influencia fue San Ambrosio, obispo de Milán.

Prudencio fue el iniciador de una nueva tradición en la poesía cristiana, al emplear recursos de la literatura pagana para propósitos cristianos. Habiendo sido alto funcionario del Imperio, en su obra se conserva y se dilata el espíritu de Roma, pero bajo el manto transformador del cristianismo. El estilo de Prudencio, en general, sigue las normas de la métrica clásica, aunque hace un mayor uso del énfasis; su poesía es de elevado nivel, poderosa y con gran imaginación. Aunque escribió en latín, utilizó el griego en los títulos de sus obras.

En el año 404 o 405 publicó una amplia colección de sus poemas. Muchas de sus composiciones líricas, escritas en diversos metros y estrofas, una buena parte de ellas de tradición horaciana, han pasado a la liturgia cristiana.

La Psychomachia

Su importante legado poético incluye el Khatemerinon liber (libro de los himnos), compuesto por doce himnos para las diferentes horas del día y para algunas celebraciones. Uno de sus libros más destacados es la Psychomachia (Combate del alma), poema didáctico en hexámetros que fue una de las obras líricas latinas más leídas en la Edad Media. En él se representa el alma como campo de batalla donde luchan las virtudes y los vicios, introduciendo el uso de la alegoría en la poesía cristiana. El poema se desarrolla en muchos planos, entretejiendo luchas individuales entre figuras femeninas, a modo de Amazonas, ejemplos bíblicos e interpretaciones alegóricas y didácticas. Fue ilustrado al poco tiempo de su aparición y ejerció un poderoso influjo en el alegorismo medieval, tanto literario como iconográfico, para la representación de vicios y virtudes.

El Peristephanon

Otras obras importantes son el Hamartigenia (Origen del pecado) y el Contra Symmachum, sin embargo, la obra más relevante de Prudencio es el Peristephanon (Libro de las coronas), por el que obtuvo gran prestigio. Es una colección de himnos de gran belleza, dedicados a diferentes santos, algunos de ellos, nacidos en Hispania (como Emeterio y Celedonio), que además de su valor estético aportan valiosa información histórica. El himno «Salvete flores martyrum...» Se canta actualmente en la liturgia católica de la fiesta de los Santos Inocentes.

LAS RELIGIONES EN HISPANIA DURANTE EL DOMINIO ROMANO

El tránsito entre la religiosidad ibérica y los cultos romanos debió ser progresivo y en muchos territorios peninsulares convivieron juntos. Igual que algunos dioses indígenas del ámbito ibero se habían orientalizado durante las colonizaciones anteriores, con la civilización romana se produjo una tendencia asimiladora de divinidades locales. Imágenes animistas, mitológicas y deidades diversas se sincretizaron o convivieron en casi todo el territorio peninsular. A partir de la época de Augusto, Roma comenzó a divinizar a los emperadores, hecho que también trascendió a Hispania. Por otro lado, los testimonios más antiguos hallados que prueban la existencia de comunidades cristianas en la Península Ibérica datan del siglo II de nuestra era.