Índice

PORTADA

SINOPSIS

PORTADILLA

DEDICATORIA

CITAS

1. LOS AÑOS DE FORMACIÓN

2. COMIENZA MI ACTIVIDAD POLÍTICA

3. POR FIN, LA DEMOCRACIA

4. ESPLENDOR EN LA HIERBA DE UCD

5. SUÁREZ, DE SOLUCIÓN A PROBLEMA

6. SUÁREZ Y UCD, EN CAÍDA LIBRE

7. EL CAMBIO Y LA PRESIDENCIA IMPERIAL

8. EN BUSCA DEL CENTRO PERDIDO

9. EL PP REFUNDADO TOMA FORMA

10. MI LARGA ETAPA EN EUROPA

11. LOS AÑOS DE AZNAR

12. ZAPATERO, PRESIDENTE POR SORPRESA

13. EL STALINGRADO DE ZAPATERO

14. LA ÉPOCA DE RAJOY

15. MINISTRO DE EXTERIORES EN UN MUNDO EN CAMBIO

16. VEINTE VUELTAS AL MUNDO EN AVIÓN

17. SATISFACCIONES Y DISGUSTOS DIPLOMÁTICOS

18. LA POLÍTICA INTERIOR DEL MINISTRO DE EXTERIORES

19. EL FUTURO POR DELANTE

LÁMINAS

CRÉDITOS

SINOPSIS

Leer a José Manuel García-Margallo es tomar conciencia y comprender desde dentro muchos de los acontecimientos políticos más determinantes de la historia reciente de España. Los años cruciales de la Transición, las luchas de poder hasta la refundación del Partido Popular, la gestión de la crisis económica y la convulsión separatista catalana, las discrepancias internas en los gobiernos de los que formó parte o la sucesión de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular son algunos hitos de un recorrido político y vital impregnado de su característico estilo heterodoxo.

Como joven diputado electo por UCD en las elecciones a Cortes Constituyentes de 1977; europarlamentario durante diecisiete años (1994-2011); ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación durante los gobiernos de Rajoy (2011-2016); y de nuevo como diputado del Parlamento Europeo desde 2019 ha sido testigo y protagonista de las cuestiones nacionales e internacionales más importantes de los últimos cuarenta años, siempre con una perseverancia realmente singular en favor de los intereses españoles y europeos comunes.

Sus memorias, trufadas de anécdotas y confidencias, dan testimonio de una pasión por el servicio público que José Manuel García-Margallo ni quiere ni puede ocultar. Con un tono crítico y aguerrido, mordaz en ocasiones, pero siempre franco, expone su férreo compromiso con una idea ilusionante e inclusiva de España, con la defensa de los derechos y las libertades, del multilateralismo, de una concepción federal e integrada de Europa y con la vindicación del centro político como punto de encuentro del reformismo y la convivencia entre distintos.

Memorias heterodoxas

De un político de extremo centro

José Manuel García-Margallo

ediciones península

A Maribel. A mis hijos.

Y a todos los que tienen pasión por España.

Los lugares más calientes del infierno están reservados para aquellos que, en un momento de gran crisis moral, mantienen su neutralidad.

DANTE ALIGHIERI

Si por «liberal» se refieren a alguien que mira hacia el futuro y no hacia el pasado, a alguien que da la bienvenida a nuevas ideas sin reacciones rígidas, a alguien preocupado por el bienestar de las personas —su salud, su vivienda, sus escuelas, sus empleos, sus derechos civiles y sus libertades—, a alguien que cree que podemos romper el estancamiento y las sospechas que nos constriñen en nuestras políticas hacia el extranjero, si esto es lo que quieren decir con «liberal», entonces estoy orgulloso de proclamar que soy «liberal».

JOHN F. KENNEDY

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LOS AÑOS DE FORMACIÓN

El pasado nunca está muerto. Ni siquiera es pasado.

WILLIAM FAULKNER

ANTECEDENTES FAMILIARES

Nací en Madrid el 13 de agosto de 1944, el mismo día que Fidel Castro —aunque dieciocho años más tarde— y solo dos meses después del Día D, en que los aliados comenzaron a liberar a Europa del terror nazi. Mi familia vivía entonces en Murcia, pero mi madre llevaba un par de meses en Benidorm, que era entonces un pueblecito muy pequeño —almadraba y ocre— de aspecto tan caribeño que allí rodó Juan de Orduña en 1951 su película Alba de América, en la que, por cierto, hice de paje de Colón en una escena que, incomprensiblemente, no ganó el Óscar. Nací, como he dicho, en Madrid porque, con buen criterio, mis padres creyeron que era más seguro venir al mundo en casa de mis abuelos que en cualquiera de las precarias instalaciones sanitarias de la España de entonces.

Mi padre, Manuel García-Margallo y Riaza —fallecido poco antes de escribir estas líneas, con 101 años—, fue el tercer hijo de un coronel de caballería, de nombre Alfonso, quien a su vez era el único de los tres vástagos del general García-Margallo que no sucumbió en Annual, aunque falleció también muy joven. Nada más empezar a estudiar Derecho, mi padre se afilió a las Juventudes de Acción Popular, sección juvenil de la Confederación Española de Derechas Autónomas de José María Gil-Robles. En 1936, con dieciocho años y al llegar la guerra, fue denunciado por el portero de su casa, detenido y llevado a una checa, de la que se escapó. Le dejaron ir al cuarto de baño y, aprovechando el barullo, se fugó. Como no podía regresar al domicilio familiar, se refugió en el sótano de la tienda de su camisero en la Gran Vía, hasta que este le pidió que buscara otro escondite. Lo encontró en la embajada de Finlandia, hasta que esta fue asaltada y mi padre volvió a ser enchironado.

Por entonces ya se había producido el exilio de mi abuelo materno, padre de su futura esposa —mi madre—, María de la Esperanza Marfil Calleja, hija de una familia conservadora de Ávila. Gracias a su futuro suegro, mi padre también se exilió en Francia, aunque enseguida regresó y se alistó en el Ejército nacional. Como universitario, fue a la Academia de Transformación de Ávila, se hizo alférez provisional y estuvo en los frentes de Teruel, Ebro y Madrid. Finalizada la guerra, decidió no seguir en el Ejército, terminar la carrera y ganar la oposición a inspector de Timbres. Su primer destino fue Murcia. Allí trabó amistad, entre otras muchas, con personas ideológicamente tan alejadas como el notario de Cieza, Blas Piñar, o el catedrático de Derecho Político, Enrique Tierno Galván. Pasados los años, ambos fueron testigos de mi primera boda en el valenciano monasterio del Puig, enlace que apadrinaron don Juan y doña María de las Mercedes, condes de Barcelona.

Mi abuelo materno, Mariano Marfil García, fue todo un personaje: coronel de Intendencia, abogado, redactor-jefe de La Época, diputado a Cortes y académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Revolviendo entre sus papeles, encontré el librito Biografía de “La Época”, publicado por Luis Araujo Acosta en 1946, que contiene una perla que no me resisto a reproducir: «Mariano Marfil era un escritor fino y muy hábil en el manejo oportuno de palabras, frases y conceptos; de cultura extensa y bien asentada. Sutil en el ingenio y a veces mal intencionado, no le fue ajena la “perversa maestría” de que le acusó en cierta ocasión Primo de Rivera». Como de casta le viene al galgo, eso de «perversa maestría» también me lo aplicaron después algunos de mis queridos compañeros de partido. Los que me quieren menos eligieron otros calificativos.

En los rifirrafes entre conservadores, mi abuelo se alineó con Eduardo Dato, a quien acompañaba en el coche el día que fue asesinado, 8 de marzo de 1921. Por fortuna, él se apeó a la altura de la iglesia de las Calatravas para reunirse con mi abuela, que era de mucho rezar; solo unos metros más allá, Dato fue acribillado a tiros. El nuevo presidente del Consejo de Ministros, José Sánchez Guerra, lo nombró subsecretario de la Presidencia. Tenía treinta y tres años, la misma edad que yo cuando me senté por primera vez en un escaño y fui nombrado director general. Como se lee en el librito mencionado, mi abuelo «pudo ser ministro con el general marqués de Estella [Miguel Primo de Rivera]. Pero no quiso. Estaba envenenado por prejuicios liberales». Lo de los «prejuicios liberales» es un clásico en la literatura de posguerra que se repitió hasta la muerte de Franco. Pero fue precisamente el abandono de esos prejuicios —el «agostamiento del arroyuelo liberal» del que habló Azaña— lo que precipitó el conflicto. Un aviso a navegantes hoy empeñados en dinamitar inconscientemente el orden constitucional que nos dimos en la Transición.

Cuando se proclamó la República, mi abuelo tenía bajo sus órdenes a dos personas que pronto serían muy significativas: el general Emilio Mola, como director general de Seguridad, y el general José Sanjurjo, como director general de la Guardia Civil. Aquel día, el 14 de abril, mi abuelo era el más alto cargo presente en el Ministerio de Gobernación y fue el encargado de transmitir el poder al nuevo régimen en la persona de Miguel Maura. A diferencia de otros, mi abuelo no cambió de lealtades y se retiró a la vida privada. Siguió ejerciendo como abogado y periodista y fue nombrado presidente de la compañía ferroviaria Madrid-Zaragoza-Alicante, cosa que le salvó la vida, porque fueron los Rothschild, dueños de la empresa, los que le sacaron de Madrid cuando estalló la guerra. Escribió varios libros, entre ellos uno titulado Relaciones entre España y la Gran Bretaña desde las paces de Utrecht hasta nuestros días (1907), en el que abogaba por estrechar la amistad entre ambos países, siempre y cuando nos devolviesen Gibraltar.

Por su parte, mi bisabuelo paterno fue el general y gobernador de Melilla Juan García-Margallo, que murió de un tiro en la cabeza el 28 de octubre de 1893, durante la llamada «guerra de Margallo». Se enfrentó al mando de cuatrocientos hombres a unos seis mil bereberes sublevados porque los españoles estaban construyendo un cuartel junto al cementerio de Sidi-Guariach, donde yacía un santón local. Cuando le advirtieron que estaba al alcance de los disparos del enemigo, mi bisabuelo tan solo replicó: «Ese es nuestro deber: estar donde caen las balas». Cumplió con su deber hasta el final aquel mismo día.

FORMACIÓN Y ESCARCEOS POLÍTICOS

Mis primeros estudios los hice en Murcia, primero con unas monjas cuyo nombre no recuerdo —ni el particular de cada una de ellas ni el de la congregación— y luego en los maristas. En este último colegio, como era por entonces norma, la jornada empezaba con el izado de la bandera a los acordes del himno nacional. En cambio, en el de San Ignacio de San Sebastián, regentado por los jesuitas, en el que cursé todo el bachillerato, lo que ocurría es que algunos de mis compañeros llevaban en las ruedas de sus bicicletas una bandera italiana. Uno de ellos me explicó que eso no respondía a una súbita pasión transalpina, sino más bien a un alarde «por delegación» de los colores —verde, blanco y rojo— de la ikurriña. Por eso soy muy consciente de que el adoctrinamiento en las escuelas ha sido capital para avivar el fuego nacionalista en Cataluña y Euskadi, y mucho me temo que, si no acabamos con él, en algunos años habremos perdido la batalla.

En el colegio había de todo. Compañeros de clase fueron Juan de Dios Doval, abatido a tiros por ETA el 30 de octubre de 1980 —solo siete días después de que hubiésemos coincidido en el entierro de otro antiguo compañero, Jaime Arrese—, y Ernesto Arrondo, encarcelado por aberzale y del que siempre recuerdo emocionado que, cuando celebramos el quincuagésimo aniversario de nuestra promoción, vino desde la otra punta de la iglesia para darme un abrazo. No era compañero mío de colegio, pero sí buen amigo, Francisco Letamendía, el abogado y político aberzale, al que luego reencontré, metamorfoseado en Ortzi y como representante de Euskadiko Ezkerra, en las Cortes constituyentes.

Mi padre decidió completar mi formación —entonces pensé que cruelmente— con salidas al extranjero y, con solo nueve años, me mandó a una colonia de vacaciones en Lorient, en la Bretaña francesa. Logré sobrevivir dedicando horas y horas a aprender una lengua que me era totalmente ajena. Recuerdo que cuando volví a casa, mi padre aprovechó una comida con sus amigos para preguntarme: «¿Cuántos extranjeros había en tu campamento?». «Todos eran extranjeros, menos yo», contesté. Entre risas, me corrigió: «No, el único extranjero eras tú». Aquella chanza no me hizo gracia, pero con el tiempo comprendí que no hay una sola percepción del mundo, sino tantas como individuos. Ponerse en los zapatos de los otros e intentar entenderles es el primer paso para empezar a andar por el mundo.

Los dos veranos siguientes, 1954 y 1955, repetí viaje estival a Francia. Después reviví la experiencia —pero con el inglés— en Irlanda, pues mi madre la prefirió a Inglaterra, que, para su gusto, era «demasiado» protestante. En mis primeros quince días memoricé los cuatro tomos del Essential English for Foreign Students de C. E. Eckersley, que aún conservo en mi biblioteca. También en este caso repetí la experiencia otros dos veranos.

En 1960 ingresé en la universidad jesuita de Deusto, cuyos títulos aún no eran oficiales. El de Ciencias Económicas porque nuestro programa era diferente al de las facultades oficiales, y el de Derecho porque no contaba con el porcentaje de catedráticos que exigía la legislación vigente. Así las cosas, los dos primeros años tuve que ir a Valladolid para convalidar todo lo aprobado en Deusto. Al acabar segundo, la cosa cambió y se nos dio a elegir entre desplazarnos a la capital vallisoletana o revalidar la carrera ante un tribunal mixto de profesores de Deusto y Valladolid presidido por un catedrático nombrado por el Ministerio. No sé qué era peor, porque si en Valladolid nos esperaban con la escopeta cargada, en Deusto la reválida se convirtió en una prueba diabólica en la que podían preguntarte sobre cualquier cuestión relacionada con la carrera. Como yo sabía que lo mío no era la empresa, sino el servicio público, cuando terminé los tres primeros cursos en la Universidad Comercial (Derecho y Ciencias Económicas), decidí cambiarme a la Universidad Literaria para estudiar cuarto y quinto en un solo curso. Las cosas me fueron bien, pues ese mismo año aprobé la reválida y empecé a preparar unas oposiciones que se las traían. Pero de eso hablaré luego.

Ese mismo año, a los dieciséis, comencé mi actividad política al afiliarme a las Juventudes Monárquicas Españolas (JUME), grupúsculo de juanistas que nos reuníamos para oír charlas y debatir. Nuestra fuente de información era el Boletín de la Secretaría del Consejo Privado de S. A. R. el Conde de Barcelona, que nos traía noticias fidedignas de Estoril. Cuando tuvimos un poco de dinero, pusimos en circulación la revista Realidad 64, que intentaba encauzar nuestras inquietudes políticas y favorecer la preparación de la salida de la dictadura. Como se leía en uno de sus editoriales: «Realidad 64 pretende fomentar la inquietud política en una universidad que por sus posibilidades e historia está llamada a ser portaestandarte de la Patria». Su nombre hacía referencia a nuestras convicciones, pero también pretendía denunciar la ficción en que el Régimen vivía entonces. Con la mayor naturalidad, me autonombré director. El redactor jefe era Fernando Eguidazu; el secretario, Miguel Espel; y en el consejo de administración estaban Luis Arellano, Antonio Espasa, Norberto Ferrer, Begoña Gisbert, J. González de Zárate y Carlos Querol. Por allí andaba también un periodista bilbaíno, Pedro Erquicia, que años después saltaría a la fama cuando se supo que había propiciado el primer encuentro entre don Felipe y doña Letizia.

Me afilié a la JUME desde la convicción de que don Juan era el único que podía garantizar un cambio pacífico, como había expresado inequívocamente en su «Manifiesto de Lausana», publicado en esa ciudad suiza el 19 de marzo de 1945, poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el que se leía:

[...] Solo la Monarquía Tradicional puede ser instrumento de paz y de concordia para reconciliar a los españoles; solo ella puede obtener respeto en el exterior, mediante un efectivo Estado de Derecho, y realizar una armoniosa síntesis del orden y de la libertad en que se basa la concepción cristiana del Estado. [...] Por estas razones, me resuelvo [...] a levantar mi voz y requerir solemnemente al General Franco para que [...] abandone el poder y dé libre paso a la restauración del régimen tradicional de España [...]. Primordiales tareas serán: aprobación inmediata, por votación popular, de una Constitución política; reconocimiento de todos los derechos inherentes a la persona humana y garantía de las libertades políticas correspondientes; establecimiento de una asamblea legislativa elegida por la nación; reconocimiento de la diversidad regional; amplia amnistía política; una más justa distribución de la riqueza y la supresión de injustos contrastes sociales [...].

Yo era monárquico por familia, pero lo que me atrajo definitivamente de don Juan fue su llamamiento a la reconciliación nacional. Uno de los debates recurrentes y de los grandes motivos de discrepancia con mi padre es que siempre sostuve que Franco habría hecho un gran servicio al país si, como le pidió don Juan, hubiese permitido la formación de un Gobierno entre las dos fuerzas que empezaban a construir Europa, por entonces representadas en España por los democristianos de José María Gil-Robles y los socialdemócratas de Indalecio Prieto. Mi padre siempre replicaba que las heridas de la Guerra Civil no estaban aún cerradas y que la restauración monárquica se hubiese saldado con la vuelta de los comunistas. Yo le decía que, estando el continente dividido por el Telón de Acero, eso no era posible. En Italia se toleraba que el Partido Comunista —el que más luchó contra el fascismo— ganara algunas elecciones locales y gestionara algunas alcaldías, pero nunca que llegara al Gobierno nacional. El primer político que pidió un compromiso histórico que desbordase eso fue Aldo Moro, y lo mataron. Lo mismo pasaba en el otro bloque, en que se aplastaron los movimientos contrarios de 1956 en Checoslovaquia o Hungría. Aquello se sobreentendía que era área de influencia soviética, de modo que nadie entraba y, sobre todo, nadie se salía de ese esquema. Es decir, aquí hubiera habido un Partido Comunista con su correspondiente sindicato, pero hubiésemos permanecido dentro de los parámetros de las democracias liberales de nuestro entorno con un anclaje muy firme en Occidente.

Estoy convencido de que, si España hubiese dado ese paso con un Gobierno democrático al uso de los países vencedores, nos hubiésemos ahorrado muchos años de sufrimiento. Hubiésemos entrado en el Plan Marshall, en la CEE, en la Alianza Atlántica y en el resto de los foros internacionales. Para mí, don Juan era la persona que podía hacer esa transición evitando los riesgos y calmando los miedos de quienes temían que volvieran los comunistas. Mi padre hablaba muy poco de la guerra, pero yo la tenía muy presente. Para mí, ambos bandos —las dos Españas— morían por el mismo país y me parecía que había que resolver definitivamente aquel enfrentamiento. Eso lo plasmaría muy bien la letra de la por entonces popular canción Libertad sin ira (1976) del grupo Jarcha:

Dicen los viejos que en este país hubo una guerra / y hay dos Españas que guardan aún / el rencor de viejas deudas. / Dicen los viejos que este país necesita / palo largo y mano dura / para evitar lo peor. / Pero yo solo he visto gente / que sufre y calla / dolor y miedo. / Gente que solo desea su pan, / su hembra y la fiesta en paz. / Libertad, libertad sin ira, libertad. / Guárdate tu miedo y tu ira / porque hay libertad, sin ira, libertad, / y si no la hay, sin duda la habrá.

EL AMBIENTE POLÍTICO UNIVERSITARIO

En el verano de 1962, leí las conclusiones del IV Congreso del Movimiento Europeo, celebrado en Múnich el 8 de junio. Este encuentro, que el Régimen tildó de «Contubernio de Múnich», reunió a todas las tendencias opositoras al franquismo (excepto el Partido Comunista de España, PCE) tanto del interior como del exilio, que aprobaron una resolución conjunta que condicionaba la adhesión española a la CEE al establecimiento en el país de instituciones democráticas y exigía:

1. La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen que el Gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados.

2. La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial los de libertad personal y de expresión, con supresión de la censura gubernativa.

3. El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales.

4. El ejercicio de las libertades sindicales.

5. La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos.

Ante esa irrebatible llamada a la sensatez y la concordia, la respuesta franquista a lo que se percibió como una alianza entre «enemigos y traidores» fue furiosa y fulminante: el mismo 8 de junio, el Gobierno suspendió por dos años en todo el territorio español el artículo 14 del Fuero de los Españoles relativo a la libertad de residencia, y los participantes que se atrevieron a regresar a España —calificados, en el más benévolo de los casos, de «vendepatrias»— fueron detenidos y desterrados a Fuerteventura y otras islas canarias. Allí fueron, por ejemplo, Fernando Álvarez de Miranda, Jaime Miralles, Jesús Barros de Lis, Joaquín Satrústegui, Íñigo Cavero, José Luis Ruiz-Navarro, Félix Pons y Joan Casals. Otros, como José María Gil-Robles, Dionisio Ridruejo, Jesús Prados Arrarte, José Federico de Carvajal y José Vidal-Beneyto, fueron obligados a exiliarse. Paralelamente, los medios de comunicación oficialistas desencadenaron una virulenta campaña contra ellos, en la que no faltaron los insultos personales más zafios y groseros.

El Contubernio se cerró con unas bellísimas palabras de Salvador de Madariaga en loa de la reconciliación nacional y que yo he hecho mías con frecuencia: «Los que antaño escogimos la libertad perdiendo la tierra y los que escogisteis la tierra, perdiendo la libertad, nos hemos reunido para otear el camino que nos lleve juntos a la tierra y a la libertad». A mí aquello me pareció siempre un hito tan crucial para el futuro de España que lo primero que hice al tomar la responsabilidad ministerial en 2011 fue organizar una exposición en homenaje a aquellos españoles patriotas.

La intolerancia del Régimen seguía, pues, en pleno vigor, pero por debajo bullía mucha actividad sociopolítica que se manifestaba, cómo no, en la universidad. En la de Deusto di mis primeros pasos en la política activa. En aquella época era una universidad más tranquila que las públicas, pero no por ello exenta de agitación. Conocí a nacionalistas, carlistas, juanistas y a algún socialista, aunque no a falangistas ni comunistas. En mi estancia universitaria conocí también de primera mano lo que era el terrorismo de ETA, que se acababa de fundar en Bilbao en 1959, pero no conocí a ningún etarra hasta bastante después. Los nacionalistas hacían poco ruido por razones obvias. Sospecho que entre nuestros profesores había muchos de obediencia sabiniana, pero la verdad es que no hacían alarde y los que no éramos aberzales nunca nos sentimos discriminados.

Las desavenencias entre carlistas y juanistas versaban sobre los títulos de nuestros respectivos pretendientes y, lo que es más importante, sobre el carácter que debería revestir la futura monarquía. Esta disputa puede parecer hoy banal, pero no lo era entonces, porque Franco, con su conocida habilidad para dividir a los suyos, se había limitado a legislar que le podría suceder a título de rey cualquier persona de estirpe regia. Pretendientes podían ser don Juan y sus descendientes, su hermano don Jaime y sus hijos, don Javier y los suyos, y hasta Otto de Habsburgo, que también fue sondeado por Franco, según me confesó cuando compartimos escaño en el Parlamento Europeo. Franco abrió una especie de beauty contest dinástico como no se recordaba en España desde que Prim ofreció la Corona a Amadeo de Saboya, a un descendiente de Napoleón y a Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, a quien, por cierto, los chuscos conocían como Leopoldo Oléolé-si-me-eligen.

Pero ya digo que los rifirrafes entre nosotros no se referían solo a los derechos dinásticos, sino también a cuestiones ideológicas. Los javieristas eran profundamente tradicionalistas y, por tanto, antiliberales. Don Juan de Borbón representaba exactamente lo contrario. En el Manifiesto de Lausana se había decantado por una monarquía moderada, democrática y constitucional, lo que le había sentado francamente mal a Franco. Y es que las relaciones entre uno y otro pasaban del frío al calor casi sin transición. Me lo contaría don Juan Carlos en alguno de los viajes en que tuve la fortuna de acompañarle: «Cuando papá y Franco se enfadaban, Juanito a Lisboa; cuando volvían a hacer las paces, Juanito a Madrid».

MONÁRQUICO POR CONVICCIÓN

En 1965 hice la Milicia Aérea Universitaria en Burgos, entre otros, con Carlos Espinosa de los Monteros, Gregorio Marañón y Miguel Ángel Aguilar. Entre todos decidimos —cuando no era nadie, como ella misma dice con humor— hacer a doña Sofía madrina de nuestra promoción. Aquel fue un acto ciertamente no inocente que provocó un enorme malestar en el mando del Ejército del Aire. Nuestro coronel nos dijo que la institución no quería entrometerse en cuestiones dinásticas, pero, naturalmente, no se atrevió a anular el acto y eso determinó que, luego, con cierta periodicidad, los alféreces de esa promoción hayamos tenido contacto esporádico con la reina Sofía como madrina nuestra.

En 1968, cuando yo todavía estaba haciendo oposiciones, nació el actual Rey y, con ese motivo, volvió brevemente a España, por primera vez desde que se exiliara, la reina Victoria Eugenia, su bisabuela. Allá que nos fuimos a recibirla un grupo de monárquicos con banderas españolas. Quizás el momento más emotivo de aquel reencuentro fue cuando don Juan la recibió al pie de la escalerilla de su avión y la reina Victoria le hizo la reverencia de corte en pleitesía al Jefe que era de la Casa Real. La Reina se alojó en el palacio de Liria y los falangistas más duros decidieron dar colorido a su estancia llenando las aceras de carteles con mensajes tan poco amables como «No queremos reyes idiotas» y «Ni Borbones ni banqueros, Falange con los obreros», pintoresco eslogan para un partido fundado por un aristócrata y que había concurrido a las elecciones de 1933 en las listas de una formación tan conservadora como la Unión Agraria y Ciudadana.

El año siguiente, 1969, don Juan Carlos fue proclamado sucesor a título de rey. Lo que pasó me lo contó tiempo después él mismo: «Yo estaba en Estoril a punto de salir para Madrid. Mi padre me dijo: “Juanito, me vas a traicionar”. Cuando llegué a Madrid, me estaban esperando para llevarme a El Pardo. Franco me preguntó directamente: “Alteza, ¿está Usted dispuesto a sucederme a título de rey?”. Le pedí tiempo para contestarle, pero me dijo que no, que tenía que contestar en el acto. Reiteré mi petición argumentando que tenía que consultar con algunas personas. “Precisamente como no quiero que consulte con nadie, tiene Usted que contestar ahora”, me dijo Franco».

El final de la historia es conocido: don Juan Carlos aceptó. Lo que no es tan sabido es que, en cuanto llegó a su residencia, llamó a su madre y le dijo: «Mami, lo que temíamos que iba a suceder ha sucedido». Al enterarse, don Juan tuvo un enfado monumental. Padre e hijo no se reconciliaron hasta verse en Portugal y fundirse los dos en un emocionado abrazo, llorando.

Esta maniobra de Franco causó una gran conmoción en el mundo monárquico. A mí personalmente la forzada ruptura de don Juan y don Juan Carlos no me hizo ninguna gracia, no solo porque rompía el orden dinástico, sino porque temíamos que la instauración monárquica —que no restauración— en la figura de don Juan Carlos fuese un intento de entronizar una monarquía continuadora del Régimen. Cosa que luego no ocurrió, pero que, en aquel momento, era una hipótesis nada descartable.

INSPECTOR TÉCNICO FISCAL DEL ESTADO

Mi actividad política desde que salí de Deusto fue muy limitada, al estar plenamente centrado en labrarme una posición en la vida. A tal fin, en octubre de 1968 ingresé por oposición —muy dura porque solo había doce plazas para más de mil aspirantes— en el Cuerpo de Inspectores Técnicos Fiscales del Estado. Mi primer destino fue Castellón, aunque también tuve que ocuparme de Teruel, porque en aquella época los inspectores en activo éramos pocos. Pasé allí dos años y los dos siguientes en Guipúzcoa, donde el clima político y social estaba ya muy enrarecido. A los pocos días de llegar a San Sebastián se celebró el proceso de Burgos contra 16 militantes de ETA. La reacción popular fue inmediata: estudiantes, trabajadores y ciudadanos de a pie se movilizaron en el País Vasco y el Gobierno declaró el estado de excepción.

Digo que no hice política activa, pero sí me preparé para ella, pues siempre he creído que es bueno que los políticos tengamos una sólida preparación intelectual y, además, que no dependamos de la política para vivir. Solo así se puede decir en cada momento lo que se piensa y solo así se puede hacer en cada momento lo que se considere mejor para el país. Solo así sobrevivimos los heterodoxos. Por desgracia, cada vez con mayor frecuencia se encuentra a personas que, tras llegar a ella sin cualificación alguna, han hecho de la política su única actividad. Muchos empezaron su andadura en las organizaciones juveniles de los partidos y abandonaron los estudios para ocupar su primer cargo político. Así, la política se convierte en una carrera a la que hay que dar continuidad a cualquier precio, y uno, de alguna manera, en un político «mercenario».

Las leyes electorales han empeorado mucho la situación al disponer que diputados y senadores no puedan desempeñar actividad pública o privada alguna, con excepciones muy tasadas, como docentes o investigadores, o de producción literaria, artística o científica. Esta prohibición disuade a muchos profesionales de entrar en una actividad política bastante desprestigiada y desagradecida. Un auténtico dislate con unos costes sociales que todavía no hemos sido capaces de calibrar. Lo explica muy bien mi amigo Mario Garcés: «En la Transición y en la época inmediatamente posterior, la gestión de la res publica se encomienda a políticos profesionales, después pasa a manos de profesionales de la política».

MI ESTANCIA EN HARVARD

Era tradición en el cuerpo de inspectores fiscales que el número uno de cada promoción se fuera un tiempo a alguna institución extranjera de renombre para ampliar estudios. Yo era número dos de mi promoción y, por tanto, no tenía acceso a esa ampliación de estudios, pero un día me convocó el secretario general técnico, Félix de Luis, y me dijo que el número uno, Antonio Fernández Cuevas, había renunciado. Al quedar su plaza libre, me preguntó si quería ir yo. «¡Por supuesto! —le dije sin pensarlo—. Es una gran oportunidad.»

Inmediatamente, empecé a prepararme. Aquel verano me fui a Londres a perfeccionar mi inglés. En eso estaba, cuando un día me volvió a llamar De Luis y me convocó urgentemente en Madrid. Vine y me comunicó que había que anular mi viaje a Harvard porque el ministro de Hacienda, Alberto Monreal, se había puesto muy nervioso porque se le estaba cayendo la recaudación y había decidido que nadie saliera de la Inspección para no debilitarla. Le dije que lo lamentaba mucho, pero que lo tenía todo preparado y que me iba a ir a estudiar a Estados Unidos de todas todas.

La fórmula con que te retribuían durante esos viajes de estudios era que te destinaban a la Secretaría General Técnica, en Madrid, y te ponían un sueldo como si realmente trabajases en ella. De Luis me dijo que si me iba sin el correspondiente permiso administrativo, corría el riesgo de quedarme sin retribución y, tal vez, sin puesto de trabajo.

Así las cosas, pedí un crédito personal en la Kutxa y me tuve que ir en unas condiciones muy precarias. A título anecdótico diré que cuando llegamos a Harvard mi mujer y yo, tras pagar la matrícula y los primeros gastos de acomodo, nos quedaron solo treinta dólares en la cuenta. En aquel momento no había casi tarjetas de crédito, así que tuvimos que pedir una transferencia de fondos urgente a la familia, pero, por alguna razón, aquella «urgencia» se transformó en un mes largo de espera. Lo único de que disponíamos para subsistir era una tarjeta del Diners Club con la que se podía cenar, por ejemplo, en el Waldorf Astoria, pero no comprar una docena de huevos y una barra de pan. El único establecimiento de alimentación donde podíamos pagar era una tienda delicatessen de Massachusetts Avenue. Así que, durante un mes largo, todas nuestras comidas y cenas fueron a base de productos gourmet de aquella tienda. Debieron pensar que era un jeque árabe, porque comimos cosas absolutamente fantásticas. Mal que bien sobrevivimos, pero de forma tan modesta que, cuando tuvimos que desalojar nuestro apartamento de Chauncy Street, nadie quería llevarse nuestros desvencijados muebles usados. Nos dieron veinticinco dólares.

En lo personal, fue una experiencia muy enriquecedora. Muchos habían preferido ir al Banco Mundial. El primero que fue a Harvard fue mi mentor Francisco Fernández Ordóñez, que hizo allí el International Tax Program, al igual que harían después Dionisio Martínez y Carlos García de Vinuesa, dos de sus subsecretarios. Siguiendo su estela, me matriculé en 1972 en ese mismo programa, que reunía a altos funcionarios de los Ministerios de Economía y Hacienda de unos veinte países de todo el mundo. Siempre sospeché que era un programa ideado por la CIA para ganar amigos en los países del Tercer Mundo. De hecho, en mi promoción solo hubo tres europeos: un francés, un belga y yo.

Nada más matricularte, te hacían una prueba de nivel en contabilidad y economía. Si lo pasabas, te dispensaban de acudir a esas clases. Como me las convalidaron, me quedó mucho tiempo libre, que decidí aprovechar matriculándome también en Derecho para obtener el Master of Laws, que consistía en tres cursos anuales, pero en mi caso, por tener hecha previamente la carrera española y haber superado las oposiciones, me permitieron incorporarme en tercero y cursar solo ese último año entero. Por tanto, me gradué en el International Tax Program y conseguí el apreciadísimo título de Master of Laws, con especialidad en derecho de sociedades, materia por entonces aún en mantillas en España, pero que a mí me pareció un mundo apasionante... Ya saben ustedes aquello que dijo el torero el Gallo al conocer a Ortega y Gasset y contarle este que era filósofo: «¡Tié q’haber gente pa’ tó».

Pese a la falta de tiempo libre, como mi estancia coincidió con la campaña de las elecciones presidenciales de Richard Nixon contra George McGovern, fui al cuartel demócrata de Harvard en plena campaña y me ofrecí para colaborar como voluntario. Elegí obviamente a los demócratas porque mi «prejuicio liberal» me acercaba mucho más a McGovern que a Nixon y porque Harvard era un semillero demócrata y allí ser republicano era como ser budista en el Vaticano.

Mi ayuda —aclaro, por si alguien tiene dudas, que no fue capital para la campaña— consistió básicamente en llamar por teléfono a los ciudadanos de una lista y, si se dejaban, endosarles el argumentario demócrata. Pero me permitió seguir la campaña con mucha pasión. Estábamos viviendo aún la resaca del espíritu del 68 y sus muchas manifestaciones: los Black Panthers, el movimiento de Derechos Civiles, la contestación universitaria a la guerra de Vietnam y, luego, el principio de la caída de Nixon con el Watergate. Fue una experiencia absolutamente fascinante. Me sorprendió mucho que, en las manifestaciones, por violentas que fueran, cuando sonaba el himno estadounidense, la gente se ponía de pie sin dudarlo. A mí el patriotismo estadounidense siempre me ha maravillado y lo he envidiado. En aquel momento, los norteamericanos empezaban a asumir que iban a ser derrotados en Vietnam, lo que dio lugar a una etapa de retraimiento que duró hasta la llegada de Ronald Reagan. Habían perdido su sentido del porqué, algo muy difícil de digerir por la sociedad estadounidense. Fue una etapa de cambio drástico.

Desde el punto de vista académico, la verdad es que donde aprendí realmente derecho fue en Harvard, sobre todo gracias a su metodología académica, una especie de método socrático puesto al día. Para preparar las clases, cada catedrático señalaba una serie de lecturas que ofrecían puntos de vista diferentes sobre una misma cuestión. Luego, él conducía el debate en clase hasta llegar a la conclusión que buscaba, pero sobre la base de que tú defendías una tesis y, cuando no le convenía, te cortaba preguntándote: «Pero ¿ha tenido usted en cuenta esto o aquello otro?». Así, gracias a esa mayéutica, el alumno acababa por rendirse y entonces él cogía de nuevo el hilo conductor.

Harvard fue una experiencia universitaria impresionante. Basta solo con pensar en sus bibliotecas. Hice allí dos tesis, una en torno al impuesto sobre el valor añadido y otra sobre las haciendas federales, y pude comprobar que la biblioteca fiscal en español de Harvard era más importante que la que tenía en España el Instituto de Estudios Fiscales. Además, la posibilidad de intercambiar dudas y criterios con los mayores expertos del mundo era realmente muy enriquecedora. El simple hecho de ver cómo te orientaban los trabajos ya era apasionante.

También me sorprendieron los métodos de evaluación de algunas asignaturas mediante take home exams, que consistían en que te daban un tema para preparar un texto donde prefirieras y entregarlo al día siguiente. Recuerdo que en la asignatura Sistema Fiscal Comparado me tocó el tema «Una reforma fiscal para Turquía». Tuve que ir a la biblioteca y descifrar la economía turca para diseñar un sistema fiscal consistente con su realidad, porque no es lo mismo un sistema tributario para Finlandia que para Turquía, aunque algunos ministros de Hacienda españoles no lo hayan entendido nunca.

En lo personal, he de decir que de la vida en Harvard me sorprendieron algunas cosas. Por ejemplo, que en las fiestas universitarias se ingería mucho alcohol y, quien más quien menos, perdía los papeles. Recuerdo a uno de mis profesores adjuntos que se pasó una party entera arrastrando un frigorífico por la casa. A todo el mundo aquello le parecía de lo más normal y corriente. Al cruzarme con él el lunes siguiente, le hice una pequeña broma sobre el frigorífico «móvil» y me contestó muy serio que de esas cosas no se habla jamás. Así aprendí qué es la privacy. Otro ejemplo de lo mismo es que en las clases todos teníamos sitios previamente asignados para que los profesores pudieran controlar las asistencias y las intervenciones. Uno de los primeros días le pregunté a mi compañera de mesa qué tal le había salido un examen. Ella me miró espantada y me dijo que eso pertenecía a su privacy. Así que le dije: «Intentaba ser amable, pero no te preocupes: nunca te volveré a hacer semejante pregunta tan “privada”».

Al acabar los estudios, me ofrecieron quedarme en Estados Unidos en un gran despacho y hacerme cargo de la sección de América Latina. Tenía veintinueve años y aquello me pareció una gran oportunidad personal, pero estaba casado y teníamos una niña pequeña que se había quedado en España porque no podíamos permitirnos llevarla a Harvard. Mi mujer me dijo que se volvía, así que regresamos ambos. Nada más llegar, un amigo me sondeó sobre la posibilidad de incorporarme al FMI, donde hubiese sido el primer español. Dije que no por las mismas razones. Incluso también me ofrecieron irme con contrato fijo a la OCDE en París, pero, una vez más, tuve que rechazar la oferta. Y eso determinó mi destino.

2

COMIENZA MI ACTIVIDAD POLÍTICA

Cada individuo debe llevar su vida de tal forma que los demás puedan respetarla y admirarla.

MICHEL FOUCAULT

VUELVO A ESPAÑA EN MITAD DE UNA TORMENTA POLÍTICA

En 1973, preparando mi vuelta a España, una vez finalizada mi etapa en Harvard, ya se me hizo obvio —y deseable— que algo iba a pasar pronto en España y también en Portugal. Así que decidí hacer una escala en Lisboa, donde pasé una semana palpando el ambiente. Por entonces todavía estaba en el poder Marcelo Caetano, aunque le quedaba muy poco, y me encontré una Lisboa totalmente empapelada con unos carteles en los que aparecía el mapa de la entonces CEE y, sobre él, el de Portugal con sus colonias. Lo interpreté como una reivindicación de la grandeza histórica de Portugal y como un llamamiento a los portugueses a defender un imperio colonial esencial, según el régimen, para el futuro de la nación. Pero era el canto del cisne, porque ya entonces se veía que aquello iba a terminar pronto y de manera abrupta. La ciudadanía estaba exhausta y los militares no veían sentido a una guerra colonial que sabían perdida. De alguna manera, ya se olían los claveles revolucionarios que brotarían en abril del año siguiente. Y lo que pasaba en Portugal podía pasar en España en muy poco tiempo.

La sensación al volver a España fue peor, pues nada más regresar, el 20 de diciembre de 1973, ETA asesinó al presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco. Comprendimos todos que aquel magnicidio acababa con toda posibilidad de perpetuar el Régimen, de hacer franquismo sin Franco. El 31 de diciembre de 1973 fue nombrado presidente Carlos Arias Navarro, que enseguida dio a conocer su tímido proyecto reformista, llamado por la prensa «Espíritu del 12 de Febrero», que nació ya mustio y que pronto fracasaría estrepitosamente.

Al regresar a España, Paco Ordóñez me llevó a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda, trabajo muy bonito que me permitía mantener mucha actividad internacional. Por ejemplo, representar al Ministerio de Hacienda en muchas reuniones de la OCDE en París. En la Secretaría General estaba Antonio Vivancos, compañero técnico fiscal y, a la vez, letrado de las Cortes, que nos ponía al día de lo que pasaba en la Carrera de San Jerónimo. No obstante, aunque interesados —¿cómo no?— por los acontecimientos políticos españoles, todo aquello nos parecía un mundo que no tenía nada que ver en absoluto con nosotros. Aquel era el pasado.

Arias Navarro pensó que podría encauzar las ansias de participación política de los españoles a través de unas «asociaciones», que tenían que respetar los Principios Fundamentales y ser aprobadas por el Consejo Nacional del Movimiento. En eso se resumía su programa reformista. Lo que Arias intentaba era, en palabras del por entonces influyente director del diario Pueblo, Emilio Romero, «hacer pastel de liebre sin liebre», abrir el Régimen al pluralismo político, permitiendo asociaciones políticas, pero asegurándose de que no acabaran, en ningún caso, convirtiéndose en partidos políticos.

Por tanto, la deseada reforma quedó aún diferida, pero el impulso renovador y participativo de la clase política —la no afecta al Régimen moribundo— ya era irrefrenable y enseguida comenzó a manifestarse. Menos de once meses después de la llegada de Arias Navarro a la presidencia y recién reincorporado Franco a su puesto tras superar la enfermedad, el 29 de octubre de 1974, se materializó una crisis de Gobierno que llevó fuera del gabinete al ministro de Hacienda, Antonio Barrera de Irimo, dimisionario, y al de Información y Turismo, Pío Cabanillas, cesado. A Barrera le conocía bien porque era inspector técnico fiscal del Estado como yo. A Cabanillas no le conocía en absoluto, pero poco después mantendría con él un contacto político y humano muy intenso y cercano.

En aquel contexto supuestamente reformista, Cabanillas había intentado ampliar la libertad de prensa y llevar adelante otras pequeñas reformas, lo que le señaló «peligrosamente» como el más «aperturista» del Gobierno. Por eso, acabaría siendo cesado por el propio Franco. Alguien señaló que fue la proyección de la película La prima Angélica, de gran impacto social por su temática y sus escenas sexuales más o menos explícitas, lo que le hizo perder la confianza de Franco —y, sobre todo, de su mujer, Carmen Polo— y provocó su caída final, considerada una victoria de los sectores más inmovilistas. Pero por lo que tiempo después me contó Pío, hubo más motivos para su cese. Uno, que apareció en una fotografía muy divulgada tocado con una barretina catalana. Otro, efectivamente, aquellos primeros atisbos de «destape» en el cine español. Él contaba que cuando en un cine «aparecía una señora con la pechuga al aire, desde el gallinero se oía decir: “Gracias, Pío”». Además, me contó también que sus detractores le hacían unas canalladas tremendas. Por ejemplo, le enseñaban a Franco fotos del Playboy haciéndole creer que habían salido tal cual en las revistas españolas con el consentimiento del ministro.

Pío Cabanillas ha sido una de las personas más inteligentes, más entrañables y más divertidas que he encontrado en mi vida política. Su «galleguidad» era legendaria. Leopoldo Calvo Sotelo, en su Memoria viva de la Transición, se acusa a sí mismo de vanidad por haber presumido durante algunos años de haber entendido a Cabanillas. Una boutade que luego se aplicó a Mariano Rajoy, otra de las personas claves en mi caminar político. Una boutade que solo parcialmente refleja la realidad, porque a Cabanillas y Rajoy se les entendía muy bien cuando querían.

La salida de Cabanillas y Barrera del Gobierno significó el fin definitivo del fallido Espíritu del 12 de Febrero, a la vez que el reguero de dimisiones en cadena por solidaridad que siguió corroboró la tesis de la ultraderecha de que el Régimen estaba trufado de elementos que buscaban su reforma, si no su derrumbe.

Semanas después, el 16 de noviembre de 1974, así lo expresaría José Antonio Girón en el salón de actos del Instituto Nacional de Industria durante su nombramiento como presidente de la Confederación Nacional de Excombatientes, al mostrar su preocupación de que «se corra un tupido velo» sobre la «Cruzada» y de que todo «se desvanezca con un aquí no ha pasado nada». En su opinión, «aquí han pasado muchas cosas y van a pasar muchas más». Aquel día, el propio Girón arengó a sus «combatientes» —la asociación afirmaba contar con seiscientos mil afiliados y decidió eliminar la partícula exde su nombre—: «Nos incumbe un grave compromiso en esta hora. Os diré más: nos incumbe la misma responsabilidad que, por razones de honor, nos echó al monte en 1936».

No era aquel, qué duda cabe, el ánimo reconciliador que a mí me animaba. Afortunadamente, no era tampoco el pensamiento y el tono predominantes en la escena política española —aunque, desde luego, sí el más sonoro—, pero, en aquel momento, acabó por enterrar el titubeante reformismo representado —a su pesar— por Arias Navarro.

En aquella crisis también salió alguien por entonces ya muy cercano a mí: Francisco Fernández Ordóñez, inspector técnico fiscal del Estado y protagonista de una sólida carrera en la Administración al haber sido sucesivamente secretario general técnico de Hacienda, subsecretario de Economía Financiera y presidente del INI, puesto del que dimitió el 1 de noviembre de 1974 en solidaridad con Cabanillas y Barrera, arrastrando tras de sí a algunos de sus más jóvenes y brillantes colaboradores, de tan larga trayectoria posterior, como Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Eugenio Triana. Ordóñez se fue a un despacho jurídico privado y, simultáneamente, inició su carrera política como nítido opositor al Régimen.

El malestar por la situación política era palpable en la Administración Pública. Por aquellos días, comenzó a circular un escrito en el que quienes lo firmamos solicitábamos su democratización. Dado el número de firmantes, el manifiesto fue conocido como «Escrito de los Quinientos». De los ciento veinte inspectores técnicos fiscales que éramos entonces, creo que solo firmamos cuatro: Alberto Martínez Genique, Antonio Vivancos, Modesto Ojea y yo mismo. Al día siguiente, nada más llegar al trabajo, me llamó el subsecretario Fernando Benzo y, con muy buenas maneras, me informó de que habían recibido una instrucción de la propia Presidencia del Gobierno —es decir, de Arias Navarro— en que se nos conminaba a rectificar de inmediato. Benzo me pidió de modo amable que me retractara y arguyese en mi defensa que no sabía lo que firmaba. Por supuesto, me negué a ello y, en menos de 24 horas, fui fulminantemente cesado.

Acto seguido, inicié los trámites para reincorporarme a mi destino original, que en teoría era Guipúzcoa, pero me dijeron que no tenía que volver allí. De esa forma tan inopinada, me encontré súbitamente sin destino, vagando por la inspección de Madrid, hasta que aquello se resolvió casi dos años después.

Una vez fuera de la Administración, Fernández Ordóñez reunió a un grupo de compañeros y nos explicó lo que era obvio: en España se iba a producir un cambio político de primera magnitud y había que estar preparado. «Hay que empezar a preparar partidos políticos», remachó. A mí me pareció muy bien, así que empezamos a reunirnos un pequeño grupo de amigos, en principio casi todos técnicos fiscales: Carlos García de Vinuesa, Dionisio Martínez, José Enrique García Romeu, Antonio Vivancos... Comenzó siendo un grupo tan reducido que ni siquiera le dimos nombre. Nos reuníamos a comer, siempre en grupos pequeños, pues aún estaba en vigor la prohibición de reunirse más de veinte personas, y charlábamos de política, preparándonos para cuando se cumpliesen los hechos sucesorios que fijaba la legislación.

Un par de meses después de nuestro primer cónclave, Ordóñez nos reunió en el hotel Meliá de la calle Princesa de Madrid y nos explicó que la única alternativa viable era fundar una sociedad mercantil que fuera el germen de un futuro partido político. La llamamos Federación de Estudios Independientes, Sociedad Anónima (FEDISA) y se constituyó ante notario el 11 de julio de 1975. La prensa empezó a referirse a nosotros como los «fedisarios». En el primer Consejo de Administración se reunió un selecto grupo de políticos de primera línea: José María Areilza, Pío Cabanillas, Leopoldo Calvo-Sotelo, Francisco Fernández Ordóñez, Manuel Fraga, Marcelino Oreja, Juan José Rosón, Jesús Esperabé de Arteaga, José Luis Ruiz-Navarro y, como presidente, José Luis Álvarez. Un auténtico melting pot en el que cabían desde conocidas personalidades del Régimen —Fraga y Cabanillas sin ir más lejos— a otros que procedían de lo que entonces se llamaba «oposición moderada».

Los que conocieron a Fernández Ordóñez saben que lo que más le preocupaba era diferenciarse, tener sello propio. Según él, siempre había que ser la izquierda de la derecha o la derecha de la izquierda. Para diferenciarnos, lo primero era definirnos ideológicamente. Alguien propuso que fuésemos «liberales», cosa que fue rechazada por otros que sostenían que «el liberalismo era más antiguo que las medias negras». Alguien propuso que nos llamáramos «socialdemócratas», pero Ordóñez apuntó: «Mientras viva Dionisio [Ridruejo], yo no le hago esa cabronada». Total, que nos levantamos de la reunión sin saber muy bien cómo nos íbamos a autodefinir. Al día siguiente, vimos en Cambio 16 una nota que decía que había nacido un «grupo liberal de inspiración socialdemócrata», lo que daba cuenta de la flexibilidad y el pragmatismo tan característicos de Ordóñez. Una solución de compromiso que podría contentar a los socialdemócratas, si es que había alguno, y a los que no lo éramos.

En eso estábamos cuando, a finales de 1975, comencé a oír que se estaban sentando las bases del primer Partido Popular (PP) y aquello me interesó. Pero, mientras aquello fraguaba, en España estaban pasando cosas históricas.

INSTAURACIÓN DE LA MONARQUÍA

La primera y principal de todas ocurrió el 20 de noviembre de 1975 y fue la muerte de Francisco Franco, seguida unos días después por la designación de su sucesor a título de rey, don Juan Carlos, proclamado por las Cortes Españolas como Juan Carlos I el 22 de noviembre y exaltado al trono cinco días después.

Al ser coronado, nadie conocía los verdaderos pensamientos, las aptitudes y actitudes ni las posibilidades futuras del que hasta entonces había sido un discretísimo príncipe heredero. Los franquistas creían que podrían manipularle fácilmente. Los «republicanotes» confiaban en que pasase a la historia como Juan Carlos I el Breve. En realidad, nadie sabía lo que iba a hacer porque, como confesó el propio Rey a Santiago Carrillo, «tras haber pasado muchos años haciéndome el tonto, mucha gente pensó que lo era». Mucha gente.

Pero muy pronto el ya rey empezó a dar algunas muestras privadas y públicas de su talante e intenciones y de que tenía en cuenta a todos. Es sabido que un mes antes de la muerte de Franco le dijo a Laureano López Rodó: «Hay que contar con la izquierda». Lo que es menos sabido es que, un año antes de fallecer Franco, le había mandado un mensaje muy claro a Carrillo: «Vosotros dejadme que empiece a reinar, que ya me ocuparé yo de que podáis participar en el juego político lo antes posible». Lo más chusco era que el portador del mensaje era Nicolás Franco, sobrino (rebelde) del dictador. Como es comprensible, Carrillo no se atrevió a revelar a sus camaradas la identidad del mensajero. En cualquier caso, el mensaje no debió ser tan secreto y algunos militares de alta graduación inquirieron al Rey sobre su veracidad. «Y qué hizo vuestra Majestad?», le pregunté yo. «Pues, qué voy hacer: encogerme de hombros y poner cara de sorpresa», respondió.

En su primer discurso en las Cortes, don Juan Carlos dio algunas pistas de cuáles eran sus planes. Subrayó que «quería ser el Rey de todos los españoles» y marcó una ruta que solo era posible entonces con un rey legítimo que usaba uniforme de capitán general y que había sido designado por Franco. Eso, para «ellos», era una orden ineludible.

Creía entonces —y mi experiencia en Exteriores me lo confirmaría años después— que la monarquía sería recibida con simpatía en el exterior. Baste recordar la gran diferencia que hubo entre el funeral de Franco, con presencia de Pinochet e Imelda Marcos como máximos dignatarios internacionales, y la coronación, a la que asistieron, entre otros muchos, los presidentes de Francia (Giscard d’Estaing) y Alemania (Walter Scheel) —este acompañado del canciller Willy Brandt—, el duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, y el vicepresidente de Estados Unidos, Nelson Rockefeller.

Los pasos posteriores fueron aún más decididos. Según las Leyes Fundamentales del Reino, don Juan Carlos hubiese podido reinar y gobernar, pero lo desechó. Como apuntó Pío Cabanillas en una entrevista a un medio mexicano, eligió gobernar «tres meses para poder reinar treinta años». Cuando esto quedó claro, los chistes sobre la brevedad del reinado se acabaron y las resistencias se difuminaron. La cuestión pasó a ser, no monarquía o república, sino dictadura o democracia. Pero aún quedaban muchos escollos. El primero de todos, el presidente.

En aquellos primeros tiempos, lo importante era cómo hacer lo que había que hacer y en eso tenía una importancia fundamental el papel por jugar del presidente del Gobierno. Sin su colaboración, difícilmente podría hacer algo el Rey. Así que la cuestión prioritaria para este era decidir quién había de pilotar la Transición en su nombre: si dar un voto de confianza a Arias o intentar forzar su dimisión —la ley impedía el cese— y que alguien nuevo encauzara las necesarias reformas y aplicase el plan tanto tiempo acariciado por él.

Lo único que estaba claro para don Juan Carlos era que para iniciar la reforma tenía que apoyarse en Torcuato Fernández-Miranda, su consejero áulico y profesor de Derecho Político. Arias no servía y había que sustituirlo. Pero para eso era necesario controlar las Cortes y el Consejo del Reino. Años después, en un vuelo a Riad, el Rey me explicó cómo habían pasado las cosas: «Llamé a Torcuato y le pregunté: “¿Tú qué quieres ser: presidente del Gobierno o presidente de las Cortes?”. Torcuato me contestó: “Al hombre político que soy le gustaría más ser presidente del Gobierno, pero puedo seros mucho más útil como presidente de las Cortes”». Así que decidieron prorrogar el mandato de Arias y promover a Fernández-Miranda a la presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino.

La noticia de la continuidad de Arias Navarro no fue bien recibida por casi nadie, especialmente por los partidarios de la renovación del sistema. La oposición y la prensa se impacientaban cada vez más. Las presiones sobre el Rey desde todos los sectores sociales fueron aumentando durante el segundo semestre del Gobierno de Arias e hicieron inevitable y perentoria su intervención. Ante el cariz que iban tomando los acontecimientos, con ocasión de su visita a Estados Unidos, el Rey explicitó de un modo inequívoco su programa, muy lejano de las cautelas y contradicciones de Arias, abriendo de un modo definitivo la crisis.

Don Juan Carlos tenía la decisión más que tomada y solo le faltaba encontrar la ocasión o, si hacía falta, forzarla. A primeros de abril de 1976, el Rey recibió en su despacho de la Zarzuela al prestigioso periodista belga-estadounidense del semanario Newsweek Arnaud de Borchgrave, con quien entabló una conversación franca, en el curso de la cual le reveló con toda sinceridad su opinión sobre la marcha del país y sobre el presidente de Gobierno, manteniendo la ficción de que el periodista no iba a publicar sus palabras, pero sin llegar intencionadamente a invocar el off the record. Así que, como era obvio, Borchgrave publicó la mayoría de sus opiniones en el Newsweek de la semana del 19 de abril de 1976, en el que, por ejemplo, se podía leer: «El Rey opina que Arias es un desastre sin paliativos [“an unmitigated disaster”], ya que se ha convertido en el abanderado de ese grupo de leales a Franco conocido como “búnker”». El artículo cayó como una auténtica bomba en el ambiente político doméstico. Pese a que su difusión en España quedó muy restringida, al secuestrarse aquel número de la revista estadounidense, toda la clase política lo leyó enseguida en fotocopias que circularon generosamente.

Para entonces, el nombre de Adolfo Suárez ya era fijo en la terna de candidatos del Rey desde hacía mucho tiempo. Cuando don Juan Carlos le preguntó a Torcuato: «Y entonces, ¿a quién hago presidente del Gobierno?», Fernández-Miranda concluyó: «Yo creo que lo podría hacer muy bien Adolfo Suárez, que conoce muy bien el Movimiento por dentro y que se dejará dirigir con cierta docilidad». «Y, ¿sabes lo que pasó? —me contó don Juan Carlos—. Pues que, a los quince días, no había Torcuato, ni había Rey ni había nada.»

SUÁREZ SE PONE AL FRENTE

En pleno verano de 1976, los constantes rumores sobre la inminente caída de Arias centraron la atención en Manuel Fraga y José María Areilza, los dos presidenciables más probables para la prensa y el ambiente político, pero no para el Rey ni para Fernández-Miranda que, a esas alturas, ya digo, tenían decidido el nombre de su candidato: Adolfo Suárez, el ministro secretario general del Movimiento.

Suárez comenzó a albergar firmes esperanzas de ser el elegido por algunos indicios y algunas pequeñas confidencias del propio Fernández-Miranda. En una de sus conversaciones, durante una cena de ambos matrimonios en su casa, el 8 de marzo, se plantearon una vez más la sustitución de Arias. Suárez le instó a que se decidiera a luchar personalmente por la presidencia del Gobierno, pero Fernández-Miranda, como siempre, adujo su conocida tesis de que serviría mejor a la Corona y a la reforma desde su puesto, y añadió, como de pasada: «¿Y por qué no tú?». El joven ministro sabía que Fernández-Miranda, parco en palabras, no decía ni una sola por casualidad y comprendió en el acto que, de acuerdo a su ambición, él era uno de los posibles candidatos a presidir el Ejecutivo.

El sábado 26 de junio de 1976, con motivo de la final de la primera Copa del Rey de fútbol, Suárez recibió un indicio aún más claro de sus posibilidades futuras. El Rey presidía el encuentro Atlético de Madrid-Real Zaragoza y, a su izquierda, en la tribuna de honor, se sentaba Suárez. En el descanso del partido, don Juan Carlos le comentó, en alusión al joven presidente del Real Zaragoza: «¿Has visto qué bien lo hacen los presidentes jóvenes?».

Finalmente, rompiendo todas las quinielas, el 5 de julio de 1976, Adolfo Suárez fue nombrado presidente del Gobierno. Fue recibido por nosotros con un enorme escepticismo. Desde nuestro punto de vista, que el ministro secretario general del Movimiento fuera elegido sucesor de Arias Navarro nos parecía una pésima noticia, un claro signo de involución y un triunfo del búnker. Yo tuve que informarme sobre Suárez. Cuando me dijeron quién era, pensé que aquello era un desastre que ponía en serio riesgo la monarquía.

Pero en los meses siguientes, la Ley para la Reforma Política vendría a cambiarlo todo. El Rey le había concedido una enorme importancia a aquella norma porque su gran obsesión y lo que le había pedido a Fernández-Miranda era que él, en ningún caso, apareciese como un perjuro a su juramento como príncipe. Por tanto, necesitaba salvaguardar los Principios Generales del Movimiento. La genialidad de Fernández-Miranda fue proclamar aquella ley la «octava de las Leyes Fundamentales», que derogaba a todas las anteriores, en aplicación del nuevo principio «de la ley a la ley a través de la ley», que ponía a salvo al Rey. Yo atisbé que eso sí era ya el verdadero comienzo de un camino irreversible sin vuelta atrás. La única duda era si en las previsibles elecciones se podrían presentar todos. En concreto, si el Partido Comunista participaría o no. Pronto saldríamos de dudas.

El 23 de agosto de 1976, Fernández-Miranda entregó a Suárez el borrador final del proyecto de la Ley para la Reforma Política, diciéndole: «Aquí te doy esto, que no tiene padre». El 10 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley definitivo y, ese mismo día, Suárez se dirigió por televisión al país y, más que defender el texto legal, anunció la apertura de un gran debate nacional destinado a acomodar las leyes a la realidad española del momento:

Es un proyecto sencillo y realista que trata de servir de cauce formal para que el pueblo pueda desempeñar el protagonismo que le corresponde y dar paso a la legitimidad real de los grupos y partidos por medio del voto. [...] Ante ese pueblo [...] hemos querido comparecer hoy y repetir una vez más que el futuro no está escrito porque solo el pueblo puede escribirlo. Para ello tiene la palabra.

Ni más ni menos: una auténtica revolución por vía legal, si es que ese oxímoron puede tener sentido. Las reacciones de la prensa nacional e internacional a las palabras de Suárez fueron cada vez más positivas, y las de la oposición, cada vez más posibilistas. La cautela permanecía, pero se fue diluyendo lentamente ante la constatación de que, en efecto, a las palabras estaban empezando a seguir los hechos.

El 16 de noviembre de 1976, el pleno de las Cortes discutió y votó el proyecto de Ley para la Reforma Política que emplazaba al Gobierno a convocar unas elecciones generales que conformaran unas Cortes constituyentes. De acuerdo con la propia Ley, la norma debía ser ratificada en referéndum nacional. Las resistencias a la reforma de uno y otro signo eran aún enormes. El búnker y, en general, los franquistas hicieron campaña pidiendo el voto negativo, casi con el exclusivo argumento, para ellos más que convincente, de que «Franco habría votado no». La oposición de izquierdas pidió la abstención argumentando que el referéndum había sido convocado mediante un procedimiento poco democrático. La oposición moderada, es decir, nosotros, estuvo muy prudente porque el referéndum nos parecía un paso importante, pero no estábamos seguros de que fuese a terminar bien.

El Gobierno puso toda la carne de sus poderosos medios en el asador de la campaña, con un esfuerzo que comenzó el mismo 19 de noviembre, al día siguiente de que las Cortes aprobaran la reforma. Las agencias de publicidad del país pusieron a trabajar a sus creativos en una labor para la que, evidentemente, no tenían experiencia previa. Todos presentaron sus ideas y, finalmente, se aprobó el sencillo pero contundente e inequívoco eslogan: «Habla, pueblo», que comenzó a ser divulgado mediante la pegadiza canción ¡Habla, pueblo, habla!, que se haría extraordinariamente famosa interpretada por el grupo Vino Tinto y cuyo fácil estribillo decía: «Habla, pueblo, habla. / Este es el momento. / No escuches a quien diga / que guardes silencio. / Habla, pueblo, habla. / Habla, pueblo, sí. / No dejes que nadie decida por ti». El eslogan invadió las vallas publicitarias y los buzones particulares, atestados de folletos propagandísticos en los que se les explicaba a los ciudadanos la importancia decisiva de su presencia ante las urnas el 15 de diciembre.

El referéndum recibió el apoyo del 94,17 % de los votantes y el 77,8 % de los electores. Un gran éxito que abría la puerta al regreso de los partidos políticos. A partir de ahí, la genialidad de Suárez residió en devolver a una sociedad anestesiada por una dictadura de casi cuarenta años la posibilidad de engendrar un orden radicalmente nuevo, superar la ausencia de libertad política e implantar uno de los regímenes políticos más libres del mundo. Esta fabulosa operación fue posible —en palabras de Julián Marías en su obra Cinco años de España (1981)— porque Suárez entendió que había que proceder a «la liberalización antes de proceder a la democratización; es decir, dar libertad de expresión, discusión, formación de partidos, etc., antes de hacer elecciones; con lo cual estas se celebraron cuando en España había una opinión pública informada, madura y responsable».

EL PRIMER PARTIDO POPULAR

Aprobada la Ley para la Reforma Política, los «fedisarios» coincidimos en que había llegado la hora de convertir FEDISA, una sociedad anónima, en un auténtico partido político. Fernández Ordóñez apostó por crear un partido socialdemócrata. Mi opinión, y así se lo hice notar a Paco, era que fragmentar FEDISA en distintos partidos políticos —siendo como éramos un número tan escaso de personas— me parecía un auténtico dislate y que lo que debíamos intentar era hacer un partido político mucho más abierto. Eso es exactamente lo que había propuesto Óscar Alzaga en un artículo publicado en el diario Informaciones el 12 de junio de 1976: «un gran partido popular interclasista, independiente del pasado y que constituyese una tercera vía entre la derecha inmovilista y la izquierda utópica».

Yo ya tenía decidido que mi modelo era justamente el que empezó a perfilarse en la primera iniciativa realmente partidista, que fue, ese mismo mes de junio, la del Partido Popular, a cuyo frente se situaron, entre otros, Pío Cabanillas, José María Areilza, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona y José Pedro Pérez-Llorca. Desde septiembre de 1976, este partido intentó reagrupar a todos los grupúsculos que trataban de remedar los muchos movimientos democráticos europeos existentes, desde la socialdemocracia a la democracia cristiana, pasando por los liberales, representados en cada caso por muy pocos individuos, aunque muy activos. Personalmente, ya digo, eso me parecía más sensato que fragmentarnos en partidos diferentes en función de una concepción muy estricta de la ideología.

Al ver cómo evolucionaba todo, un día le insistí a Fernández Ordóñez: «Paco, esto de que hagamos un partido socialdemócrata es una barbaridad, porque aquí no somos más que cuatro y el cabo. Yo creo que unirnos al Partido Popular tiene mucho más sentido, pues reúne todas las corrientes, incluida la socialdemócrata». Pero Fernández Ordóñez se negó rotundamente a considerar esa posibilidad. Con la misma rotundidad y en un rasgo de independencia, sin dudarlo ni un instante, me lie la manta a la cabeza y me uní al naciente PP. Llegué a tiempo de estar entre los fundadores oficiales del partido, que se presentó el 1 de diciembre de 1976. Pese a las ilusiones que aquello despertaba en todos, ya ese día se empezó a atisbar que iba a haber algunas diferencias entre Juan Antonio Ortega, de un lado, y Pío Cabanillas y José María Areilza, de otro. Enseguida me integré en el grupo de los «progres», junto a compañeros como Carmen García Moreno, Manolo Fraile y Fernando Castedo. Algunos de ellos acabaron recalando en aguas socialdemócratas, pero yo permanecí fiel a mis convicciones socialcristianas.

Pero ¿exactamente qué quería aquel Partido Popular? Por aquellas fechas, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona dictó una conferencia en el Club Siglo XXI bajo el título «Después de la Transición: un diseño político para el Estado democrático», en la que estableció lo que serían las prioridades del PP: superación de la crisis económica, mediante una economía de mercado avanzada; una organización territorial del Estado basada en los principios de unidad, autonomía y solidaridad; y establecimiento de un Estado de derecho.

Mi entrada en el PP significó, lógicamente, un divorcio «amistoso» con Fernández Ordóñez, hasta entonces una persona muy importante para mí, pues me había ayudado a preparar las oposiciones —estuve dos años «cantándole temas»— y fue también quien me mandó a Harvard y quien me introdujo en la Secretaría General Técnica. De él no tengo más que buenos recuerdos, pero, en aquel caso, no coincidíamos en materia de estrategia política. Por ese motivo, y por mi eterna querencia centrista integradora, nuestros rumbos se separaron.

Mi actividad política principal dentro del nuevo partido fue la de redactar la ponencia de política social para el primer congreso, que se celebró el 5 y 6 de febrero de 1977 en el Palacio de Congresos de Madrid. Yo era un simple militante de base en aquella época, pero quien iba a defender inicialmente la ponencia se borró. Me llamó Cabanillas y me encargó que le supliera, cosa que hice con mucho entusiasmo. En la ponencia vertí lo que había sido siempre mi pensamiento político, es decir, la economía social de mercado, basada a su vez en dos pilares básicos: un mercado que funcione y el principio de compensación social. Esto ha sido una constante en mi vida. Era aquel, sinceramente, un texto muy bien redactado, que utilizaba muchas ideas de los alemanes de la CDU (Unión Demócrata Cristiana). Elaboré una ponencia muy socialcristiana, que gustó mucho a Pío Cabanillas, al que todavía casi no conocía, pero con el que llegaría a trabar una buena amistad política.

EL REGRESO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

El final del verano de 1976 fue un frenesí de idas y venidas de políticos de todas clases y tendencias que intentaban agruparse y constituir partidos que pudieran estar en condiciones de concurrir con garantías a las elecciones generales que el Gobierno había prometido. Antes incluso de que la Ley para la Reforma Política hubiera sido siquiera aprobada por las aún Cortes franquistas y siendo el futuro una total incógnita, los propósitos reformistas del Gobierno habían sido definitivamente creídos, como demostraba la intensísima actividad política y los centenares de conversaciones, pactos firmados y rotos, esfuerzos de aproximación, reagrupamientos y escisiones que se produjeron durante aquel último semestre del año. En tal contexto, cada uno prefirió hacer la guerra por su cuenta y riesgo, pero, poco a poco, el variopinto y multicolor enjambre de la que se llamó en la prensa, con razón, «sopa de letras» que bullía en el caldo aún poco hecho de la democracia comenzó a aclararse: era evidente que no habría sitio para todos y que unos y otros se tendrían que coaligar, si era posible con los más afines. No sin dificultades, los sectores más o menos significativos irían reagrupándose y despejando paulatinamente el panorama.

Hacia finales de febrero de 1977, todos los grandes partidos políticos del país estaban ya inscritos y legalizados y todos conocían ya las reglas del juego electoral, aunque todavía no se supiese la fecha exacta de unos comicios de cuya proximidad nadie dudaba. El PCE había solicitado su inscripción en el registro de partidos políticos, pero seguía esperando que alguien le contestase. Santiago Carrillo se paseaba con peluca por Madrid y era un secreto a voces que, tarde o temprano, habría que tomar una decisión.

En cuanto al Gobierno de Suárez, cuando no había hecho más que iniciar su andadura, algunos de sus miembros empezaron a pensar en la necesidad de crear un partido «presidencial», de vocación y definición centrista. El recién nombrado vicepresidente segundo, Alfonso Osorio, creía que la operación se podía llevar a cabo por medio de sus amigos democristianos, aglutinados en un solo partido que girara en torno a la órbita del Gobierno. Pero el intento, en primera instancia, no fraguó y entonces Osorio eligió nuestro Partido Popular como pista de aterrizaje del presidente Suárez.

«QUIERO SER DIPUTADO»

Puesto que estaba convencido de que el proceso iba inexorablemente encaminado a unas elecciones, en ese contexto yo quería ser diputado. Era una decisión tomada. Mi problema era cómo lograrlo. Un día, me fui a ver al presidente del PP, Pío Cabanillas, le conté mi propósito y él se limitó a hacerme dos preguntas muy concretas: «¿Dónde has nacido?» («en Madrid») y «¿dónde has estudiado?» («en San Sebastián y Bilbao»). «¡Pues lo tienes francamente jodido!», me dijo. Así que no tuve más remedio que salir de la reunión convencido de que me tenía que «construir» un escaño a mi medida por mi cuenta, porque, si no, no tenía ni la menor posibilidad. Eso sí, Pío me aconsejó que llamase a César Vacchiano, una persona de su absoluta confianza y que luego me acompañaría a lo largo de toda mi carrera política.

César me presentó a unos amigos suyos que tenían una consultora (Flash Comunicación) que, como todos, daba sus primeros pasos en el mundo de la comunicación política. «Bueno, vamos a ver por dónde te podemos encajar», me dijeron. Sacaron un mapa de España y me preguntaron dónde podía yo tener alguna raíz. Descartados Madrid y el País Vasco, apunté que mi bisabuelo, el general Juan García-Margallo, había nacido en Montánchez, Cáceres. Miramos la Espasa y enseguida vimos que esa provincia tenía trescientos y pico municipios muy diseminados y que, para sufragar una campaña electoral en un territorio tan vasto y con una población tan dispersa, era obvio que no tenía suficiente dinero. En la misma enciclopedia, consultamos la biografía de mi bisabuelo y leímos que murió y fue enterrado en 1893 en Melilla. «Pues ahí está», me dijeron mis amigos consultores. «Una ciudad de poco más de 12 km² sí que podría ser.» Les señalé que no había estado nunca en Melilla. «Eso no tiene nada que ver —me cortaron—, tú haces lo que te digamos.»

Tomada la decisión de dónde lo intentaríamos, pasamos a montar a gran velocidad una estrategia. Me dijeron que tenía que entrar en Melilla y que me fuera buscando contactos allí, mientras ellos me facilitaban el desembarco mediático. Como tenían acceso al periódico El Sol de España, que se editaba en Málaga, pero que también se distribuía en Melilla, los días 4, 5 y 6 de enero de 1977 publiqué en ese diario tres artículos en los que trataba de diseñar un plan de futuro para la ciudad. Entre otras cosas, explicaba cómo se hacía un puerto franco y cómo se hacía un régimen fiscal especial. La idea era acometer la «hongkonización» de Melilla, es decir, crear un régimen fiscal y económico singular para esta ciudad que sufría una situación económica y política muy precaria, porque se acababa de producir el abandono del Sahara español y la leyenda urbana, absolutamente extendida, era que también se había pactado su cesión en un plazo de veinticinco años. Mis asesores también me dijeron que cogiera el día 5 un avión y me fuera a Melilla, a dejarme ver y darme a conocer. Como por entonces no había vuelo directo, cogí uno con escala en Málaga y, nada más entrar en él, vi que en el periódico que se estaba repartiendo, El Telegrama, había una gran foto mía con este titular: «UN BIZNIETO DEL GENERAL MARGALLO, POSIBLE CANDIDATO POR MELILLA».

A todo esto, yo había hecho gestiones en Madrid para averiguar quién me podía facilitar contactos en Melilla. Una amiga mía, Julia Navarro Jorro, cuya familia era propietaria de la tabaquera Tabacos de Ceuta y Melilla, S. A., me dio el nombre de Francisco Mir Berlanga, que había sido alcalde melillense entre 1964 y 1971 y procurador en Cortes en tres legislaturas, y que desde 1953 era cronista oficial de la ciudad. Nada más llegar, fui a verlo, me recibió muy cariñoso, me llevó a ver la tumba de mi bisabuelo, pero me dijo que «no creía en eso de las elecciones porque él era falangista». Primer disparo al aire.

Un buen amigo mío, Enrique Manzanares, técnico comercial del Estado, me había dado el contacto de un colega suyo de Melilla. Fui a verlo, me recibió también con mucha amabilidad, pero, para mi pesar, me dijo que era socialista. Segundo disparo errado.

Solo me quedó un último cartucho, que era Luis Cobreros, del cuerpo de Aduanas y, a la sazón, alcalde de Melilla. Fui a verlo, me recibió también muy efusivo, pero me dijo que él era más bien socialdemócrata y que, además, también quería ser candidato por la ciudad. En esta ocasión ya no es que fallara el tercer y último cartucho; ahora, más que con un posible apoyo, lo que me encontré fue con un posible adversario que batir.

Visto lo visto, me instalé sin más planes en el Parador de Melilla. Al día siguiente, El Telegrama venía repleto de insultos hacia mi persona. Lo más piadoso se leía en una carta al director en la que se contaba con cierta gracia que, como estábamos aún en vacaciones navideñas, yo había querido coger un vuelo a Tenerife, pero me había equivocado de avión, había acabado por casualidad en Melilla y, al llegar y ver la cara de los lugareños, había pensado: «Aquí voy a ser yo fácilmente “el Diputado”». Total, que la cosecha de mi primer intento de desembarco en Melilla se saldó con tres disparos al aire y una catarata de insultos y descalificaciones. No obstante, le dije a mi mujer de entonces: «Aquí hay que aguantar».

Por fin, surgió un primer rayo de luz al recibir una llamada. «Buenos días —me dijo una voz desconocida—, soy Rafael Ginel Cañamaque y represento a un grupo de gente que hemos constituido la Mesa Democrática de Melilla. Hemos leído en su entrevista en El Telegrama que quiere usted fundar el Partido Popular en Melilla. Eso es algo que nos interesa porque es una idea que compartimos y nos gustaría hablar con usted.» Tuvimos esa reunión, en la que participó también Jesús García Alarcón, que luego sería presidente local de UCD. Ambos me explicaron que habían colaborado con el antifranquismo, que les interesaba aquello, que me querían ayudar a constituir el partido y que, por supuesto, yo no sería el candidato. Les dije que lo entendía perfectamente. Quedamos en que, por ahora, iríamos formando el partido y luego ya afrontaríamos el tema de las candidaturas.

A partir de entonces, comencé a ir por Melilla cada dos por tres para montar la sección local del PP. Aquello empezó por los cauces normales hasta que, para clarificar, una vez visto quiénes eran los más listos de la clase —Rafael Ginel, Juan Ríos y yo—, me los llevé a comer y les dije: «Vamos a dejarnos de tonterías. Vosotros dos seréis los candidatos a senadores y yo, a diputado. ¿De acuerdo?». Y así quedó la cosa.

Me tomé tan en serio mi objetivo electoral que incluso cogí un coach de oratoria argentino para que me preparase para el debate político y los mítines. El coach me hizo un training tan intenso como inútil. Su entrenamiento estaba lleno de pautas: no podía apoyar la espalda en el respaldo, no podía tocar nada con las manos, que tenían que estar siempre libres para «matizar» el discurso... Muchos consejos prácticos, pero al final del primer mitin se me acercó Juan Carlos Guerra Zunzunegui y me dio su sincera y demoledora opinión: «Pero ¿qué coño te han hecho? Olvídate del argentino». Efectivamente, aquel coach me duró muy poco. Su método consistía básicamente en tratar de hacerme quien no era y esa fue una gran lección que aprendí para siempre: en política, nunca se puede ser un personaje impostado. Así que me hice la firme promesa de que, desde entonces, actuaría siempre tal y como soy, aunque, eso sí, trataría de no apoyar la espalda en el respaldo de las sillas.

3

POR FIN, LA DEMOCRACIA

Jamás permitas que deje de germinar la vida en ti. Somos nuestros propios jardineros. Las semillas que tú no riegas esperando a que otros lo hagan, acaban muertas antes de florecer.

ÁNGELA BECERRA

EL PARTIDO POPULAR IMPULSA CENTRO DEMOCRÁTICO

El 20 de enero de 1977, quince días antes de que se celebrase el congreso fundacional del Partido Popular, este impulsó el nacimiento de Centro Democrático (CD), una coalición electoral que empezaba a construir una alternativa en tercera vía entre la izquierda del PSOE y el PCE y los inmovilistas del Régimen anterior e incluyó, además del PP, a todas las fuerzas de centro, a excepción de parte de la democracia cristiana, que prefirió mantenerse al margen. Este proceso, de notable interés intrínseco, toma una renovada importancia hoy, en 2019, porque —como explicaré a lo largo de este libro— opino que debemos reproducirlo ahora de alguna manera si queremos que el centroderecha vuelva a ser un proyecto de futuro en España. Ya me explicaré mejor más adelante. Vayamos a los datos históricos.

Fue entonces cuando Manuel Fraga cometió la primera gran equivocación de su vida política. Tras fundar FEDISA y GODSA (Gabinete de Orientación y Documentación, S. A.), decidió no integrarse en CD y montar, a cambio, la Alianza Popular «de los Siete Magníficos», un proyecto que nació con un pesado lastre franquista. Ese desmarque hacia la derecha de Fraga, en busca de la quimera del «franquismo sociológico», nos colocó automáticamente a nosotros, los del PP, en el centro del espectro y de la escena política. Éramos un partido de centro y no ya solo por nuestra ideología y porque aspirábamos a ser reconocidos y homologados por el Partido Popular Europeo, sino que, además, al estar flanqueados a la derecha por Alianza Popular (AP), se nos identificó inmediatamente como la tercera vía, como el antídoto que alejaba el fantasma de la polarización de las dos Españas.

Desde el principio, antes siquiera de haberse convocado las elecciones generales, CD intentó por todos los medios ir expandiéndose y, a la vez, formando cuadros provinciales. En esa labor, me recorrí España con Juan Carlos Guerra Zunzunegui para ir captando candidatos. La obsesión de mi colega era encontrar en cada demarcación al menos un farmacéutico, notario o abogado de prestigio, así como un catedrático o empresario. Había que lograr candidaturas con tirón y con la máxima capacidad posible de amplificar el mensaje y de hacer apostolado político.

Un día, Pío Cabanillas me pidió un favor: «Mira, viene un amigo mío, que ha estado trabajando en las altas instancias de Bruselas mucho tiempo y ahora quiere ser diputado. Ruédalo un poco». Así lo hice o, al menos, lo intenté. Para el primer mitin previsto nos fuimos a la localidad conquense de Las Pedroñeras, famosa por su producción de ajos. Los asistentes al mitin eran gente muy mayor y muy sencilla cuyo asombro llegó al pasmo cuando cogió el micrófono aquel aspirante a diputado. En Bruselas, siempre ha habido una tremenda afición al uso y abuso de siglas y acrónimos. De aquí que él, nada más comenzar a hablar, endosara a la audiencia un párrafo en el que, más o menos, vino a decir: «Si el 15-J ganan el PP y CD, vamos a entrar en la CEE y en la OTAN». Al salir del mitin, yo iba detrás de dos paisanos y oí como uno de ellos le decía al otro: «Oye, ¿dónde ha dicho el “hijoputa” ese que nos quiere meter?».

DESEMBARCO DE SUÁREZ EN CD

Llegados al mes de marzo de aquel intenso 1977, CD parecía la clara candidata a ser la gran formación política de centro que lograra alzarse con la victoria electoral. Los múltiples sondeos de opinión que se llevaban a cabo por estas fechas dejaban bien claro que los españoles iban a votar por la moderación y que no estaban interesados en radicalismos de ningún signo.

Justamente por eso, CD estaba destinado a ser el partido que obtuviera el respaldo del Gobierno, pero con una condición sine qua non puesta sobre la mesa en una cena a la que asistieron dirigentes del PP y algunos destacados miembros del Gobierno, y que nos contó José Luis Álvarez, quien nos esperaba a Guerra Zunzunegui y a mí a la vuelta de una de nuestras visitas a Melilla. La cena había sido convocada aquel 19 de marzo, día de San José, con motivo de su onomástica, por José Luis Ruiz-Navarro —quien, por cierto, luego sería mi socio de despacho y con el que, por tanto, contrasté varias veces todo lo ocurrido en aquellas fechas—. Reunió, por una parte, a sus colegas en la cúpula del PP Pío Cabanillas, José Luis Álvarez y José Pedro Pérez-Llorca, así como a los democristianos Íñigo Cavero y Fernando Álvarez de Miranda, y, por otra, a varios miembros del Gobierno: el vicepresidente Alfonso Osorio y los ministros Landelino Lavilla y Leopoldo Calvo-Sotelo. Según Álvarez, una vez reunidos, llegó Osorio y, sin muchos preámbulos, anunció que Suárez había decidido encabezar una opción política y presentarse a las elecciones, y que su primera opción era CD. En consecuencia, preguntó a los presentes: «¿Aceptaríais al presidente como líder si estuviera dispuesto a participar en las elecciones?».

En el aire de aquella pregunta tan directa pesaban dos ideas contrapuestas: o se optaba por un centro limpio y puro con José María Areilza al frente, o por un conglomerado que alcanzaría seguro el poder, aunque contaminado de franquismo, con Adolfo Suárez. Areilza ya se había visto sorprendido el anterior diciembre al no ser elegido presidente del PP, en favor del incombustible Pío Cabanillas. Pero esto no había rebajado sus ímpetus y venía sorprendiendo a propios y extraños con una desconocida capacidad de comunicación. Suárez y Areilza se consideraban incompatibles desde el día en que el Rey eligió al primero para presidir el Gobierno. Así que Osorio concretó más su pregunta: «¿Estáis planteando la disyuntiva Suárez-Areilza? Pues bien, si Areilza es una alternativa de poder, o sobra Areilza o sobra Suárez». La condición era innegociable: o le quitábamos protagonismo a Areilza y aceptábamos a la vez que se incorporasen los independientes «suaristas», o Suárez se presentaría por separado al frente de esas mismas listas de independientes, y todos saldríamos perdiendo.

Los asistentes a la reunión se quedaron sorprendidos y hubo división de opiniones sobre si debíamos o no aceptar la oferta. Al final prevaleció la tesis de que, si no íbamos con él, nuestro porvenir electoral era poco halagüeño. El problema era qué hacer con Areilza tras sacrificarlo. Osorio sugirió que podría presentarse a senador por Barcelona y así se convino.

Al día siguiente, Areilza había invitado a comer a tres de los presentes en la reunión de la noche anterior: José Luis Álvarez, José Luis Ruiz-Navarro y Pío Cabanillas, este último encargado de «explicarle» a Areilza lo acordado. Pero el veterano político, puesto al tanto sin duda por alguno de los presentes en aquella cena —no me extrañaría que por el mismo Cabanillas—, se adelantó a lo que querían decirle y les comunicó que dejaba vía libre, que se retiraba. Tiempo después, en sus memorias, Areilza describiría lo sucedido como «una comedia de enredo patética y humorística a la vez», pero era obvio que se sintió profundamente herido y tardó mucho tiempo en perdonar que sus colegas del PP se avinieran a sacrificarle en el «altar» de Suárez.

Con todo aquello bien urdido, mes y medio después de aquella decisiva cena, el 3 de mayo de 1977, se produjo la protocolización ante notario de esta alianza entre CD y Suárez y todos los que le siguieron. De entrada, se nombró gerente provisional a Leopoldo Calvo-Sotelo, que inmediatamente se puso a los mandos. Por su parte, conseguido su objetivo, Suárez recibió en la Moncloa uno a uno a todos los dirigentes centristas, a los que fue colocando entre la espada de aceptar su liderazgo y la pared de acabar en el limbo electoral mediante informes completos sobre sus posibilidades electorales: absolutas con él y nulas sin él. También les dijo que no se obsesionasen por los mítines, pues la campaña iba a dilucidarse en televisión y ahí él dominaba todos los resortes.

Mi gran objetivo personal pasó a ser evitar que hubiera otro partido de la coalición que intentase desembarcar en Melilla, donde había un solo escaño en juego. Cerramos filas y, aunque alguno lo intentó, no dejamos que entrase.

En todo caso, a mí el desembarco de Adolfo Suárez en CD no solo me pareció conveniente, sino casi imprescindible. Siempre había pensado que la Transición solo sería posible si se formaban dos grandes partidos nuevos —ambos «necesariamente» nuevos— que ocuparan el centro de la escena política. Ese diseño dual podía ser perfectamente cubierto a uno y otro lado de la balanza por este nuevo CD y por el PSOE, completándose el diseño con otros dos partidos a los márgenes, en este caso el PCE, que ya aceptaba la monarquía, y AP, que ya aceptaba la democracia. Digo que eran dos partidos «nuevos» porque, por un lado, CD simplemente no existía antes, y el PSOE, aunque ya tenía una larga historia casi centenaria, lo acababa de refundar de facto Felipe González en el Congreso de Suresnes de octubre de 1974, al desplazar al movimiento histórico de Rodolfo Llopis. Eran también nuevos en cuanto a su concepción del proceso político, mientras que Fraga abogaba por un proceso mucho más lento, y Carrillo, por uno mucho más rápido, ambos casi incompatibles. De hecho, Fraga se oponía a la legalización del PCE, piedra de toque para saber hasta dónde quería llegar cada cual.

Efectivamente, uno de los acontecimientos más importantes previos a las primeras elecciones democráticas, convocadas finalmente para el 15 de junio de 1977, fue la legalización del Partido Comunista de España. La aparición en España en carne mortal de Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri, la Pasionaria, conmocionaron a una sociedad española que lo último que quería era revivir los horrores del pasado. Recuerdo aquel 9 de febrero de 1977, sábado de Gloria, como si fuera hoy. Yo volvía de Melilla. En el camino de vuelta en coche a Madrid, al pasar por un pueblo manchego, me sorprendió ver de repente por las calles muchas banderas rojas con la hoz y el martillo. Puse la radio para ver qué pasaba y me enteré de la legalización del PCE.

Como era de esperar, la noticia fue muy mal recibida por muchos mandos militares, que vieron en ella una ruptura completa de la palabra dada por Suárez. El almirante Gabriel Pita da Veiga, ministro de Marina, dimitió el lunes día 11. El viernes 15 tomó posesión su sustituto, el almirante Pascual Pery, sacado de la reserva porque no fue posible hallar un candidato en activo que aceptase. Días después, Alfonso Osorio nos contó que Alfonso Armada, secretario de la Casa del Rey, le había transmitido que el descontento en los cuartos de banderas había llegado a tal punto que cualquier cosa era posible.

Para mí, la noticia hizo que, como san Pablo, me cayera del caballo camino de Valdepeñas —que no de Damasco— y me convirtiera ipso facto en un apasionado «suarista». Suárez dejó de ser para mí un «valeroso falangista» para convertirse en el gran reformista que España necesitaba. Siempre había sostenido en nuestras reuniones internas que las elecciones no serían creíbles si no participaba el PCE y que, para mí, era mucho mejor tener a los comunistas dentro que fuera del sistema. La comparecencia de Carrillo flanqueado por la bandera nacional y acatando la monarquía despejó las posibles dudas de la validez de las inminentes elecciones y, además, les quitó la ventaja de operar desde la clandestinidad.

Pero en el PP hubo un encendido debate sobre el tema. No eran pocos los que pensaban que el PCE no podía participar en las elecciones porque eso iba a desatar un golpe militar y a acabar con la reforma. En defensa de su tesis, aludían a la legislación alemana que durante algún tiempo tuvo ilegalizado al partido neonazi y al comunista, fórmula perfectamente constitucional, democrática y homologable.

En mi opinión, el PCE se ganó la legalización el 24 de enero anterior, cuando se produjo la Matanza de Atocha, en la que un comando ultraderechista asesinó a cinco abogados laboralistas. Al entierro asistieron más de cien mil personas. Fue la primera manifestación multitudinaria de la izquierda tras la muerte de Franco y transcurrió en silencio y sin incidentes. Aquella fue una pacífica demostración de fuerza y control por parte del PCE.

NACE LA UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO

Finalmente, los dirigentes centristas se reunieron en casa de Joaquín Garrigues Walker, en Aravaca, y decidieron que no tenían otra opción que aceptar aquel matrimonio de conveniencia con Suárez. Pero este no iba a desembarcar solo en la coalición: el matrimonio llevaba dote incorporada. En los meses anteriores, sus peones «azules» se habían movido y, capitaneados por Martín Villa, habían creado su partidito bajo la denominación de Federación Social Independiente —en el ambiente político se le rebautizó «SEU renovado»—, que rápidamente se sumaría a CD. Allí estaban, entre otros, altos cargos de la Administración, dirigentes del Sindicato de Estudiantes Universitarios (SEU) y otros jóvenes falangistas descafeinados como Jesús Sancho Rof, Juan José Rosón, Gabriel Cisneros, José Miguel Ortí Bordas, José Ángel Rojo y Jaime Campmany. Paralelamente, otros conocidos suaristas fundaron partidos regionales que enseguida se integraron también en CD.

Por fin, a mediados de abril de 1977, el Gobierno convocó oficialmente las elecciones generales para el siguiente 15 de junio. El fin del plazo de presentación de candidaturas quedó fijado para el 8 de mayo. En esas pocas semanas, los partidos políticos desarrollaron una actividad frenética para buscar alianzas, cerrar filas, afianzar estructuras y elaborar listas de candidatos. En términos generales, la nueva Ley Electoral reunía las condiciones mínimas para ser aceptada por la totalidad de las fuerzas políticas. A partir de aquel momento, la opinión pública centró su interés, más que en las dificultades de la Transición, en la inminente campaña electoral que debía concluir en las elecciones de junio y en la gran novedad de la multitudinaria y heterogénea reaparición de una pléyade de partidos políticos. En algunos casos, dada la cohesión interna de algunos partidos ya históricos, eso fue relativamente fácil, pero en el resto de los sectores políticos, especialmente en el centro, no todo estaba tan claro. En ese clima de total libertad política, podía decirse ya que concurriría a las elecciones la práctica totalidad de los partidos políticos existentes. Como escribió por entonces Julián Marías, «la sociedad española estaba a punto de picar tímidamente la cáscara calcárea y salir del huevo». La súbita reaparición de esta movilización ciudadana introdujo un factor añadido de sensatez en la clase política, que se puso a trabajar en firme para buscar las alianzas precisas para mejorar sus perspectivas de éxito.

El 3 de mayo de 1977 fue un día clave en este proceso. El presidente Suárez había anunciado una intervención televisada por la noche y los dirigentes de los múltiples partidos centristas mantuvieron una reunión con Leopoldo Calvo-Sotelo, que había dimitido como ministro para gestionar CD, a la que se sumaron in extremis una serie de variopintos dirigentes democristianos, socialdemócratas, liberales y «hombres del presidente» hasta ese momento descolgados. Calvo-Sotelo puso a sus interlocutores en el disparadero de firmar los documentos fundacionales de la nueva coalición, que abrían la puerta a candidaturas de «personalidades independientes», prestaban un total apoyo a la política de Suárez y le daban poderes casi absolutos a él para elaborar las listas electorales. Los líderes de los partidos coaligados temían fundadamente por su identidad y forzaron el cambio de denominación de la coalición por el definitivo Unión de Centro Democrático (UCD) para subrayar su carácter de agrupación electoral. Nada menos que quince partidos, diez de carácter nacional y cinco regionales, se adhirieron también al borde del final del plazo. Pese a los intentos finales, no se consiguió que se incorporara el Equipo Democristiano, encabezado por José María Gil-Robles y Joaquín Ruiz-Giménez, al no alcanzar la mayoría cualificada interna que exigió alguno de sus más destacados componentes. En definitiva, un grupo muy heterogéneo de muy distintas procedencias para cuya cohesión solo se disponía de cinco semanas. Francisco Fernández Ordóñez, líder de los socialdemócratas coaligados en UCD, dijo en tono humorístico refiriéndose a los militantes de su partido: «Solo diecisiete, pero todos ministrables». Según el documento de constitución, UCD «se propone ofrecer a los electores una posición moderada [...], de filiación democratacristiana, liberal y socialdemócrata, para apoyar [...] la consolidación definitiva y pacífica de una democracia estable en España».

Precisamente en vísperas de aquella campaña electoral se produjo otro gran hito para nosotros los monárquicos: la renuncia de don Juan a sus derechos dinásticos en favor de su hijo don Juan Carlos, que se produjo de modo muy discreto —por no decir clandestino— el 14 de mayo de 1977 en un sencillo acto familiar celebrado en el palacio de la Zarzuela, ante la familia real en pleno, una reducida representación de los medios de comunicación —las cámaras de TVE, los micrófonos de RNE y cinco agencias informativas— y el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, en calidad de notario mayor del reino. Ante ellos, el Jefe de la Casa Real española, visiblemente emocionado, inició su discurso a la una y media de la tarde de aquel sábado —un día inconvenientemente lluvioso—, proclamando:

Instaurada y consolidada la monarquía en la persona de mi hijo y heredero don Juan Carlos [...], creo llegado el momento de entregarle el legado histórico que heredé y, en consecuencia, ofrezco a mi patria la renuncia de los derechos históricos de la monarquía española, sus títulos, privilegios, y la jefatura de la Familia y Casa Real de España que recibí de mi padre, el rey Alfonso XIII, deseando conservar para mí y usar como hasta ahora el título de conde de Barcelona. En virtud de esta mi renuncia, sucede en la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España a mi padre el rey Alfonso XIII mi hijo y heredero, don Juan Carlos I. Majestad, por España. Todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el Rey!

Tras consumar con aquel breve parlamento otro gran servicio a la concordia y a España, el conde de Barcelona se cuadró militarmente ante su hijo el Rey e hizo una profunda inclinación de cabeza. Su hijo, don Juan Carlos, respondió con otro breve pero no menos sentido discurso en el que, entre otras cosas, dijo:

Señor, el mandato de su majestad Alfonso XIII, «sobre todo, España», creo que ha sido cumplido. [...] Hoy, al ofrecer a España la renuncia a los derechos históricos que recibisteis del rey Alfonso XIII, realizáis un gran acto de servicio. Como hijo, me emociona profundamente. [...] Quiero cumplir como Rey los compromisos de este momento histórico. [...] Respetaré la voluntad popular, defendiendo los valores tradicionales y pensando sobre todo que la libertad, la justicia y el orden deben inspirar mi reinado. De esta forma, la Monarquía será elemento decisivo para la estabilidad necesaria de la nación.

Con estos dos concisos parlamentos se ponía fin a un pleito dinástico que había durado demasiados años. Don Juan Carlos tenía desde este momento las legitimidades institucional e histórica. La de ejercicio se la fue ganando poco a poco en un reinado que —con luces y sombras— ha sido de los más brillantes de nuestra historia.

Volviendo a la precampaña electoral, UCD se presentó a los españoles como una «tercera vía» alejada tanto de la derecha «dura» como de la izquierda «inmadura», como nos gustaba decir entonces a los «ucedeos». Suárez había creado un partido lleno de deficiencias y limitaciones, pero con una ventaja evidente sobre los demás: no era heredero de ninguno de los bandos de la Guerra Civil ni aceptaba la antigua dicotomía que llevó a España al desastre. En UCD no se le preguntaba a nadie de dónde venía, sino a dónde iba. Y a donde íbamos todos era a ganar las primeras elecciones de la recién estrenada democracia.

CAMPAÑA ELECTORAL EN MELILLA

Aquella campaña fue muy divertida, muy a tono con lo que Joaquín Garrigues llamó «una fiesta de la democracia». Todos íbamos entusiasmados a todos los mítines, sin distinción de colores ni ideologías. Por lo que a mí respecta, me fui a Melilla con mucha ilusión y pocas certezas. Nada más aterrizar, hicimos un estudio de campo para saber por dónde soplaba el viento. Sacamos la conclusión de que, con un único escaño al Congreso en juego, nos podíamos encontrar con que, si dividíamos el electorado de centroderecha entre UCD y AP, lo normal sería que perdiésemos ambos y ganara el PSOE. El candidato de AP, Vicente Soriano Garcés, antiguo alto cargo de la Administración, muy amigo de Fraga, que lo había comisionado allí, contaba con el apoyo de El Telegrama de Melilla, cuyo director, Tomás Galbán, también tenía una amistad personal con el político gallego.

En Melilla se presentaban los cuatro partidos principales: AP, UCD, PSOE y PCE. Como los comicios se celebrarían el 15 de junio, decidimos que hasta el día 5 nos teníamos que dedicar a sacar del terreno de juego a AP. Por entonces, Fraga acababa de hacer una rotunda declaración —muy a su estilo— de que él jamás se sentaría con el PCE. Pío Cabanillas intentó infructuosamente disuadirlo de semejante error: «Manolo, uno no puede salirse de una habitación dando un portazo si no está seguro de que no va a volver a entrar». Tiempo después, Fraga se brindó a presentar a Santiago Carrillo en el Club Siglo XXI, pero ya era tarde. Conocedores de esa tajante afirmación, nuestro primer paso fue convencer a la Asociación Pro Melilla, de discutible filosofía, pero independiente y que presumía de ser apolítica, de que su obligación era testar a las distintas candidaturas para ver cuál de ellas defendía mejor los intereses de la ciudad, que según ellos era su único objetivo. No fue muy difícil convencerles de organizar ese debate a cuatro.

Hecho eso, llamé al PCE para asegurarme de su presencia en el coloquio. Después llamé a Miguel Lence, de AP, y le dije: «Vamos a hacer un debate a cuatro y os pido que vengáis, porque, si no, voy a estar solo contra el PSOE y el PCE». Como esperaba, me dijo que nada le gustaría más, pero que no podía. El debate en sí tampoco se caracterizó por su fair play: debatimos entre tres, pero leímos de vez en cuando trozos del programa de AP para ponerlo a escurrir. Así, eliminada AP, nuestra acción política se volvió contra el PSOE, que, según todos los indicios, nos iba a disputar el escaño.

En nuestros mítines siempre había un coloquio al final porque Melilla era una ciudad de 12 km² y había que cambiar el discurso todos los días, para no cansar. No obstante, en todos ellos aparecía el mismo ciudadano enviado por el PSOE que era siempre el primero en levantar la mano y preguntar: «Pero ¿usted es de Melilla?». Cada vez, yo enhebraba como podía una respuesta confusa, con alusiones a mis abuelos, pues en el fondo no estaba convencido de lo que decía. Así fue todos los días hasta que mi director de campaña, un gallego muy gracioso, ya fallecido, Laureano Folgar, me dijo: «No puede ser que este ciudadano nos arruine todos los mítines. En el próximo, cuando te pregunte algo, yo levanto la mano, tú me das la voz y yo le neutralizo». Así fue. El ciudadano levantó la mano y me hizo la pregunta de rigor: «¿Usted es de Melilla?». Antes de que yo respondiera, Laureano levantó la mano, le di la palabra y, sin dilación, le dijo al otro: «Vamos a ver, Eduardo, yo sé que tú eres de Melilla, que tu mujer es de Melilla, que tu padre es de Melilla, que tu madre es de Melilla y que hasta tu perro es de Melilla. Todo el mundo en Melilla te conoce y, por eso, todo Melilla sabe que eres un gilipollas. O sea que no vuelvas a interrumpir». Con eso me liberé completamente de aquella pesadilla reiterativa.

Algo muy similar me pasó en 1982 en Valencia, cuando fui de número dos de Fernando Abril Martorell. En todos mis actos públicos, alguien se levantaba y me decía algo así como: «Pero usted es foraster, ¿no?». En una de las ocasiones, al oír una vez más ese reproche, respondí: «Bueno, eso es absolutamente riguroso». «¿Y le gusta que le llamen foraster?», insistió el otro. «Hombre, no es lo que más me gusta, pero vamos mejorando enormemente porque hasta ahora me llamaban fill de puta.» Así logré relajarme con aquel tema.

Volviendo a Melilla, cerramos la campaña el 13 de junio viendo el mensaje televisivo de Suárez en una sala instalada en el Parador de Turismo. Fue el discurso que luego se haría famoso y muy imitado por todo tipo de humoristas del «puedo prometer y prometo»:

Vengo, como candidato, a pedir su voto para la Unión de Centro Democrático. [...] Puedo prometer, y prometo, que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas. Puedo prometer, y prometo, intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Puedo prometer, y prometo [...], dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años. Puedo prometer, y prometo, que los hombres de la Unión de Centro Democrático promoverán una reforma fiscal que garantice, de una vez por todas, que pague más quien más tiene. Puedo prometer, y prometo, un marco legal para institucionalizar cada región según sus propias características. Puedo prometer, y prometo, que trabajaremos con honestidad, con limpieza y de tal forma que todos ustedes puedan controlar las acciones de gobierno. Puedo, en fin, prometer y prometo, que el logro de una España para todos no se pondrá en peligro por las ambiciones de algunos y los privilegios de unos cuantos...

Los aplausos y las ovaciones se oyeron en el Gurugú y, muy probablemente, también en Málaga, que está a cien kilómetros de distancia en línea recta.

«LA FIESTA DE LA DEMOCRACIA»

Así llegó por fin el 15 de junio de 1977, día de las primeras elecciones libres desde hacía cuarenta y un años. La jornada electoral fue inolvidable. En un día tranquilo, soleado y con buena temperatura, de las 23.601.000 personas censadas con derecho a voto, 18.640.354 en total, el 78,83 %, acudieron a esta cita histórica con las urnas. El escrutinio general dio alguna que otra sorpresa. La UCD consiguió el 34,44 % de los votos y 165 escaños, por debajo de nuestras expectativas. El PSOE logró cifras sorprendentemente altas: el 29,2 % y 118 escaños. El PCE, con el 9,2 % y 20 escaños, se quedó muy lejos de lo que ellos esperaban. Lo mismo que Fraga y sus «siete magníficos», que solo cosecharon el 8,2 % y 16 escaños. El franquismo sociológico al que AP quiso dar cauce no era ni tan numeroso ni tan entusiasta como pudieron hacer pensar los abarrotados mítines que su líder, Fraga, había venido celebrando por todo el país. Para asombro de todos, la democracia cristiana fue barrida parlamentariamente al obtener un triste 1,1 % y ningún escaño. Las fuerzas nacionalistas sí lograron, en cambio, un amplio apoyo en sus respectivas demarcaciones. El Pacte Democràtic per Catalunya, de Jordi Pujol, obtuvo el 2,7 % y once escaños. Y el PNV logró 8 diputados gracias a su 1,6 % de los votos. Ni la extrema izquierda ni la extrema derecha obtuvieron representación parlamentaria. Pero sí se repartieron otros trece escaños pequeños grupos de diverso signo. Para darse una idea de la nueva realidad reflejada en las urnas, bastará con tener en cuenta que quienes apenas hacía un año eran los «demócratas radicales» del régimen (AP) pasaron a ser ahora, por así decir, la extrema derecha parlamentaria. Definitivamente, España era —y es— un país de centro.

A pesar de esos 165 escaños, mis compañeros me dijeron que era un resultado decepcionante. A mí, en aquel momento, me pareció un resultado espectacular. Era la primera vez que me iba a sentar en un escaño de diputado y me parecía una cosa absolutamente emocionante. En Melilla gané claramente con el 56,2 % de los votos. Para la historia quede que ganamos en veintisiete de las veintiocho mesas.

Pese a estos resultados, en aquella primera legislatura se produjo una falta de entendimiento entre el comandante general de Melilla, José María Bourgón López-Doriga, y yo, referido al papel que cada uno debía jugar, porque allí él hacía también las veces de delegado del Gobierno y era obvio que los militares tenían una visión distinta del funcionamiento de la democracia. Inevitablemente, tuve un enganchón muy fuerte con él y le tuve que explicar que las cosas habían cambiado, que estábamos en un régimen democrático, que la única persona elegida era yo y que la conexión entre el diputado y el delegado del Gobierno había de ser muy estrecha, y más al ser, como era el caso, diputado único. Más o menos le vine a decir que allí mandaba yo. Él no lo entendía así y quería interferir en decisiones que eran estrictamente políticas. Por ejemplo, hubo un incidente muy serio al ponerse los camioneros en huelga y bloquear el ferri con sus vehículos. El general decidió entrar en el puerto manu militari. Al enterarse, los huelguistas amenazaron con tirar al mar las llaves de sus camiones. Todo se lio y tuve que ir yo a mediar en el conflicto con paños calientes.

Surgió luego otro litigio porque una zona de la ciudad, La Hípica, albergaba un club para militares en cuyos terrenos había una playa que estos tenían cerrada y a la que no dejaban pasar a la población civil. Les dije que eso no podía continuar, pues la playa era de dominio público y no se podía prohibir el paso a los ciudadanos. Como el comandante no se avenía a razones, hablé con el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa. El Ministro optó por nombrar un subdelegado del Gobierno en quien delegó las funciones civiles.

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO COMUNITARIO

Mi segundo gran compromiso personal en la legislatura constituyente 1977-1979 fue la Dirección General de Desarrollo Comunitario, que me encomendó, por sorpresa, el ministro Pío Cabanillas. Días después de las elecciones, tras una reunión de los parlamentarios electos del PP, Pío y yo salimos a pasear. «¿Tú te vendrías con nosotros?», me espetó enseguida. «¿Quiénes son “nosotros” y adónde?», repuse. «Nosotros —contestó— somos Gabriel Cañadas, Fernando Castedo, Fernando Arias-Salgado, Rafael Ansón, Pepe Terceiro y Manolo Fraile.» «Suena bien, pero ¿adónde vamos?», le pregunté. «Vamos al Ministerio de Relaciones con las Cortes, y tú —añadió— te ocuparías de los aspectos económicos, presupuestarios y tributarios de la nueva Constitución.» «Bueno —le contesté sin pensármelo—, tú sabes que yo me he dedicado a esos temas toda mi vida, que soy técnico fiscal y que me he formado en Harvard. Creo que lo haría muy bien y estaría encantado.»

Pero fueron pasando los días y el Gobierno no terminaba de salir. Por fin, el 26 de agosto, me llamó Pío y me dijo: «Vente a Madrid que mañana tomas posesión». Cuando llegué al aeropuerto de Málaga, vi en el telediario que me acababan de nombrar director general de Desarrollo Comunitario del Ministerio de Cultura. No podía salir de mi asombro y hasta de mi enojo. Cogí el teléfono y llamé a Pío: «Eso no es lo que habíamos hablado y eso no quiero ser». «¿Cómo que no quieres ser?», preguntó. «Que no, no quiero ser eso —repliqué—. Y, además, ¿tú qué pintas en Cultura?» «Es que los barones no han querido que me hiciera cargo del Ministerio de Relaciones con las Cortes. No han querido que tuviera tanto poder. Y, como me ven bajito, me han vuelto a mandar a Información y Turismo, que ahora se llama Cultura», fue su explicación. «Mira, Pío, eso lo puedo entender —afirmé—. Lo que no puedo entender es que me hagas director general de Desarrollo Comunitario, cuando ni siquiera sé lo que significa “desarrollo comunitario”.» «Para eso te he nombrado director general —me respondió muy serio—. Para que te enteres.» «No me jodas, Pío», repliqué. «No te jodo, pero ya está en el Boletín», concluyó.

Total, que me trasladé a Madrid y allí me enteré —¡vaya si me enteré!— de que dicha Dirección General tendría que gestionar la herencia del Movimiento Nacional, una Administración paralela sujeta a reglas propias absolutamente diferentes a las que regían en la del Estado. El Movimiento tenía funcionarios propios, letrados propios, interventores propios y se regía por normas de procedimiento y contratación extraordinariamente singulares. Para mí, inspector técnico fiscal del Estado, fue como aterrizar en otra galaxia.

Me ayudaron mucho mis compañeros del Ministerio, especialmente el Ministro, pero al final, cuando tienes que tirar el penalti, te encuentras solo. Llamé a Gabriel Cisneros, persona entrañable y buen conocedor de las entretelas del Movimiento, quien me dijo: «Hay un chico que ha trabajado conmigo, Manolo Correa, que bien puede ser tu jefe de gabinete». Me aconsejó también que conservase a María Luisa Jordana, una excelente funcionaria de la que guardo el mejor recuerdo. De gran ayuda fueron también César Vacchiano, al que ya me he referido antes; Margarita España, que se encargó de la Subdirección General de la Familia; y Tomás Calvo Buezas, catedrático de Sociología y Antropología y fundador del Centro de Estudios sobre Migración y Racismo, que «engrasó» el diálogo con el colectivo gitano, cuya desconfianza hacia la Administración se remontaba a los Reyes Católicos.

Manolo Correa me ayudó en aquellos primeros pasos a descifrar el universo mental de las personas que trabajaban conmigo, leales al antiguo régimen y poco entusiastas del proceso de reformas que el Gobierno estaba llevando a cabo. Para muestra, un botón. El primer día que llegué a la Dirección General, le pedí a Correa que me acompañase: «Vamos a pasar despacho por despacho para ir saludando a la gente». En la pared de todos ellos colgaban sendos retratos de Franco y José Antonio Primo de Rivera. Dicté una circular en la que decía que el único retrato que podía haber en las paredes de los despachos oficiales era el de Su Majestad el Rey. Al día siguiente, cuando iniciamos una nueva ronda, ya no había retratos en las paredes, pero en casi todas las mesas había unas fotos pequeñas de Franco y José Antonio. Sin mover un músculo, les dije que encima de cada mesa cada uno —mejor dicho, cada una— podía tener las fotos de su marido, su novio o de quien quisiera, pero no en las paredes.

Si difícil era el clima interno, más lo era el externo. Por un lado, los movimientos de izquierda me hicieron la vida muy difícil en cuestiones relativas al desarrollo comunitario y la condición femenina. Los de derecha me la hicieron en los temas relativos a la familia y, en general, a las reformas en marcha. Valga para dar una idea del ambiente una pequeña anécdota. En una ocasión, vino una joven redactora de El Alcázar a hacerme una entrevista. El antiguo despacho de Pilar Primo de Rivera estaba exactamente como ella lo había dejado: a un lado, una bandera nacional, y al otro, una Virgen del Pilar. En mitad de la entrevista, me llamaron del departamento de prensa del Ministerio y me preguntaron si había visto El Alcázar del día. «Pues no —les dije—, pero ahora mismo tengo delante a una reportera de ese periódico que me está haciendo una entrevista.» «Pues pide un ejemplar y gana un poco de tiempo, para que puedas leerlo», me avisaron. Pedí El Alcázar e invité a un café a la chica para dar tiempo a que me lo trajeran. Cuando me llegó, leí que yo había ordenado suprimir los símbolos nacionales y religiosos de mi Dirección General. Acto seguido, le pregunté a la periodista: «Eso que está detrás de mi mesa, ¿qué es?». «La bandera nacional», me contestó un poco asombrada. «¿Y eso de enfrente?», añadí. Ella respondió: «La Virgen del Pilar». «Pues ahora mira lo que dice tu periódico de mí», le dije mientras le pasaba el ejemplar. Como es lógico, la periodista se quedó cortada y solo acertó a decirme: «Yo no tengo nada que ver con eso».

En cuanto al trabajo en sí, el BOE decía que mi Dirección General tenía como objeto «desarrollar la acción administrativa en orden a la protección de la familia, la promoción familiar y el desarrollo comunitario», y que estaba dividida en tres subdirecciones generales: el Instituto Nacional del Bienestar, la de Condición Femenina y la de Familia. Cada una de ellas me dio problemas específicos, pero hubo primero otros comunes a los que tuve que enfrentarme.

Lo peor llegó cuando me eché al coleto los libros de cuentas. Los ingresos procedían de fuentes más que diversas: recursos patrimoniales, ingresos por actividades realizadas (colegios mayores y menores, campamentos de verano, artesanía...) y transferencias de otros departamentos. Muerto el Movimiento, todos querían suspender el patronazgo. Recuerdo que entró un día en mi despacho Mónica Plaza, persona extraordinaria, y, al verme angustiado, me dijo: «¿Qué te pasa, Director?». «Pues que no tenemos dinero», contesté. «No te agobies, yo sí tengo dinero —añadió—, y muchos otros dirigentes también.» «¿Cómo que tenéis dinero? ¿Y dónde está?», pregunté. «En cuentas corrientes a nuestro nombre en las que se ingresa lo que se percibe por las actividades que realizamos», me «aclaró» con la mayor naturalidad.

De la estupefacción pasé al terror, porque no hacía falta haber estudiado en Harvard para saber que era una situación irregular que podía tener gravísimas consecuencias. Al Ministro le dije: «O arreglamos esto o acabamos todos en la cárcel». Dos reacciones de urgencia. La primera, «mutar» el Instituto Nacional del Bienestar en un organismo autónomo habilitado para cobrar precios públicos. La segunda, traspasar el dinero de las cuentas particulares a las oficiales. Me apresuro a decir que todas las personas que trabajaban conmigo eran extraordinariamente honradas y más que celosas en la administración de los caudales que tenían confiados, pero ciertamente la situación era insostenible.

Si difícil era la situación material, más aún lo fue ganarme la confianza de mis colaboradoras. Me reuní con ellas en varias ocasiones para transmitirles que mi amor a España era tan intenso como el suyo, aunque la España en la que yo soñaba no era la misma que ellas defendían. No sé si las convencí, pero estoy convencido de que creyeron en mi buena fe y empezamos a trabajar codo con codo razonablemente bien.

La primera subdirección general era el Instituto Nacional de Bienestar, que se ocupaba de los centros sociales creados para favorecer la convivencia en los barrios depauperados de las grandes ciudades. Allí eran muy fuertes las asociaciones de vecinos, controladas en su mayor parte por el PCE. Cada dos por tres, decidían ocupar un centro y encomendar su gestión a las personas que ellos elegían, poniendo en la calle a las anteriores. La cosa empezó a ser grave y un día le dije a Pío: «Ministro, o ponemos remedio a esto o perdemos hasta el castillo de la Mota». Para que se vea que no exagero, recordaré aquel día que llegué a mi despacho y lo encontré ocupado por tres chicas de la Sección Femenina con maletas, dos jaulas de canarios y el resto de bártulos. Pregunté qué era aquello y ellas me lo contaron: «Han llegado los representantes de la asociación de vecinos y nos han echado porque, según ellos, “estos pisos no son para fascistas”. La Joven Guardia Roja nos ha dado media hora para desalojar y aquí estamos». Pedí que me pasaran con el gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón. Le conté lo sucedido y él me preguntó: «¿Y qué quieres que yo haga?». «Pues que ordenes que la policía los desaloje», fue mi respuesta. «Yo, por unas chicas de la Sección Femenina, no tengo un conflicto de orden público», añadió. «¿Cómo dices?», repuse. Me lo repitió y yo le repliqué: «Mira, Gobernador, o restableces la legalidad o te meto una querella por prevaricación», y colgué el teléfono. A los cinco minutos, me convocó el Ministro a su despacho. Bajé y me dijo: «¿Tú le has dicho eso a Rosón?». «Claro», respondí. «¿Sabes quién es Rosón?», me interpeló. «Pues no», dije. «Es íntimo amigo de Suárez... Bueno —concluyó el Ministro—, no te preocupes, yo te lo arreglo.»

Así las cosas, tuve que discutir y negociar mucho con las asociaciones de vecinos. Mi propuesta fue muy clara: «Yo no puedo renunciar a dirigir los centros, pero sí estoy dispuesto a acordar con vosotros un modus vivendi». Y así lo hicimos. Nos inspiramos en la organización de los centros sociales franceses y aquello —más o menos— funcionó.

La Subdirección General de la Condición Femenina planteaba problemas aún más difíciles, pues cambiar la imagen de la mujer no era tarea sencilla cuando todo el personal procedía de la Sección Femenina. La situación de las mujeres era muy distinta a la actual. Baste recordar que, hasta 1975, la mujer casada necesitaba un permiso de su marido para solicitar un pasaporte, comprar un coche o abrir una cuenta corriente. Cuando llegué yo, eso ya había cambiado, pero no del todo. Un ejemplo: el adulterio de la mujer era siempre delictivo, mientras que el del hombre únicamente cuando causase escándalo público. Además, las españolas todavía estaban obligadas a prestar un servicio social que les dificultaba el acceso a un mercado de trabajo que ya de por sí les ponía bastantes trabas. Cuando me fui de la dirección en 1979, todo eso había cambiado. Contribuyó enormemente a este cambio un equipo asesor en el que estaban María Salas, Rosa Posada, Mabel Pérez Serrano, María Corral, Suzel Bannel, Anna Úbeda..., una representación muy plural en la que solo faltaba el PSOE, cuya responsable, Carlota Bustelo, había decidido poner palos en las ruedas. La primera subdirectora general de la Condición Femenina fue Pilar de Yzaguirre, hasta entonces presidenta de la Asociación para la Promoción y Evolución Cultural, próxima a la izquierda.

Por cierto, en su momento traté de nombrar para este puesto a una prometedora joven llamada Esperanza Aguirre, que rechazó mi ofrecimiento con este discutible argumento: «No puedo colaborar con vosotros porque yo soy de derecha y vosotros de centro». «Pero, Esperanza —le dije—, ¿todavía no te has enterado que ahora la derecha se llama centro? ¿O es que crees que Pío, Cañadas o yo mismo somos trotskistas?» Lo sentí enormemente porque Esperanza, como se demostró después, es un animal político de primera división. Hoy, después de pasados muchos años, no le gusta que le recuerde aquella anécdota, por lo que yo no pierdo ocasión de hacerlo.

Muy pronto comprendí que los cambios en Condición Femenina no serían posibles sin cambiar antes la percepción social sobre el papel de la mujer. Con este objetivo, lancé una campaña divulgativa en varios frentes —libros, premios, cursos...—, que incluyó una serie de once anuncios que emitimos en TVE, aunque finalmente tuvimos que retirar dos de ellos. El primero de estos anuncios conflictivos hacía referencia a las madres solteras. Comenzaba con la pantalla en negro. Al iluminarse la escena, aparecía en un decorado vacío un adolescente de unos catorce o quince años que, visiblemente nervioso, leía un texto que llevaba en la mano:

Yo nunca podré decir «papá» porque mi madre es soltera. Mi madre tenía que salir por televisión para decirles que ella ha tenido que hacer de padre y de madre, pero no ha querido porque le ha dado vergüenza. Muchas personas le han hecho sentir vergüenza de algo tan bonito como tener un hijo. Le han hecho sentir vergüenza de ser madre. Yo he querido salir por televisión para decir esto cara a cara y expresar la admiración de los hombres y mujeres que están detrás de la cámara a todas las madres que, a pesar de las discriminaciones, a pesar de la falta de apoyo social, a pesar de la falta de comprensión de familiares y amigos, han conseguido que sus hijos sean hombres.

El spot estaba pensado para cerrar la campaña publicitaria, pero el responsable de emitirlo —un nostálgico del antiguo régimen— decidió emitirlo el primero de la serie y, para más inri, en el descanso de La Regenta, por entonces uno de los programas con mayor audiencia. El escándalo fue mayúsculo.

El otro anuncio conflictivo era relativo a la publicidad sexista. Empezaba con un plano medio de un hombre que sostenía un pequeño envase redondo en sus manos y decía, mirando a cámara y tocándose suavemente la mejilla: «Desde que uso esta nueva crema, mi cutis se mantiene suave, terso, como de porcelana. Úsela usted también». La cámara cambiaba a un plano fijo de dos hombres frente a una tabla de planchar, y una voz en off decía: «Estamos viendo a dos hombres en la situación en que otros anuncios ponen a las mujeres». La imagen se animaba y uno de los hombres le mostraba a otro una blusa blanca y le decía con rostro apesadumbrado: «Pero ¿cómo lo haces? A mí las blusas de mi mujer no me quedan tan blancas». Inmediatamente después se veía a un hombre y una mujer. Ella, sentada a la mesa con cara de pocos amigos. Él, de pie, con delantal y sosteniendo en sus manos una sopera, se dirigía a ella, coqueto y complaciente, y se producía el siguiente dialogo:

ÉL: Cariño, adivina qué te ha hecho tu hombrecito.

ELLA (con gesto hostil): Sopa.

ÉL (llenando su plato con un cazo de algo líquido): Sí, pero con el sabor especial que le da una pastilla de caldo Quíntuple.

ELLA (asombrada): ¿Caldo Quíntuple?

ÉL (acercándose a ella): Sí, porque te quiero.

Entonces se volvía a oír una voz en off que decía: «Ridículos los señores, ¿verdad? Pues igual de ridículas quedan las señoras en las mismas situaciones. ¿No es ya momento de cambiar la imagen de la mujer?». El anuncio se cerraba con una escena a cámara lenta de un hombre y una mujer que corrían uno hacia el otro por una playa desierta. Cuando al fin se encontraban, la mujer levantaba al hombre en volandas. La imagen se detenía y aparecía el lema de la campaña: «VALORAR A LA MUJER ES INICIAR EL FUTURO».

Al día siguiente de la emisión del anuncio, nada más llegar al despacho, me dijeron que me quería ver el Presidente del Gobierno. Bajé a ver al Ministro para decírselo, pero Pío no estaba. Así que, como no podía esperar más, me fui directo a la Moncloa. Suárez me recibió inmediatamente y me dijo, como siempre muy amable, que la campaña estaba muy bien, pero que había recibido multitud de llamadas de personas escandalizadas: «Los de las agencias de publicidad están que fuman en pipa porque os hayáis pitorreado de las cosas que hacen. Las mujeres de los ministros no han parado de llamar para quejarse del anuncio de la madre soltera». Intenté capear el temporal con humor: «Me parece, Presidente, que sigues aferrado a la definición del matrimonio que me enseñó mi catedrático de Canónico en Deusto: “Hay tres clases de matrimonio, por lo canónico, por lo sivil y por lo serdo”». No le hizo demasiada gracia y tuve que recurrir a un argumento más serio: «Pero, vamos a ver, Presidente, ¿nosotros somos partidarios del aborto o no? Entonces, si una mujer se queda embarazada, pues...». «Todo eso está muy bien, yo lo entiendo y estoy contigo, pero hay que...», apuntó Suárez. «Vamos, que quieres que los quite —dije yo—. Pues los quitamos. Pero he de decirte una cosa, a esos dos que quieres quitar, anteayer les han dado el León de Oro en Cannes.» Como es natural, los anuncios fueron retirados.

Más complicado todavía fue organizar el gran Congreso sobre la Mujer en España que me encargó el Ministro. El congreso se celebró, del 14 al 16 de septiembre de 1978, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid, con el título «Primeras Jornadas de la Condición Femenina». Nada más recibir el encargo, me reuní con el equipo y decidimos organizarlo en diversas mesas de debate denominadas «Mujer y...». La que más conflictiva resultó finalmente fue «Mujer y feminismo». El día en que se inauguró el encuentro, me recibieron con vítores a la Sección Femenina y a Franco. Pero más difícil aún fue la clausura. Las asociaciones feministas me exigieron sentarse conmigo en la rueda de prensa, so pena de despelotarse en el vestíbulo del recinto. Llegamos a un acuerdo: yo daría la mía y ellas darían otras por su cuenta, con la misma cobertura informativa. Y todos vestidos.

En cuanto a la Subdirección de la Familia, mis amenazas venían más por la amura de estribor que por la de babor. Emprendimos algunos proyectos muy interesantes. Por ejemplo, introduje una idea original para dar utilidad a nuestros locales por todo el país. Lo llamamos «Universidad de la Tercera Edad», denominación que, por cierto, me causó un tropiezo con el ministro de Educación, Íñigo Cavero, que me dijo: «Aquí va a acabar teniendo universidad todo el mundo». Finalmente, lo tuvimos que llamar «Aulas de la Tercera Edad», y la verdad es que funcionó muy bien: se daban conferencias, debates, clases de muchas cosas —baile, yoga y gastronomía incluidos— y se organizaban viajes. En síntesis, se buscaba crear un entorno cordial y dinámico para personas mayores.

En el otro extremo del espectro de edad, se me ocurrió hacer una cosa que se llamó el «Estatuto del Menor», un texto legislativo muy desarrollado de casi doscientos artículos, referente a temas como la custodia, la patria potestad, etcétera, todo ello desde una óptica muy proteccionista. Nada más presentarlo, sonó el teléfono y me avisaron de que el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, quería hablar conmigo. Más o menos, vino a decirme: «Bueno, habéis presentado un Estatuto del Menor. ¿Tú sabes que eso es competencia del ministro de Justicia, ¿no?». «Lo sé —reconocí—, pero me lo encargó mi ministro y yo lo he hecho.» «Bueno, yo te rogaría que no volvieseis a entrar en predio ajeno», añadió. Inmediatamente, bajé a ver al Ministro y le conté lo que me había dicho su colega. Me escuchó y luego me dijo simplemente: «Si te vuelve a llamar, le preguntas que si cree que todos los niños son suyos».

Muchas anécdotas —interesantes algunas de ellas— reveladoras de las dificultades con las que nos encontramos los que en aquellos días tuvimos que cambiar un régimen por otro sin lesionar a nadie y sin abrir viejas heridas. Dicho queda para los que ahora se empeñan en decir que la Transición fue coser y cantar.

4

ESPLENDOR EN LA HIERBA DE UCD

Guardemos cólera, dolor y lágrimas, llenemos el vacío desolado, y que la hoguera en la noche recuerde la luz de las estrellas fallecidas.

PABLO NERUDA

LOS AÑOS DEL CONSENSO

Adolfo Suárez había hecho mucho en muy poco tiempo. Pero lo que no supo hacer fue un partido político. Inmediatamente después de las elecciones de junio de 1977, conminó a los líderes de las formaciones coaligadas a integrarse en un solo partido. Conocedor de la resistencia que podían oponer los barones, presentó sus planes antes de formar gobierno, planteando tácitamente un do ut des: fusión a cambio de carteras ministeriales.

Inmediatamente, Fernando Abril y José Luis Álvarez empezaron a redactar los estatutos provisionales del partido, aunque tenían concepciones muy divergentes de la naturaleza y el papel que debía desempeñar UCD. Para Abril, tenía que limitarse a apoyar la gestión gubernamental, manteniéndose en letargo en los periodos no electorales. Para Álvarez, en cambio, debía ser un partido en el pleno sentido de la palabra, dotado de una sólida estructura que le permitiera llevar a cabo una actividad independiente del Gobierno, sin estar condenado al letargo y la aceptación tácita. Al final se impuso la tesis de Abril y Álvarez dejó su sitio a Salvador Sánchez-Terán, más próximo a aquel y, por tanto, a Suárez. Los estatutos se presentaron finalmente el 4 de agosto. En los meses siguientes, los partidos coaligados se fueron disolviendo a cuentagotas.

Entre el 19 y el 21 de octubre de 1978 se celebró el primer congreso de UCD. Las nubes de la primera tormenta aparecieron con el mismo discurso de bienvenida a cargo del alcalde de Madrid, José Luis Álvarez, que realzó las posiciones de los democristianos y logró una gran ovación de la mayoría de los compromisarios al criticar a los pujantes socialdemócratas. El campo de batalla del congreso fue la definición ideológica de UCD, si bien esta polémica quedó inmediatamente desdibujada por otra cuestión que se convertiría en una constante en las crisis centristas: la lucha interna por el poder, concretada ahora en las aspiraciones a los cargos del partido, que darían ventajas de cara a las próximas elecciones, fueran estas cuando fuesen. Pese a todo, la resolución ideológica del congreso, elaborada por el liberal Antonio Fontán, el democristiano Óscar Alzaga y el socialdemócrata Luis Gámir, logró una brillante y difícil síntesis de las corrientes ideológicas de las familias centristas, señalando sus principales bases ideológicas: el personalismo, la democracia, la libertad, el humanismo y la igualdad. Coherente con estos valores, UCD se configuró como un partido «democrático, reformista, progresista, interclasista, integrador, defensor de la seguridad, la eficacia social y la calidad de vida, europeísta e internacionalmente solidario».

Durante el congreso, Suárez fue elegido presidente del partido casi por unanimidad, con 17 votos en blanco y 27 nulos. Para el cargo de primer secretario general se votó a Rafael Arias-Salgado, y en el comité ejecutivo predominaron los hombres del «suarismo». Con todo, prevaleció finalmente una imagen unitaria en detrimento de la democracia interna del partido.

Como ya he contado, Suárez se había comprometido a elaborar una Constitución con todos los grupos parlamentarios, pero era perfectamente consciente de que no se podría abrir ese proceso constituyente sin antes haber pacificado la calle. España estaba siendo sacudida por una crisis —tan profunda como la que se había llevado por delante la República española en 1931— que el régimen anterior no se había atrevido a atajar. Y Suárez sabía que solo sería posible salir de ella mediante un acuerdo nacional que permitiese repartir los costes con equidad y emprender las reformas dejadas en el cajón durante muchos años.

Si la etapa anterior se había caracterizado por la capacidad de Suárez para «seducir» a los líderes de la oposición, esta nueva etapa preconstitucional se caracterizó por su capacidad para encontrar caminos y fórmulas de consenso con otras fuerzas que ahora negociaban desde una nueva posición, de poder a poder. Esta particular forma de acercamiento hizo célebre la palabra misma, consenso, y la dinámica de superación de obstáculos mediante el olvido momentáneo de las diferencias y el avance por el camino de las coincidencias.

Muchas veces he dicho que uno de los momentos más conmovedores de mi vida fue cuando Adolfo Suárez, que se había quitado la camisa azul, como quien dice, veinticuatro horas antes, se levantó para darle la mano a Dolores Ibárruri, la Pasionaria. Me pareció un momento verdaderamente histórico y muy emotivo.

CONSENSO ECONÓMICO: LOS PACTOS DE LA MONCLOA

No es mi propósito hacer un relato pormenorizado de lo que entonces pasó, pero sí me parece imprescindible hacer algunos apuntes sobre aquella crisis económica para entender el contexto en que se produjo el cambio de régimen. Dicho sea, para aquellos que ahora se empeñan en negar la transcendencia de la obra que entonces realizamos.

En aquel tiempo coincidían tres acontecimientos —la crisis del petróleo de 1973, la competencia de los países emergentes y los cambios demográficos— que habían alterado radicalmente el escenario económico de la posguerra y habían revolucionado las ideas económicas imperantes hasta entonces. Fue el final de «los gloriosos sesenta» que habían permitido a los países industrializados combinar crecimiento y compensación social y que ahora vivían el principio del fin de la socialdemocracia como ideología dominante. Un cambio de época en toda regla. La crisis fue tan severa que muchos comunistas creyeron que había llegado la hora final. Me lo profetizó a voz en grito el diputado comunista Fernando Pérez Royo en un aeropuerto: «Estamos ante el final del capitalismo». Cuando nos reencontramos tras la caída del Muro de Berlín, le devolví la pelota: «Fernando, explícame eso de la caída del capitalismo que profetizaste a finales de los ochenta. No lo entendí entonces, y a lo mejor lo entiendo ahora».

Pero volvamos a la historia. Como he mencionado antes, entre 1973 —mi vuelta de Estados Unidos— y principios de 1975 —mi cese en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda—, representé a España en uno de los grupos de trabajo de la OCDE, observatorio privilegiado para ver lo que pasaba por el mundo. Lo que pasaba era que la mayoría de los países se apresuraban a poner en marcha políticas de redistribución de los costes de la crisis y de renovación de las estructuras económicas que se habían quedado obsoletas. No fue ese el caso de España. Con Franco muriéndose, el Gobierno hizo lo contrario a lo que había que hacer: congeló el precio de los carburantes, subió los salarios y multiplicó sin tasa las subvenciones a las empresas para que pudiesen aguantar el sopapo. Cualquier cosa con tal de evitar una conflictividad social que las autoridades de entonces no se veían capaces de controlar. El resultado fue el que cabía esperar: el consumo del combustible subió, la balanza de pagos se desplomó y la inflación alcanzó cifras estratosféricas.

Al llegar los nuevos diputados tuvimos que poner en marcha un gran acuerdo nacional para salir de la crisis. Los Pactos de la Moncloa, en los que todos los partidos políticos y los agentes sociales aportaron su visión, incluyeron medidas de saneamiento económico y otras que nada tenían que ver con la economía, como el reconocimiento de derechos civiles, políticos y laborales —libertad de expresión, reunión y asociación—; reformas en educación, urbanismo, agricultura y energía; y, finalmente, algunos cambios institucionales importantes como la revisión del Código de Justicia Militar y de la Ley de Orden Público, la reorganización de los Cuerpos de Seguridad y la creación de la Policía Judicial.

Quiero recordar que cuando los pactos se trasladaron al BOE se produjo la primera de las fisuras que llevarían a UCD a su final. Uno de sus puntos centrales era una reforma tributaria que bebía, casi en exclusiva, de fuentes socialdemócratas: preferencia de impuestos indirectos a directos; idéntica tributación para rendimientos del trabajo personal y del ahorro; escala de tipos muy progresiva y asunción de que, además de la renta, la riqueza era una manifestación de capacidad diferente y, en consecuencia, debía estar sujeta a dos impuestos complementarios como eran el de patrimonio y el de sucesiones. Ordóñez encontró aquí la primera gran ocasión para erigirse en el líder del ala izquierda de UCD y llegó a amenazar con sacar adelante la reforma fiscal con los votos tanto de los diputados del partido que le siguieran como de los del PSOE que, al parecer, ya tenía comprometidos. A las otras familias centristas, democristianos y liberales, la cosa no les gustó un pelo.

CONSENSO POLÍTICO: AMNISTÍA Y OLVIDO

Los diputados constituyentes tuvimos que hacer frente a otro importante desafío antes de ponernos a redactar la Constitución: promulgar una ley de amnistía total que pusiera en libertad a todos los presos por delitos de motivación política, incluidos los de sangre. Y digo desafío porque los etarras no dejaban de matar. Cayeron demasiados, incluidos muchos compañeros nuestros, y UCD fue literalmente barrida del País Vasco. El proyecto de ley fue presentado conjuntamente —signo de los tiempos— por los grupos centrista, socialista, comunista, minorías vasca y catalana, mixto y socialistas de Cataluña, como fruto de la nueva política basada en la reconciliación nacional. Fue aprobado en el Congreso el 14 de octubre con solo dos votos en contra. En el Senado no hubo votos negativos y solo seis abstenciones.

Esta no fue la primera medida de gracia desde la instauración de la monarquía. Un primer indulto había sido concedido con motivo de la coronación del Rey en noviembre de 1975, pero no afectó a los reos de delitos de sangre. Una posterior Ley de Amnistía, algo más amplia, vino de la mano del primer gobierno de Suárez en julio de 1976, aunque tampoco satisfizo a la oposición. En relación con ella, Suárez confesó: «Los Gobiernos que se ofrecieron a hospedar a los presos amnistiados a condición de no dejarles volver a España, hicieron la vista gorda y a los quince días estaban todos otra vez aquí».

La amnistía era una medida sobre todo simbólica —de hecho, solo afectó a 89 presos— aceptada por todos los partidos políticos y por la gran mayoría de los familiares de las víctimas. Como dijo Mari Mar, la hermana de Miguel Ángel Blanco, el 22 de octubre de 2015 en Nueva York durante una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dedicado por primera vez en su historia a escuchar a quienes sufrieron directamente el terrorismo: «Las víctimas siempre estuvimos lejos de la revancha». Aquel fue un acto que tuve el honor de convocar y moderar cuando España accedió a la presidencia del Consejo de Seguridad. Dije entonces: «Durante muchos años, España luchó sola porque los terroristas de ETA eran considerados activistas por la libertad. Pero no eran soldados en una guerra; no eran héroes. Cuando más mataron, fue en democracia».

CONSENSO TERRITORIAL Y PROCESO AUTONÓMICO

La «cuestión regional» estuvo presente en todos los manifiestos preconstitucionales. Lo estuvo en el de Lausana (19 de marzo de 1945), que abogó por el «reconocimiento de la diversidad regional». Y también en la resolución final del IV Congreso del Movimiento Europeo (8 de julio de 1962), que habló del reconocimiento de la «personalidad de las distintas comunidades naturales». Lo estuvo, finalmente, en el documento de la Comisión de los Nueve (febrero de 1977), que proclamó urbi et orbi: «La justicia y la estabilidad democrática pasan por una solución adecuada al grave problema de la construcción de un Estado que asuma la pluralidad nacional y regional de España, que es una realidad histórica que las fuerzas democráticas se comprometen a mantener y defender».

Pero una cosa es hacer el diagnóstico y otra acertar con la terapia. Cada maestrillo tenía su librillo. En los albores de la Transición, se apostó por centrarse solo en las cuestiones vasca y catalana, aplazando ad calendas graecas el resto de las reivindicaciones. Esa era la idea original de Suárez. La llamada «Constitución de Gades» —por el restaurante madrileño de ese nombre, propiedad del bailarín Antonio Gades— proponía resolver primero el problema vasco, el catalán y, eventualmente, el gallego —las «nacionalidades históricas», es decir, las que habían plebiscitado un Estatuto en la Segunda República—, y, simultáneamente, proceder a una desconcentración administrativa (no política) en las demás regiones. Esa tesis la retomó Martín Villa, que añadió una idea original: para que nadie pudiera hablar de discriminación respecto a las comunidades históricas, las provincias que quisieran formar una comunidad autónoma podrían hacerlo transfiriendo hacia arriba las competencias que el Gobierno central les hubiese cedido.

Pero aquella idea empezó a hacer agua cuando las asambleas de parlamentarios se decantaron por el «café para todos». Y saltó por los aires cuando el PSOE encontró la fértil bandera verdiblanca de los omeyas convertida en enseña andaluza, a la que también se rindió Manuel Clavero Arévalo, ministro adjunto para las Regiones. Los canarios y los valencianos no quisieron ser menos y hubo que aprobar a toda prisa leyes orgánicas de transferencias para sus respectivas comunidades. Cuando se intentó encauzar el proceso —mediante el Informe García de Enterría y la LOAPA—, ya no tenía remedio.

Fuimos unos ingenuos. Llegamos a creer que la Constitución permitiría encauzar la cuestión regional, aunque ya entonces hubo quien —por ejemplo, Julián Marías— detectó dos errores importantes: el mimetismo y el narcisismo. El primer error —dijo Marías— fue creer que la dignidad de las regiones se mide por el grado de autonomía, lo que llevó a gastos innecesarios, rivalidades interregionales y creciente caciquismo de los grupos o individuos entregados a la demagogia autonomista. El segundo fue beatificar las comunidades autónomas, exentas por definición de cualquier culpa en la gestión de asuntos públicos, y atribuir todas las calamidades a «Madrid». El tercero —este no denunciado por el filósofo y ensayista— fue confiar en la buena fe de los nacionalistas, especialmente de los catalanes. En su libro Cuando pintábamos algo en Madrid (2016), el diputado Josep López de Lerma contó que, en pleno debate constitucional, el convergente Jaume Ciurana le dijo a Jordi Pujol: «¿Sabes qué? Yo distingo entre “táctica” y “estrategia”. Hay que tener clara la estrategia (el objetivo último) para no errar en la táctica. Y para mí no hay otro objetivo que la independencia de Cataluña. ¿Tú dónde te encuentras?». No hubo respuesta por parte de Pujol, pero aquel consejo no cayó en saco roto. En 1980 empezó simbólicamente un proceso de construcción nacional —«hacer país», decía el propio Pujol— que se sirvió fundamentalmente de los medios públicos y la enseñanza. Muchos no quisimos creer que pudiera haber estrategia ni deslealtad alguna a pesar de que ya lo había advertido Josep Tarradellas el 16 de abril de 1981 en una carta al director de La Vanguardia:

[...] están utilizando un truco muy conocido y muy desacreditado; es decir, el de convertirse en el perseguido, en la víctima, y así hemos podido leer en ciertas declaraciones que España nos persigue, que nos boicotea, que nos recorta el Estatuto, que nos desprecia, que se deja llevar por antipatías hacia nosotros, que les duele y se arrepienten del hecho de haber reconocido nuestros derechos.

Mimetismo, narcisismo e ingenuidad: tres errores capitales que debilitaron el Estado central y que, peor aún, han deteriorado enormemente la idea de España.

CONSENSO CONSTITUCIONAL Y CONCORDIA

Así llegamos a uno de esos momentos históricos en el que los españoles supimos estar a la altura. La Transición fue un éxito porque el enemigo se convirtió en adversario. Comprendiendo las razones de «los otros», aunque no se compartiesen, llegamos a una Carta Magna de todos y para todos: la «Constitución de la Concordia».

Su elaboración se planteó sobre tres premisas. La primera, que fuera elaborada por las Cortes y no por el Gobierno para que, de inicio, fuera de todos y para todos. Por desgracia, no se incluyó a la minoría vasca, lo que explica que el PNV se abstuviese en el posterior referéndum constitucional. La segunda, que sus trabajos debían ser secretos para no despertar reacciones contrarias antes de que estuviese ultimada. Por desgracia, no tardaron en filtrarse a la revista Cuadernos para el diálogo y se dispararon las alarmas. La tercera, que debía ser la ponencia quien llevase el liderazgo en todos los temas, incluido el acceso a las autonomías. El problema fue que, incluso antes de que la ponencia hubiese empezado su tarea, se constituyeron las asambleas de parlamentarios. Así, la cuestión territorial, la más delicada de abordar, se discutió, al mismo tiempo, en dos foros con planteamientos distintos. La ponencia era partidaria de abrir una vía de acceso rápida para las regiones históricas y otra más lenta para el resto. Las asambleas parlamentarias defendían que todas las comunidades autónomas debían ser iguales. «Tabla de quesos» versus «café para todos».

Tuvo la Constitución el acierto de resolver temas concretos prioritarios para todos como el desarrollo de las libertades y los derechos fundamentales, la inclusión de los principios rectores en materia de política económica, la separación de poderes o el establecimiento de un Tribunal Constitucional como árbitro único en materia de constitucionalidad. Acertó también cuando apostó por un sistema proporcional y no mayoritario —como prefería AP— porque, de lo contrario, los partidos de ámbito nacional hubieran tenido una representación mínima en las llamadas nacionalidades históricas. Un sistema proporcional corregido (ley D’Hont) para evitar la fragmentación parlamentaria y también para primar a las provincias pequeñas y compensar la hegemonía de la izquierda en las grandes ciudades. En el trasfondo estuvo siempre el miedo a cometer los errores que se llevaron por delante a la República.

La Constitución resolvió algunos de los problemas seculares que habían envenenado nuestra convivencia: el institucional, el agrario, el militar, el religioso y el social. En cambio, no pudo resolver satisfactoriamente, como veremos, la cuestión regional. Puestos a resaltar sus méritos diré que —y esto es muy importante para mí— nos abrió las puertas de Europa y nos permitió reingresar en la comunidad de naciones libres de la que habíamos sido excluidos durante demasiado tiempo. España dejó de ser diferente para volver a ser un país como los demás, con sus características, defectos y virtudes, pero alejado de los tópicos y con la decidida vocación de participar con los europeos en un proyecto común.

MI COMPROMISO CONSTITUCIONAL CON MELILLA

Aunque mi intervención en la elaboración de la Constitución fue menor, para mí tuvo una gran importancia. Como diputado por Melilla, mi máxima preocupación —casi mi obsesión— era conseguir dos cosas: su anclaje en la nueva ordenación territorial del Estado y su expresa mención en la Constitución. Dos cuestiones entrelazadas y, a su vez, de gran transcendencia para nuestra política exterior, en especial para nuestras relaciones con Marruecos.

Para entender lo que entonces pasó hay que empezar por recordar los primeros resultados electorales en Andalucía, porque el proceso preautonómico iba a ser pilotado por los parlamentarios —senadores y diputados— recién elegidos. En la Andalucía «peninsular» había ganado la izquierda: catorce parlamentarios socialistas, dos comunistas y dos independientes; los centristas solo sumábamos trece. Total: mayoría de izquierdas con dieciocho parlamentarios. Pero si Ceuta y Melilla eran consideradas ciudades andaluzas, las cosas cambiaban radicalmente. Los centristas habíamos conseguido los seis escaños en liza —dos diputados y cuatro senadores— que, sumados a los que se habían alcanzado en las ocho provincias andaluzas, nos daban la mayoría: diecinueve nosotros, dieciocho ellos.

Pero Andalucía era la patria chica de la nomenclatura socialista y no la iban a rendir así como así. Hay que recordar que Ceuta y Melilla no han gustado nunca a la izquierda española. No sé si porque seguían viendo nuestras ciudades africanas como un residuo colonial absolutamente demodé —gravísimo error—, porque les recordaban las guerras del Rif o la Guerra Civil o, simplemente, porque las veían como un nido de militares dispuestos a volver a cruzar el Estrecho para abortar el proceso constituyente. En definitiva, no «nos» —me considero un melillense más— tenían simpatía alguna.

En agosto de 1977, tuvo lugar la Asamblea de Parlamentarios Andaluces en Torremolinos, a la que asistimos los de Ceuta y Melilla. La reunión empezó con una votación para decidir si nosotros seguiríamos formando parte de esa asamblea. No participamos en ella y, como era de esperar, se decidió excluirnos. Por si había dudas, Alfonso Guerra me lo aclaró: «Si hubieseis sido socialistas, nadie os hubiese quitado la silla». Recuerdo a Rafael Ginel y Juan Ríos, los dos senadores melillenses, afligidos como magdalenas. Yo preferí pensar: «Esto ya está. Ahora lo que hay que hacer es otra cosa. El plan B».

Ese plan B pasaba porque yo me moviese para conseguir el encaje de Ceuta y Melilla en el proyecto constitucional. Redacté unas enmiendas que remití al Grupo Parlamentario y al propio Adolfo Suárez. Con ellas pretendía proclamar la indivisibilidad del territorio nacional y conseguir una mención expresa de ambas ciudades en el articulado, y no en disposiciones transitorias o adicionales, para que quedase grabado en piedra que el territorio indivisible español incluía a Ceuta y Melilla. Fue el propio Presidente el que me explicó, paseando por el Salón de los Pasos Perdidos, que el grupo no podía hacer suyas mis propuestas: «Bastantes líos tenemos con los nacionalistas al hablar de “unidad” como para meter además la “indivisibilidad”». Le aclaré que no pensaba ceder ni un milímetro y que iba a presentar unas «heterodoxas» enmiendas en solitario. Y así fue.

La historia de mi intervención en el proceso constituyente culminó con la defensa de la Disposición Transitoria Quinta del anteproyecto de la Constitución, que decía literalmente:

Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en comunidades autónomas si así lo deciden sus respectivos ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una Ley Orgánica, en los términos previstos en el artículo 144.

Este Plan B culminó en el Senado cuando la referencia a los diputados y senadores de Ceuta y Melilla pasó de las disposiciones transitorias a lo que son hoy los artículos 68 y 69 de la Constitución. Respiré tranquilo, porque una cosa es una disposición transitoria que, por su propio carácter, puede no ser permanente, y otra muy distinta un artículo, que tiene vocación de permanencia. Para ser honestos diré que me daba igual el punto en que se hiciese referencia a Ceuta y Melilla, lo que yo quería es que se las citase expresamente, aunque fuera para decir que las íbamos a pintar de verde. Lo que quería era que estuviesen siempre protegidas por el paraguas de la indivisibilidad. Eso se consiguió.

ESPAÑA BUSCA SU LUGAR EN EL MUNDO

A finales de los años setenta del siglo pasado, el mundo estaba dividido en tres espacios diferentes y claramente diferenciados: el «Occidente», el «paraíso comunista» y un «tercer mundo» que, concluida la época colonial, llevaba algún tiempo buscando un lugar al sol. La frontera más nítida era la que separaba los países capitalistas, aliados de Estados Unidos, de los socialistas, capitaneados por la Unión Soviética. «Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste en el Adriático, ha caído sobre el continente un telón de acero», dijo Winston Churchill en 1946. Las dos grandes potencias se habían comprometido a respetar sus respectivos «espacios vitales» y a dirimir sus diferencias en los «espacios vacíos» mediante las que se llamaron «guerras proxy» o «guerras subsidiarias».

Coincidíamos todos —con la posible excepción de los comunistas— en que España debía continuar aliada con los países occidentales, pero en unas condiciones de igualdad que hasta entonces no habían sido reconocidas. Recuerdo una intervención de Gregorio Peces-Barba en el Congreso en la que, dirigiéndose a la bancada comunista, les espetó: «Ustedes no están ni a la derecha ni a la izquierda; están al Este».

Pero ¿cuál era el orden liberal internacional que habíamos decidido abrazar y compartir con los países occidentales? Cada uno de nosotros tendrá su propia definición de lo que este orden significa, de la misma manera que tendrá su alineación ideal de nuestra selección nacional. Pero estoy convencido de que, admitiendo los distintos matices, podríamos coincidir todos en que son tres los principios básicos que caracterizan este orden: un compromiso innegociable con la libertad y los derechos humanos, el respeto a las instituciones y las leyes internacionales, y la apuesta por una economía abierta. La cuestión no era, por tanto, dónde queríamos estar, sino cómo.

Como dije en mi primera comparecencia en el Congreso como ministro, «España fue durante muchos años una excepción en Europa. Si en el interior el Régimen presentaba rasgos específicos, en el exterior su anormalidad fue devastadora». Sería necesario esperar a la muerte de Franco para que España se reencontrara con la comunidad de naciones democráticas. Desde el primer momento, se intentó corregir esta excepcionalidad. Lo que queríamos en política exterior era lo mismo que queríamos en la interior: «Elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es plenamente normal», como dijo Suárez en la presentación de la Ley para la Reforma Política. Por eso, el 28 de julio de 1977, apenas constituido el primer Gobierno democrático español, Marcelino Oreja depositó en Bruselas nuestra solicitud de ingreso en las Comunidades. Aquella fue —junto con la que más tarde se tomaría sobre la OTAN— la decisión de mayor alcance emprendida durante este periodo en materia de relaciones exteriores.

En febrero de 1978, se nombró a Leopoldo Calvo-Sotelo ministro sin cartera para la negociación con la CEE. Para quienes habían esperado que, una vez reformadas las circunstancias políticas, desaparecieran los obstáculos al ingreso, la decepción fue considerable porque se plantearon problemas económicos de inesperada gravedad. A estas alturas, España vendía la mitad de sus exportaciones y compraba la mitad de sus importaciones —excluido el petróleo— a los países del Mercado Común; por tanto, la integración era una cuestión vital. Sin embargo, la potencia económica española podía convertirla en una fuerte competencia para otros países, especialmente, Italia y Francia. Fue esta última la que causó mayores problemas, entre otras cosas porque Giscard d’Estaing hizo de la protección de sus agricultores contra los españoles uno de sus mayores compromisos electorales. Tampoco ayudó nada a suavizar las relaciones con Francia el hecho de que los etarras se moviesen por el País Vasco francés como Pedro por su casa. Hubo que esperar ocho años más para que España entrase, por fin, en el selecto club de Bruselas.

Por una vez, en cambio, se tuvo la sensación de que las relaciones españolas con Gran Bretaña iban a mejorar sustancialmente. En abril de 1980, tras una entrevista en Lisboa entre Marcelino Oreja y lord Carrington, secretario del Foreign Office, se llegó a un acuerdo por el que los británicos, por primera vez, aceptaban discutir todas las cuestiones relacionadas con Gibraltar y, por tanto, también la soberanía del Peñón. Sin embargo, la guerra de las Malvinas (1982) y la propia inestabilidad política española impidieron que el propósito llegara a fructificar. Tuvieron que transcurrir diez años más para que el monarca español hiciese, por fin, en 1986, su primera visita al Reino Unido, ante cuyo Parlamento lamentó la subsistencia de una «reliquia colonial» británica en suelo español.

La música de fondo cambió cuando Suárez cayó en la tentación «tercermundista» precisamente cuando el mundo estaba cambiando. En enero de 1979 fue derrocado el emperador de Irán y se instauró la República Islámica del ayatolá Ruhollah Jomeini. En agosto triunfó la revolución sandinista en Nicaragua. En diciembre fue tomada la embajada estadounidense en Teherán. Poco después, las tropas soviéticas invadieron Afganistán... Esta sucesión de reveses quebró la política de Jimmy Carter basada en la distensión y el entendimiento con la URSS y —acuciado por el nivel de popularidad más bajo de toda la historia— le hicieron cambiar su estrategia internacional por la confrontación contra la otra superpotencia y por el rearme.

En este contexto, chocó aún más la política exterior del Gobierno de España. Suárez había congelado la decisión de integrar al país en la OTAN, cuestión que no pudo ser consensuada con la izquierda y, a cambio, empezó a hacer movimientos autónomos en la escena internacional, acentuando la dimensión iberoamericana y africana de la política española. En septiembre de 1978, viajó a Cuba e invitó a Fidel Castro a visitar España. Era el primer presidente español en hacerlo. Un año después, el líder nacionalista palestino y presidente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yasir Arafat, fue recibido en Madrid con honores de jefe de Estado. España era el primer país europeo que daba ese paso. El Gobierno envió un observador a la Cumbre de Países No Alineados de La Habana, gesto diplomático insólito para una nación que mantenía pactos militares con Estados Unidos.

El rumbo en la política exterior española marchaba a contrapelo de las exigencias estadounidenses derivadas de la nueva situación mundial. Lo que deseaba Washington era una España segura, estable, integrada en la OTAN, decididamente alineada contra la URSS y, por supuesto, sin veleidades tercermundistas. Pero Suárez estaba cada vez en peores condiciones para hacer esa política, e incluso ofreció crecientes resistencias a llevarla a cabo. Las nuevas exigencias de Washington iban a contribuir decisivamente a desestabilizar la situación en España, proceso que se acentuó a medida que se hizo patente, a lo largo de 1980, que el próximo presidente norteamericano sería el ultraconservador Ronald Reagan. ¿Explica este distanciamiento de Washington la frialdad con que la diplomacia estadounidense respondió al golpe de Estado de Tejero el 23 de febrero de 1981? No lo sé ni creo que lo sepa nadie, pero lo que sí sé es que de eso se habló, y mucho, por aquellos días.

En América Latina, España estuvo también muy activa estos años. Se superó la retórica un tanto hueca de la «hispanidad» con una política de constante presencia política, cultural y económica. En 1976, don Juan Carlos se convirtió en el primer rey de España que viajó a América. En aquella circunstancia, el presidente dominicano, Joaquín Balaguer, respondió a su discurso con un elocuente: «Majestad, os hemos estado esperando casi quinientos años». En 1977 se restablecieron las relaciones diplomáticas con México. En 1979, como ya he comentado, Suárez asistió a la Conferencia de Países No Alineados, presidida por Fidel Castro, lo que levantó ampollas entre los sectores más atlantistas de UCD.

Es curioso que todos los presidentes que he conocido —y ya van siete— hayan «descubierto» la política exterior en su segunda legislatura. Suárez lo hizo en 1979, a partir de su segunda investidura, y no paró de hablar del estrecho de Ormuz; tal insistencia sorprendió a uno de mis compañeros de bancada de aquel momento, quien me pasó una nota que decía: «Más nos valdría hablar más de Albacete y menos de Ormuz».

EL FIN DEL CONSENSO

Gracias a los grandes avances democráticos de la reforma encabezada por Adolfo Suárez y UCD, los españoles nos acostumbramos a vivir juntos, a leer prensa libre, a opinar libremente y a reclamar nuestros derechos ciudadanos, a la vez que se abría un fértil periodo de asociacionismo político que desembocaría en la consolidación de dos partidos nuevos, UCD y PSOE, no herederos de los bandos que lucharon en la Guerra Civil. Las formaciones que se empecinaron en no soltar amarras —AP, por un lado, y PCE, por el otro— se quedaron en los márgenes. Pero a ambos hay que reconocerles al menos un gran mérito: a AP, lograr que la derecha franquista aceptase la democracia, y al PCE, que los movimientos de extrema izquierda aceptasen la monarquía como forma del Estado.

Ese fue el gran diseño de la Transición, dominado por dos grandes partidos centrales que —tras la sustitución de UCD por el nuevo PP— se irían alternando en el poder, de tal forma que el desagüe de la piscina de uno alimentaba la del otro. El binomio se mantuvo estable hasta 2015, cuando sumaba trescientos de los trescientos cincuenta diputados en juego. En ese periodo, ambos estuvieron de acuerdo en la idea de «terceros, fuera». Como veremos a continuación, esa alianza tácita funcionó muy bien cuando se trató de abortar al Partido Reformista Democrático (PRD) de Miquel Roca, de acabar con el Centro Democrático y Social (CDS) de Suárez, o de yugular la Unión, Progreso y Democracia (UPyD) de Rosa Díez.

La verdad es que, una vez promulgada y refrendada la Constitución, el debate sobre las siguientes elecciones era superfluo, pues hacía tiempo que Suárez había decidido disolver las Cámaras y convocar nuevas elecciones el mismo día en que aquella se aprobara. El 29 de diciembre de 1978, el BOE publicó el texto de la Constitución y ese mismo día, a las diez de la noche, Suárez compareció una vez más en televisión y anunció que las elecciones legislativas tendrían lugar el 1 de marzo de 1979 y las municipales inmediatamente después, el 3 de abril. Aprovechó, además, para inaugurar su propia campaña electoral atribuyéndose sutilmente todo el mérito del consenso y sus frutos. Todas sus palabras trataban de pedir, sin nombrarla, la mayoría absoluta. No lo conseguiríamos.

Así, llegamos al final de aquel increíble y fructífero periodo, en el que Suárez —y con él, UCD—, surfeando la ola del éxito electoral, logró sacar adelante la gran reforma democrática del país. Tiempo era de que el Gobierno y el resto de la clase política española volvieran su mirada hacia la mala situación del país y afrontaran, de una vez por todas, los muchos problemas de toda índole que nos acechaban. Para ello, sería absolutamente necesario que los partidos llegasen a pactos entre ellos, pero desgraciadamente eso no sucedió. El consenso había acabado.

5

SUÁREZ, DE SOLUCIÓN A PROBLEMA

Pero le hemos hecho creer que la democracia iba a resolver todos los grandes males que pueden existir en España. Y no era cierto. La democracia es un sistema de convivencia. Y es el menos malo de los que existen.

ADOLFO SUÁREZ

LOS PRIMEROS ERRORES DE SUÁREZ

La decisión de Suárez de llamar a urnas no fue compartida por todos los dirigentes de UCD que, tras escrutar el hígado de las aves, parecían saber que no nos iban a resultar favorables. Pero él se empeñó en disolver, aduciendo que el objetivo de la primera legislatura había sido promulgar una nueva Constitución y que, por tanto, cumplido a satisfacción ese objetivo, que creía poder capitalizar electoralmente, lo obligado era iniciar de inmediato una nueva etapa de normalidad constitucional.

En la segunda quincena de febrero de 1979 se desarrolló, pues, esta nueva campaña electoral que, desprovista ya de buena parte del aire festivo que rodeó a la de 1977, transcurrió en un ambiente invernal de desencanto general. En el subconsciente de los socialistas había anidado la idea de que Suárez había contraído con ellos un compromiso implícito de no volver a concurrir a las segundas elecciones. Pero Suárez se presentó a bombo y platillo y los socialistas se sintieron estafados.

El cierre de campaña del candidato de UCD agravó el distanciamiento de los dos grandes partidos nacionales. Entonces aún no había debates televisados. Los líderes de las formaciones parlamentarias grababan vídeos que se emitían de mayor a menor, cerrando el presidente del Gobierno. Ante el auge del PSOE en los sondeos electorales y la creciente belicosidad de sus dirigentes, Suárez recurrió al viejo y alarmista eslogan del centroderecha: «¡Que vienen los rojos!». Apeló al voto del miedo con frases tan contundentes como: «El PSOE defiende el aborto libre y la desaparición de la enseñanza religiosa y propugna un camino que nos conduce hacia una economía colectivista y autogestionaria», que irritaron enormemente a los socialistas y encresparon aún más el ambiente.

En Melilla, UCD ganó de calle en las veintiocho mesas electorales. No obstante, un preocupante suceso estuvo a punto de complicar nuestra victoria. La flota pesquera melillense tenía la «curiosa» costumbre de hacer exactamente lo que le daba la gana: pescaba con artes prohibidas, se acercaba demasiado a la costa..., sabedora de que la patrullera marroquí con base en Nador no tenía motor suficiente para perseguirles. Pero hete aquí que los marroquíes cambiaron de patrullera y, estando un día en el despacho, me llegó la noticia de que habían apresado a un pesquero melillense en la misma bocana del puerto.

Inmediatamente se organizó una gran manifestación, acusando a los marroquíes de haber invadido aguas españolas. Llovía sobre mojado, ya que aún en tiempos de Franco habían construido un muelle, para ampliar el puerto de Nador, en aguas pretendidamente nuestras. Aclaro que Rabat nunca ha reconocido la soberanía española sobre estas aguas por la sencilla razón de que no reconoce nuestra soberanía sobre Ceuta y Melilla. O actuábamos con presteza o aquello nos podía costar las elecciones. A tal fin, fui urgentemente a Madrid, hablé con el gerente de la campaña de UCD y con el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa de España, a quienes les expliqué la situación y les dije que aquello lo teníamos que arreglar cuanto antes. Al gerente le hice saber que el barco se lo habían llevado a Alhucemas, feudo del cacique local conocido como Moro Caballo, del que se sabía que este tipo de cosas las solía solucionar con alguna compensación económica. Así que le pedí que lo hiciéramos a la máxima urgencia para solventar cuanto antes el conflicto y así se hizo.

Pero había que procurar, además, que eso no sentara un mal precedente. Era necesario conseguir que los pesqueros melillenses fuesen más disciplinados y no diesen ocasión a más apresamientos. Por eso le pedí a Gutiérrez Mellado que una patrullera española fijara su base en Melilla. Al volver, me reuní con los pescadores y les informé de que la patrullera iba a velar para que se cumplieran las leyes del mar. Lógicamente, aquello no les gustó —iban a estar mucho más controlados—, pero tuvieron que aceptarlo como si les pareciera bien. Pacté con ellos que pediría en su nombre que se retirara la patrullera y, a cambio, ellos saldrían en rueda de prensa alabando la rápida y eficaz gestión del partido del Gobierno. Así fue y, consecuentemente, ganamos las elecciones sin mayores contratiempos.

En toda España, UCD obtuvo 168 escaños, tres más que las anteriores elecciones, aunque sin alcanzar la tan anhelada mayoría absoluta. La legislatura se inició bajo un clima radicalmente diferente al consenso de la anterior. La dramática situación económica exigía medidas drásticas, pero Suárez sabía que, si optaba por ellas, con sus evidentes costes sociales, eso podría tener consecuencias imprevisibles. Ante el grave deterioro de las cifras de paro y los claros signos de estancamiento económico, la prensa empezó a acusarle de incapacidad, planteando la necesidad de un recambio en las filas de UCD, donde también surgieron divisiones y críticas internas. Para muchos, Suárez había dejado de ser la solución para convertirse, casi de la noche a la mañana, en el problema.

El inesperado —sobre todo por rápido— declive político de Suárez comenzó muy pronto, en su reinvestidura, cuando se empeñó en hacerla sin debate previo. El segundo error fue no implicarse más a fondo en las inmediatas elecciones municipales. Y el tercero, formar un Gobierno sin los barones de su partido, que comenzaron a campar por sus respetos en el Parlamento. Recuerdo que llamé a Pío Cabanillas para preguntarle por ello: «Pues, mira, nos ha echado y se ha equivocado. Adolfo es el mejor actor que he conocido, el que mejor puede declamar el papel de Hamlet, el problema vino cuando creyó que no era un actor sino el mismísimo Shakespeare». Además, inauguró una tradición que luego se ha venido repitiendo en nuestra democracia: el valido presidencial. Entonces fue Fernando Abril Martorell, a quien se empezó a conocer como «el Vicetodo».

EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

En las elecciones generales de marzo de 1979 creció mucho el voto nacionalista, que sumó veintisiete escaños en el Congreso, dando la primera advertencia seria al Gobierno de que la cuestión autonómica iba a situarse en el centro del debate político nacional.

La negociación del Estatuto vasco comenzó muy pronto y se afrontó por vía bilateral, con conversaciones al máximo nivel entre Adolfo Suárez y Carlos Garaikoetxea, presidente de la comunidad autónoma vasca —y compañero mío de Deusto—, y luego en un segundo nivel entre otros representantes de UCD y PNV. Esa duplicidad generó algún desajuste. El borrador presentado por los negociadores vascos —que luego defendieron a cara de perro— era absolutamente maximalista y superaba al que se había aprobado en plena Guerra Civil.

En el terreno de la anécdota, Pérez-Llorca nos contó que, como todos se copiaban unos a otros, los vascos se presentaron en la mesa de negociación con un texto en que se atribuían la competencia absoluta en materia de lagos y pesca lacustre. Tal competencia tenía sentido en Cataluña por el lago de Bañolas, pero, al intentar aplicarla al caso vasco, uno de los negociadores de UCD les preguntó con evidente malicia: «¿Y qué, ¿cómo estáis en el País Vasco de lagos?». «No, no tenemos —le contestaron—, pero, por si acaso.»

Mucho más serio era el asunto de la educación. El negociador centrista, Alberto Oliart, había conseguido que los vascos aceptasen universidades y escuelas de lengua española. Tras una noche entera negociando, a eso de las siete de la mañana, cuando la delegación vasca ya había aceptado, se incorporó a la reunión el ministro de Educación, José Manuel Otero Novas, y, para sorpresa de todos, les dijo que ya lo habían pactado directamente Garaikoetxea y Suárez y que no habría ni universidad ni escuelas españolas.

Nada más cerrarse la negociación del Estatuto vasco en julio de 1979, empezó la del catalán. Los catalanes se negaron a reunirse en el Palacio de la Moncloa, así que el primer encuentro tuvo lugar en el Centro de Estudios Constitucionales, en el palacio Grimaldi de Madrid. Los catalanes han tenido siempre estos escrúpulos a reunirse «en campo contrario». Años después, siendo ministro, tuve una reunión con Artur Mas, Francesc Homs y Josep Antoni Duran i Lleida. Los cuatro mantuvimos una extensa reunión de dos horas y media relativa a la Ley de Acción Exterior. Al finalizar, Mas me dijo: «Si te parece, decimos que nos hemos saludado». «Bueno, president —le respondí—, la prensa lleva esperando fuera más de dos horas. Más que un saludo, esto va a parecer un vis a vis carcelario con Viagra.» Artur Mas se rio y ahí quedó la cosa.

Mientas pasaban estas cosas, se empezó a discutir el Estatuto gallego y afloró por primera vez la división entre autonomías ricas y autonomías pobres. Para entender el debate, quiero aclarar que en aquellos tiempos Fernández Ordóñez nos había convencido a todos —a mí incluido— de que, si conservábamos el control del dinero, el proceso autonómico no podría desbordarse. «El que paga manda» era el ritornello con el que cerraba siempre el debate. Según él, las autonomías deberían vivir casi exclusivamente de la participación de los ingresos recaudados por el Gobierno central.

Así las cosas, el debate sobre la financiación autonómica se reducía a definir los criterios de reparto de la tarta estatal. No cabía la menor duda de que la población debía ser el más relevante porque, al fin y al cabo, son las personas las destinatarias de los servicios públicos. Tampoco cabía duda de que habría que estimular a las autoridades autonómicas a llevar recursos para financiar los servicios a su cargo, pero sí se discutía, y mucho, cómo definir el esfuerzo fiscal.

El Estatuto catalán había optado por una solución bastante «original» al definir el esfuerzo fiscal como «la recaudación en su territorio del IRPF». Esta definición favorece a las comunidades autónomas más ricas, en las que la recaudación de este impuesto progresivo es más alta. Pío Cabanillas que, además de gallego era muy listo, me encargó «desactivar» la fórmula catalana. Y eso es lo que hice defendiendo que lo importante no es lo que efectivamente se paga, sino lo que realmente se puede pagar. Plasmé mis ideas en un artículo titulado «Los ingresos de las Comunidades Autónomas españolas», difundido en Hacienda Pública Española (1980) y que hizo bastante ruido. La revista, publicada precisamente por el Instituto de Estudios Fiscales, decía sobre él: «Se trata de una aportación lúcida, completa, sin ambages, a la altura de los tiempos actuales, esclarecedora, y con ella, responde el autor a su celebrada trayectoria intelectual».

Mi aportación dio munición a los redactores del Estatuto de Galicia cuando decidieron definir el esfuerzo fiscal como «el cociente entre la recaudación efectivamente obtenida y la potencialmente alcanzable, habida cuenta del nivel y distribución personal de la renta». Así, la Ley de Financiación de Comunidades Autónomas se halló en la necesidad de optar por una solución de compromiso entre dos definiciones irreconciliables.

Quiero aprovechar esta ocasión para decir que las cosas han ido variando desde entonces y que yo también he cambiado de opinión. Diré en mi defensa lo que decía Keynes: «Cuando las circunstancias cambian, yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace?». La participación en los ingresos encaja mal con el principio constitucional de autogobierno porque hace dependientes a las haciendas territoriales, y la dependencia es, por definición, la negación del autogobierno. Más grave aún: acaba con los mecanismos de control que impiden que los responsables territoriales gasten sin tino y eludan responsabilizarse de recaudar los recursos necesarios para financiarse. Volveré más tarde sobre este asunto. Quede aquí claro, de momento, que, en mi opinión, la única forma de salir de este entuerto se llama «corresponsabilidad fiscal».

ANDALUCÍA, UN PUNTO DE INFLEXIÓN

El debate sobre los Estatutos de las nacionalidades históricas (País Vasco, Cataluña y Galicia) nos abrió varias vías de agua debajo de la línea de flotación, pero lo que realmente nos hizo daño fue el debate sobre el Estatuto de Andalucía.

Como se deduce de lo hasta aquí dicho, el acuerdo implícito entre centristas y socialistas era que solo Cataluña, País Vasco y Galicia accederían a la autonomía por la vía rápida; los demás tendrían que esperar cinco años para llegar al techo máximo de competencias previsto en la Constitución. Pero Dios propone y Alfonso Guerra dispone. Los socialistas andaluces decidieron que ellos también querían autonomía por la vía rápida y convocaron un referéndum a tal efecto para el 28 de febrero de 1980.

La jugada nos cogió desprevenidos y decidimos hacer campaña con un spot que concluía: «Andaluz, no te dejes engañar: este no es tu referéndum». Aquello era ir contra corriente y supuso el dominio en Andalucía de la izquierda hasta hace poco: treinta y nueve años pagando aquel error. En el referéndum, el 97 % de los municipios andaluces dijeron que querían la vía rápida. Lo aprobaron todas las provincias salvo dos: Almería, donde el voto favorable fue del 42,07 %, y Jaén, con el 49,34 %. Como era absurdo que no hubiera autonomía andaluza porque la hubiese rechazado una minoría de ciudadanos, se buscó una solución a la medida y el Estatuto andaluz siguió su curso parlamentario hasta ser aprobado definitivamente en un nuevo referéndum el 20 de octubre de 1981.

Menos de un mes después del referéndum andaluz se celebraron las primeras elecciones autonómicas vascas y catalanas, donde se vería si el electorado premiaba o no nuestra capacidad de consenso. El resultado fue catastrófico y supuso un nuevo punto de inflexión en la caída de UCD. Suárez ordenó dejar que ese tanto se lo apuntasen los nacionalistas. Les dimos la oportunidad de ponerse esa medalla y, claro, ellos se la pusieron.

En las elecciones vascas perdimos otro florón de la corona. Se celebraron el 9 de marzo de 1980, inmediatamente después del sopapo andaluz. Había sesenta escaños en juego y salieron cuarenta y dos nacionalistas, nueve del PSOE, seis de UCD, dos de AP y uno del PCE. Las catalanas se celebraron el 20 de marzo y supusieron una nueva catástrofe, al tenernos que conformar con unos exiguos dieciocho escaños de los ciento treinta y cinco en juego. Ganó Jordi Pujol, que desde el primer momento apostó por una estrategia de suspicacia hacia España. Opino que el punto de partida necesario para comprender, aunque sea mínimamente, el fenómeno del nacionalismo catalán son estas palabras del propio Jordi Pujol en su libro Cataluña, España (1996): «Lo que el nacionalismo catalán discute no es lo que debe entenderse por Cataluña, sino lo que debe entenderse por España». Pujol se empecinó en subrayar el «hecho diferencial catalán» y en denunciar los agravios, reales o imaginarios, que sufría Cataluña. Estos resultados electorales hicieron un enorme daño a UCD y a Suárez. Se le había aceptado en UCD porque era un activo electoral. Cuando dejó de serlo, se empezó a cuestionar su figura.

LOS JÓVENES TURCOS

A comienzos del verano de 1980, nos significamos también un grupo numeroso de jóvenes diputados de UCD no adscritos a ninguna facción, que decidimos articular un movimiento crítico, pero en principio fiel a Suárez, que bautizamos como «Los Jóvenes Turcos». Nacimos para apoyarle y fuimos calificados por algunos de nuestros compañeros de partido y por la prensa hostil como la «guardia mora» del Presidente. Casi todas las vísperas de los plenos, cenábamos juntos y solíamos invitar a alguna personalidad relevante del partido —por ejemplo, un ministro— para conocer sus opiniones. Nuestra reivindicación era que hasta entonces UCD había estado dominada por un grupo de barones, mientras que en la bancada centrista vegetábamos varias decenas de jóvenes diputados que no participábamos en los órganos de gobierno ni, por cualquier otra vía, en decisión política alguna del partido. Literalmente, «no conocíamos barón», pues no respondíamos a las baronías establecidas y, en realidad, lo que queríamos era un partido cohesionado sin tal corsé. Esa era la tesis de partida.

Tomé la iniciativa y los convoqué a una primera reunión, en la que les dije: «Vamos a poner en marcha un movimiento que intente cambiar este estado de cosas. Vamos a hacer un partido en que no se reparta todo por cuotas». En realidad, lo que queríamos era hacer de UCD un partido más abierto y cercano a sus bases.

Más allá de su referencia histórica obvia del grupo de oficiales turcos que, al mando de Mustafá Kemal Atatürk, expulsó del poder y del país al sultán Abul Hamid II y situó en el poder al hermano de este, Mehmet V, nosotros nos identificábamos en general con otras alas jóvenes de partidos que intentaban imponer sus anhelos renovadores, y en particular con el movimiento surgido en el Partido Radical francés hacia 1930, encabezado por Bertrand de Jouvenel, que propugnaba «secouer le cocotier» («menear el cocotero»), es decir, agitar su partido y desembarazarse de las personas más veteranas para dar paso a los jóvenes, en busca de una democratización interna.

Un día, cuando los «turcos» conversábamos en el bar de las Cortes, se nos acercó Suárez y nos dijo: «No comprendéis que los socialistas han entendido que yo soy el clavillo que mantiene unido el abanico y han decidido volarme la cabeza para acabar con UCD». «Presidente —le dije—, lo sabemos perfectamente. Y por eso mismo hemos decidido apoyarte a fondo. Pero tú tienes que defenderte. No puedes permanecer impasible cuando ellos, como dices, han decidido acabar contigo.» «Mi idea —me contestó— es ser un boxeador de los que se echan los brazos atrás ofreciendo desafiante el rostro al adversario, hasta que este se canse de golpear.» «Eso no va a pasar, Adolfo», le dije. Y no pasó.

Cuando el proceso de deterioro de UCD llegó a un punto sin retorno, nosotros también llegamos a la conclusión de que Suárez era incapaz de crear y dirigir un verdadero partido político. Nos dimos cuenta de que UCD nunca iba a conseguir pasar de ser una coalición, aunque jurídicamente fuera ya desde hacía tiempo un partido único. Entonces empezamos a alejarnos decididamente de Suárez. Poco a poco llegamos a la conclusión de que con él no había nada que hacer, simplemente porque no estaba dispuesto a capitanear la unificación de UCD, como querían las bases. Por eso acabamos integrándonos en el sector crítico.

Nuestro momento de máxima presencia pública fue cuando, en septiembre de 1980, Antonio Jiménez Blanco dejó de ser portavoz del grupo parlamentario al ser nombrado presidente del Consejo de Estado, y hubo que elegir a su sustituto. Los oficialistas presentaron como candidato a Santiago Rodríguez-Miranda, teóricamente afín a la socialdemocracia de Fernández Ordóñez. Nosotros nos decantamos por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, especialmente tras oír su discurso de presentación de candidatura ante el grupo parlamentario, en el que tuvo la habilidad y la sensibilidad de pronunciar las palabras que todos los compañeros queríamos escuchar en aquel momento: lo que la mayoría pensaba, pero ninguno se atrevía a decir libremente. Empezó diciéndonos: «La presentación de mi candidatura puede parecer a muchos una ingenuidad y probablemente lo es, pero me precio de ello porque la ciencia, el amor, la guerra y otras muchas cosas verdaderamente serias son ingenuas y sencillas». Y añadió: «La frustración individual y el desánimo colectivo acabarán con nosotros». Con su imagen de empollón y su tono de voz grave y seguro, de alguna forma nos sometió a una especie de psicoanálisis colectivo:

Ni el grupo representa nada en el partido, del que es un mero instrumento inerte y por ello romo y embotado, ni el diputado representa nada en el grupo, del que no recibe apoyo alguno, en cuyas decisiones raramente influye y de las que, por tanto, no es responsable, y al que se pide constantemente, y por razones que siempre se ignoran, un voto que pudiera ser disciplinado, que es simplemente abnegado y que amenaza ser algo muy grave, un voto resignado.

No mencionó a Suárez, pero era fácil entender el mensaje: «El diputado es una mera máquina de votos». Nos ilusionó prometiendo la democratización interna, la participación y la corresponsabilidad: «Del desgobierno autocrático y vicario es necesario pasar al autogobierno». Después se identificó: «No soy el candidato oculto de nadie ni milito ocultamente contra nadie. No soy candidato oficial ni oficioso. Ni ataco al poder ni me precio de su apoyo y por eso puedo asumir, no solo con la boca y de palabra, sino con obras y de verdad, un compromiso democrático». Terminó planteando la disyuntiva de que «el grupo viva o meramente vegete. Se trata de que nos regeneremos o simplemente nos aburramos, la más triste de las formas de morir». Tras oírle, no tuvimos dudas de que le votaríamos, lo que produjo un vuelco en las previsiones. Durante una posterior visita a Melilla, Suárez me confesaría que aquel fue el momento preciso en que se dio cuenta de que ya nunca tendría el favor de su grupo parlamentario. Miguel Herrero fue elegido con una ventaja aplastante: 103 votos frente a 45 de Rodríguez-Miranda. Aquello se interpretó como un «voto de castigo» a la dirección del partido. El conflicto interno de UCD, que apenas había comenzado, dejaba de estar monopolizado por los barones.

A la par que los socialdemócratas comenzaron a barajar la posibilidad de irse de UCD y establecer puentes con el PSOE, los democristianos creyeron llegado el momento de buscar un camino de entendimiento con Fraga y su AP. En lo único que unos y otros parecían estar de acuerdo era en que UCD ya no podía seguir gobernando en solitario. Pero era necesario que se aclarase el panorama interno para poder pasar a analizar las posibles alianzas externas.

Una consecuencia directa de este análisis fue que el 20 de marzo de 1980, Suárez, conforme a los estatutos de UCD, creó un órgano al que llamó «Comisión Permanente», una especie de Gobierno en la sombra en el que reunió a todo el núcleo dirigente que había dejado fuera del Gobierno —Abril, Fernández Ordóñez, Cabanillas, Martín Villa, Antonio Garrigues Walker, Lavilla, Fernando Álvarez de Miranda, Pérez-Llorca, Rafael Calvo Ortega y Rafael Arias-Salgado—, con el que empezó a reunirse frecuentemente para hacer balance de la acción de gobierno y de partido. Así, Suárez comenzó a tener algo limitado su poder, aunque esa pérdida también tenía origen en que había empezado a perder atractivo personal y carisma. Todo el mundo lo aceptó como jefe en tanto en cuanto traía votos. Cuando dejó de hacerlo...

En la primera reunión de esta Comisión Permanente, Martín Villa expresó su opinión de que la gestión de Suárez en el Gobierno era muy defectuosa, aunque, de momento, no cuestionase su liderazgo. Para Fernández Ordóñez, la única salida era recuperar el espíritu inicial de UCD y, por tanto, restar presidencialismo al partido. Parecida opinión fue la de Garrigues: «Se ha producido un proceso de concentración de poder personal; es el presidente quien resuelve y quien delega y aquí nos enteramos por los periódicos: o hacemos una banda y gobernamos contigo, o gobiernas tú solo... Yo no me presto de otro modo a ser corresponsable y me tengo que ir a la oposición del presidente del partido».

En algunos de los innumerables frentes de batalla tanto política como personal que surgieron entre miembros destacados del Gobierno y del partido, las disputas llegaron a mayores y tendrían más consecuencias inmediatas. Este fue el caso del enfrentamiento entre el vicepresidente Abril Martorell y dos de los ministros socialdemócratas del área económica, Carlos Bustelo y Juan Antonio García-Díez, que no compartían casi ninguna de sus decisiones y, muy especialmente, su método caótico de trabajo, que ocasionaba muchas fricciones. El enfrentamiento acabaría con la salida voluntaria del gabinete de ambos ministros, lo que desencadenaría una nueva crisis en el Gobierno.

LA MOCIÓN DE CENSURA DE GONZÁLEZ

Los resultados electorales obtenidos en las elecciones de marzo de 1979 por la izquierda fueron, para ellos, decepcionantes. Ni el PSOE ni el PCE consiguieron cumplir sus expectativas de voto. Eso tuvo dos inmediatas consecuencias: la aparición de focos internos de contestación a sus respectivos líderes, Felipe González y Santiago Carrillo, basadas sobre todo en la estrategia seguida, y, en segundo lugar, en la aparición de un mismo ímpetu renovador que llevó a ambos líderes a plantear en el seno de sus respectivos partidos cambios importantes, lo que, a su vez, trajo más problemas internos para ambos.

En mayo de 1979, justo después de las municipales, el PSOE celebró su congreso sabiendo que podían ganar las próximas generales si ajustaban un poco su estrategia. En su análisis, Suárez había salido muy tocado de la investidura, encabezaba un gabinete y un partido muy debilitados, y se comenzaba a hablar de la derechización de UCD. Así que Felipe González decidió transformar su partido para que se viera como una alternativa real de gobierno. Años después, Alfonso Guerra explicaría en una entrevista que a partir de entonces empezaron a sacarlo con traje y corbata, es decir, que ya era un líder «presentable».

Para reforzar esa nueva imagen, González se convenció de que tenía que suprimir el marxismo de la definición ideológica de su partido y lo intentó en aquel congreso, que se abrió en un tenso ambiente entre «críticos» marxistas y «felipistas» socialdemócratas. En la segunda jornada, la ponencia ideológica rechazó la postura oficial. La suerte estaba echada y González se consideró moralmente derrotado y desautorizado, y tomó la decisión de no presentarse a la reelección. Al saberse, decidieron elegir una comisión gestora con la única finalidad de celebrar un congreso extraordinario, en un plazo máximo de seis meses, en el que se debatiera a fondo la cuestión.

El nuevo congreso extraordinario quedó convocado para los días 28 y 29 de septiembre. Hasta entonces, las fuerzas en litigio se prepararon a conciencia para la batalla ideológica definitiva. Quien mayor habilidad y eficacia demostró en el manejo de los hilos fue, una vez más, Alfonso Guerra. Así las cosas, el sector felipista realizó un paseo triunfal esta vez. La resolución final fijó un camino intermedio entre el marxismo —reconocido como metodología de análisis, pero no como directriz práctica— y las tesis socialdemócratas, que luego se impondrían. Llevados en volandas por el éxito, los renovadores barrieron literalmente de la ejecutiva a los críticos.

Este movimiento de ajedrez supuso un vuelco y un blanqueamiento del PSOE. A partir de entonces, sus dirigentes se olvidaron de la pana, los cánticos revolucionarios y la autodeterminación, y pasaron a dirigir «moderadamente» un partido socialista a la europea, perfectamente homologable. Sobre todo, aquella fue la consagración de Felipe González como gran líder del PSOE, que ya no sería en adelante un partido de masas, sino de cuadros, que surgían de las masas, sí, pero preparados y formados para tomar el poder por la vía democrática. Esa nueva estrategia no tardaría en rendir frutos.

Al formar su cuarto gabinete, el 2 de mayo de 1980, Suárez anunció que tenía la intención de exponer en el Congreso de los Diputados un programa detallado para que fuera sometido a debate democrático. Pretendía así evitar el error cometido en marzo de 1979. Ese programa era el de un gobierno nacido de una larga crisis, y era esperado por la prensa y la opinión pública con sumo interés. El 20 de mayo, Suárez expuso durante cerca de dos horas sus tres ejes fundamentales: el terrorismo, la lucha contra la inflación y la cuestión autonómica.

Causando sorpresa y desconcierto en nuestras filas, el día siguiente a la exposición de ese programa, 21 de mayo, el grupo parlamentario socialista presentó una moción de censura. Los de UCD quedamos en shock. Intervino —como pudo— Fernando Abril, vicepresidente del Gobierno, tan nervioso que su discurso dejó huella. Se armó un lío tremendo y, en palabras de Alfonso Guerra, no decía más que «el norte, el sur, este, oeste». Se puso muy nervioso, porque era un hombre con una inteligencia excelente, pero «entre el cerebro y la lengua no tiene centímetros, tiene kilómetros, o sea, habla muy liado mientras que la mente la tiene clarísima». La intención del PSOE de presentar una moción de censura ni siquiera había sido remotamente prevista. Pretendía demostrar que los socialistas se lanzaban institucionalmente a una política organizada de oposición. Sabían que tenían escasas posibilidades de obtener, como se requería, la mayoría absoluta favorable. Por eso le dieron un valor simbólico. Si González eligió ese preciso momento para actuar fue porque tanto su propia imagen pública como la de su partido superaban ya las de Suárez y UCD. En definitiva, el PSOE no tenía nada que perder, pues, si no conseguía la mayoría necesaria para derribar a Suárez, por lo menos lograría aislarlo y perfilar a Felipe González ante la opinión pública.

Como ocurriría con Rajoy en 2018, quizá fue en aquel pleno de la moción de censura cuando Suárez comenzó a quebrarse psicológicamente. Recuerdo muy bien la escena. Yo salía del hemiciclo en dirección al baño cuando me lo encontré totalmente solo, paseando nervioso y cabizbajo por los pasillos. «Presidente, ¿qué haces aquí solo?», le pregunté. «Todos estos cabrones a los que yo he sacado de las alcantarillas —me respondió con la cara descompuesta y la mirada perdida— ahora van y me presentan una moción.» «Pero, presidente —le respondí—, ese es el juego democrático normal.» Suárez no entendió eso nunca. Dominaba muy bien el cuerpo a cuerpo de la negociación y los acuerdos al calor de una mesa camilla, como bien demostró en la época de los consensos. Eso lo hacía muy bien, porque era muy hábil en el uno contra uno, pero nunca gustó demasiado del debate parlamentario y la competencia partidista.

Felipe González elaboró con sus colaboradores un programa de gobierno moderado y sólidamente engarzado en torno a cuatro pilares fundamentales: la reforma de las instituciones del Estado, la política económica, la política internacional y los problemas de seguridad. Un programa que expuso en el hemiciclo aportando elementos innovadores de transformación radical de la Administración, cuasi federalización del Estado, un Senado entendido como cámara de representación territorial, priorización de la lucha contra el paro, aumento de las inversiones públicas, rechazo de la entrada en la OTAN y Ley Orgánica sobre las Fuerzas del Orden. El debate en sí también fue minuciosamente preparado por los socialistas, que previeron la distribución de los papeles correspondientes a la imagen pública que querían dar sus dos principales líderes: la crítica al Gobierno y a Suárez estaría a cargo de Alfonso Guerra, tratando de forzar su entrada en la arena parlamentaria. Felipe González no participaría en la refriega y se limitaría a presentar el programa de gobierno a fin de cumplir de la mejor manera su papel de candidato a la presidencia.

Por su parte, Suárez y los dirigentes de UCD cometieron el error de pensar que González estaría mal preparado y que bastaría con transformar el debate en un examen oral, una especie de trinca de oposiciones, para confundirle. Suárez prácticamente no subió al estrado, pero, a cambio, desfilaron por la tribuna todos los ministros. Creo recordar que fue en aquel mismo pleno en el que Gregorio Peces-Barba, presidente del Congreso, estuvo muy cruel con Suárez diciéndole a cada momento: «Si el señor presidente tiene a bien responder...», «si no le molesta al señor presidente subir a la tribuna a explicar...», «mire usted, en un Parlamento...», etcétera. Este error estratégico daría al público que siguió los debates por televisión la imagen de un Suárez moralmente vencido y aislado, falto de resortes retóricos, frente a un Felipe encantador y carismático, que respondía con soltura a las numerosas preguntas, y con un lujo inédito de detalles y argumentos, y al lado de un Alfonso Guerra cuya crítica cobró a veces un tono épico, como cuando dijo: «El señor Suárez ha llegado al tope del grado de democracia que es capaz de administrar. El señor Suárez ya no soporta más la democracia. La democracia ya no soporta más a Suárez. Cualquier avance democrático de esta sociedad exige su sustitución».

Para aumentar la frustración, los líderes de UCD asistieron impotentes al cruce de piropos que se mandaron, de izquierda a derecha del hemiciclo, los líderes de AP y PSOE. En palabras de Manuel Fraga: «El señor González Márquez merece un crédito claro por su valiente postura en el congreso extraordinario de su partido y por la moderación con que ayer se ha producido la formulación de su programa de gobierno». Felipe González no anduvo a la zaga al responder con lindezas de semejante índole: «Con la estructura mental, con esa cabeza en que le cabe el Estado, si el señor Fraga fuera de izquierda, probablemente este país tendría un gran líder de izquierda». Así se fue configurando la famosa «pinza» para desalojar a Suárez del poder, un entendimiento estratégico para hundir a UCD. González y Fraga se expresaban ante la nación española como los futuros jefes del Gobierno y de la oposición en que iban a convertirse pronto ambos.

El debate fue seguido en televisión por el 74 % de la población española, por el 81 % de la barcelonesa y por el 93 % de la vasca. Para el público, Suárez —al que solo aprobó el 26 % de los españoles— no dio en ningún momento la talla —ni siquiera pareció que fuera capaz de darla— y, a partir de entonces, tanto él como la propia UCD entraron en un periodo de franca y pública decadencia. Como dijo de él en su intervención Alejandro Rojas-Marcos, diputado del Partido Andalucista: «Suárez es hoy un árbol caído».

«LA CASA DE LA PRADERA»

El 7 de julio de 1980 tuvo lugar, en una propiedad del Ministerio de Obras Públicas cercana a Manzanares el Real, una discreta reunión de la Comisión Permanente en la que los dirigentes de UCD por primera vez pondrían en tela de juicio la autoridad de su presidente, debilitada por la moción de censura. Tuve conocimiento preciso de esa reunión —a la que inmediatamente los medios llamaron «de la Casa de la Pradera»— por Pío Cabanillas.

Intervino primero el liberal Joaquín Garrigues, que sostuvo que: «El presidente tiene que cambiar. Fernando Abril tiene unos poderes desproporcionados y Adolfo Suárez, también. O nos entendemos en esta mesa (y eso implica repartir el poder) o yo me voy». Por su parte, Landelino Lavilla planteó la oportunidad de repartir la presidencia del Gobierno y la del partido entre dos personas. Abril, Arias-Salgado y Calvo Ortega defendieron a Suárez. El último en tomar la palabra fue Pío Cabanillas, que acotó el problema de forma sintética y realista: «Si partimos de que lo fundamental es la subsistencia de UCD, la sustitución de Suárez plantea grandes riesgos [...]. Si acordamos mantener la figura de Adolfo Suárez, hay que potenciarle al máximo y ponerse debajo de su paraguas».

El encuentro, que en total duró diez horas, tuvo dos consecuencias fundamentales: convenció a Suárez de la necesidad de separarse definitivamente de Abril Martorell y desembocó en el rechazo de todo pacto de legislatura con cualquier partido en general y con Convergència i Unió (CiU) en particular. En aquella reunión se decidió colegiar el poder y pasar del anterior modelo presidencialista, con Suárez de capo di tutti capi, a otro en el que solo fuese primus inter pares.

Por la tarde, al reanudar la reunión, Garrigues se dirigió directamente a Suárez: «Debes hacer una propuesta de Gobierno colegiado. Si no la haces, esta mesa generará un nuevo líder y compartirá el poder». En un mismo sentido intervino de nuevo Martín Villa para decir: «Eres tú mismo, Adolfo, el que debe decidir si sigues o no. Todos desearíamos que esto tuviera salida contigo. [...] Pero no hay más arreglo o salvación contigo que los once que estamos aquí tengamos responsabilidades concretas». Lavilla, Garrigues, Martín Villa y Fernández Ordóñez expresaron su deseo de seguir adelante, aunque también su distinto grado de pesimismo sobre las posibilidades de cambio de Suárez.

La forzada reordenación de los equilibrios iba a cristalizar en una importante remodelación del Gobierno, cerrada el 8 de septiembre de 1980 con la vuelta de los barones. Ese nuevo Ejecutivo tenía que intentar no excluir a nadie y, como se dijo entonces, ser «el mejor de los Gobiernos de UCD posibles». En él, suaristas, martinvillistas y socialdemócratas mantuvieron posiciones, pero las perdieron democristianos y liberales. La otra novedad fue el mayor protagonismo de Leopoldo Calvo-Sotelo, que no había asistido a la Casa de la Pradera y que empezó a perfilarse como un hombre fuerte en el Gobierno y en el partido.

Inmediatamente después, los días 15, 16 y 17 de septiembre, el nuevo gabinete presentó en el Congreso de los Diputados una moción de confianza para contrarrestar los efectos de la aún reciente censura socialista. Ganó Suárez, pero este triunfo fue solo un espejismo. Desde el verano hasta finales de 1980, todos los factores de crisis se irían agudizando al máximo. El desastroso panorama económico, respecto al cual la política gubernamental había obtenido un evidente y sonoro fracaso, el desarrollo galopante del terrorismo y la delincuencia —ese año se batirían todos los récords a ese respecto—, la reforma fiscal, la Ley del Divorcio, el proyecto de ley de amnistía para los militares de la Unión Militar Democrática, la retirada del PNV de las Cortes, el enfrentamiento abierto entre el Gobierno catalán y el de Madrid... Todo contribuyó a dar una sensación de desgobierno, de vacío de poder, de que los inútiles intentos de Suárez se sustentaban en el aire. Los poderes fácticos, la gran banca, las organizaciones empresariales, el Ejército, la Iglesia, todos iban a ir dándole la espalda, cuando no enfrentándose con él abiertamente.

SUÁREZ, UN ÁRBOL CAÍDO

Tras la moción de confianza, Suárez hizo propósito público de enmienda y reconoció que, quizá, vivía demasiado enclaustrado en la Moncloa y recurría muy poco a los medios de comunicación para trasladar opiniones y mensajes. Aunque auguró que «hemos consumido una etapa y comenzamos otra», para entonces ya era un hombre —no solo un político— claramente abatido, al que no dejaban de brotarle más problemas internos.

A la vuelta de septiembre, tras la formación del Gobierno, el testigo de la lucha por la democratización interna del partido, abandonado por los socialdemócratas, reintegrados al gabinete, lo recuperaron los democristianos, que habían perdido por primera vez desde 1976 la cartera de Justicia. Los liberales, los únicos constantes en la lucha contra el presidencialismo, se expresaron tras la muerte de su líder Joaquín Garrigues por voz de Ignacio Camuñas, firmemente opuesto desde 1977 al silenciamiento sistemático de las diversas tendencias ideológicas por el aparato central de UCD.

El 19 de septiembre, Miguel Herrero publicó un virulento artículo en El País bajo el título «Sí, pero», inspirado en el «Oui, mais» de Giscard d’Estaing al general De Gaulle. El autor enumeraba sus motivos de asentimiento —sí a UCD, sí a la solidaridad del grupo parlamentario, sí al quinto Gobierno—, pero también sus razones de desacuerdo con Suárez en una lista de noes, expresados en tono brutal, seco, descalificador: «El quid de la política no consiste en estar en el poder, sino en saberlo utilizar, y gobernar no es permanecer indefinidamente a bordo, aun sin jarcias ni timón como un náufrago. Consiste en saber definir el rumbo, en saber alcanzar el puerto de destino... En saber, incluso, desembarcarse».

En octubre, el enfrentamiento entre el sector crítico y los suaristas se hizo cada vez más patente. Por si todo eso fuera poco, Suárez y UCD comenzaron a tener problemas serios con la Iglesia, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el resto de los poderes fácticos.

A finales del otoño, se produjo la tan esperada visita de Suárez a Melilla, que me corroboró dos preocupantes hechos objetivos. Por un lado, su debilidad personal y política casi irreversible y, por otro, que esa debilidad tenía como banda sonora un constante ruido de sables. Llevaba meses diciéndole que tenía que venir a Melilla, porque: «No te puedes imaginar cómo está aquello. La gente está muy desanimada». Muchos pensaban que se había pactado la próxima entrega de Ceuta y Melilla a Marruecos.

Un día de noviembre de 1980, el Presidente me abordó en los pasillos del Congreso: «Diputado, vete a Melilla porque quiero hacer un viaje allí y a Ceuta». «Presidente, nada me puede hacer más feliz, pero ¿por qué ahora, cuando cada vez que te lo he pedido me has dicho que una visita a Melilla supondría un conflicto con Marruecos?», pregunté. «Ya sabes —me explicó— que el Ejército está inquieto y me gustaría saber cómo respiran las guarniciones de Ceuta y Melilla. Te vas para allá, te enteras de lo que pasa y hablas con Rodríguez Sahagún y con Gutiérrez Mellado y, si la cosa se pone muy fea, me llamas directamente a mí.» Dicho y hecho. Al final decidimos que Agustín Rodríguez Sahagún (entonces ministro de Defensa) se viniese conmigo a la ciudad, para una primera toma de contacto y para que los militares me vieran como enviado de Suárez.

Las alarmas saltaron un par de semanas después. Un capitán de la Legión, buen amigo y demócrata convencido, me contó que unos días atrás había tenido lugar una cena a la que habían asistido jefes y oficiales de la guarnición de Melilla y oficiales de Estado Mayor desplazados ex profeso desde Granada. En cada mesa se sentaron dos oficiales locales y uno del Estado Mayor. El de la mesa de mi amigo describió apocalípticamente la situación por la que atravesaba el país y preguntó qué había que hacer. «Eso lo tendrán que decidir nuestros superiores», dijo uno de los melillenses. «Sí, pero cuando hay que salvar a España, los primeros que siempre han dado un paso al frente son tenientes coroneles, comandantes y capitanes», respondió el oficial granadino. «No, yo solo obedezco órdenes —replicó mi amigo—. Si queréis eso, me ponéis en el orden del día: desayuno, fajina, no sé qué y, a tal hora, golpe de Estado...» Súbitamente, su interlocutor dejó de tutearle y le dijo: «Se va a enterar usted pronto de lo que está diciendo».

Con esa información en la mano, llamé a Suárez y decidimos anticipar su visita. El 4 de diciembre de 1980, visitó Ceuta. Cuando estaba a punto de salir para Melilla, se produjo en Portugal un accidente aéreo y murió el primer ministro portugués, Francisco Sá Carneiro. Me llamaron y me contaron que se iban a Lisboa al sepelio y que, por tanto, se suspendía el viaje previsto. Yo pedí hablar con Suárez y le dije: «No puedes hacerme esto. Tienes que venir».

Tras un tira y afloja, por fin lo convencí de la necesidad de hacer una visita rápida. Recuerdo que Suárez me preguntó si no le ocurriría en Melilla lo mismo que le había pasado en noviembre de 1978 a Gutiérrez Mellado con el general de la Guardia Civil Juan Atarés, quien, tras llamar «embustero» y «traidor» al vicepresidente y entonces ministro de Defensa, había negado a este el saludo militar. «No —respondí—, saludarte te van a saludar. Ahora, lo que has hecho en Ceuta, aquí no funcionará.» Al llegar a esa ciudad, lo previsto era que Suárez dirigiera un discurso a los oficiales y después hubiese un turno de preguntas, pero alteró intencionadamente el orden y, nada más sentarse, dijo por sorpresa: «¿Alguna pregunta?». No hubo reacción y el presidente hizo entonces un discurso muy bueno. Me contaron que hubo aplausos corteses, solo eso, pero no era poco. «Aquí sí que va a haber preguntas —aseguré—. No sé cuáles, pero habrá.»

Suárez aterrizó en Melilla al día siguiente. Desde el aeropuerto nos trasladamos al acuartelamiento de la Legión en Cabrerizas Altas —lugar donde mataron a mi bisabuelo, el general Margallo, en 1893—. Allí nos reunimos con jefes y oficiales, y lo primero que se encontró Suárez fue que le colocaron ante las cámaras con un monolito a su espalda en que se leía perfectamente: «Franco, Franco, Franco. 1936-1939». Entramos y Suárez dijo: «¿Preguntas?». Inmediatamente se levantó un teniente coronel: «Presidente, ¿es verdad que la Operación Galaxia la orquestó el Gobierno para distraer a la opinión pública de los gravísimos sucesos que están ocurriendo en España?». Sin solución de continuidad, el teniente coronel le hizo un espeluznante relato de los hechos que estremecían a los españoles. Mientras oía aquel crudo relato, Suárez ni movió un músculo. Luego, respondió: «Usted opinará lo que quiera, teniente coronel, pero la Operación Galaxia me la desveló un general que está aquí, ¿verdad, Bourgón?», mientras se volvía hacia el aludido, José Bourgón López-Doriga, comandante general de Melilla y director del CESID cuando se gestó la primera trama golpista protagonizada por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero. El interpelado respondió: «Sí, Presidente». Y ahí se acabó el tema. Silencio absoluto. Y Suárez, encantado.

Acabado el tenso acto, del que Suárez salió poco menos que eufórico, como cierre de la visita nos fuimos a cenar con los militantes locales del Partido. Excuso contar que, como era la primera vez que venía el presidente del Gobierno, aquello parecía el metro en hora punta. Yo estuve sentado a su lado y, mientras esperábamos que nos sirvieran, Suárez me preguntó: «Pero ¿tú por qué estás en el sector crítico?». «Joder, Presidente, porque esto no va. Los cuadros están quemados. Creo que lo que tenías que haber hecho era haber creado de verdad un partido. Esto no es un partido, esto es poco más que una banda», fue mi respuesta. Me miró muy serio y, con su estilo personal, me dijo: «Pues yo he pensado muchas veces en ti para hacerte ministro». «Estoy seguro de eso —repliqué—: tú le prometes el ministerio a cinco o seis y, como somos 168, en algún paquete entraré.» A modo de respuesta, él se limitó a sonreír.

Durante el acto, me hizo otra cosa que también era muy propia de su estilo. Se discutía la entrada de España en la OTAN y comentábamos que el problema era que el Tratado de la Alianza Atlántica incluía el famoso artículo quinto, que venía a decir que un ataque armado a un Estado miembro se consideraría una agresión a todos los demás y podía provocar una reacción militar. Tras la aún reciente independencia de Argelia, se había modificado el artículo para delimitar su ámbito territorial: «territorios europeos e islas situadas al norte del Trópico de Cáncer», lo que cubría las Canarias, las Azores, las Chafarinas y el Peñón de Alhucemas, pero no Ceuta y Melilla. En ese punto, Suárez aseguró a la audiencia que no íbamos a entrar en la OTAN si el artículo quinto no se aplicaba también a Ceuta y Melilla. Luego, en un aparte, le comenté: «Presidente, tú sabes que eso es mentira». «Sí, sí —me respondió—, pero eso ellos no lo saben y yo me voy.» «Ya —concluí—, pero yo sí lo sé y me quedo.»

EL MANIFIESTO PROGRAMÁTICO DE LOS CRÍTICOS

A esas alturas, había muchas operaciones políticas en marcha, en distintos puntos de desarrollo, que en conjunto tendían a hacer realidad una estrategia superior: reunir la «gran mayoría natural» por la que llevaba años clamando Fraga y que ahora, en mayor o menor medida, habían hecho también suya la mayor parte de los centristas críticos con la gestión e incluso con la persona de Suárez, es decir, casi todos.

En eso, el 21 de diciembre de 1980 se hizo público el manifiesto programático de los críticos, firmado en la sede de El País por muchos de los que habían impulsado el nombramiento de Miguel Herrero como portavoz del grupo parlamentario y motivado, textualmente, por «la necesidad de reequilibrar el partido, conduciéndolo a su verdadero centro». En él se propugnaba abiertamente el fin del liderazgo de Suárez o, al menos, una separación de poderes que desligara la presidencia del partido de la del Ejecutivo, y se emplazaba a conseguirlo en el próximo congreso del partido previsto para finales de enero de 1981. También reclamaba que la voluntad colectiva del partido fuera definida por organismos colegiados en vez de por voluntades personales, que estos organismos fueran elegidos por sistema proporcional, que se reuniesen con regularidad, que sus decisiones fueran conocidas y aplicadas con transparencia y que se favoreciera la existencia de un sincero debate político interno. Yo no lo firmé, para disgusto de Miguel.

Antes del congreso los firmantes eran unos setecientos, un tercio de los compromisarios. El 12 de enero de 1981, en una entrevista en Diario 16, Landelino Lavilla hizo suyos los argumentos del manifiesto, poniéndose a la cabeza del movimiento crítico como posible sucesor de Suárez en la presidencia del partido e, incluso, del Gobierno. Lavilla decía: «UCD no es, de hecho, el partido que concebimos y que prometimos. UCD puede ser todavía ese partido y España necesita que lo sea auténticamente. Por eso aplicamos el mayor esfuerzo a lo que entendemos que es el presupuesto para su regeneración y su autenticidad».

Ese fue el pistoletazo de salida de lo que hasta entonces había sido una sorda y oscura guerra, no exenta de dosieres sobre determinados hábitos personales y antecedentes financieros de algunas de las figuras de uno y otro sector que dieron lugar a la ventilación semipública de trapos sucios y vendettas personales.

En esa misma línea, el diario ABC publicó el 18 de enero una larga entrevista con Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón en la que este negó que el sector crítico tratara de sustituir a Suárez por otro líder, sino más bien por una dirección colegiada. Dos días después, Herrero repetiría argumentos similares en una conferencia en el Club Siglo XXI, bajo el título «¿Adónde va UCD?», en la que lanzó lemas del tipo: «Sustituir el yo caudillista por el nosotros democrático». Ese mismo día, Suárez concedió también unas declaraciones en las que tendía una mano abierta al sector crítico, ofreciendo a la vez una promesa de democratización del partido. Sin embargo, estaba muy dolido de que fuera desde las filas de su propio partido desde donde más se le acusase de pretender ser un «caudillo», con las connotaciones que esa palabra tiene en España.

El quinto y último Gobierno de Suárez, presentado a comienzos de septiembre de 1980, fue el primero en ser favorablemente acogido por la prensa, aunque ya era demasiado tarde. Este potente Ejecutivo no lograría tampoco resolver la crisis de partido y de Estado. En definitiva, ni la moción de confianza ni el nuevo gabinete lograrían tampoco impedir, ni siquiera retrasar o paliar, el encarnizado ataque del que Suárez iba a ser objeto.

La situación era grave, desde luego, pero tal vez no tanto como para explicar del todo lo sucedido aquel 29 de enero de 1981, cuando, sorprendiendo a la inmensa mayoría de los españoles y de sus propios ministros, Suárez presentó su dimisión irrevocable.

6

SUÁREZ Y UCD, EN CAÍDA LIBRE

Cuando se juega al juego de tronos solo se puede ganar o morir. No hay intermedios.

GEORGE R. R. MARTIN

LA ESPERADA, PERO SORPRENDENTE, DIMISIÓN DE SUÁREZ

Al parecer, Adolfo Suárez decidió tirar la toalla el domingo 25 de enero de 1981 en la soledad del Palacio de la Moncloa. Ya no podía controlar nada y las encuestas eran inapelables: lo más que podría alcanzar UCD en unas eventuales elecciones generales era entre 110 y 120 diputados, cifra inferior a la que conseguiría el PSOE. Suárez había perdido ya la confianza de los poderes fácticos y la de sus hombres, la de su partido y la del electorado. Tal vez, incluso y sobre todo, había perdido la confianza en sí mismo. Su popularidad, muy erosionada por la moción de censura y por las guerras intestinas ucedistas, estaba por los suelos. A nivel personal no podía resistir más y seguramente tampoco quería. Según contó a sus colaboradores más allegados, al repasar aquel domingo el borrador del discurso de apertura del inminente congreso del partido en Palma de Mallorca, tropezó con un párrafo que le hizo meditar y tomar finalmente la decisión. Aquel párrafo decía: «Son los hombres los que sirven al partido y no al revés. [...] Porque soy el primero que, llegado el caso, si en términos políticos estrictos hubiera de elegir entre UCD y Adolfo Suárez, elegiría a favor de UCD».

En ese justo instante, según el relato que hiciera su secretario de Comunicación, Josep Meliá, Suárez tomó la firme decisión de dimitir. Algo parecido me contó Pío Cabanillas, mi oráculo particular, al que llamé para preguntarle por qué se iba Suárez: «Pues porque es una persona como los demás y cuando se ha mirado al espejo mientras se afeitaba ha visto a un hombre que parecía aferrado al sillón mientras todo el mundo le pedía que se fuese». Y se fue, aunque según Pío, a los dos días ya estaba arrepentido.

El lunes 26 de enero de 1981, a las tres menos cuarto de la tarde, el presidente recibió en su despacho a Leopoldo Calvo-Sotelo para notificárselo y le argumentó su decisión: «No quiero ser obstáculo para una conciliación en UCD», a la vez que lo sondeaba acerca de la posibilidad de darle el relevo en la presidencia del Gobierno.

Aproximadamente a esa misma hora, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, portavoz del grupo parlamentario centrista, comía en un céntrico restaurante con unos periodistas a los que, entre otras muchas cosas, les dijo en referencia a Suárez: «O el personaje cambia de estilo o se cambia al personaje».

Tras Calvo-Sotelo, otros dos ministros fueron informados de inmediato por Suárez de su doble dimisión: Rafael Arias-Salgado y Rafael Calvo Ortega, su última guardia pretoriana. Para las ocho de la noche se había convocado una reunión de urgencia de los líderes de UCD comisionados para preparar el congreso de Palma de Mallorca. A ella, además de los dos ya mencionados, asistieron Martín Villa, Pérez-Llorca, Cabanillas, Fernández Ordóñez y Calvo-Sotelo. Solo faltó Abril Martorell, que no pudo ser localizado a tiempo. Tras ponerles en antecedentes, Suárez les pidió la máxima discreción, pues aún no había hablado con el Rey. A continuación, les expuso con detalle sus motivos. Habló de su erosión personal y de que la clase política ya no le soportaba, explicó que la insistencia de los poderes fácticos había conseguido vencerle, así como el acierto del PSOE al plantear batalla allí donde le podían hacer más daño. En tales circunstancias, vino a decir, ya que había sido él quien había fallado, lo más honesto era dimitir y, para que el gesto fuera realmente útil para el partido y para el país, se marcharía fuera cual fuese el resultado del inminente congreso de UCD.

Al finalizar la reunión, los asistentes se trasladaron a un restaurante para intercambiar impresiones. Superado el primer desconcierto, se fue esbozando entre ellos la necesidad de hacerle volver atrás de su decisión que, en su opinión, en vez de solucionar algo, precipitaría la caída definitiva de UCD. Los barones sabían muy bien que Suárez, con todos sus errores, era el clavillo del abanico que mantenía provisionalmente unidas las varillas de UCD que, sin él, se rompería. Comisionaron a Calvo-Sotelo y Cabanillas, los más cercanos a él, para que volviesen a la Moncloa y le pidiesen que reconsiderase su decisión.

Demasiado tarde porque el presidente ya había reunido a su equipo de asesores —los conocidos periodísticamente como «fontaneros de la Moncloa»: Alberto Aza, su cuñado Aurelio Lito Delgado y su secretario de Prensa, Josep Meliá— y les había comunicado su decisión. La suerte estaba echada y, por tanto, poco pudieron hacer los barones dada la conocida firmeza en sus decisiones de Suárez, a quien, por lo demás, encontraron tranquilo, relajado y hasta sonriente. Se había quitado un enorme peso de encima.

Suárez había decidido hacer pública su dimisión en el Congreso de Palma, lo que le hubiese dado mucho más dramatismo. Lo que no había podido prever es que una huelga de controladores aéreos obligaría a diferir in extremis aquel acto. Mucho tiempo para un país como el nuestro. La noticia ya la conocía demasiada gente y Suárez se vio forzado a dirigirse por televisión al país y anunciar su dimisión: «Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia... No quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España». Tras rechazar las acusaciones de hombre apegado al poder y de insistir sobre que había tomado la decisión sin ser empujado por nadie, se autodefinió como el hombre de la Transición y reafirmó su lealtad hacia España, el centro, la Corona y hacia sí mismo. En la segunda parte del discurso, miró hacia el futuro e invitó al pueblo español a continuar su esfuerzo para fortalecer la democracia, tras lo que añadió que él permanecería siempre a su lado para seguir con la obra ya empezada. Aprovechó también para reafirmar su creencia en la necesidad de la existencia de un centro político, encarnado en un partido interclasista, reformista y progresista, comprometido a reducir las injusticias que aún existen en España, para añadir: «Yo, por mi parte, les prometo que, como diputado y como militante de mi partido, seguiré entregado en cuerpo y alma a la defensa y divulgación del compromiso ético y rearme moral que necesita la sociedad española». La reacción de la opinión pública y de la prensa fue reveladora de la gran sorpresa que produjo el anuncio. Muchos se quedaron en estado de shock, expectantes en espera de más acontecimientos. En primer lugar, estaba el tema de la sucesión de Suárez.

CALVO-SOTELO, UN SUSTITUTO DE CONSENSO

Cuando Adolfo Suárez le propuso ser su sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo solo puso una condición: contar con el apoyo de toda la ejecutiva de UCD. Para asegurar un tránsito tranquilo, Suárez intentó por todos los medios convencer a sus miembros de la conveniencia del nombramiento de Calvo-Sotelo, pero le fue imposible. Lo más que concedieron los críticos fue ausentarse de la reunión en que se elegiría al candidato.

Calvo-Sotelo tenía características que lo hacían teóricamente idóneo para presidir un Gobierno de transición en aquellas circunstancias. Contaba con una larga trayectoria política. Nunca se había significado por adscribirse a ninguna familia de UCD, ni tampoco por ambicionar el puesto de Suárez, lo que era muy raro por entonces entre los principales líderes centristas. En definitiva, era el menos conflictivo de todos los posibles candidatos. Sin embargo, no fue bien recibido ni por la izquierda ni por la derecha. Los socialistas no tardaron en sacar los pies del tiesto y Alfonso Guerra llegó a anunciar una moción de censura en cuanto fuese elegido. Fraga, que teóricamente tendría que haber coincidido más con él que con Suárez, también se despachó a gusto: «¿Llegará este Gobierno al verano? ¿O tendremos un Gobierno de alpaca?». En el grupo centrista, el entusiasmo era perfectamente descriptible: los suaristas esperaban la «parusía» de Suárez; los críticos, el «advenimiento» de Lavilla. Hasta los más fervientes defensores de Leopoldo creían poco en sus posibilidades. Una vez más, lo expresó bien Pío Cabanillas en una frase de las suyas: «El fuelle de mi amigo Leopoldo no dará para mucho más allá del verano». Para resumir, las expectativas que despertaba Calvo-Sotelo eran pesimistas. Por si todo esto fuera poco, lo primero que tuvo que hacer fue superar el aplazado congreso de Palma de Mallorca.

LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA UCD

El congreso de Palma se celebró por fin —superada la huelga de controladores— entre los días 6 y 8 de febrero de 1981. Las semanas anteriores fueron un auténtico aquelarre. El divorcio entre oficialistas y críticos era tan serio que cada bando tenía una sede propia con sus propios equipos. Los oficialistas —suaristas, martinvillistas y socialdemócratas— se reunían en la calle Arlabán, la sede del partido y —sospecho— también en la Moncloa, desde donde ejercían como portavoces Fernando Abril y los dos rafaeles: Arias-Salgado y Calvo Ortega. Los críticos decidimos escenificar nuestra disidencia sentando nuestros reales en el hotel Palace, por donde circulaban democristianos, liberales, algún martinvillista despistado —como Gabriel Cisneros— y otros personajes sin adscripción ideológica definida. Fernando Álvarez de Miranda y Luis de Grandes actuaban como portavoces de los democristianos; Ignacio Camuñas y Antonio Fontán, de los liberales; y yo, de «Los Jóvenes Turcos». En tierra de nadie —o, mejor dicho, en tierra de todos— estaba como siempre Pío Cabanillas, que militaba teóricamente en el sector oficialista porque nunca en su vida había militado en algo diferente. Sin embargo, sus leales nos habíamos dividido salomónicamente, unos en el sector crítico y otros en el oficialismo. Unos días antes del congreso, Pío acuñó una frase que se hizo famosa: «En Palma vamos a ganar, no sabemos quiénes, pero vamos a ganar». La gente lo interpretó como una boutade más, pero era una verdad como un templo.

En Palma, también nos instalamos en dos hoteles diferentes: los oficialistas en el Son Vida, donde se alojaba Suárez; los críticos, en el Palas Atenea. Nos reuníamos para negociar a mitad de camino de ambos establecimientos, como si fuéramos Corea del Norte y Corea del Sur.

Lo que más se discutió en el congreso fue el sistema de elección del Comité Ejecutivo, mucho más que la ideología del partido, la educación, la fiscalidad o la política internacional. En Palma no se debatieron ideas: se peleó por el poder. Todo un «juego de tronos» avant la lettre. Había tres opciones: el sistema proporcional puro que pretendíamos los críticos, el mayoritario de los oficialistas o, por último, encontrar una fórmula mixta que permitiese al aparato mantener su poder, pero integrando a los críticos de forma satisfactoria. Los oficialistas empezaron ofreciendo al sector crítico cinco puestos, de un total de treinta y cinco, en el Comité Ejecutivo. Un disparate, sabiendo además que, dada su abrumadora mayoría, podían sacar su lista sin problemas y «picotear» en la nuestra para escoger a quienes consideraran más afines.

Nos reunimos Landelino Lavilla, Ignacio Camuñas, Luis de Grandes, Álvarez de Miranda, Antonio Fontán y yo, que propuse no presentar lista para el Comité Ejecutivo, pero sí para el Consejo Político. «Así probaremos —afirmé— que la oferta que nos hacen es completamente desproporcionada y no pretende la integración, sino nuestra aniquilación.» Lo afirmaba con conocimiento de causa porque, en una reunión previa, uno de los oficialistas cuyo nombre prefiero reservarme me dijo: «Lo que habéis hecho lo vais a pagar con sangre». Lavilla optó por seguir negociando.

Empezó un tira y afloja entre las dos delegaciones que se zanjó con un acuerdo más generoso, pero todavía muy poco equitativo: treinta y dos puestos para ellos y siete para nosotros, proporción que nada tenía que ver con lo que, en realidad, representaba el sector crítico: el 40 % del partido, como se comprobó en la votación para el Consejo Político. Resultó elegido presidente Agustín Rodríguez Sahagún y secretario general Rafael Calvo Ortega, dos leales a Suárez, y los siete críticos elegidos —los más aceptables para el aparato— fueron Soledad Becerril, Gabriel Cisneros, Emilio Attard, Jaime Mayor Oreja, Landelino Lavilla, Vicente Álvarez Pedreira y Joaquín Satrústegui. El resultado fue que UCD, que había llegado a Palma dividida, salió del congreso aún más dividida y que críticos y oficialistas, en vez de acercarse, se alejaron aún más. En Palma no aprovechamos la gran ocasión de integración que nuestras bases nos pedían. Por desgracia, fue nuestra última ocasión perdida.

GALAXIAS, ALMENDROS Y OTROS INDICIOS GOLPISTAS

A todo esto, en el último semestre de 1980 y el arranque de 1981, el ruido de sables era casi continuo. Se hablaba de la Operación De Gaulle, de una «a la turca», de la «de los coroneles griegos»... Además de las estrictamente militares, desde el verano anterior se habían puesto en marcha varias conspiraciones civiles que buscaron el apoyo de algunos generales para desplazar al Gobierno de UCD legalmente constituido y poner en su lugar a un equipo «consensuado» entre civiles y militares.

Todos estos movimientos golpistas coincidían en la gravedad de la situación y, por tanto, en la urgencia de la intervención. Así lo empezaron a reclamar desde la prensa. Por ejemplo, el Colectivo Almendros —seudónimo de un grupo cívico-militar— difundió tres artículos casi consecutivos en el diario ultra El Alcázar abogando por la intervención directa del Rey y los militares para dar un «golpe de timón» allá por la primavera, «cuando florezcan los almendros». Un nuevo artículo publicado en el mismo medio por el teniente general Fernando de Santiago, titulado «Situación límite», fue otra llamada «a las armas» que resonó mucho en aquellos momentos tan críticos. El 22 de enero de 1981, El Alcázar recogió otro tremendo artículo del Colectivo Almendros —«La hora de las instituciones»—, que era una auténtica incitación a la rebeldía. Al día siguiente, 23 de enero, se reunieron en Madrid diecisiete generales y algún almirante con una premisa conjunta: «El golpe, ya».

Pero no fue solo la prensa de derechas la que reclamó una intervención decidida para atajar una crisis que parecía no tener fin. El expresident de la Generalitat Josep Tarradellas, tras visitar al Rey y reiterarle su opinión de que la salida sería un Gobierno de amplia base, que incluyera a UCD y PSOE y fuese apoyado por AP y PCE, declaró que «la situación puede ser dramática». El 3 de febrero, remachó en La Mañana de Lérida: «Ha llegado el momento de dar el golpe de timón del que he hablado otras veces y luego conducir la barca con serenidad y responsabilidad si la queremos llevar a mar abierto y seguro».

Por mi parte, tras la visita de Suárez a Melilla en diciembre de 1980, solo hablé con él en otra ocasión antes del 23-F. Lo llamé porque fui testigo de una escena muy preocupante en casa de Mona Jiménez, durante uno de los coloquios organizados por esta periodista peruana afincada en Madrid en el que, tras comernos unas lentejas, Antonio Garrigues Walker, que coordinaba aquello, anunciaba desde una esquina: «Hoy vamos a hablar de...». Antes de abrirse el debate, Alfonso Osorio pidió la palabra y dijo: «Antes de que empecemos quiero deciros algo que es muy importante. Quiero deciros formalmente que, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, aceptaré formar parte de un Gobierno que nazca al margen del procedimiento previsto en la Constitución». Todos nos quedamos estupefactos. Tras unos segundos, se alzaron muchísimas manos y hubo muchísimas intervenciones que intentaron descifrar lo que había querido decir Alfonso.

Aquel día volví al Congreso a pie con Carlos Solchaga, buen amigo y luego brillante ministro en el Gobierno de González, y le pregunté: «Oye, ¿tú has oído lo mismo que yo? Esto es un golpe de Estado, ¿no?». Aquello no era un floreo. En Madrid se hablaba con absoluta normalidad, tanta que, como digo, llamé incluso a Suárez para comentar con él la situación y los ruidos de sables.

TRES MINUTOS DRAMÁTICOS, DIECISIETE HORAS GROTESCAS

El miércoles 18 de febrero de 1981, mientras los conspiradores urdían apresuradamente los últimos flecos de sus respectivas tramas, el nuevo candidato presidencial, Leopoldo Calvo-Sotelo, leyó en las Cortes su discurso de investidura, que duró setenta minutos. Comenzó con una breve pero concreta alabanza de la figura y la obra de Suárez: «Quiero dejar en el umbral mismo de este discurso mi homenaje a la extraordinaria obra de Adolfo Suárez y mi afecto y mi admiración por su persona. Con su retirada termina la Transición». Dicho lo cual, reafirmó su compromiso centrista y su espíritu liberal y progresista, aprovechando para ofrecer a la oposición un pacto autonómico, que cerrase definitivamente el mapa y la regulación de la España de las autonomías, y otro económico y social, que combatiera el paro y afrontara la reconversión industrial. Además, anunció su intención de solicitar el ingreso en la OTAN, como paso previo para profundizar las relaciones con la CEE y con el fin último de profesionalizar las Fuerzas Armadas y alejarlas de sus preocupaciones políticas.

Finalizados los turnos de intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios, entre los que destacó el desprecio total de Fraga hacia ese discurso de investidura «frío, altanero, fuera de la realidad», la primera votación tuvo lugar la tarde del día 20, viernes. Como se esperaba, al candidato le faltaron siete votos para la mayoría absoluta y, consecuentemente, para ser proclamado nuevo presidente del Gobierno. Se los podría haber proporcionado la Coalición Democrática (CD) de Fraga, quien se negó porque no quería dar un cheque en blanco al nuevo presidente. Como dijo, él podía «vender su apoyo, pero no regalarlo». Por tanto, se hizo reglamentariamente necesaria una segunda votación, en la que ya bastaría la mayoría simple, que fue fijada para el lunes siguiente, 23 de febrero.

Fue en ese momento justo cuando las dos líneas de conspiración militar —con los generales Armada, por un lado, y Jaime Miláns del Bosch y Luis Torres Rojas, por otro, al frente— tomaron su decisión definitiva de avanzar los planes del golpe de Estado a esa segunda votación de investidura, que se celebraría menos de cuarenta y ocho horas después. Aquel fue un fin de semana largo e intenso en el que los conspiradores se aprestaron a jugarse todo a una carta.

Ese lunes, Calvo-Sotelo solo necesitaba la mayoría relativa. Como siempre, el escrutinio era público, retransmitido en directo por radio y televisión, y los diputados eran llamados a votar por orden alfabético. La votación comenzó a las seis en punto de la tarde. A las 6:23 h, mientras el secretario de la Cámara nombraba al siguiente diputado en votar, el socialista soriano Manuel Núñez Encabo, irrumpió en el hemiciclo, interrumpiendo el acto, el teniente coronel Antonio Tejero. Con una pistola desenfundada en la mano y acompañado por un grupo de guardias civiles armados, Tejero tomó como rehenes al conjunto de los diputados y los miembros del Gobierno en funciones. Todos recordamos demasiado bien los hechos, así que voy a ahorrar su relato. Como dijo alguna vez el propio Calvo-Sotelo: «Aquello tuvo tres minutos dramáticos y luego diecisiete horas grotescas».

Lo cierto es que los diputados, al menos los de a pie, no sabíamos nada de aquello. Unas horas después, bajé de mi escaño para ir al cuarto de baño —escoltado por primera vez en mi vida en tal menester por un guardia civil— y le pregunté a alguien del banco azul: «Pero ¿esto no lo sabíais?». «De esto en concreto no teníamos ni idea», me respondió. Se ve que Tejero precipitó todo y, probablemente, eso explicaría el fracaso final del golpe.

En cuanto al desarrollo del propio golpe, puedo contar que, cuando Tejero entró pegando tiros, yo estaba sentado en el hemiciclo flanqueado, a un lado, por Julen Guimón y Jaime Mayor Oreja, y al otro, por los malagueños Ignacio Huelin y Francisco de la Torre. Guimón tenía el famoso transistor, que luego dio a Abril Martorell. Al principio, lo escuchábamos muy bajito y solo oíamos música militar. Fueron los momentos en que más se complicó todo. Luego, a eso de las diez u once de la noche, aquello se comenzó a relajar y a salirse de madre. Recuerdo la cara tremendamente angustiada de un pobre guardia. Me había subido a la parte superior del hemiciclo y estaba sentado junto a Fernando Abril. Recogidos detrás de una columna, escuchábamos la radio. Entonces el guardia se nos acercó y le dijo a Abril: «Don Fernando, yo de esto no sabía nada». Este, con una broma cruel, le indicó con las manos: «¡Te caen veinte años!».

En la madrugada, me avisaron de que por la radio acababan de decir que me habían sacado del Congreso con un infarto. Cuando entró la Guardia Civil a repartir el desayuno, un diputado dijo: «No desayunamos, porque eso es perder la dignidad». «Calmaos —repliqué—. Desayunamos y luego recuperamos la dignidad, pero primero desayunamos.» Después me acerqué a los guardias y les dije: «Miren, pasa esto, les voy a dar el teléfono de mi casa y el de mi secretaria particular para que ustedes llamen y digan a mi familia que no he sufrido ningún infarto y que estoy aquí sentado, sano y salvo». Me quedé muy tranquilo. Tanto que, cuando por fin salimos del Congreso, como yo vivía por los Jerónimos pero en el Prado había manifestaciones de Fuerza Nueva, me fui al hotel Palace y ahí me quedé tomando algo. Cuando, horas después, llegué a casa, por poco me «inducen» un infarto: me habían estado buscando por todos los hospitales y no aparecía en ninguno. Me parece que el diputado infartado se llamaba José Rodríguez Alcaide, compañero ucedista de Córdoba, con el que me confundieron por alguna razón que nunca he sabido.

En otro momento de relajo, mientras comentábamos los rumores que circulaban, a mí —no sé por qué, seguramente para dar moral a la tropa— se me ocurrió decir en voz alta: «¿Y qué cartera le van a dar a Pío Cabanillas?». Esa broma la publicó luego Interviú —creo recordar que la contó Javier Moscoso— y Pío me llamó la atención, también en broma. No hace falta aclarar que yo no sabía nada de ninguna lista con nombres de ministros.

El final de esta tragicomedia fue grotesco. Cuando Fernando Abril se enteró de que Armada estaba en el Congreso, nos dijo que la cosa estaba a punto de terminar: «Alfonso ha venido a sacarnos de aquí». Le creímos y, a medida que fuimos saliendo, le dimos efusivamente las gracias a Armada. ¡Qué capacidad de visión de la jugada teníamos!

Inmediatamente después del golpe, el 25 de febrero de 1981, me fui a Melilla porque se decidió organizar manifestaciones simultáneas en defensa de la Constitución en todas las capitales y grandes ciudades de España. Conmigo marcharon Javier Imbroda y los dos senadores melillenses, Ginel y Ríos. Me encontré un ambiente de temor tremendo, pues el Ejército tenía allí un peso específico muy grande. Llegué al mediodía al Club Náutico con mi mujer y se me acercó Emilio Atienza, ayudante del teniente general Bourgón, quien, ante todos los oficiales y sus esposas, me dijo: «Tú sabes que, llamándote como te llamas, a ti no te hubiese pasado nada». Mi mujer replicó: «Yo no me fío de ninguno de vosotros».

LA OTAN, UN EMPEÑO CASI PERSONAL DE CALVO-SOTELO

La política exterior de los últimos Gobiernos de UCD también fue objeto de numerosas críticas, que fueron creciendo a medida que pasaban los meses y se acercaba el final. Se reprochaba la subordinación a Washington, la dejación de Latinoamérica, la claudicación ante Marruecos y Argelia, el caos de Guinea Ecuatorial, la falta de imaginación en la deteriorada relación con Francia, el escaso avance en la cuestión de la adhesión comunitaria y, sobre todo, el proceso de ingreso en la OTAN, que monopolizó por momentos todos los debates públicos, además de casi toda la actividad diplomática.

La controversia se había iniciado en el mismo discurso de investidura de Calvo-Sotelo, en que anunció que tal iniciativa sería una de las prioridades de su Gobierno. La posición del PSOE al respecto era por entonces muy firme. En diciembre de 1977, durante una visita a Moscú, los socialistas habían suscrito una declaración conjunta con el Partido Comunista de la Unión Soviética contra la política de bloques y, por tanto, contra el ingreso de nuevos países en cualquiera de las organizaciones militares que sustentaban a ambos, la OTAN y el Pacto de Varsovia. En consecuencia, los congresos del PSOE de 1979 y 1981 se habían proclamado tajantemente contrarios a la integración de España en la Alianza.

Calvo-Sotelo no se arredró y siguió adelante. Aunque los socialistas decidieron entorpecer todo lo posible el trámite parlamentario con maniobras dilatorias sin fin, su filibusterismo fue inútil. Los diputados de UCD, con apoyos pactados de CD, Minoria Catalana y PNV, aprobaron la integración el 29 de octubre de 1981. Mes y medio después, el 10 de diciembre, el Gobierno firmó los protocolos de adhesión.

En paralelo al debate parlamentario, toda la izquierda parlamentaria y extraparlamentaria comenzó una fuerte campaña de movilización ciudadana, con muchos actos multitudinarios cada día bajo un lema común: «¡OTAN no, bases fuera!». Por ejemplo, el 15 de noviembre, más de 250.000 personas se concentraron en el campus de la ciudad universitaria de Madrid, al grito de «Por la paz, el desarme y la libertad», y aplaudieron a rabiar las palabras de Felipe González: «¿Qué dirán los aliados de la OTAN ante medio millón de españoles que dicen en Madrid que no quieren ingresar en la Alianza?».

El Gobierno intentó contrarrestar esta ofensiva, aunque —he de reconocer— con poco éxito. El ministro de Exteriores, Pérez-Llorca —comprendiendo que la opinión pública no iba a digerir fácilmente el ingreso en la Alianza, sobre todo sin referéndum—, comenzó a prodigar sus referencias a la tradicional política progresista española hacia el Tercer Mundo y «vendió» también el ingreso en la OTAN en relación con el asunto gibraltareño y con la posterior incorporación a la CEE. Pero la oposición, lejos de disminuir, arreció. El PSOE reforzó aún más su campaña antialiancista —ahora bajo el lema «OTAN: de entrada, no»— con un palpable apoyo mayoritario de la ciudadanía, sobre todo de la juventud. González prometió que, en cuanto los socialistas llegaran al poder, convocaría una consulta popular para conocer la voluntad de los españoles.

La campaña del PSOE provocó un cambio decisivo en la opinión pública. Si en 1975 un 57 % de los españoles era partidario de la entrada y solo un 24 % contrario, los porcentajes cambiaron a un 17 % y un 56 %, respectivamente. Este giro, que tan inconveniente habría de resultar cuando el PSOE llegara al Gobierno, le produjo en aquel momento un importante rédito electoral. En todo caso, era un síntoma más de que soplaban vientos de cambio.

El final de esta historia es conocido. El 29 de mayo, sábado, España recibió la invitación formal para su ingreso en la OTAN y, al día siguiente, presentó la correspondiente solicitud de ingreso. El 30 de mayo de 1982, domingo, depositó en Washington el instrumento de adhesión, convirtiéndose en el decimosexto país miembro de la Alianza Atlántica.

Es posible que en la decisión de Calvo-Sotelo jugara algún papel el deseo de que el Ejército español se integrara en un marco más cosmopolita y moderno. Sin embargo, ni los militares presionaron en tal sentido ni ese fue verdaderamente el factor determinante. Parece que la decisión nació de una firme voluntad de definición. Desde luego, no fue una decisión precipitada, pues había sido auspiciada repetidamente por los congresos de UCD, ni tampoco rompió el consenso, pues esto ya se había producido antes. Sí se puede decir, en cambio, que fue una decisión tomada con conciencia de que era irreversible. Si, como parecía, el PSOE llegaba pronto al poder, ya no podría romper esa adhesión sin comprometer toda la política exterior del país. La decisión de Calvo-Sotelo fue, por tanto, valiente y se demostró positiva con el transcurso del tiempo, pero también resultó arriesgada en el terreno de la política interior.

SECRETARIO GENERAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO

El 1 de diciembre de 1981, Jaime Lamo de Espinosa fue nombrado ministro adjunto a la Presidencia y portavoz de UCD en el Congreso, cargos que ocuparía hasta el 28 de julio de 1982. Jaime me ofreció ser secretario general del grupo parlamentario centrista, que se había convertido en el campo de batalla en que se peleaban las distintas facciones del partido. La discusión de los proyectos del Gobierno era una oportunidad para que las distintas familias marcasen su perfil propio y las diferencias que las separaban de los demás.

El grupo centrista era todavía el más numeroso de la Cámara, pero la agenda la marcaba ya Alfonso Guerra. Le comenté a Lamo: «Cuando estamos pensando si movemos caballo o alfil, Alfonso le pega una patada a la mesa y dice que a lo que hay que jugar es a las damas y a nosotros se nos queda cara de perros».

Como Lamo no asistía a la junta de portavoces, era yo quien lo hacía. En la primera junta se iba a discutir sobre la gestión de la televisión pública, un lío de mil demonios del que yo no sabía absolutamente nada. Entonces le dije a Landelino Lavilla, presidente del Congreso: «Oye, esto me coge de nuevas, es la primera vez que...». «No te preocupes —me cortó Lavilla—, eso lo resuelvo yo.» Por tanto, me senté muy tranquilo oyendo a Alfonso Guerra lanzar una diatriba tremenda que seguí relajado como el que oye llover. De pronto, Lavilla me preguntó directamente: «¿Qué dice el portavoz de UCD?». Me quedé clavado y salí del paso como pude, es decir, mal. Guerra, con su habitual lengua acerada, me preguntó: «¿Y dónde has aprendío tú ezo? ¿En Melilla?». «No, en Harvard —le contesté—; lo que no sé es la titulación que tiene el portavoz del Partido Socialista.» «¡No me acojone, zuzeñoría!», me replicó Guerra con sus habituales reflejos. «No, yo no acojono a nadie, simplemente me han preguntado mi titulación y la he expuesto», respondí. Fue mi bautismo de fuego. A partir de ahí llevé con más soltura el grupo parlamentario, labor en la que me ayudó José Ramón Pin.

Un día le dije a Lamo: «Creo que hay que empezar a dar juego a los diputados, que aquí el que más y el que menos está escurriendo el bulto». Me dio la razón. Así que, aprovechando que había una proposición no de ley sobre el uso del amianto y que aquello no me parecía que tuviera mucha enjundia, se lo pasé a un diputado por Alicante que era médico, pero pidiéndole que hiciera una intervención que nos sirviera para todo. Y le avisé: «Yo te haré una señal si vamos a votar a favor, en contra o a abstenernos en función de si nos salen los números o no». Pero cuando llegué al Parlamento el día indicado, vi que el diputado referido había llevado a toda su familia y la había sentado en tribuna, y pensé: «Verás tú el espectáculo que vamos a dar». Efectivamente, hizo una intervención incendiaria, en la que acusó al PSOE de marxista y de casi todo. En eso, Pin Arboledas me advirtió de que había que votar afirmativamente porque no nos salían los números. Pero ya no había manera de cambiar aquello: el diputado había anunciado que votábamos en contra y así tuvimos que hacerlo. Fue la primera vez que el Gobierno perdió una votación. Calvo-Sotelo me llamó a capítulo y me dijo: «Ya sabes lo que decía Eugenio D’Ors: los experimentos, con gaseosa».

Menos gracia aún tuvo la discusión sobre la colza. Aquello fue el llanto y crujir de dientes, pues el debate se convirtió en una auténtica moción de censura al Gobierno. Fue la piedra sobre la que los socialistas construyeron su tesis de que España no funcionaba. Arias-Salgado, que era el titular natural, se descartó por alguna razón que ignoro mediante carta dirigida a Calvo-Sotelo a tres días del debate. Lamo me pidió que me hiciese cargo del asunto. Pasé unos días terribles paseándome por los distintos Ministerios que estaban bajo fuego socialista, que eran prácticamente todos. No contaré cómo querían desembarazarse del asunto y echárselo a los demás. El apoyo de Coalición Popular permitió al PSOE pedir la reprobación de los ministros de Trabajo, Sanidad, Economía, Hacienda, Agricultura e Industria.

La situación era tan complicada que, todos los jueves, Lamo y yo nos tomábamos un whisky para celebrar que habíamos salido vivos a pesar de las muchas trampas. Mi última intervención como secretario general fue a mediados de verano, cuando Calvo-Sotelo nos convocó en Madrid para una reunión urgente. Su pregunta fue muy concreta: «¿Creéis que, tal como está el grupo parlamentario, estamos en condiciones de abrir el Congreso tras las vacaciones de verano?». «Por supuesto que no», respondimos con toda claridad.

Además de mi actividad en el Congreso, me empeñé en restablecer los puentes rotos con la sociedad civil. Como siempre me había movido en las áreas económicas, mi mundo más cercano era el de los empresarios que nos habían vuelto la espalda desde el momento en que Fernando Abril cayó en desgracia. Me fui a ver a José María Cuevas, a la sazón secretario general de la CEOE. En aquella charla, le expliqué que, en mi opinión, estaban dinamitando UCD: «Estáis financiando a AP, a Miguel Herrero para que cree un partido moderado, al PDP de Óscar Alzaga y a todos los que quieren dinamitar UCD. Y quiero advertirte que el partido se gana en el centro y que UCD es lo más a la derecha que este país está dispuesto a soportar. Más a la derecha y vais a tener socialistas hasta hartaros». «Es que os habéis hecho muy de izquierdas», me dijo Cuevas. «¿Cómo me dices eso, José María, cuando hemos logrado pasar de una dictadura a una democracia —repliqué— sin tocar un palmo de tierra ni una cuenta corriente, y seguís mandando los mismos de siempre?»

El principal argumento de Cuevas para demostrar que nos habíamos hecho muy de izquierda era que la Ley de Reforma Fiscal de Ordóñez había establecido el impuesto sobre el patrimonio, para ellos «claramente confiscatorio». «Mira, José María —le contraargumenté—, de eso sé algo y te digo que el impuesto sobre el patrimonio no lo pagan más de un millar de personas. Inferir de ahí que eso es un signo de deriva hacia la izquierda me parece un poco arriesgado. De verdad que, como exageréis, vamos a perder las elecciones y vais a tener socialistas para hartaros.» Eso fue exactamente lo que pasó luego. La moraleja —en la actualidad se ha vuelto a demostrar— es que nunca hay que moverse del centro.

UN GOBIERNO DE TRANSICIÓN EN LA TRANSICIÓN

Las consecuencias políticas de los golpes de Estado superpuestos del 23-F fueron numerosas y variadas. La más inmediata fue, quizá, que el dimisionario Suárez llegó a plantearse dar marcha atrás en su decisión. Sin embargo, al parecer, no encontró los apoyos suficientes. Por tanto, todo siguió adelante tal y como estaba previsto y Leopoldo Calvo-Sotelo fue proclamado presidente el 25 de febrero de 1981.

A Calvo-Sotelo se le ofrecían al menos tres opciones: formar un Gobierno de coalición con el resto de las fuerzas políticas, convocar nuevas elecciones o cerrar a su gusto un gabinete monocolor de UCD. Como se sabe, eligió esta última. Al día siguiente de su investidura, presentó su nuevo Gobierno, en el que respetó el reparto entre las familias de UCD y solo incorporó a un hombre totalmente nuevo, Luis Ortiz, uno de sus fieles, que se hizo cargo de la cartera de Obras Públicas y Urbanismo. De lo que no hay duda es de que el golpe de Estado condicionó profundamente la gestión de Calvo-Sotelo, quien luego diría al respecto: «Pocos han trabajado por España después de una crisis como la del 23-F [...] con menos medios y mayores dificultades que yo. Habría que pedir cuentas más estrechas a quienes han tenido a su favor una herencia política más fácil, la bonanza económica internacional y la mayoría absoluta en las Cortes».

El nuevo presidente tenía un estilo personal muy distinto del de Suárez. Aparentemente reservado y frío, Calvo-Sotelo no tenía ni el carisma ni el don de gentes de aquel, ni tampoco su instinto político, pero, a cambio, tenía una gran cultura, un acercamiento mucho más sistemático a los asuntos y un sentido del humor británico. Además, no rehuía el debate ni la comparecencia parlamentarias, le gustaba viajar por España y no dudaba en recibir a otros líderes de la oposición o institucionales.

Calvo-Sotelo había sido designado por Suárez y todo hacía suponer que sería un presidente dócil y perfectamente reversible cuando aquel decidiese volver. Pero no fue así. En la primera reunión del grupo parlamentario, Calvo-Sotelo no mencionó ni una vez a Suárez y, a una intervención de un diputado que abogaba por la necesidad de un cambio respecto a la política de este, le contestó: «Os voy a narrar una conseja que allá por mis tierras galaicas se contaba de la nueva superiora que llegaba a ejercer su mandato [...] sucediendo a la compañera que, durante muchos años, había regido los destinos de la comunidad. No había acto o reunión en que la nueva superiora no hiciese una referencia elogiosa y reverencial a su antecesora: “Como muy bien decía nuestra Madre...”. La realidad fue que, a los tres meses, el convento no era el mismo». Cuando aquello llegó a oídos de Suárez, montó en cólera. Mucho más cuando supo que el nuevo presidente había comentado sobre la vida en la Moncloa: «Aquí no se vive bien; hay muchos teléfonos y pocos libros». El divorcio entre Suárez y Calvo-Sotelo fue una gota más en el océano de discrepancias que entonces nos separaban. La moraleja es que nunca las sucesiones son fáciles. Todo titular de un cargo, por pequeño que sea, tiende a sospechar que su antecesor era un incompetente, y su sucesor, un intrigante. Suárez fue promovido por Torcuato Fernández-Miranda y ya se conoce lo que pasó.

Tras el «tejerazo», hubo una especie de tregua que duró muy poco tiempo: el necesario para que todas las fuerzas políticas se convenciesen de que el malestar militar no desembocaría en un nuevo golpe. Aprovechando ese paréntesis, Calvo-Sotelo cumplió buena parte de su programa: la Ley del Divorcio —que levantó grandes rechazos en las filas democristianas de UCD—, el ingreso en la OTAN —que encrespó a la oposición de izquierdas y especialmente al PSOE, y también, por razones de oportunidad, a algunos sectores de UCD—, el enjuiciamiento de los implicados en el golpe —que provocó el rechazo de la prensa y de sectores involucionistas— y la rendición de ETA político-militar. Calvo-Sotelo aprovechó también este clima de relativa distensión para firmar con el PSOE el Acuerdo Nacional para el Empleo y los acuerdos autonómicos que darían lugar a Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Pero la tregua saltó por los aires cuando, en el verano de 1981, se dio a conocer la gravísima intoxicación por aceite de colza, que fue aprovechada por el PSOE y a la cual ya me he referido porque me tocó jugar la segunda parte del partido como secretario general del grupo parlamentario.

El Gobierno de Calvo-Sotelo cambió en agosto de 1981, al dimitir una vez más Fernández Ordóñez, ministro de Justicia, tras haber logrado aprobar su polémica Ley de Divorcio con la ayuda de la izquierda el 7 de julio anterior. La noticia me cogió en Pamplona, donde estaba corriendo los sanfermines (un buen entrenamiento, por cierto, para todo político). Unos días después, Calvo-Sotelo nos contó a un grupito de fieles que el domingo 30 de agosto se reunió con Ordóñez y otros cuatro ministros para preparar, en un clima de absoluta normalidad, el periodo de sesiones a punto de empezar y que, al día siguiente, se encontró sobre su mesa la carta de dimisión que, naturalmente, la prensa ya conocía. Ordóñez fue sustituido curiosamente por otro de mis antiguos mentores, Pío Cabanillas.

En ese ambiente ya casi irrespirable, se produjo otra muy mala noticia electoral para UCD. En las elecciones gallegas del 20 de octubre, se impuso contra pronóstico AP —con Gerardo Fernández Albor al frente (quien, por cierto, me dio un consejo político que siempre he tratado de seguir: «Ponte de pie para que te vean. Habla alto para que te oigan. Termina pronto para que te aplaudan»)—, aunque por entonces era un partido que no tenía estructura alguna. Y lo hizo en un feudo que hasta entonces era absolutamente nuestro y donde el control caciquil garantizaba que UCD se impusiera. Pero no ganamos. La precampaña había sido mala y la campaña, peor. Suárez solo dio un mitin en Lugo, que fue su última comparecencia electoral con los colores de UCD. A pesar de todo, nadie creía que fuésemos a perder. Días antes de las elecciones, le pregunté a Jesús Sancho Rof cómo irían las cosas. «Ningún problema —me contestó—. En Galicia todo lo que se puede mover se mueve para UCD o simplemente no se mueve.» Pero todo se movió en nuestra contra, principalmente el electorado, que nos dio la espalda. Tras lo ocurrido en las elecciones vascas y catalanas, lo sucedido en Galicia rozó la catástrofe. Cabanillas —genial, como siempre— advirtió del peligro que nos venía por la derecha: «Fraga ha pasado de ser hombre-espectáculo a ser hombre-posible». Me pareció tan certero el análisis, que lo «reciclé» después del éxito electoral de VOX en las elecciones andaluzas de diciembre de 2018.

La derrota electoral provocó el cambio de Gobierno. El 2 de diciembre de 1981, se constituyó un segundo gabinete remodelado tras la marcha de los parlamentarios socialdemócratas el 2 de septiembre y la asunción por parte de Calvo-Sotelo, el 21 de ese mismo mes, de la presidencia del partido. En el nuevo Ejecutivo, una vez más, Calvo-Sotelo continuó con su idea de contentar a todas las familias ideológicas de UCD.

Así llegamos a las elecciones andaluzas, que se celebraron el 23 de mayo de 1982 y en las que tuvimos grandes dificultades para encontrar un candidato. Nuevamente, Suárez se «ahorró» la campaña. Al abrirse las urnas, vimos que los resultados de UCD eran casi testimoniales en Andalucía. La barrida del PSOE, el crecimiento de AP y la derrota sacudieron hasta los cimientos la estructura de nuestro partido.

Nueva derrota, nuevo Gobierno. El 25 de julio de 1982, Calvo-Sotelo procedió a una nueva remodelación de su gabinete, a causa de esa nueva derrota electoral, del nombramiento de Landelino Lavilla como presidente de UCD y del anuncio por parte de Suárez de que iba a fundar su propio partido. En ese punto, Lavilla decidió lanzar una importante operación para intentar salvar a UCD del desastre y consiguió que Calvo-Sotelo autorizase a tres de sus ministros (Martín Villa, Jaime Lamo y Arias-Salgado) que se integrasen en el nuevo secretariado ucedista.

El día anterior a esta remodelación, me llamó Lamo de Espinosa para anunciarme que Juan Antonio García-Díez, a la sazón vicepresidente económico, había decidido acompañar a Suárez en su nueva aventura política. El Presidente había decidido que yo me hiciese cargo de esa cartera con un solo propósito: anunciar una minirrevolución fiscal y un aumento de los gastos sociales con más repercusión electoral. Leopoldo me llamó unas horas después para confirmarme lo que Jaime me había anticipado. Le contesté agradeciéndole la confianza y asegurándole que daría lo mejor de mí mismo para corresponder a ella. Fui ministro in pectore menos de veinticuatro horas, porque Leopoldo me volvió a llamar para decirme que García-Díez había reconsiderado su decisión y se quedaba en el Gobierno. No sé si fue por eso o por otras razones, pero, a los tres días, Calvo-Sotelo me concedió la Gran Cruz del Mérito Civil, una de las condecoraciones más prestigiosas que existen en España.

Este complejo y continuo proceso de deterioro final coincidió con una fortísima ofensiva terrorista por parte de ETA, con los nunca sofocados ruidos de sables —sobre todo durante el juicio del 23-F—, con una profunda crisis económica —a la que se sumó, por si faltaba algo, la peor sequía en veinte años— y con un arrollador crecimiento de la oposición. Todo esto prácticamente obligó a Calvo-Sotelo a reconocer la evidencia, disolver el Parlamento el 27 de agosto y convocar nuevas elecciones legislativas para el 28 de octubre de 1982, lo que hizo imposible a Landelino Lavilla cualquier propósito revitalizador de UCD, que a estas alturas resultaba por lo demás inútil.

7

EL CAMBIO Y LA PRESIDENCIA IMPERIAL

Si esperamos hasta que estemos listos, estaremos esperando por el resto de nuestras vidas.

DANIEL HANDLER

EL DERRUMBE FINAL DEL CENTRO-DERECHA

La desbandada final de las fracciones integradas en UCD comenzó antes de que finalizara 1981. El primero en separarse, el 3 de noviembre, fue Francisco Fernández Ordóñez, que al día siguiente inscribió en el Registro su nuevo Partido de Acción Democrática (PAD), donde se reagruparon diez de los diecisiete diputados socialdemócratas escindidos de las filas ucedistas. El PAD sería la pasarela que les serviría poco después para desembocar en el PSOE, en cuyas listas se presentaron en las siguientes elecciones.

En febrero de 1982, tres diputados —con Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón al frente— se integraron en el grupo parlamentario de Coalición Democrática. Coincidiendo con la renuncia de Calvo-Sotelo a la presidencia del partido el 6 de julio siguiente y con su propuesta de que lo sustituyera Landelino Lavilla, se consumó el cisma casi total de UCD. El 27 de julio, un grupo de democristianos encabezado por Óscar Alzaga se marchó y constituyó una nueva formación política, el Partido Demócrata Popular (PDP), arrastrando a sus filas a doce parlamentarios más, con lo que el grupo centrista del Congreso, ya de por sí minoritario, quedó aún más reducido. El PDP concurriría a las elecciones en coalición con AP y el Partido Liberal (PL). Julen Guimón, secretario general del nuevo partido, y José Ramón Pin, vicesecretario del PDP —mi colaborador más estrecho cuando fui secretario general del grupo centrista—, nos ofrecieron a Luis de Grandes y a mí acompañarles en su nueva aventura: «Sabéis, como yo, que UCD va al precipicio y vosotros con él. La única forma de preservar el centrismo es unirnos a la coalición». «Te lo agradezco mucho —le dije—, pero mientras UCD siga viva, yo no puedo correr con otros colores.» Luis de Grandes hizo lo mismo.

Al día siguiente, 28 de julio, con los dirigentes reunidos en consejo político, se hizo realidad lo que ya casi todos sabíamos: Adolfo Suárez y sus incondicionales anunciaron su baja en el partido. Tres días después, hicieron la presentación pública de su nueva formación, el Centro Democrático y Social (CDS). Entre sus fundadores estaban, además del propio Suárez, Rodríguez Sahagún, José Ramón Caso, Rafael Calvo Ortega y, para sorpresa de todos, Joaquín Abril Martorell. El disgusto de su hermano Fernando, otrora inseparable de Suárez, fue enorme: «¡Nunca pensé que Joaquín y yo acabaríamos militando en bandos diferentes!». El cisma de Suárez vino a significar el golpe de gracia al partido que él mismo había creado. A partir de ahí, a lo largo de las semanas siguientes, se fue produciendo un lento goteo de antiguos dirigentes y militantes en todas direcciones. La impresión resultante era que UCD entraba en un proceso de liquidación por derribo y que se desmoronaba a cada paso que daba, lo cual, no por ser cierto, era del todo verdad.

Lavilla nos confirmó a Jaime Lamo y a mí, respectivamente, como presidente y secretario general del grupo parlamentario. Además, constituyó una especie de reducida Comisión Ejecutiva de la que formamos parte Juan Antonio Ortega, Íñigo Cavero, Rafael Arias-Salgado, Rodolfo Martin Villa, Jaime Lamo de Espinosa y yo, que se convirtió un poco en el sanedrín del partido, al que asistía casi todos los días Ignacio Paddy Gómez-Acebo, que se había convertido en el oráculo de Landelino, desempeñando un papel similar —mutatis mutandis— al que luego tendrían Pedro Arriola con Mariano Rajoy o Iván Redondo con Pedro Sánchez.

La disyuntiva en aquellos días era muy sencilla: concurrir a las elecciones en solitario o hacerlo en coalición con AP y PDP. La mayoría de nosotros creíamos que concurrir solos era un auténtico suicidio, dadas las perspectivas electorales que nos atribuían todas las encuestas sin excepción. Solo una minoría defendía la tesis contraria, pero en esa minoría estaba Landelino Lavilla, quien al final hizo prevalecer su opinión. El debate se complicó aún más cuando, por diversos conductos, Fraga nos ofreció ir juntos con una sola condición: que él mismo fuese el candidato a la presidencia del Gobierno. Me llamó Alfonso Osorio y fue muy claro: «Dada vuestra profesionalidad y vuestro bagaje político, al día siguiente de las elecciones los ucedeos os alzaréis con el santo y la limosna en el grupo parlamentario. La condición de que sea Fraga el candidato a la presidencia es completamente irrelevante, porque ninguno de los nuestros va a tener la menor posibilidad de presidir el gabinete».

Le trasladé esta reflexión pragmática y sensata a Landelino, pero este me dijo: «El mejor servicio que podemos prestar a España y a la Corona es ir en solitario. Los socialistas van a ganar las elecciones, pero no van a tener mayoría absoluta. En estas condiciones van a necesitar a nuestros diputados para cerrar la investidura de Felipe González, a quien le vendrá muy bien este apoyo parlamentario para poder justificar que no está en condiciones de convocar un referéndum de salida de la Alianza Atlántica que no le hace la menor gracia». La conversación a partir de ahí fue muy sencilla. Le dije: «Mira, Landelino, nunca he tenido la menor intención de hacer como las viudas hindúes que se incineran en la pila funeraria de sus maridos, pero me resulta mucho más difícil concurrir en contra de las siglas que he defendido toda mi vida. Lo único que te pido es no ir por Melilla, porque allí los sondeos indican claramente que me ganará el candidato del PSOE, un tipógrafo del periódico local». «Entonces, ¿por dónde quieres ir?», me preguntó Landelino. «Me apetece ir por Valencia o por Alicante. Estoy casado con una valenciana, he trabajado en Castellón y he veraneado toda mi vida en Benidorm y Jávea. No me veo en ninguna otra comunidad», fue mi respuesta. Él aceptó y pasamos a discutir en qué número podía ir en la lista por Valencia. Al final le dije: «Mira, Landelino, o voy de número dos de Fernando Abril o, simplemente, no voy». Fui de número dos. Ya sabía que era muy difícil repetir escaño, aunque no era imposible porque podía salir el número 1, pero Fernando no hubiese aguantado en el escaño. En todo caso, ir el segundo por Valencia me sirvió, y no es poco, para trabar una gran amistad con Abril.

Tampoco le iba muy bien al CDS de Suárez. Cuando coincidí en el Parlamento Europeo con Fernando Fernández, expresidente de la Junta de Canarias, me describió una escena que vale la pena recordar ahora. Fernando estaba reunido con Suárez y todo el Comité Ejecutivo del recién nacido CDS el 27 de agosto de 1982. Sonó el teléfono y Suárez salió de la habitación. Volvió a entrar con ese aire grave que solo él sabía adoptar en las grandes ocasiones, se empezó a pasear por la habitación en silencio sepulcral durante unos minutos que parecían eternos y, finalmente, anunció: «Leopoldo acaba de disolver las Cortes. Se nos cae el Gobierno encima». Literal. Sacó dos escaños: el suyo en Madrid y el de Rodríguez Sahagún en Ávila.

Como he hecho siempre, tomada la decisión, me puse a remar como si en ello me fuese la vida. Me concentré —como secretario de Estudios y Programas que era— en preparar una convención que nos sirviese para reconocernos y ser reconocidos por los electores como un partido de centro, moderado, reformista y progresista. Coordiné la redacción de unos fascículos en que se hacía un balance de lo que había hecho UCD a lo largo de los años. Un balance brillantísimo, que no sirvió para nada.

El 11 de septiembre de 1982, esa convención de UCD se reunió en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid con miles de compromisarios y afiliados del partido, en presencia del Presidente del Gobierno, de sus ministros y de los miembros del Comité Ejecutivo. Landelino Lavilla, el único orador, pronunció un discurso preparado con suma precisión y en el que desarrolló un nuevo e ignorado talento carismático. En el discurso, Lavilla mantuvo que UCD podía seguir jugando un papel fundamental en una sociedad todavía deseosa de moderación y consenso. Tras criticar con dureza a los que se habían ido del partido, rechazó toda posibilidad de derechización y, por consiguiente, cualquier hipotética alianza con AP y lo remachó diciendo: «No es desde la derecha como se ganan las elecciones». La prensa tituló: «Nació un líder». Pero era un espejismo.

LA CAMPAÑA ELECTORAL

Fue muy dura. Éramos conscientes de que nuestros electores habían desertado hacia la derecha y hacia la izquierda y, día tras día, comprobamos que nuestro discurso no calaba en absoluto en la sociedad. Por el contrario, Manuel Fraga y Felipe González organizaban numerosos y abarrotados mítines.

El PSOE realizó una campaña sobria, basada casi exclusivamente en la imagen de Felipe González y con un programa en el que destacaban las propuestas de celebración de un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, la legalización del aborto en tres supuestos, la jubilación a los 64 años de edad y la creación de 800.000 nuevos puestos de trabajo.

España se hallaba ante la necesidad, sin duda, de un cambio profundo, una transformación que se manifestara en diferentes terrenos: en la superación de la crisis económica; en la neutralidad política del Ejército y su supeditación al poder civil; en la integración de las nacionalidades y la reorganización de la estructura del Estado; en la profesionalización de la Administración Pública que la hiciese de una vez eficaz; en el asentamiento de los procedimientos democráticos en la regulación de la vida pública, y en la incorporación plena de España a Europa y al mundo occidental. Todas esas necesidades fueron formando la convicción de que era necesario pasar página e iniciar un nuevo proceso bajo un nuevo liderazgo político que encarnase los principios elementales de modernización, democratización y europeización. Y esos valores estaban representados entonces por los socialistas. Era, pues, la hora del cambio, la hora de la hegemonía del PSOE.

En Valencia, la campaña fue igual de dura —o más— que en el resto de España porque, para acabar de ahogar nuestras expectativas electorales, se derrumbó la presa de Tous, provocando una de las mayores inundaciones que se recuerdan en la provincia de Valencia. Yo entré en Alcira a las pocas horas de la riada y el espectáculo era dantesco. Como ocurre siempre, se buscaban culpables, y esta vez, no hay que aclararlo, fueron los responsables de la Administración, es decir, nosotros. En cuestión de horas, vinieron a Valencia Leopoldo Calvo-Sotelo, Landelino Lavilla y Luis Ortiz, ministro de Obras Públicas. Nos volcamos en las zonas afectadas, pero no sirvió de nada, porque nuestra credibilidad era nula. En el Gobierno Civil, la secretaria del gobernador, José María Fernández del Río, alias Pichichi, era Rita Barberá, a la sazón activísima militante de AP. Cada vez que entraba a comunicarnos las encuestas electorales que se iban publicando, su sonrisa aumentaba a medida que crecían las expectativas de su partido y decrecían las nuestras.

El estado de ánimo de Fernando Abril fue empeorando según se acercaba la fatídica fecha de las elecciones. Me contó que, en su anterior experiencia de campaña en 1977, las colas daban dos veces la vuelta al aeropuerto, pero ahora no solo ya no nos llamaba nadie, era que ni siquiera se ponían al aparato. Valga de ejemplo que fui a un debate con todos los candidatos a CIERVAL, la patronal valenciana, y todos los presentes comenzaron a ponernos a escurrir. Así que pedí la palabra «por alusiones», pero el moderador de la reunión me dijo: «No, no, tú ya has terminado, y además bastante destrozo habéis hecho con no ir conjuntamente con Alianza Popular».

Otro día, al llegar al mitin programado en la gigantesca plaza de Los Silos de la localidad de Burjasot, nos encontramos con que habían acudido exactamente seis personas, sin duda, unos amigos muy fieles. No obstante, haciendo de tripas corazón, dije: «Oye, aquí hemos convocado un mitin y aquí lo vamos a dar». Y allí, efectivamente, se celebró aquel mitin que solo tuvo de festivo la coincidencia de que era 12 de octubre, día del Pilar.

Al final, como era de esperar, el resultado electoral en la Comunidad Valenciana fue catastrófico, y ello a pesar de que habíamos desembarcado con toda la artillería: el número 1 de Castellón —zona donde habíamos hecho todo lo posible para obstaculizar la entrada de cítricos marroquíes a Europa— era Jaime Lamo de Espinosa, ministro de Agricultura; en Valencia, el cabeza de cartel era Fernando Abril, vicepresidente del Gobierno, que, entre otras cosas, había creado la Bolsa de Valencia; y en Alicante iba otro ministro, el de Industria, Luis Gámir. Pese a ese despliegue, no sacaríamos ni un solo diputado.

Sin mayores sobresaltos que los enunciados, el 26 de octubre se llegó al cierre de la campaña estatal con los actos finales de todos los partidos. Fraga reunió a sus fieles en la plaza Mayor de Madrid, aderezando los discursos con una tuna y con el popular ritmo de la Vaca lechera, interpretada por la Orquesta Topolino. El PCE eligió la plaza de toros de Las Ventas, donde Mercedes Sosa y Caco Senante pusieron música a los discursos de Santiago Carrillo y la Pasionaria. UCD se reunió en un cine —pequeño— y la única actuación que allí se vio fue la de Landelino Lavilla, pues el partido decidió suspender la parte festiva y destinar el presupuesto comprometido para ayuda de los damnificados en las recientes inundaciones del Levante. Por su parte, el presupuesto del CDS no pareció dar ni para eso y se limitó a una corta sucesión de discursos. Sin duda, la fiesta mayor de la noche fue la protagonizada por el PSOE en la ciudad universitaria de Madrid, donde reunió a unas 400.000 personas, que corearon entusiasmadas tanto a Felipe González y Alfonso Guerra como a Joan Manuel Serrat, Paco Ibáñez y Georges Moustaki, para finalizar con la apoteosis de Miguel Ríos y su Himno a la alegría. Y la verdad es que los resultados electorales les darían motivos para esa exaltación de la alegría.

LAS ELECCIONES DEL CAMBIO

El recuerdo del 23-F, avivado por la desarticulación a comienzos de octubre de 1982 de una nueva trama cívico-militar que se proponía dar un nuevo golpe de mano la víspera de la jornada electoral; la prevista hecatombe de nuestra UCD, el partido que había gobernado desde 1977; la profunda crisis que atravesaba el PCE, y la extendida necesidad de reafirmar la opción de la mayoría del pueblo español por la democracia marcaron las elecciones del 28 de octubre de 1982 en un sentido que claramente transcendía el de una simple comparecencia electoral de una democracia asentada. Para muchos, se trataba más bien de una jornada de reafirmación y convalidación del sistema establecido a partir de 1976 y de rechazo de cualquier veleidad involucionista. Temporalmente se abolió el desencanto y el pueblo volvió a acudir en tromba, ilusionado, a las urnas. Por ello, las elecciones tuvieron un hondo significado de relegitimación de la democracia y, también, de alguna manera, de reafirmación del final feliz de la Transición, no tanto por su resultado, sino por el hecho de poder celebrarse y por la alta tasa de participación electoral: 79,78 %. Con este contundente éxito político, la sociedad española se entregó, de un modo tan apasionado como ingenuo, a lo que, sin duda alguna, puede calificarse como su, por ahora, última gran ilusión política.

El 28 de octubre de 1982, las urnas confirmaron con creces los pronósticos. El PSOE arrolló a todos los demás, consiguiendo la mayoría «absolutísima» con 202 escaños y más de diez millones de votos. Con el 48 % de los votos, dieciocho puntos más que en 1979, el socialismo hundía, tras sustraerles gran parte de sus electores, a UCD, al PCE y, por supuesto, también al nuevo CDS de Suárez.

El programa electoral del PSOE podía tener aspectos muy difíciles de cumplir, por no decir imposibles —como la creación a corto plazo de 800.000 puestos de trabajo—, pero estaba rodeado de una mística que hacía pensar que todos los problemas se solucionarían de forma inmediata. Felipe González logró un nivel de aceptación popular de 7,5 sobre 10, lo que era no solo muy superior al de cualquier otro gobernante europeo, sino que, además, por primera y única vez, superaba la cota que entonces tenía el propio Rey.

El segundo puesto fue para la Coalición Popular (CP) —formada por Alianza Popular, Partido Demócrata Popular y Unión Liberal—, con 106 escaños. Superó con creces la cota alcanzada en 1979: si entonces no había llegado al 6 % de los votos, ahora, en cambio, pasó a tener casi cinco millones y medio, correspondientes al 26 %. Esta coalición obtuvo, además, una penetración en sectores de los que estaba muy alejada en anteriores comicios, como, por ejemplo, los jóvenes. AP, que ya había intentado su reconversión centrista en las elecciones de 1979 mediante CD, parecía ahora, gracias a su nuevo formato como CP, en disposición de romper su «techo electoral» en futuras elecciones si acentuaba su giro al centro.

Nuestra UCD se tuvo que conformar —haciendo de tripas corazón— con ser la tercera fuerza política, con millón y medio de votos y once escaños más uno. Este «uno» era el de Marcelino Oreja, quien dijo que, dadas las circunstancias del País Vasco, él sí tenía que ir en coalición con AP. Este hecho dio oportunidad a que ofreciéramos una rueda de prensa conjunta perfectamente absurda en la que yo trataba de explicar por qué íbamos solos y Marcelino por qué, siendo del mismo partido, él iba en coalición.

El derrumbe de UCD fue total: del 35 % de los votos de 1977 pasamos al 7 %. Así, protagonizó uno de los mayores y más inauditos descalabros de la historia de los partidos políticos del mundo occidental: tras haber ganado sobradamente las dos primeras elecciones libres del posfranquismo, tras haber dirigido y organizado una transición pacífica de la dictadura a la democracia, obtenía tan solo el 7 % de los sufragios. En lo personal, Calvo-Sotelo protagonizó uno de los escasos ejemplos de la historia de las democracias —si es que hay alguno más— en que el presidente del Gobierno que convoca las elecciones no sale elegido siquiera diputado. El PCE también fracasó estrepitosamente al no conseguir formar grupo parlamentario propio, con cuatro escaños. De esta forma, el comunismo español se situaba en la cota electoral más baja de todo el Mediterráneo occidental, cuando en tiempos inmediatos había tenido un protagonismo decisivo. El PCE quedaba seriamente herido de cara al futuro. Los nacionalistas vascos y catalanes, por el contrario, obtuvieron muy buenos resultados, con ocho y doce escaños, respectivamente. Finalmente, el CDS solo consiguió dos: los de Suárez y Rodríguez Sahagún. Ante tan exiguo resultado, el expresidente se lo tomó con humor negro y declaró: «Somos el grupo mayoritario... del Grupo Mixto».

Frente a lo que todas estas cifras indicaban, había que tener en cuenta que, en realidad, el terremoto electoral había sido mucho menor en la sociedad misma que en su inmediata traducción electoral y política. Los españoles apenas habían cambiado de posición política: aunque diez millones de votantes cambiaron de partido receptor de su voto, solo el 13 % modificó algo su posición en la escala de autolocalización política. Quiere esto decir que, aunque España había evolucionado un poco más hacia la izquierda, eso no fue lo decisivo para explicar los resultados electorales. Los que habían cambiado eran los partidos, que con su trayectoria se habían liquidado a sí mismos (UCD), habían ahuyentado a la mitad de sus votantes (PCE) o permanecían muy lejos por el momento de cualquier expectativa de llegar al poder (AP por medio de CP).

Las elecciones del 28 de octubre cerraron una etapa e iniciaron una nueva singladura política que se caracterizó por consagrar una clara hegemonía socialista con visos de perpetuarse en el poder. Me parece importante subrayar que desde entonces, y hasta 1993, no se instauró en España un bipartidismo similar al que existía en las demás democracias europeas. El PSOE mandaba en todo y en todas partes, y la alternancia política parecía una quimera. Desgraciadamente se cumplía lo que yo le había vaticinado a José María Cuevas: «Vais a tener socialismo para rato».

AGONÍA Y MUERTE

UCD sobrevivió durante un breve y caótico periodo a este desastre electoral, demostrando que, una vez desalojada del Gobierno, era incapaz de mantenerse. Su inapelable derrota no solo le hizo perder el poder, sino que le arrebató su propia identidad de partido creado para gobernar. Pronto, UCD desaparecería y sus miembros se marcharían a casa, se dispersarían por nuevas formaciones políticas —los menos— o por todo el espectro de las ya existentes —los más—. Pero, de momento, hubo algunos supervivientes ucedistas que pretendimos seguir adelante con el partido después del desastre, pero no pudimos. Estaba cargado de deudas y apenas iba a recibir ayuda del Estado por sus escasísimos resultados electorales.

Aun así, los días 11 y 12 de diciembre de 1982 tuvo lugar en Madrid un congreso extraordinario, que se convertiría en una especie de funeral, y al que no acudieron ni siquiera Calvo-Sotelo o Pío Cabanillas para ahorrarse el lamentable espectáculo de aquellas estériles discusiones. Sí asistieron unos quinientos compromisarios, y en él se enfrentaron los dos principales bloques de una UCD residual que no daba muestras de haber sacado lecciones de su fracaso electoral. Por una parte, los «azules» bajo la batuta de Rodolfo Martín Villa, con Jesús Sancho Rof y Gabriel Cisneros; por otra, los democristianos, representados en la cúpula del partido por Landelino Lavilla e Íñigo Cavero.

Incluso exhausta, UCD fue incapaz de resistirse a la pulsión autodestructiva. A duras penas, ambos sectores establecieron un statu quo provisional, repartiéndose las ya prácticamente inexistentes responsabilidades: el sector «azul» consiguió imponer la adopción de un programa ideológico renovado y a uno de los suyos, Gabriel Cisneros, en la presidencia del «grupito» parlamentario, mientras que el sector democristiano conservó la dirección del moribundo partido. Landelino Lavilla se encontró así en la insostenible situación de presidir una formación cuya menguada representación parlamentaria escapaba totalmente a su control.

A partir de entonces, UCD viviría una más que lánguida agonía final que duró poco más de dos meses. Finalmente, su Comité Ejecutivo tomó la decisión de disolverse el 18 de febrero de 1983. Lavilla abandonó la presidencia, haciéndose cargo de ella una comisión gestora, encargada de «cerrar el negocio» y apagar la luz. Él mismo sentenció: «Me dieron un moribundo, pero no soy responsable de que se me muriera, soy responsable de no haber podido salvarlo». Cuando se le preguntó a Adolfo Suárez si se arrepentía de algo, dijo: «Sí; no fui capaz de hacer un partido político». Su otro presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, lo resumió así: «Las condiciones del éxito de UCD fueron también las de su fracaso».

Al disolverse, la Unión de Centro Democrático cargó con la grave responsabilidad de dejar al país durante doce años sin verdadera oposición. Pero, en realidad, UCD nunca pudo perpetuarse ni tampoco se autodestruyó como partido por la sencilla razón de que nunca fue tal cosa. Solo fue un equipo de personas de buena voluntad, unidas exclusivamente por la conciencia de tener una misión. UCD vivió para cumplir esa misión y murió por haberla cumplido. Nunca tuvo ni siquiera un verdadero programa y, menos aún, disciplina de partido. El diseño era muy general y los detalles se fueron ajustando sobre la marcha. Fue, de alguna manera, el instrumento que permitió la Transición y se debe analizar como la expresión política de la coincidencia excepcional, e históricamente delimitada, entre los deseos de la sociedad civil, la entrega, capacidad y generosidad de algunos hombres y la intuición del Rey.

Tras la disolución, gran parte de los democristianos que quedaban se cobijaron en el PDP de Óscar Alzaga, mientras que algunos liberales se incorporaron a la Unión Liberal, ambos coaligados con AP en Coalición Popular. Otros tantos centristas residuales desaparecieron, junto a muchas ilusiones y sueños, en la vorágine de la historia. Casi toda la base electoral ucedista se pasó a AP, que, a partir de entonces —y desde 1990 como PP— fue la principal fuerza de centroderecha española. Así, la misma distancia que la agonizante UCD se negó a franquear hacia la derecha de Fraga para salvarse, AP no tuvo más remedio que recorrerla en sentido inverso para tener futuro, aunque el camino se hiciese muy largo.

En esos dos meses de gestora, anuncié que no seguía y que abandonaba la política. Pedí mi reingreso en el cuerpo de técnicos fiscales del Estado y me destinaron al Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), puesto muy deseable para un hacendista como yo. Allí estuve restañándome las heridas y desenganchándome de la política un tiempo, año y pico, desde octubre de 1982. Pero la llamada de la jungla pronto me llevaría a nuevos retos.

8

EN BUSCA DEL CENTRO PERDIDO

No siempre se consigue lo que se quiere, pero si se intenta, se consigue lo que se necesita.

MICK JAGGER

DURÉ POCO LEJOS DE LA POLÍTICA

Cuando desapareció UCD, me sentí como los amantes que pierden su primer amor. En el TEAC me nombraron ponente, el puesto inferior que podían darme con mi antigüedad en el cuerpo. Graduarme en Harvard y haber participado en todos los debates parlamentarios y discusiones sobre presupuestos y asuntos tributarios no me sirvió de mucho. Más bien al contrario. No tenía secretaria ni teléfono. Las ponencias las escribía a mano y las mandaba a un pool de secretarias que se devanaban los sesos intentando descifrar mi letra. Ya lo dijo el jefe galo Breno tras arrasar Roma: «Vae victis» («¡Ay, de los vencidos!»).

El TEAC dependía del Ministerio de Hacienda y estaba encargado de resolver las reclamaciones contra las resoluciones de los tribunales provinciales a favor de la Administración y en contra de los contribuyentes. Si bien es cierto que está integrado por funcionarios altamente especializados, no es menos cierto que, por el hecho de poder ser removidos en cualquier momento, suelen ser proclives a las directrices administrativas. Sufrí en mis propias carnes ese control gubernamental.

Allá por 1983 me tocó resolver un recurso presentado por un contratista contra la liquidación del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas que se le había girado por construcciones incluidas en el concepto de «equipamiento comunitario» que él entendía exentas. El Tribunal provincial había resuelto en contra del contribuyente. Yo, como instancia superior, entendí lo contrario y aclaré que, en consecuencia, había que devolverle el impuesto cobrado en los cinco años anteriores. La ponencia fue aprobada por unanimidad, declarada de interés general y publicada en el BOE para general conocimiento.

Y ahí se armó la marimorena. El presidente del Tribunal fue llamado a capítulo e «instruido» para hacerme entrar en razón. El Ministro sabía que, de prosperar mi tesis, se le venía encima una avalancha de reclamaciones pidiendo la devolución de los ingresos indebidos. Me pidió que redactase otra ponencia concluyendo que, si bien las obras de construcción comunitaria estaban exentas —cosa innegable—, no procedía devolver el dinero ingresado. No hace falta aclarar que me negué. La solución fue la de siempre: nombraron a otro ponente menos heterodoxo. Su resolución fue declarada también de interés general y publicada en el BOE. Aunque luego sería declarada nula por la jurisdicción contencioso-administrativa, para entonces Carlos Solchaga ya no era ministro.

Como siempre he sido partidario de sacar conclusiones prácticas de las experiencias vividas, cuando años después publiqué Una reforma fiscal para España (1995) abogué por una transformación a fondo de la jurisdicción económico-administrativa, que sigue pendiente. Cuando tres años después volví al Congreso, me abordó el propio Solchaga: «¿Cómo te hemos tratado en tu exilio administrativo?». «Pues muy bien —le respondí—; me habéis dejado muchísimo tiempo libre para escribir varios libros y también para haceros la puñeta todo lo que he podido haciendo informes para los partidos de la oposición.» De eso hablaré luego, ahora solo quiero recordar que en aquellos años en que se estaba estudiando la implantación en España del IVA, publiqué dos libros: El Impuesto sobre el Valor Añadido (1985) y El Impuesto sobre el Valor Añadido: Reglamento, consultas y contabilización (1986).

La vida en el TEAC era más tranquila, pero me faltaba algo: la política. Y es que, cuando lo que te interesa es la gestión de la res publica, nunca abandonas la política; es ella la que te abandona a ti.

La primera invitación que tuve para reincorporarme a la pelea me la hizo Carlos Robles Piquer —con quien coincidí años después en el Parlamento Europeo e hicimos buena amistad—, que me invitó a ingresar en la Alianza Popular de su cuñado, Manuel Fraga. Le agradecí el gesto, pero le dije: «No me sentiría cómodo en un partido como el tuyo que, en mi opinión, está demasiado a la derecha. Mi sitio natural está en un partido de centro, como los que gobiernan en la mayoría de los países europeos y que tanto han contribuido a la gestación y desarrollo del proyecto europeo».

Cuando ya se había doblado el cabo de las elecciones municipales del 8 de mayo de 1983, fueron Julen Guimón y José Ramón Pin los que me invitaron a incorporarme al Partido Demócrata Popular (PDP), un partido mucho más pequeño que AP, pero mucho más cercano a mis convicciones políticas. Un partido humanista, centrista y claramente europeísta —como la CDU alemana o la Democracia Cristiana (DC) italiana—, que aspiraba a crear una especie de tercera vía entre la derecha clásica y la socialdemocracia. Como hacía siempre, comenté este ofrecimiento con Pío Cabanillas, que me animó a aceptarlo: «Como sabes, yo estoy en el Partido Liberal de Segurado. Hay que estar cerca de Fraga, pero no demasiado cerca. Como diría un paisano, juntos pero no revueltos. Yo quiero ser como Australia: miembro de la Commonwealth, pero no del Reino Unido». Lo entendí divinamente.

Cuando hablé con Óscar Alzaga para formalizar mi ingreso, me ofreció ocupar la Secretaría de Estudios del nuevo partido y, desde allí, ir perfilando un proyecto que nos permitiese reconocernos y ser reconocidos. Con estas instrucciones, me embarqué en la redacción de una colección de folletos —bajo el título genérico «En el centro, el hombre»— en los que se fueron desgranando nuestras señas de identidad. La más controvertida era la apuesta por la economía social de mercado, que nos diferenciaba de los liberales clásicos, que hablan de economía liberal a secas.

LA SOSTENIBILIDAD DEL ESTADO DEL BIENESTAR

Como nunca me ha gustado hacer afirmaciones vacías, en aquella época realicé un esfuerzo enorme por concretar el significado de la economía social de mercado, especialmente en lo que se refiere a la sostenibilidad del Estado del bienestar. La ocasión era más que propicia porque UGT —el sindicato hermano del PSOE— se había echado al monte para protestar contra la Ley 26/1985, de 31 de julio, que, entre otras cosas, ampliaba el periodo de cotización de diez a quince años. El secretario general del sindicato, Nicolás Redondo, aprovechó una comparecencia en el Club Siglo XXI para atacar con singular dureza la política del Gobierno, a la que calificó de «excesiva y descompensada». En declaraciones posteriores a una revista, Redondo fue aún más duro: «No digo que este Gobierno haga una política reaccionaria, pero en algunos casos coincide con la de Reagan».

El tema de las pensiones ha sido desde entonces recurrente y lo va a seguir siendo en el futuro. En 1976, había 5,7 personas trabajando por cada pensionista; en 1999, profetizaban ya los gurús demoscópicos, solo habría cuatro. Las cosas, continuaba la profecía, se volverían más delicadas en el momento en el que la generación del baby boom —los nacidos entre 1957 y 1977— comenzaran a jubilarse. Si, por una vez, los gurús aciertan, en 2036 habrá solo 1,94 personas trabajando por cada pensionista. ¿Cómo lograr entonces que un número relativamente pequeño de trabajadores produzca lo suficiente para sacar adelante a sus familias y, a la vez, sostener a una gran cantidad de jubilados?

La respuesta a estos interrogantes parece muy simple: hacer que más gente trabaje, que lo haga durante más tiempo y que sea lo más productiva posible. Pero si se escarba un poco se observa que la respuesta es sumamente complicada y que es necesario tocar muchas más teclas para que la melodía resultante no haga chirriar los goznes de la sociedad. La solución es diferente en función de la concepción del mundo y la vida, de los valores y principios que cada uno defiende. Porque, como decía Ortega, «las ideas se tienen, mientras que en los principios se está».

Los liberales enragés —es decir, los más radicales— apuestan por la sustitución del modelo público de pensiones por un sistema de capitalización en el que las aportaciones de los asalariados integren un fondo que se utilizará para pagar las pensiones futuras. La gestión de ese sistema se encomienda a empresas privadas, de modo que las pensiones dependerán del mercado y de la destreza de los gestores de esas empresas. Por tanto, si las cosas se ponen feas, no habrá rendimientos pactados de antemano, ni seguridad alguna del cobro de las prestaciones. En síntesis, el funcionamiento de este sistema no es muy diferente al de un plan privado de pensiones. Como diría el refrán, a quien Dios se la dé, que san Pedro se la bendiga.

Los partidarios de la economía social de mercado apostamos por una solución diferente: no nos cuestionamos el sistema público de previsión social, pero sí diferimos en cuanto a la forma de financiarlo. Pensamos que las pensiones de jubilación no son sino uno más de los gastos a los que se destinan los recursos públicos, exactamente igual que los sueldos de los funcionarios, las inversiones en carreteras, educación o sanidad. Siendo así, los poderes públicos deben decidir cuál es el nivel de pensiones que consideran justo y, a partir de ahí, sacar el dinero necesario para pagarlas de los Presupuestos Generales del Estado. Lo que no tiene sentido es reclamar que, cuando las cotizaciones no alcanzan, hay que bajar las pensiones, como no lo tendría decir que se tiene que recortar el presupuesto de las universidades porque las tasas universitarias no cubren los gastos.

Soy consciente de que la sustitución de las cotizaciones sociales por la imposición indirecta es un paso en la buena dirección, pero no es suficiente. Son necesarias, además, reformas radicales y profundas —políticas familiares activas, jubilaciones a la carta, IVA social, etcétera— que permitan financiar y preservar el sistema de protección social, que es uno de los signos de identidad de nuestro modelo social.

LA ESTRATEGIA DEL PDP

El ideario de mi nuevo partido era claro; la forma de llevarlo a la práctica, no. Coincidíamos todos en que el PDP era un partido demasiado pequeño para presentarse en solitario a unas elecciones. La cuestión era, pues, ¿con quién?

Cuando me incorporé a él, el PDP estaba integrado en CP, de la que formaban parte Alianza Popular y Unión Liberal, que a finales de 1984 se transformaría en el Partido Liberal. También se integraron los partidos regionalistas Unión Valenciana, Unión del Pueblo Navarro, Partido Aragonés Regionalista y Centristas de Galicia. A partir de ahí, las opciones eran dos y solo dos: construir un bloque centrista con otros partidos que coincidiesen con nosotros en lo que los alemanes llaman «concepción del mundo», o seguir integrados en Coalición Popular e intentar «arrastrarla» hacia planteamientos más centristas. La primera opción era la preferida de Óscar Alzaga, Javier Rupérez, Luis de Grandes, Íñigo Cavero y José Ignacio Wert. La segunda, la de Julen Guimón, José Manuel Otero, José Luis Álvarez y José María Álvarez del Manzano, entre otros.

Los resultados de CP en las elecciones de 1982 habían sido mucho mejores que los obtenidos en 1979, pero parecían no tener demasiado margen de mejora en el futuro. Los estudios demoscópicos señalaban claramente que con Fraga era muy difícil ampliar nuestro electorado. Por eso, contemplamos con esperanza la aparición, el 11 de marzo de 1983, del Partido Reformista Democrático, de ideología liberal y centrista, que aspiraba a hacer de «bisagra» entre los dos grandes partidos nacionales. En realidad, era una operación política lanzada desde Cataluña por Convergència i Unió y liderada por Miquel Roca, que contó con una generosísima aportación económica por parte de las asociaciones empresariales. Las mismas que habían contribuido a dinamitar UCD.

En los órganos directivos del PDP consideramos seriamente la posibilidad de converger electoralmente con ellos. A mí me tocó entrevistarme con Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid y por entonces secretario general del nuevo partido. Florentino fue uno de los últimos de UCD, como yo, y ese compañerismo de trinchera nos había unido mucho. Me reuní con él para explorar la posibilidad de crear una alternativa de centro que rompiese con la hegemonía socialista. Tengo que confesar que no mostró mucho interés por mi propuesta. Tal vez ya pensaba más en fichajes galácticos.

EL DEBATE DE LA OTAN

Como he contado antes, los socialistas se habían opuesto con vehemencia al ingreso de España en la OTAN cuando lo propuso Calvo-Sotelo, pero, nada más llegar a la Moncloa, Felipe González se dio cuenta de que el país no podía quedarse aislado en un mundo bipolar y de que la permanencia en la Alianza nos ayudaría a ingresar en la CEE. Así que se vio en la necesidad de volver a meter la pasta en el tubo y eso, como sabemos, no es fácil. Apostó por la permanencia en la OTAN con tres atenuantes: no incorporarnos a la estructura militar; prohibir que se instalasen, almacenasen o introdujesen armas nucleares en territorio nacional; y reducir las bases estadounidenses en España. Sobre Gibraltar, cuestión que habían sacado a pasear en el debate parlamentario durante la legislatura anterior, ni media palabra.

La campaña fue muy difícil para el Gobierno porque, insisto, la opinión pública era muy contraria a que España se incorporase a ningún tipo de alianza militar. El PSOE se empleó a fondo para cambiar ese estado de opinión. Todos los poderes fácticos —organizaciones empresariales, medios de comunicación y demás— se alinearon con ellos y utilizaron la televisión pública sin el menor pudor. Ya se sabe que el cine es mucho más efectivo que los informativos a la hora de ir macerando las mentes, así que nos inundaron con películas en que se veía a las tropas soviéticas devastando Berlín y a los yanquis desembarcando en Normandía para devolver a los europeos la libertad perdida.

En esta ocasión, Felipe González dio muestra de su talla política y supo rectificar, lo que en un hombre público tiene mucho mérito. Así, transformó la meliflua fórmula «de entrada, no» en la más decidida «de permanencia, sí», a pesar de la resistencia de buena parte de sus colegas de partido y también de su electorado. Los que nos equivocamos fuimos nosotros. No tenía el menor sentido que, habiendo sido siempre favorables a la adhesión, postulásemos ahora la abstención solamente para diferenciarnos de los socialistas. Los estrategas de cámara creyeron que era una buena oportunidad para forzar a Felipe a doblar el brazo y convocar elecciones. Ya soñaban con unos carteles electorales en los que González apareciera con una nariz más larga que la de Pinocho.

Lo absurdo de esa postura se lo hizo ver repetidamente lord Carrington, a la sazón secretario general de la OTAN, a Marcelino Oreja, entonces secretario general del Consejo de Europa. Carrington estaba convencido de que un resultado adverso tendría graves consecuencias para la Alianza, pues era muy posible que Grecia quisiera imitar a España y el efecto podría ser un grave debilitamiento de la defensa occidental en pleno debate sobre los misiles, la guerra de las Galaxias y la tensión Este-Oeste. Oreja ofreció a lord Carrington ponerle al habla con Fraga, al que encontraron en Lisboa asistiendo a un congreso. Hablaron los dos, pero fue inútil. La moraleja operativa de este episodio la resumió muy bien Margaret Thatcher: «Un partido que quiere gobernar, tiene que decir lo mismo en el Gobierno que en la oposición». Ni que decir tiene que yo di mi voto heterodoxo a la permanencia.

LA VOLADURA DE COALICIÓN POPULAR

El magnetismo de Coalición Popular para aglutinar a las fuerzas políticas no socialistas en la denominada «mayoría natural» se agotó en la primavera de 1986, tras el referéndum de la OTAN, en el que la victoria gubernamental dio oxígeno suficiente a Felipe González para disolver el Parlamento y convocar elecciones generales, las cuartas desde el final de la dictadura, con un adelanto de seis meses.

Fraga las afrontó con un rechazo popular —no pequeño ni mudable a corto plazo— que el partido quiso medir mediante una encuesta elaborada en abril de 1986 y cuyo resultado le fue ocultado para no desmoralizarle más de lo que ya estaba. Partiendo de esa constatación, fueron varias las operaciones que se pusieron inmediatamente en marcha. Para empezar, nació una maniobra de contestación interna en el seno de la propia AP, encabezada por su secretario general, Jorge Verstrynge, de la que yo tuve puntual información a través de mi compañero de candidatura por Valencia, Carlos Manglano.

Además, en el PDP decidimos aprovechar la campaña para aumentar nuestra implantación territorial e irnos preparando para volar en solitario inmediatamente después. Seleccionamos para nuestros actos los pueblos en que nuestras perspectivas de crecimiento eran mayores y mantuvimos en velado secreto que, si todo seguía igual, después de las elecciones volaríamos por nuestra cuenta. A este respecto, es de reseñar la metedura de pata del secretario general del PDP en Valencia. En el acto que celebramos con Óscar Alzaga durante la campaña en el balneario urbano de Las Arenas, le dijo: «Tú que vas a ser líder de un grupo parlamentario propio, acuérdate de Valencia». La cara de nuestro socio electoral aliancista, Ángel Sanchís, presente en el acto, fue un poema. Lógicamente lo reportó de inmediato a su jefe de campaña, Carlos Robles Piquer, y parece que la broma nos costó al PDP dos senadores.

Al final, los resultados de aquellas elecciones de 1986 fueron francamente malos para nosotros. El PSOE mantuvo la mayoría absoluta con 184 escaños (dieciocho menos que en las anteriores). Por su parte, CP se quedó en 105 (perdió dos), mientras que el CDS de Adolfo Suárez obtuvo diecinueve —en 1982 habían sido solo dos— y CIU, dieciocho. Pero el fracaso más estrepitoso fue el del Partido Reformista Democrático, que no obtuvo ni un solo diputado. Eso demostraba que las operaciones de laboratorio montadas artificialmente en cenáculos empresariales suelen tener escaso éxito, porque la política es la política y los negocios son los negocios.

Entre los 105 de CP había veintiún diputados del PDP y once del PL de Segurado, datos muy a tener en cuenta para la «Operación Centro» que se iniciaría inmediatamente después. A este respecto, era de considerar también el relativo buen dato electoral obtenido por el CDS de Suárez, que reaparecía como marca blanca del centrismo.

Al conocerse estos resultados, se abrieron las hostilidades entre los partidos que formaban parte de CP. La expresión «resultados claramente insatisfactorios», oída de labios de Alzaga en la rueda de prensa conjunta de sus líderes en la misma noche electoral, alarmó a cuantos la oyeron, Fraga el primero, por lo que anunciaba de crisis a la vista. Aunque en parte era un autorreproche, Alzaga pareció anunciar que la fórmula de coalición con Fraga de líder principal se había agotado. Al día siguiente, en un ambiente revuelto, se reunieron en la sede aliancista los tres líderes populares. Alzaga siguió insistiendo en que la hipótesis de Fraga consistente en aumentar veinte escaños para dar el asalto al poder en 1990 había fracasado. Como concluyó el propio Fraga en sus memorias: «Conseguí algo con Segurado y nada con Alzaga».

Cuando el Comité Ejecutivo del PDP se reunió el 28 de junio, a Alzaga le había caído ya tal tormenta de críticas por plantear la separación que, al aludir algún interviniente a las que «estamos recibiendo», él no pudo dejar de relatar la vieja anécdota de Rafael el Gallo: mientras lo entraban en el callejón gravemente herido, al oír que su apoderado decía todo compungido: «¡Qué cornada nos han dado, maestro!», el torero puntualizó: «Mayormente a mí».

En aquel Comité se aprobó un escrito de seis puntos, el más sensible de los cuales era la formación de grupo parlamentario propio y separado de los socios electorales o, cuando menos, irse al Grupo Mixto. En los parlamentos regionales, ayuntamientos y diputaciones, las cosas seguirían como antes. Era el camino intermedio, «a la francesa», entre la ruptura total y la continuidad. La decisión no fue aprobada por unanimidad: treinta miembros del ejecutivo a favor y trece en contra. Los vicepresidentes José Luis Álvarez, José Manuel Otero Novas y Eduardo Carriles presentaron la dimisión porque el acuerdo de ir al Grupo Mixto debería haberlo adoptado el Consejo Político, órgano máximo entre congresos.

Alzaga prometió someter cuanto antes el escrito a Fraga, quien —fiel a su costumbre— aquel domingo se hallaba de pesca en los ríos trucheros de León reflexionando sobre la algarabía reinante. Fraga escribiría tiempo después en sus memorias una reflexión muy amarga: «Mientras yo pesco y me distiendo [...], el PDP se reúne y acuerda irse al Grupo Mixto. La suerte está echada; en más de un sentido hay que volver a empezar. Y, por otra parte, aunque la naturaleza no da necesariamente sus mejores medidas humanas en medio de la lucha política, y menos en una transición, ¡qué porquería, qué asco!».

El lunes por la mañana, Alzaga llamó a Fraga para entregarle en persona el documento elaborado por su partido, pero la secretaria de este último le transmitió la negativa al encuentro personal sin la presencia de Segurado. Hubo que esperar al 3 de julio para que los tres presidentes de los partidos coaligados en CP se reunieran a almorzar con vistas a replantear el pacto que los unía o, en la peor y más previsible hipótesis, a consumar la ruptura del PDP. De momento, no hubo solución. El día clave en este largo pulso fue el 14 de julio. Las dos formaciones reunieron a sus respectivos órganos de dirección en medio de un ambiente tenso y atento a quién disparaba primero. El Consejo Político del PDP decidió que nos integraríamos en el Grupo Mixto a la espera de preparar una proposición de ley para reformar el Reglamento del Congreso y el Senado.

Mientras Alzaga y Fraga cruzaban correos con sus encontradas opiniones acerca de esa decisión, de manera que lo que para el madrileño era una conducta «jurídica y políticamente legítima», a Fraga se le antojaba un atentado «a la confianza y a la buena fe», en la cúpula del PDP estallaba el conflicto interno. Junto a los dimisionarios discrepaban con el proceder de Alzaga y su equipo José María Álvarez del Manzano, Julen Guimón, Jaime Mayor Oreja, Jaime del Burgo, Rodolfo Martín Villa y Otero Novas, el único que habló del peligro de escisión. Así comenzó un goteo de fugas hacia AP de militantes democristianos, unas veces espontáneo y otras instigado por los aliancistas con el señuelo de repetir candidatura electoral.

El día de la constitución del Parlamento, los diputados del PDP cruzamos el hemiciclo camino de nuestros escaños, en los peraltes altos del Congreso, muchos avergonzados ante el semblante de nuestros aliados aliancistas. No hubo palabras hostiles, pero el ambiente era espeso y gélido. La portada de ABC era para verla: las fotos de los veintiún diputados debajo de un título que simplemente ponía: «Wanted».

Mientras todo esto sucedía en el PDP, la larvada crisis de AP comenzó a agravarse. Fracasada la coalición, cada vez parecía más difícil que el partido pudiera alcanzar en solitario la mayoría suficiente para gobernar. Por una banda, banqueros y financieros empezaron a poner en duda también su capacidad para ganar unas elecciones, mientras que por todas partes se hablaba del «techo de Fraga» y se le negaban perspectivas de progreso electoral.

El mal resultado de las elecciones autonómicas en el País Vasco del 30 de noviembre de 1986 tuvo una influencia decisiva en el curso de los acontecimientos. El sábado, jornada de reflexión, Fraga se trasladó a Málaga a un acto del partido y de allí a Ciudad Real a una montería. Cuando por la noche regresaba a Madrid, oyó por radio los resultados catastróficos de las elecciones vascas: CP había bajado de seis a dos escaños y, además, el CDS de Suárez igualaba su resultado. Al parecer, Fraga tomó la decisión de irse esa misma noche y, como escribió en sus memorias, «dormí más tranquilo que en todo el trimestre». Pero Fraga no era persona que improvisase. Días antes ya había escrito, por si acaso, una carta dirigida al vicepresidente primero de AP, Gerardo Fernández Albor, comunicándole «su decisión irrevocable de dimitir como presidente nacional y retirarme definitivamente de la vida política». Fraga creía rendir con ello un servicio a la política y dejar abierta la posibilidad de que el esfuerzo de unir a la derecha democrática lo realizaran otros. Además, dejó otra carta para los afiliados y, ese mismo lunes, recogió sus papeles y abandonó el número 13 de Génova.

LA SUCESIÓN

La dimisión de Fraga abría la sucesión, para lo que se convocó un congreso extraordinario, que se celebró el 7 y 8 de febrero de 1987 en Madrid, contraponiendo dos modelos sucesorios: el del populista andaluz Antonio Hernández Mancha y el del intelectual madrileño Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, cada uno con estrategias diferentes. Para Herrero —y para un nutrido grupo de eficientes parlamentarios y técnicos—, AP debía ser por sí misma la piedra angular de cualquier alternativa al socialismo, y los partidos que quisiesen concurrir a las elecciones con ella debían probar su valía electoral en cada proceso electivo. Él prometía no consentir más que AP pusiera implantación, recursos y esfuerzos de sus militantes, mientras otros solo ponían candidatos que, una vez elegidos, se olvidaban del proyecto común. Para él, el modelo del partido debía basarse en la organización y el debate colectivo, toda vez que el liderazgo de Fraga no podía tener continuidad. Como soporte de todo, la eficiencia profesional debía inspirar todas las áreas.

Para Hernández Mancha, aupado por la popularidad como desenfadado antilíder, el objetivo era la reconstrucción del centroderecha, donde AP solo sería una parte importante de una nueva CEDA —la Confederación Española de Derechas Autónomas, una coalición de partidos de derechas y católicos formada durante la Segunda República—, todo un referente para él. Ese impreciso marco estratégico, sin embargo, parecía la continuación de la política fraguista de la «mayoría natural», pero sin Fraga.

A todos los que se le dirigieron en demanda de un pronóstico o un signo de preferencia, Fraga siempre contestó a la gallega: «A quien Dios se la dé, san Pedro se la bendiga». Al final, el sector de Herrero solo obtuvo un tercio de los votos y los manchistas coparon prácticamente todos los órganos de gobierno. Resultado: las heridas quedaron abiertas. El gran protagonista de la clausura fue, una vez más, Fraga. Tras haber estado intencionadamente ausente, intervino para dar legitimidad a los vencedores y pedir generosidad con los derrotados. En su discurso final, Hernández Marcha se dirigió expresamente a él para decirle: «¡Usted tranquilo, don Manuel!». El abrazo final entre uno y otro quiso simbolizar la paz interna, pero, como se vería, no fue más que una pantomima.

Fuera de AP, eran muchos los que empezaban a moverse para reconstruir el centro político. Alfonso Osorio pretendía desplazar el centro de gravedad de AP hacia la centralidad, incorporando como independientes a democristianos, liberales y otros políticos «descolgados». Como sin duda va a volver a ocurrir en el próximo futuro, fueron muchos los intentos de reconstruir un bloque de centro que ocupase un espacio intermedio entre AP y PSOE. Me referiré solo a aquellos en que yo tuve participación directa.

Con conocimiento de los líderes de mi partido, empecé a asistir a comidas y cenas con representantes de otras formaciones de centro. Asistían, por parte del CDS, Miguel Martínez Cuadrado y Ramón Tamames; por los liberales, Ana Yábar; y yo por parte del PDP. También participaba en alguna de las reuniones Luis Ramallo, del sector contrario a Hernández Mancha, que entonces señoreaba AP. La cosa tenía color porque en esta operación podrían haber participado los veintiún diputados del PDP, los once de Segurado, los diecinueve del CDS y un número indeterminado de aliancistas huidos del manchismo, reclutados por el propio Luis Ramallo. No se descartaba una colaboración estrecha con CIU. Con esa masa crítica se podría presentar a las próximas elecciones municipales y europeas de 1987 una opción centrista con cara y ojos. Como anécdota, contaré que en una de aquellas reuniones dije dirigiéndome a los representantes del CDS: «Aquí falta alguien, y ese alguien es Suárez».

Para colmar este vacío, pedimos a la Internacional Demócrata Cristiana que invitase a Suárez y Alzaga a ir juntos a Chile. Pedimos a nuestros colegas democristianos que oficiasen de celestinos. Lo hicieron, pero no hubo romance porque Suárez no se fiaba en absoluto de los democristianos y dijo que no quería saber nada de esta historia. Uno de mis compañeros de entonces, José Ignacio Wert, reconocería tiempo después: «Nos engañamos a nosotros mismos o, en todo caso, nos subvaloraba el CDS; pero estoy seguro de que nunca hubo una posibilidad real de un acuerdo con Adolfo Suárez».

LA REFUNDACIÓN DE AP

En estas circunstancias, nos preparamos para concurrir en solitario —o casi— a las elecciones municipales y europeas que se iban a celebrar el 10 de junio de 1987. En la primavera, pusimos en marcha una especie de «bricolaje electoral» sin orden ni concierto. Contactamos con partidos regionalistas insignificantes y con gentes notables en las trece comunidades autónomas donde había elecciones y en diversas ciudades para que, mediante esta fórmula de geometría variable, el batacazo electoral no fuera bochornoso.

El 21 de mayo, a doce horas del comienzo de la campaña, Alzaga dimitió como presidente del PDP, forzado, según dijo, por la dirección del partido. Anunció dolido que su retirada de la política era definitiva y confesó que su mayor error había sido sumergir a la democracia cristiana en una coalición de partidos que no compartían nuestra forma de entender la política. Sin embargo, el sentimiento mayoritario entre los militantes del PDP era que pagábamos el error de haber abandonado Coalición Popular en junio de 1986.

Con la precariedad económica como telón de fondo, al día siguiente, Javier Rupérez se hizo cargo de la presidencia en funciones y, junto a Luis de Grandes y el mismo Alzaga, se dirigió en rueda de prensa a la opinión pública anunciando el mantenimiento de las candidaturas en un clima de patético victimismo, como gesto heroico y con el fin de afirmar la identidad de la democracia cristiana. El resultado de las elecciones fue desastroso: en las municipales conseguimos 319.519 votos, un 1,6 % del total; en las europeas, el resultado fue aún peor: 170.876 votos, un 0,9 % del total. Una birria. Por no votarnos, no lo hicieron ni las monjas de clausura. En el Comité Ejecutivo que celebramos para analizar los resultados, resumí nuestra peripecia en los siguientes términos: «Acabamos de cometer el único error que los democristianos hemos cometido en nuestra historia: dejarnos contar».

Cualquier otro hubiese tirado la toalla, pero eso era no conocer a Javier Rupérez. El Consejo Directivo del PDP decidió, el 18 de enero de 1988, cambiar su nombre por el de Democracia Cristiana (DC) y Rupérez anunció querer «llegar a ser el partido de los pobres en España. Aquí hay mucha gente que lo pasa mal; reivindiquemos el sentido de estar con esa gente que sufre para resolver sus problemas».

Pero internamente no eran muchos los que compartían su entusiasmo. Más bien creíamos que el proyecto estaba muerto y que, si queríamos influir en la sociedad, era necesario buscar una nueva alianza con partidos más o menos parecidos. Recuerdo que después del naufragio de las municipales, los cuatro gatos que quedamos nos reuníamos a comer en un restaurante de la calle Zorrilla, muy cerca de nuestra sede. Puse el toro en suerte diciendo: «Bueno, esto está terminado. Solo queda asear y vender. El problema es a quién se lo vendemos». Todos empezaron a dar sus opiniones. Para unos, AP era muy de derechas, mientras que con CDS teníamos mucha más afinidad. Terminó aquella discusión y José Ramón Pin se me quedó mirando y, muy serio, soltó: «Oye, aquí hemos opinado todos menos tú». «Pero ¿no le conoces? —terció Luis de Grandes—. No te va a dar su opinión nunca.» «Pues no, mira —repliqué—, voy a romper la regla. Vamos a ver. Los de AP pueden ser todo lo de derechas que queráis, pero son muchos más que los del CDS y, por tanto, si queremos que las ideas humanistas tengan algún recorrido, hay que entrar en AP. Solo un gran partido en el que confluyan conservadores, liberales y nosotros puede ser alternativa al PSOE. Y creedme que es absolutamente necesario desalojar al PSOE, aunque solo sea por higiene democrática.»

No lo sabía entonces, pero muy pronto se abrió una ventana de oportunidad para integrarnos en AP que no supimos aprovechar. Coincidí con su secretario general, Arturo García-Tizón, en el congreso de la CDU alemana. Fue muy claro conmigo: «Fraga está dispuesto a volver y la única forma de evitarlo es haciendo algo nuevo. Os propongo que Alianza Popular pase a llamarse Partido Popular y que se integre en el Partido Popular Europeo y en la Internacional Democristiana. Los puestos de salida en las listas electorales nos los repartimos a medias como buenos hermanos». La oferta de García-Tizón me pareció muy generosa y, nada más llegar al hotel, se la trasladé a Rupérez, que me dio una respuesta sorprendente y muy decepcionante: «Dile a su presidente [Hernández Mancha] que, si quiere algo, me llame cuando lleguemos a Madrid». Aunque le sugerí que la integración en AP era la única fórmula para salvar los restos del naufragio y que, por tanto, sería absurdo rechazarla, Rupérez no cedió. Me di cuenta de que no había nada que hacer con él y que, por tanto, había que dejarlo al margen, que se enganchara después, si quería. La operación prometía, pero llegó tarde porque la suerte de Hernández Mancha estaba echada.

El 12 de octubre, Fraga se reunió a cenar con Marcelino Oreja en la casa de este en Estrasburgo, donde ambos residían. Según Oreja, Fraga, en cuanto se sentó, le dijo que las cosas en AP iban mal y creía llegado el momento de regresar para poner orden y, tan pronto como aquello se arreglara, marcharse para dejar a otros que condujeran el proyecto. Oreja no terminaba de entender por qué había querido Fraga verlo con tanta urgencia para hablarle de estos temas, que, por supuesto le interesaban, pero no le concernían. Lo entendería cuando Fraga le explicó que se había propuesto crear una nueva plataforma que reforzara al partido y para ello necesitaba la colaboración de algunas personas, y que había pensado en él para acompañarle en el proyecto y para que encabezara la lista al Parlamento Europeo. Oreja le pidió unas semanas de reflexión. Se acercaban las fiestas de Navidad y hablarían a su regreso a España.

El rumor de la vuelta de Fraga había empezado a circular por bastantes medios de Madrid. Hernández Mancha fue pronto consciente de la inutilidad de anclarse en la presidencia. Mucho influyó en esta decisión la conversación que tuvo con Marcelino Oreja en París. Finalmente, Fraga convocó a los medios de comunicación para anunciar su decisión de presentar su candidatura a la presidencia de AP «en beneficio de una más ordenada sucesión». Muy pronto recibió el respaldo de los militantes de las distintas provincias y de los nuevos pesos pesados del partido: José María Aznar, Alberto Ruiz-Gallardón, Federico Trillo y Abel Matutes.

Mientras tanto, Oreja no terminaba de decidirse. Se reunió con el grupo de amigos que lo habíamos acompañado siempre. Nuestro análisis fue claro: «Fraga sacó 17 escaños en las elecciones anteriores: si consigues dos más, tienes muchas posibilidades de ser el candidato a la presidencia del Gobierno. Lo sabemos nosotros y lo saben ellos y es obvio que van a procurar por todos los medios que no lleguemos a la cifra mágica de 17 + 2». Al final, tras una nueva reunión en Londres, Marcelino le puso varias condiciones a Fraga. La primera, que AP saliera en el Parlamento Europeo del grupo conservador y se incorporase al Partido Popular Europeo. Fraga accedió inmediatamente. La segunda, que Alianza Popular debía pasar a llamarse Partido Popular —el mismo nombre de la primera formación en que yo había militado y la marca democristiana europea—. Fraga también aceptó.

El siguiente paso era salir a campo abierto a reclutar adeptos. Los liberales de Segurado fueron de los primeros en embarcarse. Se alistaron pronto buenos amigos míos como Ramón Aguirre y Juan Carlos Vera. Lo hizo también Pío Cabanillas, lo que siempre era un buen aval. Algunos democristianos empezamos a reunirnos con cierta discreción en el tantas veces utilizado restaurante Jai Alai de Madrid. Las consultas con Estrasburgo eran casi diarias. Muy pronto, decidimos que una avanzadilla tenía que dar pronto el primer paso. Oreja nos pidió que contuviésemos nuestro apostolado, supongo que para no irritar a la dirección del partido que aún dudaba. Los primeros que anunciamos la buena nueva en una rueda de prensa celebrada en el hotel Palace fuimos Blas Camacho, Luis Ortiz, Juan Carlos Guerra Zunzunegui, Jesús Borque y yo.

En las muchas conversaciones mano a mano entre Oreja y Fraga, la idea era que, para llevar adelante la refundación, había que obviar los vetos y evitar las discriminaciones. La cuestión más controvertida fue la incorporación de Javier Rupérez y los restos del PDP, que Oreja defendió desde el principio. En el tema de Rupérez, llegaron al acuerdo de que su incorporación fuera posterior al congreso que había de celebrarse y que se hiciera con un nivel digno. En cuanto desembarcó en Madrid, Oreja creó un equipo del que formaban parte muchos de sus amigos: Gabriel Cañadas, Fernando Arias-Salgado, Jaime Mayor, Juan Carlos Guerra, José Luis Álvarez... Más o menos el «equipo médico habitual».

NACE EL PARTIDO POPULAR

El dilema refundarse o morir era el fundamento de la convocatoria del IX Congreso Nacional de AP, que se celebró los días 20, 21 y 22 de enero de 1989 en Madrid y que pasaría a la historia como «el de la refundación». Se eligió esta opción, pilotada por Manuel Fraga, porque eso significaba agrupar y ensanchar el centroderecha español no nacionalista con el propósito de abrir el concurso de un nuevo liderazgo mediante otro proceso sucesorio, después del fracaso de Hernández Mancha.

En aquel congreso muy pocas cosas se dejaron a la improvisación. Bajo el tópico lema publicitario «Avanzar en libertad» se invitaba a recuperar el pulso social y a crear una alternativa real al Partido Socialista. Antes de iniciar las sesiones, Fraga emitió dos mensajes de consumo interno: que en el nuevo PP no iban a entrar traidores y que se administraría «un indulto razonable y flexible».

En la fase de preparación, surgió la pugna entre las «familias» para ganar mayor presencia en el Comité Ejecutivo y, hasta última hora, la lista de la dirección fue objeto de presiones porque se puso empeño en que todos se integrasen. El puesto que provocó mayor confrontación fue el de secretario general, ya que había dos candidatos con posibilidades reales: Francisco Álvarez-Cascos y Trillo, ambos implicados en el retorno de Fraga.

Fue elegido Álvarez-Cascos, el preferido de Fraga pero no el de José María Aznar, que, cuando un periodista le recordó que no había ganado su candidato, replicó de forma desabrida: «Tampoco tiene uno el coche que quiere». La confianza de Fraga en Cascos fue acompañada de dos consejos, que luego este contaría a sus biógrafos: «El cargo de secretario general y todos los que se adjetivan “general” son de los más jodidos, excepto uno, el de capitán general, porque ese manda un carajo. En los demás confluyen todas las responsabilidades, pero nunca todo el poder. Y otro consejo: preocúpate de que se hagan las cosas y no de quien las haga».

Habida cuenta de que Fraga se sabía candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia, el puesto de vicepresidente podía haber indicado su preferencia sucesoria. Pero, justamente por eso, Fraga, conforme a las facultades que los nuevos estatutos le conferían, prefirió elegir a seis vicepresidentes, ampliables a ocho: José María Aznar, Miguel Herrero, Abel Matutes, Marcelino Oreja, Félix Pastor e Isabel Tocino.

El tema fuerte del congreso era el cambio de nombre, asunto aparentemente banal pero que, al adoptar la principal seña de identidad de la democracia cristiana, con pérdida de la propia, se presentaba como fundamental. Para evitar sorpresas, Fraga convocó a los presidentes provinciales para encarecerles que no se opusieran y que así lo transmitieran a los compromisarios. Fraga también asistió a la comisión de estatutos e intervino esgrimiendo razones para el cambio —y la amenaza de dejarlo todo si este no se aprobaba—, aunque avisó que «va a sangrar más de un corazón y el mío también». En la votación del pleno del congreso, el cambio de nombre fue aprobado con 491 votos a favor, 113 en contra y 64 abstenciones.

También se acordó designar a Marcelino Oreja cabeza de lista en las elecciones al Parlamento Europeo, por lo que su hipotética sucesión se hacía depender directamente de los resultados que obtuviera. La clausura del congreso reabrió la carrera sucesoria.

El partido emergente era una creación compleja, con una mayoría de AP que había sufrido muchas decepciones desde su creación, con la ida y vuelta de su fundador, con las discrepancias internas en un conglomerado tan plural de democristianos, liberales, conservadores y, sobre todo, dirigentes con ambiciones y dudas legítimas, pero perturbadoras. En aquel ambiente hostil, a Oreja no le sería fácil afrontar el reto de mejorar el resultado de Fraga.

Oreja formó un equipo con sus amigos de siempre: Jaime Mayor, Íñigo Méndez de Vigo, Gabriel Cañadas, Fernando Arias-Salgado, Juan Carlos Guerra Zunzunegui, José Luis Álvarez y Paloma Fontecha. Sin embargo, aunque su esfuerzo fue total, su recorrido por provincias no tuvo el respaldo necesario de la vieja AP —que quería la permanencia de Fraga—, ni de los jóvenes «lobos», que querían quitarse de en medio estorbos para su diseño de futuro. En varias capitales de provincia, como Alicante, habían contratado para el mitin un gran estadio, que estuvo prácticamente vacío. Donde tuvo mejor acogida fue allí donde había líderes locales procedentes de UCD, por ejemplo, en Sevilla, ciudad en que contó con la ayuda de Soledad Becerril, quien organizó muy bien los actos, al igual que Rita Barberá y yo hicimos en Valencia, o en Ciudad Real el grupo de Blas Camacho. Pero poco más. Por esa falta de apoyos internos, la campaña de Oreja no consiguió despertar entusiasmos. Muchos votantes conservadores estaban desconcertados por los numerosos cambios que se habían producido. Además, Fraga quiso, sin duda con buena intención, acompañar a Oreja a prácticamente todos los mítines y tapó todas sus intervenciones con sus discursos de cierre, al igual que monopolizaba las ruedas de prensa.

Por si eso fuera poco, comenzó a sonar con fuerza un partido improvisado y personalizado en José María Ruiz-Mateos, que enarbolaba la bandera de una derecha víctima del Gobierno socialista y que quería regenerar España.

El acto de cierre de campaña en Madrid se celebró en la plaza de la Lealtad, frente al hotel Ritz, donde se había montado un gran espectáculo de luces y sonido. Oreja estaba para entonces cansado y algo desmoralizado y, aunque preparó bien la intervención, nada más llegar al lugar comprobó que aquello estaba tomado por los más jóvenes dirigentes de la antigua AP. José María Aznar, presidente de Castilla y León, hizo la primera intervención y su imagen se proyectó en el cielo con todo lujo de efectos visuales y megafónicos. Oreja lo hizo en penúltimo lugar y cerró el acto Fraga, que parecía el verdadero candidato.

Al final, Ruiz-Mateos obtuvo dos escaños, justo los que le faltaron a Oreja para pasar de los quince, con los que hubiera podido estar en la línea de salida para la sucesión de Fraga. Con el resultado obtenido, la opción de Oreja se apagó por completo. Pero se abrieron otras.

9

EL PP REFUNDADO TOMA FORMA

Son nuestras elecciones las que nos muestran lo que somos, mucho más que nuestras habilidades.

J. K. ROWLING

Acaso ningún otro país, excepto Turquía, es tan poco conocido y tan mal juzgado por el resto de Europa como lo es España.

KARL MARX

AZNAR CONTRA LA HEGEMONÍA SOCIALISTA

El 26 de agosto de 1989, los cuatro secretarios del PP —Rodrigo Rato, Francisco Álvarez-Cascos, Juan José Lucas y Federico Trillo— se reunieron con Fraga en su casa coruñesa de la localidad de Perbes para decidir quién sería el candidato del partido a la presidencia del Gobierno. Aznar contaba con los apoyos de Juan José Lucas —su mano derecha en Castilla y León, y luego su sucesor—, Federico Trillo y, sobre todo, Álvarez-Cascos, mientras que Rato optaba por Herrero de Miñón. Sin embargo, la favorita de Fraga era Isabel Tocino, pues temía que fuera demasiado pronto para exponer a su valor más pujante, Aznar, con el que tenía un activo importante en la comunidad castellano-leonesa, y, por otra parte, consideraba que ella tenía un tirón popular mucho mayor. Fueron las presiones de Lucas y Trillo —además del inmejorable concepto que Fraga tenía de su delfín— las que acabaron inclinando la balanza a favor de Aznar.

El 4 de septiembre de 1989, José María Aznar fue elegido candidato del PP a la presidencia del Gobierno de España. En consecuencia, dimitió de su cargo de presidente de la Junta de Castilla y León y se dispuso a preparar el asalto al poder en las siguientes elecciones generales. Aznar tenía la convicción de que lo primero era poner en pie un verdadero partido unido, un partido de centroderecha, y que, por esa senda, alcanzaría pronto el poder, rompiendo la hegemonía socialista. A tal fin, su equipo luchó con éxito por aglutinar bajo su paraguas a todos los democristianos, conservadores y liberales que pululaban —a esas alturas, bastante huérfanos y despistados— por la escena política española. Para ello, lo primero que hizo fue cambiar de alianzas en Europa, pasando a integrarse en el Partido Popular Europeo. Eso era, por un lado, una declaración de intenciones y, por otro, un banderín de enganche irresistible para todo el espectro político a la derecha del PSOE, con el que —según sus acertados cálculos— sí podría reunir los votos necesarios para derrocar el hegemónico dominio socialista.

Sin embargo, hacerse con las riendas del partido y con la candidatura a la presidencia del Gobierno, y reunir y cohesionar a esa nueva «mayoría natural», como es obvio, necesitaba tiempo de maduración y no equivalía automáticamente a estar en disposición de vencer en las ya próximas elecciones, las de 1989, que, de nuevo, fueron ganadas con suficiencia por Felipe González.

Como ya he contado, yo me uní a aquella aventura política convencido a medias de su viabilidad, pero totalmente de que no había muchas otras opciones. De momento, no las tenía todas conmigo. Ni yo ni otros muchos. Aprovechando mi buena relación con Pío Cabanillas, antes de esas elecciones de octubre de 1989 lo llamé para saber su opinión sobre las expectativas que tenía el nuevo PP, en el que él también se había integrado y con el que acababa de salir elegido como eurodiputado. «Mira —me contestó ejerciendo de gallego—, el otro día me encontré con un paisano en Galicia y me preguntó: “Usted, don Pío, ¿dónde manda ahora?”. Yo le expliqué que estaba en el Parlamento Europeo, lo importante que era eso, las opciones que tenía, etcétera, y su contestación fue: “O sea, don Pío, que hay que dedicarse a otras cosas”.» No tuvo que decirme nada más. Solo con eso comprendí inmediatamente que tenía razón y que íbamos a las elecciones de 1989 habiéndolas perdido de antemano una vez más.

Finalmente, el PP liderado por Aznar obtuvo 107 escaños, solo dos más que los conseguidos por Fraga en los comicios anteriores de 1986, y se podría decir que los justos para dar continuidad a su proyecto, lo que pasaba, lógicamente, primero por superar el tan traído y llevado «techo electoral» de Fraga y, hecho esto —aunque por los pelos—, por consolidar su liderazgo en el partido mediante un nuevo congreso que lo encumbrara a la presidencia indiscutida.

Cinco meses después, efectivamente, entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 1990, se celebró en Sevilla el X Congreso del Partido Popular que —según se declaró— pondría punto final a la refundación iniciada un año antes por Fraga. En aquel congreso, José María Aznar fue nombrado presidente del nuevo PP con el respaldo del 96 % de los compromisarios, mientras que Francisco Álvarez-Cascos era reelegido secretario general y Federico Trillo, coordinador de las ponencias políticas y estatutarias.

Durante el congreso, Fraga —instalado ahora en la cúspide honorífica del nuevo PP como presidente-fundador y, por otro lado, desde febrero de aquel mismo año, nuevo presidente de la Xunta de Galicia— tomó la palabra antes que Aznar. El gallego reveló como gesto de ética política que el «futuro presidente del Gobierno» le había presentado una carta de dimisión sin fecha, de la que podría disponer en cualquier momento. Durante su ponencia, Fraga rompió esta carta delante de todos los compromisarios mientras —con todos los asistentes aplaudiendo en pie— ensalzaba la honestidad de Aznar y dejaba bien claro que en el PP no habría «ni tutelas ni “tutías”».

En su discurso de aceptación, Aznar definió el partido como independiente y moderado, y defendió la necesidad de avanzar hacia el centro político. La ponencia política señaló que era imprescindible el entendimiento y la colaboración entre las fuerzas políticas afines para ofrecer una alternativa real a los socialistas. Para conseguirlo, el PP reivindicó la estrategia reformista y proclamó el compromiso de promover «un modelo de sociedad abierta; de respeto a las reglas de juego, pero no permisiva; dialogante [...] y en la que las iniciativas personales y privadas no serán, en ningún caso, frenadas por un igualitarismo mal entendido y por la mediocridad». En definitiva, defendía el mismo proyecto global que representaban en el resto de Europa los partidos democristianos, conservadores y liberales.

A partir de ahí, Aznar aprovechó el congreso para sentar las bases de su liderazgo y de su futuro programa electoral y se comprometió a que la llegada de su partido al poder se haría «sin traumas y sin peligros». Además, presentó un decálogo «para un proyecto de libertad» en el que contemplaba el desarrollo del título VIII de la Constitución, la recuperación de la ilusión colectiva y la confianza de los españoles, el fortalecimiento del crédito y la confianza en las instituciones, la implantación de medidas para un Estado eficaz, el compromiso con la construcción europea, un nuevo estilo político y gubernamental basado en el diálogo, la moderación y la tolerancia, un compromiso firme por la modernización definitiva de nuestro país, el aumento de la competitividad y, además, una sociedad solidaria y libre que no necesitase «ser dirigida ni salvada por el Estado».

En las elecciones del 29 de octubre de 1989, el PSOE se había quedado a un escaño de revalidar por tercera vez consecutiva su mayoría absoluta, aunque pudo gobernar con mayoría simple sin problemas, gracias a la ausencia de los diputados de Herri Batasuna durante toda la legislatura.

Fui portavoz de Hacienda en esa legislatura, y cuando, en marzo de 1990, José Antonio Segurado se retiró de la política activa, pasé a serlo de Economía y Hacienda. Pese a ello, en mi condición de recién llegado, no estaba para tener protagonismo en el partido. El clima del Parlamento español en aquella época —por contraposición al actual— era mucho más relajado, sin que faltara lógicamente el normal enfrentamiento político, duro o muy duro en ocasiones, pero siempre con cierta deportividad y capacidad de encaje, rasgos que ahora brillan por su ausencia. Pondré algunos ejemplos de ese talante predominante.

Por entonces, el secretario de Estado de Hacienda —por tanto, mi interlocutor natural en mi calidad de portavoz del PP en esa misma área— era Josep Borrell, luego sucesor mío como ministro de Asuntos Exteriores, que siempre ha tenido una altísima opinión de sí mismo, y al que no le gusta nada que lo intenten dejar por tonto. En una borrascosa sesión se debatió la nueva ordenación del Impuesto sobre Sucesiones presentada por el propio Borrell. Hasta entonces, la cuantía de este impuesto dependía del parentesco y del propio montante de lo heredado. Eso era —y es— algo universal en todo el mundo, pero a Borrell se le ocurrió añadir un tercer factor de cálculo: la riqueza preexistente, es decir, la que tuviera el heredero a la hora de heredar. La propuesta era —por decirlo con suavidad— sorprendente y yo se lo traté de explicar desde la tribuna: «Esto es como la parábola del hijo pródigo llevada a términos fiscales. Aplicando su planteamiento, tendría que pagar más el hijo que hubiera trabajado y hubiera ahorrado toda la vida que el que se hubiera dedicado a la fiesta y el derroche. No me negará usted que, cuando menos, es un planteamiento pintoresco». Borrell comenzó a ponerme mala cara, pero seguí a lo mío: «Lo de penalizar al hijo que ha trabajado respecto al que no ha trabajado es algo tan extraño que he buscado algún precedente. Encontré el de un catedrático italiano del siglo XIX bastante desequilibrado que proponía una cosa parecida». A Borrell aquello le gustó todavía menos, pero continué: «En Derecho comparado solo he encontrado el caso de un cantón suizo que, hasta que inventó eso, solo era famoso por haber inventado el reloj de cuco». Aquello estuvo a punto de sacarle de sus casillas y no paraba de decir muy enojado: «¡El reloj de cuco! ¡¡El reloj de cuco!!».

También recuerdo a otro buen amigo socialista, del que ya he hablado, ministro de Economía y Hacienda, el navarro Carlos Solchaga, que solía ser muy faltón y poco amable en sus réplicas parlamentarias. Tal vez por eso, nos llevábamos bien. Un día, escuché a unos ujieres comentando con un diputado que acababa de llegar: «Estos se tiran a matar, se dicen verdaderas barbaridades, pero después se van los dos a tomar copas como si tal cosa». Y es que, pese a todo, ya digo que éramos muy buenos amigos. En una ocasión, seguramente porque estaría de mal humor o algo así, Solchaga se mostró especialmente faltón. Que si «no se puede venir aquí a decir bobadas», que si «hay que estudiar los temas», que si «hay que leer más» y otras lindezas por el estilo. Entonces subí a la tribuna y me quedé allí sin decir nada. Como es lógico, el presidente me apremió: «El señor diputado tiene la palabra, cuando quiera...». Pero seguí callado e impertérrito. Cuando llevaba por lo menos dos minutos en silencio —lo que en tiempo parlamentario es una barbaridad—, dije por fin, en obvia alusión a la baja estatura del ministro: «Perdóneme, señor presidente, pero es que yo, antes de hablar, lo primero que tengo que hacer es subir los micrófonos a mi altura». Mientras los colocaba, se oyó desde abajo una imprecación: «¡Será hijo puta!». Cuando luego bajé, me acerqué a él y le dije: «Carlos, perdona, me he pasado, ¿no?». «Anda, déjame, no quiero saber nada de ti», me contestó evidentemente molesto, pero, por decirlo así, sin perder su talla de gran ministro.

Con esta anécdota lo que trato de transmitir —además de una sonrisa— es que en aquella legislatura había el lógico ambiente de violencia política en un sistema democrático parlamentario. No olvidemos que alguien definió la democracia como «la violencia institucionalizada, en un sitio concreto, sometida a un reglamento». Un acuerdo tácito de que la tribuna parlamentaria te concede quince minutos para insultar al otro, y luego todo vuelve a su cauce normal y se recuperan fácilmente las formas.

Por lo que respecta a la vida interna del PP, ya he dicho que estuve muy al margen. Por entonces, los democristianos recién llegados a la formación no ganábamos ningún concurso de popularidad en ella. Ni siquiera nos presentábamos. Recuerdo que entonces se contaba fuera de nuestro círculo que, sin duda, «Adán era de derechas, Eva era de izquierdas, pero la serpiente era democristiana». Los viejos cuadros de Alianza Popular tenían un enorme recelo hacia todo lo que había venido de fuera. Fuimos en coalición con ellos en 1982 y 1986, pero al día siguiente de los comicios, sin esperar más, la rompimos y los dejamos en la estacada. No nos quedaría luego más remedio que volver con las orejas gachas. Lógicamente, la recepción tampoco fue muy entusiasta. En esas circunstancias, cariño, lo que se dice cariño, no nos tenían mucho. Habría que ganárselo con el tiempo. Ellos estaban consolidando su posición, Aznar se había impuesto a Tocino y se había quedado con el partido. Así que, de momento, el papel de los democristianos era mantenernos tranquilos y sin armar demasiado barullo, en espera de mejores tiempos.

ESPAÑA ENTRA EN LA CEE

Felipe González tuvo la fortuna de poder culminar las negociaciones de nuestro ingreso en la entonces Comunidad Económica Europea que había empezado Leopoldo Calvo-Sotelo. Con la firma del Tratado de Adhesión, España se convirtió en un actor importante en el proceso de integración europea, coincidiendo con un momento en que la CEE buscaba una nueva orientación con la flamante Acta Única (1985). Más tarde, el Tratado de Maastricht (1992) impondría nuevas obligaciones a los países miembros. En el caso español, a las dificultades propias de la incorporación a la CEE, se unieron las derivadas de tener que adaptarse a un Mercado Interior más exigente que el Mercado Común al que venía a sustituir. Pero de esto hablaré luego largo y tendido. Ahora me voy a centrar en las consecuencias para nuestra política interna del Acta Única y del Tratado de Maastricht, negociados ambos durante los años de Felipe González en la Moncloa.

El Acta Única hizo tres cosas: demoler las barreras físicas, técnicas y fiscales que obstaculizaban el comercio entre los Estados miembros; hacer de la cohesión social el pilar del mercado interior, y poner los raíles hacia la unión monetaria. Perfecto para España, porque la apertura al exterior y la liberalización económica siempre nos han ido bien; porque gracias a la cohesión social fuimos —con Irlanda— el país que más se benefició de los fondos estructurales; y porque los jueguecitos con el tipo de cambio siempre nos han ido mal a largo plazo.

Sin embargo, el Acta Única se dejó dos cosas en el tintero que no nos vinieron nada bien. Una fue la «europeización» de los mercados financieros y energéticos. Una omisión dolorosa porque nuestras empresas aún soportaban costes financieros y energéticos más altos que los otros países. Por eso, como eurodiputado y después como ministro, dedicaría especial atención a estas cuestiones. La otra, el escaso avance a la hora de armonizar los impuestos, cuestión a la que también presté especial atención mientras ocupé un euroescaño.

Siempre me intrigó saber por qué no se había avanzado en estos terrenos. Me lo aclaró años después, en una carta que incluí en mi libro Todos los cielos conducen a España (2015), un amigo, el embajador Carlos Bastarreche, que estuvo en la negociación del Acta Única. Según él, nadie dijo media palabra sobre estos temas por diversas razones:

Todos estaban muy cómodos, y creo que en España también, con sus monopolios u oligopolios territoriales correspondientes. Además los franceses, especialmente, con su mix nuclear, no querían ni oír hablar de intervención europea. En cuanto a los mercados financieros [...], todos, incluidos nosotros, estaban también muy contentos con unos sistemas nacionales dominados por sus «banqueros locales» y donde la competencia era siempre «dentro de un orden».

Así llegamos a Maastricht, donde Felipe González jugó un papel muy relevante, junto a François Mitterrand y Helmut Kohl. El Tratado de la Unión Europea, que se firmó el 7 de febrero de 1992 en aquella ciudad holandesa, estableció una unión económica y monetaria entre los Estados miembros —no todos— porque un mercado interior sin barreras exige una cierta estabilidad cambiaria para dar seguridad al comercio. Bien. Lo que no estuvo tan bien fue apostar por una moneda única sin hacerlo a la vez por una unión bancaria y un gobierno económico capaz de reducir las diferencias excesivas entre países y, en caso de tormenta, de acudir al rescate de los que más averías sufrieran. Establecer una unión monetaria sin una unión económica paralela es algo tan ilusorio como criar tigres vegetarianos: tarde o temprano, estos acabarán por recuperar su instinto cazador.

No es mi intención hacer una tesis doctoral sobre la Unión Monetaria. Pero sí quiero dejar constancia ahora de que el «error de Maastricht» condicionó la política española durante muchos años. Como escribí entonces, para que un país pueda sobrevivir en un área monetaria tiene que reunir los siguientes requisitos: movilidad de capital y del trabajo, apertura al exterior, diversificación de las exportaciones, integración de los mercados financieros y, last but not least, una política parecida a las de los otros miembros del club. Cuando no los reúne —y España no los reunió del todo—, renunciar al tipo de cambio puede compararse a meterse en la cama con un gorila, como con cierta crueldad profetizó Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, en una conferencia en Madrid a la que tuve la fortuna de asistir.

EL MUNDO TRAS LA CAÍDA DEL MURO

En 1989 la caída del Muro de Berlín arrastró consigo a la Unión Soviética, los países excomunistas se pasaron a la democracia y hasta la China de Mao sucumbió a los encantos del capitalismo. Muchos consideraron que este iba a cundir sin oposición por todo el mundo, con la misma facilidad con la que el café instantáneo se disuelve en una taza de leche caliente. Sin demasiados matices, hubo un cambio en la percepción del mundo porque parecía haberse producido lo que el politólogo estadounidense Francis Fukuyama llamó, en 1992, «el fin de la historia». Fue lo que se daría en llamar la pax americana, una nueva etapa que se demostraría mucho más efímera de lo que casi todos creímos entonces.

La única superpotencia que permaneció en pie, Estados Unidos, parecía dispuesta a ejercer su liderazgo con suavidad, sin arrogancia excesiva ni un desmedido celo proselitista, pero con absoluta determinación. George Bush padre gestionó con Helmut Kohl, François Mitterrand y Mijaíl Gorbachov la desaparición de la URSS. Tiempo después, en una de mis visitas a Moscú, mi colega Igor Ivanov, ministro de Asuntos Exteriores, me relató el ambiente que se vivió en aquellos días. Le pedí que me lo pusiese por escrito y así lo hizo en una carta que también incluí en Todos los cielos conducen a España:

En 1994, Rusia y la UE firmaron el Acuerdo de Asociación y Cooperación que sentó las bases de las relaciones de partenariado. Posteriormente, en 1997, Rusia y la OTAN firmaron el Acta Fundacional por el que ambas partes acordaron no considerarse mutuamente adversarios y construir conjuntamente un mundo seguro en el espacio euroatlántico. En noviembre de 1999, en la cumbre de la OSCE en Estambul, se firmó la Carta de Seguridad Europea. Yo participé personalmente en la redacción de estos y otros documentos de aquella época que debían sentar las bases jurídicas y políticas para la construcción de esa misma Gran Europa.

Bush también fue extraordinariamente delicado en otros escenarios internacionales: se ciñó al mandato de la ONU para liberar Kuwait (1991) e hizo un auténtico esfuerzo para acabar con el conflicto árabe-israelí. Su sucesor, Bill Clinton, continuó este estilo suave pero firme de ejercer el liderazgo mundial. La pax americana pareció alumbrar la esperanza del surgimiento de una nueva Sociedad de Naciones ajustada al derecho internacional que resolvería los conflictos internacionales mediante el diálogo y la negociación. En ese esquema idílico, la justicia internacional se extendería por encima de las fronteras y los desafíos del nuevo milenio serían resueltos entre todos.

Ya he adelantado que, en los años siguientes a nuestra entrada en la CEE, España jugó un papel muy activo en la política internacional. Entre otras cosas porque, superado el obstáculo de la OTAN, las relaciones bilaterales con Estados Unidos mejoraron sustancialmente. En 1988 se firmó el Convenio de Cooperación para la Defensa, el cual supuso la desmilitarización de la relación, algo que los españoles anhelábamos desde hacía mucho. Este Convenio hizo posible el cierre de la base de Torrejón y también que el uso de las otras en conflictos no fuese una decisión unilateral, sino adoptada con consentimiento español y bendecida por los organismos internacionales. La distensión con Estados Unidos hizo que se confiase a España la organización de la Conferencia de Madrid en octubre de 1991, primer paso del proceso de paz palestino-israelí. Asistieron a ella los principales dirigentes de los países árabes, que establecieron las bases, las condiciones y el calendario para las futuras negociaciones, inaugurando el principio de «paz por territorios» que aún sigue vigente.

Los socialistas estaban entonces enfrascados en una pelea cainita entre guerristas y reformadores —«reformadores de la nada», según Guerra—. Estos últimos aprovecharon la Conferencia de Madrid para comparar la estatura internacional de Felipe con la más «local» de Alfonso Guerra. Me encontré aquellos días con Carlos Solchaga y empezamos a hablar sobre sus peleas internas. «¿Sabes cuál es la diferencia entre Felipe y Alfonso?», me preguntó. «Pues no», contesté. «Es sencillo: Felipe está reunido hoy con Bush y Gorbachov; Guerra, con José Acosta [presidente de la Federación madrileña del PSOE].» En los años siguientes, los éxitos en política exterior se sucedieron. En 1992 asistimos al pistoletazo de salida de esta nueva fase: fue el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona, de la Exposición Universal de Sevilla y de la Capitalidad Cultural de Madrid.

Felipe González leyó bien los cambios que el final de la Guerra Fría iba a suponer para Latinoamérica y las oportunidades que se abrían a España. En los años anteriores a la caída del Muro, se disputaron el control del continente. Nacieron como hongos guerrillas de inspiración marxista, alimentadas desde Moscú. Las élites latinoamericanas respondieron con regímenes autoritarios apoyados por Estados Unidos, que tampoco mostró muchos remilgos a la hora de intervenir cuando lo consideró necesario. En aquellos años de plomo, las economías latinoamericanas se dedicaron a la producción y exportación de alimentos y materias primas que enriquecieron a la clase dirigente. Fue la «década perdida» de la que hablaría después el escritor uruguayo Eduardo Galeano.

La década de 1980 vivió unos años de «restauración democrática», en los que la diplomacia española jugó un papel muy importante, como tuve ocasión de comprobar cuando llegué a Bruselas. Se iniciaron procesos de paz en Centroamérica. Con los acuerdos de Esquipulas I y II (1986 y 1987) y Chapultepec (1992), las guerrillas centroamericanas sellaron el compromiso de cambiar las botas por los votos. En el Cono Sur fueron cayendo las dictaduras una tras otra. En este periodo, los resultados electorales se respetaban y los procesos de deriva antidemocrática languidecieron a ojos vista. Fueron años infinitamente mejores que los anteriores, en los que la región vivía «entre sables y utopías», como diría el escritor Mario Vargas Llosa. Se aceleró el crecimiento y se redujo la pobreza a ritmos desconocidos hasta entonces. Pero también fueron años en que aumentaron las desigualdades entre ricos y pobres, lo que explicó el éxito de movimientos populistas que se extendieron —ganando elecciones— de un extremo a otro del continente. En una visita que hice a Cuba siendo eurodiputado, el cardenal de la Habana, Jaime Ortega, me insistió en esta tesis: «La serie casi infinita de desigualdades que hay en América Latina explica el surgimiento de tantos populismos. A mí me hubiera gustado que la corrección de estas desigualdades la hubiese hecho la democracia cristiana [...]. Pero no lo hizo, y de ahí la emergencia de estos líderes populistas y la popularidad de los movimientos insurreccionales y de la Teología de la Liberación».

En geopolítica, lo más relevante fue que Estados Unidos, finalizada la Guerra Fría, perdió interés por la región y se volcó en Oriente Medio. Esta «deserción» norteamericana fue aprovechada por los europeos, en general, y por los españoles, en particular, para reforzar su presencia en la zona. Felipe González lo vio muy bien: se volcó en apoyar los procesos democráticos americanos, se convirtió en abogado defensor del continente en Bruselas, creó la Agencia Española de Cooperación Internacional, volcada en Latinoamérica, y, en 1991, lideró con México la celebración de la I Cumbre Iberoamericana en la ciudad mexicana de Guadalajara.

Mención especial merece el establecimiento de relaciones con Israel, a comienzos de 1986, que no mermó nuestra capacidad de entendimiento con el mundo árabe. El reconocimiento me produjo una gran satisfacción personal. Siendo director general de Desarrollo Comunitario, tuve una comida con una asociación judía. A los postres, uno de sus dirigentes dio las gracias en un español delicioso. Cuando se sentó, le pregunté que dónde había aprendido ese tan buen español y él me contestó: «Hace quinientos años, en Toledo». Como diputado, trabajé con mi compañero Joaquín García Romanillos para acelerar la nacionalización de los sefardíes. Como ministro, defendí en el Consejo de Ministros, al alimón con Alberto Ruiz-Gallardón, la ley que concedía la nacionalidad española a los sefardíes descendientes de los judíos expulsados de España en el siglo XV.

Como contaré luego, en 1994 me fui al Parlamento Europeo, un observatorio privilegiado de la política internacional. Me alegra poder decir que la política exterior de Felipe González era muy apreciada por mis colegas. Madrid fue sede de la firma de la Nueva Agenda Transatlántica con Estados Unidos (3 de diciembre), albergó el Consejo Europeo y fue la capital donde se aprobó el nombre de «euro» para la futura moneda única europea (15 y 16 de diciembre) y el Acuerdo Interregional con el Mercosur (15 de diciembre). Por cierto, ahora a mi vuelta a Bruselas —como eurodiputado tras las elecciones celebradas en mayo de 2019—, parece que estamos muy cerca de culminar definitivamente este acuerdo.

Yo, como Joan Manuel Serrat, casi nací en el Mediterráneo y toda mi vida he prestado especial atención a las cosas que acaecen en torno a él. González también cosechó éxitos importantes en ese ámbito. La Ciudad Condal acogió la I Conferencia Euromediterránea (27 y 28 de noviembre de 1995), que puso en marcha el Proceso de Barcelona, un proyecto de cooperación regional —propuesto por el Gobierno de España y lanzado por la UE— que proponía, entre otros muchos puntos, diversas políticas relacionadas con el desarrollo económico en los países de la cuenca mediterránea, la promoción de la democracia y los derechos humanos, la lucha antiterrorista, la creación de un área de libre comercio y los intercambios culturales.

EL FUERTE DESGASTE SOCIALISTA

La política exterior de González iba viento en popa, pero lo que en aquellos momentos era más determinante —y preocupante— era el desgaste acelerado que sufría el PSOE a consecuencia de la situación económica, la «guerra sucia» del GAL, la corrupción y el divorcio entre Felipe González y Alfonso Guerra. Cosas a las que me voy a referir muy por encima.

El GAL estuvo activo en la lucha contra ETA, especialmente en territorio francés, entre 1983 y 1987. Cometieron errores muy serios como el secuestro de Segundo Marey y los asesinatos de ciudadanos franceses sin adscripción política conocida. Todo ello aderezado por una torticera utilización de los caudales públicos en actividades muy poco confesables. Se vieron envueltos en el asunto los policías José Amedo y Michel Domínguez, y lo que es más grave, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, y el propio ministro del Interior, José Barrionuevo. La campaña contra González, al que alguna prensa calificaba como la «X» del GAL, fue atroz. En esos terribles años, ETA mató a treinta personas y los GAL a veintisiete.

En cuanto a la corrupción, los casos se multiplicaron en aquellos años. Se habló mucho a partir de 1989 de la financiación ilegal del partido del Gobierno a través de las empresas Filesa, Malesa y Time-Sport. También de la doble implicación de la exdirectora general del BOE, Carmen Salanueva, primero en un fraude relacionado con la compra de papel prensa por 2.385 millones de pesetas a un precio muy superior al de mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones al BOE y a Hacienda, y después, en 1994, tras ser puesta en libertad bajo fianza, por imitar la voz de Carmen Romero —esposa de Felipe González— y de la reina Sofía por teléfono para quedarse con cuadros de un pintor famoso con falsas promesas. Y se habló aún más todavía del primer director civil de la Benemérita, Luis Roldán, enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras del instituto armado.

Con ser todo esto grave, lo que más deterioró al Gobierno de González fue la crisis económica que se había iniciado después de la entrada de España en el Sistema Monetario Europeo, el mecanismo ideado para mantener relativamente controlados los tipos de cambio. El acierto de la decisión de ingresar en este se vio empañado por el hecho de haberse formalizado a un tipo artificialmente elevado con el que compensar el creciente déficit de la balanza por cuenta corriente.

Este error de planteamiento se acentuó con una política presupuestaria disparatada: si la situación exigía unos presupuestos anticíclicos para prevenir la excesiva apreciación de la peseta, se hizo justamente lo contrario. Los resultados de este cóctel fueron letales: los costes y los precios empezaron a subir propiciando una constante pérdida de competitividad. La especulación contra la peseta obligó a dos devaluaciones que no empezaron a surtir sus efectos antes de las elecciones generales de junio de 1993. España entró en una recesión durísima durante el tercer trimestre de 1992, cayendo el PIB durante seis trimestres consecutivos.

En estas condiciones, el 12 de abril de 1993, Felipe González anunció la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el domingo 6 de junio. Elecciones a las que él concurrió en circunstancias muy adversas y cuando acababa de romper con Alfonso Guerra. El divorcio entre ambos fue tal que en estas elecciones hubo dos comités electorales separados, uno en la Moncloa, que dependía de González y del Gobierno, y otro en Ferraz, gestionado por el PSOE y por Guerra.

Abriendo la campaña, el 24 de mayo de 1993 tuvo lugar, por primera vez en la historia de España, un debate televisivo —en Antena 3— entre los dos candidatos de los dos grandes partidos nacionales (PSOE y PP) a la presidencia del Gobierno, Felipe González y José María Aznar. Según todas las encuestas, Aznar resultó vencedor en aquel debate. El día 31 de ese mismo mayo tuvo lugar un segundo cara a cara televisivo entre ambos —esta vez en Telecinco—, que, según analistas y encuestas, fue dominado por González, mejor preparado en esta ocasión. Pese a todo, en los últimos días de la campaña electoral algunos sondeos llegaron a anunciar la victoria del PP. Pero las elecciones volvieron a ser ganadas con mayoría simple por el PSOE, con 159 diputados, es decir, dieciséis escaños menos que en las anteriores elecciones de 1989. La gran novedad fue que se vio obligado a pactar con otras fuerzas políticas para conservar el Gobierno por cuarta vez consecutiva. Con estos resultados, González tenía dos opciones: pactar con Izquierda Unida o con los nacionalistas vascos y catalanes. El líder socialista eligió la segunda opción.

En el PP conseguimos 141 escaños, 34 más que en el anterior comicio. Un notable ascenso, pero insuficiente para acceder al poder. Habíamos ido a las elecciones creyendo que íbamos a ganar, pero nos derrotaron. Sin embargo, nadie perdió los nervios y nos pusimos a hacer oposición con todas nuestras fuerzas.

No me voy a extender demasiado en lo que pasó en esa legislatura. Sí me interesa destacar que la «opción catalana» tuvo consecuencias importantes para el modelo de financiación de las comunidades autónomas, uno de los temas que —como ya he mencionado— más me ha preocupado en mi carrera profesional. Lo empecé a estudiar en Harvard, tuve ocasión de llevarlo parcialmente a la práctica cuando se discutieron los primeros estatutos de autonomía y lo desarrollé en un libro (Una reforma fiscal para España) que di a la imprenta en esos años. Socialistas y convergentes acordaron ceder a Cataluña el 15 % de la recaudación del IRPF. Nada que objetar. Lo que sí es objetable es que no se llamen a las cosas por su nombre. La cesión de parte de lo recaudado por un impuesto que diseña, gestiona y recauda la Administración central no es corresponsabilidad fiscal, pues ni avanza un centímetro en autonomía financiera, ni obliga a las comunidades autónomas a «mojarse» con impuestos que graven exclusivamente a sus residentes. Eso es más o menos lo que dije desde la tribuna del Congreso, añadiendo que esta cesión era algo así como vender España a plazos.

Fue muy célebre el debate del estado de la nación que enfrentó a Aznar con González el 19 de abril de 1994, en el que el líder popular pronunció una frase que repetiría mucho en los meses siguientes: «¡Váyase, señor González!». El 12 de junio de ese mismo año, el PP consiguió su primera victoria electoral a escala nacional sobre el PSOE en las elecciones al Parlamento Europeo, con el 40,2 % de los votos y veintiocho eurodiputados (entre ellos, como enseguida contaré, estaba yo).

Para darle un punto adicional de dramatismo a la situación, el 19 de abril de 1995, siendo jefe de la oposición, Aznar fue víctima de un intento de asesinato por parte del grupo terrorista ETA.

El domingo 28 de mayo tuvieron lugar elecciones autonómicas en trece comunidades y municipales en todo el Estado, que confirmaron la tendencia ya apuntada en las europeas: el PP venció en diez comunidades autónomas, consiguiendo la mayoría absoluta en cinco (Baleares, Castilla y León, Murcia, La Rioja y Madrid); y fue la lista más votada en cuarenta y dos de las cincuenta capitales de provincia, reteniendo Madrid y Valencia. El voto urbano giró a favor del centroderecha incluso en Andalucía y Extremadura, las dos únicas comunidades donde se mantuvo, junto a Castilla-La Mancha, la hegemonía autonómica socialista.

El domingo 19 de noviembre de 1995 se celebraron elecciones autonómicas en Cataluña, en las cuales CIU fue la más votada (41 %), pero perdió la mayoría absoluta. El PP catalán, liderado por Alejo Vidal-Quadras, logró un avance espectacular al pasar del 5,9 al 13 %. Ante el cúmulo de escándalos y el evidente deterioro político, el líder convergente y presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, retiró el apoyo de sus diputados al Gobierno, por lo que este quedó en minoría parlamentaria. En esa tesitura, el presidente Felipe González no tuvo más remedio que convocar elecciones generales anticipadas para el 3 de marzo de 1996. Unas elecciones muy reñidas en las que por primera vez los socialistas sacaron a pasear el dóberman —todavía ahora se deja ver de tarde en tarde—, aunque no fue suficiente para ganar las elecciones. En ellas, todo cambiaría. En mi vida personal, ya lo había hecho.

10

MI LARGA ETAPA EN EUROPA

Hay una grotesca desproporción entre la influencia profunda que la política europea tiene sobre nuestras vidas y la escasa atención que se le presta en cada país.

JÜRGEN HABERMAS

LA DECISIÓN DE IRME A EUROPA

Los primeros años de la década de 1990 fueron un tiempo de cambio no solo en mi vida política, sino también en la personal. Inmerso en una dolorosa anulación matrimonial, pensé que lo mejor para mí era cambiar una actividad en la que ya llevaba más de quince años por otra distinta. Dada mi vocación europeísta, decidí concurrir a las elecciones europeas de 1994. Lo comenté con Luis de Grandes y su reacción fue de buen amigo: «¿Cómo se te ocurre irte ahora a Europa? En este momento no te deberías distanciar de Aznar porque va a ganar el Gobierno en las próximas elecciones y tú eres el portavoz de Hacienda, así que tienes serias posibilidades de entrar en el Gobierno». «Mira, Luis —le respondí—, te lo agradezco, pero no creo que Aznar me vaya a hacer ministro. Además, si en algún momento quiere llamarme, lo puede hacer perfectamente estando en Bruselas. Eso no es ningún obstáculo.»

Me fui a ver a Aznar y le expliqué que a mi estado de ánimo le vendría muy bien un cambio de aires. Tras escucharme, me planteó que eso que le pedía iba a ser en aquellos momentos imposible: «No te puedes ir a Europa». «¿Por qué?», le pregunté. «Porque tú eres portavoz de Economía y Hacienda en el Congreso, son momentos en que la economía debe ocupar el centro del debate nacional y no tengo a nadie que te pueda sustituir», repuso. «Pues, mira, sustituirme me vas a tener que sustituir, porque si no me voy a Europa, me iré a un despacho profesional, ya que tengo que afrontar una separación y con el sueldo de diputado simplemente no llego.»

Cambiamos un par más de argumentos, y decidí recurrir a Rajoy, con quien me unía una buena amistad. Mariano se empleó a fondo y con éxito. Volví a hablar con Aznar, que me puso una sola condición: «Busca a alguien que te pueda sustituir como portavoz y ayúdale en los primeros pasos». Así lo hice: me fijé en un joven y para mí desconocido diputado castellonense, Juan Costa, que sería secretario de Estado de Economía y Hacienda en el primer gobierno de Aznar, y luego secretario de Estado de Comercio y Turismo, ministro de Ciencia y Tecnología y consejero del FMI.

Así que, tras incorporarme a la lista de candidatos al Parlamento Europeo del PP, el 12 de junio de 1994 resulté elegido. Por cierto, aquella fue la primera vez en su corta historia en que el PP ganaba unas elecciones de ámbito nacional al PSOE. Recibí los buenos resultados en un restaurante cercano al Turia en compañía de Eduardo Zaplana y Rita Barberá, relajándome después de una campaña que había sido muy difícil e intensa. Lo celebramos muy a la valenciana, con fuegos artificiales desde el río y mucho entusiasmo en el ambiente.

Aquella primera victoria del PP en las elecciones europeas de 1994 supuso una revancha de la derrota del año anterior y un presagio cierto del inicio de un «ciclo largo» al que el historiador y político Javier Tusell llamaría «aznarato». Mi marcha a Bruselas, como es lógico, me dejó casi completamente al margen de la política interior. Mi única intervención directa fue irle escribiendo durante años a Mariano Rajoy para explicarle todo lo que yo creía que había que hacer.

MI NUEVA VIDA EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Soy perfectamente consciente de que los temas europeos tienen en general muy poco sex-appeal, pero voy a dedicarles unos párrafos, al menos, por dos razones. La primera, porque allí pasé los siguientes diecisiete años de mi vida hasta finales de 2011, en que volví a casa para ser ministro de Asuntos Exteriores del primer Gobierno de Rajoy. Además, tras mi elección como diputado en 2019, me propongo pasar ahora, cuando menos, otros cinco años. Sé que, en realidad, al común de los españoles solo les interesa la UE cuando se discuten en Bruselas cuestiones que les afectan de forma muy directa y tangible. Ya lo decía José Ortega y Gasset: «Para que un español se entere de que hay cañonazos, se los tienen que dar en el oído». Grave error, porque la globalización impone unas reglas que no podemos ignorar y la legislación europea establece unos límites y unas obligaciones que debemos honrar. Así que, por muy lejos que suenen aparentemente los cañonazos de Bruselas, siempre tienen mucho que ver con todos nosotros.

Siempre he sido europeísta hasta la médula y, junto a la defensa radical de los derechos humanos y de la economía social de mercado, la tercera pata de mi trípode ideológico siempre ha sido una apuesta decidida por la integración europea. Esta fue también una de las razones —tal vez la definitiva— por las que decidí marcharme al Parlamento Europeo. Personalmente, mis diecisiete años ininterrumpidos allí completaron una experiencia absolutamente deslumbrante. Compartir experiencias con tantos representantes de casi todos los países europeos, de distintas culturas, con tan distintos backgrounds, casi todos de primera fila, resultó una experiencia ciertamente apasionante.

Cuando llegas al Parlamento Europeo desde el español, hay muchas cosas que te sorprenden. La primera es que el nivel de los eurodiputados es impresionante. La segunda, que la disciplina partidista funciona con mucha más laxitud que en España, pues allí sí que puedes —hasta debes— tener iniciativa personal, lo cual es perfecto para un heterodoxo irredento como yo. Esa libertad de pensamiento y de acción es muy afín a mi carácter. Cuando te encargan una ponencia, tu única responsabilidad es responder a ese encargo como mejor sepas y desde tus estrictos planteamientos personales.

Yo era eurodiputado del PP y, por extensión, del Partido Popular europeo. En cada tema, ponía en juego tanto mi afiliación política como mi nacionalidad, pero —insisto— con total libertad de pensamiento. Eso se lo traté de explicar, por ejemplo, al republicano independentista catalán Oriol Junqueras, que llegó un día al Parlamento Europeo a mitad de legislatura porque tenían una especie de time-sharing entre varios grupos políticos catalanes y se iban turnando. En un turno de preguntas parlamentarias, Junqueras iba delante de mí. Se levantó y se despachó toda su intervención —tal vez por el prurito independentista de no hacerlo en español— en un inglés ciertamente macarrónico, dicho sea con benevolencia. Cuando me llegó el turno, comencé mi intervención diciendo: «Mi compatriota español Oriol Junqueras ha hecho un discurso en un idioma que me ha parecido entender que era inglés, aunque no podría jurarlo...». Al terminar aquello, imagino que molesto conmigo, Junqueras me dijo: «¡Eres un cabrón!». Por suavizar esa reacción, le propuse: «Venga, vamos a comer y me explicas por qué te he parecido eso». Ya en la comida, aludiendo a su condición de historiador, le expliqué por qué había dicho aquello: «Mira, Oriol, vosotros sois como los gremlins: cuando tenéis que hablar de cosas normales, todo va estupendamente, incluso sois brillantes, pero en cuanto empezáis a hablar de “lo vuestro” os transformáis y empezáis a decir barbaridades. Pues aquí en el Parlamento Europeo, eso no toca».

Eso me recuerda que otro español, no menos nacionalista, el vasco recientemente desaparecido Xabier Arzalluz, dejó huella en Bruselas al sorprendernos a todos cuando profetizó que Euskadi sería algún día «la estrella número trece» de la bandera de la UE. Esa afirmación, además de muy improbable, partía de una premisa falsa. Debía ignorar —de ahí la sorpresa de muchos colegas— que el número de estrellas de la bandera, doce en total, no tiene nada que ver con el de Estados miembros. Originalmente esa bandera fue la del Consejo Europeo, que entonces estaba formado por quince países. En realidad, solo reproduce el número de estrellas de la corona de una Virgen local plasmada en un cuadro de la catedral de Estrasburgo.

En aquella mi primera legislatura europea (1994-1999), dados mi formación y mis intereses, me integré en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON), en la que el tema estrella en aquellos años fue, sin duda, el desarrollo del Tratado de Maastricht y, más concretamente, la selección de los países que formarían parte de la moneda única desde el primer momento en virtud de su cumplimiento de los criterios de convergencia. También, dada mi nacionalidad y mi cercanía idiomática, fui vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central y México (de octubre de 1997 a enero de 1998). Volveré más adelante sobre una y otra cuestión.

Supongo que no estará de más poner dos o tres ejemplos de las singulares características internas del Parlamento Europeo. Una de ellas es que los europarlamentarios pueden hacer preguntas al Consejo y pueden censurar a la Comisión, pero no pueden derribarlos. Eso es lo que sucedió en 1999 con el amago de moción de censura a la Comisión Santer y su inmediata dimisión. Se detectaron irregularidades en la Oficina de Ayuda Humanitaria y los populares pedimos cuentas a uno de los vicepresidentes, el socialista español Manuel Marín. Los socialistas reaccionaron cuestionando la honorabilidad del democristiano alemán Martin Bangemann, y el fuego cruzado alcanzó a la socialista francesa Edith Cresson, que había colocado a un amigo suyo en un puesto poco adecuado para un dentista. La juerga, finalmente, acabó con la dimisión del democristiano luxemburgués Jacques Santer, que hoy todavía no sabe exactamente lo que pasó.

Al poco de llegar a Bruselas, pasó por la mesa para la asignación de ponentes un informe que establecía unas reglas nuevas para contabilizar los ingresos y gastos de la Seguridad Social. En principio, todo el mundo consideró que aquello no era muy importante, así que el tema le llegó casi por descarte a un diputado verde. Enseguida me llamó indignado el vicepresidente Rodrigo Rato, preguntándome qué habíamos hecho. «¿Cómo que qué hemos hecho?», le respondí con sincera ingenuidad. «Habéis dado el informe a un diputado verde —me reprendió—. ¿Cómo se os ocurre?» «Pero si el informe no tiene importancia», contesté, a lo que replicó: «¡Cómo que no tiene importancia!».

Y claro que la tenía. El informe tenía que optar por el criterio de caja o el de devengo a la hora de contabilizar los ingresos y los gastos de la Seguridad Social. El criterio de caja establece que los ingresos y los gastos se contabilicen a medida que se realizan, mientras que el criterio de devengo fija que se haga cuando nazca la obligación de pagar o el derecho a cobrar, aunque no se hayan ejercitado en la práctica. Eso tenía mucha más importancia de la que parecía a simple vista a la hora de equilibrar las cuentas nacionales. Si al final la balanza se inclinaba por el criterio de devengo, cada Estado estaría obligado a «limpiar» los libros, es decir, a eliminar todo lo que se supiera positivamente que ya no se iba a cobrar. Dado el interés de Rato, me pregunté qué teníamos nosotros en esa partida. ¡Y vaya si teníamos! Teníamos contabilizados impuestos y cotizaciones sociales que se sabía que nunca se iban a cobrar porque la empresa deudora estaba en quiebra o, simplemente, había desaparecido. «Pero ¿esto cuánto es?», le pregunté a Rato. «Más o menos, un punto y medio del déficit», me respondió. Aprendí la lección y, a partir de entonces, mirábamos siempre con lupa cada uno de los informes que llegaban a la Comisión.

«UNIDA EN LA DIVERSIDAD»

En el Parlamento Europeo hay una rígida división por familias ideológicas y por nacionalidades, y tanto unas como otras tienen intereses diferentes. Si no se atienden ambas coordenadas, no se entenderá lo que allí pasa.

Desde el mismo momento en que llegué allí, me di cuenta de que funcionaba una gran coalición entre democristianos y socialdemócratas, que formaban lo que se suele denominar «las dos orillas del Rin», con el añadido esporádico de los liberales, a los que se recurría de vez en cuando. En las nuevas circunstancias de 2019, se necesitará siempre la ayuda de los liberales o de otro grupo. En 1994, el acuerdo entre ambos grupos era sacar las cosas adelante y, en lo genérico, repartirse entre sí los cargos y las tareas principales.

A mitad de legislatura, se renuevan todos los órganos. Hasta que yo llegué, la norma era que el Parlamento lo presidiera un democristiano en la primera parte y un socialista en la segunda. Tras las elecciones de 1994, esa regla se rompió por primera vez: al presidente del grupo socialista, el español Enrique Barón, se le ocurrió que podía hacer una maniobra alternativa y dejarnos a los democristianos fuera. Pero el tiro le salió por la culata, porque nos pusimos de acuerdo con los liberales y nos repartimos con ellos la presidencia durante los dos periodos, dejando fuera a los socialdemócratas. A partir de ahí, tras su fallida experiencia, estos últimos entraron de nuevo en razón y volvieron al redil. La moraleja de esta historia es muy sencilla: si quieres tener influencia en el Parlamento Europeo es más que conveniente formar parte de un grupo importante y, además, ser personalmente simpático. Aunque también importa la nacionalidad, que es la que provoca más continuas y profundas divergencias y roces.

Para mí, el objetivo final, como ya he explicado, son los Estados Unidos de Europa, pero, de momento, solo tenemos una amalgama relativamente poco cohesionada de países que, como pasó con las treces colonias norteamericanas originales, se debaten entre los pros y los contras de la integración federal. Aquellas colonias escogieron como su primer lema la expresión latina «E pluribus unum», que significa literalmente «de muchos, uno», aunque luego lo cambiaron por el de «In God we trust» («Confiamos en Dios»), que alguien, con sorna, propuso cambiar por «In gold we trust» («Confiamos en el oro»). El lema en español del Parlamento Europeo es «Unida en la diversidad». Y así justamente es.

Por ejemplo, los franceses suelen mostrarse en los discursos muy europeístas, pero en el fondo siguen conservando el pelo de la dehesa soberanista de la République que propugnó De Gaulle. Lo de los alemanes, por su parte, es para hacérselo mirar. En una cena en la Embajada española ante la Santa Sede, uno de los cardenales asistentes me preguntó: «¿Por qué Merkel es tan dura con los países en dificultades? ¿No contradice esta dureza el principio de solidaridad, la expresión laica del amor cristiano?». «El problema —dije yo— es que la gran mayoría de los alemanes son protestantes.» Como la concurrencia me miró sorprendida, me explayé un poco más: «Los católicos seguimos creyendo que la perfección se alcanza cuando se renuncia a los bienes terrenales y seguimos repitiendo aquello de que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el Reino de los Cielos. Los protestantes creen lo contrario: creen que la riqueza es un signo de predestinación». Pero el rigor alemán no se explica solo por razones religiosas, sino también por su experiencia histórica. Ellos consideran que cualquier política que pueda favorecer la inflación es, por definición, fatal. Y eso explica que se fíen tan poco de los países del Sur, proclives, según ellos, al ocio, el despilfarro y la prodigalidad. En otras palabras, los alemanes creen que cualquier avance en mutualización se traducirá tarde o temprano en que los ahorros que tanto les costó amasar a ellos —y, por extensión, a los países hanseáticos— sean dilapidados por los pródigos países del Sur. Eso explica que hayan primado siempre las políticas de austeridad respecto a estos. Puesto que son pródigos, si los países del Sur quieren recibir cualquier ayuda —piensan los alemanes—, antes tienen que pagar por sus pecados pasados en forma de ajustes de caballo.

Los franceses siempre temieron que Alemania creciese demasiado. Se cuenta que en cierta ocasión Mitterrand dijo: «Me gusta tanto Alemania que estoy encantado de que haya dos». Con la reunificación, el peso del país se disparó. El gran temor de los demás era que lograran poner en pie la «Europa alemana». Eso se ha manifestado, por ejemplo, en que el Banco Central Europeo es una copia del Bundesbank —«No todos los alemanes creen en Dios, pero todos creen en el Bundesbank», dijo Jacques Delors—, aunque con dos diferencias: sus estatutos pueden ser modificados en cualquier momento por el Gobierno y el Parlamento alemanes, mientras que el Banco Central Europeo (BCE), fruto de un acuerdo de veintitantos países, es prácticamente inmodificable y sus estatutos son más pétreos que las Tablas de la Ley. La segunda diferencia es que, en Alemania, el Bundesbank tiene que lidiar con el Gobierno federal, que actúa como un contrapeso muy eficaz. En Europa ese equilibrio, en términos generales, no existe: cambiar los estatutos del BCE es una misión casi imposible porque requiere la unanimidad, de modo que nadie ni nada puede servir de contrapeso a su poder omnímodo.

En cuanto a los británicos, en su día dijeron no a Roma porque no querían aceptar ni la tarifa exterior ni la política comercial común para poder «premiar» a sus antiguas colonias y, sobre todo, no quisieron ceder competencias a Bruselas. Se quedaron fuera del euro no por razones económicas, sino porque consideraban que la libra era una manifestación de su soberanía nacional. La política de Londres desde su ingreso ha consistido siempre en ralentizar el proceso de integración por aquello tan manido de «estos de Bruselas no son como nosotros». Los hechos han demostrado que su idea era ir poniendo palos en las ruedas para que el proceso de integración no cobrara velocidad, porque ellos han entendido siempre que, a medida que se fortaleciera la UE, se iría debilitando su posición nacional.

El debate sobre el Acta Única explica muy bien las diferentes actitudes con la que británicos o «continentales» abordan el proyecto de integración europea. El libro blanco que sirvió de base al mercado interior fue obra del comisario tory lord Cockfield. Su objetivo, como buen inglés, era hacer de la CEE una gigantesca área de libre comercio con el menor control posible, lo que yo he llamado «un hipermercado sin control de ningún tipo». Nada más. Pero lo que pasó es que erraron el tiro porque en la Comisión estaba entonces un europeísta convencido, el socialdemócrata francés Jacques Delors, que aprovechó el impulso dado por el Acta Única para lanzar el tren de la integración a toda máquina, consagrar la cohesión económica y social como uno de los pilares básicos de la construcción europea y poner los raíles para la unión económica y monetaria. En el terreno estrictamente político, Delors aprovechó la iniciativa británica para aumentar los poderes de la Comisión, extender el principio de mayoría cualificada para la toma de decisiones en el Consejo y dar más protagonismo al Parlamento en el proceso normativo. Todo ello anatema para los británicos. Pero, a efectos de la coherencia, hasta aquí, todo en orden.

Cuando llegamos a Maastricht, las diferencias entre británicos y «continentales» se hicieron más que evidentes. Estos últimos querían llegar cuanto antes a la moneda única para evitar que Alemania se volcase hacia el Este, olvidándose del proyecto europeo. Los británicos, por su parte, creyeron que no se podía lanzar el euro antes de que las economías nacionales hubieran convergido suficientemente. Se optó entonces por la primera opción y los británicos se quedaron fuera. Y así hasta que al final se han metido en un enredo como el actual del brexit. Ellos quieren controlar sus fronteras para evitar la entrada de trabajadores comunitarios, y quieren tener libertad comercial para establecer sus propios pactos, pero no aceptan tribunales europeos. Ese es todo el problema.

VIAJES POLÍTICOS COMO EURODIPUTADO

En general, el trabajo de europarlamentario te permite satisfacer cualquier tipo de curiosidad que tengas en materia de viajes. Si quieres, los hay todas las semanas y siempre hay un hueco para alguien interesado. Por ejemplo, si —como era mi caso— te propones conocer a fondo y de primera mano la situación de África, tienes viajes organizados prácticamente a cualquier país del continente.

Normalmente hay dos tipos de misiones de observación. Las de la Comisión, siempre presididas por un parlamentario, suelen durar seis o siete meses y están formadas por funcionarios y por expertos independientes contratados para la ocasión. Las del Parlamento llegan al país los días previos al proceso electoral en cuestión para vigilar e informar de cómo se desarrolla todo. Como luego contaré, yo presidí la misión de observación electoral que se celebró en Togo en febrero de 2010. Participé también en muchas misiones parlamentarias que sería tedioso reproducir aquí.

He de señalar que los servicios del Parlamento Europeo son espléndidos y los viajes se preparan muy bien. Los informes que te proporcionan antes de ir a cualquier destino son realmente completos, lo cual permite que las reuniones con los representantes locales sean productivas, porque siempre estás al cabo de los antecedentes y de la actualidad.

Por ejemplo, viajé varias veces a Cuba, en mi condición de presidente de la Delegación Europea para América Central y México. La primera visita tuvo lugar unos meses después de que la UE adoptase la «Posición Común» respecto a Cuba impulsada por Aznar, para fomentar «un proceso de transición hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la recuperación sostenible y la mejora del nivel de vida de los ciudadanos cubanos». De este modo, Cuba se convirtió en el único país de Latinoamérica con el que no hubo durante este periodo ningún tipo de relación. Esto produjo una cierta esquizofrenia diplomática. Por un lado, casi todos éramos contrarios a la aplicación extraterritorial de las leyes internas (Torricelli y Helms-Burton) con que Estados Unidos sancionaba e impedía comerciar en su territorio nacional a aquellas empresas que comerciasen con Cuba, y ahora, pasamos a aplicar la Posición Común, que venía a suponer lo mismo.

La segunda visita la realicé en el periodo comprendido entre la visita del papa Juan Pablo II a La Habana (enero de 1998) y la Cumbre Iberoamericana celebrada en esa misma ciudad (noviembre de 1999). Durante esa visita, mantuve una entrevista con Fidel Castro que duró once horas. Me recibió vestido con el uniforme verde oliva en el Palacio de la Revolución. Por entonces, Castro mantenía en plenitud su porte y su vozarrón y, sin duda, para lo bueno y para lo malo, era un personaje apasionante. Yo me senté a su derecha como jefe de la Delegación. Como es natural, la conversación empezó en los habituales términos protocolarios, pero a medida que fueron pasando los minutos y las horas —porque pasaban, aunque a veces no lo pareciera—, el protocolo se fue relajando, desapareció la frialdad inicial y creo que ambos llegamos a conectar humanamente muy bien.

En los encuentros con Castro, el visitante tenía siempre una agenda previa que se negociaba con el ministerio cubano y que te iba indicando a quién ibas a ver, a quién no y qué temas se tratarían y cuáles no. En esta agenda jamás estaba incluida la visita a Fidel, que se podía producir en cualquier momento. Sin previo aviso, te convocaban, subías al coche e ibas sin demora a que te recibiera.

Reanudada la conversación, le dije: «Carlos Marx dice que cuando cambian las estructuras económicas hay que cambiar las superestructuras, y es indudable que el mundo ha cambiado tras la caída de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué vais a cambiar?». «¿Tú eso se lo preguntas a todos?», me respondió Fidel a la gallega. «Sí, se lo pregunto a todos —repliqué—, pero como no me contesta nadie y tú eres el que manda, me he dicho: voy a probar suerte.» A partir de ese momento, la conversación tomó un rumbo muy interesante. Fidel me contó que había vivido toda la evolución histórica de la Unión Soviética y que no quería ser Gorbachov, quien creyó que podía modificar unas cuantas cosas en la URSS, aplicó la glasnot y la perestroika, y se le fue todo el tinglado al garete. Fidel me aseguró que, desde luego, no estaba dispuesto a hacer eso. En su opinión, la salida al socialismo es más socialismo. «Además —añadió—, ¿qué importa lo que pase en Cuba cuando estamos en vísperas de una catástrofe mundial?» «Entiendo que ese sea tu planteamiento —le dije—, pero algo tendrás que hacer, porque esto no resiste más.» Fidel me preguntó si yo quería que Cuba fuera como Bolivia, Honduras o El Salvador: un país donde los niños morían en las calles. «Esa comparación es profundamente injusta —contesté—. En 1959, cuando entraste en La Habana, Cuba tenía una de las rentas per cápita más elevadas de América, por tanto, no puedes compararte con Bolivia. Es como si yo aceptase que me comparases con Rumanía o Bulgaria. No son comparaciones homogéneas.»

La conversación se mantuvo por estos derroteros hasta que él empezó a hablar de lo mucho que le había impresionado el Papa. Al hilo de ello, me contó que había estudiado con los jesuitas. Y de ahí pasó a recordarme que se sentía profundamente español, y no solo porque sus abuelos lo fueran. «Y entonces, ¿por qué te metes tanto con nosotros? —le pregunté yo—. Si tu familia es española, ¿a qué vienen esas barbaridades que dices de los españoles?» «Bueno, esto es política —reconoció— y, como sabes, hay que hacerlo así.»

En otro momento más avanzado de la conversación, Fidel realmente me sorprendió cuando me preguntó de sopetón: «¿Tú crees en el alma?». «Mira, Comandante, yo a estas horas ya no me la encuentro», le respondí, saliéndome por la tangente. Al final se demostró que él había alargado intencionadamente la conversación porque quería que yo convenciese a Aznar de que el Rey visitase Cuba antes de la Cumbre Iberoamericana que tendría lugar en La Habana en noviembre de 1999. A eso se debía, sin duda, toda su operación de seducción.

A todo esto, ya era de noche y a las ocho yo tenía citados a los disidentes. Como si me estuviera leyendo la mente, Fidel, nuevamente de sopetón, me preguntó a bocajarro: «Por cierto, ¿y tú qué vas a hacer cuando salgas de aquí?». «Comandante —le dije—, eso ya lo sabes: voy a ver a los disidentes.» «No, si no importa —replicó desenfadado—, los tengo a todos infiltrados.» «Vamos a ver, presidente —le dije—, si eso es así, la próxima vez los invitamos a cenar y así nos podemos ir todos a dormir antes.»

Estas breves pinceladas de aquella larguísima conversación con Fidel sirven para ver un poco las contradicciones en que se movía —y se mueve— el régimen cubano. Eran conscientes de que tenían que evolucionar, pero temían que cualquier ligero cambio, cualquier reforma, aunque fuera mínima, se llevase por delante los, según ellos, «enormes logros de la revolución». Eso explica, en mi opinión, la yenka de pasos adelante y pasos atrás que se traen. Más adelante habrá tiempo de ahondar en el resto de mis relaciones con Cuba, ya como ministro.

Otro de los destinos habituales de mis viajes a América como europarlamentario fue México, donde fui bastantes veces, pero recuerdo especialmente dos: un viaje a Chiapas donde pasamos a la zona dominada por los zapatistas, y otro, a finales del año 2000, en que presidí la Misión de Observación Electoral del Parlamento Europeo, cuando salió Ernesto Zedillo y entró Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), la primera vez en setenta y un años en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdía unas elecciones. Aquella misión estaba formada por diputados de diversas nacionalidades. El más conspicuo de todos era el magistrado Antonio Di Pietro —el famoso juez de Manos Limpias—, y luego vino otro italiano (cuyo nombre ya no recuerdo) que tenía un yerno que trabajaba para el PAN. Este eurodiputado apareció con varios equipos de televisión, lo cual ya me alarmó bastante. Resultaba casi obvio que estaba buscando por todos los medios montar un pequeño escándalo que le permitiese salir en los medios. El día anterior a las elecciones, me anunció que al día siguiente él no iba a estar en el Distrito Federal, sino que se iba a ir por su cuenta a Campeche.

Horas después, supimos que se había empeñado en entrar en una casa donde, según él, había «urnas preñadas» que se iban a utilizar para adulterar los comicios. Total, que le dieron unos ligeros empellones que él se empeñó en escenificar como una paliza en toda regla. Tuvimos que atajar el pequeño escándalo diplomático dando urgentemente una rueda de prensa conjunta en la que, aunque él se molestó, yo acabé diciendo: «No sé si la agresión ha sido o no importante, pero le aseguro que este señor era así antes y después de esa agresión».

Como digo, en aquellas elecciones era factible por primera vez en mucho tiempo la posibilidad de que cambiase el signo del Gobierno y cayese el PRI, y fueron precedidas por unos incidentes realmente complicados, porque mataron al que iba a ser candidato priista. Una noche, su sustituto, Francisco Labastida, me invitó a cenar en un famoso restaurante para pedirme que, por favor, no hiciese declaraciones hasta que pasaran los comicios.

También visité China como parlamentario europeo en diversas ocasiones. En una de ellas, comenzamos recorriendo el Tíbet, ante el nerviosismo y el disgusto de las autoridades chinas. Estuvimos en Lhasa y visitamos algunos monasterios tibetanos. Cuando llegamos a Pekín nos recibió un vicesecretario del Partido Comunista chino, quien nos trasladó el mensaje de que había tres líneas rojas, tres cosas de las que no les gustaba que nadie hablase: Hong-Kong, Taiwán y Tíbet. Cualquier intento de tocar alguno de esos tres temas tabú era un casus belli para los dirigentes comunistas chinos. Lo recordé años después, cuando —como luego contaré— un monje tibetano me causó un serio problema diplomático con China.

Otra de mis experiencias más interesantes fue la misión de observación electoral a Togo a la que me he referido anteriormente. La misión estaba integrada por un equipo de once expertos en distintas materias —legislación electoral, medios de comunicación, procedimientos administrativos— y treinta observadores encargados de vigilar la campaña electoral, así como por ochenta observadores desplegados a largo plazo. Un gran equipo que fue reforzado con ochenta observadores desplegados a corto plazo que llegaron en los días inmediatamente anteriores a la votación. La misión tenía sus riesgos y nadie quería encabezarla. Yo me ofrecí voluntario y me tiré seis meses yendo y viniendo.

En esas elecciones se produjeron cosas bastante raras, porque los candidatos eran el hijo del dictador, Faure Gnassingbé —quien, tras asumir el poder al morir su padre, por presiones internacionales, se vio obligado a convocar elecciones—, y Gilchrist Olympio, hijo de Sylvanus Olympio, otro prohombre togolés asesinado por soldados a las órdenes del padre de su rival. El caso es que hubo muchos desórdenes y a nosotros nos tuvieron que sacar escoltados con tanquetas de la policía, porque la oposición no aceptó aquello y fueron unas elecciones en las que entendí bastante bien lo que pasaba en África. Cuando nos recibió el presidente, estaban presentes los embajadores de Francia, Estados Unidos, Alemania, China y Rusia, no había más. España servía desde Ghana. Me reuní con los embajadores varias veces para palpar el ambiente político y conocer de primera mano lo que pensaban cada uno de los Gobiernos allí representados consularmente. Todos coincidimos en que lo menos malo para el país y para su pueblo era que repitiese victoria el candidato en el poder. En una reunión que tuvimos con las autoridades, preocupadas por el informe que yo tenía que suscribir, les conté que éramos totalmente neutrales, pero que buscábamos ante todo la estabilidad del país. Así que les pedimos que no exagerasen porque, según un medio de comunicación, el Gobierno había acaparado el 100 % de la cuota de pantalla. Aquello era casi un drama shakespeariano entre dos familias, dos etnias, un tema de falsificación de elecciones con trasfondo tribal y animista.

Todo aquello coincidió con la elaboración de mi informe para el Parlamento Europeo sobre la nueva supervisión financiera de los bancos —de la que luego hablaré—, y no fue fácil compaginar ambas responsabilidades. Tenía que estar en Togo dos o tres días a la semana, mientras seguía redactando el documento. Había que verme en mi habitación del hotel de Lomé, rodeado de libros y hablando continuamente por teléfono con mis asistentes.

11

LOS AÑOS DE AZNAR

En todas las artes, como en todas las artesanías, el talento sirve de bien poco si no va acompañado por la experiencia, que se logra a fuerza de modestia y aplicación.

PATRICK SÜSKIND

AZNAR, TODO UN CARÁCTER

Las elecciones de 1996 fueron las más reñidas de toda la democracia española. El PP obtuvo mayoría simple en el Congreso de los Diputados con 156 escaños —el número de escaños más bajo conseguido hasta entonces por un partido vencedor—, manteniendo una escasa diferencia —de tan solo el 1,16 % de los votos y quince escaños— sobre el segundo más votado, el PSOE (141 escaños), que se despidió del poder tras catorce años seguidos de gobierno. A pesar de que su partido perdió los comicios, lo hizo por un estrecho margen y los resultados no reflejaron la catástrofe electoral que se auguraba. El resultado demostraba que, pese a los muchos y variados problemas que lo acuciaban, González aún conservaba el beneplácito de un importante sector del electorado.

Como es fácil de imaginar, esas cifras no nos dejaron contentos. Se tardó un buen rato en descorchar el champán en la planta noble de Génova. Pero Aznar reaccionó pronto y al día siguiente de los comicios, el 4 de marzo, casi sin solución de continuidad, hizo una rápida oferta de pacto a la principal formación nacionalista de Cataluña (CiU), a la vez que anunciaba —en un alarde de pragmatismo— su renuncia a aplicar íntegramente su programa de gobierno.

En la acera socialista, la derrota electoral provocó un tsunami con efectos retardados. El otrora incontestable Felipe González dejó la Secretaría General del PSOE en 1997 en favor de uno de los suyos, Joaquín Almunia, a quien apoyó públicamente en las primarias de abril del año siguiente. Sin embargo, en ellas se impuso contra pronóstico el outsider Josep Borrell, con el voto de la militancia, pero con el aparato y los pesos pesados del partido en contra.

Las negociaciones entre Aznar y Pujol empezaron muy pronto y culminaron dos meses después, el 28 de abril de 1996, en el llamado Pacto del Majestic, por el cual el PP recibiría el apoyo en el Congreso de los dieciséis diputados convergentes a cambio de que nosotros apoyáramos a CIU en el Parlament catalán y de un gran número de conquistas autonómicas, especialmente el traspaso de muchas competencias y una ventajosa reformulación de la financiación autonómica, que incluyó la cesión del 33 % de la recaudación del IRPF —antes era del 15 %—, del 35 % del IVA —desde el 0 % anterior— y del 40 % de los impuestos especiales.

Convergentes y populares acordamos también importantes transferencias de competencias a la Generalitat en los ámbitos, entre otros, de justicia, educación, agricultura, cultura, sanidad, empleo, medio ambiente, vivienda, farmacias, puertos, mediación de seguros o control del tráfico, hasta entonces en manos de la Guardia Civil. Además, se eliminó la figura del gobernador civil, sustituido por el subdelegado del Gobierno —con menos competencias— y se pusieron en marcha importantes inversiones en Cataluña, como las ampliaciones del puerto y el aeropuerto de Barcelona, y la construcción de la línea del AVE Madrid-Barcelona. Asimismo, el acuerdo incluía otros muchos aspectos concretos de variada índole, como la abolición del servicio militar obligatorio.

José María Aznar y yo teníamos un punto de contacto inicial: ambos somos inspectores técnicos fiscales. La primera vez que lo vi personalmente fue en 1986, cuando fui a negociar a la sede de AP el programa de la Coalición Popular en nombre del PDP. Empezamos a negociar los detalles y, al llegar a la parte económica y fiscal, el negociador aliancista, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, solicitó a sus asistentes un documento y, de paso, pidió que viniera José María Aznar. Apareció este por allí y, al saludarle, le comenté: «¿Sabes que somos compañeros?». «Sí, sí —me dijo—, no faltaba más.»

Nunca llegué a tener una relación personal intensa con él, pero tampoco de enemistad, aunque compañeros hubo que me decían que mi porvenir con él se presentaba más oscuro que el reinado de Witiza. A mí, la verdad, no me consta. Considero que hice bien mi trabajo como portavoz, primero de Hacienda y luego de Economía y Hacienda, y en esa etapa, cuando Aznar ya era el hombre fuerte del PP, siempre contó conmigo. Iba a las reuniones de Hacienda sobre temas fiscales con el propio Aznar y con Rodrigo Rato, y nunca hubo roce alguno.

En política interior, Aznar cosechó importantes éxitos en su primera etapa de Gobierno. Nos integró en la moneda única desde el momento mismo de su nacimiento, cuando en Europa todas las apuestas eran contrarias. En Berlín arrancó más fondos estructurales que nadie. En Niza consiguió un peso institucional comparable al de los grandes de Europa. En aquellos cuatro años apostó por una convergencia real con los países de la UE y por aumentar el peso político de España en Bruselas, aprovechando la entrada de los países del Este, mucho más próximos a Washington que los de la «vieja» Europa.

En 1996, cuando Aznar llegó a la Moncloa, la idea de que España pudiera estar entre los socios fundadores del euro parecía una quimera, cuando no un dislate. No cumplíamos con los parámetros relativos a los precios, los tipos de interés a largo plazo, el déficit y la deuda pública. El ambiente político y social era de resignación, cuando no de abierto derrotismo: se daba por sentado que no llegaríamos a tiempo para tomar el tren en el andén de partida y que habría que esperar a hacerlo en la parada más próxima posible. Los italianos, que estaban en una situación muy parecida, parecían no hacerle ascos a esa solución, pero Aznar se empeñó en lo contrario y nos dio instrucciones para que transmitiésemos esta convicción en todos los foros. Y acertó.

El deseo de incluir a España entre los países fundadores del euro se convirtió en la mejor palanca para avanzar en la senda de la modernización de la economía. Pocos meses después de la victoria electoral, el vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, confirmó en una entrevista en El Mundo la puesta en marcha de un plan de privatizaciones de empresas públicas. Fiel a su ideología liberal, Rato se reafirmó en esa postura: «No tiene ninguna ventaja que el Estado sea dueño de empresas». El 28 de junio de 1996, el Gobierno aprobó efectivamente un ambicioso Programa de Modernización del Sector Público Empresarial, que incluía una radical política de privatizaciones.

El tránsito de las palabras a los hechos no se hizo esperar. En septiembre, la venta de un 3,81 % del capital de Gas Natural fue el punto de partida. Hasta 2003, el Estado logró ingresar 31.747 millones de euros mediante la privatización total o parcial de cincuenta y dos compañías: Telefónica, Red Eléctrica, Endesa, Repsol, Gas Natural, Aceralia, Indra, Argentaria, Tabacalera, Iberia, Transmediterránea... Estos ingresos contribuyeron a reducir rápidamente la deuda pública del 68 al 63 %, aunque los sindicatos y otros agentes sociales se mostraron contrarios a una medida que consideraron «pan para hoy y hambre para mañana».

Como con privatizar no bastaba, el Gobierno acometió en paralelo un programa de ajuste presupuestario: se contuvo drásticamente el gasto público; se congelaron las retribuciones en el sector público; se frenó el crecimiento de los presupuestos, que a partir de entonces crecerían siempre por debajo del crecimiento real de la economía. Liberalismo en estado puro. Además, se introdujeron otras importantes medidas liberalizadoras: se sometió la actividad profesional de las profesiones colegiadas a la legislación sobre competencia y se impuso la liberalización de precios. Se liberalizó el mercado de las telecomunicaciones y la telefonía móvil, a la vez que se regulaba por primera vez la televisión por cable. En 1999 se llevó a cabo una reforma del IRPF, que rebajó sus tipos un 2 % a las rentas más bajas y un 6 % a las más altas. También se redujo un 9 % el gasto en protección social (educación, pensiones, sanidad pública, seguridad ciudadana...), que en el último ejercicio de la legislatura fue del 20 % del PIB, frente al 27 % de la media europea.

Finalmente, solo dieciocho meses después, estábamos entre los países promotores de la moneda única, inaugurando la etapa más decisiva de la construcción europea. Aquella fue una de las grandes hazañas colectivas de nuestro país y también la prueba de que, con objetivos comunes claros y una firme voluntad política, los españoles somos capaces de superar las dificultades y conseguir los más altos objetivos. Como me resumió José María Aznar en una carta incluida en mi libro Todos los cielos conducen a España: «Yo siempre había estado convencido de que España debía estar entre los fundadores del euro. [...] Nuestra historia es la de quien sube tarde y con un billete de segunda clase a un tren que ya está en marcha». La entrada en el euro marcó un antes y un después en nuestra política exterior. Desde el Congreso de Viena de 1815, España no había llegado nunca a la cita con la historia en el momento oportuno. Esta era la primera vez que lo hacía a su debido tiempo, con las ventajas obvias que eso tiene. España llegaba a tiempo y, sobre todo, dispuesta también a recuperar su lugar debido y a hacerse notar en la escena internacional.

ESPAÑOLEANDO EN BRUSELAS ANTES DE IRAK

En el plano internacional, una vez en el poder, el Gobierno de Aznar comenzó a desplegar una actividad muy intensa. Nada más llegar, solicitó el ingreso de España en la nueva estructura de mandos de la OTAN y, solo un año después, organizó la cumbre aliancista que diseñó el futuro sistema de defensa de nuestro continente.

Los grandes hitos que marcaron esa hiperactividad diplomática fueron esencialmente cuatro: la entrada de España en el euro como país fundador; las intensas negociaciones del Tratado de Niza que afirmaron el peso político de España en la UE; el fortalecimiento de nuestra relación con Estados Unidos, y un firme compromiso con la democracia y la prosperidad en Iberoamérica. Aznar llegó a Bruselas dispuesto a sacar pecho. Lo cuenta muy bien en otro pasaje de la carta comentada: «Nuestro desafío como españoles consistía en demostrar al resto de Europa y al mundo en general que queríamos y podíamos estar sentados a la mesa donde se toman las decisiones importantes. Es decir, que España era una nación fuerte y fiable con la que se debía contar. Y creo que es justo decir que lo logramos».

La segunda obsesión de Aznar, junto al euro, fue precisamente esta de conseguir el reconocimiento del peso político de España en las instituciones europeas. En el Consejo Europeo de Cardiff (junio de 1998), defendió —en un gélido clima general— la necesidad de aunar avances en cuestiones concretas con una visión global de la integración europea. En Ámsterdam (julio de 1998), se batió el cobre para incluir el empleo y la política social en el Tratado que allí se firmó. En el Consejo Europeo de Berlín (marzo de 1999), no se levantó de la silla hasta que consiguió ser el país más beneficiado por las políticas de cohesión. En Tampere (octubre de 1999) contribuyó decisivamente a la creación en la UE de un espacio común de libertad, seguridad y justicia. En Lisboa (2000), se «compinchó» con Blair para lanzar la Agenda 2000, cuyo objetivo era hacer de la economía de la UE la más competitiva del mundo antes de 2012, gracias al conocimiento y el empleo. Un año más tarde, la estrategia se amplió con una dimensión de desarrollo sostenible al añadirle el parámetro medioambiental. Pero fue en el Tratado de Niza (2001) donde España logró sus mayores cotas de poder político e institucional en Europa. A partir de entonces, nuestro país ya no pudo ser considerado una de las naciones «pequeñas» de Europa, aunque sus dimensiones demográficas tampoco garantizaban figurar entre las «grandes». Pero así nos lo propusimos y con este objetivo se actuó, aun a costa de prolongar las negociaciones con nuestros socios europeos hasta la extenuación... Sobre todo, la de los demás.

El propósito del Tratado de Niza era reformar las reglas del juego vigentes para organizar el reparto institucional del poder en una UE ampliada ya a veinticinco miembros. Para España, para el PP y, sobre todo, para Aznar, el objetivo era no perder peso específico e, incluso, intentar ganarlo. Las negociaciones no fueron fáciles. Gracias a una política de alianzas eficaz y a una defensa de nuestra posición serena pero firme, logramos nuestros objetivos: España vio nítidamente reconocido su peso político en la nueva arquitectura institucional de la Unión ampliada. En tal sentido, Niza supuso la culminación de una determinada manera de abordar y practicar la política exterior española en relación con Europa. Desde el siglo XVIII, España nunca había tenido tanto peso en Europa, ni más reconocimiento, ni más recursos, ni más capacidad de decisión. Seguramente por no reconocer este éxito político del Gobierno, algunos desdeñaron ese resultado comparándolo con la ilusa pretensión boxística de pelear «por encima de nuestro peso», pero fue justamente lo que hicimos, y eso es siempre algo que aplaudir.

En América Latina, Aznar también estuvo muy activo en su primer mandato. Quiso hacer de la Comunidad Iberoamericana una prioridad y un eje estratégico de la acción exterior española, desde la convicción de que españoles y latinoamericanos no solo compartimos lazos históricos, culturales y biográficos, sino también valores e intereses muy concretos. A tal fin, institucionalizó y regularizó el sistema de cumbres ideado por Felipe González, creó una Secretaría General de Cooperación Iberoamericana permanente, además de mediar y colaborar en la negociación de los Acuerdos de Asociación con México y Chile, y en los de cooperación con Centroamérica y la Comunidad Andina. En suma, la diplomacia española se volcó en la definición de una estrategia para América Latina en todos los frentes y a largo plazo. Los beneficios se vieron muy pronto en ambas orillas del Atlántico.

Entre 1996 y 2000, Aznar visitó todos los países de Iberoamérica, porque España estaba presente en ese continente a través no solo de nuestras empresas, sino también del acompañamiento a los procesos de democratización que se estaban llevando a cabo en muchos de ellos. Numerosas naciones americanas habían encontrado una fuente de inspiración en nuestro modelo de transición, y veían con lógica esperanza cómo se desarrollaba España económicamente. Nuestra nueva pujanza económica encontró en América Latina no solo eco, sino también un enorme mercado en el que proyectarse. Allí fueron a invertir —y, por tanto, a crear empleo— centenares de empresas españolas, que en pocos años se convirtieron en multinacionales con capacidad para competir a nivel mundial.

En sentido inverso, las incipientes democracias latinoamericanas encontraron en España no solo a un amigo y aliado firme, sino también a un interlocutor respetado en las dos capitales más relevantes para sus propios intereses: Bruselas y Washington. Esto fue decisivo para muchos de ellos, como se demostró, por ejemplo, con la firme defensa que el Gobierno español hizo de Argentina ante el FMI tras la crisis de 2001, o el logro que, en términos de defensa de las libertades y derechos humanos en Cuba, supuso la adopción por parte de la UE, a instancias de Aznar, de la Posición Común.

Aznar hizo del fortalecimiento de la relación con Estados Unidos otra prioridad. Por convicción atlantista, porque convenía estratégicamente y por un elemental sentido de la reciprocidad política: no se puede pedir ayuda a un amigo y, luego, cuando él te la reclama, negársela. Por eso apoyó las iniciativas del presidente Clinton contra Sadam Husein. Por eso apoyó la lucha contra los talibanes en Afganistán. Y por eso tomó la decisión de abandonar las medias tintas y, desde noviembre de 1996, integrarnos en la estructura de mandos de la OTAN. Previamente, Aznar había impulsado dos cambios esenciales en nuestras Fuerzas Armadas: la profesionalización y la supresión del servicio militar.

Con esas renovadas Fuerzas Armadas, España participó activamente y mostró sus capacidades técnicas en la operación militar que lanzó la OTAN en Kosovo (1999). Además, nuestros soldados se integraron en misiones de paz luchando contra las catástrofes humanitarias y naturales en Albania, Honduras o Mozambique, mientras se nos pedía que liderásemos las operaciones de desminado en países como Macedonia.

En justa correspondencia, Estados Unidos empezó a dar señales de que quería un mayor papel para España en lo que se llamó «gobernanza internacional». Como bien señaló Aznar, «a España, el traje se le había quedado pequeño y requería un mayor protagonismo». Clinton visitó el país y firmó una declaración conjunta para actualizar nuestra relación. Bush hijo hizo de Madrid su primera escala europea tras llegar a la presidencia. La nueva relación con Estados Unidos, aun en aquella primera fase, trajo ventajas a nuestras empresas, contribuyó de manera esencial al éxito en la lucha contra ETA y dio visibilidad a las capacidades de España, escasamente reconocidas durante muchos años, por supuesto en Europa y América Latina, pero también en Oriente Medio y otras regiones. Fruto de ese «ensanchamiento del traje», Aznar lanzó los primeros Planes de Acción para Asia-Pacífico y África Subsahariana, y apoyó la puesta en marcha del Foro de Formentor (1999) sobre política y seguridad en el Mediterráneo, que tan útil resultó para nuestra presencia en el mundo árabe.

POR FIN, MAYORÍA ABSOLUTA

Vendría luego, a partir de 2003, Irak. Es bien sabido que yo no compartí con Aznar la posición que tuvo el Gobierno en ese tema. El pueblo español no entendió —ni se le supo explicar— el porqué de aquella decisión. Esto supuso tal ruptura que se olvidaron los muchos logros conseguidos por la política exterior española y la ilusión que se creó al ver a España en los centros de decisión.

En el terreno económico, las cosas iban muy bien: la economía crecía y la inflación era muy baja; la Bolsa de Madrid alcanzaba niveles históricos; las reestructuraciones empresariales avanzaban a buena marcha, y las empresas españolas conquistaban mercados extranjeros. Cuando unos periodistas de The Wall Street Journal le preguntaron por las razones que explicaban «el milagro económico español», el presidente contestó sin mover un pelo del bigote: «Yo soy el milagro». Aznar en estado puro.

Me contó el socialista Miguel Sebastián que cuando empezó a preparar el programa electoral del año 2000 le dijeron que la economía iba a tener muy poca influencia en los debates electorales. Sin embargo, él intentó argumentar que el crecimiento económico de España no revertía en la mejora de los servicios públicos: mientras los beneficios empresariales —entre ellos, los de las empresas privatizadas— se disparaban, España era el país de la UE que menos invertía en gasto social, y solo se habían bajado los impuestos a las rentas más altas. Pero los españoles no «compraron» esos argumentos al PSOE, y en los comicios del 12 de marzo de 2000 nos dieron la ansiada mayoría absoluta.

Aznar revalidó su cargo, esta vez sin tener que recurrir a pactar con otras formaciones como en 1996. Ese mismo día, Joaquín Almunia, el candidato socialista, dimitió como secretario general del PSOE, dejando su partido en manos de una gestora (Comisión Política) presidida por Manuel Chaves, que se encargó de organizar en el mes de julio el XXXV Congreso, en el que el semidesconocido José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido secretario general.

Durante esta segunda legislatura, la economía española siguió creciendo a un ritmo superior al de los vecinos europeos. Los índices macroeconómicos situaron a España en buena posición en el proceso de convergencia europea. En 2000, el Gobierno de Aznar saneó el déficit de la Seguridad Social y creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que al final de la legislatura tendría 15.000 millones de euros. En 2001 se empezaron a distribuir las monedas (y billetes) denominadas en euros, que el 1 de enero de 2002 empezaron a tener valor legal como medio de pago, sin que los precios subiesen como se había temido.

Sin embargo, aunque los salarios crecieron, eso no impidió la contestación social. Se produjeron numerosos conflictos laborales, incluida una huelga general el 20 de junio de 2002, en protesta contra la reforma de la protección por desempleo aprobada por el Gobierno. En 2003, el Ejecutivo llevó a cabo una nueva rebaja del IRPF en un 3 % a todas las rentas. Mientras tanto, la tasa de desempleo se mantuvo más o menos constante en torno al 11 %. La vivienda se convirtió en una de las principales preocupaciones de los españoles, debido al aumento de los precios, de alrededor de un 10-15 %, muy superior al alza de la inflación y los salarios. La burbuja inmobiliaria —que en años posteriores sería una de las causas que explicarían la crisis— empezó a inflarse en esta época.

EL 11-S, UN CAMBIO DE ERA

Cuando tuvo lugar el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, yo estaba presidiendo una sesión de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo. Un ujier entró a la carrera y nos comentó lo que estaba pasando. Interrumpimos inmediatamente la sesión y salimos disparados hacia la primera televisión que encontramos. Pudimos ver así, horrorizados y en estrepitoso silencio, el segundo ataque. Me fui directo a Madrid lo más deprisa que pude, previendo que se cerraría el espacio aéreo y me quedaría aislado en Bruselas.

Visité Estados Unidos poco después y la percepción que tuve y que transmití a mis compañeros fue que era un país prácticamente en estado de guerra. Se consideraban con razón agredidos y, desde luego, no se iban a quedar de brazos cruzados. Ni es su estilo ni gran parte de su pueblo se lo hubiera permitido. Aquel atentado fue para ellos otro Pearl Harbor: un shock totalmente inesperado y traumático. El ataque a las Torres Gemelas fue la primera gran incursión del terrorismo internacional fuera de sus fronteras naturales y, en ese sentido, supuso una auténtica conmoción para el pueblo estadounidense. Desde luego, habían sufrido el terrorismo antes, pero era la primera vez que lo hacían en su propio suelo, en el corazón de su territorio y de sus intereses. Desde entonces, el terrorismo internacional iba a ser una constante y eso inauguró, como digo, una nueva época.

George Bush hijo reaccionó invadiendo Afganistán con la bendición de casi todo el mundo. Vino después su declaración de guerra a Irak, intervención en la que no lo siguieron muchos de los países que apoyaron a su padre en la guerra del Golfo y que provocó una seria división en Europa. La intervención estadounidense al margen de las instituciones internacionales acabó con el multilateralismo, que había sido uno de los pilares del orden liberal internacional inaugurado por Harry Truman, uno de sus predecesores en la Casa Blanca. Bush no estaba dispuesto a que la ONU condicionase su política exterior, pero sabía que no podía actuar solo. Por eso, decidió poner en marcha una «coalición de voluntarios» que lo arropase en su aventura iraquí. El mundo dejó de ser unipolar, aparecieron otros muchos actores difusos y se hicieron inservibles las viejas brújulas.

El Gobierno español apoyó la invasión de Irak en el Consejo de Seguridad de la ONU e hizo gestiones con otros miembros amigos (México y Chile) para que también se mostrasen favorables, a pesar de la oposición de muchos de nuestros socios europeos y de gran parte de los ciudadanos. El 15 de febrero de 2003 hubo en todo el mundo manifestaciones contra la guerra. En España se manifestaron cerca de ocho millones de personas y, en la primavera de ese año, algunas sedes del PP sufrieron acosos por parte de grupos radicales. Durante ese periodo, Aznar cayó al índice de popularidad más bajo de toda la legislatura, y las encuestas le dieron al PSOE una ventaja momentánea de cuatro puntos.

En febrero de 2004, Aznar dio un discurso en el Capitolio estadounidense durante su decimoquinto viaje oficial a dicho país y reafirmó su alianza con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. Puesto que, desde el año anterior, España participaba en la ocupación de Irak, eso la convertía en objetivo del terrorismo islámico.

Ya he adelantado que no compartí la posición del Gobierno, aunque la acaté disciplinadamente. Para entender mi postura heterodoxa hay que recordar que Estados Unidos acusaba a Sadam Husein de tener armas de destrucción masiva, de colaborar con el terrorismo y, en menor medida, de complicidad indirecta en el 11-S, y que, por eso, trató infructuosamente de conseguir resoluciones de la ONU que condenaran a Irak y dieran el visto bueno a la intervención armada en su suelo. Como esto no llegó, los estadounidenses no tuvieron más remedio que poner en marcha una operación bélica sin base jurídica y en medio de una fuerte controversia mundial.

Por entonces, yo era muy amigo del francés Jean-Claude Martínez, catedrático de Derecho Financiero y diputado europeo por el ultraderechista Frente Nacional. Trabé amistad con él nada más llegar a Bruselas, primero por nuestra afinidad académica y, segundo, porque ese primer verano lo pasé en el País de Gales, en Cornualles, asistiendo a un curso acelerado de inglés parlamentario. Martínez también asistió a él y pasó aquellas semanas allí junto con su joven segunda esposa y su hijo pequeño. Desde el primer día, casi todos —especialmente los socialistas— le hicieron el vacío porque, para ellos, no era aceptable que se sentase a su lado un ultraderechista. A mí aquello me parecía tremendamente injusto y sectario.

Un día, me lo encontré sentado solo en el comedor con su mujer —aterrada— y su niño pequeño y, viendo la situación, cogí mi bandeja y me uní a ellos. A partir de entonces, nos hicimos amigos. Luego, resultó que, además de ser una persona ilustrada y de trato amable, su abuelo era oriundo de Finestrat (Alicante) y todo ello ayudó a que afianzáramos la amistad. Pues bien, hablando del conflicto iraquí, el propio Martínez me comentó un día: «Te puedo asegurar que no hay armas de destrucción masiva en Irak». «¿Cómo lo sabes?», pregunté. «Pues porque nos financian ellos y estamos allí siempre y sabemos que no las tienen porque nos han dado todo tipo de garantías», fue su respuesta. Aquello me dejó pensativo y, en cuanto pude, se lo conté tal cual a mis amigos de España, empezando por Rajoy: «Mariano, en Irak no hay armas de destrucción masiva». «¿Y tú cómo lo sabes?», replicó. «Primero, por sentido común, porque, si las tuviesen, se sabría y los aviones espía las hubieran descubierto —argumenté—. Y segundo porque me lo ha asegurado fehacientemente el eurodiputado Jean-Claude Martínez, que está allí todo el día y me asegura que no las hay.» Al final se me hizo claro que el que más razón tuvo fue el humorista catalán Albert Boadella: «Todo el mundo sabía que en Irak había armas de destrucción masiva; todos... menos ellos».

Respecto a la entusiasta intervención de José María Aznar en Irak, un conservador británico me dijo en una ocasión: «Yo no sabía que ustedes tenían tantos intereses en esa zona». «Ni yo tampoco», le contesté con total sinceridad. Tiempo después, Aznar explicaría sus razones con una frase muy suya: «Estuvimos en Irak porque no estuvimos en Normandía». Este tema tendría consecuencias en mi vida posterior, ya que, cuando llegué al Ministerio, me tocó recoser todo aquel gran roto de la acción exterior española.

LA VIEJA Y LA NUEVA EUROPA

La división de los europeos por la cuestión de Irak coincidió en el tiempo con la negociación de la adhesión de los países del Este, que distorsionó aún más el paisaje y contribuyó a popularizar la idea de que existían «dos» Europas: la «Vieja» y la «Nueva» Europa.

Como puse de relieve en mi libro Por una convivencia democrática (2017), al pedir la entrada en la UE, lo que querían los países de Europa del Este era recuperar la soberanía plena tras la caída de la URSS. Para ellos no se trataba de transcender el Estado-nación, sino de retomar el dominio de un Estado-nación que había soportado una tutela extranjera. Lo que a ellos les preocupaba era la Alianza Atlántica y la conexión con Estados Unidos, y no tanto la verdadera integración con el resto de Europa.

Aznar quiso aprovechar la coyuntura para aumentar el peso político de España en Bruselas, y para ello forjó una alianza nueva con británicos, italianos, portugueses y euroorientales que sirviera de contrapeso al eje franco-alemán. El episodio del islote de Perejil lo confirmó en su arraigada idea de que el entonces presidente francés, Jacques Chirac, no era un amigo leal, pero sí el norteamericano George W. Bush. De ahí su decisión de apoyar a Estados Unidos en Irak, que tanta oposición despertó en la opinión pública española.

Pero, como siempre pasa, opino que también pesaron en su decisión factores personales. Chirac y el canciller alemán Gerhard Schröeder, de un lado, y Aznar, por otro, no se entendían demasiado bien. Además de esa mala relación personal, a Aznar le molestaba que, protocolariamente, los españoles siempre habláramos los quintos en las reuniones europeas. Así que, cuando entraron los países del Este, creyó que se iba a producir un nuevo reparto de cartas y que, si seguíamos sentados firmemente a la mesa, eso nos permitiría, por fin, mejorar nuestro peso específico. Aznar estaba convencido de que en esa «Nueva» Europa el liderazgo recaería en aquellos países que más cerca estuvieran de Estados Unidos.

Personalmente creí entonces —y sigo creyendo ahora— que España siempre se sentirá más cómoda en la alianza franco-alemana, que es más federalista, más europeísta. En todo caso, el alineamiento incondicional con Washington no fue compartido por todos los países de la UE, aunque sí por Portugal, Italia, Reino Unido, Hungría, Polonia, Dinamarca y la República Checa, cuyos mandatarios suscribieron el 30 de enero de 2003 una carta abierta, que decía: «El vínculo que une a Estados Unidos y a Europa son los valores que compartimos: la democracia, la libertad individual, los derechos humanos y el Estado de derecho. Hoy estos valores están más amenazados que nunca. Los ataques del 11 de septiembre nos enseñaron hasta dónde están dispuestos a llegar los terroristas en su afán de destruirlos». La carta produjo una auténtica conmoción en Bruselas porque oficializaba el divorcio entre los Estados socios.

LA SUCESIÓN DE AZNAR

Como él mismo anunció repetidamente, Aznar tenía decidido de antemano retirarse al final de su segundo mandato presidencial para dejar paso a otro líder del PP. Así lo confirmó cuando llegó el momento de elegir candidato a las elecciones generales de 2004. Como es lógico, eso hizo que durante su último mandato se hablara, y mucho, sobre sus posibles sucesores al frente del partido y como candidato a la presidencia del Gobierno.

Un día, hacia el año 2000, hablando en el Congreso con Mariano Rajoy, le dije categórico: «Tienes muy serias posibilidades de ser el sucesor de Aznar». Para entonces ya le había hecho vicepresidente y varias veces ministro. Aunque todo estaba por decidir, había fundamentalmente otros dos posibles candidatos: Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, aunque hubo un momento en que se habló también de Ángel Acebes.

Yo tenía muchísima confianza con él y ambos nos considerábamos buenos amigos desde julio de 1991, cuando mi exmujer me dijo que no quería veranear conmigo y que se llevaba a los niños. En esa tesitura —otras consideraciones aparte—, me pregunté: «¿Y ahora cómo me organizo yo en verano?». Con eso en la cabeza, un día en el Congreso me puse a pensar: «De estos bárbaros de la derecha, ¿quién puede saber leer y escribir?». Los repasé mentalmente a todos y, al llegar a Rajoy, pensé: «Pues este gallego, que es registrador». Sin pensármelo más, me fui hacia él y me senté en el escaño contiguo al suyo, mientras le decía: «Oye, Mariano, ¿tú estás soltero?». Él me miró con mucha suspicacia y, medio espantado, me respondió: «¿Y a ti qué coño te importa?». «Me importa y mucho. Me he separado de mi mujer —le expliqué—, tengo un barco en Ibiza y ando buscando un colega que quiera pasar conmigo el verano.» Tras pensárselo unos segundos, me dijo: «Ah, entiendo, cuéntame».

Rajoy se vino efectivamente a Ibiza a pasar quince o veinte días en mi modesto barco de diez metros de eslora. Aquellos días navegamos, salimos a cenar, bajamos al pueblo y nos lo pasamos bien, como dos solteros, uno originario y otro «sobrevenido». A partir de entonces pasamos otros muchos veranos y periodos vacacionales juntos. Poco después empezó a venir a Ibiza con Elvira, su futura mujer, a la que todos conocemos como Viri. Yo estuve en su boda y la relación personal siempre fue muy buena e intensa. Cuando él ya era ministro y prefería veranear fuera de España, nos fuimos a sitios más recónditos, como, por ejemplo, la isla caribeña de Guadalupe, o bien a otros más convencionales, como París. Solíamos ser tres parejas, casi nunca más.

En temporada no vacacional, y cada vez más según se iba acercando la fecha en que se tendría que conocer el nombre del sucesor elegido por Aznar, salíamos muy a menudo a comer o cenar. En esas veladas, yo le insistía a Mariano en que para mí estaba claro que él iba a ser el próximo candidato a presidente del Gobierno por el PP. Me acuerdo especialmente de una de aquellas comidas en el restaurante argentino De María, situado detrás de la madrileña plaza de España, en que hicimos muchas cábalas y le dimos muchas vueltas al asunto. Cuando después se produjo el accidente del Prestige y Aznar le encargó la gestión, aquello ya me despejó las pocas dudas que me quedaban. Y así se lo hice saber varias veces.

El verano anterior al desenlace, estuve de vacaciones en el municipio pontevedrés de Ribadumia con mi mujer, Maribel Barreiro, y los Rajoy. Un día, apareció por allí de visita Rodrigo Rato. Se fueron a comer solos y luego Mariano me contó que Rato le había confesado que estaba absolutamente interesado en suceder a Aznar. Rajoy me comentó que él —muy a su estilo personal— lo había escuchado, aunque sin añadir gran cosa. Hasta entonces, Rato había dicho cosas contradictorias al respecto. Pero ahora, por fin, reconocía su interés y declaraba estar muy implicado en la carrera. En esa misma estancia veraniega en Ribadumia, recuerdo otra noche en que ambos estábamos algo desvelados y nos quedamos hablando de las cosas que venían por delante, las personales y las de España. Por mi parte, por ejemplo, me explayé sobre Ceuta y Melilla y sobre el Sahara. Recuerdo que él ya hablaba —y escuchaba— imbuido de alguna manera del papel de presidente in pectore.

Cercana ya la fecha en que la elección del sucesor de Aznar era perentoria, las noticias se fueron calentando poco a poco. A finales de agosto, cuando yo aún no había acabado mis vacaciones estivales, participé en un acto del PP en Altea y estuve hablando toda la tarde con Rajoy porque, en mi camino de vuelta a Jávea, ya se había filtrado que Aznar estaba convocando y cambiando impresiones con mucha gente, principalmente con los tres candidatos: Rato, Jaime Mayor y Rajoy, pero también con Acebes, Javier Arenas y bastante más gente del partido. A esas alturas, las radios ya daban el nombre de Rajoy como el más probable. Cuando lo convocó Aznar, mientras esperábamos su vuelta desde la Moncloa, hablé con Viri, que me comentó inquieta: «Esto no va a salir bien, ya verás, porque lo ha citado el último». Yo, más optimista, traté de tranquilizarla. Esa misma noche, todos supimos que, efectivamente, el elegido era Mariano Rajoy. Como es natural, todos nos alegramos y brindamos por el que creíamos nuevo presidente del Gobierno de España. Entonces nadie podía sospechar que no sería así. Estaba a punto de producirse un nuevo shock y un auténtico vuelco electoral.

EL 11-M LO CAMBIA TODO

Desde el primer momento, empezamos a preparar con tranquilidad la campaña electoral de 2004, en la que todo el mundo daba por supuesto que el PP iba a volver a ganar, e incluso por mayoría absoluta. Poco antes de que empezara la campaña, me llamó Viri: «Por favor, José Manuel, acompáñale en la campaña, porque por las noches, cuando llegue al hotel, le vendrá bien tener a alguien de confianza con quien poder cenar, ver un partido de fútbol o lo que sea». Le acompañé encantado. Nos desplazábamos en un avión muy pequeñito en el que iba muy poca gente, tres o cuatro personas a lo sumo, entre ellas su jefa de prensa, Belén Bajo, y en algún viaje alguien más, por ejemplo, Ana Mato. El último miércoles antes de la jornada electoral, 10 de marzo, habíamos estado en Huesca y Barcelona y llegamos por la noche a Torrejón. Allí nos esperaba Pedro Arriola para contarnos que el último tracking electoral nos daba 175 o 176 escaños. Unas muy buenas expectativas. Casi nos aseguraba la mayoría absoluta. Con esa alegría, me fui a casa, no sin antes repasar el plan del día siguiente, 11 de marzo, en que iríamos primero a San Sebastián y, desde allí, a Sevilla.

Ese jueves, cuando me estaba preparando para irme, poco después de las ocho de la mañana vino mi mujer y me contó que la acababa de llamar su hermana para decirle que estaban explotando bombas en la estación de Atocha de Madrid. Tras oír las terribles noticias, me fui rápidamente a la sede del partido en la calle Génova, que está a cinco o diez minutos de mi casa. Llegué allí a eso de las nueve. Había poca gente, pero ya se palpaba un evidente estado de enorme conmoción. Recuerdo que me instalé en la antesala del despacho de Rajoy y llamé a Juan Cotino, exdirector general de la policía y en aquellos días delegado del Gobierno en Valencia. «Tú que conoces a mucha gente en la policía —le dije—, vente para acá, que esto no está nada claro.»

Cuando salió Rajoy de una reunión, hablamos y le aconsejé: «Dile a Aznar que convoque el Pacto Antiterrorista inmediatamente, porque las decisiones las tenemos que tomar entre todos y haciendo un diagnóstico común». Pero Aznar no estuvo por la labor. Desde mi punto de vista, un grave error.

Cuando al rato entraron Pedro Arriola y Paco Villar, les pregunté: «Pero ¿sabemos quién ha sido?». «Todavía no —me respondieron—. Si ha sido ETA, nos salimos del mapa, pero si han sido los yihadistas, nos vamos a casa.» Preocupante diagnóstico. Y certero. Yo le volví a insistir a Rajoy: «Mariano, habiendo estas dudas, tienes que pedirle a Aznar que convoque el Pacto Antiterrorista y que las decisiones las toméis todos juntos, porque, si no, podemos tener un conflicto extraordinariamente serio». Aznar se volvió a negar y se optó por seguir diciendo que había sido ETA.

A las cuatro de la tarde del 11-M apareció la furgoneta con textos coránicos. Empecé a atar cabos, a convencerme de que habían sido los yihadistas y de que pronto lo iban a hacer saber. Con eso en la cabeza, volví a hablar con Rajoy: «Estos nos están mandando recados. Estamos a viernes, se vota el domingo y hasta entonces va a haber recados muy claros de que ellos pueden cambiar un Gobierno si quieren». Pese a todo, se siguió manteniendo la cada vez más endeble tesis de que había sido ETA. Le volví a preguntar por novedades a Arriola: «No sé nada nuevo oficial —me dijo—. Pero, por si te vale de algo, te diré que mi hija me ha dicho que esto es la devolución de visita de los árabes, el partido de vuelta, por la entrada en la guerra de Irak». Era lo mismo que pensaba yo y cada vez estaba más preocupado por la marcha de los acontecimientos y por la gestión que se estaba haciendo del asunto. Poco después, el ministro del Interior, Ángel Acebes, compareció ante la opinión pública y al menos apuntó otra posibilidad: «Sin abandonar la hipótesis principal de que ha sido ETA, se están abriendo otras líneas de investigación».

Así llegó el viernes, en que la tensión era ya tremenda. Me fui a Valencia para participar, como diputado por aquella circunscripción, en la manifestación de la capital. El delegado del Gobierno, Juan Cotino, con buen criterio, escogió un recorrido muy corto en que prácticamente no se podía mover nadie, pero sí gritar consignas tan dolorosas como «El Gobierno nos miente» o «¡Asesinos!». Con esa amarga sensación, me volví rápidamente a Madrid y, durante el camino de vuelta, seguí hablando por teléfono con Rajoy.

Sin poder hacer algo más práctico, pasé el sábado con mi mujer. Cuando oímos por la radio del coche que la sede del PP estaba totalmente rodeada, sitiada, le dije que se quedara en casa, que yo me iba a Génova para estar con Rajoy. Ella, sin embargo, sensata y muy digna, me dijo: «Soy directora general de este Gobierno y también tengo que estar allí».

A esas horas, en la sede había poquísima gente. Tuvimos que apagar las luces, porque había un tremendo lío fuera. A eso de las doce o la una, nos fuimos a casa a esperar los resultados electorales. Cuando nos marchábamos, Rajoy me dijo apesadumbrado: «Bueno, hemos perdido las elecciones». De esto no había ya ninguna duda, porque lo que había calado no era solo la idea de que, por habernos metido en una guerra a la que no nos había llamado nadie, antes teníamos un terrorismo y ahora dos, sino sobre todo el error de intentar mantener que había sido ETA. Proyectamos la imagen de un Gobierno que mentía y aquello ya estaba fuera de control. Todo era un auténtico disparate.

El domingo, tras votar, nos reunimos todos de nuevo en Génova. Cuando comentábamos los resultados, Rajoy nos llevó a su cuñado, Paco Millán, y a mí a un cuartito apartado y nos dio a leer el borrador del comunicado que pensaba hacer público. Lo leí con sumo interés y lo primero que me salió fue decirle: «Mariano, todo está muy bien, pero lo único que no explicas es lo que la gente quiere saber: no dices si te quedas o te vas». «Eso ya está hablado —terció Millán—. Ya está acordado que iba a ser presidente del Gobierno y que, si no, se lo tendrá que pensar.» «Vamos a ver, Paco —le dije—, se podrá ir o no, pero lo que no se puede ir es esta misma noche, con los interventores y los apoderados como aquel que dice aún en las mesas. Así nos cargamos el partido. Déjalo más ambiguo, Mariano, convocas un congreso y te vas cuando quieras.»

El caso es que Rajoy se fue unos días a Tenerife con su mujer. Yo hablaba con él todos los días y, en un momento determinado, me dijo que había tomado la decisión de quedarse y que convocaría un congreso del partido, para los días 1, 2 y 3 de octubre, en Madrid. En ese congreso, cuando Rajoy nombró el primer comité ejecutivo, me llevé la desagradable sorpresa de que yo no estaba en él. Ese día, al ver que no iba a su casa como era costumbre después de todas las reuniones de la cúpula del partido, Viri me llamó para preguntarme qué pasaba. «Nada —contesté—. Solo que, si Mariano no ha querido meterme en el Comité Ejecutivo, yo no pienso ir a la comida.» «Menudo disgusto se va a llevar. Bueno, no le digas nada hoy —me pidió Viri—. Espérate y habláis mañana tranquilamente.» Efectivamente, al día siguiente me llamó Rajoy. «¿A ti qué te pasa?», me preguntó molesto. «¿Tú crees que es normal que no me hayas metido en tu comité ejecutivo? —respondí—. Al final va a ser verdad eso de que soy el amigo de copas de Rajoy, pero sin ningún peso político.» «Me lo hubieras pedido», replicó. «Pero es que esas cosas —protesté— no se piden.» «Pues en absoluto me he olvidado de ti, y además, no te lo había dicho, pero quiero que sepas —me confesó— que ibas a ser ministro.» «Entonces sí que no entiendo que pueda ser ministro, pero no estar en el Comité Ejecutivo», concluí. Ahí quedó la cosa.

Cuatro años después, en el siguiente congreso, celebrado en Valencia en 2008, Rajoy tampoco me dijo nada de incluirme en su Comité Ejecutivo. Se dio la casualidad de que, esos días, fui a verle por otras cosas, y estuve con él despachando papeles, y pensando para mí: «Si crees que te lo voy a pedir, estás listo». Pero él no me dijo nada. Fue Viri la que me mandó un mensaje diciendo: «Errores, una vez».

En cuanto a las relaciones entre José María Aznar y Mariano Rajoy, hay que decir que comenzaron siendo buenas, correctas, pero pronto se empezaron a torcer, incluso antes de las elecciones de 2004, recién nombrado Rajoy sucesor. Recuerdo una reunión en un recinto de la Casa de Campo de Madrid, bastante antes de que empezara la campaña electoral, en que se hizo una especie de balance de legislatura y del Gobierno. Aznar pronunció una frase que a Rajoy no le gustó nada: «Los partidos que se sale a empatar, se pierden, y los partidos que se sale a ganar por la mínima, se empatan». En una comida con su círculo íntimo, Rajoy comentó: «Si no quería irse, que no se hubiese ido, pero que ahora me deje hacer las cosas como yo quiera hacerlas». Que yo conozca o recuerde, ese fue el primer desencuentro por falta de feeling entre ambos.

Por mi parte, aquellos años seguí en el Parlamento Europeo, en esta etapa de nuevo como vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central, y participando además en los siguientes pasos del proceso de construcción europea y en la elaboración de la Constitución Europea. Mientras tanto, mis compañeros de partido, con Rajoy a la cabeza, siguieron velando armas y haciendo oposición, mientras José Luis Rodríguez Zapatero, con mucha voluntad pero poco acierto, dirigía el país.

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ZAPATERO, PRESIDENTE POR SORPRESA

Es un error grave mirar al pasado con los ojos del presente.

ARTURO PÉREZ REVERTE

Si el cántaro da en la piedra, o la piedra en el cántaro, mal para el cántaro.

RAMÓN J. SENDER

ZP: UN PRESIDENTE SINGULAR

José Luis Rodríguez Zapatero es un personaje extraordinariamente peculiar. Coincidí con él en el Congreso de los Diputados, pero no me llamó la atención por nada. Cuando fue elegido secretario general del PSOE, le pregunté a Mariano Rajoy y me comentó que lo había conocido cuando llevaba la cartera de Administraciones Territoriales y Zapatero era el portavoz del área. Dijo que era «una buena persona». Lo traté más cuando llegué al Ministerio. Recuerdo que tuvimos unas palabras durante un encuentro en el palacio de El Pardo con ocasión de la visita de un dignatario latinoamericano. A mí no me habían gustado nada unas declaraciones suyas sobre Venezuela y así lo había dicho en los medios de comunicación. Cuando nos encontramos, me espetó: «Tienes que aprender a respetar a los que hemos sido presidentes de Gobierno». «Los respetaré —contesté— cuando los expresidentes asuman que nos toca ahora a nosotros fijar las directrices en materia de política exterior.»

Fue una tormenta en un vaso de agua, pues a partir de ahí nos llevamos muy bien. Sobre todo, cuando Federica Mogherini, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, decidió nombrarlo su enviado especial —que no del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión— para Venezuela. Mogherini me lo consultó, yo lo elevé a Rajoy y ambos decidimos que no tenía sentido oponernos al nombramiento de un expresidente español para mediar en un país de la Comunidad Iberoamericana. En esa época, hablé mucho con él y llegué a la misma conclusión que Rajoy: es una buena persona y un buen español.

Pero este contacto más frecuente me ratificó en la idea que ya tenía de que es un personaje muy singular. Llegó a la Secretaría General del PSOE en julio de 2000 sin haberse visto obligado a exponer un programa, una estrategia o unas propuestas concretas. Fue elegido en un congreso federal abierto muy particular: por primera vez —que yo sepa—, las federaciones no acudieron con un voto cerrado, por lo que cada compromisario pudo votar según su leal saber y entender. El candidato «canónico» era José Bono, exministro, expresidente del Congreso y de Castilla-La Mancha, y no sé cuántas cosas más. En su gira por las agrupaciones territoriales, Bono prometió acabar con el pasado y licenciar a la «vieja guardia». Alfonso Guerra, que tenía su propia candidata —la también exministra Matilde Fernández—, tomó nota y ordenó a sus compromisarios votar a Zapatero no porque le gustase, sino porque no era Bono. Este se empeñó en seguir disparándose en el pie y, en su discurso en el congreso del PSOE, no se dirigió a los compromisarios que tenían que elegirle, sino a la nación, como si ya fuese secretario general y candidato a la presidencia del Gobierno. Dijo cosas tan pintorescas como que era católico practicante y que su padre había sido falangista. Un discurso conciliador muy adecuado para atraer a la ciudadanía no partidista, pero poco sugestivo para los militantes que le escuchaban. Zapatero se limitó a capitalizar el descontento, aunque se impuso solo por nueve votos.

Más tarde, en marzo de 2004, el líder socialista también ganó las elecciones generales sin necesidad de comprometerse demasiado con propuestas concretas y coherentes. Como candidato, prometió a todos lo que querían oír, porque nunca creyó que triunfaría en las elecciones. Y, en realidad, no las ganó; las perdimos nosotros. El electorado nos castigó. El «los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta» que el malogrado Alfredo Pérez Rubalcaba puso en circulación se extendió como una mancha de aceite y nos hizo muchísimo daño. Cada vez que veía a Alfredo, le recordaba lo listo y lo retorcido que fue en aquella ocasión.

Zapatero es un político, para decirlo con suavidad, acomodaticio. Como él mismo dijo en el prólogo al libro de Jordi Sevilla De nuevo socialismo (2002): «Ideología significa “idea lógica” y en política no hay ideas lógicas, hay ideas sujetas a debate que se aceptan en un proceso deliberativo, pero nunca por la evidencia de una deducción lógica ante la que allanar las facultades críticas». Lo tuve que leer dos veces, porque me resultó simplemente estremecedor. Si en política no hay principios o valores ni reina la razón, todo es posible y válido. Todo se reduce a lanzar una tormenta de ideas y esperar a ver qué resulta. Si sale con barbas, san Antón, y si no, la Purísima Concepción.

Pero para hacerse una idea cabal de aquella etapa, hay que dividirla en dos fases netamente diferenciadas: en su primera legislatura (2004-2008), la política interna del nuevo presidente pivotó sobre la atención a los colectivos más desfavorecidos, el Estatuto de Cataluña, el diálogo con ETA y la gestión complaciente de la herencia económica recibida, sin emprender ninguna reforma de calado. Bien que mal, las aguas no se salieron de su cauce, excepción hecha de sus excentricidades catalanas, que aún estamos pagando. En política exterior, los hitos más destacables fueron la retirada de las tropas de Irak, el envío de militares a Afganistán y la Alianza de Civilizaciones. Todos estos temas condicionarían mucho nuestra acción exterior en mi etapa.

En su segundo mandato (2008-2011), no se habló de nada que no fuera la crisis económica. Una crisis que le forzó a anunciar en el Comité Federal del PSOE celebrado el 2 de abril de 2011 que no se volvería a presentar a las elecciones. Si lo que interesa de la historia es lo que del pasado importa al presente, me voy a centrar sobre todo en las decisiones tomadas durante la presidencia de Zapatero que siguen influyendo en los acontecimientos que estamos viviendo hoy y los que nos quedan por vivir. Empezaré por un breve recordatorio de lo que fueron sus políticas interior y exterior.

LA ECONOMÍA, UNA MAR EN CALMA

Rodríguez Zapatero fue el gran beneficiario del «milagro español» experimentado durante los años de Aznar. Tuvo el viento de cola durante los tres primeros años de mandato porque la economía internacional y la europea atravesaban una etapa de extraordinaria bonanza.

Entre 2000 y 2007, un año antes de que Zapatero tuviera que pasar la reválida de las urnas, la economía española había crecido a una tasa media anual del 3,8 %. El PIB per cápita crecía de forma paralela, recortando 9,8 puntos porcentuales en relación con la media de la UE, hasta situarse en 2007 en el 94,8 % de esta. Esta bonanza económica fue especialmente visible en la tasa de empleo, que aumentó un 12,2 % en el periodo, siendo especialmente significativo el crecimiento del empleo femenino. La población española creció en estos años en casi cinco millones de personas, gracias sobre todo a la entrada de inmigrantes.

Este periodo de expansión tuvo también algunos efectos indeseables concretados en la acumulación de importantes desequilibrios macroeconómicos y financieros. La entrada de España en la Unión Económica y Monetaria en 1999 supuso, como es sabido, la adopción de una política monetaria común para todos los países miembros, cualquiera que fuese la fase del ciclo económico en que se encontraran. Los tipos de interés fueron inferiores a los que hubiese aconsejado la situación cíclica de la economía española; el resultado fue que la economía española entró en una fase de «alegría expansiva» que favoreció el aumento del gasto de empresas y familias y del endeudamiento, que se materializó mayoritariamente en el sector inmobiliario. La oferta de viviendas aumentó mucho, lo que no impidió que sus precios se multiplicasen por 2,5 en términos nominales en este periodo.

Este cóctel de desequilibrios en el sector inmobiliario y de endeudamiento a granel fue el responsable de que España estuviese peor preparada y sufriese más cuando la crisis financiera llegó a nuestras costas, porque ya se sabe que, cuando las cosas vienen mal dadas, los que más sufren son los que más dinero deben. Y nosotros estábamos endeudados hasta las cejas. Como también se sabe, el alcohol produce euforia en los primeros momentos, pero la resaca viene después. Eso explica que Zapatero ganase sus segundas elecciones cuando ya los expertos sabían que las cosas venían mal dadas, pero la opinión pública aún no era consciente de lo que se avecinaba.

Pero hubo más, porque, en aquellos años de vino y rosas, los precios subieron en España por encima de nuestros competidores, empujados por el aumento de los márgenes empresariales y los salarios. Sabido es que en esos casos tienes que ofrecer más calidad o ser más eficiente, más productivo. Y ahí no lo pudimos hacer peor. La productividad se estancó. Miguel Sebastián, a la sazón ministro de Industria, se lo advirtió repetidamente a Zapatero: «Presidente, el lema de la Revolución francesa fue Liberté, Egalité, Fraternité. El de la revolución del siglo XXI debe ser Liberté, Egalité, Productivité». No fue escuchado: mucho ladrillo, poca neurona, poca innovación y ninguna reforma de calado. La anécdota me la contó el propio Miguel en una de las muchas conferencias que hemos dado juntos, y la verdad es que tiene más razón que un santo. Mientras no crezca la productividad, no podremos subir los salarios, so pena de perder competitividad y hacer descarrilar el tren.

Los marinos solemos repetir un aforismo muy certero: «Nunca buena mar hizo grande a un capitán». Zapatero se aprovechó del legado de Aznar y del viento de cola de la economía internacional, pero, en cuanto ese viento arreció, el capitán perdió el control y la nave de España estuvo a punto de naufragar.

EL BUENISMO EN ACCIÓN

En su primer mandato —como acabo de apuntar—, Zapatero dedicó especial atención a los colectivos de la sociedad más desfavorecidos. Aprobó la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (2007) y se volcó en la creación de Juzgados de Violencia de Género; aumentó sensiblemente las ayudas a las familias más desfavorecidas y promulgó la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (2006), más conocida como «Ley de Dependencia». Medidas a las que nadie con un mínimo de sensibilidad social puede poner un pero.

Como estas medidas no «vendían» demasiado, los estrategas de la Moncloa decidieron disparar un misil de más largo alcance: la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, ley que fue publicada el 2 de julio de 2005, solo un año después de su llegada a la Presidencia del Gobierno. En honor a la verdad, he de decir que nosotros no estuvimos nada «finos»: aceptamos que la unión estable entre dos personas, cualquiera que fuese su sexo, debía producir los mismos efectos jurídicos, pero nos negamos a aceptar que esa unión se llamase «matrimonio». Exactamente lo que la comunidad gay pedía por razones de dignidad. En un debate en la SER con el socialista valenciano Andrés Perelló, que competía conmigo en las elecciones europeas, la primera pregunta que el locutor me formuló fue la siguiente: «¿Es partidario o no del matrimonio homosexual?». «Voy a ser muy claro —respondí—: mientras no sea obligatorio, no tengo nada que objetar.»

Puestos a hacer marketing, Zapatero no dudó en meterse en un charco mucho más profundo: la inmigración. Ahí las cosas no le salieron tan bien. En su discurso de investidura se había comprometido a reducir la inmigración irregular y, muy pronto, su Gobierno aprobó el Reglamento de la Ley sobre los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España que —en una disposición adicional— permitió la regularización masiva de inmigrantes ilegales. El entonces ministro de Trabajo, Jesús Caldera, llegó a decir que «íbamos a ser la envidia de Europa». En Bruselas, donde yo llevaba más de diez años, la medida fue recibida con mucho estupor y, lo puedo certificar, ninguna envidia. La realidad es que Zapatero no logró su objetivo: a final del primer semestre del 2007, el número de inmigrantes ilegales ascendía a casi 1,5 millones, 500.000 más que cuando arrancó su mandato.

LA POLÍTICA EXTERIOR DE ZAPATERO

Cuando el PSOE ganó las elecciones de 2004 —las primeras en que los temas de política exterior tuvieron una influencia decisiva en los resultados—, la UE tenía quince miembros, nadie se imaginaba que pudiera brotar la Primavera Árabe y estábamos lejos de pensar que se avecinaba la Gran Recesión. Sí que podíamos percibir otros grandes cambios en el mundo, que en los años posteriores se irían acentuando, como la globalización, los equilibrios de poder y la crisis del multilateralismo.

En su discurso de investidura de abril de 2004, Zapatero mencionó, entre los hitos fundamentales de la política exterior que el nuevo Gobierno se proponía desarrollar, «la recuperación del consenso en política exterior», la «prioridad de la visión europea» y la «atención preferente a Latinoamérica y el Mediterráneo», así como «el respeto escrupuloso de la legalidad internacional» y «la reivindicación de Naciones Unidas como garante efectivo de la paz y seguridad internacionales». ¿Quién puede no estar de acuerdo?

Pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Zapatero no empezó bien, sobre todo con Estados Unidos, que puede no ser ya la única superpotencia mundial, pero todavía pinta algo. El desplante a la bandera norteamericana en el desfile militar del Día de la Hispanidad de 2003 —cuando aún era jefe de la oposición— y la retirada de nuestras tropas de Irak sin esperar a las resoluciones de las Naciones Unidas y sin advertir a nuestros aliados no contribuyeron a mejorar su imagen —ni la de España— en Washington. Bush se sintió traicionado, no por la retirada, con la que contaba desde la victoria del PSOE en las elecciones de marzo, sino por la rapidez de la misma, en contra del mensaje que José Bono, ministro de Defensa, había hecho llegar a su colega estadounidense, Donald Rumsfeld. En el Parlamento Europeo nuestros colegas nos llamaron de todo menos bonitos.

Solo unos meses después de esa estampida, durante una visita a Túnez, Zapatero invitó a los demás países de la coalición a seguir su ejemplo y retirar sus tropas de Irak. Una boutade que marcó el fin del consenso que había caracterizado nuestra política exterior desde mediados de los años ochenta del siglo pasado y que abrió una profunda brecha con nuestros aliados, debilitando nuestra posición en el concierto internacional.

Las relaciones con Estados Unidos no se empezaron a normalizar hasta la llegada al poder de Barack Obama en enero de 2009, ya en la segunda legislatura de Zapatero. Digo «normalizar» en términos caritativos, porque le hicieron arrodillarse en un reclinatorio antes de recibirle en una audiencia exprés. Aquello lo dejó muy mal, como pude comprobar en persona —luego lo detallaré— en mi primera entrevista con Hillary Clinton, la secretaria de Estado estadounidense.

Las relaciones con la UE —el llamado «retorno al corazón de Europa»—, a las que Zapatero hizo una especial mención en su discurso de investidura, corrieron mejor suerte. Bajo su impulso, España recuperó su vocación europeísta —lo que él llamó «una buena sintonía»— con Gerhard Schröeder, el canciller alemán, así como con Chirac y, luego, con Nicolas Sarkozy, con el que Zapatero también se entendió bien. Este entendimiento se manifestó especialmente en materia de colaboración policial y judicial en la lucha antiterrorista, que se tradujo en la caída y desarticulación de sucesivas cúpulas de ETA con una cadencia cada vez más acelerada. En aquella época, en que yo estaba en el Parlamento Europeo, las ayudas estructurales y las amonestaciones que España cosechó en el caso de Endesa nos dieron algún que otro dolor de cabeza, pero, en general, las cosas fueron bien.

En el espacio prioritario del Magreb, Zapatero se movió sin grandes tropiezos. Cierto es que repudió a los saharauis para congraciarse con Marruecos, provocando el enfado de Argelia, que amenazó con dejarnos sin gas, pero las aguas —y, con ellas, el gas— volvieron pronto a su cauce: las relaciones con Rabat mejoraron mucho —una vez superado definitivamente el incidente del islote Perejil— y el enojo de Argel no fue a más.

Es evidente que Zapatero también obtuvo algunos éxitos en su política exterior en el continente africano, especialmente gracias al llamado Plan África, cuya primera edición se aprobó en 2006, en plena «crisis de los cayucos», como plan humanitario para prevenir la inmigración mediante el desarrollo económico de los países de origen. Durante su vigencia, España suscribió doce acuerdos con Estados del África Occidental. También se abrieron algunas embajadas más en ese continente, lo que permitió abordar, cerca de su raíz, la cuestión de la inmigración.

En América Latina, la excelente relación con los Castro, Chávez, Morales, Correa, Ortega y Kirchner —lo que contribuyó de paso a aumentar el enfado estadounidense— no sirvieron para frenar los golpes a nuestras empresas ni para asegurarles un horizonte más despejado. Zapatero no tuvo éxito porque el argentino Néstor Kirchner congeló nada más llegar las tarifas que cobraban las empresas españolas, mientras que su mujer y heredera, Cristina Fernández, ya anunció que no pararía hasta nacionalizar Repsol-YPF, cosa que ocurriría —como luego contaré— en mi etapa de ministro. Evo Morales, por su parte, tiró a la papelera los contratos que las empresas españolas habían suscrito para explotar el gas boliviano.

Durante el mandato de Zapatero asistimos a un cierto agotamiento de las Cumbres Iberoamericanas, pero también se produjo un ingente incremento de la cooperación al desarrollo, que convirtió a España en un verdadero referente mundial. Llegamos a ser el séptimo donante mundial en términos absolutos y, aunque la crisis económica impidió que esas cifras continuaran creciendo, nuestro país pasó a ejercer un reconocido liderazgo no solo en cuanto al monto total, sino también en cuestiones concretas como la igualdad de género, el derecho al agua, el saneamiento o la lucha contra la pena de muerte. El propio Ministerio que luego dirigí pasó a llamarse «de Asuntos Exteriores y de Cooperación», en muestra de la voluntad de hacer de esta un eje fundamental de nuestra acción exterior.

La Alianza de Civilizaciones fue la idea estrella de la política exterior de Zapatero, una aventura, coprotagonizada con el primer ministro turco Recep Tayyip Erdoğan, que recibió todo tipo de chanzas por nuestra parte. Por la mía, siempre creí que una propuesta como esa —que sería el primer programa español de las Naciones Unidas— podía dar consistencia estratégica y simbólica al papel de España como país a la vez europeo, iberoamericano, vecino del Magreb y con arraigadas vinculaciones con el mundo árabe e islámico.

En el haber de Zapatero hay que consignar que durante su presidencia se fraguó la pertenencia de España al G-20, un logro de indudable importancia, reflejo de nuestro peso real. Bien es verdad que fue una invitación renovable y que solo en Los Cabos (México), estando ya nosotros en el Gobierno, logramos una silla permanente. Además, se presentó la candidatura española a sentarse en el Consejo de Seguridad de la ONU para el bienio 2015-2016, que yo remataría. También se firmó con China un Acuerdo Estratégico (2005), que nos abrió las puertas diplomáticas y cooperativas con el gigante asiático. Así mismo se produjo un acercamiento inicial —que yo luego desarrollaría mucho— con Rusia, lo que quedó demostrado con la celebración en 2011 de un Año Dual bilateral, en el que se sentaron las bases de las nuevas perspectivas en nuestras relaciones económicas.

LA (NO) IDEA DE ESPAÑA Y LA RUPTURA DEL CONSENSO

A mi juicio, el primer grave error de Zapatero fue carecer de una idea de España. Se equivocó en un tema que me parece capital, por lo que me extenderé en ello. Con tal propósito, extracto aquí la carta que envié a Rajoy el 9 de mayo de 2005 en vísperas de la convención que había programado para rearmarnos ideológicamente:

De Gaulle empieza sus Memorias de guerra con una afirmación de principio: «Toda mi vida he tenido una idea clara de Francia; me la inspira el sentimiento tanto como la razón». ¿Cuál es nuestra idea de España? ¿Cómo convencer a los ciudadanos de que España sigue siendo una empresa en común? [...] En los años de la Transición, Julián Marías y otros intentaron popularizar la idea de una nueva España no heredera de ninguno de los bandos que se enfrentaron en la Guerra Civil. La España de la reconciliación y la concordia. La España que se reencuentra con Europa. Sin embargo, esta idea no cuajó porque lo que entonces parecía más importante era marcar las distancias respecto al régimen anterior, que se había apropiado en exclusiva de la idea de España. En las manifestaciones abundan las banderas regionales y se esconde la nacional.

La idea de España de Zapatero es todavía más vaga y ambigua. Oyéndole no se sabe si para él solo hay una nación integrada por varias nacionalidades, si está integrada por naciones y nacionalidades, o si es solo una carcasa jurídica sin sustancia nacional propia. No se sabe si el Estado es autonómico, federal —simétrico o asimétrico— o, incluso, confederal, que todo cabe. No se sabe si la solidaridad es entre las personas o entre los territorios...

Nuestra reacción fue, a mi juicio, poco imaginativa. Se recurrió al concepto de «patriotismo constitucional», como si fuese la Constitución la que crea España, cuando es cabalmente al revés. Creo que debemos empezar por reafirmar nuestra convicción de que España es una realidad reconocida por la historia y por los hombres y no un artificio jurídico. España es una cuestión de «tripas» (como dijo Felipe González), de sentimientos y, por eso, debemos reafirmar los principios de igualdad básica de los españoles y de solidaridad entre las personas. En tercer lugar, España, como cualquier otra nación, solo puede subsistir si los desequilibrios territoriales no son excesivos.

El segundo error de Zapatero fue la ruptura del consenso constitucional. Como he apuntado en capítulos anteriores, los socialistas siempre han estado a punto de caer en la tentación totalitaria de hacer del PSOE una especie de PRI mexicano. Zapatero volvió a caer en esa tentación y, para perpetuarse en el poder, no dudó en reescribir la historia de España y en propiciar una ruptura democrática que le permitiera enlazar con la legitimidad republicana. Eso fue la llamada, por algunos, «Segunda Transición». En otra de mis cartas a Rajoy previas al debate sobre el estado de la nación de mayo de 2006 le decía:

Para llevar a puerto esta Segunda Transición, Zapatero no dudó en transitar los mismos caminos que llevaron al desastre a la República del 31: abrazarse a los nacionalistas para impedir que el PP pudiese ser una auténtica alternativa de Gobierno. [...] El objetivo: el reparto territorial del poder. Los nacionalistas se perpetúan en Cataluña, Euskadi y Galicia; los socialistas se perpetúan en el resto de España. Con una peculiaridad: el PP desaparece en las nacionalidades históricas y el PSOE es el único partido de ámbito nacional allí presente. [...] El método de la Transición se resume en pactar los consensos y en pactar los disensos. Esto es lo que ha hecho saltar por los aires Zapatero. Se centra en todos aquellos asuntos que pueden dividir a los españoles, y luego nos acusa de intransigencia, intolerancia e incapacidad para el compromiso.

Por cierto, esto es exactamente lo que Pedro Sánchez está volviendo a hacer desde el mismo momento en que fue elegido secretario general del PSOE. Tres cucharas para repartirse la tarta de España: una para los independentistas catalanes, otra para los soberanistas vascos y la última para los socialistas.

EL PATINAZO EN CATALUÑA

Todo lo que llevaron aparejados el llamado Pacto del Tinell y el nuevo Estatuto de Cataluña fue igualmente otro error político de graves consecuencias que aún sufrimos. En aquel salón del palacio de la plaza del Rei, el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) firmaron el 14 de diciembre de 2003 un pacto de gobierno catalanista de izquierdas que desalojó a Jordi Pujol y su CIU, pese a ser la lista más votada, del Govern de la Generalitat. Desalojó a Pujol, pero lejos de mitigar así los efectos del nacionalismo reivindicativo, Pasqual Maragall pasó a enarbolar con la furia del converso esa misma bandera. El sucesor de Pujol decidió quemar etapas e ir reduciendo la presencia del Estado —eufemismo para no hablar de España— a algo completamente residual.

En aquellos tiempos, yo ya llevaba varios años en Bruselas y había trabado una buena amistad con Alejandro Cercas, un socialista de pata negra que había logrado el milagro de ser amigo a la vez de Felipe González y Alfonso Guerra. Obsesionados por la unidad de España, hablábamos mucho de Cataluña. Recuerdo que un día, paseando por Estrasburgo, me dijo con enorme amargura: «En la Transición, pecamos de ingenuos. Creímos en la buena fe de los nacionalistas y ellos no creen en nada que no sea la independencia. Avanzan mientras no encuentran resistencia. Cuando la encuentran, paran, pero, en cuanto pueden, vuelven a ponerse en marcha».

En aquel ambiente de camaradería, Alejandro me confirmó algo que yo ya había oído, pero de lo que no tenía certeza: «Soy de los pocos que he visto con mis propios ojos el protocolo que establece la relación entre el PSC y el PSOE. Son relaciones de hermandad como las que tienen con los socialistas franceses o belgas, nada más». Yo también le di mi opinión sobre lo que estaba pasando y lo que iba a pasar: «En mi opinión, lo que los separatistas quieren es ir aviando el barco para tenerlo listo en el momento en el que decidan botarlo. Tenerlo preparado para cuando decidan apretar el botón y proclamar la independencia».

Zapatero se apuntó al desguace ideado por Maragall sin dudarlo ni un momento, aunque hay que concederle que, de entrada, partía de una concepción un tanto «psicodélica» al afirmar que el concepto de nación es discutible. Siendo grave esta indocumentada afirmación, tendría un pase, considerándola un mero flatus vocis, pero es que no tardó en exceder el terreno de las declaraciones y pasó pronto al de las acciones, al prometer su apoyo a un Estatuto de máximos.

Con la reforma del Estatuto catalán anunciada por Pasqual Maragall el 15 de diciembre de 2003, se produjo una aceleración soberanista por parte de las autoridades autonómicas y de una parte de la sociedad catalana, que pusieron sobre la mesa unas cuestiones que apenas se habían suscitado en los años anteriores. Maragall —a cuya labor previa como alcalde de Barcelona tanto deben la Ciudad Condal y toda Cataluña— se embarcó, ya como Molt Honorable, en una operación de resultado incierto. Puedo aventurar que esa actitud pudo deberse a su voluntad de reafirmar —con el furor del converso, repito— su pertenencia a la «comunidad nacional catalana». Como dije a Rajoy en una carta personal:

Los socialistas [...] en los primeros tiempos de la Transición sintieron que les habían robado la cartera. Se sabían actores principales en el proceso de recuperación de las libertades colectivas de Cataluña y sintieron que su resultado electoral era muy inferior a sus merecimientos, y atribuyeron esta debilidad a un déficit de catalanismo cuya patente parecía de titularidad exclusiva de los nacionalistas. Por eso encomendaron la dirección del socialismo catalán a los sectores más nacionalistas y, por cierto, más burgueses, sacrificando al sector más obrerista, en donde radicaba su verdadera fuerza electoral.

Maragall se propuso ser —y parecer— más catalanista que los convergentes, y lo visualizó con una reforma del Estatuto de Autonomía que nadie le estaba reclamando. Una reforma que se hizo sin contar con el PP, rompiendo el principio que postula que cualquier modificación del bloque constitucional debía consensuarse con el otro gran partido nacional. Con todos los respetos que me merece la figura de Maragall, se trató de un error garrafal.

Durante la campaña electoral de 2004, Zapatero apoyó esa iniciativa de Maragall al decir públicamente: «Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña», aunque seguramente creyendo que —como anunciaban las encuestas— esas elecciones las ganaría Rajoy de calle y, por tanto, esa patata caliente la tendría que gestionar el nuevo Gobierno del PP. Pero sucedió inesperadamente el terrible atentado de los trenes de Atocha, las previsiones se fueron al garete y Zapatero acabó siendo quien lidiaría semejante morlaco.

Zapatero ganó las elecciones y —a la fuerza ahorcan— se vio en la tesitura de tratar de cumplir su promesa. Para salir del trance, ordenó que la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados «cepillara el Estatuto», en gráfica expresión de su presidente, Alfonso Guerra. Mientras ERC se desmarcaba de la operación en una pirueta circense, Maragall tuvo que sacar el Estatuto adelante con la colaboración de Artur Mas. Fue como echar gasolina al fuego. En la Comisión Constitucional se corrigieron los artículos más claramente contrarios a la Carta Magna, pero, aunque hicieron lo que pudieron, quedaron muchos flecos sueltos. Una vez «cepillado» y aprobado en las Cortes, el Estatuto se sometió a referéndum popular en Cataluña.

Antes, cuando Maragall anunció que iba a hacer ese Estatuto, yo intervine en el asunto. Le envié una carta a Rajoy en que le decía: «No podemos no tener una propuesta alternativa al Estatuto que ha hecho Maragall porque el “no” no gana elecciones. No puedes oponerte en el Parlament, oponerte en el Congreso, oponerte en el referéndum, es absurdo. Lo mismo que tienes una idea de España, tienes que decir cuál es tu idea de Cataluña y tienes que plasmarla en un Estatuto». «Sí —me respondió Rajoy tirando de repertorio—, todo el mundo me dice que hay que reformar el Estatuto, pero nadie me dice cómo.» «Bueno, no te preocupes, yo te lo prepararé», concluí. Así que redacté un Estatuto de Cataluña alternativo. Una vez terminado, fui de nuevo a ver a Rajoy: «Ya te dije que creo que hay que hacer un Estatuto y aquí lo tienes». «¿Esto con quién lo has hablado?», me preguntó, tras echarle un somero vistazo. «Con nadie», respondí. «Pues vete a ver a Soraya Sáenz de Santamaría —me ordenó— y se lo das.»

Aunque prácticamente no sabía quién era Soraya, le di mi proyecto y, tiempo después, ella me informó de que con mi texto y otros se había hecho una nueva propuesta de Estatuto. Pero ahí se quedó todo. No sé por qué, pero ese proyecto no llegó a presentarse nunca. Además, se dio la infeliz coincidencia de que Felipe González se había equivocado al suprimir el recurso previo de constitucionalidad contra los Estatutos porque, si se hubiese podido interponer ese recurso antes de que fuera santificado por un referéndum catalán, no habría cabido el argumento de que desde Madrid se ha hecho todo lo contrario de lo que se había prometido. Pero las cosas estaban como estaban y, cuando salió de Madrid y fue refrendado, no quedó más remedio que tratar de seguirlo podando de los muchos elementos anticonstitucionales que contenía.

Así fue avanzando todo el proceso. Discusión en el Parlament sin que los populares fijásemos postura. Discusión en el Congreso, con nosotros aún sin fijar postura. Convocatoria del referéndum y nosotros decimos que hay que votar «no». Pero es aprobado y, entonces, en el partido se decide que hay que recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. Insisto, después de haber sido sancionado en un referéndum popular. Hablé con Mariano Rajoy y le recordé que precisamente había sido la sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales —declarando inconstitucional la Ley de Contratos de Cultivo aprobada por la Generalitat— una de las causas que, en octubre de 1934, habían provocado la declaración del Estado catalán por Lluís Companys y la subsiguiente declaración de guerra por el general Domingo Batet.

Con esos hechos perturbándome el sueño, volví a dirigirme a Rajoy para decirle que había que ser especialmente cuidadosos en la redacción de este recurso de inconstitucionalidad, porque estábamos negando algo a lo que ellos le daban la legitimidad añadida de haber sido refrendado por el pueblo: «Debemos recurrir ante el Constitucional, pero no deberíamos ir muy lejos, porque no tendría sentido que recurriésemos lo que hemos impulsado en el Estatuto de la Comunidad Valenciana o en Andalucía». No se tuvo en cuenta mi opinión y, fundamentalmente bajo la batuta de Soraya y Trillo, se preparó el recurso de inconstitucionalidad, que afectaba, creo recordar, ni más ni menos que a 143 artículos del Estatuto. Entre ellos, como me temía, algunos en materia de derechos y libertades que los del PP valenciano habíamos incluido en el nuestro o que nuestros correligionarios andaluces habían aceptado sin rechistar en el suyo.

La Sentencia 31/2010, de 28 de junio, que dio respuesta al recurso del PP y a otros varios merece una atención especial porque está en el origen de la escalada separatista de los años siguientes. No es la primera vez que escribo sobre esta cuestión y eso me permite remitirme a un texto incluido en mi libro Por una convivencia democrática (2017):

Cada vez que voy a Barcelona y pregunto a mis interlocutores cuántos y cuáles son los artículos del Estatuto que el Tribunal Constitucional declaró nulos, nunca obtengo respuesta. [...] Lo cual me lleva a sospechar que no es ese el verdadero tema que les inquieta, porque, a lo que parece, no les preocupan tanto los artículos impugnados como el hecho mismo de la impugnación. Lo que los soberanistas cuestionan es la legitimación del Tribunal Constitucional para enjuiciar una norma fruto de un pacto político entre el Parlament y las Cortes y ratificada por la ciudadanía catalana en referéndum.

La resaca de la sentencia del Tribunal Constitucional fue muy importante. A los pocos días de conocerse, tuvo lugar una importante manifestación de protesta en Barcelona encabezada por el entonces presidente de la Generalitat José Montilla. Las pancartas se exhibían con el lema «Som una nació. Nosaltres decidim». En las imágenes que salieron en portada se veía al presidente de una institución —la Generalitat— que trae causa de la Constitución, encabezando una manifestación en contra del Tribunal garante de la misma. Las cosas de España, que tan difíciles son de explicar en Europa. Muchos nacionalistas decidieron romper la baraja. Jordi Pujol declaró: «Tras la sentencia, ya no encuentro razones para no ir sin más tardanza hacia la independencia». Artur Mas afirmó también que desde el día en que el Tribunal Constitucional dictó la sentencia se pasó del autonomismo al independentismo. Personajes moderados como Miquel Roca siguen pensando que esa sentencia supuso la liquidación del espíritu de entendimiento de 1978.

Muchos años después, concretamente en abril de 2019, la revista Vanity Fair me propuso debatir con un personaje con el que discrepara políticamente pero aun así me llevase bien a nivel personal. Elegí a Joan Tardá, portavoz de ERC en el Congreso. Está en mis antípodas políticas, pero siempre nos hemos tratado con respeto y afecto. Llegó con el lacito amarillo en la camisa y yo aparecí con los colores nacionales en la corbata, el reloj y los tirantes. Le pregunté: «¿Cómo se os ocurrió tiraros a la piscina sabiendo que la secesión unilateral no sería reconocida por ningún Estado de Naciones Unidas y que, en consecuencia, no seríais admitidos en la UE con el perjuicio que eso os podría causar?». «Nos forzaron las circunstancias —reconoció Tardá—. Yo siempre he sido independentista, pero nunca creí que vería la independencia de Cataluña. Me había acostumbrado a vivir con un apoyo a la secesión que raras veces pasaba del 10 %. La sentencia del Constitucional lo cambió todo: el independentismo subió como la espuma y nosotros tuvimos que cambiar de marcha para no ser desbordados por nuestros militantes, nuestros simpatizantes y nuestros votantes.»

EL REMAKE DEL GUERRACIVILISMO

Para perpetuarse en el poder, a Zapatero no se le ocurrió nada más práctico que aniquilar a los opositores y, ya puestos, incluso a sus predecesores en el partido. Con él empezó la historia de España y todo lo que había ocurrido hasta su llegada a la Moncloa fue desacertado o insuficiente. Me contaron los que le conocieron bien que estaba convencido de que la Transición no fue todo lo ambiciosa que debió ser porque estuvo tutelada por los militares. Desaparecido el ruido de sables, creía llegado el momento de hacer lo que entonces no se pudo hacer: una ruptura democrática que le permitiese enlazar con la Segunda República.

La Ley de la Memoria Histórica, del 26 de diciembre de 2007, nació sesgada. El problema de la República es que en España hubo una guerra civil en que había dos bandos enfrentados, ninguno de los cuales estaba dispuesto a aceptar el veredicto de las urnas. Con ese caldo de cultivo histórico, hacer una Ley de Memoria Histórica que partía de que solo los que fueron derrotados tienen razón es una falsedad histórica y solo sirve para dividir a los españoles una vez más. A mí me hubiera parecido bien una ley pensada para que los familiares de las víctimas recuperasen los restos de sus familiares, para que se anulasen los juicios de la posguerra, claramente sectarios, para que se restituyese su honor y su buen nombre. Nada que objetar a eso. Ahora bien, si lo que se pretendía era decir que todos los que veníamos de familias que lucharon en el bando nacional debíamos sentirnos avergonzados por algo, y que todos los que venían del bando republicano eran unos benditos, entonces que nadie cuente conmigo para eso.

Lo repito, esta ley no ha servido más que para abrir heridas que estaban cerradas, para negar que en la Transición hicimos una gran reconciliación nacional. Dicho de otro modo: vamos a mirar hacia adelante y no hacia atrás. La España liderada por Suárez luchó por una patria en la que, en sus propias palabras, «a nadie se pregunte de dónde vienes, sino a dónde vas». Sinceramente, creo que eso ya se había logrado. Es decir, el reconocimiento del Partido Comunista, la restauración de la Generalitat, las amnistías por delitos de sangre..., todo eso cerró una etapa y reabrirla ahora no tenía ningún sentido. Sinceramente, pienso que fue un grave e irresponsable error político de Zapatero.

PESE A TODO, ZAPATERO REVALIDA SU PRESIDENCIA

Seguramente porque fue muy hábil a la hora de gestionar percepciones, Zapatero renovó su mandato presidencial en las elecciones del 9 de mayo de 2008. Se merendó buena parte de los votos de Izquierda Unida con un programa radical. Y en Cataluña y Euskadi, nos endosó a los del PP un parcial de veinticuatro escaños a su favor gracias a que se quedó con buena parte de los votos nacionalistas. Era ya muy difícil remontar esa diferencia.

En materia económica, Zapatero debería haber aprovechado la bonanza para cambiar un modelo basado en el ladrillo y los servicios intensivos en mano de obra por otro más competitivo, pero eso hubiera exigido unos sacrificios que habrían puesto en peligro el resultado electoral. Por eso no lo hizo y, cuando llegó la lluvia, nos pilló sin paraguas.

En cuanto a nosotros, nos votaron muchos españoles que no querían seguir a Zapatero en sus excursiones radicales o en sus aventuras confederales, pero todavía no fueron los suficientes para ganar. Seguramente fueron muchos los que no nos votaron porque nos percibían demasiado escorados a la derecha o demasiado reacios a aceptar la realidad plural de España. Demasiado jacobinos.

Rajoy perdió las elecciones y en el subsiguiente congreso del partido, que tuvo lugar en Valencia los días 20, 21 y 22 de junio de 2008, hubo una enorme cantidad de movimientos para desplazarle del liderazgo. Esperanza Aguirre amagó con disputarle la presidencia del partido, aunque, al final, no dio el paso. En casa de Íñigo Méndez de Vigo se reunía un grupo de «renovadores» que también pensaron en presentar una candidatura alternativa. Me contaron que, entre otros, andaban por allí Jorge Moragas y Gustavo de Arístegui, quien, al final, fue el único que dio un paso al frente. Nuestro estado mayor era mucho más modesto: creamos un comité ad hoc que formamos Ana Pastor, Miguel Arias Cañete, Maribel Barreiro y yo mismo. Ese era todo el aparato con que contaba Mariano Rajoy.

Al final todos cerramos filas tras Rajoy, reeligiéndolo como candidato a las siguientes elecciones. Cualquier otra solución hubiese abierto un periodo de inestabilidad en el PP que habría tenido consecuencias fatales para España. Zapatero se habría encontrado sin oposición y con el camino expedito para seguir ahondando su política de matices sectarios. En su segundo mandato al frente del PP, Rajoy apostó por una fuerte renovación orgánica, que se plasmó en la potenciación de políticos con imagen moderada como Alberto Ruiz-Gallardón y Javier Arenas, así como nuevas caras como María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, una pareja que no dejó de tirarse los trastos a la cabeza desde el momento mismo en que ocuparon el proscenio.

13

EL STALINGRADO DE ZAPATERO

Apenas son suficientes mil años para formar un Estado; pero puede bastar una hora para reducirlo a polvo.

LORD BYRON

EL AÑO QUE CONMOVIÓ EL MUNDO

La crisis de 2007 fue la primera de la globalización. En sus primeros compases creímos que no llegaría a Europa hasta pasado un tiempo y que lo haría debilitada. No fue así. Creímos también que no tocaría a los países emergentes, cuyo crecimiento compensaría de alguna manera la desaceleración económica en los desarrollados. Tampoco fue así.

Como escribí en un libro que publiqué en aquellas fechas (The Financial Turmoil and the Exit Strategy, 2010), la crisis empezó en un pequeño nicho del sector financiero estadounidense, el de los créditos hipotecarios concedidos a clientes sin historial crediticio. En un contexto de intereses muy bajos, los bancos americanos se peleaban por obtener mayores rentabilidades y eso les empujó a generalizar los llamados préstamos ninja, un adjetivo que, en inglés, toma las iniciales de los riesgos que presentaban sus destinatarios —sin ingresos fijos (No Income), sin trabajo (No Job) y sin activos (no Assets)— para hacer un juego de palabras. Me lo explicó muy bien un periodista americano que se reunió conmigo en Bruselas: «Los banqueros viven de las comisiones, que dependen a su vez del número y de la cuantía de las transacciones. Por eso cualquiera que aparecía por una oficina bancaria salía con un préstamo debajo del brazo que le cubría el precio de la casa, el de los muebles, el del coche y hasta un viaje a Disneylandia».

En los primeros compases, la crisis solo afectó a Estados Unidos, pero muy pronto se extendió a todo el mundo. Los créditos subprime se mezclaron con otros activos financieros y se incorporaron a unos títulos de naturaleza hasta entonces desconocida. Me confesó uno de los «señores de las finanzas» que también se reunió conmigo por aquellos días que ni ellos mismos sabían cuál era la composición exacta de aquellos títulos complejos. No sabían mucho más las agencias de rating, pero eso no fue obstáculo para que estas les diesen las mejores calificaciones, lo que ayudó a que estos títulos frankenstein se propagaran como un virus por todo el planeta, contagiando tanto a los países desarrollados como a los en vía de desarrollo. Y como, en el colmo de la imaginación financiera, habían inventado eso de colocar los «titulitos» fuera del balance, la epidemia alcanzó proporciones gigantescas.

Las cosas fueron bien mientras duró la euforia, pero se empezaron a complicar cuando los intereses empezaron a subir y los prestatarios a encontrar dificultades para devolver los préstamos que habían contratado con tanta alegría. Los bancos se encontraron con cientos de inmuebles que tenían que vender a precio de saldo. La tasa de morosidad se disparó porque mucha gente no podía pagar y los bancos empezaron a no dar ni los buenos días. El crédito se secó y la llamada «economía real» empezó a desplomarse. Me lo había advertido Luis de Guindos, con el que me encontré en un aeropuerto: «El año que viene será “fino” y el destrozo en Europa va a ser más importante que en Estados Unidos. Y dentro de Europa, España va a sufrir más que nadie, porque la tormenta nos va a coger con un endeudamiento y una burbuja inmobiliaria estratosféricos».

SANTA BÁRBARA SE LLAMA DRAGHI

Dice el refranero que solo nos acordamos de santa Bárbara cuando truena. Eso era antes: como son ya pocos los que creen en santos, ahora se recurre a las autoridades cuando las cosas van mal. Y dentro de ellas, a las monetarias, que, en opinión de los ciudadanos de a pie, son las que tienen el dinero. Es, de nuevo, lo de «In gold we trust».

Las autoridades oyeron esas plegarias y, cuando las cosas se pusieron muy feas, los bancos centrales y los gobiernos se vieron obligados a tomar cartas en el asunto para intentar controlar un pánico que hubiese podido paralizar la economía mundial. Los fallos y las fallas del mercado obligaron a los poderes públicos a intervenir de forma masiva mediante los muchos instrumentos a su alcance: reducciones de tipos de interés, inyecciones de capital y operaciones de rescate de entidades financieras en riesgo, siempre que fuesen suficientemente grandes, porque, como siempre, la insolvencia de un pequeño banco local no preocupa a nadie, pero la de un gran banco con millones de depositantes ya es diferente.

El primero en reaccionar fue Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, que inmediatamente decidió inyectar liquidez en el mercado interbancario para mantener a raya los tipos de interés. Jean-Claude Trichet, su colega europeo, fue mucho más timorato. Cuando en la ECON le pedí que bajara los tipos de interés, su respuesta me dejó de piedra: «Lo que hay que hacer es atender las necesidades de liquidez de las entidades financieras, y para eso basta con suministrarles fondos adicionales a tipos de interés normales y con unas garantías tan sólidas como siempre». O sea, no había que hacer nada: seguiríamos curando la neumonía con los remedios caseros para resfriados.

Cuando arreció el temporal y le pedí nuevamente que bajara el precio del dinero, él siguió firme en su error: «La responsabilidad de mantener la estabilidad de los precios y la responsabilidad de asegurar el correcto funcionamiento de los mercados monetarios son claramente diferentes y no pueden ser mezcladas». La respuesta de Trichet no me gustó un pelo y le repliqué con cierta acritud: «En junio de 1930, cuando la economía americana se estaba hundiendo, una delegación de empresarios visitó al presidente Hoover para que hiciera algo para remediar la situación. Él les dijo: “Caballeros, llegan ustedes con sesenta días de retraso. La depresión ha terminado”. Ya sabe usted lo que pasó. No me gustaría que alguien le dijera lo mismo a usted dentro de unos años».

La verdad es que, al final, no le quedó más que dar su brazo a torcer y reducir los tipos de interés como le habíamos pedido tantas veces. Los redujo, y no una, sino tres veces antes de que terminase aquel año.

Pero eso no bastó y los bancos centrales tuvieron que sacarse otro conejo de la chistera para «alegrar» los mercados: la expansión cuantitativa —quantitative easing en inglés—, que no es otra cosa que un gigantesco programa de compra de activos de deuda pública o de otros activos financieros. Lo que toda la vida de Dios ha sido poner en marcha la máquina a base de dinero.

El primero en hacerlo —en 2008— fue otra vez Bernanke. Los suizos lo imitaron ese mismo año y los ingleses al siguiente. Trichet no empezó a comprar bonos hasta el verano de 2011, pero, muy pronto, por las presiones de los «halcones» y de los países del norte de la zona euro, tuvo que parar. Fue Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo desde hacía pocos meses, el que un glorioso día, 26 de julio de 2012, pronunció las divinas palabras que tanto estábamos esperando: «Dentro de nuestro mandato, el BCE está dispuesto a hacer lo que sea necesario para salvar el euro».

El mes siguiente, el BCE anunció su programa de compra de bonos de países en dificultades que aceptasen aplicar políticas económicas ortodoxas, pero no fue hasta enero de 2015 cuando se embarcó en una política de expansión cuantitativa que, en mi opinión, evitó in extremis la crisis del euro. Los alemanes se pusieron de los nervios porque siempre han sido los más firmes defensores de la ortodoxia, y la dichosa expansión monetaria es el máximo exponente de la política monetaria no convencional.

La política monetaria —convencional y no convencional— funcionó bastante bien: la rentabilidad de la renta pública bajó a mínimos y las primas de riesgo se hundieron. Las entidades financieras tuvieron más liquidez y eso hizo bajar el euríbor, el tipo de interés al que se prestan los bancos entre sí. Además, el crédito empezó a fluir con más rapidez.

Pero eso no bastó para alejar el fantasma de una nueva recesión, así que los gobiernos tiraron de medidas presupuestarias para reanimar una demanda privada que languidecía a ojos vistas. Y eso merece un punto y aparte.

CEBAR LA BOMBA

El primero en aplicar esta política de «cebar la bomba» fue el conservador George W. Bush, que firmó en 2008 la Ley de Estímulo Económico: 100.000 millones de dólares en rebajas fiscales y 50.000 millones más en incentivos tributarios. Una enmienda a la totalidad a la política de Ronald Reagan, cuyo evangelio era taxativo: «Las nueve palabras más terribles de la lengua inglesa son: “Yo soy el Gobierno y estoy aquí para ayudar”».

Una vez más, en Europa se reaccionó más tarde y con mayor timidez. Se dejó a los gobiernos nacionales el grueso de la faena, por mucho que en la Cumbre de Londres de abril de 2009 se anunciase a bombo y platillo una especie de nuevo plan Marshall: un estímulo fiscal de 800.000 millones de dólares para relanzar la economía europea, que se caía a pedazos. Todo un homenaje póstumo al keynesianismo, del que muchos habían abominado durante la campaña electoral.

En enero de 2009, el demócrata Barack Obama sucedió al republicano Bush. A nadie le extrañó que pisase el acelerador de la política intervencionista lanzada, malgré lui, por Bush. Nada más llegar, Obama hizo cinco cosas: aliviar a los bancos de activos tóxicos, relanzar el consumo, limitar los desahucios, recapitalizar los bancos y anunciar una reforma a fondo de la legislación bancaria para prevenir futuras crisis.

El Consejo Europeo de marzo de aquel año retomó la idea de Obama de desembarazar a los bancos de los activos tóxicos. Celebré la decisión. Como aduje en la ECON: «Lo que hay que hacer es limpiar los mercados financieros porque un buen número de entidades financieras son insolventes. La idea de un “banco malo” que se quede con los activos tóxicos está ya consolidada». Esa idea se la brindé también por carta a Rajoy.

REGULAR O NO REGULAR, ESA ES LA CUESTIÓN

La respuesta de los poderes públicos a la crisis no se limitó a poner en marcha medidas monetarias alegres o políticas presupuestarias expansivas. Se decidieron por fin a regular más seriamente unos mercados financieros que hasta entonces habían ido manga por hombro.

El primero en hacerlo fue otra vez Bush, que, relativamente pronto, anunció su intención de reformar el marco regulatorio de los mercados financieros para extender la supervisión a entidades hasta entonces exentas —bancos de inversión y hedge funds (fondos de inversión libre)—, consolidar en un solo regulador la supervisión prudencial y crear un regulador único que velase por la protección de consumidores e inversores.

La Cumbre de Pittsburgh, que tuvo lugar en septiembre de 2009, avanzó por el mismo camino al elevar los requisitos del capital, regular los mercados de derivados no organizados y crear herramientas más potentes de supervisión de riesgos. Una vez más, el eterno dilema entre sostenibilidad y rentabilidad de las empresas financieras. «Como siempre, la verdad está en el medio —dije en la Comisión ECON—. Lo que hay que hacer es combinar estabilidad y rentabilidad, porque un banco que no genera recursos recurrentes no es estable, pero un banco con poco capital no podrá afrontar las turbulencias financieras que tarde o temprano volverán a aparecer.»

La «conversión paulina» de Bush no terminó aquí. Comprendió también que es mejor navegar acompañado que solo: a él se debió el lanzamiento del G-20 para luchar contra la crisis financiera, al entender que era necesaria la cooperación internacional para salir del agujero. A partir de ese momento, no hubo trimestre en que no hubiese una reunión de ese foro, del FMI, del Consejo Europeo y de cuantas instituciones tenían algo que decir en un mundo tan revuelto.

EN LA CASA DEL POBRE POCO DURA LA ALEGRÍA

El año 2009 se cerró con un Consejo Europeo que, en diciembre, observó brotes verdes y anunció alegremente que habría que ir pensando en olvidarse de las medidas de apoyo público acordadas hasta entonces. Fin del recreo y vuelta a la disciplina. Angela Merkel en estado puro. Y música para los oídos de Zapatero, que regresó a Madrid convencido de que la crisis ya había pasado y de que su horizonte político estaba totalmente despejado.

El Consejo Europeo de marzo de 2010, bajo presidencia española, ya diagnosticó que las cosas no iban tan bien como en principio se había creído, porque la crisis, que empezó siendo de liquidez, había mutado en otra de solvencia, para acabar siendo de deuda soberana, con lento crecimiento estructural y elevado desempleo.

Mención especial merece el Consejo Europeo de diciembre de ese mismo año, que propuso modificar el artículo 136 del TFUE (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) para establecer un organismo de ayuda permanente a los países en dificultad siempre que aceptasen las estrictas condiciones impuestas por el Consejo. El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) es una buena cosa, pero tiene tres defectos que habrá que corregir en el futuro: requiere el consentimiento de todos los países, establece un techo máximo de gasto e impone condiciones extraordinariamente duras a los países que necesitan un salvavidas.

Termino este epígrafe con una reflexión: el MEDE es un paso adelante en la buena dirección, pero no bastará para proteger a la zona euro cuando haya otra crisis fiscal o bancaria. Solo el BCE —la única institución que abarca toda la zona euro— tiene la responsabilidad y la capacidad de hacerlo. Por ello, su próximo presidente puede contemporizar o hacer del Banco Central Europeo un prestamista de última instancia para salvar el euro.

2011, OTRO ANNUS HORRIBILIS

Los presagios para el año 2011 no fueron buenos desde su inicio: se empezó a sospechar que los griegos no podrían devolver los préstamos recibidos en los plazos previstos. También que el rescate impuesto a Irlanda no despejaría las dudas sobre un sector bancario cuyo tamaño no guardaba proporción alguna con las dimensiones del país. Se rumoreaba asimismo que Portugal entraría en boxes en cuanto los traders de Londres volvieran de esquiar. Se temía, en fin, que, aunque España parecía más solvente, tropezara con dificultades para refinanciar su deuda pública y privada de cifras extravagantes.

La Cumbre del G-20 en Cannes, a primeros de noviembre del 2011, fue muy tormentosa. Obama fue muy crítico con Merkel: «Vuestro problema es que no habéis puesto suficiente dinero sobre la mesa para disuadir a los especuladores». La canciller alemana le devolvió la pelota: «Fue tu país el que impuso al mío una ley fundamental que establecía poderes y contrapoderes muy definidos para evitar que volviesen a cometer los errores del pasado. Uno de esos poderes es el Bundesbank, completamente independiente del Gobierno. Nadie puede pedirme ahora que yo ignore esa norma fundamental».

Merkel contestó así porque estaba muy condicionada por una opinión pública obsesionada con la hiperinflación de Weimar y que había empezado a plantearse la posibilidad de abandonar el euro o, al menos, hacer que lo abandonasen los países periféricos —Portugal, Italia, Grecia y España, los famosos PIGS (acrónimo, formado por sus siglas en inglés, que literalmente significa «cerdos»)—, de los que no acababan de fiarse. Pero también sabía que Alemania no podía ni debía salirse del euro, porque eso encarecería sus exportaciones, ni desmarcarse de los países del Sur, porque eso supondría la ruina de los bancos alemanes que habían suscrito su deuda soberana. Por eso acudió a su rescate, aunque lo hizo tarde y mal. Como dije en una rueda de prensa: «La canciller Merkel es una gran líder, una gran europeísta, pero siempre llega un cuarto de hora tarde». Ella me lo recordó en la cumbre de la OTAN de Chicago (2012), a la que acudí acompañando al presidente Rajoy. Tras los saludos, me preguntó: «¿Tú eres quien dice de mí que siempre llego un cuarto de hora tarde?». «Sí, sí», le contesté, mientras Rajoy se partía de risa.

Le recordé que ella misma había resumido la situación en una frase que yo hacía mía: «La única solución es avanzar en la construcción de la Unión Política». Por tanto, la pelota está en el alero de la voluntad política. Se trata de converger, facilitar una financiación que no ahogue a los países y relanzar la economía.

Ya he dicho en repetidas ocasiones que me declaro radicalmente federalista, por lo cual estoy convencido de que solo hay un camino de solidaridad y responsabilidad, y de que este parte de la cesión de soberanía. Como afirmé en cierta ocasión: «Mientras no haya una integración, una federalización, de la zona euro y no nos demos cuenta de que estamos casados en gananciales y no en régimen de separación de bienes, esto tendrá poco arreglo».

En Deusto me enseñaron que, cuando se coge un micrófono o se toma la pluma, no hay que decir «cosas», sino «las cosas». En el caso que nos ocupa, lo que importa es poner encima de la mesa fórmulas concretas para plasmar el principio de solidaridad. Sobre todo, cuando nos hemos hartado de decir que la respuesta europea a la crisis fue muy poco solidaria y extremadamente dura para los países en dificultad. Como antes he apuntado, la «dieta alemana» tenía mucha estabilización y poco crecimiento. «Nos hemos pasado cuatro pueblos en la austeridad», declaré entonces. Me lo recordó también Merkel, con dureza, en Chicago.

Para paliar esa austeridad desmedida, el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, y el ministro de Hacienda italiano, Giulio Tremonti, abogaron por mutualizar la deuda mediante la emisión de eurobonos. Estos —conocidos en el argot comunitario como «bonos azules»— tendrían las máximas calificaciones crediticias, se pagarían con prioridad a cualquier otra obligación y, en consecuencia, se emitirían a un tipo de interés bastante bajo. El tramo de la deuda pública no cubierto con bonos azules se financiaría por bonos estrictamente nacionales —«bonos rojos»—, de los que sería exclusivamente responsable el Estado emisor y que, por tanto, tendrían que emitirse a tipos de interés superiores. En definitiva, los eurobonos permitirían una financiación razonable a los países más ortodoxos y otra casi prohibitiva para los menos responsables. La fórmula Juncker-Tremonti prevendría futuras crisis de la deuda soberana sin crear distorsiones de los mercados y disipando el temor al riesgo moral que tanto afecta a los alemanes.

Sin embargo, la idea de los eurobonos fue descartada tanto por Merkel como por Sarkozy. El presidente francés se descolgó después proponiendo crear «un órgano que se encargue de la gestión coordinada de la deuda de los países de la eurozona, que es la lógica continuación de la creación de la moneda única. Al principio, las cuestiones del Tesoro europeo deberían reservarse a los países “virtuosos” o a aquellos que limiten su deuda en cumplimiento del Pacto de Estabilidad».

Por mi parte, siempre me manifesté partidario de los eurobonos, tanto por razones económicas como políticas. Lo expuse con claridad en uno de los informes europarlamentarios que redacté en aquella época:

La emisión de eurobonos permitiría ensanchar muchísimo el mercado de obligaciones europeo, hoy mucho más pequeño que el americano. La emisión de eurobonos tendría además enormes consecuencias políticas, porque [...] los Estados Unidos de América nacieron cuando las trece colonias originarias [...] decidieron mutualizar la deuda contraída en la guerra de Independencia. El día que haya obligaciones europeas, en vez de bonos franceses, italianos o españoles, habrán nacido los Estados Unidos de Europa.

Por desgracia esta idea pareció demasiado vanguardista a los euroescépticos, a los británicos y, dentro de mi propia casa, a Cristóbal Montoro y Álvaro Nadal, los hombres fuertes del equipo económico de Rajoy. Nadal se empeñó en convencerme de que los bancos españoles no estaban de acuerdo. Le tuve que enviar un informe redactado por el servicio de estudios del BBVA que decía exactamente lo contrario.

Lo que me parece importante subrayar es que la emisión de eurobonos exigiría previamente una enorme transferencia de competencias a las instituciones europeas porque, como ya he insistido, los alemanes nunca lo aceptarán si no están seguros de que esa mutualización no desembocará en una situación en la que los países del Sur, pródigos por naturaleza, se aprovechen de los países del Norte para seguir viviendo de la sopa boba.

Por eso he dicho muchas veces que no estamos ante una decisión económica, sino existencial, para la que se necesitan líderes con una decidida vocación europeísta, como los que en su día pusieron en marcha el proceso de construcción europea, y como los que ahora parecen escasear. Vuelve a pasar lo que dijo Winston Churchill: «En Europa hay demasiados demoledores, demasiado pocos albañiles y ni un solo arquitecto».

En conclusión, los Estados Unidos de Europa serán una realidad cuando emitan auténticas obligaciones europeas.

LA NUEVA SUPERVISIÓN FINANCIERA DE LA UE

Como el lector avisado habrá podido comprobar, el tema de la regulación y supervisión financiera fue uno de los más recurrentes en los miles de reuniones que se convocaron para intentar salir de la crisis en la que entonces estábamos metidos. La cuestión se abordó en las Instituciones Europeas bajo la presidencia española.

La Comisión Europea propuso mejorar el marco europeo de supervisión financiera, sustentándolo en dos pilares: un Consejo Europeo de Riesgo Sistémico, que vigilara las potenciales amenazas para la estabilidad financiera derivadas de la evolución macroeconómica y del sistema financiero en su conjunto, y un Sistema Europeo de Supervisores Financieros nacionales, que salvaguardara la solidez de las empresas financieras individuales y protegiera a los consumidores de servicios financieros.

Cuando la propuesta llegó al Parlamento, acordamos que los ponentes debíamos redactar de forma conjunta los cuatro informes que integraban la propuesta —«Junta de Riesgo Sistémico», «Bancos», «Seguros y Fondos de Pensiones» y «Mercados y Acciones»— para que respondiesen en lo posible a una filosofía común, aunque cada campo fuera objeto de un informe separado.

Lo primero, como siempre, fue decidir qué grupo parlamentario se quedaba con cada informe. Los populares decidimos que como el más determinante era el de «Bancos», nos encargaríamos de él; lo redacté yo en calidad de rapporteur ponente titular. «Seguros» fue para el laborista británico Peter Skinner; «Acciones», para el verde alemán Sven Giegold; y «Junta de Riesgo Sistémico», para la liberal francesa Sylvie Goulard.

Como un resorte, la conservadora británica Vicky Ford se quejó inmediatamente de que ellos no iban a ocuparse de nada. «¿Acaso no sabéis que tenemos el centro financiero más importante de Europa?», arguyó. Jean-Paul Gauzès, portavoz de mi grupo, zanjó la discusión con (poca) diplomacia: «Vosotros ni creéis en la supervisión financiera ni creéis en Europa». Mientras duró aquello, la pobre estuvo cada dos por tres en mi despacho llevada por sus inquietudes sobre mi futuro informe.

Por supuesto, no fue la única que intentó influirme; también tuve todas las reuniones del mundo con las grandes entidades financieras y bancarias, y con todas las agencias de seguros, que se estaban jugando en aquello el cocido. Su temor era que nos pasásemos de frenada con un exceso de regulación y supervisión. Según ellos, lo que había fallado no eran los mecanismos de regulación de los mercados, sino precisamente la intervención de los Estados en los mercados.

Yo creía lo contrario y tuve ocasión de recordárselo al representante de uno de los mayores bancos europeos durante una comida de trabajo: «Estamos metidos en una crisis crediticia porque los bancos no os prestáis los unos a los otros porque nadie se fía de nadie. No sabéis lo que cada banco tiene fuera del balance ni lo que vale lo que hay dentro de cada balance». «¿Y qué habría que hacer según usted?», me preguntó el banquero. «Creo que deberían ustedes decir la verdad», repliqué. «Si hiciésemos eso —me respondió—, habría una crisis que se llevaría por delante toda la economía mundial. Lo de 1929 sería un juego de niños.»

El segundo gran tema que tuvimos que abordar era el rescate de los bancos que se declarasen en quiebra, cuestión ni siquiera esbozada en la propuesta remitida por la Comisión. La pregunta fundamental era: ¿quién responde por los platos rotos? Como es obvio, mientras no se articulase una respuesta europea, cada país tendría que apañarse como pudiera y eso suponía que, en caso de quiebra, un banco valía lo que valiera el Tesoro nacional. Por eso propuse completar la propuesta de la Comisión creando un fondo de garantía de depósito común y un mecanismo de resolución europea.

La Eurocámara aprobó el 22 de septiembre de 2010 un paquete que preveía el establecimiento de tres Autoridades Europeas de Supervisión (AES), encargadas de la banca, los mercados y los seguros, respectivamente. Además, un cuarto organismo de control alertaría del incremento del riesgo en la economía de la UE. Nuestra propuesta tropezó con serias dificultades en el Consejo. Me reuní varias veces con la ministra Elena Salgado, que ocupaba la presidencia por turno de la Unión. Le expliqué durante una hora el contenido del informe, subrayando los aspectos más europeístas y más avanzados. Salgado zanjó la cuestión de forma muy rápida: «Esto para los belgas». Solo unos días más tarde, tuve una reunión con el belga Didier Reynders, entonces ministro de Hacienda y luego colega mío en Exteriores. La cosa fue bien y llegamos a un acuerdo, no todo lo ambicioso que yo quería, pero sí muy avanzado para la época.

Tiempo después, durante una comparecencia en una cumbre europea semestral, Mario Draghi me cubrió de honor al decir: «Todos compartimos la responsabilidad por no haberle hecho caso». Al acabar esa misma cumbre, otro funcionario europeo confesó que el documento sobre la unión bancaria que el presidente del Consejo Europeo, el belga Herman van Rompuy, había llevado a la cita era una copia del elaborado por mí. «Deberíamos pagarle royalties», añadió el funcionario. A quién no le gusta recibir royalties, pero hubiera estado bien, por lo menos, mencionar la fuente.

LOS PODERES PÚBLICOS (Y EL CONTRIBUYENTE) AL RESCATE

Cerrado el capítulo de la supervisión financiera, vuelvo a la política. Como se deduce de lo contado hasta aquí, fueron los bancos centrales y los Gobiernos los que tuvieron que acudir al rescate de unas entidades financieras cuya quiebra hubiese provocado una recesión mundial de incalculables consecuencias. Eso sí, siempre que fuesen lo suficientemente grandes, porque como ya he dicho, la insolvencia de un pequeño banco local no preocupa a nadie, pero la de un gran banco con millones de depositantes inquieta a todo el mundo.

En tal tesitura, a nadie puede extrañar que los ciudadanos se preguntasen si tenía sentido que las entidades financieras hubiesen pagado dividendos formidables y altas remuneraciones a sus ejecutivos en épocas de vacas gordas —e incluso cuando estaban ya francamente enflaquecidas— y que luego, cuando las cosas se torcieron y pintaban bastos, fuesen ellos, los contribuyentes, los que tuvieran que correr con los gastos de la «juerga» financiera previa. No hablábamos de calderilla: los presidentes de los cinco bancos estadounidenses que tuvieron que ser rescatados habían ganado 3.500 millones de dólares en el último lustro. Más del doble de lo que se consiguió por la venta de Lehman Brothers, que, por cierto, pagaba a su presidente 13.000 dólares a la hora. En otras palabras, como casi siempre, una vez más fue el contribuyente medio —Joe Six-Pack lo llaman en Estados Unidos— quien tuvo que pagar las insensateces de los peces gordos de Wall Street.

Cualquiera que sea la opinión que estos hechos merezcan, lo cierto es que los poderes públicos empezaron a tener un protagonismo que no habían tenido desde que Milton Friedman, en lo económico, y Reagan y Thatcher, en lo político, escribían el guion. Repito una vez más al viejo Karl Marx: cuando cambian las estructuras económicas, cambian las superestructuras políticas.

El crac de 1929 en Nueva York acabó con el laissez-faire y entronizó el keynesianismo. La crisis del petróleo de 1973 supuso el fin del keynesianismo y el comienzo de la revolución conservadora que fascinó al mundo. Y, esta vez, la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008 provocó un nuevo giro en la historia de las ideas económicas de una enorme magnitud. Pero los «talibanes del mercado» no reaccionaron igual que los ultraizquierdistas «de manual» o que los partidarios de la economía social de mercado, entre los que se encontraba —y se encuentra— un servidor.

Los «talibanes del mercado» se negaron a aceptar que el mundo había cambiado y se aferraron a los viejos dogmas. En una carta que los republicanos más conservadores dirigieron a Henry Paulson, secretario del Tesoro con George W. Bush, se leyó: «La inversión federal en cantidades tan grandes de valores empresariales privados tiene la apariencia de un enfoque socialista de la gestión de nuestra economía, no de libre mercado». Desde su punto de vista, tenían razón, porque la libertad económica engloba tanto la libertad de tener éxito como la libertad de fracasar. El recurso al dinero de los contribuyentes para rescatar empresas en riesgo siempre va en contra de esta verdad fundamental. Y eso es exactamente lo que se hizo en todo el mundo.

Por su parte, los ultraizquierdistas «de manual» se apresuraron a proclamar que la crisis de Lehman Brothers representaba para el capitalismo lo que la caída del Muro de Berlín para el comunismo. Se lo oí, por ejemplo, al nobel de Economía estadounidense Joseph Stiglitz, profesor en Columbia, durante una de sus apariciones estelares en Bruselas. No era verdad. Ni supuso el final del capitalismo, ni tampoco fue el de los mercados financieros. Pero sí fue el final —como ya he dicho— de lo que el socialista portugués Mario Soares llamó «capitalismo de casino», especulativo, que implicó una sacralización del mercado al que permitió desenvolverse, en estos años de globalización descontrolada, sin reglas éticas ni la menor preocupación social ni ambiental. Ese tipo de capitalismo que creía en una especie de «mano invisible» y en la autorregulación del mercado desembocó, con mucha más pena que gloria, en la gravísima crisis financiera que asoló el mundo. Y también fue el principio de un capitalismo mucho más responsable y regulado, permeado por esa escuela de pensamiento que llamamos «economía social de mercado». La mía.

Lehman Brothers no fue el Stalingrado del capitalismo, pero provocó una ola de manifestaciones antimercado como no se recordaban desde hacía mucho tiempo. En 2010, el diplomático y político francés Stéphane Hessel publicó con enorme éxito un panfleto titulado Indignez-vous! («¡Indignaos!»), que dio cierta pátina de intelectualidad a las manifestaciones que se sucedieron en todo el mundo en contra de un sistema incapaz de responder a las demandas de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes. Unos manifestantes a los que, genéricamente, la prensa llamó «indignados».

CUANDO NO SE QUIERE LLAMAR A LAS COSAS POR SU NOMBRE

Una de las consecuencias de la crisis en España fue el castigo electoral al Gobierno socialista, que no supo ver venir la crisis ni tampoco supo paliar sus consecuencias. Desde mayo de 2010, cuando Rodríguez Zapatero se vio obligado a reconocer la crisis y a anunciar en una sesión en el Congreso el mayor plan de ajuste económico en democracia, el cambio parecía, además de necesario, inevitable e incluso urgente.

Poco después, en abril de 2011, Zapatero anunció que no se presentaría a la reelección y, tras primarias, fue sustituido como candidato de un PSOE en horas bajas por Alfredo Pérez Rubalcaba. Zapatero tuvo que predicar una austeridad de la que siempre había renegado, a practicar unos ajustes muy antipáticos y a introducir reformas —especialmente en las pensiones y el trabajo— que hicieron desertar a millones de sus votantes. Su descrédito era total.

Por su parte, todo el mundo en el PP sabía que nos llegaba de nuevo la hora. A la vista de la que se nos venía encima, en el año inmediatamente anterior al cambio de legislatura empezamos a reunirnos un grupo de amigos preocupados por la marcha del país y deseosos de encontrar salidas a la grave situación. Me acompañaban en ese equipo informal José Luis Escrivá Belmonte —que luego, desde 2014, sería presidente de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal—, José Luis de Mora (director de desarrollo corporativo del Banco de Santander), Fernando Eguidazu —que pronto me acompañaría en el Ministerio—, Carmen Navarro (interventora del Estado y, por entonces, gerente del PP) y, como siempre, mi mujer, Maribel Barreiro, directora en una multinacional. Con cierta frecuencia, acudían también Román Escolano (efímero ministro de Economía en 2018), César Vacchiano —enamorado de la Marca España— y algunos otros. Entre todos, produjimos un sinfín de papeles, que hacíamos llegar puntualmente a Mariano Rajoy. Modestia aparte, puedo decir que, por desgracia para el país, acertamos plenamente en el diagnóstico de la verdadera situación española.

El resumen del resumen es que España estaba sufriendo el impacto de la crisis como todos los países del mundo, pero, además, con dolencias exclusivamente autóctonas. Por ejemplo, teníamos más deuda —pública y privada— que la mayoría de los países de nuestro entorno. Por ejemplo, el pinchazo de la burbuja mobiliaria había sido más brutal que en ningún otro lugar. Y, por ejemplo, el sistema financiero —especialmente las cajas de ahorro— estaba a punto de quebrar. Como apuntábamos en uno de aquellos documentos:

Los mercados desconfiaban del Estado como prestatario principal de nuestro sistema bancario, como intermediario financiero, y de la economía española, como pagador final. Nuestra economía dependía enormemente de la financiación exterior porque la deuda externa había crecido de 100 puntos de PIB en 2004 a 160 puntos en 2011, de los cuales más de un tercio correspondía a las Administraciones Públicas. Prácticamente todo el stock de la deuda pública estaba en manos de no residentes directamente (300.000 millones) o indirectamente, como garantía de préstamos a corto al sistema financiero (otros 300.000 millones). La situación se agravaba además por el hecho de que más de la mitad de la deuda externa (650.000 millones) vencía a lo largo de 2012 y porque las nuevas necesidades de financiación, derivadas del déficit por cuenta corriente, iban a estar alrededor de otros 45.000 millones más de deuda externa.

Todo aquello dibujaba en su conjunto un gravísimo panorama que iba a exigir, además de las reformas estructurales —entre ellas, la laboral—, dirigidas a incrementar el potencial de crecimiento de nuestra economía, medidas contundentes que restaurasen pronto la percepción de solvencia de las Administraciones Públicas y del sistema financiero español. Pero lo primero era detener la hemorragia, y para eso era necesaria la ayuda externa.

LOS «INDIGNADOS»

Puesto que el tsunami financiero provocó en España más daños que en la mayoría de los países de nuestro entorno, la salida de la crisis fue, en consecuencia, también más dolorosa. Y se convertiría en el caldo de cultivo en que nació un movimiento ciudadano que se extendió a lo largo y ancho de España. En las vísperas de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo de 2011, eclosionó el movimiento de los «indignados».

Como soy de natural curioso, un día me calcé unas gafas de sol y me planté en la madrileña Puerta del Sol, donde confluían muchos de los ciudadanos que tenían algún motivo de queja contra el sistema. Intuí entonces que el fenómeno no iba a ser flor de un día. Los allí acampados tenían la certeza de que la crisis que estábamos viviendo era diferente a todas las anteriores. Esta duró mucho, se llevó por delante muchos puestos de trabajo, amenazó con diluir los pilares del Estado del bienestar y, lo que es más grave, hizo a los jóvenes conscientes de que iban a vivir peor que nosotros y de que el ascensor social se había detenido o, peor aún, ya no solo no subía, sino que también bajaba.

Lo que palpé en la Puerta del Sol era algo novedoso. Nada que ver con los actos litúrgicos de los partidos tradicionales pautados y previsibles ad nauseam. Puestos a buscar paralelismos, habría que remontarse al revolucionario Mayo de 1968, que yo viví con estupor a través de la televisión francesa que se captaba en San Sebastián. Una revolución de la que después me hablaría muchas veces uno de sus principales protagonistas, Daniel Cohn-Bendit, Dani el Rojo, que compartió escaño conmigo en Bruselas durante muchos años.

En aquella céntrica plaza, la función se desarrollaba sin pautas previas. Todos los que por allí andaban y todos los que hasta allí se acercaban parecían participar más en una fiesta que en un acto político canónico. Cada uno de los movimientos sociales allí representados —feministas, ecologistas, pacifistas...— había plantado una tienda desde la que distribuían folletos y donde se discutían propuestas y se invitaba a los ciudadanos a avanzar ideas, que los voluntarios volcaban diligentemente en un ordenador. Había lugares de reunión y de esparcimiento, y espacios reservados a los niños. En otras palabras, como señaló Joaquín Estefanía en su obra Revoluciones (2018), «la gente no acudía para ver la función, sino para ser la función misma, y lo que se estaba representando no tenía ni actores principales, divos, ni guion previo, sino que los argumentos, debates, quejas, críticas, las propuestas concretas y las ideas generales se intercambiaban por otras».

Pero las similitudes entre el Madrid de 2011 y el París de 1968 no pasaban de ahí. En la capital francesa, el protagonismo correspondió exclusivamente a los estudiantes; en Madrid había de todo: estudiantes, trabajadores, profesores universitarios, desempleados, etcétera. En París, todos eran jóvenes; en la capital española había jóvenes, mayores y mediopensionistas. En definitiva, el de Madrid era un movimiento transversal y espontáneo que no sabía de clases sociales ni de generaciones. Por eso es importante no caer en el error de identificar el 15-M —ni a su heredero político, el partido Podemos— con un movimiento de extrema izquierda. Es verdad que en él hubo y hay militantes de extrema izquierda, pero Podemos no es solo eso. Muchos amigos de mis hijos votaron —espero que solo entonces— a la formación podemita.

Un buen número de las muchas protestas, huelgas, manifestaciones, concentraciones o escraches ocurridos en el periodo 2012-2014, y protagonizados por colectivos tan variados como mineros, personal docente, funcionarios, transportistas, jornaleros o personal sanitario, tuvieron conexión directa con el movimiento del 15-M, surgido formalmente el 15 de mayo de 2011.

Este movimiento tuvo una gran presencia mediática, especialmente por su coincidencia con las elecciones municipales del cercano 22 de mayo. Pero, a partir del verano, las protestas cambiaron de formato y se formalizaron en una serie de movimientos alternativos temáticos. Hacia junio de 2012 habían aparecido diversos colectivos o «mareas» temáticas con reivindicaciones sectoriales muy concretas, así como las llamadas «marchas por la dignidad», que se multiplicaron por muchas ciudades españolas para reclamar «pan, trabajo y techo» y protestar por los recortes en los servicios públicos y el gasto social. Muchas veces, los convocados acababan rodeando los Parlamentos regionales.

Las movilizaciones sindicales de febrero y marzo de 2012, en contra de la reforma laboral recién aprobada por el Gobierno, culminaron el 29 de marzo con la séptima huelga general de la historia de la democracia, acompañada con manifestaciones masivas en las principales ciudades españolas. El 14 de noviembre de ese mismo año, tuvo lugar otro paro general de todos los sectores laborales, enmarcado esta vez en una huelga general europea.

Si bien el aumento de la contestación social en las calles no estuvo directamente ligado a la aparición de nuevas formaciones, diversos analistas consideraron que muchos jóvenes se metieron en política a raíz de dichas protestas. Es una idea común asumir que el surgimiento de nuevos partidos —Podemos— y el paso a la política nacional de otros —Ciudadanos— se vio influido por el clima político gestado entre mayo de 2011 y junio de 2012. El ensayista y columnista Jordi Gracia achacó su éxito inicial al «descrédito que la izquierda política ha conquistado entre una clase media que no ha quemado un contenedor en su vida, que no tiene edad para saltar vallas, que no lleva sudaderas con capucha, pero que cada vez se siente más impotente y más cargada de razones». Con todo, lo más llamativo del happening de la Puerta del Sol es que quienes participaron parecían saber muy bien lo que «no» querían, pero no sabían con claridad qué querían y, mucho menos, cómo pretendían conseguirlo.

En una de mis comparecencias como ministro en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, el 17 de febrero de 2016, mantuve un debate con Pablo Iglesias en el que intenté poner de relieve este ilusionismo. En su réplica, Iglesias empezó contando un buen chiste que reproduzco creo que literalmente: «Se dice que en el circo romano ocurrió un hecho inaudito y fue que los cristianos se comieron a los leones. Finalmente se aclaró que no fueron los cristianos, sino los democristianos, los que fueron capaces de comerse a los leones». Risas de los diputados, incluido yo. Cuando llegó mi turno, seguí con ese mismo tono jocoso y repliqué: «Usted se define como socialista radical. ¿Sabe usted por qué Colón fue el primer socialista radical? Porque cuando salió no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba y todo lo hizo con el dinero de los demás». Más risas de los diputados. En algunas ocasiones, pocas, es francamente grato el debate parlamentario.

Con el tiempo comprendí que la moraleja del chiste que le conté a Pablo Iglesias no era del todo veraz. Es cierto que los podemitas no sabían cómo llegar, pero sí sabían dónde querían llegar. Querían cambiar la vida más que transformar el mundo y habían comprendido que para eso tenían que conquistar antes el poder. En octubre de 2014, Iglesias lanzó un desafío en la primera asamblea ciudadana de Podemos: «El cielo no se toma por consenso, se toma por asalto». Su claro objetivo era terminar con el bipartidismo y plantear una profunda modificación del sistema político, económico y social español.

Podemos fue adaptando progresivamente su mensaje a fin de aunar otras voluntades, pues, como es lógico, las elecciones no solo se ganan con indignados. Para vencer, además hay que convencer. Porque en los tiempos que corren ya ni el Palacio de Invierno ni los cielos se toman al asalto. En la confrontación política partidista, lo que hay que hacer es ganar las elecciones, y para eso hay que hacerse antes con lo que el político y teórico marxista Antonio Gramsci llamó la «hegemonía cultural». Ganar el terreno de las ideas y, sobre todo, de la comunicación. Lo expresó muy bien el propio Pablo Iglesias: «Los españoles no se apuntan a un partido político. Se apuntan a una cadena de televisión».

En cualquier caso, el escenario político español no sería ya el que fue. A partir de ahí, dejamos de asistir a un sencillo partido de singles y pasamos a otro de dobles parejas, con la peculiaridad de que cada jugador quería eliminar a su compañero de tándem. Desde entonces quedó claro que, al menos de momento, la política española ya no se bailará nunca más a ritmo de tango. Había acabado, de momento, el bipartidismo.

EL FINAL DE ZAPATERO

El día de Año Nuevo de 2011 olía a cambio. La crisis de Lehman Brothers había sacudido hasta los cimientos la economía mundial, pero el presidente español, Rodríguez Zapatero, había preferido tercamente no darse por enterado y negar las más palmarias evidencias. No supo anticipar la crisis, no supo capear el temporal cuando lo tuvo encima y no supo planificar y gestionar la senda de salida.

En los primeros compases, contra toda evidencia, se empeñó en decir que en España no había crisis y que los problemas exteriores no nos iban a afectar en absoluto porque «nuestro sistema financiero era el más sólido del mundo», cuando, en realidad, muchos de nuestros bancos estaban a punto de quebrar. Cuando llegó el temporal a nuestras costas, Zapatero lo definió como un leve aguacero de verano. Cuando la tormenta amainó un poco, su Gobierno se empeñó en ver «brotes verdes» y diagnosticar que la crisis había tocado suelo y comenzaba la curva ascendente, pero —como bien señalaron muchos— lo que pasaba era que el modelo de esta crisis se ajustó más a una especie de «W». Finalmente, cuando empezó a ver las orejas al lobo, Zapatero lo intentó paliar metiendo dinero a chorro a través del Plan E, que era exactamente lo contrario de lo que había que hacer. Intentó poner a cubierto la economía española con una política seudokeynesiana que llevó el déficit público a cifras estratosféricas y que trasmitió al mundo la imagen de un Gobierno desquiciado y poco fiable. Reactivar aquello —y más de forma improvisada e indiscriminada— era completamente absurdo. Cuando la economía española ya estaba en pleno naufragio y él recuperó el sentido común —no gastar lo que no tienes—, se vio forzado a ajustar sus políticas a la realidad. Pero lo hizo, además de tarde, mal.

En ese contexto, el debate Solbes-Pizarro en Antena 3 durante la campaña electoral de 2008 fue uno de los espectáculos más insólitos que yo he contemplado en mi vida, por la negación de las evidencias por parte del vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda socialista, Pedro Solbes, ante la incontestable avalancha de datos aportados por Manuel Pizarro, en representación del PP. Eso fue sorprendente, pero también, y sobre todo, que —según las encuestas y no pocos observadores— el debate lo «ganara» Solbes.

Muchos de mis colegas parlamentarios no terminaron de encontrar la mejor salida del túnel de la crisis. Pero otros casos fueron aún peores, como el de Zapatero, que lejos de atisbar la solución, durante mucho tiempo lo que no vio fue el propio problema, por más que se lo intentamos explicar desde las bancadas de la oposición.

El domingo 20 de noviembre de 2011 se celebraron elecciones generales en España, cuatro meses antes de lo previsto. Venció el PP, que obtuvo una considerable mayoría absoluta con 186 escaños (32 más que en 2008) y un 44,63 % de las papeletas, frente a los 110 escaños (59 menos que en las anteriores) del PSOE, con el 28,76 % de los votos.

14

LA ÉPOCA DE RAJOY

Quijote soy, y mi profesión la de andante caballería. Son mis leyes, el deshacer entuertos, prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida regalada, de la ambición y la hipocresía, y busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil. ¿Es eso, de tonto y mentecato?

MIGUEL DE CERVANTES

El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué no ha ocurrido.

WINSTON CHURCHILL

EL CONCURRIDO DESPACHO DE RAJOY

A mediados de 2011, presagiando el casi seguro cambio de Gobierno, a medida que la antesala del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero se vaciaba, la de Mariano Rajoy comenzó a parecer el camarote de los hermanos Marx. Los que habían intentado derribar a Rajoy en el Congreso de Valencia de 2008, actuaban ahora con el fervor de los conversos. Los que le habían hecho luz de gas, procuraban dejarse ver por los despachos de Génova. Los empresarios se convertían en masa al «marianismo», una nueva religión que prometía el paraíso a los creyentes. Mi buen amigo Luis de Grandes me sugirió que debía estar en las listas electorales si quería entrar en el Gobierno. Respondí más o menos que Rajoy me conocía muy bien y ya sabía dónde estaba si es que quería hacerme ministro. Puede parecer soberbia, pero no lo es. Es más bien un cierto pudor que me ha aconsejado siempre no acudir en auxilio del vencedor. Siempre me ha parecido algo obsceno.

Cuando ganamos las elecciones en noviembre de 2011, la adulación a Rajoy subió de decibelios. Se iba a celebrar un Consejo Europeo el 9 de diciembre al que todavía iba a asistir Zapatero como presidente en funciones. Jorge Moragas, jefe de gabinete de Rajoy, convocó en Génova a un reducido grupo —no pasábamos de cuatro— expertos en asuntos europeos. Nos entregó un papel que fijaba la posición que Zapatero tenía que defender en Bruselas. «¿Quién ha hecho este papel?», pregunté a media lectura. «El Presidente —Moragas se refería a Rajoy— con algunos amigos suyos.» Silencio en la sala. Concluida la lectura, dije: «Lo habrá hecho Rajoy, pero el papel es infumable». Estupor general.

Se abrió la puerta y apareció el propio Mariano en carne mortal. Con cierta sorna, me azuzó Jorge: «Dile, dile lo que has dicho». «Lo que he dicho —respondí inmediatamente— es que este papel es una birria.» «Eso me pareció a mí —cerró el debate de raíz el propio Rajoy—. Nos lo manda Moncloa para que sepamos cuál va a ser la posición de nuestra delegación en el próximo Consejo.» Ahora sí, los restantes asistentes coincidieron en que efectivamente el papel no era de recibo y que teníamos que hacer algo al respecto. Como la cosa apremiaba, convoqué en mi casa al «equipo médico habitual». En cuatro horas, el papel estaba rehecho y muy lejos de ser una birria.

Otro sucedido significativo. En Marsella se iba a celebrar, antes del Consejo Europeo, el congreso del Partido Popular Europeo. El hotel estaba atestado. Rajoy apareció acompañado de Carmen Martínez de Castro, Jorge Moragas y Álvaro Nadal. Yo charlaba con Miguel Arias Cañete, Baudilio Tomé y Gerardo Galeote. Mariano nos saludó muy amablemente y continuó su camino. Le dije a Miguel: «Barrunto que nosotros ni estamos ni se nos espera». Visto lo visto, nos fuimos a cenar juntos y hablamos mucho de la composición del próximo gabinete. Arias Cañete, amigo entrañable desde mi etapa de opositor, nos comentó que a «S. M.» le gustaría que él ocupase la cartera de Exteriores. Se creía un buen candidato para ocupar esa cartera, y la verdad es que lo era. «Tal como están las cosas con Marruecos y con Bruselas —le comenté—, tú vuelves a lo del cerdo.» Palabra santa.

Antes de Navidad, me fui a Bruselas para evitar la congestión de tráfico que había en la calle Génova. Comí allí con mi colega eurodiputada del PP y exministra Pilar del Castillo y rellenamos la quiniela del nuevo gabinete, intercambiándonos cromos de quienes nos parecían más probables. Acabada la comida, de camino al aeropuerto para regresar a Madrid, me sonó el teléfono. Número desconocido. «¿Sí? ¿Quién eres?», pregunté acuciado por la prisa. «¿No me reconoces? —dijo una voz ciertamente no desconocida—. Soy tu secretaria general, María Dolores de Cospedal.» La conversación se interrumpió porque entré en un túnel. Me refiero a uno físico, de la carretera. Al salir de él, volví a contactar. «Esta es una conversación que nunca hemos tenido», me avisó. «¿A qué conversación te refieres?», respondí jocoso. «¿Estarías dispuesto a formar parte del Gobierno? —concretó ella—. No te prometo nada, pero quería conocer tu predisposición.»

Confieso que la noticia no me pilló de nuevas. Y mi predisposición era total. Los dos días siguientes, ya en Madrid, no volví a saber nada del asunto. Por la tarde del tercer día, sonó de nuevo el teléfono. Esta vez era directamente el «Jefe». «Hola, José Manuel. ¿Qué andas haciendo?», me saludó. «Ordenando unos papeles», respondí con sinceridad. Acto seguido, Rajoy preguntó: «¿Qué te parecería ir a Exteriores?». «Sabes desde hace tiempo que nada me gustaría más —contesté sin pensármelo, y, algo pomposo, proseguí—: representar a España fuera de nuestras fronteras es el más alto honor al que un español puede aspirar.» En aquel momento, recordé la definición que dio un diplomático británico del siglo XVII, Sir Henry Wotton: «Un embajador es un hombre honrado a quien se envía al extranjero a mentir por el bien de su país». Después de mi agradecimiento de rigor, Rajoy añadió: «Íñigo Méndez de Vigo será el secretario de Estado para la Unión Europea. Los demás nombramientos los puedes hacer como quieras». El matrimonio entre Íñigo Méndez de Vigo y yo fue uno de esos matrimonios de conveniencia que por definición no convienen a ninguna de las dos partes.

Rajoy me pidió que todavía no diese a nadie la buena nueva, ni siquiera a mi mujer. Petición que, por supuesto, incumplí. Es más, después de contárselo, nos fuimos ambos dando un paseo para conocer «mi nueva oficina». Cuando llegamos al palacio de Santa Cruz, tuve la tentación de asomarme para ver un poco el interior, pero, con buen criterio, Maribel me detuvo: «No avances más, porque el responsable de seguridad te va a llamar la atención y mañana se puede quedar de piedra cuando te vea llegar».

Los días siguientes fueron de infarto (eso sí, un infarto «mudo»). Recibí miles de llamadas de amigos que me llamaban para comentar las apuestas que circulaban por los mentideros de la Villa y Corte. Como la noticia de mi nombramiento no había trascendido, yo no estaba en ninguna de ellas. El mejor colocado era Arias Cañete. El rumor se había extendido tanto que hasta la agencia France Presse lanzó a los medios de comunicación un teletipo con las previsiones internacionales en que afirmaba: «El ministro de Asuntos Exteriores, Alain Juppé, se reúne hoy con sus homólogos español, Miguel Arias Cañete (10H30), y danés, Villy Søvndal (15H15). Punto de prensa a las 16H00».

Finalmente se hizo público y, el 22 de diciembre de 2011, juré mi cargo de ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Sorteo de lotería aparte, aquel día yo fui, sin duda, uno de los españoles más afortunados. Y, pronto, también uno de los más atareados.

MIS PRIMERAS SEMANAS EN EXTERIORES

Tras recibir la cartera de manos de mi antecesora, Trinidad Jiménez, en mi discurso de toma de posesión lo más novedoso fue que, como era perfectamente consciente de las dificultades económicas por las que atravesábamos y, por tanto, de los problemas que iba a tener para que la gente se sintiese bien retribuida, me comprometí a que los puestos de embajador y los altos cargos del Ministerio los ocuparían miembros de la carrera diplomática y no personas del partido. Solo recurriría a los llamados embajadores «políticos» —maticé— cuando fueran «personas extraordinarias en circunstancias extraordinarias».

En aquel mismo discurso de toma de posesión, quise dejar claro también que haría todo lo que pudiera para que se cumpliesen las grandes metas fijadas por el nuevo Gobierno: «Solo si aumentamos la confianza en nuestro país, tenemos protagonismo en foros internacionales y, sobre todo, en la UE, y somos capaces de allanar el camino a nuestras empresas en el exterior y a los españoles emprendedores, seremos capaces de crear empleo». Igualmente, me comprometí a llevar a buen puerto la reforma del Servicio Exterior. Anuncié que, para ello, pondría en marcha un grupo de trabajo formado por exministros y diplomáticos, al que pediría que elaborase una especie de libro blanco que recogiera las propuestas de todos los sectores vinculados con la acción exterior española. A partir de esas consultas, se redactaría una Ley de la Acción y del Servicio Exterior para devolver «a España el lugar que merece en el mundo».

También fijé entre mis metas prioritarias potenciar el protagonismo español en la UE, pues «si no se resuelven los problemas en Europa, es muy difícil que los países europeos resuelvan sus propios problemas y los mercados se logren estabilizar». Como siguientes retos, cité mantener y, si era posible, mejorar nuestras habitualmente buenas relaciones con Estados Unidos, América Latina y el mundo árabe, fomentar las inversiones de las empresas españolas en el extranjero y tender la mano a la oposición para hacer de la diplomacia una política de Estado.

En la práctica, solo nombré un único embajador ajeno a la carrera diplomática, Federico Trillo, aunque su nombramiento tuvo su intrahistoria. Trillo no había entendido por qué no era ministro de Justicia. Consideraba que, de alguna manera, Rajoy estaba en deuda con él. Con esa base tan subjetiva, se dedicó a contar a todo el mundo, incluida la prensa, antes siquiera de hablar conmigo, que él iba a ser embajador en Washington. Al saberlo, me quejé a Rajoy: «Me ha abierto una vía de agua monumental porque acabo de comprometerme a no nombrar embajadores “políticos” y ahora el propio Trillo, motu proprio, se autocalifica de excepción y se autonombra embajador en Washington. ¡Mal empezamos!».

Lógicamente, en cuanto tomé posesión de mi cargo, recibí bastantes peticiones de exministros y ex altos cargos que querían ir a la Santa Sede, a París o a cualquier otra de las embajadas más deseadas. Así que no tuve más remedio que poner coto a ese casting. En el caso concreto de Trillo, le dije a Rajoy que yo era el primero en conocer su extraordinaria valía, pero que, tal como se habían producido los acontecimientos, no podía ir a Washington porque, si cedíamos en eso, estaríamos listos. Teníamos que buscar otra solución. En esas, en el transcurso de una rueda de prensa, un periodista me preguntó si era verdad que el señor Trillo iba a ser embajador en Washington. A modo de respuesta, recordé una anécdota atribuida a Franco. Se dice que un general, deseoso de hacer carrera política, se metió en el río con Franco. Pasadas más de cinco horas y, al parecer, apremiado por la urgencia urinaria, le comentó al Jefe del Estado: «Mi General, he oído que yo podía ser ministro». Franco, sin inmutarse, le contestó: «Pues yo no he oído nada».

Teniendo en cuenta todo esto, comencé a elaborar con mis colaboradores la lista definitiva de nuevos embajadores antes de presentársela a Rajoy y al Rey. En ello estaba cuando me vino a ver Jorge Moragas —jefe de gabinete del presidente—, que apareció con su propia lista. «¿Eso qué es?», le pregunté con suspicacia. «La lista de gente del partido a la que hay que dar acomodo», contestó. «No. Mira —lo atajé—, ese tipo de cosas yo las despacho directamente con el presidente Rajoy y con el Rey.» «¿No me irás a decir —replicó— que te va a hacer la lista el Rey?» «No, el Rey no, pero tú tampoco», zanjé. Y ahí quedó la cosa. Por fin, completé mi propia lista y aparecí con ella en el despacho de Rajoy, quien me dijo: «Resérvame para Trillo Buenos Aires, la Santa Sede o Roma».

Se daba la circunstancia de que unos días antes me había venido a ver Javier Elorza, a la sazón embajador en Nueva Delhi y todo un icono de la carrera diplomática, con mucho prestigio bien ganado. Apenas sentarse, Elorza me pidió: «Ministro, sácame de la India». Le dije que no se preocupara, que eso estaba hecho. Así que, una vez reservados para Trillo Buenos Aires, la Santa Sede y el Quirinal, llamé a Elorza y le ofrecí como destino la embajada en Londres, lo que él me agradeció mucho. Sin embargo, al día siguiente me llamó Rajoy y me dijo que Trillo rechazaba Buenos Aires y Roma y que había dicho que Londres o nada. «Pero es que —le informé— Londres se lo acabo de ofrecer a Javier Elorza.» Contrariado, Rajoy me pidió que mirara a ver si lo podía arreglar. Llamé a Elorza y le conté la verdad, ofreciéndole que, si él quería ir a Londres, iría pesara a quien pesase. Con elegancia diplomática, Elorza me dijo: «No te preocupes, Ministro, a ti no te creo un problema». «Pues no sabes cómo te lo agradezco —repuse—. Y ahora dime tú qué quieres. Tengo libres Buenos Aires, la Santa Sede y Roma.» Elorza eligió irse a la capital italiana.

En general, todos los nombramientos —aquellos iniciales y los sucesivos durante toda la legislatura— fueron todo lo complicados que suelen ser. Los debatía primero con el subsecretario, hablaba luego con varias personas de la carrera diplomática con las que tenía confianza y, finalmente, lo despachaba con el Presidente e informaba al Rey. Ese era el procedimiento, pero las presiones siempre fueron tremendas.

En cuanto al equipo del Ministerio, hablé mucho con Paco Millán, cuñado de Rajoy y diplomático de carrera, y también con Arias Cañete, quien, entre otros muchos consejos, me dio nombres de personas que me podían ayudar. Uno de los problemas de la carrera diplomática es que las diferencias entre lo que se gana fuera y lo que se gana dentro es tal que tanto el secretario de Estado, Gonzalo de Benito, como el subsecretario Rafael Mendívil aceptaron mi oferta, pero solo para la primera mitad de legislatura, «luego nos das una embajada». Así lo hice: De Benito fue a Japón y Mendívil, a Turquía.

FIJAR LAS PRIORIDADES

Una vez instalado en el palacio de Santa Cruz, mi primera sensación personal fue que aquello era mayor de lo que parecía desde fuera. Me refiero al edificio. En este punto me permitirán una breve digresión para decirles que también me preocupaba su dispersión en diferentes lugares de Madrid, por eso puse todo mi empeño en rehabilitar el viejo edificio del antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) en la plaza de Salamanca para que todo el equipo estuviera en la misma sede. No logré verlo durante mi mandato, pero al menos lo puse en marcha. Vuelvo a mi relato, porque sobre todo me abrumó la responsabilidad. Ni más ni menos que ser la imagen exterior de tu país. Todo un honor y, a la vez, una ardua tarea, especialmente en aquella coyuntura de crisis económica, en la que nuestra proyección internacional y nuestra riqueza reputacional —ambas deterioradas— eran dos palancas claves para reactivar nuestra economía, mejorar nuestras exportaciones y convocar inversión extranjera.

Asumí la cartera con el encargo expreso —y el reto— del presidente Rajoy de dar un aire innovador a los resortes políticos que siempre habían sido fecundos. Nuestro modelo de proyección exterior se había basado, desde la Transición hasta finales del siglo XX, en el regreso pleno a Europa y a sus instituciones. Agotado ese modelo por su propio éxito, era necesario y urgente definir uno nuevo que lo sustituyese. Y eso es lo que hicimos.

Casi mi primer acto como ministro, muy simbólico, fue abrir el Ministerio a quienes fueron sus anteriores inquilinos: mis antecesores en el puesto. A tal fin, el 11 de enero de 2012 los convoqué a un primer almuerzo de trabajo —que luego regularicé— a fin de conocer sus puntos de vista. Con ello quería reconocer su voluntad de acierto para ampliar la presencia de España en el mundo y comprometerme públicamente a seguir persiguiendo lo mejor para nuestra vida exterior de común acuerdo con las principales fuerzas políticas. Ese mismo empeño de celebrar todo aquello que nos une me llevó a homenajear inmediatamente a españoles cuya actitud de reconciliación había facilitado el éxito de nuestra convivencia. Me refiero a trayectorias como las de quienes participaron en el Contubernio de Múnich o la de Dionisio Ridruejo.

Cumplidos esos primeros compromisos, lo siguiente fue fijar cinco grandes objetivos en materia de política exterior: impulsar la recuperación económica y salir de la crisis; recuperar el protagonismo en Europa y en el mundo; reafirmar la seguridad de nuestros ciudadanos dentro y fuera de España; mejorar la proyección exterior y la presencia e imagen de España, y luchar contra la pobreza mundial en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. Más allá de esta agenda, quise asegurar a todos que España volvía a ser un socio fiable y que mi gestión estaría marcada por la constante búsqueda consciente del consenso, carácter que, a mi parecer, se había perdido en las últimas legislaturas, desde la ruptura que había supuesto el referéndum de la OTAN de 1986. Por otra parte, el acento en la diplomacia económica cristalizó sobre todo tras la puesta en marcha de Marca España —un proyecto al que luego volveré—, que movilizó a agentes públicos y privados para generar confianza y consolidar la presencia global de nuestra excelencia en aspectos tan variados como las industrias culturales y creativas, la ingeniería civil e infraestructuras, la energía o las telecomunicaciones. Toda esta política exterior innovadora —que ejecuté con la máxima pasión por España y gracias a la gran solvencia de nuestro Servicio Exterior, y que contó siempre con el aliento del Rey y de toda la Familia Real— requirió un diagnóstico lúcido y unos medios acordes con los nuevos requisitos de racionalización y coherencia. Finalmente, propuse que la eficacia fuera el leitmotiv que guiara nuestra acción exterior.

Anuncié ante el Parlamento todos estos proyectos y a él volví después cuantas veces fueron necesarias para obtener los mayores apoyos posibles como garantía de un rumbo preciso y duradero, consensuado, que hiciera de España un socio seguro, predecible y fiable, más allá de los naturales vaivenes políticos internos. Así, estoy convencido de que la política exterior de España comenzó a escribir un nuevo capítulo con una finalidad muy ambiciosa: dar respuesta a los retos de un mundo cada vez más complejo, en vertiginoso cambio y distinto de todo lo que habíamos conocido antes.

Había que determinar, por ejemplo, en qué sitios no se justificaba que tuviéramos representación diplomática. De este modo, además de aportar racionalidad a la estructura, nos ahorraríamos una cantidad de dinero que nos serviría para desplegarnos en aquellas zonas donde teníamos que crecer: Estados Unidos, China, Brasil o India. Además, les pedí un esfuerzo similar y coherente a las comunidades autónomas, pues es más sensato que se integren en las delegaciones de Exteriores en lugar de tener su propia representación, con lo que ello significa y dada la poca eficiencia que suelen tener.

España estaba de vuelta en la escena internacional, en la que, desde la Transición, nuestra presencia exterior se había ido haciendo cada vez más intensa, diversa y compleja. Eran muchas las administraciones, instituciones y empresas que se habían ido asomando al exterior. Se abrían nuevos mercados, las relaciones internacionales abarcaban todos los sectores de actividad y de la vida del país, y los jóvenes españoles salían al exterior en busca de nuevas oportunidades laborales o de nuevas experiencias turísticas. A esto se añadía una profunda transformación del Estado, que había pasado de ser centralista a que las comunidades autónomas asumieran paulatinamente competencias, cuyo correcto desarrollo exigía aumentar su proyección exterior.

Esta enriquecedora complejidad corría el riesgo de dar como resultado, sin embargo, una cacofonía de voces disonantes que debilitaran la imagen de España e impidieran que se hablase en el exterior con una voz única en defensa de los intereses comunes de todos. Desde esa perspectiva, el apoyo y la coordinación de la acción exterior autonómica fue, precisamente, otro de los objetivos prioritarios que debía perseguir aquel necesario nuevo marco legislativo que ya estábamos elaborando. Se trataba, en suma, de pasar de una diplomacia anclada en los años cincuenta del pasado siglo a otra del siglo XXI. La Ley de Acción Exterior y Servicio Exterior del Estado nació justamente con ese propósito.

UN MARCO NORMATIVO

Una de las primeras sorpresas al llegar al Ministerio fue descubrir que no había un cuadro normativo al que atenerse. A partir de la Constitución se habían sucedido hasta cinco intentos de vertebrar la política exterior mediante una ley ad hoc, pero ninguno de ellos superó el listón del Consejo de Ministros, al igual que tampoco lo logró la Comisión Interministerial creada en 2006 a ese efecto.

Además de por sí mismo, ese cuadro normativo era absolutamente necesario porque —con este argumento convencí a Rajoy—, si nosotros no lo hacíamos, lo iba a hacer la Generalitat en su proceso de «construcción nacional». Necesitábamos pues una ley con que ahormar la acción exterior de todas las comunidades autónomas, para que se subordinaran a la política exterior del Estado. Sin ese marco general, no podríamos decidir quién se salía del cauce ni llamarle al orden.

Tras oírme en la toma de posesión la promesa de promulgar la tan anhelada ley, todos me dijeron que eso sería imposible. Y lo cierto es que sacarla adelante entrañó muchas dificultades. No obstante, estaba convencido de que, en plena crisis, cuando se evidenciaban con más crudeza los vacíos de los más de treinta años de democracia, era el momento de superar corporativismos y pensar en el interés general. Debíamos ser capaces de culminar la modernización de nuestro Servicio Exterior. Esta era probablemente la única transición que aún no habíamos sido capaces de llevar a buen puerto. Finalmente, demostré que era una cuestión de voluntad política. Me empeñé en lograrlo y lo hice, pero no fue fácil.

Cada ministerio —y sobre todo la vicepresidencia— quería hacer lo que le conviniera, le interesara o se le ocurriera. Por tanto, había muchas fuerzas trabajando en contra de la coordinación. Esa fue la causa, por ejemplo, de que tuviéramos que hacer hasta treinta y cinco borradores —literalmente— de la Ley. Una y otra vez, la comisión de secretarios y subsecretarios —dominada, apunten el dato, por Soraya Sáenz de Santamaría— impedía que saliera adelante. Lo contó muy bien José Martín y Pérez de Nanclares, jefe de la Asesoría Jurídica Internacional, en una carta incluida en mi libro Todos los cielos conducen a España. En ella, resumía sus experiencias en la gestación de esas leyes: «En cada reunión, el borrador iba evolucionando a medida que sorteaba los obstáculos —algunos predecibles; otros, la verdad, más inesperados— que iba encontrando. Lo que a los técnicos comerciales les parecía el mínimo indispensable, los diplomáticos de carrera lo veían inaceptable, en una pugna donde la búsqueda del punto de equilibrio parecía más tarea de prestidigitadores que de negociadores. Si aparecía X como ámbito de la acción exterior, también debería incluirse Y, hasta llegar así a los veinte preceptos que conforman finalmente el capítulo II del título I de la Ley. Y así sucesivamente». La situación llegó a tal punto que un viernes, antes del Consejo de Ministros, le dije a Rajoy: «O sale la Ley, o salgo yo».

Al final, todo nuestro arduo esfuerzo dio fruto en la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado (marzo de 2014), la de Tratados y otros Acuerdos Internacionales (noviembre del mismo año), y la de Privilegios e Inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España (octubre de 2015).

Tampoco existía un Reglamento de la Carrera Diplomática, solo una serie inconexa de disposiciones absolutamente obsoletas y absurdas. Por ejemplo, una de 1955 indicaba literalmente que ninguna persona a la que le faltara un dedo o tuviese cicatrices podía ser diplomático. Cuando nos pusimos a elaborar el Reglamento, me encontré con muchas resistencias internas, pero, pese a ello, logramos hacerlo mediante un Real Decreto, de 15 de agosto de 2014, y conseguimos objetivar los procedimientos de selección y garantizar que el esfuerzo, el mérito y la capacidad servirían para la promoción interna.

La más importante de ellas, la Ley de Acción Exterior —como se la conoce—, entró en vigor el 25 de marzo de 2014. Regula los sujetos, los ámbitos y los instrumentos de planificación, coordinación y seguimiento de la acción exterior e introduce además nuevos conceptos y nuevas formas de diplomacia. Además, potencia la formación y las capacidades de los funcionarios que integran el Servicio Exterior y desarrolla medidas que facilitan la conciliación de la vida familiar y laboral, favoreciendo la eliminación de barreras y discriminaciones que permitan el trabajo de los familiares en el exterior en condiciones de igualdad. Maribel, mi mujer, se lo tomó muy en serio y dedicó muchas horas, como consorte, a su papel de presidenta honoraria de la Asociación de Familias de Diplomáticos y de Funcionarios del Servicio Exterior.

Al final, me fue imposible conseguir el consenso que buscaba y se aprobó con el único respaldo de la mayoría absoluta del PP. Con todo, estoy convencido de que fue una ley de enorme calado, con la cual se unificó la acción de todos los agentes nacionales que actúan en el exterior, que son muchos más que hace treinta años.

LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN EXTERIOR

España había cambiado. La Unión Europea había cambiado. El mundo había cambiado. En consecuencia, había que cambiar también nuestra forma de abordar las relaciones internacionales para poder seguir jugando en el concierto —y el desconcierto— de las naciones. A mi llegada al Ministerio, aún necesitábamos una nueva estrategia, definida y consensuada entre las distintas fuerzas políticas. Solo así podría España defender los principios y los valores que compartimos con el resto de las naciones occidentales: el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia y el Estado de derecho. Había que fijarse nuevas metas, pero, de momento, no se había hecho. Me tocó a mí afrontar esa labor. Como dije en el Senado el 18 de diciembre de 2014: «España necesitaba una estrategia explícita, una estrategia consensuada y una estrategia que haga nuestra acción exterior y nuestra política exterior previsibles y conocidas por nuestros socios en el mundo».

Decía Rousseau en El contrato social: «Cuanto más graves e importantes son las deliberaciones, más debe aproximarse a la unidad la opinión que prevalece». Las deliberaciones en política exterior casi siempre cumplen esas dos condiciones: son «graves» e «importantes» porque son nuestra seguridad y nuestros intereses los que están en juego. En 2014, tras muchas de estas deliberaciones, presentamos públicamente la primera Estrategia de Acción Exterior, a cuatro años, que sería un importante instrumento de planificación, seguimiento y coordinación de la Acción Exterior, la expresión ordenada, sectorial y geográfica de sus prioridades y objetivos a medio plazo, y que recogía el conjunto de actuaciones de los órganos, organismos y entidades públicas en el exterior, dotándolas de una necesaria coherencia interna.

Si las circunstancias internas aconsejaban redefinir la acción exterior, había razones externas que aconsejaban hacerlo con urgencia. La estrategia de reencuentro e integración con el exterior cumplió sus objetivos en un momento en que el mundo empezaba a cambiar rápida y profundamente. Todos los actores internacionales —Estados, grandes corporaciones, organizaciones internacionales, grupos de presión...— se estaban viendo obligados a redefinir su papel, sus ambiciones y sus posibilidades en este «nuevo» mundo que emergía aún sin contornos precisos. Estábamos en una época de transición de un sistema de dos superpotencias —con un breve interregno de hegemonía de una sola— a un mundo multipolar que podía adoptar múltiples configuraciones, cada una con diferentes consecuencias, que aún no había terminado de precipitar.

Pero eso no quería decir que debiéramos o quisiéramos cambiar los principios y valores que habían inspirado nuestra política exterior constitucional. Todo lo contrario: debíamos seguir anclados en esos principios, pero ahora había que aplicarlos de manera diferente. España había sido —y continuaba siendo— un país comprometido con la defensa del multilateralismo, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la protección y promoción de los derechos humanos, la lucha contra la pobreza, la defensa del medio ambiente, el fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y el adecuado tratamiento a nuestras dimensiones mediterráneas y atlántica.

La necesidad de una nueva Estrategia de Acción Exterior era, por tanto, palmaria y, además, perentoria. De hecho, la redefinición estratégica de la política exterior española llevaba ya varios años gestándose cuando yo llegué. Lo que sí iba a ser nuevo en nuestra actuación era tratar de encuadrar todas las reflexiones y todas las reacomodaciones en un documento para hacerlas más claras y, por tanto, más susceptibles de crítica, debate y reformulación, pero también de implementación.

A finales de diciembre de 2014, seis meses después de la entrada en vigor de la nueva Ley, tuvimos ya lista la prometida Estrategia de Acción Exterior. Este documento marcaba las líneas programáticas de la acción de España en el mundo y, a lo largo de ciento cincuenta folios, desgranaba los principios, las prioridades, los objetivos y los medios necesarios de nuestra política exterior. Basado en el informe que, con la colaboración de casi doscientos expertos, había presentado el febrero anterior el Real Instituto Elcano, el texto era fruto de la aportación de muchos departamentos y colectivos diversos, aunque su coordinador fuera el diplomático Enrique Mora —director de la Oficina de Análisis y Previsión de Exteriores y antiguo jefe de gabinete de Javier Solana—, y también mostraba, como es lógico, mi propia y clara influencia.

En síntesis, como dije en el Congreso de los Diputados el 16 de diciembre de 2014, pretendimos definir un marco que nos permitiera «contar con una acción exterior coherente, eficaz y transparente, que promueva los valores y defienda los intereses de España en el mundo, que haga del ciudadano el centro de la política exterior y que proyecte una imagen de un país tecnológicamente avanzado, moderno y diplomáticamente fiable».

Superando una idea que se había quedado obsoleta, redactamos una nueva estrategia, sopesando cada concepto y cada palabra. La construimos entre todos, desde el centro y hacia el centro, para que nos sirviera en tiempos de mucha mar de fondo y de difícil gobierno como eran aquellos. Bueno, como realmente lo son, por definición, todos. Ya lo advirtió el decano de la catedral de San Pablo de Londres, William Ralph Inge: «“Querida, vivimos en una época de transición”, dijo Adán mientras acompañaba a Eva fuera del paraíso».

MARCA ESPAÑA

Las personas tenemos una imagen. Las empresas tienen una imagen. Los colectivos humanos tienen una imagen. Los Estados, por supuesto, tienen también una imagen, que se proyecta sobre sus propios ciudadanos, pero que trasciende las fronteras y alcanza a la opinión pública internacional. Esa imagen está formada por un sinfín de elementos: su historia, su economía, su cultura, su gente y un interminable etcétera.

España es un país rico en historia y, como tal, puede presumir de tener una imagen sólidamente asentada en el imaginario colectivo. A diferencia de otros países más pequeños o más recientes, no tiene necesidad de revelarse al mundo para que este sepa de su existencia. Sin embargo, esta dimensión histórica tiene su propio lastre: la imagen de España está cargada de tópicos, leyendas negras, clichés y arquetipos. Cuando llegué al cargo, la imagen que daban ciertos medios de comunicación internacionales apenas reflejaba la realidad española y tendía a poner el foco y la lupa sobre los aspectos menos positivos. De hecho, las malas noticias sobre nuestra situación económica o sociopolítica venían siendo recurrentes en algunos de ellos.

Esa imagen deformada de España representaba a un país de fiesta y siesta —obviando que las estadísticas nos ubicaban por encima de la media de la UE (entonces con quince miembros) en horas trabajadas— y a una sociedad mísera—aunque la pobreza absoluta en España fuese menor—. Ya sé que la siesta, el botijo y, puesto a señalar, el toro de Osborne forman parte —aunque pequeña— de nuestra imagen, pero Marca España nació dispuesta a acabar con esa distorsión de la realidad española. Pero, habida cuenta de que una característica inherente a la realidad es su tozudez, sabíamos que esa imagen solo se restablecería del todo cuando el país dejara atrás la crisis y volviera a crecer con fuerza.

España es mucho más que toros y flamenco. Es líder en energías renovables y alta velocidad, es la cuna del segundo idioma más hablado del planeta, y de Velázquez, Cervantes y Picasso. Cuenta con una gastronomía milenaria que ha producido auténticos genios de la cocina moderna. Muchos deportistas españoles han conseguido llegar a lo más alto en sus disciplinas, situando nuestra bandera en los podios de las competiciones más prestigiosas del mundo. España es cine, literatura, moda, turismo, desarrollo y muchísimas cosas más.

Hacía años que el país era consciente de la importancia de su política de imagen. Creado en tiempos de Aznar, a Zapatero ese proyecto no le interesó ni poco ni mucho, así que la Marca España se arrumbó en el baúl de los recuerdos. Cuando volvimos al Gobierno, decidí rescatarlo, aunque tropecé con el escepticismo de algunos de mis colegas de gabinete. Apelé al «César», que me dio inmediatamente luz verde.

Mi versión revitalizada nació con una connotación eminentemente práctica. No era un mero ejercicio de patriotismo, sino que pretendía servir de instrumento que aportase valor añadido a nuestras empresas, que diera fuerza a nuestras reivindicaciones políticas y que mejorase el día a día de nuestros ciudadanos cuando se relacionan con el exterior. Para que me «comprase» la idea, al Presidente le expliqué que nuestro crédito exterior estaba por los suelos y que algo había que hacer si queríamos recuperar la confianza ajena en nosotros. Ya el filósofo Immanuel Kant había dicho: «Lo importante no es la realidad, sino la percepción de la realidad». Basta un confuso rumor sobre un escándalo financiero, una crisis política, ciertas tentaciones separatistas o la emergencia de movimientos populistas para que los extranjeros compren menos bonos del Tesoro, inviertan menos en España, rechacen los bienes y servicios españoles o apuesten por empresas extranjeras y no por las nuestras a la hora de encargar obras o proyectos. El dinero es cobarde y huye de la inestabilidad política y de la mala imagen como de la peste.

Como Rajoy me escuchó con cierta atención, cogí carrerilla y le expliqué que mal podríamos ganar la confianza de los demás si no confiábamos en nosotros mismos. Es decir, mal «venderemos» en el exterior lo que no apreciamos en casa. En aquellos días, la autoestima de los españoles era muy baja, más que nada porque la autofustigación forma parte de nuestro ADN nacional. Entonces nos pusimos a pensar qué podríamos hacer para proyectar una imagen atractiva de España en el exterior. Los alemanes presumen de eficiencia, fiabilidad y solidez; los británicos, de elegancia, distinción y diseño; los franceses de todo, pero, puestos a elegir, de cultura, sofisticación y calidad de vida; los italianos, de arte, diseño y creatividad. Pero ¿cuáles son los rasgos que definen a España?

El antiguo Spain is different —mantra oficial de la época en que Fraga dirigió el Ministerio de Información y Turismo— quería reflejar en el fondo que España no es un país como los demás. Mi opción fue empeñarme en acuñar y difundir otra visión. Como dije entonces: «La nueva imagen de España debería buscarse mediante un esfuerzo que se podría resumir en una frase: no renunciar a nada. Se había de basar en la prodigiosa variedad española, en la pervivencia dentro de ella de modalidades diferentes, todas ellas vivas. Habíamos de resaltar la empresa histórica española que contribuyó como pocas a la formación de Europa y que trascendió los límites continentales europeos para crear la primera gran comunidad de pueblos heterogéneos después del Imperio romano».

Fuera de España, en aquel 2012, los demás nos veían, incluso en plena crisis, como un magnifico país para vivir, para visitar, para pasar las vacaciones o para jubilarse. Una gran potencia turística y un país puntero en gastronomía. Admiraban nuestro patrimonio histórico-artístico y nuestras reservas naturales. Aceptaban que éramos un país muy seguro y con un sistema de salud y unas infraestructuras espectaculares. Buen clima, buena cocina, mucho arte, naturaleza privilegiada, seguridad, ocio y diversión, sistema sanitario fiable e infraestructuras envidiables... En definitiva, un buen país para vivir.

Pero, desgraciadamente, no nos veían como un país moderno ni tecnológicamente puntero. Y eso también era Marca España. De ahí que nos empeñásemos desde el principio en subrayar que España era un país tradicional, pero también moderno. La primera empresa productora de energías renovables a nivel mundial era española. España era el segundo fabricante de automóviles de Europa y el décimo del planeta. Las constructoras españolas ganaban grandes proyectos por todo el globo. El mejor banco del mundo y la empresa líder mundial en distribución de moda eran españoles. Una empresa española estaba entre las cinco mayores distribuidoras existentes y española era la primera empresa de telecomunicaciones de Europa... Era mucho de lo que enorgullecerse y mucho también lo que emplear como activo con valor económico.

España era la cuarta mayor economía de la zona euro, quinta de la Unión Europea y decimotercera del mundo por PIB. Era el décimo inversor mundial, poseía la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo y la primera red europea de autopistas y autovías. Era, además, una de las economías del mundo con menos restricciones a la inversión extranjera directa y uno de los mercados más grandes de Europa, con más de 47 millones de consumidores, a los que había que sumar entonces 60 millones de turistas que nos visitaban anualmente (hoy pasan de 82). Éramos el segundo país del mundo con mejor marca turística, solo por detrás de Estados Unidos, y tan solo nos superaba Italia a nivel mundial en patrimonio histórico-artístico. Éramos también segundos en reservas de la biosfera. Contábamos con el tercer sistema sanitario más valorado del mundo y alcanzábamos el liderazgo absoluto en trasplantes y el tercer puesto mundial en reproducción asistida. Nuestras empresas eran líderes mundiales en gestión de infraestructuras en el sector eléctrico, energías renovables, logística, alta velocidad ferroviaria, industria textil o tecnología naval. Las fortalezas de las empresas españolas en todo el planeta eran muy prolijas y tenían mucho potencial de crecimiento. Basta con reproducir otra conocida afirmación de Kant: «Pocos hombres de comercio se encuentran en el orbe de más probidad que los españoles».

Con todos esos activos, no quisimos que Marca España fuese un proyecto de relaciones públicas, humo y palabras huecas. No se trataba de una cuestión de imagen, ni de publicidad, ni de marketing, ni de relaciones públicas, ni mucho menos de propaganda. El objetivo de Marca España era ajustar la imagen a la realidad y desmontar los tópicos.

He de reconocer que Marca España fue la niña de mis ojos y que, al principio, me costó mucho encontrar a alguien que, compartiendo ese entusiasmo, lo capitanease con intensidad y pasión. Finalmente, pensé en Carlos Espinosa de los Monteros, a quien conocía desde que ambos hiciéramos juntos las milicias universitarias en Burgos y que, a su tremendamente adecuado curriculum vitae, unía su pasión por España. Tanta que aceptó el puesto a pesar de que no estaba remunerado.

En todo caso, esta no era tarea de una sola persona, ni de un solo partido, ni de un solo Gobierno, ni siquiera del Estado. Era tarea de toda la sociedad trasladar una imagen de España realista pero que, a la vez, pusiera de relieve cuestiones tan relevantes como, por ejemplo, que fueron empresas españolas las que renovaron el canal de Panamá, las que construyeron el AVE La Meca-Medina, las que llenaron de centrales eólicas buena parte del mundo o que, por ejemplo, un tercio del tráfico aéreo mundial lo gestionan empresas españolas. Mediante ese renovado relato se asfaltó el camino que llevaba hasta la confianza en España, que necesitábamos para atraer ahorro extranjero con el que financiar nuestra deuda pública y favorecer la creación de empleo, para vender mejor nuestros bienes y servicios en el exterior, y para ayudar a las empresas españolas a conquistar nuevos mercados. Marca España, cuyos frutos se podrán valorar en el medio y el largo plazo, reflejó enseguida que la imagen de nuestro país se estaba recuperando paulatinamente. Esa mejoría me ayudaría mucho en casi todos mis empeños y desempeños como ministro, que desgrano a partir del próximo capítulo.

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MINISTRO DE EXTERIORES EN UN MUNDO EN CAMBIO

Cuando menos lo esperamos, la vida nos pone retos para probar nuestro coraje y nuestra disposición a cambiar. En ese momento, no hay que pretender que nada ha sucedido ni decir que no estamos preparados.

PAULO COELHO

LOS DOS ANCLAJES TRADICIONALES

A mediados del siglo XIX, en un contexto muy distinto al actual, el entonces primer ministro británico, lord Palmerston, afirmó: «Nosotros no tenemos ni aliados perpetuos ni enemigos eternos; pero tenemos intereses, y esos sí son perpetuos y eternos». Conocedor de esta gran verdad universal sobre la política exterior de cualquier nación, desde el principio de mi responsabilidad ministerial supe que mi misión prioritaria —más allá, como es lógico, de las necesidades, intereses y urgencias coyunturales— era la de cuidar los intereses «perpetuos y eternos» de nuestra política exterior.

En ese sentido, en época contemporánea, España siempre ha tenido claros los dos anclajes decisivos de su política exterior, pero ambos estaban entonces —lo diré así— algo «descuidados». Era urgente reafirmarlos y actualizarlos. Como la propia Estrategia de Acción Exterior apuntaba: «Los ejes tradicionales de la política internacional española son los mismos desde hace siglos, pero la forma de abordarlos ha cambiado de manera radical».

Esos cambios se habían producido a una enorme velocidad a consecuencia, entre otras cosas, del vertiginoso desarrollo de las tecnologías. Fidel Castro tardó tres años en llegar de Sierra Maestra a La Habana, pero bastaron solo dos días para que la chispa que prendió en la localidad tunecina de Sidi Bouzid, cuando un vendedor ambulante se inmoló en un dramático acto de protesta y desesperanza, se extendiese por todo el norte de África y Oriente Medio en lo que dio en llamarse «Primavera Árabe». La aceleración del cambio era claramente perceptible en ese y en otros muchos aspectos. Por ejemplo, en el siglo XIX, el Reino Unido tardó 155 años en duplicar su renta per cápita; en el siglo XX, Alemania y Estados Unidos tardaron solo sesenta; en el siglo XXI, China e India tardarán solo diez.

En resumen, ha emergido una nueva sociedad global que pasa por encima de Estados y fronteras y que ha dejado obsoletos a los organismos internacionales basados en la igualdad de Estados soberanos. Esta nueva sociedad exige no ya solo otro orden internacional, sino algo cualitativamente distinto: una democracia-mundo.

En ese contexto, España atravesaba dificultades innegables, principalmente a causa de una crisis económica cuyas raíces se hundían tiempo atrás. La España contemporánea era resultado de un proceso colectivo que nos había permitido disfrutar de la etapa de estabilidad política y prosperidad económica más larga de nuestra historia. Para darle continuidad, era necesario hacer un alto en el camino y reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades para poder definir una estrategia exterior realista y consistente.

A mi llegada al Ministerio, era incuestionable que los intereses económicos españoles tenían su anclaje fundamental en el marco europeo, y tampoco cabían muchas dudas sobre nuestro compromiso estratégico subordinado a la hegemonía militar estadounidense, lo que ni constituía una novedad ni nos diferenciaba apenas de un buen número de países de nuestro entorno geográfico inmediato.

Como dije al comparecer por primera vez como ministro en el Senado: «Para que la política exterior sea eficaz, para que la política exterior sea útil, para que la política exterior defienda nuestros intereses, debemos hablar como una gran nación, actuar como una gran nación y ser una gran nación». España es una potencia media, cierto, pero, desde mi punto de vista, si engrasábamos bien el juego de las alianzas y asegurábamos con firmeza los dos anclajes tradicionales mencionados —por así decir, los dos «primos Zumosol»—, lograríamos funcionar mucho mejor y conseguiríamos sacar más jugo a nuestro peso específico en el concierto internacional. A nadie se le oculta que no es lo mismo ir solo a La Habana, Rabat, Caracas, Pekín o Kiev que diciendo que hablas con el respaldo del Consejo Europeo y, además, con el del «primo» norteamericano. Yo estaba convencido de que ese modelo de política exterior permitiría a España —como luego se comprobó— recuperar su protagonismo internacional, desarrollar una política exterior activa, creíble y consistente, y acuñar unas señas de identidad respetadas por los actores internacionales. No me cabía ninguna duda de que con esas relaciones firmes se transitaba mucho mejor por los escenarios clásicos de la política exterior española. Porque, en política exterior, tienes que tener aliados que te den valor añadido.

Con mi estilo personal de coger el toro por los cuernos, me puse inmediatamente a la labor de reafirmar cuanto antes esos dos grandes anclajes tradicionales, que no pasaban entonces por los mejores momentos.

EL ANCLAJE EUROPEO CON LA UE

Supongo que una de las razones por las que Mariano Rajoy me eligió para dirigir la diplomacia española fue que yo conocía muy bien Europa y que, entre los distintos enfoques posibles, él comulgaba con el mío. La Unión Europea es y será nuestra vocación natural y el ámbito propio de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Con nuestros socios europeos compartimos valores e intereses y la inmensa mayoría de nuestras relaciones económicas y comerciales. El entretejido social y productivo es tan estrecho y tupido que ya es imposible comprender a España sin Europa y a Europa sin España.

Solo hace unos años que los europeos nos dimos cuenta de que, para subsistir en este mundo globalizado dominado por países de dimensiones y recursos gigantescos y en el que algunas grandes corporaciones tienen más poder que muchos Estados-nación, es vital poner en marcha un proyecto común. Solo así Europa podrá subsistir. No hacerlo supondría resignarse a vivir en un continente irrelevante o marginal. O peor, parecido al que pronosticó Walter Laqueur en Los últimos días de Europa (2007): «Dado el descenso de su población, es posible que Europa se convierta en un parque temático, en una especie de Disneylandia sofisticada para los turistas ricos de China e India». Como dije repetidamente por aquellas fechas: «O nos defendemos o ya no habrá defensa posible».

Por fortuna, pese al pesimismo y el euroescepticismo rampantes, el proyecto europeo tiene unas potencialidades que ni nosotros mismos somos capaces de valorar en su justa medida. Hay que irse fuera para recuperar un poco de fe en las fortalezas de la UE.

Europa siempre ha sido un elemento esencial y obvio de la ecuación de la acción exterior española. Pero en 2012 ya no se trataba solo de atraer capitales extranjeros o de promover nuestras exportaciones e inversiones, que también. Se trataba de contribuir con apoyos políticos, desde una firme convicción europeísta, a aquellas iniciativas destinadas a mejorar el funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria y el mercado único, y a consolidar el modelo socioeconómico europeo. España debía estar a la vanguardia de ese proceso, y parte de ese empeño pasaba por una nueva aproximación estratégica al entorno cambiante. Esta prioridad se traducía, en el interior de la Unión, en la búsqueda de una Europa más integrada, más legítima, más próxima y más responsable ante los ciudadanos. Además, tras haber trabajado en Bruselas los últimos diecisiete años, estaba convencido de que yo tenía personalmente algo importante que aportar a esos asuntos. Sobre todo, porque siempre he tenido muy clara mi propia idea de Europa.

LA UNIÓN EUROPEA EN LA ENCRUCIJADA

Europa tenía que refundarse, política e institucionalmente. Debía hacerlo porque un euro mal diseñado había llevado a la Unión a una crisis política sin precedentes que hizo temblar sus cimientos y puso en duda el proceso de construcción como nunca antes. Los siguientes años eran cruciales y España debía tener un proyecto claro de hacia dónde debía ir la Unión. Nos iba mucho en ello.

Como yo tenía muy claro cuál debía ser ese proyecto de futuro, desde el principio participé en numerosas reuniones enfocadas precisamente a definirlo. Por ejemplo, el 17 y 18 de enero de 2012, nada más llegar al Ministerio, me reuní en Estrasburgo con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y con el siguiente presidente del Parlamento, Martin Schulz. En abril y en mayo, participé en el II y el III Encuentro del Grupo de Reflexión de la UE, que reunía de manera informal a los ministros de Asuntos Exteriores de once países de la Eurozona: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia y Portugal. En junio participé en el Foro Europa, y, sobre todo, el 20 y 21 de julio, fui el anfitrión en Palma de Mallorca del IV Encuentro del Grupo de Reflexión sobre Europa, centrado en el papel del continente como actor global. Allí expliqué a los presentes mi idea de Europa, para que todos supieran de forma directa e inequívoca a qué se podían atener respecto a España. Mi primer mensaje a todos ellos fue una frase que en aquellas fechas se convirtió en mi mantra: «Spain is back» («España ha vuelto»).

Ahora que se avecina —seguramente— la salida del Reino Unido de la Europa unida, hay que defender con uñas y dientes, más que nunca, lo que significa, en lo profundo, la Unión Europea. Como dijo José Ortega y Gasset en La rebelión de las masas (1929): «El europeo no puede vivir a no ser que se embarque en una empresa unificadora. [...] Solo la determinación de construir un gran grupo de personas del continente daría nueva vida a los pulsos de Europa. Se empezaría a creer en ella de nuevo».

Pero para que los europeos empiecen a creer en Europa, lo más urgente es precisar lo que significa Europa y lo que ha de ser en el futuro. Como escribió George Washington en una carta al marqués de La Fayette: «Un día, sobre el modelo de los Estados Unidos de América, los Estados Unidos de Europa empezarán a ser». O como apuntó el 30 de octubre de 1917, desde un campo ideológico diametralmente opuesto, el revolucionario ruso León Trotsky:

Lo que más conviene es la República federativa europea, los Estados Unidos de Europa. La autonomía nacional ya no basta, la evolución económica exige la abolición de las fronteras nacionales. Si Europa sigue dividida en grupos nacionales, el imperialismo volverá a las andadas. Solo una República federativa europea dará la paz al mundo.

Si los fervientes creyentes europeístas no nos esforzamos en explicar que Europa no es una simple superestructura política, un mero artificio jurídico sin sustancia, es muy difícil que los ciudadanos abracen la causa europea. Siempre me ha parecido importante insistir en que el proyecto europeo no es una entelequia jurídica, un simple espejismo o el sueño de una noche de verano de unos cuantos ilusos abrumados por los conflictos del pasado siglo.

Los euroescépticos insisten en que no hay una idea común de Europa; que en el continente hay alemanes, franceses, italianos, españoles..., pero no hay «europeos». Están muy equivocados: en Europa existe un demos constituyente capaz de organizarse jurídicamente. No es un concepto artificial. Por mucho que eso disguste a Nigel Farage, a Marine Le Pen y a sus compañeros de VOX, la identidad europea ha existido siempre, aunque solo hace unos años que los europeos se han decidido a aprovechar esta identidad común para pasar a construir una realidad política concreta.

En este punto sigo las teorías expresadas por el filósofo francés Philippe Nemo en su libro ¿Qué es Occidente? (2006), donde sostiene que la civilización occidental —que es fundamentalmente de matriz europea— se basa en cinco pilares: la filosofía griega, el derecho romano, la Biblia, la «revolución papal» de los siglos XI a XIII y la democracia liberal. Como señaló el propio Nemo: «Nada de esto ha tenido lugar fuera de Occidente y, cuando ha ocurrido fuera, ha sido bajo la influencia de Occidente».

La filosofía griega supuso el paso del mito a la razón, de la magia a la ciencia y del despotismo a la democracia. Lo que caracteriza a los griegos frente a los asiáticos es su apego por las ideas de libertad y pluralismo. Pero su mayor legado es una concepción del mundo y de la vida que sitúa al hombre en el centro del universo. Exactamente lo contrario de lo que han hecho los partidos totalitarios de todas las épocas que subordinan al hombre a una idea superior: clase social (marxismo), Estado (fascismo) o raza (nazismo).

Pero los griegos no superaron nunca el marco de la polis; condujeron siempre con luces cortas, no pasaron de su horizonte visual. En cambio, los romanos aportaron la idea de universalidad. El derecho romano fue el primer «derecho de gentes» conocido basado en principios universales: consagrar la familia como célula básica de la sociedad, garantizar la propiedad y hacer del contrato una institución básica para la convivencia. Los tres principios de una vida decente, según los romanos, eran los señalados por el jurista Domicio Ulpiano en el siglo III: honeste vivere («vivir honestamente»), alterum non laedere («no dañar al otro»), suum cuique tribuere («dar a cada uno lo suyo»). Fue el progreso del derecho impulsado por Roma lo que originó el paso definitivo que sacó definitivamente a la humanidad del tribalismo.

El tercer pilar indiscutible de la civilización occidental fue la Biblia y la tradición judeocristiana, cuya aportación más novedosa fue la exaltación de la compasión como principio distinto a la justicia porque no obliga a dar al otro lo que le corresponde, sino a darle precisamente lo que no le corresponde. La igualdad de todos los seres humanos conlleva necesariamente la compasión y la solidaridad. También es un impulso para actuar genuinamente cristiano la rebeldía contra el destino histórico, la asunción por parte del ser humano de que no todo en este mundo está determinado.

La revolución papal de los siglos XI a XIII contribuyó a definir nuestra identidad europea al fusionar los valores grecorromanos con los principios morales cristianos. Se multiplicaron las universidades y nació la filosofía escolástica. Pero, sobre todo, alumbró la idea del progreso a través de la razón. Los cristianos habían estado esperando la venida del Mesías y, si Cristo no había regresado, solo podía explicarse porque el mundo no le merecía. Por eso, el deber del ser humano es cambiar el mundo, lo que solo es posible sirviéndose de la razón. En palabras de Nemo: «La pelota estaba en el campo de los hombres. A ellos les correspondía transformar el mundo».

El quinto y último pilar se alzó en el Renacimiento y culminó con la Ilustración. Los seres humanos acabaron con todos los obstáculos que se oponían al cambio. Extendieron los mercados y acabaron con los privilegios feudales, proclamaron los derechos humanos, establecieron la democracia representativa y abrazaron el nuevo lema propuesto por Kant: «Atrévete a conocer, ten el valor de utilizar tu propia inteligencia». El respeto a la inteligencia de los otros, la tolerancia, es lo que distingue el pensamiento occidental de los totalitarismos ideológicos que explican los excesos del siglo XX y el yihadismo del XXI.

Hay que insistir, pues, en que el proyecto político europeo puede llegar tan lejos como los europeos quieran, precisamente porque se sustenta en un proyecto vital anterior a su plasmación política. Como apuntó el líder del Mayo del 68 francés Bernard-Henri Lévy: «Europa no es un lugar, sino una idea». Una idea, para mí, irrenunciable.

Mi intención última era consolidar y relanzar Europa de acuerdo a un proyecto muy sencillo y nítido. Yo quería proclamar a los cuatro vientos que Europa me respaldaba en política exterior y que yo respaldaba por completo a Europa. Pero si no había política de seguridad y exterior comunes no había respaldo posible. Lo que dije alto y claro es que todos los asuntos europeos nos atañen a todos. Todas mis actuaciones se basarían en esa ferviente idea europeísta, que se podía resumir en que cuando a ellos les apretara el zapato, yo respondería, pero cuando me apretara a mí, ellos tendrían que responderme también, porque esa reciprocidad dimana de mi concepción federal e integrada de Europa. Cada vez que surgía una crisis de refugiados o de inmigrantes ilegales, mi postura fue que eso era un problema europeo, mientras que los del Este decían que no, que cada uno se apañara como pudiera. O cuando se debatió si teníamos que ir a una consolidación fiscal, si había que darle a Bruselas más poder para dirigir las políticas económicas de los países de la Unión, como esa tesis encajaba con mi visión de Europa, dije que sí, que contaran con España. Igualmente pasó con el «tema» catalán: la tesis imperante hasta entonces era que se trataba de un tema exclusivamente interno español. Pero yo les expliqué a todos mis colegas del Este que eso no era así: si España colaboraba con tropas y aplicando unas sanciones que nos perjudicaban, era porque creíamos que el hecho de que algunos de ellos tuviesen miedo a los rusos también nos afectaba a nosotros, en cuanto europeos. Justamente por eso les dije que me tenían que respaldar a mí en el tema de Cataluña.

Soy un federalista convencido. Por eso me comprometí en nombre de España a ayudar a Europa en cuestiones de política exterior, pero en el bien entendido de que Europa nos ayudaría en cualquier cuestión exterior española. Por eso participamos en escenarios tan aparentemente lejanos como Mali, porque creía —y me comprometí a ello— que la defensa tiene que ser cada vez más europea, aunque eso choque de entrada con la visión soberanista propagada hoy por nacionalistas y populistas de todo signo. Por eso me urgía explicar a los europeos que el Gobierno español —y yo como ministro— tenía esa visión de Europa.

Como digo, les expuse mi modelo de Europa y lo que, a mi modo de ver, había que hacer. Lo recuerdo aquí sucintamente. Lo primero sería fijar fronteras durante un tiempo. Por decirlo de modo coloquial, no se puede invitar a más gente a casa hasta que esta no esté ordenada. De hecho, cada nueva ampliación había ido complicando el proceso de integración. Pasó primero con la entrada del Reino Unido, que distorsionó y paralizó el proceso, y luego volvió a pasar con la entrada de los países del Este, que fue todavía peor, porque su objetivo de integración era reforzar su soberanía —sojuzgada durante la Guerra Fría—, mientras que nosotros estábamos por cederla. Por eso cuando, por ejemplo, se le dice hoy al húngaro Viktor Orbán que proteja la libertad de prensa en su país, él nos recuerda que es «su» país y que nadie la va a decir desde fuera lo que tiene que hacer.

Una vez fijadas las fronteras, habría que preservar un núcleo federal que incluyera a todos los miembros de la UE integrados en la eurozona. Fuera de ese núcleo, se delimitaría un segundo anillo confederal —países de la Unión que no comparten moneda—, a los que no se les esperaría, pero sí se les daría la oportunidad de integrarse en segunda instancia cuando lo desearan. Después habría un tercer círculo exterior de países vecinos que, sin formar parte de la UE, tienen unas relaciones especiales con nosotros y, por tanto, han de tener un régimen especial. Este anillo incluiría a Gran Bretaña —si finalmente sale—, Noruega, el Magreb, Rusia o Turquía. A partir de esa configuración básica, habría que ir procediendo después a la federalización interna de la UE con el euro (consolidación fiscal, solidaridad, programas de inversión...) y a la consolidación de la unión política, desde la certidumbre de que los demás Estados externos vendrán después a la UE si les interesa.

En la Estrategia de Acción Exterior, hicimos una proclamación de principio sobre el futuro de la Unión Europea: «El destino final de la construcción europea es la unión política. [...] Este proceso debe hacerse por fases, pero el objetivo debe definirse con claridad cuanto antes». Ortega y Gasset, en su obra Europa y la idea de Nación (1949), afirmó que «la idea de Nación, tal y como ha sido entendida hasta ahora, ha agotado su contenido» y que la única solución para la salvación de los pueblos de Europa es «trascender esa vieja idea esclerosada poniéndose en camino hacia una supra-Nación, hacia una integración europea». Es decir, Ortega daba la razón al barón de Montesquieu —yo también— cuando dijo aquello de que: «Europa es un Estado compuesto de varias provincias».

Los europeos nos encontramos hoy de nuevo ante una encrucijada semejante a la descrita por Ortega. Podemos volver a las estrechas pero conocidas formas estatales de convivencia, o bien dar un salto adelante hacia una mayor integración europea. La crisis económica nos ha enseñado que no existen soluciones individuales y que los problemas de unos afectan a todos, por lo que parece claro que Europa es la expresión de la solidaridad de nuestro destino. La crisis frenó el proceso de integración europea, pero no definitivamente. Si los problemas de la libertad se resuelven con más libertad, y los problemas de la democracia con más democracia, entonces los problemas de Europa se resuelven con más Europa. No podemos desistir de «pensar como europeos». La austeridad es, junto con el crecimiento, una condición necesaria para la recuperación de la Europa económica; pero no suficiente para la supervivencia de la Europa política, que exige, sobre todo, solidaridad. La superación de las debilidades de la Unión Monetaria reclama el fortalecimiento de la Unión Económica, que a su vez requiere avances democráticos en la Unión Política: el euro constituye el alma de este proceso y España está absolutamente embarcada en él. Como dijo el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy: «Europa está inmersa en un momento particular y paradójico de su historia, un periodo de ansiedad en un marco de éxito incomparable. Éxito, sí, pues nuestro continente —y no tenemos miedo de decirlo— es la región más próspera, más libre y más estable del mundo».

Con esa misma intención de reafirmar mis ideas ante los demás y de buscar vías para hacerlas realidad, en septiembre de 2012 asistí en Varsovia al Encuentro del Grupo de Reflexión sobre el Futuro de Europa, y allí renové mi apuesta decidida por lo que —insisto— es la solución a muchos de los problemas de Europa: «más Europa».

De todas estas reuniones mantenidas aquel mismo año salió a la luz el Informe Final del Grupo de Reflexión sobre el Futuro de la Unión Europea, que fue presentado ante Van Rompuy y proponía vías para hacer de esta un actor más fuerte en la escena internacional. Sus propuestas incluían que los ciudadanos eligiesen directamente en las urnas a un presidente de la Comisión Europea, o la de dar más poder al Parlamento Europeo. En definitiva, mejorar la capacidad de actuación de la UE, creando al mismo tiempo una auténtica Unión Económica y Monetaria que permitiera hacer frente conjuntamente a los desafíos globales. El 14 de octubre viajé a Luxemburgo, donde presenté este Informe Final. El 28 de mayo de 2013, fue el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el que viajó a París para asistir a ese mismo foro. En fin, los contactos, reuniones y debates fueron innumerables.

Casi tanto como los muchos problemas de todo tipo que siguieron afectando a la UE: desde el de cómo restañar las muchas heridas que había dejado la crisis financiera y la necesidad de relanzar la construcción europea —o, según se mire, de lanzar la refundación europea— hasta el aún no resuelto de la inmigración y los refugiados, pasando por el amago de grexit y el entonces incipiente brexit.

El mundo al que nos dirigimos será mejor con una Europa unida. En una comunidad internacional como la que se está dibujando, ningún país europeo que actúe individualmente puede aspirar a algo más que a la irrelevancia. Solo haciendo de la UE un verdadero actor global, con peso político e influencia en todo el mundo, podremos los europeos gestionar ese nuevo mundo que viene. Yo soy un federalista convencido y opino que no vamos a una federación de Estados-nación, sino a una auténtica Unión Federal basada en una Unión Bancaria y Fiscal, un control estricto de los presupuestos nacionales por las autoridades federales y, a la vez, una mutualización de la deuda, que exprese el principio de solidaridad. Hay que ir a los Estados Unidos de Europa. O sobrevivimos unidos, o separados nos ahogamos en el mar de la globalización. Si la situación no se resuelve pronto, Europa está abocada a una época de decrecimiento muy importante y a una recesión. Y no se nos olvide que vendría a ser como el Titanic: si se hunde, acabará ahogando también a los pasajeros de primera clase.

EL ANCLAJE ATLÁNTICO CON ESTADOS UNIDOS

Como corroboran las encuestas, el sentimiento que Estados Unidos despierta en muchos españoles no puede calificarse precisamente de «amistad». Seguramente eso se arrastra desde la guerra de Cuba y la pérdida por parte de España de los últimos vestigios de nuestro imperio colonial a manos de Estados Unidos en 1898. Por mi parte, mi idea no ha cambiado nunca: para mí, Estados Unidos es la nación más importante del planeta, la primera potencia económica, militar y cultural, y un país con el que compartimos valores y principios esenciales bien enraizados en nuestro régimen político. Por eso, la relación transatlántica ha sido siempre, necesariamente, uno de los dos anclajes fundamentales de nuestra política exterior y, en lo que estuviera en mi mano durante mi permanencia en el Ministerio, lo seguiría siendo.

Con todos estos antecedentes y objetivos, en una de mis primeras actuaciones como ministro, el 4 de febrero de 2012, me encontré por primera vez con la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Debido al enfriamiento casi total de las relaciones en época de Zapatero, Clinton me recibió de uñas, hasta el punto de que lo primero que me dijo es que estaba pensando en retirar las tropas estadounidenses de las bases de Rota y Morón y pasarlas a Marruecos, lo cual, ni que decir tiene, hubiera supuesto un enorme cambio, a peor, en nuestra situación geopolítica.

Para tratar de ir relajando el ambiente, le enseñé un mensaje muy amistoso que el rey Juan Carlos me envió en ese mismo momento a mi móvil, a petición de parte. «Mira, tu primer admirador en España», le dije a la señora Clinton. Aquello comenzó a romper el hielo. Puesto a ser charmant y a aprovechar ese primer deshielo, le conté: «Además, quiero que sepas que tú y yo comenzamos a hacer política exactamente en la misma época y en el mismo lugar». Le conté que los dos habíamos participado en 1972 en la campaña del senador demócrata George McGovern a la presidencia, para añadir: «Ganamos en Massachusetts, nuestro estado, y perdimos en los otros cuarenta y nueve». «¿Quieres decir que tengo que contar contigo si quiero hacer algo en política?», me preguntó con tono jocoso. «Absolutamente —respondí del mismo modo—. Te iría mucho mejor.» Con el ambiente ya más relajado, me eché la muleta a la izquierda y le «pasé» el mensaje fundamental que quería transmitirle: el Gobierno español deseaba una relación amistosa y equilibrada con Estados Unidos, sin por ello descuidar nuestras relaciones con la UE.

Así reorientamos el tono de aquella entrevista, para mí tan estratégica, en la que decidimos modificar el Convenio de Cooperación para la Defensa y el Protocolo de Enmienda entre España y Estados Unidos. A partir de entonces, lo que era presencia transitoria se hizo permanente y no hizo sino aumentar. Incluso hablamos de hacer más adelante de Gibraltar y Rota una única base en el sur, operación sobre la que aún no se ha apagado el runrún.

En aquel primer encuentro, le dije a modo de conclusión: «España ha vuelto [Spain is back] y, esta vez, para quedarse». Desde entonces, las relaciones fueron muy fluidas y casi constantes, olvidándose por completo el distanciamiento causado por las actitudes antiyanquis de Zapatero. Un mes después, durante la Cumbre sobre Seguridad Nuclear, que se celebró el 26 y 27 de marzo de 2012 en Seúl, se produjo el primer encuentro entre el presidente estadounidense, Barack Obama, y el español, Mariano Rajoy. Y un año más tarde, el 28 de abril de 2013, viajé a Washington para reunirme con el nuevo secretario de Estado, John Kerry, con el que entablé y luego mantuve también muy buena y provechosa relación. Para reforzar los vínculos con Estados Unidos, el 13 de noviembre, acompañé a los por entonces aún Príncipes de Asturias en un viaje oficial a California y Florida.

No obstante, hubo también, como es lógico, algunas diferencias y desencuentros. Por ejemplo, Hillary Clinton me insistió muchísimo, en docenas de conversaciones —telefónicas y personales—, sobre el tema del reconocimiento de la independencia de Kosovo. En su opinión, solucionar este contencioso hubiera supuesto cerrar definitivamente el conflicto de los Balcanes que llevaba abierto mucho, demasiado, tiempo. Además de España, otros cuatro países de la UE no reconocían a Kosovo: Chipre, Rumanía, Eslovaquia y Grecia. Hillary interpretaba —con razón— que nosotros liderábamos esa oposición a Kosovo, e insistía mucho en que cambiásemos nuestra postura. Pero le dije una y otra vez que no insistiera porque nosotros no íbamos a reconocer nunca a Kosovo. Por razones evidentes, nunca ampararíamos una secesión contra el ordenamiento constitucional del país en que se produjera. Si hay una secesión, tiene que ser por la vía constitucional. Le expliqué siempre a Hillary: «Nosotros no hemos tenido el menor problema con las seis repúblicas federadas exyugoslavas, porque la Constitución de aquel país reconocía su principio de autodeterminación. Por tanto, cuando se separaron, no tuvimos nada que objetar y las reconocimos a todas. Pero no lo admitimos en el caso de las provincias de Kosovo y Voivodina». Aquella fue una diferencia de opiniones que me creó serias dificultades —aunque pasajeras— en las relaciones bilaterales.

Hubo otro asunto contrario también a la postura oficial estadounidense en que ejercí un importante liderazgo y en el que, por cierto, el tiempo me ha dado la razón por completo. Como ya planteé en aquella primera entrevista de febrero de 2012, Siria —y, en general, todo Oriente Medio— me interesaba mucho porque sus consecuencias podían desestabilizar todo el norte de África y poner en peligro nuestra frontera meridional. «Además —le expliqué—, España puede jugar un importante papel mediador en Oriente Medio, porque estamos mucho mejor vistos por los árabes que Gran Bretaña o que vosotros mismos.»

Ella aceptó que pudiéramos jugar ese papel, pero nunca estuvo de acuerdo con mi tesis de que había que negociar con Bashar al-Ásad. Su argumento era que el líder sirio era un desalmado. Yo le di la razón, pero le recordé que a Roosevelt tampoco le gustaba Stalin y, sin embargo, tuvo que negociar con él. En mi opinión, Bashar al-Ásad no iba a irse por propia voluntad y, si en algún momento estuviera a punto de caer, Rusia intervendría en su apoyo, porque tiene demasiados intereses en aquel país y aquel régimen, incluidas dos bases militares geoestratégicas muy importantes para ellos. En consecuencia, se quisiera o no, había que contar con el presidente sirio. Ella me aseguró: «Don’t worry, Assad’s days are counted [“No se preocupe, los días de al-Ásad están contados”]». «¿Y cuántos le quedan?», pregunté. «Dos meses», me aseguró Clinton. Estábamos en febrero de 2012, y hoy, más de siete años y medio después, Bashar al-Ásad sigue instalado en el poder. Por eso no dejé de insistir mucho en todos los foros posibles en que en la mesa de negociación tenía que estar el régimen sirio. Nos gustase o no, si queríamos la paz, tenía que estar.

Como es lógico, los estadounidenses no apreciaron mucho mi postura. Por eso, cuando más tarde se creó el core group sobre Siria, metieron en él a los cuatro de siempre: Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, pero no a España. Fueron los rusos, personalmente el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, quien exigió nuestra presencia. Y entramos. Como me había dicho el propio Lavrov —sin duda para que se lo transmitiera al sustituto de Hillary Clinton desde febrero de 2013, John Kerry—: «Nosotros no vamos a hacer con nuestros aliados lo que han hecho ustedes con los suyos», en clara alusión al libio Muamar el Gadafi y al egipcio Hosni Mubarak, a quienes Occidente había llenado de condecoraciones, para luego dejar que a uno lo matasen y al otro lo metiesen en una jaula. «Porque, si hiciésemos eso —añadió Lavrov—, perderíamos nuestra credibilidad, ya no seríamos socios fiables de nuestros aliados.»

En España, en mis discusiones internas sobre esta cuestión, tampoco me entendieron todos. Fue una de las pocas veces en que la vicepresidenta del Gobierno en materia de política exterior intervino, y lo hizo para decir: «El causante del problema no puede ser parte de la solución». «Pero es que no habrá solución —le dije— si no hay una negociación con Bashar al-Ásad.» Está claro que el tiempo me ha dado la razón.

Respecto al tema cubano, John Kerry me avisó de que iban a aproximar posiciones con Cuba. Puesto que la posición de las Administraciones anteriores no había dado resultado, iban a tratar de normalizar aquello. Pero eso exigía nuestra intervención activa. El primer paso consistía en sacar a Cuba de la lista europea de los países que apoyaban el terrorismo, de modo que era absolutamente vital que nosotros levantásemos el pie del acelerador. Pero se daba la circunstancia de que la Audiencia Nacional acababa de solicitar a los cubanos la extradición de varios etarras que vivían en la isla. Cuando yo expuse el problema al canciller cubano, Bruno Rodríguez, este me recordó que había sido el propio Felipe González quien les había pedido el favor de que los acogieran en su país. «Nos lo mandáis para que los tengamos aquí y ahora nos decís que somos desleales porque los tenemos. No tiene mucho sentido», adujo. «Lo que te estoy pidiendo —contesté— es que me digas que habéis puesto en marcha el procedimiento y nos contestéis oficialmente, porque ni siquiera habéis respondido oficialmente a nuestro requerimiento.» Al poco, el tema se desbloqueó. Puse al corriente a John Kerry y eso le permitió negociar la visita de Obama y el deshielo de las relaciones cubano-estadounidenses, hoy de nuevo rotas «gracias» a Donald Trump.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, viajó el 12 de enero de 2014 a Washington en visita oficial, reuniéndose en la Casa Blanca con el presidente Obama, quien alabó los «grandes avances» que habíamos hecho en materia de «estabilidad económica, reducción del déficit y vuelta a los mercados financieros». Por la tarde, Rajoy se reunió con la directora del FMI, Christine Lagarde, quien manifestó también que España iba «por el buen camino». A finales de ese mismo año, Rajoy viajó nuevamente a Washington en visita oficial.

El 15 y 16 de enero de 2015, John Kerry visitó España. Meses después, en septiembre, con ocasión de una visita oficial de los reyes Felipe VI y Letizia —en la que yo les acompañaba—, le pedimos a Obama que hiciera una declaración oficial sobre la unidad de España. Lo tradujeron mal y aquello estuvo a punto de crear un malentendido, así que tuve que intervenir rápidamente para aclarar el desaguisado. Tras mis explicaciones, Obama se avino a hacer una declaración formal. Pensando luego en este incidente, recordé la frase del primer secretario general de las Naciones Unidas, el noruego Trygve Lie: «Hoy, el destino del mundo depende, en primer lugar, de los estadistas y, en segundo lugar, de los intérpretes».

Finalmente, el 9 de julio de 2016, el rey Felipe VI y la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, recibieron en el aeropuerto de Torrejón a Barack Obama, procedente de Varsovia. Era el primer viaje a España de un presidente de Estados Unidos en quince años. Pese a que la visita tuvo que ser recortada a causa del asesinato de cinco policías en la ciudad texana de Dallas, Obama mantuvo encuentros con el Rey, con el Presidente en funciones y con los líderes de la oposición Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera.

La relación transatlántica con los Estados Unidos siempre tiene una segunda faceta en el marco de la UE, donde alcanza una dimensión económica sin parangón con el resto de la comunidad internacional. Hay que recordar que, durante la Guerra Fría, Europa había confiado su seguridad a los norteamericanos. Tras la caída del Muro de Berlín en 1989, los europeos pensaron que había cambiado el adversario, pero no el aliado. Como contó muy gráficamente Robert Kagan en su libro Poder y debilidad (2003):

Estados Unidos actúa a la manera de un sheriff internacional que vela por imponer algo de paz y justicia en un mundo sin ley. Europa es más bien el encargado del saloon. Y los malos suelen disparar al sheriff, no al encargado. De hecho, el sheriff, empeñado en imponer el orden por la fuerza, puede ser más peligroso que los malos, quienes tal vez no quieran más que echar un trago.

En el Golfo (1991), en Somalia y Bosnia (1992) y en Kosovo (1999), fueron los estadounidenses los que hicieron la cena, limitándose los europeos a fregar los cacharros. Pero una relación tan desequilibrada no era buena ni para unos ni para otros. Los europeos sabíamos que Europa no podía seguir siendo un gigante económico y un enano político. Los norteamericanos creían que soportaban una carga que no les correspondía. En resumen, pensaban —y piensan— que Estados Unidos debe centrarse en defender sus intereses nacionales y dejar a los europeos que defiendan los suyos. Por tanto, ahora era Europa la que tenía que dar un paso al frente en materia de política exterior, y sobre todo de defensa, para que la relación con Estados Unidos fuera más equilibrada. Nuestra política de defensa debía tener objetivos más ambiciosos que poner en común y compartir.

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VEINTE VUELTAS AL MUNDO EN AVIÓN

Quien deja de ser amigo de mi Patria deja de serlo mío. España no lidia por los Borbones, ni por Fernando. Lidia por sus propios derechos. Derechos originales, sagrados, imprescriptibles, superiores e independientes de toda familia o dinastía. España lidia por su religión, por su constitución, por sus leyes, sus costumbres, sus usos… En una palabra: España lidia por su Libertad.

GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS

EL AVIÓN, MI SEGUNDO DESPACHO

Escribió Mariano Rajoy en el prólogo de mi libro Todos los cielos conducen a España (2015) que: «Cuando se nombra a un ministro de Asuntos Exteriores, una cosa está clara desde el principio: va a usar mucho el avión». ¡Y tanto! Alguien calculó que, desde el comienzo de la legislatura hasta julio de 2015, recorrí no menos de 800.000 kilómetros —más o menos unas veinte vueltas al mundo por el ecuador— y acumulé casi mil horas de vuelo.

Si fuera cierta la afirmación de Cervantes de que «viajar vuelve a los hombres discretos» —obviando que los revisores de tren y los sobrecargos serían las personas más sabias—, habría que concluir que hoy soy un hombre mucho más juicioso que antes.

Sea como fuere, el caso es que viajé muchísimo, impulsado siempre por la que, en aquella coyuntura de crisis, era y debía ser la prioridad número uno de nuestra acción exterior: la recuperación económica y la creación de empleo. En parte, la salida de la crisis dependía de que España proyectase la imagen de un país pujante, políticamente estable, jurídicamente seguro y abierto al mundo. En todo eso, yo tenía mucho que hacer como ministro.

RELANZAMIENTO DE LAS CUMBRES IBEROAMERICANAS

«España es una nación americana», afirmó enfáticamente el entonces Príncipe de Asturias y hoy Felipe VI en un discurso pronunciado en junio de 2012 en la Universidad de Harvard. Lo cierto es que la realidad americana no puede comprenderse sin la presencia española, al igual que la identidad española tampoco sin su bagaje iberoamericano. Igual cabría decir de las relaciones entre Europa y América Latina, que, en lo político, es todavía el «extremo occidente» de Europa o, en palabras de Octavio Paz, el «polo excéntrico de Occidente». En ese escenario, España tiene que jugar inteligentemente sus bazas. Como dijo en cierta ocasión François Mitterrand: «¡Qué habría hecho yo si hubiese tenido Iberoamérica!».

Movido por mi afán pragmático y mi vocación inclusiva, mi primera y gran preocupación fue revitalizar las Cumbres Iberoamericanas, que en la década anterior habían perdido el brillo inicial. Al llegar al Ministerio, me encontré con que, en gran parte, se habían vaciado de sentido y de oportunidad al superponerse con las Cumbres Euroamericanas.

La XXII Cumbre Iberoamericana se iba a celebrar en Cádiz los días 16 y 17 de noviembre de 2012, coincidiendo con el bicentenario de nuestra primera Constitución, la de 1812, fruto precisamente del esfuerzo común de diputados de ambas orillas del Atlántico en defensa de los valores liberales comunes a España y América. Con tal ocasión, me propuse renovar aquellos encuentros al más alto nivel. Para ello decidí encargar un informe ad hoc a un trío de expertos formado por el socialista Ricardo Lagos —expresidente de Chile—, la democristiana Patricia Espinosa —exsecretaria de Relaciones Exteriores de México— y el uruguayo de origen español Enrique V. Iglesias —exministro de Asuntos Exteriores de Uruguay y, a la sazón, titular de la Secretaría General Iberoamericana.

He de poner como ejemplo del poco interés que despertaban las cumbres, que durante la de Cádiz, el presidente boliviano Evo Morales nos solicitó una reunión bilateral a Rajoy y a mí. La fijamos con suficiente anticipación, pero, a la hora de la cita, Morales no se presentó y se excusó diciendo que se encontraba enfermo. Lo curioso es que al día siguiente vimos en la prensa que, a la misma hora de la cita anulada, él estaba vestido de futbolista, y aparentemente sano, jugando un partido amistoso en el campo del Cádiz.

Volviendo a lo importante, aquel comité de expertos me entregó meses después, en julio de 2013, el que sería conocido como Informe Lagos, sobre cuya base la siguiente cumbre (Panamá, octubre de 2013) elaboró una resolución, cuyas recomendaciones se comenzaron a aplicar en la celebrada en Veracruz un año después. Como era de esperar, lo primero que se proponía era dotarlas de mayor contenido, lo que se traducía en varias innovaciones: mayor espacio para reuniones informales de jefes de Estado y de Gobierno; sustitución de las declaraciones políticas anuales por una más sucinta y concreta emanada de los debates de dignatarios, o la decisión de prestar más atención a la cooperación en tres grandes ámbitos (conocimiento y cultura, cohesión social y economía e innovación). Así logramos dar nuevos bríos a las Cumbres, que convertimos en bienales, contrapeando su cadencia con la de las Euroamericanas.

Por cierto, en la mencionada cumbre de Panamá (2013) sucedió algo que a punto estuvo de trastocar gravemente nuestros planes de futuro. De nuevo, un «desencuentro» con el presidente boliviano Evo Morales estuvo a punto de abrir una importante brecha en las relaciones con los países latinoamericanos, especialmente con los de la Alianza Bolivariana para América (ALBA), en la que países de América Latina y el Caribe se agrupan para luchar contra la pobreza y la exclusión social.

El 3 de julio de 2013, el avión presidencial de Morales se hallaba estacionado en el aeropuerto de Viena esperando los permisos necesarios para sobrevolar los espacios aéreos de Francia, Portugal, Italia y España en su viaje de vuelta a La Paz. Sin esperarlo, los servicios de inteligencia europeos comenzaron a alertar de que en ese avión «podía» viajar también Edward Snowden, el exanalista de inteligencia estadounidense que filtró datos del espionaje de su país y que estaba en búsqueda activa de asilo. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría me llamó a mediodía para ponerme en antecedentes y asegurarme que «en ese avión va Snowden». Comprendiendo las muchas implicaciones que podría tener eso, convoqué de urgencia a Gonzalo de Benito (secretario de Estado de Asuntos Exteriores), Ignacio Ibáñez (director general de Política Exterior) y Martín y Pérez de Nanclares (jefe de la Asesoría Jurídica Internacional). Inmediatamente llamé a Rajoy: «Hay que estar muy seguro de ello —le dije—. Es una aeronave de Estado, Morales está en el núcleo duro de ALBA y se avecina una Cumbre Iberoamericana. O sea que, si no dejamos pasar ese avión, puede que nos carguemos la cumbre».

Al poco rato, me llamó mi colega boliviano, David Choquehuanca, que también estaba en Viena, y que en resumen me dijo: «Tenéis que dejarlo pasar. Es el presidente de la República». «Pero ¿está Snowden o no?», le pregunté directamente. «No», respondió. Para mayor seguridad, hablé también con los rusos y les pregunté lo mismo. Como me aseguraron que no, tomé la decisión de que teníamos que dejar pasar al avión. Eso acabó con el incidente diplomático, pero no con el escándalo mediático, azuzado especialmente por el nuevo presidente venezolano, Nicolás Maduro, que me montó una verdadera escandalera con el eco de sus amigos de ALBA: que si lo habíamos hecho porque era un indígena, que si éramos unos imperialistas y unos neocolonialistas y ese tipo de exabruptos luego tan habituales.

Para que al espectáculo no le faltara su versión local, a la vicepresidenta se le ocurrió eludir responsabilidades sacándome a modo de escudo protector en una rueda de prensa. Como era de esperar, nada más comenzar, un periodista me interpeló: «¿Y usted por qué estaba tan seguro de que en ese avión viajaba Snowden?». «Ya comprenderá usted —le respondí— que no se me ocurrió al salir de la ducha. Me lo había dicho “mi” vicepresidenta, que tiene a su cargo los servicios de inteligencia.» No sé muy bien por qué —aunque lo intuyo—, a «mi» vicepresidenta no le sentó nada bien mi respuesta y, al acabar la rueda de prensa, se me encaró afeándomela. «¿Qué otra explicación quieres que dé?», me defendí.

En lo diplomático, el incidente se superó del todo a comienzos de septiembre de ese mismo año, cuando Evo Morales hizo escala en Madrid de camino a otros países europeos y a un encuentro con el papa Francisco. En su breve estancia, visitó a Florentino Pérez, Alfredo Di Stéfano y Zinedine Zidane en el estadio Bernabéu —de nuevo el fútbol—; al Rey, en el palacio de la Zarzuela, y al presidente Rajoy, en la Moncloa.

LA ESTRATÉGICA ESTABILIDAD DEL MAGREB

Durante mi mandato, tuve que enfrentarme en todo el mundo árabe a una oleada inédita de cambios de régimen, revoluciones y reformas descritas con el difuso nombre de «Primavera Árabe». Aquellos hechos tuvieron su origen en el Magreb, una región que hasta entonces había vivido décadas de estabilidad, pero que entró vertiginosamente en ebullición.

La espoleta sucedió el 17 de diciembre de 2010 cuando un vendedor ambulante se inmoló en la localidad tunecina de Sidi Bouzid, como ya he adelantado en un capítulo anterior. En solo dos días esa chispa de protesta y desesperanza prendió en un incendio que se extendió rápida y «primaveralmente» por todo el norte de África y Oriente Medio. Había temor de que la Primavera Árabe desembocara, como me pronosticaron dos grandes personajes de la zona, en un invierno integrista, y España se implicó desde el principio en este proceso, aportando como factor diferencial la provechosa experiencia de la Transición española.

Habida cuenta de que el islamismo radical suele crecer allí donde hay miseria y donde promete cubrir las necesidades a las que el Estado no llega, aquella ventana de oportunidad democratizadora entrañaba también un riesgo cierto de conflictos. Teníamos que ayudar con medidas financieras a este proceso de liberalización para que los pueblos vieran que la libertad venía acompañada de cierto bienestar, lo que sin duda secaría el caldo de cultivo de los islamistas, que dan servicios a cambio de una obediencia ciega a unos principios religiosos extremistas. La esperanza estaba en que los partidos islamistas moderados tomasen el mismo camino que la democracia cristiana al final de la Segunda Guerra Mundial y combinasen el islam con democracia y libertad. Desgraciadamente no fue así.

A consecuencia de aquella Primavera Árabe, las protestas contra Ben Alí en Túnez y contra Hosni Mubarak en Egipto contribuyeron a incendiar los ánimos en toda el área y especialmente en Libia, ya bastante calientes tras años de extravagancias de Gadafi. Las primeras protestas sucedieron el 15 de febrero de 2011 y fueron brutalmente reprimidas por la policía. La revuelta se extendió como un reguero de pólvora por todo el país. La comunidad internacional, a instancias del francés Nicolas Sarkozy y del británico David Cameron, se vio obligada a intervenir, pero nadie se preocupó de diseñar una estrategia a medio y largo plazo, lo que explicaría medidas como la Ley de Aislamiento, que declaró la muerte civil de cuantos hubiesen colaborado con el régimen anterior. Lo mismo se había hecho en Irak y luego se volvería a hacer en Siria, en ambos casos con resultados desastrosos. Desde entonces, Libia está sumida en el caos y se ha convertido en una nueva base del yihadismo y en destino de combatientes extranjeros. Hoy, es un Estado fallido donde las mafias canalizan en su provecho los flujos procedentes de Eritrea y el África subsahariana.

Lo que allí sucediera nos importaba mucho en términos humanitarios y de seguridad, pero también políticos y socioeconómicos. Precisamente porque nos importaba, apostamos por la viabilidad del futuro de Libia, por más que estuviese cargado de incertidumbres, y decidimos acompañar al país en el camino que tuviera ante sí, por difícil que fuera. A tal fin participé en Roma, el 6 de marzo de 2014, en la segunda conferencia ministerial de Amigos de Libia, que analizó el desarrollo de la transición política en curso. Por eso mismo convocamos en Madrid una Conferencia sobre Libia el 17 de septiembre de ese mismo año, en la que participaron quince países del sur de Europa y el norte de África, además de Naciones Unidas, la Liga Árabe, la Unión Africana y la Unión para el Mediterráneo. Solo cinco días más tarde, me desplacé a Nueva York para participar en otra reunión similar convocada por John Kerry a la que asistieron algunos —no todos— de los que estuvieron en Madrid, además de Alemania, Reino Unido, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Turquía.

Pese a todos esos esfuerzos, en 2015, al final de mi ministerio, había en Libia más de 1.500 grupos armados y 300.000 combatientes. En un marasmo institucional absoluto, coexistían dos Parlamentos deslegitimados: uno islamista, con sede en Trípoli, y otro liberal, en Tobruk. En mitad de ambos estaban las milicias de Misrata, que apoyaban a Trípoli, aunque con la boca chica, pues su objetivo primordial era seguir haciendo negocios. La guinda de este pastel de difícil digestión la ponía un banco central que, religiosa y puntualmente, pagaba las nóminas de los combatientes de ambos bandos. Para acabar de enrarecer el ambiente, el sectarismo religioso, antaño desconocido, se unió a las divisiones tribales y a la lucha por el petróleo. El conflicto desangró a todas las partes involucradas, lo que fue aprovechado por Dáesh para izar sus banderas negras en todo el país.

Pero, por si los libios no se bastasen y sobrasen para destruir su país, son muchos los países dispuestos —con sus discrepancias y sus trabas al diálogo— a echarles una mano. Es oportuno relatar lo que sucedió en una reunión convocada por John Kerry en Bruselas. En esa ocasión, las delegaciones saudí y emiratí se negaron a participar porque ya estaban sentados en la mesa turcos y cataríes. La sorpresa del secretario de Estado estadounidense fue mayúscula. Nosotros mismos no pudimos invitar a Turquía y Qatar a Madrid porque Egipto —y con él los países vecinos de Libia— no hubiese acudido. Como siempre y como en todo, mi vía fue la negociación y la política. Pero esta no podía ser en aquel caso la única alternativa. Era demasiado lo que nos jugábamos en Libia.

En cuanto a nuestro vecino Marruecos, al principio de mi etapa, nuestras relaciones no eran las óptimas. Habían pasado ya años desde el incidente del islote de Perejil en julio de 2002, pero aún me recibieron de uñas en Casablanca. Los marroquíes sabían perfectamente que yo había sido diputado por Melilla y que varios de mis antepasados habían muerto en las guerras de Marruecos. La verdad es que, pese a esos antecedentes, que pesaron, logré entablar una relación espléndida con los marroquíes.

Eso se notó en la afluencia de emigrantes. El control de la migración ilegal depende de la cooperación que Marruecos preste, pues su gendarmería regula el flujo, podría decirse, casi a conveniencia. Esto quedó demostrado, por ejemplo, cuando el Servicio Marítimo de la Guardia Civil tuvo un par de horas retenido por error —por exceso de celo— al rey de Marruecos en aguas de Ceuta. Una vez solucionado el malentendido, al ver la consecuente avalancha de pateras que se nos estaba viniendo encima, tuve que llamar urgentemente a mi colega marroquí, Salaheddine Mezouar, al que pillé en San Petersburgo. «Esto lo tenemos que arreglar», le dije. «No te preocupes —me contestó—, que en unos días estará arreglado.» «No, unos días no —repliqué—, vamos a miles de emigrantes por día. Tenemos que solucionarlo ya.» El ministro marroquí lo solucionó, y a partir de entonces se sucedieron las visitas oficiales mías y de otros muchos miembros del gabinete, del Rey y del presidente Rajoy al reino alauí.

La relativa estabilidad fue también la característica en la Argelia de mi etapa, que, tras el sufrimiento de la década de los noventa, supo buscar en la reconciliación el eje de su convivencia pacífica. Recuerdo una visita con Ana Pastor y José Manuel Soria en que nos recibió Abdelaziz Buteflika. Creíamos que íbamos a estar media hora y finalmente fueron cinco. Parte de la culpa fue mía, pues no se me ocurrió mejor cosa que decir que teníamos slots para adaptar la hora del vuelo de vuelta a las circunstancias, y al final ni slots ni nada. Era un personaje extrañamente carismático, hoy enormemente discutido en su país. A Buteflika —que tenía una enorme admiración por su coetáneo Juan Carlos I— lo llamaban «el maliense» porque se refugió en Mali durante la lucha contra los franceses. Comentamos lo duro que debió de ser aquello y él nos dijo: «Ustedes no saben que se puede sobrevivir con cuatro dátiles y un vaso de leche de camella».

Los mayores progresos en la integración regional magrebí llegaron por una vía indirecta muy imaginativa: la creación del Foro 5+5, un diálogo informal, en 1990. Desde entonces, los países de Mediterráneo más próximos al Magreb (Portugal, España, Francia, Italia y Malta) se vienen reuniendo con sus socios magrebíes (Marruecos, Argelia, Libia, Mauritania y Túnez), propiciando la cooperación práctica. Este Foro basa su relativo éxito en su propia ligereza institucional —no tiene sede, secretaría, ni presupuesto—. Al formato inicial de encuentro de ministros de Exteriores se fueron uniendo otros muchos. Yo tuve el privilegio de impulsar el primer foro económico, que se celebró en Barcelona en octubre de 2013. Allí comprobé que mi afán por desarrollar la diplomacia económica era compartido por mis colegas, tanto del norte como del sur. Todos queríamos contribuir en nuestros países a la creación de empleo y riqueza, una exigencia tan transversal como legítima. En este escenario lo más satisfactorio fueron precisamente los resultados palpables de la diplomacia económica. En 2012 nos convertimos en el primer socio comercial de Marruecos y, al año siguiente, de Argelia. En 2014 hubo casi 10.000 millones de euros en intercambios con Marruecos y más de 14.000 con Argelia, con dos modelos distintos: uno basado en la energía y las multinacionales en Argelia; el otro, en las pymes y el comercio en Marruecos, donde operan 20.000 empresas españolas y están instaladas unas 800. Los resultados fueron favorables, pero, no obstante, estuvieron muy lejos de dar la medida de nuestra ambición.

EL EXPLOSIVO ROMPECABEZAS DE ORIENTE MEDIO

En este otro escenario, nuestra gran ventaja es que estamos muy bien considerados por ambos lados. Una buena piedra de toque para poner a prueba ese buen posicionamiento español es el conflicto palestino-israelí.

En tal sentido, tuve la oportunidad de comprobar personalmente que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no tiene una posición monolítica sobre el tema. La primera vez que me entrevisté con él fue el 21 de abril de 2013, en el marco de una gira regional con etapas en Jordania, Líbano, Israel y los Territorios Ocupados. En aquella ocasión, Netanyahu me dijo —y me pareció muy razonable— que la solución de un Estado binacional era contraria a los intereses de Israel, puesto que en este nuevo Estado —que englobaría Cisjordania y Gaza— la población estaría partida por la mitad y, a medio plazo, los árabes serían mayoría. Sin embargo, en mi última visita a Israel como ministro, en enero de 2015, Netanyahu mantuvo una posición distinta: no me pareció dispuesto a aceptar la tesis de los dos Estados, pero tampoco la de un Estado binacional. Mi impresión personal fue que lo que quería era ganar tiempo y dejar las cosas como estaban: Fatah en Cisjordania, Hamás en Gaza, los colonos donde siempre y el Ejército israelí en todas partes, manteniendo el control.

Al manifestarle mi sorpresa ante un planteamiento tan conservador, Netanyahu me adujo que la retirada unilateral de Gaza se había traducido en la creación de una plataforma logística desde la que Hamás bombardeaba Israel. La retirada del Ejército israelí de Cisjordania podría desembocar en una situación similar puesto que Fatah, el partido del presidente Mahmud Abás, tenía muchas posibilidades de perder Cisjordania a favor de Hamás. Israel —el único Estado democrático de la región y el único peón seguro contra el terrorismo yihadista— se encontraría cercado por un movimiento que todos calificamos de terrorista. Para resumir: «Retroceder, ni para tomar impulso», como dicen los castristas.

Luego, en cuanto volvió a ganar, in extremis, aquellas elecciones —como le ha pasado en las más recientes— y pudo seguir en el poder, Netanyahu volvió a retractarse y afirmar no haber cambiado su posición inicial favorable a la coexistencia. Como le dije repetidamente, en ese camino, el de los dos Estados, encontraría siempre el respaldo de nuestro país y el mío particular. No sé qué pasará en el futuro. Prefiero centrarme en subrayar que la distancia entre israelíes y palestinos —en términos de percepciones— no ha hecho sino ampliarse en los últimos años. Y no solo a causa de la guerra de Gaza de 2014, sino también porque cada vez son más los que desconocen a sus enemigos en una especie de mutua ignorancia fruto de la separación física y del hartazgo por un conflicto interminable.

Mis viajes por la zona me permitieron constatar, con la brutal claridad de las miradas infantiles, el alcance de esta divergencia. Una compatriota española que trabajaba en el Departamento de Relaciones con los Donantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) me contó que, en su último viaje a Cisjordania, preguntó a un niño palestino si le gustaría jugar con un niño israelí de su edad. El palestino respondió que eso era imposible por la sencilla razón de que en Israel no hay niños, solo soldados israelíes.

Durante mi visita de enero de 2015 al kibutz Natif Haasara, contiguo al muro que separa Gaza e Israel, conocí a una familia española, cacereña, que me contó que su hijo pequeño, de unos seis años, se ponía a llorar cada vez que veía el llamado «cuarto seguro», una especie de habitación del pánico que por ley deben tener todas las casas del kibutz.

Las narrativas de ambos pueblos, destinados a compartir una misma tierra, cada vez se alejan más. En ningún otro lugar se aprecia eso con mayor claridad que en Gaza, una franja de apenas 385 km² en que viven casi dos millones de personas, la mitad menores de 24 años de edad y el 80 % sin trabajo ni esperanza de tenerlo. En ningún otro sitio como allí afloran las divisiones entre palestinos. En mi último viaje tenía previsto entrevistarme con un viceministro y cuatro ministros de la Autoridad Nacional Palestina. El primero no pudo llegar por problemas al franquear los checkpoints. Los otros cuatro, porque los israelíes no les dejaron entrar en la Franja. Tampoco pude entrevistarme con las autoridades que ya estaban dentro, porque los simpatizantes de Hamás no les dejaron salir del hotel.

No menos conflictivos eran entonces Siria e Irak, que se enfrentaban al tremendo reto de establecer marcos de convivencia democráticos en un clima de división interna y, además, de amenaza constante del terrorismo yihadista. Ambos países compartían algunas características estructurales: los dos venían de regímenes laicos y panarabistas, de soportar dictaduras salvajes y de ser atacados por un terrorismo yihadista que difiere bastante del conocido hasta entonces. Sobre esa base se acumularon otra serie de catástrofes más recientes. La primera, la guerra de Siria, que afectó a más de doce millones de personas, ocho de los cuales se convirtieron en desplazados internos y los otros cuatro, en refugiados en busca de amparo en países vecinos (Turquía, Jordania, Líbano...). Esos refugiados, como pude comprobar, están al borde de la extenuación y necesitan la ayuda urgente de la comunidad internacional. Basta con ir a Zaatari, el campo de refugiados sirios en Jordania, para darse cuenta de la dimensión de la tragedia que sufren los expulsados por la guerra.

En este conflicto, como en cualquier otro, he sido siempre partidario de una solución negociada. Así lo manifesté la primera vez que tuve que enfrentarme a la cuestión siria en la Conferencia de Seguridad de Múnich de febrero de 2012, solo dos meses después de mi toma de posesión. Todos los allí presentes coincidieron en que era necesaria la formación de un Gobierno de unidad nacional y una transición democrática que desembocara en unas elecciones libres y justas. Las discrepancias se resumieron en qué hacer con Bashar al-Ásad. Con la timidez del recién llegado, apunté que la paz solo es posible cuando se negocia con los enemigos, no cuando se habla con los aliados. El comentario fue acogido con absoluta frialdad. Ya he comentado que cuando se lo repetí a la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, ella se limitó a decirme con rotundidad: «No te preocupes, al-Ásad tiene los días contados». De eso hace siete años. Pero me parece claro que mientras el destino de al-Ásad sea la cuestión por resolver, no habrá solución, porque él no parece dispuesto a acabar como Sadam Husein o como Gadafi.

En 2011, no era descartable un escenario de guerra prolongada o incluso la balcanización de Siria, lo que pronto se haría realidad. Me lo resumió con claridad el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov: «Con independencia de la opinión que cada uno tenga del régimen sirio, no es realista pensar en la rendición de uno de los dos bandos, mientras se está combatiendo en las calles». Por eso mi postura siguió inalterable: el conflicto no iba a resolverse con una victoria militar, que provocaría un vacío que sería aprovechado por Dáesh. Desgraciadamente, esto fue exactamente lo que ocurrió. Mi tesis siempre fue que había que atajar el conflicto mediante un alto el fuego entre las partes implicadas que permitiera ayudar a los desplazados. La contraria, mayoritaria, era que no se podía negociar nada con al-Ásad dado su historial criminal. Para mí, era precisamente con él con quien había que negociar, aunque luego no formase parte de la solución definitiva, porque, además, Rusia e Irán jamás lo dejarían caer.

Los días 2 y 3 de agosto de 2012 acudieron a la Convención celebrada en El Cairo más de doscientos representantes de la oposición, que trataron de trazar una senda común, aunque sin éxito. El día 27, el Consejo Nacional sirio exploró la posibilidad de poner en marcha un Gobierno transitorio en algunas de las zonas liberadas. Al día siguiente, el presidente francés François Hollande declaró que su país estaría dispuesto a reconocer un Gobierno inclusivo y representativo que pudiera convertirse en el único interlocutor válido del pueblo sirio, reconocimiento que discutimos días después los ministros de Exteriores de la UE en Chipre. Cuando en diciembre de 2013 nos vimos en Montreux, la discusión se planteó en los mismos términos que en Múnich. El gran cambio tuvo lugar el 3 de diciembre de 2014 en una reunión en Bruselas de los ministros de la coalición internacional, cuando el saudí se descolgó señalando que, si queríamos acabar con la guerra en Siria, había que ir pensando en hablar con al-Ásad. Un cambio de estrategia probablemente aconsejado por la aparición de Dáesh. Otro de los ministros del Golfo, buen amigo mío, se acercó a mi asiento para decirme: «¿Has oído bien lo que ha dicho nuestro colega?». «Perfectamente —le contesté—. Llevo diciéndolo tres años.» Para ser prácticos, yo creía que había que dar una salida personal a al-Ásad y a su familia —como se hizo, por ejemplo, con Ben Alí en Túnez— y asegurar a los alauitas un puesto al sol en la Siria futura para no repetir los errores cometidos en Irak y Libia.

Para contribuir a esta salida, desde España tendimos puentes de diálogo entre las distintas facciones moderadas de la oposición, a las que reuní en Córdoba el 9 de enero de 2014 con el fin de pedirles «concesiones y generosidad mutua para hacer posible un frente común de negociación que sirva en el camino de la paz». Fue una ardua labor porque la oposición estaba extraordinariamente fragmentada, aunque —y vuelvo a la experiencia española— lo mismo nos pasaba a nosotros en los años mágicos de la Transición y la cosa salió muy bien.

Esta labor mediadora la completamos con una decidida política de cooperación. A pesar de las restricciones presupuestarias, estuvimos presentes y realizamos contribuciones económicas específicas en las tres conferencias de Kuwait (2013-2015) que, bajo los auspicios del Secretario General de la ONU, recabaron fondos de ayuda al pueblo sirio. En la posterior reunión de Viena, se adoptó una hoja de ruta que se parecía mucho a la que propuse desde el momento inicial. Primero, conversaciones entre el régimen y la oposición. Seis meses después, un Gobierno con poderes ejecutivos que aprobara un marco legal nuevo. Entonces habría que despejar el papel de al-Ásad. Finalmente, elecciones a los dieciocho meses de iniciado el proceso. Que se adoptara esta hoja de ruta reforzó mi optimismo, sobre todo porque fue pactada entre el secretario de Estado estadounidense, Kerry, y el ministro de Exteriores ruso, Lavrov. El simple hecho de que se sentaran en una misma mesa Arabia Saudí, Turquía e Irán me dio motivos para la esperanza. Comprendimos que lo prioritario era resolver el problema de Dáesh. El hecho de que la ONU hubiera aprobado por unanimidad una resolución que legitimaba las acciones contra Dáesh, al-Nusra, al-Qaeda y cualquier otro grupo tipificado como terrorista fue otra razón más para el optimismo.

En Irak y Libia se había cometido el mismo error, al decidir borrar del mapa todo lo que hubiera tenido algo que ver con Sadam Hussein y con Gadafi. Eso desmanteló todas las instituciones públicas. El vacío creado —lo peor que puede pasar en política— permitió en ambos casos la emergencia de Dáesh. En Siria no se podía cometer por tercera vez ese mismo error. España no podía hacer el don Tancredo y quedarse de brazos cruzados. Como nuestro Gobierno era serio y responsable, cumplimos nuestras obligaciones con la UE en Siria e Irán y, aunque nos supusiera un sacrificio, guardamos lealtad a nuestros aliados.

En agosto de 2012, en la Cumbre de Países No Alineados de Teherán, el nuevo presidente islamista de Egipto, Mohamed Morsi, denunció la represión del Gobierno sirio y pidió a la comunidad internacional que actuara con urgencia. Precisamente para eso se constituyó el Grupo de Amigos del Pueblo Sirio, que agrupaba a más de ochenta países, y en el que España participó en todas sus reuniones, celebradas en Túnez, Estambul y París. Además, la invitación, por primera vez, a formar parte del core group de los países más activos era una prueba más de que España había vuelto con fuerza al escenario internacional. Por desgracia, esos esfuerzos no lograron aligerar el drama sirio.

En cuanto a Irán, la mera posibilidad de que la República Islámica acabase teniendo «la bomba» era algo que horrorizaba a todo el mundo, sobre todo porque en aquellos años su presidente era Mahmud Ahmadineyad, un extravagante personaje que, entre otras cosas, se había hartado de decir que quería borrar a Israel del mapa. Afortunadamente, su sucesor, Hasán Rohaní, pareció mucho más moderado. Rajoy y yo nos entrevistamos con él en la Asamblea General de Naciones Unidas en octubre de 2013 y me pareció deseoso de entenderse con nosotros.

Pensé que el primer fruto importante del acuerdo con Irán sería, si mis apreciaciones eran correctas, reforzar a los moderados y reformistas frente a los conservadores y ultras que les disputaban el poder. Como me dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, lo que ellos pedían es que se reconociese su derecho a la tecnología nuclear para fines pacíficos, como a cualquier otro país del mundo firmante del Tratado de No Proliferación. Querían también que se les diese un trato normal en la ONU y que se levantasen las sanciones económicas para recuperar así el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

A finales de 2014 mantuve una conversación con un antiguo embajador israelí —cuyo nombre prefiero obviar— que acababa de ser requerido por Netanyahu para llevar el dosier iraní. El embajador, que me pareció un hombre extraordinariamente inteligente y un gran patriota, me dejó cuatro mensajes muy nítidos. El primero, el más liviano, consistió en una encendida laudatio de Irán, un gran país —según me dijo— con una historia milenaria y una cultura y una civilización impresionantes. Con ello el embajador pretendía que yo asimilase que los iraníes se creen superiores y diferentes a sus vecinos. No son árabes, sino persas, y nunca han sido colonizados. Irán no es un invento del siglo XX, como Arabia Saudí, enclaustrada entre fronteras arbitrarias, sino un secular imán de civilizaciones. En los postres de la muy agradable comida a orillas del Mediterráneo, mi amable anfitrión me pasó un segundo y mucho más intencionado mensaje al recordarme que los persas eran los inventores del ajedrez y que los actuales iraníes han heredado de sus antepasados la habilidad para avanzar o retroceder en función de las circunstancias.

En la reunión vespertina, mucho más formal, el antiguo embajador me insistió mucho en las diferencias que separan a los iraníes de la mayoría de sus vecinos, entrando de lleno en la división entre sunitas y chiitas. Una división que, a su juicio, se traduce en una permanente tensión muy difícil de reconducir y que, a la larga, volverá a aflorar convirtiendo el acuerdo en papel mojado —recientemente Trump se encargó de ello por su cuenta—. Los iraníes son chiitas y eso tiene especial relevancia a la hora de juzgar sus intenciones porque los ayatolás juegan allí un papel mucho más importante que entre los sunitas. En ese momento, mi interlocutor se levantó y sacó de la estantería un libro del que me leyó la siguiente cita: «Los iraníes poseen un estricto sentido de la jerarquía religiosa, razón por la que los ayatolás, los líderes del islam chiita, son omnipotentes. Los árabes, por su parte, son predominantemente sunitas, ponen mayor énfasis en el Corán y la Ley Religiosa, y disfrutan de una estructura religiosa más democrática».

A continuación me pasó el tercer mensaje, el más estremecedor: «Rohaní puede parecer un moderado, pero a la postre serán los ayatolás los que se lleven el gato al agua y aprovecharán las facilidades que les acaban ustedes de dar para continuar su secular guerra con los sunitas —muy especialmente con Arabia Saudí— y con Israel». Cuando el embajador creyó que yo había asimilado ya las ideas anteriores, pasó a hablarme del papel de Irán en el mundo. El sentido de la «excelencia» iraní, según él, les ha empujado siempre a proyectarse más allá de sus fronteras e intentar ejercer la máxima influencia posible en Oriente Medio y el Golfo. Con un régimen u otro, Irán se ha sentido siempre un imperio de vocación hegemónica y la bomba nuclear —me dijo— no es sino un instrumento más para afirmarla. Y acabó con una advertencia sobre el régimen iraní: «Nunca renunciará a la bomba nuclear, lo que estimulará a las otras potencias regionales (Turquía, Egipto y Arabia Saudí) a hacer lo mismo».

RUSIA Y EL REAJUSTE DEL ESTE EUROASIÁTICO

Entre los españoles de mi generación, Rusia siempre ha ejercido una atracción fascinante. Mi primer pasaporte, expedido en 1953, me autorizaba a visitar todos los países del mundo «a excepción de Rusia y los países satélites», expresión críptica difícil de descifrar entonces, pero que sonaba a una especie de «territorio maldito» en que no era prudente aventurarse. En el colegio de los jesuitas de San Sebastián rezábamos con ansiedad por la conversión de Rusia, que la Virgen había prometido a los pastorcitos de Fátima. Mi seducción por conocer el país aumentó al correr de los años. Mi primera visita fue a San Petersburgo. Recuerdo como si fuera hoy mi entrada en el Palacio de Invierno y mi excursión a Tsárskoye Sélo («la Villa de los Zares»), dos escenarios claves de la Revolución.

La política rusa —no solo soviética, porque la cosa viene de antes, de Pedro el Grande— ha estado siempre obsesionada por mantener a sus «enemigos» europeos lo más lejos posible de sus centros vitales, Moscú y San Petersburgo. Con la Unión Soviética eso se acentuó. Para compensar, creó sus contrapesos: el Pacto de Varsovia y el Consejo de Ayuda Mutua Económica (COMECON, por sus siglas en inglés). Como Rusia es una de las pocas naciones que no ha completado nunca su duelo imperial, si se siente poderosa, da rienda suelta a su vena expansionista y su alma imperial, pero cuando se siente débil, se repliega tras sus fronteras en espera de la ocasión de recuperar el terreno perdido.

Ahora Rusia mantiene que cuando se produjo el desmantelamiento del Pacto de Varsovia (los «países satélites» a los que aludía mi primer pasaporte) y luego de la propia Unión Soviética, Occidente —Reagan, Kohl y Mitterrand— prometió a Gorbachov que nunca aprovecharía la circunstancia para hacer avanzar las fronteras económicas ni, sobre todo, las militares hacia Rusia. Eso se incumplió. Lo primero que se hizo fue admitir a muchos de los países del Este en la UE y enseguida en la OTAN. Los rusos consideraron aquello un flagrante incumplimiento de contrato —incluso algunos hablaron de traición—, y eso despertó sus recelos, que se manifestaron sobre todo tras la llegada al poder de Vladimir Putin. Muchos occidentales pensaron que era corrupto e ineficaz como Borís Yeltsin, pero cuando cayeron en la cuenta de que no era —ni por asomo— comparable a este, ya fue tarde.

Cuando Putin dijo que la disolución de la URSS era la mayor catástrofe del siglo XX, no era una hipérbole, sino una nostálgica declaración de intenciones. Le pareció mal que los occidentales interviniésemos en Bosnia y Kosovo sin respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU. Le pareció muy mal que intentásemos atraer a nuestra esfera a territorios que habían formado parte de la Unión Soviética como Georgia y Moldavia, y reaccionó alentando la secesión, en un caso, de Osetia del Sur y Abjasia, y en el otro, de Transnistria. Y le pareció fatal que quisiésemos hacer lo mismo en Ucrania, que tiene una enorme carga simbólica en el imaginario colectivo ruso. Su capital, Kiev, es un mito fundacional —al estilo de Asturias en España—, pues fue allí donde nacieron Rusia y el cristianismo ruso. Catalina la Grande conquistó Ucrania y sus sucesores la defendieron con uñas y dientes en la guerra de Crimea (1853-1856), porque, en definitiva, no pueden verla como algo ajeno. Por eso, su reacción fue más violenta que en los casos anteriores, amenazando con cerrar el grifo del gas y alentando el separatismo de Crimea. En la versión que oí al propio ministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Lavrov: «We are ready for everything, but not to be cheated [“Estamos preparados para todo, menos para que nos tomen el pelo”]». Tuvimos que reaccionar y entrar en Crimea y Sebastopol. Y no lo deseábamos en absoluto. Debía de ser verdad porque en Crimea hay una mayoría rusa que gobierna políticamente, pero lo más importante para Rusia es su flota de Sebastopol y eso lo tenía garantizado hasta 2042 por acuerdo bilateral con Ucrania.

Estados Unidos y la UE no podían consentir una violación tan flagrante de la legalidad internacional y reaccionaron imponiendo sanciones a Rusia y a los separatistas de Crimea. Enseguida, todo el Dombás entró en una guerra extraordinariamente cruel. El caso de Ucrania nos afectaba a nosotros especialmente porque podía extenderse a la UE al enturbiar y desestabilizar las relaciones con los rusos y, sobre todo, porque, si estos incumplían las obligaciones internacionales y aceptaban un proceso de secesión unilateral, eso sería un gravísimo precedente para Cataluña.

Como dijo Winston Churchill: «Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma». Establecer una buena relación con ella pasa, en primer lugar, por poder asumir esa extraordinaria realidad. Es un país inmenso y, lo que es más importante, poliédrico. Por eso, el respeto a su idiosincrasia es esencial para llegar a entendernos. Tenemos que hacerlo, porque, si las cosas no se enderezan, corremos el peligro de desembocar en una nueva Guerra Fría, anacrónica, sí, pero no imposible. Un escenario que pone los pelos de punta a todos, pero especialmente a sus vecinos más próximos.

ASIA-PACÍFICO: NUEVOS RETOS, NUEVAS OPORTUNIDADES

En abril de 2014, The Financial Times dio en portada, a cinco columnas, una de las noticias del siglo: el FMI certificaba que la economía china acababa de sobrepasar a la estadounidense, al tiempo que India hacía lo propio con Japón. Si en 1872 la economía norteamericana superó a la británica y, a comienzos del siglo XIX —tras Waterloo—, Gran Bretaña se hizo con la hegemonía mundial sustituyendo a Francia, que a su vez había reemplazado a España, es fácil comprender el alcance histórico, civilizacional, de este salto desde el Oeste occidental y cristiano al Este oriental y budista-confuciano. Estamos siendo testigos más o menos conscientes de una transformación social sin parangón desde la Revolución Industrial. Solo que esta es mucho más extensa, intensa y veloz.

Cuando en el siglo XVIII lord McCartney, embajador de Jorge III de Inglaterra en China, le preguntó a Napoleón Bonaparte por los intereses franceses en Asia, este le contestó: «China es un gigante dormido; déjenlo dormir, porque el día que despierte hará estremecer al mundo». Ese mismo lord McCartney quedó estupefacto cuando el emperador chino Quianlong le dijo abruptamente: «Los chinos no tenemos la más mínima necesidad de las manufacturas británicas». Quién iba a pensar que sería China quien llenaría Gran Bretaña de productos manufacturados, y no al revés. O que India llevaría la contabilidad británica, y no al revés.

Pero si fascinante es el ayer de China, más deslumbrante es el hoy y más intrigante es el mañana. En palabras del sinólogo estadounidense Lucien Pye: «China es una civilización que pretende ser un Estado». Hoy, en China hay unos 1.390 millones de habitantes censados —y unos 200 millones más no censados, equivalentes estos a la población conjunta de Francia, Alemania e Italia—. Una «enormidad», que diría Unamuno. Un gigantesco ejército de reserva, en términos marxistas, que además es muy joven, puesto que los menores de 24 años de edad representan más del 30 % de la población total. Eso quiere decir que, en los próximos años, China contará con un mayor número de personas en edad de trabajar que Europa y Norteamérica juntas. Es fácil deducir además que, a poco que mejore la productividad —y en ello están—, el desarrollo de China alcanzará cifras estratosféricas.

Al comenzar mi ministerio, creí que había llegado el momento de pensar, más que en protegernos de ese nuevo mundo, en lanzarnos a él con decisión. Como me dijo el presidente del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, en una carta que incluí en Todos los cielos conducen a España (2015): «España (y Europa), más que mirar al pasado y hacia dentro, deben mirar al futuro y hacia fuera, pues el futuro de España, en buena medida, está ya fuera de España, fuera de nuestras fronteras». Por ello, me fijé el objetivo de reforzar nuestro vínculo —lleno de potencial como socios por la prosperidad— con la región Asia-Pacífico.

A tal fin, además de ingresar como país observador en la Alianza del Pacífico —fuimos el primer país europeo en hacerlo, si no recuerdo mal—, asistí a la Cumbre ASEM (Reunión Asia-Europa) en la capital de Laos, Vientiane, el 5 de noviembre de 2012; este encuentro era importante, pues congregó a los países que aglutinan el 60 % del PIB y de la población mundial. El 16 de octubre de 2014 sería el presidente Rajoy quien asistiría en Milán a la X Cumbre ASEM. En ese mismo afán de recuperar el tiempo perdido, el 21 de abril de 2015, inauguré en Madrid el VIII Foro España-China, donde me reuní con el viceministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Chao. Y si el protocolo sirviera por sí solo para medir la intensidad de las relaciones entre países, la visita del presidente Rajoy a Pekín ya había demostrado en 2014 que íbamos por el buen camino.

Hoy por hoy, China es ya la segunda economía mundial, la primera potencia comercial, un gigantesco exportador neto de capitales y el primer banquero del planeta. Sus reservas de divisas se estiman en la exorbitante cifra de unos 3,9 billones de dólares. Pero lo que más impresiona de China no son precisamente las cifras, sino la velocidad del cambio. Cuando murió Mao en 1976, la economía china tenía un tamaño menor que la española, pese a contar con una población más de veinte veces superior; hoy, es diez veces mayor. Cuando visité Pekín en 1973, las calles eran un mar de bicicletas en el que apenas se divisaban coches. En la actualidad ya cuesta ver bicis en el mar de automóviles (y entre la nube de smog).

El presidente Xi Jinping quiere acercar a China y al resto de Eurasia y África a través de dos nuevas Rutas de la Seda, una por tierra y otra por mar. Yo fui uno de los más firmes defensores en Europa de estas nuevas Rutas de la Seda, en las que siempre creí, muy especialmente en la marítima. Si hubiéramos logrado posicionarnos como soñé, eso nos hubiera permitido convertirnos, vía Suez, en la puerta de entrada de todo y la proyectada «gran área de Gibraltar» hubiera absorbido buena parte de este tráfico mercante, sustituyendo a Róterdam. Con más visión de futuro, esa ruta marítima podría haber enlazado con el corredor mediterráneo y con la penetración desde el norte de África a través del túnel de Gibraltar. Todo eso estaba contemplado en mis proyectos.

En un seminario en que participé el 30 de noviembre de 2018 en Casa América bajo el título «Cuarenta años de diplomacia en democracia», mantuve una conversación con mi predecesor Miguel Ángel Moratinos, al que dije que no sabía por qué no estábamos en la Ruta de la Seda. «Ni yo tampoco», me confesó él. En realidad, la razón profunda es que en la UE hay un bloque muy proestadounidense para el que el rival geoestratégico es China y, por tanto, todo lo que sea ayudarla equivale a ir en contra de los intereses norteamericanos.

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SATISFACCIONES Y DISGUSTOS DIPLOMÁTICOS

Diplomacia es mano izquierda, habilidad en el trato, artesanía de las relaciones humanas, savoir faire, cortesía, tacto, saber callar a tiempo y conocer cuándo se debe hablar...

ENRIQUE ROJAS

EL MAYOR ÉXITO DE MI MINISTERIO

No exagero si afirmo que el envite de política exterior más importante de toda la legislatura fue para mí la candidatura española a un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fue quizás el hito más gratificante de todos, y no solo por el éxito final, sino también porque me permitió aglutinar paradigmáticamente en torno a un mismo objetivo común a todos los actores de nuestra acción exterior.

Cuando recogí el desafío del Gobierno anterior y me señalé aquella meta, lo que el destino nos fuera a deparar el 16 de octubre de 2014, día de las elecciones al Consejo —máximo órgano de decisión de la ONU—, era ciertamente una incógnita. Al confirmarse el éxito, la prensa, como es lógico, lo resaltó mucho, ilustrando la noticia en muchos casos con una foto en que se me veía alzando un teléfono móvil, con el rostro tenso, rodeado de mi equipo en la sala de la Asamblea General, nada más hacerse pública la tercera y definitiva votación. Al otro lado del teléfono estaba Su Majestad Felipe VI, quien a lo largo de la campaña había sido uno de nuestros principales adalides y que seguía en vivo aquel instante, un hecho que quedaría marcado en los libros de historia como el principal hito de la política exterior española al inicio de su reinado.

Sin embargo, aunque lo dimos todo en el esfuerzo, hubo muchos momentos de gran incertidumbre. De hecho, los días previos a la votación, ya en Nueva York, en los que tuve que mantener casi un centenar de entrevistas bilaterales y asistir a innumerables actos para arañar hasta el último compromiso de voto, fueron los más intensos de todo mi mandato. Fue la agotadora recta final de una larga carrera de fondo que me llevó en el año anterior a recorrer miles de kilómetros como si fuera una campaña electoral al uso, pero en una circunscripción literalmente mundial con un «electorado» formado por los representantes de los 193 miembros de Naciones Unidas. Para vencer había que sumar dos tercios de los votos —es decir, 129—, si todos los miembros participaban en la elección. En esta ocasión, había dos asientos no permanentes libres en el Consejo de Seguridad a los que optábamos tres países: Nueva Zelanda, Turquía y España.

Nuestra situación de partida era, valga el tópico, comprometida, tanto por las debilidades sobrevenidas propias —asociadas a los efectos de una aguda crisis económica que, ciertamente, había mermado nuestra imagen internacional y nuestro margen de maniobra para movilizar recursos— cuanto por las fortalezas ajenas. Se daba por supuesto que Nueva Zelanda tenía el puesto casi asegurado, entre otras cosas por su buena imagen internacional y porque la apoyaban los países de la Commonwealth y contaba con la simpatía de los pequeños Estados insulares en desarrollo (en jerga de la ONU, Small Island Developing States). Entre ambos grupos sumaban de partida más de un centenar de votos potenciales. Una red de seguridad que hacía que batir a Nueva Zelanda fuera prácticamente imposible. La verdadera disputa era con Turquía, una potencia emergente, uno de los Estados más poblados del mundo islámico y un actor regional relevante, con un pie en Occidente y otro en Asia, y con proyección en un espacio geopolítico tan sensible como es Oriente Medio. Su economía llevaba unos años al alza, al igual que su capacidad para ampliar los horizontes de su política exterior en zonas como África o los países insulares del Caribe y el Pacífico, espacios que sumaban una cantidad de votos suficiente para inclinar la balanza a favor de uno u otro candidato.

Dados los respectivos puntos de partida, fueron numerosas las admoniciones para que abandonara la carrera cuando, se me decía, aún estábamos a tiempo de no perder demasiado prestigio en el empeño. Como ya he contado, nada más llegar al Ministerio, yo había institucionalizado una reunión periódica a la que invitaba a todos los exministros de Asuntos Exteriores españoles de la democracia. Naturalmente, les pedí que colaborasen conmigo en este objetivo. En una de esas reuniones, de las primeras, creo recordar que fueron Marcelino Oreja y José Pedro Pérez-Llorca quienes me dijeron que, en su opinión, me tenía que retirar, pues no podíamos competir sin medios económicos contra Turquía, por lo que ellos preveían que sería otro sonoro fracaso a sumar al ocurrido en la reunión del COI en Buenos Aires del 7 de septiembre de 2013, cuando la candidatura de Madrid no resultó elegida para los Juegos Olímpicos. El propio Rajoy me dijo: «Mi gente me dice que parece que no es posible. Por tanto, valora qué hacemos». «Yo creo que hay posibilidades —le respondí convencido— y vamos a pelear a fondo.»

Me negué a tirar la toalla —al menos tan pronto— por varias razones, ninguna de ellas relacionada con un empecinamiento ciego, sino todas con la convicción, aquilatada por la experiencia, de que España puede enfrentarse a cualquier desafío y superarlo. De partida, teníamos como punto fuerte nuestra aportación a la ONU —éramos entonces el sexto contribuyente en términos económicos— y nuestra participación en operaciones de mantenimiento de la paz. Hasta entonces habíamos empleado a 130.000 hombres y mujeres españoles en todo el mundo, desde Afganistán a Líbano, pasando por Somalia, República Centroafricana o Níger. Nunca rehuíamos el esfuerzo que nos correspondía como miembros de la comunidad internacional y éramos muy activos en la prevención de conflictos o mediando para resolver los ya existentes.

Calculé que esa red invisible de apoyos y simpatías nos reportaría no menos de noventa votos más o menos seguros, aún lejos de los requeridos, pero suficientes para intentarlo. No obstante, era consciente de que nos quedaban muchas voluntades que ganarnos para la causa. Cuando hicimos la primera evaluación poniendo sobre un mapamundi banderitas de votos probables, posibles, indecisos, etcétera, colegí que muchas de esas voluntades por ganar estaban localizadas en el África subsahariana, el Asia oriental, el Caribe anglófono y las islas del Pacífico, justo las zonas donde nuestro despliegue diplomático era más leve y donde nuestros rivales, según fuimos sabiendo, estaban consiguiendo mayores avances. Así que diseñamos un plan de choque para la campaña.

Tal plan pasaba, en lo geográfico, por dedicar una atención especial a África, donde tratamos de hacer ver a los países subsaharianos que, con España dentro, podrían contar con una voz amiga sensible a sus intereses en el Consejo de Seguridad, y también a los pequeños países insulares en desarrollo, a quienes hicimos llegar nuestro firme compromiso en la lucha contra el cambio climático, ante el que todos ellos son especialmente vulnerables. Además, era más que conveniente resaltar con carácter general nuestro compromiso con la agenda de paz y seguridad de la ONU, enfatizando la aportación histórica y la más reciente de nuestras Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad en distintos lugares del globo, así como nuestra contribución a la lucha contra otras amenazas como el terrorismo, el crimen organizado o la piratería. Asimismo, me esforcé también en poner en valor nuestra política de cooperación al desarrollo, sostenida en el tiempo y muy superior a la de nuestros adversarios. Baste mencionar que entre 2007 y 2012 España había contribuido con 30.000 millones de dólares al desarrollo de los países más desfavorecidos, y que había aportado 900 millones de dólares a un fondo creado para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el mayor desembolso efectuado por un solo país.

Atesorados todos los argumentos, «solo» quedaba pasar a la acción. Lo primero era asegurarme el concurso de las personas más adecuadas para la labor. Encontré ese formidable equipo repartido entre los servicios centrales del Ministerio y la propia Misión Permanente ante la ONU en Nueva York, a los que sumé nuestra amplia red consular y de oficinas de cooperación activada para la ocasión. En el orden interno, mi primer movimiento táctico fue relevar al entonces embajador ante la ONU —un diplomático muy competente aunque más ducho en lo bilateral que en lo multilateral— por Román Oyarzun, hasta entonces embajador en Buenos Aires, pero que había pasado media vida en la ONU, al que puse al frente de un equipo muy curtido. Elaboré también una lista de amigos y conocidos a quienes pedí que hicieran algunas llamadas a las personas influyentes que podían ayudar. Y pude apoyarme también en la inestimable ayuda de las más altas magistraturas cuando la ocasión lo requirió.

Por citar algunos ejemplos de su implicación, la reina Sofía deslumbró con su presencia y saber estar en una Junta Ejecutiva de UNICEF en la que supo llevar al ánimo de los presentes, entre los que se encontraban muchos altos dignatarios africanos, un cálido mensaje de esperanza en la infancia de aquel continente. El rey Juan Carlos llamó personalmente a numerosos altos dirigentes con influencia. Por su parte, Su Majestad Felipe VI representó con carisma y energía a la España renovada que él mismo encarna en la Cumbre del Clima y en la Semana Ministerial de la Asamblea General, que tuvieron lugar en septiembre de 2014 en Nueva York, donde además pronunció su primer gran discurso de política exterior, en el que solicitó expresamente el apoyo a nuestra candidatura. Por su parte, el presidente Rajoy aceptó con entusiasmo representar a España en la Cumbre de la Unión Africana y en la de la Comunidad del Caribe (CARICOM, por sus siglas en inglés). También he de agradecer la ayuda prestada por el expresidente Rodríguez Zapatero y por mi predecesor en el cargo, Miguel Ángel Moratinos, quienes en diversos actos internacionales solicitaron también el voto para España. Asimismo, solicité ayuda —y la obtuve— de ministros y exministros, grandes empresarios y muchas otras personalidades.

Como es natural, aquel objetivo me obligó a recorrer gustosamente muchísimos países y foros para palpar y animar voluntades. Me recorrí el globo de punta a punta, acudiendo allí donde mis asesores señalaban que mi presencia podía ser más útil. Fui, entre otros muchos ejemplos posibles, a Bali (Indonesia) para hablar del diálogo entre civilizaciones y religiones, a Cotonú (Benín) para asistir a una Conferencia Ministerial de los Países Menos Adelantados, y a Samoa para participar en la III Conferencia de las Naciones Unidas para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo.

Si el avión grande estaba ocupado por el Rey o por el Presidente, viajaba en el pequeño, porque en línea regular no me daba tiempo a completar el itinerario. Pero ocurre que el Falcon oficial tiene una autonomía de vuelo muy corta y, como yo daba saltos de lado a lado, no terminaba de ser práctico. Ni siquiera tenía cama, aunque eso me daba igual: corría las cortinas, me ponía el pijama y me echaba en el sofá. Y así nos recorrimos medio mundo y parte del otro. El esfuerzo valió la pena, aunque hubo momentos para todos los gustos.

En Bali, adonde habíamos viajado en el avión grande porque luego teníamos que ir a una reunión de la Asociación de Países del Pacífico, una vez completada nuestra misión, tras repostar e ir a despegar, el avión no quiso hacerlo. Como estábamos al límite de la pista, el capitán frenó en seco y todo salió volando. Lo intentamos de nuevo y el avión siguió sin querer levantar el vuelo. Nos bajamos y, mientras recomponíamos los semblantes, nos aseguraron que lo arreglarían esa misma noche y que podríamos reanudar viaje a la mañana siguiente. Pero en ese plazo el avión seguía igual. El comandante me dijo que no se atrevía a intentar volar, por lo que tuvimos que pedir el otro avión grande, y dejamos al presidente Rajoy que se apañara con un Falcon. Pero el miedo que pasamos en los intentos de despegue fue digno de mejor causa. Recuerdo que cuando el sobrecargo nos preguntó si nos íbamos a cenar, Juan José Buitrago, mi estupendo jefe de gabinete, le respondió que no porque «podía ser “la última cena”». El sobrecargo, un granadino muy aprensivo, le dijo: «Por muy director general que sea usted, ni se le vuelva a ocurrir hacer una broma con estas cosas». Finalmente, todo salió bien. Eso sí, Buitrago no hizo más bromas en aquel viaje, al menos en voz alta.

De todas formas, yo sabía que toda candidatura a un puesto en el Consejo de Seguridad que pretendiera tener éxito debía jugarse especialmente en el propio tablero neoyorquino. Por eso, la comunicación entre los servicios centrales y nuestra misión allí tenía que ser constante y fluida, y la capacidad de reacción ante acontecimientos sobrevenidos, inmediata. Muchos de los votos en liza no se decidían en remotas capitales, sino que dependían de la voluntad última de los jefes de misión en Nueva York.

Como última providencia, cerramos un pacto tácito con Nueva Zelanda para actuar en tándem. A todos con los que contactábamos, les pedimos que nos votaran a ambos. Me ocupé de que Latinoamérica y el Magreb lo hiciesen así y mi colega neozelandés se preocupó —teóricamente— de que su gente también nos votase a nosotros.

La semana previa a la designación, me fui a Nueva York a ver cómo iba el tema. Le pregunté a Román Oyarzun —embajador representante permanente ante Naciones Unidas desde enero de 2014— y me dijo que teníamos que pasar en primera vuelta Nueva Zelanda y nosotros, porque, si íbamos a una segunda vuelta con Turquía, lo íbamos a tener muy difícil. A mí, todos me habían insistido en que preparásemos la segunda vuelta, pero él me desasosegó al decirme que ni la habíamos mencionado, pues no queríamos dar la impresión de que no confiábamos en nuestras posibilidades en primera vuelta.

Así, llegó el día de la votación. Nuestro «espía» en el lugar de las votaciones nos mandó enseguida un mensaje muy positivo: «Congratulations, you are in». Nos dio una inmensa alegría, aunque nos confabulamos para que, de momento, no se nos notara. Sin embargo, a la hora de la verdad, nos quedamos muy «out». Enseguida me di cuenta de que había países que habían votado a Nueva Zelanda, pero no a nosotros. Me fui a ver al ministro neozelandés y le dije: «Esto no se hace. Yo podía haber hecho lo mismo en Latinoamérica y no lo he hecho. Así que tienes una hora para arreglarlo». En segunda votación, tampoco salimos, pero ya íbamos muy bien encaminados. En plena tercera votación, sonó el teléfono y era el Rey: «¿Cómo vamos, Ministro?», me preguntó. «Pues, Majestad —le pedí—, si espera cuatro minutos sabremos el resultado.» Enseguida se confirmó que éramos los elegidos y pude decir al teléfono: «Misión cumplida, Señor». Casi instantáneamente me llamó también Rajoy, que, con sorna, me preguntó: «¿Con quién me estabas poniendo los cuernos?». «Pues con el Rey —y añadí por si acaso—, pero ha sido él quien me ha llamado.» «Te lo perdono —dijo— porque has conseguido el puesto en el Consejo de Seguridad y eso era lo importante.»

En la misión vivimos un momento muy emotivo. Otra foto muestra a toda la delegación aplaudiendo mientras me gritan: «¡Torero, torero!». La verdad es que nos esforzamos al límite, pero las teníamos tan poco con nosotros —y teníamos tan escaso dinero, la verdad— que ni siquiera habíamos reservado un hotel para celebrarlo. Turquía había reservado el Waldorf Astoria, pero nosotros lo tuvimos que festejar en la propia sede de la misión, con unas simples botellas de vino que, eso sí, nos supieron a gloria. Aquella elección fue una gran alegría porque nos proporcionó dos años de visibilidad máxima, que, en mi opinión, aprovechamos bastante bien.

RESCATES DE ESPAÑOLES EN APUROS

Para mí los temas más delicados como ministro —y más gratificantes cuando acababan exitosamente— fueron siempre los de cariz humano. La verdad es que en esa parcela tuve grandes satisfacciones, sobre todo en materia de rescates de españoles en apuros.

He de destacar el caso de dos cooperantes secuestrados en Argelia. Hacia las dos de la madrugada del 24 de octubre de 2011, unos diez hombres armados y vestidos con ropa militar llegaron al campamento saharaui del Polisario en el desierto argelino, cerca de Tinduf, a bordo de dos todoterrenos, redujeron y maniataron a los dos vigilantes de las instalaciones y se dirigieron inmediatamente al primer pabellón, donde secuestraron a los tres cooperantes extranjeros que encontraron allí: la madrileña Ainhoa Fernández, el mallorquín Enric Gonyalons y la italiana Rosella Urru. Los secuestradores huyeron rumbo a Mali, perseguidos por vehículos de la seguridad del Frente Polisario.

Por sus movimientos precisos y bien coordinados, se dedujo después que los terroristas tenían conocimiento previo de la ubicación exacta de los cooperantes, así como de las vías de escape en una noche cerrada y en una zona sin carreteras en la que se circula campo a través. Todo hizo pensar que se trataba de un ataque bien preparado. Según se supo después, alguien —se supone que del propio Polisario— había vendido la información y facilitado la captura a un comando de una rama argelina de al-Qaeda.

Ainhoa Fernández se encontraba en los campos de refugiados saharauis desde septiembre del año anterior y acababa de volver de unas breves vacaciones. Trabajaba como abogada para la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Extremadura gestionando varios proyectos. Por su parte, Enric Gonyalons era miembro de la oenegé vasca Mundobat, que llevaba a cabo dos proyectos en el campamento: uno de reparto de alimentos y otro de apoyo a la formación profesional. La italiana Rosella Urru, del Comité Italiano para el Desarrollo de los Pueblos, llevaba dos años y medio en los campamentos de refugiados.

Posteriormente, los cooperantes acabaron en manos del grupo terrorista Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental, que los retuvo durante nueve meses en Mali. Una vez localizados, los servicios secretos y diplomáticos españoles comenzamos las negociaciones in situ exigiendo pruebas de vida. Cuando esas negociaciones estuvieron avanzadas, me desplacé al lugar junto con el general Félix Sanz Roldán, director del CNI, en visita secreta. No obstante, cuando llegamos, toda la prensa nos esperaba. Y junto a ella, el ministro de Asuntos Exteriores de Mali, que me dio dos mensajes: que el negociador, nuestro interlocutor con los secuestradores, «no servía para nada», y que teníamos que intentar rescatarlos militarmente, porque no había otra forma viable.

Al día siguiente nos recibió el presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, que me pidió hablar a solas, en francés y sin intérprete. Una vez acomodados, me dijo justamente lo contrario: el negociador es el mejor posible y no se les ocurra poner en marcha una operación militar de rescate porque... «miren lo que pasó con los franceses, que los mataron». «Pero eso es justamente lo contrario de lo que me ha dicho aquel señor», le respondí señalando sin rubor al ministro de Asuntos Exteriores. «Por eso él es ministro y yo presidente», remató. La negociación acabó bien y los rescatamos sanos y salvos el 18 de julio de 2012.

Otro caso parecido se produjo en los campamentos de refugiados de Dadaab (Kenia), donde Blanca Thiebaut y Montserrat Serra, trabajadoras de Médicos Sin Fronteras, fueron tomadas como rehenes y llevadas a Somalia. Ni un solo día dejamos de hacer gestiones para liberarlas, llegando incluso a hablar en muchas ocasiones y a reunirme en persona con el primer ministro somalí en una conferencia internacional en Londres. En este caso, todo acabó también con la liberación de ambas cooperantes.

Más grave, por el número de implicados, fue lo sucedido en Nepal. En el curso de mi último viaje a India como ministro, en abril de 2015, se produjo un fuerte terremoto en Nepal, país donde no tenemos embajador residente y donde en esos momentos había 548 españoles. El suceso trocó mi visita bilateral en una delicada misión de asistencia consular. El esfuerzo conjunto nos permitió localizar y traer de regreso a España a todos los que lo necesitaron. Yo estaba tan preocupado por la complicadísima logística del rescate que, durante una cena con mi homóloga india, Sushma Swaraj, me vio tan atribulado que me preguntó qué me pasaba y le dije la verdad: estaba angustiadísimo, pues no había manera de viajar a Katmandú al no haber ningún avión disponible. Tras escucharme, ella me dijo: «Nosotros sí tenemos aviones». De esa forma tan azarosa fuimos nosotros los primeros en entrar en Nepal tras el terrible terremoto. Llevamos con nosotros a los expertos británicos y sacamos de vuelta —no sin alguna complicación con algún contratista «pirata»— a todos los españoles allí atrapados.

La experiencia de salvarlos fue ciertamente curiosa. Para reunirlos, y antes de evacuarlos, los alojamos en varios hoteles, algunos de ellos propiedad de la cónsul honoraria de España en Katmandú. Antes de proceder a la evacuación, no pocos de ellos me comunicaron que estaban muy bien en el hotel y que, «por tanto», se quedaban allí, de vacaciones. Luego, a otros les dio por decirme que ellos no querían volver a España, que preferían ir a Tailandia o a otros distintos destinos de la zona. Harto de tantas peticiones, no me quedó otra que explicarles que el Servicio Exterior español no era una agencia de viajes.

Otro escenario en el que tuvimos que ayudar a algunos españoles en apuros, aunque de otro tipo, fue Cuba. La primera gestión conflictiva que me tocó hacer allí como ministro fue la repatriación de Sebastián Martínez Ferraté, empresario y periodista español que grabó un reportaje con cámara oculta sobre prostitución infantil. Fue detenido en julio de 2010 y condenado a siete años de prisión acusado de corrupción de menores, proxenetismo y enriquecimiento ilícito. Tras muchas gestiones, logré finalmente que fuera liberado sin contraprestación alguna a mediados de enero de 2012. Pero no fue fácil. Tuve que llamar al canciller cubano, Bruno Rodríguez, que me dijo que no podía hacer nada porque la sentencia aún no era firme. La misma noche en que supimos que el recurso de la fiscalía, que pedía subir la condena a quince años, se había desestimado, el embajador español en La Habana presentó un certificado que así lo acreditaba. Volví a llamar al canciller, le expuse la situación y le dije que le agradecería enormemente que acelerase el tema. A mi vuelta de un viaje oficial a Arabia, mi colega me comunicó que Ferraté iba a pasar a los servicios migratorios para ser expulsado del país. «Lo hemos hecho por razones humanitarias, no tiene trasfondo político», me aseguró. El caso es que lo hizo y yo se lo agradecí.

En un caso parecido, el 23 de julio de 2012 fue detenido Ángel Carromero, dirigente de Nuevas Generaciones del PP, que conducía el vehículo en el que murieron los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero. Inmediatamente pusimos en marcha un operativo diplomático para intentar su liberación cuanto antes. Finalmente, fue condenado por la Justicia cubana a cuatro años de prisión. Redoblamos nuestras gestiones con las autoridades cubanas y, por fin, el 29 de diciembre, Carromero llegó a Madrid, tras cinco meses encarcelado en La Habana.

DISGUSTOS DE LA DIPLOMACIA ECONÓMICA

Ya he comentado que la diplomacia económica y empresarial me dio numerosas alegrías durante mis años en el Ministerio. Pero también me dio algunos disgustos graves. Uno de los peores, en Argentina. La nacionalización de Repsol-YPF por parte del Gobierno argentino liderado por Cristina Fernández de Kirchner fue uno de mis mayores quebraderos de cabeza. Pero siempre procuré pensar en positivo. Me eduqué en el País Vasco y allí un dicho previene: «No les cuentes nunca las penas a tus amigos... ¡que les divierta su padre!».

La amenaza argentina llevaba tiempo sobre la mesa. Repsol-YPF era la única compañía petrolera en el continente americano que no era de titularidad completamente estatal, y sabíamos que la nacionalización se iba a producir, lo que no sabíamos era cuándo ni en qué condiciones. Al enterarme de la inminencia del tema, puse al corriente a Rajoy. Considerando las posibles soluciones, llegamos a la conclusión de que había que hablar con alguien que tuviera buen acceso a Cristina Kirchner, preferentemente un dirigente de la izquierda latinoamericana. Al final llegamos a un buen entendimiento con el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, pero su intermediación llegó tarde.

Como digo, estábamos esperando la nacionalización y esta se produjo finalmente el 16 de abril de 2012, cuando Cristina Fernández presentó un proyecto de ley para la expropiación forzosa de las acciones de Repsol, que representaban el 21 % de los beneficios anuales de Repsol-YPF y el 33 % de la inversión total de la matriz española. La presidenta argentina justificó la decisión al considerar que «la empresa mantenía una insuficiente inversión y una escasa producción». Mi primera reacción ante la prensa fue bastante contundente. En el Foro ABC-Deloitte declaré: «Con las necesidades de financiación que tiene Argentina, expropiar YPF no es la mejor vía de salvación para el país sudamericano [...]. Argentina ha intentado resolver los problemas del cuarto de hora que viene sin tener en cuenta las consecuencias que esto puede representar para el pueblo argentino [y] se ha pegado un tiro en el pie». Como era de rigor, también anuncié que el Gobierno español adoptaría inmediatamente «las decisiones que considere convenientes» en defensa de los intereses españoles ante la «decisión arbitraria» y «sin precedentes» del Gobierno argentino, aunque advirtiendo que «las decisiones se toman, no se dicen». Para acabar recordando que España había ayudado a Argentina «cuando atravesaba sus peores tiempos» y que «la paz es siempre posible: basta con rendirse».

Una vez dictada la nacionalización sin indemnización, nosotros pusimos en marcha toda la maquinaria judicial, diplomática y política para que Repsol recibiese, al menos, una indemnización ajustada a derecho. No nos ahorramos ningún arma al alcance. Junto a la empresa, nos personamos en todas las instituciones internacionales de mediación y arbitraje. Argentina acudió al amparo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, mecanismo de arbitraje del Banco Mundial, mientras que nosotros aprobamos algunas medidas de retaliation («desquite») como, por ejemplo, la prohibición de las importaciones de aceite de soja. Además, llevé el tema al Consejo de Exteriores de la UE, solicitando su apoyo al tratarse de una empresa europea y aduciendo que se había violado el principio de seguridad jurídica. Asimismo, activé a nuestra delegación para que hiciera lo mismo en el Parlamento Europeo, y también informamos a la Comisión. Y seguí con mis declaraciones a la prensa: «Es obvio que la UE no puede firmar un acuerdo preferencial con un país que se salta las reglas del juego y apuesta por el proteccionismo. Lo deseable para todos es que los países del Mercosur se comprometan a respetar las reglas de juego». En solidaridad, la UE activó las reclamaciones que tenía contra Argentina en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y estudió la retirada del sistema de preferencias generalizadas. Recibimos muestras de apoyo de prácticamente todos los países del mundo. No obstante, en un principio, la respuesta estadounidense fue tibia, pero bastó con que recordase a Hillary Clinton aquello tan estadounidense de «Love is a two-way street» («el amor es una calle de doble sentido»), que éramos un socio serio y fiable y que, si nuestros socios no nos ayudaban, mañana les podía pasar a ellos. En unas horas hubo una declaración contundente, e incluso retiraron las exenciones arancelarias a Argentina.

Finalmente decidimos llevar también el asunto al Comité de Inversiones de la OCDE, lo que le hizo a Argentina un gran daño reputacional. Nada más saberlo, me llamó el canciller argentino, Héctor Timerman, con el que, pese a su fama de mal carácter, me llevaba muy bien. Yo estaba de visita oficial en Egipto, pero pude atenderle. «¿Sabes el daño que nos puede hacer llevarnos al Comité de Inversiones de la OCDE? Eso no es fair play porque sabes que ahí tienes la mayoría y todas las de ganar», me recriminó. «Hombre, claro —le contesté—, me puedes expropiar una empresa, pero lo que no me puedes expropiar es el cerebro. Te voy a llevar adonde te pueda ganar y no vamos a parar hasta que lo consigamos.»

Además, implementamos medidas para poner al sector agrícola en contra de Kirchner, pero sin que eso repercutiera en lo posible en la población. Por ejemplo, pusimos trabas a la importación de biodiésel, lo que a ellos les importaba mucho, aduciendo el argumento poco sofisticado de que era «contaminante». Durante el proceso, se produjo el triunfo electoral de Mauricio Macri en diciembre de 2015. Fui a verlo antes de su asunción oficial del cargo y tuvimos una conversación «divertida»: «¿Vais a seguir con esto del biodiésel?», me preguntó. «Presidente —respondí—, desde que estás tú, el biodiésel ya es mucho menos contaminante.» Con todo, aquella fue una batalla diplomática gigantesca. Recorrí toda América Latina. Solicité en persona la ayuda del uruguayo José Mujica, el ecuatoriano Rafael Correa, el brasileño Lula da Silva y muchos otros. Un año después, el consejo de administración de Repsol aprobó el acuerdo de compensación por el que Argentina garantizaba el pago de 3.700 millones de euros.

En abril de 2012, dos semanas después de lo de Argentina, el presidente boliviano Evo Morales decretó la nacionalización de la filial boliviana de Red Eléctrica de España. Esta nacionalización, con ser grave, fue más llevadera, pues desde el primer momento manifestaron que iban a negociar y a pagar lo que fuera justo. La primera vez que vi a Morales me explicó que el gas y los hidrocarburos que explotábamos las potencias extranjeras en Bolivia «eran la sangre de la Pacha Mama» («Madre Tierra»). Comprendí que no había posibilidad de acercamiento: tal mezcla de populismo, nacionalismo e indigenismo no suele tener antídoto. El 29 de diciembre de 2012, Morales repitió jugada al decretar la expropiación de cuatro filiales de Iberdrola. Y el 19 de febrero de 2013, militarizó los tres mayores aeropuertos del país —La Paz, Cochabamba y Santa Cruz—, gestionados por la empresa de Servicios de Aeropuertos Bolivianos S. A. (SABSA), filial de las españolas Abertis y AENA.

A principios de 2014, sufrimos otro caso importante en Panamá, cuando se lesionaron los intereses de la empresa Sacyr, que defendía un contrato para las obras de reforma y ampliación del canal de Panamá. El 1 de enero, el consorcio liderado por Sacyr y la italiana Impregilo anunció que suspendería las obras de ampliación del canal si en un plazo de veintiún días la Autoridad del Canal de Panamá no abonaba 1.200 millones de euros adicionales por «sobrecostos» imprevistos. Al día siguiente, las acciones de Sacyr cayeron un 9 % y el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, anunció que exigiría a los Gobiernos de España e Italia que cumplieran con su «responsabilidad moral» para que se acabase la obra. En efecto, dos días después, el 3 de enero de 2014, Martinelli convocó a los embajadores español e italiano.

Mi colega de Fomento, Ana Pastor, que negoció el acuerdo en Panamá, anunció el 6 de enero de 2014 un compromiso de diálogo por ambas partes, que fructificaría el 1 de marzo, cuando llegaron a un acuerdo para resolver la crisis. El 13 de marzo, el consorcio y la Autoridad del Canal pusieron fin al contencioso. El 10 de septiembre siguiente, el nuevo presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, fijaron la conclusión de las obras para principios de 2016. Finalmente, el 31 de mayo de ese año, el consorcio liderado por Sacyr dio por finalizados los trabajos de ampliación del canal de Panamá. Por último, el 26 de junio de 2016, el rey Felipe VI representó a España en la inauguración este proyecto de ingeniería, uno de los más complejos y ambiciosos de lo que va de siglo.

LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL, UN QUEBRADERO DE CABEZA

El 14 de enero de 1998, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, declaró a la Justicia española competente para investigar la desaparición de ciudadanos españoles en Cuba y, en general, para intervenir en cualquier crimen contra la humanidad cometido en cualquier parte del mundo, aunque no hubiera ningún punto de conexión con España, ni en cuanto al autor, la víctima o intereses de cualquier tipo. Levantada esta veda, la aplicación de este principio de justicia universal dio lugar a procesos judiciales por crímenes de genocidio, terrorismo y torturas cometidos en Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador y Tíbet. Esto se tradujo, por ejemplo, en que en 1998 tuvimos un auténtico conflicto diplomático con la detención y petición de extradición del dictador chileno Augusto Pinochet por parte del juez español Baltasar Garzón.

En 2009, la Ley de Jurisdicción Universal sufrió una primera modificación durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero a causa del conflicto diplomático causado a mi antecesor, Miguel Ángel Moratinos, por el procesamiento de varios soldados israelíes acusados de supuesta responsabilidad en el bombardeo del barrio Al-Daraj de Gaza. Tras la reforma del PSOE, la Audiencia Nacional solo podía investigar delitos contra la humanidad cometidos en el exterior si los acusados se encontraban en España, alguna de las víctimas tenía nacionalidad española o existía algún vínculo de conexión relevante con nuestro país.

Al poco de llegar al Ministerio, esta ley me creó un problema de primera magnitud. Resultaba que un monje tibetano residente en Barcelona adquirió la nacionalidad española y denunció los sucesos ocurridos en el Tíbet en 1980. A raíz de ello, el juez ordenó procesar ni más ni menos que a un expresidente (Jiang Zemin) y a un ex primer ministro (Li Peng) chinos, a un buen grupo de militares y al secretario general del Partido Comunista del Tíbet. Consecuentemente, se lanzó una orden de Interpol en virtud de la cual todas estas personas encausadas no podían salir de su país, so pena de ser apresadas y traídas a España.

Enseguida vino a verme el embajador chino y me dijo que eso, poco más o menos, equivalía a una declaración de guerra. «¿Saben ustedes lo que están haciendo?», me interpeló. Yo le expliqué —muy serio— lo que significaba en España la separación de poderes, mientras él me lanzaba miradas muy expresivas sobre su valoración de mi estado mental. Hablé inmediatamente con Rajoy y le expliqué el asunto y sus implicaciones, recordándole el nivel de deuda pública española en poder de China y que, por tanto, «si a los chinos les daba por apretar el botón, aquí saltábamos por los aires».

Tras analizar las pocas salidas que teníamos, decidimos modificar por segunda vez la Ley de Jurisdicción Universal. Solo que, como le dije a Rajoy: «No nos da tiempo a hacerlo vía proyecto de ley, porque eso nos obliga a pasar por el Consejo de Estado, lo cual dilataría mucho los plazos. No nos queda otra que hacer que el grupo parlamentario elabore rápidamente una proposición de ley». El 13 de marzo de 2014, tras su tramitación exprés gracias a nuestra mayoría absoluta, aprobamos la reforma legal y solventamos la crisis diplomática con las autoridades chinas.

LO QUE SE ME QUEDÓ EN EL TINTERO

El 12 de febrero de 2019, se procedió al develado de mi retrato en el palacio de Santa Cruz, sede histórica del Ministerio, junto a los de mis 48 ilustres antecesores. En la obra del maestro y amigo Augusto Ferrer-Dalmau aparezco ante un cuadro que también pintó él años atrás sobre la muerte de mi bisabuelo. Por eso este de ahora se titula Dos generaciones al servicio de España. Al igual que este magnífico retrato, considero que, en términos generales, mi desempeño como ministro de Asuntos Exteriores tampoco desentona con el de mis predecesores.

No obstante, he de mencionar un pequeño capítulo de frustraciones. Por ejemplo, se me quedó en el tintero la reorganización del Servicio Exterior, que aún sigue respondiendo más bien a las necesidades del siglo XX que a las de este XXI. Por poner un solo ejemplo, seguimos teniendo diez consulados en Francia —nuestro socio comunitario—, pero solo dos en India. Las necesidades de ajuste presupuestario me lo impidieron.

En ese mismo orden de impedimentos por ajustes presupuestarios, he de decir que los recortes me dejaron la cooperación en la cuarta parte de lo que era. Todavía se me saltan las lágrimas al recordar que cuando me hice cargo de la cartera de Exteriores, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, le dio un hachazo a la partida de cooperación como no se recordaba en nuestra historia reciente. Él era absolutamente contrario a ella, con el argumento de que estábamos gastando el dinero en «cosas que no servían para nada». Su deseo era volver a los límites de la cooperación que hubo en el periodo de Aznar, es decir, lo justito para que no dijeran que éramos insolidarios, pero nada más. Como muy en el fondo nos llevábamos bien, siempre le decía: «Cristóbal, tú no eres católico. Tú eres como Calvino, al que se le atribuye una frase que hizo época: “Si son pobres, algo habrán hecho”». Por eso, siempre que me tenía que presentar en un acto público lo hacía diciendo: «Ministro de Asuntos Exteriores y, hasta que llegó Montoro, de Cooperación».

Una de mis mayores desilusiones fue la imposibilidad de cumplir mi deseo de nombrar director del Instituto Cervantes a Mario Vargas Llosa, en su doble condición de americano y español y porque tiene una visión muy abierta del mundo, similar a la mía. Todo el mundo me previno que eso no podía ser, que él no iba a aceptar, pero yo quería intentarlo a ver si era posible. Así que se lo comenté a don Juan Carlos, y él llamó a Vargas Llosa para proponérselo. Efectivamente, poco después, me llamó él mismo para agradecer pero declinar el ofrecimiento. Ahí hubiera quedado la cosa si no fuera porque alguien filtró mi intención a la prensa. Tiempo después, durante otra audiencia con don Juan Carlos, se lo comenté y, para mi sorpresa, él me confesó: «Fue culpa mía, porque yo se lo conté a Víctor García de la Concha». Le recordé que, al final, a quien nombré fue precisamente a este último, que por cierto, lo hizo muy bien.

Mucho más profunda, por su trascendencia, fue la frustración que me causó no poderle hallar solución, siquiera parcial, al largo contencioso diplomático de Gibraltar, que fue —y sigue siendo— una de mis más constantes preocupaciones. En la primera entrevista que tuve con el embajador británico, tras contarle que mi propio abuelo materno ya había publicado un libro en 1907 sobre el tema, le dije: «Lleváis muchos años sin querer abrir las negociaciones a las que nos obliga Naciones Unidas. De hecho, desde que Margaret Thatcher logró que se abriese la verja diciéndonos a gritos que, si no, no entrábamos en la UE ni en la OTAN, no habéis querido hablar ni hay manera de poner esto en orden».

Permítanme que haga, brevemente, un poco de historia. Gibraltar se perdió en 1704, y esa pérdida se consolidó enseguida en el Tratado de Utrecht (1713), en el que solo cedimos la ciudad y las aguas interiores del puerto, nada más. Desde entonces, cada vez que España atraviesa un momento de dificultad, los británicos aprovechan para expandir el territorio.

Sobre Gibraltar hay en realidad tres litigios distintos que atañen a la ciudad y las aguas interiores del puerto —cedidas en Utrecht—, a las aguas que rodean el Peñón —nunca cedidas— y al istmo. Para defender la anexión de las aguas circundantes, Reino Unido argumenta que no puede haber «costas secas», sin una salida al mar. Se amparan en que piden eso desde siempre —desde 1793, me parece—, cuando establecieron que el dominio de las aguas se extendía hasta «donde llegue una bala de cañón», y en la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982, que efectivamente dice que no puede haber costas secas, pero que España firmó con una reserva específica que aclara que eso no se aplicaba a las aguas que rodean el Peñón.

En cuanto al istmo —muy importante porque en él está el aeropuerto, sin el cual Gibraltar viviría muy mal—, el Reino Unido lo ocupó en 1815 coincidiendo con una epidemia de fiebre amarilla cuando pidieron que se les dejase plantar allí —fuera del territorio cedido en Utrecht— unas tiendas de campaña para atender a los enfermos. España lo permitió y ellos ya no se fueron nunca. En 1854 las tiendas se convirtieron en barracones y, en 1909, lo delimitaron con una verja. En 1938, aprovechando la Guerra Civil española, construyeron el aeropuerto. Es decir, que el istmo gibraltareño es un territorio ocupado. En derecho se dice que no hay usucapión (adquisición por ocupación) cuando el título se ha obtenido «por la fuerza, el engaño o en precario». Por tanto, ellos ahí no tienen título jurídico que avale sus pretendidos derechos.

Los británicos son perfectamente conscientes de que la época de la colonización acabó con la fundación de la ONU, pero, aprovechándose de que España no estaba aún en ella, buscaron una fórmula para quedarse «legítimamente» con Gibraltar. Para ello, en 1946, lo incluyeron en la lista de territorios autónomos no sujetos a descolonización. En 1950, instauraron en Gibraltar un comité legislativo y un comité ejecutivo para demostrar que no es una colonia, sino un territorio con autogobierno. Esa operación la culminaron en 1969 promulgando una pretendida «Constitución», en la que desapareció la palabra «colonia» —cambiada por «ciudad»— y procediendo a una institucionalización mucho más elaborada, con los tres poderes bien delimitados. Sin embargo, tal «Constitución» no fue reconocida por Naciones Unidas al ser contraria a sus principios fundacionales.

España entró en la ONU en 1955 y entonces se produjo la sorpresa para los británicos de que ganamos la batalla diplomática y Naciones Unidas dictaminó tres cosas respecto a Gibraltar: 1) que era un territorio autónomo sujeto a descolonización; 2) que en su descolonización no regía el principio de autodeterminación, sino el de integridad territorial; y 3) que se arreglase todo mediante negociación bilateral entre las dos partes afectadas. España se negó siempre a añadir, según pretendían los británicos, la frase «escuchando los intereses y aspiraciones de Gibraltar». Así fue hasta que Miguel Ángel Moratinos accedió a incluir la palabra «aspiraciones». En cuanto llegué al puesto, me empeñé en corregir aquello y logré que al menos se añadiese «... que sean legítimas según el derecho internacional», lo cual retrotraía al principio de integridad territorial.

Desde mi toma de posesión me ocupé de trasladar en repetidos encuentros bilaterales que España habla de soberanía solo con el Reino Unido. Otra cosa es que, para resolver problemas que atañen a los españoles que trabajan en Gibraltar o a toda la zona, aboguemos porque el Foro Tripartito actual, que atribuye el mismo estatus a España, Reino Unido y el Peñón, se transforme en uno cuatripartito integrado por España y Reino Unido, de un lado, y las autoridades del Peñón y las del Campo, de otro. En términos gráficos se trata de que haya dos banderas o cuatro, pero en ningún caso tres.

Mientras tanto, como la política del ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, y de sus antecesores ha sido siempre que cuando entra un nuevo gobierno en España les gusta echarle un pulso, me empezaron a crear problemas con un pequeño barco de pesca, el Divina Providencia, que faenaba entre el istmo y la verja, claramente territorio terrestre ocupado y aguas marítimas que nosotros decimos que son nuestras. Llegó un momento en que a Picardo no se le ocurrió otra mejor forma de tensar más la cuerda que echar al mar unos bloques de cemento con pinchos que destrozaban las redes de los pescadores.

Mi reacción fue inmediata. Hice unas declaraciones públicas que el ABC tituló: «¡Se acabó el recreo!», y que los periódicos ingleses tradujeron como: «The party is over!». Le dije al presidente del Gobierno que esto no lo podíamos dejar pasar y decidimos hacer más exhaustivos los controles en la verja, de forma que todos los días se formaban grandes colas al retrasarse la entrada y la salida de mercancías y personas, lo que creaba a Gibraltar unas dificultades económicas tremendas. Como la cosa tenía su miga, decidí convocar en el palacio de Viana reuniones periódicas a las que asistían todos los secretarios de Estado de todos los Ministerios concernidos, incluido el del CNI y el de Hacienda. Me parece que fue una coordinación horizontal en la materia que no se había hecho antes.

Como estaba convencido de que, además, esto debía ser materia de cooperación institucional, busqué la colaboración de la Junta de Andalucía. Y ahí detecté las primeras dificultades en la actitud reticente de Susana Díaz. Fui a verla, se lo expliqué y ella reaccionó mostrándome su preocupación por los trabajadores españoles que cada día pasan a Gibraltar a trabajar. «Tú sabes —le respondí— que pueden ir andando; si van en coche es porque lo necesitan a la vuelta para otras cosas, ya sabemos todos cuáles. Pero si ese es el problema, abro un carril especial por el que puedan pasar sin retenciones, siempre que antes se hayan identificado.» Así lo hicimos, y al final solo se identificaron previamente menos de doscientos de la mítica cifra de diez mil trabajadores españoles en Gibraltar que siempre se mencionaba. Mientras tanto, llevamos a las instituciones comunitarias todas las prácticas fiscales del Peñón, demostrando que se trataba de un paraíso fiscal y de un caso flagrante de competencia desleal, pues recibían ayudas estatales incompatibles con el mercado interior. Elevamos quejas también por los presuntos riesgos medioambientales y su continua invasión de nuestras aguas. Todo ello hizo que el ambiente se crispara mucho.

Cuando se inició el brexit, vi en él una oportunidad. Mi tesis ante los gibraltareños era muy clara: «Si ustedes quieren seguir en la Unión Europea, tienen que aceptar la cosoberanía. No hay otra forma». Se lo conté a los británicos y respondieron con lo de siempre: «Nosotros siempre haremos lo que quieran los gibraltareños». Nuestra idea era convencer a estos de que con la cosoberanía, la doble nacionalidad y el Estatuto de Autonomía les iría mejor aún. Desde mi punto de vista, la fórmula de soberanía compartida era una solución win-win para todas las partes en litigio. Gibraltar quedaría dentro de la UE. Desaparecería el problema de bloqueo por las regulaciones comunitarias. Los gibraltareños disfrutarían de las evidentes ventajas de la doble nacionalidad. Se les otorgaría un alto grado de autonomía. Finalmente, se desarrollaría económicamente el Campo de Gibraltar que, desde hace muchos años, se halla en una situación lamentable.

Envié una detallada carta a los presidentes del Parlamento, la Comisión y el Consejo europeos, a todos los ministros de Exteriores de la UE y, por supuesto, a Naciones Unidas, la Cumbre Iberoamericana, la Liga Árabe, etcétera. Hice una auténtica campaña de difusión, que no le gustó mucho a Rajoy, porque él no quería meterse en este espinoso tema. En la carta yo repasaba las bases jurídicas de mi reclamación. El artículo 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dice que «formarán parte de la Unión Europea aquellos territorios cuyas relaciones exteriores sean responsabilidad de un país miembro». Como el Reino Unido era responsable de la política exterior de Gibraltar, este formaba parte de la UE y, dentro de ella, su estatus especial off-shore hacía que un territorio de solo 6,8 km2 con una población de poco más de 33.000 personas goce de la cuarta renta per cápita del mundo. Esto sería aceptable si se debiera a que los gibraltareños trabajan mucho y lo hacen muy bien, pero la verdad es que se debe a prácticas que son contrarias a los intereses españoles y a los de la zona. Esas condiciones peculiares han permitido que se desarrolle un modelo económico basado en tres pilares: el contrabando de tabaco, el juego online y la fiscalidad paradisiaca, con unas condiciones excepcionales que han provocado que en Gibraltar haya más sociedades mercantiles que habitantes, monos incluidos.

Pero mis planes no se quedaban ahí. Yo les ofrecía el valor añadido de un plan de «hongkonización» que permitiera procesar y dar salida a buena parte de las importaciones y exportaciones con origen o destino en Asia-Pacífico y también como plataforma para Marruecos e, incluso, en última instancia, acordar con Estados Unidos la creación de una gran base militar mediterránea uniendo las de Gibraltar y Rota, y con Rusia la de una gran refinería, gestionada por Rosneft. Ese es, a grandes rasgos, mi plan de futuro de Gibraltar. Llegué incluso a acordar verbalmente con Philip Hammond, el secretario del Foreign Office, la utilización conjunta del aeropuerto como en Basilea, aunque Gibraltar se negó en redondo.

El problema a priori de todos estos grandes planes para el Campo de Gibraltar es que los gibraltareños y los campogibraltareños tienen que seguir comiendo todos los días mientras se ponen en marcha esos ambiciosos planes. Mi respuesta siempre ha sido y es que habría que poner en marcha mañana mismo esa gran operación, empezando inmediatamente por rehabilitar toda la zona, porque, mientras no se haga eso, no habrá empresas que se quieran instalar allí, pues el área está completamente degradada. Eso daría mucho trabajo en lo inmediato. En todo caso, mi percepción es que la situación ya se ha tornado claramente insostenible porque es una bomba de relojería social mantener que el Reino Unido tenga una colonia en Gibraltar y que esta tenga otra colonia en el Campo de Gibraltar, cuya renta per cápita es seis veces inferior. No dejaremos de reclamar los derechos de España con todo el vigor que da la convicción de que la razón es nuestra.

18

LA POLÍTICA INTERIOR DEL MINISTRO DE EXTERIORES

Todavía hay esperanza, cuando nos enfrentamos sin prejuicios a un problema sin solucionar. Sin embargo, no hay esperanza si actuamos como si el problema no existiese.

C. S. LEWIS

ESTAR DONDE CAEN LAS BALAS

En los tiempos en que vivimos, los límites del papel que tradicionalmente venía asignándose al jefe de la diplomacia se han desdibujado tanto como las fronteras físicas. La globalización ha llegado con fuerza también a las cancillerías, y a nadie debería haber sorprendido que yo tuviera que saltar en mis comparecencias públicas, casi sin solución de continuidad, de Crimea a Cataluña, del rescate económico al sistema de financiación autonómico, de Cuba a Gibraltar, o de la sostenibilidad del Estado del bienestar a la reforma constitucional... Además, los dos principales problemas internos de España —el separatismo catalán y la recuperación económica— eran unos retos cuya solución dependía, en buena medida, de la percepción que sobre ellos existiera en el exterior porque en este siglo XXI todos los asuntos son, de una forma u otra, asuntos exteriores.

A nadie le debería haber extrañado todo eso y, sin embargo, como enseguida explicaré, a muchos les extrañó, sobre todo, dentro de mi propio partido. Muchos, me parece, con excesivo celo por sus áreas de competencia y sus pequeñas esferas de poder en un momento histórico en el que, insisto, hasta las tareas más particulares se han globalizado y en que quedan ya pocos problemas aislados.

Cuando me nombraron ministro podría haber acatado la visión tradicional —alicorta y pacata— de ese puesto y haber optado por dedicarme estrictamente a la diplomacia de salón. Evidentemente, ningún ministro de Exteriores es responsable directo de la reforma de la Constitución, de la del sistema financiero, ni de solucionar el tema de Cataluña. Todos esos son temas y competencias en los que entré —y en los que siempre entraré— porque me sentía obligado a hacerlo, eran también mi responsabilidad y a ello me compelía mi compromiso con España. Un ministro es, por definición, miembro de un órgano colegiado y, por tanto, todos los temas le competen y afectan. ¿Cómo no iba a hablar como ministro del tema que más me ha importado siempre y que más candente estaba en España? Atrincherarme en mi pequeña esfera ministerial hubiera sido lo más tradicional y lo más ortodoxo. Pero esos son dos valores que siempre he dejado que defendieran otros por mí.

Cada vez que me aconsejaban callar, yo recordaba que un ministro está siempre —urbi et orbi— al servicio de España. Si Cataluña es el tema central, tiene que opinar e intervenir en él. Yo lo hice, primero, porque soy español y a mí lo que más me importa es la unidad de España. Segundo, porque, como digo, como miembro de un órgano colegiado, no quería ser luego responsable de ningún destrozo sin haber tratado de enmendarlo. Y, tercero, en el caso de Cataluña, porque el «partido» se juega fuera de casa. Esa es mi visión de lo que debe ser la actuación de un ministro, y me parece tan obvio que me cuesta entender por qué lo tengo que explicar.

No todos los miembros del Gobierno lo entendieron así y algunos convencieron a Rajoy de que yo estaba embarcado en una campaña de promoción personal para ascender a más altos destinos. Pero no se trataba en absoluto de eso porque yo estaba más que encantado de ser ministro de Asuntos Exteriores. Se trataba de que no me iba a sentar en el Consejo y ver, cruzado de brazos, cómo se iba al traste el futuro de Cataluña y de España, parapetándome tras un neutral: «Eso no es de mi competencia».

Evidentemente, mi heterodoxia —que tantas alegrías me ha dado, pero que tantas incomodidades me ha causado también— me traería en esto algunas malas consecuencias. Parafraseando a mi bisabuelo: «Ese era mi deber: estar donde caen las balas». La primera consecuencia fue un doloroso, aunque inevitable, alejamiento de mi amigo Mariano Rajoy.

A VUELTAS CON EL RESCATE FINANCIERO

Antes incluso de su investidura, le aconsejé a Rajoy que nombrara a un vicepresidente económico. Tras subrayarle, por si acaso, que yo no aspiraba a ese puesto, le expliqué: «Tienes que tener un vicepresidente económico que presida la comisión delegada de asuntos económicos, porque va a ser el tema estrella de la legislatura y porque aquí tienes visiones muy encontradas e incluso enemistades manifiestas». Cristóbal Montoro y Luis de Guindos no se podían soportar, y Álvaro Nadal se llevaba mal con ambos. Estaban luego José Manuel Soria, que también se llevaba mal con Montoro, así como Arias Cañete. O sea que había un guirigay en el que alguien tenía que poner paz y orden. «¿Por qué te crees que la voy a presidir yo?», me dijo Rajoy. «Pero es que tú no puedes presidir todo —alegué—; tienes que tener un vicepresidente.»

Soraya Sáenz de Santamaría se opuso enérgicamente. Nunca me lo llegó a decir Rajoy, pero otros sí que me contaron que el inconveniente había sido que Soraya había dicho que solo habría un vicepresidente: ella. Según dijo, yo quería ser vicepresidente económico, aunque proclamé alto y claro que estaba encantado en Exteriores y que no me quería ir de allí. Este fue el primer roce grave.

También defendí desde el primer momento que nosotros solos no salíamos de aquello y que había que pedir una ayuda a Europa para salvar nuestro sector financiero, especialmente las cajas de ahorro. Había muchas reticencias por parte del equipo económico del Gobierno, que argüía que pedirlo nos obligaba a ir a Europa a exponer nuestras vergüenzas y que, además, nos iban a imponer unas condiciones draconianas, por ejemplo, bajar las pensiones. Sostuve que eso únicamente se produciría si se pedía un rescate para toda la economía, pero no si se restringía a un solo sector. Hubo serias dudas que lo retrasaron y, como ha expresado varias veces Román Escolano, perdimos un año con eso.

Resuelta, o al menos encauzada, la salvación del sector financiero, necesitábamos poner a flote la economía española en su conjunto con la mayor rapidez posible y con el menor coste social. La fórmula ortodoxa era acometer un rescate total, como habían hecho Grecia, Portugal e Irlanda. Decir a Europa que por nosotros mismos no podíamos, que nos dejaran dinero, nos mandaran a los «hombres de negro» y nos dijeran lo que había que hacer. El Gobierno no quería eso, yo tampoco, pero había una fórmula intermedia que exploré: ayuda económica sin protectorado. Se trataba de destinar una parte de la ayuda concedida al sector financiero —la que no nos íbamos a gastar— a comprar deuda pública.

Para ello me fui con Fernando Eguidazu a Alemania a consultar una vez más con mi homólogo y amigo alemán Guido Westerwelle. Como le expliqué, mi tesis era que el Banco Central —que era quien tenía la clave para salir de la crisis— ya había dicho que estaba dispuesto a comprar deuda pública y deuda privada, con lo cual colocaría dinero en el mercado —sangre en el sistema—, pero que no haría esa operación por su cuenta y riesgo, sino que necesitaba antes un gesto político. «Si lo hubiera —le dije a Westerwelle—, entraría y ayudaría. Lo que quiere es que alguien —por ejemplo, los mismos mecanismos de rescate— compre algo de deuda pública.» Le pregunté directamente: «¿Cuáles son los inconvenientes que tenéis a que el Mecanismo Europeo de Estabilidad compre?». «Dos —me respondió—: que no queremos volver al Parlamento a pedir una nueva ayuda, porque el contribuyente alemán se va a enfadar, y que no podemos meternos en un programa de rescate que no tenga fin ni techo. Nosotros tenemos que decir hasta aquí y ya está.» «Vale. Eso es perfectamente factible. Tenemos 100.000 millones de euros acordados para el rescate financiero. No vamos a gastarlos todos —aseguré (y, de hecho, solo gastamos poco más de 40.000)—. Por tanto, si decís que queréis dedicar los restantes a otro fin, ya que lo que nos pide el Banco Central es solo un gesto político, se trataría solo de una afectación diferente, pero no estaríamos pidiendo más dinero y, por lo tanto, vosotros no tendríais que ir al Parlamento y no estaríais poniendo en riesgo al contribuyente alemán, porque ya sabría lo que estaba obligado a dar.»

Finalmente, Westerwelle y yo llegamos a un acuerdo, pero regresé a Madrid, se lo conté a Rajoy y ya no volví a saber nada del tema, probablemente porque Mariano escogió una vía distinta —aunque más lenta— para superar la crisis: la reforma en profundidad de nuestro sistema económico. Estoy convencido de que las dos hubiesen sido compatibles, pero mi tesis no prosperó.

LAS GRANDES REFORMAS DEL GOBIERNO DE RAJOY

En el cuaderno en que anoto los pensamientos o reflexiones que me llaman la atención hay uno de Chateaubriand que me parece muy atinado: «Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes». Es decir, en los momentos de crisis —cuando no tienes salida y tienes que elegir entre la espada y la pared— es cuando se ve de qué madera están hechos los líderes. Como dije anteriormente, Rodríguez Zapatero se empeñó en negar la crisis, se equivocó en el diagnóstico y no se atrevió a atajarla. Rajoy tuvo que afrontarla cuando ya la situación era casi desesperada y además tuvo el coraje de impulsar otras muchas reformas necesarias: sector financiero, energético, reforma laboral; educación y, en lo que a mí respecta, la del sector exterior. Por desgracia, se quedaron en el tintero la reforma de la Administración y la reforma tributaria.

El primer Gobierno de Rajoy fue el que abordó unas reformas muy profundas que, a la postre, lastraron su popularidad y dañaron nuestras expectativas electorales. Lo acompañaron —lo acompañamos— un puñado de ministros a los que quiero recordar.

Luis de Guindos había sido secretario de Estado con Rodrigo Rato, emigró a la iniciativa privada en el tiempo que duró la travesía del desierto y se convirtió en consejero áulico de Rajoy mucho antes de que se ganasen las elecciones. Le tocó pilotar la operación de salvamento de la economía española, amparado por Rajoy, pero no siempre secundado con entusiasmo por otros miembros del equipo económico. Nada más tomar posesión —y cinco años después de que hubiese estallado la crisis—, Luis acometió la tarea de sanear y reformar en profundidad el sector financiero. En contra de la opinión del Banco de España, obligó a las entidades financieras a sacar al mercado los activos inmobiliarios deteriorados que habían guardado en el armario y a sanear sus balances estableciendo provisiones (o reservas) genéricas para los activos buenos y provisiones específicas para los activos problemáticos. Además, creó un banco malo —la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB)— que se hizo cargo de los préstamos e inmuebles dudosos en poder de los bancos. Lo apoyé en una decisión que, como recordará el lector, ya le había recomendado a Rajoy antes de que tomara posesión como presidente del Gobierno.

En junio de nuestro primer año de gobierno, puse una pica en Flandes al conseguir una ayuda financiera del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en condiciones muy favorables de plazo e interés, lo que nos permitió inyectar liquidez a las entidades financieras que estaban a punto de ahogarse. A cambio, la Comisión Europea obligó a los bancos a acometer reestructuraciones muy severas. Luis llevó a cabo el proceso con gran tacto y, solo dos años después de haber empezado el programa de saneamiento, los bancos españoles superaron las pruebas de resistencia exigidas por el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

Como en política los éxitos no se perdonan fácilmente, algunos de sus amigos políticos pusieron en circulación el rumor de que Luis estaba acariciando la idea de ser el Monti español —el tecnócrata italiano que sustituyó a Silvio Berlusconi en 2011— y sustituir a Rajoy, en el caso de que este tuviese que tirar la toalla. Es obvio que Rajoy no dio crédito a las habladurías porque lo apoyó sin fisuras cuando presentó su candidatura a la presidencia del Eurogrupo en 2013. No pudo ser, pero en 2017 nos llevamos una alegría cuando fue elegido como vicepresidente del BCE.

José Manuel Soria fue otro de los ministros reformistas en los que se apoyó Rajoy. Soria pilotó la delegación española que firmó el Acuerdo de París a finales de 2015. Los objetivos fundamentales de dicho Acuerdo para 2030 son tres: reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990 en un 40 %; la participación de energías renovables en el mix energético en un 30 %, y una ganancia de eficiencia energética de un 27 % para ese año.

Pero el toro más difícil de lidiar fue el de la reordenación del sector eléctrico. La reforma de 2013 acabó con el déficit de la tarifa eléctrica, estabilizó los precios de la energía e incluso logró reducirlos para clientes industriales, recortando las primas a las renovables a todas luces excesivas que los Gobiernos anteriores habían aprobado. Como es obvio, al sector no le gustó la reforma y algunos inversores extranjeros importantes recurrieron al arbitraje internacional. Me reuní con ellos y aunque no conseguí que retirasen sus demandas, sí conseguí que el contencioso no contaminase unas relaciones (Emiratos Árabes, Canadá, Japón) que eran muy amistosas, tanto que todos ellos apoyaron nuestra candidatura al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Mención especial en este capítulo de reformas merece Fátima Bañez, ministra de Empleo. Como es sabido, la tasa de paro española ha sido la más alta de Europa, con la excepción de Grecia, desde que acabó la crisis del petróleo de 1981. En épocas de vacas gordas nos íbamos acercando a la media europea, pero cuando llegaban las de vacas flacas nos alejábamos a gran velocidad. La recesión de 2008-2013 nos llevó a un récord histórico del 26,1 %. Álvaro Nadal sostiene que esta desoladora singularidad española se explica, entre otras cosas, porque nuestro modelo de relaciones laborales favorece a los insiders (trabajadores fijos) respecto a los outsiders (temporales más parados).

Fátima tuvo el coraje de coger al toro por los cuernos. La reforma de 2012 abarató el despido respetando los derechos adquiridos, estableció bonificaciones para contratar a menores de treinta años y parados de larga duración y potenció la formación profesional. La medida más controvertida fue la que dio prioridad al convenio de empresas (sobre el sectorial) en la negociación colectiva a la hora de fijar las condiciones laborales y muy singularmente los salarios.

Los resultados de esta reforma son muy buenos, como acaba de demostrar Álvaro Nadal en su reciente libro Lo que no son cuentas son cuentos (2019). Las afiliaciones a la Seguridad Social entre 2013 y julio de 2018 aumentaron en 2.892.000 personas; el porcentaje de ocupados a tiempo parcial pasó del 13,9 % en 2011 al 14,9 % en julio de 2018; la tasa de temporalidad se situó en el 26,8 % el año pasado, solo un punto más que a finales del 2011; los salarios subieron un 5,4 % entre 2011 y 2017 y —puesto que los salarios aumentaron en un 4,9 % en este periodo— el poder adquisitivo de los trabajadores se ha mantenido constante en contra de lo que aseguraban los voceros de la izquierda.

Como me he comprometido a ser honesto, diré que no estuve de acuerdo con la reforma de las pensiones que aceptamos en el Consejo de Ministros. Soy consciente de que los cambios demográficos plantean un enorme reto a la sostenibilidad del sistema de bienestar y, muy especialmente, a las pensiones, pero opino que el derecho de los pensionistas a mantener su poder adquisitivo es tan sagrado como el de los que han comprado deuda pública al retorno de sus intereses. A nadie se le ocurriría decir que porque no hay dinero no se pueden pagar los intereses a los bonistas y, del mismo modo, a nadie debería ocurrírsele mantener que porque no hay dinero no se puede mantener el derecho a percibir las pensiones.

La reforma de la educación tampoco fue nada sencilla para José Ignacio Wert. Es un clásico desde la Transición recordar que las comparativas internacionales ponen de manifiesto deficiencias importantes en la calidad de nuestro sistema educativo. Mejorarla fue el objetivo de la controvertida Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que Wert puso en marcha desde el mismo momento en que tomó posesión.

Las medidas introducidas por la LOMCE se basaron en tres pilares: el desarrollo y flexibilización de la formación profesional —el patito feo de nuestro sistema educativo—; la mejora de los contenidos curriculares y la introducción de competencias horizontales (resolución de los problemas complejos, desarrollo del pensamiento crítico, trabajo en equipo), y la implantación de evaluaciones nacionales para identificar en primaria a los alumnos con dificultades y definir los niveles que daban acceso a un título al final de la educación secundaria obligatoria (ESO) y del bachillerato.

Por desgracia, el ímpetu reformista se enfrió mucho a partir de las elecciones de 2016, entre otras cosas porque ya no contábamos con la mayoría absoluta que tuvimos en el periodo anterior. Sin acritud, aprovecho esta ocasión para recordar que siempre el primer mandato de los presidentes de Gobierno es mucho más rompedor que los sucesivos. El mejor Suárez, el mejor González, el mejor Aznar e incluso el mejor Zapatero lo fueron siempre en su primer mandato.

LOS DIEZ NEGRITOS

De mi época ministerial, uno de los aspectos que peor recuerdo me dejó es que mis proyectos y mi labor legislativa se estancasen en la comisión de secretarios y subsecretarios que presidía la vicepresidenta, y que, si al fin superaban ese Rubicón, no tuviesen la suficiente dotación económica para llevarlos a cabo. No era el único que tropezaba con la misma piedra.

En los albores de nuestra andadura gubernamental, nos reunimos en casa el grupo de los afectados, un grupo de amigos entre los que estaban Miguel Arias Cañete (Agricultura), Ana Pastor (Fomento), Jorge Fernández Díaz (Interior), José Manuel Soria (Industria) y yo. Luego se fueron incorporando José Ignacio Wert (Cultura), Rafael Catalá (Justicia) e Isabel García Tejerina (sustituta de Miguel Arias en Agricultura). La prensa comenzó a hablar del G-5 que, con las últimas incorporaciones, pasó a ser conocido como el G-8. Como es lógico, la Vicepresidenta nunca vio con simpatía este grupo y a la inversa. En una de las primeras reuniones, Miguel Arias se descolgó explicándonos que Soraya estaba convencida de que sería la sustituta de Rajoy. Por eso, estaba empeñada en aislar paulatinamente a los que nos consideraba más cercanos a él.

El primero de los caídos fue Alberto Ruiz-Gallardón, por entonces un valor tanto con proyección y prestigio como con hechuras de presidenciable. La operación contra él comenzó el mismo día inicial de la legislatura, cuando Soraya le dijo que se quería encargar personalmente —en operación similar a lo que hizo en Defensa al quedarse ella con el control del CNI— del Servicio Jurídico del Estado. Como es lógico, Ruiz-Gallardón dijo que, en esas condiciones, él no era ministro. A renglón seguido, Soraya insistió en pactar con él el nombramiento del director general del Servicio Jurídico y del fiscal general. Gallardón le dijo que eso lo hablaría con el Presidente.

Entonces Soraya le montó una campaña de agitación mediática sobre la lentitud de la justicia y su necesidad de reformas de todo tipo. Gallardón no se arredró, se arremangó y se dispuso a acometer esa modernización. Pero enseguida le dijeron que no habría nada de dinero para eso. «Si quieres hacerlo, aplica tasas judiciales y elimina la defensa de oficio», le aconsejaron. A Ruiz-Gallardón no le quedó más remedio que optar por esa vía, que salió fatal y entonces ellos le echaron toda la prensa encima. El Ministro fue perdiendo oxígeno hasta que se dio cuenta de que estaba muerto políticamente y decidió, como último recurso desesperado, envolverse en la controvertida bandera del aborto, aduciendo que había que cumplir el compromiso electoral. Enseguida, la polémica alcanzó tal grado que Rajoy le hizo retirar el proyecto de ley y a él no le quedó otra que dimitir. Un rival menos.

El siguiente en la lista era un amigo íntimo de Rajoy, Miguel Arias Cañete, político de gran prestigio, quien un día me dijo que o se iba a Europa o a casa, pero que «no estaba dispuesto a seguir en el Ministerio y llevarse ni un disgusto más viendo como la comisión de subsecretarios le tumbaba proyecto tras proyecto o como Montoro le cerraba por completo el grifo». Arias se fue a Bruselas. Segundo rival anulado.

Lo siguió José Ignacio Wert, que sufrió en la batalla por la educación más heridas que los jinetes del regimiento Alcántara en la carga del río Igán. La ofensiva contra la LOMCE por parte de la izquierda fue brutal, y lo peor fue que los medios más afines lo dejaron solo. El Gobierno formado a finales de 2016 suprimió las evaluaciones nacionales, lo que supone que el sistema seguirá siendo ciego —y, por tanto, no podrá identificar a los alumnos rezagados— y también que el abaratamiento de los títulos cortará en seco la incipiente mejora del rendimiento escolar observado entre 2011 y 2015. Pero lo peor es que dejará de haber un baremo homogéneo a escala nacional.

José Manuel Soria fue el cuarto objetivo. Siempre he creído que fueron sus discrepancias con la Vicepresidenta en lo que se refiere a las licencias de las televisiones privadas, que Zapatero había concedido a dedo sin el preceptivo concurso público, las que precipitaron su caída. Cuando el Supremo anuló esas concesiones irregulares, hubo que abrir un concurso público. Soria y Soraya no compartían el mismo criterio sobre qué había que hacer y cómo debía llevarse a cabo, con lo que las discrepancias fueron en aumento hasta que el primero salió del Gobierno. Otro menos.

Luego le tocó a Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior, un hombre vinculado a Mariano Rajoy desde sus primeros pasos políticos y que todavía no acaba de entender por qué le pasó lo que le pasó. El hecho de que Jorge haya dado a la luz sus memorias muy recientemente me excusa de ulteriores comentarios.

El quinto fui yo.

Así las cosas, todos los miembros del G-8 —salvo Pastor, García Tejerina y Catalá— quedamos fuera del gabinete que formó Rajoy después de las elecciones de 2016. Como en la novela de Agatha Christie titulada Diez negritos, no hubo supervivientes. Para terminar con leyendas urbanas, me apresuro a decir que las discrepancias entre Soraya y yo fueron estrictamente políticas.

Soraya Sáenz de Santamaría tiene una cabeza bien amueblada y una enorme capacidad de trabajo, pero no compartíamos opiniones políticas. Entre otras fricciones, no coincidíamos en la necesidad de acometer la reforma de las Administraciones públicas —central, autonómica, local y Seguridad Social— o la reforma radical de nuestro sistema tributario. Pero las mayores discrepancias fueron la reforma constitucional y la cuestión catalana.

MI PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Nadie conoce mejor que los que fuimos diputados constituyentes la trascendencia que la Carta Magna tuvo para devolver a los españoles las libertades y garantizar una época de convivencia y progreso sin igual en nuestra historia contemporánea. Pero, como somos los mayores defensores de la Constitución, somos también los que con mayor entusiasmo defendemos su actualización. Precisamente este entusiasmo es el que más quebraderos de cabeza y más desencuentros me causó en mi etapa ministerial.

La propuse en 2011, nada más llegar al Gobierno, cuando contábamos con mayoría absoluta. En una de mis primeras conversaciones con Rajoy le dije: «Presidente, como sabes, soy el único de tus ministros que ha sido diputado constituyente. Nadie quiere a la Constitución como yo. Pero, precisamente por eso, creo que hay que reformar lo que no funciona para preservar lo que sí. Pasarás a la historia si eres capaz de reformar un texto constitucional que se nos ha quedado un poco viejo». Y redoblé mis argumentos: «Vamos a ver, en esto de Cataluña hay que hacer la misma operación que se hizo después de 1898. Mientras muchos decían que España era un barco a la deriva que se hundía, los regeneracionistas dijeron que había que volcarse sobre esta España sin pulso, revivirla y levantarla de nuevo. Ahora hay que hacer una serie de reformas para revitalizar igualmente a España». «Pero es que no vamos a tener el mismo consenso que en el 78», adujo Rajoy. «Es cierto», reconocí. «Además, aquí viene todo el mundo —siguió él, más Rajoy que nunca— hablándome de la reforma constitucional, pero nadie me explica qué tipo de reforma quiere.» «A mí no me lo vas a volver a decir dos veces», le repliqué.

Convoqué a un grupo de personalidades muy relevantes a las que invité a ponernos a redactar el texto de la reforma. Estaban José Manuel Romay, presidente del Consejo de Estado; Pío García-Escudero, presidente del Senado; José Martín y Pérez de Nanclares, jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores; Xavi Ballarín, letrado de las Cortes; Fernando Eguidazu, director general de Relaciones Económicas Internacionales; y mi mujer, Maribel Barreiro. Todos de probada lealtad y competencia. Casi siempre nos reuníamos en casa de José María Beneyto, nuestro portavoz de Exteriores en el Congreso, por mor de la debida discreción. No todos estábamos de acuerdo con todos los artículos, pero nadie negó la necesidad de la reforma ni renegó de las líneas básicas de la misma. Finalmente cerramos un texto articulado que si alguien tiene interés —espero que sí— está publicado como anexo en mi libro Por una convivencia democrática (2017).

Al poco volví a Rajoy con mi propuesta concreta de reforma constitucional. Él la miró y lo único que dijo fue: «Con esto perdemos el Senado». «No es verdad —repliqué—, he hecho los números y no es verdad, pero, vamos, si perdemos peso, perdemos el Senado y el Congreso; con esta propuesta, creo que ganamos peso y ganamos el Congreso y el Senado.»

Visto el poco éxito, la volví a sacar a la luz en 2015 cuando ya era evidente que la solución a la «cuestión catalana» pasaba por una regeneración de la vida democrática y una modernización de nuestras instituciones, y cuando ya habían empezado a tener importancia los partidos populistas, aunque aún no se habían consolidado. Tampoco conseguí nada.

Hoy sigo defendiéndola. Cierto es que ahora es más difícil que antes llegar a un gran acuerdo entre las fuerzas políticas porque las Cortes están muy fragmentadas; pero no es menos cierto que mañana será más difícil que hoy. Una advertencia más: no se trata de intentar contentar a los que no se van a contentar, sino de lograr la cooperación o el apoyo de los que sí están dispuestos a mirar hacia delante y no hacia atrás.

En resumen, desde mi punto de vista, en la Constitución hay que corregir —desde el rigor y la honestidad intelectual, pero sin miedo— una serie de «defectos de diseño», «fallos de funcionamiento» y «defectos sobrevenidos» que el paso del tiempo ha dejado al desnudo, como si se tratase de grietas en las tapias de un viejo edificio.

Los «defectos de diseño» vinieron condicionados por el contexto en el que se elaboró. Cabría señalar entre ellos la primacía del varón sobre la mujer en la sucesión en la Corona o no haber previsto qué ocurre si —como pasó en 2015—, tras unas elecciones generales, ningún candidato accede a presentarse a la investidura. También fue defectuosa la configuración del Senado, que no es una cámara de representación territorial, sino una pura duplicación del Congreso. Una especie de «cámara de enfriamiento» de decisiones. Otro evidente defecto de diseño es la complejidad, alto grado de indeterminación y carácter abierto e inacabado del sistema de reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas del Título VIII. Además, está el escaso, por no decir nulo, tratamiento de la capital cuestión de la financiación de las comunidades autónomas, a la que se dio una patada y a seguir, diciendo que se regularía posteriormente por ley orgánica, y que no ha dejado de causar contratiempos y disfuncionalidades. El verdadero problema de fondo del sistema de financiación autonómica es que tenemos una descentralización muy generosa en gastos, pero no en ingresos, y eso determina que las autonómicas sean haciendas subsidiadas. En términos sencillos: es la misma situación del joven ya emancipado, pero que aún depende de la paga de los padres. Opino que habría que ir hacia la corresponsabilidad fiscal.

Además, como es lógico, se han ido acumulando «fallos de funcionamiento» que el tiempo ha agravado. Es evidente, por ejemplo, que el Estado de las autonomías no funciona correctamente. La prueba es la altísima conflictividad que tuvo que afrontar el Tribunal Constitucional, al que no le quedó más remedio que ir componiendo sobre la marcha una especie de Derecho autonómico. También es notable la ausencia de una adecuada coordinación horizontal entre comunidades autónomas y la falta de una mínima lealtad constitucional en el funcionamiento ordinario de las relaciones verticales —entre Estado y comunidades— y horizontales —entre comunidades autónomas—, lo que ha provocado una serie de graves disfuncionalidades que reclaman urgente «reparación».

Por último, hay que señalar también «defectos sobrevenidos», que derivan de la inadecuación de la Constitución a los cambios producidos tras su aprobación. La globalización y el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación han llegado acompañados de riesgos nuevos en materias como la protección de datos o la protección de la propiedad intelectual. Los avances en materia biomédica plantean dilemas éticos de primer orden y también algunas exigencias nuevas para proteger la dignidad humana o la integridad de la persona y el derecho a la privacidad. Las crisis que hemos atravesado y la acelerada digitalización de la economía han puesto también de manifiesto la conveniencia de reforzar algunos derechos sociales como la garantía de acceso a los servicios de colocación, la formación de los desempleados o la protección en caso de despido injustificado, o las mismas condiciones de trabajo. La constitucionalización de las pensiones para garantizar que los jubilados no pierdan poder adquisitivo es, en mi opinión, también necesaria.

Existen además derechos políticos de nuevo cuño que merecerían ser recogidos por nuestro texto constitucional entre los que destaco el principio de buena gobernanza; el de no bis in idem (un mismo hecho no puede sancionarse más de una vez); el derecho a la doble instancia judicial; la actualización del concepto de matrimonio; o la protección de la conciliación de la vida familiar y profesional. Es obvio también que una vez que entramos a formar parte de la Unión Europea es razonable que la Constitución reflejara esta nueva situación.

CATALUÑA, MI GRAN DISCREPANCIA

El segundo roce grave fue Cataluña, donde todo comenzó en la Diada del 11 de septiembre de 2012, en la que Artur Mas dio el salto del autonomismo al independentismo. Ese día, más de un millón de personas se manifestó en Barcelona tras una gran pancarta en que se leía: «Catalunya, nou Estat d’Europa» («Cataluña, nuevo Estado de Europa»).

Al ver que el pueblo catalán lo abucheaba por los ajustes, Artur Mas contaría después que imaginó que si enarbolaba la bandera de la independencia, pasaría a aplaudirle. De modo que decidió exigir el pacto fiscal, que es imposible porque la Constitución solo ampara los fueros históricos y porque, de abrir ese melón, todas las comunidades se apuntarían a la fiesta. Él decidió plantearlo sabiendo que se lo íbamos a negar, para así encontrar la coartada necesaria para regresar a Barcelona como el gran mártir y comenzar a hablar de la posibilidad de convocar un referéndum para decidir el futuro político de Cataluña. A partir de esa Diada, empezó la vía independentista.

Así, los aprendices de brujo comenzaron a mezclar el cóctel separatista, de fórmula sencilla pero eficaz. Sobre una base de una minoría independentista bien organizada y movilizada en torno a un eslogan de impecable apariencia democrática —«derecho a decidir»—, se añadió una crisis económica que sumió en la desesperanza a buena parte de la población y que taponó el horizonte de las generaciones jóvenes. Hecha esta mezcla básica, bastó con atizarla con unos bien engrasados medios de comunicación y con el acidulante de algunas reacciones algo torpes de los partidos contrarios para obtener fácilmente un cóctel explosivo —espero que aún no molotov— hecho de desafección a España, creencia dogmática de que el Estado «maltrata» y «roba», y búsqueda de una salida —vendida como grial, aunque, en realidad, solo sea una evasiva huida hacia adelante—: la independencia.

Como suele pasar, una vez fuera de la botella, el genio soberanista resultó menos manejable de lo esperado. En su afán por «hacerse amigos», Zapatero prometió públicamente que respetaría cualquier texto que aprobara el Parlament y, así, abrió la puja entre los partidos catalanes por ver cuál de ellos «parecía» más soberanista. Las costuras del sobrehilado jurídico que revestía el delicado propósito de casar el borrador estatutario con la Constitución estallaron completamente a consecuencia de la competición abierta entre los partidos. El resultado fue, no ya un cóctel, sino un bebedizo de difícil digestión jurídica que, ni tras el cepillado del Parlamento español, pudo superar las barreras constitucionales.

Como ya he explicado, once días después de que los catalanes refrendaran el nuevo Estatut —con la elevada abstención del 50,59 %—, el PP interpuso un recurso de inconstitucionalidad que acabó cuatro años más tarde en la sentencia que anuló buena parte de su articulado. El fallo cayó como una bomba. El proceso de radicalización nacionalista llevaba tiempo calentando motores y muchos ciudadanos, que juzgaron inadmisible que los jueces anularan un Estatuto refrendado por el pueblo, interpretaron que la vía de la reforma había quedado muerta. Se cerró así la prolongada etapa pujolista de la negociación y el mercadeo bilateral del «peix al cove» («pájaro en mano»), caracterizada por el apoyo nacionalista a la gobernabilidad del Estado a cambio de concesiones autonómicas, y se inauguró la fase de la eclosión independentista movilizadora.

Tras aquella Diada exitosa de 2012, hice reiteradas declaraciones públicas diciendo que había sido un éxito de organización y de movilización y que la cuestión catalana volvía a cobrar una importancia de primer orden. Aquellas declaraciones sentaron mal en el Gobierno. La Vicepresidenta pensó que me estaba metiendo en un terreno que no era el mío. Mi tesis era que eso se estaba produciendo ya y que tratar de ignorarlo no iba a funcionar, y que nuestra gente en Cataluña se iba a sentir abandonada si nadie daba la cara.

Y yo estaba dispuesto a darla. Por eso ordené la realización de diversos viajes de naturaleza diplomática, creo recordar que fueron veintidós, tanto europeos como no europeos. En Europa se visitaron todos los países bálticos, Croacia, Eslovenia, Francia, Italia, Alemania, Austria, Santa Sede, Suiza, Polonia e Islandia, entre otros muchos. Y fuera de nuestro continente se peregrinó a Estados Unidos, así como a varias organizaciones internacionales: UE, Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, etcétera. Siempre que se visitaba el Ministerio de Asuntos Exteriores, se contactaba con el asesor jurídico de cada país para explicar la posición de España desde el punto de vista del Derecho interno y del Derecho internacional y se acudía a la Comisión del Parlamento concernida. En las residencias de los embajadores se organizaban encuentros con representantes de los medios de comunicación y de la sociedad civil de cada país. La delegación la dirigía la embajadora María Bassols y la componían varios funcionarios, entre los que recuerdo especialmente al tantas veces citado José Martin y Pérez de Nanclares. Esos viajes de naturaleza preventiva resultaron, en mi opinión, muy útiles.

Si me remonto al terreno de las ideas, quiero aclarar que mi referente en la política catalana es el libro Por la concordia, que escribió Francesc Cambó en 1928. Mucho ha llovido desde entonces, pero su tesis sigue siendo válida hoy. Decía Cambó —y lo comparto— que la política asimilacionista no llevaría a ningún sitio y que la realidad catalana resurgiría con más fuerza. Reconocer el hecho catalán es una de las bases en que ha de fundarse la solución, pero también hay que reconocer lo que él llamó «realidad hispana»: que Cataluña forma parte de España desde hace mucho tiempo y no tendría demasiado sentido fuera de ella. Ante esta doble realidad caben tres actitudes: considerar que los dos hechos son incompatibles y lanzarlos uno contra el otro; considerarlos armonizables; o, finalmente, mantener el actual resquemor constante. Ya saben ustedes que yo milito, por afecto a España y a Cataluña, a favor de la convivencia y del diálogo.

Llegó un momento, el 9 de noviembre de 2014, en que, en una conferencia en el Foro de Europa Press, pedí que se requiriese a la Generalitat de Cataluña incautar y destruir las urnas y las papeletas que se estaban haciendo en una cárcel de Lérida. Añadí que, en el más que probable supuesto de que la Generalitat no hiciese nada, el Gobierno aplicase el artículo 155, poniendo a los Mossos d’Esquadra a las órdenes del Ministerio del Interior durante el tiempo necesario para ello. Propugné actuar así y que, al mismo tiempo, se abriese un diálogo sobre la reforma de la Constitución —no para darles satisfacción— y que debatiésemos públicamente sobre el tema de lengua y cultura, sobre las infraestructuras y también sobre el sistema de financiación con corresponsabilidad, que ya he explicado aquí.

Por lo demás, mi tesis era muy clara, para que el delirio secesionista se convirtiera en realidad dependía fundamentalmente de dos cosas: del reconocimiento internacional y de su permanencia en la UE, y da la casualidad de que de esas dos cosas se ocupa el Ministerio de Exteriores. Pero es que, además, en Cataluña el debate se centra en la viabilidad económica de una Cataluña independiente, lo que depende de que el hipotético nuevo Estado sea reconocido por la ONU y por la UE. Son dos cuestiones que, por oficio y por competencia, conozco bien. Estoy convencido de que era mi obligación evitar que un falso discurso siguiese extendiéndose y dar voz a aquellos que creen que Cataluña está mucho mejor dentro de España que aislada, fuera de la UE.

En cuanto a esta, la clave está en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que dice que los Estados que asuman los valores del Estado de derecho podrán pedir la integración. Por tanto, si no hay reconocimiento previo, no se es un Estado y, consecuentemente, no se cumple la primera condición. Si no hay Estado, no hay caso. Es como aquello del sacristán que decía que las campanas no sonaban por trece razones, la primera porque no había campanas, así que sobraban las otras doce. Además, como se tiene que respetar el Estado de derecho y la secesión habría sido inconstitucional, no se cumpliría el segundo requisito. Y, por último, se requiere unanimidad y, por tanto, sería imposible porque, como mínimo, no contaría con nuestro voto.

Yo tenía interés en demostrarles a los independentistas que, si nunca podrían ser reconocidos y nunca podrían estar en la UE, los daños que se derivarían de su aventura iban a ser graves, porque volverían a tener aranceles para sus exportaciones a la Unión y al resto de España, porque perderían los beneficios comerciales derivados de los acuerdos de asociación —unos cincuenta—, porque no iban a tener acceso al Banco Central, etcétera. A mí me interesaba que esa fuese la discusión para que la opinión pública entendiese con nitidez que habíamos llegado a un punto que no llevaba a ninguna parte. Lo que no puede ser no puede ser y además es imposible.

Me empeñé luego en ganar también la batalla de la comunicación internacional, porque una cosa son las relaciones con Gobiernos o con organizaciones internacionales y otra muy distinta la opinión pública. Para conseguirlo creamos Marca España, que hay que recordar que se llamaba así, entre otras razones, en alusión a la Marca Hispánica, nombre de la Cataluña carolingia. Es decir, que todo estaba bien pensado. En la vertiente internacional de la cuestión catalana, me recorrí el mundo. Como se había empezado a hablar de la vía báltica, visité en varias ocasiones los países bálticos y les sugerí claramente que, si ellos seguían por esta vía «comprensiva», yo iba a pedir que se levantasen las sanciones a Rusia que habíamos adoptado y que a ellos les interesaban tanto. Tuve también una larga entrevista con Alex Salmond, primer ministro escocés, en la que le dije que, si ellos seguían defendiendo la misma opinión, yo iba a empezar a decir que España vetaría el hipotético acceso de una Escocia independiente a la UE. La tercera visita importante la realicé a Israel, donde expliqué con absoluta claridad que, si nos molestaban en esto, nosotros reconoceríamos a Palestina.

En otro momento, cuando se estaba debatiendo la Ley de Acción Exterior, fui a Barcelona a discutir con Francesc Homs sobre la acción exterior. Acabada la reunión, me dijo que me quería ver el President. Me reuní en el despacho de este con el propio Artur Mas, Josep Duran i Lleida y Homs, y les expliqué exactamente lo mismo que acabo de contar y también mi modelo de financiación. Al oírlo, Mas me dijo que «eso me lo podría comprar».

El siguiente roce con el Gobierno sobre Cataluña se produjo con ocasión del debate televisado con Oriol Junqueras, cuyo reto acepté sin dudar. Desafortunadamente, eso chocó con el deseo de la Vicepresidenta de mantener el monopolio de la cuestión catalana, y con que Rajoy siempre ha creído que hablar de Cataluña era excitar el tema. Al poco, durante un viaje a Estados Unidos, me llamó Rajoy y me preguntó: «¿Es verdad que te has comprometido a debatir con Junqueras?». «Sí, Presidente —reconocí—, alguien tiene que dar la cara y explicar cuáles son nuestras razones. Alguien tiene que convencerles de que no van a ningún sitio...» «Pero es que es muy peligroso», me advirtió. «Yo hago lo que tú quieras. Pero no me gustaría que los “indepes” crean que no tenemos argumentos o que no nos atrevemos a oponer las razones de España a las suyas.» «Déjame que lo piense», me dijo Rajoy. Al colgar, su jefe de gabinete, Jorge Moragas, me llamó trasladándome que ahora a esas alturas era peor no ir y que, aunque no les gustaba nada, anularlo resultaba contraproducente.

En el debate, la cordialidad se impuso. Para ser un cara a cara entre dos posiciones tan confrontadas, el combate se produjo sin golpes bajos y toda apelación personal fue elogiosa. Ambos intercambiamos argumentos y no improperios, y el debate en el canal 8tv fue bastante argumentativo y diría que hasta erudito, con ambos haciendo todo tipo de referencias jurídicas, económicas, geográficas e incluso teológicas. No nos quedó más remedio que sacar a colación una buena batería de leyes, tratados, declaraciones, jurisprudencia, sentencias y casos históricos que, aunque pudieron abrumar en cierta manera a los espectadores, demostraron que ambos nos lo habíamos preparado a conciencia.

Yo me presenté como el amigo que quiere evitar que el otro, léase Cataluña, se tire por un puente: «Si usted se quiere tirar de un puente, y es amigo mío, yo le digo: “¡No te tires, Oriol! Intentaré ayudarte, pero déjame que te diga que te vas a dar una galleta monumental”». Precisamente para tender puentes, apelé también al ejemplo de una comunidad de propietarios, diciendo que no me parece bueno situarse en un extremo para negociar: «¿Cómo quiere que discutamos ahora del estatuto de la comunidad de una casa con un señor que dice que lo que quiere es prenderle fuego al edificio?». Junqueras solo supo responderme que no se veía a sí mismo como un pirómano. Ya en la prórroga, le advertí: «¡Piénselo! En España se les quiere». La conversación la cerramos con dos citas. «Vox populi, vox dei» («La voz del pueblo es la voz de Dios»), dijo él, y yo respondí con una frase de Ramón Llull: «Razón y corazón».

A pesar de las críticas recibidas antes y después del debate, volvería a debatir sin la menor duda. No puedo permitir que se queden sin réplica argumentos que son falaces. No soy un político de salón de los que no bajan al albero para no correr el riesgo de ser corneado. Sea como fuere, tras el debate con Junqueras, seguí interviniendo mucho en el tema catalán y no buscando el apaciguamiento, sino la sensatez.

El debate sobre las políticas de apaciguamiento ha sido muy recurrente en la historia. Ya pasó igual, por ejemplo, cuando el primer ministro británico Neville Chamberlain se presentó, el 5 de octubre de 1938, ante la Cámara de los Comunes para defender el acuerdo franco-alemán firmado en Múnich en el que se cedía a la Alemania nazi la región checoslovaca de los Sudetes. Con esta decisión se pretendía evitar una guerra en Europa aun a costa de poner en grave peligro la existencia misma de Checoslovaquia. «Política de apaciguamiento» se llamó entonces y pretendía contemporizar con el expansionismo de Hitler y Mussolini, cediendo a la mayor parte de sus exigencias para evitar un conflicto europeo generalizado. En su rendición de cuentas parlamentaria, Chamberlain dijo: «Traigo la paz con honor». La casi totalidad de sus colegas parlamentarios le dio la razón, pero Winston Churchill tomó la palabra para expresar su desacuerdo: «Lo máximo que ha sido capaz de conseguir ha sido que el dictador, en lugar de coger la comida directamente de la mesa, se conformase con hacer que se la sirvieran plato por plato. Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra... Elegisteis el deshonor, y ahora tendréis la guerra».

La tesis de Churchill era que, como se demuestra siempre, el apaciguamiento solo sirve para que los malos se crezcan. Hitler sacó la conclusión en Múnich, al ver que no le pasaba nada por invadir Checoslovaquia, de que las democracias occidentales eran muy débiles y a él no le iban a tocar ni un pelo hiciera lo que hiciese. Así que, el 15 de marzo siguiente, invadió el resto de Checoslovaquia y convirtió Eslovaquia en un Estado títere nazi. El 1 de septiembre de 1939, comenzó la invasión de Polonia y, con ella, la Segunda Guerra Mundial. Los presagios de Winston Churchill, lamentablemente, se hicieron realidad. El apaciguamiento no había servido para nada. Nunca sirve para nada. El único pecado que no se perdona en política es no mandar.

Para dejar el buen sabor de boca que pretendo cuando me toca hablar de Cataluña, citaré un viejo texto de Unamuno que copié hace mucho tiempo en un cuaderno de viajes:

«España se hunde —me decía un catalán catalanista— y, como no queremos hundirnos con ella, hemos de vernos precisados a cortar la amarra.» Y le contesté: «No; el deber patriótico de los catalanes, como españoles, consiste en catalanizar España, en imponer a los demás españoles su concepto y su sentimiento de la patria común y de lo que debe ser esta». Entonces resultó que disgusté a mis más próximos hermanos, a quienes les dije: «Si queremos hacer valer nuestra personalidad, derramémosla [...]. Rebasemos de la patria chica [...] para agrandar la grande y empujarla a la máxima, a la única, a la gran patria humana [...]».

No se trata de ser más catalán o más español, sino de ser más catalán para ser más español y —añado— más europeo. Y eso es lo que dice la Historia y no los relatos recientemente fabricados para uso doméstico. Como he dicho alguna vez, tengo la impresión de que en España el futuro es cierto pero el pasado es impredecible.

19

EL FUTURO POR DELANTE

No debemos dejar que nuestros temores nos impidan perseguir nuestras esperanzas.

J. F. KENNEDY

Me apresuro a comunicar a usted que la Unión Liberal y el Progreso se han dado ya la mano, y pronto se abrazarán para realizar como un solo partido la salvación de España.

BENITO PÉREZ GALDÓS

UN BLOQUEO NO PREVISTO POR LA CONSTITUCIÓN

La primera legislatura de Rajoy será recordada porque cogimos un barco a punto de naufragar y, aunque logramos achicar el agua y ponerlo en condiciones de navegar, no conseguimos que lo hiciera a la velocidad que nos hubiera gustado. Le dimos la vuelta a la economía española como a un calcetín y cuando salimos del Gobierno era ya mucho más sana que antes de la crisis. Pero justo es reconocer que en nuestro Gobierno hubo mucha economía y poca política. Los tecnócratas de obediencia sorayista siempre creyeron que debíamos pensar solo en la economía y centrarnos en lo que «pensábamos que preocupaba a la gente» sin pararnos a pensar que antes teníamos que preguntarles y explicar qué hacíamos y por qué lo hacíamos con mayor intensidad y, por qué no decirlo, con más emotividad. Marxismo en versión castiza que curiosamente hundía sus raíces en el estado de obras del antiguo régimen. Ya se lo decía Franco a sus ministros: «Hagan como yo, no se metan en política».

Con este exceso de economía y ese déficit de política nos presentamos a las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. La camisa no nos llegaba al cuerpo y la verdad es que no estuve fino cuando en la tertulia que sigue el Consejo de Ministros recordé a mis compañeros la llamada maldición de Juncker: «Sabemos lo que tenemos que hacer; lo que no sabemos es qué hacer para que nos voten después de haber hecho lo que teníamos que hacer». La campaña fue muy dura porque se nos hacía responsables de todos los males que en aquel momento angustiaban a la nación. La economía, como he dicho, iba mucho mejor, pero todavía no había llegado a todos los hogares españoles mientras que sí lo hacían los formularios del impuesto sobre la renta. Los jóvenes creían que no iban a vivir como sus padres, y muchos españoles sospechaban que el ascensor social ya no iba a subir al ático nunca más. Sufrían de lo que se conoce como el déficit de futuro.

Para mi pequeña historia quede que en esas elecciones fui candidato por la provincia de Alicante. La verdad es que no lo había pedido. El día que se presentaban las listas era viernes y, en consecuencia, había Consejo de Ministros. Salí del palacio de la Moncloa con la convicción de que mis servicios no iban a ser requeridos, pero a mediodía me llamó Rajoy y me anunció que estaba en las listas sin concretarme más. Camino de San Sebastián recibí una llamada de Pepe Císcar, el presidente provincial de Alicante. La conversación fue muy breve: «¿Sabes que eres el número uno por esta provincia?». Le contesté: «Pues, mira, no lo sabía, pero me hace mucha ilusión, porque como sabes pasé los nueve primeros años de mi vida en Benidorm y tengo una casa en Jávea a la que me retiraré cuando abandone la vida política». La campaña fue muy divertida y el resultado no fue malo porque sacamos cuatro escaños, siendo así que cuando la empezamos no nos daban más de tres. Resultaron elegidos conmigo Loreto Cascales (Santa Pola), Gerardo Camps (Benidorm) y Joaquín Albaladejo (Torrevieja).

Y vuelvo a la gran historia. Los populares sufrimos un castigo mayor al que habíamos anticipado. Pasamos de tener 186 escaños en 2011 (mayoría absolutísima) a tan solo 123 en 2015. Los socialistas mantuvieron la segunda posición: pasaron de 110 en 2011 a 90 en 2015, el peor resultado de su historia. Pero lo realmente significativo fue que el PP y el PSOE perdieron en conjunto 5,4 millones de votos y 83 escaños respecto a las elecciones de 2011. Lo resumió muy bien el periódico El Mundo: «Los españoles decidieron ayer dar por muerto y enterrado el bipartidismo en torno al que ha venido girando nuestro sistema político desde 1977» (21 de diciembre de 2015).

Como se había ido perfilando a lo largo de toda la campaña, dos partidos emergentes entraron con fuerza en la escena política. Podemos, el partido de Pablo Iglesias, obtiene 42 escaños y anuncia que su intención es asumir la hegemonía de la izquierda política, que hasta entonces había tenido el PSOE; soñaban con la sorpassoquización del PSOE, con sacarle del terreno como hizo Syriza con el Pasok griego. Ciudadanos, la otra gran novedad en la política española, consiguió 40 escaños. Si tenemos en cuenta que era su debut en la escena nacional —no así en la catalana—, su resultado debe calificarse de muy brillante; su triple mensaje —regeneración política, modernización de la sociedad y freno a los nacionalistas— fue muy bien recibido por simpatizantes del PP. Los resultados certificaron el final de una etapa y la apertura de otra distinta; la política española no fue ya nunca un partido de singles, sino de dobles, con la peculiaridad de que cada uno de los jugadores soñaba con eliminar a su pareja.

En la primera transición (1997-2015), el centro derecha, UCD y PP, y el centroizquierda, PSOE, se habían ido turnando pacíficamente en el Gobierno, apoyándose en los nacionalistas cuando los números no daban. Cobraban buenos dividendos por su apoyo, pero en ningún caso aspiraban a sentarse en el Consejo de Ministros. Los nuevos partidos que querían romper este equilibrio (CDS, PDR y UPyD) fueron ninguneados hasta su definitiva desaparición. Las cosas cambiaron en 2015 porque Podemos y Ciudadanos llegaban para quedarse. Y además quieren mandar. Con la llegada de VOX, unos años después, el escenario se complica aún más…

Rajoy fue el primero en darse cuenta de que las cosas habían cambiado y que en el nuevo panorama no había ninguna posibilidad de formar un gobierno estable sin contar con otras fuerzas políticas. La coalición más lógica hubiese sido con Ciudadanos, pero los números no cuadraban. Rajoy le ofrece entonces a Pedro Sánchez la vicepresidencia del Gobierno y un número de ministros proporcional a la fuerza parlamentaria del PSOE. La verdad es que lo de los ministros no le quitaba el sueño. «A mí, ¿qué más me da tener unos cuantos ministros más?». Le contesté con sorna: «Para el caso que nos haces...». Sánchez no aceptó y esa decisión fue la que acabó para siempre con el bipartidismo.

Lo que tocaba entonces era decidir si Rajoy se subía o no a la tribuna para pedir la confianza de la Cámara sabiendo que no contaba con apoyos suficientes para formar gobierno. Mi opinión fue clara: «Sólo puedes ir a la investidura si cuentas con la mayoría suficiente para ganarla. Si no la tienes, no tiene sentido que lo intentes, porque te van a crucificar. Va a ser un auténtico auto de fe en el que la corrupción será el argumento central de todos los partidos de la oposición». No se presentó.

Sánchez decidió entonces someterse a la investidura a sabiendas de que no contaba con los votos necesarios para ser investido. Lo intentó con CS, la fórmula que más gustaba en los mentideros empresariales y en las cancillerías extranjeras. Las conversaciones entre los dos culminaron en un programa de gobierno conjunto que recogía más de 200 medidas entre las que destacaban la derogación de la reforma laboral del PP y de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), la reforma de la Constitución, un nuevo marco fiscal y laboral, una defensa cerrada de la unidad de España y un rechazo frontal a una consulta soberanista en Cataluña. Pedro Sánchez y Albert Rivera sellan el acuerdo con un abrazo y de ahí el nombre con el que pasó a la historia: «el Pacto del Abrazo». El pacto no decía nada sobre si CS entraba o no en el Gobierno y es que tanto Sánchez como Rivera explicaron que no habían hablado de sillones sino solo de las reformas que España necesitaba.

Una vez sellado el acuerdo entre Rivera y Sánchez, los poderes fácticos nos presionaron ad infinitum para que nos abstuviésemos argumentando que de no hacerlo Sánchez llegaría a un pacto con Podemos y los independentistas. Creo recordar que fue Esperanza Aguirre la que defendió con ahínco esta posibilidad: «Cualquier cosa que se haga para evitar que los comunistas y los independentistas lleguen al poder es un mal necesario». «¿Qué hacemos?», me preguntó Rajoy. Contesté rápido: «Si nos abstenemos, el PSOE y CS van a ocupar el centro de la escena política, dejándonos a nosotros y a Podemos el papel de meros comparsas. Uno a la izquierda y otro a la derecha; más o menos, el papel que protagonizaron Alianza Popular y el PCE en los albores de la Transición; cosa distinta es que entremos en el Gobierno. Coalición sí. Abstención no. Si incumple y estamos en el Gobierno, nos levantamos y el follón será enorme. Si no estamos en él, solo nos quedará patalear en las esquinas. Nos tildarán de ingenuos».

En estas, Sánchez da una voltereta dialéctica a las que es tan aficionado e intenta que sea Iglesias el que se abstenga y permita un Gobierno social liberal sin darle nada a cambio, un simpa. Le dije a Rafael Catalá: «Esta oferta me recuerda mucho a la que el presidente Wilson les hizo a sus adversarios republicanos cuando les pidió su apoyo para crear la Sociedad de Naciones. “¿Saben lo que les digo? Vamos a medias. Yo iré y ustedes pueden quedarse en casa”». El discurso de Pablo Iglesias fue de los más duros que yo recuerdo: «Las siglas del PSOE son las siglas del partido de mi abuelo. Contó y cuenta con mujeres y hombres de gran valía con los que nos gustaría poder trabajar, pero su partido fue también el partido del crimen de Estado, y tienen manchado su pasado de cal viva».

Iglesias añadió a su discurso unas frases que han marcado la relación entre los dos hasta hoy: «Ustedes no son de fiar; si quieren acuerdo, será con garantías». Algo de lo que no se ha apeado desde entonces. Con este ambientazo no sorprenderá a nadie que no llegasen a un acuerdo y que la investidura no saliese. Pero como no hay mal que cien años dure, hemos visto que después de las últimas elecciones de noviembre de 2019, el odio se ha trocado en amor y la desconfianza en confianza.

Mientras esto ocurría, nosotros continuamos en el Gobierno, pero con las alas muy recortadas, porque un gobierno en funciones puede hacer muy pocas cosas. Esta norma no escrita fue respetada hasta que Sánchez decidió que, incluso en funciones, podía hacer lo que le viniese en gana; si no, recuerden ustedes los viernes sociales con decretos leyes a gogó.

A LAS URNAS OTRA VEZ

El domingo 26 de junio de 2016, los españoles acudimos a las urnas por segunda vez en menos de un año. No hubo grandes sorpresas. Los populares obtuvimos 137 escaños, 14 más que el 20-D. El PSOE mantuvo la segunda posición pero bajó 5 escaños. Podemos consiguió 71 escaños y Ciudadanos perdió 8 diputados, situándose en 32. Un galimatías muy parecido al que resultó de las elecciones anteriores. Si alguien no había entendido todavía que en España ya no habría más gobiernos posibles que los gobiernos de coalición, el resultado de estas elecciones debería haberle sacado de dudas.

En estas elecciones volví a encabezar la candidatura de Alicante y las cosas nos fueron bastante bien. Las encuestas nos daban cuatro escaños y al final sacamos cinco. Repitieron escaño Loreto, Gerardo y Joaquín, y se incorporó a nuestras filas María Dolores Alba Mullor (Alcoy). No puedo dejar de mencionar aquí a César Sánchez, presidente de la Diputación, y a Miguel Savall, secretario local de Jávea, que me ayudaron en todo.

Lo primero que hace un Congreso recién elegido es constituir la Mesa. PP y CS iniciaron conversaciones al efecto. Serían las cinco de la madrugada del día anterior a la elección de la Mesa y su presidencia cuando un pitido en mi móvil me alertó de que tenía un mensaje. Era de Albert Rivera que literalmente decía: «El periódico El Mundo publica mañana que he vetado tu candidatura para la presidencia del Congreso. Es rotundamente falso. Lo que le he hecho llegar a Rajoy es que mis candidatos sois Ana Pastor o tú». Cuando le enseñé el mensaje a la autora del reportaje, me confesó que habían sido fuentes —o mejor dicho fuentas— de mi propio partido las que habían filtrado la noticia. Solventado lo que no pasó de ser una anécdota, vuelvo al relato principal. Rajoy volvió a ofrecer a Sánchez un Gobierno de coalición, pero este volvió a negarse como lo había hecho unos meses antes. Solo restaban dos opciones: o un Gobierno popular con la abstención del PSOE o unas terceras elecciones. La pelota estaba en el tejado del PSOE, aunque antes hubo mucho lío en la Villa y Corte.

En los cenáculos empresariales se empezó a especular con la sustitución de Rajoy por algún otro candidato del Partido Popular. Se habló de Ana Pastor, persona de la máxima confianza de Mariano y también de Luis de Guindos, a quien algunos comentaristas presentaban como una especie de Mario Monti a la española. Jorge Fernández, el todavía ministro del Interior, me contó que también se había especulado con la posibilidad de que Félix Sanz, director del CNI, fuese el mirlo blanco que nos sacase del atolladero, al tratarse de un militar de prestigio que había servido con Gobiernos socialistas y populares indistintamente. Mis amigos aprovecharon la ocasión para decirle a Rajoy que yo también me estaba postulando como posible sucesor. Circularon la noticia por algunos confidenciales y el presidente me llamó indignado. Me llevé un enorme disgusto y le desmentí rotundamente semejante infundio ofreciéndome a llamar a algunos de los empresarios que habían barajado esa posibilidad. Lo hice con mucho gusto. Tengo para mí que, a partir de ese momento, Rajoy comenzó a mirarme con cierto recelo; yo me sentí defraudado.

El debate que se abrió en el PSOE fue terrible. La nomenclatura y los socialistas pata negra estaban por la abstención, los más radicalizados en contra. Sánchez supo leer bien los sentimientos de sus militantes y se negó con todas sus fuerzas a permitir que Rajoy fuese investido. Los críticos decidieron entonces que no había más solución que echar a Sánchez. El 28 de septiembre, 17 miembros de la ejecutiva socialista dimitieron para forzar su caída, pero él decidió convocar elecciones primarias. La sesión tuvo que ser suspendida después de que los críticos denunciasen que los sanchistas estaban dando un pucherazo. Finalmente se votó a mano alzada y la propuesta fue derrotada. Minutos después, Sánchez anunció su dimisión como secretario general del PSOE. Se nombró una gestora y tres semanas después, el Comité Federal del partido acordó abstenerse. Pedro Sánchez anunció su propósito de morir antes de acatar esta decisión. Como una María Goretti laica, llevó su resistencia hasta el final y entregó su acta de diputado antes de la votación. El «No es No» fue el grito de guerra con el que inició la reconquista del terreno perdido.

Con el escenario despejado, la primera sesión de investidura tuvo lugar el 27 de octubre de 2016 y Rajoy obtuvo 170 votos a favor, pronunciándose en contra 180 diputados. En la segunda sesión, el 29 de octubre de 2016, Rajoy tuvo los mismos votos a favor, pero los socialistas se dividieron. Se abstuvieron 68, votaron en contra 15 y uno no se presentó. Entre los quince quiero recordar a Meritxell Batet, Manuel Cruz, Margarita Robles, Susana Sumelzo y Odón Elorza, todos ellos en el cuadro de honor del nuevo PSOE de Pedro Sánchez. Mariano Rajoy formó nuevo Gobierno, pero se avecinaban nuevas borrascas. No las viví desde dentro porque no contó conmigo.

MI SALIDA DEL GOBIERNO

Creo que Rajoy tomó la decisión de no contar conmigo después del discurso que pronuncié con ocasión de la presentación del libro de José María Beneyto, Historia de la política exterior española, en el que expliqué las líneas generales de reformas que creía que el Gobierno debería afrontar, empezando por la de la Constitución. A partir de entonces comencé a percibir en la prensa, especialmente en la amiga, una campaña de acoso y derribo. En una comida en que nos reunimos los amigos del G-8 para despedirnos antes de las vacaciones, José Ignacio Wert, persona bien informada, nos contó que Soraya había decidido que teníamos que salir del Gobierno Jorge Fernández Díaz, Pedro Morenés y yo. El tema estaba sentenciado. Tuve la certeza de que la suerte estaba echada cuando el representante del Ministerio de Hacienda, en las reuniones que periódicamente celebramos sobre Gibraltar, no se presentó, por orden expresa de Cristóbal Montoro. El cerco se estaba estrechando.

Por eso, cuando un periodista me preguntó en los pasillos del Congreso: «¿Y usted dónde se ve?», contesté: «Me veo entrando en el hemiciclo, que es el único sitio público en el que parece que voy a estar en el próximo futuro. Miro todos los días las esquelas del ABC para saber si sigo entre los vivos. La mía no se ha publicado aún, pero me dicen que está en imprenta». Días más tarde, Marta Martín, diputada de CS por Alicante, me comentó que Íñigo Méndez de Vigo, a la sazón ministro de Educación, hablando sobre mí le dijo: «Por Margallo no te preocupes, porque le vamos a sacar del Gobierno en cuanto podamos». Me chocó el plural mayestático, aunque sabía de la cercanía entre Soraya e Íñigo.

En la mañana en que se iba a hacer público el nuevo Gobierno, recibí aviso de que el presidente quería verme en la Moncloa. Tras el intercambio de saludos de rigor, Rajoy me dijo: «Tengo que hacer cambios en el Gobierno…». «Mira —le interrumpí—, como los cambios empiezan por mí, no hace falta que pierdas ni un segundo. Tú me nombraste ministro y, por tanto, tienes todo el derecho a cesarme. Ya sabes que, como democristiano que soy, leo mucho las Escrituras y el Libro de Job es luminoso: “El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, ¡alabado sea el nombre del Señor!”. Por tanto, ahora no vamos a perder un segundo en este tema. Pero sí que te voy a decir las cosas que deberían corregirse y que a mi juicio son importantes. Solo te pido que no cejéis en las tres cosas en las que personalmente he puesto más empeño: Cataluña, Gibraltar y la reforma de la leyes que se nos han quedado viejas, empezando por la Constitución». Rajoy me escuchó pacientemente, pero en un momento determinado me interrumpió: «José Manuel, tu problema es que tienes un ego estratosférico». Me quedé un tanto sorprendido y reaccioné jocoso: «Pues, mira, es verdad que nunca he tenido problemas de autoestima. Gracias a eso hoy tienes un edificio normativo en Exteriores que antes no existía, y una Estrategia de Acción Exterior por la que nadie daba un duro. Gracias a eso también logramos renovar las Cumbres Iberoamericanas, ganar la carrera del Consejo de Seguridad y lanzar Marca España. Y de propina —añadí—, tenemos la actualización del reglamento del cuerpo diplomático que, para algunos supuestos, databa de los años cincuenta. Y todo contra viento y marea, con más de una zancadilla. La Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios ha sido el desfiladero de las Termópilas y cada mañana me desayunaba con un nuevo recorte a un presupuesto más propio de una orden mendicante que de un Ministerio encargado de las relaciones exteriores y de la cooperación en horas muy difíciles».

Acabada la charla, Rajoy me dio las gracias por todo y me acompañó para saludar a mi mujer, que me estaba esperando en el coche, porque, como la reunión me olía a degollina, le pedí que me acompañara. Ese día comimos juntos Jorge Fernández y su mujer con Maribel y yo, y nos reímos recordando la anécdota que me contó Jaime Lamo de Espinosa acerca de cuando le destituyeron a él: «Llegué al coche y me senté en el asiento de atrás, hasta que me di cuenta de que o me ponía en el del conductor o aquello no iba a arrancar nunca». A partir de entonces nos sentamos en el Congreso en la fila reservada a los exministros, la conocida como el valle de los caídos. Ya ven, pura actualidad.

Como todos los que salimos del Gobierno antes de la moción de censura, no cuento entre mis condecoraciones con la Gran Cruz de Carlos III que siempre se ha concedido a los ministros de España. Me dicen que fue la vicepresidenta la que argumentó que no era conveniente que el Consejo de Ministros distinguiese a los que habían formado parte de él. Eso sí, los que formaron parte del último Consejo de Ministros fueron condecorados por Pedro Sánchez. Así las cosas, recordé la frase atribuida a Fernández Ordoñez: «¡Cuerpo a tierra que vienen los nuestros!».

Tras mi salida del Gobierno seguí adelante con mi trabajo político. Me dediqué en cuerpo y alma a defender los intereses de los alicantinos, mi distrito electoral, centrándome en cuatro cuestiones capitales: el agua, la reindustrialización de la provincia, el Corredor Mediterráneo y la reforma de la financiación autonómica. Presidí además la nueva Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Comencé también a hacer otras cosas, como dar conferencias por toda España y participar en tertulias en medios de comunicación, cosas para mí igual de apasionantes y agradables, que me obligaban a prepararme y a tener frescas las ideas. También publiqué varios libros, como Europa y el porvenir (2016) y Por una convivencia democrática (2017), en el que plasmé precisamente todas las reformas que le había ido proponiendo a Rajoy, incluida la constitucional.

LA MOCIÓN DE CENSURA DE PEDRO SÁNCHEZ

Como antes he contado, los críticos echaron a Sánchez, pero él prometió volver, y lo hizo para no dejar títere con cabeza. Susana Díaz —«Pedro, cariño, no mientas»— pasea desde entonces su duelo en silencio por tierras andaluzas, y los compañeros de bancada que no siguieron a Sánchez están hoy criando malvas, políticamente hablando, claro. Una tragedia digna de Shakespeare. La obsesión de Sánchez desde que volvió a Ferraz fue buscar una ocasión propicia para echar a Rajoy. La encontró cuando la Audiencia Nacional declaró al Partido Popular participe a título lucrativo de la trama Gürtel. Aunque luego se declaró nula, el daño estaba hecho. Aún a riesgo de anticiparme a los acontecimientos, quiero subrayar que la sentencia sobre los ERE andaluces no ha provocado, al menos por ahora, reacción alguna en las formaciones políticas dispuestas a apoyar a Sánchez. Algunos de los nuestros se quejan de que haya una doble vara de medir, la que mide a la izquierda y la que mide a la derecha. Eso es verdad, pero también deberíamos ser más autocríticos y reconocer que la comunicación no es una de nuestras virtudes más acreditadas. En todo caso, como decía Orwell va a ser verdad que «todos somos iguales, pero unos más iguales que otros».

Para mí que la cosa no hubiese pasado a mayores si los ministros encargados de discutir los presupuestos no hubiesen cometido el error infantil de cerrar un pacto presupuestario con el PNV y no un pacto de legislatura. La noticia del cambio de posición de los nacionalistas vascos me sorprendió, y tengo la sensación de que a Rajoy le pasó lo mismo. Uno de los ministros me contó que, cuando Soraya le enseñó un wasap que decía que el PNV se había pasado de bando, a Rajoy se le rompió el vaso que tenía en la mano.

El debate de la moción fue un auténtico viacrucis porque todo giró en torno a la corrupción. Conozco a Rajoy desde hace mucho tiempo y sé de su forma de vivir, de su honestidad, y no hay nada que le pueda afectar más que el hecho de que alguien pueda pensar que no es honrado. Lo es. Es de las pocas personas por las que pondría la mano en el fuego.

Lo más llamativo de aquel debate fue la llamada «escena del bolso» cuando la vicepresidenta decidió dejarlo en el asiento del presidente, que por la tarde no había ido al Congreso. A partir de ahí, poco sé de primera mano, salvo lo que me han ido contando unos y otros de lo que pasó en el restaurante Arahy. Al parecer, Soraya sostenía que Rajoy debía dimitir, lo que supondría la caducidad de la moción de censura y la apertura de un nuevo proceso de investidura con ella como candidata. Soraya decía contar con los votos del PNV. Cospedal se opuso a esta maniobra. No estaba sola. Éramos muchos los diputados que dijimos que no aceptaríamos que Soraya fuera la sucesora y que había que buscar un candidato de consenso. Cualquier cosa antes que dejar las llaves de la Moncloa a Sánchez y a su cohorte de sanchistas, podemistas y separatistas.

La llegada de Sánchez a la Moncloa supuso un punto de inflexión. La crispación política ha aumentado a niveles desconocidos. España se divide en dos como si un violento hachazo la hubiese partido. Si, desde la restauración de la democracia hasta la moción de censura, habíamos vivido unidos por el hilo común del diálogo y una cierta complicidad entre los dos grandes partidos nacionales, la complicidad se quiebra totalmente con el Gobierno de Sánchez. La imagen de las dos Españas, que creíamos arrumbada para siempre, vuelve a estar presente.

PRIMARIAS DEL PP: SORAYA CONTRA TODOS

Rajoy decidió convocar un congreso para elegir un nuevo líder. El gran candidato de consenso, el que hubiese tenido un amplio respaldo, hubiera sido, sin duda, el gallego Alberto Núñez Feijóo. Me contó que él ya había hecho llegar a Rajoy que solo se presentaría si el congreso se celebraba más tarde. «Rehacer el PP de Galicia nos ha costado trece años —arguyó— y nadie entendería que ahora yo saliese disparado a Madrid. ¿Tú crees que eso lo entenderían con Urkullu o con Torra? Pues Galicia es igual.»

La renuncia de Alberto dejaba expedito el camino a Soraya. José Ramón García Hernández y yo mismo decidimos presentarnos para romper esta dinámica. También se presentaron Dolores de Cospedal, la secretaria general, Pablo Casado y Elio Cabanes, un concejal valenciano. Era perfectamente consciente de que mis posibilidades eran nulas, porque era imposible competir con la secretaria general —que controlaba el aparato del partido—, con la vicepresidenta —que contaba con el apoyo de los delegados y subdelegados del Gobierno— y con Pablo Casado, al que apoyaban las Nuevas Generaciones del partido.

Como no quería que mi candidatura se interpretase como un movimiento contra Rajoy, escribí un artículo en El Mundo con el título «Querido presidente y amigo», cuyos principales pasajes reproduzco aquí, porque lo firmaría también hoy:

En estos momentos se amontonan los recuerdos: Bruselas, Washington, Nueva York, Roma... y también aquellas navegadas en Baleares […] con una fabada Litoral como plato estrella. […] Atardeceres en los que hablábamos de todo lo divino y lo humano, pero en los que siempre acabábamos hablando de España. Después vinieron tiempos complicados. El primero fue cuando en 2004 perdimos unas elecciones que creíamos ganadas. Recuerdo […] que unos cuantos —muy pocos— nos congregamos, como los cristianos en las catacumbas, en tu despacho de Génova, mientras debajo de tu ventana grupos de gente nos increpaba con auténtica saña. […] Recuerdo también las vísperas del Congreso de Valencia, [esquivando] las balas que venían por babor y por estribor. […] Siempre he creído […] que has sido un gran presidente, aunque te ha tocado navegar en aguas muy revueltas y con vientos muy recios. […] La España que recibiste estaba al borde de la bancarrota y eran muy pocos los que nos creían capaces de mantener a flote un barco a la deriva y haciendo aguas por todas partes. Mantuviste el timón con serenidad y supiste transmitirnos a todos […] que éramos más que capaces de capear el temporal y dejar, sana y salva, a la tripulación en puerto seguro. Los últimos datos económicos […] prueban que pudimos y supimos mantener el rumbo. No […] hay nadie que no sepa que los españoles viven hoy mejor que entonces. En poco tiempo se reconocerá tu labor. […]

Pero no quiero seguir hablando de política. Aunque te sonroje, prefiero hablar de ti. Siempre supiste que no soy de los que se callan y que cuando llego a una conclusión la defiendo con vehemencia y un punto de terquedad. […] En tu honor diré que siempre me he sentido libre de defender mis opiniones y que me permitiste hacerlo. No tengo que recordarte que no siempre hemos coincidido, pero es verdad que siempre me has escuchado. […] En todos estos años, los que nos hemos sentado en la mesa del Consejo de Ministros hemos discrepado en muchísimas ocasiones, pero siempre hemos coincidido en aceptar tu veredicto final. Y eso es la mayor prueba de respeto intelectual y ético que se puede mostrar por un presidente del Gobierno. […] Quiero terminar subrayando que pese algunas diferencias puntuales hay algo que nos une especialmente: la pasión por España. […] Esa, de la España constitucional, de la España tolerante, de la España abierta al mundo, es la que has sabido transmitir a todos los que te hemos rodeado. Quédate tranquilo: la España que entregas a tu sucesor es mucho mejor que la España que tú cogiste...

Esa misma noche estaba en una tertulia en Intereconomía. Sonó el teléfono, era él. Tras un rápido saludo, le avisé que no tenía mucho tiempo porque estaba a punto de salir en directo. Me dijo una de esas cosas que solo puede decir Rajoy: «Ya sabes que no leo la prensa, pero me han dicho que has publicado un artículo muy cariñoso. Mi hijo me ha preguntado: “¿Pero por qué le echaste?”, y yo le he explicado que son las cosas que tiene la política». Creí que esta llamada ponía fin a nuestros desencuentros, pero me equivoqué.

El mes siguiente me recorrí España de punta a punta acompañado de mi mujer como directora de campaña, y de nuevo aquí tengo que reconocer a Miguel Savall por su ayuda en Alicante a contracorriente de la dirección regional. A pesar del resultado, la experiencia fue muy gratificante. Las urnas se cerraron el día 5 de julio. Soraya y Pablo Casado pasaron a la segunda vuelta. Un resultado que fue una gran sorpresa, pues creía que los finalistas serían Cospedal y Sáenz de Santamaría. Conocidos los resultados, los candidatos comparecimos en rueda de prensa. Mi intervención fue corta y se centró en poner en valor el hecho de que se hubiesen celebrado primarias, mi lealtad al partido y el agradecimiento a los que me habían votado: «Han sido tan pocos que espero poder agradecérselo a todos uno a uno». A lo largo de este tiempo algunos han vuelto a acercarse a mí. Gracias de nuevo. Nada más perder, Rajoy me llamó muy cariñoso. «No, si ya sabía que no iba a ganar», le dije. Creí que esta llamada era otro paso más —el primero fue la llamada a la que me he referido antes— hacia la reconciliación. Me volví a equivocar.

El 15 de julio asistí a un acto en Gandía en apoyo de Pablo Casado. Me pidió que hiciese unas declaraciones en vídeo. En primer lugar, dije que el partido estaba como estaba a causa de tres ces: Corrupción, Crisis y Cataluña. En segundo lugar, señalé que era absurdo pretender que las mismas personas que habían fracasado en su intento de enderezar la situación fuesen las idóneas para invertirla, porque en física se dice que si aplicas las mismas fórmulas obtendrás siempre los mismos resultados. En tercer lugar, subrayé que Casado era el único que podía llevar a cabo la necesaria renovación del partido.

Diez minutos después de acabar el acto de Gandía, recibí un mensaje de Rajoy muy crítico con mi actitud. Le contesté: «Deberías reflexionar por qué cinco de los seis candidatos que nos hemos presentado a estas primarias consideramos que Soraya no es la persona adecuada para dirigir España ni al partido». Fue la última vez que hablé con Rajoy, aunque le volví a ver en el funeral de su padre, al que yo había conocido tiempo atrás.

Días después me llamó José Manuel Soria para invitarme a una comida con Casado, los ministros del G-8 y los cospedalistas. Me pareció buena idea porque, como es sabido, la campaña de Soraya se basaba en tres ideas-fuerza. La primera, que ella era Rajoy y que Casado era Aznar. La segunda, que ella era la encarnación del centro mientras que Casado representaba un giro a la derecha. La tercera, que tenía experiencia de gestión y que Casado solo tenía a los chicos de Nuevas Generaciones. Con la comida colocamos dos mensajes muy claros: la mayoría de los ministros de Rajoy están con Casado, y, por tanto, Soraya no es la heredera; y segundo, Casado tiene un equipo solvente detrás que le respalda y dispuesto a acudir al rescate si algo falla.

A mí Rajoy no me dijo nada, pero a mis otros compañeros sí. José Manuel Soria, Juan Ignacio Zoido, Isabel García Tejerina y Jorge Fernández, que yo sepa, recibieron mensajes suyos en que les decía que ni entendía ni compartía lo que estábamos haciendo. Uno de esos mensajes, cuyo destinatario no desvelo, decía que Rajoy advertía que este cónclave era una maniobra «contra nosotros», subrayando así su posicionamiento inequívoco en favor de su vicepresidenta. A nosotros nos produjo un enorme dolor pensar que pudiese creer que la cosa iba contra él. Se lo hicimos saber, pero no estoy seguro de que lo entendiese.

Pablo Casado ganó el congreso con casi el 60 % de los compromisarios y formó un equipo en el que personalmente me faltaron algunos nombres. Sentí que no se incorporasen, entre otros, Fátima Báñez y Álvaro Nadal, por los que tengo gran estima intelectual y cariño. Creo que los grandes partidos se forman sumando, y la tarea que nos espera es tan ingente que no sobra nadie. Será la nostalgia, pero de nuevo echo de menos que no se hiciese lo que se supo hacer en la Unión de Centro Democrático.

PABLO CASADO, UN NUEVO LÍDER PARA EL PP

Pasado el congreso y elegido Pablo Casado, lo que más me preocupaba era que tomara una deriva que se pudiese interpretar como un giro a la derecha. En una de nuestras conversaciones, le dije: «Estamos en una tormenta perfecta. Tienes que mirar con un ojo a la derecha para que no se te vayan votos a VOX y con el otro a la izquierda para que no se te vayan a Ciudadanos. Lo que toca es definir un proyecto político que nos permita reconocernos y ser conocidos por los demás». Le hablé de nuestro compromiso innegociable con los derechos y libertades, con la separación de poderes y la independencia judicial, con la economía social de mercado, con el multilateralismo y con el proyecto europeo. Sobre todo, le insistí en que no intentásemos parecernos a VOX, porque entre la copia y el original, se escoge siempre al original.

Por desgracia, eso fue lo que pasó en la campaña de las elecciones generales de abril del 2019. El resultado es conocido. Los socialistas tuvieron 123 escaños, los mismos que Rajoy en las elecciones de 2015. Nosotros nos tuvimos que conformar con tan solo 66. Ciudadanos consiguió 57, más escaños que en las elecciones anteriores, pero no los suficientes como para lograr el ansiado sorpasso al PP con el que soñaba Rivera. Unidas Podemos consiguió 42 escaños, 29 menos que en las elecciones de 2016, pero los suficientes para quitarle el sueño a Sánchez. VOX obtuvo 24 escaños, en esta ocasión, muchos menos de lo que les pronosticaban las encuestas. ERC llegó a los 15 escaños superando a sus rivales de Junts per Catalunya, que se tuvieron que conformar con 7. El PNV logró 6 escaños, convirtiéndose en un actor principal en la política española. Definitivamente, el bipartidismo había muerto y la fragmentación política era un hecho y lo que es peor, la suerte de España está, demasiadas veces, en manos de partidos que quieren destruirla.

Así las cosas, el dilema de nuevo era si abstenernos o no. En una de sus visitas a Bruselas, Casado me preguntó: «¿Crees que deberíamos abstenernos y facilitar un Gobierno de Sánchez?». Le contesté: «No lo creo en absoluto. Si haces eso, estás muerto. Solo podrías abstenerte, en teoría, si Sánchez jura por sus difuntos no comprometerse nunca ni con los separatistas ni con los bolcheviques caribeños, y aun eso no garantiza que, una vez en la Moncloa, haga lo que le parezca más conveniente, sin que nosotros podamos desahuciarle en cuatro años». Añadí: «Lo único sensato sería entrar en un Gobierno de coalición en el que también estuviese Ciudadanos para hacer las reformas que teníamos que haber hecho hace tiempo y que España necesita. Coalición sí, abstención no».

Casi sin solución de continuidad se celebraron las elecciones locales, autonómicas y europeas. Los populares recuperamos nuestro rumbo centrista natural y mejoramos los resultados. Gracias a una política inteligente de pactos conservamos las Comunidades Autónomas de Castilla-León, Madrid y Murcia y muchos ayuntamientos, formando Gobiernos con Ciudadanos y con el apoyo externo de VOX. La moraleja de esta historia es clara: nos tenemos que entender con CS y podemos colaborar con VOX en ayuntamientos y en autonomías en donde lo que se discute son asuntos cotidianos que afectan a la vida de los ciudadanos. Es posible que haya que contar también con ellos a la hora de formar Gobierno nacional si nos dan los números, pero evitando que su discurso se confunda con el nuestro. En el Parlamento Europeo, la colaboración con ellos se me antoja muy difícil salvo en lo que se refiera a defender los intereses de España.

MI DESEO DE REGRESAR A EUROPA

De cara a las elecciones, le había dicho a Casado que no quería volver a concurrir al Congreso de los Diputados y quería volver a Europa: «Yo era el siete de la lista en mi reencarnación anterior, y lo único que pido es conservar el dorsal. No por vanidad, que esa ya la tengo cubierta, sino para que las demás delegaciones nacionales sepan que tengo el apoyo de mi partido». Me preguntó: «¿Por qué Europa?», y le contesté que por varias razones. «En el Parlamento Europeo pasé unos años muy felices y me sentí muy realizado en mi trabajo. Los años que se avecinan van a ser muy moviditos y me gustaría estar allí. Hay que negociar el brexit, estudiar las consecuencias que va a tener para Europa la elección de Trump y ver qué hacemos cuando estalle la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y eso es solo la punta del iceberg porque la globalización, la digitalización y la resaca de la crisis van a provocar enormes cambios en el escenario económico y una revolución en el terreno de las ideas. Por eso me gustaría estar allí».

Respecto al brexit, me preocupa porque es un síntoma evidente del nuevo orden mundial que condicionará la política española. En su momento, advertí a Rajoy que era probable que los británicos se fuesen. No todos coincidían conmigo. Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, a la sazón asesora de Cameron, en una reunión del Instituto Elcano presidida por el Rey, dijo: «El referéndum se gana, por poco pero se gana. Todos los grandes partidos políticos están por quedarse. Lo mismo que la City». Pedí la palabra para disentir: «Siento no poder ser tan optimista. Los políticos del Reino Unido llevan años culpando a Bruselas de todos sus males. Ahora se han empeñado en convencer a los ingleses de que los trabajadores europeos, especialmente los del Este, les van a quitar los pocos puestos de trabajo que queden después de que las fábricas británicas hayan quebrado por la competencia de países de salarios bajos, bajos impuestos y bajas exigencias medioambientales. Eso, además de hacerles responsables del deterioro de los servicios públicos esenciales. El miedo a los otros es un virus muy contagioso».

Lo de Trump también respondía al miedo a los otros. Me preguntó el Rey en una de las audiencias semanales: «¿Qué va a pasar en las elecciones americanas?». Contesté: «Señor, creo que Trump va a ganar las elecciones. Por las mismas razones por las que los británicos han pedido el divorcio. Miedo a la competencia de México y China. Miedo a las oleadas de emigrantes dispuestos a cruzar el río Grande huyendo de la pobreza. Cansancio por tener que hacerse cargo de la defensa del mundo occidental casi en solitario. Los analistas creen que va a ganar Clinton porque no salen de Washington, Nueva York o San Francisco».

La fotografía de Donald Trump y Boris Johnson, partiéndose de risa y completamente ajenos a los debates en la Asamblea General de la ONU, es muy ilustrativa de lo que está pasando. Los dos se parecen mucho. No les interesa el cambio climático que allí se estaba discutiendo; lo único que parece interesarles es acabar con el multilateralismo, regresar a la tribu y debilitar a Europa. Son además políticos muy poco interesados en respetar las reglas del juego: Johnson pasará a la historia por haber cerrado el Parlamento de Westminster y Trump por tener que enfrentarse a un impeachment por haber pedido al presidente de Ucrania que investigase los negocios del hijo de Joe Biden.

La inconsciencia de estos dos líderes retrata mejor que un largo discurso que estamos ante un cambio de época en toda regla, un cuestionamiento del orden liberal internacional que nos habíamos dado al final de la Segunda Guerra Mundial, impulsado desde la misma Casa Blanca. Hasta entonces habíamos conocido democracias iliberales o regímenes autoritarios en países fronterizos a la Unión Europea —la Rusia de Putin, la Turquía de Erdogan o el Egipto de Sisi—. Después de la crisis, lo más preocupante es que ya crecían los resabios antiliberales en la propia Unión, en la Polonia de Duda, la Hungría de Orban o la Italia de Salvini. A los que creemos en los valores europeos nos obligaba a dar un paso al frente. Y eso hice.

A VOTAR OTRA VEZ

Se suele decir, y ahora es muy aplicable a España, que «el momento más oscuro es justo antes del amanecer». El 28 de abril de 2019, como he dicho antes, Sánchez solo obtuvo 123 escaños, y sin embargo, pudo hacer Gobierno con Ciudadanos o con los podemitas e independentistas. Pudo escoger pareja, pero prefirió maniobrar hasta el final. Eso fue posible, entre otras cosas, por la fragmentación del centro derecha y la irrupción de VOX, que contribuyó a movilizar a la izquierda y a los separatistas. No me resisto a reproducir un tuit que me remitió en la noche electoral Rafael Catalá, exministro de Justicia y candidato por Cuenca: «Cuenca. Centro derecha: 63.500 votos; izquierdas: 50.000 votos. Centro derecha: 1 diputado y un senador; izquierda: 2 diputados y tres senadores. Gracias VOX. Y viva España». Cuando el centro derecha se fragmenta, se está suicidando.

Con menos respaldo que ningún otro candidato a la presidencia del Gobierno, Sánchez consiguió más margen de maniobra que ninguno de ellos. Con las manos libres, Sánchez se dirigió a Podemos, el muñidor de la moción de censura, el colaborador necesario en los nonatos presupuestos y su socio en multitud de Gobiernos autonómicos y municipales. Pero lo hizo con la boca pequeña porque ni le gustaba sentar en la mesa del Consejo de Ministros a Iglesias, más mediático que él; ni estaba dispuesto a cogobernar con los morados; ni se encontraba con fuerzas para explicar en Bruselas tan pintoresco Gobierno. Por eso le hizo al partido morado una oferta difícilmente aceptable: una vicepresidencia de cartón piedra para su pareja sentimental y varios ministerios, algunos perfectamente irrelevantes para otros discípulos de Iglesias dispuestos a aceptar su cesárea proyección. Iglesias no aceptó porque era consciente de que una rendición tan evidente convertiría a su partido en vasallo del PSOE y prisionero durante los cuatro próximos años. A partir de ahí Sánchez le ha sometido a un asedio implacable. Hoy ya no siguen al líder morado ni Carmena ni Errejón ni Bescansa ni Domenech ni Oltra ni Rodríguez... Tras las elecciones del pasado 10 de noviembre, las cosas han cambiado.

Con Ciudadanos, la historia fue diferente. Estoy convencido de que era la primera opción de Sánchez porque era la que más gustaba en los parqués financieros y en las cancillerías europeas. Sin embargo, los obstáculos a este noviazgo eran inmensos porque Albert Rivera se había dedicado insistentemente a descartarlo. Cuando estaba a punto de sonar la campana, Rivera dio un volantazo y se comprometió a abstenerse y a procurar la abstención del PP si Sánchez cumplía tres cosas: devolver Navarra a los constitucionalistas, prevenir un nuevo golpe de Estado en Cataluña y renunciar a las medidas económicas que lastrarían nuestra competitividad exterior. Se comprometió a apoyar a Sánchez siempre y cuando Sánchez dejara de ser Sánchez. Como es natural, la cosa no salió.

La moraleja de esta historia es clara: Sánchez no había comprendido que en el actual panorama español no se puede aspirar a gobernar en solitario. No hay más remedio que formar una coalición en torno a un programa de gobierno consensuado. Gobernar en minoría, contando con la abstención de alguno o algunos partidos políticos, no es solución, porque no garantiza la estabilidad política, que es lo que España necesita. Necesitó pasar de nuevo por las urnas para entenderlo y así, mientras en Madrid continuaba el bloqueo, en Bruselas se ponía en marcha la maquinaria europea gracias al esfuerzo conjunto de los partidos europeístas.

BLOQUEO EN MADRID Y DESBLOQUEO EN BRUSELAS

El Parlamento Europeo, al que he vuelto después de siete años y medio, es muy diferente al que dejé. En los diecisiete años que estuve en Estrasburgo, la gran coalición entre democristianos y socialdemócratas funcionaba relativamente bien. Los puestos directivos se distribuían prácticamente entre las dos familias políticas, aunque se cediesen algunos de menor importancia a los grupos más pequeños. Los grandes informes también se consensuaban con cierta facilidad. Entonces el bipartidismo era la regla en Bruselas, como lo era en Madrid. Ahora, las cosas han cambiado. La coalición entre populares y socialdemócratas no es suficiente para avanzar. En Europa se entendió muy rápido que populares, socialistas, liberales y verdes debían consultarse antes de tomar decisiones; un gentlemen’s agreement que todos nos comprometimos a respetar. Pero una cosa es hablar y otra decidir. En el acuerdo de Bruselas en el que se han decidido los cargos directivos de la Comisión, del Consejo y del Banco Central Europeo solo han participado los populares, los socialistas y los liberales. Y la elección del presidente del Parlamento Europeo se ha decidido entre populares y socialistas.

Los jefes de Estado y de Gobierno decidieron dar la presidencia de la Comisión, tres vicepresidencias ejecutivas y el Banco Central a los democristianos. Mientras, los socialistas se quedaron, entre otras cosas, con dos vicepresidencias ejecutivas y con la Alta Representación de Asuntos Exteriores adjudicada a Borrell. Los liberales consiguieron la presidencia del Consejo y una vicepresidencia ejecutiva de la Comisión. La presidencia del Parlamento fue para los socialistas en la primera parte de la legislatura y en la segunda lo será para los populares. Los verdes se quedaron a la luna de Valencia, por no hablar de las formaciones políticas con un pedigrí europeo menos acreditado.

¿Cómo hay que valorar el resultado? Para empezar y teniendo en cuenta lo que estaba pasando en Madrid, lo primero que hay que celebrar es que en Europa hubo acuerdo. En lo demás, la alegría va por barrios. Los democristianos salimos bastante bien parados. Ursula von der Leyen es una magnífica candidata. Nació y pasó sus primeros años en Bélgica, lo que acredita su pedigrí europeísta. Acompañó a su marido a Stanford (Estados Unidos), lo que le permitió apreciar de primera mano la importancia de la relación transatlántica. En Alemania, como ministra de Familia, logró avances importantes en la conciliación familiar. Como ministra de Trabajo, en plena crisis económica, lidió con un problema nada sencillo: la apertura del mercado laboral a Polonia. Como ministra de Defensa, ha tenido las ideas muy claras: la defensa colectiva debe seguir en manos de la OTAN, pero los europeos estamos obligados a establecer una defensa europea para proteger nuestros intereses en aquellas zonas que nos preocupan especialmente.

Los socialistas aceptaron el acuerdo a regañadientes. En Osaka habían dado por hecho que Timmermans sería el presidente de la Comisión. Pues bien, no es socialista ni el presidente del Consejo ni el de la Comisión ni el del Banco Central. Los liberales han sido los que con menos recursos han conseguido una cosecha mayor: la presidencia del Consejo, una vicepresidencia ejecutiva y algún otro dosier importante.

La distribución por países no ha sido tan equilibrada. Los cuatro grandes salen bastante bien librados, pero los pequeños están que trinan. Especialmente los países del centro y del este de Europa que, salvo el eslovaco Maros Sefcovic, comisario europeo de Unión de la Energía, se han tenido que contentar con carteras menores, probablemente por su menor implicación en el proyecto europeo. Algunos de ellos (Bulgaria, Croacia, Rumania) no están en Schengen. Muchos (Bulgaria, Croacia, Chequia, Hungría, Polonia y Rumanía) no están en la eurozona y otros (Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia) han sido muy reticentes con las políticas europeas de emigración y asilo. Pero lo más grave es que Polonia y Hungría han cuestionado algunos de los pilares básicos del Estado de derecho. Cuando uno no cumple a rajatabla con las normas del club, no puede aspirar a estar en la directiva.

¿Y cuál es el resultado desde el punto de vista europeo? Pues ni bueno ni malo sino todo lo contrario. Somos muchos los que hemos lamentado que no se haya respetado el sistema de los spitzenkandidaten —que el presidente de la Comisión sea el candidato de la lista más votada—, pero Von der Leyen nos ha tranquilizado al comprometerse formalmente a buscar una fórmula para que en las próximas elecciones funcione como es debido. Su compromiso con el proceso de integración europeo nos ha gustado mucho.

En síntesis, se ha evitado el bloqueo político en Europa, conservando el equilibrio entre los partidos europeístas, entre los grandes países, y se ha dado un paso importante en la igualdad de géneros. Además, se ha configurado una coalición amplia —popular, socialista, liberal y verde—, lo que augura que el consenso va a ser la norma y no la excepción. No obstante, me preocupa que se haya profundizado la sima entre europeístas y euroescépticos, entre la Europa occidental y la oriental, y entre países grandes y países pequeños. Lo que toca ahora es coser heridas y rezar por que la singladura que empezamos sea plácida. Y, sobre todo, como pedía el poeta griego Constantino Cavafis, tener claro saber a dónde vamos: «Ten siempre a Ítaca en tu mente / Llegar ahí es tu destino / Más nunca apresures el viaje». Mi Ítaca particular son los Estados Unidos de Europa.

PANORAMA DESDE BRUSELAS

Cuando me dirijo a los españoles que nos visitan en el Parlamento, suelo empezar recordando que Ortega decía que para que un español se entere de que hay cañonazos se los tienen que dar en el oído, y lo cierto es que hoy todavía los cañonazos suenan lejos. España presenta hoy más o menos el aspecto de siempre: la economía sigue creciendo, las fábricas no cierran, las tiendas despachan y los restaurantes están más o menos llenos. Y sin embargo, ya se empiezan a oír voces que dicen que la economía está perdiendo fuelle y que hay nubarrones en el horizonte.

Como he contado en capítulos anteriores, viví la crisis de Lehman Brothers en el observatorio privilegiado que es la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, y allí he vuelto cuando he puesto un pie en Bruselas. Quiero aprovechar esta ocasión para contarles algunas de las cosas que se dijeron en las comparecencias de Christine Lagarde (BCE), Valdis Dombrovskis (vicepresidente económico), Paolo Gentiloni (Economía), Elisa Ferreira (Cohesión y Reforma) y Phil Hogan (Comercio Internacional). Y se las cuento porque lo que le ocurra a la economía europea repercutirá en la economía española, y por tanto, en la marcha del nuevo Gobierno.

La economía europea está hoy en mejor condición que cuando estalló la crisis de Lehman Brothers, pero en los últimos meses ha entrado en un periodo de desaceleración y lo que es peor, los principales indicadores económicos alertan que podemos entrar en recesión en los próximos meses. Me explico: cada vez que el rendimiento del bono soberano a diez años fue menor que el del bono a tres meses, más pronto que tarde se ha producido una crisis. Eso es lo que pasó en Francia (1970), en el Reino Unido (1980), en Alemania (2000) y en Estados Unidos (la crisis puntocom de 2001). Y eso es lo que está pasando desde marzo. Las compras de empresas, otro indicador importante, han caído también en los últimos meses, lo mismo que el promedio de horas trabajadas en el sector manufacturero. Cierto es que las cifras de crecimiento y desempleo y los índices bursátiles evidencian un periodo de crecimiento sostenido de la economía americana, pero eso no es nada tranquilizador porque, como dice el Génesis, a unos años de vacas gordas siguen inexorablemente otros de vacas flacas.

Algunos expertos creen que la crisis que viene, si es que viene, no será una crisis de demanda como la de 2008 sino una crisis de oferta provocada por las tensiones entre China y Estados Unidos, el brexit y el conflicto en Oriente Medio que podría terminar en una subida del precio del petróleo. El desbarajuste internacional podría traducirse en la distorsión de las cadenas de producción que, a su vez, provocarían subidas de los costes de los bienes importados y una caída de la producción. Otros gurús menos apocalípticos creen que la recesión no será tan seria, pero sí que nos enfrentaremos a un escenario a la japonesa: crecimiento, precios y tipos de interés bajos. Lo que en el caso español significa perpetuar un nivel de desempleo inasumible.

Para acabar de ensombrecer el panorama, coincidieron todos en que el parón de la economía nos va a coger con menos pólvora en el arsenal. La política monetaria no puede dar mucho más de sí y es utópico creer que podemos tirar de la política presupuestaria cuando todos —menos Alemania y Holanda— estamos endeudados hasta las cejas. Por eso, como claramente señaló Largarde, habrá que seguir recurriendo a corto plazo a la política monetaria y presupuestaria. En cualquier caso, solo saldremos del estancamiento poniendo en marcha un proceso de reformas estructurales auténticamente ambicioso, esto es, haciendo política. Y eso —y vuelvo a España— requerirá un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, como se hizo en su día con los Pactos de la Moncloa. Una razón más para pensar en un Gobierno de coalición de los partidos constitucionalistas.

No todos en mi grupo parlamentario coinciden con este punto de vista, como se vio en el debate sobre la nominación de Lagarde. Markus Ferber, miembro de la Unión Social Cristiana de Baviera y portavoz de Economía, subrayó su disconformidad con la política de flexibilidad monetaria seguida por Draghi y exhortó a Lagarde a cambiar el rumbo. Su tesis, muy alemana, es que el BCE está solo para mantener la estabilidad de precios, con independencia de la debilidad del crecimiento y del empleo. Como es obvio, sostuve lo contrario: «Los jefes de Estado y de Gobierno han elegido a Lagarde porque es lo más parecido a Draghi que han podido encontrar en el mercado, y sin Draghi, hoy no habría euro». Coincido con Ferber en que solo las reformas estructurales permitirán sobrevivir a la eurozona, pero creo que la política monetaria debe seguir cumpliendo su papel mientras las reformas no den sus frutos. Luis Garicano, el hombre de Rivera en Bruselas, me miró sorprendido y asintió con la cabeza.

LAS ELECCIONES DEL 10-N

Sánchez convocó las últimas elecciones generales creyendo que el PSOE subiría, que Unidas Podemos se hundiría y que Ciudadanos bajaría pero conservando los suficientes escaños como para ayudarle a formar Gobierno. Nada de esto pasó: los socialistas perdieron tres escaños y los podemitas siete. El PP pasó de 66 a 89 escaños; VOX de 24 a 52 y Ciudadanos se hundió.

Con estos resultados encima de la mesa, Sánchez tenía dos opciones: formar Gobierno con el PP y Ciudadanos o hacerlo con los podemitas, los regionalistas, los nacionalistas vascos y el consentimiento tácito de los separatistas catalanes. Cuando entrego estas líneas a la imprenta, se ha inclinado por hacer pachas con estos últimos; un hecho insólito del que solo se conocen dos precedentes en la moderna historia de Europa: uno en Francia y otro en la España de la Segunda República. Los comentaré por separado.

Empiezo por Francia. François Mitterrand nombró a cuatro ministros comunistas en 1981. La economía se desplomó y el Gobierno se vio obligado a girar a la derecha. Los comunistas lo abandonaron. Barrunto que Felipe González tomó nota de esta experiencia y cuando llegó al poder se apartó completamente de los comunistas. En 1997 fue todavía peor. Jospin cometió el mismo error que Mitterrand con consecuencias nefastas: ni siquiera pasó la primera vuelta de las presidenciales y, por primera vez, el ultra Jean-Marie Le Pen se clasificó para competir en segunda vuelta con Chirac.

En España hay que remontarse a la Segunda República para encontrar una alianza entre socialistas y comunistas. En septiembre de 1937, Largo Caballero incluyó en su Gobierno a Vicente Uribe y a Jesús Hernández. No pararon de enredar hasta acabar con él. Desde estas líneas le recuerdo a Ábalos, secretario de Organización del PSOE, que Santiago Carrillo aprovechó la ocasión para hacerse con el control de las Juventudes Socialistas. Mis amigos socialistas de pata negra me lo tienen muy dicho: con los comunistas hasta la muerte, pero ni un paso más.

No necesito insistir en que me hubiese gustado que Sánchez hubiese optado por un Gobierno de coalición con nosotros y con los restos de Ciudadanos. Pero eso no ha pasado, aunque estoy seguro de que pasará en un futuro no muy lejano, porque o adaptamos nuestras instituciones a los nuevos tiempos o estas perecerán como los dinosaurios. Ya no sirven las viejas recetas. Cuenta Mario Vargas Llosa que, a finales del siglo XIX, se reunió un grupo de indígenas amazónico bajo la sombra de un árbol centenario. Por unanimidad decidieron abolir la ley de la gravedad. La ley de la gravedad sigue tan vigente como entonces.

Lo que ahora toca es empezar una segunda transición que actualice nuestro sistema de convivencia: revisión de la Constitución para adaptarla a los nuevos tiempos, reforma de las instituciones públicas (Senado, Justicia), actualización del sistema tributario, incluyendo la financiación de las Comunidades Autónomas y de la Seguridad Social, y un aggiornamento de nuestro sistema productivo para ganar en productividad y hacer así posible el aumento de los salarios y el sostenimiento del Estado del bienestar. Más pronto que tarde habrá que hacerlo.

Reitero una vez más que esta segunda transición no puede abordarse sin un acuerdo de los tres grandes partidos constitucionalistas, el PSOE, el PP y Ciudadanos. Más o menos lo que se hizo en 1977 con los Pactos de la Moncloa y la Constitución de 1978. Una especie de Union Sacrée. Si no lo hacemos por patriotismo, hagámoslo para que la inestabilidad política y la división entre los españoles no se lleve por delante lo que tantos años nos ha costado conseguir.

NOTA FINAL

Hasta aquí los recuerdos de toda una vida dedicada a este noble —muy noble— oficio del servicio público a través de la política. No estará de más recordar que estas, como todas las memorias, reflejan solo mi verdad, lo que he vivido y recuerdo. No he perseguido en ellas «la Verdad», porque no creo en ella… Tampoco creo en los unicornios blancos, ni siquiera en los mirlos de ese color. Tan solo puedo dar testimonio de mi verdad y de aquello de lo que he sido testigo o, al menos, de lo que tengo constancia fidedigna. Lo sé, no me lo digan, soy un político heterodoxo, de esos que no siguen las normas aceptadas por la mayoría y de los que las cuestionan porque no siempre piensan que son las más adecuadas. Además, ahora también lo saben ustedes… soy un político de extremo centro, y ser político, heterodoxo y de extremo centro no siempre es una posición sencilla ni fácil. No todos lo entienden.

Por último, déjenme que cierre estas memorias con una confesión: la familia García-Margallo arrastra su propio destino y, en consecuencia, su propia maldición: estar siempre en el sitio en el que caen las balas. Por eso, en las trincheras —en cualquiera de ellas— me encontrarán ustedes para lo que gusten siempre que sea para defender a España. No me pidan más. Ya se lo dijo el rey al principito: «Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede hacer». De paso, háganme un postrero favor, como a Saint-Exupéry: no lean este libro a la ligera; ustedes lo comprobarán, no ha sido fácil relatar tantos recuerdos.

Lo de la mar viene de familia. Como mis compañeros de colegio me llamaban «El Gallo Margallo», mi primer snipe de verdad se llamó «Kikiriki».

© Archivo del autor

Examinándome con los jesuitas. Como en el Motín del Caine, nunca he dudado en amotinarme cuando he creído que las cosas no se hacían bien. Lo de ir de almirante también me ha gustado siempre, aunque no hago ascos a ponerme a los remos.

© Archivo del autor

Mi abuelo Mariano Marfil era la máxima autoridad en la sede del Ministerio de Gobernación el 14 de abril de 1931. Recibió a Miguel Maura como representante del Gobierno Provisional de la República. Como es tradición en la familia, le tocó bailar con la más fea.

© M. Povedano / Eulogio Valdenebro

Mi bisabuelo Juan García-Margallo, muerto en acción de guerra en Cabrerizas Altas en Melilla. Sus últimas palabras fueron: ¡Adelante, Viva España!

© Archivo del autor

Mis padres en Ávila. Mi padre, con uniforme de Alférez Provisional antes de incorporarse a los frentes de Teruel, del Ebro y de Cataluña. Tras la guerra, finalizó sus estudios y sirvió al Estado durate toda su vida. Nunca quiso entrar en política, porque siempre mantuvo sus convicciones monárquicas.

© Archivo del autor

Con mis compañeros del International Tax Program (Harvard Law School). Ese mismo año conseguí allí el LLM Magister in Legibus. Lo de entenderme con personas de distintos países, diversas etnias y distintos credos me viene de lejos. Aunque soy muy español, nunca he sido nacionalista, probablemente porque eso se cura viajando.

© Archivo del autor

Con el equipo de fútbol de diputados barrimos al de los periodistas del Congreso. En aquellos tiempos nos peleábamos en la tribuna pero nos entendíamos bien, porque lo más importante era hacer una España de todos y para todos: La España de la Constitución. ¡Qué tiempos!

© EFE

El 23 de febrero en el Congreso, cuando nos visitó el Teniente Coronel Tejero, probablemente creyendo que era el llamado «día de puertas abiertas». Me dolió oírle decir: «Por fin se puede gritar ¡Viva España!». Yo no he dejado de gritarlo nunca. Aparezco en el centro de la imagen junto a Jaime Mayor Oreja con quien luego coincidí en el PDP y en el PP.

© Manuel Hernández de León / EFE

Con Maribel, mi mujer, que me ha acompañado en todas mis aventuras personales, profesionales y políticas, sin sorprenderse nunca demasiado de mis comportamientos heterodoxos. Maribel siempre ha sido mi factor de equilibrio, mi ancla y mis velas.

© Archivo del autor

Con mis hijos José Manuel y Jaime en el Parlamento Europeo. No han seguido el camino de la política, pero no han dejado un solo día de poner su granito de arena para hacer una España mejor.

© Archivo del autor

Con mi padre, en su casa de San Sebastián cuando ya era evidente que su final estaba cercano. Siguió mis pasos con auténtica devoción hasta su último día. Junto a su familia, España fue su pasión. Pidió que en su funeral sonara el Himno Nacional.

© Archivo del autor

En la mesa del Consejo de Ministros en una de las épocas más difíciles por las que ha pasado España en los últimos años. Un magnífico equipo de gobierno, aunque no siempre todos pensábamos lo mismo. Pero para unanimidades, el Comité Central del Partido Comunista Soviético.

© Archivo del autor

Llegada a mi primer Consejo de Ministros, con buen ánimo y enorme ilusión. En una viñeta periodística se nos representó como al Regimiento de Alcántara en la carga de Igan en la que no quedaron prácticamente supervivientes.

© Archivo del autor

Subo a la tribuna interpelado por los socialistas. Rajoy no parece muy preocupado por lo que iba a decir. La cosa se torció cuando empecé a discrepar con algunos/as de mis compañeros de gobierno en tres temas claves: la regeneración de las instituciones políticas, Cataluña y Gibraltar.

© Paco Campos / EFE

Con mis compañeros de la Milicia Aérea Universitaria con la que fue nuestra madrina, la Reina Sofía.

© Borja Fotógrafos / EFE

Con su Majestad el Rey, con el que me entendí muy bien. No he conocido a nadie que tenga una mayor pasión por España.

© Juanjo Martín / EFE / Album

Con el Rey y con Rajoy en una Cumbre Iberoamericana. El Rey es distinto a su padre, pero los dos tienen pasión por España. Ambos han sido nuestro mejor activo en las relaciones con el exterior.

© Juanjo Martín / EFE

Con los americanos me llevé siempre muy bien, aunque los comienzos no fueron sencillos porque todavía se acordaban de la retirada unilateral de nuestras tropas de Irak. La diplomacia es muy seria, pero llevarse bien con tus colegas ayuda mucho.

© Ballesteros / Pool / EFE / Album

Embarcando en el Juan Sebastián Elcano, en Miami. Renové mi juramento a la bandera en una ceremonia preciosa.

© Archivo del autor

Con mi amiga Rita Barberá, la mejor alcaldesa de Valencia y la más injustamente tratada. Ella era todo fuerza, amor por su tierra y amor por España.

© Archivo del autor

Con el Papa Francisco. Aunque otra cosa parece deducirse de la foto no le estoy sermoneando. Le recordé que los dos veníamos de los jesuitas y le pedí que rezase por España.

© Borja Fotógrafos

Con la Reina Sofía, en una de las acciones de cooperación humanitaria que tanto le gustan.

© Manuel Hernández de León / EFE

Los delegados de todos los países del mundo, especialmente los hispanoamericanos, nos aplauden por haber conseguido ganar a Turquía en la carrera por un puesto en el Consejo de Seguridad. Fue una de las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida.

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En la Cumbre de la OTAN en Chicago. Merkel me recordó que yo había dicho que era una gran Canciller pero que siempre llegaba un cuarto de hora tarde. Me ratifiqué y me ofrecí para ayudar a meter una marcha más en el proceso de construcción europea.

© Diego Crespo / EFE

Con mi compañero Gerardo Fernández Albor en su homenaje. En 1981 ganó las elecciones en Galicia y marcó el principio del fin de UCD. Coincidimos en el Parlamento Europeo. Uno de los tipos más simpáticos que he conocido en mi vida.

© Lavandeira JR / EFE

La principal prioridad de la política exterior española es llevarse bien con Marruecos. El anclaje en la Unión Europea y la alianza con Estados Unidos son clave para conseguirlo.

© Archivo del autor

Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos. Un adelantado en otros muchos aspectos. Hizo una declaración sobre la unidad de España muy firme, pero no fue bien traducida. No dudé en interrumpir para aclararla, rompiendo las costumbres diplomáticas.

© Zipi / EFE / Album

Aquí charlo con mis homólogos de Exteriores Didier Reynders, de Bélgica, Georges Vella, de Malta y Boris Johnson, de Reino Unido. A diferencia de su predecesor en el cargo, Philip Hammond, Johnson se mostró absolutamente imprevisible.

© Thierry Charlier / AFP / Getty Images

En la Plaza de la Revolución de La Habana con el entonces vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel. En mi conferencia sobre la Transición española aludí a la importancia de los Derechos Humanos y las elecciones democráticas. No gustó a Raúl Castro, quien canceló la reunión que teníamos prevista.

© Alejandro Ernesto / AFP / Getty Images

Durante una visita a la ciudad ecuatoriana de Pedernales, después del terremoto que sufrió la región el 16 de abril de 2016. La cooperación al desarrollo es uno de los pilares de la acción exterior española del que podemos sentirnos más orgullosos.

© Josep Vecino / Anadolu Agency / Getty Images

El salto del autonomismo al independentismo de Mas pone en marcha un Procés que es lo que más me ha preocupado y ocupado en toda mi vida. Cuando en las Cortes un diputado independentista me acusó de intrusismo, contesté: «Por supuesto que he intervenido. No creerá usted que a mí me han elegido para ayudar a dinamitar España».

© Diego Crespo / EFE

Con el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, al que apoyé en su contienda con Sáenz de Santamaría. No estoy seguro de entenderle siempre, pero eso es probablemente porque tiene la edad de mis hijos.

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Memorias heterodoxa. De un político de extremo centro

José Manuel García-Margallo

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Fotografía de la cubierta: © M. Povedano / Eulogio Valdenebro

© José Manuel García Margallo c/o Thinking Heads, 2020

© de esta edición: Edicions 62, S.A., 2020

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Primera edición en libro electrónico (epub): enero de 2020

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