José Luis Martín

La Península en la Edad Media

Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Salamanca Editorial

Editorial Teide — Barcelona

Tercera edición: 1984

© 1975 José Luis Martín

Editorial Teide, S.A. — Viladomat, 291 — 08029 Barcelona

ISBN:84-307-7346-0 Printed in Spain

Gráfiques Universitat, S. A. — Arquímedes, 3 — SANT ADRIÁ DEL BESÓS

Dipósit Legal B. 31.215-84

INTRODUCCIÓN

Al igual que otros muchos conceptos empleados en historia, el de Edad Media ha tenido diversos valores que dependen en última instancia del punto de vista en el que se sitúa el historiador quien, a su vez, se halla en estrecha dependencia de las ideas predominantes en su tiempo y en su ambiente. Originariamente, bajo el nombre de tiempos medios se designa a los siglos que se extienden entre dos épocas de esplendor cultural: la Antigüedad grecolatina y el Renacimiento. La definición cronológica y conceptual, período de ignorancia y oscuridad entre dos épocas luminosas, lleva consigo una limitación geográfica: la Edad Media es una creación de los europeos aplicable sólo a las zonas donde la cultura grecorromana se halla vigente en el momento de la acuñación del concepto, es decir, a Europa.

Cuando las preocupaciones de los europeos pasan del campo cultural al político, la Edad Media cambia de sentido y se consideran dentro de este período los años que median entre la división del Imperio Romano en Occidental y Oriental y la desaparición del último en 1453; un paso más en la occidentalización de la historia medieval se da cuando se prescinde de la fragmentación del Imperio y se hace nacer la Edad Media en el año 476, fecha en la que oficialmente desaparece el Imperio Occidental.

El auge del nacionalismo en el siglo XIX introduce nuevas modificaciones en el concepto de Edad Media; los europeos ya no se ven representados en el Imperio Romano sino en sus respectivas nacionalidades y situarán la Edad Media entre las invasiones germánicas de comienzos del siglo V y los últimos años del XV, en los que se consolidan las naciones surgidas del asentamiento de los pueblos germanos. La comprobación de una crisis económica, social y cultural en la época de las invasiones refuerza la teoría precedente, y comienza a hablarse de las invasiones germánicas como de una catástrofe que marca claramente las diferencias entre el mundo antiguo y el medieval. Esta idea, sin embargo, no se mantiene durante largo tiempo; los historiadores alemanes y franceses demostrarán que las invasiones apenas modifican el panorama europeo, salvo en el campo político al que cada vez se da menos importancia ante el interés que la sociedad y los historiadores conceden al factor económico.

Partiendo del interés por la economía y del rechazo de la teoría catastrófica, el historiador belga Henri Pirenne creyó descubrir un cambio profundo en la organización económica de Europa a comienzos del siglo VIII: al ocupar ambas orillas del Mediterráneo los musulmanes habrían impedido el intercambio comercial entre Oriente y Occidente; a causa de ello, habrían desaparecido los mercaderes y, sin ellos, las ciudades occidentales habrían perdido su función económica, se habrían despoblado, y la población se habría visto obligada a vivir de la tierra, que sería durante varios siglos la única fuente de riqueza; la Edad Media, para Pirenne y para sus seguidores, finalizará cuando el comercio y, con él, las ciudades resurjan en Europa. Aunque elaborada desde un punto de vista distinto al de los historiadores de la política, la teoría de Pirenne enlaza directamente con las ideas de éstos; unos y otros parten de un hecho externo a Europa (las invasiones) para explicar la ruptura de la unidad: política en un caso, económica en el otro.

En los últimos años, y coincidiendo con los cambios de todo tipo ocurridos en el mundo, los estudios históricos han experimentado profundas transformaciones; por un lado, se concede mayor atención al estudio interno de las sociedades y por otro, se ha llegado al convencimiento de que los factores políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos y de mentalidad no son elementos diferenciables entre sí y analizables por separado, sino partes de un todo que es preciso estudiar en su conjunto. A partir de estas premisas se ha podido demostrar que la ruralización europea se inicia con anterioridad, independientemente por tanto, al dominio musulmán del Mediterráneo; las causas de este cambio se han hallado en la propia estructura de la sociedad europea.

Al tener en cuenta factores tan diversos, cuya evolución no se produce al mismo ritmo ni simultáneamente en todas las zonas europeas, resulta imposible fijar una fecha concreta para el comienzo o final de una época; en ningún momento se da un corte tajante, sino una evolución, un cambio continuo que hace difícil la división de la historia en períodos claramente definidos. Si éstos se mantienen se debe a la fuerza de la tradición y a la necesidad de parcelar el campo histórico para un mejor conocimiento. Todos los historiadores son conscientes, sin embargo, de que se trata de una división artificial e intentan superarla mediante la creación de grandes períodos intermedios; así, la Edad Media iría precedida de una larga etapa de transición que se sitúa entre los siglos IV al VIII y que recibe los nombres de Antigüedad Tardía o de Muy Alta Edad Media, y seguida de un período de tránsito a la Edad Moderna entre los siglos XIV y XV. Como quiera que, a pesar de estas limitaciones, el período medieval no tiene unas características uniformes, la propia Edad Media se ha dividido a su vez en Alta (siglos VIII-XI) y Baja (siglos XI-XIV) y ni siquiera hay unanimidad en la denominación y en la extensión dada a estos períodos históricos.

La historiografía española no ha permanecido al margen de los cambios señalados. Durante mucho tiempo, se ha situado el comienzo de la Edad Media en el año 409 (primeras invasiones germánicas) y su final en 1469, año en que, a través del matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, se lograría la unidad política española. En época posterior las ideas de Pirenne han sido suficientemente conocidas y puede decirse que la mayoría de los historiadores españoles sitúan el comienzo de la Edad Media en los primeros años del siglo VIII, pero sus razones son distintas de las del historiador belga porque los conocimientos, intereses y situación de unos y otro son diferentes; para Pirenne, historiador de la economía occidental, la ocupación del Mediterráneo por los musulmanes era importante en cuanto que de ella derivaba la ruralización de Europa; para los historiadores de la Península, donde los estudios de historia económica se hallan en sus comienzos, la llegada de los musulmanes en el año 711 sólo interesa en cuanto que con ella se inicia un enfrentamiento religioso-político entre cristianos y musulmanes que finalizará con la derrota de los últimos en 1492, fecha en la que terminaría la Edad Media. Mientras Pirenne supera el esquema político-nacionalista, la historiografía española lo refuerza no sólo por identificar la Edad Media con la Reconquista, sino también porque en 1492, fecha final de la Edad Media, se logró la unidad religiosa española mediante la expulsión de los judíos.

También desde el punto de vista económico puede defenderse la validez de las fechas propuestas: la invasión musulmana fue catastrófica para la economía española (si identificamos española con cristiana) y el descubrimiento de América en 1492 abrió al comercio amplios mercados y puso a disposición de los europeos ingentes cantidades de oro y plata cuyo papel en el desarrollo comercial de los siglos XVI-XVIII es innegable. Pero si estas fechas se mantienen incluso después de haberse probado la falta de base de las afirmaciones de Pirenne respecto a las causas de la crisis económica, se debe a las ideas político-religiosas vigentes en la sociedad española y compartidas por gran número de historiadores.

Sin duda, las regiones peninsulares no dominadas por el Islam sufrieron en su economía los efectos de la invasión, que contribuyó a acelerar el abandono de las ciudades; pero este proceso se inicia antes y por las mismas causas que en el resto de Europa, y no se observa en las comarcas controladas por los musulmanes, en las que las ciudades y el comercio alcanzaron durante la Edad Media una importancia superior a la de época romana y sólo superada en tiempos modernos. Por lo que respecta a la fecha final del período, 1492 es un año fundamental para la historia castellano-leonesa desde el punto de vista político, religioso y económico, pero ni la ocupación del reino granadino ni la expulsión de los judíos ni el descubrimiento de América tuvieron igual importancia para los reinos de Aragón y de Navarra, y mucho menos para el de Portugal, cuya Reconquista finaliza en el siglo XIII y cuyo comercio adquiere una dimensión intercontinental desde mediados del siglo XV gracias a la ocupación de diversas plazas en el Atlántico africano y a la explotación de sus riquezas: oro, esclavos y especias fundamentalmente.

Puede afirmarse, por tanto, que las fechas inicial y final de la Edad Media han sido elegidas en función de dos ideas claves: los valores religiosos y la unidad política española realizada a partir de Castilla cuyos intereses y cuya historia se han identificado, en muchos casos, con los de España. A partir de estas ideas se ha producido una supervaloración de la historia cristiana con relación a la musulmana y una exaltación de los valores castellanos y de los hechos que, a juicio de los historiadores, condujeron a la unidad española. Por otro lado se ignora la historia portuguesa a pesar de que la economía, la organización social, la cultura y la vida religiosa de los portugueses de la Edad Media sean similares a las de los que llamamos españoles.

Desde una perspectiva actual, una visión de la Edad Media española no puede mantenerse en los estrechos límites de la historia política-religiosa. Es, preciso conocer la sociedad, la economía y las mentalidades, las conexiones existentes entre ellas y con los hechos políticos, religiosos y culturales. Tampoco puede reducirse al estudio de la evolución de los reinos que en la actualidad forman España, sino que debe incluir a Portugal y tener en cuenta que la Península se halla durante la Edad Media en estrecha relación con dos mundos sin los cuales su historia no puede ser entendida: con Europa y con el Islam.

De acuerdo con las ideas expuestas hemos dividido esta obra en cuatro partes, cada una de las cuales corresponde a uno de los períodos señalados para la historia europea, y en cada caso la historia peninsular va precedida de una introducción en la que se resumen brevemente nuestros conocimientos sobre la historia de Europa o del Islam en el período estudiado; dentro de cada una de las partes intentamos analizar conjuntamente los factores políticos, económicos, religiosos, sociales y culturales, aun cuando en ocasiones dediquemos un apartado especial a alguno de estos factores.

Aunque al final de cada capítulo figura la bibliografía que consideramos fundamental, nos ha parecido conveniente citar en primer lugar los manuales y obras de carácter general que pueden tener interés para el estudioso de la historia medieval de la Península.

BIBLIOGRAFÍA

1. Historia medieval de España

García de Valdeavellano, Luis: Historia de España. I: De los orígenes a la baja Edad Media. — Manuales de la Revista de Occidente. — Madrid 1963. — 2 vols., 514 y 693 págs.

Suárez Fernández, Luis: Historia de España. Edad Media. — Editorial Gredos. — Madrid 1970.— 729 págs.

García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, José Ángel: La época medieval. — Tomo II de la Historia de España dirigida por Miguel Artola. — Alianza Editorial,

Alfaguara. — Madrid 1973. — 529 pags.

2. Historia de las instituciones y del derecho

García de Valdeavellano, Luis: Curso de historia de las instituciones españolas. De los orígenes al final de la Edad Media. — Ediciones de la Revista de Occidente. — Madrid 1968. — 764 págs.

García Gallo, Alfonso: Manual de historia del derecho español. — Madrid 1971. — 2 vols., 998 y 1298 págs.

Lalinde Abadía, Jesús: Iniciación histórica al derecho español. — Ediciones Ariel. —Esplugues de Llobregat 1970. — XIX + 909 págs.

3. Historia económica y social

Vicens Vives, Jaime: Manual de historia económica de España. — Con la colaboración de Jorge Nadal Oller. — Editorial Vicens-Vives. — Barcelona 1971. — 787 págs.

Vicens Vives, Jaime: Historia de España y América. I: Colonizaciones, feudalismo, América primitiva II: Patriciado urbano, Reyes Católicos, descubrimiento de América. — Dirigida por... — Editorial Vicens-Vives. — Barcelona 1972. — 511 y 573 págs. (La obra completa consta de cinco volúmenes, pero para el período medieval interesan los dos primeros; existe una edición económica, de bolsillo.).

4. Historia de la literatura

Alborg, Juan Luis: Historia de la literatura española. I: Edad Media y Renacimiento. — Editorial Gredos. — Madrid 1970. — 622 págs. (Sólo trata de la literatura castellana.)

Deyermond, A. D.: La Edad Media. — Tomo I de la Historia de la literatura española, dirigida por R. O. Jones. — Ediciones Ariel. — Esplugues de Llobregat 1973.

López Estrada, Francisco: Introducción a la literatura medieval española — Editorial Gredos. — Madrid 1966. — 342 págs.

López Morales, Humberto: Historia de la literatura medieval española — Hispanova de ediciones. — Madrid 1974. — 391 págs.

Riquer, Martí de: Historia de la literatura catalana. De mitjan segle XII a la decadencia. — Edicions Ariel. — Esplugas de Llobregat 1964. — 3 vols (Para el periodo medieval interesan sólo los dos primeros volúmenes.).

5. Historia del Arte

Ars Hispanie: Historia universal del arte hispánico. — Editorial Plus Ultra. — Madrid 1947 y siguientes. (Para el período medieval, los volúmenes II al X.).

6. Historia medieval por Estado

Cataluña

Soldevila, Ferran: Historia de Catalunya. — Editorial Alpha. — Barcelona 1963. — 1532 págs.

Aragón

Lacarra, José María: Aragón en el pasado. — Editorial Calpe (Colección Austral, núm. 1435). — Madrid 1972. — 227 págs.

Navarra

Lacarra, José María: Historia política del reino de Navarra desde sus orígenes hasta su incorporación a Castilla. — Pamplona 1973. — 3 vols., 880 págs

Asturias

Sánchez-Albornoz, Claudio: Orígenes de la nación española. Estudios críticos sobre la historia del reino de Asturias. — Tomo I. — Instituto de Estudios Asturianos. — Oviedo 1972. — cl + 504 págs.

España musulmana

Lévi-Provençal, E.: España musulmana hasta la caída del califato de Córdoba (711-1031) — Traducción e introducción por Emilio García Gómez. — Tomo IV de la Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal. — Editorial Espasa-Calpe. — Madrid 1950. — XLIV + 524 págs.

Lévi-Provencal, E.: España musulmana hasta la caída del califato de Córdoba (711-1031 de J. C). Instituciones y vida social. — Traducción e introducción por Emilio García Gómez. — Tomo v de la Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal. — Editorial Espasa-Calpe. — Madrid 1957. — XXIV + 838 págs.

Chejne, Anwar G.: Muslim Spain. Its History and Culture. — The University of Minnesota Press. — Minneapolis 1974. — IX + 559 págs.

Imamuddin, S. M.: The Economic History of Spain. — Asiatic Society of Pakistan. — Dacca 1963. — 537 págs.

Watt, W. Montgomery: Historia de la España islámica. — Con la colaboración de P. Cachia. — Alianza Editorial (El libro de bolsillo, núm. 244). — Madrid 1970. — 216 págs.

7.Visiones de conjunto e interpretaciones

Maravall, J. A.: El concepto de España en la Edad Media. — Instituto de Estudios Políticos. — Madrid 1964. — 528 págs.

Castro, Américo: La realidad histórica de España. — Editorial Porrua. — México 1971. — 480 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: España. Un enigma histórico. — Editorial Sudamericana. — Buenos Aires 1962. — 2 vols., 1500 págs.

8. Historia medieval de Europa

Dhondt, Jan: La alta Edad Media. — Siglo XXI de España Editores (Historia universal siglo XXI, núm. 10.). — Madrid 1971. — 426 págs.

Duby, Georges: Economía rural y campesina en el Occidente medieval — Ediciones Península. — Barcelona 1968. — 550 págs.

García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, José Ángel: Historia general de la alta Edad Media. — Editorial Mayfe. — Madrid 1970. — 332 págs.

Génicot, Léopold: El espíritu de la Edad Media. — Editorial Noguer — Barcelona 1963. — 376 págs.

Historia económica de Europa (Universidad de Cambridge). — Dirigida por J. H. Claphan y Eileen Power, I: La vida agraria en la Edad Media. II: El comercio y la industria en la Edad Media. III: Organización y política económica en la Edad Media. — Ediciones de la Revista de Derecho Privado. — Madrid 1948, 1967 y 1972. — 3 vols., 805, 705 y 846 págs.

Lacarra, José María: Historia de la Edad Media. — Editorial Montaner y Simón. — Barcelona 1969. — 607 págs. (Para los siglos V al XI.)

Le Goff, Jacques: La baja Edad Media. — Siglo XXI de España Editores. (Historia universal siglo XXI, núm. 11.) — Madrid 1971. — 336 págs.

Le Goff, Jacques: La civilización del Occidente medieval. — Editorial Juventud. — Barcelona 1970. — 750 págs.

López, Robert Sabatino: El nacimiento de Europa. — Editorial Labor. — Barcelona 1965. — 509 págs.

Majer, Franz George: Las transformaciones del mundo mediterráneo. — Siglo XXI de España Editores (Historia universal siglo XXI, núm. 9). — Madrid 1972. — 413 págs.

Pirenne, Henri: Historia económica y social de la Edad Media. — Fondo de Cultura Económica. — México "1969. — 267 págs.

Previté-Orton, C. W.: Historia del mundo en la Edad Media. — Editorial Ramón Sopena. — Barcelona 1967. — 3 vols., 1590 págs.

Regla, Juan: Historia de la Edad Media. — Editorial Montaner y Simón. — Barcelona 1969. — 492 págs. (Para los siglos XII al XV.)

Riu Riu, Manuel: Lecciones de historia medieval. — Editorial Teide. — Barcelona 1975. — 680 págs.

Romano, Ruggiero: Los fundamentos del mundo moderno. — Siglo XXI de España Editores. (Historia universal siglo XXI, núm. 12.) — Madrid 1971. — 327 págs.

Suárez Fernández, Luis: Historia social y económica de la Edad Media europea. — Editorial Espasa-Calpe. — Madrid 1969. — 416 págs.

Valdeón Baruque, Julio: Historia general de la Edad Media (siglos XI al XV). — Editorial Mayfe. — Madrid 1971. — 356 págs.

9. Historia medieval

Cahen, Claude: El Islam. I: Desde los orígenes hasta el comienzo del imperio otomano. — Siglo XXI de España Editores (Historia universal siglo XXI, núm. 14). — Madrid 1971.

Hitti, Philip K.: Historia de los árabes. — Editorial Razón y Fe. — Madrid 1950. — XVI + 628 págs.

Sourdel, Dominique; y Sourdel-Thomine, Janine: La civilisation de l'Islam

classique. — Éditions B. Arthaud. — París 1968. — 673 págs.

I: LA ÉPOCA VISIGODA

1. LA RUPTURA DE LA UNIDAD DEL MEDITERRANEO

HACIA LA DIVISIÓN DEL IMPERIO

El Imperio Romano y la crisis del siglo III

El edificio político, económico y cultural levantado por Roma sufre su primera crisis de gravedad a mediados del siglo III como consecuencia de los problemas internos, mal conocidos, y de las derrotas sufridas simultáneamente por los ejércitos imperiales en las fronteras del Rin y del Danubio ante los germanos y en Asia ante los persas sasánidas; ni unos ni otros logran mantenerse en las zonas ocupadas y las fronteras permanecen prácticamente fijas, pero los efectos de éstas derrotas se hacen sentir fuertemente en el interior: el Imperio se sitúa a la defensiva y renuncia a las campañas en el exterior con lo que desaparece uno de los sistemas tradicionales de obtención de mano de obra barata, de esclavos, y disminuye la producción.

Por otra parte, el sentimiento de inseguridad de la población se traduce en una militarización del Imperio, en un aumento de la importancia del ejército que absorbe cada vez una mayor cantidad de recursos y cuyos jefes, convertidos en la autoridad suprema, abandonan la defensa del territorio para aspirar al poder político o para actuar como árbitros entre los candidatos; los emperadores-soldados se suceden entre los años 235-284 y su gobierno coincide con una fuerte tendencia a la ruptura de la unidad; la debilitación del poder central permite el resurgimiento de los nacionalismos o localismos, especialmente en las zonas menos romanizadas y en las más expuestas al peligro exterior, donde cada jefe local del ejército actúa por cuenta propia.

La guerra civil y la anarquía consiguiente, unidas a las pestes y epidemias que asolan las tierras del Imperio por estos años, inciden sobre una población laboral debilitada por la falta de esclavos; la producción disminuye constantemente, y con ella, disminuyen también los ingresos del Estado en los momentos en que son más necesarios para hacer frente a las continuas exigencias del ejército y al peligro exterior.

Para aumentar sus ingresos, el Estado recurre a las confiscaciones, a la devaluación de la moneda, al incremento de la cuantía de los impuestos y a la creación de otros nuevos, pero todas las medidas son inútiles y sólo sirven para agravar la situación; confiscaciones y devaluación permiten un respiro momentáneo, pero a largo plazo la depreciación de la moneda provoca un alza constante de precios y salarios y un atesoramiento del oro y de la plata amonedados. En estas condiciones se impone un cambio en el sistema recaudatorio; el aumento de los ingresos fiscales apenas basta para compensar las alzas de salarios y precios, y por lo tanto, se decide cobrar los impuestos en productos o en trabajo, con lo que toda subida de precios o salarios favorece al Estado que evita, al mismo tiempo, las dificultades que plantea la escasez monetaria.

Tampoco esta solución fue satisfactoria: la falta de seguridad en los caminos dificulta el transporte de los impuestos y de los productos alimenticios necesarios para la supervivencia de las ciudades, donde la presión fiscal se hace sentir más duramente, y la emigración de la ciudad al campo se hace necesaria para eludir la presión fiscal y para sobrevivir en un mundo que no produce lo suficiente y que es, además, incapaz de transportar su producción a los centros consumidores, a las ciudades.

La reorganización de Diocleciano

Con la llegada al poder de Diocleciano (284) se detiene momentáneamente el proceso de disgregación del Imperio; elegido por los soldados, intenta poner fin a la anarquía militar mediante la creación de un sistema sucesorio que impida los pronunciamientos y que, simultáneamente, asegure una mejor defensa de las tierras imperiales. En el año 286 asocia al imperio a Maximino y siete años más tarde a Galerio y Constancio, quienes reciben el título de Césares mientras que Diocleciano y Maximino se reservan el de Augustos; éstos deciden, aquéllos ejecutan y cada uno tiene bajo su vigilancia directa una región determinada que controlan desde Milán, Tréveris, Nicomedia y Sirmium; cada uno de los césares sucedería al augusto correspondiente y procedería, a su vez, a nombrar un nuevo césar que garantizara la transmisión pacífica del poder.

A pesar de esta división de atribuciones, que corresponde a la complejidad del Imperio, mientras vive Diocleciano se mantiene la unidad imperial: ambos césares dependen indistintamente de cualquiera de los augustos e intervienen en Oriente y en Occidente por igual; los augustos legislan en común y todo el territorio está sometido a las mismas leyes.

Afirmada la autoridad imperial, Diocleciano reforma el sistema fiscal y reorganiza el ejército; el aumento de los impuestos, necesario para atender a los gastos originados por el aumento del ejército y por la multiplicación de las provincias y de la burocracia, habría sido imposible sin antes lograr un aumento de la producción; para conseguirlo se obliga a los campesinos a cultivar las tierras incultas y se les prohíbe, a ellos y a sus descendientes, abandonar la tierra.

El cobro de los impuestos se hace de modo global: una vez fijado el importe correspondiente a cada unidad fiscal, el Estado lo cobra independientemente del número de personas que habitan en ella; de esta forma se consigue que los campesinos sean los primeros interesados en que sus compañeros cultiven la tierra para no verse obligados a pagar las cantidades correspondientes a los fugitivos.

El ejército es dividido en tropas limitáneas y comitatenses; las primeras, asentadas en las fronteras, tienen como misión frenar los ataques del exterior en el primer momento; las segundas constituyen el ejército de reserva que acude a las zonas amenazadas cuando las tropas limitáneas son insuficientes para contener a los invasores. El número de soldados se dobla al obligar a los hijos de soldado a ingresar en el ejército y al disponer que cada unidad fiscal, aparte de pagar los impuestos correspondientes, proporcione un determinado número de hombres. Por último, se admite en el ejército a los bárbaros que reúnen las condiciones militares apropiadas.

La reforma militar de Diocleciano, al fijar a las tropas en la frontera, permitió al Imperio mantenerse frente a los bárbaros, pero la creación política del emperador no le sobrevivió y el sistema sucesorio por él inventado no evitó la guerra civil que, iniciada en el año 306, finalizó con la victoria de Constantino (324).

De Constantino a la división del Imperio

Desde la época de Diocleciano puede hablarse ya de una diferenciación de las partes oriental y occidental del Imperio; la reforma llevada a cabo por el emperador tenía como finalidad el mantenimiento de los límites imperiales, y para ello era necesario concentrar tropas y esfuerzos en las zonas amenazadas por los persas y por los germanos. Aun cuando Diocleciano y Constantino insisten en mantener la unidad del Imperio, ambos fijan su residencia en la zona oriental, donde el segundo creará su propia capital, Constantinopla, en el año 330.

La preferencia dada a Oriente se debe ante todo a razones militares: a la amenaza persa se ha unido la de los germanos desplazados en esta dirección; pero también influye la situación económica: dentro del sistema implantado por Roma, Oriente desempeña un papel importante en el abastecimiento de Occidente. Al quedar desorganizada esta economía por la crisis del siglo III, más visible en Occidente, la parte occidental se empobrece y la zona oriental mantiene su riqueza al evitar la sangría económica impuesta por Roma; la defensa de Oriente es pues más importante y también más factible gracias a sus riquezas.

A las razones militares y económicas se unen en el caso de Constantino las religiosas: el cristianismo, religión perseguida por Diocleciano en cuanto que se opone al emperador al no reconocerle los atributos divinos que fundamentan su autoridad, tiene una gran fuerza en Oriente y es reconocido como religión tolerada por Constantino durante los años de la guerra civil (313); con esta medida, en la que pudieron influir los sentimientos personales del emperador, Constantino lograba el apoyo de los cristianos y se convertía en dirigente de la Iglesia por cuanto en esta época religión y política no se conciben separadas. Constantinopla será el símbolo del nuevo imperio cristiano y, de hecho, la capital de Oriente, mientras Roma se mantiene como centro de Occidente.

Si en el momento de su aceptación el cristianismo es una garantía de unidad (un solo Dios, un solo imperio y un solo emperador), pronto las diferencias religiosas, aceptación del arrianismo en Oriente y rechazo en Occidente, agravan las divergencias entre ambas partes del Imperio que se distinguen además por la lengua empleada, griego en Oriente y latín en Occidente.

Las guerras civiles que sucedieron a la muerte de Constantino y a las cuales no fueron ajenas las ideas religiosas, acentuaron la división del Imperio, el cual no recobró la unidad hasta la llegada al poder de Teodosio, augusto de Oriente en el año 379 y emperador único desde el año 383; por iniciativa de Teodosio el cristianismo fue declarado religión oficial (379) y bajo su dirección el Concilio II de Constantinopla (381) puso fin a la querella arriana. La unión de Oriente y Occidente fue breve, sin embargo; las diferencias que separaban a ambas partes eran demasiado importantes y, a su muerte (395), Teodosio dividió el Imperio entre sus hijos: Arcadio recibió la zona oriental y Honorio la occidental.

Situación económica y social

Durante el siglo transcurrido entre la reforma de Diocleciano y la división del Imperio, la situación económica, social y cultural de Occidente sufre profundas transformaciones; los impuestos aumentan continuamente, pero de su pago se hallan exentos la Iglesia como institución, el clero, los altos funcionarios y en la mayor parte de los casos los grandes terratenientes, a los que en época de inseguridad se hace responsables del mantenimiento del orden en el interior y del cobro de los impuestos, para lo cual se les permite o tolera que se rodeen de grupos armados. En resumen, la presión fiscal recae fundamentalmente sobre los campesinos y en la ciudad sobre artesanos y mercaderes, e indirectamente sobre los dirigentes de las ciudades, a los que se obliga a cobrar los impuestos o a pagarlos con sus propios bienes.

Para evitar la presión fiscal los campesinos aceptan la protección, el patrocinio de los grandes propietarios a los que entregan sus tierras, que les son devueltas, pero ya no en propiedad sino en arriendo. Los artesanos, oprimidos por el fisco y con grandes dificultades para obtener las materias primas y los alimentos así como para dar salida a sus artículos, abandonan la ciudad y ofrecen sus servicios a los terratenientes como campesinos que sustituyen a los esclavos o como miembros de las clientelas armadas que aseguran al señor y a sus campesinos la defensa y seguridad que el Estado no puede proporcionar.

Los altos dignatarios de las ciudades las abandonan y fijan su residencia en las villas y casas que poseen en el campo, con lo que la ciudad pierde importancia o desaparece como centro económico y administrativo. Las ciudades que subsisten se ruralizan para atender a la alimentación de sus habitantes y, ante la marcha de los dirigentes, los obispos actúan como jefes de la comunidad. Al perder las ciudades sus características de centro consumidor de materias primas, productor de artículos manufacturados y distribuidor de los mismos, la profesión de mercader pierde interés, los riesgos aumentan por la inseguridad de los caminos y en consecuencia el comercio se rarifica y queda limitado a los productos de alto precio que sólo pueden ser adquiridos por los grandes propietarios laicos y eclesiásticos. Consecuencia directa del abandono de las ciudades es la pérdida de importancia de la cultura clásica, que será sustituida por la nueva cultura cristiana todavía muy influida por la anterior.

LAS INVASIONES Y LOS REINOS GERMÁNICOS

La historia europea de los siglos V al VIII se centra en dos temas: la penetración y asentamiento de los germanos en las tierras del Imperio y el afianzamiento del cristianismo y de la Iglesia.

Los visigodos

Por causas todavía desconocidas, los pueblos escandinavos emigran lenta pero continuamente desde el siglo III antes de Cristo en dos direcciones: hacia el Suroeste (actuales Francia y Alemania) y hacia el Sureste a través de la costa sur del Báltico, Ucrania y las estepas rusas. Esta última ruta es la seguida por los godos a partir de fines del siglo II; su presión sobre otros pueblos germánicos provocó las primeras invasiones del Imperio de Occidente en el siglo III. Los godos por su parte, llegaron a las fronteras orientales del Imperio a fines de este siglo (258-269) en plena época de anarquía militar.

Tras saquear numerosas ciudades de Tracia, Grecia y Asia Menor, los godos son rechazados por Diocleciano. La reforma militar llevada a cabo por este emperador impidió a los godos asentarse en las tierras imperiales; instalados entre los Cárpatos, el Don, el Vístula y el mar de Azov, los godos se dividen en visigodos (godos del oeste o godos sabios) y ostrogodos (godos del este o godos brillantes). Desde el año 332 ambos pueblos adquieren la calidad de federados del Imperio: a cambio de subsidios se comprometen a defender la frontera danubiana y a suministrar contingentes militares al Imperio.

Este primer contacto con el mundo romano marcará decisivamente a los godos, que abandonan sus cultos religiosos y aceptan el cristianismo en su versión arriana. A través de la religión llegan a la escritura y la lengua gótica se convierte en literaria por obra del obispo Ulfila, que traduce a ella el Nuevo Testamento.

Atacados en el año 375 por los hunos procedentes de las estepas asiáticas, los visigodos penetran en el Imperio y se establecen en Tracia; la llegada de los visigodos a esta región fue tolerada por los romanos, que confiaban en que los germanos podrían sustituir a la mano de obra campesina, pero el pueblo visigodo era esencialmente nómada y militar y su presencia constituía un peligro que obligó a intervenir al emperador Valente, cuyo ejército fue destruido por Fritigerno en Andrinópolis (378).

Rechazados por Teodosio, los visigodos se extendieron por la península balcánica y ante la falta de alimentos aceptaron una nueva alianza con el Imperio, en el año 382, a cambio de tierras en la región de Mesia. Roma, incapaz de destruir a los invasores y necesitada de su ayuda para guarnecer las fronteras amenazadas por otros pueblos, acepta la existencia de un Estado, el visigodo, en el interior de las tierras imperiales y paga a sus jefes para que sirvan en el ejército imperial como federados. No se trata ya de permitir el reclutamiento de germanos a título personal, sino de comprar los servicios de una nación en bloque; pero mientras Roma concebía la alianza como un acuerdo entre naciones, los visigodos la veían como una relación personal entre su jefe Fritigerno y el emperador Teodosio, a cuya muerte rompieron el pacto.

Incapaz de vencer militarmente a los visigodos, el emperador Arcadio intenta dividirlos, atraer a sus jefes o combatirlos con la ayuda de pueblos ajenos al Imperio. Un grupo dirigido por Gainas, sublevado en el año 400, fue destruido con la colaboración de los hunos, mientras el grupo más numeroso, a las órdenes de Alarico, saqueaba de nuevo la península balcánica. Incapaz de expulsarlo por las armas, el emperador Honorio con los jefes del ejército sublevados en las Galias e intentó sustituir la autoridad imperial por la suya propia o, al menos, hacerse insustituible al servicio del Imperio; para ello, contrajo matrimonio con Gala Placidia, hermana de Honorio, la cual había seguido como rehén al pueblo visigodo desde el saqueo de Roma.

En el año 414 Ataúlfo nombró emperador al romano Attalo, que estableció su corte en Burdeos bajo la protección militar visigoda, pero el control de los puertos por la flota fiel a Honorio y la consiguiente falta de víveres empujó a los visigodos hacia la Tarraconense, donde entraron a comienzos del año 415 y donde este mismo año, en Barcelona, fue asesinado Ataúlfo. Su muerte pone al descubierto la existencia de dos tendencias entre los visigodos: por un lado, existía un grupo partidario de la cooperación con Roma, y por otro, una fracción nacionalista se oponía a todo tipo de colaboración con los romanos.

Sigerico, representante de la última tendencia, accede al poder, pero su triunfo es efímero. Siete días después de la elección Sigerico es asesinado y le sucede en el trono Valia, quien de nuevo intenta pasar a África y nuevamente fracasa, por lo que acepta poner su ejército al servicio del imperio a cambio de tierras en la región que comprende las ciudades de Burdeos, Agen, Angulema, Saintes, Poitiers, Perigueux y Toulouse, región carente de unidad en el sistema administrativo romano, por lo que recibió el nombre de Septimania (las 7 ciudades), nombre que, en adelante, sería aplicado a la zona dominada por los visigodos prescindiendo de su localización geográfica.

Los suevos, vándalos y alanos

Poco antes de la entrada de los visigodos en la Península Ibérica se ha producido la invasión de suevos, vándalos y alanos. Los suevos aparecen en el Rin hacia finales del siglo I, y diversas ramas de este pueblo están atestiguadas en los siglos posteriores por toda Europa del Norte, aunque apenas conocemos de ellos más que el nombre.

Como vándalos se cita en el siglo I a un grupo de pueblos situado en la actual Pomerania, y sabemos que en el siglo III se hallaban divididos en dos grandes grupos o tribus: silingos, establecidos en la región del Main superior, y asdingos, asentados en la llanura de Panonia. La irrupción huna en Europa desplazó a los asdingos hacia el año 400 y en su huida arrastraron a los silingos, con los que se aliaron temporalmente para romper el limes romano del Rin (405).

Los alanos, de origen iranio, formaban un gran imperio en las proximidades del mar Caspio, imperio que fue destruido por los hunos (375). Tras su derrota, bandas de este pueblo se unieron a los vándalos asdingos y junto con los silingos y suevos penetraron en la zona occidental del Imperio. Después de recorrer las Galias, invadieron Hispania (409) donde destruyeron o saquearon las ciudades existentes.

Estos pueblos nómadas, al igual que los visigodos, han penetrado en el Imperio empujados por los hunos y buscando tierras para asentarse. La desorganización del Imperio les permite mantenerse unidos mientras existe la posibilidad de lograr botín; agotado éste, resurgen las diferencias tribales y con ellas el deseo de estabilidad, de asentamiento. En el año 411 los suevos y los vándalos asdingos ocupan Galicia, los silingos se establecen en la Bética y los alanos se asientan en la Lusitania y en la Cartaginense.

Roma no ha podido evitar la entrada y el posterior asentamiento de estos pueblos en la Península, pero no puede tolerar la proximidad de los vándalos y de los alanos a las costas mediterráneas, desde las que amenazan directamente a) granero africano. Confía la misión de combatir a estos pueblos al ejército visigodo dirigido por Valia quien, entre los años 416 y 418, aniquila a los alanos y a los vándalos silingos. Pocos años más tarde (429) el resto del pueblo vándalo lograba pasar al norte de África y crear allí un poderoso imperio naval que perduraría durante un siglo.

Los nuevos reinos germánicos

Al mismo tiempo que los visigodos se establecían en la región de Toulouse, los suevos en Galicia y los vándalos en el norte de África, otros pueblos se instalaban en los dominios imperiales: los anglos y los sajones ocupaban Britania y desplazaban a los bretones hacia la actual Bretaña; los burgundios obtenían el derecho de fijar su residencia en la región de Worms a cambio de proteger la frontera contra los alamanes, y los hunos creaban un imperio con centro en la actual Hungría desde donde amenazaban por igual a Oriente y a Occidente, que se vieron obligados a pagar tributo a los invasores hasta la muerte de Atila en el año 453.

Junto a estas invasiones el Imperio sufre una penetración pacífica de grupos germanos que se infiltran en los altos puestos del ejército y de la administración, desde los que contribuyen a mantener el sistema político romano, a veces incluso contra los propios súbditos del Imperio molestos por el ascenso social de estos grupos. Los enfrentamientos entre germanos y romanos aumentan al desaparecer el peligro huno; Occidente queda en manos de los grupos germánicos que nombran y deponen emperadores hasta que Odoacro destituye a Rómulo Augústulo y pone fin al Imperio (476); en Oriente, en cambio, los germanos son combatidos con la ayuda de otro pueblo semibárbaro, el de los isaurios, cuyo jefe, Tarasicodisa, fue proclamado emperador con el nombre de Zenón en el año 474 y contribuyó a mantener la unidad del Imperio y a alejar el peligro germano al confiar al ostrogodo Teodorico la ocupación de Italia.

A la muerte del último emperador occidental los pueblos germánicos establecidos en el interior y los acantonados en las fronteras del Imperio crean su propia organización y transforman el mapa político de Occidente: los visigodos ocupan las costas mediterráneas al norte de los Pirineos y penetran en la Península; los suevos extienden su reino hacia el sur y hacia el este; los burgundios se establecen en Saboya; los francos entran en las tierras imperiales y ocupan la actual Bélgica y el norte de Francia, en pugna con visigodos y burgundios; anglos y sajones se establecen en Inglaterra; los vándalos dominan el norte de África, Sicilia y Cerdeña, y la península italiana es ocupada por los ostrogodos, cuyo rey Teodorico pretende reconstruir la unidad occidental por medio de una alianza general de los reyes germanos.

En el siglo VI el mapa político de Europa experimenta nuevos cambios: en el año 507 los francos, dirigidos por Clodoveo, expulsan a los visigodos de Aquitania y poco después destruyen el reino burgundio (533-534); en Oriente, a la muerte de Zenón (491) se produce un movimiento antibárbaro y una agudización del sentimiento de superioridad de los griegos, que intentarán, durante el reinado de Justiniano (527-565), reconstruir la unidad del Mediterráneo mediante la ocupación de los reinos vándalo, visigodo y ostrogodo. El norte de África fue conquistado en el año 534; Italia fue recuperada tras una guerra de casi veinte años (535-553) y en la Península las tropas imperiales controlaban desde el año 551 la zona comprendida entre las desembocaduras del Júcar y del Guadalquivir.

La expansión territorial de Bizancio fue interrumpida por el recrudecimiento de la amenaza persa en el este, por la instalación en las fronteras del Imperio de eslavos y búlgaros, y por la falta de medios económicos para mantener las guarniciones del exterior. En pocos años (568-572) un nuevo pueblo, el lombardo, ocupaba gran parte de Italia donde el Papa, abandonado militarmente por el emperador y con frecuencia opuesto a él por cuestiones religiosas, lograba una cierta independencia política como señor de Roma. En la Península, el reino suevo es absorbido por los visigodos a fines del siglo VI y los dominios bizantinos disminuyen continuamente hasta su total desaparición en el año 621. En el norte de África, Bizancio se mantiene pero se ve obligado a concentrar sus tropas en las ciudades de la costa para hacer frente al peligro beréber.

Las guerras civiles en el interior de los reinos germánicos modificarán ligeramente el panorama político de Occidente en los años posteriores, pero en líneas generales puede afirmarse que las tierras antes dominadas por el Imperio se hallan divididas entre bizantinos (sur de Italia, algunas plazas en la costa adriática y en el norte de África), lombardos (centro y norte de Italia), francos (actuales Francia, Países Bajos y parte de Alemania), anglos y jutos (Inglaterra, fragmentada en siete reinos) y visigodos (Hispania).

Transformaciones sociales

La presencia de estos pueblos y las guerras a que su instalación y definitivo asentamiento dan lugar aceleran el proceso de ruralización de la sociedad descrito en páginas anteriores. Los ataques germanos en busca de botín se dirigen principalmente contra las ciudades, y los propios germanos, obligados por las circunstancias económicas descritas y por la escasez de su número que les lleva a evitar las ciudades en las que podrían encontrarse en inferioridad numérica, no tardan en instalarse en el campo.

La concentración de la propiedad en manos de la aristocracia romana y de la Iglesia no se ve interrumpida por las invasiones sino que se incrementa, aunque en algunos casos los dueños de la tierra se vean desposeídos en favor de la nobleza germánica. En líneas generales se acepta que la nobleza romana abandonó las zonas más expuestas y mantuvo sus propiedades en las restantes mediante una alianza tácita con los germanos a los que proporcionó funcionarios y obispos; nobles germanos, aristocracia romana y jerarquía eclesiástica se confunden en un grupo social caracterizado por la posesión de la tierra, que es la única fuente de riqueza y al mismo tiempo el origen del poder militar y administrativo.

Bajo estos grupos privilegiados está la gran masa de campesinos, de cuya vida ignoramos prácticamente todo; adscritos a la tierra, permanecen alejados de toda participación en la propiedad y en el poder y se refugian en modos de vida propios, que merecen a las clases dirigentes los calificativos de paganos, en el doble sentido de habitantes del pago y de aferrados a las supersticiones, rústicos y pobres; a estos calificativos se reducen las menciones de los campesinos en la literatura de la época, escrita por y al servicio de la aristocracia, la cual por su formación cultural tiene un pésimo concepto del trabajo y de los trabajadores.

Esta mentalidad anticampesina procede de la acción combinada de tres herencias: la grecorromana (modelada por una clase que vive del trabajo esclavo y se enorgullece del otium), la germánica (propia de guerreros habituados a la vida militar y a obtener sus recursos del botín) y la judeo-cristiana, que da preeminencia a la vida contemplativa y considera una falta de confianza en Dios no esperar de él la solución de sus necesidades.

Sólo los campesinos trabajan; las clientelas armadas combaten, los clérigos rezan y ambos grupos viven del trabajo campesino. Podemos resumir la situación social de los primeros siglos medievales diciendo que la sociedad está integrada por una masa de campesinos carentes de instrucción y sometidos enteramente a los dueños de la tierra (la existencia de algunos pequeños propietarios libres y de reducidos núcleos de mercaderes no invalida la afirmación precedente) y por dos grupos privilegiados social y culturalmente que viven de las rentas y justifican su ociosidad con el desempeño de tareas no productivas: la guerra y la oración.

Contracción económica

Una de las características de la economía agrícola medieval es que la producción no está orientada a la obtención de excedentes, sino que únicamente busca obtener lo indispensable para el consumo. Esta característica ha permitido a algunos historiadores hablar de una economía autárquica, cerrada, en la que la gran propiedad tendería a bastarse a sí misma en todos los órdenes y fabricaría cuanto necesitasen sus habitantes. La idea, aceptada durante mucho tiempo, comienza a ser abandonada ante las noticias de la existencia de mercados locales o regionales en los que la población se abastece de aquello que no puede producir por sí misma, y ante los testimonios documentales sobre la existencia de mercaderes orientales (judíos, griegos y sirios) que utilizan las vías fluviales para realizar un comercio de lujo solicitado por los grandes propietarios.

A pesar de todo, puede aceptarse en líneas generales la decadencia del comercio y la disminución de los mercaderes debido a que la escasez monetaria no hace apetecibles los negocios; sin la existencia de un público comprador y con pocas posibilidades de invertir el producto de la venta de excedentes —difíciles de transportar— en la compra de otros artículos, los grandes propietarios no tienen interés en producir más de lo que necesitan y sólo la Iglesia se preocupa de acumular productos con vistas a los años de escasez.

La producción se limita a lo necesario para el consumo no sólo por las razones expuestas sino también por otras de tipo técnico: los útiles de labranza son de madera y las técnicas de cultivo rudimentarias. El rendimiento medio de las cosechas oscila entre dos y tres veces lo sembrado, con lo que, si descontamos las cantidades necesarias para simiente, pocos pudieron ser los excedentes y es lógico pensar que en ocasiones las cosechas serían insuficientes para alimentar a la población.

Esta debilidad de los rendimientos, aumentada por la escasa productividad de unos campesinos mal alimentados, explica que todos los brazos útiles fueran empleados en la agricultura y bastaría por sí sola para explicar la ruralización de Occidente; sólo cuando se llegue a un superávit demográfico y las técnicas de cultivo permitan un rendimiento superior será posible que parte de la población abandone los trabajos agrícolas para buscar otros medios de vida.

Simultáneamente al proceso de ruralización e íntimamente unido a él, se produce una regresión en todos los órdenes: desaparecen tesoros artísticos y monedas que se prefiere tesaurizar o se esconden en momentos difíciles; se abandonan las vías romanas inservibles desde el momento en que no hay una circulación comercial ni una autoridad central capaz de ordenar su reparación y de utilizarlas con fines político-militares; desaparecen los talleres artesanos, y la escasa producción no agrícola se realiza en las grandes propiedades para atender a las necesidades del dominio; los sistemas de irrigación se pierden; se olvida o se renuncia al trabajo en piedra y la madera vuelve a ser el material de construcción por excelencia; dadas las dificultades que presenta la extracción y el transporte del hierro, éste se dedica exclusivamente a fines militares y los útiles de labranza se construyen en madera.

En el plano administrativo, pese a los intentos de reorganización por parte de algunos romanos, la administración se pierde y, bajo la influencia germánica, el Estado como tal desaparece para convertirse en patrimonio personal del rey, susceptible de divisiones y repartos. Los funcionarios, reclutados entre los grandes propietarios, reciben su salario en tierras; al igual que los reyes, consideran estas tierras como bienes patrimoniales y al mismo tiempo intentan extender sus atribuciones de funcionarios a las tierras que poseen a título personal, con lo que privan al Estado de los medios económicos de actuación y del poder político-administrativo.

Degradación cultural

Culturalmente, Occidente se degrada; olvida el griego, la filosofía y, en general, todas las ciencias no aplicadas que eran enseñadas en las escuelas urbanas. Durante los primeros siglos la cultura se mueve entre dos focos de atracción: el clásico y el cristiano; las posturas oscilan entre la aceptación plena de la cultura clásica y su negación absoluta, pero desde el siglo V el cristiano toma de la cultura clásica lo que puede serle útil.

Esta actitud puesta al servicio de personas poco preparadas acaba por crear hábitos mentales perniciosos, al olvidar la obra clásica en su unidad y aceptar sólo aquello que interesa para fundamentar las doctrinas cristianas: se deforma así el pensamiento de los autores, se incurre en anacronismos constantes, se plagia descaradamente y se reproducen citas separadas del contexto con lo que se les hace decir, a veces, lo contrario de lo que querían expresar; además, la cultura clásica que llega a la Edad Media no es la de los siglos gloriosos, sino la decadente del Bajo Imperio.

EL CRISTIANISMO Y LA IGLESIA

Al promulgar el edicto de tolerancia (313) Constantino iniciaba un período de estrecha colaboración entre el poder político y los cristianos, cuyas consecuencias son visibles a lo largo de toda la Edad Media y de los tiempos posteriores; desde los primeros momentos el emperador actuó como jefe temporal de la Iglesia, devolvió los bienes confiscados a las comunidades cristianas y al clero y confió a los obispos tareas de gobierno.

La simbiosis entre política y religión presenta ventajas e inconvenientes para ambos: la unidad del Imperio se refuerza con la unidad cristiana, pero al mismo tiempo cualquier división del Imperio se refleja en la organización eclesiástica y las querellas religiosas repercuten en la unidad imperial. Entre los siglos IV y V puede afirmarse que la religión fue un factor de división entre Oriente y Occidente y poco más tarde sería una de las causas de sublevaciones y guerras civiles en Bizancio y de la secesión de las provincias de Egipto y Siria. Por otra parte, la división del Imperio causaría a largo plazo la escisión de la Iglesia en Oriental y Occidental, dirigida la primera, hasta hoy, por el poder político y la segunda por el romano pontífice.

Trasfondo político de las disputas teológicas

Poco después del edicto de Milán, Constantino convocaba el primer concilio ecuménico en Nicea (325) para tomar una postura ante las doctrinas de Arrio, las cuales oficialmente fueron condenadas, pero en la práctica tuvieron gran número de seguidores en Oriente y entre los pueblos germánicos convertidos al cristianismo en el siglo IV. Durante las guerras civiles que tuvieron lugar a la muerte de Constantino, Occidente apoyó a los partidarios de la ortodoxia mientras que en Oriente, donde predominaba el arrianismo, los emperadores oscilaron entre las dos posturas bajo las que se transparentan luchas entre las provincias y la metrópoli y disputas por el poder entre los patriarcas griegos.

La solución al problema arriano vino de manos del emperador Teodosio, quien en el año 380 proclamó la doctrina de Nicea como la única aceptable, decisión que fue ratificada un año más tarde por el concilio reunido en Constantinopla; a pesar de este acuerdo, el arrianismo sobrevivió entre los pueblos germánicos (burgundios, suevos y visigodos) y daría lugar más tarde a nuevos enfrentamientos en Occidente entre los germanos y la jerarquía eclesiástica, la cual, gracias a las donaciones de emperadores y fieles, se había convertido en dueña de extensas propiedades, con la consiguiente fuerza política.

La disputa entre las escuelas y regiones de Antioquía-Siria (Arrio) y Alejandría-Egipto (Atanasio) no finalizó con la aceptación de las doctrinas de Atanasio; nuevas disputas teológicas entre nestorianos (Antioquía) y monofisitas (Alejandría) a partir del año 428 dieron lugar a enfrentamientos armados que obligaron al emperador Marciano a condenar como heréticos a nestorianos y monofisitas en el concilio de Calcedonia (451), con el que se inicia la secesión de la provincia de Egipto y la oposición de Siria a los rectores de Constantinopla que intentan imponer por las armas sus ideas religiosas y el predominio político; ni una ni otra provincia opondrían gran resistencia a los ataques persas del siglo VI y ambas aceptarán sin fuerte oposición el dominio musulmán a mediados del siglo VII.

En Occidente, los obispos e incluso el Papa se vieron sometidos al control de los reyes y durante algún tiempo pudo pensarse que la división política daría lugar a la creación de Iglesias nacionales; pero los obispos —representantes y dirigentes de la población romana— mantenían vivo el recuerdo del Imperio Occidental con el que en cierto modo se identificaba la Iglesia, la cual simbolizará durante toda la Edad Media la unidad de Europa por encima de las divisiones nacionales.

La resistencia de la Iglesia occidental a perder su unidad se vio favorecida en los primeros momentos por las diferencias que oponían a obispos y fieles con los reyes germánicos, arríanos o paganos, cuya autoridad en ningún modo podían aceptar desde el punto de vista religioso aunque la acataran políticamente. La mayor preparación cultural de los clérigos católicos y la necesidad de utilizar sus servicios como administradores, consejeros y dirigentes de la población romana fueron decisivas en la aceptación del catolicismo por los pueblos germanos a lo largo del siglo VI.

La simbolización de la unidad occidental en la Iglesia y el alejamiento político de Bizancio a partir de la muerte de Justiniano, así como las diferencias entre el cristianismo oriental y el occidental, que corresponden a diferencias de cultura entre ambas partes del Imperio, fueron debilitando los lazos existentes entre Roma y Constantinopla aunque la ruptura doctrinal, el cisma, no se produjo hasta 1054.

La Iglesia y la economía

Dentro de Occidente, el cristianismo y la Iglesia desempeñaron un importante papel en el campo de la economía, de la cultura y de la organización social. Entre las causas del retroceso económico de Europa se ha incluido siempre la actuación de la Iglesia, que con su condena de las riquezas de este mundo, su abandono en manos de la Providencia, la inclusión del comercio entre las profesiones poco honorables y la prohibición del préstamo con interés, habría actuado de freno al desarrollo económico.

Un mejor conocimiento de la situación europea durante estos siglos permite rechazar estas afirmaciones: las doctrinas del cristianismo no son favorables al desarrollo comercial, pero en ningún modo son responsables de la ruralización de Occidente que se inicia antes de que el cristianismo adquiera importancia social; en cuanto a su desinterés por los bienes materiales no pasa de ser una idea, un esquema mental sin trascendencia práctica.

Desde su reconocimiento por Constantino, la Iglesia se convierte en una potencia económica y busca la riqueza si no en sí misma, al menos como medio para realizar su función, construir lugares de culto y atender a las necesidades de sus ministros; los cristianos son incitados a despojarse de sus bienes como medio de obtener el perdón de los pecados; las donaciones post mortem son animadas y a veces declaradas obligatorias; los diezmos son aceptados como símbolo de la propiedad divina sobre todas las cosas; y los monjes y obispos, personajes políticos al mismo tiempo que religiosos, reciben de los reyes abundantes donaciones.

Receptora más o menos pasiva de estos bienes, la Iglesia tiende a concentrarlos mediante cambios y compras para obtener una mejor explotación de la tierra con menos pérdidas de tiempo y trabajo; si en el plano social esta política de acumulación de bienes fue perjudicial para los pequeños campesinos que veían desaparecer de este modo una parte de sus ya reducidos ingresos, en el terreno económico fue beneficiosa al permitir una mayor racionalización del trabajo y al poner en cultivo terrenos hasta entonces baldíos, especialmente a través de los monasterios creados en lugares apartados e incultos.

Agustín de Hipona, y a partir de él todos los fundadores de órdenes monásticas, concibe el trabajo de los monjes como plegaria y como remedio contra la pereza, y por su obra los monasterios —lugares de retiro sin función económica— comienzan a explotar las tierras circundantes; desde el siglo VI no se permite la creación de nuevos monasterios sin antes dotarlos de los bienes necesarios para atender a las necesidades de los monjes, del culto y de la construcción y reparación de los edificios.

A la Iglesia se debe igualmente la extensión del viñedo hasta zonas que hoy se consideran improductivas; la necesidad del vino para la celebración del culto y las dificultades de transporte obligaron a iglesias y monasterios a plantar sus propios viñedos, y puede afirmarse que los límites de la cristianización coinciden con los límites de la viña hasta el momento en que la normalización del comercio permitió abandonar las plantaciones poco productivas o de mala calidad.

La Iglesia y la sociedad

Obispos y monjes, además de su misión específica, llevan a cabo, como jefes de la comunidad urbana, tareas políticas (negociando con los germanos), económicas (distribuyendo víveres y limosnas en los momentos de dificultad y acumulando, por otra parte, tierras y rentas), sociales (protegiendo a los pobres y estimulando la liberación de los esclavos) y militares (organizando la resistencia cuando fracasan los medios políticos). Esta multiplicidad de funciones lleva a la confusión de poderes que será una de las características de la Edad Media.

Los obispos, imbuidos del universalismo eclesiástico y del absolutismo imperial por su origen romano, aspiran a reforzar el poder real para ponerlo al servicio de la Iglesia; pero al exigir exenciones fiscales y acumular en sus manos gran número de tierras privan al poder de toda posibilidad de fortalecerse. Por otra parte, sus deseos de controlar al Estado se ven contrarrestados por las aspiraciones de los reyes que tienden a subordinar a la Iglesia a sus propios intereses. Iglesia y monarquía se anulan y se paralizan mutuamente: la primera no deja a la segunda cumplir su misión y ésta aleja a la Iglesia de su finalidad religiosa, al confiar cargos políticos a obispos y monjes.

Obispos y monjes intentarán luchar contra la violencia y dulcificar las costumbres, pero barbarizados ellos mismos provocarán una regresión de la espiritualidad: juicios de Dios, desarrollo del culto de las reliquias, peregrinaciones, culto de lo maravilloso, atracción de los milagros... que constituyen la única respuesta posible al sentimiento de inseguridad que invade a los hombres medievales.

En la sociedad de los primeros siglos medievales, desaparecidas las escuelas urbanas, la Iglesia y los eclesiásticos se convierten en los depositarios de la cultura clásica de la que aceptan cuanto puede ser útil al cristianismo según hemos señalado en páginas anteriores. Los hábitos mentales creados en el manejo de obras profanas: desprecio de la unidad de la obra, reproducción de citas fuera del contexto, plagios... pasan al campo religioso: los libros sagrados, básicos en una sociedad cristiana, no llegan a la población, a la que se le dan resúmenes, citas, glosas... Esta regresión cultural viene impuesta por las circunstancias: el cristianismo se quiere misionero, expansionista y para lograrlo se adapta culturalmente a quienes va destinado, es decir, a los incultos.

BIBLIOGRAFÍA

Chélini, Jean: Histoire religieuse de l'Occident médiéval. — Armand Colin. — París 21970. — 520 págs.

Fourquin, Guy: Histoire économique de l'Occident médiéval. — Armand Colin. —París 1971. — 446 págs.

Latouche, Robert: Les origines de l'économie occidentale (IV-XI siécle). —Editions Albín Michel. — París 1956. — XXXVI + 406 pág.

Mazzarino, S.: El fin del mundo. — UTEHA. — México 1961. — 212 págs

Musset, Lucien: Las invasiones: las oleadas germánicas. — Editorial Labor (Nueva Clío, 12). — Barcelona 1967. — 280 págs.

Rémondon, R.: La crisis del imperio romano de Marco Aurelio a Anastasio. — Editorial Labor (Nueva Clío, 11). — Barcelona 1967. — 310 págs.

Riché, Pierre: Education et culture dans l'Occident barbare, VI-VlII siecles. — Editions du Seuil. — París 1973. — 584 págs.

Vasíliev, A. A.: Historia del imperio bizantino. — Editorial Iberia. — Barcelona 1946. — 2 vols. 866 pág

s.

2. LOS VISIGODOS ENTRE LAS GALIAS Y ESPAÑA

La historia de los visigodos desde su asentamiento en las tierras del Imperio Occidental hasta la creación del reino de Toledo puede dividirse en tres períodos claramente definidos. Desde la aceptación del pacto con Roma (418) hasta la muerte del último gran general romano, Aecio (454), los visigodos acantonados en Aquitania son simples soldados al servicio de Roma. A partir del año 454, y de modo oficial desde el año 476 al desaparecer el Imperio, los visigodos crean su propio reino independiente que se extiende por el norte y sur de los Pirineos y que será destruido en el año 507 tras ser derrotado Alarico II por el franco Clodoveo en la batalla de Vouillé. La supervivencia de los visigodos como pueblo fue posible gracias al apoyo del ostrogodo Teodorico el Grande cuyos generales y funcionarios reorganizaron el ejército, aseguraron el dominio de la costa mediterránea francoitaliana y dirigieron la penetración masiva de los visigodos en la Península donde en el año 568, en Toledo, se fijará la capital del nuevo reino independiente.

Los visigodos garantizan la paz exterior y el orden

El largo peregrinaje iniciado en el año 375 en la zona oriental del Imperio finaliza en el año 418, al aceptar Valia un tratado por el que Roma cede tierras a los visigodos a cambio de que éstos colaboren con los ejércitos imperiales. El lugar de asentamiento de estas tropas está cuidadosamente elegido: sus servicios son necesarios para defender la frontera del Rin, para reducir a los germanos instalados en la Península y para hacer frente a los ataques de los vascos y a las bandas de campesinos sublevados contra el orden social que actúan en conexión con los vascos al norte y sur de los Pirineos.

Al tiempo que se halla lo bastante cerca de las zonas de peligro para Roma, Aquitania está lo suficientemente alejada de las costas mediterráneas para evitar que los visigodos puedan interceptar las rutas terrestres o marítimas que unen el norte de África y la Península con Italia; Roma, después de haber utilizado a Valia para desembarazarse de los alanos y de los vándalos silingos establecidos en la Bética y en Lusitania, no podía tolerar la proximidad visigoda a las costas mediterráneas de las que dependía su avituallamiento.

Comúnmente se acepta que Roma estableció a los visigodos según el sistema de acantonamiento militar de la hospitalitas, por el que los habitantes de las zonas en las que se establecían guarniciones militares cedían a los soldados una tercera parte de su vivienda mientras el Estado proveía a la alimentación de las tropas. Este sistema fue modificado en el siglo IV por la imposibilidad estatal de subvenir a la alimentación de los federados especialmente cuando éstos, como en el caso de los visigodos, llevaban consigo a sus familiares; en adelante, los propietarios de las zonas afectadas se ven obligados a ceder a los soldados una parte de su vivienda y de sus tierras con los instrumentos y animales de labranza y con los esclavos o colonos que las trabajan.

Según algunos historiadores los nobles visigodos recibirían los dos tercios de los bienes de los grandes terratenientes y, como ellos, dispondrían de rentas que les permitían vivir en la ociosidad, despreocuparse de su manutención y atender a sus funciones dirigentes de tipo militar o político; los medianos propietarios se verían obligados a aceptar al resto de la población visigoda, que alternaría el trabajo de la tierra con sus obligaciones militares; y los pequeños campesinos, dueños únicamente de la tierra necesaria para subsistir, no serían molestados.

Este sistema presenta el grave inconveniente de obligar a los visigodos a una dispersión que no era conveniente para ellos ni para Roma; conscientes de su carácter minoritario y al mismo tiempo privilegiado, tolerados pero no aceptados amistosamente por la población romana, los visigodos manifiestan una clara tendencia a concentrarse y a fortalecer sus rasgos diferenciales como único medio de no ser integrados por la población romana, superior numérica y culturalmente; en estas condiciones es dudoso que aceptaran la diseminación que lleva consigo el sistema de reparto descrito.

La disgregación visigoda era igualmente perjudicial para el Imperio, al hacer más lento el reclutamiento del ejército en momentos de necesidad, y no parece lógico que Roma pagara unas tropas para dificultar luego su organización. Por ello se ha propuesto un segundo sistema: la división de tierras sólo afectó a los grandes latifundios, en los que los visigodos recibirían la tercera parte de las tierras cultivadas directamente por el señor, mediante esclavos, y las dos terceras partes de las propiedades cultivadas por arrendatarios.

Este sistema permitiría mantener la cohesión militar visigoda: en las tierras cultivadas directamente por el señor se establecerían los nobles y en las cultivadas por los arrendatarios recibirían sus lotes las familias visigodas que de una u otra forma dependían de cada uno de estos nobles; se ha calculado en 200 el número de familias nobles existentes entre los visigodos en el siglo VI y si aceptáramos un número ligeramente inferior para el siglo V creemos que no habría resultado difícil encontrar en la zona reservada a los visigodos otros tantos latifundios.

Este segundo sistema plantea un problema de justicia y de orden: es discriminatorio en perjuicio de los grandes propietarios romanos que, sin duda, habrían manifestado su descontento en forma violenta; cabe pues pensar, con García Gallo, que si se utilizó el segundo sistema, y parece el más lógico, los propietarios recibirían una compensación en forma de impuesto que recaería sobre los propietarios no afectados.

Muerto Valia en el año 418, tanto Teodorico I (418-451) como su hijo Turismundo (451-453) mantuvieron el pacto con Roma, pero la conciencia de su fuerza militar y la anarquía reinante en el imperio llevaron a los reyes visigodos a intervenir en las luchas civiles romanas y a servirse de ellas para ocupar la zona del litoral mediterráneo; en diversas ocasiones Teodorico atacó Arles y Narbona, de donde fue rechazado por la población galorromana dirigida por los obispos y por los ejércitos imperiales mandados por Aecio, bajo cuyas órdenes Teodorico combatió y derrotó a los hunos de Atila en la batalla de los Campos Cataláunicos o de los Campos Mauríacos (451).

Teodorico II (453-466) mantiene la fidelidad al Imperio durante los primeros años de su reinado en los que tropas visigodas, dirigidas por Federico, hermano del rey, penetran en la Península para combatir a las bandas de campesinos o bagaudas. Desde el siglo IV surgen en el Imperio grupos de campesinos poco romanizados que combaten el sistema de la gran propiedad imperante en el mundo romano del Bajo Imperio; derrotados militarmente, los movimientos resurgen y sus miembros se unen a los invasores germánicos en el saqueo y destrucción de villas y ciudades; en ocasiones la revuelta adopta formas religiosas quizás como reacción contra la jerarquía eclesiástica identificada desde el siglo IV con los grupos dominantes.

En la Península, las dos regiones menos romanizadas (Galicia y Cantabria-Vasconia) vieron surgir en el siglo IV estos movimientos de protesta que adoptaron la forma religiosa en el primer caso (priscilianismo) y la revolucionaria en el segundo (movimiento bagauda). Para condenar a Prisciliano (Tréveris, 385) actuaron unidos la Iglesia y el Estado, pero sus seguidores mantuvieron sus creencias hasta muy entrado el siglo VI; contra los bagaudas actuaron los ejércitos imperiales en los años 441 y 443 sin demasiado éxito, puesto que seis años después de la última campaña imperial los bagaudas atacaron la ciudad de Tarazona, defendida por el obispo León, y poco después, unidos a grupos suevos, saqueaban Lérida.

Contra bagaudas-vascones y suevos se dirige en el año 454 el ejército visigodo mandado por Federico, que tiene como misión restaurar y guarnecer las fortalezas creadas por Diocleciano para frenar la expansión de cántabros y vascos mediante el establecimiento de tropas limitáneas; de este año data sin duda el primer asentamiento visigodo en la Península. Dos años más tarde, un nuevo ejército penetra en la Península para contener a los suevos cuyo rey, Rekhiario, pretendía extender su dominio sobre la Tarraconense.

Suevos y vándalos en la Península

Por su alejamiento del Mediterráneo y de las rutas de comunicación, los vándalos asdingos y los suevos se vieron libres de los ataques de Valia, pero pronto se iniciaron las luchas entre ambos pueblos. Los vándalos, tras arrinconar a los suevos en Galicia, se establecieron en la Bética después de vencer al ejército romano auxiliado por contingentes visigodos. Con la posible colaboración de los marinos andaluces, los vándalos realizan expediciones de saqueo por el litoral mediterráneo y llegan hasta las Baleares y el norte de África, donde terminarían estableciéndose en tiempos del rey Genserico (429), quien logra para su pueblo el viejo sueño de los visigodos.

Libre de los asdingos, el rey suevo Hermerico saquea Galicia hasta la firma de un tratado con Roma (433), el cual no impide nuevas acciones militares dirigidas esta vez contra la Bética y la Cartaginense, donde los suevos establecen algunas guarniciones militares en el año 448. Aunque los datos son escasos y no permiten conocer con seguridad los hechos posteriores, puede suponerse que Roma intentó poner fin a las devastaciones suevas mediante la firma de un nuevo tratado que sería ratificado con el matrimonio del monarca suevo, Rekhiario, con una hija del visigodo Teodorico I.

Con esta finalidad al menos, Rekhiario acude a Toulouse fuertemente escoltado y en el trayecto (449) devasta Vasconia, quizás para congraciarse con Roma y con su futuro suegro, pero el tratado no fue cumplido y al regresar de Toulouse los suevos, unidos a los bagaudas, saquearon la Tarraconense y ocuparon Lérida. La entrada del ejército visigodo en el año 454 es la respuesta a esta última campaña de suevos y bagaudas; los primeros abandonarían el territorio con el botín conseguido y los segundos fueron destruidos por los visigodos. Es posible que Federico tuviera órdenes de atacar igualmente a los suevos, pero la entrada de los hunos en la zona occidental del Imperio obligó a la mayor parte del ejército a abandonar la Península.

En el año 456, con motivo de una nueva penetración en la Tarraconense, los visigodos, en nombre del emperador Avito, hechura de Teodorico II, atacaron a los suevos, ocuparon Braga y Mérida, y dieron muerte a Rekhiario y a gran número de nobles. Pese al incremento de las campañas peninsulares, el centro del reino visigodo se hallaba en Toulouse y Teodorico renunció a continuar la lucha contra los suevos, cuyo reino sobrevivirá hasta la segunda mitad del siglo VI.

El reino visigodo de Toulouse

A la muerte de Aecio, Teodorico II aspira a controlar el Imperio Occidental, pero su influencia se ve contrarrestada por el suevo Ricimero, que domina Roma y elige emperadores a su antojo. Frente a Mayoriano, nombrado por Ricimerio, Teodorico II nombra emperador a Avito con el apoyo de los galorromanos descontentos de un poder central incapaz de ayudarles; tras la muerte de Avito, los visigodos atacan Arles (457-459) y aunque fracasan en su empeño, Teodorico II, bajo promesa de ayuda militar contra otros candidatos al imperio, obtiene del emperador Severo la ciudad de Narbona y la provincia narbonense, con lo que el reino visigodo llega al Mediterráneo y se extiende por el norte hasta el Ródano.

Eurico (466-484) sigue la política de intervención en las luchas civiles del Imperio y aprovecha la anarquía y la necesidad de ayuda militar de los candidatos para ocupar las regiones de Berry y Auvernia, así como las ciudades provenzales de Arles, Aviñón, Orange... que se incorporan definitivamente al reino visigodo al ser destruido el Imperio de Occidente en el año 476. Su labor político-militar se completa con la intervención en la Península donde penetran sus ejércitos en el año 468 para establecerse definitivamente: mientras un ejército ocupa Pamplona y Zaragoza para evitar las correrías de vascos y bagaudas, otro se establece en Tarragona y en las ciudades marítimas de la costa catalana entre los años 470 y 475.

La desmesurada extensión del reino tolosano y la independencia lograda por los visigodos bajo Eurico hicieron ver al monarca la necesidad de crear un cuerpo legal, el llamado Código de Eurico, que sustituyera al derecho consuetudinario germánico, suficiente mientras el pueblo visigodo había carecido de estabilidad e independencia, pero incapaz de solucionar los problemas que plantearía la nueva situación política.

Los historiadores del derecho discuten aún sobre el ámbito de aplicación de este código; unos creen que sería un derecho personal válido tan sólo para los germanos y otros consideran que su validez abarcaba todo el territorio dominado por los visigodos sin distinción de razas. En favor de esta última teoría actúa el hecho de que el código esté redactado en latín, lo que habría sido absurdo de haberse dirigido únicamente a los visigodos. Por otra parte, hay que tener en cuenta la mentalidad de la época, que no concibe un Estado sin un derecho propio: el nacimiento del reino visigodo debía acompañarse necesariamente de un derecho propio aplicable a todo el reino.

El autor del código parece haber sido el obispo León de Narbona y la promulgación se fecha hacia los años 475-477, es decir, en los momentos de desaparición del Imperio. En este código, Eurico alude a las leyes promulgadas por Teodorico II que se consideraban perdidas hasta hace pocos años; recientemente se ha identificado el edicto tradicionalmente atribuido al ostrogodo Teodorico el Grande con estas leyes de Teodorico II, pero esta teoría no ha sido bien acogida por la crítica.

Alarico II (484-507) fue incapaz de mantener los dominios heredados de su padre y sucumbió ante los ataques del franco Clodoveo a pesar del apoyo que le prestó el ostrogodo Teodorico, asentado en Italia desde el año 488 y que aspiraba a reconstruir en su beneficio el Imperio de Occidente, mediante una alianza entre los pueblos germánicos y especialmente entre las dos ramas del pueblo godo.

Los primeros síntomas de la descomposición del reino de Toulouse podemos verlos en las emigraciones masivas de campesinos visigodos que se establecen, hacia los años 494-497, en la retaguardia de las fortalezas militares creadas para defenderse de los ataques de vascos y suevos. A la presión franca en el exterior se unen las revueltas internas favorecidas o realizadas por la aristocracia galorromana, que debió de considerarse libre de la tutela visigoda una vez desaparecido el Imperio de Occidente.

Durante mucho tiempo se ha creído que para atraerse al grupo galorromano, Alarico hizo redactar el código que lleva su nombre y que no es sino una selección de textos sacados del código del emperador bizantino Teodosio II y de las obras de los juristas romanos. La ausencia de leyes de origen germano ha llevado a contraponer el Breviario de Alarico al Código de Eurico: el primero iría destinado a la población romana y el segundo a la germánica; pero si no se admite el carácter germánico del último tampoco puede aceptarse que el Breviario estuviera vigente sólo entre los galorromanos, por lo que se cree que ambos tendrían un carácter territorial y el de Alarico sería aplicable en las materias no reguladas por Eurico. Fue promulgado en el año 506 tras haber sido aprobado por una asamblea de obispos y magnates reunida en Aire-sur-l'Adour.

Visigodos y galorromanos

Durante mucho tiempo se ha venido afirmando que las invasiones destruyeron los fundamentos políticos, culturales, jurídicos, económicos y sociales del Imperio y se ha hecho responsables a los germanos de la decadencia experimentada por Occidente a partir de los siglos V-VI; en la actualidad no se aceptan estas ideas, pero existe aún una cierta prevención ante los germanos: se buscan las características que los diferencian de los romanos y se intenta dar a estas diferencias una importancia desmesurada; así. el factor diferencial de la religión (arrianismo o paganismo entre los germanos y catolicismo entre los romanos) ha servido de pretexto para explicar hechos políticos que nada tienen que ver con la religión.

Sidonio Apolinar y, siguiéndole, gran número de historiadores han puesto de relieve el enfrentamiento de los últimos reyes visigodos, Eurico y Alarico II, con los obispos católicos del sur de Francia, y han visto en estas persecuciones arrianas la causa de la victoria franca sobre los visigodos: los galorromanos, católicos, habrían preferido someterse al bautizado Clodoveo antes que soportar el yugo arriano y, en consecuencia, habrían prestado su colaboración a los francos.

La explicación es atractiva, pero el hecho de que sólo se hayan señalado persecuciones y ataques contra los obispos durante los reinados de Eurico y de Alarico II debe hacernos dudar; si los visigodos hubieran sido arríanos fanáticos no habrían esperado sesenta años para iniciar la persecución contra los católicos, y no tenemos ningún testimonio de enfrentamientos anteriores a estos reinados.

Por otra parte, son numerosas las referencias a obispos y fieles católicos que actúan como intermediarios, amigos y consejeros de estos mismos reyes a los que se acusa de perseguidores del catolicismo; el Código de Eurico fue redactado por el obispo León de Narbona y el de Alarico por una comisión de juristas romanos, y fue aprobado en una asamblea de obispos reunida por el rey en el año 506; este mismo año se celebró en Agde un concilio eclesiástico con el beneplácito de Alarico y un nuevo concilio estaba previsto para el año siguiente.

En vez de hablar de persecuciones arrianas deberemos referirnos a la oposición política, que llega en ocasiones a la lucha armada, entre el monarca visigodo y algunos obispos católicos situados al frente de las ciudades. Mientras el rey actúa como federado del Imperio y sus intereses coinciden con los de los obispos, la diferencia de religión no es obstáculo para el entendimiento; así cuando Teodorico II proclamó emperador a Avito, el obispo Sidonio Apolinar se apresuró a pronunciar el panegírico del nuevo emperador que era, además, su suegro; pero cuando muere éste, Sidonio acepta la autoridad de Mayoriano y en el año 467 apoya a Antemio frente a Eurico, quien ataca la sede episcopal de Clermont, de la que es obispo Sidonio y en la que se han refugiado los partidarios de Antemio.

En definitiva, cada obispo en tanto que funcionario político puede elegir y ofrecer sus servicios al emperador que prefiera y no siempre la elección de los obispos coincide con la del monarca que, en defensa de sus intereses, ataca a civiles y eclesiásticos, como en el caso de Sidonio, quien a pesar de su resistencia fue perdonado y reintegrado en la sede.

Panorama cultural

Los dos siglos de contacto entre romanos y visigodos habían romanizado a estos últimos hasta el punto de que sus monarcas apoyaron la cultura romana de sus protegidos y súbditos; la enseñanza continuó siendo minoritaria en el territorio dominado por los visigodos, igual que lo había sido en Roma; sólo las élites tuvieron acceso a la escuela del gramático y del retor en las que aprendían a hablar y escribir bien y donde los alumnos se iniciaban en el conocimiento de los clásicos. La filosofía, las ciencias y el griego habían desaparecido del panorama cultural de Occidente y la Iglesia aún no disponía de escuelas cristianas si se exceptúan las monásticas, que son centros de formación ascética más que cultural. La educación de los germanos es fundamentalmente guerrera como lo exige su condición militar.

El carácter minoritario de la cultura romana es causa de su decadencia: todos los letrados conocidos pertenecen a la clase senatorial, son miembros de la aristocracia que considera la cultura, el estudio, como algo característico y distintivo de su grupo social; cuando este grupo pierda su cohesión y sus miembros trasladen la residencia al campo, la cultura romana habrá desaparecido y sólo sobrevivirá lo que de ella tome la Iglesia para sus fines religiosos.

La figura más importante en el campo de la cultura es Sidonio Apolinar (430-485), cuya obra comprende pequeños poemas, tres panegíricos de emperadores y nueve libros de Cartas, que son el reflejo de la vida del escritor, de sus amigos y de sus intereses. A pesar de la brillantez y de la aparente profundidad de su obra, Sidonio ignora o desprecia, como sus contemporáneos, la filosofía; la historia y la geografía son para él pretexto y motivo de ejercicios literarios destinados a llamar la atención en el círculo de sus amistades.

La cultura religiosa está representada en el reino de Toulouse por los monjes de Lerins, cuya influencia se ejerce sobre Próspero de Aquitania, Salviano de Marsella y Cesáreo de Arles; Próspero, en un largo y ampuloso poema de 1002 hexámetros defiende las teorías de Agustín de Hipona; Salviano lleva el providencialismo al campo de la historia y se erige en defensor de los germanos en su De gubernatione Dei, que es un intento de explicar las invasiones por los vicios y la depravación de los romanos, a los que opone la ingenuidad y pureza bárbara de los germanos.

Cesáreo de Arles, posterior en medio siglo a Sidonio y Salviano, es el representante típico del cambio cultural experimentado a comienzos del siglo VI; formado tardíamente en la escuela romana, renunció a este tipo de cultura por considerarla fuente de herejías y escuela de inmoralidades y por creer firmemente que su misión como obispo consistía en extender el cristianismo entre los rústicos carentes de cultura: «puesto que los ignorantes y los simples no pueden elevarse a la altura de los letrados, éstos deben ponerse al nivel de ignorancia de aquéllos; los hombres instruidos pueden comprender lo que se dice a los simples mientras que éstos son incapaces de beneficiarse de lo que se dice a los instruidos»; hay en Cesáreo una degradación voluntaria de la cultura por motivos religiosos, que son los que informan toda su obra literaria: predicaciones y sermones.

La cultura propiamente hispana de este período está representada por dos obispos historiadores: Idacio y Orosio en los que se resumen las posturas adoptadas por el mundo romano frente a los germanos. El primero sigue a san Jerónimo en la visión de los pueblos invasores como agentes de la destrucción del mundo romano, pero su concepto de la historia está influido por la realidad política y, como ella, se hace regionalista e incluso localista frente al universalismo de los historiadores romanos; su tema es la historia política de la Península en el siglo V con escasas alusiones a sucesos no nacionales. Para Idacio los germanos son portadores de las cuatro plagas: guerra, hambre, pestilencia y proliferación de animales salvajes.

Orosio, en cambio, sigue a san Agustín, para quien las invasiones han sido permitidas por la Providencia y que ve a los germanos desde un ángulo favorable desde el momento en que respetan a los cristianos y sus lugares de culto; Orosio se halla inmerso en las corrientes universalistas cristianas y su historia es por tanto universal, pero el centro de gravedad ya no es Roma y su imperio, sino el cristianismo; lo importante no es que Roma se mantenga, sino que el cristianismo se difunda y en este sentido los contactos entre bárbaros y romanos son beneficiosos desde el momento en que, a través de ellos, los germanos pueden llegar al cristianismo, que aparece así como la síntesis, el punto de unión de los dos mundos, de las dos culturas.

La protección ostrogoda

La destrucción del reino tolosano ha sido explicada por la influencia del factor religioso que habría llevado a una alianza de los francos y de la población galorromana. Descartada esta causa, subsiste el problema de explicar los motivos de la ruina súbita de Toulouse precisamente cuando este reino se hallaba apoyado en el exterior por los ostrogodos de Teodorico. La única razón que parece lógica es la desmesurada extensión alcanzada por los dominios visigodos durante el reinado de Eurico: el reino se extiende desde el Atlántico al Mediterráneo en las Galias, se prolonga en Hispania por la Tarraconense y tiene que hacer frente a sublevaciones continuas de suevos y vascones.

Mantener la autoridad y el control en tan amplio territorio con una población visigoda que no debió de ser superior a las cien mil personas, incluyendo mujeres y niños, era imposible si tenemos en cuenta que una parte de esta población, al asentarse, había abandonado las costumbres guerreras para dedicarse a la agricultura; es significativo el hecho de que las campañas de Eurico fueran dirigidas y realizadas por generales y tropas galorromanas en su mayor parte.

Los visigodos habrían podido mantenerse en las Galicias si hubieran mantenido su concentración, es decir, si hubieran permanecido en los lugares originales de asentamiento, pero al ampliar sus dominios tuvieron que atender a demasiados frentes a la vez y bastó el ataque combinado de francos y burgundios para destruir el reino: Toulouse fue ocupado por los francos y Narbona por el burgundio Gondebaldo, tras vencer la resistencia opuesta por Gesaleico, hijo bastardo de Alarico II. El grupo más importante del ejército visigodo resistió los ataques francos en Carcasona hasta la llegada de refuerzos italianos que permitieron a los visigodos mantener en sus manos Provenza, es decir, las rutas de comunicación entre la Península e Italia.

El apoyo ostrogodo se debe a dos razones fundamentalmente: en primer lugar, Teodorico actúa como emperador y se halla interesado en ejercer un protectorado sobre los visigodos de forma que éstos sirvan de freno a la expansión franca; en este sentido lleva a cabo una política similar a la de Honorio con Valia: acepta el establecimiento franco en el occidente francés, pero evita a toda costa su aproximación al Mediterráneo.

Su ayuda a los visigodos tiene además una justificación familiar-política: la posición de su nieto Amalarico, hijo de Alarico II, está amenazada por Gesaleico y para los intereses italianos era conveniente mantener a Amalarico, menor de edad y sometido a la tutela del rey ostrogodo, cuyos ejércitos no se limitaron a defender los dominios visigodos de los ataques francos, sino que llevaron a cabo campañas contra el usurpador Gesaleico.

Desde el 507 hasta el 526, es decir, hasta la muerte de Teodorico, el reino visigodo, que comprende las provincias de Narbona y Provenza en las Galias y las de Tarragona y Cartaginense en Hispania, forma parte del reino italiano. El prefecto del pretorio, Liberio, y Cesáreo —ninguno de ellos visigodo, ambos de origen romano— dirigen desde Arles la administración y la Iglesia del reino visigodo; los germanos quedan reducidos de nuevo al papel militar bajo la dirección suprema del ostrogodo Teudis, cuyo rey, Teodorico, organiza el gobierno y el servicio de policía, la administración y el cobro de impuestos y exige la producción agrícola de Hispania para el avituallamiento de Roma.

Durante este período hallamos guarniciones visigodas en las fronteras con los suevos, cántabros y vascos; otro grupo importante se encuentra situado en la zona litoral catalana, pero el centro del reino y la mayor parte de la nobleza militar se mantiene en los alrededores de Narbona. A la muerte de Teodorico desaparece la unidad goda; Amalarico reinará en adelante sobre los visigodos y Atalarico sobre los ostrogodos, y con la ruptura de la unidad y el abandono de una política común se inicia el traslado hacia el sur del centro de gravedad del reino visigodo.

Atacado por los francos, Amalarico huye de Narbona para ser asesinado por las guarniciones establecidas en la Tarraconense, que proclaman rey al ostrogodo Teudis (531-548) y destituyen a los funcionarios de la corte, poniendo fin de este modo a los intentos de Teodorico para reorganizar la administración según el modelo romano. La desaparición de estos funcionarios civiles deja al reino visigodo claramente dividido en dos grupos: la aristocracia militar germánica y la masa hispanorromana que tendrá como dirigentes a las autoridades eclesiásticas, a los obispos.

Durante su reinado, Teudis tiene que luchar contra los francos, cuyas incursiones llegan hasta Pamplona y Zaragoza lo que nos hace pensar en una alianza entre francos y vascos contra los visigodos, aunque también cabe la posibilidad de que la entrada de los francos en la Península vaya dirigida fundamentalmente contra los vascos.

La ofensiva bizantina

El hecho de mayor trascendencia de la época de Teudis es la inclusión de la Península en los planes del emperador Justiniano para restaurar el antiguo Imperio Romano. La separación de las dos partes del Imperio ha sido efectiva desde la muerte de Teodosio, pero los espíritus ilustrados conservan la idea de unidad entre Oriente y Occidente, y puesto que el Imperio Occidental ha desaparecido en el año 476, Constantinopla se considera dueña única de los dominios romanos.

Las circunstancias políticas no han permitido a los emperadores bizantinos intervenir directamente en Occidente y se han limitado a deshacerse de los ostrogodos de Teodorico mediante la concesión a su jefe de títulos y cargos en la parte occidental para, de este modo, liberar sus tierras de la ocupación germana y al mismo tiempo dejar constancia de sus derechos en la zona occidental del Imperio.

Resuelto el problema ostrogodo, Bizancio emprende la lucha contra los persas que amenazan destruir el Imperio desde Oriente; sólo cuando los persas acepten la paz podrán los bizantinos iniciar una vasta campaña de reconquista del Mediterráneo occidental, y ésta será obra de Justiniano, quien se dirige en primer lugar contra los vándalos, único pueblo germánico que había logrado crear una flota importante capaz de perturbar el comercio griego, y que ocupaba la zona más rica en cereales de la Antigüedad. En el año 533 los bizantinos, pretextando la ayuda al depuesto rey vándalo Hilderico. intervienen en África y un año más tarde logran la incorporación de esta provincia a Oriente.

En Italia la política filorromana de Teodorico había tenido consecuencias graves para el pueblo ostrogodo: minoritario e inferior culturalmente a la población romana, sólo podía mantener su situación privilegiada mientras mantuviera su cohesión, sus diferencias con la población italiana; así lo entendieron numerosos jefes militares que se opusieron a la regente Amalasunta, hija de Teodorico, y exigieron que el nuevo rey, Atalarico, recibiese una educación ostrogoda.

A la muerte de Atalarico (534), el grupo nacionalista ostrogodo se alzó con el poder e hizo asesinar a Amalasunta, cuyos partidarios solicitaron la ayuda imperial (535). La vieja alianza entre visigodos y ostrogodos funcionó de nuevo ante los ataques bizantinos a Italia y ante el temor de que llegara a producirse un entendimiento entre la aristocracia de la Bética y los bizantinos. Teudis realizó una maniobra de diversión sobre Ceuta para obligar a Bizancio a distraer sus fuerzas de Italia, y llegó a ocupar Ceuta en el año 542, pero no pudo mantenerse en la ciudad.

La preparación de esta campaña norteafricana obligó a Teudis a desplazar aún más hacia el sur el centro de gravedad del reino visigodo y a crear nuevas guarniciones para controlar a los habitantes de la Bética. Durante su reinado, los obispos católicos como jefes de la comunidad hispanorromana gozaron de amplia libertad como lo demuestra la convocatoria de concilios en Barcelona, Lérida y Valencia de los obispos de la Tarraconense y de la Cartaginense, es decir, de las zonas efectivamente controladas por los visigodos.

Teudisclo (548-549) es igualmente de origen ostrogodo y de su corto reinado sólo sabemos que avanzó aún más hacia el sur, y parece probable que en su época fuera incorporada definitivamente la Bética a los dominios visigodos, aunque el nuevo rey Ágila (549-554) tuvo que combatir a los habitantes de Córdoba ante los que fracasó. Frente a Ágila una parte del ejército eligió rey a Atanagildo (551-567) quien, desde el primer momento, parece haber contado con el apoyo de los hispanorromanos y de los bizantinos; éstos, tras derrotar a Ágila, se establecieron en la Bética y en parte de la Cartaginense, en una zona que va aproximadamente desde la desembocadura del Júcar a la del Guadalquivir.

La nueva frontera militar decidió a Atanagildo a establecerse en Toledo, que se convirtió en base para atacar los establecimientos bizantinos de los que separó a Sevilla tras diversas campañas. La frontera norte con los francos permaneció tranquila durante este reinado, y en el interior de la Península las dificultades de los visigodos permitieron a los suevos y a los vascos reorganizarse; de la historia de los primeros ignoramos prácticamente todo lo ocurrido entre los años 462 y 558, es decir, desde el final de la Crónica de Idacio hasta que Isidoro reanuda la historia de este pueblo para mencionar su conversión al catolicismo durante el reinado de Teodomiro. La falta de noticias sobre los vascos parece afirmar su independencia y el aislamiento en que se encontraban.

A la muerte de Atanagildo hay una época de indecisión en la que los visigodos dudan entre mantener sus posiciones en el interior de la Península o fortalecer las guarniciones de Septimania; tras algunos meses se llega a una solución de compromiso mediante la elección como rey del duque de Septimania, Liuva, quien considerándose incapaz de hacer frente al peligro bizantino desde Narbona, asoció al trono a su hermano Leovigildo (568-586), que se estableció en Toledo.

BIBLIOGRAFÍA

Abadal i de Vinyals, Ramón d': Del reino de Tolosa al reino de Toledo. — Real Academia de la Historia. — Madrid 1960. — 79 págs.

Abadal i de Vinyals, Ramón d': A propos du legs visigothique en Espagne. — En «Caratteri del secólo VII in Occidente» II (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, V, Spoleto 1958), págs. 541-585.

Abadal i de Vinyals, Ramón d': La monarquía en el regne de Toledo. — En «Homenaje a Jaime Vicens Vives» I (Barcelona 1965), págs. 191-200. (Publicado también en «Deis visigots als catalans» I, Barcelona 1969, págs. 57-67.)

Barbero, Abilio: El priscilianismo, ¿herejía o movimiento social? — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XXXVII-XXXVIII (1963).

Barbero, Abilio; y Vigil, Martín: Sobre los orígenes sociales de la Reconquista: cántabros y vascones desde fines del imperio romano hasta la invasión musulmana. — «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), clvi (1965), págs. 271-339.

García Gallo, Alfonso: Nacionalidad y territorialidad del derecho en la época visigoda. — «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XIII (1936-1941), págs. 168-264.

García Gallo, Alfonso: Notas sobre el reparto de tierras entre visigodos y romanos. — «Hispania» (Madrid), I (1941), págs. 40-63.

Loyen, André: Sidoine Apollinaire et les derniers éclats de la culture classique dans la Gaule occupée par les Goths. — En «I Goti in Occidente. Problemi» (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1956), págs. 26S284.

Ors, Alvaro d': Estudios visigóticos, II: El código de Eurico. — C.S.I.C. — Roma-Madrid 1960. — X + 318 págs.

Ors, Alvaro d': La territorialidad del derecho de los visigodos. — En «Estudios Visigóticos» I (Cuadernos del Instituto Jurídico Español, núm. 5, Roma-Madrid 1956), págs. 91-150.

Reinhardt, Wilhelm: Historia general del reino hispánico de los suevos. — Publicaciones del Seminario de Historia Primitiva del Hombre. — Madrid 1952. — 143 págs.

Reinhardt, Wilhelm: Sobre el asentamiento de los visigodos en la Península. — «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XIV (1941), págs. 40-63.

Riché, Pierre: Éducalion et culture dans l'Occident barbare. VI-VIII siécles. — Éditions du Seuil. — París 1962. — 572 págs.

Torres López, Manuel: Las invasiones y los reinos germánicos de España (años 409-711). — En «Historia de España» dirigida por Ramón Menéndez Pidal, III (Madrid 1963), págs. 3-140.

Thompson, E. A.: Los godos en España. — Alianza Editorial (El libro de bolsillo, núm. 321). — Madrid 1971. — 451 págs.

Vismara, Giulio: El «Edictum Theodorici». — En «Estudios Visigóticos» I (Cuadernos del Instituto Jurídico Español, núm. 5, Roma-Madrid 1956), págs. 49-89.

3. NOBLEZA VISIGODA Y ARISTOCRACIA HISPANORROMANA

La desaparición de los ostrogodos como pueblo ha reducido la importancia estratégica de la costa mediterránea franco-italiana donde, por otra parte, ha disminuido la presión franca gracias a la división entre los sucesores de Clodoveo. Simultáneamente, el asentamiento de los bizantinos en la Bética ha obligado a los visigodos a dedicar mayor atención a los asuntos peninsulares y el número e importancia de las guarniciones establecidas en Hispania aumenta continuamente hasta hacer que el centro del reino se desplace desde Septimania a la Península. Este hecho, militar en principio, tendrá importantes consecuencias para la historia peninsular.

Mientras Hispania fue sólo una prolongación de Septimania, el interés de los visigodos respecto a la Península se centra en el control de las plazas militares y en la obtención de tierras y recursos económicos para atender a las necesidades de la nobleza militar. A partir del año 568, y más exactamente desde el 573, al morir Liuva y quedar Leovigildo como rey único, los visigodos no pueden reducirse al papel de conquistadores; necesitan gobernar, dirigir de modo efectivo a las poblaciones sometidas, y esto no pueden hacerlo sin llegar a un acuerdo con los dirigentes de la sociedad, con la aristocracia hispanorromana y con los obispos, cuya colaboración es igualmente necesaria para hacer frente al peligro exterior.

Leovigildo iniciará esta aproximación a los hispanorromanos, y será Recaredo quien logre la fusión de ambas aristocracias, no sin antes vencer fuertes resistencias; la lucha contra los bizantinos continuará hasta su total expulsión de la Península; el reino suevo desaparece durante el reinado de Leovigildo, y los vasco-cántabros, aunque combatidos y sometidos temporalmente, se mantienen al margen del reino visigodo.

Aislacionismo y colaboración

La falta de datos sobre la población existente con anterioridad a las invasiones y sobre el número de germanos asentados en la Península no nos permite conocer la relación entre hispanorromanos y germanos. Sin embargo, todos los historiadores que se han ocupado del tema coinciden en señalar la desproporción numérica existente entre unos y otros. Podemos aceptar que esta diferencia demográfica es fundamental en el mantenimiento de la separación entre los dos grupos étnicos, y es, al mismo tiempo, el origen de las barreras puestas por los germanos a la fusión.

Un pueblo que vive de las armas, rodeado por una población muy superior a él cultural y numéricamente y sobre la que no tiene otro ascendiente que el que da la fuerza militar sólo puede subsistir mientras se mantengan las características nacionales que han hecho necesarios sus servicios militares que son, no hay que olvidarlo, su único medio de subsistencia. Este es el caso de los visigodos instalados en Toulouse.

Los visigodos son necesarios a Roma por su habilidad militar y a cambio de sus servicios se les dan tierras que habrían perdido en el momento en que hubieran abandonado su modo de vida guerrero; el mantenimiento de estos hábitos militares exige la concentración del pueblo visigodo y la conservación del espíritu nacional para no dejarse arrastrar por el modo de vida de la población romana, que es en el sur de las Galias una de las más cultas del Imperio. Las diferencias religiosas y jurídicas serán suficientes para mantener esta separación en la que se halla igualmente interesada la aristocracia galorromana, que considera al pueblo visigodo inculto e inferior.

Las relaciones entre los dos grupos étnicos cambian al desaparecer el Imperio; los visigodos, transformados de protectores en dirigentes de la población galorromana, son incapaces por sí solos de sustituir a Roma y buscan la ayuda de los súbditos, quienes, sin posibilidades para expulsar a los visigodos, colaboran con ellos en la administración del reino. Estos cambios sólo han afectado a las aristocracias respectivas: a la militar visigoda y a la administrativa-eclesiástica galorromana; una y otra colaboran para mantener sus posiciones, pero mantienen claramente sus diferencias religiosas y culturales, por lo que no se llega a una fusión de los dos grupos; la colaboración continuada habría llevado seguramente a una absorción cultural y religiosa de los germanos, pero la temprana desaparición del reino de Toulouse hizo imposible este segundo paso.

La intervención del ostrogodo Teodorico permitió a los visigodos sobrevivir como pueblo a cambio de un regreso a la situación del año 418: los visigodos serán de nuevo soldados al servicio del imperio que intenta restaurar Teodorico, con la única diferencia de que sus lugares de acantonamiento han pasado de Aquitania a la Narbonense y a la Tarraconense; la colaboración a nivel político entre germanos e italianos que defiende Teodorico en Italia no se da en las zonas ocupadas por los visigodos, que se limitan a ser soldados mientras vive Teodorico y mientras tienen el poder sus generales Teudis y Teudisclo, que representan en la Península la tendencia al aislacionismo germánico que ha triunfado en Italia con los sucesores de Teodorico.

La guerra entre Ágila y Atanagildo puede ser puesta en relación con el enfrentamiento en Italia entre partidarios de la fusión y defensores del mantenimiento de las diferencias entre las poblaciones germánica y romana; en uno y otro caso, la división de los germanos ha llevado a la intervención y al asentamiento de los bizantinos, pero las consecuencias de esta ocupación son distintas al ser diferentes las condiciones en los dos reinos.

Para los ostrogodos la única posibilidad de supervivencia es el aislamiento, la vuelta a sus costumbres militares, ya que la población italorromana se inclina decididamente a favor del Imperio, que no está dispuesto a compartir el dominio de Italia con los ostrogodos. En la Península, en cambio, los contingentes bizantinos son poco numerosos, el Imperio tiene un interés menor en su conquista y aunque cuenta con el apoyo moral y la simpatía de las capas romanizadas de la población, éstas dudan entre la ayuda efectiva a los bizantinos y la neutralidad que les permitiría mantener su independencia de hecho al frente de sus dominios.

Bizantinos y visigodos son, en el terreno práctico, grupos extraños a la aristocracia hispanorromana, cuyos intereses no coinciden ni con los del Imperio ni con los del reino germánico. La independencia de que han gozado los grandes señores desde el siglo V les lleva a no desear el triunfo claro de uno u otro grupo militar; esta falta de decisión en el elemento que podría haber decidido la victoria permite a los visigodos una libertad de acción que no tuvieron los ostrogodos en Italia. Entre las dos posibilidades, fusión y aislamiento, Leovigildo se inclina por la primera quizás debido a la experiencia trágica del reino ostrogodo y guiado seguramente por el ejemplo de Eurico en las Galias y de Teodorico en Italia.

La obra de Leovigildo

La fusión entre las dos poblaciones es el camino elegido por Leovigildo para crear un verdadero reino y para salvar a su pueblo; pero todos sus esfuerzos habrían resultado inútiles si el monarca no hubiera logrado contener o destruir a los pueblos extraños a ambas sociedades, es decir, a vascones, suevos, bizantinos y tribus del interior poco romanizadas y, sobre todo, si no hubiera acertado a dominar y unificar su propio pueblo.

La anarquía reinante en el ejército visigodo se refleja en lo que Gregorio de Tours llama el morbo gótico y que no es otra cosa que el asesinato de los reyes por el noble o grupo que aspira a sucederle. Teóricamente, el rey de los visigodos es elegido libremente por todos los miembros del ejército, pero en la práctica los lazos familiares y la fuerza militar y económica, que van unidas, son decisivos en el nombramiento de los monarcas y, de hecho, los reyes pertenecen desde el año 418 al 531 a la familia de Teodorico I; Teudis y Teudisclo son jefes militares ostrogodos y ni Ágila ni Atanagildo fueron libremente elegidos.

Liuva, jefe de las guarniciones visigodas en Septimania, asoció al trono a su hermano Leovigildo, no elegido por tanto, y éste procuró evitar cualquier duda sobre su legitimidad mediante su matrimonio con Goswinta, la viuda de Atanagildo. Para poner coto a posibles ambiciones personales entre los nobles visigodos, Leovigildo asoció al trono a sus hijos Hermenegildo y Recaredo, lo que le permitía, manteniendo la ficción electiva, garantizar la elección pacífica de sus hijos al confiarles cargos y fuerzas militares de importancia que les permitirían controlar la situación a la muerte del rey.

La resistencia nobiliaria ante esta actitud del monarca fue sofocada militarmente y a partir de este momento Leovigildo exalta la realeza, la persona del rey, mediante el uso de vestiduras y adornos que lo diferencian del resto de la población y le dan hasta cierto punto un carácter sagrado similar al de los emperadores bizantinos.

Si la aristocracia hispanorromana mantiene una prudente neutralidad ante los visigodos, no ocurre lo mismo con los suevos, cantabrovascos y algunas tribus del interior de la Península; los primeros han aprovechado las dificultades de la monarquía durante la primera mitad del siglo para reorganizar su reino e intentar la ampliación de sus dominios a la Lusitania; las campañas de Leovigildo tienden a acantonarlos en sus límites tradicionales e igual ocurre con los vascos, a los que ataca en los años 574 y 581 y contra los que funda las ciudades de Amaya y Victoriaco (Vitoria); frente a los bizantinos ocupa Medina Sidonia y Córdoba, y la sublevación de los campesinos de la región de Orospeda es fácilmente dominada en el año 577.

Estas campañas victoriosas van seguidas de una reorganización agrario-militar tendente a consolidar el triunfo; las viejas guarniciones romanas frente a gallegos, cántabros y vascos son reorganizadas, se crean otras nuevas ante los bizantinos y tras la protección que garantizan las fortalezas se mantiene o se establece una población de soldados campesinos encargados de la defensa de las fronteras.

La frontera mejor conocida es la situada frente a los pueblos del norte de la Península; a lo largo de la calzada romana que va desde Astorga a Burdeos surgen una serie de ciudades fortificadas; Vitoria, Olite y Pamplona para contener a los vascos; ante los cántabros y astures Amaya, León y Astorga; en el noroeste y frente a los suevos y gallegos se encuentran igualmente numerosas guarniciones a lo largo de la vía Astorga-Lugo.

Los éxitos político-militares de Leovigildo eran un primer paso en la reorganización de sus dominios y esta tarea fue alternada con las medidas destinadas a lograr la fusión de los grupos étnicos sometidos al rey. Siguiendo los pasos de Eurico y de Alarico II, Leovigildo llevó a cabo una labor legislativa importante: al promulgar el codex revisus el monarca corrigió la legislación de Eurico en lo que consideraba confuso, suprimió las leyes superfluas o en desuso y añadió otras que hacía necesarias la nueva situación; entre las innovaciones más importantes figura la derogación de la ley romana que prohibía el matrimonio de romanos y germanos.

La derogación de esta ley es, evidentemente, una medida propagandística para atraer a su política a los hispanorromanos, pero es al mismo tiempo una prueba de que la separación no era tajante, ya que el motivo alegado por Leovigildo para suprimir la ley fue su ineficacia práctica. El contacto durante un siglo entre ambos grupos debió romper o al menos debilitar las barreras que los separaban; así parece demostrarlo el hecho de que algunos monarcas, como Teudis y el propio Leovigildo —en su primer matrimonio— tuvieran esposas hispanorromanas. La atracción ejercida por los hispanorromanos sobre los visigodos puede observarse igualmente en la conversión al catolicismo de algunos magnates godos, entre los cuales Juan de Bíclaro y Massona llegaron a ser obispos de Gerona y de Mérida antes de la conversión de Recaredo.

El problema religioso

La igualación jurídica era un gran paso, pero subsistían las diferencias religiosas y también en este punto buscó Leovigildo la unidad al intentar hacer del arrianismo la religión única de sus súbditos. El rey debió pensar que la conversión al arrianismo no ofrecía dificultades y así lo demuestra su política conciliadora en los primeros momentos cuando intenta llevar a los obispos católicos al arrianismo a través de disputas teológicas y cuando reúne un concilio arriano en Toledo (580) para organizar en forma pacífica el paso de una a otra confesión.

Los cálculos de Leovigildo se mostraron equivocados. Los obispos mantuvieron su fe católica, aunque no faltaron las excepciones, y su mayor preparación cultural les permitió refutar las afirmaciones arrianas con gran facilidad, por lo que algunos fueron desterrados; incluso en el castigo Leovigildo se muestra conciliador, parece confiar en el triunfo final y no quiere enajenarse la voluntad de los súbditos hispanorromanos. Únicamente cuando la religión se mezcla con la política y pone en peligro la obra realizada, Leovigildo actúa de modo intransigente, pero sólo con su hijo Hermenegildo y con los suevos que le han apoyado. En ningún caso puede hablarse de fanatismo ni de persecución religiosa.

La asociación, de Hermenegildo y Recaredo al trono frenaba las ambiciones de la nobleza visigoda pero llevaba en sí el germen de la guerra civil entre hermanos a la muerte del rey o de la sublevación de cualquiera de los hijos contra el padre; según las escasas noticias conservadas, Recaredo fue puesto al frente de las guarniciones de la Galia y Hermenegildo se encargó de guardar las fronteras con los bizantinos desde Sevilla, ciudad en la que se convirtió al catolicismo en el preciso momento (579-580) en que Leovigildo llevaba a cabo sus intentos dé atracción de los católicos.

La decisión de Hermenegildo perdía así su carácter personal y se convertía en rebeldía política al ir contra los designios del rey. Los intentos conciliadores del monarca fracasaron ante la negativa de Hermenegildo a acudir a Toledo pretextando el odio de Leovigildo contra él por su condición de católico, y el rey se vio obligado a reducir militarmente a su hijo. Las fuerzas de que éste disponía eran, sin duda, inferiores a las fieles al monarca y Hermenegildo se basó en la identidad de religión con los bizantinos y los suevos y en la enemistad de unos y otros con los visigodos para formar una amplia coalición que unía contra Leovigildo desde Galicia hasta la Bética.

Si realmente el príncipe sublevado creyó en algún momento que la religión podía ser un aglutinante eficaz, se equivocó claramente: los bizantinos debieron de aceptar esperando que la sublevación tuviera un fuerte eco entre la población hispanorromana y al permanecer ésta neutral llegaron a un acuerdo con Leovigildo, que compró su retirada mediante la entrega de fuertes sumas de dinero; sin el apoyo bizantino la sublevación tenía escasas posibilidades de triunfal y también el suevo Miro retiró su apoyo a Hermenegildo.

Falto de auxiliares Hermenegildo fue vencido, encarcelado en Valencia y llevado más tarde a Tarragona donde fue asesinado por su carcelero Sisberto en el año 585 al negarse a recibir la comunión de manos de un obispo arriano. Su fama de mártir fue extendida por los cronistas francos, pero no fue aceptada por los hispanos, que se limitan a calificar a Hermenegildo de tirano, término que emplean para designar al usurpador o rebelde que se alza contra la autoridad legítima. Es un católico de origen godo y desterrado por Leovigildo, Juan de Bíclaro, quien afirma que Hermenegildo «asumiendo el poder en la ciudad de Sevilla se subleva en ella y lleva a la rebelión contra su padre a otras ciudades y castillos»; para él no hay un conflicto religioso sino una «riña doméstica». Hermenegildo fue canonizado en tiempos de Felipe II, en 1586.

El mismo año en que moría Hermenegildo, Leovigildo destruía el reino suevo y Recaredo detenía en Septimania un nuevo ataque franco que, al decir de Gregorio de Tours, estaba motivado por el martirio de Hermenegildo y que se puede incluir dentro de la larga lista de ataques francos a Septimania sin necesidad de buscarle razones de tipo religioso.

La conversión de Recaredo

La aceptación por Recaredo (586-601) del catolicismo como religión oficial de la monarquía en el III Concilio de Toledo (589) pone fin a la última barrera que separaba a los visigodos e hispanorromanos, cuyas aristocracias gobernarán el reino conjuntamente en los años posteriores. Los historiadores atribuyen esta conversión a múltiples causas, entre las que destacan la piedad del rey, el ejemplo de Hermenegildo y de las demás monarquías germánicas, todas las cuales habían aceptado el catolicismo, el deseo de atraerse a la población hispana, mayoritaria, y evitar así una posible alianza con francos y bizantinos...

Todas estas consideraciones pudieron influir en Recaredo, pero la conversión no es un asunto personal del rey sino de los dirigentes visigodos interesados en consolidar la política iniciada por Leovigildo. Si se prefirió el catolicismo fue porque mientras entre los católicos se hallaba profundamente arraigado el antiarrianismo debido a la influencia de los monjes africanos llegados a la Península para evitar las persecuciones vándalas, las convicciones de los arríanos eran superficiales y carecían de un soporte intelectual fuerte. En definitiva, era más fácil la conversión de los arríanos que la de los católicos y cualquiera de las dos confesiones servía al fin político buscado: la unión o fusión de las dos sociedades.

El III Concilio de Toledo tiene una importancia extraordinaria, no por la conversión de Recaredo y de sus nobles sino por lo que ésta va a representar en adelante; con este concilio la población hispanorromana, dirigida por obispos y abades, se integra en la maquinaria estatal hasta el punto de que hay una confusión entre Iglesia y Estado visigodo. El primer acto de Recaredo fue de tipo económico: devolvió a la Iglesia los bienes confiscados por Leovigildo y se atrajo de esta manera la benevolencia de la jerarquía católica, cuyos miembros, protegidos por el rey, se convirtieron de hecho en funcionarios del Estado, y cuyas asambleas (concilios nacionales y sínodos provinciales) tienen a menudo carácter político, por lo que intervienen en ellas los magnates civiles en los primeros y los jueces y agentes fiscales en los segundos.

El rey, a imitación del emperador bizantino, se convierte en jefe de la Iglesia visigoda; él nombra los obispos entre sus partidarios, convoca los concilios y decide los temas que deben ser tratados; el concilio se inicia con el discurso real que recibe el nombre de thomus regis y en el que se hallan especificados todos y cada uno de los temas que los padres conciliares deben estudiar así como, en muchos casos, las soluciones y las medidas apropiadas. Los acuerdos del concilio, aun en el caso de que se limiten a asuntos eclesiásticos o canónicos, carecen de validez si no son confirmados por el monarca.

La conversión y el carácter político que ésta tiene, provoca un distanciamiento de la Iglesia hispana respecto a Roma, cuya autoridad se reconoce oficialmente pero a la que no se recurre para nada, debido a que la Iglesia romana estaba controlada por el imperio bizantino cuyos intereses en la Península eran opuestos a los del monarca visigodo. La mejor prueba de este distanciamiento de la Iglesia respecto a Roma puede verse en la carta enviada por Recaredo al pontífice romano para comunicarle la conversión de él y de su pueblo: en ella, el monarca visigodo reconoce la superioridad del Papa sobre los demás prelados y excusa su retraso en comunicarle la conversión, realizada tres años antes, afirmando que ha estado muy ocupado en atender a los negocios del reino y que le ha sido imposible enviar sus mensajeros a Roma.

El III Concilio tiene como finalidad esencial glorificar la conversión de los visigodos y extraer de ella las consecuencias políticas oportunas, que pueden resumirse en el papel de inspección y control de la nobleza laica asignado a los obispos y en la colaboración de jueces y obispos para investigar y corregir los crímenes de parricidio y de idolatría; otros temas tratados concernían a la situación de los bienes de la Iglesia, a los judíos y a la disciplina eclesiástica.

Los bienes eclesiásticos, entre los que se incluyen las iglesias que habían pertenecido a los arríanos, quedan bajo la administración del obispo, que no puede enajenarlos salvo en casos de extrema necesidad o para convertir en monasterio una de las iglesias parroquiales; los clérigos quedaban exentos de la jurisdicción civil y sometidos en todo a los tribunales del obispo; clérigos y siervos de la iglesia escapan igualmente a la autoridad de los jueces y oficiales laicos que, en adelante, no podrán obligarlos a realizar prestaciones personales sino que deberán permitirles que se dediquen única y exclusivamente al servicio de la iglesia.

La sucesión al trono

El problema sucesorio no aparece regulado en el concilio y quizá pueda verse en esta omisión un deseo de evitar el enfrentamiento con la nobleza laica que no habría aceptado la conversión si ésta hubiese llevado consigo el reconocimiento de una monarquía hereditaria; el recuerdo de las sublevaciones nobiliarias contra Leovigildo haría pensar a Recaredo, y a su mentor el arzobispo Leandro de Sevilla, en la conveniencia de no legislar sobre un punto que podía provocar la desunión; ambos confiarían en que la sucesión hereditaria se impondría mediante la asociación al trono y mediante la unción eclesiástica del hijo del rey.

La conversión permitía la fusión de los dos grupos étnicos y favorecía a largo plazo la supervivencia de los visigodos, pero de momento representaba un descenso de poder y de autoridad de los nobles y obispos arríanos, quienes se sublevaron el año 587 en el momento en que Recaredo devolvía a los católicos las propiedades confiscadas; las sublevaciones de los obispos Ataloco y Sunna y de los condes Granista y Vildigerno en Septimania, y Segga y Viterico en Lusitania fueron fácilmente vencidas a pesar de que la primera contaba con el apoyo del rey borgoñón Gontrán, que pretendía, apoyando a los sublevados arríanos, ocupar Septimania.

Asegurado por estas victorias, Recaredo continuó la política paterna y asoció al trono a su hijo Liuva II (601-603), que fue destronado por la nobleza arriana, a la que no podemos dar este calificativo entendiéndolo en sentido religioso sino en sentido nacionalista germánico. El nuevo rey, Viterico (603-610), uno de los nobles sublevados en Lusitania en el año 587 y que había salvado la vida gracias a haber traicionado a sus compañeros de conjura, continuó la lucha contra los bizantinos aunque sin grandes éxitos y buscó la alianza con los francos.

Asesinado a su vez, Viterico fue sustituido por Gundemaro (610-612), a cuya muerte fue elegido Sisebuto (612-621), que es ya un claro exponente de la fusión de los dos grupos hispánicos: letrado y guerrero. Dirigió diversas campañas contra los astures y bizantinos; sometió a los primeros y redujo a los segundos a la posesión de algunas plazas fuertes en el Algarbe; y como muestra de su preparación cultural nos ha dejado varias cartas en latín y una vida de san Desiderio.

A imitación de sus predecesores y contando seguramente con el apoyo de los eclesiásticos a los que había halagado mediante la promulgación de leyes antijudías, asoció al trono a su hijo Recaredo II, que murió pocos días más tarde que Sisebuto, por lo que fue elegido rey el general que había dirigido las campañas contra los bizantinos, Suintila (621-631), quien logró la expulsión total de los soldados imperiales y dirigió algunas campañas contra los vascos, cuya expansión frenó mediante la fortificación de Olite.

Frente a la pretendida sucesión electiva en la monarquía visigoda hemos tenido ocasión de ver cómo los reyes (Liuva, Leovigildo, Recaredo y Sisebuto) intentan perpetuar en su familia el poder mediante la asociación al trono de sus familiares; esta medida ha resultado eficaz cuando se halla apoyada por la fuerza militar, pero fracasa cuando falla el apoyo de las armas y siempre da lugar a sublevaciones armadas dirigidas por la nobleza visigoda que considera lesionados sus derechos al trono.

Las fuentes que poseemos sobre el reinado de Suintila nos dicen que asoció al trono a su hijo Ricimero y que contra ambos se sublevó el jefe de las guarniciones godas de Septimania, Sisenando (631-636), con el apoyo de un ejército franco. Sisenando intentaría justificar años más tarde su rebelión atribuyendo al rey abusos de poder y confiscación de bienes de algunos nobles, pero creemos que la sublevación se debería fundamentalmente al deseo de evitar la sucesión en la persona de Ricimero.

La expulsión de los bizantinos debió de llevar consigo un debilitamiento de las guarniciones del interior de la Península, con lo que el predominio militar de Toledo sobre Septimania desaparecería, y el jefe militar de esta zona tendría grandes posibilidades de ser elegido al estar encomendada la elección a la nobleza militar; Sisenando podía por tanto considerar la asociación de Ricimero contraria a su derecho y la rebelión tendería a asegurarle el trono.

El IV Concilio de Toledo

Victorioso, Sisenando hace legitimar su acción por el IV Concilio de Toledo, reunido a su instancia en el año 633; en él hace condenar a Suintila, cuyos bienes y los de su familia confisca, y previene la posibilidad de nuevas sublevaciones haciendo condenar canónicamente a los que, en adelante, pretendan asesinar al rey u ocupar el trono por la fuerza.

Aunque antes hemos dicho que Sisenando convocó el concilio, su intervención en él fue más pasiva que activa; se limitó a permitir y autorizar la reunión de los obispos, cuya finalidad era estudiar cuestiones de disciplina eclesiástica a la que se refieren la mayor parte de los cánones, y el monarca ni siquiera presentó el tomo regio, tal como había hecho Recaredo y como harán los reyes posteriores, sino que se redujo a acudir a la iglesia de santa Leocadia de Toledo junto con los magnates laicos y a pedir a los obispos que trataran las cuestiones eclesiásticas que los habían reunido.

Los temas son de un interés excepcional y tienden a confirmar los privilegios episcopales, aunque no falten los asuntos políticos y los político-religiosos. La unidad política del reino se completa con la unidad litúrgica, al disponer el concilio en su canon dos que en todas las iglesias del reino se celebren los servicios y oficios divinos del mismo modo: «en adelante los usos eclesiásticos entre nosotros que estamos unidos por una fe y en un mismo reino no discreparán, pues esto es lo que los antiguos cánones decretaron: que cada provincia guarde unas mismas costumbres en los cánticos y misterios sagrados».

Los concilios provinciales habrían de reunirse anualmente y tendrían carácter de tribunal superior para corregir los abusos de obispos, jueces y nobles laicos; en ellos participarían los obispos de la provincia y los presbíteros y diáconos que, por cualquier motivo, hubieran sido convocados, y sólo después se permitiría la entrada a los laicos cuya presencia interesara al concilio. Los querellantes debían hacer entrega de sus acusaciones o quejas al arcipreste de la iglesia metropolitana para que éste las diera a conocer en el concilio que, a su vez» permitiría la entrada del demandante.

Tras algunas disposiciones concernientes a la liturgia, el concilio legisla sobre las condiciones que han de reunir las personas llamadas al desempeño de cargos eclesiásticos, sobre las posesiones de la iglesia y sobre los judíos, temas que serán estudiados en el último capítulo de esta parte, por lo que sólo destacaremos el canon treinta y uno, que pone de manifiesto la importancia adquirida por los obispos en los que el rey delega el juicio de los delitos de lesa majestad; el concilio autoriza a los obispos a aceptar estos cargos de jueces siempre que de su actuación no se derive la pena de muerte para los acusados.

Disposiciones del concilio sobre la cuestión sucesoria

El canon setenta y cinco es, sin duda, el más importante por cuanto somete la actuación del rey al juicio y autoridad del concilio, fortalece la autoridad real ante los súbditos y regula el procedimiento de sucesión en la monarquía. Las argumentaciones para conciliar los tres puntos son un prodigio de habilidad y finura en las que se mezclan motivaciones religiosas y razones políticas.

Los padres conciliares han aprobado este canon para fortalecer la situación de los reyes, dar seguridad al reino, evitar la guerras civiles y conservar la unidad de la patria, y la razón legal que les permite intervenir y en la que basan su actuación es la existencia del juramento de fidelidad que todos los súbditos, directa o indirectamente, han prestado al rey; como representantes de Dios, en cuyo nombre se ha hecho el juramento, los obispos se consideran autorizados y obligados a intervenir en asuntos políticos e intervienen amenazando con la excomunión a quienes se atrevan a violar el juramento que hicieron «en favor de la estabilidad de la patria y del pueblo de los godos, y de la conservación de la vida real e intentaren dar muerte al rey o menoscabaren el poder del reino o usurparen con atrevimiento tiránico el trono real».

Los párrafos anteriores condenaban sin remisión al monarca reinante, Sisenando, llegado al trono por medio de una sublevación y, de rechazo, la excomunión se volvía contra los obispos asistentes al concilio quienes con el juramento de fidelidad prestado a Sisenando habían roto la promesa hecha anteriormente a Suintila; era preciso salvar esta dificultad y justificar a posteriori la actuación del rey, eximiéndole de toda culpa.

Esto se logra mediante un doble procedimiento: Suintila, vencido, se había visto obligado a renunciar al trono, y el concilio pasa por alto la guerra civil para fijarse sólo en la renuncia «voluntaria» del antiguo monarca, cuyos súbditos se veían libres, de este modo, del juramento de fidelidad prestado; esta medida no bastaba a los padres conciliares por cuanto tenía un valor excesivamente concreto y porque no exculpaba a Sisenando y a sus compañeros de sublevación; era preciso dar unas normas generales que sirviendo para el futuro liberaran de culpa al nuevo rey.

Para lograr este doble objetivo se establece que, en adelante, si alguno de los monarcas «en contra de la reverencia debida a las leyes, ejerciera sobre el pueblo un poder despótico con autoridad, soberbia y regia altanería, sea condenado con sentencia de anatema por Cristo y sea juzgado por Dios porque se atrevió a obrar malvadamente y llevar el reino a la ruina». Estos son los crímenes de los que se acusa a Suintila, cuya deposición se legaliza, pero sirven igualmente para conceder al concilio, representante de Dios, el poder de juzgar y deponer a otros reyes cuando falten a sus juramentos de respetar las leyes y de gobernar rectamente.

El monarca reinante fortalecía su posición personal por la acción del concilio y obtenía importantes beneficios económicos al permitírsele conservar los bienes que habían pertenecido a Suintila y a su hermano Geila, pero la monarquía como institución salía debilitada al quedar sometida al concilio que, por otra parte, impuso a Sisenando y a los sucesores importantes limitaciones en el ejercicio del poder judicial al pedir que el rey no actuara como juez único en las causas civiles o criminales, sino que los delincuentes fueran juzgados en juicio público según los procedimientos normales.

En este mismo concilio se fija por primera vez de modo oficial el carácter electivo de la monarquía y la elección se encomienda a magnates y obispos reunidos. Esta medida es claramente un compromiso entre las dos tendencias existentes: la germánica-militar favorable a la elección, único sistema que garantiza el nombramiento del jefe más capacitado en el plano militar, y la romana-administrativa que, por tradición, es partidaria del sistema hereditario, por permitir una continuidad y evitar las guerras civiles entre los aspirantes al trono.

Ninguna de las dos tendencias, de los dos grupos, posee suficiente fuerza para imponerse y se llega al acuerdo señalado: elección sí, pero controlada por los obispos y por la nobleza visigoda; el reino no está gobernado sólo por militares, sino por éstos y por los eclesiásticos, que unidos, sin distinción de raza, forman una aristocracia en cuyas manos queda la elección del rey, reservada antes a la asamblea de todos los hombres libres del pueblo germánico.

BIBLIOGRAFÍA

Abadal i de Vinyals, Ramón d': Deis visigots als catalans. I: La Hispánia visigótica i la Catalunya carolíngia — Edicions 62. — Barcelona 1969. — 503 págs.

Barbero de Aguilera, Abilio: El pensamiento político visigodo y las primeras unciones regias en la Europa medieval. — «Hispánia» (Madrid) XXX 1970, págs. 245-326.

David, Pierre: Études historiques sur la Galice et le Portugal du Ve au Xlle siécle. — Livraria Portugália. — Lisboa 1947. — 579 págs.

Pontaine, Jacques: Conversión et culture chez les visigoths d'Espagne. — En «La conversione al Cristianesimo nell'Europa dell'Alto Medioevo» (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XIV, Spoleto 1967), págs. 86-147.

Goubert, Paul: Byzance et l'Espagne visigothique (554-711). — «Revue des Études Byzantines» (París), II (1944), págs. 5-78.

Goubert, Paul: L'administration de l'Espagne byzantine. —«Revue des Études Byzantines» (París), III (1945), págs. 127-142, y IV (1946), págs. 70-133.

Hillgarth, J. N.: La conversión de los visigodos. Notas críticas. —«Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXXIV (1961), págs. 21-26.

Iglesia Ferreiros, A.: Notas en torno a la sucesión al trono en el reino visigodo. — «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XI (1970), págs. 653-682.

Lacarra, José María: La iglesia visigoda en el siglo VII y sus relaciones con Roma. — En «Le chiese nei regni dell'Europa Occidentale e i loro rapporti con Roma sino all'800» I (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'AIto Medioevo, VII, Spoleto 1960), págs. 353-384.

Livermore, Harold: The Origins of Spain and Portugal. — George Alien and Unuvin. — London 1971. — 438 págs.

Lombardía, Pedro: Los matrimonios mixtos en el derecho de la España visigoda. —«Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XVII-XVIII (1957-1958), págs. 61-108.

Meréa, Paulo: Estudos de direito visigótico. — Coimbra 1948.

Orlandis, José: Estudios visigóticos, III: El poder real y la sucesión al trono en la monarquía visigótica. — C.S.I.C. — Roma-Madrid 1962. — 145 págs.

Reinhardt, Wilhelm: El rey Leovigildo, unificador nacional. — Valladolid 1945.

Reinhardt, Wilhelm: Historia general del reino hispánico de los suevos. — Publicaciones del Seminario de Historia Primitiva del Hombre. — Madrid 1952. 143 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Estudios sobre instituciones medievales españolas. — Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Históricas. — México 1965. — 828 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Estudios visigodos. — Instituto Storico Italiano per il Medio Evo (Studi Storici, fase. 78-79). — Roma 1971. — 386 págs.

Thompson, E. A.: Los godos en España. — Alianza Editorial (El libro de bolsillo, núm. 321). — Madrid 1971. — 451 págs.

Thompson, E. A.: The Conversión of the Visigots to Catholicism. — «Nottingham Mediaeval Studies» (Cambridge), IV (1960), págs. 4-35.

Torres López, Manuel: Las invasiones y los reinos germánicos en España (años 409-711). — En «Historia de España» dirigida por Ramón Menéndez Pidal, III (Madrid 1963), págs. 3-140.

Torres Rodríguez, Casimiro: Mirón, rey de suevos y gallegos, y los últimos monarcas suevos. — «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XIV (1959), págs. 165-201.

Torres Rodríguez, Casimiro: Derrota, escisión y ruina del reino suevo (456-468). — «Boletín de la Universidad Compostelana» (Santiago de Compostela), núm. 71-72 (1963-1964), págs. 35-99.

Vives, José: Concilios visigóticos e hispano-romanos. — Edición preparada por...con la colaboración de Tomás Marín Martínez y Gonzalo Martínez Díez. —C.S.I.C. — Barcelona-Madrid 1963. — XX + 580 págs.

4. CRISIS Y DESTRUCCIÓN DEL REINO

El triunfo del sistema electivo en la designación del monarca visigodo, aun cuando pueda parecer una victoria de las ideas germánico-militares, es ante todo un éxito de las aristocracias laica y eclesiástica del reino, que se reservan el derecho de elegir al monarca y utilizan este privilegio, así como la doctrina que sirvió para deponer a Suintila, en su exclusivo beneficio.

Los electores, que son al mismo tiempo los mayores propietarios del reino, se harán pagar el voto y el apoyo al rey o lo combatirán para obtener por la fuerza lo que el monarca no les concede de grado; en cualquier caso toda nueva elección lleva consigo una pérdida de prestigio y de fuerza de la monarquía, que se ve obligada a hacer concesiones a los grupos nobiliarios o a enfrentarse a los rebeldes; la confiscación de los bienes de los sublevados sólo en contados casos favorece a la monarquía: como norma general se distribuyen entre los partidarios del rey.

Las concesiones hechas por Chintila y su hijo Tulga no impidieron la sublevación de Chindasvinto quien, tras una represión feroz, asoció al trono a su hijo Recesvinto con el que, nuevamente, se inicia una política de entendimiento con la aristocracia; los intentos hechos por Wamba para restablecer la autoridad del monarca terminaron con su deposición y, a partir de este momento, la guerra civil entre los grupos nobiliarios se hace endémica y desembocará en el enfrentamiento entre los partidarios de Rodrigo y los hijos de Vitiza quienes, en el transcurso de la lucha, facilitarán la ocupación de la Península por los árabes en el año 711.

Formación de clientelas

A la muerte de Sisenando fue designado rey Chintila (636-639), no sabemos si por elección o tras una revuelta victoriosa. En el primer año de su reinado convocó el V Concilio de Toledo en el que el único asunto eclesiástico aprobado fue impuesto por el monarca, quien exigió que todos los años, a partir del 13 de diciembre, se celebraran letanías en todas las iglesias del reino durante tres días consecutivos; el resto de los cánones tienen cómo finalidad excluir del trono a los que no pertenezcan a la raza goda, a los que procedieran de la clase servil, a quienes hubieran sufrido el castigo de la decalvación, aplicado normalmente a los traidores, y a aquellos que hubieran aceptado el orden sacerdotal y hubiesen recibido la tonsura; otros cánones castigan a los que se propongan a sí mismos o a otros como sucesores mientras aún vive el rey y a los que maldicen al príncipe.

Como la persona del rey se halla suficientemente protegida en los cánones del IV Concilio, no se insiste sobre este punto y sólo se establece la obligación de leer al final de cada concilio los cánones del IV Concilio que aluden al tema. Pero la protección del rey es insuficiente si sus hijos y sus fieles pueden ser molestados a la muerte del monarca; en el primer caso, si los hijos y familiares del rey y sus bienes carecen de protección, «resulta que los reyes sospechan de los súbditos y los súbditos codician las rentas de los reyes»; y en el segundo, «si se permite que injustamente se arrebate el premio de los fieles nadie querrá servir a los reyes con prontitud y fidelidad cuando todo es inestable y se teme por el futuro».

Todas las medidas adoptadas en este concilio tienen una gran importancia política, se complementan entre sí y pueden servirnos para explicar la decadencia y la caída del reino visigodo, que se realizó según el proceso temido por Chintila: el carácter electivo de la monarquía hacía que se preparara la sucesión en vida del monarca y que los nobles movieran sus influencias para acceder al trono y prometieran a los que les prestasen apoyo los bienes poseídos por la familia del monarca reinante y por sus colaboradores que, ante el temor de verse desplazados en un futuro próximo y privados de sus bienes, no tendrían demasiado interés en servir al rey.

La garantía dada por el concilio de mantener a los fieles en la posesión de los bienes recibidos del monarca tiende a crear alrededor de éste un núcleo de adictos, pero lleva en sí el germen de la destrucción del reino al hacer hereditarios los beneficios. Aunque se ha dicho que en la monarquía visigoda existe una clara división entre los bienes de la Corona y el patrimonio personal del rey, esto no se realiza hasta la época de Recesvinto y ni siquiera entonces pasa de ser un principio teórico frecuentemente conculcado: el rey paga los servicios de los fieles no con sus bienes personales, que pasan a los hijos, sino con los bienes de la Corona.

Al hacerlos hereditarios, Chintila aseguraba su protección pero privaba al sucesor de medios económicos para recompensar a sus propios partidarios y, en consecuencia, para oponerse a los grupos nobiliarios descontentos. La solución la hallarían los reyes en la confiscación de los bienes otorgados por el monarca anterior a sus fieles, pero ésta no podía hacerse pacíficamente y el reino entraría en una serie ininterrumpida de guerras civiles que causarían su destrucción.

La decisión de Chintila debió de ser imitada por los nobles con sus propios fieles y, a largo plazo, esta medida llevaría a la ruina a la nobleza y a la monarquía cada vez más necesitadas de tierras para contratar los servicios militares de estos grupos y cada vez dueños de menores extensiones debido a las donaciones precedentes. El aniquilamiento de los nobles y de sus guerreros por Chindasvinto permitió un respiro a la monarquía, aunque a costa de convertir en nobles a sus propios guerreros, que continuarían la misma lucha en tiempo de Ervigio, elegido por ellos para asegurarse la posesión pacífica de los bienes logrados.

A medida que aumentan las propiedades de estos grupos se incrementa su independencia y disminuye la autoridad y la fuerza militar del monarca, que no es sino uno más de los nobles cuya fuerza depende del número de soldados que puede pagar, es decir, de su riqueza.

El V Concilio es, desde el punto de vista político, único que puede verse en él, un triunfo de la nobleza de linaje godo que se reserva el trono en exclusiva y ve perpetuados sus derechos y propiedades. La fórmula de elección ideada por Isidoro de Sevilla en el IV Concilio, según la cual los electores habrían de ser los obispos y primates parece abandonada y en el concilio, Chintila, se limita a decir que el sucesor habrá de ser elegido por todos.

Los obispos parecen conscientes del escaso interés que para ellos tiene el Concilio y su asistencia fue muy reducida (veinte obispos frente a los sesenta y dos asistentes al IV Concilio). La iglesia visigoda dirigida por Braulio de Zaragoza tomaría su revancha dos años más tarde en el VI Concilio de Toledo (638), al que asistieron cincuenta y dos obispos.

En los dos años transcurridos entre uno y otro concilio parecen haberse producido una serie de hechos que modificaron la situación de manera importante. En primer lugar, y esto sólo lo sabemos por el desarrollo posterior de los hechos, Chintila renunció al sistema electivo de la monarquía y asoció al trono a su hijo Tulga. ¿Tenderían a esta finalidad los cánones del V Concilio destinados a proteger a los hijos del rey y a crear un grupo importante de fieles? Los judíos fueron obligados a convertirse o a salir del reino; parece probable que esta medida se dirigiera a congraciarse con el clero por una parte, y a obtener recursos para pagar a los fieles. Por último, durante estos años, se habían producido algunas sublevaciones nobiliarias seguramente como reacción ante la política sucesoria del monarca.

Todas estas razones hacen que el rey se muestre más respetuoso con el concilio y que no imponga sus puntos de vista; en su forma externa el VI Concilio parece copiado del IV: no hay tomo regio y los obispos deliberan ampliamente sobre cuestiones de fe y de disciplina eclesiástica, agradecen a Chintila la extirpación del error judío, señalan como condición previa para acceder al trono que el rey electo jure mantener esta política antijudía y aceptan y repiten los cánones aprobados en el concilio anterior, pero los modifican de acuerdo con la nueva realidad o con su modo de pensar; así, se aprueba el canon referente a las letanías, pero lo refuerzan «con la autoridad del concilio general», como si quisieran indicar que una norma religiosa impuesta por el rey y aprobada por un número reducido de obispos necesitaba, para ser válida, el refrendo de un concilio más libre y menos controlado.

Sólo al final, es decir, del mismo modo que había ocurrido en el IV Concilio, se repiten los temas políticos aprobados en el V y se añaden otros, como el relativo a la excomunión y condena a penitencia pública de aquellos que se pasaran al enemigo y causaran algún daño a los bienes de la patria o del pueblo. La aprobación del canon que aseguraba a los fieles del rey la posesión de los bienes recibidos en pago de sus servicios se completa con nuevas normas que regulan el disfrute de estos bienes en vida del monarca: los beneficiarios podrán ceder y dejar en herencia estas posesiones, pero las perderán en el caso de que falten a sus deberes de fidelidad, incluso cuando la infidelidad fuera descubierta tras la muerte del rey.

Los padres conciliares aprovechan las buenas disposiciones o las necesidades de Chintila y de sus colaboradores para recordar que si ellos, los obispos, hacen un gran favor a los fieles del rey al sancionar en concilio la posesión de los bienes adquiridos, no menos justo es que el mismo principio se aplique a las donaciones hechas por el rey o por cualquier otra persona a la Iglesia.

Las sanciones contra los que preparasen la sucesión del monarca antes de su muerte se extienden ahora a los eclesiásticos e igualmente se excluye a éstos del trono, que queda reservado a los nobles de origen godo que no hubieran recibido la tonsura ni hubieran sido decalvados. La inclusión de los clérigos entre los que preparan la sucesión y su alejamiento del trono no parece que obedezca a una simple fórmula, sino a la existencia efectiva de clérigos conspiradores, lo cual quizás pueda relacionarse con la constante y progresiva germanización del clero y con el ascenso a altos puestos eclesiásticos de personas que buscan sólo los beneficios del cargo sin estar preparados para ejercerlo.

La ausencia total de noticias, en este concilio, sobre el procedimiento electoral debe ponerse en relación con el designio de Chintila de hacerse suceder por su hijo Tulga, proyecto que debió contar con el apoyo de los eclesiásticos y de los nobles atraídos mediante dádivas.

Triunfo aparente de la monarquía: Chindasvinto

Pese a la perfección del sistema montado por Chintila, Tulga (639-642) fue depuesto por Chindasvinto (642-649). La contradicción entre las ideas que dicen tener los sublevados contra el poder real y su propia actuación una vez logrado el poder es evidente: sublevados en nombre del principio electivo que garantiza el gobierno de los mejores, la subida al trono convence a los antiguos rebeldes de que ellos y sus familiares son los más aptos, y cada uno intentará limitar las posibilidades de los competidores haciendo aprobar nuevas leyes que garanticen el disfrute pacífico del poder. El viejo principio electivo es respetado teóricamente, pero los hijos son asociados al trono de modo sistemático y los que se oponen ven sus bienes confiscados cuando no pierden la vida.

Chindasvinto fue más lejos que sus predecesores en este sentido; no se limitó a hacer aprobar por el VII Concilio de Toledo (646) la condena a muerte y la confiscación de los bienes de los que conjurasen contra el rey, sino que, tras asociar a su hijo Recesvinto, llevó a cabo una persecución sistemática contra las grandes familias nobiliarias capaces de conspirar contra él y dio muerte a doscientos miembros de la alta nobleza y a quinientos vasallos de éstos.

Los bienes de los condenados fueron entregados a los partidarios del rey, a los que Chindasvinto convertía de este modo en defensores acérrimos de la dinastía reinante, ya que una sublevación victoriosa habría ido acompañada necesariamente de la restitución a sus propietarios de los bienes confiscados.

La oposición eclesiástica al nuevo rey debió ser importante, pero no lo bastante uniforme como para que el VII Concilio (es cierto que sólo asistieron a él veinticinco obispos y diez delegados) se negara a colaborar con el monarca que había castigado a los laicos pero no se había atrevido a sancionar a los clérigos opuestos a su actuación. Los obispos reunidos en Toledo toman sobre sí la responsabilidad de castigar a los clérigos sediciosos y adaptan con este fin los cánones del V y VI Concilios contra los conspiradores y desertores.

Aterrorizado por la energía y crueldad de Chindasvinto o deseoso de adularle, el concilio se muestra más intransigente que el propio rey; ordena la deposición de los clérigos culpables, prohíbe que se les dé la comunión hasta el momento en que se hallen en peligro de muerte y castiga con iguales penas al obispo que admitiera a dichos clérigos a la comunión, aun en el caso de que lo hubiese hecho por orden del rey; manda confiscar los bienes de los sublevados, laicos y clérigos, y llega a prohibir al monarca que se los devuelva en proporción superior a la vigésima parte. Las penas canónicas reservadas a los laicos son las mismas, pero el concilio deja a la voluntad del rey fijar el momento en que se les puede restituir la comunión. Se cierran las disposiciones políticas con la prohibición al rey de levantar las penas expuestas si no fuera a petición de los obispos.

Recesvinto inicia una política de concesiones

La política de terror sistemático llevada a cabo por Chindasvinto contra nobles y eclesiásticos permitió al rey conculcar todas las disposiciones conciliares sobre la sucesión (Chintila lo había conseguido mediante las concesiones) y asociar al trono y dejar el reino, en vida, a su hijo Recesvinto (649-672), que llevó a cabo una política completamente opuesta a la de su padre y buscó la alianza y colaboración del episcopado y de la nobleza.

La naturaleza y la importancia de las concesiones hechas por el rey nos inclina a pensar que no fueron otorgadas voluntariamente sino logradas por la acción conjunta de nobles y eclesiásticos que aparecen unidos, de forma explícita, en el VIII Concilio de Toledo (653); es la primera vez que los nobles hacen constar sus nombres y cargos en estas reuniones; sin duda, el cambio de actitud del monarca se relaciona con la sublevación del duque Froya en el momento de ser asociado al trono Recesvinto.

Aunque Chindasvinto renunció al trono en favor de su hijo en el año 649, su personalidad siguió dominando la escena política hasta el momento de su muerte en septiembre del 653; pero bajo la aparente y forzada sumisión de la nobleza resurgían las intrigas y las presiones que se pondrían de manifiesto inmediatamente después de la muerte del monarca. En los tres meses que median entre la muerte de Chindasvinto y la reunión del VIII Concilio, Recesvinto promulgó una ley en la que se establecía claramente la diferencia entre el patrimonio real y los bienes de la Corona y se limitaba la independencia de la monarquía.

La ley citada es una clara acusación contra la arbitrariedad de Chindasvinto aunque su nombre no sea mencionado: se reprocha a los monarcas la crueldad y avaricia que les lleva a incorporar a sus bienes lo que han recibido no a título personal sino en virtud del cargo que ocupan, con lo que se alude evidentemente —el concilio lo confirmará— a las confiscaciones realizadas por Chindasvinto e incorporadas a su patrimonio personal.

La promulgación de esta ley y el hecho de que, disponiendo sólo de tres meses para convocar y reunir el concilio, fueran numerosos los asistentes nos lleva a pensar que todo estaba organizado de antemano y que sólo faltaba fijar la fecha. Una prueba suplementaria de lo que afirmamos nos la proporciona el prólogo de las actas conciliares en el que se dice que «llegó por fin el día feliz, tan ardientemente y por tanto tiempo deseado, el día grato y placentero recibido con tanta mayor avidez por nosotros por cuanto lo habíamos esperado con corazón anhelante y como remedio saludable».

Ante los cincuenta y dos obispos, catorce abades y once vicarios episcopales cuya emoción ante el cambio queda reflejada —según hemos visto— en el prólogo del acta conciliar, Recesvinto pidió que se hallara una fórmula de perdón para los sublevados y traidores y que se reformara o corrigiera lo corrompido, superfluo o absurdo que contuvieran los textos legales. La misma petición hizo a los dieciocho nobles palatinos, de quienes afirma que una antigua costumbre los eligió para asistir al concilio. Pide, por ultimo, que se tomen las medidas que crean necesarias contra los judíos.

Haciendo amplio uso de sus facultades, el concilio inició una erudita e interesante discusión para hallar el medio de anular las penas canónicas dictadas contra los clérigos desertores y sublevados. El problema se plantea en los siguientes términos: mantener el juramento prestado a Chindasvinto va contra la misericordia; revocarlo equivaldría a anular el valor del juramento y sabemos que éste era la base de las relaciones públicas en el reino visigodo. Entre los dos extremos y tras justificar su actitud con abundantes citas de la Biblia y de los Padres de la Iglesia, el concilio decidió inclinarse por el perdón por considerarlo el menor de los dos males.

Los cánones siguientes están dedicados a cuestiones de disciplina eclesiástica entre los que tienen especial interés las relativas a los obispos que compran el cargo o que lo aceptaron forzados por la necesidad o el miedo (¿durante el reinado de Chindasvinto?) y ahora desean volver al estado laico; los primeros son depuestos y a los segundos se les obliga a permanecer en sus funciones so pena de pasar el resto de sus días haciendo penitencia entre los muros de un monasterio.

Los abusos en la sucesión del rey son de nuevo corregidos y el grupo de electores se reduce sensiblemente: quedan excluidos los nobles de linaje y la elección, hecha por los obispos y por los oficiales de palacio, deberá tener lugar en Toledo o en el lugar donde el rey falleciera con lo que, de hecho, serían los miembros del séquito permanente del rey los únicos que intervendrían en la elección.

Las condiciones que debe reunir el sucesor son claramente explicadas: ha de ser católico, enemigo de herejes y judíos; no podrá forzar a los súbditos para obtener de ellos beneficios; deberá preocuparse más de la utilidad pública que de sus intereses personales y junto con el reino recibirá los bienes de la Corona, pero no le será permitido ocupar las propiedades personales del predecesor, entendiendo por tales las que éste poseía antes de llegar al trono o las que recibió en herencia de sus familiares y allegados.

El concilio ratifica ampliándola y aplicándola a casos concretos la ley de Recesvinto anteriormente mencionada y la incorpora a las actas del sínodo: tras un preámbulo de carácter general en el que se especifica de nuevo la diferencia entre los bienes de la Corona y los del rey, se estudia la situación concreta caracterizada por la ruina de muchos nobles y gardingos (miembros de las clientelas armadas) cuyos bienes no han sido de utilidad al fisco ni han sido redistribuidos entre los oficiales palatinos, sino que han sido incorporados a los bienes personales de Chindasvinto con lo que se da el caso de que ni los gardingos del rey obtienen subsidios ni los nobles pueden vivir de acuerdo con su dignidad y categoría.

Para poner remedio a tal estado de cosas, el concilio manda inventariar los bienes de Chindasvinto antes de su ascenso al trono y los adjudica a sus hijos y herederos; en cuanto a las demás propiedades de Chindasvinto en el momento de su muerte, deberán pasar a Recesvinto pero no a título personal sino como bienes de la Corona para que los distribuya entre aquellos a quien él eligiere, de modo que nadie pueda reclamar alegando que Chindasvinto le privó indebidamente de algunos bienes.

El interés político de este canon, si lo relacionamos con cuanto llevamos dicho, es extraordinario y puede servirnos para conjeturar la historia política de los últimos veinte anos. Chintila, al hacer hereditarios los beneficios concedidos a sus fieles, elevó a un grupo de nobles por encima de los restantes, y fueron los relegados, dirigidos por Chindasvinto, los que destronaron a Tulga, dieron muerte a sus partidarios, confiscaron los bienes de uno y otros e hicieron condenar canónicamente a los clérigos que habían apoyado a Chintila y a su hijo.

Llegados al poder, los nuevos nobles aspiran a perpetuar su situación frente al rey y frente a los restos de la antigua nobleza, pero su actuación debió de fracasar ante la firmeza de Chindasvinto, y los nobles buscaron la alianza de los obispos, afectados a su vez por la política del monarca en cuanto miembros de la aristocracia y en cuanto eclesiásticos obligados a aceptar entre ellos a los designados por Chindasvinto; el acuerdo entre ambos grupos debió de lograrse en vida del monarca y parece que fueron sus artífices el obispo Braulio de Zaragoza y el magnate Celso quienes, en una carta dirigida a Chindasvinto, le pidieron que asociara al trono a su hijo.

El concilio no haría más que dar carácter oficial a esta alianza entre el clero y la nobleza en el poder; uno y otro tenían los mismos intereses: recortar las atribuciones del monarca e impedir a toda costa el resurgimiento del grupo nobiliario anulado por Chindasvinto y del que sólo se habla una vez para negar a los supervivientes y herederos todo derecho sobre sus antiguas propiedades que son confiadas a Recesvinto después de asegurarse de que la voluntad del rey era «otorgar a cada uno lo que justísimamente le es debido» en atención a sus méritos.

Durante el reinado de Recesvinto se celebraron otros dos concilios nacionales y varios provinciales, pero todos ellos se limitaron a estudiar temas eclesiásticos, y será preciso esperar al reinado de Ervigio para que se reúna un nuevo concilio con interés político.

Actividad legisladora de Recesvinto

Como legislador Recesvinto codificó las leyes del reino en el Liber iudiciorum o Lex Wisigothorum; esta labor legislativa había sido iniciada por Chindasvinto que tendía, a través de ella, a unificar el derecho vigente en el reino y a darle un carácter nacional frente al individualismo del derecho romano; este código tiene como base la legislación de Leovigildo, que se acepta en lo que tiene de útil y se enmienda en otros casos.

A estas leyes se añaden las promulgadas por los reyes posteriores a Leovigildo así como las dictadas por Chindasvinto y Recesvinto indicando en cada caso su procedencia. Su validez se extendía a todo el territorio y tenía, al mismo tiempo, carácter exclusivo en cuanto que los jueces, aunque conocieran las leyes de otros pueblos, se habrían de regir únicamente por éstas. Sólo quedan excluidos de la utilización de estas normas los mercaderes de ultramar, judíos y griegos, que siguen rigiéndose por sus leyes propias en los pleitos existentes entre ellos.

En los casos que no figuraran tipificados en la ley, la decisión no corresponde a los jueces, que deben limitarse a cumplir lo ordenado en el código, sino al propio rey, cuyos dictámenes serán incorporados a las leyes recocidas en el Liber iudiciorum.

Vamba intenta restablecer la autoridad de la monarquía

La alianza entre el clero y la nobleza palatina funcionó perfectamente en época de Recesvinto; ambos grupos mantuvieron su situación privilegiada y a la muerte del rey en la localidad salmantina de Gerticos se apresuraron a elegir como sucesor al noble Vamba (672-680). Las previsiones tomadas en el VIII Concilio al disponer que la elección del sucesor se hiciera en Toledo o en el lugar donde el monarca falleciera y el hecho de que no se fijara el plazo que debería transcurrir entre la muerte y la elección, dejó ésta en manos de un reducido grupo que integrarían algunos obispos y los oficiales de palacio de mayor categoría que formaban el séquito personal del rey.

Los jefes militares, los duques provinciales, los condes de las ciudades y la mayor parte de los obispos no tuvieron tiempo para intervenir en la elección y reaccionaron ante el golpe de estado que ésta suponía sublevándose o negando su apoyo militar y económico al rey, que pudo salvar el trono gracias a la ayuda de sus propios fieles. Vamba tuvo que combatir a los vascos y a las guarniciones visigodas de Septimania dirigidas por Hilderico, conde de Nimes; el jefe militar encargado de poner fin a la rebelión, el duque Paulo, se unió a los rebeldes y se hizo elegir rey con el apoyo de francos y vascos.

El duque Paulo y sus cómplices fueron severamente castigados; sus bienes pasaron a la Corona o fueron entregados a personas adictas al monarca, y los que habían negado su apoyo militar contra los sublevados fueron castigados mediante la aplicación retroactiva de una ley militar dictada por Vamba en el año 673 en la que se fijaban las obligaciones militares de los súbditos, incluyendo a los clérigos, tradicionalmente exentos del servicio de armas. (Sobre esta ley militar de Vamba, véase el capítulo 6.)

El descontento nobiliario y eclesiástico ante esta ley, ante la dureza de la represión y ante el agravio causado a los nobles y eclesiásticos al nombrar algunos siervos para el desempeño de cargos palatinos y al conceder a los judíos la administración de los bienes del fisco, halló su expresión en la conjura que privaría a Vamba del trono, conjura que fue dirigida por Ervigio y por el judío converso Julián, arzobispo de Toledo que actúan, no en nombre propio, sino como representantes de nobles y eclesiásticos, cuya nueva alianza frente al poder monárquico queda confirmada en los concilios XII y XIII de Toledo, celebrados en los años 681 y 683.

El golpe de estado de Ervigio

El XII Concilio de Toledo legalizó fácilmente la subida al poder de Ervigio (680-687) y aceptó la versión que éste quiso dar de su nombramiento; según él, Vamba habría sufrido un desvanecimiento y creyéndolo en peligro de muerte los nobles y obispos que lo acompañaban habrían procedido a tonsurarlo; vuelto en sí Vamba se encontraría incapacitado para reinar debido a la tonsura, habría aceptado su situación y habría designado a Ervigio como sucesor. La realidad parece ser bastante diferente. Vamba se había enemistado con gran parte de la nobleza y de la jerarquía eclesiástica y sobre todo había intentado romper el cerco a que estaba sometido por los miembros de la aristocracia.

La designación para cargos palatinos y administrativos de siervos y judíos representaba un grave peligro para los intereses de los grupos dirigentes, políticos y militares, que veían igualmente amenazados sus privilegios. Frente a la sublevación nobiliaria, el rey se había apoyado en la masa del ejército y no parece que fuera una simple casualidad sino un símbolo intencionado la condena del duque Paulo en una asamblea plenaria del ejército. Con esta medida el monarca recordaba a la aristocracia que su fuerza derivaba de esta asamblea general del pueblo visigodo y no de la designación hecha por los palatinos. Éstos esperaron la ocasión propicia, narcotizaron a Vamba, lo tonsuraron y lo sustituyeron por Ervigio, que se mostró dispuesto a aceptar todas las exigencias de nobles y clérigos.

El XII Concilio contó con escasa asistencia y faltaron a él todos los obispos de la Tarraconense y de las Galias que, es de suponer, habían sido nombrados por Vamba tras la rebelión del duque Paulo y se negarían a ratificar con su presencia la usurpación de Ervigio. Los nobles con cargos en estas provincias y los altos dignatarios de palacio fieles al monarca depuesto formarían, junto con estos prelados, un núcleo importante de oposición que veremos ocupará el poder años más adelante.

Prescindiendo de los ausentes, el concilio aprobó la elección de Ervigio y la unción hecha por el arzobispo de Toledo y la justificó a posteriori aprobando un canon de apariencia religioso y en el fondo político que cuadraba perfectamente con las circunstancias en que había sido depuesto Vamba.

Ocurre a veces —dicen los padres conciliares— que algunos laicos deseosos de lograr la salvación expresan mientras se hallan sanos su deseo de recibir la penitencia y de ser tonsurados en el momento de la muerte, y su deseo es cumplido por los obispos incluso en los casos en que el enfermo pierde el sentido y no puede manifestar explícitamente su deseo; y que si el enfermo se restablece, al verse tonsurado se niega a aceptarlo, alegando que él no pidió dicha tonsura y que carecía de sentido cuando la recibió por lo que ésta debe de ser nula y debe permitírsele volver al estado laico.

Los obispos no aceptan este razonamiento y declaran que la tonsura, aunque no se pida y a pesar de que el que la recibe esté inconsciente, es válida del mismo modo que lo es el bautismo administrado a los niños sin que éstos se enteren. Los asistentes al concilio, conscientes de que bajo esta apariencia religiosa y de carácter general están justificando una actuación política concreta, no ignoran el peligro que supone poner este arma en manos de los obispos y les prohíben aplicar la tonsura a quienes no la pidieran expresamente.

El golpe de estado de Ervigio repuso, de hecho, en sus cargos a los nobles castigados por Vamba y la Iglesia completó la actuación del rey levantando la excomunión en que habían incurrido los sublevados. También los eclesiásticos habían sufrido las iras del rey depuesto, que había sustituido por partidarios suyos a los que tomaron parte activa en la sublevación y había intentado crear nuevos obispados para situar en ellos a sus adictos y controlar el alto clero restante. El número de los primeros era demasiado importante para que el concilio se atreviera a tomar medidas contra ellos, pero entre los segundos sólo uno había sido ordenado como obispo de Chaves y su sede fue suprimida quedando el titular a la espera de que se produjese alguna vacante.

El nombramiento de los obispos por el rey es aceptado como un hecho normal, y los metropolitanos renuncian ahora al derecho de consagrar a sus sufragáneos en beneficio del arzobispo de Toledo. En adelante, el rey elegirá a los obispos de acuerdo con el toledano y éste los consagrará: es el precio pagado por el rey a su fiel Julián de Toledo a través del cual podrá cubrir las vacantes episcopales con amigos y aliados.

Otro tema de interés tratado por el concilio es el relativo a las consecuencias de la ley militar promulgada por Vamba; según Ervigio, su aplicación a los desertores y a los que se negaron a acudir a la hueste había privado del derecho de testimoniar en juicio a la mitad de la nobleza, que podría ser acusada impunemente y verse privada de sus bienes por decisión de los jueces. El concilio reintegró a todos los sancionados a su antiguo estado y los autorizó para que ejercieran sus derechos con carácter retroactivo y pudieran recuperar los bienes que habían perdido por no poderse defender judicialmente.

Los judíos tampoco fueron olvidados por los colaboradores de Ervigio que aprobaron todas y cada una de las leyes promulgadas contra ellos en épocas anteriores. Dos años después de celebrado el concilio, Ervigio dio una prueba más de la subordinación total de la monarquía al promulgar una ley por la que se perdonaban todos los tributos no pagados correspondientes a los tiempos anteriores a su reinado, con lo que beneficiaba a la nobleza laica y eclesiástica que era al mismo tiempo dueña de la mayor parte del territorio; este perdón fiscal tiene lugar en momentos en que la monarquía carece de recursos.

Sumisión de los reyes a la nobleza

El balance de los dos primeros años del reinado de Ervigio puede ser considerado como altamente favorable para la nobleza triunfante, pero la ausencia de numerosos obispos que ni siquiera se molestaron en enviar representantes al concilio y la posible resistencia de un fuerte sector nobiliario podía restar eficacia a sus decisiones, que fueron confirmadas y ampliadas en el XIII Concilio de Toledo cuyo primer canon tiende a ampliar el grupo de los nobles adictos a Ervigio al devolver a su antigua dignidad a los que habían tomado parte en la rebelión de Paulo y al mandar que les fueran devueltos sus bienes.

Esta última cláusula planteaba algunos problemas, puesto que las propiedades confiscadas habían pasado a la Corona y tanto Vamba como Ervigio las habían utilizado para pagar los servicios de sus colaboradores y no era conveniente ni posible despojar a éstos para contentar a los otros; por ello la restitución de los bienes sólo afectaría a aquellos que aún seguían en manos del rey.

Las represiones de Chindasvinto y de Vamba habían demostrado a los obispos y a los nobles la inseguridad de su situación, siempre a merced del capricho regio, por lo que, aprovechando que Ervigio había manifestado en el tomo regio su intención de crear un nuevo sistema de comprobación de las acusaciones sin recurrir a la violencia, al engaño o a la tortura, los asistentes al concilio se adelantan a las intenciones reales y legislan en primer lugar en beneficio propio.

Disponen que, en adelante, ningún miembro del Aula regia (de la nobleza palatina) ni del clero puede ser privado de su cargo ni condenado por traición sino después de haber sido declarado culpable por la asamblea general de los obispos, de los nobles y de los gardingos, es decir, por el concilio, que se transforma así en el único tribunal capacitado para juzgar a la alta nobleza y a los eclesiásticos.

Durante el tiempo transcurrido entre la acusación y el juicio, los presuntos culpables no podrán ser encarcelados ni atormentados salvo en el caso de que residieran en lugares de los que fácilmente pudieran escapar o en los que su libertad pudiera ocasionar disturbios; en estas circunstancias podrían ser encarcelados, pero sin encadenarlos, y su prisión debería durar poco tiempo para evitar que el alejamiento prolongado de sus familias y bienes los incitara a confesarse culpables. De todas formas, esta confesión carecía de todo valor y el concilio sólo tendría en cuenta las declaraciones hechas ante él por los acusados.

El resto de los hombres libres que no formaran parte del Aula regia conservarían sus bienes y el derecho a testificar aunque fueran castigados por el príncipe a la pena de azotes, siempre que sus culpas fueran de poca importancia. A pesar de estas disposiciones, el rey podría destituir a los oficiales de palacio que fueran incapaces, negligentes o malintencionados, siempre que no los privara de sus bienes ni de sus derechos legales.

Tras oír cómo el monarca perdona los tributos debidos hasta el comienzo de su reinado, el concilio se considera obligado a «promulgar algo que sirva de recompensa a la misericordia real y aproveche en lo futuro a su regia descendencia», para lo que dicta normas de protección a la familia del rey, incluyendo en ella a su esposa Liuvigotona, a los hijos e hijas con sus respectivas esposas y maridos en el caso de estar casados y a los prometidos o prometidas de los hijos si son solteros; prohíbe también las segundas nupcias de la viuda del rey para evitar que ésta sea molestada.

En una sociedad como la visigoda cuya legislación diferencia siempre de modo claro a los siervos y libertos de los hombres libres y especialmente de los libres privilegiados, la política de Vamba de situar en puestos de responsabilidad a siervos y libertos concediéndoles poder sobre clérigos y nobles no fue bien aceptada, tanto más si tenemos en cuenta que los siervos y libertos llegados a estos cargos no habían olvidado las humillaciones sufridas y procuraban vengarse de sus antiguos señores sirviendo de paso los designios reales. Contra esta política se dirige el canon IV que prohíbe al rey nombrar para el oficio palatino a los no libres, excepto si son siervos fiscales, de modo que el siervo o liberto «no pueda igualarse ni causar daño a sus señores ni a sus descendientes».

Los organizadores del concilio, Ervigio y Julián de Toledo, han conseguido una mayor concurrencia a este sínodo que al anterior, pero las provincias tarraconense y narbonense mantienen su actitud desconfiada, cuando no hostil, hacia el nuevo equipo gobernante y sus obispos se han limitado a enviar vicarios y delegados; contra ellos se dirige el canon VIII por el que se declara obligatoria la obediencia a la llamada del príncipe o del metropolitano y sólo se admiten como razones válidas para no acudir la enfermedad, las inundaciones y los huracanes; el canon siguiente confirma la inseguridad de Ervigio y su deseo de hacer aprobar por el mayor número posible las decisiones del XII Concilio que son ratificadas ahora.

Las diferencias entre los dos grupos nobiliarios, el ascendido por Vamba y el que apoya a Ervigio, continuaron durante todo el reinado de este monarca al que una parte de la nobleza goda debía reprochar su origen bizantino. Ervigio temía la reacción de Vamba retirado en el monasterio de Pampliega y contra él y sus partidarios se dirigían las disposiciones conciliares. Conocía bien, sin embargo, la facilidad demostrada por el concilio para anular sus propios acuerdos y para adular a los monarcas victoriosos aprobando las leyes dictadas por éstos y justificando todos sus actos. Por ello decidió asegurar el porvenir de los suyos de una forma más práctica, mediante el matrimonio de una hija suya con el pariente más próximo de Vamba, con Égica, al que hizo jurar que protegería y defendería a su familia en todas las circunstancias.

Los últimos años del reino

Muerto Ervigio el 15 de noviembre del año 687, Égica se apresuró a convocar el XV Concilio cuyas reuniones, iniciadas el 11 de mayo del 688 fueron las más concurridas de toda la historia. En ellas están presentes los obispos de la Tarraconense y de las Galias, que no se habían dignado asistir a los concilios XII y XIII, de carácter político, ni tampoco al XIV en el que se debatieron temas exclusivamente religiosos.

El concilio fue convocado por el rey para desligarse de las promesas hechas a Ervigio y poder iniciar, en forma legal, la persecución de los parientes del monarca fallecido. Sin embargo, la fuerza de los partidarios de Égica no debía de ser suficiente; el concilio se limitó a aceptar parte de las peticiones del monarca y demostró su independencia relegando a segundo lugar las peticiones de Égica y tratándolas sólo después de haber estudiado los temas propiamente eclesiásticos. La personalidad de Julián de Toledo domina también esta reunión conciliar.

Égica planteaba a los padres conciliares un problema personal con graves repercusiones políticas: según el juramento prestado tenía que defender a los hijos y parientes de Ervigio, y según sus deberes reales y de acuerdo con un nuevo juramento hecho a Ervigio poco antes de morir debía hacer justicia a los súbditos sin distinción de ninguna clase. El cumplimiento de una de las promesas podía ser contrario a la otra y Égica pedía que los padres decidieran cuál de los dos era el más importante y, por consiguiente, a cuál debía el rey conceder la preferencia.

Junto a este problema personal planteaba otro destinado a halagar a la nobleza: durante su reinado, Ervigio había actuado injustamente contra los nobles sin respetar sus privilegios y, además, había obligado a todos a jurar que defenderían a sus hijos, con lo que nadie podría reclamar sin faltar al juramento hecho, motivo por el cual el monarca pedía al concilio una solución que anulara el juramento hecho por los nobles por ir éste contra la justicia.

En el primer caso, el problema personal de Égida, pareció evidente al concilio que el segundo juramento anulaba al primero ya que el interés general debe prevalecer sobre el particular, pero no por ello aceptó que el primer juramento careciera de toda validez sino que debía quedar subsumido en el segundo y Égida tendría obligación de apoyar a sus parientes del mismo modo que a todos los demás súbditos y a éstos igual que a sus parientes.

Esta hábil respuesta que sin oponerse al rey, no lo autorizaba a actuar contra los hijos de Ervigio fue completada con la contestación al segundo tema planteado por Egica. Los padres conciliares prescinden de las acusaciones hechas contra Ervigio y se limitan a estudiar la validez del juramento exigido por el monarca a todos los súbditos del reino.

Égida había afirmado en su discurso que el rey «obligó a todo el pueblo de su reino a jurar la seguridad de sus hijos y así cerró a todos la puerta para reclamar». El concilio o la mayor parte de los asistentes no aceptaron esta interpretación; de su respuesta a Égica puede deducirse que las discusiones fueron acaloradas. Mientras unos, sin duda los partidarios de Ervigio, defendían que nada había en el juramento opuesto a la equidad o contrario a la misericordia, puesto que el rey no había obligado a jurar «que nadie ayudaría a los que pusiesen pleito a los hijos de aquél» ni tampoco que «nadie les diera un juicio favorable», otros pretendían «desvergonzadamente» que fue esto precisamente lo que se prometió y, en consecuencia, afirmaban que sólo estarían libres de perjurio los que acusaran a los hijos del rey en defensa de sus intereses, pero no los jueces que aceptaran el pleito ni los testigos que defendieran a los querellantes.

El predominio de los partidarios de Ervigio puede observarse en los calificativos de imprudentes, desvergonzados y necios que se aplican en las actas a los que sostienen ideas favorables a la anulación del juramento, de los que se dice igualmente que no discuten con razones sino que gritan despectivamente. El VIII Concilio había tenido buen cuidado de ordenar que si no hubiera acuerdo unánime se respetaría el parecer de la mayoría; éste debió de ser el criterio que informó las actas del XV Concilio al decidir que el juramento era lícito desde el momento en que Ervigio autorizaba la presentación de acusaciones contra sus hijos, lo cual suponía que también admitía la celebración de juicios y esto habría sido absurdo si el juez estuviera obligado a dictar sentencias favorables a los hijos de Ervigio o si no permitiera la presencia de testigos de la parte contraria.

Aunque no sabemos prácticamente nada sobre Liuvigotona, viuda de Ervigio, cabe pensar que su origen visigodo serviría para contrarrestar y hacer olvidar la ascendencia bizantina de Ervigio, y mientras una se atraía a parte de la nobleza goda, el otro lograba el apoyo de los antiguos cómplices del bizantino Paulo. La ascendencia de la viuda del rey sobre los partidarios de su marido debía ser el mayor obstáculo que se oponía a los planes de Égica y no parece dudoso que contra ella iban dirigidas, en parte, las peticiones hechas al concilio.

Desatendidas éstas, Égica hizo corregir por un concilio provincial celebrado en Zaragoza (691), y al que sólo asistieron los obispos de la Tarraconense, los acuerdos tomados en el XIII Concilio de Toledo según los cuales se ordenaba que nadie se atreviera a imponer ilegalmente el hábito religioso a Liuvigotona y, con carácter general, que nadie se casara con la viuda del rey. El concilio de Zaragoza repite este último canon sin modificarlo y a continuación añade que la viuda del rey «inmediatamente que muera su esposo, deje el vestido seglar y tome con alegre ánimo el hábito de religión».

Égica se deshace de Liuvigotona haciéndola entrar en religión, del mismo modo que Ervigio se había librado de Vamba; lo único que sorprende es el recurso a este concilio provincial, hecho que sólo puede comprenderse si se acepta que en el concilio general predominaban los partidarios de Ervigio mientras que Égica tenía sus mayores apoyos en la Tarraconense, donde predominaban los oficiales y obispos nombrados por Vamba después de la sublevación de Paulo.

La eliminación política de Liuvigotona formaba parte de la campaña de represión iniciada por el monarca contra los partidarios de Ervigio. Parece probable que el nuevo rey repudiara a su esposa, aunque cabe la posibilidad de que ésta hubiera muerto antes del año 693; en esta fecha el XVI Concilio de Toledo al hablar de la protección de los familiares del rey utiliza prácticamente la misma fórmula empleada en el XIII Concilio para proteger a los parientes de Ervigio, pero pone gran cuidado en suprimir los párrafos que aludían a la reina, de la que no se hace mención.

Esta actitud es tanto más sorprendente si observamos que el Concilio XVII de Toledo, celebrado un año más tarde, aprueba un canon para garantizar la seguridad de «la gloriosa señora y reina Cixilo», a la que no creemos pueda identificarse con la hija de Ervigio. Resumiendo este punto, en el año 693 se protege a los hijos del rey, a los que suponemos nacidos del matrimonio con la hija de Ervigio, a la que ni siquiera se menciona, y en el 694 se protege a Cixilo y subsidiariamente a sus hijos si los tuviera.

A través de estos datos y de los que nos proporcionan las actas de los concilios XVI y XVII podemos imaginar la situación política, la lucha por el poder, en los términos siguientes: la influencia ejercida por el arzobispo Julián de Toledo y la reina Liuvigotona mantuvieron la situación de equilibrio inestable entre los dos grupos nobiliarios hasta la muerte de Julián en el año 690, a la que siguió la deposición «canónica» de la reina en el 691.

A partir de este momento se iniciaría la represión que no perdonaría ni a la esposa del rey; dos años más tarde, cuando sus partidarios controlan la situación, Égica se presenta ante el concilio (XVI) para hacer aprobar su política y, subsidiariamente, para proceder a la destitución de Sisberto, sucesor de Julián en la sede toledana, que había participado en una conspiración contra el rey.

Égica inicia sus peticiones recordando las calamidades que azotan al reino a consecuencia de los pecados de la población y pide al concilio que reforme el estado de las iglesias rurales, semiarruinadas y cuyos ingresos son acaparados por algunos clérigos que regentan varias iglesias simultáneamente sin atenderlas, o por los obispos; en relación directa con este abandono parece hallarse el resurgimiento de la superstición y del culto a los ídolos entre los rústicos y también entre los obispos, según se deduce del canon V del XVII Concilio en el que se condena a quienes dicen misa de difuntos por personas vivas «para que aquél por el cual ha sido ofrecido tal sacrificio incurra en trance de muerte y de perdición por la eficacia de la misma sacrosanta oblación».

También las sinagogas se hallan derruidas, pero los judíos gozan de relativa libertad y el monarca pide que se apliquen las leyes promulgadas y que se pongan en vigor otras nuevas para privar a los hebreos de su medio de vida prohibiéndoles la asistencia a los mercados y recargando los impuestos mediante el procedimiento de eximir del pago a los convertidos sin variar el montante global de lo pagado por cada comunidad judía y de hacer que las cuotas debidas por los conversos fueran satisfechas por los restantes.

El problema judío adquiere un matiz político en el XVII Concilio de Toledo ante el que Égica acusa a los hebreos de haberse sublevado en otros reinos contra los monarcas y de haber organizado en la Península una conspiración para combatir y destruir el reino de acuerdo con sus correligionarios del norte de África; ante la imposibilidad de convertir a los judíos, el monarca pide a los padres conciliares que tomen medidas severas contra ellos, excepto contra los que viven en Septimania, donde sus servicios son necesarios ya que la inseguridad, los ataques exteriores y la peste inguinal habían diezmado la población.

La exención pedida para los judíos de Septimania, región fronteriza, parece desmentir la idea de una conjura internacional sobre la que el rey promete pruebas que no conocemos; el concilio rechazó la petición de Égica y condenó a todos los judíos a la pérdida de la libertad y a la confiscación de sus bienes; para que éstos fueran productivos y el rey pudiera solucionar los problemas de Septimania, el concilio sugirió al monarca la posibilidad de elegir en todo el reino algunos siervos cristianos de los judíos a los que se concedería la libertad y parte de los bienes confiscados a condición de que pagaran íntegramente los impuestos debidos por los judíos.

Tras estos temas de carácter religioso, Égica ordena que se castigue a los miembros del oficio palatino que han conspirado o conspiren contra el rey o contra la patria con la confiscación de todos sus bienes y el paso de ellos y de sus descendientes a la condición de esclavos; y solicita que el concilio reforme las leyes que considere superfluas o perjudiciales, a excepción de las promulgadas por Chindasvinto, Recesvinto y Vamba; es decir, la reforma deseada por el rey sólo afectaría a las leyes dictadas por Ervigio.

En el escrito inicial, fechado el 25 de abril y entregado en la apertura del XVI Concilio el 2 de mayo, Égica ordenaba que se castigara a los conspiradores, pero se conserva otro escrito del 1 de mayo en el que se limita a pedir consejo sobre el modo de actuar; el concilio aceptó las sanciones exigidas por el rey y las hizo extensivas a todos los conspiradores, no sólo a los del oficio palatino, y autorizó al rey a perdonar a quienes creyera oportuno sin que por ello pudieran éstos recuperar sus bienes que, como en otros casos, habían sido distribuidos entre los hijos del monarca, la Iglesia y otros muchos «por sus méritos y servicios».

Por su carácter sacerdotal revestía especial importancia la sublevación de Sisberto, arzobispo de Toledo, al que habían destituido los restantes obispos a petición del rey; el concilio se limita a ratificar con su autoridad la decisión adoptada, aplica a Sisberto los cánones del VII Concilio relativos a los clérigos rebeldes y cubre la vacante con el arzobispo de Sevilla.

La decisiva intervención de los musulmanes

Poco después del último concilio citado, Égica asociaba al trono a su hijo Vitiza (702-710) quien, confiando en su poder, devolvió a algunos nobles las propiedades confiscadas por Égica y los reintegró a sus cargos. Nuevas sublevaciones fueron duramente reprimidas, a pesar de lo cual la nobleza pudo reorganizar sus efectivos y proceder a la elección de Rodrigo como último rey de los visigodos mientras que los favorecidos por Vitiza proclamaban rey a su hijo Akhila, que actuó como tal en Septimania y en la actual Cataluña.

El equilibrio de fuerzas entre los dos grupos nobiliarios, el que aspira a controlar a Rodrigo y el que apoya a Akhila esperando sus favores, se rompe por la intervención en la guerra civil de los musulmanes; enfrentado a los vitizanos y a una nueva guerra con los vascos, el ejército de Rodrigo fue derrotado en Guadalete (711) y con la muerte del rey desaparece el reino visigodo en medio de la total apatía o indiferencia de las masas rurales.

Los campesinos sometidos totalmente al poder aristocrático, que han pagado con impuestos crecientes las luchas de sus señores, que no participan en modo alguno en la vida política del reino y que carecen de instrucción y de convicciones religiosas firmes, aceptarán el dominio de los musulmanes, que ofrecen mejoras sustanciales en su situación social y económica a los que quieran convertirse al Islam.

Si los campesinos se limitan a aceptar a los musulmanes, los judíos, numéricamente poco importantes pero valiosos y organizados, apoyarán desde el primer momento a los invasores y asegurarán el control efectivo de las zonas conquistadas mientras los ejércitos del Islam avanzan por el interior de la Península; constituyen la retaguardia necesaria a toda ocupación.

BIBLIOGRAFÍA

Abadal i de Vinyals, Ramón d': Deis visigots als catalans.I: La Híspania visigótica i la Catalunya carolíngia. — Edicions 62. — Barcelona 1969. — 503 págs.

Barbero de Aguilera, Abilio: El pensamiento político visigodo y las primeras unciones regias en la Europa medieval. — «Hispania» (Madrid), XXX (1970), págs. 245-326.

Claude, Dietrich: Geschichte der Westgoten. Stuttgart —Berlin— Koln— Mainz 1970.

Echanove, A.: Precisiones acerca de la legislación conciliar sobre los judíos. — «Hispania Sacra» (Madrid-Barcelona), XIV (1961), págs. 259-279.

Gibert, Rafael: El reino visigodo y el particularismo español. — En «I goti in Occidente. Problemi» (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioveo, III, Spoleto 1956), págs. 538-583. (Publicado también en «Estudios Visigóticos» Cuadernos del Instituto Jurídico Español, núm. 5, Roma-Madrid 1956, págs. 1549.)

Gibert, Rafael: La sucesión al trono en la monarquía española. — En «La Monocratie» (Recueils de la Société Jean Bodin, XXII, Bruxelles 1969), págs. 447-546.

Fuster, Jean: La condition légale des Juifs sous les rois wisigots. — En «Études juridiques offerts á P. F. Girard» II (París 1913), págs. 275-335.

Katz, Salomón: The Jews in the Visigothic and Franckish Kingdoms of Spain and Gaul. — Cambridge (Mass.) 1937. — 182 págs.

Livermore, Harold: The Origins of Spain and Portugal. — London 1971.

Lynch, C. H.; y Galindo, P.: Braulio, obispo de Zaragoza (631-651). Su vida y sus obras. — C.S.I.C. — Madrid 1950. — XVI + 373 págs.

Mansilla, Demetrio: Orígenes de la organización metropolitana en la Iglesia española. — En «Hispania Sacra» (Madrid-Barcelona), V (1952).

Mañaricua, Andrés E. de: El nombramiento de obispos en la España visigoda y musulmana. — «Seriptorium Victoriense» (Vitoria), XIII (1966), págs. 87-114.

Miranda Calvo, José: San Julián, cronista de guerra. — «Anales Toledanos» (Toledo), III (1971), págs. 159-170.

Murphy, F. X.: Julián of Toledo and the Fall of the Visigothic Kingdom in Spain. — «Speculum» (Cambridge, Mass.), XXVII (1952).

Orlandis, José: Estudios visigóticos, III: El poder real y la sucesión al trono en la monarquía visigótica. — C.S.I.C. — Roma-Madrid 1962. — 145 págs.

Rivera, J. F.: San Julián, arzobispo de Toledo. — Barcelona 1944.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Estudios sobre las instituciones medievales españolas. — Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Históricas. — México 1965. — 828 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Investigaciones y documentos sobre las instituciones hispanas. — Editorial Jurídica de Chile. — Santiago 1970. — XVI + 559 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Miscelánea de estudios históricos. — C.S.I.C. — León 1970. — 548 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Estudios visigodos. — Instituto Stonco Italiano per il Medio Evo (Studi Storici, fase. 78-79). — Roma 1971. — 386 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: En torno a los orígenes del feudalismo. — Mendoza 1942.

Soares, Torquato de Sousa: Essai sur les causes économiques de la ruine de la monarchie wisigothique d'Espagne. — «Revista Portuguesa de Historia» (Coimbra), VI (1955), págs. 453-461.

Torres López, Manuel: Las invasiones y los reinos germánicos en España (años 409-711). — En «Historia de España» dirigida por Ramón Menéndez Pidal, III (Madrid 21963), págs. 3-140.

Vallecillo, Julio: Los judíos de Castilla en la alta Edad Media. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XIV (1950), págs. 17-110.

Vigil, Martín; y Barbero, Abilio: Algunos aspectos de la feudalización del reino visigodo en relación a su organización financiera y militar. — «Moneda y Crédito» (Madrid), núm. 112 (1970), págs. 71-91.

Vives, José: Concilios visigóticos e hispanorromanos. — Edición preparada por...con la colaboración de Tomás Marín Martínez y Gonzalo Martínez diez. — C.S.I.C. — Barcelona-Madrid 1963. — XX + 580 págs.

Zeumer, Karl: Historia de la legislación visigoda. — Barcelona 1944

.

5. LA ECONOMIA PENINSULAR

Los datos que poseemos sobre la economía de la Península durante la época visigoda son escasos, pero podemos suponer que al igual que ocurre en Europa durante el mismo período se basa en la agricultura, que experimenta cambios considerables cuyos inicios coinciden en el tiempo con la desaparición del Imperio Romano. Las causas de estas modificaciones son múltiples. En primer lugar figuran las variaciones climáticas: a una época de relativa sequedad y de temperaturas soportables sucede, a partir de comienzos del siglo V y hasta mediados del VII, un período de fríos intensos y de acentuada pluviosidad, lo cual repercute desfavorablemente sobre la producción agrícola.

Simultáneamente y, en parte como consecuencia de estos cambios climáticos, se produce a partir del siglo VI un brusco descenso de la población, sobre la que se abaten pestes y epidemias que, si repercuten sobre todos los grupos, afectan de modo especial a los campesinos, mal alimentados. En consecuencia se produce una regresión, un abandono de las tierras cultivadas y un descenso considerable de la producción tanto absoluta como relativa, ya que la regresión técnica y el enrarecimiento del comercio obligan a prescindir de los útiles de hierro en el trabajo agrícola y a servirse de instrumentos de madera, menos apropiados.

Al descenso de la producción agrícola contribuye también la aparición de nuevas costumbres, de nuevos regímenes alimenticios impuestos por la modificación del paisaje agrario. Roma había extendido por todas las regiones sometidas a su dominio una alimentación basada en el consumo de pan, vino y aceite, a cuya obtención se dedicaban las mejores tierras. La desorganización del Imperio, que en lo político se traduce en la aparición de localismos, da lugar también a un cambio en las costumbres alimenticias. La disminución de las tierras cultivadas y su menor rendimiento, por un lado, permiten un avance del bosque y, por otro, obligan a buscar en él los alimentos que la tierra de labor es incapaz de ofrecer. Se vuelve así a formas de alimentación primitivas en las que la ganadería iguala en importancia a la agricultura y que son estimuladas por los germanos, cuya alimentación tenía una base mixta, agrícola-ganadera.

Agricultura y ganadería son, por tanto, las bases de una economía destinada fundamentalmente a la obtención de productos alimenticios entre los que tenemos que incluir, además, los obtenidos mediante la recogida de frutos silvestres y por medio de la caza y de la pesca. Aunque la mayor parte de la población vive en un nivel de pura subsistencia, en esta sociedad existen grupos cuyos medios económicos les permiten obtener artículos a veces traídos de regiones distantes: hay intercambios comerciales, circula la moneda y perviven algunas industrias y talleres cuyo estudio es necesario para dar una visión lo más completa posible de la economía.

Ruralización de la Península

La excesiva tendencia a generalizar nos lleva frecuentemente a hablar de la romanización de Hispania y, sin embargo, es probable que sólo el litoral mediterráneo y algunas zonas muy concretas del interior de la Península fueran romanizadas o, lo que es equivalente, urbanizadas. Incluso si aceptáramos la versión más optimista, convendría tener en cuenta que Hispania fue considerada siempre como una de las provincias frumentarias del Imperio, es decir, productora de cereales, de productos agrícolas y, en consecuencia, sus ciudades fueron de relativa importancia.

A partir del siglo III estas ciudades sufren una fuerte regresión: sabemos que la invasión de suevos y francos hacia los años 260-264 y la aparición de numerosos grupos de bandoleros afectó gravemente a las ciudades del litoral mediterráneo e incluso en la meseta del Duero, menos urbanizada.

Las ciudades reducen sus límites y se amurallan, cuando no desaparecen; la misma suerte corren numerosas villas romanas que hoy comienzan a ser excavadas por los arqueólogos. Con la crisis del siglo III se inicia la decadencia urbana y, al decir de Valdeavellano, «las clases urbanas se vieron absorbidas y suplantadas como fuerza social por las clases rurales, que se impusieron a la inactividad de una burguesía parasitaria». El proceso señalado para Europa es íntegramente aplicable a la Península.

La penetración, a comienzos del siglo V, de suevos, vándalos y alanos aceleró el proceso de ruralización al asaltar y destruir numerosas ciudades; por otra parte, ninguno de estos pueblos tenía tradición urbana y las pocas ciudades que sobrevivieron a sus ataques quedaron reservadas a los hispanos que mantuvieron una separación total respecto a los invasores, al menos hasta el siglo VI. Estas ciudades son, ante todo, fortalezas militares o centros eclesiásticos, casi nunca centros de producción.

La población romana, resguardada tras sus murallas, pacta con los invasores por mediación de los obispos o intenta combatirlos con la ayuda de las legiones romanas: el obispo de Chaves y cronista de las invasiones, Idacio, acude en nombre de sus compatriotas a la Galia para pedir la ayuda de Aecio (431) y, al fracasar sus gestiones, negocia un acuerdo con los suevos (433). Pero no por ello cesan los ataques a las ciudades. Cuando la situación lo permite, Roma envía en defensa de los hispanorromanos a los federados visigodos, que combaten por igual a los suevos y a sus víctimas.

A estas guerras hay que añadir los estragos causados por los bagaudas en el norte de la Península, desde Galicia hasta la zona interior de la actual Cataluña. En el noroeste, zona ocupada de modo permanente por los suevos, y en toda la meseta de Castilla la Vieja desaparecen durante los siglos V-VI la mayor parte de las ciudades, y las que sobreviven deben su salvación a su carácter militar o religioso; la residencia en ellas de un obispo o la situación estratégica son las únicas razones de supervivencia de estos núcleos urbanos.

La presión fiscal en la ciudad, el empleo de la producción en avituallar a los ejércitos amigos o enemigos, la entrada de los germanos y la peste y el hambre como secuelas inevitables son características de esta sociedad según la describe Idacio: «Recorrida Hispania por los bárbaros, reinando la peste en el país, el tiránico recaudador de impuestos y el soldado consumen los bienes de la ciudad y el hambre se generaliza». En estas condiciones, la única salida posible era la emigración hacia el campo, menos expuesto a los ataques enemigos y a los agentes del fisco, y donde, al menos, era posible hallar alimentos.

Las ciudades del litoral, aunque saqueadas en ocasiones, mantuvieron su existencia y a ello debieron de contribuir dos factores de importancia: en primer lugar, su situación geográfica a orillas del Mediterráneo, cuyo control interesaba a Roma para mantener abierto el camino de África; y en segundo plano, la completa romanización de estas zonas, que permitió la asimilación o la destrucción de los elementos no romanizados cuando éstos no eran excesivamente numerosos; y nunca lo fueron en la zona litoral que sólo en una ocasión se vio inquietada por los bagaudas.

Estas ciudades permanecieron, por tanto, unidas al Imperio hasta la desaparición de éste, y sólo a finales del siglo V comenzaron a ser incorporadas al reino visigodo a través de un lento proceso que hemos estudiado en páginas anteriores. Pero si las invasiones no afectaron gravemente a los centros urbanos, las condiciones expuestas al hablar de la ruralización europea se dieron igualmente aquí y tuvieron los mismos efectos: las ciudades dejaron de ser centros económicos, y las diferencias de producción entre ciudad y campo desaparecieron prácticamente.

Una parte de la aristocracia visigoda se estableció en las ciudades existentes en las que desempeñó cargos civiles o militares; pero la mayoría de la población urbana, excepto en Toledo donde la Corte se convierte en un imán para los godos, estaba compuesta por hispanorromanos a los que hay que añadir algunos extranjeros en pequeño número: eclesiásticos fugitivos del norte de África a raíz de la ocupación vándala, y mercaderes judíos, sirios y griegos. Esta población elaborará la cultura y el arte de la época visigoda que se desplaza de la periferia hacia el centro a medida que las antiguas ciudades romanas decaen y pierden importancia con relación a Toledo.

Agricultura y ganadería

La ausencia casi total de noticias referentes a la artesanía y al comercio se halla compensada por la relativa abundancia de datos sobre la producción agrícola y ganadera de la Península durante el período visigodo. El Libro VIII del Líber iudiciorum, así como diversos títulos aislados se ocupan de la regulación de estas actividades.

Los productos más corrientes eran los cereales, los cultivos de huerta, el vino y la miel destinados a alimentar a la población, junto con la carne de ovejas, cerdos, vacas, aves de corral y pescado. La condimentación debió de hacerse con manteca de cerdo y con aceite. El ganado ovino proporciona la lana que, con el lino, constituye la materia prima del vestido para la mayor parte de la población cuyos ingresos no eran suficientes para adquirir los tejidos importados por los mercaderes. Ovejas y vacas suministran la piel necesaria para el calzado y quizás también para el vestido.

La transformación de estos productos agrícola-ganaderos debió de constituir casi la única industria existente, si exceptuamos la orfebrería, la acuñación de moneda y el trabajo del hierro para la fabricación de armas y aperos de labranza, aunque si hemos de juzgar por lo poco que sabemos para el resto de Europa, el hierro sería muy raro en los útiles agrícolas a causa de su escasez, alto precio y dedicación a fines militares; tampoco parece probable que existieran talleres dedicados a la fabricación de útiles agrícolas que, en la mayor parte de los casos, serían construidos por los propios campesinos.

Fuente importante de riquezas eran los bosques y prados en los que se alimentaba el ganado; en los bosques se obtenía igualmente la madera y se practicaba la caza. La destrucción intencionada o negligente de unos y otros así como de las tierras de cereales, viñas y huertos era severamente castigada.

La coexistencia en una misma zona de ganadería y agricultura planteaba numerosos problemas que los legisladores pretendieron solucionar mediante la fijación de las penas en que incurrían quienes permitieran o hicieran entrar sus ganados en tierras cultivadas. En líneas generales podemos afirmar que la legislación visigoda busca un equilibrio entre ambas fuentes de riqueza y una forma de entendimiento entre ganaderos y agricultores: el pastor cuyo ganado causara perjuicios en los campos estaba obligado a pagar los daños; y por su parte, el campesino no tenía derecho a destruir este ganado sino que debía hacerlo salir sin violencia y tratar de llegar a un acuerdo con el dueño; sólo si éste se negara a compensar los perjuicios causados, el asunto pasaría a manos del juez local.

Las tierras de labor se hallaban protegidas por setos,, desde la aparición del cereal hasta su recolección, en las zonas en las que no existía una clara delimitación entre tierras de cereal y zonas de pasto, es decir, en las comarcas habitadas por pequeños campesinos propietarios de la tierra que cultivaban; en los grandes dominios, la abundancia de tierras permitía delimitar claramente ambas zonas y las empalizadas serían menos necesarias.

Las técnicas y los instrumentos empleados en la agricultura nos son totalmente desconocidos, pues las noticias llegadas hasta nosotros proceden de Isidoro de Sevilla, el cual se limita a recoger las indicaciones de autores romanos y no sabemos si eran válidas en la época visigoda. La escasa estabulación del ganado no permitía abonar los campos, que eran fertilizado mediante la quema de los rastrojos una vez que la ganadería los había aprovechado al máximo.

La tierra, sin abono, mal trabajada por hombres subalimentados que se servían de animales y de útiles poco aptos, es incapaz de producir cosechas anuales; para mantenerla en estado de producción se hace preciso recurrir al barbecho, es decir, a dejar descansar los campos durante un período que sirve para regenerar la tierra. En la Península parece haberse utilizado el sistema de rotación bienal: las tierras se hallan en cultivo un año y descansan, quedan en barbecho, al siguiente. Las labores que reciben son las de arado y escardado.

El regadío fue conocido y utilizado por los visigodos, cuya legislación determina el modo de aprovechamiento del agua de los ríos y castiga severamente el uso indebido, pero como es lógico sólo se regarían las tierras próximas a las corrientes de agua.

La tierra pertenecía en una gran parte a la nobleza laica y eclesiástica, junto a la que debieron de existir pequeños propietarios libres cuyo número e importancia nos son totalmente desconocidos. Siempre en el terreno de la hipótesis y juzgando por los precedentes de época romana y por la situación en el resto de Europa, los grandes latifundios se hallarían divididos en dos zonas, la primera de las cuales sería cultivada por siervos, encargados igualmente del pastoreo del ganado y de la transformación de los productos agrícola-ganaderos, y la segunda estaría repartida en lotes entregados por el señor a sus libertos, a los descendientes de los colonos romanos y a los campesinos que aceptaran su protección.

Libertos, colonos y campesinos libres tenían obligaciones para con el "dueño de la tierra al que entregaban la décima parte de las cosechas, y en algunos casos estarían obligados a colaborar en las faenas agrícolas dentro de la zona reservada al trabajo de los siervos, es decir, en la reserva señorial. Los contratos que ligaban a los campesinos con los dueños de la tierra podían tener una duración determinada de antemano, pero la fórmula más corriente era la concesión anual tácitamente prorrogada mientras el campesino cumpliera sus deberes.

La extensión de los lotes concedidos en arrendamiento era previamente fijada y el campesino que se atrevía a roturar tierras no incluidas en los limites señalados podía ser desposeído de su parcela, aunque no parece probable que se adoptara esta solución; en la mayoría de los casos se aumentaría la renta proporcionalmente al valor de las nuevas tierras incorporadas. La entrega de tierras iría acompañada en ocasiones de la concesión de animales de tiro, asnos y bueyes; cuando el campesino carecía de estos animales o de siervos, podía alquilarlos.

La importancia de la ganadería es puesta de relieve por las reglas monásticas y por la legislación visigoda. Uno de los capítulos de la Regula commmunis por la que se regían las comunidades monásticas de Galicia está íntegramente dedicado a los monjes encargados del pastoreo: estarían dirigidos por un monje que hubiera sido pastor en la vida civil, de forma que conociera suficientemente el oficio e impidiera que los ganados dañaran las tierras de labor o sufrieran perjuicios por incompetencia de quienes los cuidaban.

La importancia del ganado de cerda es destacada por las leyes visigodas que sancionan la destrucción de las encinas productoras de bellota y regulan los derechos de apacentamiento de este ganado: el dueño del bosque recibía la décima parte del ganado de cerda que pastara en él durante la primavera, el verano y el otoño, y la vigésima parte durante la estación fría del año.

La pesca

La pesca proporciona igualmente alimentos a la población; sabemos que era conocida la pesca con red y que eran especialmente apreciados los salmones. Las aguas de los ríos eran libres, pero el dueño de las tierras limítrofes veía reconocidos ciertos derechos al permitírsele construir presas desde su orilla hasta el centro de la corriente; el derecho público a la pesca podía ser anulado legalmente cuando una misma persona dominaba las tierras de ambas orillas o mediante el simple recurso de buscar un acuerdo entre los dueños de ambas riberas y construir cada uno su mitad de presa a la misma altura; el sistema debió de ser utilizado o, cuando menos, fue previsto por la legislación que lo prohibió y ordenó que las presas de uno y otro lado fueran hechas a distinta altura de modo que entre ellas pudiera pasar el agua y las barcas de pesca con sus redes.

Minería

La Península fue considerada en la antigüedad como una zona minera cuya fama atrajo a gran número de colonizadores desde los tiempos prehistóricos. Los historiadores han llamado la atención sobre el papel desempeñado por la riqueza minera de Hispania en la economía romana; es probable que la existencia de núcleos romanizados en comarcas del interior se deba a la existencia de minas cuya explotación interesaba a Roma.

Los productos extraídos eran oro, plata, cobre, plomo, hierro, estaño y mercurio. La explotación de las minas requería grandes masas de esclavos, abundancia de madera en las proximidades para el apuntalamiento de las galerías y para la separación, por medio del fuego, de la ganga. Se necesitaba igualmente un sistema de transportes bien organizado y una adecuada distribución cuya línea terminal acababa en Roma mientras el Imperio controló Hispania.

Carente de la mano de obra servil, desorganizado el sistema de transportes y sin un mercado consumidor fuerte, la producción minera de Hispania descendería considerablemente en la época visigoda y se limitaría a surtir al mercado que podríamos llamar nacional o local. Una prueba de cuanto afirmamos puede verse en el gran número de acuñaciones de moneda realizadas por los monarcas visigodos en lugares de escasa importancia; quienes han estudiado el tema han llegado a la conclusión de que estas acuñaciones tenían en muchos casos una finalidad militar: se labraba la moneda allí donde el ejército la necesitaba para evitar el transporte desde largas distancias siempre que hubiera en las proximidades minas de oro suficientes para extraer de ellas el metal necesario.

La exigencia de minas de oro explotadas durante el Bajo Imperio en Galicia y en Asturias explica la atención dedicada por los emperadores a las calzadas de estas comarcas. Creemos que el establecimiento de los suevos en las proximidades de Braga no sería ajeno a la importancia de las minas de la región; quizás el deseo de explotarlas influyera en las campañas de Leovigildo contra los suevos.

Otras minas explotadas para lar obtención de plata eran las de Cástulo, Linares, Palazuelos y La Carolina en la provincia de Jaén. El estaño era abundante en la región de Lusitania y su importancia puede verse en el hecho de que se estableciera una guarnición permanente en Los Merchanes, en la provincia de Salamanca, para vigilar estas explotaciones. El castro y su guarnición fueron destruidos en la primera época de las invasiones.

Las Etimologías de Isidoro de Sevilla podrían ser una fuente inapreciable para el conocimiento de la minería peninsular, pero se ha demostrado que las noticias consignadas en esta obra no responden a una situación real sino que el autor se limita a dejar constancia de cuanto dicen las fuentes manejadas por él, en este caso Plinio. Los datos que nos proporciona Isidoro son, por tanto, de escaso valor para nosotros, pero su ignorancia de las técnicas mineras y su silencio sobre yacimientos de importancia nos indican que la industria de la minería, como tal, había desaparecido en su época y que sólo existían pequeñas explotaciones a nivel casero y sin la menor trascendencia económica.

En el mejor de los casos, se explotarían los yacimientos al aire libre que no exigían ni grandes gastos ni una técnica compleja. Otra prueba de esta decadencia puede verse en el hecho de que ninguna fuente visigoda hable de minas ni de explotación de metales; las leyes visigodas olvidan totalmente la regulación de esta actividad.

El trabajo de los metales

Si la extracción de metales disminuyó, el trabajo de los mismos fue mejorado considerablemente por los visigodos que, al igual que los restantes pueblos germánicos, eran maestros en el arte de la aleación, forja y soldadura; se considera actualmente que los germanos consiguieron para el filo de sus hachas y espadas tipos de acero que no han sido superados hasta el siglo XIX.

De los siglos V y VI se han conservado algunos objetos de uso personal que los arqueólogos dudan en atribuir a la comunidad romana o a la visigoda. Parecen pertenecer al mundo romano algunos objetos de bronce (pasadores de riendas, ruedas caladas de arnés), diversos restos de cerámica con decoración de figuras, palomas y palmetas, vasos de vidrio y algunas joyas halladas en necrópolis hispanorromanas. Claramente visigodos son los broches de cinturón con hebilla circular y pedrería en el interior, las fíbulas para sujetar la túnica, que pueden tener formas de águila, circulares o rectangulares, y que desaparecen al producirse la fusión de las dos sociedades y adoptar los visigodos el vestido romano que no precisa fíbulas para su sujeción.

A partir del siglo VI los restos son más abundantes y están mejor estudiados: entre ellos se encuentran objetos litúrgicos, reales y personales. Entre los litúrgicos se conservan vasos de bronce adornados con frisos vegetales, inscripciones y, a veces, anagramas bizantinos. Junto á estas piezas de claro origen mediterráneo oriental, se conservan patenas de tradición romana terminadas en mango con cabezas de animales y cuyo interior aparece ornamentado con inscripciones alusivas a la finalidad litúrgica que tenían.

Junto a vasos y patenas hallamos incensarios, entre los que merecen destacarse los de Lledó, Cuenca y Aubinyá; los dos primeros tienen forma de prisma y son de clara inspiración copta mientras que el tercero, en forma de cazoleta semiesférica, tiene origen siciliano y bizantino por su técnica y por la inscripción griega que lleva grabada.

Al lado de estos objetos, en parte fabricados en la Península y en parte llegados a ella por medio del comercio, encontramos piezas de orfebrería elaboradas en los talleres reales de Toledo y que nos son conocidas por los hallazgos de los Tesoros de Guarrazar y Torredonjimeno; el primero está formado por una serie de coronas de oro con cadenas para ser colgadas del techo a modo de lámparas, y con letras e inscripciones colgando de ellas.

Estas coronas fueron dadas por los reyes a la iglesia toledana según atestiguan las fuentes documentales; la más antigua fue dada por Suintila —no se conserva actualmente— y la más, rica de las once conservadas es donación de Recesvinto. El tema es mediterráneo, bizantino, elaborado según la técnica germánica, que utiliza una policromía exuberante a base de la incrustación en el oro de piedras y vidrios de colores.

Entre los objetos de uso personal destacan las piezas de bronce fundido —broches de cinturón generalmente— con adornos florales estilizados; su origen es bizantino y tienen forma de lira que parece corresponder al tipo de los broches repujados en oro hallados en Italia. Junto a este tipo aparecen piezas peninsulares con una simetría rígida desconocida en lo bizantino y con una variedad de formas extraordinaria, que se extienden por toda la Península, donde debió de haber numerosos talleres.

El trabajo de la piedra

La existencia de edificios, de objetos de arte —sobre todo cuando éstos ofrecen unas calidades uniformes— suponen la existencia de talleres, de técnicas de trabajo generalizadas. El arte, sin embargo, no puede ser reducido a una simple manifestación de la vida económica, a una técnica; por medio de ésta, las representaciones artísticas son un símbolo de una actitud ante la vida, de una forma de pensar y de obrar que no puede separarse del contexto histórico en el que se producen.

En este sentido, el arte visigodo no puede ser estudiado sin tener en cuenta las etapas y las modificaciones experimentadas por la sociedad desde el asentamiento de los germanos en la Península hasta la desintegración del reino visigodo. La conversión al catolicismo tiene un interés y una importancia que exceden con mucho del campo religioso: significa la aceptación por los visigodos de la superioridad cultural hispanorromana, la integración del pueblo invasor en la sociedad vencida. A dos sociedades separadas corresponden dos tipos de arte: hispanorromano y visigodo-germánico; a una sociedad unificada corresponde un arte igualmente unificado: el hispanovisigodo.

La localización geográfica de esta producción artística y su naturaleza responden, igualmente, a la situación de la sociedad. Las obras hispanorromanas se concentran en las comarcas más romanizadas de la Península: costas mediterráneas y provincia lusitana con Mérida por capital; son una manifestación del concepto público-religioso que la sociedad tiene de sí misma: son lugares de culto. El arte visigodo-germánico, objetos personales básicamente, refleja el carácter individual germánico y se halla repartido por los lugares de asentamiento visigodo que tendremos ocasión de mencionar más adelante.

El arte hispanovisigodo se halla extendido por toda la Península y combina las características de ambos grupos: lugares de culto público y objetos de uso personal.

El arte hispanorromano y el arte visigodo-germánico

El arte hispanorromano es continuación del paleocristiano y se manifiesta en las basílicas mediterráneas, aras de altar, piscinas bautismales, mosaicos, sarcófagos y esculturas con valor decorativo. Las influencias norteafricanas del cristianismo hispano son visibles en la disposición general de las basílicas ligeramente anteriores o coetáneas a la entrada de los germanos, como las de son Peretó, sa Carroja, y Santa María del Carmí en Mallorca, son Bou en Menorca, la celia memoriae de Ampurias y la basílica de la Vega del Mar de Málaga, las de San Fructuoso de Tarragona, Santa María de Terrassa y la de Játiva.

La influencia africana, con orígenes sirios a su vez, se halla confirmada por el estudio de las escasas aras conservadas, de las piscinas bautismales y de los mosaicos que adornan las mencionadas basílicas y las villas romanas de la época. Pero esta influencia no es exclusiva; Roma ejerce un poderoso atractivo que puede verse en los monumentos funerarios de Centcelles y de l'Alberca, próximos a Tarragona y Elche respectivamente, en los que la disposición y los adornos son de claro origen romano.

La escultura de estos siglos está representada por los sarcófagos paleo-cristianos hallados en la Península y que, al parecer, proceden de los talleres de Roma hasta que éstos desaparecen o pierden importancia a raíz del saqueo de la ciudad por Alarico. Para sustituir a los desaparecidos talleres romanos surgieron en todo el Imperio talleres locales entre los que el más conocido en España es el de Tarragona, cuya producción demuestra igualmente la influencia del norte de África.

La falta de monumentos de los siglos IV y V en las restantes comarcas de la Península ha sido explicada en razón del dominio musulmán al que se hace responsable de la destrucción de los lugares de culto cristiano, pero la dominación musulmana no explica por sí sola esta desaparición masiva, especialmente si tenemos en cuenta que se han conservado algunos ejemplares del siglo VI y que los monumentos y restos mencionados en los párrafos anteriores pertenecen a la zona levantina igualmente sometida a los musulmanes, en algunos casos, durante seis siglos.

Creemos que la razón fundamental de esta ausencia hay que buscarla en la tardía y lenta romanización y, por consiguiente, cristianización del resto de la Península, y en la falta de una política de excavaciones arqueológicas que permitan descubrir los restos de los posibles monumentos existentes.

Durante el siglo VI la costa catalana pierde importancia política y el arte se desplaza hacia las zonas independientes, en poder de la aristocracia hispanorromana, o dominadas por los bizantinos en la Bética; de este siglo se conocen la basílica de Alcaracejos en Córdoba, la basílica de casa Herrera en Mérida, el baptisterio subterráneo de Cabia la Grande, en Granada, y las basílicas de Cabeza de Griego en Cuenca y de Algezares en Murcia. Entre las construcciones civiles de esta época figuran la villa de Daragoleja, cerca de Granada, el puente de Pinos en la misma provincia, y la Puerta de Sevilla, en Córdoba.

Más conocida es la escultura ornamental de la que existieron talleres en Ronda y Granada y de la que se conservan numerosos restos en Córdoba, Sevilla, Cádiz y Mérida. La escultura sustituye al mosaico en el adorno de interiores y exteriores; en los restos conservados pueden observarse influencias muy diversas que van desde lo norteafricano (ladrillos con temas ornamentales en relieve) hasta lo indígena prerromano (decoración de tipo geométrico que será una de las características del arte ornamental hispano-visigodo).

A través del estudio de los restos conservados puede hablarse de la existencia de varias escuelas escultóricas: la levantina, representada por la decoración de Cabeza de Griego; la cordobesa, de fuerte influencia romana; la emeritense, cuya producción parece ser la más original; la lisboeta en la que, por influencia de mercaderes griegos y sirios, se observa una inspiración bizantina, y la toledana.

El arte visigodo-germánico, por su carácter personal no público, no ha dejado monumentos arquitectónicos ni escultóricos de interés. Se reduce a objetos de uso personal encontrados en las sepulturas; en su mayor parte son objetos metálicos ya mencionados anteriormente.

El arte hispanovisigodo

La situación geográfica de Toledo convirtió a esta ciudad en la capital del reino y en ella se dieron cita las distintas escuelas o grupos artísticos mencionados hasta dar origen a un arte oficial, áulico, que se extendería posteriormente por todos los dominios visigóticos. Desgraciadamente, no se han conservado los grandes templos de Toledo, Mérida y Córdoba, destruidos durante la dominación musulmana; sólo tenemos ejemplares arquitectónicos situados en localidades pequeñas que jamás contaron con una población importante y que, por consiguiente, no dispondrían sino de medios limitados. Por ello, no podemos imaginar cuáles serían las características de los templos construidos en los grandes núcleos de población, de los que tenemos noticia a través de los restos escultóricos y ornamentales incorporados a las construcciones musulmanas.

Como notas esenciales en la construcción y comunes a todos los monumentos conservados, hay que destacar la utilización de un aparejo de sillería formado por grandes bloques montados a hueso o con interposición de una capa muy fina de argamasa que no deja huella en el exterior, por lo que las juntas van perfectamente acopladas formando muros lisos en los que se procura evitar las juntas seguidas verticalmente y se busca la continuidad horizontal.

El segundo elemento común a todos los edificios mencionados es el arco de herradura del que, si bien es verdad que aparece en Siria, Capadocia y Armenia, por lo que se le ha querido buscar un origen oriental, hay numerosos ejemplos en la ornamentación hispanorromana desde el siglo II. En época visigoda su carácter ornamental se mantiene, pero adquiere mayor importancia la función constructiva.

Como características secundarias de esta arquitectura pueden señalarse la ausencia de ábsides semicirculares en la parte exterior y la existencia de habitaciones en los extremos del crucero o de las naves laterales; buscando una aplicación a estas habitaciones se ha pensado que los templos pudieron haber sido iglesias monásticas que llevaran incorporadas al edificio litúrgico la vivienda de los servidores del templo.

Las iglesias conservadas son las de San Juan de Baños de Cerrato, construida en el año 661 por orden de Recesvinto; las de Idanha-a-Velha y de San Pedro de Balsemáo en Portugal, todas ellas de planta basilical. De tipo cruciforme son las de San Fructuoso de Montelius (Portugal), de mediados del siglo VII, la cripta de San Antolín de Palencia, fechada hacia el año 672; San Pedro de la Mata, cerca de Orgaz; Santa Comba de Bande (Orense); San Pedro de la Nave, cerca de Zamora; la de Quintanilla de las Viñas (Burgos) parece ser el último edificio, cronológicamente, del período visigodo.

El comercio

Aunque la economía visigoda depende fundamentalmente de la agricultura y de la ganadería, el comercio no desaparece totalmente. Las acuñaciones monetarias realizadas por los monarcas suevos y visigodos estarían destinadas a pagar las transacciones del comercio interior y exterior: suevos y visigodos mantienen el sistema monetario romano y acuñan sueldos de oro y tercios de sueldo, trientes o tremises, en los que figura el nombre del emperador romano mientras subsiste el Imperio Occidental y el de los bizantinos hasta el reinado de Leovigildo.

Este monarca sustituyó el nombre de los emperadores por el suyo propio como símbolo de la independencia del reino que surgía en Toledo en lucha contra los bizantinos. Estas monedas con el nombre de sueldos gallearnos, o simplemente sueldos, continúan circulando por la España cristiana hasta el siglo X.

Desde la retirada visigoda de las Galias, el sueldo deja de acuñarse y sólo se labran tremises de oro que, junto con las silicuas de plata y las monedas de bronce de época romana, bastarían para cubrir las escasas necesidades comerciales. El peso asignado a los tremises por Leovigildo se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo VII, pero no ocurrió lo mismo con la ley, que osciló de acuerdo con las necesidades de la monarquía y degeneró, junto con el peso, durante los enfrentamientos de finales del siglo VII y de comienzos del VIII.

Las referencias a mercados, mercaderes y vías comerciales son escasas pero suficientes para probar la existencia de este comercio al que nos hemos referido. El Liber iudiciorum alude a reuniones de mercaderes, al papel comercial desempeñado por las vías fluviales y por las antiguas calzadas romanas del interior de la Península. En el libro V se regula la venta de bienes de eclesiásticos y de seglares, aunque no sabemos si se refiere a bienes muebles o inmuebles, y fundamentalmente de esclavos. El título 3 del libro XII está dedicado a los mercaderes de ultramar que traen a la Península objetos de oro, plata, paños y vestidos de lujo.

El análisis de las lápidas sepulcrales conservadas y algunos textos permiten deducir la existencia de mercaderes de origen oriental en Tarragona, Tortosa, Elche, Cartagena, Málaga, Carteia —en las proximidades de Algeciras—, Ecija, Sevilla. Mértola. Mérida, Trujillo y Lisboa, donde aparecen documentados durante los siglos V y VI, es decir, durante el período en el que la Península queda en manos de la aristocracia hispanorromana o bajó el control de los bizantinos. Parece lógico admitir que los mercaderes desempeñaron algún papel en la ocupación de la Bética por las tropas de Justiniano.

En el siglo VII el comercio exterior parece hallarse en manos de los judíos, y cuando fracasan todas las medidas tomadas para lograr la conversión al cristianismo de la comunidad hebrea, en el XVI Concilio de Toledo se toman disposiciones como la prohibición de participar en el mercado y de comerciar con los cristianos.

El comercio del dinero y el préstamo con interés de productos alimenticios debieron de ser bastante frecuentes; el interés anual en los préstamos monetarios ascendían al doce y medio por ciento mientras que el de los productos alimenticios (pan, vino y aceite) llegaban al treinta y tres por ciento.

Las finanzas estatales

Los textos conservados permiten, en principio, imaginar que el reino visigodo conservó en sus líneas generales y simplificándola la organización fiscal del Bajo Imperio; pero en su mayor parte los textos son de carácter jurídico y en muchas ocasiones mantienen el uso de términos utilizados en la antigüedad pero que tienen un significado distinto al originario por lo que, antes de aventurar conclusiones, sería preciso realizar una detenida investigación filológica.

El término fiscus, que en época romana sólo sirve para designar a una parte de la organización fiscal, desde fines del VI designa al conjunto de los bienes estatales para diferenciarlos de los bienes personales del monarca. Este cambio de sentido debe ser puesto en relación con la confusión existente entre los bienes patrimoniales del rey y los pertenecientes a la Corona, al Estado, en el mundo germánico.

Esta confusión perdura legalmente hasta la celebración del VIII Concilio de Toledo en el que nobles y alto clero impusieron a Recesvinto la separación de ambos tipos de bienes; de hecho, la norma sería incumplida, al igual que otras muchas, por reyes como Vamba, Ervigio y Égica, es decir, por todos los sucesores de Recesvinto si excluimos a Vitiza y Rodrigo, de los que apenas sabemos nada.

La misma confusión interesada se da en todos los niveles de la población. Así, el obispo y el clérigo tienden a considerar como propios los bienes adquiridos por la iglesia que rigen; los nobles consideran patrimoniales las tierras y beneficios que tienen no a título personal sino en virtud del cargo que ostentan; la tradición germánica se ha impuesto en este punto a la romana.

Sólo la Iglesia muestra un claro interés por corregir estos abusos aunque nunca lo consiguiera de una forma total, a juzgar por la frecuencia con que aparecen estas disposiciones en los concilios.

La monarquía mantiene una posición ambigua forzada por las circunstancias: los reyes autoritarios consideran como propios y, en consecuencia, transmiten a sus hijos toda clase de bienes sin distinción de procedencia, o los ceden a perpetuidad a sus fieles después de haber despojado a los nobles que se les oponen. Los monarcas débiles compran la fidelidad de la nobleza mediante la entrega de bienes del fisco hasta llegar a los extremos de Ervigio cuando perdona los impuestos no pagados. En última instancia, el resultado es idéntico en ambos casos: los bienes de la Corona irían disminuyendo progresivamente a pesar de las repetidas confiscaciones; una parte importante de los bienes confiscados y de los ingresos normales pasan a los descendientes y a los fieles del rey y, aunque en teoría pueden ser recuperados, de hecho no volverían a la Corona; en el mejor de los casos cambiarían de destinatario al ser adjudicados a otras personas.

El proceso se halla perfectamente explicado en las actas del VIII Concilio en el que los padres conciliares hacen el proceso implícito de Chindasvinto al que acusan de haber arruinado a una parte de la nobleza sin que las confiscaciones hubieran sido de utilidad para el fisco, por haber sido incorporadas a los bienes patrimoniales del rey, y sin que «hubieran sido otorgadas como una ayuda conveniente a los oficiales palatinos». Como quiera que sabemos por disposiciones anteriores, del tiempo de Chintila, que las donaciones hechas a los oficiales eran hereditarias, es lógico deducir que, en cualquiera de los casos, tanto si el rey se apropiaba a título personal como si distribuía los bienes entre sus fieles, la Corona no recuperaba jamás estas propiedades.

Junto a esta masa de bienes que, sin pertenecer de hecho a la Corona, sirven a los monarcas para mantener una organización y pagarla a través del círculo vicioso de confiscaciones y donaciones, hay otras propiedades que, una vez salidas de las manos del rey, no se recuperan jamás: son las tierras o bienes entregados a la Iglesia por el monarca o por quienes de él las habían recibido, ya que los bienes eclesiásticos son inalienables aun cuando los titulares de los cargos incurran en la ira del rey. La confiscación de bienes eclesiásticos no existe.

Un ejemplo claro del destino dado a estos bienes cedidos por la Corona nos lo ofrece la vida de Fructuoso de Braga escrita por Valerio del Bierzo. El padre de Fructuoso, de linaje noble, ejercía el cargo de dux en Galicia y, como tal, había recibido bienes de la Corona destinados, en principio, a facilitarle el cumplimiento de sus funciones militares y a pagar sus servicios. A la muerte del dux, Fructuoso dispuso de estos bienes para dotar el primero de los monasterios fundados por él; de nada sirvieron las protestas de su cuñado seguramente sucesor en el cargo de dux, que reclamaba estas tierras para financiar con sus rentas operaciones militares.

Si el nuevo dux tenía las mismas obligaciones que el anterior, y de esto no cabe duda, la monarquía estaría obligada a compensarle las pérdidas sufridas, es decir, a entregarle nuevas propiedades pertenecientes al fisco y que difícilmente volverían a él. De nada serviría la ley de Chindasvinto que ponía en guardia a los jueces contra los acusados de traición que procuraban salvar sus bienes mediante falsas donaciones a la Iglesia, a sus mujeres o a sus hijos; y de nada serviría que los nobles, obligados a prestar servicios al rey en compensación de las tierras recibidas, se comprometieran a no enajenar estos bienes sin que antes el nuevo dueño se obligara a cumplir las obligaciones unidas a dichos bienes.

Impuestos y regalías

Los ingresos regulares de la monarquía visigoda procedían de la explotación de los dominios, de los impuestos directos e indirectos, de las multas impuestas por los tribunales —entre las que las confiscaciones serían las de mayor importancia—, de las regalías o derechos reservados en exclusiva al monarca, y de las prestaciones personales exigidas a los súbditos.

Como impuesto directo figura la capitación o impuesto personal que se paga por el hecho de pertenecer al reino, de ser súbdito de la monarquía visigoda; este impuesto no afectaba a los clérigos a partir de la época de Sisenando y es posible que también estuvieran exentos los nobles godos. Al confundirse o identificarse los siervos y los libertos condicionales con las propiedades, es dudoso que el rey cobrara estos tributos de los siervos de los particulares que, en todo caso, los pagarían a sus dueños como símbolo de sumisión y dependencia.

Más importante era el impuesto territorial que gravaba a todas las propiedades excepto las sortes góticas, es decir, las tierras adjudicadas a los germanos en el reparto de la Península; parece sin embargo que en el siglo VI esta exención había desaparecido.

Los judíos estaban obligados a pagar un impuesto global fijado por el rey para cada una de las comunidades establecidas en el reino. En el intento de convertir al cristianismo a los judíos se llega, en el año 693, a eximir a los conversos de la cuota que les correspondiera, sin por ello disminuir el importe de la contribución global de la judería, con lo que de paso se penaba a los no convertidos que se veían obligados a pagar su parte más la correspondiente a los conversos.

Los impuestos indirectos debieron desaparecer en su mayor parte al disminuir el comercio y sólo se cobrarían los de aduanas y peajes que no tendrían demasiada importancia.

Las prestaciones personales, trabajos exigidos para la reparación de caminos y fortificaciones o por cualquier otra causa, dependerían de las necesidades de cada momento y variarían según las épocas y regiones; de ellas sólo sabemos que fueron suprimidas para el clero y para los siervos eclesiásticos en el III Concilio, que no hizo sino extender a los siervos un precepto del Breviario de Alarico, tomado a su vez de una ley de Constantino del año 319.

En defensa de la regalía de acuñar moneda se dictaron varias leyes que prueban el interés de los reyes por mantener este privilegio económico y político. El siervo, que por su condición no puede declarar contra su señor, está obligado a hacerlo en los casos en que se acuse al dueño de adulterio, homicidio, envenenamiento, traición contra el rey y acuñación fraudulenta de moneda. Estos delitos llevan aneja la pena capital y el siervo que, conociendo las falsas acuñaciones, no las denunciara por su propia voluntad antes de ser sometido a tormento, sería condenado a muerte. En el caso de que el fraude fuera descubierto por un siervo no perteneciente al acusado, el rey pediría y pagaría su libertad al dueño y si éste se negara a concederla, el monarca daría al siervo tres onzas de oro.

La recaudación de los impuestos

Tras el fallido intento del ostrogodo Teodorico por mantener la organización romana en Hispania bajo la dirección del prefecto de Arles, cada jefe visigodo, cada dux, actuaría no sólo como jefe militar de las antiguas provincias sino también como jefe civil encargado de la recaudación de impuestos y de la administración de justicia. Aunque la división provincial se mantiene aparentemente, de hecho las provincias pierden su unidad al crearse en ellas nuevas divisiones que reciben el nombre de territorios, que son gobernados por condes o jueces directamente nombrados por el rey y que gozan de amplias atribuciones administrativas, judiciales, financieras y militares dentro de sus distritos, aunque siguen sometidos a la inspección suprema del dux provincial.

Cada uno de estos territorios comprendía una ciudad, convertida ahora en centro administrativo y eclesiástico, y las aldeas y pueblos que la rodeaban, tanto las de propiedad real como las de particulares; en las primeras el conde o juez ejercía sobre los habitantes y sobre las tierras unos derechos, pero en las segundas éstos eran inexistentes por conservar los grandes propietarios la independencia adquirida, de hecho, durante el Bajo Imperio.

En sus posesiones, serán los señores, hasta que se organice el reino, quienes, por medio de sus mayordomos y administradores y con la ayuda de sus clientelas armadas si fuera preciso, cuiden del mantenimiento del orden, recauden los impuestos y ejerzan en muchos casos como jueces, por delegación del rey o por derecho propio.

Esta organización embrionaria de tipo regional o local es perfeccionada, sin modificarla, por Leovigildo y por sus sucesores quienes imitando, además, el modelo bizantino crearán cargos con jurisdicción sobre todo el territorio nacional; entre ellos cabe destacar al comes patrimonii o administrador central de las propiedades de la Corona y al comes thesaurorum, del que dependían los impuestos indirectos y la acuñación de la moneda.

Desde la segunda mitad del siglo VII, al acentuarse la militarización del reino, las funciones administrativas y judiciales fueron confiadas a los jefes del ejército, que se confunden con los grandes propietarios; sólo ellos tenían los medios necesarios para mantener el orden, recaudar los tributos y administrar justicia. Pero este poder no siempre estuvo al servicio de la monarquía. Ervigio, al perdonar a los súbditos los impuestos atrasados, reconoció que algunos recaudadores no habían hecho entrega, en el año 683, de cantidades cobradas tres años antes.

Es lícito suponer que, en algunos casos y del mismo modo que los nobles habían pasado a considerar como propios los bienes inherentes a los cargos, recaudaran los impuestos en beneficio propio. Los beneficios concedidos por los reyes a los nobles y las usurpaciones de éstos privaron a la monarquía de la mayor parte de sus recursos y, en última instancia, repercutieron desfavorablemente sobre la economía del reino.

Los reyes con bienes patrimoniales o fiscales suficientes para reclutar un ejército numeroso y dominar a la nobleza, logran cobrar los impuestos, pagados casi siempre en oro, y pueden acuñar monedas de buena ley y peso. Éste es el caso de Leovigildo, Recaredo, Chindasvinto y, por la acumulación de bienes realizada por su padre, de Recesvinto. Cuando los monarcas no disponen de estos medios, sus acuñaciones pierden peso, ley, o peso y ley conjuntamente, como ocurre con los sucesores de Recaredo y de Recesvinto y, de modo más acusado, durante los reinados de Égica y de Vitiza, que intentaron allegar recursos mediante el empobrecimiento de la moneda.

BIBLIOGRAFÍA

Barbero, Abilio; y Vigil, Martín: Sobre los orígenes sociales de la Reconquista: cántabros y vascones desde fines del Imperio Romano hasta la invasión musulmana. — «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLVI (1965), págs. 271-339.

Blazquez Martínez, José María: Estructura económica y social de Híspanla durante la anarquía militar y el Bajo Imperio. — C.S.I.C. — Madrid 1964.

Blázquez Martínez, José María: Fuentes literarias griegas y romanas referentes a las explotaciones mineras de la Hispania romana. — En «La minería hispana e iberoamericana» (León 1970), págs. 117-150.

Camps Cazorla, Emilio: El arte hispano visigodo. — Con adiciones de Matilde López Serrano. — En «Historia de España» dirigida por Ramón Menéndez Pidal, III (Madrid 1963), págs. 435-608

Díaz y Díaz, Manuel C: Metales y minería en la época visigoda a partir de Isidoro de Sevilla. — En «La minería hispana e iberoamericana» (León 1970), págs. 261-274.

Doumerque, Claude: Les explotacions auriféres du Nord-Ouest de la peninsule ibérique sous l'occupation romaine. — En «La minería hispana e iberoamericana» (León 1970), págs. 151-193.

Duby, George: Le probléme des techniques agricoles. — En «Agricultura e mondo rurale in Occidente nell'alto medioevo» (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XIII, Spoleto 1966), págs. 266-283.

Duby, George: Guerriers et paysans, VIIe-XIIe siécle. Premier essor de l'économie européenne. — Éditions Gallimard. — Paris 1973. — 308 págs.

Duby, George: L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident medieval (Trance, Angleterre, Empire, IXe-XVe siécles). Essai de synthése et perspectives de recherches. — Éditions Montaigne. — Paris 1962. — 2 vols., 822 págs.

García Moreno, Luis: Algunos aspectos fiscales de la península ibérica durante el siglo VI. — «Hispania Antigua» (Vitoria), i (1971), págs. 233-256.

García Moreno, L. A.: Colonias de comerciantes orientales en la Península Ibérica. Siglos V-VII. — «Habis» (Sevilla), 3 (1972), págs. 127-154.

García de Valldeavellano, Luis: La moneda y la economía de cambio en la península ibérica desde el siglo VI hasta mediados del siglo XI. — En «Moneta e scambi nell'alto medioevo» (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, VII, Spoleto 1961), págs. 203-230.

Gil Farrés, Octavio: Historia de la moneda española. — Diana Artes Gráficas. — Madrid 1959. — 415 págs.

Grand, R.; y Delatouche, R.: L'agriculture au Moyen Age, de la fin de l'empire romain au XVI siécle. — París 1950.

Grierson, Philip: Visigothic Metrology. — «The Numismatic Chronicle» (London), XIII (1953), págs. 74-87.

Higounet, Charles: Le probléme économique: l'Eglise et la vie rurale pendant le tres haut Moyen Age. — En «Le chiese nei regni dell'Europa Occidentale e il loro rapporti con Roma sino all'800»II (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, VII, Spoleto 1960), págs. 775-803.

Lacarra, José María: Panorama de la historia urbana en la península ibérica desde el siglo V al X. — En «La cittá nell'alto medioevo» (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, VII, Spoleto 1959), págs. 392415.

Le Goff, Jacques: La civilisation de l'Occident medieval. — Arthaud. — Paris 1965. — 693 págs.

Ors, Alvaro d': Los «transmarini negotiatores» en la legislación visigótica. — En «Homenaje a Camilo Barcia Trelles» (Santiago de Compostela 1958), págs. 467483.

Mateu Llopis, Felipe: Las monedas previsigodas y visigodas del gabinete numismático del Museo Arqueológico Nacional. — Madrid 1936.

Palol y Salellas, Pedro de: Esencia del arte hispánico de época visigoda: romanismo y germanismo. — En «I Goti in Occidente. Problemi» (Settimane dIi Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, III, Spoleto 1956), págs. 65-126.

Palol y Salellas, Pedro de: Arte cristiano de la época visigoda. — Barcelona 1968. Sánchez-Albornoz, Claudio: Estudios sobre las instituciones medievales españolas. — Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Históricas. — México 1965. — 828 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Estudios visigodos. — Instituto Storico Italiano per il Medio Evo (Studi Storici, fase. 78-79). — Roma 1971. — 386 págs.

Slicher van Bath, B. H.: Le climat et les récoltes en haut Moyen Age. — En Agricultura e mondo rurale in Occidente nell'alto medioevo» (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, XIII, Spoleto 1966), págs. 266-283.

Slicher van Bath, B. H.: The Agrarian History of Western Europe, A. P. 500-1850. — London 1963. (Existe versión castellana: Ediciones Península, Barcelona 1974, 530 págs.)

Soares, Torquato de Sousa: Éssai sur les causes économiques de la ruine de la monarchie wisigothique d'Espagne. — «Revista Portuguesa de Historia» (Coimbra), VI (1955), págs. 453-461.

Vigil, Martín; y Barbero, Abilio: Algunos aspectos de la feudalización del reino visigodo en relación a su organización financiera y militar. — «Moneda y Crédito» (Madrid), núm. 112 (1970), págs. 71-91.

6. GRUPOS SOCIALES Y MENTALIDADES

Una visión general de la sociedad peninsular durante la época visigoda nos llevaría a dividir a la población en grupos muy distintos según que atendiéramos a factores étnicos, jurídicos o económicos. En el primer caso hablaríamos de hispanorromanos, visigodos y judíos, clasificación que serviría igualmente desde el punto de vista religioso. En el segundo, tendríamos que referirnos a hombres libres, libertos y esclavos. En el tercero, el más importante, deberíamos establecer dos grandes grupos:

1) Población que vive del trabajo de sus manos en tierras cuya propiedad casi nunca tiene y

2) Población a la que la posesión de la tierra y de los derechos que de ella derivan permite vivir en la ociosidad y dedicar sus esfuerzos a tareas no productivas.

En el primer grupo resultante de esta clasificación «económica», encontraríamos indistintamente a romanos y visigodos, a libres, libertos y esclavos; en el segundo caben miembros de los dos grupos étnicos, pero de él están alejados libertos y siervos, aun cuando entre ellos podamos encontrar a algunos que gozan de una situación relativamente privilegiada; la clasificación dentro de este último grupo habrá de hacerse atendiendo a la tarea que desempeñan sus componentes: gubernativa, militar o religiosa, que no siempre son fácilmente diferenciables.

En las páginas que siguen, intentaremos ver a la sociedad hispano-visigoda desde los tres puntos de vista señalados, entre los que existen multitud de contactos, y concederemos especial atención al factor económico. Es de advertir que la escasez de noticias y su referencia casi exclusiva a los grupos privilegiados, aristocracia germánica e hispanorromana, no nos permitirá sino llegar a un conocimiento aproximado de esta sociedad

DIFERENCIAS ÉTNICO-CULTURALES

La historia del Occidente europeo a partir del siglo V es la historia de los contactos entre dos civilizaciones o entre dos culturas, entre el mundo germano y los restos de la civilización romana. Si en ningún país estos encuentros son absolutamente pacíficos, en el caso hispánico los problemas de acoplamiento entre ambos mundos se hallan agravados por la desproporción numérica existente entre ambas comunidades. Para sobrevivir como pueblo, los visigodos se ven obligados a aislarse y a desarrollar rasgos diferenciales, entre los que figura la religión. Pero, por otro lado, el entendimiento es más fácil que en otras partes a causa de que cuando los visigodos se instalan en la Península llevan más de doscientos años de contacto con el mundo romano, con su civilización.

Pueden observarse, en consecuencia, una serie de aproximaciones y de rechazos entre ambas comunidades, sin que en ningún momento quepa hablar ni de fusión total ni de separación absoluta. Esta aparente incoherencia ha hecho de las relaciones entre visigodos e hispanorromanos uno de los temas más discutidos de la historiografía peninsular.

Para algunos historiadores, ambas comunidades mantienen, al menos hasta los años de Leovigildo y de Recaredo, una absoluta separación que se manifestaría, entre otras formas, en la vigencia del Código de Eurico para los visigodos y del Breviario de Alarico para los romanos; unos y otros estarían sometidos al mismo rey, pero serían juzgados por distintas leyes. Desde este punto de vista llevado a las últimas consecuencias, es decir, ampliado a todo el período visigodo, se ha podido escribir recientemente «una historia de los godos en España», historia que se considera distinta a la de «España en el período visigótico».

Otros historiadores, la mayoría, consideran que tanto el Código como el Breviario tienen una vigencia territorial, son aplicables a los individuos de ambas comunidades dentro del territorio controlado por los monarcas visigodos; aun cuando admiten una separación relativa de ambas comunidades hasta la segunda mitad del siglo VI, destacan los contactos, las coincidencias entre ambos grupos, y creen que la reforma jurídica de Leovigildo y la conversión de los visigodos derribaron las últimas barreras que se oponían a la fusión de las aristocracias visigoda e hispanorromanas.

Es indudable —hemos tenido ocasión de verlo en páginas anteriores— que desde su instalación en el sur de las Galias, a comienzos del siglo V, hasta los años de Leovigildo y Recaredo los visigodos mantuvieron contactos crecientes con la población hispanorromana por cuya cultura, por cuyas formas de vida se sentían atraídos. La colaboración de la aristocracia era necesaria para gobernar el reino y para defender el territorio, pero también es cierto que los hispanorromanos son colaboradores, no miembros del grupo dirigente del reino.

Sin estos contactos no se explicaría ni la política de Leovigildo ni la conversión visigoda, que, indudablemente, contribuyeron a incrementar las relaciones entre ambos grupos; pero ni la legislación ni la comunidad de fe eran suficientes para poner fin a casi doscientos años de separación y de recelos; una y otros disminuyen, no desaparecen. Prueba de ello es el cuidado que ponen los escritores de esta época en señalar el origen étnico de los personajes que mencionan, especialmente cuando éstos son de raza goda; las leves de los concilios V y VI de Toledo, que reservan el trono a los nobles de linaje godo, son una prueba concluyente de que la separación étnica tenía algún valor cincuenta años después de la conversión. El origen bizantino del duque Paulo, sublevado contra Vamba y aspirante al trono con el apoyo de numerosos godos, y del propio rey Ervigio podrían llevarnos a pensar que en la segunda mitad del siglo VII estas diferencias habían desaparecido, si no jurídicamente al menos en la práctica.

Idéntica ambigüedad, así como una cierta tendencia a la fusión de ambos grupos, se observa al analizar las profesiones desempeñadas por la aristocracia. En principio, todos y sólo los hombres libres del pueblo visigodo forman parte del ejército cuya dirección, lógicamente, está reservada a los reyes y a la nobleza germana; los altos cargos eclesiásticos son desempeñados por hispanorromanos (galorromanos en la primera época) a causa de que la población visigoda sigue las doctrinas arrianas, pero a lo largo del período estudiado la situación evoluciona considerablemente.

Transformación de la estructura militar

La participación de los romanos en el ejército a partir de la creación del reino de Toulouse parece fuera de duda, e incluso conocemos los nombres de personajes de origen romano encargados por Alarico II de la dirección de algunas campañas militares. Esta modificación está relacionada con las transformaciones políticas y con el cambio del modo de vida germano. Los visigodos, una vez creado el reino, no defienden sólo los intereses de su pueblo sino también los de un territorio en cuya seguridad se hallan interesados de modo directo los grandes propietarios romanos, que pondrían a disposición del rey visigodo su fuerza y la de los grupos armados a su servicio.

Esta ayuda era necesaria desde el momento en que los visigodos renunciaron a la vida nómada y fijaron su residencia. Mientras la base de su alimentación fue la ganadería, la guerra no significaba un quebranto económico; era una actividad destinada a obtener el complemento alimenticio, los recursos que ni la ganadería ni la escasa agricultura proporcionaban. Desde su asentamiento, la base de su alimentación es la agricultura y sólo los nobles, los que recibieron suficientes tierras y hombres para cultivarlas, pudieron mantener su actividad militar; los demás necesitaban dedicar sus esfuerzos al cultivo de los campos y, lentamente, muchos germanos libres renunciaron a la guerra.

El ejército visigodo, ejército popular en el sentido de que lo integraban todos los hombres libres de un pueblo, se transforma de este modo en un ejército aristocrático, en un ejército de grandes propietarios: Teudis basaba su fuerza en el ejército privado de dos mil hombres que le suministraban las inmensas posesiones de su espora.

La desaparición del reino tolosano y el temor a los ataques francos, a los bizantinos más tarde, acentuó sin duda la cohesión del pueblo visigodo que, de nuevo, se convirtió en un grupo militar, obligado por las circunstancias y por la política del ostrogodo Teodorico. Pero los peligros eran concretos: no amenazaban a todo el reino sino a regiones limitadas; cada jefe militar se conformaría con defender el territorio a su cargo, en el que tenía sus propiedades. Muchos visigodos preferirían seguir en sus casas sin hacer demasiado caso de las convocatorias generales hechas por el rey cuando se trataba de proteger regiones alejadas.

Si esto es cierto para los visigodos, y parece probarlo la ley que castiga a los jefes que toleraran la permanencia en sus casas de hombres hábiles para la guerra, podemos imaginar que los grandes propietarios hispanorromanos, neutrales cuando no hostiles a los germanos, se mantendrían al margen de las luchas, renunciarían a formar parte del ejército. Sólo cuando realmente se consideren integrados en el reino, a fines del siglo VI, cuando se hallen equiparados a la nobleza germánica y como ella reciban tierras y cargos que implican servicios militares, los hispanorromanos estarán obligados a formar parte del ejército.

La reunión en manos de una misma persona de los poderes militares, judiciales y administrativos, así como de la propiedad de la tierra, acentuaría el proceso de transformación del ejército que se organizaría en forma territorial, entendiendo por esta expresión que cada propietario, lo fuera por herencia o en virtud del cargo desempeñado, dirigiría a sus propios hombres, es decir, a sus clientelas armadas y a sus siervos. Los efectos de estos cambios no se harían esperar: los intereses particulares de la nobleza territorial predominarían sobre los generales del reino, con lo que se produciría un absentismo militar de graves repercusiones.

Este desinterés puede explicarse no sólo por la privatización del ejército sino también por el carácter de las guerras emprendidas por la monarquía visigoda en la segunda mitad del siglo VII: salvo algunas campañas contra los vascos en las que no era necesaria la presencia de todo el ejército, las demás expediciones militares se dirigen contra miembros de la nobleza sublevados contra el rey; los simpatizantes de los rebeldes, si no se decidían a apoyarlos tampoco tenían interés en colaborar con el monarca y se abstenían de participar en el ejército o lo abandonaban antes de la batalla (así ocurrió en Guadalete y así había ocurrido en diversas ocasiones en la segunda mitad del siglo VII).

La ley militar dictada por Vamba el 1 de noviembre del 673, dos meses después de haber puesto fin a la sublevación del duque Paulo y a la que nos hemos referido anteriormente, refleja claramente el absentismo, la territorialización y las divisiones existentes en el interior del ejército del que forman parte por igual germanos e hispanorromanos, clérigos y laicos. Después de fijar las penas en que incurren quienes deserten o se nieguen a acudir al ejército, el monarca ordena que todos los convocados por el rey acudan con la mitad de sus siervos en edad militar, es decir, entre veinte y cincuenta años, bajo pena de perder, en beneficio del rey, la propiedad de los siervos que no acudieran a la leva.

Las causas del absentismo son múltiples: la defensa de los intereses particulares, el miedo, la pereza, el odio entre los propietarios-jefes militares... Vamba insiste en la necesidad de anteponer los intereses del reino a los personales, pero de su misma ley puede deducirse que, en su época, ya no existía un ejército nacional sino ejércitos regionales o territoriales: en caso de ataque enemigo sólo estaban obligados a acudir a la guerra los propietarios que vivieran a menos de cien millas del punto atacado.

La defección de los hijos de Vitiza con sus clientelas y siervos en Guadalete fue la causa material, directa, de la derrota y destrucción del reino visigodo; pero ésta no se habría producido sin la territorialización del ejército que no es sino un aspecto más de la confusión entre propiedad y autoridad que afecta por igual a visigodos e hispanorromanos.

El alto clero

Los altos cargos eclesiásticos nunca estuvieron reservados a un grupo étnico, aun cuando predominaran en ellos los hispanorromanos porque los visigodos eran arríanos en su mayor parte y porque el acceso a estos cargos implicaba unos conocimientos, una cultura, que no tenían los germanos cuya educación era fundamentalmente militar. Cumplidos estos dos requisitos (catolicismo y formación adecuada), los germanos son admitidos al episcopado como lo prueban los casos de Juan de Bíclaro y de Massona, nombrados obispos de Gerona y de Mérida respectivamente antes de la conversión oficial de Recaredo y de sus magnates; ni siquiera se excluye de estos cargos a los judíos conversos según atestiguan los nombramientos de Tajón de Zaragoza y de Julián de Toledo.

Lógicamente, el acceso masivo de los germanos a los cargos eclesiásticos no tiene lugar hasta después de la conversión y se hace de forma gradual: en el año 610 los obispos de origen visigodo no representan más del diez por ciento, en el 633 han pasado al veinticinco, veinte años más tarde ocupan el treinta y cinco por ciento de las sedes y a finales del siglo están en sus manos la mitad de los episcopados.

El valor de estas cifras no puede hacernos olvidar, sin embargo, que los obispos visigodos ejercen su ministerio fundamentalmente en lugares donde predomina la población germánica o en ciudades de singular importancia política o estratégica; parece como si la nobleza visigoda no se resignara a tener como obispos a hispanorromanos y exigiera el nombramiento de uno de sus connacionales cuando su fuerza era suficiente para imponerlo.

La ocupación de los cargos eclesiásticos por los germanos no se debe sólo a su conversión y a la mayor culturización de los visigodos. Desde el momento en que Recaredo hizo del catolicismo la religión oficial del reino, el obispo no es sólo un personaje eclesiástico sino que realiza funciones políticas y, a través de sus propiedades, militares. Son cargos apetecibles desde todos los puntos de vista y quizás haya que relacionar con este cambio la llegada masiva de los visigodos al episcopado.

En el IV Concilio de Toledo (633), en el que se observa un gran incremento del número de obispos germanos, se produce la primera queja de los eclesiásticos sobre la preparación y sobre la calidad moral de los obispos, algunos de los cuales —dicen— «buscan el episcopado mediante intrigas, otros lo consiguen ofreciendo recompensas, y hasta algunos, complicados en actos criminales o ya alistados en el ejército, llegan al honor del sumo y sagrado orden».

Para evitar estos males se prohíbe en adelante el nombramiento como obispos de quienes no reúnan las cualidades morales y culturales requeridas y también de aquellos «que se dedicaron al oficio militar y de los que están obligados a la curia», funciones éstas reservadas a la nobleza visigoda en una gran mayoría.

El sistema de nombramiento de los obispos (debían ser elegidos por el clero y por el pueblo de la propia ciudad) haría que en los lugares de predominio de la población germánica se eligieran obispos germanos. Pero esta norma desapareció al convertirse el episcopado en un cargo político: sabemos que Vamba nombró obispos y que incluso creó sedes nuevas para situar en ellas a sus partidarios; es cierto que el Concilio, una vez retirado Vamba, se opuso a esta medida, para aceptar que el metropolitano de Toledo consagrara obispos «a aquellos a los que la potestad real eligiere, y a quienes juzgare por dignos el mencionado obispo de Toledo».

Aislamiento de los campesinos de origen godo

Las fuentes son extraordinariamente parcas en datos relativos a los grupos no privilegiados, pero sabemos que hacia los años 494-497 un grupo numeroso de visigodos abandonó el reino de Toulouse y se estableció en la Península donde sus componentes se dedicaron a la agricultura. Es posible que estos campesinos, establecidos en la región que, teniendo por centro a Segovia se extiende por las actuales provincias de Burgos, Soria, Madrid, Toledo, Valladolid y Palencia, vinieran a reforzar las guarniciones de soldados-campesinos creadas hacia el año 456 para hacer frente a los vascos y a las tribus del interior, siguiendo el modelo de las tropas limitaneas creadas por Diocleciano. Sabemos que otros grupos fueron establecidos en las proximidades de las regiones ocupadas por los suevos y nada se opone a esta interpretación.

El grupo castellano ha sido estudiado por los arqueólogos que han demostrado su permanencia en esta zona durante los siglos VI-VII. Pero ignoramos si llegaron a mezclarse con la población campesina hispanorromana ya que si durante el siglo VI sus tumbas y los ajuares en ellas contenidos se diferencian notablemente de los utilizados por los hispanorromanos, en el siglo VII se generaliza la moda bizantina entre unos y otros y resulta imposible establecer la pertenencia de los objetos. Sin embargo, sirviéndonos de las informaciones proporcionadas por la onomástica y la toponimia nos inclinamos a pensar que estos grupos germanos no se fundieron con el resto de la población hasta bien entrado el siglo IX.

En la segunda mitad del siglo VIII, Alfonso I de Asturias destruyó las guarniciones militares, que habían sido ocupadas por los musulmanes, y trasladó la población de estas comarcas a Galicia y al norte de Portugal donde han sido localizados unos ochenta lugares que llevan el nombre de godos y derivados. Dado el nivel de nuestros conocimientos no es posible decir si estos lugares gallegos fueron repoblados por los godos castellanos o si el calificativo de godo se aplicaba en el siglo VIII a los antiguos súbditos de la monarquía visigoda independientemente de su origen étnico, con lo que la repoblación gallego-portuguesa podría ser debida a otros núcleos de población y el nombre de godo no tendría un carácter étnico sino cultural, en el amplio sentido de esta palabra.

Personalmente, y mientras no se pruebe lo contrario, me inclino a pensar que estos campesinos visigodos instalados en la Tierra de Campos a fines del siglo V y cuyo número se ha calculado en dos mil, permanecieron distanciados de la población campesina hispanorromana, que debió de ser escasa en estas comarcas, y mantuvieron su cohesión incluso en Galicia trescientos años más tarde. Una prueba adicional del predominio, si no de la separación gótica en estas regiones, nos viene dada por los nombres de los obispos del siglo VII que en su mayoría son germánicos.

La población judía en la Península

Junto a hispanos y germanos conviven en la Península los judíos, cuya historia comienza a ser conocida a partir del tercer concilio de Toledo. Ya en el concilio de Elvira, celebrado a comienzos del siglo IV, la jerarquía eclesiástica se ocupa de los judíos y prohíbe a los cristianos convivir con ellos; estas disposiciones son puramente eclesiásticas y nada se dispone contra los judíos, entre otras razones porque escapaban al control y a la autoridad episcopal y ésta no contaba, por aquellas fechas, con el apoyo del poder civil.

Al celebrarse el III Concilio de Toledo la situación ha cambiado totalmente. Los católicos cuentan con el apoyo del monarca y éste no tiene demasiadas simpatías hacia los hebreos que, por su profesión —practican el comercio—, mantienen contactos con el Imperio en Oriente y en la Península. En consecuencia, el concilio prohíbe a los judíos tener esposas, concubinas y esclavos cristianos así como ejercer cargos públicos que les den autoridad sobre los católicos, y ordena el bautismo de los hijos de judío y cristiana y la libertad, sin compensación económica, de los esclavos que hubieran sido circuncidados por los hebreos.

Las medidas contrarias a los judíos se repiten constantemente a lo largo del siglo VII e incluyen desde la prohibición de trabajar en domingo y celebrar públicamente sus actos de culto hasta la expulsión (en época de Sisebuto y de Chintila), pasando por la prohibición de participar en el mercado.

Égica, al que se deben las medidas de tipo económico adoptadas en el XVI Concilio (prohibición de asistir al mercado, de comerciar con los cristianos y exención a los conversos del pago de los impuestos debidos por la comunidad judía haciendo que los restantes pagaran la parte correspondiente a éstos) informó en el XVII Concilio de que le habían llegado noticias de sublevaciones hebreas en otros reinos y de la existencia de una conjura entre los hebreos peninsulares y los del norte de África para destruir el reino. A la vista de estos informes, los padres conciliares ordenaron que todos los bienes judíos fueran confiscados y que sus dueños pasaran a ser siervos del rey, que podría entregarlos a quien quisiera siempre que evitara su concentración, siempre que los dispersara por toda la Península.

El monarca había pedido que se eximiera del castigo a los judíos residentes en Septimania debido a la difícil situación económica por la que atravesaba esta provincia en la que la inseguridad, los ataques del exterior y la peste habían diezmado la población; para ellos Égica pedía que fueran obligados a ayudar al duque con todos sus bienes, pero el concilio se negó a transigir en este punto y halló un medio de eludir la recomendación del rey al autorizarle que eligiera algunos siervos cristianos de los judíos, les concediera la libertad y les entregara parte de los bienes confiscados a condición de que pagaran íntegramente los impuestos debidos por los judíos

Ni las medidas anteriores ni las adoptadas por Égica sirvieron para asimilar a la minoría hebrea; muchos se refugiaron en el norte de África y colaboraron abiertamente con los musulmanes desde el desembarco de éstos en la Península; otros, convertidos por temor a la persecución o sometidos a esclavitud, apostataron al producirse la victoria musulmana de Guadalete y fueron los mejores auxiliares de los árabes en la ocupación de la Península.

Aunque los textos afirman que las medidas antijudías tienen una base exclusivamente religiosa, a través de un análisis detenido pueden hallarse otras causas que, si bien les atrajeron las iras de la aristocracia, les permitieron, al mismo tiempo, sobrevivir. Los judíos no sólo eran diferentes, por su religión, por su modo de vida —dedicación al comercio—, por su cultura, sino que eran necesarios. Parecen haber gozado desde los primeros tiempos de una situación económica privilegiada por cuanto se alude constantemente a sus siervos, a la actividad comercial que realizan y a su actuación como administradores de los grandes latifundios.

Esta preponderancia económica llevaría consigo en algunos momentos un ascenso político y social que situaría a los judíos en cargos públicos de importancia. Todo ello, unido al proselitismo judío y al fanatismo católico, pudo ser la causa de las continuas persecuciones, pero si analizamos el momento político en que éstas se recrudecen quizá sea posible afirmar que los judíos fueron ofrecidos al concilio como víctimas propiciatorias en momentos de inseguridad: alguien tiene que hacerse responsable de las calamidades que afligen al reino y nadie mejor que esta comunidad empeñada en mantenerse aislada por su religión, y cuya preparación y modo de vida la sustrae al control directo de la aristocracia laica y eclesiástica.

La conversión forzada y la expulsión en época de Sisebuto hay que incluirlas en el marco de las luchas bizantino-visigodas, pero una vez derrotados los soldados imperiales nada impedía a los judíos establecerse de nuevo en el reino visigodo donde eclesiásticos y seglares aceptaron sus regalos (así lo declara el concilio) y les permitieron reorganizar su vida. Las graves consecuencias económicas que comportaba la permanencia abierta en el judaísmo hicieron aumentar el número de falsas conversiones de todos conocidas, y la expulsión decretada por Chintila llevaría a la conversión o al exilio a los restantes. Sin embargo, la superioridad económica de los judíos y su capacidad de organización les permitieron superar las dificultades; los obispos se avinieron fácilmente e incluso realizaron provechosos negocios mediante la venta de esclavos a los judíos; es posible que Chindasvinto y Vamba los utilizaran para administrar las propiedades confiscadas a los nobles rebeldes;

Las medidas adoptadas por Égica son claramente políticas, como lo prueba su deseo de eximir del castigo a los judíos de Septimania, es decir, de una región fronteriza, lo que resultaría inexplicable si aceptáramos la existencia de una conjura internacional judía. Las continuas sublevaciones de los nobles, la inseguridad del reino, la ruina económica tenían que ser explicadas de algún modo y el más sencillo consistía en atribuir a los judíos una conspiración contra la monarquía; al mismo tiempo que se hallaban unos culpables el rey podía confiscar sus bienes y aliviar la situación del tesoro real.

LOS HOMBRES ANTE LA LEY

Jurídicamente sólo existen dos clases de hombres, los libres y los siervos a los que habría que añadir el grupo de los libertos, antiguos siervos a los que se ha concedido la libertad. Pero bajo estas clasificaciones se ocultan enormes diferencias: libres son los nobles hispanorromanos dueños de grandes propiedades, los miembros de la aristocracia visigoda y los clérigos; libre era la mayor parte de la población urbana (de la que apenas sabemos nada) y libres eran los pequeños propietarios rurales social y económicamente independientes; libres igualmente eran los colonos y los encomendados que se habían visto obligados a buscar la protección de un gran propietario mediante la entrega de sus tierras o de su trabajo; pero su libertad no llegaba a permitirles abandonar la tierra que cultivaban.

La suerte de los siervos no difería mucho de la de los colonos y campesinos adscritos a la tierra; legalmente inferiores a éstos, carecían de una serie de derechos pero disponían, a veces, de mayores posibilidades que los simples libres, y en cuanto a los libertos, su situación era equiparable en todo a la de colonos y encomendados.

Siervos

Se adquiere el estado de siervo por las mismas causas que en la sociedad romana, es decir, por el nacimiento, por cautividad —prisioneros de guerra—, por entrega voluntaria, como en los casos de hombres libres que se venden a sí mismos como esclavos (aunque la «voluntariedad» de esta entrega sea más que discutible y venga impuesta casi siempre por necesidades económicas) y por deudas o condena judicial. Además de las causas señaladas, se convierten en siervos los que no disponen de bienes suficientes para pagar los daños que hubiera causado un falso testimonio, los responsables de diversos delitos sexuales entre los que se incluyen las violaciones, raptos, adulterios, el matrimonio o el concubinato de mujeres con siervos o libertos que no les estuvieran sometidos, la celebración de segundas nupcias sin tener seguridad de que el primer cónyuge hubiera muerto, la provocación de abortos, el abandono de los hijos, la venta de hombres libres como siervos...

La característica esencial del siervo es su condición de cosa que le impide tener derechos: puede ser vendido, comprado o cambiado libremente por el dueño, que puede igualmente castigarlo según su voluntad, con la única limitación, impuesta a fines del siglo VII, de no mutilarlos ni causarles la muerte. Sólo en determinados casos se les permite declarar en juicio como testigos siempre que sus dueños los declaren dignos de crédito, con lo que se presta confianza no al siervo sino al señor; incluso en estos casos su testimonio sólo es válido en causas de poca importancia (peleas entre vecinos y parientes, discusiones sobre lindes, robos de escasa monta...) y siempre que no hubiera hombres libres que hubieran presenciado el hecho.

Su testimonio es admitido e incluso exigido en los casos de fuga de otros siervos y el juez puede aplicarles tormento para obtener de ellos la verdad, teniendo cuidado de no mutilarlos para evitar perjuicios económicos al dueño. Igualmente se les obliga a declarar cuando el rey investiga delitos de falsificación de moneda o crímenes de lesa majestad y cuando se sospecha la existencia de adulterio en alguno de sus señores; se les permite testificar cuando ellos mismos han sido maltratados por personas que no sean sus dueños, por considerar que el siervo debe proteger en todo momento los intereses del señor, entre los que se cuenta él mismo.

La ley de Chindasvinto que regula este último punto alude a la existencia de hombres libres que, abusando de su condición, hieren a siervos ajenos y se niegan a responder en juicio a las acusaciones presentadas por los esclavos, alegando que en el caso de que ellos, los libres, ganaran el pleito, no podrían recibir la compensación económica debida al no disponer el siervo de bienes propios; valiéndose de esta impunidad, eran frecuentes los casos de hombres libres que descargaban su ira sobre siervos ajenos que, por sí mismos, no podían reclamar.

En defensa de los intereses de los dueños, se autorizaba a los siervos a querellarse en las mismas condiciones que cualquier libre siempre que el dueño residiera a una distancia superior a cincuenta millas; si la distancia fuera menor sólo el dueño, es decir, el afectado en su economía, podía reclamar; y si no pudiera acudir al juicio por justas razones se le permitía delegar en el siervo. Pero la actuación del esclavo sólo era válida si el dueño estaba conforme con ella, pues si éste creía que el siervo no había mostrado suficiente interés en la defensa de sus derechos podía iniciar de nuevo el pleito. En definitiva; los siervos carecen de personalidad jurídica.

El señor era responsable por ellos y además era el beneficiario de sus ganancias. La justicia se reduce a utilizarlos cuando los necesita por carecer de otros medios para averiguar la verdad, lo cual no puede extrañarnos en una sociedad que recomienda se prefieran los testigos ricos a los pobres por considerar que estos últimos pueden falsear su testimonio obligados por las necesidades económicas.

Las relaciones sexuales de los siervos con personas de distinta categoría social se consideran un atentado contra el orden establecido y son gravemente castigadas en el siervo, y en el libre que no respeta ni hace honor a su condición; la persona libre o liberta que consienta en estas relaciones se ve reducida a la esclavitud, y los hijos habidos de estas uniones serán igualmente siervos.

Esta última cláusula de la ley daría lugar a gran número de abusos. La posesión de siervos, de su fuerza de trabajo, era una fuente de riqueza importante, por lo que debieron alcanzar un alto precio del que el señor procuraba resarcirse obligando a los siervos a un trabajo continuado y a las siervas a tener el mayor número posible de hijos. No es difícil imaginar que una sierva joven, en estado de procrear, alcanzaría precios inaccesibles para los pequeños o medianos propietarios, muchos de los cuales recurrieron, para obtenerlas, al procedimiento de hacer pasar por libres a sus siervos y casarlos con mujeres libres o libertas. Una vez realizado el matrimonio se descubría el fraude y la esposa con los hijos pasaba a ser propiedad del dueño del marido.

Para remediar estos abusos, se estableció que cuando se pudiera probar el fraude el dueño perdería sus derechos sobre marido y mujer, por la sencilla razón de que el señor había hecho creer que realmente su siervo era libre y debía creerse en su palabra primera aunque luego se desdijera. En estas condiciones, no es extraño que la esterilidad alcanzara categoría de maldición bíblica, al menos para las siervas, al defraudar económicamente a sus dueños, verían endurecerse sus condiciones de vida.

Los siervos del rey

Dentro del mundo de los siervos, no todos tienen igual categoría. En la cima de todos ellos y con rango y poder superiores a los de muchos libres se hallaban algunos siervos del rey encargados por éste de la dirección de diversos servicios como el pastoreo del ganado, la acuñación de moneda y la cocina real. Éstos y en general cuantos ejercían autoridad sobre otros hombres estaban autorizados a declarar en juicio ya que, lógicamente, el juez no podría negar validez al testimonio de un siervo que gozaba de la confianza del monarca.

Los siervos del rey podían incluso tener sus propios esclavos a los que, en ocasiones, llegaron a manumitir mientras ellos permanecían en estado de esclavitud; disponían de algunos bienes que podían ceder o cambiar libremente siempre que con ello no salieran del poder supremo del rey, caso que se daba cuando las donaciones o ventas se efectuaban a las iglesias. Para evitar esta pérdida se ordenó que ningún siervo real pudiera liberar a los que dependían de él ni dar a la Iglesia tierras o siervos sino que, en el caso de que quisieran hacer una donación por su alma, vendieran sus tierras y hombres a otros siervos del rey, con lo que éste mantenía intactas sus propiedades, y dieran a la Iglesia el importe de la venta.

Los siervos eclesiásticos

La situación de los siervos eclesiásticos no debió ser mucho mejor que la de los particulares. Aunque la Iglesia tuvo un gran interés en manumitirlos por motivos religiosos, la diferencia económica entre un siervo y un liberto absoluto (veremos que existen dos tipos de libertos) debió ser motivo suficiente para que estas manumisiones fueran contadas. Los concilios insisten repetidas veces en la obligación de manumitir a los siervos y, al mismo tiempo, explican de forma suficientemente clara las razones por las que no se llevaban a efecto las manumisiones.

El obispo es incitado a liberar a los siervos de la Iglesia, pero se le exige que los bienes eclesiásticos no disminuyan ni se pierdan, y es indudable que la manumisión de un siervo representaba una pérdida importante, por lo que el obispo sólo podría liberarlos en el caso de que compensara a la Iglesia con entrega de sus bienes patrimoniales.

En el concilio de Mérida (666) se puso de manifiesto que algunos obispos habían liberado a numerosos siervos de la Iglesia, y para evitar lo que el concilio llama abusos se inició una investigación sobre las circunstancias que concurrían en cada caso. Se dispuso, en el canon XX, que serían considerados libertos los que hubieran sido manumitidos por «aquellos obispos que han aportado a la santa Iglesia que gobiernan muchos bienes de su propio patrimonio» y volverían al estado de servidumbre los que debieran su libertad a quienes no dieron nada a la Iglesia. En el canon XXI, utilizando los mismos argumentos, se autoriza a los obispos a conceder bienes eclesiásticos a cualquier persona de su elección «si el obispo aportare grandes cantidades de su patrimonio a la iglesia que gobierna» y «si apareciera claramente que lo que escrituró a nombre de su iglesia es el triple o mucho más».

En estas condiciones, muy pocos debieron ser los siervos manumitidos por la Iglesia, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo VII cuando se buscan los cargos episcopales como medio de enriquecimiento. Está probado que a fines del siglo se produjo una regresión y que gran número de libertos volvió a la servidumbre en virtud de las normas aprobadas en el concilio de Mérida, que fueron interpretadas de un modo aparentemente legal por muchos obispos a los que sólo preocupaba el incremento de sus bienes.

Los cánones exigían que cuando fuera nombrado un nuevo obispo, los libertos le presentaran en el plazo de un año sus cartas de libertad para ser confirmadas; estas normas no serían conocidas en la mayoría de los casos por los libertos, y aprovechando su ignorancia «algunos obispos, más interesados en el aumento de sus cuentas que en agradar al Señor por sus obras de misericordia, convierten inmediatamente en esclavos suyos a aquellos libertos de la familia de la Iglesia que sus antecesores habían manumitido, por no haber presentado en el tiempo señalado el documento de su libertad».

El III Concilio de Zaragoza (691) puso fin a esta práctica al ordenar que el plazo de un año se contara a partir del momento en que el nuevo obispo hubiera pedido explícitamente a cada liberto la presentación de sus cartas; de esta forma se evitaría que los libertos alegaran ignorancia y que ésta fuera aprovechada por el obispo para reducirlos a esclavitud.

Ignoramos el número de siervos eclesiásticos, pero sabemos que a fines del siglo VII, en el XVI Concilio de Toledo (693), Égica se lamenta del estado de abandono en que se hallan muchas iglesias rurales por haber sido encomendadas varias de ellas a una misma persona que no podía atenderlas debidamente, y pide al concilio que, en adelante, cada una de las iglesias «aunque sea muy pobre, con tal de que pueda tener diez siervos», sea administrada por su propio y exclusivo rector; esta medida fue aprobada por los obispos asistentes; podemos colegir que si las iglesias rurales muy pobres podían tener a su servicio diez esclavos, el número de los pertenecientes a la Iglesia visigoda en general sería extraordinario, a pesar de las disposiciones canónicas en contra.

Libertos

El paso de siervos a libertos depende casi siempre de la voluntad del dueño, excepto en el caso de los siervos de los judíos y en el ya señalado de los esclavos a los que su dueño hace pasar por libres para buscarles un matrimonio ventajoso con personas libres. Como una variante de esta excepción podemos considerar el caso del siervo al que su dueño ha hecho declarar en juicio como si fuera libre. En todas las demás circunstancias es la decisión del señor y sólo ésta la que cuenta a la hora de conceder la libertad; y ni siquiera el rey tiene poder para liberar a los siervos de particulares o de la Iglesia.

Es de suponer, sin embargo, que ni los particulares ni los eclesiásticos se negarían a manumitir a sus siervos ante una indicación del rey, siempre que éste les compensara económicamente. Así ocurre cuando un siervo ayuda a descubrir una falsificación de moneda: si el acusado es su propio señor, el siervo es condenado a muerte junto con el falsificador por suponerse una complicidad entre ambos; pero si el siervo no es propiedad del acusado, el rey paga su precio y es declarado libre siempre que su dueño lo consienta.

El señor puede conceder la libertad a sus siervos oralmente o por escrito, y en ambos casos se exige la presencia de testigos; los siervos del rey son liberados siempre mediante acto escrito y por lo que sabemos de los libertos eclesiásticos parece deducirse la misma conclusión, ya que era obligatoria la presentación ante cada nuevo obispo de la carta de libertad. En el caso de que una persona cualquiera deseara liberar a un siervo ajeno, podría hacerlo previo consentimiento del dueño y tras entregar a éste otros dos siervos o su valor; como cualquier otro bien, el siervo podía ser propiedad de varias personas y todas ellas debían estar de acuerdo para otorgarle la libertad.

Los libertos absolutos podían acceder a los cargos eclesiásticos, pero no era posible cuando se trataba de libertos que mantuvieran una dependencia con su antiguo dueño, ya que ésta era incompatible con la libertad que exigía el estado eclesiástico, al menos en las órdenes mayores. La condición del liberto no equivalía plenamente a la de libre: no podían declarar contra sus señores ni causarles perjuicio alguno; no podían ser testigos contra hombres libres ni ocupar cargos palatinos, esto último por razones de prestigio social esgrimidas por los antiguos dueños que no podían tolerar que quienes habían sido sus esclavos pudieran ejercer cualquier tipo de autoridad sobre ellos.

De esta norma sólo se exceptuaba a los libertos del rey quienes, por muy alto que fuera el cargo ocupado, jamás podrían ordenar nada a su antiguo dueño. Los más favorecidos entre los libertos eran, pues, los del rey, que quedaban incorporados como libres no sólo a los trabajos agrícolas o artesanos sino también, desde los tiempos de Égica, al ejército.

Es probable que el liberto transmitiera la libertad plena, es decir, los derechos personales del hombre libre, a sus hijos; al menos así se desprende de la ley que prohíbe a los libertos testimoniar contra hombres libres y concede este derecho a los hijos de los libertos. El vínculo de patrocinio contraído por el liberto condicionado respecto al señor debió ser personal y romperse, en el aspecto jurídico, por la muerte del señor según se deduce del canon setenta del IV Concilio de Toledo cuando afirma que «los libertos de la Iglesia, porque su patrona no muere nunca, jamás se librarán de su patrocinio, ni tampoco su descendencia».

Esta sumisión perpetua explica la necesidad de que «tanto los libertos como sus descendientes hagan una declaración ante el obispo por la cual reconozcan haber sido manumitidos de entre los siervos de la Iglesia, y se comprometan a no abandonar el patrocinio de la misma». La alusión a la muerte de los patronos como condición liberadora del patrocinio puede interpretarse en el sentido de que esto era lo usual en el mundo laico al que pretendían equipararse los libertos eclesiásticos.

En este mismo concilio se determinan las circunstancias en las que el obispo podía manumitir a los siervos de la Iglesia: «los obispos que no dieren nada de lo suyo a la Iglesia de Cristo como compensación... no se atrevan, para condenación suya, a manumitir a los siervos de la Iglesia pues es cosa impía que aquellos que no aportaron nada de lo suyo a las iglesias de Cristo, les causen daño y pretendan, enajenar las propiedades de la Iglesia»; a los declarados libres ilegalmente «el obispo sucesor los hará volver a la propiedad de la Iglesia, por encima de cualquier oposición, porque no los libertó la equidad sino la injusticia».

Si el obispo quiere liberar de forma absoluta a algún esclavo, debe ofrecer a la Iglesia dos esclavos de condiciones parecidas y obtener la aprobación escrita de los restantes obispos, es decir, debe someterse a las condiciones exigidas a los laicos para liberar siervos ajenos. Para conceder la libertad condicional de modo que los libertos queden bajo el patrocinio de la Iglesia, basta que los obispos dejen de su patrimonio a la sede, o que hayan obtenido mientras ejercen su cargo, algunas fincas o siervos, siempre que el valor de los liberados guarde con los bienes dados y obtenidos la proporción exigida por los cánones, proporción que el concilio de Mérida evalúa en relación de uno a tres.

La equiparación entre libertos y colonos es aceptada por el Concilio IX de Toledo (655) que establece que «los libertos de la Iglesia y su descendencia prestarán obsequios prontos y placenteros a la basílica de la que merecieron la gracia de la libertad, los cuales, así como dan en obsequio, según sus posibilidades, lo mismo que los libres útiles, así sufrirán las mismas penas que éstos para enmienda de sus culpas». En este mismo concilio, como consecuencia lógica de la sumisión perpetua a la Iglesia, y como resultado de la estricta separación entre libres y no libres, se prohíbe a los libertos eclesiásticos y a su descendencia casarse con romanos libres o con godos, que por el simple hecho de serlo gozan de libertad.

Las vocaciones sacerdotales, excepto para los cargos bien remunerados, no debían ser muchas en la Península y, en consecuencia, se hizo preciso habilitar para el desempeño de las funciones religiosas a algunos siervos, y para ello era condición previa otorgarles la libertad en el caso de que fueran promovidos a los cargos de diácono o de presbítero. Todo lo que éstos adquirieran —recordemos que no podían contraer matrimonio— debía volver a la Iglesia en el momento de su muerte; libres únicamente para ejercer su ministerio, en todo lo demás seguían siendo libertos y, en consecuencia, no podían testificar contra la Iglesia y si lo hicieran perderían la libertad así como el grado eclesiástico que «no merecieron por la dignidad de su origen sino por la necesidad de los tiempos» (IV Concilio).

A veces, la escasez de clérigos no se debía a falta de vocaciones, sino a la escasa remuneración de los cargos eclesiásticos inferiores y a la avaricia de algunos presbíteros «que retienen los bienes de sus iglesias totalmente y no se preocupan para nada de tener clérigos con los cuales puedan celebrar los debidos oficios de alabanza al Dios Omnipotente». Según sus posibilidades económicas, los presbíteros estaban obligados a elegir entre los siervos de sus iglesias algunas personas «a las cuales, con buena voluntad, las eduquen de tal modo que puedan celebrar dignamente el oficio santo y sean además aptas para su servicio». Quizá por tratarse de simples auxiliares del presbítero no se exige de modo explícito el requisito de otorgarles la libertad, y por el modo de vida que llevan, más parecen siervos que libertos, ya que reciben el alimento y el vestido de manos del presbítero al que deben fidelidad como señor suyo que es, según el concilio de Mérida tantas veces citado.

Los campesinos

Los campesinos adscritos a la tierra de un señor laico y a la persona de éste son poco mencionados en los textos. Proceden dé los antiguos colonos romanos y de los campesinos libres que han aceptado la protección de un señor; su situación real —aunque sean libres jurídicamente y tengan por ello unos derechos personales— apenas difiere de la de los libertos, y parece que éstos, una vez rotos los vínculos de dependencia directa que los unían al señor, pasaban a la condición de tributarios, nombre que reciben encomendados y colonos. Unidos para siempre a la tierra que trabajaban, no podían venderla ni enajenarla de ningún modo, pero sí transmitirla a sus descendientes junto con la condición de tributario, y podían hacer suya la mitad de los campos incultos que roturasen.

En cuanto a los campesinos libres, los textos apenas los citan, por lo que puede deducirse que o bien su número y su importancia eran reducidos o que la legislación, hecha por la nobleza y para defender sus intereses, no se preocupó lo más mínimo de este grupo social que tendería a desaparecer en la Península del mismo modo que en el resto de Europa.

Libres privilegiados

Las fuentes de que disponemos para este período son de origen aristocrático y se limitan a describirnos la nobleza, laica y eclesiástica, y sus actividades; si se menciona a libres y libertos se debe a que son propiedad de nobles y eclesiásticos. Los antiguos nobles hispanorromanos nos son mal conocidos y es de suponer que, igual que ocurrió en el resto de Europa, se unieran a la nobleza militar germana, o pasaran a formar los cuadros eclesiásticos, cargos para los que estaban preparados por su cultura. No cabe duda de que Leandro y su hermano Isidoro, así como otros muchos obispos y fundadores de monasterios, pertenecían a estas poderosas familias.

Nobles y clérigos basan su situación de privilegio en la posesión de la tierra, que es y será durante mucho tiempo la fuente única de riqueza y poder. Los visigodos adquirieron sus propiedades por derecho de conquista o mediante acuerdos con los grandes terratenientes según el carácter, violento o pacífico, de su instalación en las diferentes regiones de Hispania. Los clérigos, como institución, han obtenido sus bienes por medio de colectas de bienes muebles y a través de las donaciones de tierras hechas por los fieles.

Entre las primeras figuran los cereales, el vino, los frutos y el dinero que la Iglesia recibe en forma de diezmos y primicias y en concepto de derechos de estola, es decir, como pago por la administración de los sacramentos. Diezmos y primicias no parecen haber sido obligatorios, y la exigencia de cualquier cantidad por administrar los sacramentos estuvo siempre prohibida, pero unos y otros fueron admitidos a título voluntario y estimulados por la Iglesia. Más importantes son las donaciones de tierras con sus hombres y ganados, los legados testamentarios y las dotaciones de iglesias y monasterios que harán de la Iglesia visigoda, en conjunto, el mayor propietario territorial de la Península.

La posesión de la tierra es la base del prestigio y de la fuerza económica de nobles y clérigos, pero éstos disponen además de una autoridad que refuerza su poder económico y lo extiende más allá de los límites de sus posesiones. El derecho de mandar, de castigar, y el deber de mantener el orden corresponde al rey, y éste, incapaz de hacer efectivo este poder, lo delega en los grandes propietarios, únicos que por medio de sus clientelas armadas pueden gobernar el territorio; su autoridad se extiende, de este modo, a las zonas próximas a sus dominios. Aparte de los beneficios económicos que de modo directo les reporta el ejercicio del poder (concesión de tierras por parte del rey, recepción de algunos impuestos, cobro de multas...) los grandes propietarios consiguen que numerosos campesinos libres, necesitados de protección o arruinados por las malas cosechas y por el alza de los impuestos, les entreguen sus tierras, se conviertan en colonos o encomendados.

La nobleza laica

Mientras el pueblo visigodo no pasó de ser un grupo militar en continuo movimiento gozó de un sistema de gobierno que podríamos llamar democrático en cuanto que todos los hombres libres participaban en la elección del jefe militar o rey y eran consultados en las asambleas celebradas anualmente durante los solsticios de verano. Al establecerse los godos en el Imperio como federados y más tarde como dueños de sus propios destinos, las asambleas populares decayeron y fueron sustituidas por la consulta o la decisión de un grupo de consejeros y amigos del monarca.

La gens Gothorum, el grupo militar visigodo, estaba formado por un número reducido de familias nobles cuyos miembros reciben los calificativos de primates o séniores y están unidos al rey por lazos de fidelidad personal. Junto a ellos figuran los mediocres, entre los que se incluyen con igual título las clientelas armadas de los séniores —reciben el nombre de sayones— y del rey, a los que conocemos con el nombre de gardingos. Al primer grupo pertenecerían unas cuatrocientas familias y al segundo mil.

Equiparados por sus propiedades a los grandes latifundistas romanos, estos consejeros forman el Senatus o asamblea política de los visigodos; aceptan bajo su protección a campesinos y colonos y se rodean de grupos armados que les permiten defender sus dominios y otorgar la protección debida a los campesinos, convertidos, por su trabajo, en soporte del poder político y social de los séniores. Las clientelas armadas y los campesinos acogidos al patrocinio de un noble, así como sus esclavos y libertos, ven en éste a su señor directo, y el rey queda relegado a un segundo plano, prácticamente reducido a sus propios dominios y a la ayuda que le puedan proporcionar sus propios hombres armados.

La autoridad del monarca será efectiva si consigue superar en tierras y, por consiguiente, en hombres armados al resto de los nobles; en caso contrario, será destronado o se verá obligado a pactar y hacer concesiones que limitan su ya disminuida autoridad. Esta fragmentación del poder puede explicar por sí sola la desaparición del reino tolosano treinta años después de la caída de Roma, y explica la guerra civil ente Amalarico y Gesaleico. El primero logra imponerse con la ayuda de los ostrogodos, pero queda sometido a éstos mientras vive Teodorico el Grande e incluso después de la muerte del rey ostrogodo, a causa de que los jefes militares italianos habían recibido por su ayuda, o adquirido por sus matrimonios con ricas herederas hispanorromanas —como en el caso de Teudis—, importantes tierras, que les permitieron mantener su fuerza después de romperse los vínculos con el reino ostrogodo.

El plan casi igualitario en que se mueven nobles y reyes experimenta importantes modificaciones a fines del siglo VI cuando Leovigildo decide convertir a su pueblo de guerreros en soporte de un estado organizado a la manera imperial, en el que los nobles militares perderían el ejercicio exclusivo del poder político para compartirlo con la que podríamos llamar nobleza de servicio o administrativa, que se recluta en su mayor parte entre las filas de los gardingos unidos al rey por juramentos de fidelidad.

La creación de una nobleza adicta y sometida al rey, de quien dependían todos los nombramientos, tenía como finalidad contrarrestar el excesivo poder de la nobleza de linaje; ésta mantendría sus posesiones pero se vería alejada de los puestos de mando, militares y judiciales, y su anulación política debería tener como efecto principal la creación de una monarquía hereditaria, paso que dio Leovigildo al asociar al trono a sus hijos Hermenegildo y Recaredo.

Los planes del monarca visigodo pudieron ser llevados a la práctica precisamente por la riqueza y la fuerza militar que le proporcionó su matrimonio con Godsvinta, viuda de Atanagildo. La incorporación a sus dominios del reino suevo y de algunas zonas arrebatadas a vascos y bizantinos le permitió pagar los servicios de esta nueva nobleza y derrotar a sus oponentes. Pero su proyecto no llegó a realizarse de una forma total al fallar, por motivos religiosos, la colaboración de los hispanorromanos, que debían proporcionar al nuevo Estado su organización jurídica y administrativa.

De todas formas, con Leovigildo desaparece el Senatus o asamblea política de la aristocracia goda de linaje y es sustituido por el Aula regia o Palatium regis del que formarán parte los oficiales palatinos, los consejeros del rey, los condes y duques encargados del gobierno de las ciudades y provincias, los condes con funciones militares y los gardingos.

Los miembros del Aula regia que reciben en las fuentes, con excepción de los gardingos, los calificativos de primates, optimates, magnates, viri illustres, clarissimi et spectabiles, es decir, los primeros, los mejores, los más grandes, los varones ilustres, sobresalientes y notables, serán los colaboradores directos del monarca con el que legislan, gobiernan, juzgan y administran el reino. Sus cargos no son en principio hereditarios, sino que dependen de la voluntad del rey; pero en la practica se da una tendencia a transmitir por herencia los cargos y, con ellos, los beneficios de todo tipo que llevan anejos. A corto plazo, esta nobleza que ha servido para quebrantar a la de linaje, la suplantará en sus pretensiones y provocará sublevaciones contra el rey cuando no consiga por medios pacíficos ver confirmados o incrementados sus privilegios.

Los obispos comparten el poder con los miembros del Aula regia; éstos tendrán el gobierno activo, aquellos ejercerán una labor de inspección y control a través de los concilios generales en el ámbito nacional y por medio de los sínodos provinciales en el ámbito regional y local según dispone el III Concilio de Toledo al ordenar que cada año se reúnan los sínodos provinciales y que asistan a ellos, además de los obispos, los jueces del territorio y los encargados del patrimonio fiscal, «para que aprendan cuan piadosa y justamente deben tratar al pueblo, de forma que no graven los bienes privados ni los fiscales con cargas e imposiciones superfluas»; los obispos, por orden del rey, deben vigilar «cómo actúan los jueces con la población, de modo que los corrijan o den cuenta de su actuación al rey»; el obispo y los nobles con autoridad en la provincia deben decidir conjuntamente qué impuestos se deben pagar en ella.

Relaciones Iglesia-Estado

El gobierno del reino dependerá en gran parte de la colaboración entre las dos aristocracias y de las relaciones de, una y otra con el rey, temas ambos que pueden ser estudiados a través de las actas de los concilios de Toledo. La colaboración del poder político y de las autoridades religiosas es el resultado de una doble evolución cuyos orígenes se remontan al siglo IV; la Iglesia dejó de ser una sociedad exclusivamente religiosa desde el punto en que aceptó la protección imperial y copió su organización.

Para decirlo en términos modernos, la Iglesia se integró plenamente en la sociedad romana, cuya civilización mantuvo y difundió incluso después de la caída del Imperio, y aceptó como jefe legítimo al emperador, que se convirtió en defensor y propagador de la fe cristiana, y también de la organización administrativa y económica de la Iglesia. Lentamente, los obispos se convirtieron en funcionarios del Imperio y constituyeron cuadros dirigentes cuyos intereses religiosos, políticos y económicos aparecen sumamente mezclados.

Los visigodos, por su parte, copiaron la organización eclesiástica bizantina desde el momento en que se convirtieron al arrianismo; de la misma manera que el emperador es el jefe supremo de la Iglesia, el rey germánico lo será de la Iglesia arriana visigoda. Más tarde, al establecerse en el sur de las Galias y en Hispania, ejercerá una autoridad efectiva sobre los obispos católicos, que si en el plano estrictamente religioso no le están sometidos, sí lo están en cuanto funcionarios políticos y en cuanto súbditos con deberes y derechos ante el Estado.

Tras la conversión, los prelados, que ya admitían como jefe político al rey visigodo, no ven inconveniente en aceptarlo al frente de la Iglesia, lo que no dejaría de producir ciertos beneficios a la expansión de la fe, al mantenimiento de los dogmas, a la situación personal de. los obispos y a la institución que representaban. El rey ordena y dispone, pero no sin hacer concesiones a los obispos que se equiparan a la nobleza laica en todos los terrenos y, sin descuidar los intereses de la religión, actúan en muchos casos como nobles que son.

El rey y sus colaboradores, los miembros del Aula regia, no se limitan a tratar problemas políticos y tampoco la Iglesia se reduce a los eclesiásticos. Unos y otros son estudiados y resueltos mediante la acción conjunta de laicos y eclesiásticos. Sólo el rey y, por delegación, sus oficiales tienen autoridad sobre todo el reino y sólo él puede convocar el concilio y urgir el cumplimiento de sus decisiones espirituales mediante la imposición de sanciones efectivas: los acuerdos carecen de validez hasta que son recogidos y promulgados en forma de ley por el monarca.

En los asuntos políticos, la efectividad de los acuerdos aumenta al ir avalados y confirmados por la autoridad moral del concilio que, en cuanto institución religiosa, sólo puede ser presidido por la más alta autoridad religiosa. Por otra parte, toda la organización estatal se basaba en el juramento (de los súbditos al rey y del monarca al pueblo) y el juramento hecho en nombre de Dios cae por su propia naturaleza dentro de la esfera religiosa; a través de él, de la aceptación o denegación de su validez, los eclesiásticos pueden intervenir e intervienen de modo efectivo en los asuntos políticos. Baste recordar que en el IV Concilio se reserva la elección del rey a la «nobleza de todo el pueblo, en unión de los obispos», y en el VIII Concilio se dispone que la elección sea realizada «con el voto de los obispos y de los más nobles de palacio».

Esta división de poderes entre el rey y los miembros de su palacio, no siempre unidos a él, y los obispos, plantea numerosos problemas por lo que los concilios sólo son convocados cuando el rey tiene necesidad de su aprobación por razones políticas. En los demás casos, el monarca prefiere legislar con el asesoramiento de sus fieles, entre los que no faltarían los eclesiásticos, y la Iglesia toma sus decisiones en los concilios provinciales.

Entre el III y IV Concilio transcurren cuarenta y cuatro años, y si se convoca este último se debe a la presión de Isidoro de Sevilla y a la necesidad de Sisenando de legitimar su situación. La labor de organización del reino iniciada por Isidoro en el IV Concilio se continúa en los concilios V, VI, VIII y IX, convocados por Chintila y Recesvinto en momentos de tensión con la nobleza, que obtiene en todos grandes beneficios. Los demás concilios, si exceptuamos el IX y XI que tuvieron carácter provincial y el XIV que fue exclusivamente religioso, tuvieron como finalidad esencial legalizar situaciones irregulares y mantener la inviolabilidad del rey del momento, a veces a costa de concesiones por parte de la monarquía.

La administración de justicia

La administración de justicia es una de las tareas más importantes delegadas por el rey en sus oficiales y agentes; no existe un grupo especialmente organizado de jueces sino que actúan como tales todos aquellos que designa el rey. Como jueces ordinarios podemos considerar al duque, a los condes y a los vicarios de éstos, cada uno en su territorio; a los jefes militares en los grupos que dirigen y a los oficiales palatinos en los asuntos de su competencia. En los delitos de traición y, en general, en los asuntos graves podía juzgar el propio monarca con asesoramiento de los componentes del Aula regia, o delegar estas funciones en cualquier persona.

Desde la conversión de los visigodos al catolicismo, los obispos ejercen una función de control sobre los jueces territoriales y pueden llegar a corregir sus decisiones e incluso a juzgar por sí mismos cuando la parcialidad del juez es manifiesta, pero en estos casos la sentencia habrá de ser aprobada por el monarca a la vista de los escritos presentados por el juez y por el obispo. Las atribuciones judiciales del concilio han sido suficientemente estudiadas por lo que nos limitaremos a recordar que el sínodo actúa teóricamente como juez de los actos del rey y de los miembros de la aristocracia laica y eclesiástica; y que los concilios provinciales entendían en las acusaciones contra los funcionarios de la provincia o ciudad.

Como jurisdicciones especiales existen la eclesiástica en materia de fe y de disciplina y en los asuntos que conciernen únicamente a clérigos, y la mercantil, confiada a jueces especiales que entienden en los litigios entre mercaderes extranjeros y juzgan de acuerdo con las leyes de éstos y no con las del reino visigodo.

Teóricamente pues, si exceptuamos los dos casos citados, la administración de justicia está reservada al rey o a quien él designe, pero en la práctica resulta difícil admitir que los grandes señores no se arrogaran los poderes judiciales en sus propiedades, de la misma forma que controlaban la administración. Es seguro que cada señor era el juez de sus propios siervos y quizá de los libertos, según atestiguan diversos cánones conciliares y algunas leyes del Líber iudiciorum que limitan las atribuciones del señor, laico o eclesiástico, y le prohíben matar o mutilar a sus siervos; sólo en el caso de que la falta cometida debiera castigarse con la muerte o la mutilación debían acudir los señores ante el juez real, lo que parece probar que en las demás circunstancias se les reconocía la autoridad necesaria para juzgar, siempre que el delito no afectara a personas ajenas a sus dominios.

Estas mismas leyes nos informan de algunas intromisiones nobiliarias en el desarrollo de la justicia, cuando prohíben a los reyes y obispos asistir personalmente a los juicios en los que son parte y les ordenan delegar en otras personas para evitar que su presencia influya en las decisiones del juez; o cuando impiden que los nobles actúen como delegados de los simples libres y coaccionen al juez con su presencia. Del mismo modo que eran preferidos los testimonios de los ricos a los de los pobres, parece que la justicia se inclinaba con frecuencia del lado de los poderosos en sus litigios con los humildes. Chindasvinto intentó poner fin a esta situación regulando la forma en que podían nombrarse personeros o procuradores: en los pleitos en que intervinieran un noble y un simple libre, si el noble no quería asistir personalmente, podía delegar en otra persona cuya condición social fuera semejante o inferior a la de la parte contraria; y ésta a su vez podía delegar en alguien cuya categoría fuese similar a la de su adversario, en el caso de que éste asistiera personalmente.

Las condiciones exigidas para que la declaración de los testigos sea válida son numerosas: no pueden ser testigos por razón de edad los menores de catorce años; y por su condición, los homicidas, agoreros y sus clientes, los siervos y ladrones, los sometidos a penitencia pública, los curanderos, los violadores de mujeres y los perjuros. Tampoco pueden declarar como testigos los parientes de los acusados o acusadores; y si hubiera contradicción entre las declaraciones orales y las escritas hechas por un mismo testigo, valdrían las últimas después de comprobar debidamente su autenticidad, recurriendo si fuera preciso a un peritaje caligráfico. Este predominio del escrito sobre la declaración oral no es aceptado en los juicios contra obispos, nobles y gardingos, quienes obtuvieron de Ervigio el privilegio de que sólo fueran tenidas en cuenta las declaraciones hechas ante el concilio.

Este privilegio nobiliario sólo era válido en los procesos iniciados por el rey, cuya autoridad se halla neutralizada por el concilio, considerado como la asamblea de obispos, grandes y gardingos. El monarca no podía aprisionar, encadenar, someter a tormento, aplicar castigos corporales, o confiscar los bienes de estos personajes cuya conducta, para conservar «las prerrogativas de su categoría», sería juzgada «en la pública deliberación de los obispos, de los grandes y de los gardingos», es decir, en una asamblea de sus iguales.

Sólo cuando el acusado residiera en lugares de los que pudiera huir con facilidad, en regiones fronterizas, o en zonas en las que pudiera provocar tumultos si seguía en libertad, era lícito someterlo a una discreta vigilancia; e incluso en estos casos, el juicio debía tener lugar en el menor tiempo posible para evitar que la separación por largo tiempo de sus mujeres y parientes «y también de sus bienes» les obligara a confesar contra su voluntad: de cualquier forma estas declaraciones carecerían de validez y «solamente se tendrá por verdadero aquello que salido de su boca (en la deliberación del concilio) fuere aprobado como tal de común acuerdo».

El estamento eclesiástico. El clero secular

Pertenecen a él las personas destinadas al servicio de las iglesias parroquiales o episcopales, entre las que hay diferentes categorías según las funciones que desempeñan. Los que han recibido las órdenes menores: ostiarios, acólitos, exorcistas, salmistas, lectores y subdiáconos están encargados de las tareas prácticas necesarias al servicio litúrgico, como pueden ser las de abrir y cerrar las puertas de la iglesia, vigilar que no entren los que no tienen derecho por no ser católicos o por estar excomulgados, preparar los vasos y vestiduras sagradas e iluminar el templo, pronunciar los exorcismos sobre los catecúmenos y los posesos, y cantar o leer los salmos y responsos. El subdiácono se halla en el último grado de la preparación para el diaconado y su misión consiste en ayudar a los diáconos en la administración de los sacramentos. El paso por todos y cada uno de estos grados nunca fue necesario para obtener las órdenes mayores.

Si en sentido amplio pueden ser considerados clérigos todos los mencionados, en sentido estricto sólo tienen esta categoría los diáconos, los presbíteros y los obispos, a los que habría que añadir desde el siglo VII a los subdiáconos, que son considerados en muchos casos como miembros del clero. El diácono tiene como misión asistir al obispo en la administración de los sacramentos, preparar el altar, llevar la cruz, dirigir las oraciones y predicar; como auxiliar del obispo se le encomienda en ocasiones la visita de inspección de las iglesias diocesanas.

El presbítero puede ya celebrar y distribuir los sacramentos y ayuda al obispo en cuanto se refiere al culto y al gobierno de la grey cristiana. Al ampliarse el número de iglesias y, sobre todo, al crearse parroquias rurales, los presbíteros, únicos que junto con el obispo pueden celebrar, pasan a dirigirlas. El supremo grado sacerdotal lo tiene el obispo a quien está reservada la administración de la confirmación y de las órdenes mayores.

Se podía llegar al estado clerical por iniciativa propia o mediante la entrega al servicio de la Iglesia, hecha por los padres en temprana edad; estos últimos aspirantes al clero, los oblatos, recibían prontamente el grado de lectores y al llegar a los dieciocho años podían elegir la vida eclesiástica o volver al estado laico. El acceso a cualquiera de los grados exigía unas cualidades morales y una preparación cultural cuya obtención y conocimiento requería tiempo, por lo que se dispuso para los oblatos un largo período de aprendizaje que les impedía ser acólitos o subdiáconos antes de los dieciocho o veinte años, diáconos antes de los treinta, presbíteros con anterioridad a los treinta y cinco, y obispos hasta los cuarenta y cinco.

Los adultos que voluntariamente eligieran el estado clerical eran nombrados lectores o exorcistas y dos años más tarde podían pasar a acólitos y subdiáconos y cinco después a diáconos: a partir de este grado estaban sometidos a los mismos plazos que los oblatos. Estas normas no siempre fueron cumplidas y, en general, se tendió a reducir el tiempo de permanencia en cada grado, de forma que se podía llegar al diaconado a los veinticinco años y el presbiterado a los treinta. Frecuentemente, y por reunir las condiciones de tipo cultural y moral exigidas, se elegía a los clérigos entre los monjes.

Inicialmente elegidos por el pueblo y clero de la ciudad, los obispos serán designados en numerosas ocasiones por los reyes visigodos. Si durante la primera mitad del siglo VII predominaron en la elección de los obispos los motivos religiosos, no podemos afirmar lo mismo para el resto de la centuria, y serían numerosos, si juzgamos por los cánones conciliares, los prelados que llegaron al obispado mediante la compra del cargo o por designación del antecesor. Un caso intermedio es el del obispo Fidel de Mérida, designado como sucesor por su tío Pablo; éste no impuso directamente a su sobrino sino que dio a elegir entre aceptar a Fidel, con lo que la Iglesia recibiría la cuantiosa fortuna personal de Pablo, o designar a cualquier otro, y perder dichos bienes que pasarían íntegramente en herencia a Fidel. La tentación era demasiado fuerte, Fidel quizás no era mal candidato, y fue elegido para suceder a Pablo.

Las dos condiciones que ha de reunir todo clérigo son la santidad de costumbres y la preparación cultural, pero el nivel de una y otra varía según se trate de clérigos con órdenes mayores o menores. La virtud moral más recomendada es la pureza, que lleva como consecuencia obligada el celibato para los diáconos, presbíteros y obispos, o el alejamiento de la esposa en el caso de que los clérigos hubieran llegado a las órdenes después de contraer matrimonio, según el concilio de Elvira (300-304). Estas disposiciones no se generalizaron hasta años más tarde y fueron numerosos los clérigos casados y con descendencia. A lo largo del siglo VII el celibato es exigido como condición indispensable para obtener el grado de diácono; y desde el año 653 se extiende esta obligación a los subdiáconos.

La cultura hispanovisigoda

La instrucción fue en época romana un privilegio de las clases acomodadas y lo seguirá siendo durante el dominio visigodo, pero como quiera que ahora tiene una finalidad esencialmente religiosa, sólo se instruyen, y de forma rudimentaria, las personas destinadas a la vida eclesiástica. La pérdida de importancia de las ciudades y la huida al campo de los grandes terratenientes puso fin a la escuela clásica en la Península, y sólo los centros eclesiásticos impartieron en adelante una instrucción elemental de tipo religioso, primero en las escuelas monásticas y más tarde en las episcopales.

En las escuelas episcopales se aprende a leer y a cantar los textos litúrgicos, lo que exige un conocimiento gramatical. A los sacerdotes se les pide el aprendizaje memorístico de los salmos, himnos y cánticos. Pero a pesar de estas recomendaciones y normas, la instrucción de los clérigos fue deficiente; en algunos cánones se exige que los clérigos y obispos, para ser ordenados, sepan leer, lo que es prueba de que había algunos que no sabían. El concilio de Narbona (589) manda a los obispos que no ordenen a ningún diácono o presbítero que no sepa leer y que obliguen a aprender a los que hubieran sido ordenados sin cumplir este requisito; la negativa o desinterés de los clérigos se castigaba con la retirada del salario y con el encierro del ignorante en un monasterio.

El IV Concilio de Toledo (633) hace constar que eran ordenados obispos que no sabían leer, prohíbe esta práctica y exige a los prelados que conozcan la Sagrada Escritura y los cánones; el VIII Concilio (653) insiste en la ignorancia de algunos clérigos a los que se había probado «no estar instruidos en aquellas órdenes que diariamente tenían que practicar» y manda que se les exija la memorización del salterio, de los cánticos usuales, de los himnos y de la forma de administrar el bautismo.

A pesar de estas y de otras disposiciones, las escuelas episcopales nunca fueron centros de formación calificados. Los letrados eclesiásticos proceden en una gran parte de las escuelas monásticas, en las que se exigía una lectura en común durante tres horas al día seguidas de meditación y de discusión dirigida por el abad. La existencia de estas escuelas y la acción de algunos personajes de primera fila, como Isidoro de Sevilla, explican la importancia cultural de la Península durante la época visigoda.

En sus orígenes, la cultura hispanovisigoda no difiere de la europea y se concentra en las zonas del litoral ocupadas por los hispanorromanos —hemos observado el mismo fenómeno en el arte—; la fusión de las dos aristocracias y la fijación de la capital en Toledo convirtieron a esta ciudad en el centro cultural del reino donde confluyeron las corrientes hispanorromanas y germánicas así como nuevas aportaciones orientales y norteafricanas muy orientalizadas.

La influencia más importante fue, sin duda, la africana, que puede seguirse en las modas literarias y artísticas y en la vida monástica. Los orígenes norteafricanos de la Iglesia española son bien conocidos así como la influencia ejercida por Agustín de Hipona. A partir del siglo VI se produce en el norte de África un avance hacia la costa de los nómadas, y fueron numerosos los monjes que emigraron a la Península, como el abad Nanctus, que se estableció en Mérida, y el abad Donato, que llegó a la Península con sesenta monjes y con una gran biblioteca; a estos monjes pertenecerían los manuscritos ilustrados del Apocalipsis que, se supone, sirvieron de modelo a los escultores de los capiteles figurados de la iglesia de San Pedro de Nave.

El gran siglo cultural del período visigodo es el siglo VII, centrado en la figura de Isidoro de Sevilla. Pero su labor fue preparada por la existencia de importantes núcleos culturales en la periferia peninsular durante el siglo VI representados por Justo de Urgel, Eutropio de Valencia, Liciniano de Cartagena, Severo de Málaga, Leandro de Sevilla, Aspringio de Beja y Martín de Dumio o de Braga. Quizás, los personajes de mayor transcendencia cultural y política entre los citados sean Leandro de Sevilla y Martín de Dumio, obispo de Braga; el primero vivió durante algún tiempo en Constantinopla y fue el organizador del III Concilio de Toledo; el segundo, natural de Panonia, fue monje en Palestina y a él se debe la conversión de los suevos al catolicismo.

Este auge cultural coincidente con una renovación similar en Italia, pudo deberse a la necesidad de hacer frente al peligro arriano en ambos países: se busca dar al clero católico una preparación que le permita afrontar las discusiones con los arrianos. Entre las escuelas monásticas más importantes figuran las de Santa Eulalia en Mérida, la del monasterio Honoriacense en las proximidades de Sevilla, del Agaliense en Toledo, y el de Santa Engracia en Zaragoza. La característica de todas estas escuelas es su interés por el libro y, en consecuencia, la creación de bibliotecas mediante la compra o la copia de los ejemplares existentes. A pesar de este resurgir librario, los hombres cultos de la época no tienen un contacto directo con la cultura clásica, que sólo conocen a través de manuales, antologías y comentarios.

La obra más importante de Isidoro, desde el punto de vista cultural, es el libro de las Etimologías, en el que intenta realizar una síntesis del saber antiguo en todos los órdenes, tomando como punto de partida la investigación etimológica de las palabras para mejor comprender su significado; en esta obra se definen, con ayuda de una importante biblioteca, las artes liberales, la medicina y la jurisprudencia, es decir, los conocimientos más corrientes en la sociedad visigoda; siguen los temas teológicos, políticos, antropológicos, y se pasa más tarde a estudiar los animales y minerales, las actividades humanas...

La importancia de esta obra es tal que de ella tomarán los hombres medievales, durante mucho tiempo, todos sus conocimientos. Es una obra erudita: no pretende dejar constancia de la realidad del momento hispanovisigodo, sino de cómo habían sido vistas las cosas en época romana. Desde el punto de vista mental esta obra, cuyas afirmaciones están siempre refrendadas por las palabras de escritores conocidos y dignos de crédito, es un claro exponente de la mentalidad medieval, caracterizada por la inseguridad, que lleva a buscar un apoyo en la autoridad. En este sentido, Isidoro no se diferencia de sus contemporáneos, pero sí en cuanto que su obra hace olvidar en muchos casos a las anteriores y, en adelante, las Etimologías serán una de las fuentes de autoridad más citadas de la Edad Media.

La producción isidoriana abarca igualmente el campo teológico, doctrinal e histórico con obras en las que, prácticamente, utiliza el mismo método que en las Etimologías; como libros históricos nos ha dejado el Liber de viris illustribus o noticia de cuarenta y seis personajes, en su mayoría hispanos o africanos, que vivieron en los siglos V-VI; el Chronicon pretende ser una historia universal desde la creación del mundo hasta el año 616; la Historia de los godos, vándalos y suevos se inicia con una alabanza de España que ha sido copiada en numerosas ocasiones por los cronistas posteriores; es una apología de la raza goda y de su actuación en la Península.

A pesar de la existencia de una biblioteca real en Toledo y de otra propiedad de un conde palatino, así como del conocimiento de algunos poemas y de una vida de san Desiderio escritos por el rey Sisebuto, el cultivo de las letras es casi siempre obra de eclesiásticos de formación monástica, como Braulio y Tajón de Zaragoza, Eugenio II, Ildefonso y Julián de Toledo; monjes igualmente fueron Fructuoso de Braga y Valerio del Bierzo, autor el primero de una regla monástica y el segundo de una serie de vidas de santos, escritas para los monjes de esta comarca.

El patrimonio de la Iglesia

Las noticias sobre la administración del patrimonio eclesiástico son relativamente abundantes. Los concilios exigen que cada iglesia tenga sus propios bienes y que éstos sean suficientes para el mantenimiento del clero y del culto. Sin este requisito económico, los obispos no podían proceder a la consagración de las iglesias. La independencia económica de las iglesias parroquiales estaba limitada por los derechos del obispo al que correspondía vigilar la administración del patrimonio, nombrar y ordenar a los clérigos, regular el culto y visitar anualmente las iglesias, así como hacer reservar la tercera parte de las rentas para la reparación de los edificios.

Junto a estas iglesias dependientes del obispo, existieron las llamadas iglesias propias fundadas y controladas por particulares que, frecuentemente se reservaron el derecho de nombrar a los clérigos y de intervenir en la administración de sus bienes.

Las rentas eclesiásticas se dividen en tres partes iguales: la primera corresponde al obispo en las iglesias dependientes de la catedral, o al clérigo encargado de las iglesias rurales, es decir, al presbítero; la segunda la recibe el obispo con la obligación de atender a los gastos de reparación de los templos, aunque puede dejarla en manos de los clérigos y vigilar que éstos la destinen al fin indicado; y la tercera pertenece al clero de cada iglesia.

La administración de los bienes dé las iglesias catedralicias corresponde íntegramente al obispo, que puede delegar todas o parte de sus funciones en los arcedianos, primicerios o en cualquier otro clérigo, como el ecónomo, que tendría por misión, según Isidoro, «reparar y construir en su caso las basílicas; representar a la iglesia en los juicios, recibir los tributos, ocuparse del cultivo de los campos de cereales y de las viñas, del estado de las propiedades, de pagar los sueldos de los clérigos, de atender a las necesidades de las viudas y de los pobres, y de alimentar y vestir a los servidores clérigos».

Característica esencial de todas las propiedades eclesiásticas es su inalienabilidad, aunque también en este aspecto hay excepciones, siempre que se respete el principio general de que el patrimonio de la Iglesia no sufra pérdidas; así, el obispo puede vender bienes eclesiásticos en el caso de que su venta sea considerada de utilidad por otros dos o tres obispos, cuando los bienes se hallan demasiado alejados o su administración es costosa, y siempre que el obispo o el clérigo cedan a la Iglesia bienes personales equivalentes a los enajenados, según el concilio celebrado en Agde en el año 506.

Esta condición mantenía los bienes eclesiásticos, pero no los incrementaba, por lo que el concilio de Mérida (666) dispuso que ningún obispo pudiera enajenar bienes del patrimonio eclesiástico si previamente no había dado a la Iglesia el triple o más de su valor. La misma condición regiría para los presbíteros en las iglesias rurales. Obispos y clérigos estaban autorizados igualmente a ceder una parte de los bienes eclesiásticos a aquellas personas que hubieran colaborado, con su trabajo o con sus gestiones, a incrementarlos; si se trataba de bienes muebles, la recompensa podía llegar hasta la décima parte; y si eran bienes raíces, la fijación de la recompensa quedaba a voluntad del obispo.

A pesar de que los concilios insisten repetidas veces en la obligación de mantener separados los bienes personales del obispo y los del patrimonio eclesiástico, la confusión de ambos debió ser frecuente, según hemos visto al hablar de los siervos y libertos; y no faltarían quienes llegasen a los cargos episcopales con la intención de emplear en su beneficio los bienes de la Iglesia. Aunque la separación de bienes hubiese sido efectiva, y el concilio se preocupa de que lo sea, el cargo episcopal era lo suficientemente rentable en términos económicos para que la nobleza laica considerara interesante su ocupación.

A los ingresos que de él se derivaban hay que añadir su importancia política desde el momento en que los obispos fueron llamados a intervenir en la elección del sucesor en el trono. Todo ello hizo que la nobleza laica tendiera a ocupar los cargos eclesiásticos, muchas veces sin la debida preparación, y quizás se deba a la influencia de estos nobles el hecho de que a mediados del siglo VII el episcopado sea más que un cargo eclesiástico una función política, y de que sus titulares estén considerados, a todos los efectos, como miembros de la nobleza: como tales participan en conspiraciones políticas, están obligados a combatir en el ejército, recaudan impuestos y se rodean de un séquito numeroso que el VII Concilio de Toledo (646) se vio obligado a limitar a cincuenta personas, únicas que podían acompañar al obispo cuando éste visitaba en su inspección anual las iglesias rurales, cuyas rentas no siempre serían suficientes para alojar y alimentar a tan numerosa comitiva.

El monaquismo hispanovisigodo

La existencia de monjes en la Península antes del siglo VI nos es conocida a través de algunos cánones de los concilios de Elvira (300-304), Zaragoza (398) y I de Toledo (400) así como por algunas menciones aisladas de monjes a lo largo del siglo V, pero en líneas generales puede afirmarse que la experiencia priscilianista había dejado mal recuerdo entre los obispos hispanos y los monjes no estuvieron bien considerados hasta comienzos del siglo VI; en este momento aparecen citados en gran número, ocupando en algunos casos cargos episcopales, lo que parece demostrar la existencia, ya desde fines del V, de una vigorosa corriente monástica cuyos orígenes habría que situar en el norte de África.

Los monasterios gozan de independencia económica, pero están sometidos disciplinariamente a los obispos, que fijan las normas de conducta y las reglas que han de observar los monjes; estas reglas no son fijas ni proceden de una fuente única sino que el obispo, teniendo delante diversas reglas o fragmentos de ellas, selecciona en cada caso las disposiciones que considera oportunas. Conocemos la existencia de cuatro reglas, dos de ellas conservadas (las de Isidoro y Fructuoso) y dos perdidas (las de Donato y Juan de Bíclaro).

La regla de Isidoro, al igual que las demás, exige la comunidad de bienes dentro del monasterio y manda que el monje, antes de ser admitido como tal, entregue todo su patrimonio a los pobres o al monasterio en el que desee ingresar. Estos bienes son administrados por el prepósito, cuyas funciones son, en esencia, las mismas que ejerce el ecónomo episcopal: debe encargarse «de atender a los monjes, representar judicialmente al monasterio, preocuparse de sus posesiones, del cultivo de los campos, de la plantación y cuidado de las viñas, del apacentamiento de los ganados, de la construcción de los edificios y de vigilar el trabajo de los carpinteros y obreros».

El propósito estaba ayudado por otros monjes con tareas más concretas, como el encargado del cillero, que atendía a los graneros y a los rebaños de ovejas y cerdos, se preocupaba de la obtención del lino y de la lana, de entregar los cereales a los panaderos para su transformación en pan, del cuidado de los asnos, bueyes y aves, de la fabricación del calzado y de la dirección de los pastores y pescadores.

El hortelano se ocupaba de la defensa y protección de los huertos, de la preparación de las semillas, de ordenar qué productos y en qué momento debían ser sembrados en los huertos y de atender a las colmenas. De la molienda de los cereales se encargaban personas laicas, pero el amasado del pan y su cocción, era tarea reservada a los monjes cuando el pan se destinaba a su propia alimentación; el reservado a los huéspedes y enfermos acogidos en el monasterio era preparado por los laicos, probablemente siervos.

A través de esta enumeración podemos ver los productos básicos no sólo de la economía monástica sino también de todo el reino: cereales, productos de huerta, vino, pescado, ganado ovino y porcino, aves de corral y miel eran los productos alimenticios; bueyes y asnos servirían para el trabajo de los campos en los que se obtendría el lino que, junto con la lana, sería la base del vestido. La actividad artesanal quedaría reducida a la fabricación de ropa y calzado y a la elaboración del pan y del vino.

En los monasterios que seguían la Regla fructuosiana, el prepósito debía dar cuenta mensualmente al abad de los gastos efectuados. Junto a estos monasterios organizados de acuerdo con una regla monástica, fueron muy numerosos los cenobios familiares constituidos por laicos o eclesiásticos mediante el simple expediente de transformar sus propiedades personales en monasterios y edificar una iglesia dentro de ellas. En estos centros monásticos la organización era absolutamente personal.

Dentro de la organización monástica de la Península, merecen una mención especial los centros que siguen la Sancta communis regula y forman una confederación monástica. Aunque la ordenación jurídica por la que se rigen parece debida en gran parte a Fructuoso, la existencia de esta agrupación de monasterios es muy anterior y parece basarse en la tradición céltica llevada a Galicia por monjes procedentes de las Islas Británicas, cuya presencia está atestiguada desde mediados del siglo VI, es decir, cien años antes de que Fructuoso organizara la confederación.

La Iglesia occidental aceptó plenamente la organización romana y se constituyó en diócesis enclavadas en las ciudades; al igual que ocurría en el campo civil, cada diócesis disponía de un territorio claramente delimitado. La cristiandad céltica, quizás por haberse formado en zonas poco o nada romanizadas en las que las ciudades apenas existieron, y por deber su origen a grupos de monjes, no tuvo una organización diocesana sino que se agrupó alrededor de los monasterios, que ejercieron su autoridad religiosa sobre todos aquellos que quisieron aceptarla, fuera cual fuese su lugar de residencia; el abad de este monasterio tenía carácter episcopal, pero carecía de las atribuciones territoriales inherentes al cargo.

Un grupo de emigrados británicos asentados en Galicia y en Asturias mantuvo esta organización que fue aceptada por la Iglesia sueva, como lo demuestra la existencia de la diócesis de Britonia, carente de territorio diocesano, cuyo centro se hallaba en el monasterio de Máximo regido por un abad-obispo. Esta organización monástico-diocesana debió ser imitada por Martín de Braga que agrupó los monasterios de toda la zona gallega bajo el abad-obispo de Dumio al que se dio el título de episcopus sub regula, y fue perfeccionada por Fructuoso, si realmente es él el autor de la Regla común.

Actualmente se acepta la intervención de Fructuoso en esta regla, pero su aprobación debió tener lugar en un sínodo de los abades de la federación. La Regla contiene una serie de normas comunes a todos los monasterios, entre las que figura la celebración de reuniones mensuales de los abades para controlar la vida de todos y cada uno de los cenobios y evitar la fundación de los que no ofreciesen suficientes garantías; esta organización federativa se completaba con normas de gran interés que permitían a los monjes recurrir contra el propio abad al que estaban ligados por un pacto. Si el abad no cumplía las obligaciones consignadas, el monje debía acudir en primer lugar al prepósito para que éste solicitara la reparación pertinente; y en el caso de que las gestiones no dieran resultado, los monjes tenían la posibilidad de acudir a la asamblea de los abades, al obispo y, por último, al poder civil representado por el conde del territorio al que la Regla llama «conde católico defensor de la Iglesia».

Esta federación disponía de importantes propiedades y de numerosos siervos desde la época de Martín de Dumio, bienes que estuvieron a punto de perderse en el siglo VII poco antes de que Fructuoso diera nueva fuerza a la organización. El X Concilio de Toledo (656) se vio obligado a intervenir para poner remedio a la situación planteada por el abad-obispo Ricimiro, quien dispuso en su testamento que las recaudaciones de los tributos y el precio de los frutos fuera entregado anualmente a los pobres, a los que dio igualmente cuanto él había conseguido durante su ministerio y lo que había hallado en la Iglesia en el momento de ser nombrado para el cargo. Por último, Ricimiro vendió algunos bienes a precios ruinosos y liberó a más de quinientos esclavos entre los que se contaban algunos pertenecientes, por herencia, al propio Ricimiro, aunque la mayoría eran propiedad de la Iglesia.

Atendiendo a que los pobres no estaban aquejados de graves necesidades y a que el obispo Ricimiro no había dado nada en compensación de sus liberalidades, los padres conciliares declararon nulo, en parte, el testamento y dispusieron que los frutos y las rentas dejados a los pobres pasarían a poder de la iglesia de Dumio hasta que ésta se hubiera resarcido de las pérdidas ocasionadas por las donaciones y ventas ruinosas; y sólo después podrían dedicarse a remediar las necesidades de los pobres. En cuanto a la suerte de los libertos y de los bienes que habían recibido, el concilio la dejó a la discreción de Fructuoso, sucesor de Ricimiro al frente de la iglesia de Dumio.

ACTITUDES MENTALES

El estudio de las actitudes mentales de la sociedad hispanovisigoda está por realizar y en una obra de esta naturaleza sólo es posible aproximarnos al tema siguiendo las directrices de estudios similares realizados en Europa. En medio de una naturaleza hostil el hombre se siente inseguro y busca apoyo ante todo en su vinculación a la comunidad o a las comunidades naturales o artificiales que puedan ofrecerle una seguridad. En segundo lugar, fascinado por las realizaciones del mundo antiguo, las convierte en modelos dignos de imitación y, al mismo tiempo, en soporte de sus obras, que para ser válidas necesitan el recurso a la autoridad, a la tradición. Por último, la inseguridad, tanto material como moral, engendra en el hombre un fuerte temor a las fuerzas ocultas, a las que intenta aplacar de mil maneras y con las que busca una comunicación.

Ignoramos la composición de la familia hispanovisigoda, pero quizá sea lícito imaginar dos tipos de comunidad: uno, el de la familia estricta estaría integrado por el padre, la madre, los hijos y, quizá, los hermanos solteros de los padres —según se deduce de los cánones que sancionan a quien se case en segundas nupcias con el hermano o hermana del cónyuge fallecido—; es posible que siguieran formando parte de este grupo familiar los hijos casados: para la familia real lo atestigua la ley dictada para proteger a los familiares de Ervigio, entre los que se cuentan «su gloriosa esposa... aquellos que se sabe están unidos en matrimonio con los hijos o hijas de su majestad o también a aquellos que todavía no se han casado con ellos, pero han de casarse pronto»; para las demás familias parece probarlo una ley del Líber en la que al hablar del castigo reservado a quien dé muerte a uno de sus parientes cita a esposos, padres, hijos, hermanos, suegros, yernos y nueras.

Las fuentes no nos permiten conocer la seguridad que los vínculos familiares proporcionaban al individuo, pero es suficiente prueba de su importancia, el hecho de que una de las mayores amenazas que se ciernen sobre los judíos, para lograr su conversión, sea la de separar a los cónyuges cuando uno de ellos fuera cristiano y la de retirarles la tutela de los hijos a partir de los siete años «para que sean educados por fidelísimos cristianos que unan en matrimonio a los varones con mujeres cristianas y a las hembras las unirán del mismo modo en sociedad conyugal con hombres cristianos».

Esta familia restringida se halla casi siempre englobada en una familia amplia que incluye, además de los parientes, a los siervos domésticos, a los libertos y, también, a los colonos o encomendados acogidos al patrocinio de los señores. Una variante de este grupo familiar estaría formada por lo que los textos llaman la familia de las iglesias: en este sentido son reveladores los cánones que prohiben a los libertos abandonar el patrocinio eclesiástico, y de modo especial el canon 10 del VI Concilio de Toledo en el que se niega a los hijos de los libertos pertenecientes a las familias de la iglesia el derecho a abandonar esta comunidad ni siquiera para buscar su propio sustento, «pues es un desprecio a los patronos si, prescindiendo de ellos, se entregan a otro los hijos de los manumitidos para que los eduquen»; la alimentación y la instrucción de los hijos de los libertos correspondía a «aquella (iglesia) a la que deben servicio».

Si la familia en sentido estricto podemos considerarla como una comunidad natural aceptada por todos, la familia señorial viene impuesta desde arriba y necesita el apoyo constante de la ley y de la fuerza señorial para sostenerse; la ley obliga a pertenecer a estos grupos a los esclavos y a sus descendientes, y a los libertos mientras viva el dueño que les concedió la libertad —como hemos visto en otro lugar los libertos eclesiásticos y sus hijos siguen dentro de esta comunidad con carácter perpetuo—; los campesinos libres se ven obligados a integrarse para eludir las excesivas cargas fiscales, por imposición del gran propietario dotado de poderes judiciales, administrativos y militares, para obtener protección o simplemente para hallar un medio de alimentarse ellos y su familia.

El resentimiento de los grupos inferiores de la sociedad ante su necesidad de incorporarse a estos grupos es puesto de relieve por la ley aprobada tras la deposición de Vamba, en el XIII Concilio de Toledo: algunos siervos y libertos, elevados al oficio palatino por Vamba, «al verse iguales a sus señores... maquinan con más vehemencia la muerte de sus señores y, lo que ni siquiera decirse puede, también aquéllos que han alcanzado de sus señores el beneficio de la libertad, ellos también se convierten en verdugos de sus señores, por mandato regio». Las numerosas leyes dedicadas a los siervos fugitivos son una prueba clara de la reticencia de los esclavos.

Por encima de estas comunidades familiares y englobándolas se hallan el Estado y la Iglesia que, a cambio de determinadas prestaciones, ofrecen a sus miembros la seguridad material y la moral, al menos teóricamente. La eficacia del Estado ha sido estudiada en páginas anteriores, por lo que nos limitaremos a recordar que, a partir del siglo VII, los intereses de las familias señoriales prevalecen sobre los estatales y, coincidiendo con esta realidad, se acentúa la presión señorial sobre los campesinos libres y sobre libertos y esclavos, ninguno de los cuales tiene el menor interés en defender una institución que, lejos de protegerles, es utilizada para oprimirles.

La Iglesia ofrece mayores garantías a sus fieles; canaliza las aspiraciones de éstos tanto en el orden material como en el espiritual en cuanto que sirve de enlace entre el hombre y las fuerzas ocultas, sobrenaturales. Rogativas, letanías, ayunos y oraciones son utilizadas para conseguir cambios climáticos, para pedir la desaparición de la peste y para obtener la salvación del alma. Pero no todos los bautizados tienen una fe absoluta en las enseñanzas y en la intercesión de la Iglesia: subsiste la superstición, a veces entre los propios eclesiásticos.

Los concilios condenan a quienes creen que «truenos, relámpagos, tempestades y sequías» son obra del diablo, al que sacrifican para aplacarlo; a quienes llevan alimentos a las tumbas, a los que consultan a los adivinos o siguen los consejos de los astrólogos para edificar sus casas o cultivar los campos, a los que se sirven de hierbas medicinales para hacer encantamientos, a las mujeres que recitan fórmulas supersticiosas al tejer la lana, a los que adoran a los ídolos, encienden antorchas, veneran las piedras y adoran las fuentes y los árboles...

La superstición se halla arraigada incluso entre los obispos, como los que menciona el XVII Concilio de Toledo (694), que celebran «la misa destinada al descanso de los difuntos por los que aún viven, no por otro motivo, sino para que aquel por el cual ha sido ofrecido el tal sacrificio incurra en trance de muerte y de perdición por la eficacia de la misma sacrosanta oblación».

La búsqueda de la seguridad engendra un intercambio continuo de bienes, de regalos hechos por los dependientes a los señores, por éstos a sus iguales y a los reyes, por los monarcas a los nobles y por todos a la Iglesia. En algunos casos estos regalos tienen un objetivo concreto: atraerse la benevolencia de quienes los reciben; a veces son obligatorios y en otros casos son el reflejo de ritos, de costumbres antiguas que el hombre se considera obligado a respetar. La Iglesia insistió repetidas veces en la gratuidad de los sacramentos, pero los fieles siguieron haciendo las ofrendas que tradicionalmente hacían a las antiguas divinidades. Los reyes a veces son obligados por los nobles a compartir con ellos sus bienes, pero con frecuencia reciben voluntariamente regalos porque una de las características de la realeza germánica es la generosidad...

La fascinación del mundo antiguo, romano, es visible en multitud de detalles: en la conservación de la moneda de oro, inútil en las transacciones comerciales de escasa importancia, pero símbolo de prestigio, de importancia política; en el mantenimiento de las denominaciones de los oficiales del Bajo Imperio aunque sus funciones hayan desaparecido o se hayan modificado considerablemente; en la aceptación por los germanos de los nombres romanos; en el establecimiento de los obispados y de los monasterios en las ciudades, aunque éstas hayan perdido su importancia y sea preciso hacer llegar los alimentos desde tierras lejanas; en el mantenimiento del cultivo de la viña y de los cereales en tierras poco aptas, con tal de mantener el sistema alimenticio heredado de Roma...

La necesidad de acudir al criterio de autoridad para reafirmar las propias obras o palabras, ha sido mencionada al hablar de las Etimologías de Isidoro y aparece constantemente en las actas de los concilios; cuando a petición de Recesvinto los padres conciliares tienen que decidir entre la piedad que les incita a perdonar y el juramento hecho a Chindasvinto por el que nunca perdonarían a los rebeldes, ambas posturas aparecen avaladas por multitud de testimonios bíblicos y de los santos Padres de la Iglesia hasta el punto de que ambas opciones son igualmente válidas; finalmente se elige el menor de los dos males, el perdón, pero incluso para adoptar esta decisión se recurre a la autoridad de Isidoro y se añade: «Baste, pues, haber escogido brevemente estas citas de las páginas sagradas y de los autores principales, y el que quiera reunir más textos podrá hacerlo si los buscare atentamente mediante la lectura...»

BIBLIOGRAFÍA

Abadal i de Vinyals, Ramón d': Els concilis de Toledo. — En «Homenaje a Johannes Vincke» I (Madrid 1962-1963), págs.145. (Publicado también en «Deis visigots als catalans» I, Barcelona 1969, págs. 69-93.)

Abadal i de Vinyals, Ramón d': La monarquía en el regné de Toledo. — En «Homenaje a Jaime Vicens Vives» I (Barcelona 1965), págs. 191-200. (Publicado también en «Deis visigots als catalans» I, Barcelona 1969, págs. 57-67.

Barbero de Aguilera, Abilio: El pensamiento político visigodo y las primeras unciones regias en la Europa medieval. — «Hispania» (Madrid), XXX (1970), págs. 245-326.

Bishko, Charles J.: Spanish Monasticim in the Visigoth Period. — En «Harvad University, Summaries of Ph. D. Theses» (Cambridge, Mass. 1938), págs. 126-129.

Blázquez Martínez, José María: Estructura económica y social de Hispania durante la anarquía militar y el bajo imperio. — C.S.I.C. — Madrid 1964.

Blázquez Martínez, José María: Posible origen africano del cristianismo español. — «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XI (1967), págs. 30-50.

David, Pierre: Etudes historiques sur la Galice et le Portugal du VIe au XII siécles. — Livraria Portugália. — Lisboa 1947. — 579 págs.

Díaz y Díaz, Manuel C: La cultura de la España visigótica del siglo VII. — En «Caratteri del secólo VII in Occidente» II (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, v, Spoleto 1958), págs. 813-844.

Díaz y Díaz, Manuel C: En torno a los orígenes del cristianismo hispánico. — En «Las raíces de España» (Madrid 1967), págs. 423-443.

Fernández Alonso, Justo: La cura pastoral en la España romanovisigoda. —, Publicaciones del Instituto Español de Estudios Eclesiásticos. — Roma 1955. — XXIV + 628 págs.

Fontaine, Jacques: Isidore de Sevilla et la culture classique dans l'Espagne wisigothique. — Études agustiniennes. — París 1959. — 2 vols., XX + 1013 págs.

Fontaine, Jacques: Conversión et culture chez les visigoths d'Espagne. — En «La conversione al Cristianísimo nell'Europa dell'Alto Medioevo» (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XIV, Spoleto 1967), págs. 86-147.

García Gallo, Alfonso: El testamento de san Martín de Dumio. — «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXVI (1956), págs. 369-385.

Hillgart, J. N.: Historiography in Visigothic Spain. — En «La Storiografia alto-medievale» (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XVII, Spoleto 1970), págs. 261-312.

Isidoriana. Colección de estudios sobre Isidoro de Sevilla, publicados con ocasión del XIV centenario de su nacimiento, por Manuel C. Díaz y Díaz. — Centro de Estudios «San Isidoro». — León 1961. — 557 págs.

Katz, Salomón: The Jews in the Visigothic and Franckish Kingdom of Spain and Gaul. — Cambridge (Mass.) 1937.

Linage Conde, Antonio: El ideal monástico de los padres visigodos. — «Ligarzas» (Valencia), I (1968), págs. 79-97.

Linage Conde, Antonio: Los orígenes del monacato benedictimo en la península ibérica. — C.S.I.C. — León 1973. — 3 vols., XX + 1100 y 590 págs.

Martínez Díez, Gonzalo: El patrimonio eclesiástico en la España visigoda. Estudio histórico jurídico. — Universidad Pontifica de Comillas. — Comillas 1959. — 200 págs.

Martínez Díez, Gonzalo: Función de inspección y vigilancia del episcopado sobre las autoridades seculares en el período visigodo-católico. — «Revista Española de Derecho Canónico» (Salamanca), XV (1960), págs. 579-589.

Mundo, Anscari: Il monachesimo nella peninsola ibérica fino al secólo VII. Questioni ideologiche e letterarie. — En «II monachesimo nell'alto medioevo e la formazione della civiltá occidentale» (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, IV, Spoleto 1957), págs. 73-117.

Meréa, Paulo: Estudios de Direito visigótico. — Coimbra 1948.

Orlandis, José: Estudios sobre las instituciones monásticas medievales. — Universidad de Navarra. — Pamplona 1971. — 383 págs.

Orlandis, José: Los hispanorromanos en la aristocracia visigótica del siglo VII. — «Revista Portuguesa de Historia» (Coimbra), XIII (1971), págs. 189-196.

Palol, Pedro de: Demografía y arqueología hispánicas de los siglos IV al VIII. Ensayo de cartografía. — «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXII (1966), págs. 5-66.

Riché, Pierre: Éducation et culture dans l'Occidenl barbare, VI-VIII siécles. — Éditions du Seuil. — Paris 1973. — 584 págs.

Romero, José Luis: San Isidoro de Sevilla. Su pensamiento histórico-político y sus relaciones con la historia visigoda. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), VIII (1947), págs. 5-71.

Soares, Torquato de Sousa: Estado social e político do Noroeste da Península no secólo VI. — «Bracara Augusta» (Braga), VIII (1957).

Sánchez-Albornoz, Claudio: En torno a los orígenes del feudalismo. — Mendoza 1942.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Estudios sobre las instituciones medievales españolas. — Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Históricas. — México 1965. — 828 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Investigaciones y documentos sobre las instituciones hispanas. — Editorial Jurídica de Chile. — Santiago 1970. — XVI + 559 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Estudios visigodos. — Instituto Storico Italiano per il Medio Evo (Studi Storici, fase. 78-79). — Roma 1971. — 286 págs.

Vives, José: Concilios visigóticos e hispano-romanos. — Edición preparada por... con la colaboración de Tomás Marín Martínez y Gonzalo Martínez Díez. — C.S.I.C. — Barcelona-Madrid 1963. — XX + 580 págs.

Zeumer, Karl: Historia de la legislación visigoda. — Barcelona 1944.

II: LA PENÍNSULA BAJO EL ISLAM (Siglos VIII-XI)

1. ENTRE EL ISLAM Y LA EUROPA FEUDAL

En el año 711, los ejércitos musulmanes del norte de África atravesaban el Estrecho y ponían fin al reino visigodo tras una sola victoria militar de importancia, la obtenida a orillas del río Guadalete. La parte del territorio peninsular romanizada, la controlada por los visigodos, quedaría totalmente en manos de los musulmanes. Sólo en las zonas montañosas del norte se mantendría una población insumisa, nunca sometida totalmente, que iniciaría la lucha contra los invasores y crearía, en el siglo VIII, el reino asturleonés del que se desprendería, a mediados del siglo X, el condado de Castilla. Más al Este, las tribus vasconavarras, lentamente cristianizadas, darían origen al reino de Pamplona. En los Pirineos centrales y orientales los musulmanes heredarían de los visigodos la vecindad y la enemistad con los francos, cuyo rey Carlomagno incorporaría a sus dominios y organizaría, a comienzos del siglo IX, el condado aragonés y los condados catalanes de Urgel-Cerdaña, Pallars-Ribagorza, Barcelona, Gerona, Ampurias y Rosellón, que pocos años más tarde se independizarían de los francos.

La Península se halla por tanto dividida en dos campos, uno de los cuales se relaciona y recibe las influencias de la Europa cristiana, y el otro del Oriente islámico y del norte de África. El conocimiento de la historia de los mundos en que se integran ambos campos resulta imprescindible para entender la historia de la Península.

MAHOMA Y EL ISLAM

Mahoma

Divididos en tribus enemistadas entre sí a comienzos del siglo VII, en poco más de medio siglo, los árabes han logrado poner fin a sus rivalidades e iniciar una expansión que les llevará a ocupar desde la India en el este hasta la Península. Esta obra gigantesca ha sido posible gracias a la labor de un hombre, Mahoma, que ha sabido crear una religión adaptada a la mentalidad y a las condiciones de vida de su pueblo, y con suficiente atractivo para ser adoptada por pueblos muy diferentes a las tribus árabes. La religión de Mahoma, el Islam, no es personal sino social; es una forma de vida, una organización política.

De los tres millones de kilómetros cuadrados de la península arábiga, sólo una mínima parte, la región del suroeste, conocida con el nombre de Arabia feliz, reúne las condiciones climáticas precisas para que surja en ella una vida sedentaria basada en la agricultura. En el Yemen y en el Hadramaut se sitúan los antiguos reinos de Main, Qataban, Saba e Himyar, que viven de la exportación de sus cosechas de incienso y mirra y del comercio entre el Indico y el Mediterráneo. El último de los reinos citados, el himyarí, extiende su influencia por el sur de Arabia desde el siglo V antes de Cristo hasta finales del VI de nuestra era; su decadencia se inicia al producirse la ruina del mundo grecorromano, el principal comprador de los perfumes árabes, y al convertirse el sur de Arabia en campo de batalla entre el imperio bizantino, que interviene por medio de los etíopes, y el reino persa, el último de los cuales destruyó el reino himyarí hacia el año 570.

En el centro y en el norte de Arabia predomina el desierto en el que habita una población nómada que vive del pastoreo, del transporte de mercancías y del saqueo de las caravanas que cruzan Arabia; el control de este comercio había sido la base del florecimiento del reino de Petra en el norte de la península, en los comienzos de la era cristiana; y en esta misma región y por las mismas causas surgió en el siglo IV el reino de los lajmíes y en el VI el de los gassanies, aliado el primero a Persia y a Bizancio el segundo.

Las actividades comerciales también aquí pierden importancia a causa de las guerras perso-bizantinas que destruyen la ruta comercial del Eufrates; los beneficiarios de esta situación son las tribus instaladas en la franja occidental de la península, en el Hechaz, y de modo especial la tribu de Qoraix, instalada desde el siglo V en La Meca. La ciudad, situada en un oasis por el que cruzan las caravanas del Yemen, Egipto, Siria y Mesopotamia, es el centro religioso más importante de Arabia.

El primer desarrollo económico de La Meca se debe a la hábil combinación de comercio y religión; coincidiendo con la celebración de una importante feria comercial, los habitantes de la ciudad declaran sagrado el recinto del santuario, la ciudad y parte del territorio; en él quedaban prohibidas las venganzas de sangre, con lo que se facilitaba el acceso a todos los mercaderes sin distinción de tribus. En una segunda fase, los habitantes de la ciudad organizarían el transporte de algunas mercancías y por último intervendrían directamente en el comercio, invirtiendo en él sus capitales, de los que obtienen beneficios calculados, para el siglo VII, entre el cincuenta y el cien por cien.

Mahoma inicia su predicación

En esta ciudad de mercaderes nace Mahoma y para sus habitantes predica. El Islam no es una creencia personal sino social: en principio es la respuesta dada por un habitante de La Meca a los problemas sociales planteados en su ciudad. Las condiciones de la vida nómada en el desierto obligaron a los beduinos a organizarse en tribus para subsistir; la solidaridad dentro de estos grupos es la norma fundamental de convivencia; las necesidades de los miembros débiles del grupo se hallan atendidas por el jefe al que se entrega, con este fin, la cuarta parte del botín conseguido en los raids sobre las caravanas o sobre las tribus vecinas.

El paso de la economía pastoril a la mercantil modifica profundamente las normas de conducta aun cuando se mantiene la ideología anterior; la solidaridad tribal ha sido reemplazada por el individualismo del mercader, más preocupado por defender sus intereses que los de la tribu; la desaparición de los raids deja a las viudas y huérfanos y, en general, a todos los débiles sin protección ninguna ya que el jefe del clan, convertido en mercader, no acepta la obligación al perder la contrapartida; el honor de la tribu ha sido sustituido por la apetencia de riquezas; aumentar la fortuna y el poder individual es el objetivo no sólo de los grandes mercaderes, sino también de la masa de la población que aspira a imitarlos.

En resumen, se ha pasado de una sociedad tribal a un individualismo en el que las riquezas están por encima de cualquier otra consideración. Contra esta actitud reaccionará Mahoma, que pretende hacer revivir algunas de las virtudes de la vida nómada en esta sociedad individualista. Para Mahoma, la vida del hombre no ha de basarse en el disfrute de honores y en el aumento de riquezas y potencia, sino en hacer lo necesario para alcanzar el paraíso, al que no podrán llegar más que aquellos que hayan sido generosos con sus bienes, hayan hecho partícipes de los mismos a los necesitados, y no hayan oprimido a los miembros más débiles de sus familias o clanes. La falta de generosidad y de respeto a los débiles son los puntos esenciales en que insisten las primeras predicaciones; con ello se alude a la actitud de los mercaderes, que contrasta con la ideología propia de la vida nómada, oficialmente aceptada en La Meca.

Con la predicación pública se iniciaron las críticas y la enemistad de la oligarquía comercial. Las razones de esta oposición hay que buscarlas en los ataques al modo de vida de los ricos, en la negación de su omnipotencia (Mahoma les opone un Dios único y omnipotente) y, sobre todo, en la posibilidad de que la predicación diera al profeta una personalidad política suficiente para ponerle al frente de la ciudad en un futuro más o menos próximo, con lo que desplazaría a los mercaderes que, de hecho, gobernaban la ciudad gracias a su riqueza, a su experiencia comercial y a su pertenencia a los clanes superiores, a pesar de que, oficialmente, La Meca estuviese regida por una asamblea integrada por los jefes de todos los clanes.

Mahoma pudo mantenerse en La Meca y continuar sus predicaciones gracias al apoyo prestado por el jefe de su clan Abu Talib, pero sus partidarios fueron perseguidos y tuvieron que emigrar a Abisinia. La situación se hizo insostenible a la muerte de Abu Talib en el año 619 y Mahoma halló apoyo en la ciudad de Yatrib, que recibiría en adelante el nombre de Madinat al-nabí (Medina o ciudad del profeta), a la que se trasladó el 16 de julio del año 622, fecha en la que se hace comenzar la hégira o era musulmana. Sus partidarios de La Meca no tardaron en reunírsele y junto con los miembros de ocho clanes de Medina convertidos al islamismo, formaron una comunidad dirigida por Mahoma, quien impuso en ella algunas de las normas tradicionales de la vida nómada: solidaridad, venganza de la sangre... y la aceptación de las decisiones del profeta en materias reveladas, así como la entrega a éste del quinto del botín.

Triunfo de las ideas de Mahoma

Lograr que la identidad de creencias estuviera por encima de la tribu fue el primer éxito de Mahoma, éxito que tuvo profundas repercusiones políticas por cuanto que la nueva comunidad no se conformará con las leyes, costumbres y tradiciones impuestas por la aristocracia, sino que se dará sus propias normas emanadas de Alá, el dios único, a través de su profeta Mahoma, que ha pasado de enviado a una tribu o grupo particular de La Meca, a profeta y dirigente de una comunidad en la que tienen cabida cuantos acepten la fe.

Dentro de esta comunidad, los compañeros de Mahoma llegados desde La Meca carecen de bienes y se dedican al asalto de las caravanas que realizan el comercio entre Siria y La Meca, asaltos que se inscriben en la tradición nómada y que están justificados religiosamente por ir dirigidos contra los infieles. Los éxitos militares de los creyentes terminaron por anular el comercio de La Meca y, en el año 630, sus dirigentes aceptaron a Mahoma para salvaguardar sus intereses comerciales. Las tribus de beduinos se sometieron igualmente a una doctrina que tenía numerosas coincidencias con las costumbres por ellos practicadas.

La solución religiosa entrevista por Mahoma a los problemas sociales de La Meca ha ido completándose, durante los años pasados en Medina, con las revelaciones de tipo socio-económico y político necesarias para regir y administrar la comunidad de los creyentes y a cuantos, sin convertirse a la nueva fe, acepten a Mahoma como jefe. Muchas de las disposiciones responden a situaciones concretas y adquieren valor general sólo cuando Mahoma considera que son de interés para la comunidad; en caso contrario son suprimidas. Entre las normas conservadas como revelaciones, abundan las de carácter igualitario y las destinadas a proteger a los débiles; el profeta no se limita a declarar iguales a todos los creyentes y a pedir que se atienda a los necesitados, sino que ofrece soluciones concretas.

Durante la estancia en Medina, los emigrados —los compañeros de Mahoma huidos de La Meca— carecían de recursos, para atender a sus necesidades Mahoma instituyó la limosna legal (zakat) destinada a atender a «los pobres, los necesitados, los encargados del cobro, los que han de ser conciliados, los esclavos, los prisioneros, los deudores y viandantes, y los gastos de la guerra». Esta limosna, medio práctico de nivelar a los que nada poseen con los que disponen de medios suficientes, se transformará más adelante en impuesto obligatorio, y único, para los musulmanes. Los no convertidos —sólo se acepta como tales en el Islam a los cristianos y judíos— pagarían además del impuesto personal un tributo territorial. Otra de las fuentes de ingresos del Islam procede del botín, del que se reserva la quinta parte al jefe de la comunidad, al que corresponden también las tierras conquistadas por los creyentes.

Las revelaciones hechas a Mahoma entre el 610 y el 8 de junio de 632, día en que murió, no fueron recogidas por escrito durante su vida, pero numerosos discípulos las aprendieron de memoria y cada uno escribió su propia versión, entre las que fue aceptada e impuesta como oficial, hacia el año 653, la redactada por Zayd, antiguo liberto de Mahoma. El contenido de la fe es simple: se basa en la creencia en Alá como Dios único, todopoderoso y eterno, creador y dueño de todas las cosas. La creencia en Alá va acompañada de la creencia en los profetas —de los que Mahoma es el último—, en los ángeles, en los libros sagrados —de los que el Corán es el último y el único necesario—, en la resurrección y en la predestinación. Los creyentes deben hacer la profesión de fe, recitar las plegarias cinco veces al día, pagar la limosna legal, hacer la peregrinación una vez en la vida a La Meca y ayunar durante el mes del Ramadán; otra de las obligaciones del musulmán, la guerra santa, no es aceptada por los juristas, pero será ampliamente utilizada por el poder civil, basándose en las expediciones y guerras dirigidas por Mahoma durante su estancia en Medina.

El carácter muchas veces «local» o «de circunstancias» de las revelaciones contenidas en el Corán, lo hacía insuficiente para regular las numerosas cuestiones de gobierno, administración y justicia planteadas a los musulmanes tras la muerte de Mahoma, por lo que las revelaciones del libro sagrado fueron completadas con la Sunna o conjunto de tradiciones relativas a la conducta del profeta; juntos, el Corán y la Sunna forman la ley religiosa, que está en la base del derecho, de la organización, de la vida social y de la vida económica de los musulmanes.

La aceptación de una u otra lectura del Corán o de determinados relatos de la Sunna y el modo de interpretar una y otros tienen, por tanto, una gran importancia en la historia de los musulmanes, en la que religión y política están íntimamente unidas, según veremos más adelante.

Los sucesores de Mahoma y la expansión del Islam

Entre las disposiciones coránicas, ninguna regulaba la sucesión y al morir el profeta se enfrentaron tres tendencias. Los medineses habían colaborado con Mahoma, aparte de los motivos religiosos que pudieran tener, porque lo necesitaban como arbitro en las diferencias que oponían a los clanes de la ciudad y porque esperaban que, con él triunfo de Mahoma sobre La Meca, Medina se convertiría en la ciudad más importante de

Arabia; el perdón otorgado a los habitantes de La Meca frustró sus esperanzas y la única posibilidad que les quedaba, residía en que uno de los suyos sucediera al profeta. Frente a ellos, una segunda corriente quería llevar al poder a uno de los primeros discípulos de Mahoma. Por último, Alí —primo y yerno del profeta, y uno de los primeros convertidos— alegaba sus derechos de parentesco. En esta ocasión predominó el factor religioso y fue elegido califa (sucesor del enviado de Dios) Abu Baqr, al que Mahoma había elegido para dirigir la plegaria en común.

La religión musulmana se dirigía, según hemos visto, a las poblaciones sedentarias, y sus prácticas exigían la existencia de ciudades en las que pudieran erigirse mezquitas. Los beduinos, nómadas, apoyaron a Mahoma contra La Meca, enemigo común, pero perdieron todo interés por la nueva religión desde el momento en que ésta les prohibía atacar a los creyentes, lo que constituía su medio de vida, y a la muerte del profeta se negaron a aceptar al califa y abandonaron el Islam. La primera tarea de Abu Baqr consistió en someter a los disidentes y en organizar la guerra santa dirigiéndola contra las zonas ocupadas por los no musulmanes. Durante su califato (632-634) y el de Omar (634-644) los árabes conquistaron Siria, Mesopotamia, Armenia, Irán, Egipto y Tripolitania, aprovechando el impulso guerrero de los beduinos.

La rapidez de estas conquistas, logradas a costa de Persia y Bizancio, ha llamado la atención de los historiadores, que han intentado explicarla atendiendo a factores de muy diversa índole, a veces contradictorios y no siempre bien fundamentados; entre estos factores podemos distinguir la necesidad física, el entusiasmo religioso y la división existente entre sus enemigos.

Estudios recientes han puesto de manifiesto que las relaciones entre grupos nómadas y sedentarios se desarrollan de acuerdo con el siguiente esquema: tras un período de alejamiento entre ambas comunidades, los nómadas comienzan a intervenir en la vida de los sedentarios como auxiliares o como salteadores y, tras una etapa de conflictos, como dirigentes, gracias a la superioridad física y demográfica que les da la vida nómada. Más pronto o más tarde, una parte importante de los grupos nómadas se hacen sedentarios y rechazan hacia el desierto a los que se oponen a este tipo de vida, con lo que se inicia de nuevo el proceso.

Al advenimiento de Mahoma, los beduinos se hallaban en conflicto con los mercaderes de La Meca; y serían éstos quienes dieran impulso a la guerra santa, no con fines religiosos, sino para librarse de los nómadas, cuya presencia en Arabia era incompatible con el desarrollo comercial. Junto a este interés de los mercaderes —no hay que olvidar que Abu Baqr y Omar compartían las ideas de sus conciudadanos y, además, se hallaban interesados en evitar las guerras entre creyentes— se dieron unas condiciones climáticas y políticas que facilitaron la aceptación de la guerra santa por los beduinos: entre los años 591 y 640, el Próximo Oriente padeció sequías catastróficas, que privaron a los beduinos de su medio de subsistencia habitual, el pastoreo. Los asaltos a las caravanas y los ataques a las ciudades ofrecían numerosos peligros desde el momento en que el Islam había puesto fin a la división de las tribus; frente a esta organización unitaria los beduinos carecían de unidad, fueron fácilmente sometidos por Abu Baqr y aceptaron la salida que les ofrecía el Islam como la única capaz de proporcionarles los medios de subsistencia.

Pero no todo es materialismo en estas conquistas. Con razón se ha podido decir que la guerra santa ofrece alicientes, sea cual fuere el resultado final: si es victoriosa, el creyente obtiene el boletín, y si fracasa logra el paraíso. El emperador bizantino Nicéforo Focas comprendió bien la importancia del factor religioso y quiso hacer aprobar por la Iglesia griega, aunque sin éxito, una doctrina del martirio semejante a la musulmana. Occidente, aprovechando circunstancias económicas y sociales concretas, elaboraría a fines del siglo XI su propia teoría de la guerra santa, que recibió el nombre de cruzada.

Tan influyente o más que el entusiasmo religioso sería la democratización lograda por el Islam. El hecho de que todos los creyentes fueran iguales ante Alá (y ante el califa) y de que sólo fueran distinguidos por su mayor o menor celo en servir a uno y otro, debió ser un móvil importante en las primeras campañas, en las que los combatientes ven un modo de ascenso en la escala social.

Inferiores en número y en organización militar a persas y bizantinos, los musulmanes tenían frente a éstos la enorme ventaja de su unidad. Las provincias bizantinas ocupadas se hallaban enfrentadas desde hacía tiempo a Constantinopla; y el imperio persa estaba dividido y desorganizado desde las derrotas sufridas ante los bizantinos en el año 628. Los árabes ofrecen tolerancia religiosa y disminución de las cargas fiscales y son fácilmente aceptados por la población; sólo tienen que vencer la resistencia del poder central, el cual no concede importancia a los ataques beduinos: considera que se trata de expediciones normales, en busca de botín, no de campañas de conquista. Cuando Bizancio y Persia quisieron reaccionar, era tarde.

La incorporación de las nuevas tierras al dominio musulmán fue hecha siguiendo el ejemplo de Mahoma, quien si en unos casos expulsó a los vencidos y confiscó sus tierras, en otros les permitió continuar en ellas a condición de que pagaran un tributo territorial y un impuesto personal como prueba de su dependencia respecto al Islam. En líneas generales, la suerte de estas tierras dependen del modo en que fueron incorporadas al imperio islámico; en Siria y Egipto, donde no hubo una resistencia fuerte y donde la rendición fue condicional, se respetó la situación preexistente y sólo los dominios imperiales y los pertenecientes a los propietarios fugitivos o muertos en combate fueron confiscados. Las tierras ocupadas militarmente pasaron a manos del Estado. El botín pertenecía, según el Corán, a los combatientes (cuatro quintas partes) y al califa (una quinta parte), pero pronto se modificó el sistema para evitar la pérdida de combatividad de los nómadas, si se asentaban en las tierras ocupadas, y se pagó a los guerreros un sueldo o pensión a cambio del cual el Estado recibía íntegramente las tierras conquistadas.

A la cabeza de cada provincia el califa nombró un valí, gobernador, con funciones civiles y militares, ayudado por un amil, encargado de las finanzas. En general, se mantuvo la organización anterior y continuaron los funcionarios persas o bizantinos al frente de sus puestos. El control de las provincias conquistadas se realizó mediante la creación de ciudades, simples bases militares en principio reservadas a los árabes, convertidas pronto en centros comerciales en los que se realizan los contactos entre las provincias y la ciudad de Medina, convertida en capital de Arabia por residir en ella los califas.

Conflictos político-religiosos

A la muerte de Omar fue elegido califa otro de los compañeros, Otmán (644-656), miembro del clan Omeya de La Meca; durante su mandato resurgirían las viejas rivalidades de tribu y de clan, desde el momento en que, abandonando su papel de unificador, favoreció a los habitantes de La Meca, y más concretamente a los miembros de su clan, y les confió los cargos más importantes en la administración central y provincial. En la oposición a Otmán se mezclan motivos religiosos y políticos no siempre diferenciables: por una parte, Alí y sus partidarios mantienen el derecho a la sucesión del familiar más próximo al profeta y niegan validez a la versión del Corán aceptada por el califa, al que acusan de haber suprimido los párrafos desfavorables a los omeyas y los favorables a Alí; los clanes de La Meca no favorecidos en el reparto de cargos se unen a los disconformes, y los medineses, al verse preteridos a La Meca y sobre todo al perder su ciudad el carácter de capital del Estado musulmán, resucitan la vieja rivalidad entre tribus del sur y del norte de Arabia, rivalidad que será una de las constantes de la historia musulmana.

Desde su elección, Otmán inicia una política claramente favorable a sus familiares, a los que entrega las tierras pertenecientes al Estado en las zonas conquistadas; el sistema será seguido por los demás califas para crear un núcleo de adictos a su persona y significará el fin de uno de los medios previstos por Mahoma para nivelar la sociedad; en adelante, a través del control económico sobre las tierras, se creará una aristocracia cuyos miembros sólo en teoría son iguales al resto de los creyentes.

Las donaciones y nombramientos hechos por Otmán provocaron el descontento de los musulmanes de primera hora que se veían en situación inferior a la de los omeyas, convertidos sólo después de la rendición de La Meca. Este descontento culminó en el asesinato del califa en el año 656. Como sucesor fue elegido Alí, cuya designación no fue aceptada por todos los compañeros ni por los omeyas. Los primeros, apoyados por Aixa, la viuda de Mahoma, fueron vencidos en el mismo año de la elección de Alí. Los segundos, dirigidos por Mohavia, gobernador de Siria depuesto por el califa, resistieron los ataques de Alí y eligieron como sucesor en vida de éste (la elección fue hecha en el año 657 y Alí murió en el 661) a Mohavia con el que se inicia la primera dinastía del Islam, la omeya, que gobernará el imperio desde el año 661 al 750, y se perpetuará en la Península hasta los primeros años del siglo XI.

Las guerras entre los partidarios de Alí y los omeyas dieron lugar a la creación de un nuevo grupo religioso cuya importancia política sería considerable en la historia de la Península. En el año 657 Mohavia propuso arreglar sus diferencias sin recurrir a las armas, mediante el nombramiento de árbitros. Al aceptar Alí este sistema, propio de los árabes preislámicos, el califa se sometía a la decisión de sus propios súbditos y renunciaba a la autoridad que le concedía el hecho de ser el sucesor del enviado de Dios; no actuaba como califa sino como cualquier jefe de tribu o de clan.

Su actitud fue criticada por algunos de sus partidarios que lo abandonaron (recibirían el nombre de jarichíes) y crearon un grupo disidente en política y en religión. Desacreditado el califa familiar del profeta, los jarichíes afirmaron que el mérito no lo da la raza ni el origen, sino la actitud moral y religiosa, ya que todos los musulmanes son iguales ante Alá y todos, por consiguiente, pueden aspirar a cualquier cargo sin excluir el de jefe de la comunidad islámica. Esta doctrina igualitaria será la aglutinadora de los movimientos de protesta contra el predominio árabe en todos los territorios dominados por el Islam.

La primera tarea de Mohavia consistió en reforzar la autoridad del califa frente a los movimientos disidentes y frente a los beduinos, descontentos por la supresión del botín y por el destino dado a las tierras conquistadas con su esfuerzo. La dinastía omeya tuvo que hacer frente a las sublevaciones dirigidas por los partidarios de Alí y de sus sucesores (chíies), por los disidentes de este grupo (jarichíes) y por el clan de los abasies, enemigos tradicionales de los omeyas en La Meca. A pesar de estas dificultades, los omeyas continuaron la expansión, asediaron en tres ocasiones Constantinopla, se extendieron hasta la India, ocuparon el norte de África, tras diversas campañas infructuosas, entre 695 y 708 y llegaron a la Península (711).

La labor más importante de Mohavia y de sus sucesores es de tipo organizativo: establecen en Damasco la capital del imperio, centralizan el poder en manos del califa copiando la administración bizantina y manteniendo a los funcionarios que la servían; se apoyan, para mantener esta organización, en los miembros de su clan y consiguen la adhesión de la aristocracia local (que no tarda en aceptar el Islam) manteniendo íntegramente sus propiedades y derechos.

La política dinástica de los omeyas se tradujo en el mantenimiento de las concesiones de tierras iniciadas por Otmán: las propiedades del Estado fueron entregadas, exentas de impuestos, a los familiares y adictos a la dinastía, quienes no tardaron en considerarlas de su exclusiva propiedad y en formar grandes dominios cuyos propietarios, árabes, vivían en las ciudades y dejaban el cultivo de la tierra en manos de campesinos indígenas. El incremento de estas concesiones privaba al Estado de una parte importante de sus ingresos. La pérdida fue compensada mediante el aumento de los impuestos pagados por los no musulmanes, con lo que se logró, sin pretenderlo, la conversión en masa de éstos.

Los conversos (muladíes) quedaban equiparados a los creyentes, pero la aristocracia árabe se opuso a esta igualación y mantuvo en todo momento su preeminencia social y económica al reservarse la mayor parte de las exenciones fiscales, las funciones militares importantes, el cobro de sueldos del Estado, la participación en el botín y los cargos administrativos y políticos. Bajo Abd al-Malik (685 705) el Estado se arabizó al máximo, al convertir la lengua árabe en lengua oficial y al acuñar las primeras monedas de oro (dinares) y de plata (dirhems) puramente árabes. El descontento de los musulmanes no árabes se tradujo en un apoyo masivo al clan abasí cuyo jefe, Abul-l-Abbas, destronó a los omeyas en el año 750.

Economía y sociedad islámica

La organización del imperio omeya se basa en la creación de una aristocracia árabe y en la multiplicación de las ciudades, que, además de mantener sus funciones militares, pasaron a ser centros religiosos y de gobierno controlados por esta aristocracia; con razón se ha podido decir que el Islam se ha traducido en una urbanización de las tierras conquistadas.

La economía musulmana es esencialmente monetaria, urbana y comercial. Con anterioridad a la expansión musulmana pueden distinguirse tres dominios monetarios: el occidental europeo, el bizantino y el persa.

Occidente, con un comercio deficitario, paga sus compras en oro que, por mediación de los mercaderes sirios y judíos, es acumulado en Oriente. Esta depauperación aurífera, unida a la creciente ruralización de la sociedad, explica el alejamiento de Occidente de las grandes rutas comerciales del Mediterráneo, en las que el oro es la moneda obligada, y ayuda a entender la adopción de la moneda de plata por Carlomagno y, con él, por todo Occidente, que no produce oro, tesauriza o exporta el que posee, y no lo necesita para sus limitadas y exiguas transacciones comerciales, para las que es suficiente la moneda de plata.

Bizancio, alimentado en oro por el comercio con Occidente y por la producción de las minas asiáticas y africanas, ve rarificarse ambas fuentes por la decadencia de Occidente y por la penetración en las rutas de Asia y de África de nuevos pueblos no sometidos a su autoridad; al mismo tiempo se incrementa la tesaurización en los grandes monasterios de Siria, Egipto y Constantinopla, con lo que una gran cantidad de oro pierde su función comercial. Pese a todo, Bizancio consigue mantener su moneda de oro, el nomisma, como la moneda única del comercio mediterráneo, a costa de reducir éste a la zona oriental.

En Persia abunda el oro, pero sólo tiene valor comercial la moneda de plata, la dracma, con la que domina el comercio del Medio y Extremo Oriente.

La conquista musulmana pondrá en circulación grandes cantidades de oro y plata. El oro procede del botín conquistado en Persia, Siria y Egipto, de los impuestos fijados en oro, que obligan a destesaurizar, y del establecimiento de un comercio activo o de un control político-militar sobre las zonas productoras de oro, especialmente del Sudán. La ocupación de las zonas argentíferas del mundo antiguo (la Península en Occidente y el norte de Persia en Oriente) alimenta en plata al mundo musulmán, que controla a través de sus monedas de oro y plata las dos grandes zonas comerciales.

Este incremento monetario va acompañado de un aumento de mano de obra barata (esclavos turcos, africanos y eslavos) y, como consecuencia, el mundo musulmán experimenta un auge de las ciudades y del comercio. Las ciudades aumentan su población, desarrollan el consumo y se ven obligadas a incrementar la producción artesanal y agrícola y a recurrir al comercio para su abastecimiento; los mercaderes serán el grupo social que controle la actividad económica urbana al reunir en sus manos el dominio de las materias primas, las industrias de transformación y la comercialización de los productos manufacturados, operaciones en las que obtienen altos beneficios gracias a la utilización de mano de obra servil y al mantenimiento de los salarios a un nivel inferior al de los precios.

Como industrias especializadas del mundo islámico destacan las de fabricación de tejidos de lino, lana, algodón y seda; la de tapices, trabajo de la madera, cuero, metales y marfil; industrias del vidrio y de la cerámica, fabricación de papiro, pergamino y papel... cuya producción, junto con los productos alimenticios y medicinales y al lado de los artículos llegados de China y de la India, son objeto de un activo comercio interior e internacional con Occidente, del que reciben madera para la construcción naval y, sobre todo, esclavos procedentes de Europa central y oriental.

Las ciudades musulmanas, al tiempo que centros mercantiles, son núcleos políticos, religiosos, intelectuales y artísticos, en los que conviven personas de distintos medios sociales por su riqueza, función o modo de vida, por su religión y por su raza. Entre todos destacan por su importancia social los hombres de ciencia y de religión; en este grupo de hombres de ciencia se distinguen los secretarios y mercaderes formados en las técnicas de la administración y del comercio y en las ciencias profanas que estas profesiones exigían; secretarios y mercaderes, junto con los príncipes, patrocinan las letras y actúan como mecenas de ensayistas, gramáticos y poetas junto a los que encontramos en cada ciudad traductores, matemáticos, geómetras, físicos, médicos, historiadores y geógrafos.

Desaparecido el afán igualitario del Islam, junto a la aristocracia árabe y al lado de los grandes mercaderes viven las masas populares, que manifiestan su descontento mediante motines y sublevaciones a las que corresponden movimientos similares entre la población campesina que depende económicamente de los mercaderes, quienes por medio de préstamos no devueltos se apoderan de una parte considerable de las tierras de los pequeños campesinos. Estos movimientos sociales adquieren forma religiosa al adherirse las masas a las corrientes igualitarias del Islam.

El califa es el jefe de la comunidad y en él confluyen todos los poderes, desde la dirección de los ejércitos, la organización y administración de los dominios... hasta la salvaguarda del dogma, que es su principal misión. Los poderes militares y financieros pasaron en muchos casos a los jefes del ejército que se constituyeron de esta forma en los dirigentes reales del Estado. En situaciones normales el califa delega en funcionarios especializados que se ocupan de la administración de justicia, de las finanzas, del mantenimiento del orden y de la guerra exterior.

LA EUROPA FEUDAL

Frente al mundo musulmán, que posee una economía y una sociedad diversificada, y un poder político centralizado en su conjunto o en cada uno de los reinos que lo integran, Occidente presenta una economía de predominio agrícola, un poder político fragmentado y una sociedad en la que la preeminencia, el ejercicio de la justicia y las funciones militares y políticas se confunden con la propiedad de la tierra.

Los orígenes del proceso que ha desembocado en esta situación pueden resumirse brevemente. La inseguridad de la población europea y la impotencia del poder central para garantizar la propiedad de los súbditos hicieron que se crearan o se generalizaran nuevos modos de obtener seguridad: mediante la encomendación o patrocinio, que se da en una doble vertiente: 1) búsqueda de protección por parte de los campesinos, que entregan sus tierras a un gran propietario a cambio de protección y las reciben nuevamente aunque ya no en propiedad sino en usufructo y tras comprometerse a realizar ciertos servicios; y 2) los poderosos, inseguros a su vez, para protegerse a sí mismos y a los que han confiado en ellos —sin lo cual no hubieran podido mantener su política de atracción de los campesinos— se rodean de grupos o clientelas armadas. Estos clientes aceptan la sumisión al gran propietario y la obtienen mediante su colaboración personal como guerreros, por la que reciben del señor alimentos, vestidos y, en algunos casos, tierras.

En toda Europa son visibles las consecuencias de este proceso: acumulación de la riqueza y del poder en manos de los grandes propietarios y pérdida de importancia de la monarquía. Pero mientras los reyes visigodos, más romanizados o quizá gracias al carácter electivo de la monarquía, mantuvieron la unidad del reino y, por ese mismo hecho, conservaron siempre un poder inferior al de la nobleza en conjunto, pero superior al de cada uno de los nobles, los reyes germanos de Europa, afectados por el mismo proceso de desintegración de su autoridad, vieron disminuir su fuerza aún más al considerar el reino como un patrimonio personal y dividirlo entre sus hijos.

La nueva dinastía de Pipino en el reino franco

En el reino franco, fundado en el año 486, los éxitos de Clodoveo (victorias sobre los alamanes y sobre los visigodos e incorporación de una parte de sus territorios) quedaron oscurecidos por el reparto del reino entre sus hijos; y aunque éstos lograron incorporar los dominios burgundios y extender su acción al norte de Italia y a Germania, de hecho el reino se hallaba dividido en cuatro zonas o subreinos: Austrasia, Nuestria, Borgoña y Aquitania, frecuentemente enemistados entre sí. Por medio de la guerra los reinos se unen y a través de los repartos sucesorios se separan; la nobleza adquiere en ellos una fuerza superior a la de los propios reyes, por encima de los cuales se sitúan, desde mediados del siglo VII, los mayordomos de palacio de Austrasia y Neustria, que crearon sus propias dinastías.

A partir del año 687, a pesar de mantenerse la ficción monárquica, el reino de los francos estuvo gobernado por Pipino de Heristal, mayordomo y dirigente de la nobleza austrasiana; a la muerte del mayordomo le sucedió al frente del reino su hijo Carlos Martel (714-741) y a éste su hijo Pipino, que se hizo coronar rey en el año 751 después de obligar al monarca a recluirse en un monasterio.

El cambio de dinastía tiene una gran transcendencia para la historia europea: por un lado, es la culminación del ascenso económico, político y social de los grandes propietarios-funcionarios (hecho que se repetiría a lo largo de la historia), y por otro, el cambio fue realizado con la aquiescencia del Papa, que no se limitó a dar su aprobación a un estado de hecho («valía más llamar rey al que ejercía el poder real que a quien se daba este título sin tener poder alguno» fueron sus palabras), sino que hizo que el nuevo monarca fuera ungido con los óleos sagrados. Con esta actuación el Papa Zacarías legitimaba a la nueva dinastía, pero su legitimidad ya no dependería del carácter sagrado atribuido a las familias reales germánicas desde antes de la conversión al cristianismo, sino de la intervención de la Iglesia, del papa; en definitiva, la unción representa el paso de una monarquía germánico-pagana a la realeza cristiana, como tal relacionada o sometida al pontífice de Roma.

Asediado por los lombardos y sin posibilidad de recibir ayuda de los bizantinos, el papa Esteban II solicitó la ayuda de Pipino, al que consagró de nuevo junto con sus hijos, en el mes de abril del 754, después de prohibir a los grandes de la corte franca que eligieran reyes no pertenecientes a esta familia. Los ejércitos francos penetraron en Italia, derrotaron a los lombardos y el papa recibió del monarca franco las tierras conquistadas, origen de los Estados Pontificios.

La dinastía creada por Pipino se vio reforzada por la unción eclesiástica, pero su mantenimiento fue debido a las riquezas acumuladas por los antecesores del nuevo rey y a las obtenidas en las campañas militares del monarca, que le permitieron controlar a la nobleza e incitarla a nuevas guerras de conquista. Durante su época, los antiguos dominios visigodos en la Galia, ocupados ahora por los musulmanes, fueron incorporados al reino franco, Aquitania fue sometida definitivamente y las fronteras del este fueron ampliadas con la ocupación del ducado de Baviera y de territorios alamanes.

La obra de Carlomagno

El prestigio militar de la nueva dinastía y las relaciones con Roma se acrecentaron con la subida de Carlomagno al trono franco, hecho que tuvo lugar en el año 768. Llamado en su defensa por el Papa Adriano I, Carlomagno destruyó el reino lombardo, sometió a protectorado los ducados italianos independientes y nombró rey de Italia a uno de sus hijos; sofocó una sublevación del duque de Baviera e incorporó este ducado al reino franco; conquistó Sajonia y Frisia; destruyó al pueblo avaro que amenazaba las fronteras de Baviera; mantuvo a raya a daneses y eslavos y, después de sufrir un primer fracaso ante la ciudad de Zaragoza, arrebató a los musulmanes de la Península diversas localidades y territorios situados al sur de los Pirineos.

Dueño de este inmenso imperio, Carlomagno no podía conformarse con el título ni con las funciones de rey; señor de Italia, se proclamó defensor de la Iglesia y, por extensión, jefe político y religioso de todo Occidente; como tal, fue llamado a juzgar la conducta del pontífice León III por el que se hizo coronar emperador el 25 de diciembre del año 800. Como jefe de la Iglesia, intentó restaurar los verdaderos textos de la Biblia y de la liturgia; como señor temporal se preocupó de unificar los textos legales, de ponerlos por escrito y de capacitar a quienes debían manejarlos: a los eclesiásticos y a los funcionarios reales.

La reforma carolingia, aunque necesaria e importante, no era suficiente para gobernar el imperio. Era preciso obtener la colaboración de los grandes propietarios. Para lograrla Carlomagno estableció una alianza entre el poder político y la aristocracia territorial: los grandes propietarios (laicos y eclesiásticos) se convertirán en clientes (vasallos) directos del rey; se encomendarán a él a cambio de ver reconocidos y aumentados sus privilegios con el ejercicio de cargos públicos y con la concesión de nuevas tierras. Al mismo tiempo, Carlomagno incitará a los pequeños y medianos propietarios a entrar en el vasallaje de los grandes, con lo que la autoridad real se ejerce sobre toda la población del reino, de modo directo sobre los grandes propietarios, e indirectamente —a través de éstos— sobre pequeños y medianos y sobre colonos y siervos. El mérito fundamental de este sistema político radica en la aceptación y asimilación o institucionalización de la realidad económica y social.

La fuerte personalidad de Carlomagno y el hecho, frecuentemente olvidado, de que el emperador era a la vez el mayor propietario del reino, hicieron posible que el sistema político funcionara y que, a juicio de los historiadores, existiera una autoridad pública capaz de imponerse sobre los súbditos. Pero desde el momento en que la disponibilidad de tierras por parte del rey llega a su fin, el sistema político carolingio se desorganiza y se vuelve a la situación anterior (fragmentación del poder e independencia de los grandes propietarios), agravada por la circunstancia de que la nobleza dispone ahora legalmente de unos poderes judiciales, militares y económicos que antes sólo tenía de hecho y que procurará hacer hereditarios con absoluta independencia del rey. Aunque teóricamente el rey conserva su autoridad sobre todo el reino, sin embargo en la práctica se encuentra simplemente reducido al papel de un señor más en sus dominios personales.

La desintegración del sistema carolingio

La institucionalización llevada a cabo por Carlomagno no se estabiliza, además, a causa del mantenimiento de la costumbre germánica de considerar el reino como un bien patrimonial susceptible de ser dividido entre los hijos, cada uno de los cuales, amparándose en los particularismos del conglomerado de pueblos que forman el imperio, intentará actuar con absoluta independencia. Las guerras que tienen lugar a partir de la muerte de Carlomagno favorecen la independencia de los reinos y también la de la nobleza, cuya ayuda es cada vez más necesaria para hacer frente a las guerras civiles y a los ataques de nuevos pueblos invasores: normandos o vikingos y húngaros. A fines del siglo IX, el imperio carolingio se ha escindido en dos grandes reinos: Francia y Alemania, en ninguno de los cuales reina la dinastía iniciada por Pipino; dentro de cada reino se han creado principados totalmente independientes, aunque de derecho reconozcan la supremacía del monarca.

Por otra parte, el sistema carolingio funciona sobre dos bases de valor muy desigual — y a veces antagónico—; por un lado, se basa en la relación personal entre dos hombres libres, uno de los cuales acepta una cierta subordinación respecto al primero (encomendación), y, por otro, sobre la entrega de unas tierras (beneficio o feudo) como pago de los servicios que el vasallo debe prestar al señor. En principio, la encomendación y el beneficio se establecen libremente y pueden ser anulados por cualquiera de las partes, pero de hecho ambos son vitalicios en una primera fase y los vasallos tienden a hacer hereditarios sus feudos, con lo que los carolingios, finalizada la época expansiva, carecen de tierras que ofrecer y ven cómo sus vasallos, que nada pueden esperar de ellos y que en algunos casos los superan en riqueza, les niegan la obediencia y el auxilio debidos y llegan a combatirlos sirviéndose de la fuerza militar de sus vasallos a los que pagan con una parte de las tierras y derechos recibidos del monarca.

El sistema carolingio ha fallado en la cúspide, en la vinculación de los nobles al rey, pero se ha afianzado en la base (en la encomendación de los vasallos a los nobles y en el patrocinio ejercido por éstos sobre los campesinos). La incorporación de la aristocracia territorial al sistema político carolingio se logra a través de la cesión de tierras por dos conceptos: como vasallos y como titulares de un cargo público. El vasallo posee las primeras durante su vida y las segundas mientras ejerce el cargo, pero desde fines del siglo IX desaparecen las diferencias y ambos tipos de tierras se hacen hereditarias, así como el cargo, al no disponer el rey de la fuerza necesaria para remover a los altos funcionarios y ocupar sus tierras.

Al mismo tiempo, la aristocracia ha conseguido utilizar las atribuciones del cargo en beneficio propio; el derecho de mandar, obligar y castigar, que equivale a presidir los tribunales y cobrar las multas impuestas; erigir castillos, organizar su defensa, dirigir los contingentes militares y obligar a participar en ellos a los hombres libres que viven dentro del territorio en el que ejercen el cargo; cobrar peajes y portazgos, exigir prestaciones personales, monetarias o en productos para la construcción, reparación y guarda de los castillos... Aumenta la autoridad de los grandes propietarios sobre los campesinos.

Los pequeños propietarios libres, sometidos a la autoridad absoluta de los señores-funcionarios, ven disminuir continuamente sus ingresos y terminan aceptando la protección señorial y convirtiéndose en colonos, cuya situación es equiparable a la de los antiguos esclavos a los que se ha concedido una cierta libertad jurídica y en algunos casos se ha entregado una parcela de tierra (que no podrán abandonar sin permiso del señor) a condición de que trabajen durante algunos días al año en las tierras señoriales y de que paguen el alquiler fijado al lote de tierra que cultivan directamente. A través de este proceso, la propiedad de la tierra y los derechos sobre los que la trabajan están, a fines del siglo X, en manos de la nobleza laica, a la que se une como gran propietaria la Iglesia, gracias a las donaciones de reyes y simples fieles y al vasallaje contraído por abades y obispos con Carlomagno y con sus herederos.

Feudalismo y sociedad feudal

Las causas que produjeron la desintegración del sistema carolingio provocarán, en época posterior, la decadencia de los grandes señoríos, al verse obligados los dueños a pagar a sus vasallos militares con la entrega de tierras y a confiarles cargos, como la guarda de castillos, en cuyo territorio el castellano tendrá los mismos derechos que el conde en las tierras sometidas a su jurisdicción. También esta pequeña nobleza aspira a convertir en hereditarios cargos y tierras, con lo que amenaza la supervivencia del grupo nobiliario y la suya propia puesto que, a su vez, los vasallos de inferior categoría exigen iguales derechos. Para poner freno a la desintegración del grupo militar se hace preciso regular claramente los deberes y obligaciones de cada uno, lo que se logra mediante el feudalismo, entendiendo por tal el conjunto de normas o de instituciones que fijan las relaciones entre el señor y los vasallos militares.

Actualmente, el término feudalismo tiene un significado mucho más amplio. Desde el momento en que la historia pretende ocuparse de todos los grupos humanos y desde todos los puntos de vista posibles, carece de sentido cualquier intento de limitarse al estudio desde un solo punto de vista, el institucional, de un solo grupo humano, el militar, cuya situación, además, sería incomprensible si prescindiéramos de las bases económicas y sociales que han hecho posible la situación privilegiada de este grupo.

Para evitar la confusión que derivaría de la equivocidad del término, se reserva la palabra feudalismo o feudalismo jurídico para referirse a las relaciones jurídicas dentro del grupo militar; y cuando se alude a toda la comunidad prefiere utilizarse la denominación de sociedad feudal, entendiendo por tal la que se basa en una economía de predominio agrario, con un bajo nivel de producción y de comercialización, en la que la unidad productiva de base está formada por una gran propiedad territorial rodeada dé pequeñas parcelas atendidas por campesinos que dependen económica y jurídicamente de la gran propiedad y de su dueño, al que deben prestaciones personales y a cuyo poder se hallan sometidos.

Desde el primer punto de vista, el feudalismo sólo habría existido en las zonas integradas en el imperio carolingio, es decir, en Francia, Alemania, norte de Italia y condados catalanes, y en aquellas regiones o reinos donde el sistema jurídico fue trasplantado por los antiguos francos: Inglaterra, sur de Italia, Sicilia y dominios de los cruzados en Oriente. Cronológicamente, el feudalismo quedaría reducido del siglo IX al XIV-XV, momento en el que el sistema se desorganizaría al imponerse los poderes políticos centralizados y ser sustituidas las relaciones señor-vasallo por las de rey-súbditos.

Si, en cambio, nos referimos a la sociedad feudal, ésta tiene sus orígenes en la inseguridad de los siglos IV-V y se prolonga hasta épocas modernas, es decir, hasta que la agricultura deja de ser la base y el factor casi único de la vida económica y se hace posible, para los campesinos, abandonar la tierra y librarse de las cargas que los mantenían vinculados a la tierra y al propietario. Desde este punto de vista, la sociedad feudal no es exclusiva de Occidente, ni de la época medieval; pueden hallarse sociedades con una organización similar en todas las épocas y en todos los lugares.

Limitando nuestro análisis a la sociedad feudal europea, conviene tener en cuenta que ésta no es uniforme ni tampoco son idénticas las circunstancias históricas por las que atraviesa, por lo que su evolución será distinta. Habrá zonas en las que se llegue a un feudalismo pleno en el que la situación de base (dependencia económica y jurídica de los campesinos respecto a los señores) se complete con la organización disciplinada de la aristocracia, al desaparecer el poder central, y con el reconocimiento legal de los derechos señoriales; y habrá otras en las que no todos los campesinos se hallen sometidos y obligados a reconocer la autoridad de los grandes propietarios, o en las que los derechos sobre los campesinos no sean usurpados por los señores sino concedidos por el poder central, que conserva la fuerza suficiente para imponer su autoridad. En el primer caso nos hallaremos ante una sociedad feudal en sentido estricto; en el segundo hablaremos de la existencia de señoríos o de un régimen señorial.

Resumiendo brevemente las diferencias entre feudalismo, sociedad feudal y régimen señorial, podríamos decir que el feudalismo entendido en sentido tradicional es la última etapa de una evolución cuyos primeros pasos serían la concentración de la tierra, única fuente de riqueza, en manos de una minoría que tiende a sustituir al Estado jurídica y políticamente, utilizando para ello en beneficio propio los derechos y la autoridad que le confiere su categoría de fieles-funcionarios del rey. En las zonas donde los propietarios consiguen los derechos políticos y jurídicos se origina el régimen señorial. Si éste se generaliza y llega a producirse la confusión total entre propiedad de la tierra y atribuciones jurídico-políticas, nos hallamos ante una sociedad o régimen feudal en el que la minoría dirigente organiza sus cuadros y refuerza sus derechos de todo tipo, mediante una organización especial: el feudalismo jurídico.

Éste desaparece cuando los reyes consiguen imponerse a la nobleza, pero así como no puede afirmarse que no se den las características de un régimen feudal donde no haya una organización política de este tipo, tampoco puede admitirse que su desaparición lleve consigo automáticamente la supresión de las relaciones económicas y sociales de dependencia entre campesinos y propietarios, ya que éstas preceden al sistema político, le sobreviven y pueden existir sin él.

Esta realidad ha llevado a numerosos historiadores a despreciar el factor político-jurídico y a estudiar solamente los factores económicos y sociales; pero aunque este punto de vista sea más aceptable que el del feudalismo jurídico, no es posible prescindir de este último, ya que su importancia no es desdeñable. En sus orígenes, esta superestructura se limita a dejar constancia, a reflejar una situación, pero no es algo carente de vida sino que, por el contrario, influye sobre la sociedad en el terreno económico y mental: la creación de un sistema que rige los derechos y deberes de la minoría permite a ésta acelerar el proceso de concentración de las propiedades, incrementar su poder a costa de la autoridad central y, sobre todo, constituirse como grupo social privilegiado que crea su propia mentalidad y una forma de vida específica, las cuales serán adoptadas incluso en regiones o países donde no se da el feudalismo jurídico pleno.

Coetáneamente a este proceso organizativo de la nobleza y directamente relacionado con él, la actividad militar hasta entonces abierta y obligatoria para todos los hombres libres queda reservada a los vasallos, que en adelante reciben el nombre de milites, de caballeros, integrados en un grupo social propio, la caballería. El repliegue sobre sí mismo del grupo militar se debe a la mayor complejidad del oficio de las armas (necesidad de entrenamiento constante, que aleja a quienes necesitan trabajar para sobrevivir, coste excesivo del equipo...), pero también al deseo de los caballeros de evitar la entrada de personas extrañas, sin la mentalidad y la forma de vida caballeresca, en el grupo de los privilegiados.

Organización socioeconómica

La organización de las grandes propiedades es prácticamente desconocida a excepción de algunas posesiones eclesiásticas y de los dominios de Carlomagno. En los casos conocidos la gran propiedad aparece dividida en dos partes: el dominio o reserva señorial, cultivada por siervos que son alimentados por el dueño, y las parcelas (mansos) familiares trabajadas por los colonos o encomendados, que están obligados a prestar su trabajo en la reserva durante las épocas de mayor necesidad: siembra, laboreo de la tierra y recolección. Los rendimientos son escasos por insuficiencia de la mano de obra y por lo rudimentario de los útiles de trabajo, generalmente de madera, así como por el primitivismo de las técnicas de cultivo y por la falta de abonos.

La producción de los mansos, proporcionalmente inferior a la de la reserva por cuanto se le quitan brazos en los momentos de mayor necesidad, está destinada a la alimentación de quienes los cultivan, a la obtención de simiente y al pago de los censos debidos al señor y a la Iglesia. Dado que el rendimiento oscila entre dos y tres veces lo sembrado, apenas se producen excedentes y cualquier variación climática lleva consigo la insuficiencia de las cosechas y el hambre de los cultivadores. La reserva produce para el consumo del propietario y de su familia, para el intercambio por otros artículos no obtenidos en ella y para la compra de artículos de lujo, que tienen un considerable valor social, de prestigio.

Socialmente ha desaparecido la división entre hombres libres y esclavos propia de la época anterior. La distinción por el estatuto jurídico pierde importancia ante las diferencias derivadas de la riqueza y de la función social que cada persona realiza. Los hombres se dividen en propietarios y no propietarios, con distintos grupos entre ellos; entre los primeros figuran los poderosos, miembros de las familias que ostentan cargos públicos y altos cargos eclesiásticos, y los pequeños y medianos propietarios cuyo número disminuye hasta desaparecer casi por completo en el siglo XI.

Incluso en las zonas donde el pequeño campesino ha logrado eludir el colonato, la pérdida de sus tierras, se halla sometido indirectamente al gran propietario de formas diversas: a través de la iglesia parroquial de la que el señor puede ser patrono, por la necesidad que tiene el campesino de recurrir al horno, molino o lagar señorial... En principio, cualquier persona puede construir hornos, molinos o lagares, pero el coste es elevado y su amortización exige un uso continuo que no se logra con la producción de una pequeña tierra, por lo que de hecho —y más tarde de derecho— el horno, molino y lagar son un monopolio de los señores.

Por último, el gran propietario, según hemos visto anteriormente, es casi siempre el jefe de la comunidad, de hecho o de derecho, por lo que, aparte de la dependencia de tipo privado que pueda existir, hay siempre una relación pública a través de la cual el señor exigirá a los que viven en su zona de influencia unos servicios en trabajo o en dinero para reparar castillos y fortalezas, llevar a cabo la vigilancia del territorio..., a todo lo cual se añade el derecho del señor a morar y ser alimentado en determinadas ocasiones, él y su séquito, en las viviendas de quienes residen dentro de su territorio.

Entre los no propietarios figuran los colonos y los siervos, cuya suerte tiende a equipararse, pese a que los primeros fueran en sus orígenes hombres libres y los segundos esclavos. La escasa rentabilidad del trabajo servil y las exhortaciones eclesiásticas animaron a los propietarios a conceder la libertad a los siervos, sin renunciar por ello a los beneficios que su trabajo podía proporcionar. La abundancia de tierras permitió crear en la reserva señorial nuevos mansos que fueron confiados a los siervos manumitidos. A cambio de esta libertad, el señor exigía al siervo y a su familia una serie de trabajos en la reserva y el pago de una renta, y se veía libre de la obligación de alimentar al siervo.

Tanto los siervos como los colonos o encomendados tendrán, pues, derecho al cultivo de mansos que, si en principio se diferencian por su extensión y por las prestaciones que deben al señor, progresivamente se igualan, del mismo modo que sus cultivadores, a los que puede englobarse en el grupo de los siervos adscritos a la tierra que trabajan y de la que no pueden marchar sin autorización del señor.

Las diferencias entre los no propietarios y entre éstos y los pequeños campesinos han desaparecido prácticamente, en cuanto que todos están sometidos a un señor y en cuanto que unos y otros se ven obligados a trabajar para sobrevivir; forman el grupo social de los laboratores, de los que trabajan; los propietarios, en cambio, se diferencian por la función que desempeñan: unos, los laicos, combaten; son los bellatores; otros, los clérigos, rezan; son los oratores.

BIBLIOGRAFÍA

Bloch, Marc: La sociedad feudal. — UTEHA (Evolución de la Humanidad, números 52 y 53). — México 1958. — 2 vols. (Existe edición francesa de bolsillo: París 1968.)

Bouiruche, Robert: Seigneurie et féodalité. I: Le primer age des liens d'homme á homme. — Aubier. — París 1968. — 478 págs. (Existe versión castellana: Siglo XXI Editores, Buenos Aires 1973, 348 págs.)

Cahen, Claude: Quelques problémes concernant l'expansion économique musulmane au haut Moyen Age. — En «L'Occidente e l'Islam nell'Alto Medioevo» l (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XII, Spoleto 1965), págs. 391-432.

Canard, M.: L'expansion árabe; le probléme militaire. — En «L'Occidente e l'Islam nell'Alto Medioevo» I (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XII, Spoleto 1965), págs. 37-63.

Encyclopédie de l'Islam. — Dirigida por B. Lewis y Cu. Pellat. — Leiden 1913-1942. — En curso de reedición.

Fourquin, Guy: Seigneurie et féodalité au Moyen Age. — P.U.F. (Collection SUP). — París 1970. — 245 págs.

Gabrielli, F.: Gli arabi. — Roma 1957. (Existe versión francesa: París 1963.)

Ganshof, F. L.: El feudalismo. — Prólogo y apéndice sobre Las instituciones feudales en España, por Luis García de Valdeavellano. — Editorial Ariel. — Esplugues de Llobregat 1963. — 321 págs.

Grunebaum, Gustav E. von: L'espansione dell'Islam; la struttura della nova fede. — En «L'Occidente e l'Islam nell'Alto Medioevo» I (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XII, Spoleto 1965), págs. 65-91.

Halphen, L.: Carlomagno y el imperio carolingio. — UTEHA (Evolución de la Humanidad, núm. 51). — México 1956. — 560 págs.

Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachleben. I: Personlichkeit und Nachleben, dirigido por Helmut Beumann. II: Das geistige Leben, dirigido por Bernhard Bischoff. III: Karolingische Kunst, dirigido por W. Braunfels y H. Schnit-zler. IV: Das Nachleben (en curso de publicación). — Verlag L. Schwann. — Dusseldorf 1966.

Kula, W.: Teoría económica del sistema feudale. Proposta di un modello. Torino 1970. (Edición francesa: Mouton, Paris-La Haye 1970, 173 págs. Edición castellana: Siglo XXI Editores, Buenos Aires.)

Laoust, Henri: Les schismes dans l'Islam. lntroduction á une étude de la religión musulmane. — Payot. — Paris 1965. — XIII + 466 págs.

Lombard, Maurice: L'Islam dans sa premiére grandeur (VIII-XI siécles). — Flammarion. — París 1971. — 145 págs.

Manirán, R.: L'expansion musulmane (VII-XI). — P.U.F. (Nouvelle Clio, núm. 20). — Paris 1969. — 334 págs.

Parain, Charles: Sur le féodalisme. — Paris 1970.

Planho, Xavier de: Les fondements géographiques de Uhistoire de l'Islam. — Flammarion. — Paris 1968. — 442 págs.

Rodinson, Máxime: Islam et capitalisme. — Éditions du Seuil. — Paris 1966. — 304 págs.

Rodinson, Máxime: Mahomet. — Éditions du Seuil. — Paris 1968. — 384 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: En torno a los orígenes del feudalismo. — Mendoza 1942.

Sourdel, Dominique; y Sourdel Thomine, Janine: La civilisation de l'Islam classique. — Éditions B. Arthaud. — Paris 1968. — 673 págs.

Tessier, G.: Charlemagne. — Albin Michel. — Paris 1967. — 245 págs.

Watt, W. Montgomery: Mahomet a la Mecque. — Paris 1957.

Watt, W. Montgomery: Mahomet á Medine. — Paris 1957.

Watt, W. Montgomery: Islam and Integration of Society. — London 1961.

2. LA PENINSULA, PROVINCIA DEL ISLAM

La conquista del norte de África, sin la cual no puede entenderse la de la Península, fue empresa larga y difícil. Las primeras campañas musulmanas se inician hacia el año 647, aunque se trata de simples expediciones en busca de botín y carecen de continuidad. Tras algunas campañas del mismo tipo se obtienen los primeros resultados en el año 670 con la creación de la ciudad-campamento de Cairuán, que será el punto de partida para nuevas campañas, organizadas diez años más tarde, en las que los musulmanes llegaron al Atlántico. Tampoco en esta ocasión pudieron mantenerse los árabes en el país; sólo en el año 698 ocuparían de modo definitivo la ciudad de Cartago y la costa tunecina; cuatro años después derrotaban a una coalición de beréberes; Musa ibn Nusayr llegaba de nuevo al Atlántico en los años 705-708 y afianzaba la presencia árabe en el centro y en el sur del Magreb.

La ocupación de los núcleos urbanos y de las zonas habitadas por poblaciones sedentarias ofreció relativamente pocas dificultades, pero el dominio de estas comarcas situadas en el litoral no era suficiente si no se ponía límite a los continuos ataques de los nómadas del Sahara, que ya habían obligado, en época romana, a un repliegue del limes y habían creado dificultades a los vándalos y a los bizantinos. Por la experiencia de su propia historia, los árabes conocían bien la dificultad de controlar a estas poblaciones nómadas por medios exclusivamente militares y siguieron con ellas la táctica empleada con éxito por el califa Abu Baqr con las tribus de beduinos de la península de Arabia.

Las victorias de Musa fueron seguidas de la islamización de las tribus beréberes y de su incorporación al ejército musulmán; la conquista de la Península fue la salida a la belicosidad de los nómadas, del mismo modo que la conquista de Siria permitió a los primeros califas librarse de los beduinos árabes.

Conquista de la Península

La rivalidad entre los partidarios de Rodrigo y los seguidores de los hijos de Vitiza dio a los musulmanes la oportunidad de intervenir en la Península en apoyo de los últimos. Entre los colaboradores de los musulmanes figura un personaje, el conde don Julián, señor de Ceuta, cuya intervención parece haber sido decisiva; pronto su persona se rodeó de leyendas tendentes a explicar los móviles de la ayuda a los invasores. El conocimiento de la historia del Islam puede ayudarnos a comprender el papel desempeñado por este personaje; de los relatos conservados podemos colegir que, al igual que en Siria, Egipto o Persia, los musulmanes respetaron en el norte de África los derechos y la posición privilegiada de la nobleza local que se mostró dispuesta a colaborar; entre los nobles norteafricanos figuraría Julián, quien por conveniencia propia —él era el primer interesado en alejar a los beréberes de sus dominios— o forzado por las circunstancias, pondría a disposición de los musulmanes los barcos y la experiencia naval de la población de la costa, con cuya colaboración se produjo en el año 710 el primer desembarco de reconocimiento del beréber Tarif ibn Malluk.

El éxito de esta campaña animó a Musa, gobernador del norte de África, a enviar una nueva expedición cuyo mando confió a su liberto Tariq ibn Ziyad, al que nadie opuso resistencia en los primeros momentos por hallarse Rodrigo combatiendo a los vascones. Es posible que durante el tiempo transcurrido entre el desembarco en Gibraltar, en el mes de mayo, y la llegada de Rodrigo al Sur en julio del 711, los musulmanes entraran en contacto con los partidarios de Vitiza; al iniciarse el combate, éstos abandonaron al monarca y facilitaron con su defección la victoria musulmana en la batalla de Guadalete. La indiferencia de la población y el apoyo de los judíos completaron el éxito militar; aprovechando la desorganización de las comarcas fieles a Rodrigo cuyos jefes habían muerto o huido, Tariq avanzó sobre Toledo, que capituló sin ofrecer resistencia.

Los resultados militares y económicos de la campaña, proyectada en principio para liberarse de los beréberes y obtener botín, decidieron a Musa a intervenir personalmente al frente de los árabes acantonados en África, que no se resignarían a permanecer al margen de una empresa que ofrecía tantos beneficios y tan limitados riesgos. Personalmente Musa dirigió las campañas contra Medina Sidonia, Carmona, Alcalá de Guadaira, Sevilla y Mérida, y confió a su hijo Abd al-Aziz la ocupación de Málaga, Granada y Murcia.

En la comarca toledana se unieron los ejércitos de Musa y Tariq y juntos penetraron en el valle del Ebro y más tarde en Asturias y Galicia sin encontrar en parte alguna fuertes resistencias. Tres años después de la victoria de Guadalete, los musulmanes dominaban la mayor parte de la Península y Musa y Tariq acudían a Damasco para rendir cuentas de su actuación al califa; al frente de los nuevos dominios del Islam quedaba Abd al-Aziz, que gobernaría la Península entre los años 714-716.

Los musulmanes utilizaron en la conquista el sistema que tan buenos resultados había dado en Siria, Egipto, Persia y norte de África. El peligro para los invasores sólo podía venir de las ciudades, por existir en ellas guarniciones militares formadas por las clientelas de jueces, condes y duques; por otra parte, el control de la ciudad asegura el dominio del campo. En consecuencia, los ataques musulmanes se dirigen contra los centros urbanos. Pero no todas las ciudades tuvieron que ser expugnadas: algunas quedaron desguarnecidas al acudir sus defensores en ayuda de Rodrigo y otras estaban en manos de los vitizanos, que no opusieron resistencia, en principio porque creyeron que los musulmanes se conformarían con el botín y renunciarían a permanecer en la Península, y más tarde porque era preferible salvar sus bienes, igual que había hecho antes la aristocracia de los países dominados por el Islam, y aceptar las condiciones ventajosas impuestas por los musulmanes.

De los numerosos pactos que debieron de firmarse, se ha conservado el de Teodomiro, señor de Murcia, cuyos párrafos son suficientemente ilustrativos:

«En nombre de Dios clemente y misericordioso. Escritura otorgada por Abd al-Aziz ben Musa ben Nusayr a Theodomiro ben Gobdux.

Que éste se aviene o se somete a capitular, aceptando el patronato y clientela de Alá y la clientela de su profeta (con quien Alá fausto y propicio) con la condición de que no se impondrá dominio sobre él ni sobre ninguno de los suyos; que no podrá ser cogido ni despojado de su señorío; que ellos no podrán ser muertos, ni cautivados, ni apartados unos de otros, ni de sus hijos ni de sus mujeres, ni violentados en su religión, ni quemadas sus iglesias: que no será despojado de su señorío mientras sea fiel y sincero, y cumpla lo que hemos estipulado con él: que su capitulación se extiende a siete ciudades, que son: Orihuela. Valentila, Alicante, Mula, Bigastro, Eyyo y Lorca; que no dará asilo a desertores ni a enemigos; que no intimidará a los que vivan bajo nuestra protección, ni ocultará noticias de enemigos que sepa. Que él y los suyos pagarán cada año un dinar, y cuatro modios de trigo, y cuatro de cebada, y cuatro cántaros de arrope, y cuatro de vinagre, y dos de miel, y dos de aceite; pero el siervo sólo pagará la mitad.» (Sánchez-Albornoz, La España musulmana, págs. 41-42.)

Aunque no se hayan conservado los textos de otros acuerdos, debieron ser numerosos los nobles hispanovisigodos acogidos al sistema, y entre ellos figurarían Akhila, Olmundo y Ardabasto, hijos de Vitiza, cuyos herederos sabemos que disponían de extensas propiedades incluso cien años más tarde; otros nobles preferirían la conversión al Islam y mantendrían íntegramente sus derechos, como el conde Fortún, afincado en las actuales provincias de Huesca y Navarra, cuya dinastía desempeñó un papel de primera magnitud en la historia posterior de la Península.

En los primeros momentos, los musulmanes no innovan, aceptan la organización existente y se superponen a ella: de hecho, sustituyen a los reyes visigodos y, como ellos, encontrarán dificultades para asegurar el dominio en las zonas del norte de la Península con una larga tradición de independencia y de sublevaciones contra el poder central. Los dominios visigodos en las Galias no fueron ocupados hasta el año 720, año en que el emir al-Samh logró penetrar en Narbona y acabar con la resistencia del noble visigodo Ardón, proclamado rey en estas comarcas.

Los intentos de penetrar en Aquitania fracasaron a causa de las rivalidades surgidas en el campo del Islam, pese a contar los musulmanes con la ayuda de personajes francos enemistados con Carlos Martel, quien derrotó a los árabes en la batalla de Poitiers (732). Tras esta derrota, los ataques musulmanes se dirigen contra Provenza, que logran ocupar durante algún tiempo (737-741); la guerra civil en el campo musulmán y las luchas por la herencia de Carlos Martel, por el otro, permitieron a Septimania disfrutar de diez años de paz, tras los cuales Pipino el Breve atacó la región y la incorporó a los dominios francos, en el año 759.

Limites de la conquista

Las comarcas de los Pirineos no fueron nunca ocupadas por los musulmanes, cuyo modo de vida e insuficiencia numérica hacían que se limitaran a establecer guarniciones en el llano con la finalidad de prevenir posibles ataques y de exigir el pago de tributos; el alejamiento árabe permitió el resurgir del particularismo de las poblaciones de montaña, que daría origen, años más tarde, a diversos condados. Frente a los vascos, los árabes se limitaron a sustituir con grupos beréberes a las guarniciones visigodas, del mismo modo que éstas habían ocupado el lugar de las tropas limitáneas establecidas allí por Diocleciano a fines del siglo III. Los conflictos entre árabes y beréberes, que terminaron con la derrota y abandono de las guarniciones por estos últimos, facilitaron sin duda el avance de los vascos orientales sobre el llano y la creación del reino de Pamplona, a fines del siglo VIII.

El foco principal de resistencia a los musulmanes se localiza en las montañas cantábricas y asturianas donde las tribus poco romanizadas, poco habituadas a aceptar un poder central, hallaron el refuerzo de algunos nobles visigodos que les dieron cohesión, y, en cierto modo, las unificaron. La tradición quiere que los restos del ejército visigodo se refugiaran en las montañas asturianas, donde, en el año 718 o en el 722, obtendrían la primera victoria importante, en Covadonga, sobre los musulmanes. Modernamente se tiende a reducir el papel de la nobleza visigoda y la importancia de Covadonga, que habría sido el resultado del enfrentamiento entre los montañeses asturianos, reforzados con algunos nobles entre los que se contaría Pelayo, y una patrulla musulmana de las enviadas para cobrar los impuestos o para reconocer el terreno.

Es indudable que sin la protección de las montañas y sin el desinterés de las guarniciones beréberes, más preocupadas por arrebatar a los árabes las fértiles tierras del sur que por combatir a los asturianos, éstos no hubieran podido mantenerse a pesar del éxito inicial de Covadonga, enormemente ampliado por los cronistas cristianos que quisieron hacer de esta escaramuza un éxito similar al obtenido por los musulmanes en Guadalete. La importancia histórica de Covadonga no deriva pues de la batalla en sí, sino de la utilización que posteriormente se ha hecho de ella.

Para los cronistas musulmanes, Pelayo es un «asno salvaje» acogido a la protección de las montañas con un grupo de trescientos hombres que, tras los primeros ataques, quedarían reducidos a treinta; la aspereza del terreno y la insignificancia del enemigo aconsejaron la retirada de las tropas islámicas. Para los redactores de la crónica de Alfonso III de León, de la que derivan todas las demás que se ocupan del tema, la sublevación de Pelayo habría sido un movimiento patriótico-religioso destinado a restaurar la España de los visigodos y la fe cristiana, pero esta versión responde más a la mentalidad de quienes inspiraron la crónica que a los hechos reales.

A mediados del siglo IX, los mozárabes, cristianos que permanecieron en los dominios musulmanes conservando su cultura y su religión, encontraron dificultades para continuar en las tierras islámicas y un número considerable de clérigos buscó refugio en el reino leonés, donde su preparación cultural les permitió dirigir el reino hacia una visigotización de la que Covadonga no es más que un aspecto, pero muy importante, para la historia posterior. Desde el momento en que la batalla tiene como finalidad la restauración del reino visigodo, se convierte a Pelayo y a sus sucesores (los reyes de León) en los herederos legítimos y únicos de la monarquía unificadora de la Península; el reino es uno y comprende todos los antiguos dominios visigodos, y, al mismo tiempo, es católico; estas ideas, implícitamente contenidas en la crónica de Alfonso III, han sido desarrolladas posteriormente y a ellas debe Covadonga su importancia.

Árabes y beréberes

La historia política de la Península durante los cincuenta primeros años del dominio musulmán puede centrarse alrededor de dos grandes temas: 1) la búsqueda del afianzamiento del dominio en las tierras conquistadas; y 2) las guerras entre árabes del norte y árabes del sur y de todos los árabes contra los beréberes; uno y otro tema se hallan muchas veces mezclados y será imposible exponer uno sin constantes referencias al otro.

Seguir paso a paso la historia política del Islam peninsular entre la muerte de Abd al-Aziz y el afianzamiento del omeya Abd al-Rahmán I es prácticamente imposible en una obra de estas dimensiones. Baste decir que durante estos cuarenta años (716-756) se sucedieron al frente de la Península no menos de veinte emires o gobernadores, de los cuales sólo dos lograron mantenerse en el cargo algo más de cinco años. Prescindiendo de la cronología y de los nombres de estos personajes —sólo nos referiremos a ellos cuando interese a nuestro tema— estudiaremos su actuación en las luchas entre musulmanes.

La rivalidad entre árabes del norte y del sur es anterior a la época de Mahoma y puede relacionarse con el distinto modo de vida de unos y otros: nómadas-pastores los del norte y sedentarios-agricultores-comerciantes los del sur, al menos hasta fines del siglo VI, en que pierden el control del comercio y viven exclusivamente de la agricultura. Los asaltos de los nómadas a las caravanas y a los campos de cultivo de los sedentarios serían el motivo inicial de esta rivalidad, que se mantendría gracias a los vínculos tribales árabes y a la existencia de la venganza de sangre.

En época de Mahoma, La Meca y Medina encarnaron esta rivalidad, acrecentada por el control que los mercaderes de la primera ciudad ejercen sobre los agricultores de la segunda. En años de sequía o de malas cosechas el campesino necesita recurrir al préstamo, que no siempre es posible devolver a tiempo, y en muchos casos la propiedad de la tierra pasa a manos de los prestamistas, de los mercaderes de La Meca; éstos consideran deshonroso el trabajo agrícola y dejan sus propiedades a los antiguos dueños a cambio de las cuatro quintas partes de la producción. Acogido por los medineses, Mahoma prohíbe el préstamo usurario y dignifica el trabajo campesino al repartir algunas tierras confiscadas a los judíos.

Los conflictos no desaparecen tras la conversión de todos los árabes al Islam; la rivalidad entre Medina y La Meca se mantiene con motivo de la sucesión del profeta, y los choques entre árabes del norte y del sur aumentan al generalizar Otmán y, posteriormente, los omeyas la entrega de las tierras estatales a los particulares; los jefes encargados de estos repartos y de la provisión de los cargos de gobierno favorecen a los miembros de su grupo y provoca, con ello, guerras civiles en todo el Islam.

El enfrentamiento de kalbíes o yemeníes (árabes del sur) y qaysíes (arabes del norte) en la Península es un reflejo de esta situación; alternan los emires de uno u otro grupo según la personalidad del gobernador de África que los nombra. Durante el emirato de al-Haytman ibn Ubayd (729-730) los yemeníes fueron perseguidos, pero recuperaron el poder en los años siguientes bajo la dirección de Abd al-Malik, que sería sustituido en el año 734 por el qaysí Uqba ibn al-Hachchach durante cuyo emirato se inicia la guerra contra los beréberes, que uniría momentáneamente a todos los árabes.

El origen de la sublevación beréber se halla en la desigualdad existente entre la aristocracia de origen árabe y los restantes musulmanes; teóricamente iguales, han dejado de serlo desde que los omeyas llevan a cabo una política nacionalista: reparten tierras, exentas de impuestos, entre los árabes, y compensan las pérdidas del Estado haciendo pagar a los musulmanes no árabes tributos prohibidos por el Corán; sólo los árabes son llamados a los altos cargos. El descontento de los no árabes adquirió carácter político al unirse muchos de ellos a los chiíes (partidarios de los descendientes de Alí opuestos a los omeyas). El califa Omar II, para atraerse a los nuevos musulmanes, los eximió del impuesto personal, hacia el año 719, pero la medida fue incompleta al no suprimirse el impuesto territorial.

La desigualdad entre musulmanes árabes y no árabes se transformó en dependencia de los segundos respecto a los, primeros desde el momento en que los nuevos musulmanes, para evitar el pago del tributo territorial, entregaban sus tierras y entraban en la clientela de un señor árabe, quien se las devolvía en usufructo hereditario; otros prefirieron abandonar el campo y trasladarse a las ciudades, donde las diferencias eran menores, pero en ningún caso les fueron confiados cargos importantes; el sueldo pagado a los no árabes fue siempre inferior, y en los repartos de tierras las más fértiles fueron adjudicadas a los árabes.

En el norte de África, el descontento se acentuó o adquirió un matiz político al tomar conciencia los beréberes de su situación de inferioridad gracias a la predicación de los jarichíes para quienes todos los creyentes son iguales ante Alá y, por consiguiente, tienen los mismos derechos. El jarichismo fue el vinculo de unión de las tribus beréberes, que se sublevaron contra los árabes en el año 739, dieron muerte a los árabes asentados en el norte de África y derrotaron al qaysí Uqba ibn al-Hachchach, que había acudido con refuerzos desde la Península.

En al-Andalus tomó de nuevo el mando el kalbí Abd al-Malik, contra el que se sublevaron los beréberes establecidos en las tierras del centro y del norte de la Península (menos fértiles que las del sur ocupadas por los árabes); la derrota de Abd al-Malik coincidió con la destrucción en el norte de África de un ejército enviado por el califa de Damasco; de estas tropas sólo se salvó un contingente de diez mil hombres procedentes de Siria y mandados por el qaysí Balch que logró refugiarse en Ceuta.

Bloqueado en esta plaza, pidió ayuda a Abd al-Malik quien le facilitó el traslado a la Península a condición de que combatiera a los beréberes peninsulares; la desconfianza entre los dos personajes (entre árabes del sur y del norte) sólo fue superada por la necesidad que uno tenía del otro, pero aun así Abd al-Malik y Balch exigieron garantías: el primero obtuvo rehenes y la promesa de que los sirios abandonarían la Península tan pronto como fueran derrotados los beréberes; el segundo arranco la promesa de que sus hombres serían reembarcados todos juntos, no por grupos aislados, y dejados en tierras no controladas por los beréberes norte-africanos.

Los rebeldes fueron vencidos por Balch en el 741; Abd al-Malik se negó a cumplir sus promesas y fue destituido por los sirios, contra los que se formó una coalición integrada por los kalbíes y por los restos del ejército beréber, la cual fue derrotada en el año 742. Los excesos de Balch y de su sucesor Thalaba ibn Salama quien, tras sofocar una nueva sublevación, vendió a los prisioneros kalbíes como esclavos, obligaron a intervenir al gobernador de África del Norte, de nuevo controlada por los árabes.

El nuevo emir fue el kalbí Abu-I-Jattar, quien llevó a cabo una política de apaciguamiento y equilibrio, sin renunciar por ello a favorecer a su partido; liberó a los esclavos kalbíes y beréberes y consiguió alejar de Córdoba a los sirios mediante la concesión de tierras, a cambio de las cuales se comprometían a formar parte del ejército musulmán cuando fuera preciso. El calificativo de sirios que hemos venido dando al grupo de Balch deriva de la región originaria de su jefe, pero no todos sus hombres procedían de Siria sino que formaban parte de chunds o guarniciones militares establecidas en diversos territorios del califato.

Basándose en este hecho, Abu-I-Jattar procedió a dispersarlos (lo que era absolutamente necesario si quería dominar la situación), procurando que no perdieran la cohesión militar. Los procedentes de Damasco fueron establecidos en el distrito de Elvira (Granada); los del Jordán en Reyyo (Archidona y Málaga); los de Palestina en Sidona (Medina Sidonia); los de Emesa en la región de Sevilla y Niebla; y los de Egipto, más numerosos, fueron repartidos entre el Algarve y la región de Murcia.

El acuerdo no puso fin a las diferencias: los sirios recibían tierras pero eran alejados del poder, al que volverían dirigidos por al-Sumayl ibn Halim en el año 745; este personaje fue lo suficientemente hábil como para no tomar el título de emir y dejarlo a miembros de tribus yemeníes que se avinieron a romper la coalición con los árabes del sur. Al-Sumayl hizo nombrar emir en el año 747 a Yusuf ben Abd al-Rahmán, que sería el último gobernador de la Península antes de la creación del emirato omeya (756).

El acuerdo entre al-Sumayl y Yusuf no fue duradero. En el año 750 el primero se veía nombrado gobernador de Zaragoza, es decir, alejado de Córdoba. Durante tres años, al Andalus se vio libre de la guerra civil a causa de la sequía y el hambre que asoló la Península, a consecuencia de la cual los beréberes regresaron en masa al norte de África. Pasada la tregua impuesta por el hambre, al-Sumayl fue atacado en Zaragoza (755) y sólo consiguió vencer a sus enemigos con la ayuda de un ejército qaysí del que formaban parte algunos clientes omeyas enviados por el superviviente de esta familia, por Abd al-Rahmán I.

La sustitución de los omeyas por los abasíes tuvo lugar en el año 750 con la deposición de Marwan II por Abu-I-Abbas, que contaba con el apoyo de los chiíes y, sobre todo, con el de los musulmanes no árabes. Abd al-Rahmán logró salvarse de la persecución abasí y halló apoyo para su causa en la tribu beréber de los Nafza a la que pertenecía su madre. Badr, liberto del omeya, entró en contacto con los clientes omeyas de la Península —lo eran muchos de los sirios llegados con Balch— y éstos intentaron convencer al jefe qaysí al-Sumayl para que aceptara como emir a Abd al-Rahmán. Ante la negativa del gobernador de Zaragoza, los clientes —qaysies— rompieron la alianza tribal, se unieron a los yemeníes y proclamaron emir a Abd al-Rahmán después de vencer a Yusuf y a al-Sumayl en la batalla de al-Musara (15 de mayo de 756). Con esta victoria se inicia el emirato omeya en la Península.

Orígenes del reino astur

Las guerras civiles entre musulmanes facilitaron la supervivencia del núcleo rebelde de Asturias. Poco más, aparte de su presencia en Covadonga, sabemos de Pelayo, y nada —salvo que fue muerto por un oso— de su hijo Fáfila (737-739), al que sucedió Alfonso I (739-757) en cuya persona, si hemos de creer a las crónicas, se unieron cántabros y astures por ser hijo del duque Pedro de Cantabria y estar casado con una hija de Pelayo. Alfonso I es en realidad el fundador del reino astur por haber coincidido su reinado con la gran sublevación beréber y con la sequía que asoló la Península entre los años 750 y 753.

Durante la sublevación y, definitivamente, a causa del hambre provocada por la sequía, los beréberes desguarnecieron las fortalezas, en el primer caso para combatir a los árabes y en el segundo para regresar al norte de África, y Alfonso pudo destruir las fortalezas, extender su acción hasta Galicia por el oeste y hasta el valle alto del Ebro por el este, e incorporar a su reino la población cristiana situada en la retaguardia de las guarniciones musulmanas. Es posible que en este momento se integraran en el reino astur los descendientes de los campesinos visigodos instalados en la Meseta Norte entre los años 494 y 497.

La actuación de Alfonso I tuvo dos consecuencias importantes. En primer lugar, estableció entre los musulmanes y su reino una tierra de nadie conocida históricamente con el nombre de «desierto estratégico del Duero». Aunque todavía se discute si esta zona quedó total o parcialmente despoblada, es seguro que en ella no residiría en adelante una población numerosa, y que, por esta razón, los ejércitos musulmanes en sus ataques a Asturias y Galicia procuraron evitar esta región (ya que vivían sobre el terreno) y penetraron siempre por el valle del Ebro desde donde se dirigían hacia el oeste. Los reinos o comarcas situados en el valle del Ebro serán por tanto los que tengan que hacer frente inicialmente a los ataques musulmanes; este carácter fronterizo será decisivo en la historia del reino de Pamplona y en la constitución del condado de Castilla.

En segundo lugar, la incorporación de numerosos hispanovisigodos a los dominios astures puso fin al predominio de las tribus montañesas y dio un nuevo carácter a la guerra contra el Islam. En adelante, sin que cese la guerra de los hombres de las montañas contra los del llano, se creará en el reino astur la conciencia de que con sus campañas buscan la reconstrucción, la reconquista, del destruido reino visigodo, de cuyos reyes se proclamarán sucesores los asturianos.

AL-ANDALUS, SEPARADO POLITICAMENTE DEL ISLAM

Los omeyas de Damasco y los abasíes de Bagdad, donde residirán en adelante los califas, encontraron grandes dificultades para controlar desde su residencia el imperio musulmán. En circunstancias normales, unos y otros confían el gobierno de las provincias a personas de su confianza, pero la lejanía y la dificultad de comunicaciones obligó a los gobernadores a actuar por cuenta propia en la mayoría de los casos. Fueron muchos los emires que ejercieron el cargo sin haber recibido el nombramiento califal, especialmente en épocas de guerra e inseguridad tales como las estudiadas en la Península.

Dislocado el poder central, la población preexistente al Islam impone en algunas comarcas directrices políticas contrarias a las señaladas por los califas; en otros casos son los propios árabes quienes se adhieren a los movimientos separatistas. La religión, el vínculo inicial de todos los musulmanes, los mantiene unidos, pero su fuerza es limitada y, según hemos visto, la religión pierde gran parte de su atractivo al ser pospuestas las prescripciones coránicas a los intereses del grupo árabe y de la dinastía omeya; por otra parte, aceptando el mismo texto sagrado e idénticas obligaciones religiosas, los musulmanes se han dividido en sectas, cada una de las cuales interpreta el Corán y la Sunna de modo diferente; sólo el idioma, el árabe, unifica a los musulmanes.

En estas circunstancias, no es extraño que se produzcan movimientos secesionistas que rompen la unidad del califato basándose, a veces, en interpretaciones distintas de los textos islámicos. A fines del siglo VIII se crea en el norte de África, en Marruecos, el reino idrisí con capital en Fez. El gobernador de Túnez se declara independiente en el año 800 y funda el reino aglabí con centro en Cairuán. En medio de ambos reinos se crea el rustumí, con capital en Tahart. En el otro extremo de las tierras dominadas por los musulmanes, se independizan a comienzos del siglo IX los persas del Corasán. La situación excéntrica de la Península y su falta comunicación por tierra con los restantes dominios musulmanes facilitó su independencia con anterioridad a la de los territorios mencionados, a los que habría que añadir otros muchos que no lograron consolidar sus movimientos secesionistas.

Los califas de Bagdad no renunciaron al control de la provincia disidente e intentaron recuperarla pero carentes de bases seguras en el norte de África (donde continúa la inquietud beréber) y sin una flota suficiente para invadir la Península por mar, se limitaron a enviar agentes abasíes para que, utilizando las rivalidades entre los musulmanes de al-Andalus, intentaran derrocar a la dinastía omeya y devolver la provincia a la obediencia califal.

El temor y el peligro de una recuperación abasí fueron decisivos en la historia de al-Andalus, cuyas diferencias con el Islam de Bagdad fueron acentuadas en los primeros momentos. Pero los mayores peligros para la nueva dinastía provinieron de las rebeliones de sus propios súbditos (árabes, muladíes y cristianos), de los ataques de los reinos y condados cristianos del norte, (apoyados ahora por los carolingios), de las incursiones de los vikingos escandinavos y de la presión de los reinos musulmanes del norte de África, cuyo control era necesario para evitar nuevas invasiones beréberes. Para hacer frente a esta situación, los omeyas crearon un ejército profesional integrado por esclavos comprados en Europa y por contingentes beréberes. Esclavos (o eslavos) y beréberes rivalizarán entre sí y con la aristocracia árabe y terminarán por destruir y repartirse los dominios omeyas.

Afianzamiento omeya

La victoria de al-Musara habría sido inútil si el nuevo emir no hubiera logrado someter definitivamente a Yusuf y al-Sumayl, y si no hubiera puesto fin a las disidencias entre los árabes. Para lograrlo, y hacer frente, al mismo tiempo, al peligro abasí Abd al-Rahmán reorganizó el ejército y confió el mando a personas de probada fidelidad, reclutadas entre los familiares y clientes omeyas escapados de las matanzas abasíes. Yusuf y al-Sumayl se sometieron después de haber intentado, sin éxito, el recurso a las armas y tres años más tarde (759-760) fueron asesinados. Igual suerte corrieron algunos partidarios de Yusuf sublevados en Toledo y los yemeníes descontentos de la actuación de Abd al-Rahmán quien, después de haberse apoyado en ellos, los había relegado a un segundo plano y gobernaba con la ayuda de sus familiares, convertidos, por sus cargos y riquezas, en una aristocracia superior, la quraysí.

En el año 763 tuvo lugar una sublevación coordinada por al-Alá ibn Mugit, enviado por los abasíes, al que se unieron los yemeníes, que repetirían sus intentos en los años 766 y 774. Una nueva sublevación inspirada por los abasíes y dirigida por Abd al-Rahmán ibn Yaqzán, más conocido por al-Siqlabí (El Esclavo), fue igualmente dominada por Abd al-Rahmán. La revuelta más importante fue obra de los beréberes establecidos en Andalucía e influidos por el jarichismo; su jefe, Shaqya ibn al Wahid, que se consideraba a sí mismo como descendiente del profeta, se mantuvo insumiso, utilizando la táctica de guerrillas, durante diez años (766-776) y llegó a dominar la región situada entre las cuencas del Tajo y del Guadiana, desde Santaver en Portugal hasta el castillo de Sopetrán, en la actual provincia de Guadalajara.

Sometidos yemeníes y beréberes, todavía tuvo Abd al-Rahmán que sofocar algunas conspiraciones urdidas por sus propios familiares y por su liberto Badr; las sublevaciones andaluzas impidieron al emir extender su autoridad sobre el norte de la Península, donde el reino astur fue prácticamente olvidado por los musulmanes y donde los gobernadores de Zaragoza y de Barcelona disfrutaron de absoluta libertad e independencia. En sus andanzas por la Península, al-Siqlabí intentó atraerse al gobernador de Zaragoza, Sualymán ibn al-Arabí, que se negó a secundar los planes abasíes e intentó formar, en su beneficio, una coalición de la que formarían parte los gobernadores de Barcelona, Huesca y Zaragoza.

Para hacer frente al emir cordobés, Sulaymán pidió ayuda al monarca franco, Carlomagno, y logró que éste interviniera en la Península al frente de sus tropas. Los proyectos de Sulaymán fracasaron al negarse su lugarteniente a permitir la entrada en Zaragoza de los francos. En la retirada, al paso por el desfiladero de Roncesvalles, el ejército de Carlomagno fue atacado por los vascos, que destruyeron la retaguardia del ejército carolingio y dieron muerte al duque de Bretaña Rolando, al conde palatino Anselmo y al senescal Aggiardo, que serían inmortalizados por la épica francesa en la Chanson de Roland.

A la retirada carolingia sucedió la ocupación de Zaragoza por el emir cordobés, pero los movimientos secesionistas continuaron, y en los últimos años del reinado de Abd al-Rahmán, los habitantes de Gerona entregaron la ciudad a los francos, e igual hicieron los montañeses de Urgel y Cerdaña. Unos y otros serían sometidos por Hisham I.

La introducción del rito malequí

La dureza de la represión llevada a cabo por el emir cordobés dio sus frutos durante el breve reinado de Hisham I (788-796) quien, si tuvo que hacer frente a sus hermano Suláymán y Abd Alian, no vio peligrar su autoridad en ningún momento y pudo dedicar sus esfuerzos a combatir a los cristianos del norte de la Península y a organizar el reino.

Fiel creyente, Hisham puso fin a la anarquía existente en la administración de justicia, al ordenar a los jueces que se atuvieran a las normas dadas por Malik ibn Anas. El derecho islámico se basa en el Corán y en la Sunna, pero uno y otra eran insuficientes para resolver las múltiples cuestiones que se planteaban al creyente y al juez. En los primeros tiempos, los califas, gobernadores y jueces innovaron o se atuvieron a las costumbres locales en las cuestiones no reguladas, pero el sistema dio lugar a fuertes desigualdades (una misma acción era castigada como delito en unas regiones y tolerada en otras) y pronto se produjeron los primeros intentos de unificar los criterios jurídicos, tomando siempre como base la Sunna y el Corán.

El primer intento de unificación se debe a Ibn al-Mukaffa quien, a mediados del siglo VIII, pidió al califa que adoptara una norma fija y prohibiera a los cadíes (jueces) aplicar cualquier otra, de forma que hubiera «un código único y justo»; esta sugerencia no fue aceptada por la dinastía abasí, quizás para no crearse nuevas enemistades entre los que la habían apoyado, y fueron los alfaquíes, las personas versadas en la religión (juristas-teólogos) quienes ofrecieron soluciones teóricas y quienes actuaron como consejeros de los gobernadores y jueces en los casos dudosos.

Entre estos personajes destacan pronto los de la escuela de Medina, dirigidos por Malik al que podemos calificar como tradicionalista por cuanto exigía que la práctica jurídica se basara siempre en la verdad revelada, lo que equivalía a eliminar la costumbre como fuente del Derecho; en los casos no previstos se recurriría al juicio dado en situaciones análogas, al consentimiento común de los juristas de Medina y al interés común, con lo que, en cierto modo, se superaba el rígido corsé del Corán y de la Tradición.

Esta doctrina llamada malequí, ya de por sí conservadora puesto que dejaba escaso margen al raciocinio de los jueces, ni siquiera llegó a la Península en su forma original. Las doctrinas malequíes llegaron a al-Andalus a través de la escuela de Cairuán, dos de cuyos juristas recogieron en forma sistemática los posibles casos y los resolvieron de acuerdo con las respuestas dadas por un discípulo de Malik; esta codificación fue impuesta como texto oficial y único para los juristas peninsulares.

El predominio malequí en la Península y su aceptación por Hisham I fue debido a la sencillez de su doctrina, una vez codificada, al deseo omeya de acentuar sus diferencias frente a los abasíes, a la necesidad de poner fin a las disputas entre árabes y a la existencia de un grupo de alfaquíes que supieron aprovechar hábilmente las dificultades de los soberanos frente a los súbditos: aceptados son un elemento de orden; rechazados utilizan su influencia sobre el pueblo contra los gobernantes y pueden poner en dificultades a los emires.

Las aportaciones culturales de la escuela malequí fueron reducidas, porque como afirma uno de sus máximos oponentes en el siglo XI, el poeta y filósofo Ibn Hazm, los alfaquíes se limitaron a repetir «maquinalmente la letra de los textos sin entender su sentido y sin preocuparse de entenderlo», o se dedicaron a «la casuística, pero sin recurrir a las fuentes textuales para buscar en ellas los fundamentos de sus decisiones, porque su única preocupación es mantener su prestigio y su situación social».

El relativo atraso cultural de al-Andalus respecto al Islam oriental se debe, en parte, a la influencia de la doctrina malequí. Sólo un poder político bien asentado puede hacer caso omiso de los alfaquíes y abrir las fronteras a otras corrientes religiosas o culturales; no es casualidad si únicamente en los reinados de Abd al-Rahmán II, en el siglo IX, y de Abd al-Rahmán III y al-Hakam II, en el X, se desarrolló una actividad cultural importante, a pesar de la oposición de los alfaquíes, que se opusieron tenazmente a la introducción de otras escuelas religioso-jurídicas y a las aportaciones culturales o científicas no basadas en la ciencia o en la tradición.

Sublevaciones fronterizas

Las guerras civiles árabes y las sublevaciones beréberes finalizan prácticamente durante el reinado de Abd al-Rahmán I; sus sucesores sólo tendrán que hacer frente a las ambiciones de sus propios familiares, como en los casos citados de Sulaymán y Abd Allah, rebeldes contra Hisham I y de nuevo contra al-Hakam I; pero la paz se ve turbada por motines y revueltas de carácter social entre la población del arrabal de Córdoba y entre los muladíes de las ciudades fronterizas de Mérida, Toledo y Zaragoza. Aparentemente muy distintos entre sí, los dos movimientos, el de córdoba y el de las ciudades fronterizas, tienen un denominador común: ambos son iniciados por los notables locales y llevados a sus últimas consecuencias por los hispanos convertidos al Islam, cuya posición siempre fue inferior a la de los árabes; y ambos encuentran apoyos importantes: en los alfaquíes el primero y en los cristianos del norte, los segundos.

Revueltas en Córdoba

Las sublevaciones fronterizas y las guerras contra los reinos y condados del norte obligaron a al-Hakam I (796-822) a incrementar los efectivos del ejército mercenario y, en consecuencia, los impuestos. Una conjuración organizada por los notables de Córdoba y por los alfaquíes (según los cuales estos impuestos son ilegales) fue abortarla por al emir en mayo del 805, y sus jefes condenados a muerte. La represión sólo sirvió para acentuar el descontento y el emir se vio obligado a reforzar su autoridad mediante la contratación de una guardia personal de mercenarios dirigidos por el jefe de la comunidad cristiana de Córdoba, el conde Rabí, al que además encargó del cobro de los impuestos.

La nueva ofensa, unida a la vida del emir poco acorde con las prescripciones coránicas, lanzó a los alfaquíes a una campaña de agitación entre, los habitantes del arrabal de Secunda, en Córdoba, comerciantes y artesanos, que se amotinaron en el año 818 y consiguieron cercar al emir; vencidos, los dirigentes del motín fueron ajusticiados y los demás habitantes del arrabal fueron obligados a exilarse, a excepción de los alfaquíes que fueron amnistiados para evitar nuevas dificultades. El arrabal fue convertido en campo de labranza y sus habitantes se refugiaron entre los muladíes de Toledo, opuestos al emir cordobés, fueron a repoblar la ciudad de Fez, capital del reino fundado en Marruecos por el rey Idris, y otros —no es seguro que pertenecieran al grupo de expulsados en el año 818 y cabe la posibilidad de que hubieran huido de Córdoba con ocasión de motines anteriores— llegaron por mar a Alejandría y terminarían conquistando la isla de Creta (827) donde se mantuvieron hasta la ocupación de la isla por el emperador bizantino Nicéforo Focas, en el año 961.

Para aplacar a los alfaquíes, el nuevo emir Abd al-Rahmán II (822-852) hizo condenar en los primeros años de su reinado al conde Rabí y mandó destruir el mercado de vinos de Secunda, tolerado por su padre pese a la prohibición coránica y dirigido en régimen de monopolio por un tal Hayyun. Estas medidas le valieron el apoyo de los alfaquíes quienes desde este momento retiraron su ayuda a los rebeldes, y obtuvieron del emir importantes beneficios que permitirían, años más tarde, preguntarse al poeta al-Gazal «¿Por qué no se encuentran más que alfaquíes ricos? Me gustaría saber cómo se han enriquecido».

Toledo, Mérida, Zaragoza

Desde la deserción de los beréberes, a mediados del siglo VIII, las fronteras de al-Andalus estaban protegidas desde las ciudades de Mérida, Toledo y Zaragoza, y su defensa confiada a la población muladí, que predomina en estas zonas. Las desigualdades entre viejos y nuevos musulmanes aumentaron con motivo de la política filoárabe practicada por los emires omeyas y el descontento muladí se transformó, en las ciudades de frontera, en movimientos de independencia alentados en muchas ocasiones por las autoridades locales. Estas rebeliones tuvieron carácter esporádico en Toledo y en Mérida y mantuvieron una continuidad, sólo limitada por conveniencias políticas, en la región del Ebro donde animaban la resistencia los descendientes del conde visigodo Casio, convertidos al Islam.

En Toledo se inicia la rebelión en el año 797. Para ponerle fin al-Hakam I envió a un muladí, Amrús, originario de Huesca, que hizo decapitar a los principales jefes de la revuelta en este mismo año. No por ello desistieron los toledanos, que lograron mantenerse independientes prácticamente a partir del año 811, aunque reconociendo la autoridad nominal del emir. La sublevación abierta se reanudó en el año 829 por obra de un herrero llamado Hashim, al que los cronistas musulmanes presentan como jefe de bandoleros; el apoyo prestado a Hashim por los vecinos de Toledo y de la sierra, incluyendo a los mozárabes, nos hace dudar de esta versión cuya finalidad es desprestigiar a quienes se oponen al poder central.

Hashim murió en el 831, pero los toledanos resistieron a la autoridad del emir durante otros seis años. Veinte años más tarde, los toledanos apoyan a los mozárabes de Córdoba, que desafían a la autoridad musulmana y eligen como obispo de su ciudad al campeón de los mozárabes, a Eulogio, cuyo nombramiento no fue tolerado por el emir. Para poner fin a los levantamientos de las ciudades fronterizas Abd al-Rahmán II exigió la entrega de rehenes y su traslado a Córdoba.

Semanas después de la subida al poder de Muhammad I (852-886) los toledanos se apoderaron del gobernador enviado por Córdoba, lo canjearon por los rehenes e iniciaron una nueva revuelta contra el emir; los rebeldes dirigen expediciones contra Andalucía, extienden su acción hasta Calatrava y piden ayuda al monarca astur Ordoño I, quien envió en apoyo de los sublevados un ejército dirigido por el conde Gatón del Bierzo. Toledanos y astures fueron vencidos en la batalla de Guadalcelete (854), pero el emir no pudo ocupar Toledo hasta años más tarde. Las sublevaciones se repitieron en los años 875, 886 y 888. En esta última fecha los toledanos se aliaron con algunos grupos beréberes afincados en Santaver y, más tarde, con los muladíes aragoneses de la familia de los banu Qasi y con el rey asturiano Alfonso III. Desde el 888 hasta la subida al poder de Abd al-Rahmán III (912), la ciudad gozó de plena independencia gracias a los problemas planteados a Córdoba por la rebelión de Umar ibn Hafsún.

El comienzo de las sublevaciones de Mérida es algo posterior. La primera se inicia en el año 805, se unen a ella los beréberes de Lisboa y la población cristiana de Mérida, y dura hasta el 813. Durante el emirato de Abd al-Rahmán II, beréberes, cristianos y muladíes se alzan contra Córdoba nuevamente y mantienen su actitud entre los años 828-834; los jefes de la revuelta, el beréber Mahmud y el muladí Sulaymán ibn Martín continuaron la lucha después de la rendición de la ciudad. El primero no dudó en ofrecer sus servicios al asturiano Alfonso II con cuyo apoyo siguió la lucha contra los árabes hasta el año 840, fecha en la que fue derrotado por Alfonso cuando intentaba pasar de nuevo al servicio del emir.

Una nueva sublevación iniciada en Mérida se desarrolla fundamentalmente en Badajoz y está dirigida por Ibn Marwan al-Chilliquí, sublevado contra Muhammad I en el año 868; sometido, trasladado a Córdoba e integrado en el ejército del emir consiguió huir siete años más tarde y hacerse fuerte en Alhange, a veinte kilómetros de Mérida, desde donde se trasladó a Badajoz; con la ayuda de Alfonso III derrotó a las tropas del emir (876) e hizo prisionero a su jefe Jashim que fue enviado como prisionero a Oviedo y rescatado por una suma fabulosa; un año más tarde Marwan tenía que abandonar Badajoz y refugiarse en Asturias, de donde saldría en el año 884 para establecerse de nuevo en Badajoz, donde permanecerían independientes él y sus hijos hasta el año 929.

En la frontera superior los gobernadores de Zaragoza habían disfrutado de largos períodos de independencia práctica antes de la llegada del primer omeya; en las zonas montañesas de Huesca-Navarra los banu Qasi, solos o aliados a los vascos de Pamplona, mantenían una actitud ambigua entre la sumisión y la revuelta; unos y otros intentan independizarse a la muerte de Hisham, pero tuvieron que someterse, en el año 802, al valí de Huesca Amrús. A la muerte de este personaje (812) los banu Qasi y los vascos de Pamplona se alían para hacer frente a la amenaza carolingia en el norte y a la cordobesa en el sur; los muladíes ayudaron a los Arista de Pamplona a ocupar la ciudad (816) y juntos vencieron a los condes francos Eblo y Aznar que pretendían recuperarla de nuevo (824).

Musa ibn Musa, jefe de los banu Quasi, mantuvo una cierta sumisión a Córdoba hasta el año 842 y llegó a participar en las campañas de Abd al-Rahmán II contra Asturias. Sus éxitos militares no le hicieron olvidar el origen muladí de su familia y, cansado de soportar a los jefes árabes, se hizo fuerte en Tudela e inició la sublevación que habría de permitirle, con el apoyo de los Arista, mantenerse independiente de Córdoba entre los años 842 y 859, aunque en ocasiones preste su colaboración al emir contra los normandos desembarcados en Sevilla o contra los reyes asturianos y los condes catalanes.

El abandono de la alianza con los vascos fue la causa de la ruina de esta familia muladí: unidos vascos y asturianos derrotaron a Musa en la batalla de Albela (859) y Musa —que se llamó a sí mismo «el tercer rey de España» (los otros dos eran el emir de Córdoba y el monarca asturiano)— murió tres años más tarde. Sus hijos Mutarrif, Fortún e Ismael se sometieron al emir, y Lope se alió al rey asturiano. A pesar de la disgregación de los dominios, ocurrida a la muerte de Musa, continuaron las sublevaciones contra Córdoba entre los años 871 y 884, siempre bajo la dirección de los banu Qasi, quienes, en realidad, se limitaron a ser los portavoces del descontento de la población; así lo demuestra el hecho de que sus vencedores en nombre del emir, los tuchibíes (de origen árabe), se declararan independientes en el año 890 y se mantuvieran en Zaragoza hasta la época de Abd al-Rahmán III.

Revueltas internas

En la historia de al-Andalus parece darse un cierto orden en las sublevaciones contra Córdoba que, si nunca pudo controlar todo el territorio que le estaba sometido oficialmente, al menos pudo mantener una apariencia de autoridad gracias a la falta de coordinación entre los diversos movimientos; a los enfrentamientos entre árabes sucede la guerra contra los beréberes, y cuando unos y otra terminan, a fines del siglo VIII, se inician las revueltas endémicas de los muladíes de la frontera a las que seguirá la sublevación de los conversos del interior.

La prioridad de las sublevaciones fronterizas se explica por su alejamiento de la capital, por el predominio de la población muladí y por el apoyo exterior que les proporcionan asturianos y vascos, quienes pudieron, gracias a la cortina protectora de estos movimientos, consolidar y organizar sus dominios. Pero ninguno de los reinos o condados cristianos disponía de fuerza suficiente para inquietar a los emires de Córdoba; las sublevaciones fueron fácilmente reducidas hasta que, en la segunda mitad del siglo IX, los omeyas tuvieron que tolerar las insumisiones fronterizas y las audacias cristianas para hacer frente a los muladíes andaluces, cuyas revueltas pusieron en peligro la supervivencia del emirato cordobés.

Los éxitos de emeritenses y toledanos animan a la revuelta a los muladíes de las montañas andaluzas, pero sus movimientos carecen de cohesión, se originan generalmente como protesta contra el pago de impuestos y son fácilmente anulados. Dentro de estos movimientos hay que situar la acción de Umar ibn Hafsum al que las crónicas árabes describen, en el año 882, como jefe de una cuadrilla de salteadores que tienen su residencia en la fortaleza de Bobastro, en la serranía de Ronda, desde donde atacan a las poblaciones de la llanura (¿árabes?); detenido un año más tarde, fue incorporado al ejército cordobés en el que, a pesar de su habilidad militar, corrió la misma suerte que Marwan de Badajoz y Musa ibn Musa; despreciado por los jefes árabes, desertó del ejército, regresó a Bobastro y atrajo a su causa, ahora ya claramente definida: la lucha contra los árabes, a las poblaciones cercanas.

Ni Muhammad I ni sus sucesores al-Mundhir (886-888), Abd Allah (888-912) y Abd al-Rahmán III lograrían expulsarle de Bobastro; muerto en el año 917, sus hijos continuarían la lucha hasta el año 928. El «programa» de ibn Hafsum puede resumirse en las frases que, según los cronistas musulmanes, dirigía a las poblaciones muladíes: «Desde hace demasiado tiempo habéis tenido que soportar el yugo de este sultán que os toma vuestros bienes y os impone cargas aplastantes, mientras los árabes os oprimen con sus humillaciones y os tratan como esclavos. No aspiro sino a que os hagan justicia y a sacaros de la esclavitud».

Por estas mismas crónicas sabemos que los emires tenían plena conciencia del carácter de la revuelta, aun cuando se empeñaran en personalizar el conflicto y en hacer responsable único a Umar al que al-Mundhir intentó atraer a su servicio ofreciéndole una situación exactamente igual a la de cualquier jefe árabe y comprometiéndose a tratarlo «como a uno de los jefes del ejército»; estas ofertas fracasaron porque la sublevación no era una cuestión personal, sino una revuelta de carácter económico-social motivada por el exceso de impuestos cobrados a los musulmanes no árabes y por la situación de inferioridad de los muladíes.

Las primeras defecciones en el bando de Umar empezaron a notarse a fines del siglo cuando anunció su conversión al cristianismo, pues los muladíes luchaban contra la opresión económica y contra la injusticia social precisamente en nombre de la religión islámica; es posible interpretar la conversión como un intento de conseguir el apoyo de los cristianos del norte y, sobre todo, de los cristianos residentes en las ciudades andaluzas.

La rebelión de Umar se halla directamente relacionada con diversas sublevaciones muladíes en las montañas de Jaén, y a imitación suya se produjeron diversos movimientos en el sur de Portugal; pero las revueltas más importantes por su alcance y duración se produjeron en Granada y Sevilla, donde la población no árabe se enfrentó abiertamente con la aristocracia. Inicialmente, los muladíes y los cristianos de estas ciudades sirvieron de contrapeso a la aristocracia árabe y fueron fieles auxiliares del emir, pero la debilidad del emirato, a consecuencia de la revuelta de Umar y de las ciudades fronterizas, dejó el poder en manos de los árabes; contra ellos, contra sus abusos, se dirigirán ambas sublevaciones, iniciadas en el año 889 y pronto sofocadas por los árabes, que actuaron con plena independencia de Córdoba hasta comienzos del siglo X.

Mientras los árabes de Elvira (Granada), una vez derrotados los muladíes, se limitan a repartirse el territorio y a actuar cada uno independientemente en sus dominios, el conflicto sevillano, inicialmente económico, deriva en guerra entre árabes y no árabes y desemboca en la independencia de la ciudad. Muladíes y cristianos de Sevilla viven del comercio y se oponen violentamente al jefe árabe Kurayb ibn Jaldún cuando éste, aprovechando la inseguridad provocada por ibn Hafsum, intercepta el camino entre Córdoba y Sevilla y dificulta las relaciones comerciales y políticas entre ambas ciudades.

Muladíes y cristianos, en defensa de sus intereses, aparecen aquí como aliados del emir a cuya autoridad se opone Kurayb apoyado por los árabes de Sevilla; necesitado de la colaboración de los árabes o temeroso de una posible alianza de los muladíes con los hombres de Umar, Abd Allah no apoyó a sus partidarios sevillanos e hizo condenar, por haber dado muerte a un árabe, al jefe militar de los muladíes, Galib; con ello facilitó el triunfo de Kurayb (895) y la independencia de Sevilla bajo el control de los banu Jaldún y de los banu Hachchach. Pronto surgieron las desavenencias entre ambas familias, y tras cuatro años de luchas se impuso Ibrahim ibn Hachchach, quien creó en la ciudad una corte a imitación de la cordobesa.

La república de Pechina

Mérida, Toledo, Zaragoza, Granada, Sevilla y las regiones montañesas de Córdoba y Jaén no fueron las únicas que escaparon al control de Córdoba durante la época de Abd Allah; a ellas hay que añadir la región de Almería, donde surgió una república de navegantes y mercaderes cuyos orígenes se relacionan con el conflicto muladí de Granada. Las relaciones comerciales de al-Andalús con el imperio árabe fueron mantenidas por mediación de los marinos de la costa andaluza. Originariamente transportistas, estos marinos se convirtieron pronto en mercaderes y controlaron el comercio y la producción del norte de África. Grupos numerosos de mercaderes se trasladaban anualmente a África donde invernaban y traficaban con las tribus beréberes; en primavera regresaban a la Península.

Uno de estos grupos, procedente de Pechina, llegó a establecer una colonia permanente en la ciudad norteafricana de Tenes, en el año 875, y su éxito fue tal que obligó a modificar la organización de la ciudad de Pechina. Concebida como centro marítimo-comercial y militar, su territorio se hallaba dividido entre marinos y soldados árabes instalados por Abd al-Rahmán II para hacer frente a posibles desembarcos normandos. Desaparecido el peligro militar e incrementadas las relaciones comerciales con el norte de África, la ciudad amplió la zona comercial, a costa del territorio cedido a los árabes. Por otra parte, aislada de Córdoba por las sublevaciones, Pechina no podía contar ni con el apoyo político del emir ni con los productos manufacturados de al-Andalus; en consecuencia, se organizó de forma independiente, se convirtió en una república de marineros y creó su propia industria de artículos destinados a la exportación.

La expulsión de los árabes y la esperanza de obtener un fuerte botín decidieron a los árabes granadinos a atacar la población en los años 869 y 890. En la primera ocasión, los árabes se conformaron con los regalos ofrecidos por los habitantes de Pechina; en la segunda, la llegada de una flota del conde Suñer de Ampurias hizo creer a los granadinos que la ciudad recibía ayuda por mar, y se retiraron sin atacarla. En adelante, esta confederación o república de marinos se mantuvo independiente de Córdoba, que mal podía atacarla por tierra sin controlar las montañas, y peor aún por mar sin antes tener el control de Sevilla, el otro gran centro comercial y marinero de al-Andalus. Mientras la sublevación de Umar ibn Hafsum no fuera dominada, Pechina, al igual que las demás ciudades separadas de Córdoba, no sería dominada.

Relaciones exteriores del emirato

La Península sufrió, al igual que los restantes países de Europa, los efectos de la expansión normanda: naves vikingas llegaron a la Península en el año 844, saquearon Gijón, las costas gallegas y Lisboa, y penetraron por el Guadalquivir hasta Sevilla, que fue abandonada por los musulmanes y saqueada durante cuarenta días; para reducirlos, fue preciso reunir a las tropas de la frontera norte, entre las que figuraban las dirigidas por Musa ibn Musa. Vencidos en noviembre de este año, los normandos renunciaron a penetrar en el interior de al-Andalus, aunque volvieron a saquear las costas en épocas posteriores.

Para prevenir estos ataques, Abd al-Rahmán II hizo fortificar o reconstruir los muros de las ciudades, ordenó construir atarazanas y creó una marina de guerra a la que dotó del fuego griego, es decir, de «instrumentos o máquinas para arrojar betún ardiendo»; estos preparativos permitieron, catorce años más tarde, rechazar un ataque normando sobre Sevilla.

Los éxitos militares alcanzados sobre los normandos fueron completados con el envío de embajadores, presididos por el poeta al-Gazal quien, desgraciadamente, hizo un relato excesivamente ditirámbico, no de la embajada en sí, sino de su actuación personal, en el que se mezclan hechos verídicos y descripciones legendarias, a pesar de lo cual su narración, conservada por otro poeta, Tammam ibn Alqama, puede tener interés para un mejor conocimiento de las costumbres de los normandos.

La creación de la flota omeya y, sobre todo, el equipamiento de ésta con el fuego griego quizá pueda relacionarse con el intercambio de embajadas entre los emperadores bizantinos y los emires cordobeses. Los soberanos de Constantinopla, amenazados por los abasíes, intentaron, en la primera mitad del siglo IX, crear una gran coalición occidental en la que entrarían los monarcas carolingios y los omeyas de al-Andalus; con este fin, en el año 839, el emperador Teófilo envió a Abd al-Rahmán II una embajada en la que, tras recordar los pactos entre los califas omeyas y los emperadores, se refería a la deposición de aquéllos por los abasíes y auguraba la reinstalación de la dinastía en todo el mundo islámico, para lo que ofrecía la colaboración de los ejércitos bizantinos siempre que Abd al-Rahmán II iniciara las hostilidades.

Como primer paso de esta colaboración, el emperador pedía los buenos oficios del emir ante los emigrados andaluces que habían ocupado Creta y la habían puesto bajo el dominio abasí; el emir omeya, realista, agradeció las buenas intenciones del bizantino, le expuso la dificultad de intervenir en el problema cretense, planteado por «traidores y fugitivos» que «no están ya en nuestros territorios, ni se hallan sujetos a nuestras leyes» y evitó cualquier compromiso formal, aunque aceptó enviar embajadores a Bizancio para informarse más detalladamente.

La flota organizada por Abd al-Rahmán II, aparte de cumplir sus funciones militares, resultó de gran utilidad para el desarrollo comercial de al-Andalus. La primera misión que se le encomendó fue la conquista de las Baleares, cuyos habitantes, sometidos mediante tratados, causaban graves perjuicios al comercio omeya. En el año 848, los marinos de Abd al-Rahmán II ocuparon las islas de Mallorca y Menorca, redujeron a esclavitud a una parte de los habitantes e impusieron al resto el pago de importantes cantidades, pero no se llegó a la integración plena de las islas en el reino hasta el año 903, en época del emir Abd Allah; Abd al-Rahmán II se limitó a exigir de los isleños obediencia y fidelidad a los musulmanes y el pago de los impuestos señalados tras la expedición del año 848.

Las relaciones con los reinos creados en el norte de África fueron cordiales: una flotilla andaluza colaboró con los aglabíes de Túnez en la ocupación de Sicilia; Abd al-Rahmán II rescató a un importante personaje marroquí capturado por los normandos; los reinos idrisí y rustumí se convirtieron en los principales proveedores de cereales y de mercenarios a los omeyas y en los principales clientes del comercio andaluz. A través de estas relaciones comerciales los omeyas tuvieron acceso al oro que, desde el centro de África, llegaba a las costas norteafricanas llevado por las caravanas.

Contactos con el Oriente islámico

Aceptada por los abasíes la independencia de al-Andalus, desaparecieron las razones que habían impulsado a los omeyas a destacar las diferencias de su reino respecto al califato de Bagdad. El rigorismo malequí fue temperado, durante los años de Abd al-Rahmán II y Muhammad I, con la tolerancia de las doctrinas mutazilíes y chites (o batiníes) y con la aceptación de los conocimientos científicos adquiridos por los musulmanes de Oriente en contacto con el mundo griego. La organización del reino fue copiada de la abasí, y de Oriente recibió al-Andalus, a partir del reinado de Abd al-Rahmán II, las modas literarias, musicales y culturales.

El pensamiento filosófico, rechazado por la escuela malequí andaluza, por cuanto se basaba en el raciocinio y no en las fuentes islámicas, fue introducido en la Península por los mutazilíes. Este grupo o secta islámica, muy influido por la filosofía griega, partiendo de la consideración del hombre como un ser dotado de razón, capaz de alcanzar los conocimientos necesarios para discernir entre el bien y el mal, defiende el libre albedrío, concede una mayor libertad religiosa y política al musulmán; ello equivale a negar la sumisión ciega al Corán, que sólo es aceptado tras razonarlo en un intento de compaginar la razón con la revelación.

La actuación de los mutazilíes tiene como efecto, primero un debilitamiento de la Tradición y del principio de autoridad; una y otro sólo serán aceptados cuando sean conformes a la razón, tanto en el terreno religioso como en el político, puesto que los defensores de estas doctrinas llegan a afirmar la necesidad moral de oponerse, incluso con la guerra, a los actos de los gobernantes que conculquen gravemente la justicia y el derecho. Estas doctrinas podían ser explicadas libremente sólo dentro de un Estado fuerte, seguro de sí mismo y capaz de mantener su difusión dentro de un círculo restringido. Al agravarse las sublevaciones internas y debilitarse el poder de los emires, a la muerte de Muhammad I, los omeyas no podían tolerar que estas ideas sirvieran para justificar o alentar las sublevaciones; la tolerancia desapareció y los alfaquíes iniciaron la persecución de los mutazilíes, asaltaron la casa y quemaron los libros del pensador Jalil al-Gafla. Será preciso esperar a que de nuevo exista un poder fuerte, en época de Abd al-Rahmán III, para que las doctrinas mutazilíes adquieran otra vez importancia, para que abandonen la clandestinidad a que fueron condenadas por los alfaquíes.

Más peligrosas por más populares eran las doctrinas batiníes, según las cuales el Corán podía y debía ser interpretado de forma alegórica; si por un lado estas alegorías ofrecían amplias posibilidades a la especulación filosófica, por otro dejaban el camino abierto a las interpretaciones, a las ideas personales y a los oportunismos político-religiosos. Las ideas batiníes se difundieron principalmente entre los beréberes peninsulares (se hallan en la base del imperio fatimí creado en el norte de África a comienzos del siglo X); este mismo hecho, así como la extraordinaria audiencia alcanzada entre las masas populares, decidieron a Abd al-Ramán II a intervenir y a ordenar la crucifixión del principal propagandista de las doctrinas batiníes, en el año 851.

Las ideas filosóficas penetran en al-Andalus, de modo indirecto, a través de las ciencias aprendidas de los griegos; sus cultivadores son al mismo tiempo hombres de ciencia y pensadores (filósofos-teólogos) y su influencia en la Península fue considerable durante el reinado de Abd al-Rahmán II, cuya riqueza y el deseo de emular a los califas de Bagdad atrajeron a la corte omeya a gran número de literatos, músicos y hombres de ciencia que fueron favorablemente acogidos e integrados en la aristocracia árabe. El más conocido de estos personajes es el cantor iraquí Ziryab al que el emir dotó con una renta de doscientos dinares mensuales, suma fabulosa para la época, y al que entregó tierras en propiedad; a él se debe el refinamiento de la alta sociedad musulmana en la mesa, en el vestido y en el aseo personal.

Junto a este personaje, dictador de la moda, conocemos desde mediados del siglo IX los nombres de algunos astrónomos, matemáticos y médicos de al-Andalus formados en Oriente, que contribuyeron al desarrollo cultural del Islam peninsular y, también, a su orientalización, a la creación de una nueva cultura que desplazaría a la heredada del mundo visigodo, cuyos representantes, los mozárabes, serían sustituidos en la administración del reino por personas de formación oriental.

Los súbditos cristianos

Contra lo que comúnmente se cree, los musulmanes no realizaron en ninguna de las zonas conquistadas una labor de proselitismo o de persecución de los creyentes de otras religiones, sino que toleraron la existencia y el culto público de otras creencias, a imitación de Mahoma, porque la conversión llevaba consigo, al menos teóricamente, la supresión del impuesto territorial y personal pagado por los no creyentes y porque, inferiores en número y en preparación cultural a las poblaciones sometidas, los musulmanes necesitaban su ayuda y colaboración.

La tolerancia no se ejerce sólo hacia las personas sino también hacia las instituciones; en el caso peninsular, hacia la Iglesia, cuya organización fue respetada escrupulosamente. Sin duda, algunos miembros de la jerarquía eclesiástica, partidarios de Rodrigo, abandonaron la Península o fueron removidos de sus cargos, pero la mayor parte de los obispos se acomodó a la nueva situación del mismo modo que la nobleza laica y permaneció al frente de sus diócesis.

Con el paso del tiempo, la nobleza rural, especialmente en las zonas fronterizas, y los campesinos aceptaron el Islam, mientras que los habitantes de las ciudades conservaron el cristianismo, quizá debido a su mayor preparación, a la existencia de monasterios en los que se mantuvo vivo el sentimiento y las ideas cristianas y al hecho de que, al carecer de bienes territoriales, los ciudadanos no hallaban en la conversión al Islam las ventajas materiales concedidas a los campesinos.

Del mismo modo que los reyes visigodos habían actuado durante la época arriana como jefes políticos de la Iglesia católica, actúan los emires: su autorización es necesaria para la convocatoria de los concilios; aceptan o rechazan a los obispos elegidos en las distintas diócesis. En el plano personal, los musulmanes no dudan en utilizar los servicios de los cristianos como miembros de la guardia personal del emir, como administradores y funcionarios del reino y como recaudadores de impuestos.

La crisis del adopcionismo

La institución eclesiástica como tal y algunos cristianos a título personal pasaron, sin embargo, durante este período, por graves crisis que llevaron por un lado a la desintegración de la Iglesia visigoda y por otro, al abandono de al-Andalus por gran número de monjes. En el primer caso, la crisis fue debida a problemas políticos y provocada por los reyes asturianos y por Carlomagno; en el segundo el problema religioso fue consecuencia de la orientación de la Península, de los cambios culturales ocurridos en la primera mitad del siglo IX en al-Andalus.

Al centralismo político de los dominios musulmanes corresponde una organización similar (al igual que la primera, heredada del mundo visigodo) en el campo eclesiástico; del mismo modo que el emir es el jefe supremo en todo el territorio peninsular, el metropolitano de Toledo es el jefe indiscutido de la cristiandad hispánica. El primer interesado en mantener esta organización es el emir, quien, a través del metropolitano, puede ejercer alguna influencia en comarcas donde su autoridad no es respetada; el apoyo o el buen entendimiento con la jerarquía eclesiástica es fundamental para el poder político durante toda la Edad Media.

Conscientes de las limitaciones de su autoridad mientras no tengan en sus manos el control de los eclesiásticos, los reyes asturianos y el monarca franco intentarán romper la unidad de la Iglesia peninsular y crear su propia organización, en el caso asturiano, o someter a los eclesiásticos peninsulares a la disciplina de la Iglesia franca, en el caso carolingio. En definitiva, se trata de reforzar el sistema político con una organización eclesiástica estrechamente vinculada a él y cuyos límites de actuación coincidan exactamente.

Aunque políticamente interese a asturianos y carolingios separar de la obediencia toledana las tierras controladas por ellos, para realizar su proyecto necesitan un motivo religioso; éste se presenta en el momento en que la Iglesia controlada por Toledo acepta las teorías adopcionistas según las cuales Jesucristo era hijo adoptivo de Dios en cuanto a la naturaleza humana, mientras que la ortodoxia afirmaba que Cristo era hijo único y propio de Dios Padre en cuanto a la naturaleza humana y en cuanto a la divina.

Tradicionalmente se admitía que el iniciador de la doctrina adopcionista había sido Elipando de Toledo, al que habrían seguido los obispos establecidos en al-Andalus y el obispo Félix de Urgel, cuya sede oscilaba entre el dominio carolingio y el musulmán, desde que Carlomagno inició la conquista de esta zona, hacia el año 778. Los últimos estudios sobre el tema tienden a considerar a Félix como el iniciador de la doctrina: monje en la comarca urgelitana, Félix habría llegado al adopcionismo en un intento de explicar y de hacer comprender a los musulmanes y a los cristianos islamizados el dogma de la Trinidad. La fama de Félix le llevaría al obispado hacia el año 782 y desde el nuevo cargo siguió propagando su doctrina que fue aceptada pronto por los obispos mozárabes en el concilio de Sevilla (784).

Fuera Elipando o Félix el iniciador, pronto hallaron la réplica apasionada del presbítero Beato de Liébana y del obispo Eterio de Osma residentes en Asturias. La oposición no es sólo dogmática sino también política: durante estos años reina en Asturias el usurpador Mauregato (783-788) partidario de la colaboración con al-Andalus y, consiguientemente, con Elipando de Toledo; a él se oponen la viuda del rey Silo, Adosinda, y su sobrino Alfonso II apoyados por Beato y Eterio y en estrecha colaboración con Carlomagno. Con el triunfo político de Alfonso II se romperían las relaciones con al-Andalus, el antiadopcionismo sería doctrina oficial y la Iglesia asturiana abandonaría su dependencia respecto a la Iglesia primada.

En Urgel, la reacción fue más tardía, pero Félix, sin duda el gran propagandista del adopcionismo, fue condenado y obligado a retractarse en el concilio de Ratisbona convocado por Carlomagno (792). Los obispos mozárabes reunidos un año más tarde se dirigieron a sus compañeros de la Galia, Aquitania y Austrasia y al propio emperador para refutar las teorías de Beato de Liébana y protestar contra la persecución de que era víctima Félix, quien se había visto obligado a refugiarse entre los musulmanes. La respuesta de Carlomagno fue condenar de nuevo al obispo en el concilio de Francfurt (794), pero la condena sólo fue efectiva cinco años más tarde cuando Félix fue detenido y obligado a acudir al concilio de Aquisgrán (799), que lo condenó a permanecer en Lyon hasta su muerte.

Monjes y obispos francos evangelizaron la comarca urgelitana, completando de este modo la anexión política lograda por los ejércitos carolingios.

Empeoramiento de la situación de los mozárabes

La tolerancia musulmana hacia los cristianos disminuye a comienzos del siglo IX debido, entre otras causas, al odio suscitado por la actuación del conde Rabí. En una situación como la planteada en Córdoba tras el motín del Arrabal, resultaba fácil trasladar el odio hacia una persona a la comunidad de la que formaba parte. Quizás el deseo de evitar el enfrentamiento de las comunidades religiosas influyó en el ánimo de Abd al-Rahmán II para mandar ejecutar al conde cristiano; con su acción se atraía a los alfaquíes y a la comunidad islámica y no corría el peligro de enfrentarse a los mozárabes, puesto que éstos no sentían simpatía por el conde-recaudador de impuestos y, como tal, opresor de la comunidad cristiana.

Por otro lado, sabemos que los mozárabes de las ciudades fronterizas participaron en las revueltas contra el emir; posiblemente fueron ellos quienes solicitaron la ayuda de los reyes astures e incluso de Luis el Piadoso de Francia, del que se conserva una carta, escrita en el año 826, dirigida a los mozárabes ¿de Zaragoza? en la que los exhortaba a seguir combatiendo al emir y les ofrecía ayuda militar o refugio en sus dominios. La revuelta mozárabe, según el monarca franco, era debida al aumento desorbitado de los impuestos, pero aunque sus causas fueran económicas la oposición de los cristianos al poder central no dejaría de crear recelos contra ellos, al menos en la capital del emirato.

Los alfaquíes, por su parte, contribuirían con su intransigencia a hacer más difícil la situación de los mozárabes. Muchos de éstos intentarían evitar la discriminación aceptando las modas, costumbres y cultura musulmana, que ofrecía además el aliciente de tener un nivel muy superior al de la anquilosada cultura visigótico-mozárabe; en menos de cien años los musulmanes han adquirido, partiendo de los conocimientos de las poblaciones sometidas, una preparación que les permite prescindir de sus antiguos auxiliares y que obliga a éstos, para sobrevivir, a renunciar a sus modos tradicionales de vida.

Los cambios experimentados aparecen claramente a través de la comparación de un texto de la primera mitad del siglo VIII y de otro de mediados del IX; según el primero, dirigido por una comunidad cristiana al califa Ornar, los musulmanes —ante el peligro de dejarse influir por los modos de vida cristianos— imponen una separación de ambas comunidades y obligan a los católicos a «no reunirnos en un lugar situado en el barrio musulmán..., no aprender el Corán ni enseñarlo a nuestros hijos..., no parecernos a los musulmanes en el vestido...»; cien años más tarde, Eulogio de Córdoba se lamenta de que «nuestros jóvenes cristianos... son ostentosos en el vestido y en el deporte, y están hambrientos del saber de los gentiles; intoxicados por la elocuencia árabe, manejan..., devoran... y discuten celosamente los libros de los caldeos y los dan a conocer alabándolos con todos los adornos de la retórica, mientras que nada saben de la belleza de la literatura eclesiástica...».

De las palabras de Eulogio pueden deducirse las dos posturas adoptadas por los mozárabes ante el empeoramiento de su situación y ante la seducción de la cultura musulmana: unos la imitan en un inconsciente, o consciente, deseo de igualarse a los musulmanes, y otros intentan reafirmar su personalidad acentuando los rasgos diferenciales, profundizando en los libros religiosos y realizando una intensa labor de proselitismo para convencer a sus correligionarios de la necesidad de mantener las costumbres, la cultura y la religión tradicional. Esta segunda corriente provocaría choques violentos entre mozárabes y musulmanes y llevaría a cierto número de los primeros al martirio.

Los primeros roces se producen al ser condenado a muerte, por insultar a Mahoma, un clérigo llamado Perfecto, en el año 850; la condena estaba prevista en las leyes y quizá no hubiera exaltado los ánimos si la ejecución no se hubiera transformado en espectáculo público con claros fines demagógicos de divertir al pueblo cordobés; la publicidad dada a la decapitación de Perfecto, ajusticiado ante los musulmanes reunidos para celebrar el fin del mes del ayuno, exaltó los ánimos de los cristianos, y algunos buscaron y hallaron el martirio al blasfemar públicamente de la religión musulmana.

El número de estos mártires nos es desconocido, pero sabemos los nombres de al menos quince personas que fueron ejecutadas entre junio y noviembre del año 851, y su número fue sin duda mayor. Abd al-Rahmán II intentó poner fin a esta situación y buscó el apoyo de los cristianos moderados cuyos argumentos, para oponerse a los mártires suicidas, nos son conocidos gracias a la obra de Eulogio de Córdoba; este clérigo fue uno de los más ardientes defensores de los mártires y no contento con «animar a algunos de ellos para la batalla» defendió la licitud y santidad de su acción frente a los que se oponían al martirio por considerarlo un suicidio voluntario.

Los mozárabes tibios, por temor a perder sus cargos o por miedo de que el misticismo cristiano diera origen a una masacre de la comunidad mozárabe, y presionados por el emir, desautorizaron a los mártires por cuanto «sin violencia, persecución, ni molestia alguna de parte de los infieles» buscaban el martirio, que en estas condiciones debía considerarse como equivalente al suicidio; y veían una prueba de sus afirmaciones en el hecho de que los «martirios no han sido confirmados por grandes maravillas (milagros)».

Eulogio y sus seguidores insistieron en la existencia de una provocación previa por parte de los musulmanes que destruían las basílicas cristianas, insultaban a los sacerdotes, permitían que éstos fueran apedreados por los niños, oprimían a los cristianos con pesados tributos, ofendían a la religión y se consideraban «contaminados y sucios sólo con acercarse a nosotros y rozarse con nuestros vestidos». La falta de milagros carecía de valor probatorio porque «ni el don de hacerlos se ha concedido a todos, ni son propios de todos los tiempos y circunstancias».

Pese a la defensa apasionada de Eulogio, el concilio reunido por el emir en Toledo (852) y presidido por el cristiano Gómez, recaudador de impuestos, prohibió a los cristianos buscar el martirio; fuerte con esta condena que le eximía de responsabilidades, el emir mandó detener a los jefes del movimiento, pero no por ello cesaron las provocaciones. La muerte repentina de Abd al-Rahmán II en este mismo año fue atribuida por los mozárabes al castigo divino y puso fin momentáneamente a la exaltación de los cristianos, cuyos jefes fueron liberados por Muhammad I.

Eulogio, tras una visita a varios monasterios navarros y a la comunidad mozárabe de Toledo, regresó a Córdoba, continuó sus predicaciones e incitó a muchos a blasfemar del Islam. Muhammad I actuó enérgicamente: ordenó ejecutar a los blasfemos, destruyó el monasterio de Tábanos, refugio y centro de los provocadores, y, decidido a terminar con el movimiento, detuvo a Eulogio, al que los insumisos toledanos habían elegido como metropolitano, y lo hizo ejecutar en el año 859. Con su muerte, finalizó la exaltación mística que había puesto en peligro la convivencia de cristianos y musulmanes.

Tras estos brotes de violencia, la actitud de los alfaquíes se endureció y, en adelante, los funcionarios cristianos de la corte del emir fueron obligados a convertirse al Islam o a renunciar a sus cargos. Por el lado cristiano, las predicaciones de Eulogio dieron lugar a la aparición de una mentalidad patriótico-religiosa; en su justificación de los mártires achaca a los pecados de los cristianos la decadencia de la cristiandad hispánica y la caída del reino godo, ideas que, recogidas por los monjes mozárabes huidos de Córdoba y refugiados en el reino astur, serán utilizadas en el relato cristiano de la batalla de Covadonga, que se convierte de este modo, ciento cincuenta años después, en la revancha tomada por los mozárabes de las persecuciones sufridas en territorio musulmán; si los pecados fueron la causa de la derrota católico-visigoda e indirectamente de los sufrimientos de los mozárabes, la esperanza de Pelayo en Cristo hará que «España sea salvada y reparado el ejército de los godos».

Los emires omeyas y los núcleos cristianos

La necesidad de pacificar sus propios dominios no fue obstáculo para que el primer omeya atacara al rey asturiano Fruela I, que había continuado el desmantelamiento de las guarniciones abandonadas por los beréberes en el valle del Duero; los sucesores de Fruela, Aurelio, Silo, Mauregato y Vermudo, cuyos reinados van del año 768 al 791, mantuvieron una política de amistad y sumisión hacia los musulmanes, los cuales no volverían a molestar al reino asturiano hasta la época de Hisham I, durante cuyo reinado Asturias fue atacada prácticamente todos los años, con suerte diversa.

Tras haber sido derrotado por Alfonso II en Lutos (794) el general Abd al-Karim se apoderó de Astorga y llegó hasta Oviedo, capital del reino (795), aunque se limitó a devastar la comarca sin intentar en ningún momento proceder a su ocupación. Las tropas de Hisham atacaron igualmente el enclave carolingio de Gerona, saquearon los alrededores de Narbona y derrotaron al duque Guillermo de Toulouse en las proximidades de Villedaigne en el año 793.

En época de al-Hakan I las expediciones contra los núcleos cristianos fueron escasas y dirigidas casi siempre contra los vascos de Pamplona y de Álava; en el oeste, Alfonso II podía reorganizar sus dominios y repoblar las tierras incorporadas por Alfonso I y Fruela; y en los Pirineos, los carolingios lograban establecerse en Aragón, Pallars, Urgel y Barcelona.

Con Abd al-Rahmán II los cordobeses intervienen de nuevo en el reino asturiano y en las comarcas catalanas, a las que envían expediciones de castigo que se repiten a lo largo de los años 823-828; el objetivo en el primer caso es la zona alavesa y castellana así como el norte del actual Portugal, para evitar el contacto entre los asturianos y los muladíes y mozárabes de Mérida, Toledo, y del valle del Ebro. En Cataluña, los musulmanes intervinieron en apoyo de los nobles visigodos sublevados contra los francos (826-828), pero no pudieron impedir que Bernardo de Septimania siguiera al frente de los condados de Barcelona-Narbona.

A esta primera etapa sigue un período de paz que se prolonga en Asturias hasta el 838 y en Cataluña hasta tres años más tarde; las razones de estas treguas hay que buscarlas en las sublevaciones muladíes mencionadas anteriormente y en la necesidad de concentrar los esfuerzos bélicos de Córdoba en este frente interior. El apoyo dado por Alfonso II a los emeritenses y el asilo concedido al rebelde Mahmud darían origen a nuevas expediciones contra el reino asturiano, en una de las cuales los cordobeses ocuparon y destruyeron la ciudad de León, repoblada poco antes. Los musulmanes aprovecharon las discordias surgidas a la muerte de Luis el Piadoso para atacar los condados catalanes (841) e intervinieron de nuevo en apoyo de los partidarios de Guillermo, hijo de Bernardo de Septimania, contra los condes nombrados por Carlos el Calvo (850).

La sublevación toledana contra Muhammad I encontró pleno apoyo en el rey asturiano Ordoño I, cuyas tropas de refuerzo fueron vencidas en la batalla de Guadacelete, cerca de Toledo (854), a la que siguieron algunas campañas dirigidas ahora por el banu Qasi Musa ibn Musa que pretendía extender sus dominios, a costa de los cristianos, hasta Álava y Barcelona. Los hijos de Musa, en su deseo de conservar la independencia lograda por su padre, mantuvieron estrechas relaciones con Ordoño I, cuyas tierras fueron atacadas por los cordobeses en los años 863 y 865.

Estas campañas fueron interrumpidas por la sublevación de Ibn Marwan de Mérida que hallaría, igual que los toledanos diez años antes, el apoyo del nuevo rey de Asturias, Alfonso III, a quien se debe la extensión del reino hasta Oporto (868) y Coimbra (878). Los éxitos cristianos en la zona portuguesa fueron acompañados de importantes avances por Castilla, donde Alfonso III ocupó las plazas de Deza y Atienza y derrotó a los musulmanes en la batalla de Polvoraria (878).

La sublevación de Umar ibn Hafsum, iniciada cuatro años antes, absorbería todas las energías cordobesas y Alfonso III podría mantenerse sin dificultades en el reino asturiano; tampoco los condados pirenaicos sufrieron demasiadas molestias durante este período si exceptuamos las campañas dirigidas hacia el año 860 contra Pamplona. En Cataluña la lucha estuvo dirigida por los banu Qasi, deseosos de reagrupar los dominios de Musa; sería un nieto de éste, Muhammad ibn Lope, quien pondría fin a la vida del conde de Barcelona Vifredo el Velloso en el año 897.

BIBLIOGRAFÍA

Abadal i de Vinyals, Ramón d': Deis visigots als catalans. I: La Hispánia visigótica i la Catalunya carolíngia. II: La formacio de la Catalunya independent. — Edicions 62. — Barcelona 1969-1970. — 2 vols., 503 y 439 págs.

Cruz Hernández, Miguel: La filosofía árabe. — Publicaciones de la Revista de Occidente. — Madrid 1963. — 422 págs.

Cruz Hernández, Miguel: Filosofía hispano-musulmana. — Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. — Madrid 1957. — 2 vols., 422 y 388 págs.

Codera, F.: Estudios críticos sobre la historia árabe española. — Zaragoza 1903-1917.

Colbert, Edward P.: The Martyrs of Córdoba (850-859). A Study of the Sources. — The Catholic University of America Press. — Washington 1962. — XII + 491 págs.

Díaz y Díaz, Manuel C: Estudios sobre la antigua literatura relacionada con Santiago el Mayor. — «Compostellanum» (Santiago de Compostela), XI (1966) págs. 457-502.

Dozy, R: Histoire des musulmans d'Espagne jusqu'á la conquéte de l'Andalousie par les almorávides. — Leiden 1932. — 3 vols.

Estudios sobre la monarquía asturiana. — Instituto de Estudios Asturianos. — Oviedo 1949. — 276 págs.

Grassotti, Hilda: Los mozárabes en el norte cristiano como proyección de la cultura hispanogoda. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), núm. 33-34 (1961), págs. 336-344.

Huíci Miranda, Ambrosio: Historia musulmana de Valencia y su región. — Valencia 1970.

Hussayn Mones: La división político-administrativa de la España musulmana. — «Revista del Instituto de Estudios Islámicos» (Madrid), V (1957) págs. 79-135.

Imamuddin, S. M.: Some Aspects of the Socio-economic and Cultural History of Muslim Spain, 711-142 A. D. — E. J. Brill...— Leiden 1965.

Imamuddin, S. M.: A Political History of Muslim Spain. — Dacca 1961.

La Granja, Fernando de: La Marca Superior en la obra de Al-Udri. — «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VII (1967), págs. 447-545.

Las Cagigas, Isidoro de: Los mozárabes. — C.S.I.C. — Madrid 1947. — 2 vols.

Lévi-Provenqal, E.: España musulmana hasta la caída del califato de Córdoba (711-1031). — Traducción e introducción por Emilio Garcia Gómez. — Tomo IV de la Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal. — Editorial Espasa-Calpe. — Madrid 1950. — XLIV + 524 págs.

Lévi-Provencal, E.: España musulmana hasta la caída del califato de Córdoba (711-1301). Instituciones y vida social. — Traducción e introducción por Emilio García Gómez. — Tomo V de la Historia de España dirigida por Ramón Me-nendez Pidal. — Editorial Espasa-Calpe. — Madrid 1957. — XXIV + 838 págs.

Lévi-Provençal, E.: La civilización árabe en España. — Editorial Espasa-Calpe (Colección Austral, núm. 1161). — Buenos Aires 21953. — 147 págs.

López Ortíz, J.: Derecho musulmán: — Madrid-Barcelona 1932.

López Ortiz, J.: La recepción de la escuela malequí en España. — «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), VII (1930), págs. 1-169.

Makki, Mahmud Ali: Ensayo sobre las aportaciones orientales en la España musulmana y su influencia en la formación de la cultura hispano-árabe. — Publicaciones del Instituto de Estudios Islámicos. — Madrid 1968. — X + 340 págs.

Menéndez Pidal, Gonzalo: Mozárabes y asturianos en la cultura de la alta Edad Media. — «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXXXIV (1954), págs. 137-291.

Millas Vallicrosa, J. M.: La conquista musulmana de la región pirenaica. — «Pirineos» (Zaragoza), II (1946), págs. 53-67.

La reconquista española y la repoblación del país. — C.S.I.C. — Zaragoza 1951. — 268 págs.

Riu Riu, Manuel: Revisión del problema adopcionista en la diócesis de Urgel. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona),I (1964), págs. 77-96.

Sánchez-Albornoz, Claudio: En torno a los orígenes del feudalismo. — Mendoza 1942.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Investigaciones sobre historiografía hispana medieval (siglos VII al XII). — Universidad de Buenos Aires. Instituto de Historia de España. — Buenos Aires 1967. — 418 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: La España musulmana, según los autores islamitas y cristianos medievales. — Editorial El Ateneo. — Buenos Aires 1960. — 2 vols., 397 y 503 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: El Islam de España y el Occidente. — En «L'Occidente e l'Islam nell'alto medioevo» I (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi su Alto Medioevo, XII, Spoleto 1965), págs. 149-389.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Miscelánea de estudios históricos. — C.S.I.C. — León 1970. — 548 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Orígenes de la nación española. Estudios críticos sobre la historia del reino de Asturias. — Tomo I. — Instituto de Estudios Asturianos. — Oviedo 1972. — CL + 504 págs.

Simonet, F. F.: Historia de los mozárabes de España. — Madrid 1897-1903.

Terrase, Henri: Islam d'Espagne. Une rencontre de l'Orient et de l'Occident. — Plon. — París 1958. — III + 299 págs.

Vernet, Juan: La ciencia en el Islam y Occidente. — En «L'Occidente e l'Islam nell'alto medioevo» II (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi suH'Alto Medioevo, XII, Spoleto 1965), págs. 535-572.

Vernet, Juan: Literatura árabe. — Editorial Labor. — Barcelona 1966. — 264 pág.

Watt, W. Montgomery: Historia de la España islámica. — Con la colaboración de P. Cachia. — Alianza Editorial (El libro de bolsillo, núm. 244). — Madrid 1970. — 216 págs.

3. LOS REINOS CRISTIANOS Y CONDADOS DEL NORTE DE LA PENINSULA

La ocupación del reino visigodo por los musulmanes coincide en el tiempo con la política unificadora emprendida al norte de los Pirineos por los carolingios; ambos poderes se enfrentarán en un amplio campo de batalla que se extiende desde Navarra hasta Cataluña. El triunfo corresponderá a los carolingios gracias a su mayor cohesión interna, pero éstos tendrán que limitar su actividad a los Pirineos orientales; incluso en esta zona hallarán fuertes resistencias en la población indígena acostumbrada a formas sociales distintas de las impuestas por los carolingios, quienes no podrán evitar la secesión de estas comarcas.

Más a occidente, en la alta montaña, las tribus que habían resistido con éxito a romanos y visigodos se oponen por igual a musulmanes y carolingios y, apoyándose en unos contra los otros, logran mantener su independencia y crear el condado de Aragón y el reino de Pamplona. En el oeste, favorecido por las sublevaciones fronterizas y por las guerras civiles musulmanas, el reino asturiano amplía sus fronteras y llega hasta el Duero.

La intervención carolingia

La expansión iniciada en época de Carlos Martel y continuada por su hijo Pipino el Breve encuentra dificultades en el reino de Aquitania y en Provenza, que sólo fueron ocupadas en los años 759 (Provenza-Septimania) y 760-768 (Aquitania). Las poblaciones de una y otra comarca no aceptaron de buen grado el dominio franco y su proximidad a los dominios musulmanes y a las tribus independientes de los Pirineos supuso siempre un peligro que Carlomagno se apresuró a conjurar llevando su acción más al sur. Las campañas del 778, terminadas con la trágica derrota de Roncesvalles, son un claro intento de someter a los vascos de Pamplona; serán éstos los que ataquen la retaguardia franca y consigan alejar a los carolingios de los Pirineos orientales durante treinta años.

Unidos a los banu Qasi del valle del Ebro, los pamploneses mantendrán su independencia, frente a Córdoba y frente a Aquisgrán, hasta que Amrús, valí de Huesca, ponga fin a la autonomía de los muladíes en el año 806. Pamplona, aislada, acepta la presencia franca para protegerse de los ataques cordobeses, pero sólo hasta que sus aliados naturales, los banu Qasi, logran sacudirse la tutela omeya y ayudan a los vascos a expulsar a los condes francos, en el año 824.

La desastrosa campaña del 778 tuvo una compensación en los movimientos independentistas iniciados en Gerona y Urgel-Cerdaña, cuyos habitantes buscaron la alianza con los francos contra los musulmanes y aceptaron la autoridad carolingia en el año 785. Si Abd al-Rahmán I, ocupado en pacificar sus dominios, no pudo intervenir, no ocurrió lo mismo con Hisham I, que recuperó las comarcas sublevadas (793) y saqueó los territorios francos situados entre Narbona y Toulouse. El peligro musulmán era demasiado evidente y Carlomagno no permaneció inactivo; la presión militar sobre Urgel fue acompañada de la renovación eclesiástica, tras la deposición del adopcionista Félix de Urgel, en el año 798.

Simultáneamente a los avances sobre Urgel, los carolingios ocupan Aragón, Pallars-Ribagorza, Vic, Cardona y Pamplona; controlada la barrera pirenaica, Carlomagno intenta dominar las ciudades de Huesca, Lérida, Barcelona y Tortosa como único medio de mantener sus conquistas, pero fracasó en todas las expediciones excepto en la dirigida contra Barcelona, que fue conquistada en el 801. El gobierno de los nuevos dominios fue confiado a personajes francos o a hispanovisigodos refugiados en los dominios carolingios: el gascón Velasco en Navarra; los francos Aureolo en Aragón y Guillermo en Pallars-Ribagorza; los hispanovisigodos Borrell en Urgel-Cerdaña, y Bera en Barcelona.

Estas comarcas habían aceptado a los carolingios para liberarse de los musulmanes, pero sus dirigentes aspiran a la independencia respecto a unos y otros y pronto intentarán liberarse de la tutela franca. En Navarra, hacia el año 816-817 la familia de los Arista expulsa al gascón Velasco. A la muerte del franco Aureolo de Aragón (810) le sustituye un indígena, Aznar Galindo, que ocho años más tarde será expulsado al aliarse el condado aragonés con los Arista de Pamplona y con los banu Qasi del Ebro frente a los carolingios.

El conde Bera intentará seguir en Barcelona los pasos de navarros y aragoneses y será destituido en el año 820 por Luis el Piadoso quien, en adelante, desconfiará de la nobleza indígena y entregará el gobierno de las comarcas fronterizas a personajes francos, entre los que destacan los familiares del conde Guillermo de Toulouse, a cuya iniciativa se habían debido las campañas de conquista; junto a los hijos de Guillermo de Toulouse, que controlan los condados de Pallars-Ribagorza, Barcelona, Narbona, Rosellón y Ampurias, aparece el fiel Aznar Galindo a quien se confía el condado de Urgel-Cerdaña.

LA «MARCA HISPÁNICA»

El uso de la expresión marca hispánica por los textos del siglo IX y la posterior unión política de los condados de la zona catalana han llevado a los historiadores a creer que las tierras limítrofes a los dominios musulmanes habían sido agrupadas en una entidad administrativa y militar con mando único; según esta teoría, del mismo modo que existía el reino de Aquitania, habría existido en el imperio carolingio una marca (frontera) dirigida por un marqués cuya autoridad se extendería a todos los condados próximos a los dominios musulmanes.

Esta marca en sus orígenes habría incluido las regiones de Toulouse, Septimania y los condados catalanes. Hacia el año 817, con motivo de la división del imperio carolingio efectuada por Luis el Piadoso, se habría fragmentado en dos; al oeste habría quedado la marca tolosana (Toulouse, Carcasona y Pallars-Ribagorza) y al este la marca gótico-hispánica, que comprendería los condados de Urgel-Cerdaña, Gerona, Barcelona, Narbona, Rosellón y Ampurias. La primera tendría como capital Toulouse y la segunda Barcelona; los condes de ambas ciudades tendrían el título de duque o marqués como símbolo de sus poderes militares. La marca gótica-hispánica habría sobrevivido hasta el año 865, fecha en la que los condados de Narbona y Rosellón (situados al norte de los Pirineos) formarían la marca gótica y los demás integrarían la marca hispánica propiamente dicha.

Los estudios de Ramón d'Abadal han probado que la alocución marca hispánica corresponde a un concepto geográfico; sirve a los cronistas para designar una parte de los dominios carolingios, pero no responde a una división administrativo-militar del imperio dirigida por un jefe único; la región conocida con el nombre de marca hispánica o Regnum Hispaniae comprende los territorios conquistados a los musulmanes, territorios que se hallan divididos en condados independientes unos de otros y todos ellos formando parte del imperio; cuando una misma persona se halla al frente de varios condados recibe los títulos de duque o de marqués para indicar su fuerza, pero estos condados pueden separarse de nuevo y, de hecho se disgregan y reagrupan continuamente.

La autoridad suprema corresponde al rey, emperador desde el año 800, quien delega en los condes con autoridad sobre un territorio equivalente al atribuido a las ciudades romano-góticas. Como norma general, cada condado tiene su conde y cada conde ejerce su autoridad sobre un solo condado, pero de esta norma se exceptúan pronto los condados sitos en zonas de peligro; para lograr una mayor coordinación en la defensa del territorio se acumulan en una misma persona varios condados.

En el año 812, el condado de Tolosa con las comarcas de Pallars-Ribagorza, que carecen de tradición urbana, está dirigida por Bigón; Carcasona por Gisclafredo, Narbona por Ademar, Rosellón por Gaucelmo, Urgel-Cerdaña por Borrell, Ampurias por Ermengario, Gerona por Odilón y Barcelona por Bera. Tres años más tarde, como consecuencia de un ataque musulmán a Barcelona, los condados de Barcelona y Gerona se unen en manos de Bera, Gaucelmo gobierna Rosellón y Ampurias, y el condado de Narbona es regido por Leibulfo, que es, también, conde de Arles y, seguramente, de los condados situados entre Arles y Narbona.

La sustitución, en el año 820, del hispanovisigodo Bera por el franco Hampón (820-826) y el nombramiento posterior de Bernardo de Septimania (826-844) es indicio de un peligro mayor que el que pudieran representar los ataques musulmanes. Los condes francos, altos personajes de la corte carolingia, tienen una misión política muy concreta: poner fin a los afanes independentistas del conde de Barcelona-Gerona y de sus seguidores, que llegaron a aliarse a los musulmanes contra los carolingios, en el año 824, dirigidos por Guillemón, hijo de Bera. Sometidos los rebeldes, Bernardo de Septimania recibió, en premio a sus servicios o para facilitar una mejor defensa del territorio, el condado de Narbona, pero se trata de una unión temporal y personal que puede deshacerse por voluntad del rey o de los condes. En definitiva, existen marqueses pero no hay una marca hispánica.

Los condados catalanes dependientes

La historia política de los condados catalanes durante el siglo IX resulta ininteligible si se ignora la historia del imperio carolingio y si no se tiene en cuenta el hecho de que, dentro del imperio, cada conde (tanto hispano como franco) aspira a convertir en hereditario su cargo y las posesiones recibidas con él. Teóricamente, el emperador encarna toda la autoridad y todo el poder, gobierna por medio de asambleas anuales, a través de los administradores locales —los condes— y por mediación de los missi o delegados del rey con funciones de inspección. El centro de esta organización es, sin duda, el conde, al que se confía la administración, la justicia, la policía interior y, en caso necesario, la defensa militar del territorio; su autoridad es prácticamente absoluta, pero es delegada, depende de la voluntad del rey, y en última instancia, del poder que éste tenga.

Las guerras civiles provocadas por Luis el Piadoso al dividir el reino entre sus hijos obliga a los condes a tomar partido por unos u otros y, de acuerdo con las alternativas de la guerra, consolidan o pierden sus cargos; al mismo tiempo, cada candidato al trono se ve forzado a hacer concesiones a sus partidarios con lo que la monarquía, sea quien sea el triunfador, sale debilitada de la lucha y no puede evitar la formación de clanes y partidos cuya fuerza puede ser superior a la de los condes oficialmente nombrados por el vencedor.

La división efectuada por Luis en el año 817 entre sus hijos Lotario, Pipino y Luis el Joven quedó sin efecto al nacer, de un nuevo matrimonio, otro hijo del rey, el que más adelante sería Carlos el Calvo; el nuevo reparto provocó la sublevación de Lotario y de sus hermanos que contaron con el apoyo de Bernardo de Septimania, el cual fue destituido por el emperador en el año 832; también Gaucelmo, hermano de Bernardo, «perdió los condados de Rosellón y Ampurias, que, junto a los de Barcelona, Gerona y Narbona, fueron entregados al fiel Berenguer, conde de Pallars-Ribargoza y de Toulouse.

El nuevo conde no pudo mantener tan extensos dominios: el año 834, Galindo de Urgel-Cerdaña se apoderaba de Pallars-Ribargoza; el emperador premiaba a otro de sus fieles, Suñer, con el nombramiento de conde de Rosellón y Ampurias; y Bernardo de Septimania recuperaba, un año más tarde, los condados cedidos a Berenguer y unía a ellos el de Carcasona, en el año 840, a la muerte de su titular el conde Oliba.

Muerto Luis el Piadoso (840), Bernardo de Septimania apoyó a Luis el Joven contra sus hermanos Lotario y Carlos el Calvo, pero el tratado de Verdún (843) por el que se firmaba la paz y se dividían las tierras del imperio, no fue favorable al conde de Barcelona; la parte occidental del reino carolingio fue adjudicada a Carlos el Calvo, quien destituyó a su antiguo enemigo y confió los condados de Barcelona, Gerona y Narbona a Sunifredo, conde de Urgel-Cerdaña y hermano del conde Suñer de Ampurias y Rosellón.

Carlos el Calvo no disponía de fuerzas para hacer efectivos los nombramientos y tanto Suñer como Sunifredo fueron expulsados por los fieles de Bernardo, dirigidos ahora por su hijo Guillermo (848). Tras un período de inseguridad y anarquía, Carlos pudo recuperar estos condados, a cuyo frente puso a personajes francos, uno de los cuales, Hunfrido (858-865), logró de nuevo reunir en sus manos Barcelona, Narbona, Rosellón, Ampurias, Pallars, Ribagorza, Toulouse y Carcasona.

Hunfrido, al igual que sus antecesores (fueran éstos francos o hispanos) intentó hacer hereditarios los condados y se enfrentó abiertamente al rey, quien lo sustituyó por Bernardo de Gotia, al que nombró conde de Barcelona, Narbona y Rosellón (865-878). Tampoco este nuevo cambio puso fin a las tendencias secesionistas y el monarca se vio obligado a combatir a Bernardo, cuyos dominios fueron repartidos entre Vifredo, Mirón y Suñer II, descendientes de los condes Sunifredo y Suñer, los expulsados por Guillermo de Septimania en el año 848. Vifredo, conde de Urgel-Cerdaña desde el año 870, recibió Barcelona, Gerona y Besalú; su hermano Mirón fue nombrado conde del Rosellón y el primo de ambos, Suñer II, recuperó el condado paterno, Ampurias.

Los condes independientes

La tendencia a la hereditariedad de los cargos, visible en los intentos que realizan los hijos de Bera y de Bernardo de Septimania para recuperar las funciones paternas, se observa igualmente en la política de los monarcas carolingios, que nombran condes a los hijos de Sunifredo y Suñer, treinta años después de la muerte de éstos. La función condal lleva consigo una serie de privilegios que no se extinguen con la deposición de los titulares; éstos o sus herederos disponen de fuerzas y riquezas suficientes para inquietar al poder, y para combatir a los rebeldes el rey está forzado a basarse en las grandes familias, en las dinastías condales, con lo que, indirectamente, contribuye a acentuar este carácter hereditario.

La propensión a hacer hereditarios los cargos cristaliza a la muerte de Carlos el Calvo (877); en un período de once años se suceden al frente del reino tres monarcas, ninguno de los cuales es capaz de hacer frente al peligro normando ni a los ataques musulmanes y, en consecuencia, dejan una gran libertad a los condes. Uno de éstos, Eudes, será elegido rey en el año 888, y la ruptura de la continuidad dinástica proporcionará a los condes catalanes el pretexto necesario para afianzar su independencia de idéntica forma que los condes de Flandes, los duques de Borgoña y Aquitania, los marqueses de Toulouse...; el imperio carolingio ha desaparecido, es sólo un recuerdo al que se refieren los antiguos súbditos fechando los documentos por los años de reinado de sus monarcas.

La independencia se manifiesta en el reparto y distribución de los condados entre los hijos de los condes; los condados no son ya bienes públicos sino propiedades del conde que, del mismo modo que distribuye sus tierras alodiales, reparte los condados entre sus hijos y llega, si es preciso, a crear nuevos condados y a dividir los existentes; Vifredo, muerto en el año 897, dejará a su hijo Sunifredo el condado de Urgel, a Mirón II los de Cerdaña y Besalú, a Vifredo Borrell (Borrell I) y a Suñer, conjuntamente, los de Barcelona, Gerona y Vic. Los tres últimos se mantendrían unidos y serían el núcleo de la futura Cataluña.

Urgel pasó a manos de Borrell II de Barcelona, en el año 940, al morir sin herederos Sunifredo, pero sería separado nuevamente en el año 992, y sólo en el siglo XIII conseguiría Jaime I integrar este condado en la monarquía catalano-aragonesa. Cerdaña-Besalú, formando uno o dos condados, no se unieron al de Barcelona hasta el siglo XI, en tiempos de Ramón Berenguer III. Los condados de Ampurias y Rosellón, unidos en el año 895 en manos de Suñer II fueron separados en el 991 y mientras Ampurias conservaba su dinastía propia hasta comienzos del siglo XIV, aunque desde el siglo XI los condes dependieran del de Barcelona, Rosellón sería incorporado por Alfonso el Casto en 1172.

La historia de Pallars y Ribagorza es similar a la de los condados orientales; unidos a Toulouse hasta el año 834, fueron ocupados, aprovechando la guerra civil y la rivalidad entre Berenguer de Toulouse y Bernardo de Septimania, por el conde Galindo de Urgel-Cerdaña; tras el reparto de Verdún los condados fueron unidos nuevamente al de Toulouse (848) y no recobrarían la independencia hasta la época del conde Ramón I (872-920), quien, a su muerte, dividió sus dominios entre sus hijos Bernardo y Mirón (Ribagorza) e Isarno y Lope (Pallars). La separación de los condados se mantuvo hasta comienzos del siglo XI; poco después de su unión, ambos fueron incorporados al reino de Sancho el Mayor de Navarra, en el año 1017.

La organización eclesiástica en los condados independientes

La independencia política resulta insuficiente si no va acompañada del control de los eclesiásticos. Los reyes carolingios dieron el ejemplo al sustituir al clero adopcionista por el franco y al imponer en los monasterios de obediencia visigoda la regla benedictina. Dentro del sistema carolingio, los eclesiásticos y su organización desempeñan un papel fundamental; en su base, la sociedad se organiza alrededor de parroquias y castillos (los monasterios realizan a veces las funciones de unas y otros); cada condado tiene su obispo, que contrarresta o complementa la acción del conde.

Al lograr la independencia política, los condes catalanes intentarán, por un lado, sustraer sus territorios a la autoridad eclesiástica franca y, por otro, cada uno procurará evitar que obispos radicados en otros condados o dependientes de otro conde tengan autoridad sobre sus dominios. El primer intento de lograr la independencia eclesiástica se produce en el año 888 con la creación de un arzobispado de Urgel, del que dependerían las diócesis de Barcelona, Gerona, Vic (creada por Vifredo I) y Pallars, donde surge un nuevo obispado a petición del conde Ramón I, que no se resigna a depender eclesiásticamente ni de los carolingios ni de los restantes condes catalanes.

Esta primera tentativa fracasó a causa de la rivalidad existente entre los condes. Aunque situada en los dominios de Vifredo, la nueva sede metropolitana benefició fundamentalmente a Ramón de Pallars y a Suñer II de Ampurias; el primero obtuvo la creación de un obispado en su territorio, y el segundo logró del nuevo arzobispado la deposición del obispo de Gerona —del que dependía eclesiásticamente Ampurias— y el nombramiento para el cargo de uno de sus fieles.

La negativa de Vifredo a aceptar esta sustitución llevó al arzobispo y a los obispos creados por él a reconocer como rey a Eudes, del que obtuvieron a cambio la aprobación de lo realizado. Inseguro en sus dominios y ante el temor de un ataque franco, Vifredo reconoció a su vez al monarca y con la ayuda del arzobispo de Narbona —de él dependían las sedes emancipadas— logró la supresión del arzobispado urgelitano y la deposición del obispo gerundense.

Por su parte, Ramón de Pallars resistió todas las presiones y el obispo de Pallars, Adulfo, se mantuvo en su sede hasta el año 911, fecha en la que el arzobispo narbonense logró que desapareciera el obispado. Pocos años después los condes de Pallars y Ribagorza restablecieron la sede y nombraron para ocuparla a su hermano Atón (931), quien, en cierto modo, al ejercer su autoridad sobre los dos condados, mantuvo la unidad a pesar de la división política. Muerto Atón, el condado de Pallars entró en la órbita política de Urgel y el nuevo obispo, establecido en Roda, vio reducida su diócesis al condado de Ribagorza.

Las continuas divisiones y reagrupamientos de los condados hicieron imposible que en cada uno existiera una sede episcopal; en algunos casos el territorio de un condado perteneció eclesiásticamente a dos diócesis situadas fuera de los dominios del conde. Para evitar la posible injerencia de extraños, sólo quedaba un recurso: favorecer a los monasterios de la zona y lograr para ellos la exención, es decir, la independencia del obispado correspondiente.

A estas circunstancias debió parte de su grandeza el monasterio pirenaico de Eixalada-Cuixá. Fundado hacia el año 840 por particulares, sobrevivió gracias al apoyo de Mirón I el Viejo, conde de Rosellón, que se hizo nombrar patrono del monasterio por Carlos el Calvo y logró importantes privilegios, entre ellos una relativa independencia del obispado de Elna. La actuación del conde tenía como finalidad favorecer la repoblación y el control de la comarca; su obra fue continuada y utilizada políticamente, a mediados del siglo X, por Sunifredo II, conde de Cerdaña-Conflent, cuyos dominios formaban parte de las diócesis de Urgel y Elna, a través de las cuales podían actuar los condes de Urgel y Rosellón.

Expansión y organización de los condados

La dependencia de los condados catalanes respecto al mundo carolingio ha hecho que se preste especial atención a la crisis del imperio y a la tendencia a hacer hereditarios los cargos para explicar la progresiva desvinculación de los condes, pero ésta sería inexplicable sin la existencia del mundo islámico.

Por un lado, la presencia de los musulmanes (igual podríamos decir de los ataques normandos en el norte y en el oeste del imperio) hace que la población apoye a los condes porque ve en ellos —únicos que de hecho defienden el territorio— a sus jefes naturales por encima del rey, cuya lejanía e impotencia le resta importancia ante los súbditos.

Por otra parte, es indudable que la separación de los condados se vio facilitada por las disensiones internas de los musulmanes. La existencia de un poder fuerte al sur de los Pirineos habría obligado a los condes a mantener lazos más estrechos con el mundo carolingio para evitar ser absorbidos por los omeyas; debilitados éstos por las sublevaciones muladíes, no estaban en condiciones de atacar los condados catalanes; las divisiones entre los sucesores de Musa y los tuchibíes zaragozanos permitirían a los condes organizar sus dominios y consolidar la independencia.

En resumen, la falta de cohesión del mundo carolingio influyó en la independencia adquirida por los muladíes del Ebro, y la división del emirato omeya facilitó la autonomía de los condados catalanes; ni uno ni otro poder central se hallaban en condiciones de imponerse a sus súbditos, ni de aprovechar el aislamiento de las zonas fronterizas enemigas para atacarlas.

Gracias a las disensiones musulmanas, pudo Vifredo ocupar sin grandes dificultades la comarca de Vic, extensa tierra de nadie entre carolingios y musulmanes, y crear en ella el condado de Ausona, el obispado de Vic y los monasterios de Ripoll y Sant Joan de les Abadesses. La fundación de estos monasterios obedece al deseo de repoblar las tierras conquistadas (más adelante estudiaremos conjuntamente para toda la Península el fenómeno de la repoblación) y de situar en ellas a los hijos de Vifredo. En el primero ingresa como monje su hijo Radulfo, que aporta a Ripoll la parte que le correspondía en la herencia paterna; la primera abadesa del segundo será Emma, hija del conde.

La administración y control de los condados se realiza mediante el nombramiento de vizcondes, jueces y vasallos quienes, junto con los altos cargos eclesiásticos, forman la corte del conde, el órgano consultivo y de justicia en la administración central del condado. La administración local es dejada en manos de los vegueres, que rigen los castillos o distritos administrativos. Los tribunales de justicia, condales o de distrito, no tienen autoridad sobre los dominios de algunos monasterios ni sobre los de las sedes, que gozan de inmunidad jurídico-fiscal; otro grupo que escapa al régimen común está formado por los habitantes de algunos lugares fronterizos, como Cardona, a los que se concede, para favorecer la repoblación y defensa del territorio, exención de impuestos, excepto de los debidos a la Iglesia, reducción de los derechos de peaje, libertad para los siervos y perdón a los delincuentes, es decir, un fuero especial que coincide con el otorgado, años más tarde, en Castilla a numerosas poblaciones de frontera.

A la muerte de Vifredo (897) y tras ser restaurada la dinastía carolingia en la persona de Carlos el Simple (898), los condes catalanes reconocieron de nuevo la autoridad monárquica, pero ésta ya no fue efectiva, Vifredo Borrell, muerto en el año 912, fue el último conde de Barcelona que prestó homenaje de fidelidad a los reyes francos, para conseguir el reconocimiento oficial de los derechos heredados y, posiblemente, para buscar ayuda frente a los ataques de los musulmanes de Lérida, que habían dado muerte a Vifredo y habían obligado a evacuar la ciudad de Barcelona.

LOS NUCLEOS INDEPENDIENTES DE LOS PIRINEOS CENTRALES Y OCCIDENTALES

El Valle del Ebro se sometió a los musulmanes, del mismo modo que el resto de la Península, sin oponer prácticamente ninguna resistencia. Las escasas ciudades existentes y los puntos estratégicos (Pamplona, Zaragoza y Huesca) recibieron guarniciones árabes o beréberes y se islamizaron rápidamente al convertirse los jefes visigodos a la religión de los vencedores. Las zonas montañosas, aunque sometidas al Islam, no fueron ocupadas y sus habitantes se limitaron a pagar, cuando eran obligados a ello, los tributos exigidos por los musulmanes.

Las diferencias existentes entre la montaña y el llano se agudizan tras la conquista musulmana. En la primera, sin una influencia directa árabe, no hay islamización, que es intensa en las ciudades y comarcas del llano por las ventajas de todo tipo que reporta el Islam; los valles del Pirineo representan la libertad política dentro de una economía agrícola-pastoril basada en la propiedad individual, que alcanza prácticamente a todos sus habitantes; en el llano, de tierras más fértiles, predomina la gran propiedad heredada de la época romano-visigoda. Los intereses de uno y otro grupo son distintos: el primero aspira a la libertad individual, el segundo al mantenimiento de una situación de privilegio; pero ambos grupos tienen enemigos comunes en los carolingios y en los omeyas y se unirán frecuentemente contra unos y otros, sin que por ello desaparezcan las diferencias que los separan.

La separación respecto a Córdoba de los valles centrales y occidentales se inicia, según hemos visto, al mismo tiempo y por idénticas razones que en Cataluña: guerras civiles musulmanas e interés carolingio en dominar los pasos pirenaicos para prevenir nuevos avances cordobeses. Hacia el año 800 los valles de Pallars y Ribagorza están unidos al condado tolosano; la zona de Jaca está gobernada por el franco Aureolo y, seis años más tarde, el gascón Velasco gobierna Pamplona en nombre de Carlomagno.

Aragón

El primer conde aragonés del que tenemos noticia es un franco, Oriol o Aureolo, que pronto fue sustituido (810) por un indígena, Aznar Galindo, quizás para lograr la adhesión de los aragoneses. A pesar de este cambio y coincidiendo con los primeros enfrentamientos entre Luis el Piadoso y sus hijos, García —yerno de Aznar— expulsó del condado a su suegro (818) y con él, seguramente, a los partidarios de la vinculación con el imperio carolingio. A diferencia de lo que ocurre en los condados catalanes en los que el dominio franco sustituye al musulmán, en Aragón —y también en Navarra—, zonas menos romanizadas, los carolingios son rechazados una vez que han liberado el territorio de la presencia islámica.

La influencia eclesiástica carolingia fue de mayor duración que la política y se manifestó en la creación de numerosos monasterios, como el de San Zacarías o San Pedro de Siresa, visitado en el año 848 por el mozárabe Eulogio de Córdoba, que halló en él numerosos libros desconocidos por los mozárabes y, seguramente, por los visigodos. Pero este influjo desapareció también al romperse los vínculos con el imperio y al producirse una importante emigración de clérigos mozárabes, desde mediados del siglo IX, que sustituyeron la organización y la cultura carolingia por la hispanovisigoda y crearon numerosos monasterios, como el de San Juan de la Peña.

Expulsado de Aragón, Aznar Galindo recibió del emperador el condado de Urgel-Cerdaña, al que su hijo Galindo uniría el de Pallars-Ribagorza; durante las guerras civiles carolingias de mediados del siglo, y por razones poco conocidas, Galindo I perdió el control de Urgel y Pallars y recuperó Aragón, donde, para hacer frente a la presión musulmana y carolingia, se vio obligado a buscar la alianza con el monarca navarro García Iñíguez.

Debilitado el imperio y fragmentados los dominios musulmanes por las sublevaciones muladíes de la segunda mitad del siglo IX, el mayor peligro provenía ahora del reino pamplonés, cuya expansión hacia el sur y hacia el este amenazaba con aislar a Aragón. Aznar II y su sucesor Galindo II conjuraron el peligro mediante el establecimiento de alianzas con los musulmanes de Huesca y con los condes de Gascuña. A pesar de ello, no pudieron evitar que Sancho Garcés I de Navarra (905-925), con la ayuda de los asturleoneses, ocupara las zonas situadas al sur de Aragón y sometiera el condado a una discreta tutela, que se reflejaría en el matrimonio de la aragonesa Andregoto Galíndez con el navarro García Sánchez (925-970). Bajo el hijo de ambos, Sancho Abarca, se uniría el condado de Aragón al reino de Pamplona y no recobraría la independencia política hasta la muerte de Sancho el Mayor en 1035.

La unión político-dinástica de aragoneses y navarros no equivale a la integración o absorción de los primeros por los segundos, Aragón mantiene sus características e incluso refuerza su independencia con la creación de un obispado propio en los primeros años del siglo X. Políticamente, y aunque bajo la suprema autoridad del monarca pamplonés, el condado será dirigido por los barones aragoneses, que gozan de una gran autonomía y que mantienen la unidad del condado.

El reino de Pamplona

Navarros y aragoneses se independizan al mismo tiempo de los carolingios, pero mientras los segundos, quizás por influencia visigoda —pudo haber allí un conde en los siglos anteriores— o carolingia, se mantienen en un cierto estado de subordinación que se refleja en el título condal utilizado por sus dirigentes, los primeros forman una monarquía. Sus jefes adoptan el título de reyes, que tiene el valor de indicar al mismo tiempo la independencia frente a los carolingios y frente a los emires cordobeses.

El carácter de esta monarquía durante el siglo IX nos es prácticamente desconocido, pero la escasa cristianización-visigotización del territorio y el rechazo de la influencia carolingia parecen indicar que los reyes no tenían otras características que las derivadas de su papel de señores naturales del país, que se oponen a toda injerencia extraña y lo consiguen mediante una estrecha alianza con la poderosa familia muladí de los banu Qasi del Ebro.

A fines del siglo VIII gobernaba Pamplona, en nombre del emir cordobés, un miembro de esta familia de conversos, Mutarrif, contra el que se sublevaron los pamploneses en el año 798. Aliados a la familia de los Arista, los banu Qasi recuperaron Pamplona en el año 803 y extendieron su influencia hasta Zaragoza; pero su excesivo poder y las tendencias independentistas observadas obligaron a intervenir al emir, que confió el gobierno de esta zona al valí de Huesca, Amrús, quien pocos años antes había puesto fin a la sublevación de los muladíes toledanos.

Tras la muerte de Amrús, Carlomagno logró ocupar Pamplona, pero su dominio fue de corta duración; aliados nuevamente los Arista, dirigidos por Iñigo Iñiguez, y los banu Qasi, bajo la dirección de Musa ibn Musa, expulsaron a los carolingios (816) y derrotaron a un nuevo ejército enviado por los francos ocho años más tarde a las órdenes de los condes Eblo y Aznar. Debilitado el imperio carolingio y defendido en el sur por los muladíes, el reino de Pamplona se afianza aunque sin gozar de total libertad; es en cierto modo un protectorado de Musa ibn Musa, quien alterna sus manifestaciones de independencia con la colaboración y sumisión a los emires cordobeses.

La ruptura entre navarros y muladíes se produce hacia el año 858, cuando una flota vikinga penetra por el Ebro hasta los dominios navarros y se apodera del rey García Iñiguez sin que Musa interviniera en favor de su aliado. Libre éste tras pagar un cuantioso rescate, se une a los leoneses de Ordoño I y juntos vencen a Musa en la batalla de Albelda (859). Un año más tarde, los banu Qasi vengaban su derrota permitiendo el paso por sus dominios de un ejército cordobés que hizo prisionero al hijo de García Iñiguez, Fortún, quien permanecería en Córdoba durante más de veinte años.

La fragmentación del imperio muladí a la muerte de Musa (862) fue catastrófica para el reino asturleonés, ya que el foco muladí representaba una defensa indirecta frente a Córdoba. Los ejércitos musulmanes en sus campañas de primavera y verano contra el reino astur vivían sobre el terreno y evitaban siempre que era posible el valle del Duero, prácticamente desierto, en el que los soldados no podían hallar alimentos suficientes. Normalmente se dirigían al valle del Ebro para, desde allí, tomar la dirección oeste y penetrar en las comarcas leonesas; pero esto exigía la colaboración o la sumisión de los banu Qasi y mientras éstos mantuvieron su fuerza y su oposición al emir las campañas cordobesas fueron limitadas.

Divididos los banu Qasi, el reino asturleonés quedaba expuesto a los ataques cordobeses; se hacía preciso «recrear» una fuerza, un Estado, que impidiera o al menos debilitara esta amenaza. Tanto Ordoño I como su hijo y sucesor Alfonso III hicieron frente a los emires mediante una estrecha alianza con los hijos y nietos de Musa y, cuando éstos fueron derrotados y sustituidos por los tuchibíes, mediante un reforzamiento de las relaciones con Pamplona, donde la ausencia de Fortún Garcés permitió el ascenso de una nueva familia, la de los Jimeno, cuyo jefe, Sancho Garcés I (905-925), subió al trono con la ayuda asturiana.

La nueva dinastía abandona la defensiva a ultranza adoptada por sus antecesores y, segura del apoyo astur y de la debilidad de los emires, ocupados en sofocar las revueltas andaluzas, avanza sus fronteras por el sur y por el este hasta cortar toda posibilidad de expansión del condado aragonés, cuyo dirigente se ve obligado a aceptar la protección pamplonesa. Unido a los asturleoneses de Ordoño II, Sancho logró vencer al emir cordobés en San Esteban de Gormaz (917) y aprovechó los efectos psicológicos y militares de la victoria, para ocupar las tierras de la llanura riojana. Sólo tras reducir a los hijos de Umar ibn Hafsum (919) pudo Abd al-Rahmán III vengar la derrota e inflingir un fuerte castigo a leoneses y navarros en Valdejunquera (920), pero se limitó a saquear ambos reinos sin llevar a cabo una ocupación efectiva, por lo que cuatro años más tarde, Sancho podrá repetir sus campañas contra la Rioja, lo que provocaría un nuevo ataque cordobés finalizado con el saqueo e incendio de Pamplona.

A pesar de este fracaso militar, el reino de Pamplona y la nueva dinastía se hallaban suficientemente consolidados; a lo largo del siglo X Navarra se convertirá en la mayor potencia del mundo cristiano peninsular e intervendrá activamente en los asuntos internos del reino leonés. Los reyes pamploneses son ya algo más que jefes militares del territorio; tienen ante los súbditos un carácter especial que quizás les sea conferido, como en el caso leonés, por la unción sagrada, que supone el reconocimiento de una legitimidad dinástica. Si así fuera, se explicaría por el ascendiente logrado por la Iglesia a través de la sede de Pamplona-Leire y de los monasterios que cristianizaron el país desde la zona alavesa dominada por León, desde las comarcas próximas a Aragón y desde los monasterios creados en el interior del reino.

EL REINO ASTURLEONÉS

La historia de este reino es, junto con la de los condados catalanes, bastante bien conocida gracias al influjo de visigodos y carolingios, que daban una gran importancia al documento escrito, con cuya ayuda podemos llegar a conocer el sistema de sucesión, la autoridad de los reyes, los derechos de los nobles, la organización militar, judicial y fiscal del territorio. Condados catalanes y reino asturleonés han tenido, además, la fortuna de contar con dos grandes historiadores —Ramón d'Abadal y Claudio Sánchez-Albornoz respectivamente— cuyos trabajos y conclusiones hemos seguido al hablar de los condados y seguiremos al referirnos al reino asturleonés.

Aunque el reino debe sus orígenes a la resistencia de los montañeses astures, cántabros y vascos, pronto se observan en él las influencias visigóticas llegadas, seguramente, con los mozárabes incorporados a sus dominios por Alfonso I a mediados del siglo VIII, por Alfonso II a fines de este mismo siglo y a comienzos del siguiente, y por Ordoño I y Alfonso III en la segunda mitad del siglo IX. La superioridad cultural de los recién llegados entre los que se contarían, sin duda, nobles y clérigos que mantenían el recuerdo y la añoranza de la organización visigótica haría que ésta fuera aceptada o impuesta a la población.

Su mayor antigüedad, la extensión de su territorio y el número de súbditos convirtieron a los monarcas asturleoneses en los más importantes de los príncipes cristianos; esta superioridad de hecho halló en el círculo palatino, formado en gran parte por clérigos mozárabes, un refuerzo teórico manifestado en la consideración de los reyes como herederos y sucesores de los visigodos y en el título de emperador que algunos documentos dan a Alfonso III el Magno y a sus sucesores desde los primeros años del siglo X.

El título imperial y su significación han dado lugar a una interminable polémica entre los historiadores de las instituciones. Para unos, la denominación de emperador aplicada al rey Magno tenía como finalidad destacar su importancia ante la renacida monarquía navarra. Para otros, se trataría de trasladar al campo político el neogoticismo impuesto por los clérigos mozárabes: si el reino visigodo fue uno, sus sucesores estarían llamados a reunificar los antiguos dominios, serían reyes de hecho en su territorio y de derecho en todas las tierras ocupadas antiguamente por los visigodos y lo indicarían a través de un título especial de mayor importancia y renombre que el utilizado por los demás príncipes cristianos de la Península.

Otros historiadores piensan que la adopción del título obedece al deseo de imitar a Carlomagno o de afirmar la independencia asturleonesa frente al imperio carolingio y, más tarde, frente al sacro imperio romano-germánico. No faltan quienes relacionan el título imperial con una oposición decidida a la Santa Sede o como un medio de contrarrestar el título califal de los omeyas.

En realidad, este título carece de valor oficial; no son los monarcas quienes lo usan, sino los súbditos —clérigos de la catedral de León, fundamentalmente— quienes se lo aplican, quizás para destacar la importancia de los reyes leoneses o, como afirma García Gallo, para designar al que tiene «la plenitud y efectividad de su poder en su propio reino», pero en ningún caso es lícito deducir de este título imperial la existencia de una autoridad de los monarcas sobre los demás territorios peninsulares.

Ciertamente, Alfonso III tuvo un papel decisivo en la instauración de la dinastía Jimena en Navarra, con lo que pretende y consigue fortalecer a la monarquía pamplonesa para que pueda hacer frente a los primeros ataques musulmanes y dé tiempo a organizar la defensa en León o la haga innecesaria, pero ambos reinos mantienen su independencia y no puede hablarse de una sumisión o del reconocimiento de la superioridad jurídica de León por parte de los navarros.

La obra de Alfonso II

Solucionados los conflictos árabe-beréberes y las rivalidades entre yemeníes y qaysíes, el empuje bélico de los monarcas astures decae y, tras las campañas de Alfonso I y de su hijo Fruela, el reino parece aceptar, durante los años de Aurelio, Silo, Mauregato y Vermudo, la autoridad del emir cordobés al que se pagan tributos a cambio de la paz y como símbolo de sumisión. Esta dependencia de los reyes no fue aceptada por una parte de la población, que logró llevar al trono a Alfonso II (781-842), el cual había sido nombrado para suceder a Silo en el año 783, pero sus partidarios fueron derrotados y él se vio obligado a refugiarse entre los vascones para salvar la vida.

La sublevación astur, reflejada en el nombramiento de Alfonso, dio lugar a un ataque cordobés contra las tierras alavesas y asturianas, donde fueron saqueados e incendiados diversos lugares, a pesar de lo cual Alfonso consiguió una importante victoria sobre las tropas del emir en Lutos (794); con ella se inicia la independencia política del reino asturleonés, a la que pronto seguiría la independencia religiosa al producirse la ruptura de la Iglesia asturiana-ortodoxa con la toledana-adopcionista.

Si, según hemos visto al hablar de los condados y reinos orientales, la independencia política sólo es o sólo se considera efectiva cuando se controla al clero del propio territorio, es decir, cuando éste no depende de otro poder político, esto es tanto más evidente en el caso asturleonés en el que la actuación de los reyes puede ser mediatizada por la autoridad del metropolitano de Toledo —y a través de él por los emires cordobeses— sobre obispos y clérigos asturianos.

La aceptación del adopcionismo por Elipando ofrecería a Alfonso la oportunidad de romper los lazos con la Iglesia toledana, del mismo modo que Carlomagno, con el que Alfonso mantiene estrechos contactos a propósito del adopcionismo, se serviría de esta disputa religiosa para separar la diócesis de Urgel de la Iglesia hispánica e incorporarla a la carolingia.

La ruptura eclesiástica fue acompañada de una fuerte visigotización del reino, a la que no sería ajeno un cronicón, hoy perdido, escrito hacia estos años por algún monje mozárabe del séquito de Alfonso; en esta vieja crónica aparecería por primera vez la identificación de los reyes asturianos con los sucesores de los visigodos, cuya organización se copia y cuyo código, el Líber iudiciorum es adoptado como norma jurídica del reino. La organización político jurídica va acompañada de la eclesiástica: traslado de la metrópoli de Braga (abandonada) a Lugo, restauración de la sede de Iría, creación de un obispado en la capital del reino y erección de numerosas iglesias y monasterios.

Afianzado el reino a pesar de los continuos ataques musulmanes, Alfonso II inicia una política ofensiva: afianza su dominio en Galicia, presta su apoyo a los muladíes y mozárabes de Toledo y Mérida, ampara en sus tierras a los sublevados contra Córdoba, realiza ataques contra los dominios musulmanes, llega en sus expediciones hasta ocupar, momentáneamente, Lisboa y obtiene importante botín que le permite dotar a su reino de una organización. Atraídos por su prestigio, gran número de clérigos mozárabes abandonan al-Andalus y se establecen en Asturias, de la que intentarán hacer una prolongación, una supervivencia del mundo visigodo.

Bajo Alfonso II, Asturias deja de ser un foco de resistencia para convertirse en reino independiente. La antigua capital (Cangas en un primer momento y Pravia más tarde) resulta insuficiente y no refleja la nueva realidad política; Alfonso establecerá su residencia en Oviedo, que será embellecida con la construcción de palacios, baños, iglesias, monasterios... que hacen de esta población una auténtica ciudad; en sus afueras se construye la iglesia de San Julián de los Prados o de Santullano, que es, junto con la Cámara Santa de la catedral de Oviedo, lo único conservado.

Afianzamiento y expansión del reino asturleonés

Quizás el mayor mérito de los reyes astures de los siglos VIII-IX radique en haber copiado la estructura unitaria de la monarquía visigoda y en haberla hecho efectiva a pesar de las sublevaciones de los siervos en época de Aurelio, de los gallegos durante el reinado de Silo y de los vascones en todo tiempo. Durante estos años la monarquía —según numerosos historiadores— ha sido electiva, pero en la práctica se ha mantenido siempre dentro de una familia, lo que nos llevaría a admitir una doble influencia: visigoda por un lado y primitiva por otro; la elección (de influencia visigoda) se hallaría matizada por el carácter semisagrado que en todos los pueblos primitivos se otorga a la familia real. En el caso astur, las familias reinantes son la de Pelayo y la del duque Pedro de Cantabria; ambas alternan en el trono porque el reino no es sólo obra de los astures sino de éstos y de los cántabro-vascos.

Durante el período que estudiamos, el orden de sucesión fue el siguiente:

Pelayo (1) Pedro de Cantabria

Fáfila (2) Ermesinda — Alfonso I (3) Fruela

Fruela I (4) Adosinda — Silo (6) Mauregato (7) Aurelio (5) Vermudo (8)

Alfonso II (9)

Ramiro I (10)

Ordoño I (11)

Alfonso III (12)

A pesar de este carácter unitario y del respeto a la dinastía, la sucesión no siempre se realiza pacíficamente. A la muerte de Alfonso II, los asturianos apoyan al conde Nepociano y los gallegos a Ramiro I (842-850), quien tuvo que someter militarmente a su oponente y, años más tarde, a los nobles Piniolo y Aldroito.

Las expediciones cordobesas (en una de ellas fue incendiada la ciudad de León) y los ataques vikingos a las costas gallegas no impidieron que Ramiro continuara la obra de embellecimiento de las cercanías de Oviedo donde fueron construidas dos iglesias (San Miguel de Liño y Santa Cristina de Lena) y un palacio real, considerado durante mucho tiempo como iglesia (Santa María del Naranco).

El reinado de Ordoño I (850-866) coincide con una reactivación de las sublevaciones muladíes en al-Andalus y con las primeras manifestaciones del malestar mozárabe; uno y otro hecho le permitirán ampliar sus dominios, en connivencia con los muladíes de Toledo y de Mérida y en lucha con Musa ibn Musa, y repoblar con gente del norte y con mozárabes los territorios ocupados que se extienden ahora hasta el valle del Duero por el sur y hasta el alto Ebro por el este. La ayuda prestada por Ordoño a los sucesores de Musa y a los muladíes toledanos y emeritenses dieron lugar a diversos ataques musulmanes que culminaron en la derrota cristiana de la Morcuera (865), agravada por la destrucción de un ejército leonés, pocos años antes, en las proximidades de Toledo.

Las derrotas sufridas por Ordoño disminuyeron el prestigio de la monarquía, y el nuevo rey Alfonso III el Magno (866-910) se vio obligado a sofocar diversas sublevaciones de gallegos y vascos; la agudización de los conflictos muladíes en al-Andalus le permitió, sin embargo, controlar la situación y dirigir a la nobleza levantisca hacia nuevas conquistas (Porto, Coimbra...), repoblar el norte de Portugal y derrotar a los ejércitos cordobeses en Polvoraria (878).

Tras varias campañas de resultado incierto, en el año 883 el rey astur firmó un tratado de paz con el emir, lo que no impediría la realización de algunas expediciones en búsqueda de botín durante los años de sublevación de Umar ibn Hafsum a cuya actuación se deben en gran parte los éxitos de los reyes y condes cristianos en esta época: independencia de los condados catalanes, afianzamiento del reino de Pamplona y expansión asturleonesa.

La creciente intervención de los reyes asturianos en al-Andalus aumentó su prestigio entre la población mozárabe, cuya situación comenzaba a ser difícil en territorio musulmán, y fueron muy numerosos los clérigos y monjes que se trasladaron al norte de la Península llevando consigo no sólo sus ideas sobre el modo de organizar el reino (a la manera visigoda), sino también sus deseos de revancha contra los musulmanes; fruto de esta mentalidad son las crónicas escritas por estos años tomando como punto de partida el cronicón redactado en época de Alfonso II.

En el año 881 se escribe la llamada Crónica de Albelda, mezcla de historia universal y peninsular con una breve historia de los reyes visigodos y de sus continuadores en Asturias-León y Navarra. Dos años más tarde, un clérigo mozárabe redactó la Crónica Profética en la que se aplica a la situación peninsular la profecía de Ezequiel relativa al fin de la cautividad hebrea: los reyes asturleoneses, y más concretamente Alfonso III, estarían llamados a liberar a los cristianos de la opresión islamita. Al propio Alfonso III se atribuye la Crónica Rotense, escrita entre los años 883-889 en latín vulgar poco elaborado y redactada de forma culta por un eclesiástico que modificaría algunos párrafos para relacionar a los reyes asturleoneses con los visigodos y exaltar el neogoticismo existente en los círculos clericales asturianos.

Orígenes de Castilla

El papel predominante que tendrá Castilla en la historia peninsular ha motivado numerosos estudios sobre sus orígenes en los que se quiere ver una cierta predestinación para la tarea que más adelante llevará a cabo. Castilla, en sus orígenes, no es sino la frontera oriental, escasamente poblada, del reino asturleonés, la zona más expuesta a los ataques cordobeses por el sur y a la penetración de los musulmanes del Ebro por el este; al mismo tiempo es una zona de predominio de llanuras. Estos hechos tendrán consecuencias importantes, harán de Castilla una comarca diferenciada dentro del reino asturleonés.

Por una parte, su población ha de ser eminentemente guerrera: cuando Alfonso I de Asturias aprovecha la sublevación beréber para desmantelar las guarniciones musulmanas, la población mozárabe de Castilla se retira a las montañas, donde es más fácil la defensa, y Castilla tendrá que ser repoblada a lo largo de los siglos IX y X; y lo será, en gran parte, por vascos occidentales poco «civilizados», es decir, poco adaptados al sistema de vida romanovisigodo. La libertad individual frente a la servidumbre gótico-asturleonesa será pues la primera característica de la población castellana, que alternará el trabajo de los campos con el ejercicio de las armas dado el carácter fronterizo de Castilla, mientras en Asturias y León la guerra, como en época visigoda, es eminentemente una función nobiliaria.

La montaña favorece, incluso hoy día, un tipo de hábitat disperso; la llanura permite la concentración de los pobladores en núcleos de relativa importancia y más aún cuando sólo la combinación de esfuerzos garantiza la supervivencia. Frente a la dispersión campesina de las montañas astur-leonesas se produce el agrupamiento castellano. Estas dos características, origen de la población y modo de asentamiento, son claves para entender a Castilla y su historia dentro del contexto asturleonés.

Sin una tradición visigótica fuerte, Castilla prefiere la costumbre ancestral o la decisión de hombres justos a la ley representada en el reino por el Liber iudiciorum visigodo; cuando los castellanos creen sus propias leyendas las centrarán en primer lugar sobre los Jueces de Castilla, que son los representantes y defensores de la diferenciación jurídica respecto a los leoneses, diferenciación que no es sino la expresión de formas distintas de vida: los repobladores de Castilla no conocen la jerarquización social acentuada que, derivada del mundo visigodo, se impone en el reino leonés, y las desigualdades que pueden observarse entre los primeros castellanos proceden no de la herencia sino de la función que cada uno puede desempeñar en una sociedad guerrera; será noble aquel que por su riqueza esté capacitado para combatir a caballo, pero su situación no difiere mucho de la de sus convecinos si exceptuamos una cierta benevolencia del fisco hacia estos caballeros villanos.

El carácter fronterizo y la falta de defensas naturales de Castilla no animan a instalarse en ella ni a la vieja nobleza visigoda ni a los clérigos mozárabes huidos de Córdoba, por lo que en Castilla ni existirán grandes linajes ni proliferarán como en León, al menos hasta época tardía, los monasterios y las grandes sedes episcopales, que son los dueños de la tierra, de la riqueza, y poseen la fuerza necesaria para someter a los campesinos libres que subsisten en las montañas asturleonesas. No se produce por tanto la concentración de la propiedad que puede observarse en otras zonas y se mantiene la libertad individual, que está además garantizada por la mayor resistencia que pueden ofrecer las comunidades rurales —comparadas con los campesinos aislados— a la absorción de sus bienes y personas por los grandes propietarios.

El alejamiento de la frontera, la instalación de monasterios en Castilla en la segunda mitad del siglo X y la creación de una nobleza hereditaria favorecerán la pérdida de libertad y la disminución de los campesinos pequeños propietarios, pero mientras el campesinado de Asturias y León y también el de Cataluña, Aragón y Navarra se halla en su mayor parte sometido a la nobleza laica o eclesiástica desde finales del siglo XI, las comunidades rurales de la Castilla originaria podrán, a mediados del siglo XIV, elegir su propio señor; en un caso habrá siervos, en el otro hombres de behetría.

Estas diferencias con la población asturleonesa terminarán provocando una diferenciación política que se traducirá en la independencia lograda a mediados del siglo X bajo la dirección de Fernán González, pero mucho antes se han producido las primeras manifestaciones del particularismo político castellano. Desde la creación de condados en Castilla (el primer conde conocido, Rodrigo, aparece documentado en el año 850), sus habitantes se ven obligados a erigir fortalezas que suplan la ausencia de defensas naturales; desde ellas, los condes no tardan en desafiar la autoridad de los reyes leoneses del mismo modo que desafían al poder carolingio los condes situados en zonas fronterizas.

Esta oposición se halla atestiguada por la realidad o leyenda de la prisión de los condes castellanos por Ordoño II en el año 920. El cronista Sampiro se limita a dar la noticia, pero omite las causas entre las que los historiadores han señalado la ausencia de las huestes castellanas en el desastre de Valdejunquera. Si así fuese, podría deducirse que los condes, que habían sufrido los primeros ataques de Abd al-Rahmán III y habían visto destruidas sus fortalezas y las cosechas del territorio en el mes de junio, prefirieron dedicar sus esfuerzos a la reconstrucción y reparación del país antes que colaborar en la defensa del navarro Sancho Garcés I al que apoyaba Ordoño II; ya antes uno de los condes castellanos, Nuño Fernández, había demostrado su independencia frente a Alfonso III del que conseguiría, militarmente, la liberación de García I, acusado de conspirar contra su padre.

Organización del reino asturleonés

El reino se halla dividido en distritos que reciben el nombre de mandationes o commissa, cuya extensión sería equivalente a la de las castellanías catalanas: un valle, una región natural, un castillo o un núcleo de población a cuyo frente se halla un delegado del rey que recibe el nombre de potestas y tiene en ocasiones el título honorífico de conde. Estos funcionarios son nombrados libremente por el rey y, aunque se observa también en León la tendencia hereditaria, ésta no se impone hasta una época tardía.

Los nombramientos recaen sobre los magnates, obispos, abades o simples infanzones. Sus poderes no difieren de los que pudo tener cualquier conde carolingio. Como delegados del rey tienen todas las atribuciones de éste: protección y mantenimiento de la paz pública, administración de justicia, dirección de la hueste, recaudación de impuestos y prestaciones, y nombramiento de los oficiales subalternos. Por su actuación reciben una parte de los ingresos fiscales del distrito, unos derechos por su actuación como jueces, parte o la totalidad de las caloñas (multas) impuestas por la comisión de delitos... Durante sus ausencias dirige el condado un vicario y, a veces, delega las funciones judiciales en jueces auxiliares.

Entre los funcionarios dependientes del conde figura el merino o encargado de la administración económica (más adelante funciones militares) y el sayón o ejecutor de las decisiones judiciales. La autoridad del conde y de sus oficiales se extiende a todo el territorio que les asigna el rey, con excepción de los señoríos dotados de inmunidad judicial. La ciudad como organismo administrativo no existe en el reino asturleonés; los núcleos urbanos se hallan incluidos en los commissa, pero se mantiene una cierta cohesión entre sus miembros que actúan conjuntamente en muchos casos a través de la asamblea de vecinos.

La administración de justicia compete al jefe del distrito en su territorio y al monarca en todo el reino, pero uno y otro actúan asesorados por el concilium o asamblea integrada en el segundo caso por los magnates, obispos y abades del reino y en el primero por los vecinos más destacados del condado o de una parte de él. La Iglesia tiene atribuciones judiciales en las cuestiones religiosas y en los casos en los que esté implicado un eclesiástico.

BIBLIOGRAFÍA

Abadal i de Vinyals, Ramón d': La batalla del adopciónismo en la desintegración de la Iglesia visigoda. — Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. — Barcelona 1949.

Abadal i de Vinyals, Ramón d': Els primers comtes catalans. — Editorial Teide. — Barcelona 1958. — XV + 368 págs.

Abadal i de Vinyals, Ramón d': Catalunya carolíngia II: Els diplomes carolingis a Catalunya. — Instituí d'Estudis Catalans. — Barcelona 1952. — 2 vols., 590 págs.

Abadal i de Vinyals, Ramón d': Catalunya carolingia. III: Els comtats de Pallars i Ribagorca. — Institut d'Estudis Catalans. — Barcelona 1955. — 2 vols., IXXX —554 págs.

Abadal i de Vinyals, Ramón d': Deis visigots als catalans.I: La Hipánia visigótica i la Catalunya carolíngia. II: La formado de la Catalunya independent. — Edicions 62. — Barcelona 1969-1970. — 2 vols., 503 y 439 págs.

Cotarelo Y Valledor, A.: Historia crítica y documentada de la vida y acciones de Alfonso III el Magno, último rey de Asturias. — Madrid 1953.

Diaz y Díaz, Manuel: Estudios sobre la antigua literatura relacionada con Santiago el Mayor. — «Compostellanum» (Santiago de Compostela), XI (1966), páginas 457-502.

Díaz y Díaz, Manuel: El Imperio medieval español. — En «Historia de España. Estudios publicados en la revista Arbor» (Madrid 1953), págs. 108-143.

García Gallo, Alfonso: El carácter germánico de la épica y del derecho en la Edad Media española. — «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid) XXV (1955), págs. 583-679.

Lacarra, José María: Orígenes del condado de Aragón. — Zaragoza 1945.

Lacarra, José María: Vasconia medieval. Historia y filología. — Diputación Provincial de Guipúzcoa (Publicaciones del Seminario Julio Urquijo). — San Sebastián 1957. — 70 págs.

Lacarra, José María: En torno a los orígenes del reino de Pamplona. — En «Suma de estudios en homenaje a Ángel Canellas López» (Zaragoza 1969), págs. 641-643.

Lacarra, José María: Estudios de historia navarra. — Ediciones y Libros (Colección «Diario de Navarra»).— Pamplona 1971. — XII + 181 págs.

Lévi-Provençal, E.: Du nouveau sur le royame de Pampelune au IXe siécle. — «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), lV (1953), págs. 5-22.

Lévi-Provençal, E.; y García Gómez, E.: Textos inéditos del «Muqtabis» de Ibn Hayyan sobre los orígenes del reino de Pamplona. — «Al-Andalus» (Madrid-Granada), XIX (1954), págs. 295-315.

Lewis, A. R.: Cataluña como frontera militar (870-1050). — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), V (1968), págs. 15-29.

Martín Duque, Ángel J.: Los «cerretanos» en los orígenes del reino de Pamplona. — En «Miscelánea ofrecida a José María Lacarra» (Zaragoza 1968), págs. 353-361.

Menéndez Pidal, Gonzalo: Mozárabes y asturianos en la cultura de la alta Edad Media. — «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXXXIV (1954), págs. 137-291.

Menéndez Pidal, Ramón: Carácter originario de Castilla. — «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), VIII (1944), págs. 385-408.

Menéndez Pidal, Ramón: Castilla, la tradición y el idioma. — Buenos Aires 1947.

Pérez de Urbel, Justo: Historia del condado de Castilla. — Editorial Espasa-Calpe. — Madrid 1970. — 3 vols.

Pérez de Urbel, Justo: Lo viejo y lo nuevo sobre el origen del reino de Pamplona. — «Al-Andalus» (Madrid-Granada), XIX (1954), págs. 1-42.

Ramos Loscertales, J. M.: Los jueces de Castilla. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), X (1948), págs. 75-104.

Riu Riu, Manuel: Revisión del problema adopcionista en la diócesis de Urgel. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), I (1964), págs. 77-96.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Estudios sobre las instituciones medievales españolas. — Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Históricas. — México 1965. — 828 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Miscelánea de estudios históricos. — C.S.I.C. — León 1970. — 548 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Alfonso III y el particularismo castellano. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XIII (1950), págs. 19-100.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Investigaciones sobre la historiografía hispana medieval (siglos VIII al XII). — Universidad de Buenos Aires. Instituto de Historia de España. — Buenos Aires 1967. — 418 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Orígenes de la nación española. Estudios críticos sobre la historia del reino de Asturias. — Tomo I. — Instituto de Estudios Asturianos. — Oviedo 1972. — cl + 504 págs.

Sánchez-Candeira, Alfonso: El «regnum imperium» leonés hasta 1037. — C.S.I.C. — Madrid 1951. — 71 págs.

Serrano, Luciano: El obispado de Burgos y Castilla primitiva desde el siglo V al XIII. — Madrid 1935.

Ubieto Arteta, Antonio: Doña Andregoto Galíndez, reina de Pamplona y condesa de Aragón. — En «Actas del Primer Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos» (Zaragoza 1952), págs. 165-179.

Ubieto Arteta, Antonio: Las diócesis navarro-aragonesas durante los siglos IX-X. «Pirineos» (Zaragoza), X (1954), págs. 179-200.

4. EL CALIFATO OMEYA

En el año 929, el emir Abd al-Rahmán III ponía fin a la supuesta unión religiosa del Islam peninsular con el de Oriente y se proclamaba califa o sucesor del profeta y jefe de los creyentes, título que usarían sus herederos hasta la desintegración política de al-Andalus en los primeros años del siglo XI.

Con la adopción de este título, Abd al-Rahmán no se oponía a los califas abasíes, a los que los omeyas habían ignorado desde fines del siglo VIII, sino al poderoso reino creado en el norte de África por los fatimíes. Las disensiones religiosas en el mundo musulmán fueron constantes y, según hemos expuesto en páginas anteriores, fueron utilizadas o sirvieron de apoyo a numerosas sublevaciones y revueltas tanto en Oriente como en Occidente; pero sólo a comienzos del siglo X un grupo religioso disidente, el de los fatimíes, lograría adquirir importancia política suficiente para inquietar a los poderes establecidos.

A diferencia de otros movimientos de carácter local, los fatimíes aspiran a reunificar el mundo musulmán mediante la sustitución de omeyas y abasíes por los sucesores de Fátima, hija del Profeta; y para ello se sirven de la religión, desarrollan o dan preferencia a las teorías igualitarias del Islam y ofrecen una mejora en la situación de las masas musulmanas que se adhieran a sus doctrinas.

Abd al-Rahmán III, que sólo después de veinte años de lucha había logrado pacificar a los descontentos muladíes, necesitaba contrarrestar la propaganda fatimí, realzar su figura ante los súbditos; esto se consigue mediante la adopción del supremo título religioso, del que, con anterioridad, se habían apropiado los fatimíes. Se trataba, por un lado, de hacer patente ante éstos la oposición a su política y, por otro, de prestigiar al emir en el interior de al-Andalus.

Esta orientación se complementa con una política intervencionista en el norte de África, sin cuyo control la vida económica de al-Andalus habría sufrido graves quebrantos, y con un intento de atraerse a los alfaquíes, cuya fuerza era considerable. El celo religioso del califa se manifiesta igualmente en las campañas emprendidas contra los cristianos del norte, a los que la seguridad proporcionada por las revueltas muladíes había dado alas para atacar los dominios musulmanes.

La amenaza fatimí pierde fuerza a partir de mediados del siglo al atenuarse el celo religioso y al desplazarse la organización política fatimí hacia el Mediterráneo oriental; pero subsiste la necesidad de controlar el norte de África, las dificultades internas y la amenaza cristiana; los omeyas hacen frente a estos problemas mediante la creación de un ejército de mercenarios reclutados entre las tribus aliadas norteafricanas y entre los esclavos o eslavos de origen europeo.

Apoyándose en este ejército de mercenarios y en la incapacidad del califa Hisham II, Almanzor se hace con el poder en los años finales del siglo X; para mantener su posición se ve obligado, por una parte, a congraciarse con los alfaquíes, a los que permite el expurgo y quema de la biblioteca reunida por Abd al-Rahmán III y al-Hakam II, y la persecución de los filósofos opuestos a la doctrina malequí. Dentro de esta política de atracción de los alfaquíes, sin cuya alianza no habría podido acallar a la aristocracia árabe relegada a un segundo plano por la preeminencia concedida a los mercenarios, Almanzor modifica la política seguida por los califas respecto a los cristianos del norte; de la tutela o protectorado ejercido por al-Hakam II se pasa a la organización sistemática de campañas devastadoras contra León, Castilla, Navarra y los condados catalanes que proporcionan, mediante el botín, los medios económicos para hacer frente a los continuos gastos del ejército de mercenarios y que permiten tener controlada y ocupada en empresas exteriores a la aristocracia árabe.

La cohesión del califato se mantiene mientras viven Almanzor y su hijo Abd al-Malik, pero a la muerte de éste (1008), eslavos y beréberes se enfrentan militarmente por el control de al-Andalus. Estas disensiones son utilizadas en beneficio propio por los cristianos del norte y por la nobleza de origen árabe; los primeros, aliados a uno u otro de los bandos en lucha, saquean el territorio musulmán y los segundos intentan recuperar el poder y prestigio perdidos en época de Almanzor. La guerra civil y la anarquía se prolongan durante más de veinte años, al cabo de los cuales, en 1031, el califato omeya desaparece y es sustituido por una multitud de señoríos o reinos independientes dirigidos por los jefes militares árabes, eslavos o beréberes.

Pacificación de al-Andalus por Abd al-Rahmán III

En el largo reinado de Abd al-Rahmán III (912-961) pueden distinguirse claramente dos etapas divididas por la aceptación, en el año 929, del título califal, que el símbolo no de la independencia frente a los abasíes sino de la política ofensiva que adoptará el emir, en el norte de África, contra los fatimíes, y en la Península frente a los cristianos. El título califal marca el fin de la política de reconquista interna y señala el comienzo de la expansión cordobesa.

Ninguna de las graves sublevaciones (Sevilla, Bobastro, Badajoz-Mérida, Toledo, Zaragoza) será olvidada por el nuevo emir, pero sus campañas se dirigen preferentemente contra los rebeldes andaluces, sin cuyo control todo intento de dominar las marcas fronterizas habría sido inútil. Ya en el primer año de su reinado dirige sus tropas contra los aliados de Umar en un intento de aislar al caudillo andaluz; el resultado de esta primera campaña es la ocupación de numerosas plazas fuertes situadas en puntos estratégicos desde los que iniciará el ataque directo a las posiciones del rebelde.

El prestigio logrado en esta campaña y las desavenencias surgidas en Sevilla entre los descendientes de Ibrahim ibn Hachchach permitieron al emir ocupar la ciudad en diciembre de 913; los años siguientes están marcados por una prolongada sequía que impide toda acción militar al no poder contar las tropas con víveres suficientes, pero la autoridad y fuerza de ibn Hafsum, reducido a sus dominios montañeses, no cesa de disminuir hasta su muerte en el año 917. Su hijo Chafar continúa la lucha, pero sus hombres se hallan divididos por la política del emir, que elude las causas socioeconómicas de la rebelión y da a sus campañas un tinte religioso al ofrecer el perdón a los musulmanes.

La desconfianza entre muladíes y mozárabes aumenta continuamente. Numerosas fortalezas son entregadas al emir por los musulmanes y Abd al-Rahmán III obtiene un importante éxito al hacer prisionero a Sulaymán, otro de los hijos de Umar, y convencerlo para que disputara el dominio de Bobastro a Chafar, que fue asesinado en el año 920. Siete años más tarde, Sulaymán era vencido por las tropas cordobesas y poco después el último hijo de ibn Hafsum, de nombre Hafs, se rendía en la fortaleza de Bobastro (928) tras casi cincuenta años de rebeldía.

La sublevación había perdido fuerza desde el momento en que Abd al-Rahmán III consiguió aislarla, pero Bobastro era un símbolo político de gran importancia y el emir no dejó de explotar su caída para aumentar su prestigio y autoridad en el interior y fuera de al-Andalus. Los restos de Umar y de su hijo Chafar fueron desenterrados y expuestos públicamente en Córdoba; con ello Abd al-Rahmán III conseguía el apoyo unánime de los alfaquíes cordobeses, que no olvidaban la conversión de ambos al cristianismo, y recordaba a los sublevados la suerte que podían esperar.

La toma de Bobastro fue precedida por la sumisión de todos los rebeldes de al-Andalus, incluyendo entre ellos a los marinos de Pechina, sometidos en el año 922 en el curso de las campañas de aislamiento, por tierra y mar, de Bobastro. Entre el 929 y el 932, Abd al-Rahmán III puso fin a las sublevaciones de Badajoz y Toledo y aceptó la sumisión de los tuchibíes de Zaragoza, a los que permitió seguir al frente del territorio, aunque sometidos a Córdoba.

Los califas y los cristianos del norte

El medio siglo de anarquía musulmana ha permitido a los reinos y condados cristianos del norte afianzar y extender sus fronteras y consolidar su situación, especialmente en la parte occidental y en la zona oeste de los Pirineos, donde pamploneses y asturianos llevan a cabo una política conjunta frente a Córdoba y contra los reyezuelos semindependientes de Zaragoza. Gran número de vascos occidentales han abandonado sus montañas para establecerse en las llanuras y han dado origen a diversos condados que, pronto, se convertirán en el núcleo de la lucha contra los musulmanes al ser esta región, Castilla, el lugar de paso obligado de los ejércitos cordobeses.

Los avances de Alfonso III por el norte de Portugal tuvieron su continuación en el saqueo de los castillos de Évora y Alange por Ordoño II (913 y 914), que resistió victoriosamente el ataque lanzado por el emir contra San Esteban de Gormaz. La muerte de ibn Hafsum permitió destinar parte de las fuerzas cordobesas a la defensa de las fronteras, donde el peligro cristiano aumentaba al coordinar sus movimientos Ordoño II de León y Sancho Garcés de Navarra; mientras uno se dirige sobre Talavera el otro saquea las comarcas de Nájera, Tudela y Valtierra. Contra ambos combate Abd al-Rahmán III desde el año 918 hasta obtener la victoria de Valdejunquera (920).

Las luchas a que dio lugar la muerte de Ordoño II (924) dejaron aislado al monarca navarro cuya capital, Pamplona, fue saqueada por el emir; desde este momento y hasta el año 932 las fronteras musulmanas no fueron molestadas y Abd al-Rahmán III pudo dedicar sus esfuerzos a contrarrestar la influencia fatimí en el norte de África.

El apaciguamiento de las disensiones leonesas conseguido por Ramiro II inaugura una etapa de equilibrio militar en las fronteras, donde cordobeses y cristianos luchan por la posesión del valle del Duero. La campaña victoriosa de Abd al-Rahmán III contra Burgos en el año 34 fue seguida del desastre de Simancas (939), donde Ramiro II contó con el eficaz apoyo de la reina Toda de Navarra y del conde castellano Fernán González. Los problemas de Córdoba en el norte de África y las dificultades leonesas frente a los castellanos obligaron a los contendientes a disminuir su actividad militar en la frontera, donde sólo pueden anotarse en los años posteriores expediciones en busca de botín, por uno y otro lado.

A la muerte de Ramiro II se inicia un período de claro predominio musulmán, que se manifiesta en el papel de arbitro concedido al califa por los cristianos para dirimir sus querellas internas. Desde mediados hasta finales del siglo, las tropas del califa se dedican fundamentalmente a explotar en su beneficio las rivalidades entre Castilla y León, entre los diversos pretendientes al trono leonés, y entre la monarquía navarra y los reyes leoneses, en un intento claro, y conseguido, de dividir y lanzar a unos cristianos contra otros, de forma que las fronteras musulmanas no fueran molestadas.

Así, por ejemplo, a la muerte de Ramiro II, la secesión castellana se agudiza y Fernán González apoya al segundo hijo de Ramiro, Sancho, frente al primogénito, Ordoño III; el conde de Castilla cuenta con la alianza de la reina Toda de Navarra, interesada en extender su autoridad sobre León por medio de su nieto Sancho, y con el apoyo indirecto de los musulmanes que obligan a Ordoño, tras diversas aceifas, a aceptar treguas en condiciones ventajosas para Abd al-Rahmán III. En 956, Sancho I el Craso sucede a su hermanastro Ordoño y se niega a cumplir lo pactado con los musulmanes, pero su posición es inestable y será expulsado del reino por Fernán González y por la nobleza leonesa, que designa como rey a Ordoño IV el Malo; Córdoba, que se había opuesto a Sancho cuando éste era rey, lo apoya al ser destituido; serán las tropas cordobesas unidas a las navarras las que se encarguen de reponer en el trono a este personaje en el año 959 después de exigirle la entrega de diez fortalezas en la frontera del Duero. También Ordoño IV hallará una acogida favorable en Córdoba cuando Sancho se niegue a cumplir sus compromisos; el aspirante leonés sólo será abandonado a su suerte al aceptar el rey las obligaciones contraídas.

Un intento de unir las fuerzas de León, Castilla, Navarra y los condados catalanes para sacudirse la tutela musulmana será fácilmente desbaratado por al-Hakam II (961-976), a cuya corte acudirán a pedir ayuda y consejo los rebeldes y descontentos cristianos y los príncipes reinantes en una ininterrumpida sucesión de embajadas, como la que reunió el 1 de agosto de 974 en Córdoba al embajador del conde de Barcelona, quien «entregó su mensaje y habló sobre él, afirmando su obligación de guardar la obediencia...», al representante del conde castellano y al enviado de Fernando Ansúrez, señor de Peñafiel.

Si Abd al-Rahmán III y al-Hakam II lograron la sumisión de los cristianos a través de una hábil política intervencionista, acompañada cuando era preciso del envío de expediciones militares, no ocurrió lo mismo con Almanzor, en cuya época se dio preferencia a las campañas de castigo sobre la intervención indirecta, sin que se prescindiera de ella. Este cambio de actitud no se debe sólo a la personalidad del dictador sino también, y sobre todo, a las especiales circunstancias que llevaron a Almanzor al poder.

Enriquecido en la administración califal y bien relacionado con los jefes de las tropas mercenarias, Almanzor pasa al primer plano político tras una brillante campaña contra los cristianos (977), que le permite suplantar al hachib (primer ministro) de Hisham II, pero su triunfo no se consolida hasta que derrota al general de mayor prestigio de al-Andalus, Galib, al que apoyaban tropas castellanas y pamplonesas en su lucha contra el usurpador.

La fuerza de Almanzor se basaba en su riqueza y en el control de los mercenarios, pero una y otra eran insuficientes para hacer olvidar a los alfaquíes la postergación del califa. Por ello, Almanzor da pruebas de extremado celo religioso, que se manifiesta en la depuración de la biblioteca de Al-Hakam II, en la ampliación de la mezquita de Córdoba y en la realización de continuas campañas contra los cristianos, las cuales sirven, al mismo tiempo, para sufragar los gastos exigidos por el mantenimiento de los mercenarios y para mantener a éstos alejados de toda ambición política.

Durante el «reinado» de Almanzor las tropas cordobesas intervendrán en León para sostener al pretendiente Vermudo II frente a Ramiro III, saquearán todos los dominios cristianos y arrasarán la mayor parte de sus ciudades, entre ellas Barcelona, León y Santiago de Compostela, contando para ello con el apoyo de algunos nobles leoneses contra Vermudo II y del conde castellano Sancho García contra su padre García Fernández.

La tradición cristiana pretende que los castellanos y leoneses unidos derrotaron al caudillo musulmán en Calatañazor (1000), pero la realidad histórica es que esta batalla fue una victoria más de Almanzor sobre los cristianos, quienes sufrirían nuevas derrotas a manos de Abd al-Malik, hijo y sucesor del caudillo (1002-1008). Sólo cuando se rompa la cohesión entre los árabes andaluces y los mercenarios beréberes y eslavos, a partir del año 1008, podrán los cristianos (castellanos y catalanes) inquietar las fronteras musulmanas con éxito y llevar sus tropas hasta la misma Córdoba como auxiliares de uno u otro de los grupos musulmanes enfrentados.

Política norteafricana

La victoria del califa omeya Mohavia sobre los partidarios de Alí no puso fin a las aspiraciones políticas de éstos, que mantuvieron su oposición a los omeyas y, posteriormente, a los abasíes. La dureza de las persecuciones sufridas por los chiies los obligó a transformarse en una organización secreta, en cuyo seno surgieron teorías mesiánicas según las cuales llegaría un día en el que la comunidad musulmana sería regida por uno de los descendientes de Alí, que permanecería oculto hasta que las circunstancias aconsejaran su aparición.

Junto a este carácter mesiánico, el chiísmo y más concretamente el grupo más radical —el ismailismo— desarrolla teorías igualitarias y ofrece una mejora en su situación a los que acepten sus doctrinas, las cuales se extienden por todo el imperio musulmán por medio de misioneros y mercaderes. Las predicaciones de Abu Abd Allah entre la tribu beréber de los kutama lanzó a éstos contra el reino aglabí, que fue destruido, así como el rustumí, en el año 909. Tras estas victorias, Abd Allah anunció a sus partidarios que él no era sino el representante del verdadero imán, Ubayd Allah, que fue proclamado califa como sucesor de Alí y de Fátima.

El califato fatimí creado por Ubayd no tardó en extenderse hacia el oeste a costa del antiguo reino idrisí y hacia el este en dirección a Egipto; su objetivo final incluía la destrucción de los enemigos tradicionales del chiísmo: el emirato omeya de al-Andalus y el califato abasí de Bagdad. Ante el peligro de sublevaciones interiores suscitadas por las predicaciones fatimíes y ante el peligro de que la ocupación, por el nuevo califato, de Sicilia y de las costas mediterráneas anulara el comercio de al-Andalus y se tradujera a corto plazo en un desembarco en la Península, Abd al-Rahmán III acentuó el apoyo dado a los alfaquíes, guardianes de la ortodoxia, y alentó a los sublevados contra Ubayd, especialmente a la tribu nómada de los zanata.

Tras esta primera etapa de intervención indirecta y de carácter defensivo, cuando la situación de sus dominios se lo permite, Abd al-Rahmán III ocupa la ciudad de Melilla (927), con lo que se llega al enfrentamiento directo. La adopción del título califal está directamente relacionada con esta penetración en Marruecos: es el símbolo de la legitimidad de una dinastía frente a un pretendiente que niega sus derechos y utiliza la religión como vehículo de la penetración política.

Cuatro años más tarde, una flota cordobesa se apoderaba de Ceuta, que serviría de cabeza de puente para la constitución de un protectorado que se extendería por el norte de Marruecos y por gran parte del Mogreb central; para Lévi-Provençal la conquista de Ceuta habría sido el preludio de una ocupación militar del norte de África que no llegó a convertirse en realidad debido a la presión ejercida por Ramiro II sobre las fronteras de al-Andalus; sin negar validez a esta afirmación, parece lógico admitir otras razones de la intervención de Abd al-Rahmán III y, sobre todo, de su política ulterior.

La ocupación de Ceuta obedecía a dos razones básicas, que se complementan mutuamente: Ceuta era el lugar más apropiado para iniciar un desembarco en la Península; al mismo tiempo, era uno de los puntos terminales de las caravanas que desde el centro de África llevaban el oro al Mediterráneo y, en consecuencia, lugar importante de intercambios comerciales. Su ocupación por los omeyas dificultaba o impedía el desembarco fatimí y garantizaba la continuidad del comercio hispano-norteafricano controlado por los marinos andaluces.

Cubiertos estos dos objetivos, carecía de interés para el soberano omeya la ocupación real de un territorio fragmentado en numerosos principados tan pronto rebeldes a los fatimíes como sometidos a ellos; menos costoso y más efectivo resultaba apoyar en todo momento a los rebeldes, fueran quienes fuesen, y lograr mediante una hábil política la defección de los aliados fatimíes. Durante los años 931-953, los omeyas pudieron controlar la zona situada entre Argel y el Atlántico gracias a la sublevación jarichi ocurrida en los dominios fatimíes y alentada, sin duda, por los omeyas. En una segunda etapa (955-961) las tropas fatimíes ocuparon el protectorado cordobés a excepción de Tánger y Ceuta, y llegaron a saquear Almería, tras destruir la mayor parte de la flota omeya.

Al-Hakam II mantuvo las directrices políticas de su padre en el norte de África, donde su actuación se vio favorecida por el éxito de las armas fatimíes en Egipto, que se convirtió (969) en el centro del nuevo imperio. Los antiguos dominios fatimíes fueron confiados al beréber sinhacha Zirí ibn Manad, contra el que al-Hakam apoyó a los zanatas, enemigos tradicionales de los sinhachas. El viejo conflicto entre nómadas (zanatas) y sedentarios (sinhachas) fue hábilmente utilizado por el califa cordobés para mantenerse en Marruecos e incrementar su influencia. El abandono definitivo del norte de África por los fatimíes fue la ocasión para que las tropas cordobesas se asentaran de modo permanente en esta zona (973), en la que se establecería dos años más tarde un ejército de mercenarios reclutado en el territorio norteafricano.

Los Anales Palatinos de al-Hakam contienen numerosas noticias sobre la política seguida en esta región. El califa no duda en poner al frente de las tropas al mejor de sus generales, pero la misión más importante no es militar sino política y se realiza mediante la distribución de espléndidos regalos entre los jefes beréberes y a través del envío de agentes secretos al campo enemigo con la misión de informar a los notables y al pueblo de que el califa omeya sólo aspiraba a «mejorar su situación, acoger a los arrepentidos y defenderlos contra el tirano que viola su sagrado, arruina sus bienes y atenta contra su honor». Simultáneamente a estos esfuerzos, que movilizan todos los recursos económicos de al-Andalus, los sabios y poetas ponen a punto una teoría de la legitimidad de la dinastía omeya y de la doctrina malequí.

Esta política de atracción económica y religiosa de la población norteafricana puede verse claramente expuesta en la recepción dada en Córdoba, el 10 de junio de 973, a los jefes beréberes: en ella se reparten donativos en dinero, ropas, armas y caballos entre los notables beréberes y se entregan a éstos diplomas que garantizan su autoridad; en ellos, se hace un breve resumen de los puntos básicos de la fe musulmana, tal como se la entiende en al-Andalus, y se detallan minuciosamente los derechos y obligaciones económicas de los súbditos respecto a los jefes beréberes; los únicos impuestos admitidos son los previstos en los textos musulmanes; se hace hincapié en el deseo del califa y en la obligación de los notables de que «se trate por igual al alto que al bajo, al fuerte que al débil», con lo que se contrarrestaba eficazmente la propaganda fatimí.

Almanzor, siguiendo la misma política de los califas, pudo mantener los dominios omeyas en el norte de África; al desaparecer el peligro fatimí hizo de esta zona el centro de reclutamiento de los soldados mercenarios utilizados para sus campañas contra los cristianos de la Península; el alejamiento de los turbulentos beréberes le permitiría mantener el control del Mogreb, asegurar su posición en el interior de al-Andalus y llevar a cabo su política anticristiana.

Reorganización de al-Andalus

En la primera mitad del siglo VIII, al desaparecer el peligro abasí y reanudarse los contactos con Oriente, los omeyas peninsulares, a partir de Abd al-Rahmán II, copiaron el sistema de gobierno implantado en Bagdad por los abasíes que, a su vez, tomaron como modelo la organización persa y bizantina. Esta orientalización se acentúa al adoptar Abd al-Rahmán III el título califal: los omeyas, en adelante, se considerarán no sólo jefes políticos sino representantes de Dios en la tierra, lo que se traducirá en una sacralizacíón de la persona del califa, en la creación de una pompa que la realce y en el alejamiento respecto a los súbditos, que se logra mediante la implantación de un ceremonial estricto; sólo podrán acceder a la presencia del soberano, y de acuerdo con un orden establecido, los árabes de la familia de quraish (del clan de los omeya), los altos funcionarios y los titulares de cargos honoríficos.

Los órganos de la administración central son los diwanes o ministerios de la Cancillería y de Hacienda, de los que dependen los secretarios, intendentes y tenedores de libros, todos los cuales están sometidos a la autoridad del hachib o primer ministro. Con Abd al-Rahmán III la cancillería se reorganiza y se divide en cuatro departamentos, cada uno bajo la dirección de un visir. Directamente relacionado con la Cancillería se halla el servicio de Correos dirigido por el sáhib al-burud.

El diwán de Hacienda está dirigido por tesoreros pertenecientes a la aristocracia árabe, bajo los cuales actúa un gran número de cristianos y judíos. Los ingresos del Estado provienen del cobro de los tributos pagados por las poblaciones sometidas y de los impuestos percibidos de los súbditos, tanto musulmanes como judíos y cristianos. Las numerosas campañas militares realizadas por Abd al-Rahmán III y sus sucesores hicieron necesario el cobro de impuestos extraordinarios, según se deduce de los Anales palatinos de al-Hakam II, en los que aparecen frecuentes relatos sobre requisas de víveres, obligación de las zonas marítimas de proporcionar madera y materiales para la construcción de naves..., y en los que se habla de un impuesto general destinado a financiar las campañas contra los fatimíes y que fue perdonado en su sexta parte por al-Hakam II en el año 975.

El título califal y lo que este cambio lleva consigo se refleja igualmente en la acuñación de moneda. Abd al-Rahmán II había sido el primer omeya en acuñar moneda de plata, aunque conservando en ella el nombre de los califas abasíes. Abd al-Rahmán III acuña monedas de plata y de oro y pone en ellas su nombre. Las relaciones con el norte de África proporcionan el oro en abundancia, y el activo comercio de al-Andalus, así como el prestigio de la dinastía, exigen una moneda prestigiosa y cotizada, por lo que el califa centralizó la acuñación monetaria en Córdoba para controlar la calidad. La necesidad de atender al pago de los ejércitos omeyas en el norte de África obligó a renunciar al monopolio cordobés; monedas de oro y de plata fueron acuñadas en las ciudades norteafricanas de Sichilmasa, Fez y Nakur, con lo que se evitaba el transporte del oro africano a la Península y el envío al norte de África de la moneda acuñada.

La administración de justicia

La administración de justicia está igualmente centralizada en manos de los omeyas, que nombran directamente a los cadíes o jueces y se reservan el papel de jueces supremos. Hasta la desaparición del califato los jueces de Córdoba reciben los nombres de qadí al-chund y qadí al-chama'a que significan, respectivamente, «juez de los chund» y «juez de la comunidad». Esta diferencia de nombres se ha relacionado con el origen étnico de los jueces: mientras éstos fueron nombrados entre los árabes, grupo militar, llevan el primer título; adoptarían el segundo cuando el cargo quedó abierto a los musulmanes de cualquier origen.

Los jueces son juristas expertos dentro de la corriente malequí y se eligen generalmente por sus cualidades morales. Sólo entienden en las causas civiles reguladas por el Corán: litigios sobre testamentos, divorcios, administración de bienes... Se hallan asesorados por especialistas en derecho, que son consultados obligatoriamente antes de dictar sentencia y deben responder por escrito para que su asesoramiento pueda ser archivado y tenido en cuenta en casos similares; se llega así a poseer una casuística legal detallada que se difunde en numerosas compilaciones.

Además de sus atribuciones judiciales el cadí de Córdoba dirige, en nombre del soberano, la oración comunitaria de los viernes; tiene la misión de administrar el patrimonio de la comunidad religiosa, formado por donaciones y legados piadosos cuyos fondos se destinan al mantenimiento de las mezquitas y de sus servidores, a socorrer a los pobres y, en ocasiones, a financiar campañas militares contra los infieles y a la restauración de fortalezas.

Entre los jueces especiales, además del califa, existe el sahib al-mazalim, o juez de los agravios, que juzga fundamentalmente los casos de abuso de poder, y siempre de acuerdo con procedimientos extraordinarios. El sahib al-suq, o juez del mercado, dirige al principio los servicios de policía, seguridad y administración urbana, pero desde mediados del siglo IX su actuación queda limitada a vigilar la actividad económica: represión de los fraudes, vigilancia de la calidad de los productos, de las pesas y medidas, de los precios... Las funciones de policía son competencia del sahib al-shurta, que entiende en las causas en las que el cadí se declara incompetente y sanciona los delitos contra los individuos (causas criminales) y contra el interés público (políticas), sin sujeción a ningún código penal ni a la ley religiosa.

En la actuación de estos últimos funcionarios se tenía en cuenta la categoría social de los ciudadanos. Parece ser que llegaron a funcionar tres shurtas o tribunales, uno para cada grupo social: aristocracia, pueblo y grupo intermedio de comerciantes y pequeños funcionarios.

Desde la época de Abd al-Rahmán III fue corriente la confusión entre el cadí y el sahib al-shurta; ambos cargos fueron desempeñados en muchos casos por una misma persona. Coincide esta «politización» de la justicia con el fortalecimiento del poder central y con el ascenso de los cadís a los altos cargos. Otro funcionario con atribuciones judiciales es el sahib al-medina (zafalmedina), o prefecto de la ciudad, cuya misión es mal conocida pero en el que también parece darse la coincidencia de poderes judiciales y ejecutivos.

El ejército

Al-Andalus estuvo fuertemente militarizado tanto en época de los emires como durante el califato; en los primeros tiempos, a causa de la inseguridad de los invasores frente a la población autóctona y frente a los beréberes; a partir de la instauración omeya, por el riesgo de sublevaciones abasíes, de las revueltas muladíes y por la presión de los carolingios y de los dominios cristianos del norte, contra los que se establecen marcas o zonas fronterizas en las que reside un jefe militar que recibe el nombre de caid. Durante el emirato las coras (provincias fronterizas) son tres: la inferior, la media y la superior, con capitales en Mérida, Toledo y Zaragoza, respectivamente. Al revalorizarse el papel militar de Castilla y decaer León, la marca media traslada su centro a Medinaceli y desaparece la organización militar de la zona de Mérida.

El ejército está integrado por los árabes invasores y por sus descendientes quiénes, a cambio de la concesión de tierras, están obligados al servicio militar, que realizan agrupados en sus organizaciones de origen durante seis meses al año. En un período posterior, al desaparecer o mitigarse las diferencias entre árabes e hispanos islamizados, se añaden a este ejército permanente todos los musulmanes en edad militar, los cuales pueden ser movilizados para la realización de aceifas o campañas de verano.

Los problemas que plantea el reclutamiento de este ejército de no profesionales y su escaso espíritu de combate aconsejaron permitir a algunos de sus componentes liberarse del servicio militar mediante el pago de una contribución especial, que se destinaría a la contratación de mercenarios.

Las expediciones contra los reinos del norte no están dirigidas a la conquista del territorio, sino a la obtención de beneficios económicos y a mantener a los cristianos en una situación de inferioridad que los haga inofensivos. Se limitan a obtener botín, a exigir en ocasiones el pago de tributos o la entrega de fortalezas y a destruir las cosechas. Por esta última razón las campañas se realizan en verano cuando las cosechas están a punto de segarse, es decir, cuando el daño causado es mayor y cuando los ejércitos cordobeses pueden encontrar a su paso abundantes provisiones, que hacen innecesario el servicio de intendencia o reducen su importancia y gastos.

Renovación cultural

Mutazilíes y Batiníes

A pesar de la oposición malequí, Abd al-Rahmán III y su hijo al-Hakam II toleraron la difusión de las doctrinas mutazilíes y batiníes y favorecieron la llegada a la Península de hombres y libros de ciencia procedentes del Islam oriental o de Bizancio.

Los mutazilíes, partidarios del libre albedrío, consideran que el hombre, como ser dotado de razón, está capacitado para alcanzar todos los conocimientos necesarios a su salvación; son los iniciadores de la teología racional musulmana, a la que se llega a través de la filosofía griega; con la difusión de sus doctrinas desaparece la sumisión ciega al Corán, que es aceptado, pero sólo después de razonarlo.

Partiendo de estos presupuestos se llega a un debilitamiento de la Tradición y del principio de autoridad no sólo en el campo religioso sino también en el político, al afirmar que todos los hombres debían resistir, incluso con la guerra, los actos despóticos (no racionales) de los gobernantes, siempre que conculcasen gravemente la justicia y el derecho. Teniendo en cuenta estas ideas no resulta aventurado suponer que sólo podía tolerarlas un poder fuerte, seguro de sí mismo y capaz de controlar la difusión de estas ideas, de mantenerlas en el círculo restringido de los intelectuales.

Los mutazilíes adquieren importancia en al-Andalus durante los reinados de Abd al-Rahmán II y Muhammad I en el siglo VIII y en los de los dos primeros califas, es decir, en épocas en las que el poder se siente lo bastante fuerte como para relegar a los alfaquíes a un segundo plano. El primer período se salda con el asalto de la casa y quema de los libros del pensador Jalil al-Gafla; y el segundo con el expurgo, en los años iniciales de Almanzor, de la biblioteca reunida por al-Hakam II. Pero la doctrina mutazilí se mantuvo en algunos círculos y se hallará en la base de las ideas del primer gran filósofo hispanoárabe: ibn Hazm (siglo XI).

Las doctrinas batiníes están directamente relacionadas con el chiísmo, que al perder su fuerza política, en tiempo de los califas omeyas de Damasco, se transforma en movimiento religioso que predica la interpretación alegórica del Corán, con lo que se permitía incrustar en la ideología religiosa las ideas personales y se ofrecía un amplio campo a la especulación filosófica. El primer defensor conocido de las doctrinas mutazilíes y batiníes en al-Andalus parece haber sido el asceta Muhammad ibn Massarra, cuyas predicaciones fueron interrumpidas, hacia el año 910, por los alfaquíes; exilado de Córdoba, sólo regresaría al afianzarse el poder de Abd al-Rahmán III.

Las obras de este pensador se han perdido, pero sus teorías han podido ser reconstruidas gracias a las enseñanzas de sus discípulos, que gozaron de la tolerancia cuando no de la protección de Abd al Rahmán III y de al-Hakam. II. La figura central de este grupo fue Abu-i-Hakam Mundir, cadí de Córdoba entre el 950 y 966, célebre por sus sátiras contra los alfaquíes a los que reprochaba «no ser más que imitadores disciplinados, pero rutinarios, y no recurrir más a menudo, cuando tenían que dar su opinión, a su conciencia y a su entendimiento», y conocido sobre todo porque «en todos los asuntos oye se ventilaban en su tribunal, procuraba formarse una opinión personal e independiente», según Levi-Provençal.

Tras la muerte de al-Hakam, la persecución malequí obligó a los massarristas a refugiarse lejos de Córdoba, en Pechina, donde llegó a crearse una comunidad que reconocía como imán a Ismail al-Ruaymí, quien llevó a posiciones extremas las ideas ascéticas de ibn Massarra. Mientras éste preconizaba la existencia de un movimiento de aspirantes voluntarios a la perfección, Ismail exigía la adopción de la pobreza por todos los creyentes; quienes poseyeran bienes no necesarios para el sustento serían infieles, sin que hubiera diferencias entre los que hubieran obtenido sus bienes por el trabajo, el comercio o la herencia, o por medios violentos.

Aspectos literarios, lingüísticos, científicos e historiográficos

Los conocimientos literarios de los primeros árabes llegados a la Península son prácticamente nulos, por lo que la poesía y prosa árabe tienen una difusión tardía; la poesía sólo será conocida y apreciada a partir de los años de Abd al-Rahmán I, que favoreció la difusión de la poesía clásica árabe cuando ésta comenzaba a ser abandonada en Oriente. Este desfase poético obedece a razones profundas: la poesía omeya (clásica) canta la vida del desierto y la gloria de los clanes y de las tribus; la abasí (modernista) está abierta a todos los temas de la vida comunitaria que ya nada tiene que ver con el medio geográfico ni con la sociedad en la que surgió el Islam. La primera es la poesía de los árabes de raza, la segunda de los musulmanes; es la manifestación literaria del ascenso social de los conversos en el califato abasí. Los árabes, agrupados alrededor de Abd al-Rahmán I, manifiestan su oposición a la sociedad abasí y su predominio dentro de la comunidad musulmana mediante el mantenimiento de la poesía tradicional.

Sólo al producirse la fusión de árabes e hispanos y al reanudarse los contactos con Oriente, en época de Abd al-Rahmán II, se difunde la nueva poesía en la que se abandona la descripción de los camellos, que nadie ha visto, por el canto de escenas de la vida diaria, como las narradas por Yahya ibn al-Hakam, llamado al-Gazal (La Gazela), al que se debe una descripción de la vida libertina y bohemia de al-Andalus á mediados del siglo IX.

La difusión de esta poesía popular liberada de la rígida estructura métrica clásica daría lugar a la aparición, en el siglo X, de composiciones populares hispánicas, el zéjel y la muasaja, en las que incluso se utilizan palabras romances. Junto a este tipo de poesía y quizá como reacción contra ella se produce en los círculos aristocráticos una vuelta a las formas clásicas.

La coexistencia del habla árabe con el romance y con el beréber introdujo en la primera numerosas incorrecciones que exigieron el cuidado constante de los gramáticos como al-Zubaydi (m. en 989), autor de un tratado sobre los Defectos del habla en el vulgo. Directamente relacionado con los estudios gramaticales y lexicográficos está el género literario llamado adab, en el que se incluyen una serie de conocimientos diversos de tipo cultural y enciclopédico. La labor de diversos personajes en la segunda mitad del siglo IX y primeros años del X hizo posible la asimilación de las obras literarias iraquíes en al-Andalus, de las que es un magnífico exponente la antología del cordobés ibn Abd Rabbihi, escrita entre el 912 y el 933, en la que se recogen más de diez mil versos de doscientos poetas orientales.

El cultivo de las ciencias en el mundo musulmán se inicia tempranamente (siglo VIII) al favorecer los califas la traducción de obras médicas y científicas del mundo antiguo, sea éste griego, indio, persa o chino. Del Islam oriental estos conocimientos pasaron rápidamente a Occidente, como se comprueba en el caso de la matemática astronómica india, conocida en Oriente a fines del siglo VIII, adaptada por al-Huarizmí (839) y llegada a la Península en el reinado de Abd al-Rahmán II, hacia el año 844. Los números actualmente utilizados proceden de la India y fueron conocidos por los árabes desde fines del siglo VII; a fines del siglo IX — tras la exposición por al-Huarizmí de las reglas necesarias para operar con ellos — eran conocidos en al-Andalus, desde donde pasaron en el siglo x a los dominios cristianos de la Península y más tarde a Europa; el procedimiento de fabricación del papel, de origen chino llega a la Península a mediados del siglo X...

Entre los estudios científicos más desarrollados en al-Andalus figuran los de medicina y astronomía. La medicina, ejercida de un modo práctico por cristianos y judíos hasta los años de Abd al-Rahmán II, comienza a ser cultivada por los musulmanes emigrados de Oriente y tiene un gran desarrollo en la época califal al conocerse la obra de Dioscórides, enviada como regalo por el emperador Constantino VII de Bizancio al primer califa, quien la hizo traducir por un equipo dirigido por el médico judío Hasdai ibn Shaprut y por el monje bizantino Nicolás. La astronomía, aunque no permitida por los malequíes, tuvo gran número de cultivadores en la época de al-Hakam II; entre ellos merece especial atención Maslama al-Machrití, adaptador de las tablas astronómicas de al-Huarizmí y autor de un tratado sobre el astrolabio y de diversas obras de matemáticas y de magia.

Aunque los años de al-Hakam II son los más interesantes desde el punto de vista cultural, ya antes la adopción del título de califa por Abd al-Rahmán había llamado la atención de algunos musulmanes que emprendieron la tarea de recoger por escrito la historia del nuevo imperio. Entre ellos destaca Ahmad ibn Muhammad al-Razi, autor de una historia general de la Península desde la época legendaria hasta mediados del siglo X. Su hijo Isa ibn Ahmad al-Razi redactó unos Anales de al-Andalus, que fueron utilizados por numerosos cronistas posteriores: Muhammad al-Jushani nos ha transmitido una Historia de los jueces de Córdoba que nos permite conocer no sólo la actuación de los cadíes sino también la. vida cordobesa. Un descendiente de los reyes visigodos, ibn al Qutiyya (el Hijo de la Goda) es el autor de una Historia de la conquista de al-Andalus desde la invasión musulmana hasta la toma de Bobastro por Abd al-Rahmán III.

Esplendor artístico: la arquitectura

El Islam unifica una gran parte del mundo conocido por medio de la religión, la lengua, la cultura y el arte, aun cuando cada región ofrece algunas características propias; en todos los campos mencionados la idea inicial parte de Oriente, de la simbiosis arabebizantinopersa a la que se deben los caracteres generales. En el campo artístico, los objetos de arte sirven, aparte de sus funciones generales, religiosas o profanas, como exponente de la importancia alcanzada por cada dinastía o familia llegada al poder. Así en la Península las manifestaciones artísticas se centran hasta el siglo X en Córdoba, ya se trate de mezquitas, de residencias del soberano o de objetos de adorno o uso diario; la disolución del califato y la subsiguiente creación de los reinos de taifas, o el dominio almorávide y almohade, se traducirán en una dispersión y generalización de los centros artísticos que, en definitiva, están directamente relacionados con la situación política.

El reducido número de musulmanes llegados a la Península y las dificultades de todo tipo que tuvieron que vencer antes de estabilizarse no permitieron la creación de centros islámicos de culto. La apropiación de una parte o de la totalidad de las iglesias cristianas fue el sistema empleado por los árabes y beréberes invasores para dotarse de mezquitas hasta que Abd al-Rahmán I inició la construcción de la mezquita cordobesa en los años 785-786. La mezquita no es sólo un lugar de culto, es también la manifestación de la independencia de la nueva dinastía.

Esta primera mezquita es una gran sala rectangular con capacidad para recibir 10000 fieles y se halla dividida en 11 naves orientadas de norte a sur perpendicularmente al muro de la quibla, que señala a los creyentes la dirección de La Meca a la que deben dirigir sus plegarias; de hecho, el muro de la quibla cordobesa no indica la dirección de La Meca, pero se mantuvo así a imitación de las mezquitas sirias construidas por los califas omeyas de Damasco.

El auge del emirato omeya en época de Abd al-Rahmán II se manifiesta en el campo constructivo con la erección de las mezquitas, hoy desaparecidas, de Sevilla, Baena y Jaén, con la ampliación de la cordobesa y en la reparación o construcción de caminos, puentes, murallas y fortalezas. Entre estas últimas, la más importante fue la alcazaba de Mérida construida para asegurar el control de la ciudad frente a los levantiscos muladíes. La mezquita de Córdoba fue ampliada mediante la prolongación de las naves en la zona de la quibla en unos 25 metros y, según algunos autores, con el añadido de dos naves laterales, una a cada lado.

La adopción del título califal por Abd al-Rahmán III repercute igualmente en el terreno artístico; el califa necesita demostrar que el nuevo título va unido a un nuevo concepto del poder y lo probará con las expediciones contra fatimíes y cristianos, con la adopción de un ceremonial palatino que lo aleja y, a su entender, lo realza ante los ojos del pueblo, y con la construcción de edificios, que, además de cumplir sus finalidades propias, recuerden a los cordobeses y a los visitantes la riqueza e importancia del soberano omeya.

Estos edificios serán la residencia construida en Medina Azahra y el alminar o campanario de la Mezquita cordobesa desde donde el almuédano llama a la oración. Al primer califa se debe, asimismo, la reparación de la fachada y la ampliación del patio que daba entrada a la mezquita. La mentalidad con la que inició estas construcciones puede apreciarse en la frase que le atribuyen diversos cronistas: «Los monarcas perpetúan el recuerdo de su reinado mediante el lenguaje de bellas construcciones. Un edificio monumental refleja la majestad del que lo mandó erigir».

La obra más importante en todos los sentidos es la realizada en Medina Azahra, al noroeste de Córdoba, donde construyó una auténtica ciudad que le serviría de residencia y, al mismo tiempo, de sede de los organismos centrales de gobierno; su construcción fue iniciada a fines de 936 y se prolongó durante más de cuarenta años. Esta ciudad, abandonada como centro de gobierno a la subida de Almanzor, fue saqueada durante los años de anarquía que precedieron a la disgregación del califato y sólo se conocen sus restos a través de las descripciones literarias y de las excavaciones arqueológicas.

Al-Hakam II llevó a cabo una verdadera ampliación de la mezquita cordobesa en el mismo sentido que la realizada por Abd al-Rahmán II, es decir, longitudinalmente, tras derribar y sustituir el muro de la quibla por once grandes arcos dobles de gran riqueza ornamental. Aunque se mantiene la distribución y la estructura de las columnas, el material empleado no procede de antiguos edificios sino que ha sido expresamente labrado para la obra. Estas diferencias en el material empleado son prueba clara de los progresos realizados por el Islam peninsular: Abd al-Rahmán I utilizó sólo materiales procedentes de otros edificios; Abd al-Rahmán II hizo labrar algunos capiteles; y al-Hakam II sólo emplea columnas y capiteles especialmente concebidos para la ampliación. Mientras en las obras anteriores sólo se utilizan arcos de herradura y semicirculares, los constructores del siglo X hacen uso de arcos lobulados, de ángulo y entrecruzados, que dan lugar a formas complejas características del arte islámico peninsular.

Almanzor llevó a cabo la última ampliación al aumentar en ocho el número de naves de la mezquita. Si la ampliación se debió al aumento demográfico de Córdoba y a la necesidad de contar con el apoyo de los alfaquíes, la especial situación política del caudillo árabe le obligó a construir una nueva residencia, Medina al-Zahira, como centro de gobierno, ya que Medina Azahra continuó como residencia del califa Hisham II. Esta nueva ciudad fue saqueada y destruida a comienzos del siglo XI y se ignora incluso su situación geográfica.

Aparte de la mezquita cordobesa y de las residencias del califa y de Almanzor, los musulmanes construyeron otras mezquitas entre las cuales la mejor conservada es la de Toledo (Cristo de la Luz), construida hacia el año mil y transformada en santuario cristiano por Alfonso VI tras la conquista de la ciudad en 1085.

La ruptura de la unidad de al-Andalus

La pacificación de los dominios musulmanes, la renovación cultural y administrativa y los éxitos militares conseguidos frente a cristianos y fatimíes no fueron suficientes para poner fin a las tendencias disgregadoras de los musulmanes peninsulares, que fueron reforzadas por los conflictos étnicosociales provocados por el ascenso de los mercenarios beréberes y de las tropas eslavas.

Almanzor sigue en apariencia las directrices señaladas por los primeros califas: mantenimiento del orden en el interior y expansión militar y económica. Sin embargo, las diferencias son importantes; la política expansiva de Abd al-Rahmán III y de al-Hakam II es la culminación de un proceso cuyo punto de partida es la pacificación interior; sin ella no hay expansión; ésta es el resultado de la coordinación de los intereses del califa y de la nobleza hispanoárabe, con la que colaboran y a cuyo servicio se hallan las tropas mercenarias. Durante los años de Almanzor los términos se invierten: enfrentado a la nobleza sólo puede dominarla con la ayuda de los mercenarios, que pasan al primer plano político y social y cuyos éxitos militares son imprescindibles para mantener el orden en el interior. En el primer caso la pacificación interna estaba al servicio de la expansión; en el segundo, sin triunfos militares no hay paz interior.

Generalmente se hace responsable de estos cambios a la situación personal de Muhammad ibn Abi Amir (Almanzor), pero éste se limitó a obtener, en su exclusivo beneficio, el máximo provecho de la situación preexistente. El recurso continuo a las tropas mercenarias, en época de Abd al-Rahmán III y de al-Hakam II, terminaría reflejándose en el ascenso social de beréberes y eslavos, no siempre de acuerdo entre sí, y en la oposición a ambos de la nobleza árabe, que no sólo se vio privada del mando militar sino también de los cargos de confianza del califa. Utilizando hábilmente esta oposición y la rivalidad entre los individuos influyentes de cada grupo étnico, Almanzor conseguiría convertirse en el dueño, discutido pero firme, de al-Andalus.

Simple escribano público en sus comienzos, en pocos años logró ser nombrado administrador de los bienes del heredero del trono, director de la Ceca, cadí de Sevilla-Niebla, administrador del dinero destinado a pagar los servicios de los beréberes norteafricanos contra los fatimíes y, finalmente, inspector general de las tropas mercenarias, cargo que desempeñaba al morir al-Hakam II (976) y que le permitiría compartir el poder con el beréber Chafar al-Mushafí, no sin antes desembarazarse de los dirigentes eslavos que propugnaban el nombramiento como califa de uno de los hermanos de al-Hakam en lugar de su hijo Hisham II, de once años.

Almanzor, elevado al cargo de visir, solo tiene por encima de él al hachib Chafar al que eclipsará rápidamente. Su origen árabe le atrae el apoyo de la aristocracia; el perdón de algunos impuestos, el restablecimiento del orden policial en Córdoba y el éxito de una campaña contra los cristianos le dan el apoyo del pueblo cordobés, de los alfaquíes y del ejército cuyos jefes, dirigidos por el liberto Galib, se oponen al beréber Chafar. Aliado a Galib, con una de cuyas hijas se casó, Almanzor logra la destitución del hachib en mayo de 978 y se hace otorgar el título y las atribuciones de primer ministro.

El rápido ascenso de Almanzor y los excesivos poderes acumulados durante la minoría de Hisham II dieron lugar a una conjura destinada a sustituir a Hisham (es decir, a su primer ministro) por otro de los descendientes de Abd al-Rahmán III (979); sofocada ésta y logrado el apoyo alfaquí mediante la condena de los mutazilíes (algunos dirigentes de la conjura fueron acusados de seguir estas doctrinas), a través del expurgo de la biblioteca de al-Hakam II y con la ampliación de la mezquita cordobesa, Almanzor se hallaba en condiciones de gobernar sin tener en cuenta al califa, de cuya aprobación nominal prescindió al crear Medina al-Zahira y trasladar a esta ciudad la administración del reino (981).

Dictador con poderes absolutos, Almanzor gobernó al-Andalus durante más de veinte años. Aunque su gobierno parece haber sido justo y beneficioso para la población, su desprecio de la dinastía sirvió de pretexto para un nuevo levantamiento dirigido por el general Galib; éste, liberto de Abd al-Rahmán III, se mantuvo fiel a los omeyas y ni siquiera su parentesco con Almanzor fue suficiente para disuadirle de sus propósitos. Frente a Galib y frente a la aristocracia árabe, Almanzor incrementó el número de mercenarios y se rodeó de tales y tan numerosas tropas que Galib, jefe de las guarniciones fronterizas y organizador de las campañas contra los cristianos, se vio obligado a solicitar la ayuda de castellanos y navarros con lo que, automáticamente, perdía el apoyo de los fieles musulmanes.

Muerto Galib en combate (981), el poder de Almanzor no conoció límites: de esta fecha data el sobrenombre honorífico de al-Mansur billah (el victorioso por Alá) y la adopción del ceremonial reservado a los califas; diez años más tarde renunciaría en favor de su hijo Abd al-Malik al título de hachib y adoptaría el de Señor, completado en el año 996 con el de noble rey.

A lo largo de su reinado, Almanzor tuvo que enfrentarse a numerosas conjuras dirigidas por la aristocracia árabe, cuyos cuadros militares fueron desorganizados al obligar a los árabes a integrarse en las compañías de mercenarios, cuyo número aumenta continuamente hasta llegar a absorber la mayor parte de los ingresos del Estado.

A través de este mecanismo, las diferencias entre los diversos grupos étnicos se exacerban y al-Andalus entra en un círculo vicioso que provocará su ruina: sin un aumento continuo de los efectivos mercenarios Almanzor será incapaz de gobernar y para pagar a sus tropas el caudillo árabe necesita incrementar los impuestos, lo que se reflejará en un aumento del malestar y de la oposición interna, o desviar la atención de los súbditos proyectándola hacia el exterior, hacia el mundo cristiano y hacia el norte de África que, al mismo tiempo, proporcionan abundante botín con el que, apenas, se cubren las crecientes necesidades o exigencias de los mercenarios. Indispensables en el terreno militar, eslavos y beréberes exigen una mayor participación en el poder, por el que se enfrentan abiertamente, y desplazan a la aristocracia árabe de los puestos de gobierno.

La fuerte personalidad de Almanzor y de su hijo Abd al-Malik (1002-1008), así como la próspera situación económica de al-Andalus, hicieron posible la supervivencia del edificio político omeya, pero bastaría la falta de tacto de Abd al-Rahmán Sanchuelo, segundo hijo de Almanzor, al hacerse proclamar heredero por Hisham II, para que se manifestara públicamente el descontento de la nobleza árabe; ocupado en combatir a los cristianos, Abd al-Rahmán no pudo impedir que los sublevados proclamaran califa al omeya Muhammad II y, abandonado de todos, fue ejecutado en el año 1009.

El triunfo de la aristocracia árabe y de la plebe cordobesa se tradujo en una persecución de los mercenarios beréberes, quienes no tardarían en sublevarse y en elegir califa, con el apoyo de los castellanos de Sancho García, a otro omeya, Sulaymán, al que se opondría Muhammad II con el apoyo de los eslavos y de barceloneses y urgelitanos. En menos de dos años los musulmanes han pasado de arbitros en las querellas entre cristianos a solicitar el apoyo de éstos en sus luchas internas.

La victoria de Muhammad II sobre los beréberes fue de corta duración. Los eslavos repusieron en el trono a Hisham II (1010), pero no pudieron romper el cerco de Córdoba, que se rindió a los beréberes tres años más tarde. La autoridad del nuevo califa, Sulaymán, sólo fue reconocida en los distritos controlados militarmente por los beréberes, a los que concedió importantes feudos; a pesar de ello, no pudo evitar la sublevación de Alí ibn Hammud, señor de Ceuta, quien se proclamó califa en el año 1016. Hasta esta fecha, aunque el califa no fuera más que un juguete en manos de los diversos grupos militares, se había mantenido la ficción del respeto a la dinastía omeya; el nombramiento de un beréber rompía las últimas barreras y dejaba abierto el camino a toda clase de sublevaciones que, en adelante, no tenderán a restablecer el poder califal sino a la creación de señoríos personales.

Los califas, nombrados por los norteafricanos, por los eslavos o por la aristocracia hispanoárabe, se sucedieron en Córdoba hasta el año 1031, fecha en la que los árabes de la capital depusieron al omeya Hisham III al-Muttad, pero, ya en los años anteriores al-Andalus se hallaba dividido en reinos independientes dirigidos por los jefes beréberes, eslavos o árabes, quienes continuarían enfrentados en los años posteriores y con sus luchas favorecerían el afianzamiento de los reinos cristianos.

BIBLIOGRAFÍA

Abdelkrim Aluch: Organización administrativa de las ciudades en el Islam español. — «Miscelánea de estudios árabes y hebraicos» (Granada), X (1961), págs. 37-68.

Asin Palacios, M.: Ibn Masarra y su escuela. — Madrid 1946.

Codera, F.: Estudios críticos sobre la historia árabe española. — Zaragoza 1903— 1917.

Codera, F.: Embajadas de príncipes cristianos en Córdoba en los últimos años de Alhaquem II. — «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), XIII (1888), págs. 453-464.

Cruz Hernández, Miguel: Filosofía hispano-musulmana. — Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. — Madrid 1957. — 2 vols., 422 y 388 págs.

Cruz Hernández, Miguel: La filosofía árabe. — Publicaciones de la Revista de Occidente. — Madrid 1963. — 422 págs.

Dozy, R.: Histoires des musulmans d'Espagne jusqu'a la conquéte de l'Andalousie par les almorávides. — Leiden 1932. — 3 vols.

Dozy, R.: Recherches sur l'histoire et la littérature des árabes d'Espagne pendant le Moyen Age. — Leiden 1888.

García Gómez, Emilio: El califato de Córdoba en el «Muqtábis» de Ibn Hayyan. Anales palatinos del califa de Córdoba al-Hakam II por Isa ibn Ahmad al-Razi (360-364 H. = 971-975 J. C.) — Sociedad de Estudios y Publicaciones. — Madrid 1967. — 293 págs.

Gómez Moreno, M.: El arte árabe español hasta los almohades. — Madrid 1931.

Huici Miranda, Ambrosio: Historia musulmana de Valencia y su región. — Valencia 1970.

Hussayn Mones: La división político administrativa de la España musulmana. — «Revista del Instituto de Estudios Islámicos» (Madrid), V (1957), págs. 79-135.

Imamuddin, S. M.: Some Aspects of the Socio-economic and Cultural History of Muslim Spain, 711-1492 A. D. — E. J. Brill. — Leiden 1965. — VIII + 238 págs.

Imamunddin, S. M.: A Political History of Muslim Spain. — Dacca 1961.

Imamuddin, S. M.: The Economic History of Spain under the Umayyads. — Asiatic Society of Pakistán. — Dacca 1963. — XVII + 537 págs.

La Granja, F. de: La Marca Superior en la obra de al-Udri. — «Estudios de Edad Media en la Corona de Aragón» (Zaragoza), VII (1967), págs. 447-545.

Lévi-Provencal, E.: España musulmana hasta la caída del califato de Córdoba (711-1031 de J. C). — Traducción e introducción por Emilio García Gómez. — Tomo IV de la Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal. — Editorial Espasa-Calpe. — Madrid 1950. — XLIV + 524 págs.

Lévi-Provencal, E.: España musulmana hasta la calda del califato de Córdoba (711-1031 de J. C). Instituciones y vida social. — Traducción e introducción por Emilio García Gómez. — Tomo V de la Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal. — Editorial Espasa-Calpe. — Madrid 1957. — XXIV + 838 págs.

López Ortiz, J.: Derecho musulmán. — Madrid-Barcelona 1932.

Makki, M. Ali: Ensayo sobre las aportaciones orientales en la España, musulmana y su influencia en la formación de la cultura hispana-árabe. — Publicaciones del Instituto de Estudios Islámicos. — Madrid 1968. — X + 340 págs.

Millas Vallicrosa, José María: Estudios sobre historia de la ciencia española — C.S.I.C. — Barcelona 1949. — VIII + 499 págs.

Millas Vallicrosa, José María: Nuevos estudios sobre historia de la ciencia española. — C.S.I.C. — Barcelona 1960. — 364 págs.

Millas Vallicrosa, Josep María: Assaig d'história de les idees físiques i matemátiques a la Catalunya medieval. — Barcelona 1931.

Ruiz Asensio, J. M.: Campañas de Almanzor contra el reino de León (981-986). — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), V (1968), págs. 31-64.

Sánchez-Albornoz, Claudio: La España musulmana, según los autores islamitas y cristianos mediavales. — Editorial El Ateneo. — Buenos Aires 21960. — 2 vols., 397 y 503 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: El Islam de España y el Occidente. — En «L'Occidente e l'Lslam nell'alto medioevo» I (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XII, Spoleto 1965), págs. 149-389.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Investigaciones sobre historiografía hispana medieval (siglos VIII al XII). — Universidad de Buenos Aires. Instituto de Historia de España. — Buenos Aires 1967. — 418 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: En torno a los orígenes del feudalismo, II: Los árabes y el régimen prefeudal carolingio. Fuentes de la historia hispano-musulmana del siglo VIII. III: La caballería musulmana y la caballería franca del siglo VIII. — Mendoza 1942.

Terrase, Henri: Islam d'Espagne. Une rencontre de l'Orient el l'Occident. — Plon. — París 1958. — III + 299 págs.

Vallvé, J.: La intervención omeya en el norte de África. — «Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán» (Tetuán), IV (1967), págs. 7-39.

Vernet, Juan: La ciencia española en el Islam y Occidente. — En «L'Occidente e l'Islam nell'alto medioevo» II (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XII, Spoleto 1965), págs. 537-572.

Vernet, Juan: Literatura árabe. — Editorial Labor. — Barcelona 1966. — 264 págs:

Watt, W. Montgomery: Historia de la España islámica. — Con la colaboración de P. Cachia. — Alianza Editorial (El libro de bolsillo, núm. 244). — Madrid 1970. — 216 págs.

5.CONQUISTA Y REPOBLACIÓN CRISTIANA EN EL SIGLO X

La «reconquista»

La historiografía peninsular mantiene intactas algunas ideas recibidas de los mozárabes llegados al reino asturleonés en la segunda mitad del siglo IX; estos clérigos, al hacer a los monarcas asturianos herederos de los visigodos, se convirtieron en los primeros defensores de la unidad peninsular, cuya obtención correspondería a Alfonso III y a sus sucesores, y dieron a éstos un objetivo: la lucha contra el Islam hasta la recuperación total de las tierras perdidas y la reimplantación en ellas del cristianismo.

Los proyectos concebidos por los mozárabes para la dinastía leonesa han sido transformados en realidad por cronistas e historiadores que han acuñado el término reconquista para designar el largo período que va desde la entrada de los musulmanes en la Península (711) hasta la desaparición del último estado islámico (1492) y que se concibe como la época en la que los cristianos centran su vida e incluso su organización en ocupar las tierras perdidas por los visigodos y en restablecer el cristianismo en la Península.

Examinada desde este punto de vista, la historia medieval peninsular se reduce a una interminable sucesión de batallas y fechas, cada una de las cuales es un paso adelante o un retroceso en la marcha hacia la cristianización, a la que se subordinan todos los demás intereses. La realidad, sin embargo, difiere bastante del esquema trazado: la conquista de las tierras dominadas por los musulmanes, en sus orígenes al menos, es obra de poblaciones poco romanizadas y poco o nada cristianizadas. En épocas posteriores, es indudable que los reinos y condados del norte son cristianos, pero no es el afán de difundir su religión el motor, al menos no el único, de las campañas militares.

La gran masa de la población, e incluimos en ella a la mayor parte de los reyes y condes, actúa por móviles más concretos, menos espirituales. Busca, ante todo, ampliar sus bienes, sus reinos o condados y poco importa que sea a costa de los musulmanes o de los cristianos vecinos. El factor religioso tiene importancia, pero no es el único ni, en muchas ocasiones, el más importante. Las diferencias entre el mundo cristiano y el musulmán, y dentro de uno y otro, no se limitan a la religión; son también políticas, económicas y sociales y todas habrán de ser estudiadas para comprender la historia medieval, pero desde ahora puede afirmarse que la diferencia de religión no impidió a reyes y nobles aliarse o firmar paces y treguas con los musulmanes cuando convenía a sus intereses, aunque alianzas, paces y treguas permitieran a los islamitas atacar a los restantes cristianos de la Península.

La repoblación

La reconquista, entendiendo por tal el avance de las fronteras de los reinos y condados del norte, fue posible gracias a la conjunción de una serie de factores que serán analizados en cada caso; pero este avance por sí solo habría sido insuficiente si no hubiera ido acompañado de un cambio de mentalidad, de la adaptación de los antiguos habitantes a las formas de vida de los conquistadores; este dominio efectivo se logra mediante la instalación, en los territorios ocupados, de nuevos pobladores que se encargan de la defensa militar del territorio, de su puesta en cultivo y, al mismo tiempo, de integrar a la antigua población en el nuevo sistema de vida.

El problema de adaptación desaparece cuando se ocupan regiones desérticas o semiabandonadas y se hace insoluble cuando en las nuevas tierras permanece una población lo suficientemente fuerte y coherente como para resistir la presión social y cultural de los vencedores; en este caso se procederá a la expulsión de los musulmanes o se intentará marginarlos permitiendo que mantengan su propia forma de vida, siempre que sea rentable.

Durante el período que estudiamos, reyes y condes están interesados en asegurar el dominio de las zonas ocupadas, desiertas en líneas generales, y en ponerlas en cultivo, por lo que conceden facilidades a los que quieren habitar en estas tierras. Teóricamente, toda la tierra pertenece al rey o conde independiente y es necesaria su autorización para ocuparla, pero de hecho basta la roturación del suelo y en muchos casos la simple ocupación (presura en los reinos occidentales y aprisio en los orientales) para convertir al campesino en dueño de la tierra que trabaja.

Durante este período y debido al sistema de repoblación empleado, aparece en la documentación un gran número de pequeños propietarios libres en Asturias, León, Castilla, Navarra, Aragón y en los condados catalanes. En todas estas zonas predomina el tipo de hábitat disperso que viene impuesto por la insuficiencia de la población y por la forma personal de ocupar la tierra. Pero la presura o aprisio no la realizan sólo los particulares sino también los monasterios, obispos y nobles, que ocupan grandes extensiones gracias a la fuerza que les dan sus esclavos, colonos y clientes, al apoyo del rey o del conde local y al prestigio social de que están rodeados.

En las zonas en las que predominan los monasterios y los nobles —laicos o eclesiásticos— se produce una absorción gradual de los pequeños propietarios, que pierden su libertad y sus tierras en beneficio de los primeros; en las zonas más pobladas y en aquellas en las que la nobleza de origen visigodo o carolingio han sido más fuertes, la absorción de los campesinos fue más temprana y más intensa, pero las líneas generales del proceso pueden observarse igualmente en todos los territorios ocupados por cristianos.

Los pequeños propietarios se convierten en siervos o colonos de iglesias, monasterios o nobles a través de un proceso bastante complejo; a veces se ven obligados, en años de malas cosechas, a pedir ayuda a los grandes propietarios a los que ofrecen a cambio lo único que poseen, sus tierras, que les son devueltas para que las cultiven en nombre y al servicio del nuevo propietario, que se hace entregar una parte de las cosechas en reconocimiento de sus derechos de propiedad.

En otras ocasiones, no será la necesidad económica sino la piedad, más o menos sentida, la que lleve a los campesinos a entregar sus tierras a la Iglesia. La comisión de delitos será sancionada con penas económicas igualmente pagadas con la entrega de una parte o del total de las propiedades; como el ejercicio de la justicia está generalmente reservado a los nobles y a los eclesiásticos, éstos serán los beneficiarios de las multas. En otros casos, monasterios, iglesias o nobles se apresuran a adelantar al campesino condenado el dinero que necesita y obtienen a cambio la cesión de una parte de sus bienes...

Paralelamente a este proceso económico e íntimamente ligado a él se perfecciona una estructura política en la que el poder en toda su acepción está ligado a la posesión de la tierra, que da a los nobles una serie de derechos sobre los campesinos que viven no sólo en sus propiedades sino en las comarcas próximas; enfrentados a los grandes propietarios y sin posibilidad de coordinar sus esfuerzos, los pequeños campesinos terminarán por someterse a los nobles, en mayor o menor número y de un modo más o menos completo según sea la fuerza de éstos.

EL REINO DE LEÓN

El reino de León en la primera mitad del siglo X

La difícil situación de al-Andalus y los éxitos militares conseguidos por Alfonso III en colaboración con los monarcas navarros y con los muladíes de Mérida y de Toledo permitieron a los cronistas mozárabes atribuir al reino astur el papel de conquistador y reunificador de los antiguos dominios visigodos, proyecto al que no sería ajeno el título de emperador dado por algunos clérigos al monarca asturiano que, sin embargo, no pudo impedir la sublevación de sus propios hijos y la imposición como rey, en vida de Alfonso, del primogénito García, auxiliado por tropas castellanas (910).

Las diferencias entre las distintas partes que integran el reino —se han manifestado en las continuas sublevaciones de gallegos y vascones y en la actuación independiente de algunos condes castellanos— se traducen en la división de los dominios de Alfonso III. García I, apoyado por los condes castellanos, parece controlar el reino, cuya capital se sitúa ahora en León, pero tanto Galicia como Asturias gozan de una cierta independencia bajo el gobierno de Ordoño y de Fruela, hermanos del rey.

Por muerte de García, Ordoño II (914-924) actúa como rey único y continúa la política ofensiva emprendida contra los musulmanes desde sus dominios gallegos. Al saqueo de Évora (913) sigue una campaña contra la zona emeritense, en la que toma el castillo de Alanje y obliga al gobernador de Badajoz a comprar la retirada de sus tropas. Los ejércitos leoneses derrotan a los musulmanes en San Esteban de Gormaz y llegan a ocupar Talavera, pero son derrotados por Abd al-Rahmán III en Valdejunquera (920).

Los triunfos militares han hecho olvidar temporalmente las diferencias existentes entre León y Castilla, pero éstas resurgen al producirse la primera derrota de consideración. Los condes castellanos, acusados de negligencia, fueron encarcelados durante algún tiempo, lo que no impidió que fueran repuestos en sus cargos. La ausencia de los condes en Valdejunquera y el regreso a sus condados son indicios de la escasa autoridad del monarca en esta zona fronteriza del reino.

La sucesión de Ordoño plantea nuevamente el problema de la unidad leonesa; durante dos años gobierna su hermano Fruela II al que se oponen los hijos de Ordoño: Alfonso IV, Sancho y Ramiro; el primero, con la ayuda de tropas navarras reina en León, Asturias y Castilla; Sancho se proclama rey de Galicia, y Ramiro parece haber ejercido su autoridad en Portugal. La muerte de Sancho (929) y la retirada a un monasterio de Alfonso permite a Ramiro II (931-951) unificar una vez más los dominios leoneses.

Ramiro, al igual que sus antecesores, mantuvo la alianza con los monarcas navarros (tanto Ordoño II como Alfonso IV y el propio Ramiro estuvieron casados con navarras), cuya ayuda era indispensable para prevenir los ataques musulmanes, que, según hemos visto, se inician casi siempre desde el valle del Ebro. Protegido el flanco oriental, Ramiro ataca Madrid y derrota a los musulmanes en Osma (933), pero sus ejércitos son vencidos un año más tarde en las proximidades de Burgos.

La necesidad de cerrar el paso a los ejércitos musulmanes llevó al monarca leonés a colaborar con el gobernador musulmán de Zaragoza, sublevado contra Abd al-Rahmán III, quien no tardaría en someter al rebelde y en obligar a los navarros a declararse tributarios de Córdoba (937). Dos años después, el califa emprendía una campaña destinada a destruir las plazas fortificadas por los leoneses en el valle del Duero y sus tropas eran vencidas por leoneses, castellanos y navarros en Simancas. Tras esta victoria, las fronteras leonesas situadas en la línea Osma-Zamora avanzaban hasta el Tormes donde serían repobladas, entre otras, las plazas de Salamanca y Ledesma.

Los éxitos militares frente a los musulmanes y la alianza con los navarros no fueron suficientes para impedir la secesión de Castilla, cuyos condes, aun cuando colaboran en la lucha contra los cordobeses, actúan en sus dominios con una gran independencia. Al igual que Ordoño II, Ramiro encarceló a los condes Fernán González y Diego Muñoz y del mismo modo que su antecesor se vio obligado a devolverles la libertad y a reponerlos en sus cargos tras exigirles un juramento de fidelidad.

El reino de León en la segunda mitad del siglo X

A mediados del siglo X, León se halla, aparentemente, en condiciones de convertir en realidad los deseos y proyectos de los clérigos mozárabes; las victorias de Ramiro frente a los musulmanes y la amplitud de los territorios incorporados hacen del reino leonés la máxima fuerza política del mundo cristiano peninsular y su influencia sobre Navarra-Aragón se extiende hasta los condados catalanes en los que un abad, Cesáreo de Montserrat, concibe y lleva a cabo el propósito de hacerse nombrar por los obispos leoneses metropolitano de la sede tarraconense, lo que equivalía a reconocer no sólo el carácter apostólico de la sede de Iria (Santiago de Compostela), sino también la unidad de las tierras hispánicas y la supremacía en ellas del reino leonés.

Sin embargo, la privilegiada posición política y eclesiástica de la monarquía leonesa no fue obstáculo para que los obispos catalanes rechazaran el nombramiento de Cesáreo, para que los navarros se libraran de la tutela ejercida por los reyes leoneses y para que los propios súbditos de la monarquía se sublevaran contra el nuevo rey Ordoño III, que tuvo que hacer frente a los condes castellanos, a los magnates gallegos y a su hermano Sancho, a cuyo lado se hallaban tropas navarras.

Ordoño lograría derrotar a sus enemigos e incluso tendría fuerzas para dirigir una expedición contra los musulmanes, pero la inestabilidad interior le obligaría a firmar treguas con el califa, cuyos ejércitos serán, en adelante, los árbitros de las querellas entre cristianos. A la muerte de Ordoño, castellanos y navarros se enfrentan por el control del reino leonés, por nombrar un rey que les esté sometido. Mientras los segundos apoyan a Sancho I y consiguen imponerlo (956-958), Fernán González consigue atraerse a la nobleza leonesa y expulsar al monarca, que será sustituido por Ordoño IV, cuya fidelidad se asegura el castellano casándolo con una de sus hijas.

Tropas navarras y musulmanas reponen a Sancho, pero no pueden impedir que los condes gallegos y castellanos mantengan su independencia, que continúa durante el reinado de Ramiro III (966-985). El nombramiento de Ramiro, menor de edad, ha permitido afirmar que en el año 966 triunfa la tendencia a hacer hereditaria la monarquía, teóricamente electiva hasta entonces a imitación de la visigoda. Sin embargo, aunque es innegable que la tendencia hereditaria se acentúa, y no sólo al nivel monárquico, no es menos cierto que la designación de Ramiro encontró una fuerte oposición entre los nobles y que sólo fue posible gracias al apoyo navarro y a los pactos firmados por la regente Elvira con los musulmanes. A pesar de ello la nobleza no renunció a su independencia, como lo prueban las embajadas a Córdoba de los condes de Castilla, de los leoneses Fernando Ansúrez y Gómez Díaz y de los gallegos Gonzalo Menéndez y Rodrigo Velázquez.

El envío al norte de África de una parte considerable de las tropas cordobesas estacionadas en la frontera permitió a los cristianos romper las treguas firmadas con al-Hakam II y unidos una vez más atacaron la plaza fuerte de Gormaz (975), ante cuyos muros fueron derrotados castellanos y leoneses, mientras que los musulmanes del Ebro impedían la llegada de refuerzos navarros y derrotaban a éstos en las proximidades de Tudela.

La inquietud provocada en al-Andalus por el ascenso de Almanzor fue utilizada por leoneses, navarros y castellanos para aliarse a su vencedor de pocos años antes, al general Galib, a cuyo lado combatieron (981) contra el caudillo árabe. Nuevamente derrotados, los leoneses se dividen y los gallegos eligen como rey a Vermudo III (982-991) quien, para imponerse a los partidarios de Ramiro, tuvo que declararse tributario de Almanzor y consentir el estacionamiento en tierras de León de tropas musulmanas.

La sumisión a Córdoba es necesaria para hacer frente a los rebeldes del interior, pero a su vez provoca nuevas sublevaciones que obligarán a Vermudo a prescindir de los auxiliares musulmanes, lo que da lugar a campañas de represalia, en las que nobles leoneses y gallegos colaborarán con Almazor en el saqueo y destrucción de León, Astorga y Santiago de Compostela. El reino de León se halla en plena decadencia política y militar y a merced de los condes gallegos y castellanos, que se disputan el control de la monarquía a la muerte de Vermudo.

El fin del reino de León

Menor de edad, Alfonso V (999-1028) se halla bajo la tutela del gallego Menendo González al que se opone el castellano Sancho García. Mientras el primero mantiene relaciones amistosas con los musulmanes, el segundo los combate, una vez más sin éxito; cuando Sancho firme la paz con Abd al-Malik y colabore con él en una campaña dirigida contra Barcelona, Menendo sufrirá ataques contra León y Coimbra y se verá obligado a someterse; dependientes ambos condes de Córdoba, Sancho intentará hacer valer sus servicios y pedirá a Abd al-Malik la tutela de Alfonso V, petición a la que no accede el jefe árabe por cuanto habría equivalido a unir de nuevo a castellanos y leoneses.

La pérdida de importancia militar y política de León y los problemas internos impiden al reino obtener beneficios de la anarquía cordobesa; mientras castellanos y catalanes, como colaboradores de beréberes y eslavos, obtienen cuantioso botín y ocupan plazas fronterizas y el monarca navarro, libre de preocupaciones en la frontera sur, extiende sus dominios al ocupar el condado de Ribagorza y abre su reino a las influencias europeas, el rey de León carece de fuerzas para someter a los rebeldes, para rechazar los ataques castellanos y para expulsar del territorio a los vikingos, con los que colaboran nobles y salteadores.

Sólo en 1017 podrá Alfonso V proceder a una reorganización de sus dominios siguiendo, en la forma al menos, el modelo visigodo; en este año tuvo lugar en León una asamblea o concilio de obispos y nobles presididos por el monarca, y en ella se dictaron normas aplicables a todo el reino y tendentes a fijar los derechos del rey, a fortalecer la autoridad de los funcionarios judiciales, a garantizar los derechos de la Iglesia y a determinar la situación de los campesinos. Este concilio pretende ser el inicio de una restauración, según se prueba por los primeros artículos en los que se aclara el orden que habrá de seguirse en futuras reuniones: primero se tratarían los temas eclesiásticos en segundo lugar las cuestiones que afectaran al monarca, y por último los asuntos de interés para la comunidad en general.

En este concilio o en años posteriores, el rey de León se ocuparía de reconstruir la capital del reino y su tierra, saqueadas por Almanzor en el año 988, y de atraer pobladores mediante la concesión de un fuero que, más tarde, alcanzaría una gran difusión; en estas leyes se regulaba el funcionamiento del mercado y la vida económica de la ciudad, se daba una relativa autonomía a la asamblea de vecinos, al concejo o municipio, y se insinuaba el principio, ampliamente difundido posteriormente, de que los vecinos dentro de una ciudad eran libres por el solo hecho de fijar su residencia dentro de los muros urbanos.

La reconstrucción leonesa se encuentra facilitada por la muerte del castellano Sancho García; si éste durante la minoría de Alfonso V rectificó en su favor las fronteras castellano leonesas, el monarca leonés aprovechará la minoría del nuevo conde castellano García (1017-1029) y la insumisión de algunos nobles para ocupar algunas plazas perdidas veinte años antes. Ante esta doble amenaza a la seguridad castellana, los consejeros de García solicitaron la ayuda del navarro Sancho III (Sancho el Mayor). Alfonso se vio obligado a negociar con este personaje, que actuaría abiertamente como rey de Castilla a la muerte del infante García, un año después del fallecimiento del monarca leonés.

Rey de Navarra-Aragón y señor de Castilla, Sancho Garcés declara la guerra al leonés Vermudo III, llega a ocupar la capital del reino e incluso se hace titular emperador, título que corresponde a su dominio sobre la ciudad leonesa —heredera de Toledo— y que refleja la posición hegemónica del monarca navarro entre los reinos cristianos. Aunque Vermudo reconquistó la ciudad leonesa y con ella el título imperial, León salió debilitado de estas pruebas; el reino desaparecería al ser vencidos sus ejércitos por el primer rey de Castilla Fernando I, hijo de Sancho III, quien incorporó León a los dominios castellanos en el año 1037.

Castilla independiente

El proceso de independencia de Castilla es en muchos puntos similar al de los condados catalanes. Zona fronteriza y con una población cuyos orígenes y modos de vida la hacen distinta a la leonesa, tiende a manifestar políticamente sus diferencias. La división de Castilla en numerosos condados, cuyos dirigentes no siempre actúan de acuerdo, permite a los monarcas de León mantener su autoridad en esta comarca; pero las necesidades militares exigen un poder unificado al que se llega cuando Fernán González, cuya fidelidad se asegura mediante el matrimonio de su hija Urraca con el heredero leonés Ordoño III, recibe de Ramiro II los condados de Burgos, Álava, Lara y Cerezo.

Las dificultades internas de León a la muerte de Ramiro II, serán aprovechadas por Fernán González para debilitar a la monarquía y ampliar sus dominios. Conde dependiente del monarca leonés al que, además, está unido por lazos familiares, participa activamente en las revueltas nobiliarias contra Ordoño III y ofrece su apoyo a la regente navarra, Toda, que aspira a situar en el trono a su nieto Sancho I, segundo hijo de Ramiro. Aunque vencido, Fernán González no es desposeído de sus condados por Ordoño III, lo que puede ser indicio de una reconciliación oportuna o de la importancia adquirida por Castilla y de la inseguridad del monarca leonés.

Fallecido Ordoño, Castilla se encuentra en una posición difícil: situada entre León, donde gobierna Sancho I, y Navarra, su libertad de acción disminuye. Para romper el cerco Fernán González crea un nuevo rey en la persona de Ordoño IV, al que da por esposa a su hija Urraca, viuda de Ordoño III. La ayuda musulmana a Toda de Navarra hace posible la recuperación del trono leonés por Sancho y permite al monarca navarro hacer prisionero a Fernán González, que se ve obligado a someterse y a ceder a los navarros algunas plazas fronterizas a cambio de la libertad y del mantenimiento de sus dominios. Alternando la sublevación armada con la sumisión, Fernán González ha conseguido mantener unidos los condados castellanos y transmitirlos a su hijo García Fernández (970-995), que actuará como señor independiente aun cuando reconozca la superioridad jurídica del monarca leonés.

Enfrentado a los mejores generales musulmanes, Galib y Almanzor, y obligado a defender un territorio en el que predominan las llanuras, el conde castellano favorece a los campesinos que puedan disponer de un caballo apto para la guerra, les concede la categoría de infanzones (miembros de la nobleza de segundo grado) y con su ayuda ocupa San Esteban de Gormaz, aunque no puede impedir la pérdida de Simancas. Hábil diplomático, consigue atraer a su campo a uno de los hijos de Almanzor y provocar una guerra civil en zona musulmana, pero a su vez se ve traicionado por su propio hijo Sancho, aliado a Almanzor, cuyos ejércitos recuperan San Esteban de Gormaz y devastan Ávila (994). Un año más tarde García Fernández fue hecho prisionero y llevado a Córdoba, donde falleció.

Durante los primeros años de su mandato, Sancho García (995-1017) tiene que hacer frente a los ataques de Almanzor y de Abd al-Malik, del último de los cuales intenta obtener, después de haberse sometido, la tutela del monarca leonés Alfonso V. Los condes castellanos no sólo han logrado su independencia, sino que aspiran a dirigir el reino de León. Desaparecido el peligro musulmán al producirse la ruptura entre beréberes y eslavos, Sancho García vende sus servicios militares a los segundos, de los que obtiene la cesión de algunas plazas fronterizas en el valle del Duero, zona en la que se intensifica por estos años la labor de repoblación castellana.

A la muerte de Sancho, la independencia castellana se halla suficientemente consolidada y el condado puede ser regido por un menor de edad, García (1017-1029), asistido por un consejo en el que predominan los partidarios de la colaboración con Navarra, cuyo rey garantiza frente a León la inviolabilidad de las fronteras occidentales conseguidas por los condes castellanos. Pero la importancia adquirida por Navarra y el peligro de ser anexionados aconseja a los castellanos un cambio de alianzas, que se refleja en la concertación del matrimonio de García con Sancha, hermana de Vermudo III de León.

Este matrimonio sellaría la reconciliación de castellanos y leoneses y, según algunos cronistas, permitiría la independencia total de Castilla, cuyos condes habrían recibido el título de reyes. García, sin embargo, fue asesinado antes de contraer matrimonio. El monarca navarro, casado con una hija de Sancho García, fue proclamado conde de los castellanos no sin antes comprometerse a mantener la separación entre Castilla y Navarra. En virtud de este acuerdo, el condado sería regido por el segundo de los hijos de Sancho, Fernando, quien, bajo la presión de las armas navarras, obtendría del monarca leonés la celebración de su matrimonio con Sancha, en cuyo nombre recibiría el reino de León a la muerte de Vermudo en el año 1037, dos años después de haber sido nombrado rey de Castilla por muerte de Sancho el Mayor.

El mantenimiento de la independencia castellana se ha visto facilitado por la habilidad de sus condes, que alternan la guerra y la diplomacia para mantener el difícil equilibrio entre musulmanes, navarros y leoneses, pero no habría sido posible sin la organización interior del reino, sin las medidas adoptadas para repoblar el territorio y sin los estímulos ofrecidos a sus habitantes. La concesión de fueros ventajosos a las poblaciones castellanas (Sancho García ha pasado a la historia con el sobrenombre de el de los buenos fueros) y la posibilidad de mejorar de posición social ofrecida a los mejores combatientes, a los que luchen a caballo, son factores importantes de la cohesión mantenida por los castellanos en torno a la dinastía, que además favorece la repoblación mediante el apoyo prestado a los monasterios existentes o mediante la creación de otros nuevos que, en manos de familiares o de fieles de los condes, aseguran el control del territorio.

Conquista y repoblación asturleonesa-castellana

El estudio de la repoblación de estas zonas no puede iniciarse sin antes dedicar algunas palabras al debatido problema de la existencia o no de una amplia comarca abandonada, de un desierto estratégico a lo largo del valle del Duero.

Menéndez Pidal y Sánchez-Albornoz representan las posturas extremas. Para el primero, el valle del Duero nunca estuvo despoblado y no hubo necesidad, por tanto, de llevar a cabo una repoblación; lo más que se puede hablar es de organización y agrupamiento de la población. Para Sánchez-Albornoz esta despoblación fue real y afectó a todo el valle norte del Duero desde la zona galaicoportuguesa hasta las tierras de Castilla y, en menor medida, a la zona situada entre el Duero y la cordillera Central. En medio de ambas posturas se sitúan numerosos historiadores que aceptan la despoblación para las comarcas castellana y leonesa, pero la niegan en las tierras gallegas y portuguesas. Aunque las pruebas aducidas por Sánchez-Albornoz tienen gran consistencia, resulta difícil aceptar la despoblación total del valle septentrional del Duero; es indudable que las ciudades, grandes y pequeñas, y los monasterios de época romana y visigoda desaparecieron tanto en lo que más tarde sería Castilla como en León y Galicia-Portugal, pero nada prueba, en el estado actual de nuestros conocimientos, que no permanecieran en las montañas leonesas y gallegas algunos campesinos bajo el dominio musulmán.

Este problema, aparentemente insoluble desde el momento en que se utilizan los mismos textos en favor de ambas posturas, sólo hallará una solución cuando los medievalistas españoles completen los datos proporcionados por las fuentes escritas con aquellos que sólo la arqueología puede darnos. Los cronistas de esta época son clérigos integrantes del séquito real a los que interesa exaltar la actuación de reyes y eclesiásticos, por lo que se limitan a mencionar a los restantes grupos sociales cuando de una u otra forma se relacionan con los personajes estudiados.

Junto a las crónicas, los documentos han servido para basar o negar la despoblación, pero conviene tener presente que sólo se ha conservado una ínfima parte de la documentación y que ésta, no siempre auténtica, se limita a acreditar en la mayor parte de los casos los derechos de propiedad de iglesias y monasterios en sus respectivas zonas de influencia, que no cubrían todo el territorio asturleonés. Por otra parte, basar en textos escritos la historia de una zona rural en la que casi toda la población ignoraba la escritura parece, por lo menos, excesivo; sólo unas excavaciones sistemáticamente realizadas podrían informarnos de la existencia o no de una población, numerosa o escasa, en estas regiones.

De todas formas, el hecho de que la despoblación fuera parcial o total no modifica el problema: si se mantuvieron en estas regiones algunos habitantes, su número fue insuficiente y se hizo necesario llevar a ellas nuevos pobladores desde el momento en que los reyes asturleoneses no se conformaron con ejercer su autoridad teórica sobre la zona y pretendieron ponerla en cultivo. Este hecho se produce desde comienzos del siglo IX debido a la acción conjunta de factores político-militares, demográficos y sociales.

Entre los primeros hay que señalar las sublevaciones de muladíes y mozárabes en al-Andalus: por primera vez en la historia del reino astur, Alfonso II ve llegar a sus dominios a un musulmán fugitivo de Mérida, Mahmud, que le ofrece sus servicios contra el emir y se instala en la tierra de nadie (834). Veinte años más tarde, Ordoño I se decide a salir de sus estrechos límites y acude a Toledo en ayuda de los sublevados. Aunque la expedición fue un fracaso, los ejércitos asturleoneses pudieron llegar sin graves tropiezos hasta la antigua capital visigoda y no sería aventurado suponer que, a su regreso, fueran acompañados por una parte de los rebeldes. Lo mismo puede afirmarse de Alfonso III, que presta su apoyo con suerte desigual a emeritenses y toledanos. De esta época datan las primeras noticias sobre el establecimiento de pobladores en el valle del Duero. Por estos mismos años llegan al norte numerosos monjes fugitivos de al-Andalus a los que, según hemos visto, se debe el carácter neogótico del reino.

La experiencia adquirida a lo largo de estas expediciones y las noticias que, sin duda, proporcionarían los monjes sobre la posibilidad de conquistar sin grandes riesgos nuevas tierras animaría a los monarcas a facilitar el asentamiento de pobladores en el valle del Duero. El elemento humano procedería en su mayor parte de las zonas montañosas del norte de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, a los que habría que añadir los grupos de monjes mozárabes, los siervos fugitivos de las comarcas dominadas por la antigua nobleza visigoda y estos mismos nobles y el rey, que se instalan en los nuevos territorios con parte o la totalidad de sus siervos y colonos.

La zona de Galicia-Portugal y León es la más afectada por el avance repoblador, debido fundamentalmente a grupos eclesiásticos y nobiliarios en torno a los cuales se crean grandes dominios. La preferencia dada a esta región se explica por su carácter marítimo, que la defiende de cualquier ataque musulmán por el oeste, mientras que en el sur los rebeldes de Mérida, la población beréber de las sierras portuguesas y la dificultad de los caminos impiden la penetración por sorpresa; al este, la comarca castellana y las alianzas con Navarra sirven de barrera y permiten organizar con tiempo la defensa en caso de ataque.

Galicia no sería atacada por los cordobeses desde fines del siglo IX hasta la época de Almanzor. Sólo los normandos se atrevieron a recorrer las costas gallegas en expediciones de saqueo. Los ataques vikingos llevados hasta al-Andalus (844) obligaron al emir Abd al-Rahmán II a organizar la flota, pero ésta no fue utilizada contra los cristianos; se dedicó a proteger las costas andaluzas y a facilitar el comercio en el Mediterráneo. Castilla, por su situación geográfica, estuvo mucho más amenazada que León y Galicia: por el sur llegaban los ejércitos cordobeses y desde el valle del Ebro realizaban continuas incursiones de saqueo los muladíes, por lo que su repoblación ofrecía mayores dificultades y habría de hacerse de forma distinta a la empleada para Galicia y León.

La repoblación interesa a los campesinos, a los nobles y a los monasterios y sedes episcopales por razones económicas, pero el primer interesado es el rey. No se trata simplemente de poner en cultivo nuevas tierras sino, ante todo, de garantizar su defensa, de controlar los lugares de valor estratégico y hacerse fuerte en ellos; sólo en una segunda fase se procedería al asentamiento de los campesinos en las zonas previamente guarnecidas. El sistema no es original, había sido empleado por Diocleciano al establecer a las tropas limitáneas frente a los vascos; visigodos y árabes imitaron el modelo romano para asegurar el control del valle del Duero. El abandono de estas zonas por los beréberes tras su enfrentamiento con los árabes permitió a Alfonso I desmantelar las guarniciones que serían puestas en estado de defensa cien años más tarde por Ordoño I.

Este tipo de repoblación está dirigido por el rey, por sus hijos o por nobles y obispos que actúan como delegados del monarca y acuden a la zona elegida acompañados por sus siervos, libertos, colonos y vasallos que reconstruyen los muros de las ciudades y refuerzan sus defensas naturales; tras esta labor defensiva se procedía a repartir los solares de la ciudad y el campo circundante, se fijaban las condiciones de explotación de la tierra, se construían iglesias y se iniciaba el cultivo de campo.

El sistema militar de repoblación suponía un trasvase masivo de población y sólo era aconsejable cuando se intentaba reconstruir una ciudad de importancia o defender una comarca de gran interés militar. En los demás casos la repoblación se debe a la iniciativa particular; fueron numerosos los campesinos que ocuparon y roturaron nuevas tierras, en algunos casos tras solicitar el permiso real y en otros de un modo espontáneo, con aprobación posterior, tácita o expresa, de los monarcas, que favorecieron la presura por coincidir con sus intereses y utilizaron ampliamente el sistema reconociendo la propiedad de la tierra a quienes la habían puesto en cultivo y autorizando a otros a repoblar en determinados lugares.

Los monasterios recibieron de los monarcas tierras cultivadas y, en numerosas ocasiones, terrenos baldíos que debían roturar. Los tres tipos de repoblación (real o nobiliaria en nombre del rey, personal y monástica) coexistieron en Castilla, León y Galicia, pero las consecuencias de la repoblación fueron diferentes según predominara uno u otro sistema; monjes y nobles unen a sus propiedades el desempeño de cargos militares y judiciales que ejercen sobre sus siervos y colonos y también sobre los campesinos libres que viven en las proximidades de sus dominios.

La repoblación oficial se inicia en el reinado de Ordoño I con la restauración de Tuy, Astorga, León y Amaya, de las que la segunda y la cuarta fueron repobladas por los condes Gatón del Bierzo y Rodrigo de Castilla. Alfonso III extiende sus dominios hasta el Mondego, el Duero, el Pisuerga y el Arlanzón, incorporando en Galicia-Portugal ciudades como Orense, entregada al obispo mozárabe Sebastián; Oporto, conquistada y repoblada por el noble Vimara Pérez; la sede de Dumio, confiada al obispo Rosendo de Mondoñedo; Lugo, repoblada por el obispo Odoario; Braga, cuya sede fue unida a la de Lugo; Coimbra...

Los sucesores de Alfonso no hicieron sino incrementar la repoblación de Galicia y Portugal, donde surgieron los poderosos monasterios de Lorenzana, Sobrado, Lalín, Samos, Celanova, Santa Comba de Bande y Guimaraes, a los que habría que añadir los extensos dominios de las sedes episcopales de Iría-Santiago, Braga-Lugo, Tuy, Orense, Oporto, Lamengo, Dumio-Mondoñedo, Viseo y Coimbra y las amplias posesiones de la nobleza relacionada con los grandes monasterios y de cuyas filas sale una gran parte de los obispos gallegos del siglo X.

Frente al poder monástico-nobiliario-episcopal, que tiende a concentrar sus propiedades por todos los medios, los pequeños campesinos, aislados, carecen de fuerza y terminaran siendo integrados como colonos después de haber entregado o vendido sus tierras al monasterio, obispo o noble más próximo, que aprovecha las dificultades de los pequeños propietarios y no duda en ocupar los bienes de los que no pueden devolver préstamos, de los malhechores que no pueden pagar el daño causado o las penas judiciales impuestas, de los insolventes, de los testigos falsos y perjuros y, en general, de todos aquellos que de un modo u otro debían gratitud al gran propietario o le estaban sometidos.

En León, la repoblación nobiliaria y monástica tuvo gran importancia desde la época de Ordoño I, en la que se ocupan Astorga y León, a las que se unen antes de finalizar el siglo IX las ciudades de Toro, Zamora, Dueñas, Simancas... Al mismo tiempo que se crean los monasterios de Sahagún, Ardón, Eslonza, Castañeda, Escalada y Moreruela, entre otros, que permiten iniciar la repoblación de las tierras del valle norte del Duero. A la muerte de Alfonso III, las luchas internas del reino leonés y la reorganización de los dominios musulmanes por Abd al-Rahmán III detuvieron el avance cristiano, que sólo se reanudaría después de la victoria de Simancas (939), tras la cual Ramiro II ocupó las riberas del Tormes y repobló Salamanca, Ledesma, Peñausende y Alhándega. Las conquistas efectuadas en las orillas del Duero no fueron estables y estas comarcas no serían repobladas de un modo efectivo hasta fines del siglo XI.

Junto a los repobladores del norte hallamos también grupos numerosos de mozárabes, a los que se debe la creación de los monasterios citados que, al igual que los demás de la región, entregan sus tierras para que las cultiven a sus siervos y colonos y a campesinos libres que pueden legarlas en herencia, previo el pago de la mañería o del nuncio como símbolo de su dependencia hacia el monasterio, y que pueden abandonarlas siempre que indemnicen a los propietarios. Junto a estos campesinos semilibres abundan en los siglos IX y X los pequeños propietarios dueños de tierras ocupadas por presura. Se observa igualmente la aparición de pequeñas comunidades rurales integradas por hombres libres. Del mismo modo que, en Galicia, los campesinos aislados fueron absorbidos entre el siglo IX y el XI por las grandes propiedades, mientras que las comunidades rurales pudieron mantener su independencia durante más tiempo.

En Castilla predomina el tipo de repoblación individual o colectiva realizada por hombres libres que se instalan inicialmente, hacia el año 800, en la orilla izquierda del Ebro y repueblan la zona situada entre Brañosera y Puentelarrá por el sistema de presura. Ciertamente, existen monasterios en esta zona, como el de Valpuesta, pero su importancia es reducida. Este primer avance es detenido por Abd al-Rahmán II y no será reemprendido hasta el reinado de Ordoño I, cuando el conde Rodrigo reorganiza el valle de Tobalina y nuevos pobladores se asientan al sur del Ebro tras la ocupación del castillo de Amaya.

La repoblación de estas comarcas presenta especiales dificultades por la presión que ejercen los musulmanes del Ebro contra los que obtiene Ordoño I la victoria de Albelda (859) que, según Sánchez-Albornoz, es el hecho histórico que dio lugar a la legendaria batalla de Clavijo. Diego, hijo del conde Rodrigo, continúa el avance hacia el sur y repuebla Ubierna y Burgos; al lado de Diego actúan otros condes a los que se debe la repoblación de las comarcas orientales de Cellorigo, Cerezo y Grañón y la occidental de Castrojeriz, con lo que la frontera castellana se sitúa, hacia el año 900, en las márgenes del Arlanzón.

Con la conquista de las fortalezas dé Cellorigo, Pancorbo y Castrojeriz se detiene la conquista para dar paso a la ocupación efectiva del suelo; a la muerte de Alfonso III se reanuda el avance y los castellanos llegan al Duero, donde pueblan Roa, Osma, Clunia y San Esteban de Gormaz, que forman durante todo el siglo X la línea avanzada de Castilla frente a los musulmanes, si exceptuamos la ocupación de Sepúlveda por Fernán González en el año 940.

La amplitud de las tierras ocupadas, la tardía fundación de los monasterios castellanos, la escasez de sedes episcopales, el origen de los repobladores y el carácter fronterizo de Castilla explican la existencia y la mayor supervivencia de los hombres libres. Los pobladores proceden de Cantabria y del País Vasco, donde prácticamente era desconocida la servidumbre; el carácter militar de la región no animaba a establecerse en ella a la nobleza o al clero asturleonés, que hubiera podido aportar sus siervos, libertos y colonos; y los condes castellanos necesitaban el apoyo militar de los campesinos para defender el territorio, por lo que concederán privilegios que harán más difícil su absorción por parte de los monasterios.

Estos campesinos libres los hallamos como dueños de tierras a título individual y agrupados en villas y aldeas con propiedades colectivas sobre las que será más difícil la penetración de los grandes propietarios. Los pequeños campesinos podrán mantener su libertad e independencia hasta una época tardía.

REINOS Y CONDADOS ORIENTALES

La rapidez y profundidad de los avances cristianos en la zona occidental sólo puede explicarse si aceptamos la relativa o total despoblación de esta zona y el escaso interés de los musulmanes por asentarse en ella tras el abandono de las guarniciones beréberes a mediados del siglo VIII. El valle del Ebro se encuentra mucho más poblado y sus dirigentes, árabes o miembros de la nobleza visigoda convertidos al islamismo, ofrecen una gran resistencia, por lo que los avances cristianos en la zona oriental serán mucho más lentos. Para esta época habría que hablar más de una política defensiva que de conquista y de repoblación interior.

Reino de Pamplona y condado de Aragón

El valle del Ebro fue sometido fácilmente por los musulmanes, que se limitaron a establecer guarniciones en las ciudades más importantes, como Zaragoza y Huesca, cuyos pobladores aceptaron en gran número la religión de los vencedores y se fundieron con ellos. Las zonas rurales nunca fueron ocupadas y los musulmanes se limitaron a exigir el pago de tributos como símbolo de dependencia. A las diferencias económicas y sociales existentes entre la montaña y el llano desde la época romana se añade ahora, por efecto de la distinta situación respecto a los musulmanes, una nueva diferencia administrativa y religiosa que adquirirá carácter político cuando Carlomagno se apoye en los grupos de las montañas para defender sus dominios ante posibles ataques musulmanes.

Ya antes de la intervención carolingia, los pamploneses se habían negado a seguir pagando tributo a los musulmanes y probablemente adoptaron la misma medida los habitantes del Pirineo aragonés. Con ello unos y otros rompían el único lazo que los unía al mundo musulmán con el que comienzan a tener fronteras en una línea que se extendía desde la sierra de Codés, en occidente, hasta Benabarre, pasando por el valle de Berrueza, las estribaciones de Montejurra y el Carrascal hasta el río Aragón en Pamplona; y desde el Aragón por Luesia, Salinas, Loarre, Guara y Olsón en el condado aragonés. Esta línea no fue superada hasta comienzos del siglo X por Sancho Garcés I (905-925).

La independencia navarra y aragonesa fue facilitada por la falta de entendimiento entre los musulmanes y por la presión carolingia. Los avances navarros del siglo X sobre Monjardín, Nájera, Calahorra y Arnedo (918) se realizaron gracias al acuerdo entre Sancho Garcés y los leoneses Alfonso III y Ordoño II, interesados en que los navarros cerraran el paso a los musulmanes del Ebro y a los cordobeses y protegieran el flanco oriental de Castilla. Abd al-Rahmán III logró recuperar las posiciones perdidas al derrotar a Ordoño y a Sancho I en Valdejunquera (920), a pesar de lo cual Navarra ocupó, en el reinado de Sancho I, las tierras situadas sobre el Aragón y la zona de la Rioja Alta con Arnedo y Viguera.

La expansión pamplonesa se realiza igualmente hacia el este por la cuenca del Aragón, con lo que se aísla al condado de Aragón, que sólo puede extenderse por la orilla izquierda del Gallego y terminará uniéndose al reino navarro aunque conserve sus instituciones y su propia personalidad. Los repobladores de las comarcas ocupadas proceden de las montañas y a ellos se agregaría la población cristiana que había permanecido bajo el Islam y colaboró activamente con Sancho I y Ordoño II.

La población navarra y aragonesa vive de la agricultura y de la ganadería e ignora las desigualdades sociales, las cuales sólo comienzan a notarse por efecto de la guerra con los musulmanes y carolingios al crearse un grupo militar con poder sobre los campesinos, especialmente en las zonas fronterizas. A pesar de esta incipiente diferenciación social podemos aceptar con Lacarra que «Aragón siguió siendo, hasta mediados del siglo XI, una tierra de pastores y de pequeños labradores, sin grandes diferencias económicas entre unas gentes y otras. Las diferencias de clase se señalaban más por la función y la residencia que por la riqueza: defensa de la frontera frente a cultivo agrícola», palabras que podemos aplicar a Navarra.

A la muerte de Sancho Garcés I (925) el reino parece haber sido gobernado por su hermano Jimeno y sólo en el año 931 habría llegado al trono el hijo de Sancho, García Sánchez I, bajo la tutela de su madre Toda que, si en los tres primeros años fue la regente legal, por minoría de edad de García, de hecho gobernó el reino durante toda la vida de su hijo. El matrimonio de García con Andregoto Galíndez sirvió para unir el condado de Aragón al reino navarro y las buenas relaciones de Toda con los califas así como la división leonesa permitieron a los navarros intervenir activamente en los asuntos internos del reino de León.

A la muerte de Ramiro II, Toda apoyó la candidatura de su nieto Sancho I y cuando éste fue depuesto por la nobleza dirigida por Fernán González, la reina navarra acudió a Córdoba donde, después de prometer obediencia al califa, obtuvo apoyo militar y tratamiento médico para Sancho, destituido —según los cronistas— por su excesiva gordura que le impedía cabalgar y, en consecuencia, dirigir los ejércitos. Durante estos años, Navarra obtuvo algunos éxitos territoriales en las fronteras castellanas donde Fernán González, hecho prisionero, tuvo que renunciar al control del monasterio de San Millán de la Cogolla.

Durante la época de García Sánchez I llegan a Navarra las ideas predominantes en Europa, reflejo de las cuales es la división del reino entre sus dos hijos: Sancho II recibiría el reino de Pamplona, con capital en Nájera, y su hermano Ramiro sería rey de Viguera bajo la tutela de Sancho. Esta dinastía se mantiene en Viguera hasta los alrededores del año 1030. Tanto Sancho II como su hijo y sucesor García Sánchez II (994-1005) tuvieron que enfrentarse a Almanzor, al que se sometieron después de la batalla de Rueda (981) y al que Sancho dio como esposa una de sus hijas, del mismo modo que Vermudo II de León le dio una de sus hermanas para conseguir si no la amistad al menos la benevolencia del caudillo musulmán, lo que no impidió la destrucción de Santiago de Compostela ni el saqueo del monasterio de San Millán.

La hegemonía de Sancho III el Mayor

Sancho III el Mayor (1005-1035) puede ser considerado como el primer monarca europeo de la Península, sobre cuya parte cristiana ejerció un auténtico protectorado. Como defensor y cuñado del infante García de Castilla interviene en este condado y se enfrenta al monarca leonés, cuyo título imperial utiliza al ocupar la ciudad de León; actúa como arbitro en las disputas internas del condado barcelonés, ocupa los condados de Sobrarbe y Ribagorza y obtiene el vasallaje del conde de Gascuña. No sin razón puede afirmar que su reino se extiende desde Zamora hasta Barcelona.

La autoridad de Sancho sobre las tierras cristianas es muy desigual. En algunos casos se hace efectiva mediante la ayuda militar a sus aliados, como en el caso castellano durante los primeros años de García; en otros su hegemonía es reconocida gracias a una hábil combinación de la diplomacia y de las armas que le permite alternar los ataques al reino leonés con la creación, en los dominios de Alfonso V y de Vermudo III, de un partido favorable al monarca navarro; en Gascuña y en Barcelona la autoridad de Sancho es más nominal que efectiva y adopta la forma feudal europea: Sancho tendrá como vasallos a los condes Sancho Guillermo, al que apoya contra los señores de Toulouse y del que obtiene el vizcondado de Labourd, y a Berenguer Ramón I de Barcelona, cuya autoridad es discutida por su madre Ermesinda.

En Sobrarbe y Ribagorza, condados que oscilan entre Barcelona y Pamplona, la intervención de Sancho es directa y lo mismo puede afirmarse por lo que respecta a Castilla después de la muerte de García. Estas zonas son anexionadas, pero en ningún caso se anula su personalidad; sabemos que Castilla fue incorporada a Navarra previo el compromiso de Sancho III de confiar el gobierno al segundo de sus hijos legítimos y podemos suponer que un acuerdo similar se realizaría en el caso de Sobrarbe y Ribagorza. Al morir Sancho sus dominios fueron divididos y aun cuando se acepta la idea de que el monarca se limitó a confiar el gobierno de Sobrarbe-Ribagorza, Aragón y Castilla a tres de sus hijos bajo la soberanía del primogénito, de hecho los tres principados se independizaron de Navarra y tanto Aragón como Castilla se convirtieron en reinos bajo la dirección de Ramiro I y de Fernando I respectivamente.

La anexión de estos territorios y el reconocimiento de la superioridad de Sancho III en todos los dominios cristianos de la Península y en algunas zonas situadas al norte de los Pirineos sólo puede explicarse satisfactoriamente por la importancia que adquiere Navarra, pero nuestra información sobre este punto es muy deficiente. Sin duda Navarra es un lugar privilegiado para el intercambio comercial, para el paso de mercancías entre la zona musulmana del Ebro y Europa, pero ignoramos la importancia de estos intercambios y su incidencia sobre la economía y sobre la historia navarra, de la que apenas conocemos su historia política.

Sancho es el protector de las nuevas corrientes eclesiásticas representadas por Cluny, cuya observancia introduce en el monasterio aragonés de San Juan de la Peña y en el navarro de Leire desde los que se realiza una importante labor de cristianización de las masas rurales. A él se debe la reparación y modificación de los caminos seguidos por los peregrinos que atraviesan Navarra para dirigirse a Santiago de Compostela. Sus contactos políticos con el mundo europeo le llevan a concebir el reino como una monarquía cuya unidad vendría dada por las relaciones feudales existentes entre sus hijos, entre los que —según hemos visto— distribuye sus dominios.

Los condados catalanes

La situación inicial de las zonas en las que, a comienzos del siglo IX, surgirían los condados catalanes debió ser muy parecida a la descrita en los valles del Pirineo aragonés y navarro: los musulmanes establecerían guarniciones en Barcelona, Gerona y Narbona y controlarían, sin ejercer un dominio efectivo, las zonas montañosas en las que se aceptaría la ayuda carolingia a finales del siglo VIII.

La incorporación musulmana y posteriormente la carolingia no se realizó sin lucha y fueron numerosas las comarcas, especialmente en la parte occidental, que se despoblaron totalmente (zona de Vic) o perdieron parte de su población y tuvieron que ser repobladas por hispanos procedentes de la zona musulmana y de Septimania.

La frontera cristiano-musulmana se estabiliza desde comienzos del siglo IX en la línea formada por las sierras de Boumort y del Cadí, por Montserrat y por el macizo Garraf, quedando entre ellas una amplia zona de nadie que no sería ocupada y repoblada hasta la época de Vifredo; por esta zona, despoblada a raíz del levantamiento del godo Aizón contra los francos (826-827), penetran los ejércitos musulmanes de Abd al-Rahmán II en el año 842 y siguientes. La reunión en manos de Vifredo de los condados de Cerdaña, Urgel, Gerona-Besalú y Barcelona plantea la necesidad de repoblar la región de Vic y del Bages, a través de las cuales se comunican los condados orientales y occidentales; con su ocupación la frontera se establece en la línea formada por los ríos Llobregat y su afluente el Cardoner y el curso medio del Segre, línea que no sería superada hasta la ocupación de Tarragona y de Lérida en los siglos XI y XII.

La ocupación militar y la organización político-administrativa y eclesiástica de la región de Vic fue rápida, pero no lo fue la ocupación efectiva del suelo, que se prolongaría hasta fines del siglo X y sufriría considerables retrasos a causa de los ataques de Almanzor. La repoblación fue hecha por el sistema de aprisio controlada por los condes y por sus funcionarios y en ella colaboraron activamente la sede episcopal de Vic y los monasterios de Ripoll y de Sant Joan de les Abadesses, a los que se unen los nobles con sus siervos y vasallos y grupos numerosos de pequeños campesinos cuya situación y evolución histórica sería semejante a la de los instalados en Galicia y León. Los repobladores proceden de Cerdeña, Urgel y de las comarcas leridanas dominadas por el Islam.

En las restantes comarcas catalanas el sistema de repoblación sería igualmente la aprisio, que da lugar a la creación de pequeñas propiedades. Predominan los hombres libres sobre los siervos y la gran propiedad apenas existe, aunque haya grandes propietarios con tierras diseminadas: monasterios, familia condal y familias que proceden o han estado ligadas a la administración. Sólo se llegará a la gran propiedad concentrada al latifundio, a través de un proceso acumulativo de siglos. La base, en los siglos VIII-X, es la pequeña propiedad que tiende a desaparecer por donaciones, divisiones y ventas para congregarse en pocas manos, proceso que culminará en los siglos siguientes.

La tendencia a la unidad en torno a los condes de Barcelona

La fragmentación política es una constante en la historia de los dominios cristianos de la zona oriental. Pero junto a esta corriente disgregadora coexiste una tendencia a la unidad, manifestada en el reconocimiento de un prestigio y de una autoridad superior de los condes de Barcelona, que intentarán, en el siglo X, unificar eclesiásticamente los condados catalanes mediante la recreación de la metrópoli tarraconense en la que se hallan interesados, además, por cuanto supone la ruptura de los vínculos con el mundo franco representado por la archidiócesis de Narbona.

El condado de Urgel, separado del de Barcelona-Vic-Gerona por Vifredo I —Cerdaña-Besalú fue dado a Mirón— se une al núcleo barcelonés a la muerte de Sunifredo (940), pero Borrell II lo dejará en su testamento a Ermengol I cuya dinastía se mantendrá independiente hasta mediados del siglo XIII. Cerdaña-Besalú, condado que se subdivide a fines del siglo X, será incorporado en los primeros años del siglo XII, durante la época de Ramón Berenguer III.

A pesar de las continuas divisiones, los condes respetan en todo momento la unidad formada por Barcelona-Vic-Gerona y, aun cuando consideran sus dominios como bienes patrimoniales, intentan evitar la partición de este núcleo mediante la atribución conjunta a dos o más hijos, sistema empleado por Vifredo I, que nombró herederos a sus hijos Borrell I (898-912) —también conocido como Vifredo II— y Suñer (898-954) y por éste, de quien lo heredaron Mirón (954-966) y Borrell II (954-992). Sólo en el año 1035 Berenguer Ramón I ordenará la división entre sus tres hijos, pero la unidad de estas tierras se hallaba suficientemente consolidada y la división no se llevaría a cabo.

La supremacía de los condes de Barcelona, puesta de manifiesto en el mantenimiento de la unidad Barcelona-Vic-Gerona, era insuficiente mientras no se rompieran los lazos con los reyes carolingios y más específicamente la dependencia eclesiástica respecto a Narbona. El primer intento se realiza hacia el año 956 cuando Cesáreo, abad de Santa Cecilia de Montserrat, se hace consagrar arzobispo de Tarragona por los obispos leoneses reunidos en Compostela.

Ignoramos si esta consagración fue debida, como pretende Abadal, a iniciativa personal de Cesáreo o si detrás de él se hallaba el conde de Barcelona. Las razones que llevan al abad a Compostela son la imposibilidad de hacerse oír en Roma sin la aquiescencia del metropolitano narbonense y el reconocimiento de Santiago como sede apostólica, a lo que podemos añadir la consideración de la monarquía leonesa como heredera de la visigoda, según se manifiesta en las frases atribuidas por Cesáreo a los obispos consagrantes, que, a su vez, se consideran herederos de los visigodos y, por tanto, con autoridad para restaurar la sede tarraconense, metropolitana «hasta que nuestro reino fue destruido por los musulmanes», según declara el metropolitano de Lugo; el obispo de Tuy afirmará, siempre según Cesáreo, que su autoridad deriva de lo ordenado por «nuestros príncipes y por los concilios toledanos».

El nombramiento de Cesáreo fue impugnado por el arzobispo de Narbona y por los obispos de Barcelona, Gerona, Vic y Urgel, para quienes Compostela no podía considerarse sede apostólica por no haber residido en ella Santiago. La presencia del conde barcelonés tras esta tentativa parece probable si tenemos en cuenta que, quince años más tarde, Borrell II se dirigía a Roma acompañado de Atón, el obispo de Vic que se había opuesto a Cesáreo, y obtenía para él el nombramiento de arzobispo de Tarragona bajo cuya autoridad se hallarían no las antiguas sedes de la tarraconense citadas en el documento de Cesáreo, sino sólo las situadas en los condados catalanes: Barcelona, Gerona, Vic, Urgel y Elna.

Este nuevo arzobispado no sobrevivió a Atón, del que sabemos que fue asesinado, quizás a consecuencia del revuelo provocado por su nombramiento, que no sólo separaba a la Iglesia catalana de la franca sino que ponía en manos del conde de Barcelona el control, a través de los eclesiásticos, del condado de Ampurias, políticamente diferenciado.

Simultáneamente a estos intentos de conseguir la independencia eclesiástica, los condes catalanes eluden la tutela teórica de los monarcas francos mediante el recurso a la autoridad suprema del pontífice romano con el que se relacionan a través de los monjes cluniacenses, cuya regla adoptan en el siglo X los monasterios de Cuixá, Ripoll, Sant Pere de Rodas, Santa Cecilia de Montserrat...; los cluniacenses, para evitar la injerencia de los seglares en sus monasterios, los hacen depender directamente de Roma, que aparece así como la suprema autoridad de Occidente y cuyo prestigio se extiende por todas las zonas donde se instalan monjes de Cluny.

Para los condes catalanes, la aprobación o confirmación de sus privilegios y derechos por Roma permite prescindir de los monarcas carolingios, aun cuando en ocasiones se alternen los viajes a Roma con las visitas a Reims. A través del pontífice, los condes entran igualmente en contacto con los emperadores alemanes, cuyo prestigio político y eclesiástico eclipsa la reducida autoridad de los monarcas carolingios.

Aunque debilitada la influencia franca, la ruptura abierta con los monarcas no era aconsejable mientras persistiera el peligro musulmán y mientras los reyes pudieran ofrecer ayuda en caso de ataque; fiados en este apoyo indirecto, los condes catalanes dirigen algunas expediciones contra los dominios musulmanes en la primera mitad del siglo, pero al afirmarse la autoridad de Abd al-Rahmán III, Borrell II se apresura a reconciliarse con el califa y las embajadas catalanas coinciden en Córdoba con las leonesas, castellanas y navarras y rivalizan con ellas en probar su buena disposición hacia los musulmanes y su obediencia a los deseos califales, sin que por ello Barcelona se viera libre de los ataques; la extinción de la dinastía carolingia en el año 987 y el convencimiento de que nada podía esperar de los capetos fueron el pretexto invocado por Borrell para romper los lazos que unían al condado de Barcelona con la monarquía, cuyo recuerdo sólo se mantendrá ya en la fecha de los documentos.

Aunque separados Urgel y Barcelona por decisión de Borrell II, los condes Ermengol y Ramón Borrell mantienen una estrecha alianza frente a los ataques de Abd al-Malik y juntos colaboran con los eslavos en las luchas internas ocurridas en al-Andalus a la muerte de Abd al-Rahmán Sanchul. Los resultados de esta expedición, en la que los catalanes saquearon Córdoba, fueron considerables: por primera vez los condados abandonaban la política defensiva y emprendían una campaña que, a pesar de su relativo fracaso (en ella murieron entre otros el conde de Urgel y el obispo de Barcelona), constituyó un triunfo psicológico de gran trascendencia; el botín logrado permitió una mayor circulación monetaria y la reactivación del comercio; hizo posible la reconstrucción de los castillos destruidos por Almanzor y Abd al-Malik y la repoblación de las tierras abandonadas y, sobre todo, sirvió para afianzar la autoridad del conde barcelonés frente a sus vasallos.

El abad Oliba

La minoría de edad de Ramón Berenguer I (1018-1035) puso en peligro la obra de reconstrucción iniciada por Borrell II y continuada por Ramón Borrell; aun cuando los datos son confusos parece seguro que entre Ramón y su madre Ermesinda surgieron desavenencias que fueron aprovechadas por la nobleza para independizarse del conde y que obligaron a los partidos en pugna a buscar la ayuda de fuerzas ajenas al condado. Ramón parece haberse inclinado hacia Sancho el Mayor de Navarra y Ermesinda contó con apoyo de tropas normandas.

La situación caótica provocada por estas diferencias, por la insubordinación de la nobleza y por la anarquía existente en el condado nos es conocida fundamentalmente a través de la actuación del abad Oliba, cuya personalidad llena la primera mitad del siglo XI catalán. Descendiente de los condes de Cerdaña, Oliba ingresa en el monasterio de Ripoll, el más importante de Cataluña, en los primeros años del siglo XI; su preparación y el prestigio que le da su origen le ponen al frente de los monasterios de Ripoll y de Cuixá en el año 1008 y diez años más tarde es elegido por los príncipes, con el acuerdo del clero, obispo de Vic.

Como abad y como obispo, Oliba intenta restablecer la observancia en los monasterios catalanes que, aunque habían aceptado la regla de Cluny, se hallaban muy lejos de cumplirla y dependían enteramente de las familias nobiliarias en cuyas manos estaban los nombramientos de abades y abadesas y la administración de los bienes. Personalidad de gran prestigio en todos los condados catalanes, el obispo actúa como mediador en los conflictos surgidos entre los condes catalanes y entre éstos y sus vasallos y culmina su acción de pacificador con la difusión en Cataluña de las Constituciones de paz y tregua, en las que se basarían los condes de Barcelona para mantener pacificados sus dominios.

Paralelamente a los esfuerzos realizados en el mundo laico para poner fin a la anarquía mediante la fijación de deberes y derechos de señores y vasallos feudales, en el campo eclesiástico surge la institución de la paz y tregua de Dios, por la que se tiende a proteger los bienes eclesiásticos en todo tiempo y las personas de los fieles entre las últimas horas del sábado y primeras del lunes, es decir, en los días festivos durante los cuales los creyentes están obligados a cumplir sus deberes religiosos, lo que no es posible si los caminos están ocupados por salteadores. Las sanciones previstas contra los infractores son de tipo religioso-social: la excomunión supone que el culpable no podrá ser enterrado eclesiásticamente ni gozar de los beneficios de la oración, pero también convierte al reo en un apestado cuyo contacto tienen que evitar los demás hasta el punto de que no se les permite comer, saludar ni hablar a los excomulgados.

Estas sanciones, a pesar de su gravedad en un mundo en el que no se concibe al hombre aislado, sino formando parte de la comunidad civil y eclesiástica, son insuficientes para poner fin a los abusos de poder y pronto, mediante acuerdos entre laicos y eclesiásticos, se establecen nuevas penas que pueden llegar hasta la destrucción de los bienes de los infractores y para cuya aplicación se forman hermandades de los firmantes de la paz y tregua.

Oliba introduce estas constituciones en Cataluña: en 1027 en un sínodo celebrado en la diócesis de Elna; siete años más tarde, ordenaba en la diócesis de Vic el mantenimiento de la paz desde el jueves al lunes e incluía en ella, además de los fieles, a quienes acudieran al mercado de los lunes en la ciudad; en los años siguientes, junto a la paz en los días festivos y de mercado, se ordenarán treguas en determinados períodos del año. Finalmente será el poder civil, el conde o rey, quien garantice la paz y tregua de Dios y quien la establezca en asambleas de clérigos y laicos que, al menos en el condado barcelonés, son un precedente claro de las cortes medievales.

BIBLIOGRAFÍA

Abadal i de Vinyals, Ramón d': Els primers comtes catalans. — Editorial Teide. — Barcelona 1958. — XV + 368 págs.

Abadal i de Vinyals, Ramón d': Deis visigots als catalans. I: La Hispánia visigótica i la Catalunya carolíngia. II: La formado de la Catalunya independent. — Edicions 62. — Barcelona 1969-1970. — 2 vols., 503 y 439 págs.

Codera, F.: Embajadas de príncipes cristianos en Córdoba en los últimos años de Alhaquem II. — «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), XIII (1888), págs. 453-464.

García Gallo, Alfonso: El imperio medieval español. — En «Historia de España. Estudios publicados en la revista Arbor» (Madrid 1953), págs. 108-143.

García Gallo, Alfonso: Fuero de León. — «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXXIX (1969), págs. 5-171.

Grassotti, Hilda: Los mozárabes en el norte cristiano como proyección de la cultura hispanogoda. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), núm. 33-34 (1961), págs. 336-344.

Lacarra, José María: La península ibérica del siglo VII al X: centros y vías de irradiación de la civilización. — En «Centri e vie» (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XI, Spoleto 1964), págs. 233-278.

Lacarra, José María: Aragón en el pasado. — Editorial Espasa-Calpe (Colección Austral, núm. 1435). — Madrid 1972. — 227 págs.

Lacarra, José María: Estudios de historia navarra. — Ediciones y Libros (Colección «Diario de Navarra»). — Pamplona 1971. — XII + 181 págs.

Lacarra, José María: Vasconia medieval. Historia y filología. — Diputación Provincial de Guipúzcoa (Publicaciones del Seminario Julio Urquijo). — San Sebastián 1957. — 70 págs.

Lacarra, José María: Las relaciones entre el reino de Asturias y el reino de Pamplona. — En «Estudios sobre la monarquía asturiana» (Oviedo 1949), págs. 223-243.

Lewis, A. R.: Cataluña como frontera militar (870-1050). — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), V (1968), págs. 15-29.

López Mata, Teófilo: Geografía del Condado de Castilla a la muerte de Fernán González. — C.S.I.C. — Madrid 1957. — 159 págs.

Maravall, José Antonio: Estudios de historia del pensamiento español. Edad Media. — Ediciones Cultura Hispánica. — Madrid 1967. — 475 págs.

Maravall, José Antonio: La idea de Reconquista en España durante la Edad Media. — «Arbor» (Madrid), XXVIII (1954), págs. 1-37.

Menéndez Pidal, Gonzalo: Mozárabes y asturianos en la cultura de la alta Edad Media. — «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXXXIV (1954), págs. 137-291.

Menéndez Pidal, Ramón: España, eslabón entre la cristiandad y el Islam. — Editorial Espasa-Calpe (Colección Austral, núm. 1280). — Madrid 1956. — 168 págs.

Menéndez Pidal, Ramón: Castilla: la tradición, el idioma. — Editorial Espasa-Calpe. — Madrid 1955.

Menéndez Pidal, Ramón: Repoblación y tradición en la cuenca del Duero. — En «Enciclopedia Lingüística Hispánica» I (Madrid 1959), págs.XXIX-LVI.

Menéndez Pidal, Ramón: El imperio hispánico y los cinco reinos. Dos épocas en la estructura política de España. — Madrid 1950. — 230 págs.

Millas Vallicrosa, Josep María: Assaig d'historia de les idees físiques i matemátiques a la Catalunya medieval. — Barcelona 1931.

Millas Vallicrosa, José María: Valoración de la cultura románica en la época de Santa María de Ripoll. — «Pirineos» (Zaragoza), I (1945), págs. 63-87.

Moxó, Salvador de: Castilla ¿principado feudal? —«Revista de la Universidad de Madrid» (Madrid), XIX (1970), págs. 229-257.

Olwer, Nicolau d': Gerbert i la cultura catalana del segle X. — «Estudis Universitaris Catalans» (Barcelona), IV (1910), págs. 332-358.

Pérez de Urbel, Justo: Historia del condado de Castilla. — Editorial Espasa-Calpe. — Madrid 1970. — 2 vols.

Pérez de Urbel, Justo: Fernán González. — Madrid 1943.

Pérez de Urbel, Justo: Sampiro, su crónica y la monarquía leonesa en el siglo X. — C.S.I.C. — Madrid 1952. — 490 págs.

Pérez de Urbel, Justo: Sancho el Mayor de Navarra. — Diputación Foral de Navarra. — Madrid 1950. — 491 págs.

Pujol, Pedro: La cultura pirenaica en la alta Edad Media. — «Pirineos» (Zaragoza), IV (1948), págs. 385-412.

Ramos Loscertales, José María: El reino de Aragón bajo la dinastía pamplonesa. — Universidad de Salamanca. — Salamanca 1961. nnn

La reconquista española y la repoblación del país. — C.S.I.C. — Zaragoza 1951. — 268 págs.

Rodríguez Fernández, Justiniano: Ramiro II, rey de León. — C.S.I.C. — Madrid 1972.

Ruiz Asensio, J. M.: La rebelión de Sancho García, heredero del condado de Castilla. — «Hispania Sacra» (Madrid-Barcelona), XXII (1969), págs. 31-67.

Ruiz Asensio, J. M.: Campañas de Almanzor contra el reino de León (981-986). — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), V (1968), págs. 31-64.

Ruiz Asensio, J. M.: Rebeliones leonesas contra Vermudo II. — «Archivos Leoneses» (León), XXIII (1969), págs. 215-241.

Sáez, Emilio: Sobre la filiación de Ordoño IV. — «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), II (1947), págs. 33-75.

Sáez, Emilio: Los ascendientes de san Rosendo. Notas para el estudio de la monarquía asturleonesa durante los siglos IX y X. — «Hispania» (Madrid), VIII (1948).

Sáez, Emilio: Notas y documentos sobre Sancho Ordóñez, rey de Galicia. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XI (1949), págs. 25-104.

Sáez, Emilio: Ramiro II, rey de Portugal de 926 a 930. — «Revista Portuguesa de Historia» (Coimbra), III (1945), págs. 271-290.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Estudios sobre instituciones medievales españolas. — Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Históricas. — México 1965. — 828 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Miscelánea de estudios históricos. — C.S.I.C. — León 1970. — 548 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Una ciudad de la España cristiana hace mil años. Estampas de la vida en León. — Prólogo de Ramón Menéndez Pidal. — Ediciones Rialp. — Madrid 1966. — 219 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Investigaciones sobre historiografía hispana medieval (siglos VIII al XII). — Universidad de Buenos Aires. Instituto de Historia de España. — Buenos Aires 1967. — 418 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: El Islam de España y el Occidente. — En «L'Occidente e l'Islam nell'alto medioevo» I (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XII, Spoleto 1965), págs. 149-389.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Despoblación y repoblación del valle del Duero. — Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Historia de España. — Buenos Aires 1966. — 406 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: El ejército y la guerra en el reino asturleonés (118-1037). — En «Ordinamenti militan» I (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XV, Spoleto 1968), págs. 293-428. (Publicado también en «Investigaciones y documentos sobre las instituciones hispanas», Santiago de Chile 1970, págs. 202-286.)

Sánchez-Albornoz, Claudio: Alfonso III y el particularismo castellano. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XIII (1950), págs. 19-100.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Pequeños propietarios libres en el reino asturleonés. Su realidad histórica. — En «Agricoltura e mondo rurale in Occidente ne U'alto medioevo» (Settimane di Studio del Centro Italiano de Studi sull'Alto Medioevo, XIII, Spoleto 1966), págs. 183-22 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Conséquences de la reconquéte et du repeuplement sur les institucions féodo-vassaliques de León et de Castille. — «Annales du Midi» (Toulouse), LXXX (1968), págs. 359-382.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Homines mandationis et júniores. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), LIII-LIV (1971), págs. 7-235.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Repoblación del reino asturleonés. Proceso, dinámica y proyecciones. — «Cuadernos de Historia de España» LIII-LIV (1971), págs. 326459.

Sánchez Candeira, Alonso: El «regnum imperium» leonés hasta 1037. — C.S.I.C.-Madrid 1951. — 71 rágs.

Simonet, F. J.: Historia de los mozárabes en España. — Madrid 1897-1903.

Ubieto Arteta, Antonio: Monarcas navarros olvidados: los reyes de Viguera. — «Hispania» (Madrid), X (1950), págs. 3-24.

Ubieto Arteta, Antonio: Las diócesis navarro-aragonesas durante los siglos IX-X — «Pirineos» (Zaragoza), X (1954), págs. 179-200.

Ubieto Arteta, Antonio: Doña Andregoto Galíndez, reina de Pamplona y condesa de Aragón. — En «Actas del Primer Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos» (Zaragoza 1952), págs. 165-179.

Ubieto Arteta, Antonio: Los reyes pamploneses entre 905 y 970. Notas cronológicas. — «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXIV (1963), págs. 77-82.

Ubieto Arteta, Antonio: Las fronteras de Navarra. — «Príncipe de Viana» (Pamplona), XIV (1953), págs. 61-96.

Ubieto Arteta, Antonio: Estudios en torno a la división del reino por sancho el Mayor de Navarra. — «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXI (1960), páginas 5-56.

Vernet, Juan: La ciencia en el Islam y Occidente. — En «L'Occidente e l'Islam nell'alto medioevo» II (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XII, Spoleto 1965), págs. 149-389.

6. VIDA ECONÓMICA Y ORGANIZACIÓN

Las diferencias existentes entre al-Andalus y los dominios cristianos nos obligan a estudiar separadamente la situación de ambos territorios, concediendo mayor interés al mundo islámico, que constituye el único centro de importancia comercial y cultural de Europa en los siglos VIII al X. Córdoba se halla integrada en el circuito económico que se extiende por todo el Mediterráneo, penetra en el centro de África, atraviesa el mar Negro y llega hasta la India; se relaciona con China por medio de las caravanas que cruzan las estepas asiáticas y con la zona del Báltico a través de los ríos de Rusia.

La moneda y los productos de al-Andalus dominan los incipientes mercados del norte hasta finales del siglo XII; su civilización es urbana y su cultura recibida de Oriente enlaza con el mundo griego y llega a metas que la Europa cristiana sólo conocerá a partir del siglo XIII. Córdoba, y con ella los dominios musulmanes en Europa (Sicilia y sur de Italia), transmitirá a Occidente el saber clásico que, unido al pensamiento cristiano, dará a la Europa medieval su especial fisonomía.

Frente a este mundo en desarrollo tanto económico como cultural, la Península cristiana presenta una economía rural que sólo en determinados puntos y por influencia musulmana rebasa el nivel de intercambio; desconocerá las ciudades, como centros económicos y culturales, hasta el siglo XI y vivirá del recuerdo cultural de la Hispania visigoda.

LA ECONOMÍA DE AL-ANDALUS

La sociedad islámica es esencialmente urbana y su economía se centra en el desarrollo de las ciudades y de las profesiones que el crecimiento urbano lleva consigo, es decir, en la industria y en el comercio basados en una moneda fuerte y estable. Las ciudades existentes en la época visigoda quedaron sometidas a los musulmanes, que les dieron nueva vida al incluirlas en el circuito comercial islámico. Entre los centros de importancia podemos señalar después de Córdoba (100000 habitantes) las ciudades de Sevilla, en una comarca fértil y bien situada con relación al comercio norteafricano; Algeciras, que debe su prosperidad al comercio con el norte de África; Málaga (20000 habitantes); Almería (27000), cuya riqueza se basaba, al igual que la de Pechina, en la actividad comercial y en la existencia de una industria especializada; Granada (26000), Murcia, Valencia (15000), Ciudad de Mallorca (25000), Mérida, Badajoz, Toledo (37000) y Zaragoza (17000).

Ciertamente, no todas las ciudades tenían una función comercial clara; algunas son simples residencias de guarniciones militares, otras tienen un carácter rural y abundan las que deben su importancia al hecho de ser centros políticos, capitales de provincia. Casi todas están amuralladas y poseen una mezquita cerca de la cual se sitúa el zoco o barrio comercial mientras en los arrabales se hallan, cuando existen, las dependencias artesanales.

Por zoco se entiende el mercado permanente o periódico que puede tener lugar en cualquier calle, aunque generalmente se realiza en las plazas y sobre todo en las proximidades de la mezquita mayor de cada ciudad. Los mercaderes se agrupan por profesiones; entre los productos más importantes figuran las drogas, especias y perfumes que se venden en calles próximas a la mezquita mayor en Córdoba. Lorca, Sevilla, Valencia, Mallorca, Toledo y Granada.

Sastres y vendedores de telas, zapateros, carniceros, pescadores y vendedores en general de productos alimenticios así como los cambistas, los vendedores de grana y púrpura, mercaderes de esclavos y alfareros se sitúan en lugares céntricos y de paso obligado. Las ventas se realizan en tiendas permanentes o en tenderetes provisionales diariamente instalados. Junto a los mercaderes privados poseen tiendas las mezquitas y el Estado, que se reserva en régimen de monopolio la instalación de tiendas y depósitos para la venta de seda y productos de lujo.

Este mercado urbano se halla controlado por el muhtasib o almotacén, que vigila la conservación de las calles, prohíbe lo que puede entorpecer la circulación especialmente en las cercanías de la mezquita, manda derribar las casas que amenazan ruina y, en general, dirige la actividad comercial y artesanal: el almotacén instala a los gremios de mercaderes en sitios fijos, regula los pesos y medidas, fija los precios, la tarifa de las alcabalas (tanto por ciento que se cobra sobre los productos vendidos en el mercado) y los portazgos o derechos de entrada de las mercancías a la ciudad.

La actividad del almotacén, que pronto vio una parte de sus funciones desempeñadas por el sahib al-shurta, aparece regulada ya desde el siglo IX en los llamados manuales de hisba, que son la fuente más importante para el estudio de la industria y del comercio urbano en al-Andalus.

Industria, minería y productos forestales

Dentro de la producción musulmana hay que distinguir la que se destina al consumo interno —productos alimenticios (que serán estudiados al hablar de la agricultura) y textiles fundamentalmente— y la producción de lujo destinada en parte a la exportación. La industria textil y sus anejas de cardado, hilado, apresto y tinte fueron sin duda las más importantes de la España islámica; se trabajaba el lino, algodón y lana para vestidos, mantas y tapices. El cuero y las pieles daban trabajo a curtidores, fabricantes de pellizas, pergamineros y zapateros; el esparto era empleado en la fabricación de esteras y cestos.

Entre las restantes industrias hay que señalar la alfarería, el trabajo del vidrio, la fabricación de armas y las industrias de la construcción, que agrupaban a canteros, tejeros, albañiles, carpinteros y herreros. La pesca en la costa andaluza daba trabajo a una parte importante de la población y lo mismo podríamos decir del trabajo de la madera: objetos de lujo cuando se trata de madera de gran calidad destinada a los mimbares de las mezquitas, de obras de marquetería con incrustaciones de nácar o marfil y de artesonados; y de madera corriente destinada a la construcción naval.

La industria de lujo más apreciada se basaba en la fabricación de tejidos de seda en Córdoba, Almería y Baeza; la preparación de pieles en Zaragoza; objetos de cerámica y vidrio en Córdoba, Calatayud y Málaga; y trabajo del oro, plata, piedras preciosas y marfil. Esta industria surge en al-Andalus a imitación de los artículos llegados de Oriente a la corte del emir desde la época de Abd al-Rahmán II, que se preocupó no sólo de obtener los mejores artículos para su residencia sino también de atraer a los artistas capaces de fabricarlos y de crear talleres en Andalucía.

Entre los objetos salidos de estos talleres figuran los botes y arquetas de marfil destinados a guardar joyas y perfumes, entre los que figura el llamado bote de Zamora, custodiado actualmente en el Museo Arqueológico Nacional. Esta industria, centrada en Córdoba, se mantuvo en los talleres de Cuenca tras la caída del califato.

Numerosos son los objetos de bronce, plata y oro fabricados en los talleres creados por Abd al-Rahmán III en Medina Azahra, como el aguamanil hallado en Monzón de Campos, un brasero igualmente de bronce conservado en el Instituto de Valencia de Don Juan y numerosos candiles. Los artículos de cobre y aljófar (braseros, jarros y candiles) fueron objeto de un activo comercio con los dominios cristianos de la Península y con Europa. En la catedral de Gerona se conserva una arqueta de plata repujada cuya construcción fue encargada por al-Hakam II entre los años 965 y 976.

Los objetos de vidrio comenzaron a fabricarse en al-Andalus por obra de Abbas ibn Firnas y su uso fue difundido por el músico y dictador de la moda Ziryab (789-857), quien impuso la utilización en la mesa de copas de cristal en lugar de los vasos de oro y plata. En la iglesia de Áger, en la comarca de Urgel, y en los monasterios de Celanova en Galicia y de San Millán de la Cogolla se guardaban hasta época reciente piezas de ajedrez talladas en cristal de roca. Numerosos objetos de cristal y de cerámica construidos en época califal (jarros, copas, ollas, candiles, porrones...) han sido encontrados en Elvira, Medina Azahra, Córdoba y Pechina.

La obtención de minerales se hizo con las técnicas utilizadas durante la época imperial romana; se obtenía oro, en pequeñas cantidades, de las arenas del Segre y del Darro y en la desembocadura del Tajo; la plata se extraía de las minas de Murcia, Alhama y Hornachuelos; el hierro en Constantina y Castillo del Hierro, entre Córdoba y Sevilla; el mercurio en Almadén; el cobre en las regiones de Toledo y Granada y sobre todo en Riotinto; la sal gema abundaba en la región de Zaragoza y se explotaban salinas en Ibiza, Cádiz, Almería y Alicante.

Agricultura y ganadería

El gran desarrollo urbano e industrial del Islam peninsular no habría sido posible sin la existencia de una agricultura próspera en cuyo desarrollo los musulmanes apenas innovaron, aunque sí perfeccionaron las técnicas conocidas especialmente en lo referente al almacenamiento de agua y a su transporte por medio de cisternas, acueductos, canales, presas, utilización de aguas subterráneas...

El tipo de cultivo, secano o regadío, condiciona la vida rural y el régimen de propiedad de la tierra: población concentrada y grandes latifundios en zonas de secano, población dispersa y mediana o pequeña propiedad en comarcas de regadío. El trabajo de los campos lo efectúan campesinos de origen hispanovisigodo, generalmente convertidos al Islam y cuya suerte parece haber experimentado alguna mejoría con relación a la época anterior, y beréberes. Las formas de contrato difieren según la naturaleza de la producción: en zonas de secano se generalizan los contratos de aparcería en los que el dueño de la tierra y el colono ponen, cada uno, la mitad de la simiente y reciben la mitad de la cosecha; por cuenta del colono corre el trabajo de la tierra y el pago de los gastos que se deriven. Este tipo de contrato se extenderá más tarde a los dominios cristianos y será ampliamente utilizado en los trabajos que requieren una cierta especialización: cultivo de viñedos y reconstrucción de molinos. En las comarcas de regadío, con una producción mayor y más valiosa, el colono sólo recibe la tercera parte de la cosecha.

El cultivo de los cereales (trigo y cebada) difiere poco del sistema empleado en el norte de la Península y en Europa: tras un año de siembra se dejaba la tierra en barbecho; sólo en zonas especiales se procedía a la siembra de cereales de primavera (mijo y sorgo). El trigo es la base de la alimentación y se obtienen numerosas variedades en las regiones de Tudela, Toledo, Baeza, Úbeda, Écija y Jerez, pero al-Andalus fue siempre deficitaria en cereales y tuvo que recurrir frecuentemente a las importaciones del norte de África. Otro cereal de gran importancia en la Península fue el arroz, importado de Asia y ampliamente cultivado en las llanuras del Guadalquivir y en las huertas valencianas.

A estos productos alimenticios hay que añadir las legumbres cultivadas en tierras de secano (habas y garbanzos), el olivo, el viñedo y los productos frutales (cerezas, manzanas, peras, granadas, almendras, higos...), conocidos desde la antigüedad, y la palmeta, caña de azúcar y agrios, introducidos por los musulmanes a fines del siglo X. El olivo es el árbol mediterráneo por excelencia y su cultivo se extiende por toda Andalucía desde donde se exporta al norte de África y, en ocasiones, a Oriente. La producción aceitera de época califal se ha calculado en tres millones de quintales al año.

Pese a la prohibición coránica de consumir alcohol, el viñedo mantuvo su importancia bajo el dominio musulmán a causa de la existencia de una fuerte población no musulmana y a la tolerancia de emires y califas hacia los consumidores, entre los que se cuentan ellos mismos con gran frecuencia. Sólo en determinados momentos, cuando el emir necesita congraciarse con los rigoristas, se ponen trabas al cultivo del viñedo o se dificulta la venta del vino, como ocurrió en época de Abd al-Rahmán II, que mandó destruir el mercado de vinos de Secunda, en los arrabales de Córdoba, para poner fin a la oposición de los alfaquíes; pero esta medida fue más política que religiosa y careció de continuidad.

Además de los productos alimenticios, al-Andalus cultiva gran número de plantas textiles, colorantes, aromáticas y medicinales como el algodón, el lino, esparto, azafrán, morera para la alimentación de los gusanos de seda... El algodón, originario de la India, penetra en el Mediterráneo hacia el siglo VII y se cultiva en las regiones de Sevilla y Guadix; el lino se produce en la zona de Granada. Ambos alimentan un importante comercio de exportación hacia Oriente, el norte de África y el norte de la Península.

El esparto, producido en Murcia, suministra materia prima para la fabricación de calzado; lino y cáñamo se utilizan en la fabricación de papel, que adquiere importancia en al-Andalus entre los siglos IX y X; el azafrán se utiliza como condimento; una de sus variantes es apreciada por su poder colorante en la industria textil; la morera se extiende por las tierras de Baza, Jaén y Las Alpujarras.

La ganadería musulmana es poco conocida y sólo sabemos que los animales más apreciados eran el caballo de guerra, la muía y el asno de carga, y la oveja por su carne y lana. Según Lombard, la penetración de los beréberes en la Península serviría para mejorar las razas equina y ovina, la última de las cuales practica ya en época califal una cierta trashumancia que permite aprovechar mejor los pastos y que hará de la Península, en fecha posterior, una de las más importantes zonas productoras de lana en Europa.

El comercio

La producción agrícola y urbana descrita en las páginas anteriores se, destina en primer lugar al consumo interno y es objeto de un activo comercio entre las tierras de al-Andalus, pero otra parte se dedica a la exportación como medio de obtener los productos y la mano de obra que los musulmanes peninsulares no poseen.

Dentro del territorio el transporte se efectúa por las rutas terrestres, que coinciden en líneas generales con las calzadas romanas, aunque éstas son abandonadas en algunos tramos ya que, por su carácter militar, evitaban siempre que era posible los fondos de los valles propicios a emboscadas y tales precauciones son innecesarias en épocas de paz; en consecuencia, se eligen atajos y veredas que acortan las distancias y se construyen nuevas calzadas siempre que son necesarias para el comercio o para la conexión militar entre Córdoba y las restantes ciudades.

El sistema de carreteras era radial con centro en Córdoba, de donde se dirigían a Sevilla, Zaragoza, Toledo, Coria, Almería, Valencia, Málaga..., con ramales secundarios en todas y cada una para permitir una fácil comunicación de la capital con todo el territorio. Las vías fluviales carecen de importancia si se exceptúan los cauces inferiores del Ebro y del Guadalquivir. La navegación marítima afecta sobre todo al comercio internacional con Europa, Oriente y el norte de África.

En Europa se obtienen pieles, madera para la construcción naval, metales, armas y esclavos a cambio de algunos productos de lujo; la diferencia se paga en oro y plata. El comercio más importante es el de los esclavos, a los que se encomienda el trabajo de las minas, el servicio doméstico del emir o califa y de los grandes dignatarios a los que sirven como concubinas, criados, eunucos del harén, cantores, músicos y soldados; la importancia de este comercio puede apreciarse por el simple dato de que el harén de Abd al-Rahmán III llegó a contar con 6300 mujeres y de que en la época del primer califa figuraban en el ejército 13750 eslavos o esclavos procedentes de Europa central. Su número fue considerablemente aumentado por Almanzor hasta el punto de que al desaparecer el califato los jefes de estos eslavos disponían de suficiente fuerza como para declararse independientes y crear diversos reinos de taifas.

Este tráfico está asegurado por los mercaderes judíos establecidos en las zonas del alto Danubio y del Rin y en los valles del Mosa, Saona y Ródano, desde donde los esclavos llegan a Córdoba pasando por Narbona y Barcelona, ciudad que debe su importancia económica a los beneficios proporcionados por este comercio. Esclavos femeninos son igualmente obtenidos en los reinos y condados cristianos y llegan a alcanzar fuertes cotizaciones en los mercados islámicos.

El desarrollo de la industria naval encuentra grandes dificultades por la escasez de bosques en la zona controlada por el Islam y porque los existentes se hallan alejados de la costa; como quiera que el transporte por medio de carretas apenas se utiliza y el cauce de los ríos mediterráneos, irregular y sinuoso, no permite el transporte de la madera, ésta se adquiere en Europa, desde donde llega por mar a los astilleros de Almería, Tortosa y Alcacer do Sal.

De Oriente importa al-Andalus esclavos privilegiados, distinguidos por su cultura, sus dotes musicales o su dominio de la danza; en las ciudades más importantes las esclavas mejor dotadas eran compradas por maestros y educadores que las revendían después de haberlas instruido en las artes y de haberles dado unas nociones de ciencias como la filología, literatura, filosofía, astronomía... que les permitieran brillar en sociedad.

Otros productos importados por al-Andalus son los libros, objetos de adorno y joyas orientales. Hacia el norte de África se exporta aceite de oliva y se obtienen esclavos, oro procedente del Sudán y cereales. El centro comercial más importante de este comercio mediterráneo fue Pechina y, tras la decadencia de la ciudad en el siglo X, Almería.

La moneda

Este comercio es posible gracias a la existencia de una moneda universalmente aceptada. En principio los musulmanes se limitan a aceptar las monedas de valor comercial empleadas en los territorios conquistados: denario bizantino y dracma persa. En el año 660 el califa Alí intenta crear la primera moneda islámica, pero ésta no es aceptada por los mercaderes y será preciso esperar hasta el año 696-697 para que el omeya Abd al-Malik acuñe y consiga la aceptación comercial del dinar de oro y del dirhem de plata musulmanes.

La Península, pese al botín conseguido en la conquista y puesto en circulación por los musulmanes, se ve afectada en el siglo VIII y parte del IX por la escasez de oro, de la misma forma que el resto de Occidente, por lo que sólo se acuñan monedas de plata. Sólo cuando Abd al-Rahmán III se decide a intervenir en el norte de África contra los fatimíes, al-Andalus entra en contacto directo con las rutas caravaneras del oro sudanés y sólo entonces se acuñan monedas de oro (929) que servirán, además, para realzar el prestigio y la importancia del califa.

En los años anteriores, los musulmanes utilizaron, del mismo modo que los cristianos, la moneda visigoda y los dinares y dirhems omeyas y abasíes llegados a la Península a través de los intercambios comerciales; la acuñación propiamente hispánica no se generaliza hasta los años de Abd al-Rahmán II, al que se debe la acuñación sistemática de moneda de plata. Este hecho hay que relacionarlo de una parte con el aumento del comercio, que exige una mayor cantidad de moneda circulante, y de otra con la desaparición del peligro abasí y el afianzamiento definitivo de los omeyas, que sólo ahora están en condiciones de manifestar su independencia política y económica mediante la acuñación de moneda propia aunque en ésta no figure el nombre del emir y se respete la ficción califal.

La acuñación de dinares por el primer califa obedece igualmente a razones políticas y económicas: la ampliación del comercio con el norte de África, con Europa y con el mundo mediterráneo oriental exige una moneda de oro capaz de competir con los dinares abasíes y fatimíes y con los denarios bizantinos; al mismo tiempo, sirve de eficaz propaganda política desde el momento en que Abd al-Rahmán hace imprimir en los dinares el título califal.

Un año antes, el califa había reemprendido la acuñación de dirherms, suspendida durante los difíciles años políticos y económicos del reinado de Abd Allah. La ceca principal se instala en Córdoba y se traslada a Medina Azahra en el año 948, cuando Abd al-Rahmán elige esta población para su residencia y centraliza en ella los servicios estatales.

El dirhem parece haber tenido una cierta uniformidad de peso: 2,83 gramos bajo Abd al-Rahmán III, 2,77 en época de al-Hakam II y 3,11 en la última época del califato; las piezas de oro ofrecen diferentes pesos que van desde 3,43 gramos a 4,80. Como monedas de cuenta se utilizan el dirhem qasimi y el dinar de dirhems (equivalente a 12 dirhems) para la plata, y el metcal para el oro, aunque se ignora el valor de unas y otras.

LA SOCIEDAD HISPANOMUSULMANA

La población de al-Andalus no es homogénea; en ella se integran los hispanovisigodos que prefirieron o no pudieron abandonar el país y que, en gran parte, aceptaron la religión islámica; los conquistadores en sus distintos grupos étnicos que serán condicionantes a la hora de señalar la situación social y económica durante el siglo VIII; los judíos, aliados de primera hora de los musulmanes y eficaces intermediarios económicos; y los esclavos importados, entre los que alcanzan especial importancia los dedicados al servicio militar, que junto con los mercenarios beréberes contratados por los califas se convertirán, en época de Almanzor, en una aristocracia territorial.

La coexistencia de una economía urbana con la rural harán aún más complejo el esquema social de al-Andalus, especialmente en los centros urbanos, en los que se produce una división y especialización del trabajo con importantes repercusiones sociales. Aunque no es posible separar los factores étnicos de los religiosos, ni unos y otros de los económicos y políticos por ser la relación e interdependencia entre todos continua, por razones prácticas estudiaremos la sociedad hispanomusulmana a partir de las diferencias entre musulmanes y no musulmanes; distinguimos entre los primeros a los árabes y a los beréberes llegados en la primera época, a los mercenarios, a los artistas y esclavos procedentes de diversos países y a los hispanos convertidos; entre los segundos incluimos a los cristianos y judíos. En último lugar estudiaremos la diferente situación social de campesinos y ciudadanos.

Los musulmanes

Teóricamente iguales, su situación social y económica es muy diferente; entre ellos podemos encontrar desde grandes dignatarios y terratenientes hasta cultivadores de los campos prácticamente asimilados a los siervos de Europa occidental. Las causas de esta diferenciación pueden reducirse a tres: origen étnico para los conquistadores; situación social y económica con anterioridad a la invasión musulmana para los cristianos convertidos que siguen viviendo en el campo; y funciones desempeñadas para los hispanovisigodos islamizados residentes en la ciudad y para los esclavos y demás personas llegadas a la Península con posterioridad al siglo VIII.

LOS ÁRABES

Los árabes llegados a la Península durante los años de conquista, los integrantes de los chunds sirios y los llamados por Abd al-Rahmán I tras su victoria del año 755 actúan en la Península como una verdadera aristocracia que sustituye a los nobles visigodos, se reserva las mejores tierras con los colonos y siervos que las cultivan y tiene el monopolio de las funciones militares y judiciales. Pese a las prescripciones coránicas tienden a constituirse en grupo cerrado.

En todos los países conquistados los árabes actúan de idéntica forma, ya que su escaso número (se cree que no pasaron de 40000 los instalados en la Península) les hace extremadamente vulnerables frente a las poblaciones autóctonas y frente a sus auxiliares en las campañas, cuyo número fue siempre superior al de los propios árabes; la única posibilidad de supervivencia —el mismo problema ha sido estudiado para el caso visigodo— se halla en la cohesión y solidaridad del grupo de árabes invasores, que no podrán permitir la formación de otros grupos aristocráticos si quieren mantener su posición privilegiada.

Grupo ante todo militar, los árabes mantienen su organización; evitan dispersarse excesivamente y se concentran en los alrededores de Toledo, Orihuela, Sevilla, Valencia (los qaysíes); Córdoba, Badajoz, Granada y Murcia (los yemeníes). Viven preferentemente en las ciudades, donde controlan los cargos más importantes, y son dueños de la tierra, que hacen cultivar indistintamente por muladíes o por cristianos.

Los sirios llegados con Balch en el año 741 fueron igualmente asentados manteniendo su propia organización: el chund o cuerpo militar procedente de Damasco fue instalado en el distrito de Elvira (Granada); el del Jordán en Reyyo (Archidona y Málaga); el de Palestina en Medina Sidonia; el de Emesa en las comarcas de Sevilla y Niebla; el de Quinnarsín en el territorio de Jaén, y el de Egipto, demasiado numeroso a juicio de sus enemigos qaysíes, fue repartido entre el Algarve y la región de Murcia.

Los enfrentamientos entre qaysíes y yemeníes no impiden que por encima de sus diferencias todos se consideren árabes, es decir, privilegiados, y juntos combaten a sus principales enemigos, los beréberes; las viejas rivalidades tribales desaparecen cuando Abd al-Rahmán I, como reacción contra los abasíes —a los que apoyan los musulmanes no árabes—, acentúa el arabismo omeya y asegura a árabes del norte y del sur una situación de privilegio.

La convivencia en las ciudades con los hispanomusulmanes, la progresiva hispanización cultural de los árabes e islamización de los hispanovisigodos y la comunidad de intereses entre los invasores y los dirigentes visigodos convertidos al Islam rompieron las barreras existentes; en la época final del califato no existirán diferencias entre la aristocracia de origen árabe y la de origen hispanogodo, aunque siempre se mantuvo el prestigio árabe como lo prueban los intentos de los hispanos de buscar o de resaltar sus antecedentes árabes; unos y otros actuarán unidos cuando se trate de oponerse a los nuevos grupos que les disputan el poder: beréberes mercenarios y eslavos.

Las taifas andalusíes (árabes e hispanos sin distinción de origen) se concentrarán en las regiones de Córdoba, Sevilla, el Algarve, el valle del Ebro, Toledo y Badajoz, es decir, en las zonas de asentamiento árabe importante y allí donde los nobles visigodos, al convertirse, mantuvieron su posición social y económica.

LOS BERÉBERES

Los beréberes fueron utilizados por los árabes como simples auxiliares y jamás se les permitió equipararse a éstos; tras la conquista quedaron relegados a las zonas poco urbanizadas y a las comarcas montañosas escasamente pobladas, con lo que se veían apartados de los altos cargos urbanos y de las fuentes de riqueza al no disponer de tierras fértiles ni de hombres que trabajaran para ellos.

Su modo de vida es idéntico al que tenían en sus tierras de origen, y la conversión al islamismo no los libró del pago del impuesto territorial que, en principio, sólo tenían que pagar los no musulmanes; la contradicción existente entre su situación real y los derechos que como musulmanes y conquistadores tenían fue puesta de relieve por las predicaciones chiíes que los lanzaron a la sublevación, con los resultados ya sabidos.

Tras esta derrota, los beréberes que permanecieron en la Península quedaron equiparados a los hispanomusulmanes y como ellos buscaron la protección, entraron en la clientela de los propietarios árabes para evitar el pago del impuesto, o se concentraron en las ciudades; al igual que los muladíes participaron activamente en las revueltas que se desencadenaron contra el poder cordobés durante el siglo IX. Sólo en el siglo X existirá un grupo beréber cuyas actividades militares como mercenarios les permiten alcanzar una posición social privilegiada y disputar a eslavos y árabes el control de al Andalus.

LOS HISPANOVISIGODOS

Entre los hispanovisigodos convertidos al Islam podemos distinguir dos grupos: en primer lugar la nobleza vitizana que mantiene sus propiedades y no tarda en aceptar la nueva religión cuando la considera un medio de asegurar su preeminencia; y la masa de siervos, colonos y pequeños propietarios que se adhieren al Islam con la esperanza de mejorar económica y socialmente. Sobre los primeros, baste recordar lo dicho al referirnos al pacto ventajoso firmado por Tudmir y a la conversión del conde Fortún cuyos descendientes dominaron hasta comienzos del siglo X el valle del Ebro.

Esta nobleza no logró sus propósitos de igualarse a la aristocracia árabe hasta época tardía; y allí donde las circunstancias lo permitieron (zonas de frontera alejadas de Córdoba y con escasa densidad de población árabe) sus miembros fueron los dirigentes de sublevaciones en las que se mezcla el afán de independencia con el deseo de igualarse a los árabes. Quizás el caso más representativo sea una vez más el de los banu Qasi que, por su riqueza y poder, se consideraban iguales a los árabes y sin embargo no fueron aceptados como iguales por éstos que indirectamente los lanzaron a la rebelión militar para conseguir una posición social que su origen les impedía.

Aunque no pertenecieran o no sepamos si pertenecían originariamente a la nobleza visigoda, la situación de Umar ibn Hafsum y de Ibn Marwan de Mérida es similar: ambos pretenden tras una primera sublevación integrarse en la aristocracia árabe; uno y otro fracasan en sus intentos iniciales y se ven obligados a recurrir de nuevo a las armas, a la guerra abierta contra los árabes en la que les secundan las poblaciones convertidas y los beréberes.

Las conversiones fueron numerosas entre los trabajadores del campo, abandonados religiosa y culturalmente por el clero visigodo, paganos de hecho a los que daba igual una religión que otra; y si prefirieron el Islam se debió a las ventajas económicas y sociales que ofrecía a sus adeptos: supresión del impuesto territorial y personal y liberación en el caso de los esclavos.

En las ciudades, la mayor preparación cultural, el hecho de que el impuesto territorial sólo fuera cobrado en el campo y la influencia de la jerarquía eclesiástica, especialmente de los monasterios, limitaron el número de conversiones, pero la instalación en los centros urbanos de la nobleza árabe y la emigración constante de campesinos islamizados hicieron que los mozárabes se encontraran casi siempre en minoría aunque su situación social y económica fuera en muchos casos superior a la de los muladíes, al menos hasta mediados del siglo IX, es decir, mientras los emires tuvieron necesidad de utilizar sus servicios como administradores culturalmente preparados.

LOS ORIENTALES

A partir del reinado de Abd al-Rahmán II, la riqueza de los emires y su deseo de emular a los califas de Bagdad atrajeron a la corte omeya a gran número de literatos, músicos y hombres de ciencia procedentes de Oriente que fueron favorablemente acogidos y se integraron en la aristocracia árabe. El más conocido de estos orientales, el cantor iraquí Ziryab, recibió del emir una renta de doscientos dinares mensuales y diversas tierras en propiedad; a él se debe el refinamiento de la alta sociedad musulmana en la mesa, en el vestido y en el aseo personal. El califato de al-Hakam II es igualmente importante por la llegada de orientales, pero el número de estos inmigrados fue siempre reducido y nunca constituyeron un grupo social aparte. A ellos se debe, además de la orientalización política del califato, el resurgir intelectual experimentado en al Andalus a mediados del siglo IX y durante el califato de al-Hakam I.

LOS ESCLAVOS

De mayor interés social resulta el estudio de los esclavos importados. Comprados en principio para atender a las necesidades del trabajo agrícola e industrial, a medida que la sociedad islámica se perfecciona se especializa el comercio de esclavos y la importación tiene como objetivo surtir los harenes musulmanes (mujeres, eunucos y servicio doméstico) y proporcionar soldados al ejército califal.

Mientras los primeros, los dedicados al trabajo agrícola o industrial, se equiparan prácticamente a los trabajadores del campo —su número es reducido en las ciudades—, los segundos disfrutan de una posición social superior en muchos casos a la de los propios musulmanes libres; las esclavas son muy apreciadas especialmente cuando tienen una preparación artística o científica y siempre que proporcionen hijos al dueño. La importancia de las concubinas de emires y califas es extraordinaria y en muchos casos llegan a intervenir en la política. Tres concubinas de Abd al-Rahmán II llegaron a dirigir en el palacio cordobés una orquesta formada por esclavas originarias o formadas musicalmente en Medina; la favorita Tarub organizó una conspiración para envenenar al emir y hacer proclamar a su hijo Abd Allah; es conocido el papel desempeñado en el ascenso de Almanzor por la concubina de al-Hakam II y madre de Hisham III, la vascona Subh. Pero el brillo de estos personajes no debe hacernos olvidar que su suerte declinaba con la edad y que sólo podían aspirar a la libertad y a una situación digna tras la muerte del soberano si le habían dado un hijo. Además, la mayor parte de las mujeres recluidas en los harenes no eran concubinas sino esclavas encargadas del servicio doméstico.

También entre los esclavos gozaban los eunucos de una situación especial debido a la confianza depositada en ellos por los gobernantes, que no se limitaron a dejar en sus manos la custodia del harén sino que, en ocasiones, los pusieron al frente de los organismos civiles y militares por su preparación y porque, al carecer de descendencia, se mostraban menos interesados en amasar fortunas. El precio de los eunucos era muy superior al de los esclavos normales debido al fuerte porcentaje de mortalidad que acarreaba la castración, aun cuando ésta fuera realizada por especialistas judíos.

Los esclavos masculinos adquirieron importancia numérica y social en el siglo X cuando los califas les confían numerosos cargos en la administración y en el ejército, cargos tradicionalmente reservados a la aristocracia árabe. Los servidores del califa están dirigidos por dos eslavos llamados los grandes oficiales, a los que Levi-Provençal considera como los jefes de las casas civil y militar del califa.

Otros cargos palatinos desempeñados por esclavos son los de jefe de la cocina, de las construcciones, de las caballerizas, director de los correos, director de los talleres de orfebrería de palacio, de las manufacturas de seda... No es extraño, por tanto, que desde los cargos palatinos y militares los esclavos intentaran alzarse con el poder a la muerte de Abd al-Malik y crearan diversos reinos independientes. El proceso es general en todo el mundo islámico: los mercenarios y esclavos palatinos llegan a hacerse indispensables y terminan sustituyendo a las dinastías reinantes.

Cristianos y judíos

Debido a las influencias religiosas sufridas por su fundador, el Islam acepta dentro de la sociedad a cristianos y judíos por considerar que unos y otros poseen una parte de la verdad revelada. Pero no son sólo los motivos religiosos los que llevan a esta tolerancia: en vida del fundador existen en Arabia poderosas comunidades judías que no pueden ser suprimidas y la conquista de los dominios bizantinos incluye dentro de los dominios musulmanes a una masa de población muy superior a la de los propios árabes, los cuales necesitan los servicios de los nuevos súbditos para dirigir y organizar los territorios conquistados. Lo mismo ocurrirá con los zoroastrianos persas que, sin haber sido expresamente citados por Mahoma, fueron tolerados y considerados con los mismos derechos que los cristianos.

Los problemas económicos y en muchos casos militares de la expansión islámica fueron resueltos con la ayuda de las comunidades judías instaladas desde la época romana en todas las rutas del gran comercio y que vivían en el momento de la conquista islámica, al menos en el mundo cristiano, en una semiclandestinidad y opresión que llevó a los hebreos a aceptar de modo natural y a apoyar a los musulmanes.

A estas motivaciones religiosas y políticas de la tolerancia habría que añadir las económicas: la conversión al islamismo lleva consigo la supresión de los impuestos personal y territorial y los árabes no tienen interés en ver desaparecer esta importante fuente de ingresos, por lo que no sólo toleran a cristianos y judíos sino que en muchos casos se oponen a la conversión de éstos.

Aunque tolerados, los miembros de las religiones bíblicas no son iguales a los musulmanes; son sus protegidos y, como tales, pueden conservar la religión y costumbres siempre que renuncien a ciertos derechos que se hallan resumidos en una carta dirigida al califa Omar por una comunidad de cristianos: «Os hemos pedido la seguridad para nuestras vidas, nuestras familias, nuestros bienes y las gentes de nuestra religión con estas condiciones: pagar el impuesto territorial..., no tocar las campañas sino suavemente, no alzar la voz cuando cantemos, no construir iglesias ni conventos ni reparar los destruidos, no reunimos en un lugar situado en el barrio musulmán..., no aprender el Corán ni enseñarlo a nuestros hijos, no impedir a nuestros familiares convertirse al Islam si lo desean, no parecemos a los musulmanes en el vestido, honrarlos y respetarlos..., no guardar armas ni llevarlas en la ciudad o en los lugares dominados por los musulmanes y no tener esclavos que hayan pertenecido a los musulmanes».

En al-Andalus y de acuerdo con las instrucciones de Omar, no se permitió a los mozárabes la construcción de nuevas iglesias, pero se les autorizó a conservar las existentes; a pesar de lo cual, en Córdoba, la necesidad de improvisar un lugar de culto para los musulmanes llevó a éstos a ocupar la mitad de la iglesia de San Vicente y, al crecer el número de los convertidos al Islam, a dedicar todo el recinto a mezquita, después de haber permitido a los cristianos la edificación de iglesias en los arrabales.

Sobre la población cristiana recae un impuesto territorial (jarach) por cada unidad de superficie y un impuesto personal (chizya), cuyo importe varía según las fortunas y que deben pagar los hombres de veinte a cincuenta años. A estos impuestos legales se añaden durante el siglo IX-X las contribuciones extraordinarias, que son exigidas también a los musulmanes. La consideración social de los mozárabes en las ciudades estuvo favorecida por el alto nivel cultural de sus miembros si los comparamos con los árabes y beréberes invasores; los cristianos serán consejeros de los emires y administradores de sus bienes; y a un conde cristiano se confía la dirección de la guardia palatina.

A medida que la cultura islámico-oriental arraiga en al-Andalus, los mozárabes pierden importancia y se inicia un proceso de arabización de los cristianos, proceso que Alvaro de Córdoba describe con las siguientes palabras: «Nuestros jóvenes cristianos, con su aire elegante y su verbo fácil, son ostentosos en el vestido y en el deporte, y están hambrientos del saber de los gentiles; intoxicados por la elegancia árabe, manejan... devoran... y discuten celosamente los libros de los caldeos y los dan a conocer alabándolos con todos los adornos de la retórica, mientras que nada saben de la belleza de la literatura eclesiástica.»

Contra esta islamización creciente en el vestido, en la cultura e incluso en la religión reaccionan los mozárabes intransigentes dirigidos por Eulogio y Alvaro, que serán desautorizados por el sínodo episcopal convocado a instancias del emir; el endurecimiento de la situación y el desprestigio cultural de los cristianos en la sociedad cordobesa no debieron de ser ajenos a la emigración mozárabe, reducida pese a todo y limitada al elemento clerical.

Por lo que sabemos, los mozárabes conservaron su organización eclesiástica y se mantuvieron las sedes metropolitanas de Toledo, Mérida y Sevilla, así como los obispados dependientes de cada metrópoli, aunque el emir o el califa se reservaban el derecho de aprobar los nombramientos de obispos y metropolitanos de la misma forma que antes lo habían hecho los reyes visigodos. La actuación de esta jerarquía eclesiástica y su papel político han sido mencionados en páginas anteriores. En general, se sometieron a los musulmanes y colaboraron con ellos, como se observó claramente en el concilio reunido por al-Hakam I para poner fin a los martirios voluntarios.

La comunidad cristiana como tal gozó de autonomía y en cada centro urbano tuvo sus propias autoridades: condes, recaudadores del impuesto o exceptores y jueces que regulan los conflictos entre cristianos de acuerdo con el antiguo derecho visigodo; se les permite tener iglesias en Córdoba y los miembros más influyentes de la comunidad (en el seno del grupo cristiano se mantienen las diferencias de época visigoda) fueron utilizados por los califas, que les confiaron misiones cerca de los reyes cristianos del norte y les encargaron funciones tan delicadas como las desempeñadas por Recemundo (Rabi ibn Zaid, en árabe) y Asbag ibn Abd Allah ibn Nabil.

El primero presidió una embajada de Abd al-Rahmán III a Otón I de Alemania, fue enviado por el califa a Constantinopla y Siria con la misión de comprar objetos de arte para la nueva residencia de Medina Azahra y redactó para al Hakam II el Calendario de Córdoba, en el que se indicaban las ocupaciones campesinas en cada período del año y se daban numerosas precisiones sobre la vida rural y sobre la comunidad mozárabe. Asbag fue encargado por Abd al-Malik de arbitrar la disputa entre el conde de Castilla Sancho García y el gallego Menendo González, tutor de Alfonso V de León.

Los judíos están sometidos a las mismas normas que los cristianos, pero parece seguro que su colaboración inicial con los musulmanes y el papel económico desempeñado les aseguraron un lugar privilegiado; son mercaderes, artesanos especializados, médicos, filósofos, hombres de letras; algunos desempeñan misiones de gran importancia como el médico Abu Yusuf ibn Shaprut, embajador ante los reyes leoneses y navarros, encargado de la curación de Sancho I de León, traductor al árabe de la obra médica de Dioscórides, fundador en Córdoba de un centro de estudios talmúdicos y propagador de la cultura hebrea en el mundo musulmán.

Ciudadanos y campesinos

Mientras en gran parte del Islam se crean nuevas ciudades, en al-Andalus los musulmanes se limitan a desarrollar los centros antiguos, reducidos al papel de sedes episcopales y de residencia de funcionarios; ciudades creadas en la Península fueron Almería y Alcacer do Sal orientadas respectivamente hacia el comercio mediterráneo y atlántico; otras ciudades surgidas en los siglos IX-X sólo tuvieron finalidad militar. El modo de vida urbana exige la existencia de grupos especializados que terminan diferenciándose socialmente no sólo por su riqueza sino también por las funciones que desempeñan y que son, a menudo, la base de su situación económica.

Entre los grupos privilegiados (jassa) podemos distinguir en primer lugar a la aristocracia árabe de terratenientes que fijan su residencia en la ciudad y entre los que se reclutan los altos funcionarios civiles y militares; dentro de la jassa se distingue una nobleza de sangre integrada por los miembros de la familia omeya, que reciben cuantiosas pensiones del príncipe: propiedades agrarias y rentas inmobiliarias que gozan de exención fiscal; los altos cargos parecen ser hereditarios o, al menos, mantenerse dentro de un número reducido de familias hasta que se produce el ascenso social de los libertos y eslavos en el siglo X.

Aunque textos musulmanes sólo distinguen entre la jassa y el pueblo llano (amma), entre ambos se sitúa en la escala social el grupo de los hombres de religión y leyes, que pueden llegar a posiciones políticas y socia les influyentes; los intelectuales que dependen de los personajes de la aristocracia; los mercaderes acomodados; algunos artesanos de las industrias especializadas; los pequeños funcionarios; los magistrados subalternos y los judíos y cristianos que ejercen funciones financieras y comerciales.

En la escala inferior de la sociedad se halla el pueblo (amma) formado por los artesanos y jornaleros beréberes, muladíes y libertos, que constituyen, junto con los mozárabes y judíos no acomodados, la masa de la población urbana; sobre ellos recae la presión fiscal y la desconfianza del poder, que alterna la represión con las medidas demagógicas, utilizando estas últimas sobre todo en los momentos iniciales de cada reinado.

El empeoramiento de su situación provocado por la diferencia entre precios y salarios y por la continua presión fiscal fue hábilmente utilizado por los mercaderes y alfaquíes del arrabal de Córdoba para suscitar las revueltas que pusieron en peligro el trono de al-Hakam I y que terminaron con la destrucción del arrabal, el destierro de sus habitantes y el castigo del conde cristiano que dirigía la guardia palatina y al que se hizo responsable del descontento popular.

Estas medidas demagógicas, consistentes en sacrificar a uno de los presuntos culpables para dar satisfacción al pueblo y en el perdón ocasional de los impuestos atrasados, son comunes a todo el Islam y fueron también practicadas en al-Andalus, pero por sí solas no podían mejorar la situación de las masas populares, que apoyarán en muchas ocasiones los levantamientos contra el poder central.

Los artesanos, entre los que se distinguen maestros, obreros especializados y aprendices, están agrupados en corporaciones e igualmente los fabricantes y mercaderes urbanos. Cada corporación acepta la autoridad de una persona (amín) designada por el almotacén para representar al gremio ante el poder civil y que se hace responsable de las infracciones cometidas por los miembros de su corporación. Cada gremio tiene fijados los lugares de fabricación y venta de sus productos y debe pagar a un pregonero que haga oír en alta voz la plegaria islámica de los viernes.

En esta sociedad, el cabeza de familia es señor absoluto, sea cual sea su nivel económico y su categoría social; la mujer o mujeres, según las posibilidades económicas, y los hijos le deben respeto que llega hasta el punto de permanecer callados en presencia del padre o marido mientras éste no les autorice a hablar. En el interior de la casa las mujeres sólo pueden recibir visitas femeninas; tienen derecho a salir los viernes para visitar los cementerios, una o dos veces al mes para asistir a los baños públicos y en determinadas fiestas. La ley las protege contra las crueldades del marido y en caso de repudio les asigna una pensión, pero el divorcio sólo puede ser obtenido por el marido, excepto en el caso de malos tratos.

La poesía andaluza ha exaltado extraordinariamente a la mujer y numerosos historiadores, dejándose llevar por los poetas, les han atribuido una situación personal de privilegio, pero quizás su verdadera situación sea la descrita, para época posterior, por el filósofo Averroes según el cual «nuestro estado social no deja ver lo que de sí pueden dar las mujeres. Parecen destinadas exclusivamente a dar a luz y amamantar a los hijos, y ese estado de servidumbre ha destruido en ellas la facultad de las grandes cosas. He aquí por qué no se ve entre nosotros mujer alguna dotada de virtudes morales: su vida transcurre como la de las plantas, al cuidado de sus propios maridos. De aquí proviene la miseria que devora nuestras ciudades porque el número de mujeres es doble que el de hombres y no pueden procurarse lo necesario para vivir por medio del trabajo».

Al igual que en el mundo cristiano la población rural es poco conocida porque los cronistas y el poder sólo se ocupan de los campesinos en los momentos en que constituyen un problema o en cuanto se relacionan con otros grupos socialmente más importantes; en teoría, la situación de los pequeños propietarios convertidos mejoraría considerablemente al librarse del impuesto personal y evitar la presión absorbente de los señores visigodos.

Sin embargo, la emigración masiva a las grandes ciudades, especialmente a Córdoba, donde forman un populoso arrabal y participan en la protesta y sublevación contra los abusos fiscales de al-Hakam I, y la adhesión de los campesinos a las campañas de Umar ibn Hafsum y de los rebeldes del siglo IX parecen indicar que los beneficios de la conversión no fueron los esperados; quizás sea posible afirmar que en el campo se mantuvo la situación de la época visigoda, como parece atestiguar la existencia de maulas, nombre con el que se designa tanto al esclavo liberado que sigue unido al antiguo dueño y a sus herederos «por una especie de vínculo casi familiar que le imponía ciertos deberes y, a la vez, le daba derecho a una protección moral», según Levi-Provençal, como al pequeño propietario convertido al Islam que en búsqueda de protección se encomendaba a un gran terrateniente.

Las tierras abandonadas por la nobleza visigoda fueron adjudicadas a los invasores o al Estado; los antiguos siervos y colonos continuaron su cultivo hereditariamente por medio de los contratos de aparcería mencionados en otro lugar. Junto a estos campesinos mozárabes o muladíes de origen hispanovisigodo existió una pequeña nobleza rural integrada por los campesinos beréberes que formaban parte del ejército invasor y por sus descendientes.

EL FEUDALISMO PENINSULAR

En páginas anteriores estudiábamos el feudalismo en su doble vertiente social y política, entendiendo por sociedad feudal aquella en la que la propiedad de la tierra se halla concentrada en manos de una minoría de la que depende económica y socialmente la masa de campesinos; y por feudalismo político o. jurídico, el sistema empleado por esta minoría de propietarios-dirigentes para organizarse y garantizar legalmente sus derechos y deberes.

La vinculación de un gran número de medievalistas a las corrientes históricas de tipo jurídico ha llevado a afirmar que en la Península sólo pueden ser considerados como feudales los condados catalanes, directamente relacionados con el mundo carolingio. Si esto es cierto por lo que se refiere a la organización de la aristocracia militar, no lo es menos que todos los dominios cristianos de la Península se hallan en una situación similar a la de Europa durante este período y que, en definitiva, aunque no exista un feudalismo pleno, sí se dan las condiciones económicas y sociales que permiten hablar de una sociedad en diferentes estados de feudalización.

En cada caso, las situaciones peculiares de la sociedad, la situación geográfica, la abundancia o escasez de tierra, la posición militar, los orígenes de los pobladores, las modalidades de repoblación, las influencias externas... influyen y determinan una evolución distinta de esta sociedad, en la que se pueden ver todas las fases del proceso feudal: desde la existencia de señoríos aislados en Castilla hasta la organización estricta del grupo militar en los condados catalanes. Pero no se trata de situaciones radicalmente distintas sino de diferentes etapas de un mismo proceso, cuyo estudio sólo puede ser abordado desde una perspectiva regional.

Feudalismo y sociedad de los condados catalanes

El feudalismo catalán presenta numerosas peculiaridades y un ritmo de evolución propio que viene determinado por la situación inicial de la sociedad en que se implanta y por las circunstancias históricas en que se desarrolla.

A comienzos del siglo IX coexisten en los condados catalanes dos estructuras administrativas y dos formas de vida: la de la población autóctona, agrupada en valles en los que predomina la pequeña propiedad y la igualdad social de sus habitantes, y la impuesta por Carlomagno, que divide el territorio en condados y confía su defensa a hispanos (miembros de la antigua nobleza visigoda refugiados en el reino carolingio) y a francos unidos al emperador por lazos de fidelidad y dotados con tierras situadas en zonas estratégicas (abandonadas generalmente), que repueblan con la ayuda de sus colonos. La aproximación entre ambos modos de vida y entre ambas estructuras es lenta, sufre avances y retrocesos. El triunfo de la segunda, de la gran propiedad, no se producirá hasta los siglos XI-XII.

No cabe duda de que la necesidad de atender a la defensa militar de estas tierras fronterizas incitaría a los condes a incluir en el círculo de sus fieles a los miembros más destacados de la comunidad indígena y de que algunos se sentirían atraídos por las ventajas que la condición de vasallos del conde podía reportarles, con lo que se produciría una primera diferenciación social entre los miembros de la comunidad y sus dirigentes transformados en funcionarios condales.

La independencia lograda a fines del siglo IX no modifica sustancialmente la situación, pero sin duda el conde instalado definitivamente en la zona intensificaría las relaciones con la población indígena cuyos dirigentes, así como los de origen hispano o franco asentados en el territorio, adquirirían una estabilidad que no había sido posible conseguir en los años precedentes en los que, lógicamente, cada conde designaría a sus propios funcionarios entre las personas de su confianza.

Durante el siglo IX el conde representa al monarca: en su nombre recibe los juramentos de fidelidad, hace cumplir las órdenes reales, concede los derechos de ocupación de tierras y entabla negociaciones con los musulmanes; está encargado de administrar las tierras fiscales y las personales del rey así como de la administración de los derechos reales (portazgos, censos, servicios personales de los súbditos...) y de las cecas. Como jefe militar del condado se encarga de reclutar y dirigir las tropas y dispone de contingentes permanentes a sus órdenes; garantiza la paz en el territorio y preside los tribunales.

El cumplimiento de estas funciones exige la creación de un cuerpo de funcionarios que actúan como delegados del conde, quien fija sus salarios y los paga mediante la atribución de parte de los beneficios y derechos condales. Los cargos más importantes son los de vizconde y veguer. El primero actúa como sustituto del conde siempre que es necesario y tiene sus mismas atribuciones; en muchos casos se le encomienda la dirección de una parte del condado cuando éste incluye un número importante de valles. El veguer ejerce una autoridad más directa aunque geográficamente más limitada: es el verdadero representante del conde en los castillos, que no son simples fortalezas sino centros administrativos y militares dotados de un territorio propio. A estos funcionarios con poderes similares en sus circunscripciones a los del rey en el reino o del conde en su territorio habría que añadir los cargos especializados: jueces, recaudadores de impuestos, administradores directos de los bienes fiscales, procuradores judiciales del conde...

La creación de este sistema de gobierno ha tenido como efecto más importante romper la organización tribal de la población de los valles; éstos pierden su carácter administrativo al fragmentarse en castillos y agruparse en vizcondados y condados. A romper esta misma estructura ha colaborado igualmente la organización eclesiástica, que divide los valles en parroquias y los agrupa en obispados.

A fines del siglo IX ha desaparecido por tanto la organización propia de cada valle y sus pobladores se hallan organizados, no de acuerdo con criterios geográficos sino de tipo militar y eclesiástico, en parroquias, castillos, valles (que comprenden más de un valle geográfico y equivalen a veces a los vizcondados), condados y obispados. Al frente de cada uno de estos organismos administrativos se hallan personas que se diferencian por sus funciones y a veces por su riqueza del resto de la población, aunque mantengan su carácter de funcionarios delegados del conde.

La reorganización de al-Andalus por Abd al-Rahmán III tuvo importantes repercusiones militares en los condados catalanes, al acelerar la construcción de castillos; el conde es incapaz de atender a la defensa de todas las fortalezas y de construir las necesarias, por lo que en ocasiones vende los castillos a las corporaciones eclesiásticas (obispado de Vic, catedral de Barcelona, monasterio de Sant Cugat...) o a los laicos que poseen suficientes medios para garantizar su defensa (vizcondes, fieles, vegueres o simples particulares enriquecidos); y en otras autoriza o tolera la construcción de castillos en zonas de frontera ocupadas por laicos o eclesiásticos mediante el sistema de aprisio.

Los castillos que dependen del conde y tienen un distrito siguen bajo la autoridad del veguer, cuyas funciones tienden a hacerse hereditarias así como las tierras unidas al castillo, con lo que aumenta la importancia de estos personajes, que de simples delegados pasarán a apropiarse los derechos sobre los campesinos del distrito. Los vegueres se hacen propietarios y, en un proceso inverso, los dueños de castillos tienden a dotar a sus fortalezas de un distrito a imitación de los castellanos dependientes del conde.

El lento proceso de creación de grandes dominios se acelera a fines del siglo X coincidiendo con esta privatización de los castillos; la autoridad y la fuerza que da la posesión de una plaza fuerte se combina con la necesidad de protección sentida por los campesinos, que en muchos casos se encomiendan, entregan sus bienes a estos jefes militares. Pero la inseguridad no es la única causa de la continua disminución de la pequeña propiedad: por razones todavía mal conocidas, pero que se relacionan con el comercio de esclavos y con un desarrollo importante de la agricultura, a fines del X se produce el enriquecimiento de una parte de la población (de los medianos y grandes propietarios y de las corporaciones eclesiásticas), que invierten sus beneficios en la compra de castillos y en la obtención de tierras que les permitan llegar a una concentración de las propiedades.

Pese a la pérdida de los derechos sobre los castillos, convertidos en propiedades privadas, el conde mantiene su autoridad sobre los vegueres en cuanto que éstos son sus fieles, pero la preeminencia condal sólo se conservará mientras el conde posea suficiente fuerza para imponerse a los súbditos y garantizar el ejercicio de la justicia. Las afortunadas campañas de Ramón Borrell sobre Córdoba, en ayuda de los eslavos, le permiten mantener el control, pero a su muerte (1018) los condados de Barcelona-Gerona-Vic quedan en manos de Berenguer Ramón I, al que los cronistas señalan por su falta de carácter, y que al morir dividió los condados entre sus hijos, todos menores de edad.

Este largo período de debilitamiento del poder condal y la crisis de la justicia oficial que de él deriva llevaron a las grandes familias catalanas a crear un sistema que les permitiera regular entre ellos, privadamente, sus propios problemas, mediante acuerdos o convenios que han sido estudiados recientemente por Pierre Bonassie, al que seguimos en los párrafos siguientes.

Ante la incapacidad de los condes, los grandes se ven obligados a actuar por cuenta propia, a buscar nuevos jefes, a contratar guerreros, a hallar un sistema de pagar sus servicios y a unirse entre ellos para una mejor defensa de sus bienes y derechos; surgen así las convenciones feudales entre proceres, como medio de poner fin a un conflicto o de anudar alianzas entre linajes fijando los deberes y derechos de cada una de las partes.

Mayor importancia que este tipo de acuerdo entre personas de similar categoría tienen las convenciones firmadas entre un poderoso, dueño de castillos, y la persona a la que se confía su defensa dándole en contrapartida un feudo que recibe el nombre de castellanía, en el que se incluyen tierras, poderes sobre los campesinos situados en el distrito del castillo (poder de obligar, mandar y castigar a los que nos hemos referido antes, que sólo se hallan limitados en los casos de homicidio y adulterio en los que la justicia corresponde al señor) y rentas que derivan de estos derechos (la cuarta parte de las multas, los beneficios de los monopolios señoriales; la cuarta parte de los censos...).

A cambio, el castellano se obliga a guardar el castillo y a formar parte de la escolta del señor sin limitaciones de tiempo ni de espacio, en hueste (campaña defensiva) y en cabalgada (en territorio enemigo) contra cristianos y contra musulmanes. La dependencia por parte del castellano es total: puede ser cedido, obligado a prestar homenaje a otro señor, ser empeñado junto con la castellanía...

Este segundo tipo de contrato feudal tiene una finalidad militar, pero no se dirige contra enemigos ajenos al condado sino contra otros señores y en realidad contra los campesinos: la misión principal del castellano (castlá) es controlar a los que dependen del castillo y defender las rentas que derivan de estos señoríos, de esta apropiación de los poderes públicos por los particulares laicos o eclesiásticos; sólo cuando las castellanías se generalicen desaparecerán los pequeños propietarios.

La organización del grupo militar catalán se completa con la unión de los proceres al conde en tiempos de Ramón Berenguer I (1035-1076); éste se beneficia de los ingresos proporcionados por las parias, la mayor parte de los cuales se destinan a la compra de castillos y derechos y a la contratación de vasallos militares a los que se paga no en tierras sino en dinero; ello permite al conde disponer de un número de vasallos, de una fuerza militar superior a la de los nobles, que tras intentar resistir militarmente terminarán por firmar pactos con el conde, aceptar su condición de vasallos y comprometerse a poner a disposición del conde de Barcelona sus propias fortalezas, con lo que éste se convierte en el primer personaje de Cataluña y une a su título condal el de Príncipe para indicar su autoridad sobre los demás condes y señores.

Tradicionalmente se atribuía a Ramón Bemeguer I la codificación de los usos y prácticas feudales en los Usatges, pero los últimos estudios sobre esta compilación jurídica consideran más tardía (del siglo XII) la redacción, en la que sin embargo se incluyeron algunas disposiciones de Ramón Berenguer I en las que se concreta por escrito el nuevo derecho feudal resultante de las convenciones aludidas.

En los siglos posteriores las tendencias feudales se acentuarán en los momentos de debilidad del conde y retrocederán en otros ante la fuerza condal y la presión del derecho romano, pero en general los Usatges, redactados en el siglo XI o en el XII, mantienen su fuerza legal y serán utilizados por la nobleza para contrarrestar las tendencias centralizadoras.

El feudalismo navarro-aragonés

La situación de guerra constante en que se desenvuelven las sociedades navarra y aragonesa, situadas entre los carolingios al norte y los musulmanes al sur, es la causa de las primeras diferenciaciones sociales; a la población agrícola y ganadera se superpone en los siglos IX y X un grupo militar cuyos jefes, los barones, son los colaboradores directos del rey.

Su número es y será siempre reducido, pero su importancia social aumenta al confiarles los condes y reyes el gobierno de algunos distritos y dotarles de tierras en plena propiedad, autorizarles a poner en cultivo otras, transmitir a éstas su carácter de libres e ingenuas, es decir, declararlas libres de las cargas fiscales... Quizás la forma más extendida de recompensar los servicios prestados por los barones sea la concesión de honores, es decir, de tierras reales que el noble no puede incorporar a sus bienes patrimoniales.

El honor comprende no sólo la tierra sino también los tributos y derechos del rey sobre los que habitan en ella, aunque el alcance de la concesión viene fijado en cada caso por el monarca, que se reserva siempre la mitad de las rentas y tiene libertad para cambiar el emplazamiento de las dotaciones. En resumen, la concesión real tiene como finalidad permitir a los barones el cumplimiento del servicio militar con un número determinado de caballeros; al rey corresponde decidir dónde estarán situados los bienes necesarios para atender a estas obligaciones. Esta posibilidad de cambiar el emplazamiento de los bienes evitará la temprana patrimonialización de los honores.

Los deberes de los barones como usufructuarios del honor son militares y judiciales del mismo modo que las obligaciones de los vasallos carolingios; el servicio militar en ayuda del señor es obligatorio a expensas del barón durante tres días y retribuido cuando el tiempo de servicio sobrepasa el tiempo señalado. En numerosas ocasiones los nobles reciben dos honores: uno en el interior, en la retaguardia, y otro en la frontera; el primero proporciona los ingresos necesarios para defender el territorio del segundo.

A fines del siglo XI Aragón inicia una política ofensiva que le llevará a ocupar numerosas tierras entre 1076 y 1104; estos avances son posibles por la decadencia del reino musulmán de Zaragoza y por la unión de navarros y aragoneses (1076). Las campañas militares obligan a introducir modificaciones en el régimen de los honores: el rey premia a los que colaboran en las expediciones con la entrega de bienes y la exención fiscal o mediante la concesión de libertad si se trata de siervos.

Los nobles y la Iglesia son los más favorecidos por esta política, ya que sus servicios son más necesarios; unos y otra repueblan con ayuda de sus colonos y además de estas tierras en propiedad y junto a ellas reciben honores con sus hombres correspondientes sobre los que el rey se reserva, sin embargo, algunos derechos. Las relaciones entre el monarca y sus barones se modifican a medida que cambia la situación geopolítica del reino y al intensificarse los contactos con los condados catalanes de los que se copiarán las convenciones feudales.

El monarca se obliga a no quitar los honores sin que exista una causa justa; el tenente tiene las obligaciones feudales de ayuda y consejo, pero la ayuda militar la deben por dos conceptos: como simples súbditos durante tres días a sus expensas y como tenentes de los honores durante tres meses. El derecho fundamental del tenente es el de explotar su honor: cobro de las rentas de la tierra, de los derechos de justicia... Entre las causas justas que llevan consigo la pérdida automática del honor figura el asesinato del rey, el adulterio con la mujer del monarca y la entrega del honor a otro soberano; en los demás casos deciden sobre la sanción el rey y sus barones conjuntamente de modo que los nobles ponen freno a la arbitrariedad real y de hecho hacen hereditarios los honores.

Durante el siglo XII se produce un nuevo avance de las fronteras de Aragón en cuyos límites se incluyen aproximadamente 40000 km cuadrados; estas campañas exigen la colaboración de los nobles, de las mesnadas reales pagadas con el oro de las parias, de la misma forma que en los condados catalanes, y de súbditos extranjeros —francos principalmente— que acentúan el carácter feudal de los honores. La feudalización se completa jurídicamente al unirse Aragón y Cataluña (1137) y generalizarse las concesiones según los usos y costumbres de Barcelona, es decir, según el sistema feudal típico.

Los fueros codifican en esta etapa los derechos señoriales y las obligaciones de los campesinos, pero la feudalización no es total, como tampoco lo será en Castilla-León y por las mismas razones en las zonas conquistadas se crean ciudades dotadas de numerosos privilegios; sus habitantes serán libres y se verán exentos de impuestos cuando puedan comprar caballo y armas que les permitan una mejor defensa del territorio. En líneas generales, las nuevas tierras están organizadas como una prolongación del antiguo condado aragonés, pero se ha incrementado el número de hombres libres y aunque los nobles y la Iglesia han podido concentrar sus propiedades y aumentar su fuerza económica, la autoridad del rey y sus riquezas son mayores que nunca, así como su fuerza militar, gracias a la existencia de estos libres en las zonas fronterizas.

La costumbre ha hecho que el rey no pueda decidir sólo, sin los barones, en los asuntos importantes: pactos con otros Estados, transmisión del trono, dirección de las campañas militares, reparto de las zonas conquistadas..., pero al unirse Aragón y Cataluña los intereses de los barones aragoneses pasan a un segundo plano. Jaime I prescindirá de ellos en la conquista de Valencia, que será realizada en su mayor parte por las poblaciones de frontera y por los catalanes. La reacción nobiliaria se producirá en 1283, aprovechando los difíciles momentos del reinado de Pedro el Grande: en las Cortes de Tarazona los nobles vieron confirmados sus privilegios y exenciones, redujeron las obligaciones militares a la defensa del territorio aragonés y lograron que el rey se aviniera a no tomar decisiones importantes sin el consejo de los ricoshombres, caballeros y ciudadanos.

El paralelismo con la actuación de nobles y ciudadanos en Cataluña es evidente; invocando los derechos feudales unos y otros conseguirán en este año (1283) ver reconocida su autoridad sobre los campesinos y su posición privilegiada.

La unión de nobles y burgueses de Aragón, con predominio de los primeros, mantuvo su fuerza hasta 1348, pero si entonces los nobles perdieron algunos derechos, mantuvieron otros que hicieron posible una ampliación de las atribuciones nobiliarias sobre los campesinos: cobro de impuestos, administración de justicia (lograda en el siglo XIII), aplicación a los siervos de la legislación romana referente a los esclavos, derecho de maltratar e incluso de matar por hambre, sed y frío en el siglo XIV...

La feudalización del reino asturleonés y de Castilla

De todos los Estados cristianos surgidos tras la invasión musulmana, el reino asturleonés fue el más influido por la tradición visigótica a partir del siglo IX. Teóricamente debería haber sido el más feudalizado si tenemos en cuenta que el reino visigodo se hallaba en el año 711 en un estado muy similar al del imperio carolingio cien años más tarde. Sin embargo, esto no ocurrió por diversas razones entre las que importa señalar como fundamental el hecho de que en sus orígenes el reino fue creación de las tribus cantábricas y galaicas entre las que predominaba la pequeña propiedad.

No existió hasta época tardía una nobleza que pudiera imponerse; las grandes propiedades no se formaron hasta fines del siglo X y comienzos del XI; incluso en estos casos la autoridad de los nobles sobre los campesinos fue limitada por el hecho de existir amplios territorios desiertos o poco poblados, cuya ocupación era facilitada por el rey a los campesinos.

Pero sino existe una total feudalización del reino, sí se dan numerosas instituciones feudales como el vasallaje, el beneficio o prestimonio y la inmunidad, que llevan a la constitución de señoríos laicos y eclesiásticos. Pero ni el régimen señorial se generalizó suficientemente ni el grupo nobiliario adquirió conciencia como tal; el rey pudo mantener, en todo momento, unos derechos básicos que reducían considerablemente la autoridad de los nobles.

Esta diferencia de situación respecto a los demás Estados peninsulares se debió en primer lugar al papel desempeñado por los simples súbditos en la defensa y ampliación del territorio y al menor contacto con los países feudalizados. Pero las diferencias jurídicas no pueden hacernos olvidar las coincidencias reales: predominio de la gran propiedad y sumisión de los campesinos a los grandes propietarios, aunque en una fase algo posterior a la observada para Cataluña.

La mejor prueba de esta dependencia campesina nos la proporciona el Becerro de las Behetrías, en el que se consignan en 1351 los derechos señoriales sobre los campesinos de Castilla, es decir, de la zona menos feudalizada del reino: los señores cobran impuestos como el nuncio (derecho de transmisión de herencia), mañería (en el caso de que el campesino no tenga hijos), moneda banal, portazgos...

Resumiendo brevemente podemos afirmar que la sociedad asturleonesa conoció un desarrollo bastante considerable del vasallaje, a cambio del cual se obtiene una soldada o un beneficio, y de las inmunidades. Los reyes se rodearon de clientes nobles a los que se llama milites y milites palatii, que debían al monarca servicios de guerra o de corte por los que recibían donativos en metálico o en tierras.

Junto al vasallaje real se desarrolla el privado y los nobles y eclesiásticos se rodean igualmente de milites. Ya en el siglo X los infanzones y los milites del reino asturleonés estaban obligados a tener señor eligiéndolo entre los particulares o entre los municipios; también desde comienzos del siglo X se dan en Castilla las inmunidades, consistentes en la prohibición «de que los funcionarios reales, jueces, merinos o sayones entrasen en los dominios acotados», lo cual «suponía en el propietario los siguientes derechos: percibir y requerir los tributos y servicios que los habitantes estaban obligados a pagar y a prestar al soberano; administrar justicia dentro de sus dominios; cobrar las calumnias o penas pecuniarias atribuidas al monarca; recibir fiadores o prendar para garantía de la composición judicial; encargarse de la policía de sus tierras inmunes; exigir el servicio militar a los moradores del coto y nombrar funcionarios que sustituyesen a los del rey en las variadas misiones que les competían» (Sánchez-Albornoz).

La diferencia más importante que puede encontrarse entre estas propiedades inmunes, en las que el propietario tiene prácticamente las mismas atribuciones que el conde en sus territorios, y los grandes dominios o señoríos feudales de los siglos X-XI radica en que en el caso feudal se ha llegado a la situación inmunitaria por usurpación de las funciones públicas, mientras que en el reino leonés el privilegio es una concesión del rey, que puede revocarlo y otorgarlo libremente según la fuerza de que disponga; y a diferencia de lo ocurrido en el imperio carolingio, los reyes leoneses y más tarde los castellanos tuvieron casi siempre la fuerza necesaria para imponerse a la nobleza.

Los señoríos, escasos en los siglos IX-X, aumentan extraordinariamente en el siglo XII y siguientes por los avances de la reconquista, por la creación de las órdenes militares, por el arraigo en la Península del Císter y por la influencia feudal que se introduce con la inmigración masiva de francos (nobles y eclesiásticos) a partir de finales del siglo XI.

Cronológicamente el auge de los señoríos se fecha en época de Alfonso VII y de sus hijos Sancho y Fernando (segunda mitad del siglo XII), que conceden a iglesias y monasterios diversas heredades «con todo el derecho real». Un nuevo incremento señorial se produce en época de Fernando III y Alfonso X (siglo XIII) y sobre todo durante los reinados de los primeros Trastámaras (segunda mitad del siglo XIV), que otorgan a los que les han apoyado tierras en propiedad, los derechos de administrar justicia, nombrar jueces y oficiales judiciales y del concejo, cobrar impuestos directos e indirectos y disfrutar en régimen de monopolio del horno, molino y lagar.

POBLACIÓN Y FORMAS DE VIDA EN LOS REINOS Y CONDADOS CRISTIANOS

La población de los reinos cristianos entre los siglos VIII-IX vive fundamentalmente de la agricultura y está integrada en su mayor parte por hombres libres, dueños de las tierras que cultivan; junto a ellos se encuentran los libertos y colonos cuyo número aumenta con el tiempo; se mantiene, atenuada, la servidumbre; al frente de la sociedad se hallan los grandes propietarios que son, del mismo modo que en el resto de Occidente, miembros de la nobleza y altos dignatarios eclesiásticos.

Los hombres libres

La existencia de gran número de hombres libres se explica por el origen de los pobladores de los primitivos núcleos cristianos: habitantes de las montañas poco romanizados, desconocen la gran propiedad a la que sólo se llegará a través de un largo proceso que hemos descrito al hablar de la repoblación peninsular. La supervivencia de estos campesinos pequeños propietarios depende, en líneas generales, de que exista o no en la zona donde residen una nobleza poderosa o iglesias y monasterios importantes cuyos servicios sean necesarios al monarca.

Las tierras alejadas de la frontera, estén en Galicia, León, Navarra, Aragón o Cataluña, ven aumentar los vínculos de dependencia y crearse grandes propiedades; en las zonas fronterizas, la necesidad de atender a la defensa del territorio obliga al poder público a conceder numerosos privilegios a los súbditos que habitan en ellas, privilegios que se traducen en la concesión de la libertad y en la exención de impuestos y cargas fiscales a los que pueden combatir a caballo.

El paso de los hombres libres al colonato puede realizarse directamente por medio de la encomendación, que supone, por parte del campesino, aceptar como señor a un noble o institución eclesiástica a la que entrega sus tierras a cambio de protección; o a través de un proceso más complejo que incluye una primera fase de pérdida de las propiedades en años difíciles y una segunda de pérdida de la libertad; el primer tipo predomina en las zonas tempranamente feudalizadas; el segundo, en los reinos occidentales; pero ambos coexisten y las posibilidades de los campesinos disminuyen considerablemente donde los nobles o eclesiásticos unen a su fuerza económica y militar las atribuciones jurídicas y el cobro de los tributos reales.

La multiplicidad de las modalidades empleadas para absorber la pequeña propiedad y reducir a colonos a sus cultivadores impide referirnos a todas, por lo que nos limitaremos a citar algunos ejemplos de cada zona. En los condados catalanes los condes, los funcionarios y los monasterios e iglesias se convirtieron rápidamente en señores de las tierras y de los servicios y derechos de los hombres que las habitaban, bien por compra, cesión real, usurpación, o por entrega voluntaria como en el caso de los dieciocho grupos familiares de Baén que entregaron en el año 920 todos sus bienes al conde Ramón I de Pallars para obtener su protección «contra todos los hombres de vuestro condado».

En las comarcas navarroaragonesas el proceso es más tardío, pero no cabe duda de que los barones, por el hecho de gobernar un territorio y de tener sobre los habitantes derechos judiciales y fiscales, obtendrían la encomendación voluntaria o forzosa de algunos campesinos; según afirma Lacarra, «ya a comienzos del siglo X aparecen los primeros casos de cesión conjunta de tierras hechas al conde por los propietarios de una aldea para que los proteja mejor; el conde pasa a ser su señor y los súbditos se convierten en sus hombres; la plena propiedad (alodio) antes tan frecuente, tiende a convertirse en simple tenencia sometida a un censo».

En los reinos occidentales Sánchez-Albornoz ha podido probar la existencia de pequeños propietarios gracias a la utilización de los documentos por los que éstos ceden o venden sus bienes a nobles y monasterios; entre los casos citados quizás el de mayor interés sea el del monasterio de Celanova, en Galicia, cuyo administrador Cresconio obtuvo numerosos bienes entre los años 989 y 1010 mediante compras o donaciones hechas por los campesinos que no podían devolver los préstamos.

El pago por el monasterio de estas deudas, de los daños causados a terceros, de los derechos y penas judiciales, llevaban como contrapartida la cesión «voluntaria» de las tierras que poseían los pequeños propietarios, quienes desprovistos de otros medios de subsistencia se verían obligados a emigrar o a entrar al servicio del monasterio como colonos.

En León el proceso es idéntico y se ha podido reconstruir la actuación de los condes Pedro Faláiniz y Fruela Muñoz, quienes utilizaron sus cargos para adquirir propiedades regaladas o vendidas a bajo precio por quienes tuvieron que aceptarles como jueces, por los que fueron eximidos de la prueba caldaria, por los que esperaban el apoyo condal en las asambleas judiciales y por los inductores y autores de robos y delitos diversos.

Los pequeños propietarios castellanos pudieron defenderse mucho mejor de la presión nobiliaria y eclesiástica por el hecho de que los condes los necesitaban para mantener su independencia frente a León y Córdoba y por no existir en Castilla hasta época tardía un clero organizado ni una aristocracia fuerte. Esta independencia se vio favorecida por la existencia de comunidades rurales que ya en el siglo X tenían una organización y una personalidad jurídica que permitía a sus vecinos tratar colectivamente con nobles y eclesiásticos.

Colabora a la supervivencia de los hombres libres la elevación a un cierto tipo dé nobleza de los campesinos que tenían medios suficientes para combatir a caballo (caballeros villanos, que existieron también en los demás reinos y condados aunque no alcanzaran la importancia que en Castilla). Este ascenso social de los campesinos adquiere mayor categoría en el caso de Castrojeriz, plaza fuerte continuamente atacada, al equiparar el conde García Fernández en el año 974 a los caballeros villanos con los infanzones (nobleza de sangre) y a los peones con los caballeros villanos de otras poblaciones.

En este mismo fuero se alude a la modalidad de encomendación que diferencia a los campesinos castellanos de los leoneses: éstos quedan sometidos a un señor mientras vivan, y transmiten esta dependencia a sus hijos; los castellanos (hombres de behetría) conservan siempre —al menos en teoría— la libertad de romper sus relaciones con el patrono, de moverse libremente y de elegir por señor a quien quieran.

Sólo desde fines del siglo XI, al generalizarse las instituciones feudales en Castilla y al perder el reino su carácter fronterizo por las nuevas conquistas efectuadas por Alfonso VI y sus herederos, irá desapareciendo el derecho a elegir señor libremente y los campesinos se verán reducidos a elegirlo entre los miembros de un determinado linaje. Las nuevas behetrías presentan algunas peculiaridades: ya no se trata de un acuerdo entre dos personas, de behetrías entre particulares, sino de contratos colectivos entre poblaciones rurales y miembros de la nobleza, familias nobiliarias o centros eclesiásticos. El paso de la benefactoría individual a la behetría colectiva pudo deberse a la ampliación biológica de las familias, tanto de las que buscaban protección como de las que la otorgaban, pero quizás la behetría colectiva no sea más que una modalidad distinta del mismo fenómeno, una adaptación a las nuevas circunstancias.

El paso de un habitat rural disperso al concentrado pudo traducirse en la búsqueda y concesión de seguridades colectivas, ya que las individuales carecían de valor al depender la suerte del individuo de la supervivencia comunitaria. En épocas especialmente difíciles para los campesinos, el señor pudo modificar la libertad de elegir señor limitándola a su familia; así parece probarlo la coexistencia de lugares de behetría que mantienen íntegramente la libertad de elección con otras poblaciones en las que la libertad se limita a los miembros de una familia o linaje.

Los censos debidos por los campesinos se amplían y cubren toda la gama de impuestos feudales, aunque no hay uniformidad entre los distintos lugares. Como norma general los campesinos están obligados a entregar anualmente una cantidad fija en frutos o en dinero y tienen la obligación de proveer, tres veces al año, de alimentos y productos para la mesa, el lecho y la caballeriza del señor, de sus hombres y de sus animales.

A estos tributos habrá que añadir los entregados al divisero, que es generalmente un miembro de la familia al que no se ha elegido como señor, pero que posee fuerza suficiente para obligar a los campesinos a pagarle un tributo. En el siglo XIV la condición real de los hombres de behetría no es muy distinta a la de los campesinos sometidos al dominio directo de los nobles.

Los libertos y los colonos

Junto a los hombres libres figuran los libertos, cuyo modo de vida es muy similar al de los campesinos encomendados ya que, al igual que en Europa, ha desaparecido la división tajante entre libres y no libres y se tiende a dividir a los hombres en propietarios y no propietarios. Libertos y colonos son hombres de un señor (del propietario cuyas tierras trabajan) y transmiten su condición social a sus descendientes; no pueden abandonar la tierra sin permiso del dueño, al que están obligados a prestar una serie de servicios y a pagar tributos por lo que, en ocasiones, se les conoce como tributarios y foreros. Otros nombres utilizados para designar a los miembros de este grupo son los de hombres de mandación, iuniores, collazos, solariegos y vasallos en León y en Castilla; conmanentes y stantes en Cataluña, para indicar su obligación de permanecer en la tierra; mezquinos será el nombre que se les dé en Aragón y Navarra.

Libertos y colonos deben al señor censos y prestaciones personales de cuantía muy variable, pero que consisten generalmente en trabajar las tierras que se reserva el señor durante determinado número de días en las épocas de mayor trabajo agrícola: siembra, recolección, vendimia..., época en la que deben abandonar las tierras que cultivan a título personal para atender a las señoriales que obtienen gratuitamente el trabajo necesario en el momento preciso.

Este tipo de prestaciones, que se mantendrá en muchos casos hasta avanzado el siglo XIII, dificulta el progreso económico de los campesinos sometidos a un señor. En una economía rural, con un clima inestable, el éxito de las cosechas depende en gran parte de la oportunidad con que se realicen las labores agrícolas; y abandonar las propias tierras para atender las del señor sólo perjuicios puede acarrear al campesino, a no ser que su familia sea lo suficientemente numerosa como para que uno de sus miembros realice las prestaciones exigidas (sernas) y los demás atiendan a sus campos.

En algunas comarcas, donde abundan las tierras incultas, se permite a los colonos disponer en propiedad de las tierras que pongan en cultivo y en todos los casos pueden tener bienes muebles; pero si abandonan las tierras señoriales pierden la mitad de estos bienes muebles y los terrenos puestos en cultivo.

Los siervos

Jurídicamente distintos de libertos y colonos son los siervos, que pueden ser vendidos como cosas. En la práctica su situación es parecida a la de los colonos por cuanto el señor prefería liberar a los siervos y entregarles unas tierras para que las cultivasen y exigirles censos y prestaciones. La manumisión de los siervos se vio facilitada por la predicación de la Iglesia y sobre todo porque no era rentable disponer de siervos a los que el señor debía alimentar a sus expensas durante todo el año y a los que sólo podía exigir rendimiento durante épocas muy breves por ser estacional el trabajo agrícola.

Librándolos, el señor actuaba de acuerdo con su conciencia y con las recomendaciones de la Iglesia; y dándoles tierras para que las pusieran en cultivo aumentaba sus ingresos, evitaba los gastos de manutención de los siervos, obtenía unos censos suplementarios y podía disponer del trabajo de estos siervos en las épocas en las que eran necesarios, prácticamente en

las mismas ocasiones que cuando carecían de libertad. Al mejorar la suerte de estos siervos y empeorar la de libertos y colonos ambos grupos se confunden y sólo pervivirán los siervos domésticos que realizan diversos trabajos en la casa del señor: herreros, carpinteros, tejedores...

Los privilegiados

Entre los grupos privilegiados figuran los nobles y eclesiásticos, en cuyas manos se halla la tierra, los censos y prestaciones debidos por los campesinos que la cultivan, y en ocasiones los derechos públicos. La acumulación de la propiedad en manos de nobles y eclesiásticos está directamente relacionada con las funciones militares y religiosas; los primeros reciben tierras en propiedad o en beneficio, feudo o prestimonio a cambio de comprometerse a defender militarmente el reino. La Iglesia adquiere sus bienes a través de las dotaciones de iglesias y monasterios, de la liberalidad de los fieles que son incitados a despojarse en vida de sus bienes como medio de obtener la salvación, de los legados piadosos hechos a la muerte de los creyentes, legados en principio voluntarios y prácticamente obligatorios a partir del siglo X.

Otra forma de adquisición de bienes es el cobro de diezmos. El interés de los reyes y condes, que ven en la difusión del cristianismo y de los centros eclesiásticos un factor importante de expansión política y de puesta en cultivo de la tierra, les lleva a hacer continuas donaciones. Los bienes eclesiásticos son inalienables y generalmente se hallan mejor explotados que los laicos, por lo que la Iglesia se convierte en el mayor propietario territorial de la Edad Media peninsular.

Dentro del grupo nobiliario se puede distinguir la alta nobleza (magnates, optimates, proceres, séniores y barones) y los nobles de segunda fila. Los primeros son los que han desempeñado funciones militares en los primeros tiempos, o han estado al frente de cargos administrativos de importancia; tienden a constituirse en grupos cerrados que transmiten su situación privilegiada a los herederos, poseen grandes propiedades, intervienen en las asambleas palatinas, gobiernan los distritos de los reinos y condados y se hallan unidos al rey o conde por vínculos especiales de vasallaje.

Más numerosa y abierta es la segunda nobleza, de la que pueden formar parte los descendientes de la alta nobleza (nobles de sangre o infanzones) y todos aquellos que tienen medios suficientes para combatir a caballo (vasallos caballeros) o guardar un castillo (castellanos). Ambos grupos se funden en una nobleza de linaje, la de los caballeros infanzones o nobles (para diferenciarse de los caballeros villanos) y suelen estar ligados a los reyes o magnates de los que reciben beneficios o sueldos a cambio de ayuda militar.

Todos los nobles están exentos del pago de tributos personales y territoriales y tienen ante la ley una categoría superior a la de los simples libres; sólo pueden ser juzgados por el rey y su comitiva; y el testimonio en juicio de un noble tiene más valor que el de un libre.

ECONOMÍA DE LOS REINOS Y CONDADOS CRISTIANOS

Frente al predominio urbano e industrial de al-Andalus, los dominios cristianos sólo pueden ofrecer una economía agraria y pastoril carente de moneda propia, sin proyección exterior importante y destinada fundamentalmente a la alimentación, vestido y calzado de sus habitantes, es decir, a la satisfacción de las necesidades vitales. El estado actual de nuestros conocimientos no nos permite establecer diferencias importantes entre la zona occidental y la oriental, de las que la primera ha sido la más estudiada, aunque en realidad deberíamos decir que sólo conocemos algunos datos aislados referentes al reino de León-Castilla y a los condados catalanes.

Durante los primeros tiempos, en ambas zonas debió de predominar la ganadería sobre la agricultura, lo que se explica por la situación geográfica de los dominios cristianos. Los avances hacia el sur harían posible el cultivo de cereales y viñedo, que aparecen reflejados en los documentos. El comercio apenas supera el ámbito local o regional y sólo la nobleza y los clérigos disponen de objetos de lujo procedentes de al-Andalus.

Zona occidental

Por lo que se refiere al reino asturleonés la economía agrario-ganadera viene atestiguada por la equivalencia entre el sueldo de plata y el modio de trigo y la oveja, que se utilizan en numerosos casos como moneda real ante la inexistencia o insuficiencia de la moneda; y puede aceptarse con Sánchez Albornoz que si esta economía «no se retrogradó a un estadio simplista de pura economía natural fue porque el reino de Asturias tenía detrás la etapa de economía monetaria de la monarquía visigoda y vivió en contacto con la Europa carolingia en la que nunca desaparecieron por entero la industria y el comercio, y también con la España musulmana que conoció una vida económica intensa».

La naturaleza de los documentos conservados, en su mayoría de títulos de propiedad, impide conocer el valor de los objetos empleados en la vida diaria y de los productos alimenticios, pero la lista de objetos y productos vendidos es altamente significativa. Figuran en primer lugar, por su precio, los artículos de lujo (ornamentos eclesiásticos, alhajas, paños de gran valor y costosas sillas de montar), que alcanzan precios elevados y proceden en su mayoría de la importación.

Dentro de la producción local los mayores precios corresponden al ganado equino y mular; siguen los utensilios de comedor, dormitorio y prendas de vestir que podemos incluir entre los objetos de lujo (escudillas de plata, camisas de seda, mantos de piel y paños o vestidos); y en último lugar figuran el ganado vacuno, objetos de uso diario (colchones, lienzos, pieles de conejos o corderos), ganado asnal, ovino, caprino y de cerda.

Esta graduación se explica por la importancia del caballo como arma de guerra; la mayor o menor proximidad de la frontera musulmana justifica que el precio de los caballos sea menor en Galicia que en León y en este reino que en Castilla, donde la posesión de un caballo de guerra llegó a ser requisito suficiente para acceder a un cierto grado de nobleza que conocemos con el nombre de caballería popular o villana.

La abundancia de pastos y, consecuentemente, de ganado lleva a una depreciación de estos productos, mientras que la falta de mano de obra especializada y la necesidad de dedicar todas las fuerzas a la producción agraria y a la defensa del territorio dificultaron la fabricación de objetos manufacturados que, tanto si eran producidos en el reino como si eran importados, adquirieron precios exorbitantes.

Los bienes raíces, tierras cultivadas o yermas, molinos, prados e iglesias, eran igualmente baratos si comparamos sus precios con los artículos de lujo o simplemente con los productos manufacturados de uso diario, lo que puede explicarse en cuanto a la tierra por su abundancia, por las facilidades que daba el rey para ocuparla y por la imposibilidad de salvarla en caso de ataque enemigo; iglesias y molinos carecen de valor por su reducido tamaño y por la rusticidad de la construcción. Los precios se mantuvieron relativamente estables si exceptuamos el alza experimentada en el valor de los ganados y de los bienes muebles a raíz de las campañas de Almanzor.

Es interesante señalar que los objetos de lujo de alto precio se encuentran en la mayoría de los casos en zona gallega, es decir, donde se ha creado una aristocracia territorial importante que dispone de ingresos suficientes para invertir; los utensilios manufacturados se hallan más extendidos, pero su abundancia es mayor en Galicia y norte de Portugal que en León y Castilla, mientras que los arreos de cabalgar, las armas y el ganado caballar alcanzan precios superiores en Castilla y en León que en Galicia.

Zona oriental

Los estudios de Ramón d'Abadal sobre los condados de Pallars i Ribagorza han puesto de manifiesto el predominio de la agricultura, del pastoreo y de los productos naturales de la tierra en su economía. Junto a los cereales (trigo, centeno, cebada y mijo) se cultiva la viña en la zona baja prepirenaica y productos hortícolas. El mercado local existe lo mismo que en Castilla-León y los productos se valoran en moneda, pero la forma general de pago es en productos en el siglo IX y en moneda en el X, lo que probaría una mejora considerable en la situación económica de estos condados.

En 1971, Gaspar Feliu ha llevado a cabo un interesante estudio sobre las ventas con pago en moneda en el condado de Barcelona. De su trabajo puede deducirse que el carácter marítimo y la facilidad de paso entre Europa y la Península por esta zona influyeron en el condado, que actuó como intermediario entre ambos mundos económicos y disfrutó de una economía más monetaria que el resto de los condados y reinos peninsulares; pero la base de la riqueza sigue siendo la tierra, cereales, viñedo, huertos...

La cantidad de moneda circulante aumenta a partir de la segunda mitad del siglo X, pero ésta se halla en manos de los monasterios y nobles que la invierten en la compra de propiedades agrícolas, cuyos dueños anteriores pasan a la situación de colonos. Las campañas de Almanzor llevaron consigo un enrarecimiento de la moneda y el regreso momentáneo a una economía seminatural en la que los pagos se hacían en especie; pero el botín logrado en las campañas realizadas como aliados de los esclavos sirvió para reactivar y relanzar la economía catalana.

Los precios de la tierra en Cataluña son mayores en la zona fronteriza que en el interior, lo que puede atribuirse a una mayor circulación monetaria por contacto con los musulmanes, lo que justificaría o explicaría una cierta depreciación de la moneda, o al hecho de que estas comarcas fueran intensamente repobladas por razones militares y la tierra disponible fuese escasa.

La economía de Aragón y de Navarra fue igualmente agraria basada en pastoreo en las zonas altas y en la agricultura (trigo, cebada, avena y vino) en las comarcas del prepirineo. La difusión del viñedo en regiones que hoy se consideran impropias por su clima y suelo se debe a razones de tipo económico y mental-religioso: no era posible ni rentable importar el vino en zonas de economía pobre y carentes de moneda y se prefería obtenerlo aunque fuera a costa de la calidad. Sólo en el siglo XII, cuando la circulación monetaria y los intercambios comerciales aumenten, desaparecerán estos viñedos y comenzarán a ser apreciados los vinos de calidad. La producción de vino era absolutamente necesaria para el culto sagrado y por imitación del sistema alimenticio romano se había hecho indispensable en toda la Península.

Moneda y crisis

La escasez de las transacciones comerciales y su reducida importancia no exigía grandes cantidades de moneda y la falta de recursos minerales no permitió a los reinos y condados cristianos la acuñación de numerario. Por ello se utilizaron las monedas de época anterior, tremises y sueldos visigodos y suevos, y las circulantes en Occidente y en al-Andalus: sueldos, dineros, dinares y dirhems.

En el reino asturleonés y en Castilla se han rastreado entre los siglos VIII y XI dos crisis monetarias, dos subidas bruscas de los precios: hacia mediados del siglo IX, y a fines del siglo X y comienzos del XI. La primera subida parece haber sido más artificial que real y se habría debido a la sustitución del oro visigodo por la plata como moneda de cuenta sin modificar la terminología empleada. La palabra sueldo se utiliza indistintamente para designar el sueldo de oro de época romana y visigoda (equivalente a 42 dineros de plata) y el sueldo de plata; moneda de cuenta cuyo valor era de 12 dineros. Por lo tanto, a la hora de evaluar los objetos comprados, su precio quedaría multiplicado por tres si se utiliza el sueldo de plata en lugar del de oro; un objeto que antes de la sustitución valía tres sueldos (de oro) se evaluaría ahora en diez y medio sueldos (de plata).

La crisis de fines del siglo X afectó fundamentalmente a los bienes muebles y fue debida a los ataques de Almanzor, que fueron acompañados del saqueo de iglesias y monasterios y de la destrucción y robo de ganados.

Los condados catalanes utilizan igualmente las monedas preexistentes a las que se añaden las carolingias y, a finales del siglo X, la moneda de oro musulmana. La integración de estos condados en el imperio facilitaría la difusión, al menos teórica, de la moneda reformada y centralizada por Carlomagno. Al romperse la unidad del imperio, los condes usurparían el derecho de acuñar moneda, aunque manteniendo siempre en la leyenda la ficción del poder carolingio, al menos hasta la época de Borrell II. La moneda carolingia comprende como monedas de cuenta la libra y el sueldo y como moneda real el dinero, que equivale a la duodécima parte del sueldo y éste a un vigésimo de libra.

BIBLIOGRAFÍA

Además de las obras citadas en los capítulos anteriores, interesan las siguientes:

Ashtor, A.: Prix et salaires dans l'Espagne musulmane au Xe et XI siécles. — «Annales. Économies, Societés, Civilisations» (París), XX (1965), págs. 664-679.

Bonnassie, Pierre: Une famille de la campagne barcelonaise et ses activités économiques aux alentours de l’an mil. — «Annales du Midi» (Toulouse), LXXVI (1964), págs. 261-304.

Bonnassie, Pierre: Les conventions féodales dans la Catalogne du XIe siécle. — «Annales du Midi» (Toulouse), LXXX (1968), págs. 664-679.

Dennet, D.: Conversión and the Polltax in carly Islam. — Cambridge-Harvard 1950.

Dubler, César E.: La «Materia Médica» de Dioscórides. Transmisión medieval y renacentista. — Barcelona 1953-1959.

Feliu Montfort, G.: Las ventas con pago en moneda en el condado de Barcelona hasta el año 1010. — «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Barcelona), V (1971), págs. 941.

Ferrari, Ángel: Beneficium y behetría. — «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLIX (1966), págs. 11-87 y 211-278.

Font Rius, José María: Les modes de détention de cháteaux dans la «Vieille Catalogne» et ses marches éxterieures du debut du IXe siécle au debut XI siécle. — «Annales du Midi» (Toulouse), LXXX (1968), págs. 405-419.

Fournial, Étienne: Histoire monétaire de l'Occident medieval. — Nathan. — París 1970. — 192 págs.

García Gómez, E.: Unas «Ordenanzas del Zoco» del siglo IX. Traducción del más antiguo antecedente de los tratados andaluces de hisba, por un autor andaluz. — «Al-Andalus» (Madrid-Granada), XXII (1957), págs. 253-316.

García de Valdeavellano, Luis: Las instituciones feudales en España. — Apéndice de El feudalismo por F. L. Ganshof (Esplugues de Llobregat 1963), páginas 229-320.

García de Valdeavellano, Luis: El mercado: apuntes para su estudio en León y Castilla durante la Edad Media. — «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXI (1951), págs. 201-405.

García de Valdeavellano, Luis: Les liens de vassalité et les inmunités en Espagne. — En «Les liens de vassalité et les inmunités» (Recueils de la Societé Jean Bodin, I, Bruxelles 21958), págs. 223-255.

García de Valdeavellano, Luis: El prestimonio. Contribución al estudio de las manifestaciones de feudalismo en los reinos de León y Castilla durante la Edad Media. — «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXV (1955), págs, 5-122.

Valls i Taberner, F.: El feudalisme i els origens de la nacionalitat catalana. — «Quaderns d'estudi» (Barcelona), XIII (1921), págs. 147-160 y 205-231.

Verlinden, Charles: L'esclavage dans le monde ibérique medieval., —«Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XI (1934), pags. 283-448, y XII (1935), págs. 361-464.

Wolff Philippe: Quídam homo nomine Roberto negoctatore. — «Le Moyen Age» (Braselas-París), LVI (1963), págs. 129-139.

III: LA PENÍNSULA ENTRE EUROPA Y EL NORTE DE ÁFRICA (siglos XI-XIII)

1. EL RESURGIR DE EUROPA

A partir del siglo XI los reinos y condados cristianos salen del relativo aislamiento en que se hallaban y se incorporan a las corrientes políticas, económicas, sociales y religiosas europeas. Los musulmanes, a su vez, intensifican las relaciones con el norte de África, pero éstas cambian de signo: desaparece el protectorado omeya en la orilla sur del Mediterráneo occidental y al-Andalus se convierte en zona de expansión natural o en provincia de los imperios surgidos en el mundo islámico norteafricano.

Mientras la vinculación a Europa se realiza de forma pacífica y se extiende a todos los campos de la actividad humana, la presencia norteafricana en la Península tiene siempre carácter militar y se impone tras vencer la resistencia opuesta por los musulmanes a los que sólo la religión y el idioma unen con los beréberes del norte de África y de los que se diferencian por su distinto nivel económico y a los que desprecian por su inferioridad cultural. La presencia europea es un estímulo para el mundo cristiano; en cambio, las tropas norteafricanas, cuando no frenan el desarrollo de al-Andalus, se limitan a unificar políticamente a los musulmanes, pero en ningún caso logran atraerlos y finalmente son expulsadas por los mismos que habían solicitado su ayuda contra los cristianos.

Las diferencias en la vinculación a Europa y al norte de África pueden explicar por sí solas el triunfo de los cristianos sobre los musulmanes peninsulares. Menos visible pero más efectiva, la influencia europea permite a los cristianos, divididos políticamente, resistir los ataques de los musulmanes, unificados a fines del siglo XI por los almorávides y en la segunda mitad del siglo XII por los almohades, y hace posible los avances cristianos al disgregarse ambos imperios norteafricanos y fragmentarse al-Andalus en nuevos reinos de taifas.

El desarrollo económico europeo

Hacia el año mil se observa en Europa un progreso notable motivado por diferentes causas que se complementan entre sí: el clima europeo entra en una fase lluviosa favorable para la producción agrícola; cesan las grandes migraciones de pueblos al asentarse en el reino franco los normandos, al estabilizarse los magiares y al perder su fuerza expansiva los musulmanes; instituciones como la paz y tregua de Dios contribuyen a disminuir la mortandad, lo que se traduce en un aumento de la población que, con ayuda de modernas técnicas de trabajo agrícola, pone en cultivo nuevas tierras.

El incremento en términos absolutos y relativos de la producción agrícola se traduce en una mejor alimentación, que da lugar a una expansión demográfica difícil de evaluar, pero manifestada de múltiples modos: ampliación de iglesias y murallas, puesta en cultivo de tierras marginales, expansión alemana hacia el este y de los cristianos peninsulares hacia el sur...

El progreso no es sólo cuantitativo sino ante todo cualitativo: la roturación de nuevas tierras exige y lleva consigo la desecación de pantanos, tala de bosques y construcción de caminos a través de los cuales entran en contacto núcleos de población hasta entonces aislados y que ahora pueden intercambiar sus productos; al hacer complementarias sus economías, pueden abandonar el cultivo de plantas, como la vid, en tierras poco aptas pero que habían tenido que ser utilizadas en épocas anteriores ya que la única forma de obtener el vino era producirlo localmente. Desde el momento en que existen excedentes —al aumentar los rendimientos y la superficie cultivada— y es posible transportarlos y hallar quienes se interesen por ellos, servirán para obtener por compra o cambio todo aquello que no interesa o no se puede producir en el territorio.

La comercialización de los excedentes agrícolas pudo realizarse en principio de forma directa: cada propietario vendería y compraría personalmente. Pero a medida que aumenta el número de productos comerciables y la distancia entre las regiones productoras, se hace precisa la existencia de mercaderes, de personas que vivan fundamentalmente del comercio. A través de estos mercaderes, que se instalan junto a los dueños de las grandes propiedades, es decir, en las cercanías de castillos y ciudades, la ciudad recupera su función económica; sin perder su carácter administrativo, religioso o militar se transforma en lugar de intercambio, en mercado, en punto de contacto de economías complementarias.

La existencia de estos mercados y la recuperación de la capacidad adquisitiva europea atrae hacia los centros urbanos a los mercaderes internacionales, quienes, si en principio utilizan los castillos y ciudades como simples etapas de viaje, terminarán instalándose en sus proximidades. Tales mercaderes junto a los mercaderes locales, darán lugar a la aparición de burgos o barrios en los que al lado de la actividad comercial se realizan labores artesanales. El mercado europeo deja de ser exclusivamente agrícola y en las ciudades se inicia la fabricación de objetos manufacturados destinados a atender a la demanda de las comarcas próximas y a la exportación cuando la calidad acompaña.

Las primeras ciudades de importancia económica surgen en Flandes, cuyos productos textiles llegan a todos los países europeos a través de las ferias de Champagne, donde coinciden mercaderes de Flandes, Alemania, Francia, Inglaterra e Italia; en el sur de Europa las ciudades italianas (Venecia y Génova especialmente) controlan el comercio mediterráneo y se introducen en las rutas asiáticas y norteafricanas, ampliando así el horizonte geográfico y comercial europeo.

Los contactos entre estas dos zonas urbanas se intensifican extraordinariamente a mediados del siglo XIII al abrirse a la navegación europea el estrecho de Gibraltar, hasta entonces controlado por los musulmanes peninsulares y norteafricanos. La conquista de Sevilla y de su reino y el control de las costas mediterráneas por los europeos reduce considerablemente los gastos de transporte entre el Mediterráneo y el Atlántico (el transporte marítimo es mucho más barato que el terrestre) y permite aumentar el volumen de los intercambios entre Italia y Flandes, los cuales ya no se reducen a objetos de lujo, aunque éstos sigan predominando, sino que incluyen artículos de gran peso y reducido precio.

Simultáneamente a esta revolución comercial —visible en la importancia que adquiere Sevilla, convertida en el punto de contacto del comercio italiano y flamenco— se desarrolla un movimiento similar en el norte de Europa, donde un grupo de ciudades alemanas dirigidas por Lübeck controla el comercio del Báltico y de la zona norte de Rusia y entra en contacto con el mundo comercial de Flandes e Inglaterra.

Junto a estas rutas mayores que ponen en contacto no sólo material sino también mental a regiones europeas hasta entonces alejadas entre sí y a Europa con Asia y con el norte de África, aparecen vías menores que van de este a oeste y de norte a sur del Mediterráneo, del norte de la Península a Francia, Flandes e Inglaterra, de Inglaterra al continente, de Flandes a Alemania a través de las vías fluviales y del norte de Alemania a las ciudades rusas de Pskov y Novgorod.

Consecuencias del desarrollo económico

Esta evolución agraria, base de la relativa industrialización de las zonas costeras y de su auge comercial, tiene importantes consecuencias sociales en el campo y en la ciudad e indirectamente en la organización política del Occidente europeo, aunque no sea posible generalizarlas ni extenderlas por igual a todos los países y dentro de éstos a las diversas regiones.

En el mundo agrario, el aumento de las cosechas se traduce, a largo plazo, en la disminución de la reserva señorial, cuya extensión resulta excesiva y poco rentable al generalizarse el comercio. Para obtener los alimentos que necesita el señor es suficiente una superficie menor de tierra; y desde que es posible obtener en el mercado lo que no se produce, interesa más transformar la reserva en mansos, que hallan fácilmente cultivadores a causa del exceso demográfico. En los nuevos y en los viejos mansos desaparecen o disminuyen las prestaciones personales, al no ser necesario el trabajo de todos los campesinos en la reserva disminuida; estas prestaciones son transformadas en censos pagados generalmente en dinero, lo cual permite al dueño de la tierra comprar los objetos que desea y contratar asalariados para el cultivo de los campos.

Entre las prestaciones que desaparecen figuran las de tipo artesanal, de las que el señor se desinteresa cuando puede obtener mejores productos en el mercado. Una parte de los artesanos señoriales pudo establecerse en la ciudad junto a los mercaderes; a ellos se unirían los campesinos que no hallaran trabajo en el campo, por el exceso demográfico, y cuyos servicios eran necesarios en las ciudades, en las que se establecerían como artesanos. En principio la solución es ventajosa para todos. Los campesinos se liberan del trabajo en la reserva y, como el aumento de la población hace que sobren cultivadores para las tierras productivas, el señor no tiene inconveniente en dar una mayor libertad a los que dependían de él, de los que exige una compensación económica a cambio de la concesión de las cartas de libertad. En las tierras poco fértiles, por el contrario, se recrudece la servidumbre de los campesinos ante el temor de que éstos abandonen su cultivo.

A largo plazo, la situación dé los campesinos permanece estable y la de los propietarios agrícolas empeora considerablemente. Los primeros ven aumentar los impuestos al añadirse a los señoriales los cobrados por los monarcas y se ven obligados a empeñar las cosechas para obtener préstamos que les permitan la libertad y adquirir el utillaje necesario para mejorar el rendimiento de sus mansos. Varios años de malas cosechas significan el endeudamiento permanente de los campesinos que, si jurídicamente son libres y pueden abandonar sus tierras, en la práctica no pueden dejarlas hasta haber satisfecho sus deudas.

Los señores, por su parte, han fijado los censos en dinero para facilitar las compras de artículos manufacturados. Sin embargo, el precio de éstos sube constantemente y las «necesidades» creadas por el desarrollo comercial crecen sin cesar, por lo que los ingresos son siempre insuficientes y los nobles se ven obligados a fijar los censos en productos para nivelar en lo posible ingresos y gastos. Éstos superan, sin embargo, a aquéllos, y la nobleza se endeuda para mantener su nivel de vida o tiene que buscar la riqueza por otros medios: aumento de las tallas (impuestos señoriales) campesinas, obtención de exenciones y privilegios en los momentos de dificultad de la monarquía y recurso a la guerra, contra el propio monarca si es preciso.

En las ciudades la situación es mejor que en el campo: se crean numerosas industrias destinadas en principio al abastecimiento de las regiones limítrofes y a la exportación si la calidad es aceptable y si lo permite la fuerza político-militar de las ciudades o de los reinos. El interés de los mercaderes y su fuerza económica determinan en numerosas zonas la orientación política exterior: las guerras de conquista militar son sustituidas por las comerciales. Sólo desde esta perspectiva podrán entenderse plenamente la conquista del imperio bizantino por los venecianos y el apoyo prestado por sus rivales genoveses a los griegos; la expansión mediterránea de la Corona aragonesa, en la que confluyen los intereses nobiliarios y comerciales; la situación de Flandes, oscilante entre la dependencia de Francia y la unión con Inglaterra que provee a su industria textil de lana...

Pero ni las ciudades fueron tan numerosas como puede hacer creer una visión superficial, ni adquirieron la importancia que tradicionalmente se les atribuye. El predominio rural en Occidente es manifiesto y continuará a lo largo de la Edad Media y de gran parte de la Época Moderna. Por otra parte, la ciudad no es el centro igualitario ni el remanso de libertad que se ha querido ver en ella: presenta numerosas ventajas en comparación con el mundo feudal estrictamente jerarquizado y de escasa movilidad social, pero la residencia en los centros urbanos no equipara a todos los hombres.

Jurídicamente iguales, libres, se diferencian por su riqueza. Sólo un reducido grupo, el patriciado urbano, del que forman parte las mayores fortunas, tiene plenitud de derechos: ellos son los jefes de la comunidad y sus representantes ante el poder central; fijan los precios, salarios e impuestos, organizan y controlan la producción por medio de los gremios y atienden al avituallamiento de la ciudad. Ésta debe su auge a los grandes mercaderes y acepta su autoridad mientras los intereses urbanos y los del patriciado coinciden, pero se opondrá violentamente a la aristocracia urbana cuando considere que ésta pospone los intereses de la ciudad a los propios. Si en el siglo XIII sólo las ciudades flamencas son escenario de estas luchas por el control de los centros urbanos, en el XIV y XV se darán enfrentamientos similares en toda Europa, especialmente en los momentos de crisis económica.

Generalmente se ha contrapuesto el mundo rural al urbano, la nobleza a la burguesía medieval. Efectivamente, esta oposición puede observarse en numerosos lugares. Mercaderes y artesanos (burgueses en cuanto que habitan en los burgos) aparecen al modificarse las condiciones que habían hecho posible la organización económico-política feudal. Un mercader (su existencia interesa en primer lugar a los grandes señores que son sus mejores clientes y proveedores) no puede estar sujeto a la tierra, necesita libertad de movimiento y tiende a organizar la vida política de acuerdo con sus propios intereses, con las nuevas realidades económicas; para conseguirlo recurrirá si es preciso al enfrentamiento abierto con la nobleza feudal.

Pero el fenómeno no es general y en muchos lugares se produce una alianza entre la nobleza rural y el patriciado urbano, que tienden a diferenciarse cada vez más del resto de la población. La división de la sociedad en tres grupos, los que oran, los que combaten y los que trabajan ya no tienen razón de ser al independizarse las ciudades del poder nobiliario y eclesiástico y al superar en riquezas los grandes burgueses (que no son trabajadores en sentido estricto) a los nobles y al alto clero. La división estamental de la sociedad queda subsumida en una clasificación que tiene en cuenta ante todo la potencia económica; los hombres medievales de este período formarán parte del grupo de los mayores (alta nobleza, alto clero y patriciado urbano donde existe), medianos (clérigos, nobles de segunda fila, maestros artesanos y funcionarios) y menores (el pueblo en general).

La crisis del sistema político feudal

La escasez de población y la inseguridad de la época han obligado a los hombres medievales a concentrarse en aldeas o en centros semiurbanos mal comunicados y separados por grandes extensiones desiertas. Sometido a limitaciones geográficas y económicas, el hombre medieval carece de protección fuera de su grupo; aunque teóricamente puede recurrir a un poder superior (al Papa o al emperador o rey), éste carece de la fuerza y de la autoridad necesaria para dominar espacios relativamente amplios. El feudalismo, los señoríos son la expresión política de este pluralismo y aislamiento.

Cuando el aumento demográfico y la reactivación económica pongan fin al aislamiento físico y cultural entre los diversos grupos, el sistema político que expresaba la situación descrita se verá amenazado y se tenderá a sustituirlo por otra organización, por otro sistema intermedio entre la cristiandad universal (o el Imperio) y la fragmentación feudal, es decir, por la organización monárquica.

El resurgir de la monarquía está facilitado por distintas causas entre las que figuran la pervivencia de la organización eclesiástica anterior a la fragmentación de los reinos en señoríos independientes, la difusión del derecho romano, la hábil utilización de las posibilidades que ofrece el derecho feudal y el aprovechamiento de las nuevas condiciones económicas y sociales.

En las páginas anteriores hemos descrito estas nuevas condiciones. Interesa recordar ahora que la existencia de un comercio activo y de una economía monetaria permite a los monarcas reorganizar la administración y ponerla al servicio de sus propios intereses. Mientras el rey sólo dispone de tierras para pagar a los funcionarios, éstos se recluían entre los propietarios o entre personas que reciben tierras en concepto de salario; la dificultad de las comunicaciones y la impotencia del rey le obligan a tolerar la usurpación de las atribuciones reales por los propietarios y la apropiación de la tierra por los funcionarios. Pero cuando la circulación monetaria lo permite, el monarca puede pagar en dinero, con lo que evita la disgregación del dominio real, y puede al mismo tiempo remover con facilidad a los funcionarios y, al menos teóricamente, exigirles una mayor preparación y competencia.

Por otro lado, la existencia de grupos económicamente poderosos y a veces enfrentados a la nobleza agraria hace posible que el monarca se apoye en ellos y los utilice para romper los cuadros feudales; con frecuencia, sin embargo, el monarca se ve obligado a pagar los servicios económicos y militares de la burguesía con la concesión de privilegios que a largo plazo contribuyen a disminuir la autoridad real y no siempre logra evitar la alianza de nobles y burgueses ni la feudalización mental de éstos. El ascenso sociopolítico de los ciudadanos se refleja en el paso de la curia, órgano de gobierno integrado por los vasallos feudales más importantes, a las Cortes en las que —desde el siglo XII— se da entrada a los representantes de las ciudades junto a los eclesiásticos y a los nobles.

La organización eclesiástica no reproduce, salvo en casos aislados, el cuadro feudal, sino el de los reinos creados por las invasiones germánicas del siglo V. Los reyes aspiran a hacer efectiva su autoridad en todos aquellos lugares que eclesiásticamente se incluyen en su reino. Su tarea se ve facilitada por la exaltación que los clérigos hacen de la monarquía al considerar a la realeza como defensora de la paz y al atribuirle ciertos derechos sobre todo el reino, aun cuando no disponga de un poder efectivo.

En las zonas plenamente feudalizadas el rey ha mantenido su posición de cima de la pirámide feudal y dispone teóricamente de una autoridad que hará sentir cuando las circunstancias se lo permitan. En todos los casos el monarca actúa como juez en las disputas entre vasallos, disputas que se hacen más frecuentes a medida que se intensifican los contactos entre señoríos. Esta intervención monárquica permite afirmar lentamente la autoridad del rey sobre los señores feudales.

El derecho romano al servicio de la monarquía

La pugna entre el monarca y las fuerzas locales por imponer sus puntos de vista sobre el gobierno del territorio se halla claramente reflejada en el campo jurídico. Cada comunidad, aislada y reducida a sus propias fuerzas, ha creado su derecho particular (municipal o territorial) dentro del que, al producirse la diferenciación en grupos, han surgido los derechos sociales: de los caballeros, de los clérigos, de los mercaderes, de los campesinos... De la misma forma que por encima de la fragmentación política existe la conciencia de pertenecer a un grupo superior (a la Cristiandad), al lado de los derechos locales hay un derecho universal, el derecho canónico, a través del cual los pontífices intentan convertir en real su autoridad teórica.

Para hacer frente a las pretensiones hegemónicas del Pontificado, la segunda potencia con aspiraciones universales (el Imperio) se apoya en el derecho romano cuyos principios, nunca olvidados del todo, comienzan a ser puestos en práctica por los emperadores alemanes de los siglos XII-XIII y de modo especial por Federico II. En virtud de estos principios, Federico se atribuye el derecho de legislar, de acomodar la sociedad a sus ideales por medio del derecho cuya vigencia se extiende ahora a todo el territorio y a todas las personas incluidas en los dominios imperiales.

La pugna entre el Pontificado y el Imperio debilita a ambos poderes y su decadencia se refleja igualmente en el terreno jurídico. El derecho canónico, sin perder su carácter universal, queda limitado a un grupo, al de los clérigos, y a un aspecto, el eclesiástico. Las atribuciones concedidas por el derecho romano a los emperadores serán ampliamente utilizadas por los reyes y príncipes no ya contra la Iglesia sino contra los propios súbditos, contra el derecho local; cada rey se considera «emperador en su reino» y, como tal, no se limita a hacer cumplir el derecho sino que intenta crearlo, se convierte en legislador.

El derecho local se basa en la costumbre, en la repetición de actos o de situaciones que son «legalizadas» a posteriori: lo que se hace habitualmente se convierte en el modelo, en la norma a seguir; partiendo de una situación dada, al darle valor legal, se tiende a mantenerla; se concibe la sociedad como algo estático que nada puede modificar. El derecho romano, en cuanto que no tiene su origen en la realidad sino en un ideal, tiende a transformar la sociedad hasta conseguir que ésta se identifique con el modelo jurídico.

Mientras la sociedad se mantiene en el aislamiento que la caracteriza durante la Alta Edad Media y en situación relativamente estática, las normas jurídicas locales cumplen su finalidad: proporcionan la seguridad jurídica. Pero a medida que se incrementan los contactos y a medida que la sociedad se hace más dinámica, el derecho local o el particular (individual o de grupos sociales) pierde su razón de ser. Los privilegios de los habitantes de una comarca sólo son respetados en su propio territorio; más allá estos privilegios pueden ser ignorados o estar en oposición con los de otras personas y sólo serán mantenidos en la medida en que los poderes locales tengan fuerza para imponerlos.

Para garantizar la vigencia del derecho consuetudinario (y consiguientemente de los privilegios adquiridos) ante los extraños con los que el grupo se relaciona y ante los cambios que se producen, los dirigentes de la sociedad proceden a fijarlo por escrito mediante la obtención de cartas otorgadas por una autoridad superior (emperador, Papa, rey, conde...) o mediante la recopilación en libros jurídicos que no siempre cumplen su finalidad, ya que la falta de una organización adecuada hace que se fijen simultáneamente derechos contrapuestos.

Frente a este localismo, que dificulta la convivencia entre personas pertenecientes a una misma comunidad política, el rey o príncipe intentará en una primera fase generalizar, extender determinadas formas del derecho antiguo. Aplicando las normas de una comarca a otras; en un segundo momento, cuando el rey se considere con poderes suficientes, aspirará a crear un derecho nuevo con validez para todo el reino, para todo el territorio que depende de él; este derecho será el derecho romano, que otorga al monarca importantes atribuciones: derecho de legislar, autoridad para castigar con la muerte la sublevación contra el rey, facultad de crear impuestos, concesión al monarca de regalías y derechos mayestáticos (monopolios de moneda, minas...)

Este nuevo derecho y sobre todo la atribución del poder legislativo al monarca permite reducir o anular los privilegios, los derechos adquiridos en épocas anteriores y choca con la idea tradicional de un derecho inmutable, fijado por la costumbre. Por ello la pugna entre el rey y los grupos privilegiados de la sociedad (nobles, eclesiásticos y dirigentes urbanos) tendrá en muchos casos un carácter jurídico.

Si en teoría pueden aceptarse las identidades monarca-derecho nacional (romano) y grupos privilegiados-derecho local, y la oposición entre ambas, en la práctica las posiciones no son rígidas. El monarca refuerza su posición mediante una hábil combinación de las normas jurídicas romanas y locales (feudales o urbanas) y los grupos privilegiados hallarán en el derecho romano justificaciones para la defensa de las viejas normas y de los privilegios que de ellas derivaban. Se llega así a una síntesis entre antiguo y nuevo derecho, síntesis que refleja la relación de fuerzas existentes entre los dirigentes locales de la sociedad y el monarca y que lógicamente es distinta en cada uno de los reinos.

A pesar de la diversidad europea puede afirmarse que en casi todos los reinos, sin renunciar a la costumbre como norma legal, se admite la posibilidad de legislar, de crear derecho en los casos no previstos o que se presenten por primera vez. Pero este derecho no podrá ser ejercido por el rey a título personal, sino por el monarca junto con los meliores et maiores terré (nobleza militar, jerarquía eclesiástica y dirigentes de las ciudades más importantes), quienes, en virtud del principio de derecho romano Quod omnes tangit y atribuyéndose la representación del conjunto del reino, se reservan el derecho de legislar y lo utilizan no en beneficio del conjunto de los habitantes sino en defensa de sus intereses de grupo.

Donde nobles, eclesiásticos y ciudadanos actúan unidos, el rey carece de fuerza y la difusión del derecho romano no significa la desaparición de los señoríos, de las tierras inmunes, que se mantienen e incluso se consolidan al ser legalizados por las Cortes. Pero no siempre se da esta unidad, y el monarca puede servirse de las diferencias entre los grupos para reducir los privilegios nobiliarios, aun cuando esta política le lleve a incrementar las concesiones a los ciudadanos cuyos subsidios económicos son absolutamente imprescindibles para fortalecer la autoridad real.

Por otra parte, la complejidad del nuevo derecho exige la creación de especialistas capaces de interpretarlo. Aparecen así los juristas; entre ellos el monarca reclutará la mayor parte de sus oficiales, en ellos se apoyará para limitar la autoridad de los nobles en sus dominios y contra ellos se dirigirá la mayor parte de los ataques de los grupos representados en Cortes. El rey no tiene la capacidad de legislar, pero logra el derecho de interpretar las leyes por medio de sus oficiales; cuando su situación se lo permita, podrá hacer caso omiso de las reclamaciones y quejas de las Cortes.

De las cruzadas a la teocracia pontificia

El aumento de las zonas cultivadas es insuficiente para cubrir las necesidades de una parte de la población europea y ésta busca una salida en la migración de pueblos y en la ampliación de sus fronteras: expansión alemana hacia los dominios eslavos, ocupación de Inglaterra y del sur de Italia por los normandos, avances franceses hacia el sur que culminarán en la incorporación del Languedoc a Francia en el siglo XIII y en la participación en la reconquista y repoblación de la Península, y expediciones de los hombres de Occidente sobre las tierras orientales ocupadas por los musulmanes.

Oficialmente, las cruzadas se inician en 1095 con la predicación de Urbano II en Clermont Ferrand, pero treinta años antes el Pontificado había pedido la colaboración europea para conquistar la ciudad de Barbastro (1064) y la cruzada serviría igualmente, a comienzos del siglo XIII, para alejar a los catalanes del sur de Francia. Por lo tanto, tiene un gran interés para la historia peninsular conocer los móviles de los cruzados y de los pontífices romanos de la segunda mitad del siglo XI, móviles que es preciso relacionar por un lado con la reforma eclesiástica iniciada por los monjes cluniacenses a comienzos del siglo X y por otro con la situación económica, política y social de Europa.

La Iglesia como institución no escapa a los condicionamientos históricos y se ve envuelta, como cualquier otro grupo, en la organización feudal; obispos y abades son, al mismo tiempo que personajes eclesiásticos, grandes propietarios y señores feudales que son utilizados por el poder civil como instrumentos y soportes de su política, pagando sus servicios mediante la entrega de tierras por las que deben los mismos servicios que cualquier vasallo.

Convertidos en vasallos-funcionarios, obispos y abades deben fidelidad al rey o conde; éste no puede evitar la hereditariedad de los cargos y bienes cedidos a los laicos, pero puede nombrar para el desempeño de estos cargos eclesiástico-civiles, no hereditarios, a sus hijos o a sus fieles, quienes en ocasiones no sienten la menor inclinación hacia la vida religiosa, pero que la aceptan como medio de adquirir poder y riquezas del mismo modo que habrían aceptado un feudo laico.

Por otra parte y del mismo modo que ocurre en el mundo laico, las pequeñas iglesias y monasterios, ante la inseguridad de la época, se ven obligadas a buscar protección, a encomendarse a un noble poderoso que se hará pagar sus servicios mediante la entrega de tierras y que actuará en muchos casos como dueño absoluto del monasterio, al que considerará como una dependencia más de sus dominios; a imitación del noble-protector que considera como bienes propios de los que puede disponer libremente no sólo las tierras sino también las funciones eclesiásticas, los propietarios se considerarán con derecho a crear iglesias y monasterios propios en los que nombran y deponen clérigos y de los que disponen con entera libertad.

Ni siquiera los pontífices romanos se libraron de la tutela laica. Pipino y Carlomagno liberaron a los pontífices de la dependencia bizantina y de los ataques lombardos, pero se convirtieron ellos mismos en protectores de los papas, papel en el que fueron seguidos por la nobleza romana al decaer el imperio carolingio y por los emperadores alemanes al crearse a fines del siglo X el sacro imperio romano germánico.

Aunque, pese a esta feudalización, fueron numerosos los eclesiásticos; que llevaron una vida digna de su estado, la importancia de los bienes eclesiásticos y el modo de nombramiento de los clérigos hicieron que una parte de cargos fueran ocupados por personas llegadas a ellos mediante compra de los mismos (simonía) o sin reunir las condiciones y requisitos exigidos (nicolaísmo).

Esta situación experimenta un cambio importante en el año 910 cuando el duque de Aquitania, Guillermo el Piadoso, funda el monasterio de Cluny y garantiza su independencia espiritual y temporal poniéndolo bajo la protección directa del pontífice romano, al que se pagará un censo simbólico, y prohibiendo la intervención de obispos y laicos en los asuntos del monasterio, de modo especial en la elección de abad, que estaría reservada a los monjes. Numerosos monasterios se adhirieron a la reforma, cuyas ideas penetraron lentamente en la jerarquía eclesiástica, que buscó a su vez la independencia frente al poder laico.

Desde mediados del siglo XI, la Iglesia está gobernada por papas ganados a las ideas reformistas. En 1059 Nicolás II pone fin a la intromisión del Imperio y de la nobleza romana en la elección pontificia al disponer que en adelante, los papas serían elegidos por los cardenales; con esta medida se anulaba la decisión de Otón I de Alemania quien, tras dominar militarmente Roma (963), obligó a jurar al pueblo y al clero romano que no elegirían Papa sin el consentimiento imperial.

La independencia en el nombramiento es un paso importante pero poco efectivo mientras la autoridad del Papa se vea mediatizada por la dependencia de los clérigos respecto el poder civil. Cluny ha dado el ejemplo al romper los lazos feudales y acatar la autoridad suprema de Roma, y los pontífices buscarán hacerla extensiva a todos los fieles, laicos y eclesiásticos, sin exceptuar a reyes y emperadores; la Iglesia ha pasado en pocos años de dominada a pretender el dominio del mundo cristiano imponiendo sus propias normas al poder civil.

El artífice de este cambio de mentalidad es Gregorio VII, que utiliza a los monjes cluniacenses como agentes de su política hegemónica. La Iglesia no desarrollará plenamente estas teorías hasta fines del siglo XII, pero Gregorio VII ha demostrado la fuerza del poder eclesiástico al obligar al emperador alemán Enrique IV a buscar la reconciliación momentánea, ciertamente, con la Iglesia; y su prestigio, unido al de Cluny, le permite intervenir de un modo efectivo en los reinos hispánicos en los que aparecen por primera vez, en el siglo XI, delegados pontificos que regulan los asuntos eclesiásticos, intervienen en los civiles y recuerdan a obispos y reyes que por encima de ellos se halla el poder pontificio, poder que aspira a unificar la cristiandad.

Teóricamente, todo el mundo cristiano sigue las directrices de Roma, excepto tres zonas: el imperio bizantino, que no reconoce su autoridad y mantiene una liturgia y un dogma distintos al romano; las comunidades cristianas orientales situadas en dominio musulmán; y los reinos occidentales de la Península, donde el aislamiento de la Iglesia, desde la época visigoda, ha hecho posible la supervivencia de ritos y prácticas mozárabes que no coinciden con los romanos. La penetración de los cluniacenses desde comienzos del siglo XI y la participación del pontífice en la cruzada contra Barbastro facilitarán el reconocimiento de la hegemonía y la supresión de los rasgos diferenciales de la cristiandad hispánica.

La intervención pontificia en Oriente se ve facilitada a partir de 1071 por la derrota bizantina ante los turcos. El peligro hará olvidar las diferencias religiosas y Alejo Commeno solicitará la ayuda de Occidente, ayuda que será canalizada por los pontífices, quienes ven en esta solicitud un medio de alcanzar sus objetivos. La cruzada es, en sus orígenes, una peregrinación armada que tiene como finalidad liberar Jerusalén del poder turco y asegurar al mismo tiempo la realización pacífica de nuevas peregrinaciones. Con este sentido se habían realizado numerosas peregrinaciones armadas antes de 1095, pero sólo adquieren importancia cuando el pontificado se encarga de su organización porque ve en ellas, además de los valores religiosos que nadie discute, una posibilidad de afirmar su hegemonía, su autoridad sobre todo el mundo cristiano. La ayuda militar pedida por Bizancio significa una cierta sumisión griega; su transformación en cruzada por obra del pontífice erige a éste en supremo señor de Occidente al que obedecen incluso militarmente los hombres del Imperio y de los reinos occidentales, lo que equivale en la práctica a reconocer su autoridad suprema, autoridad que sería igualmente reconocida por las comunidades cristianas de Oriente si la cruzada ponía fin al dominio musulmán.

Los objetivos de Roma al organizar la cruzada van más allá de la búsqueda de la hegemonía. La reforma cluniacense y gregoriana se ha realizado en una doble dirección: por un lado, búsqueda de la independencia frente al poder civil; por otro, intentos de modificar las costumbres individuales y sociales, de reformar no sólo a la Iglesia como institución sino a la cristiandad. La cruzada servirá al pontífice también en este sentido; Urbano II lo expresa claramente cuando afirma que las posibilidades de éxito de la expedición militar dependen de que antes se produzca una reforma de las costumbres individuales, de que se respete la tregua y paz de Dios y de que la nobleza feudal ponga fin a sus luchas internas.

El éxito multitudinario de la primera cruzada se explica por el interés del pontificado y por el incremento demográfico europeo que lleva a incorporarse al grupo a los desheredados de la fortuna, a aquellos a quienes Occidente es incapaz de alimentar y a los segundones de familias nobiliarias que aspiran a convertirse en sus propios señores en las tierras arrebatadas a los musulmanes. En las cruzadas posteriores subsisten los intereses hegemónicos del pontífice, pero serán razones políticas y económicas las que prevalezcan en su organización y desarrollo y las que, en definitiva, lleven a la pérdida de los territorios conquistados a fines del siglo XI.

A medida que se desarrollan las teorías hegemónicas del pontificado la cruzada pierde su sentido primitivo y pasa de ser una expedición contra los musulmanes de Jerusalén a convertirse en el modo de combatir el pontífice a los que se le oponen dentro del mundo occidental; el factor religioso ha dado paso a la orientación eclesiástica y se dará el nombre de cruzada a cualquier guerra dirigida o apoyada por Roma contra infieles y herejes.

Los deseos de Inocencio III de reducir a los albigenses se combinan con la política expansiva de los Capetos y darán lugar a la ocupación del sur de Francia en contra de los intereses catalanes; la expansión alemana hacia el este se considerará verdadera cruzada y la Orden Teutónica, fundada para la defensa de Jerusalén, será la que dirija la lucha contra los eslavos... Pero hereje es todo aquél que no acepte la supremacía de Roma y de su pontífice; la cruzada, los medios empleados para las expediciones a Jerusalén, serán utilizados contra los rebeldes; se hablará de cruzada en las luchas entre Inocencio IV y Federico II de Alemania; entre Pedro el Grande de Aragón (que se opone a la política pontificia en Sicilia) y Felipe IV de Francia; entre los partidarios de Pedro el Cruel y los de Enrique de Trastámara, que se halla apoyado por la monarquía francesa y por el pontificado de Aviñón; entre los papas de Aviñón y los de Roma... y realmente todas estas guerras conservan su carácter de cruzada en cuanto que lo esencial en ellas es la demostración, la prueba del supremo poder pontificio.

Las órdenes militares

Directamente relacionadas con el fenómeno cruzado se hallan las órdenes militares, creadas para defender las conquistas efectuadas en Oriente y para facilitar el desarrollo de nuevas peregrinaciones; con esta finalidad surgieron las órdenes del Temple, del Hospital y la Orden Teutónica. Desde los primeros años aparece una distinción entre las casas situadas en Jerusalén, con fines predominantemente militares u hospitalarios, y los establecimientos de las órdenes en Europa, en los que predomina la finalidad económica: recaudar fondos para atender a sus tareas militares.

Las órdenes pierden su razón de ser al desaparecer los reductos cruzados. Los hospitalarios se acomodaron a la nueva situación y justificaron su existencia con la instalación en Chipre, Rodas y, finalmente, en Malta; indirectamente, al defender el Mediterráneo, cumplían los fines para los que fueron creados. Un proceso similar de reconversión se efectuó en el siglo XIII entre los teutónicos; la cruzada ha ampliado su campo de acción y ha pasado a ser una guerra contra herejes o infieles y la orden se adhirió a esta orientación, acentuó su carácter germánico y se convirtió en el brazo armado de la expansión alemana hacia los territorios eslavos.

Entre las grandes órdenes sólo los templarios carecían de objetivos que justificaran la supervivencia; se convirtieron en banqueros de la monarquía francesa y cuando ésta se vio envuelta en graves dificultades económicas, Felipe IV no dudó en hacer condenar a los templarios tras una hábil campaña de descrédito; la orden desapareció en 1311 y sus bienes fueron incorporados, en parte, a las propiedades de los hospitalarios y en parte al tesoro real.

Desde comienzos del siglo XII, templarios y hospitalarios se establecieron en la Península, pero jamás tuvieron el espíritu combativo que los había caracterizado en Oriente; sus casas fueron centros económicos, no militares. Alfonso I de Aragón y Navarra les ofreció en su testamento (1134) la posibilidad de organizar y dirigir la guerra contra los musulmanes al nombrar a ambas órdenes herederas del reino, pero ni los súbditos ni las órdenes mostraron el menor interés por cumplir los deseos del monarca y templarios y hospitalarios se limitaron a obtener compensaciones económicas por su renuncia al reino.

Para sustituirlas y a imitación de estas órdenes surgieron en las zonas fronterizas numerosas cofradías de monjes-soldados que dieron origen a las órdenes militares peninsulares: las leonesas de Alcántara y Santiago, la castellana de Calatrava, la catalano-valenciana de Mantesa, creada con los bienes del Temple al disolverse esta orden, y la orden de Cristo, que sustituyó en Portugal a los templarios.

La pugna entre el pontificado y el Imperio

El paso desde la búsqueda de la independencia respecto al poder civil a las teorías hegemónicas, a la teocracia pontificia, se hace siguiendo las ideas del Papa Gelasio, quien ya en el siglo V había señalado la distinción entre Iglesia e Imperio; la reforma gregoriana recoge las teorías de Gelasio e intenta llevarlas a la práctica ligeramente modificadas: a la distinción entre la sociedad religiosa y la civil se añade la idea de la preeminencia del sacerdocio sobre el trono, lo que lleva a los pontífices a afirmar que la Iglesia podía y debía ejercer su jurisdicción sobre el poder civil cada vez que el orden espiritual estuviera en juego.

La Iglesia dispone de un arma teóricamente eficaz para hacer valer sus principios: la excomunión, que lleva consigo la deposición de reyes y emperadores. Pero si en teoría todos los cristianos reconocen la fuerza y el valor de la excomunión cuando es justamente aplicada, en la práctica se discute la justicia de la condena y ésta es inoperante excepto en los casos en los que la sanción religiosa se une a dificultades en los dominios del rey o emperador excomulgado. Es decir, indirectamente al menos y a veces de modo involuntario, para que la condena eclesiástica surta sus efectos es preciso que se produzca una injerencia no religiosa sino temporal de los pontífices en los Estados de Occidente.

El intervencionismo pontificio, visible en todo Occidente, es mucho más claro en Italia y en el imperio alemán, donde los problemas religiosos aparecen siempre mezclados con la política de los emperadores que reivindican el dominio de Italia mientras los papas se consideran y actúan como señores temporales de los Estados Pontificios. Pasados los difíciles momentos de la querella de las investiduras (fines del siglo XI), los emperadores alemanes se han mantenido alejados de Italia, pero la subida al trono imperial de Federico I Barbarroja (1152) modifica la situación.

Federico I no se limita a ser emperador de Alemania; aspira a convertirse en la autoridad suprema de Occidente e interviene activamente en Italia, con lo que provoca un cisma en la Iglesia, que se divide entre sus partidarios, dirigidos por el antipapa Víctor IV, y los defensores de la independencia de los Estados Pontificios, a cuyo frente se halla Alejandro III (1159).

La tentativa imperial fracasó en sus líneas generales, pero hizo posible la unión del imperio alemán y del reino normando del sur de Italia y de Sicilia en manos de Enrique VI; los Estados Pontificios quedaban así cercados por los dominios alemanes y, en adelante, la actuación de los papas estará dirigida a romper este cerco que amenaza su independencia temporal y de rechazo su libertad y autoridad espiritual, ya que un pontífice sometido territorialmente al emperador lo estaría igualmente en el campo religioso.

A la muerte de Enrique VI (1197), las zonas alemana y siciliana del Imperio se dividen. Mientras en la primera aspiran al trono Felipe de Suabia, elegido por los gibelinos —partidarios del predominio imperial— y Otón de Brunswick —jefe de los güelfos que apoyaran en todo momento la causa de los pontífices—, en Italia las ciudades del norte se independizan, los Estados Pontificios incorporan a sus dominios diversas tierras imperiales e Inocencio III hace valer sus derechos feudales (el reino siciliano estaba infeudado a la Santa Sede) y obtiene la custodia del heredero del reino Federico II. En pocos años el pontífice controla la situación y ve reconocida su autoridad en el Imperio y en todos los reinos de Occidente cuyo destino controla desde Roma por medio del clero, que crea dificultades a Otón de Alemania y al inglés Juan Sin Tierra cuando éstos se oponen a las directrices políticas o religiosas de Inocencio.

La comunidad de intereses entre el pontífice y el monarca francés Felipe II Augusto, cuyos territorios se hallan amenazados en el este por los alemanes y en el oeste por los ingleses, convertirá al rey francés en el mejor auxiliar de la política romana. En Bouvines (1214) Felipe derrota a Otón y a Juan Sin Tierra; su victoria, unida a la lograda por los cruzados en el sur de Francia un año antes, convertía a los Capetos en los monarcas más poderosos de Occidente; la monarquía inglesa era obligada a ceder en sus derechos frente a nobles y eclesiásticos, que se hicieron conceder la Magna Carta, y el Imperio quedaba en manos de Inocencio III y de su pupilo Federico II en cuyas manos el pontífice reunió de nuevo Alemania y Sicilia confiando en que actuaría al servicio de la Iglesia.

A la muerte de Inocencio III, Federico resucitó la idea imperial y proclamó la superior autoridad del emperador sobre el pontífice basándose en las normas del derecho romano. Desaparecido Federico II (1250), Inocencio IV logró desorganizar el Imperio e imponer sus candidatos en la zona alemana y en la siciliana, pero el triunfo fue más aparente que real. Las ideas imperiales fueron asumidas por cada uno de los reyes en sus dominios y para imponer la teocracia los papas tuvieron que apoyarse en los monarcas franceses, que fueron los auténticos beneficiarios de la pugna entre el pontificado y el Imperio. Un francés, Carlos de Anjou, recibió del Papa el reino de Sicilia (1263) y contra él, e indirectamente contra Roma, se alzaría el monarca aragonés, cuyos intereses en el Mediterráneo se veían perjudicados por el nombramiento de Carlos.

Pretendiendo defender la hegemonía del pontificado los papas adoptan actitudes partidistas y secundan la política de los Capetos con los que, sin embargo, sólo podrán contar mientras los apoyen incondicionalmente. Bastará que Bonifacio VIII se oponga a los deseos de Felipe IV y le recuerde que «la sumisión al pontífice romano era necesaria a todos para lograr la salvación» para que la debilidad de la posición pontificia quede al descubierto; el Papa será hecho prisionero (1303) y desde entonces en adelante el control ejercido por los monarcas franceses sobre los papas será tan evidente que la propia corte pontificia se traslada a la ciudad francesa de Aviñón (1316), con lo que se inaugura un siglo de predominio de papas y cardenales franceses.

Reforma de las costumbres

La reforma de la Iglesia y de la cristiandad ha sido intentada en primer lugar por los monjes cluniacenses, quienes lograron independizar a los monasterios de los laicos e indirectamente a Roma del Imperio. Pero esta reforma es más aparente que real. La Iglesia mantiene una estructura feudal paralela a la de los laicos y conserva idéntica organización económica y social, por lo que monjes y eclesiásticos pueden ser asimilados, por sus riquezas y formas de vida, a los nobles.

Contra esta situación se alzan numerosos reformadores que creen que se debe llegar a un cambio total de las costumbres y exigen la vuelta de la Iglesia al ideal evangélico de la pobreza. Este movimiento es posible gracias al desarrollo cultural de Occidente, que permite el acceso directo a los Libros Sagrados, los cuales se convierten en la regla de vida de numerosos cristianos convencidos, y adquiere carácter popular especialmente en las ciudades, donde el ideal de pobreza choca con las formas de vida del clero y de la nobleza-patriciado. Reforma y movimientos sociales de protesta se confunden a menudo.

Los ideales reformistas se presentan bajo tres aspectos:

1) Búsqueda de la reforma mediante el ejemplo personal, huyendo de los honores y riquezas y viviendo en el más absoluto aislamiento, que desembocará en la creación de nuevas órdenes religiosas (Císter, cartujos, premostratenses, comunidad de Fontevrault...).

2) Aspiración a reformar las costumbres mediante la predicación, es decir, de modo activo. Esta modalidad chocará en muchos casos con la jerarquía eclesiástica, afectada no por la predicación en sí sino por las consecuencias que de ella derivan, por el eco que las predicaciones hallan en las masas urbanas, las cuales contrastan la teoría evangélica con la práctica eclesiástica y se oponen a la jerarquía por cuanto ésta se identifica con la nobleza feudal en el campo y con el patriciado en las ciudades.

En este grupo de reformadores se incluyen eclesiásticos como Enrique de Lausana y sus seguidores; los patarinos de Milán, dirigidos por eclesiásticos que los abandonan a su suerte una vez consolidada la reforma gregoriana; Arnaldo de Brescia y sus partidarios, que llegaron a expulsar de Roma al pontífice y a crear una Comuna en la primera mitad del siglo XII; y los laicos Pedro Valdo y Francisco de Asís, cuyas actividades encierran mayor peligro por cuanto atacan directamente el monopolio cultural y de la enseñanza-predicación ejercido por los clérigos.

El segundo se acomodaría a las exigencias de la jerarquía y su movimiento sería incorporado, tras la adaptación correspondiente, al sistema eclesiástico del que intentarían salir algunos de los partidarios de las ideas primitivas de Francisco, lo que provocaría un cisma en el seno de la orden a lo largo del siglo XIII. Pedro Valdo se negaría a aceptar la injerencia eclesiástica y sus teorías serían condenadas como heréticas por la Iglesia.

3) Ruptura total con la organización eclesiástica y creación de una nueva jerarquía que se atuviera estrictamente a los preceptos evangélicos. Estos movimientos amenazan de modo directo la supervivencia de la Iglesia como institución y serán los más perseguidos. Contra los cataros del sur de Francia organizará el pontificado una cruzada a comienzos del siglo XIII y contra los hermanos Apóstoles del norte de Italia en el siglo XIV. Consecuencia directa de la lucha contra los albigenses será la creación de la Orden de Predicadores, destinada a convertir mediante la persuasión a los herejes; fracasado este intento, Roma creará el organismo represor de las herejías, la inquisición.

Influencia de los movimientos reformadores en la Península

Todos estos movimientos tienen su reflejo o su influencia en la Península, pero la actuación de algunos o carece de importancia histórica visible o se desarrolla en una época posterior a la estudiada, por lo que nos limitaremos a mencionar los movimientos que, a nuestro juicio, encierran mayor interés para la historia peninsular de este período: los cistercienses y los herejes del sur de Francia.

Los primeros llevarán a cabo una repoblación sistemática del territorio peninsular en el siglo XII; el apoyo del rey catalano-aragonés Pedro el Católico a los segundos será la causa de su muerte en Muret (1213) y de la pérdida de la influencia catalana en el sur de Francia, donde se instalan los angevinos que, fieles aliados del pontífice, se verán conceder por éste el reino de Sicilia en la segunda mitad del siglo XIII e intentarán cortar desde Sicilia el comercio catalán con el norte de África.

La comunidad cisterciense fue creada en 1098 por Roberto de Molesme, quien aspiraba a que su grupo viviera del trabajo personal en el más absoluto retiro y con sujeción estricta al ideal de pobreza individual y colectivo; los monjes no deberían poseer ni grandes edificios ni más propiedades que las estrictamente necesarias para su sustento (sólo tierras) renunciando a diezmos, rentas y ayudas. La autosuficiencia en la pobreza querida por Roberto para sus monjes se demostró irrealizable en la práctica: era necesario recurrir al mercado para obtener los artículos que los dominios no producían y además la comunidad adquirió tal popularidad que le llovieron los donativos de los fieles. Se intentó salvar el espíritu de pobreza mediante la admisión de laicos para que fueran ellos los que se encargaran de las cuestiones económicas, pero todos los intentos fueron inútiles y en menos de veinticinco años el ideal evangélico de pobreza, si no había desaparecido, había perdido importancia.

Se mantuvo sin embargo el amor a la soledad y la búsqueda de la perfección por el trabajo, lo que llevó a los cistercienses a una actividad repobladora de extraordinaria importancia. Entre las condiciones exigidas por los cistercienses para aceptar la donación de tierras y fundar en ellas sus monasterios figuran la propiedad absoluta del feudo (para que el monasterio sea absolutamente independiente y los herederos del donante no puedan alegar sobre él ningún derecho) y la concesión por el obispo de lo que podemos llamar inmunidad episcopal, por cuanto el obispo debía renunciar a inmiscuirse en el gobierno de la abadía.

Desde fines del siglo XII se hizo obligatoria la práctica de enviar dos o tres abades a inspeccionar los terrenos ofrecidos, que debían hallarse lejos de cualquier aglomeración urbana y ofrecer las condiciones necesarias para que el futuro monasterio tuviera en ellos todo lo necesario. La organización jerárquica de los cistercienses recuerda en parte a la cadena vasallática: del centro, la abadía de Citeaux, dependen en última instancia todos los monasterios, pero a su vez cada uno puede fundar otros nuevos que le están sometidos. Todos los monasterios se relacionan entre sí a través de la visita que anualmente realiza el abad de la casa fundadora a las filiales y por medio del capítulo general en el que se reúnen todos los abades para exponer la situación de sus abadías y ayudar a los necesitados.

Donde esta interrelación o colaboración se hace más patente es en el intercambio de informaciones sobre técnicas, métodos de cultivo y organización de la propiedad, que hacen de los cistercienses los únicos agricultores «racionales» de la Edad Media hasta que a fines del siglo XIV los mercaderes enriquecidos trasladan al campo los métodos de gestión mercantil.

La exención de la autoridad episcopal lograda por los cistercienses en cada caso concreto será ampliamente utilizada por Roma, que la aplicará con carácter general a las órdenes militares y a las nuevas órdenes religiosas surgidas de la crisis religioso-social de fines del siglo XII y comienzos del XIII, a dominicos y franciscanos, en un nuevo intento de convertirlos en agentes de la centralización eclesiástica.

Los orígenes del movimiento cátaro son todavía mal conocidos. Para algunos historiadores sus doctrinas serían una supervivencia de las corrientes dualistas difundidas entre los primeros cristianos de Oriente y transmitidas a Occidente a través de los bogomilitas, grupo herético existente en Bulgaria en el siglo X. Otros historiadores consideran que los cataros no deben nada a las doctrinas dualistas orientales y que su movimiento es más social que doctrinal; el catarismo sería en definitiva una respuesta, radical, a la situación de la jerarquía eclesiástica y, aunque su base indirecta sea de tipo dualista, se originaría en Occidente y sobre todo se propagaría por el sur de Francia como un movimiento de rechazo de la jerarquía por sus riquezas y por su forma de vida.

Frente a los clérigos romanos, el catarismo creará su propia organización integrada por los cataros o puros, los perfectos, que llevan una vida ascética, no se casan y viven en absoluta pobreza. La adhesión al catarismo es general en el sur de Francia, donde surgen diócesis cataras y llega a celebrarse un concilio. El Papa intentará luchar contra este movimiento por todos los medios, pacíficos en principio, encargando a los cistercienses de la predicación en tierras cataras y más tarde a los dominicos.

Cuando la predicación fracasa, Inocencio III exigirá a la nobleza feudal que combata militarmente a los cataros, pero los nobles son en muchos casos adeptos de la herejía (por convicción o con la esperanza de que pasen a sus manos los bienes eclesiásticos) y hacen caso omiso de las órdenes pontificias. El rey de Aragón, Pedro el Católico, se niega igualmente a combatir a los cataros, que son en muchos casos sus vasallos, y estará a su lado cuando Inocencio III predique la cruzada, en la que intervendrán sobre todo vasallos de Felipe II Augusto de Francia, que aspira a unificar el antiguo reino franco y utiliza la cruzada para aumentar su influencia en los condados de Toulouse y Provenza.

La centralización eclesiástica

Si la historia política europea y la intervención en ella de los pontífices tiene interés para la Península, mayor importancia tiene la centralización del mundo clerical, aunque sus efectos en el territorio peninsular sean poco y mal conocidos. La oposición entre el pontificado y el Imperio coincide cronológicamente y se halla en muchos casos indirectamente relacionada con la difusión de movimientos heréticos que rechazan la organización eclesiástica e intentan suprimirla o sustituirla por otra que se adecué a los principios evangélicos. Simultáneamente, la doctrina de la Iglesia, aunque no atacada abiertamente, ve disminuida su aceptación al difundirse en Occidente la filosofía aristotélica y propugnar algunos pensadores la necesidad de aceptar como verdades científicas las ideas de los filósofos aun cuando no coincidan con las enseñanzas de la Iglesia.

Ante este triple ataque, político, moral y dogmático, la Iglesia se defiende de múltiples modos: recabando el apoyo de los Capetos o interviniendo en los asuntos internos de los Estados, castigando a los disidentes o intentando convencerlos y prohibiendo las obras de Aristóteles o adaptándolas a las enseñanzas de la Iglesia siempre que fuera posible. Pero fuese cual fuese el modo de actuación, todos eran ineficaces si previamente los papas no lograban afirmar su autoridad en el mundo clerical, si no lo uniformaban y procedían a la centralización del organismo eclesiástico; ésta es la gran tarea que llevarán a cabo los pontífices del siglo XIII y la que permitirá sobrevivir a la Iglesia como organización a pesar de la profunda crisis que atraviesa en el siglo XIV.

El carácter religioso de la Iglesia ha servido en muchas ocasiones de pantalla que impide fijarse en ella como organización humana, sujeta, en tanto que tal, a los mismos condicionamientos que la sociedad civil. En el siglo XIII la Iglesia, la sociedad de los clérigos, desarrolla un fuerte centralismo de igual modo que ocurre en las monarquías europeas, con la única diferencia importante de que la centralización eclesiástica es anterior y más completa que la llevada a cabo por los monarcas.

La coordinación, a escala europea, de la Iglesia se logra a través de las órdenes religiosas creadas en el siglo XIII, por mediación de las universidades, por la codificación de las normas eclesiásticas y por la creación del más perfecto sistema financiero que haya existido en la Edad Media.

La Iglesia, tras haber rechazado los movimientos de pobreza por cuanto tenían de antijerárquicos y disolventes, acepta a los franciscanos y emprende la tarea de adaptarlos a los intereses eclesiásticos, de convertirlos en agentes de la Iglesia universal llegando incluso, para conseguir sus fines, a modificar los estatutos y las normas dadas por Francisco de Asís. Si bien es cierto que la intervención pontificia provoca un cisma entre los discípulos de Francisco, no lo es menos que en un período de cincuenta años la mayor parte de los franciscanos han renunciado a su razón originaria de ser y se han convertido en perfectos auxiliares de Roma, del mismo modo que los dominicos.

Las órdenes mendicantes, urbanas, desempeñan en el siglo XIII el mismo papel que los cluniacenses en el XI o que los cistercienses en el XII: son los propagadores y defensores de la política pontificia y de la teocracia y ven facilitada su labor por Roma, que las exime de toda dependencia respecto al poder civil y respecto a los obispos, susceptibles por la territorialidad de sus cargos de inclinarse hacia puntos de vista contrarios a los defendidos por Roma.

La herejía no respeta los límites territoriales de los obispados y resulta más práctico encomendar la lucha contra los heréticos a comisarios pontificios cuya autoridad no esté sometida a limitaciones geográficas; la mayor parte de estos comisarios pertenecen a las órdenes mendicantes por cuanto sus miembros sólo dependen de Roma. La orden de los dominicos está ligada desde su origen a la herejía: para convencer a los cataros crea Domingo de Guzmán su orden y a ella encomienda el pontificado la represión. Pero no se trata sólo de castigar, sino ante todo de convencer mediante una preparación adecuada; esto es tanto más necesario por cuanto la herejía no es sólo una manifestación del descontento popular ante la actuación del clero, sino que se extiende por los centros intelectuales de Europa, por las universidades.

Surgidos a fines del XII y comienzos del XIII, estos centros se ven atraídos por distintas fuerzas; los obispos consideran la universidad como una prolongación de sus funciones: predicación y enseñanza se confunden y sólo el obispo puede organizar una y otra en su diócesis; el poder civil a su vez comprende rápidamente la importancia que para él tendrán los nuevos centros e interviene activamente para controlarlos.

Frente a obispos y reyes, la universidad, sin posibilidades de organizarse independientemente, busca la vinculación con Roma cuya lejanía hace menos ostensible la dependencia. Los intereses de las universidades coinciden con los pontificios, vienen a ser la mejor prueba de la autoridad suprema de los papas, que además, mediante el control de las universidades y mediante su entrega a las nuevas órdenes, pueden limitar las querellas entre filósofos y teólogos.

Ciertamente, la orientación favorable a las nuevas órdenes ha planteado numerosos problemas entre el clero secular y el regular, pero en líneas generales ha servido para unificar la actuación de los clérigos y la vida eclesiástica, ya que el Papa es juez en última instancia y a él han de acudir los litigantes para resolver sus diferencias de acuerdo con el derecho canónico que aparece codificado en la primera mitad del siglo XIII cuando Gregorio IX recoge (1234) en los cuatro primeros libros de las Decretales las leyes emanadas de sus antecesores y de los concilios.

A estos cuatro libros se unen otros tantos (dos en el siglo XIII y dos en el XIV) en los que se incluyen las nuevas leyes. En los ocho libros de las Decretales se halla recogido todo el derecho canónico, cuya influencia sobre Occidente nadie discute por cuanto es aplicado por todos los tribunales de la Iglesia a los que se hallan sometidos los clérigos y, en muchos casos, los laicos.

La centralización pontificia y la puesta en marcha de las ideas políticas exigen cuantiosos ingresos que Roma intentará obtener de las ricas iglesias locales. También en este punto el pontificado se adelantará a los Estados europeos y será la primera organización que aspire a crear un sistema financiero coherente, en el que participan todas las iglesias de la cristiandad romana; cada iglesia y cada beneficio o cargo eclesiástico vendrán obligados a enviar a Roma una parte de sus ingresos, a ceder al pontífice el producto de algunas prebendas o a permitir que los papas nombren para desempeñar algunos cargos a personas de la curia romana que perciben su salario no de Roma, sino de una cualquiera de las iglesias. La implantación de este sistema encuentra numerosas dificultades. El relativo fracaso de la reforma financiera explica en parte el abandono de las ideas teocráticas, pero sus efectos fueron considerables en todo Occidente.

Las corporaciones

El siglo XIII europeo podría ser definido como el siglo de las corporaciones, la época en la que los hombres se agrupan y se organizan para defender la situación adquirida. En este período se forman los gremios artesanos, se crean numerosas ligas y sociedades de carácter político y económico y surgen las universidades, que no son en sus orígenes más que el organismo que agrupa a los que podemos llamar los primeros intelectuales europeos.

Prescindiendo de las corporaciones de tipo particular que serán estudiadas sólo en sus manifestaciones peninsulares, nos referiremos en este apartado a dos tipos de asociaciones que podemos considerar universales (europeas), por cuanto sus características son las mismas en todo Occidente: los gremios y las universidades. Los primeros agrupan a los artesanos, las segundas a los intelectuales; unos y otras son creación urbana, aunque las universidades pierdan pronto este carácter y se conviertan teóricamente en universales (pontificias) y de hecho en nacionales.

Los gremios

Los gremios como organismos que regulan la producción (cantidad y calidad, salarios y precios) son relativamente tardíos. En los comienzos de la industria urbana no existe reglamentación de ningún tipo; el artesano trabaja para un gran mercader que le proporciona al mismo tiempo la materia prima y fija las características de la obra que debe realizar. Pero pronto la pertenencia a un mismo oficio crea entre los artesanos una comunidad de intereses y de problemas que se refleja en la aparición de asociaciones de tipo religioso y caritativo, de cofradías puestas bajo la advocación de un patrono al que se rinde culto; la solidaridad entre los cofrades se manifiesta en la creación de un sistema de ayuda mutua.

Esta primera organización se transforma en gremio a medida que aumenta el número de artesanos de un oficio y adquiere importancia su industria. La creación de los gremios no es, sin embargo, obra exclusiva de los artesanos. Sus orígenes deben explicarse por la coincidencia de intereses de los grandes mercaderes y de los trabajadores.

Los primeros están interesados en prestigiar los productos que venden y para ello necesitan garantizar la calidad, los precios y, si es posible, controlar la cantidad por cuanto ésta puede repercutir sobre los precios. La competencia económica hallada en los mercados exteriores y los problemas políticos que se plantean a los extranjeros llevan a los mercaderes de una misma ciudad a agruparse en asociaciones mercantiles cuyos miembros son al mismo tiempo los dirigentes urbanos. De esta forma se produce una identificación entre los intereses de los exportadores y los de la ciudad de la que depende en adelante, oficialmente, el control de la producción que antes ejercían a título individual los mercaderes.

Por su parte, los trabajadores (los maestros artesanos), a medida que se extienden las industrias y se hace mayor la competencia, se hallan interesados en asegurar una continuidad en el trabajo, por lo que aceptan los controles de calidad y cantidad exigidos por los mercaderes y procuran por todos los medios evitar la proliferación de maestros; para ello regulan minuciosamente su número, las pruebas de acceso al grado de maestro, el número de oficiales y aprendices que cada uno puede tener...

Mientras el comercio de exportación se mantiene a un nivel aceptable, los ciudadanos viven en una relativa estabilidad y no se producen choques entre los dirigentes y los gremios. Pero bastará que los jefes de la ciudad adopten posturas políticas que comprometan el comercio de exportación o el de importación de materias primas, para que los gremios intenten alzarse con el poder político y suplantar al patriciado urbano. En otros casos, el choque se produce al renunciar los dirigentes de la ciudad a este comercio de exportación e intentar desde el poder favorecer sus propios intereses que ya no coinciden con los de la ciudad, con los de los gremios.

Las universidades

La aparición de las universidades es un fenómeno típicamente urbano. La ciencia y la cultura han sido hasta el siglo XII patrimonio exclusivo del clero que ha logrado mantener un cierto nivel a través de las escuelas monásticas y episcopales. Pero la limitación al campo exclusivamente religioso y el rígido control que la jerarquía eclesiástica mantiene sobre la enseñanza (equiparada a la predicación) aleja de estos centros a los laicos; por otra parte, son escasos los que pueden interesarse por la ciencia a causa de que la situación económica y política sólo les permite dedicarse a las armas o al trabajo agrícola.

Los contactos con el mundo y la cultura griega, directamente o a través de los árabes, amplían el campo de la cultura. La difusión del derecho romano y su utilidad para las monarquías y principados hacen que su estudio sea favorecido por el poder civil. Y la nueva situación económica permite que un grupo relativamente numeroso de personas abandonen las ocupaciones tradicionales para dedicarse al estudio.

El movimiento intelectual se inicia en los círculos eclesiásticos atraídos por la cultura clásica que ha perdido gran parte de su peligrosidad a medida que se aleja en el tiempo de la sociedad que la originó. Las ventajas de esta cultura comienzan a ser consideradas mayores que los inconvenientes que puede presentar desde el punto de vista religioso. Numerosos clérigos se trasladan a la Península para, a través de los árabes, conocer esta cultura, que difunden por toda Europa de acuerdo con o al margen de la autoridad eclesiástica.

La escuela no se sitúa sólo en las catedrales y monasterios sino allí donde alguien tiene alguna cosa que enseñar: los maestros oficiales son abandonados cuando su ciencia no está a la altura requerida. Más importante que este desplazamiento es el nuevo espíritu que anima a estudiantes y maestros: unos y otros no se conforman con la repetición, sino que utilizan la dialéctica, el razonamiento; la sumisión cultural ha sido sustituida por la libertad de pensar, por la independencia, aunque su triunfo no sea total y aunque la inercia lleve en muchos casos a aceptar sin discusión lo que otros han pensado. Junto a la dialéctica, objeto de estudio preferente, se cultivan nuevas ciencias como la medicina y la mecánica.

La tendencia a integrarse en un organismo específico todos aquellos que tienen la misma profesión dará origen en el siglo XIII a las universidades: corporaciones de maestros y estudiantes, que nacen en lucha contra los poderes eclesiásticos locales y contra el poder laico (reyes y municipios). Los estudiantes y con mayor motivo los profesores tienen la condición de clérigos y como tales deben de estar subordinados al obispo diocesano a quien compete otorgar las licencias de enseñanza. Los monarcas pretenden extraer de la universidad los funcionarios del reino. Para lograrlo aspiran a convertirla en organismo estatal al servicio de la política centralizadora. Los burgueses se resisten a no ejercer ningún tipo de control sobre este grupo situado en el territorio urbano.

Frente a estos poderes, la universidad se defiende acogiéndose al alto patrocinio de Roma, menos peligroso por más alejado. Los papas favorecen las pretensiones universitarias y convierten sus corporaciones en pontificias, lo que les permite controlar la enseñanza y servirse de la universidad para afirmar la hegemonía pontificia sobre obispos y reyes.

La universidad surgida en las ciudades con carácter local supera rápidamente esta limitación y adquiere amplitud nacional y en algunos casos internacional, al aceptar profesores y alumnos de toda la cristiandad, a cuyo servicio está. Pero al pedir la protección pontificia pierde la orientación laica de los primeros tiempos y se convierte en una corporación eclesiástica en la que no adquieren la importancia que cabía esperar en los primeros momentos las ciencias profanas a excepción de la medicina y del derecho, que son ciencias eminentemente prácticas. Los estatutos otorgados por Roma si de un lado favorecen a la universidad al garantizar sus derechos, del otro la fijan e impiden su progreso, contribuyen a anquilosar una institución surgida de la vitalidad de Occidente en los siglos XII y XIII.

El norte de África

Mientras el Occidente europeo se reorganiza y busca una cierta unidad, el mundo musulmán se desintegra a comienzos del siglo XI, atacado en Oriente por los turcos y en Occidente por los cristianos y por los nómadas beréberes. Ni los fatimíes ni los omeyas controlan el norte de África, que se halla dividido entre las tribus sedentarias de los ziríes y hammudies, que tienen que hacer frente a los constantes ataques de los nómadas zanatas.

Hacia 1041 los ziríes rompen los lazos teóricos que los unían a los fatimíes y aceptan la ortodoxia abasí. Ello provoca una reacción violenta por parte de los fatimíes, que lanzan sobre el norte de África a los hilalíes, grupo de nómadas árabes establecidos en el Alto Egipto, que saquean las ciudades norteafricanas y desorganizan la vida política. La inseguridad del territorio facilita el triunfo de los almorávides, confederación de tribus beréberes dirigida por los sinhaya, islamizados poco antes y lanzados a la conquista de las zonas urbanizadas por el jurista malequí Abd Allah ibn Yasin, quien impuso a los nuevos musulmanes la sumisión estricta al Corán.

Los almorávides se presentan pues ante los hispanomusulmanes como reformadores y rigoristas, por lo que serán bien acogidos por los alfaquíes y por la mayoría de la población islámica sometida a una presión fiscal exorbitante. Restauración de la ortodoxia y supresión de los impuestos no autorizados por el Corán son las banderas almorávides; ello explica, por una parte, las dudas de los reyes de taifas en acudir a estos auxiliares para liberarse de los cristianos y por otra parte, la constante presión de los alfaquíes primero para que se pida su intervención y más tarde para que procedan a unificar la Península expulsando del trono a los reyes que se han alejado de la verdadera fe. La época almorávide es la época dorada de los alfaquíes peninsulares, marcada por la intransigencia hacia los musulmanes tibios y hacia cristianos y judíos, que se ven obligados a emigrar para salvar la vida.

Como reacción frente a esta intransigencia se endurece la postura de los reinos cristianos que aceptarán y pedirán la ayuda de cruzados europeos. Los propios súbditos hispanomusulmanes terminarán por expulsar a los almorávides (1145), que se ven atacados simultáneamente en el norte de África por los almohades, nueva confederación de cincuenta tribus beréberes dirigidas por Muhammad abd al-Mumín de la tribu de los zanata y organizados religiosamente por Ibn Tumart, partidario de las corrientes mutazilíes y opuesto, por tanto, a la rigidez malequí a la que acusa de llevar a una idea materialista de la divinidad al interpretar literalmente el Corán.

Las tribus sojuzgadas del Atlas aceptaron fácilmente estas doctrinas por cuanto se oponían a los almorávides dominadores e iniciaron la guerra santa contra ellos en 1125; llamados por los hispanomusulmanes penetraron en la Península a mediados del siglo y lograron en 1172 unificar los territorios islámicos que permanecerán unidos hasta comienzos del siglo XIII.

Entre el dominio almorávide y la época almohade al-Andalus se fragmenta en multitud de reinos independientes (segundas taifas) e idéntico proceso se da al disgregarse el imperio almohade, lo que facilita las campañas de Fernando III de Castilla y de Jaime I de Aragón. Un último intento africano de controlar la Península se produce en la segunda mitad del siglo XIII, durante el reinado de Alfonso X, por obra de los benimerines, que si no llegaron a dominar la Península tampoco fueron rechazados hasta 1340.

BIBLIOGRAFÍA

Alphandéry, P.: La cristiandad y el concepto de cruzada. — UTEHA (La Evolución de la Humanidad, núms. 57-58). México 1959-1962. — 2 vols.

Atiya, A. S.: Crusade, Commerce and Cultura. — Indiana University Press. — Bloomigton 1962. — 280 págs.

Bautier, Robert-Henri: Les grandes problémes politiques et économiques de la Méditerranée médiévale. — «Revue Historique» (París), CCXXXIV (1965), páginas 1-28.

Bosch Vilá, Jacinto: Historia de Marruecos: los almorávides. — Editora Marroquí. — Tetuán 1956. — 362 págs.

Brokoke, Chrisstipher: Europa en el centro de la Edad Media (962-1154) Editorial Aguilar.— Madrid 1973 — 40 pag.

Cordera, F.: Decadencia y desaparición de los almorávides en España — Zaragoza 1899

Folz, Robert: L'idée d'empire en Occident du V au XIV siécle. — Paris 1953.

Fossier, R.: Histoire social de l’occident medival — Oxford-Clarendon Press. — Oxford 1936. — 3 vol.

Huici, A: Historia política del imperio almohade. — Editorial marroquí. — Tetúan 1956 — 390 pag

Le Goff, Jacques: Mercaderes y banqueros en la Edad Media. — Editorial Universitaria 1965. — 236 pag.

Morghen, R.: Medioevo cristiano. — Editorial Laterza. — Bari 1970 — 388 pags

Pacaut, Marcel: Les structures politiquees de l’Occident medieval. — Armand Colin— Paris 1969. — 410 págs.

Perroy, E.: La vie religieuse au XIII siecle. — Les cours de La Sorbonne. — Paris 1966 — 266 pag.

Petit-Dutaillis, Ch.: La monarquía feudal en Francia e Inglaterra (siglos X al XIII). — UTEHA (Evolución de la humanidad nº 61) — México 1961 — 354 pag

Renouard, Yves: Études d'histoire médiévale. — París 1968.

Romero, J. L.: La revolución burguesa en el mundo feudal. — Editorial Sudamericana. — Buenos Aires 1967. — 560 págs.

Russell, J. C: Late Ancient and Medieval Population. — Transactions of the American Philosophical Society. — Philadelphia 1958 — 152 págs.

Slicher van Bath, B. H.: The Agrarian History of Western Europe, A. D. 500-1850. — London 1963.

Ullman, W.: Principios de gobierno y politica en la Edad Media. — Publicaciones de la Revista de Occidente — Madrid 1971 — 761 pags

2.TAIFAS Y PARIAS

Desaparecido el califato cordobés en 1031 y separados los dominios de Sancho el Mayor cuatro años más tarde, la Península se halla durante el siglo XI dividida en multitud de reinos enfrentados entre sí. En el lado musulmán cada reyezuelo lucha por la supervivencia o para ampliar sus dominios a costa de sus vecinos y correligionarios; por encima de estas guerras locales subsiste el enfrentamiento entre árabes, beréberes y eslavos. En la zona cristiana se combate para rectificar las fronteras; reyes y condes se enfrentan entre sí por el control de al-Andalus.

Divididos y en guerra constante, los musulmanes carecen de fuerza para hacer frente a los ataques de los cristianos quienes, divididos a su vez, no disponen ni de hombres ni de recursos para proceder a una ocupación efectiva del territorio musulmán. Por ello se limitan a realizar campañas de castigo, que proporcionan importantes beneficios económicos en forma de botín o de tributos pagados por los musulmanes para lograr el cese de las hostilidades y la protección cristiana frente a otros musulmanes y contra los demás cristianos interesados en lograr una parte de estas contribuciones o parias.

La división en ambos campos y las guerras continuas que enfrentan a unos y otros indiscriminadamente no afectan por igual a cristianos y musulmanes. La población cristiana no sufre directamente los efectos de la guerra, que se desarrolla casi siempre en zonas fronterizas o en territorio islámico, mientras que los musulmanes se ven afectados por los ataques militares y por el aumento de las contribuciones que los reyes exigen para pagar las parias. En líneas generales puede afirmarse que mientras al-Andalus se debilita económica y militarmente, la Península cristiana sale fortalecida de este enfrentamiento, que se halla en la base de importantes revueltas de carácter social y religioso en al-Andalus.

Desde mediados del siglo, los reyes musulmanes se mueven en un círculo vicioso: incapaces de unirse frente a los cristianos, para evitar sus ataques necesitan pagar la protección; ello se traduce en un aumento de los impuestos y da origen a un fuerte descontento popular, descontento que sólo podrá ser reprimido con la ayuda de tropas cristianas, es decir, con el pago de nuevas parias, que provocan a su vez nuevos levantamientos y que sirven a los cristianos para organizar sus dominios y preparar campañas de conquista.

La amenaza cristiana puede ser combatida con la ayuda de los almorávides, pero ésta no interesa a los reyes que ven en los nuevos auxiliares peligrosos competidores que les superan en fuerza militar y que, en cuanto celosos defensores de la ortodoxia, cuentan con el apoyo de los alfaquíes y de los creyentes para quienes la actuación y el modo de vida de los soberanos de al-Andalus son impropios de un musulmán. Sólo cuando Alfonso VI de Castilla-León ocupe la ciudad de Toledo (1085) y ponga en peligro la supervivencia de los reinos de taifas, se decidirán sus dirigentes a solicitar la intervención almorávide que servirá para contener a los cristianos y que, al mismo tiempo, dará lugar a la reunificación de los dominios musulmanes de la Península y a su conversión en provincia del imperio norteafricano.

Ante el peligro almorávide los cristianos acentúan sus contactos con Europa, ponen fin momentáneamente a sus diferencias e intentan coordinar la actuación militar, pero la amenaza exterior fue incapaz de hacer olvidar las rivalidades existentes entre los distintos Estados y en el interior de cada uno; los enfrentamientos entre cristianos continuaron, el reino castellano-leonés entró en una fase de guerra civil que facilitó la independencia del condado portugués y la unión navarro-aragonesa, lograda de nuevo en 1076, desapareció en 1134. Tres años más tarde, y para evitar la unión con Castilla, Aragón se unía al condado de Barcelona con el que formaría en adelante la entidad política que conocemos con el nombre de Corona de Aragón.

LOS PRIMEROS REINOS DE TAIFAS

La anarquía reinante en al-Andalus desde la muerte de Abd al-Malik (1008) se acentúa al ser nombrado califa un norteafricano, Alí ibn Hammud (1016). Contra él se alían eslavos y árabes, que eligen califa al omeya Abd al-Rahmán IV, pronto abandonado por los jefes eslavos para quienes resulta más interesante la creación de dominios personales que el control de un poder central inexistente.

La defección de los eslavos deja el califato en manos de los beréberes entre los que surgen disensiones que desembocan en el asesinato de Alí (1018) y en el nombramiento como califa de su hermano al-Qasim, contra quien se alzará tres años más tarde Yahya, hijo de Alí, que expulsa de Córdoba a su tío y se proclama califa.

Las rivalidades entre los beréberes permitieron a la nobleza árabe prescindir de norteafricanos y eslavos y elegir un nuevo califa omeya en la persona de Abd al-Rahmán V cuya autoridad quedó prácticamente limitada a Córdoba (1023), donde pudo mantenerse gracias a que ni beréberes ni eslavos se hallaban interesados en controlar esta ciudad, que había perdido toda su importancia durante la guerra civil. La nobleza árabe puede, pues, actuar libremente en Córdoba, deponer al califa en 1024, elegir a Muhammad III, ofrecer el reino al beréber Yahyá ibn Alí que prefirió seguir en Málaga, designar califa a Hisham III en 1027 y asesinarlo en 1031 para convertir a Córdoba en una ciudad-estado dirigida por los notables locales.

A partir de este momento, cada ciudad musulmana se convierte en reino que procura asegurar su independencia frente a los demás aun a costa de solicitar el apoyo cristiano. La vieja rivalidad árabe-beréber resurge complicada ahora con la intervención de los eslavos; a ella se añade la oposición entre las distintas tribus beréberes, entre las diferentes familias árabes y entre los jefes eslavos que luchan entre sí para aumentar la extensión de sus dominios.

Los beréberes controlan las importantes ciudades de Granada, Málaga, Algeciras y centros de menor interés como Carmona, Ronda, Morón y Arcos; los andalusíes (hispanoárabes y beréberes hispanizados) dominan Córdoba y Sevilla (organizadas bajo la dirección de un consejo de notables) y los principados menores de Mértola, Huelva, Silves, Niebla y Santa María del Algarbe en Andalucía; en la frontera superior se han independizado los jefes militares de Zaragoza, Lérida-Tudela, Albarracín y Alpuente; en la zona central los de Toledo y Santaver; en la marca inferior Badajoz se ha constituido en reino; los eslavos dominan Almería, Murcia, Denia, Baleares, Valencia y Tortosa.

El cadí sevillano Abu-l-Qasim Muhammad ibn Abbad intenta afianzar su posición; para ello resucita (1035) la vieja alianza árabe-eslava contra los beréberes a cuyo califa, Yahya ibn Alí, opone un personaje que hace pasar por Hisham II cuya figura, inútil en vida, adquiere especial relieve tras su muerte al difundirse la idea de que no había fallecido y ser presentado entre las masas como el salvador de al-Andalus y como el remedio de todos los males. El «nuevo» Hisham II consigue el apoyo teórico de eslavos y árabes, pero unos y otros se niegan a aceptar la autoridad efectiva de ibn Abbad, cuyos dominios fueron atacados por los beréberes de Málaga-Algeciras.

A la primera época de disgregación siguen diversos intentos de unificar regional o racialmente los dominios musulmanes: Sevilla y Granada en el sur se extienden a costa de los pequeños reinos y terminarán luchando por la supremacía andaluza; Zaragoza y Lérida-Tudela se unirán hacia 1040 y su rey Sulaymán ibn Hud logrará incorporar Toledo, que recuperó la independencia gracias al apoyo militar del castellano Fernando I, de quien al-Mamún de Toledo se declaró tributario en 1043. A mediados del siglo, de hecho sólo subsisten las taifas andalusíes de Sevilla, Córdoba (se uniría a Sevilla en 1070), Toledo, Badajoz y Zaragoza; la beréber de Granada y las eslavas de Valencia y Denia-Baleares.

El medio siglo de inestabilidad política y las continuas guerras entre los distintos reinos facilitaron la intervención de los reyes cristianos que, incapaces de conquistar los dominios musulmanes por no disponer de hombres suficientes para proceder a una ocupación efectiva y a la repoblación del territorio, prefirieron explotar económicamente la superioridad militar alquilando sus servicios a unos taifas contra otros y exigiendo el pago de tributos como garantía de la no intervención armada.

Las exigencias de una economía de guerra, agravadas por el aumento continuo de las parias, termina por arruinar a la población musulmana, que manifiesta su descontento mediante motines contra los reyes o a través de la guerra civil que enfrenta a judíos y musulmanes en Granada. Si los reyes pagan se desprestigian ante los súbditos intransigentes y arruinan a la población; si no pagan se encuentran indefensos ante los ataques de otros taifas. Zaragoza y, posteriormente, el reino valenciano ven favorecida su independencia por el choque de intereses entre castellano-leoneses, navarro-aragoneses y catalanes, que se contrarrestan mutuamente al aspirar todos al cobro de las parias y verse obligados a deshacerse de los competidores.

Esta política de equilibrio entre los reinos cristianos no fue posible en los principados del sur, que se vieron sometidos a la tutela castellana desde mediados del siglo; contra Sulaymán ibn Hud de Zaragoza Fernando I apoyó a al-Mamún de Toledo (1043) al que veinte años más tarde facilitó la anexión del reino valenciano (1064); las diferencias entre granadinos, sevillanos y toledanos fueron utilizadas por Alfonso VI en su exclusivo beneficio: con la ayuda de al-Mutamid de Sevilla derrotó al granadino Abd Allah y le obligó a pagar parias (1074) al tiempo que apoyaba a al-Mamún de Toledo para que arrebatara Córdoba a los sevillanos (1075).

El sucesor de al-Mamún, al-Qadir, se consideró lo suficientemente fuerte en sus dominios de Toledo-Córdoba-Valencia como para prescindir del castellano y expulsó del reino a los partidarios de la colaboración-sumisión a los cristianos; pero éstos provocaron una revuelta en Valencia, que se declaró independiente bajó el mando de Abd al-Aziz, y Toledo, sin el apoyo de Castilla, perdió las tierras cordobesas situadas entre el Tajo y el Guadiana (1077) y vio atacado su territorio por al-Mutawakil de Badajoz.

Ante este peligro, al-Qadir aceptó las exigencias castellanas y con ello se enajenó el apoyo de una gran parte de la población, que ofreció el reino al soberano de Badajoz; incapaz de mantenerse en Toledo, al-Qadir llegó o un acuerdo con Alfonso VI al que ofreció la ciudad a condición de que los ejércitos castellanos le ayudaran a ocupar el reino valenciano (1080). Conocedores de este pacto, algunos toledanos solicitaron la intervención de los reyes de Zaragoza, Sevilla y Badajoz mientras otros, cansados de las continuas guerras y desconfiando de la efectividad del apoyo musulmán, aceptaron entregar la ciudad al castellano siempre que éste simulara tomarla por la fuerza para evitar que los toledanos fueran acusados de traicionar la causa musulmana.

El cerco de la ciudad fue acompañado de expediciones contra los reinos musulmanes cuya ayuda a los sitiados fue ineficaz. En 1085, tras cuatro años de asedio, Toledo se rendía pacíficamente después de que Alfonso diera garantías de respetar las personas y bienes de los musulmanes y de permitirles que siguieran en posesión de la mezquita mayor; por su parte, los toledanos se comprometían a abandonar las fortalezas y el alcázar, es decir, a renunciar a toda actividad bélica.

La ocupación de Toledo por Alfonso VI, las nuevas presiones económicas ejercidas por el castellano, que llegó a nombrar fiscalizadores de las finanzas musulmanas, y la construcción de la fortaleza de Aledo, entre Lorca y Murcia, decidieron a los reyes de Sevilla, Badajoz y Granada a solicitar la intervención de los musulmanes del norte de África, unificados por Yusuf ibn Tashufín, emir de los almorávides. Yusuf y sus aliados derrotaron a Alfonso en Zalaca o Sagrajas (1086), pero su victoria careció de efectividad por falta de acuerdo entre los vencedores.

Las diferencias entre los almorávides y los reyes de taifas desembocaron en un conflicto armado cuando los alfaquíes y la población musulmana solicitaron la intervención de Yusuf contra sus soberanos acusándolos de no cumplir los preceptos coránicos y de cobrar impuestos ilegales. En 1090 Abd Allan de Granada era depuesto y desterrado al norte de África; un año más tarde Yusuf ocupaba Sevilla y en 1094 se apoderaba de Badajoz a pesar de los intentos de Alfonso VI para salvar ambos reinos. Sólo Valencia y Zaragoza pudieron resistir durante algún tiempo a los almorávides; Valencia sería ocupada en 1102 y en este mismo año los almorávides atacaban las posesiones del reino de Zaragoza, que conquistarían en 1110.

LA SUCESIÓN DE SANCHO EL MAYOR

La hegemonía navarra sobre los príncipes cristianos desaparece con Sancho el Mayor. La división de los dominios entre sus hijos y la falta de cohesión entre las tierras incorporadas por Sancho pusieron fin a la obra unificadora emprendida por el monarca navarro. La monarquía pamplonesa queda relegada a un lugar secundario mientras sobresale en Occidente el nuevo reino de Castilla unido al leonés y en Oriente el condado de Barcelona desde el momento en que Ramón Berenguer I consigue imponerse a sus nobles.

El estudio de la documentación navarro-aragonesa ha permitido demostrar que Sancho no dividió el reino entre sus hijos: se limitó a confiar el gobierno de Castilla, Aragón, Sobrarbe-Ribagorza a Fernando, Ramiro y Gonzalo, quienes jurídicamente dependerían del único rey, García de Navarra. Pero si esto fue así no tuvo trascendencia: todos los hijos de Sancho actuaron como reyes independientes y se opusieron a las pretensiones de García, contra el que se sublevó en 1043 Ramiro y en 1054 Fernando.

El primero se apoderó, tras la victoria de Tafalla, de las tierras de Sobrarbe y Ribagorza; el segundo, al derrotar y dar muerte a García en la batalla de Atapuerca, rectificó las fronteras entre Castilla y Navarra y ocupó diversas tierras en Álava, Vizcaya, Santander y Burgos, incorporadas por Sancho a Navarra. El nuevo rey Sancho IV de Navarra (1054-1076) se reconoció vasallo de Fernando I de Castilla.

La avenencia no fue mayor entre castellanos y aragoneses. En este caso no hay problemas fronterizos, pero ambos reinos aspiran a erigirse en protectores únicos del rey musulmán de Zaragoza y se disputan militarmente el cobro de las parias. Protegido por Castilla, el reino zaragozano es atacado por Ramiro I, que halló la muerte en Graus (1063), y el reino pasó a su hijo Sancho Ramírez. En 1065, al morir Fernando I, la primera generación navarra ha desaparecido, pero los problemas fronterizos y de reparto de parias se mantienen. Sancho II de Castilla intenta recuperar los montes de Oca, en manos de Navarra, e inicia una guerra en la que Aragón apoya a los navarros, pese a lo cual Castilla entra en posesión de los montes de Oca, de la Bureba y del castillo de Pancorbo (1067).

El reino de Aragón

La penetración masiva de los cluniacenses en Aragón aumenta la influencia de Roma, que comienza a ser vista como la garantizadora de los derechos, como el poder supremo de Occidente. A Roma se dirigen los monjes y condes catalanes cuando quieren ver legalizadas y protegidas sus adquisiciones; a Roma acudirá Sancho Ramírez de Aragón para legalizar sus derechos al trono discutidos por la ilegitimidad del nacimiento de su padre. Pero no se trata sólo de legitimar una situación personal, sino ante todo de obtener la protección pontificia frente a navarros, urgelitanos y castellanos y para ello nada mejor que utilizar las fórmulas feudales y declararse vasallo de la Santa Sede. Cincuenta años más tarde, Alfonso Enríquez de Portugal recurrirá al mismo sistema para librarse de la tutela castellano-leonesa y afirmar la independencia del antiguo condado transformado en reino.

La atracción ejercida por Roma sobre Aragón no es sólo de tipo espiritual. Los cluniacenses son los agentes de esta intervención que lleva a Sancho Ramírez a suprimir el rito mozárabe, pero ya antes, en 1064, Roma había intervenido de modo directo en Aragón al pedir a la cristiandad que interviniera en la lucha contra los musulmanes peninsulares y al conseguir Alejandro II organizar una expedición contra la plaza fuerte de Barbastro en la frontera con el reino de Lérida.

Con la ayuda pontificia, Sancho Ramírez logró que se reconociera su soberanía sobre esta plaza, conquistada por nobles franceses, italianos y catalanes dirigidos por el gonfalonero del Papa, pero la custodia de Barbastro fue confiada al conde de Urgel, cuya área de expansión se interfería con la aragonesa. Aunque Barbastro fue recuperado por los musulmanes un año más tarde, Sancho Ramírez confiaría en obtener nuevas victorias; para ello le interesaba evitar la competencia de urgelitanos, barceloneses y navarros y contar con la ayuda pontificia en sus diferencias con Castilla. Estos objetivos, así como la legitimación de la dinastía, podían ser conseguidos con la infeudación a Roma.

La competencia por el control de las parias de Zaragoza se inicia con anterioridad al reinado de Sancho Ramírez. En ella intervienen todos cuantos tienen fronteras con la taifa zaragozana: condes de Barcelona, de Cerdaña y de Urgel, reyes de Aragón, de Navarra y de Castilla. Hasta 1065 parece imponerse este último reino, pero las discordias entre los hijos de Fernando I limitaron sus posibilidades y el rey musulmán se vio obligado en 1069 a buscar nuevos protectores entre sus antiguos enemigos: el rey de Navarra y el conde de Urgel se comprometieron, en recuerdo de la campaña de Barbastro, a no apoyar a los francos que pretendieron atacar Zaragoza y a mantener la paz y la seguridad de los caminos a cambio del cobro de parias. El documento por el que se regulan estos acuerdos es un pacto o conveniencia similar a los mencionados al hablar del feudalismo catalán.

Cuatro años más tarde, el peligro militar para Zaragoza y el económico para Navarra y Urgel proviene de Aragón; contra Sancho Ramírez se unirán al-Muqtadir y Sancho Garcés, que firman un nuevo pacto por el que el monarca navarro se compromete a gestionar la retirada pacífica del aragonés de las zonas fronterizas y, en caso de no conseguirlo, a combatir militarmente al lado de Muqtadir contra Sancho Ramírez.

En 1076, al morir asesinado Sancho Garcés, el reino de Navarra se une al de Aragón, unión que es beneficiosa para los barones de uno y otro reino que esperan obtener, actuando unidos, nuevos beneficios en la conquista de tierras y en el cobro de parias cuya cuantía se incrementa desde la unión, así como las tierras ocupadas a los musulmanes. En vida de Sancho Ramírez, navarros y aragoneses conquistan diversas posiciones aprovechando las dificultades del reino de Zaragoza a la muerte de Muqtadir; Aragón se extiende por Monzón, Albalate de Cinca y Zaidín, Almenar y Graus. Sancho inicia los ataques a Huesca, en cuyo asedio murió (1096). La ciudad sería conquistada por Pedro I, quien cuatro años más tarde ocuparía definitivamente la plaza de Barbastro.

La acción reconquistadora de Sancho Ramírez fue completada por sus hijos Pedro I (1096-1104) y Alfonso el Batallador (1104-1134), cuyo gobierno se dedica a repoblar los territorios incorporados, especialmente las ciudades de Huesca, Monzón y Barbastro. La participación de Alfonso en las luchas por la sucesión de Alfonso VI de Castilla interrumpieron la expansión aragonesa, que sólo sería reemprendida en 1117 al desentenderse el rey navarro-aragonés de los asuntos castellanos.

El Batallador, muy influido por las órdenes militares del Temple y del Hospital, proyecta ahora una magna cruzada peninsular que sería el preludio de su marcha como cruzado a Jerusalén. Las metas fijadas eran Zaragoza, Lérida, Tortosa y Valencia. La cruzada contra Zaragoza, en la que participaron gran número de francos dirigidos por Gastón de Bearne, vasallo de Alfonso, fue un éxito total; tras la ciudad, los ejércitos aragoneses ocuparon Tudela, Tarazona y toda la comarca próxima al Moncayo (1119).

Entre 1120 y 1133, Alfonso se apoderó de todas las posesiones zaragozanas situadas en las cuencas del Jalón y del Jiloca, penetró en la serranía de Cuenca, asedió Valencia y llevó a cabo una expedición militar por Andalucía (1125), decidido a hacer honor a su espíritu cruzado que le llevaría a crear órdenes o cofradías militares para defender Belchite y Monreal y a dejar sus reinos a las órdenes militares para que pudieran llevar a cabo su proyecto de liberar de musulmanes a toda la cristiandad peninsular.

Los intentos de Alfonso de ocupar Lérida y Tortosa fracasaron ante la oposición del conde de Barcelona, que no podía tolerar que se le privara de las parías ni que sus tierras fueran rodeadas por los dominios aragoneses y se cerrara la expansión de su condado hacia el sur.

La extraordinaria actividad desplegada por Alfonso el Batallador (Lacarra calcula en 25000 kilómetros cuadrados las conquistas efectuadas entre 1117 y 1122) fue posible gracias a la ayuda de la nobleza del norte de los Pirineos, que colaboró activamente con el rey aragonés; los primeros éxitos militares y las riquezas obtenidas sirvieron de estímulo a los barones del reino que vieron en las campañas un modo de ampliar honores y tenencias y secundaron con entusiasmo los deseos del rey sin participar del espíritu cruzado.

Los avances logrados obligan a establecer en estas comarcas, que reciben el nombre de tierra nueva (del mismo modo que se hablará de la Cataluña Nueva y de Castilla la Nueva), una población que la defienda. Dentro de la región se distinguen dos zonas: la situada entre el Gallego y el Aragón, semidesierta, en la que los escasos centros urbanos siguen en poder musulmán previo el pago de parias; y la comarca situada entre el Gallego y el Cinca, en la que el campo, distribuido entre los barones que han intervenido en las campañas, es controlado desde los castillos y fortalezas, mientras que el monarca se reserva el control de las ciudades, que repuebla con personas ligadas a él por deberes libremente acordados.

Para atraer a estos pobladores el rey aragonés concede numerosos privilegios: los repobladores de Barbastro y Monzón son equiparados a los infanzones y a los de Huesca se les concede la libertad por el simple hecho de acudir a repoblar. Por otra parte, con estos avances, Aragón llega a tierra llana en la que la caballería es el arma más eficaz; los monarcas aragoneses conceden exenciones especiales a los que acuden a la defensa del territorio equipados de caballo y armas; ante necesidades similares a las castellanas del siglo X, se recurre a un sistema parecido: a la creación de una caballería popular cuyos miembros, así como los habitantes de las nuevas ciudades, se sitúan en una posición intermedia entre los barones y los campesinos. La existencia de este nuevo grupo social establece una clara diferencia entre el Aragón primitivo y el nuevo o la tierra nueva.

El cobro de las parias produce abundantes beneficios a la monarquía aragonesa y a ellos han de añadirse los ingresos obtenidos del paso de los peregrinos compostelanos y del establecimiento de un control, de un puesto de aduanas en Jaca y Canfranc donde se cobran derechos de paso a los productos comerciales de al-Andalus destinados a Europa (especias, tintes, monedas de oro, seda y musulmanes cautivos vendidos por los cristianos) y a los artículos europeos que llegan a la Península (pieles, tejidos franceses y flamencos, metales y armas).

Estos ingresos explican la prosperidad alcanzada por Aragón, cuyo rey favorece extraordinariamente el desarrollo de las peregrinaciones y de cualquier forma de intercambio entre su reino y Europa al reparar caminos, construir puentes y albergues y estimular la creación de ciudades que sirvan de etapas a los peregrinos y en las que puedan hallar hospederías, hospitales y la posibilidad de cambiar sus monedas por las utilizadas en la Península.

Sancho Ramírez no se conforma con que sus dominios sean tierra de paso para los peregrinos; aspira a que se establezcan en el reino y dirige y orienta su asentamiento mediante la concesión de fueros especiales a las ciudades del interior que desea repoblar. La más importante es Jaca, donde se establece un importante núcleo de francos en el Burgo Nuevo o de Santiago y donde en adelante radicará la capital del reino y una sede episcopal a la que el rey dota con el diezmo de los ingresos reales provenientes del mercado de Jaca, con la décima parte de los tributos pagados por los musulmanes y con el tercio de las parias de Huesca, Tudela y Zaragoza.

El monarca financia la construcción de la catedral, uno de los más interesantes monumentos del románico peninsular, con el diezmo de los peajes de Jaca y Canfranc cuya importancia, a falta de otros datos, podemos apreciar por el hecho de que bastaron veinticinco años para construir la catedral.

EL CONDADO DE BARCELONA

Los éxitos militares y económicos logrados por el conde de Barcelona a partir de la expedición sobre Córdoba sufren un retroceso a la muerte de Ramón Borrell (1018) que deja sus dominios a su esposa Ermesinda y al hijo de ambos, Berenguer Ramón I (1018-1035), menor de edad. La falta de autoridad del conde se tradujo en la independencia de los nobles, interesados y al mismo tiempo obligados a actuar por cuenta propia ante la incapacidad condal. La desastrosa actuación de Berenguer culminó con la ruptura de la unidad Barcelona-Gerona-Vic mantenida desde la época de Vifredo I.

Ramón Berenguer I, bajo cuya obediencia se encuentra teóricamente su hermano, recibe el condado de Gerona y el de Barcelona compartido con su hermano Sancho, mientras que el hermanastro de ambos, Guillermo, recibe el condado de Ausona (Vic); sobre los tres herederos, menores de edad, actúa la condesa Ermesinda, que mantiene desde 1018 el condominio de todos y cada uno de los condados.

La gran obra de Ramón Berenguer I consistió en reunir de nuevo la herencia paterna, evitando la disgregación que en el mismo año (1035) y por idénticas causas se había producido en los dominios de Sancho el Mayor de Navarra.

La tutela de Ermesinda mantuvo la unión teórica de los condados hasta la mayoría de edad de Ramón Berenguer I, pero no pudo evitar que los magnates actuaran en sus. dominios con entera libertad. Al llegar a su mayoría (1041) Ramón Berenguer I tuvo que hacer frente por un lado a los intentos de independencia del noble Mir Geribert, y por otra parte a las pretensiones de Ermesinda que se negaba a renunciar al gobierno y se apoderó del condado de Gerona. Al mismo tiempo, el conde de Cerdaña intervendría activamente en el condado de Urgel y aspiraba a suplantar a los condes de Barcelona y de Urgel en la protección y en el cobro de las parias de Zaragoza.

Ramón Berenguer I supo maniobrar hábilmente y, con la ayuda del abad Oliba, logró un acuerdo con Ermesinda y con los rebeldes del condado barcelonés (1044). Cinco años más tarde lograba la renuncia de Sancho a sus derechos sobré el condado y emprendía la lucha contra Mir Geribert, señor de Olérdola, descendiente de uno de los jefes de la expedición cordobesa cuyo botín le permitió la compra de numerosas tierras situadas al sur del Llobregat en las que actuó Mir Geribert como verdadero soberano durante la minoría de Ramón y Sancho. Una sentencia dictada por las altas jerarquías eclesiásticas del condado pondría fin en 1052 a los afanes independendistas de Mir Geribert, aunque en la práctica el conde barcelonés se vio obligado a firmar un pacto o convención feudal para poner fin a la rebeldía del señor de Olérdola (1059).

Poco antes de la sumisión de Mir Geribert, Ramón Berenguer I conseguía la renuncia de Guillermo al Condado de Vic (1054) y obtenía de su abuela Ermesinda la venta de sus derechos sobre los condados (1057). Resueltos los problemas internos, el conde barcelonés se hallaba en condiciones de intervenir en los asuntos musulmanes, lo que le permitiría obtener botín y parias y, simultáneamente, mantener ocupados a los nobles y evitar las continuas sublevaciones.

Ramón Berenguer I inició los ataques contra los musulmanes de Lérida y Zaragoza como respuesta a las campañas realizadas por éstos contra el condado de Urgel en 1050; la intervención del conde le permitió cobrar parias de ambos reinos, actuar, años después, como protector del rey leridano frente al de Zaragoza (1058) y ampliar considerablemente las fronteras de los condados de Barcelona y de Urgel.

El dinero de las parias sirvió a Ramón Berenguer I para comprar los derechos de Ermesinda, pagar a sus fieles sin necesidad de enajenar el patrimonio condal, comprar castillos y plazas fuertes cuya custodia interesaba al poder condal, llegar a soluciones de compromiso con la nobleza feudal y asegurar la hegemonía del condado de Barcelona; otra parte importante de las parias sería destinada a la compra de los condados y tierras que Ramón Berenguer I consideraba interesantes para legarlos en herencia a los hijos habidos en su segundo matrimonio.

Estas compras (algunos derechos sobre el condado de Razés y la ciudad de Carcasona) han servido a algunos historiadores para hablar de un imperio occitano-catalán, de la aspiración del conde a crear un gran estado que englobase las tierras situadas al norte y al sur de los Pirineos. Pero recientemente Abadal ha demostrado que el imperio pirenaico es una creación de los historiadores y no del conde, que se limitó a comprar algunos bienes para dotar a sus hijos Ramón Berenguer y Berenguer Ramón, ya que los condados recibidos de su padre pertenecían por derecho a Pedro Ramón, hijo del primer matrimonio del conde barcelonés.

El proyecto de mantener unidos los condados catalanes en manos de Pedro no llegó a realizarse debido al asesinato de la condesa Almodis (1071) por el heredero, que se vio obligado a huir y halló refugio en al-Andalus. Ramón Berenguer I repartió los condados entre sus dos hijos: Ramón Berenguer II (1076-1082) y Berenguer Ramón II (1076-1097) pero sin dividirlos, ya que ambos condes debían actuar mancomunadamente bajo la dirección teórica del primero.

Ramón Berenguer II inició su gobierno con una intervención activa en favor de al-Mutamid de Sevilla en la guerra árabe-beréber, aunque con dudosos resultados militares y económicos, ya que las tropas catalanas no lograron levantar el asedio de Murcia y al-Mutamid pagó los servicios del conde con moneda de baja ley.

En esta primera expedición las tropas catalanas encontraron frente a ellas a las del castellano Alfonso VI; años después (1082) se enfrentarían a las del Cid, protector del reino de Zaragoza atacado por el leridano con la ayuda de Barcelona, y de Navarra-Aragón que aspiraban a controlar las parias de ambos reinos. En este último enfrentamiento fue hecho prisionero el conde Berenguer Ramón II que sólo pudo recobrar la libertad después de pagar un fuerte rescate.

Pese a las disposiciones testamentarias de Ramón Berenguer I y a diversos acuerdos entre los hermanos, no se llegó a una solución satisfactoria en el reparto de los bienes y derechos condales y Berenguer Ramón II hizo asesinar a su hermano en 1082. Frente al conde, acusado abiertamente del asesinato de su hermano, se alza una parte de la nobleza catalana que confía la tutela de Ramón Berenguer III, hijo del conde asesinado, a Guillen Ramón de Cerdaña, quien actuaría en adelante como verdadero conde de Barcelona firmando acuerdos con los nobles y comprometiéndose a dirigirlos hasta haber hecho justicia. Poco más tarde, Berenguer Ramón II llegaba a un acuerdo con sus oponentes (1086) y se hacía nombrar tutor de su sobrino.

La pacificación interior permitió a Berenguer Ramón II intervenir de nuevo en las querellas musulmanas en apoyo del reyezuelo de Tortosa-Lérida contra Valencia, donde Alfonso VI de Castilla había logrado imponer al destronado rey de Toledo. Atacado el rey de Lérida simultáneamente por las tropas castellanas de Valencia y por las musulmanas de Zaragoza dirigidas por el Cid, nada pudieron hacer los aliados del leridano. Valencia siguió en manos de Alfonso VI, que confió su defensa al Cid, contra el que se estrellarían todos los intentos de Berenguer Ramón II, al que los castellanos harían nuevamente prisionero en la batalla de Tevar (1090).

Los fracasos militares de Berenguer Ramón II y la infeudación del condado a la Santa Sede le suscitaron numerosos enemigos que aprovecharon la mayoría de edad de Ramón Berenguer III para obligar al conde a someterse a juicio ante Alfonso VI de Castilla para responder de la acusación del asesinato de su hermano. Considerado culpable, renunció al condado (1097), el cual pasó íntegramente a manos de Ramón Berenguer III (1097-1131), cuya persona ha merecido de los historiadores el sobrenombre de el Grande por la ambición de su política y por los éxitos logrados al norte de los Pirineos, en las tierras musulmanas del oeste y en el sur del condado, donde aseguraría, mediante la repoblación, el dominio de Tarragona. Al mismo tiempo intentaba extender sus dominios hasta Tortosa, Valencia y llegaba a ocupar las Baleares.

La intervención catalana en el sur de Francia fue consecuencia de la compra de Carcasona y del condado de Razés por Ramón Berenguer I. Ambas posesiones se perdieron en 1082 al ser asesinado Ramón Berenguer II; el conde de Barcelona sólo vio reconocidos sus derechos sobre Carcasona en 1107 al producirse una sublevación de los ciudadanos contra su señor Roger. Pero el reconocimiento teórico careció de efectividad ante la falta de ayuda de Ramón Berenguer III, ocupado en la defensa de su territorio contra los almorávides.

Sólo en 1112, al casarse con Dulce de Provenza, se preocupó el conde barcelonés de hacer efectivos sus derechos sobre Carcasona, que serviría de punto de enlace entre Provenza y Barcelona. Bernardo Atón señor de Carcasona, reconoció la soberanía del conde catalán y se declaró su vasallo. Los territorios pirenaicos fueron ampliados con la incorporación de Besalú (1111) y Cerdaña (1118) por muerte sin herederos de sus condes. Ramón Berenguer III entraba, por sus posesiones pirenaicas y provenzales, en conflicto con los condes de Toulouse con los que logró, en 1125, un acuerdo por el que Provenza sería dividida entre Barcelona y Toulouse.

Aunque la penetración almorávide en los reinos de Valencia y Zaragoza fue posterior a la unificación de Andalucía, ya en el año 1102 los norteafricanos ocupaban Valencia, atacaban las posesiones del reino de Zaragoza y en 1107 saqueaban las comarcas catalanas. Frente a estos ataques el conde catalán intensificó la repoblación de la comarca de Tarragona, abandonada por los musulmanes durante las guerras de fines del siglo XI y ocupada por grupos aislados de repobladores cuya presencia permitió restaurar la sede arzobispal de Tarragona (1089-1091), aunque fijando provisionalmente la residencia del metropolitano en el obispado de Vic. Ramón Berenguer III encomendó la repoblación de esta zona al normando Roberto Bordet, uno de los cruzados llegados a la Península en ayuda de Alfonso el Batallador, y nombró arzobispo de Tarragona en 1118 al obispo Olegario de Barcelona.

En 1114-1115 Ramón Berenguer III colaboraba con una flota pisana llegada a Sant Feliu de Guíxols y emprendía la conquista de Mallorca de acuerdo con los señores de Narbona y Montpellier y bajo la dirección del legado pontificio cardenal Bosón, que representaba al Papa por cuanto éste se atribuía la propiedad de Mallorca al igual que la de la Península, como lo demuestra el hecho de que los písanos actuaran en virtud de los derechos cedidos por Gregorio VII en 1085.

La intervención pisana tenía como finalidad poner fin a la piratería de los mallorquines. Para ello no bastaba tomar militarmente la isla sino que era preciso establecer una población permanente; los intentos de conseguir que los catalanes permanecieran en Mallorca fracasaron porque ni éstos se hallaban interesados en otra cosa que en el botín ni disponían de hombres ni de medios para mantener el control de Mallorca. La isla fue pronto ocupada por una flota almorávide. Esta actuación coincidió con un ataque desde Zaragoza sobre las tierras catalanas, cuya defensa era más importante para el conde de Barcelona que la ocupación de Mallorca.

El contacto con los cruzados pisanos hizo concebir a Ramón Berenguer III la posibilidad de utilizar la cruzada contra los musulmanes de Tortosa. Con esta idea, se dirigió a Roma en 1116 y renovó la infeudación del condado a la Santa Sede. De esta manera, además de conseguir el apoyo pontificio para la cruzada, obtenía la protección papal sobre Provenza, cuya posesión le disputaban el emperador alemán y el conde de Toulouse. La cruzada tortosina fue abandonada ante el mayor interés que para los nobles francos y para Roma ofrecían las campañas de Alfonso el Batallador contra Zaragoza. Conquistada esta ciudad en 1119, Alfonso extendió sus ataques a Lérida con lo que entró en conflicto con los catalanes, bajo cuya protección se hallaba el reyezuelo musulmán.

En su testamento, el conde catalán separó Provenza de Barcelona y atribuyó el primer condado a Berenguer Ramón y el segundo al primogénito Ramón Berenguer IV. Poco antes de su muerte, Ramón Berenguer III se hizo familiar de la orden del Temple, decisión que sería seguida por su hijo Ramón Berenguer IV y que sería una de las claves en la solución adoptada en el pleito sucesorio provocado en Aragón por el testamento de Alfonso el Batallador.

LOS REINOS DE CASTILLA Y LEÓN

Castilla, por su situación geográfica, fue el reino más favorecido militar y económicamente por la fragmentación del califato y sería igualmente el más perjudicado por la unificación almorávide. Independiente a la muerte de Sancho el Mayor, Castilla vio disminuir sus dominios por la anexión a Navarra de la Bureba, Valpuesta, Álava y gran parte de Vizcaya y por la ocupación de algunas zonas fronterizas por el rey leonés Vermudo III, cuyos ejércitos fueron vencidos por los castellanos de Fernando I y los navarros de García en Tamarón (1037).

Tras esta victoria se llega a un acuerdo entre ambos monarcas: García recibe las tierras castellanas situadas al norte del Ebro y Fernando I, casado con una hermana del rey leonés, une a sus dominios las tierras leonesas, aunque para ello fuera preciso vencer la oposición de los nobles, tarea que absorbe los diez primeros años del reinado de Fernando; durante este tiempo Fernando I reprime los desmanes nobiliarios, procura eliminar a la alta nobleza de los puestos de gobierno, intenta que desaparezca el carácter hereditario de los cargos y reorganiza la vida del clero a través del concilio de Coyanza (1055).

Las relaciones con Navarra, tirantes por la ocupación de tierras castellanas en 1035 y 1037, se agravan en 1052 al crear García el obispado de Nájera e incluir en él las zonas arrebatadas a Castilla, lo que equivalía a perpetuar la ocupación; Fernando I conseguiría vencer a García en Atapuerca (1054) y recuperar parte de las tierras castellanas.

Liberado de los problemas internos y fronterizos o quizás para librarse de ellos, Fernando I inicia a partir de 1055 el ataque a los dominios musulmanes de la zona portuguesa en la que ocupa Viseo, Lamego y numerosos castillos: Tarouca, San Martinho de Mouros, Penhalva, Travanca... Estas expediciones militares tienen como misión apoderarse de las plazas fuertes para desde ellas presionar a los divididos musulmanes y exigir el pago de parias. El momento elegido para atacar las tierras del rey de Badajoz coincide con las campañas de al-Mutamid de Sevilla contra el mismo rey, que se vio obligado a aceptar las exigencias castellano-leonesas.

Los ataques de al-Muqtadir de Zaragoza contra Tortosa (que fue ocupada por él en 1059) facilitaron la ocupación por el castellano de las fortalezas de Berlanga y Gormaz desde las que, a pesar de la resistencia ofrecida por Sancho Garcés de Navarra, impuso a al-Muqtadir el pago de parias; poco después las tropas castellanas conseguirían la sumisión de toledanos y sevillanos. En los últimos años de su reinado, Fernando I tuvo que defender las parias de Zaragoza contra Ramiro de Aragón, al que venció y dio muerte en Graus (1063), intentó someter a su tutela al rey de Valencia y conquistó Coimbra (1064).

A su muerte en 1065, Fernando I dividió el reino entre sus hijos Sancho II (Castilla), Alfonso VI (León) y García (Galicia), a cada uno de los cuales asignó una participación en las parias pagadas por Zaragoza, Toledo, Badajoz y Sevilla, lo que prueba que estas parias habían pasado a ser ingresos normales de la monarquía castellana. La división del reino, al igual que en el caso de Sancho el Mayor, obedecía no sólo al deseo de favorecer a todos sus hijos, sino también al reconocimiento de una realidad: las diferencias existentes entre Castilla, León y Galicia.

Descontento con este reparto, Sancho II procuró desde los primeros momentos reconstruir las fronteras del antiguo condado castellano y unificar de nuevo los dominios paternos. En lucha con Sancho Ramírez y Sancho Garcés, recuperó (1067) las tierras castellanas incluidas por Sancho el Mayor en el reino de Navarra; un año más tarde derrotaba a su hermano Alfonso en Llantada, aunque no por ello logró anexionar el reino leonés. Ambos hermanos; reconciliados, dirigieron sus armas contra el reino de Galicia y García se refugió en Sevilla, cuyo rey, a través del contrato de parias, era feudatario del monarca gallego. En 1072 Alfonso seguía la suerte de García: vencido en Golpejera se retiraba al reino de Toledo.

La unificación del reino castellano-leonés consumió los cinco años del reinado de Sancho II, asesinado en 1072 cuando pretendía ocupar Zamora donde su hermana Urraca se negaba a reconocerlo como rey de León. El esfuerzo de Sancho II serviría para que Alfonso VI encontrara unidos los dominios castellano-leoneses y pudiera intervenir en los asuntos musulmanes apoyando a unos reyes contra otros y recurriendo a la guerra cuando alguno se negara a reconocerlo como soberano y rehusara o defendiera el pago de las parias.

En las relaciones con los musulmanes destacó pronto Rodrigo Díaz, el Cid Campeador, cuya fama ha superado a la del propio rey. Su historia, tergiversada continuamente por sus panegiristas y detractores, es la historia de un modesto infanzón de Castilla que logra elevarse por su valor y habilidad militar y por la política antinobiliaria de Fernando I y de Sancho II a los puestos más importantes de Castilla, donde halló la oposición de la alta nobleza castellana y leonesa encumbrada tras la subida al trono de Alfonso VI en 1072.

Relegado a puestos de menor importancia durante nueve años, sería finalmente expulsado del reino y se vería obligado a ganar su vida y la de los hombres que dependían de él mediante el alquiler de sus armas a cualquiera que estuviera dispuesto a aceptarlo, fuera cristiano o musulmán, pues entre unos y otros apenas hay diferencias según ha podido comprobar el propio Rodrigo que ha intervenido al lado de los reyes de Castilla en la batalla que costó la vida a Sancho Ramírez de Aragón y en los encuentros entre Sancho II y su hermano Alfonso.

Al servicio de este último participó en las campañas contra los musulmanes de Toledo, Sevilla y Badajoz y apoyó a unos contra otros y contra los cristianos que intentaban obstaculizar el cobro de las parias. Rodrigo es, en suma, un hombre de su época y si en algo se diferencia de sus contemporáneos lo debe a su habilidad como jefe militar. Por ello, cuando Alfonso VI a instigación del conde de Nájera expulsa a Rodrigo, éste ofrece sus servicios militares al rey de Zaragoza, quien lo acepta con la esperanza de librarse de la tutela molesta y onerosa de los reyes de Castilla, Navarra-Aragón y de los condes de Urgel y de Barcelona.

En todo caso, siempre sería preferible para el zaragozano tener dentro de su reino alguien capaz de defenderlo que depender de príncipes cristianos que se hacen pagar caros sus servicios, que exigen el reconocimiento de su autoridad y que no dudan en retrasar la ayuda militar debida ni en atacar a su protegido para incrementar la cuantía de los tributos aprovechando los momentos de dificultad: un mercenario es un mal menor. Muerto al-Muqtadir y enfrentados sus hijos al-Mútamín (Zaragoza) y al-Hachib (Lérida, Tortosa y Denia), el Cid permanece al lado del zaragozano y combate a los auxiliares y protectores cristianos de al-Hachib: al conde de Barcelona y al rey de Aragón-Navarra (1082).

El cerco de Toledo por Alfonso VI provocó una acción simultánea de los reyes de Zaragoza, Badajoz y Sevilla que intentaron distraer las fuerzas sitiadoras mediante ataques a las fronteras de Castilla y obligaron a Alfonso VI a intervenir militarmente contra Zaragoza; al parecer, Rodrigo no combatió en esta ocasión contra el rey, lo cual no fue obstáculo para que al-Mutamín le renovara su confianza y lo mantuviera a su lado hasta el momento de su muerte en 1085.

La muerte de Abd al-Aziz, rey de Valencia, convirtió a este reino en el centro estratégico de la Península. Alfonso VI aspiraba a imponer como rey al depuesto al-Qadir de Toledo contra los intereses de los reyes musulmanes de Lérida y de Zaragoza, apoyados respectivamente por el conde de Barcelona y por el Cid y en desacuerdo entre ellos. La necesidad de hacer frente al conde barcelonés provoca una alianza indirecta entre Zaragoza y Castilla y una aproximación entre Alfonso VI y el Cid, que será admitido en el reino cuando la victoria almorávide de Sagrajas (1086) obligue a unir las fuerzas castellanas.

El Cid, ahora en nombre de Alfonso VI, se traslada a Valencia para defender al rey vasallo de Castilla. Es probable que sus victorias contra al-Mustain de Zaragoza —aliado ahora a Berenguer Ramón II— le hicieran olvidar sus deberes hacia su señor; cuando éste requirió los servicios del Cid contra los almorávides, la ayuda de Rodrigo llegó con retraso. El Cid fue nuevamente expulsado de Castilla y ofreció sus servicios, a título personal, a al-Qadir de Valencia. Cuando éste fue asesinado en 1092 por los musulmanes partidarios de los almorávides, Rodrigo Díaz ocupó militarmente la ciudad y actuó en ella con plenos poderes hasta su muerte en 1099, después de haber logrado establecer una alianza con el conde de Barcelona y con el rey castellano para hacer frente al peligro almorávide. Alfonso VI intentó mantenerse en Valencia tras la muerte de Rodrigo, pero tuvo que abandonar la ciudad después de incendiarla (1102).

El contraste entre los éxitos militares del Cid y los fracasos de Alfonso VI ante los almorávides llamaría la atención de los contemporáneos, especialmente de los castellanos, que habían visto su reino incorporado al leonés y los puestos más importantes confiados a los nobles que acompañaban a Alfonso VI en Llantada y Golpejera y en el destierro toledano; el enfrentamiento entre Rodrigo Díaz y el conde García Ordóñez de Nájera es el símbolo de la oposición entre la pequeña y la gran nobleza, pero también de las diferencias entre castellanos y leoneses, diferencias que aumentarían a la muerte de Alfonso VI cuando los castellanos intentan, sin éxito, controlar el reino mediante el matrimonio del conde Gómez con la heredera del reino, Urraca.

Los años de anarquía que siguieron a la muerte de Alfonso serian propicios para difundir, recreándolas, las hazañas de Rodrigo, que han llegado hasta nosotros en el Poema de Mío Cid. Cincuenta años más tarde, cuando Castilla y León se hallen separados y en guerra, surgirá la leyenda de los Jueces de Castilla que enlaza, curiosamente, con la narración cidiana al hacer a uno de los jueces, Laín Calvo, antecesor de Rodrigo Díaz. Una y otra narración tienen un punto en común: son el reflejo literario de las diferencias entre Castilla y León.

Aproximación a Europa de castellanos y leoneses

Elegido Papa en 1073, Gregorio VII se apresuró a recordar a los hispanos que la Península formaba parte de la donación hecha por Constantino al pontífice e intentó que Castilla-León y Navarra siguieran los pasos del rey aragonés y adoptaran el rito romano. La medida encontró una fuerte resistencia en el clero local, que logró enfrentar al cardenal Ricardo, legado pontificio, y al monje Roberto, enviado por el abad de Cluny y designado por Alfonso VI para dirigir el monasterio de Sahagún, uno de los más importantes del reino debido a su situación en el Camino de Santiago.

El nombramiento indispuso al nuevo abad con sus monjes, que abandonaron el monasterio y crearon un estado de opinión contrario a Roberto y al rito romano por él defendido. Ante las dificultades que presentaba su misión y más deseoso de congraciarse con el rey y con los eclesiásticos castellanos que con el abad de Cluny y con el pontífice, Roberto se convirtió en el propagador más activo de la liturgia mozárabe, la cual sólo pudo ser suprimida cuando Alfonso VI, amenazado con la excomunión, se vio obligado a reunir en Burgos un concilio (1080) que, bajo la presidencia del cardenal Ricardo, acordó la adopción de la liturgia romana y puso al frente del monasterio de Sahagún al cluniacense Bernardo, que sería, en 1086, el primer arzobispo de la restaurada sede toledana.

La influencia cluniacense se extiende desde Sahagún a otros monasterios y alcanza a la jerarquía eclesiástica cuando Bernardo es nombrado arzobispo de Toledo, cargo con el que Alfonso VI comenzó a especular en 1080 desde el momento en que llegó a un acuerdo con al-Qadir para la rendición de la ciudad; Alfonso ofreció la sede toledana a García, obispo de Jaca, que abandonó la causa de su hermano Sancho Ramírez de Aragón y se unió al castellano.

Pero la sede era demasiado importante para que Gregorio VII aceptara el nombramiento de García, cuyo modo de vida no coincidía con la idea que sobre la misión de un arzobispo tenía el pontífice. El arzobispo es el encargado de confirmar las elecciones de los obispos sufragáneos y de convocar y presidir los sínodos provinciales, por lo que su nombramiento debe recaer en una persona que goce de la confianza del pontífice o de su delegado; García no reúne estas condiciones, por lo que el Papa prohíbe a Alfonso nombrarlo y le exige que busque una persona más apropiada, haciéndola venir de fuera del reino si en él no se hallara nadie capacitado para desempeñar el cargo.

La presión pontificia, unida a la influencia ejercida sobre el rey por los cluniacenses y por los contingentes militares francos llegados en ayuda del monarca, hicieron que el nombramiento recayera finalmente sobre el abad de Sahagún, al que Alfonso VI concedió el poder judicial sobre todos los clérigos del reino y al que apoyó ante el pontificado para que se le concediera el primado de toda la Península, con lo que el rey castellano se atribuía, indirectamente, un derecho de intervención en los demás reinos y condados.

Desde la sede toledana, Bernardo favoreció el nombramiento de clérigos francos o formados por ellos para las sedes más importantes del reino y lo consiguió hasta el punto de que, a comienzos del siglo XII, los eclesiásticos francos o francófilos formaban un poderoso grupo político que tendría una participación decisiva en las luchas que siguieron a la muerte de Alfonso VI.

La penetración de los francos en la Península no se limita a los eclesiásticos; junto a ellos encontramos a numerosos artesanos y mercaderes establecidos en las ciudades que jalonan el Camino de Santiago y a grupos militares que acuden atraídos por la posibilidad de enriquecerse, por el afán de aventuras y quizás también por el deseo religioso de combatir a los musulmanes. Clérigos, burgueses y nobles iniciarán entre Europa y Castilla-León contactos que perduran a lo largo de toda la Edad Media; la influencia franca es mucho mayor, o llama más la atención, en los reinos occidentales, que habían permanecido alejados de Europa en los siglos anteriores, que en los condados orientales donde los contactos Península-Europa tendrán un sentido opuesto: serán los catalanes quienes penetren en el sur de Francia y ejerzan una influencia política hasta comienzos del siglo XIII y económica hasta el XV.

Ante la unificación de al-Andalus por los almorávides, Alfonso VI solicitó el auxilio de Europa, de donde acudieron numerosos contingentes militares que hallarían una favorable acogida en el reino, donde pronto ocuparían puestos de importancia y procederían a la repoblación de numerosos territorios, especialmente Raimundo de Borgoña y Enrique de Lorena, casados con dos hijas de Alfonso VI y encargados por éste de repoblar las comarcas zamorano-salmantinas y gallegas y de regir Galicia y el condado portugués con plenos derechos feudales.

La unificación almorávide no fue sólo un hecho importante en la historia política castellano-leonesa; fue también el punto de partida de una nueva organización fiscal exigida por el paso a una economía de guerra, cuyos comienzos coinciden con el fin de las parias y del botín, es decir, con el agotamiento de dos importantes fuentes de ingresos de la monarquía. Para atender a sus necesidades Alfonso VI se vio obligado a recurrir a un sistema extraordinario, a solicitar de los súbditos la concesión de ayudas no reintegrables y de préstamos.

Las primeras reciben el nombre de petitum o servicio y se solicitan con carácter extraordinario para combatir a los almorávides. El sistema dio tan buen resultado que fue ampliamente utilizado por Alfonso VII en el siglo siguiente. De hecho, el petitum o servicio se encuentra en la base de la organización fiscal de Castilla, cuyas Cortes durante mucho tiempo no tendrían otra misión que la de conceder estos servicios convertidos ya en normales.

De gran trascendencia económica y social fue igualmente la solicitud de préstamos a los particulares, que se hicieron pagar con creces la ayuda y obtuvieron del monarca amplios privilegios de inmunidad y concesiones económicas que suponían una clara disminución del poder real, como la concesión hecha al obispo de Santiago de Compostela del privilegio de acuñar moneda.

Quizás procedan de estos años las primeras acuñaciones de plata por los reyes de Castilla, que se verían obligados a ello por la desaparición de la moneda procedente de las parias, de igual modo que en el año 1172, al unificar los almohades los dominios musulmanes y poner fin a las segundas taifas, castellanos y leoneses tuvieron que acuñar sus propias monedas de oro.

La sucesión de Alfonso VI

Los veinte últimos años del remado de Alfonso VI fueron una continua sucesión de fracasos ante los almorávides, fracasos que se agravaron con la muerte del único hijo varón del rey castellano-leonés. Su hija Urraca podía legalmente gobernar, pero la situación militar exigía que a su lado se hallara una persona capaz de hacer frente a los almorávides y que, en principio, pudiera tener el apoyo de castellanos y leoneses. Las tensiones entre Castilla y León y la falta de un caudillo militar prestigioso no permitieron elegir dentro del reino, por lo que Alfonso VI se inclinó por su homónimo Alfonso el Batallador de Aragón y apoyó su matrimonio con Urraca, viuda de Raimundo de Borgoña.

Con este matrimonio se inicia un período turbulento de la historia de Castilla, que se saldará políticamente con la desmembración del condado portugués, eclesiásticamente con el ascenso e independencia de los obispos de Santiago y socialmente con un recrudecimiento de la situación de los campesinos en las zonas del norte, donde proliferan los señoríos, y con la elevación social de los habitantes de los municipios del sur, que conquistan su libertad al verse obligados a hacer frente con sólo sus medios a los almorávides mientras la monarquía y la nobleza consumen sus fuerzas en luchas internas.

El matrimonio de Alfonso y Urraca («las malditas y descomulgadas Bodas» lo llamarán los cronistas) choca con los intereses del partido de clérigos afrancesados, que apoyan al hijo de Raimundo de Borgoña y molesta a los castellanos que confiaban en recuperar la dirección del reino mediante el matrimonio del conde Gómez con Urraca. Ni siquiera cumple la finalidad militar que lo había originado, ya que hasta 1126 el reino se convirtió en campo de batalla de los partidarios de Alfonso Raimúndez contra los seguidores de Urraca y del Batallador y de los fieles de Alfonso contra los del rey aragonés y contra los de Urraca cuando el matrimonio se disuelve por presión eclesiástica e incompatibilidad manifiesta entre los esposos.

Los condes de Portugal apoyan alternativamente a uno u otro de los grupos en lucha según su conveniencia. Los burgueses establecidos a lo largo del Camino de Santiago se sirven de la discordia civil para liberarse de la tutela y de las continuas limitaciones que les imponen los señores eclesiásticos.

Al morir Alfonso VI (1109), Urraca, de acuerdo con los castellanos, se proclama heredera haciendo caso omiso de su matrimonio con el Batallador, pero la presión almorávide sirvió para aproximar a los esposos que hicieron mutua cesión de sus reinos y fijaron las normas de gobierno y de sucesión en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges. En Aragón-Navarra, a la muerte de Alfonso, reinaría Urraca con el posible hijo del matrimonio; si no hubiera hijos, Urraca podría disponer libremente del reino. En Castilla-León reinaría Alfonso, en el caso de que muriera Urraca, con el posible hijo del matrimonio; sólo en el caso de que no tuvieran hijos se tendrían en cuenta los derechos de Alfonso Raimúndez, al que correspondería la sucesión del Batallador en el reino castellano-leonés mientras que en Aragón y Navarra serían los familiares del monarca los herederos.

Las reacciones ante el acuerdo y el matrimonio escapan a todo intento de clasificación; generalmente se acepta que los clérigos de origen o influidos por los cluniacenses francos se opusieron abiertamente al matrimonio y solicitaron de Roma la anulación; pero la postura de los clérigos se hizo difícil cuando surgieron las desavenencias matrimoniales y fue preciso elegir entre el Batallador, Urraca y Alfonso Raimúndez, especialmente si tenemos en cuenta que Urraca y su hijo tan pronto aparecían unidos contra el rey aragonés como enfrentados entre sí.

La nobleza gallega aparece dividida entre los partidarios de Pedro Froilaz, conde de Traba, ayo de Alfonso Raimúndez y enemigo del matrimonio por cuanto suponía la pérdida de su influencia sobre el futuro rey, y los enemigos del conde que apoyan á Alfonso y Urraca para reducir la importancia adquirida por Pedro Froilaz. En muchos casos la postura adoptada está en función de los acontecimientos y sería preciso trazar un cuadro, día por día, de los sistemas de alianza para comprender la evolución del conflicto.

Resumiendo brevemente podemos distinguir tres fases: en la primera (1109-1110) el matrimonio unido se enfrenta al conde de Traba y saquea sus tierras. En la segunda (1111-1114) los eclesiásticos consiguen la anulación canónica del matrimonio y Urraca oscila entre la unión al Batallador, la alianza con los partidarios de su hijo y la oposición a ambos, sin que en ningún momento su postura aparezca claramente definida; otro tanto puede decirse en este período de Enrique de Portugal, siempre aliado al que ofrece mejores condiciones o parece tener más posibilidades de alcanzar la victoria. Esta fase termina con la separación canónica del matrimonio y con el alejamiento del Batallador que, en adelante, dedicará sus energías a la lucha contra los musulmanes, lo que no le impedirá mantener bajo su control extensas zonas de Castilla. Durante esta fase de la lucha, el monarca aragonés se ha apoyado en la pequeña nobleza castellana y, contra los clérigos, en las poblaciones burguesas residentes en los señoríos eclesiásticos.

La tercera fase del pleito sucesorio se desarrolla entre los partidarios de Urraca y los de su hijo Alfonso que se disputan el dominio de Galicia y más concretamente el de Santiago de Compostela, donde el obispo Gelmírez mantiene una posición ambigua hasta que el levantamiento de los burgueses (1116) le obliga a aceptar la autoridad de Urraca y a buscar el apoyo del conde de Traba con el que la reina llega a un acuerdo por el cual Urraca gobernaría en León y Alfonso en Galicia y en Toledo (1117). Tres años más tarde, Urraca aliada a Gelmírez, se apoderó de Galicia y mantuvo su dominio sobre el reino hasta su muerte en 1126.

Un año después de la muerte de Urraca, Alfonso Raimúndez llegaba a un acuerdo con el rey aragonés (paces de Támara de 1127) por el que Castilla volvía a las fronteras fijadas por Sancho el Mayor, es decir, renunciaba a las zonas conquistadas por Sancho II y por Alfonso VI a cambio de la devolución de las tierras castellanas retenidas por el monarca aragonés desde la época de su matrimonio con Urraca.

En la zona occidental del reino, Alfonso VII lograba de Teresa de Portugal (la hija de Alfonso VI casada con Enrique de Lorena) el reconocimiento de su autoridad, pero poco más tarde Teresa era expulsada por su hijo Alfonso Enríquez (1128), que sería el primer rey portugués. Sólo después de haber pacificado el reino y de haber resuelto los problemas fronterizos pudo el monarca castellano, tras casi cuarenta años de inactividad, reemprender las campañas contra los almorávides aliándose a los hispano-musulmanes sublevados, lo que le permitiría reinstaurar el sistema de parias y realizar algunas campañas en búsqueda de botín.

La guerra civil y las sublevaciones burguesas contra el poder feudal

La oposición de la incipiente burguesía castellana a la nobleza feudal-eclesiástica que controlaba las ciudades en las que residían mercaderes y artesanos, halló en la guerra civil una oportunidad de manifestarse abiertamente y de intentar suprimir los señoríos que coartaban la libertad de los ciudadanos; estos movimientos de rebeldía se producen prácticamente en todas las ciudades castellanas, leonesas y gallegas del Camino de Santiago, son anteriores a la guerra civil y sobreviven a ella, pero sus principales manifestaciones se producen durante la guerra y en Sahagún (1110-1115) y Santiago (1116-1117).

Sahagún es un señorío en el que los abades tienen los privilegios feudales: los vecinos de Sahagún (artesanos y mercaderes) y los del territorio (campesinos) deben un censo anual, están sujetos al monopolio del horno y nadie puede vender vino ni comprar paños o pescado antes de que lo hayan hecho los monjes. La primera sublevación contra estas condiciones se produce en 1087, pero se trata más bien de un motín callejero para protestar contra la construcción de unas casas por el abad en terrenos que el concejo considera comunales.

Nueve años más tarde, los vecinos de Sahagún lograron suprimir el monopolio del horno y transformarlo en un censo anual; a la muerte de Alfonso VI consiguieron la supresión del impuesto feudal de la mañería. Pero el gran ataque contra el poder del abad se producirá entre 1110 y 1115, cuando los burgueses anulen los fueros de Sahagún y se concedan leyes nuevas entre las que figura la importante cláusula de que ni el rey ni la reina entrasen en la villa hasta que jurasen guardar las costumbres que habían escrito y ordenado. No sólo niegan la autoridad abacial sino que aspiran a regirse de modo autónomo.

La vinculación del abad a los grupos eclesiásticos que consiguieron anular el matrimonio de Alfonso y Urraca radicalizó las posturas: los burgueses rebeldes se unieron en hermandad y destruyeron las fincas y bienes de los pocos que habían permanecido fieles al abad, cuyo debilitado poder fue reducido aún más por el nombramiento de un adelantado, de un representante de Alfonso el Batallador, que puso fin a la inmunidad del señorío monástico en 1111; al año siguiente el abad fue expulsado de Sahagún y en su lugar se nombró a Ramiro, hermano del rey aragonés.

La renuncia del navarro en 1114 modificó notablemente la situación: faltos de un apoyo exterior, una parte de los burgueses —los más ricos e influyentes— buscaron un acuerdo con la reina y con el abad mientras que los demás se opusieron a toda transacción y entregaron la villa al adelantado navarro Guillermo Falcón. Pero la unidad se había roto entre los sublevados que, por otra parte, perdieron el apoyo de los campesinos; éstos unidos a los burgueses en los primeros momentos, apoyaron a Urraca y bloquearon la ciudad impidiendo su avituallamiento, con lo que los burgueses se vieron obligados a rendirse sin lograr sus objetivos.

Tras la guerra, la oposición entre burgueses y abades se mantuvo y los monarcas tendrían que intervenir en múltiples ocasiones para poner fin a los tumultos que sólo finalizarían cuando Alfonso X diera, en 1255, un nuevo fuero favorable a los vecinos de Sahagún.

En Santiago de Compostela la situación era diferente: allí existía un grupo burgués, económica y socialmente diferenciado del resto de los ciudadanos, que aspiraba —con la ayuda de ciertos canónigos— a sustituir al obispo al frente de la ciudad. Lo que se pretendía era pasar del poder personal de Diego Gelmírez y de sus colaboradores al poder eje los canónigos opuestos al obispo y de los burgueses que los apoyaban. Más que de sublevación comunal cabría hablar de lucha por el poder entre grupos privilegiados. La masa de los habitantes de Santiago sólo actuó de comparsa en determinados momentos al lado de los burgueses enriquecidos.

Desde su nombramiento como obispo en 1100 Gelmírez se preocupó de organizar y facilitar las peregrinaciones a Santiago mediante la urbanización de la ciudad, el arreglo de caminos y puertos, la construcción de naves para combatir a los piratas, la reglamentación de mercados y tiendas, la fijación de peajes y precios y la organización de la estancia y regreso de los peregrinos; para conseguir esta finalidad económico-religiosa reorganizó el cabildo compostelano y fijó las obligaciones de cada uno de los setenta y dos canónigos nombrados.

Algunos, descontentos por la reestructuración del cabildo y por la forma de distribuir ingresos económicos y cargos de gobierno, se opusieron al obispo y especialmente a sus familiares (a su hermano Gundesindo, encargado de la administración y finanzas de Compostela, y a su sobrino Pedro, puesto al frente de los canónigos). Pero el descontento fue acallado por la necesidad de hacer frente al peligro común y de apoyar a Alfonso Raimúndez contra Alfonso-Urraca; sólo cuando el Batallador abandone la lucha se producirán los primeros enfrentamientos en los que los descontentos hallarán el apoyo de una parte considerable de los burgueses.

Intrigante y hábil diplomático, Gelmírez osciló entre el apoyo a los partidarios de Urraca y la adhesión a Alfonso Raimúndez. De unos y otro obtuvo importantes privilegios que aumentaban su autoridad y, consiguientemente, la dependencia de los mercaderes interesados en controlar Santiago en su exclusivo beneficio, para lo que necesitaban reducir o anular la autonomía del obispo, contra el que se sublevaron burgueses y canónigos en 1116.

Ambas facciones intentaron atraer a su bando a la reina Urraca, a la que no dudaron en abandonar cuando así les convino. En la pugna por el poder se recurrió a todos los medios sin reparar en su licitud: los rebeldes no dudaron en amotinar al pueblo contra la reina y contra el obispo cuando éste intentó romper el derecho de asilo eclesiástico para apoderarse de los jefes de la sublevación. Durante más de un año los burgueses controlaron la ciudad, nombraron a los funcionarios que habrían de dirigirla y «renovaron las leyes y costumbres». Una vez más Gelmírez supo maniobrar hábilmente y lograr la unión de los ejércitos de Urraca y de Alfonso ante los que los sublevados tuvieron que rendirse.

Tanto en los dos casos citados como en otros la revuelta sigue un esquema similar al de los movimientos europeos; el objetivo es poner fin al poder señorial de abades y obispos y para conseguirlo se aprovechan los momentos de dificultad política, lo que a veces enmascara los objetivos. Cuando llegan al poder, los burgueses se dan nuevas leyes o las obtienen del rey, que se ve obligado a reconocer la situación de hecho. Todos los movimientos burgueses de Castilla-León fueron derrotados, pero el concejo o asamblea de vecinos se mantuvo y pudo proseguir la lucha para arrancar los privilegios señoriales.

BIBLIOGRAFÍA

Abadal i de Vinyals, Ramón: A propos de la «domination» de la maison comtale de Barcelone sur le Midi francais — «Annales du Midi» (Toulouse), LXXVI (1964), págs. 315-345. (Publicado también, en versión catalana, en «Dels visigots als catalans» II, Edicions 62, Barcelona 1970, págs. 281-309.)

Biggs: Diego Gelmírez, First Archbishop of Compostela. — Washington 1949.

Bosch Vilá, Jacinto: Historia de Marruecos: los almorávides. — Editora Marroquí. — Tetuán 1956. — 362 págs.

Codera, F.: Decadencia y desaparición de los almorávides en España. — Zaragoza 1899.

Corona, Carlos E.: Las tenencias en Aragón desde 1035 a 1134. — «Estudios de Edad Media en la Corona de Aragón» (Zaragoza), II (1946), págs 370-396

Defourneaux, M.: Les franeáis en Espagne au XI' et XII' siécles — PUF — París 1951. — 333 págs.

Duran Gudiol, A.: La Iglesia en Aragón durante el siglo XI. — «Estudios de Edad Media en la Corona de Aragón» (Zaragoza), IV (1951), págs. 7-68.

Duran Gudiol, A.: La Iglesia de Aragón durante los reinados de Sancho Ramírez y Pedro I — Publicaciones del Instituto Español de Estudios Eclesiásticos. — Roma 1962. — 223 págs.

García Gallo, Alfonso: El concilio de Coyanza. Contribución al estudio del derecho canónico español en la alta Edad Media. — «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XX (1950), págs. 275-633.

García de Valdeavellano, Luis: Orígenes de la burguesía en la España medieval. — Editorial Espasa-Calpe. — Madrid 1970. — 220 págs.

Gautier-Dalché, J.: Les mouvements urbains dans le Nord-Ouest de l'Espagne au XI siécle. Influences étrangeres ou phenoménes originaux? — Cuadernos de Historia. Anexos de la revista Hispania» (Madrid), II (1968), págs. 51-64.

Grassotti, Hilda: Para la historia del botín y de las parias en León y Castilla. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), núms. 39-40 (1964), páginas 43-132.

Grassotti, Hilda: La ira regia en León y Castilla. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), núms. 41-42 (1965), págs. 5-135.

Huici, A.: La invasión de los almorávides y la batalla de Zalaca. — «Hespéris» (Rabat-Paris), XL (1953), págs. 17-76.

Huici, A.: Colección de crónicas árabes de la Reconquista. — Instituto General Franco. — Tetuán 1953-1954. — 3 vols., 240, 339 y 369 págs.

Huici, A.: Las grandes batallas de la Reconquista durante las invasiones africanas (almorávides, almohades y benimerines). — Instituto de Estudios Africanos. — Madrid 1956. — 392 págs.

Huici, A.: Los banu Hud de Zaragoza. Alfonso el Batallador y los almorávides (nuevas aportaciones). — «Estudios de Edad Media en la Corona de Aragón» (Zaragoza), VII (1962), págs. 7-38.

Kehr, P.: El papat i el Principat de Catalunya fins a la unió amb Aragó. — «Estudis Universitaris Catalans» (Barcelona), XII (1927), págs. 321-375; XIII (1928), págs. 1-12; XIV (1929), págs. 14-32; XV (1930), págs. 1-20.

Kehr, P.: Cómo y cuándo se hizo Aragón feudatario de la Santa Sede. — «Estudios de Edad Media en la Corona de Aragón» (Zaragoza), I (1945), págs. 285-326.

Kehr, P:. El papado y los reinos de Navarra y Aragón hasta mediados del siglo XII. — «Estudios de Edad Media en la Corona de Aragón» (Zaragoza), II (1946), págs. 74-179.

Lacarra, José María: La conquista de Zaragoza por Alfonso el Batallador. — Madrid 1949.

Lacarra, José María: Un arancel de aduanas del siglo XI. — C.S.I.C. (Actas del Primer Congreso Internacional de Pirineistás.) — Zaragoza 1950. — 20 págs.

Lacarra, José María: La restauración eclesiástica en las tierras conquistadas por Alfonso el Batallador (1118-1134). — «Revista Portuguesa de Historia» (Coimbra), IV (1949), págs. 263-286.

Lacarra, José María: A propos de la colonisation «franca» en Navarre et en Aragón. — «Annales du Midi» (Toulouse), LXV (1953), págs. 331-342.

Lacarra, José María: Aspectos económicos de la sumisión de los reinos de Taifas (1010-1102). — En «Homenaje a Jaime Vicens Vives» I (Barcelona 1965), págs. 255-277.

Lacarra, José María: Los franceses en la Reconquista y repoblación del Valle del Ebro, en tiempos de Alfonso el Batallador. — «Cuadernos de Historia. Anexos de la revista Hispania» (Madrid),II (1968), págs. 65-80.

Lacarra, José María; y Uría, J.: Las peregrinaciones a Santiago. — Madrid 1948.

Mansilla, D.: La curia romana y el reino de Castilla en un momento decisivo de su historia (1061-1085). — Burgos 1944.

Menéndez Pidal, Ramón: La España del Cid. — En «España y su historia» (Madrid 1957), págs. 383495.

Menéndez Pidal, Ramón; y García Gómez, E.: El conde mozárabe Sisnando Davidiz y la política de Alfonso VI con los taifas. — «Al-Andalus» (Madrid-Granada), XII (1947).

Pastor de Togneri, Reyna: Las primeras rebeliones burguesas en Castilla y León (siglo XII). Análisis histórico-social de una coyuntura. — Buenos Aires 1965.

Pastor de Togneri, Reyna: Diego Gelmírez: une mentalité á la page. A propos du role de certaines élites de pouvoir. — En «Mélanges offerts á Rene Crozet» I (Pottiers 1966), págs. 597-608.

Prieto Vives, A.: Los reyes de taifas. Estudio histórico-numismático de los musulmanes españoles en el siglo V de la Hégira. — Madrid 1926.

Fuyol, J.: El abadengo de Sahagún. — Madrid 1915.

Ramos Loscertales, J. M.: La sucesión del rey Alfonso VI. — «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XIII (1936-1941), págs. 36-99.

Ramos Loscertales, J. M.: Los jueces de Castilla. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), X (1948), págs. 75-104.

Ramos Loscertales, J. M.: El reino de Aragón, bajo la dinastía pamplonesa. — Universidad de Salamanca. — Salamanca 1961. — 126 págs.

Rivera Recio, Juan Francisco: El arzobispo de Toledo don Bernardo de Cluny (1086-1124). — Publicaciones del Instituto Español de Historia Eclesiástica. — Roma 1962. — 114 págs.

Rivera Recio, Juan Francisco: Reconquista y repobladores del antiguo reino de Toledo. — «Anales Toledanos» (Toledo), I (1967), págs. 1-55.

Sánchez Belda, L.: La cancillería castellana durante el reinado de doña Urraca (1109-1125). — En «Estudios dedicados a Ramón Menéndez Pidal» IV (Madrid 1953), págs. 587-599.

Sobrequés i Vidal, Santiago: Els grans comtes de Barcelona. — Editorial Vicens-Vives. — Barcelona 1961. — 227 págs.

Ubieto Arteta, A.: Ramiro I y su concepto de la realeza. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XX (1953), págs. 45-62.

Ubieto Arteta, A.: Gonzalo, rey de Sobrarbe y Ribagorza. — «Pirineos» (Zaragoza), VIII (1952), págs. 299-322.

Vázquez de Parga, L.: La revolución comunal de Compostela en los año 1116-1117. — «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XVI (1945), páginas 685-703.

3.EL IMPERIO HISPANICO Y LOS CINCO REINOS

La historia política de la Península durante el siglo XII se desarrolla bajo el doble signo de la unidad y de la desintegración, tanto en el mundo musulmán como en el cristiano. El imperio almorávide inició su decadencia poco después de la ocupación de Zaragoza por los cruzados de Alfonso el Batallador. Combatido por los reinos cristianos, amenazado en el interior por las sublevaciones de la nobleza hispanomusulmana y por el descontento de los súbditos, y en el norte de África por la coalición almohade, el imperio desapareció a mediados del siglo y fue sustituido por nuevos reinos de taifas que serían unificados veinte años más tarde por los almohades, cuyo dominio se prolongó hasta el primer tercio del siglo XIII.

En el campo cristiano, la unión de castellanos y leoneses bajo Fernando I convirtió a este reino en el más importante de la Península. Fernando y su hijo Alfonso VI hicieron sentir su autoridad sobre todos los reinos musulmanes. El segundo utilizó el viejo título imperial, al que añadió, después de ocupar la antigua capital visigoda, el calificativo de toletanus, con el que sin duda hacía referencia a los pretendidos derechos de los reyes leoneses sobre las tierras dominadas por los visigodos.

Alfonso VII utilizó también el título imperial y se hizo coronar públicamente, pero con él el imperio perdió su significado nostálgico goticista para convertirse en un símbolo de los poderes feudales. La ruptura de la unidad navarro-aragonesa a la muerte de Alfonso el Batallador y la disgregación del imperio almorávide permitieron al monarca castellano-leonés intervenir en los asuntos internos de cristianos y musulmanes y lograr el vasallaje del rey de Navarra, del conde de Barcelona, de algunos reyes musulmanes y de diversos condes del sur de Francia. La superioridad feudal de Alfonso VII sobre reyes y condes se manifestó en la adopción de un título superior al de los vasallos, en la utilización del título imperial; pero el imperio desapareció con él desde el momento en que, como cualquier señor feudal, dividió sus dominios entre Sancho III (Castilla) y Fernando II (León).

Separados (la reunificación se produciría en 1230) y a menudo enfrentados entre sí, ni castellanos ni leoneses disponían de medios para mantener el imperio hispánico y éste desapareció; los dominios cristianos quedaron integrados en cinco reinos: Castilla, León, Aragón (incluye el reino de Aragón y el condado de Barcelona), Navarra y Portugal, a los que habría que añadir el condado de Urgel y los señoríos independientes creados por el caudillo portugués Geraldo Sempavor en la Extremadura leonesa, por el castellano Fernando Rodríguez en Trujillo y por el navarro Pedro Ruiz de Azagra en Albarracín.

El equilibrio de fuerzas existente entre los reinos de Castilla-León y Navarra-Aragón desapareció en 1134 al no aceptar ni navarros ni aragoneses el testamento de Alfonso el Batallador y poner fin a la unión de ambos reinos que, separados, corrían el peligro de ser absorbidos por la monarquía castellano-leonesa; para evitar esta posibilidad el navarro García Ramírez se declaró vasallo del emperador y los aragoneses contrarrestaron la potencia castellana mediante la unión con el condado de Barcelona, lo que no evitaría el vasallaje de Ramón Berenguer IV al monarca castellano-leonés.

Durante el siglo XII y gran parte del XIII, Navarra vive en una situación de equilibrio inestable entre aragoneses y castellanos, tan pronto unidos para repartirse el reino como enfrentados entre sí por el deseo de ambos de incorporar Navarra; contra los castellanos, los navarros se alían a los leoneses, y contra castellanos y aragoneses recurren a alianzas y pactos con los almohades.

Tampoco el reino portugués disfrutó de tranquilidad. Surgido durante la guerra civil ocurrida a la muerte de Alfonso VI de Castilla-León, ni Alfonso VII ni sus hijos y sucesores aprobaron la independencia de estas tierras, pero la división de los dominios del emperador debilitó la fuerza de los enemigos de Portugal. Frente a los leoneses, los más próximos e interesados en la anexión, Portugal pudo solicitar la ayuda de Castilla y, en caso de necesidad, aliarse a los musulmanes, recurso que sería igualmente utilizado por León contra Castilla y por ésta contra leoneses y navarros. Todo ello no impediría que castellanos, leoneses, catalano-aragoneses, navarros y portugueses unieran sus fuerzas contra los almohades en 1212 y los derrotaran en la batalla de Las Navas de Tolosa.

Si las luchas entre los reinos cristianos fueron frecuentes, también abundaron las campañas contra los musulmanes, a los que Portugal y León arrebataron la actual región de Extremadura, Castilla, las comarcas próximas a Toledo y la ciudad de Cuenca, y Aragón-Cataluña la zona de Teruel y las ciudades de Lérida y Tortosa, en unos casos con la ayuda de cruzados europeos y en otros con la colaboración de las órdenes militares surgidas en la Península.

Aragón y Cataluña continuaron la orientación pirenaica de Alfonso el Batallador y de Ramón Berenguer IV. Alfonso el Casto creó en el sur de Francia un protectorado, cuya defensa durante la cruzada promovida por Inocencio III contra los albigenses y realizada por vasallos del monarca francés costaría la vida a Pedro el Católico en 1213.

El «imperio» castellano-leonés

A la muerte de Alfonso el Batallador, Alfonso VII se encontraba en inmejorable situación para beneficiarse de las discordias surgidas entre los aragoneses, que eligieron rey a Ramiro II el Monje, y los navarros, que apoyaron a García Ramírez. Alfonso se apoderó de Nájera y de La Rioja, retenidas en 1127 por el Batallador, y consiguió que los habitantes de Zaragoza, ciudad que no pertenecía ni a Navarra ni a Aragón, lo reconocieran como señor.

Alfonso VII no retuvo el reino zaragozano; lo cedió a García Ramírez después de que éste se declarara vasallo del castellano que, al año siguiente, se hacía coronar emperador en León (1135), dando así un valor oficial al título que los reyes castellano-leoneses venían utilizando desde la época de Alfonso VI. La posibilidad de unir el reino aragonés a los dominios peninsulares mediante el matrimonio del infante Sancho con la hija de Ramiro II llevó al emperador a retirar su apoyo a García Ramírez y a entregar Zaragoza a Ramiro quien, previamente, aceptó el vasallaje respecto al leonés (1136). Los proyectos de Alfonso VII fracasaron por la oposición de la nobleza aragonesa y de la Santa Sede. El reino de Aragón se unió al condado de Barcelona, pero la dependencia, el vasallaje feudal del rey aragonés por Zaragoza, se mantuvo.

Alejado de los problemas navarro-aragoneses, el emperador emprendió nuevas campañas militares para proteger Toledo contra los ataques almorávides; ocupó el castillo de Oreja (1139) y las plazas fuertes de Coria y Albalate en 1142; y cuando dos años más tarde se generalizó la sublevación contra los almorávides y se crearon los segundos reinos de taifas, Alfonso apoyó a unos contra otros, a todos contra los almorávides y a éstos contra los almohades siguiendo la política de Alfonso VI.

La unificación del Islam peninsular por los almorávides nunca fue completa y tuvo breve duración; hasta 1110 no lograron ocupar Zaragoza (la perderían nueve años más tarde) y toleraron la existencia del pequeño principado taifa de Rueda regido por el depuesto rey zaragozano Abd al-Malik. La independencia de este reino musulmán se acentuó al pasar a manos de Abu Chafar Ahmad ibn Hud (1130), llamado en las crónicas cristianas Zafadola (Saif al-dawla o Sable del Estado). Zafadola fue el principal agente de Alfonso VII en la penetración en los dominios almorávides, que fueron atacados desde las fortalezas cedidas por el castellano en la frontera del. Tajo a cambio de Rueda y del vasallaje de Zafadola.

El aislamiento del Islam peninsular provocado por los ataques almohades en el norte de África favoreció e hizo posible el éxito de numerosas sublevaciones contra los almorávides en la zona portuguesa y en Córdoba, donde Zafadola lograría hacerse reconocer como soberano durante algunos meses, así como en Granada y Murcia, ciudades que no pudo retener. En 1145 puede ya hablarse de nuevos reinos de taifas en Mértola, Évora-Beja-Badajoz, Córdoba, Granada, Murcia-Valencia-Játiva-Alicante. Un año más tarde, el imperio almorávide había desaparecido y los almohades desembarcaban en la Península.

La fragmentación del imperio norteafricano hizo concebir a los reyes cristianos el proyecto de ocupar el puerto de Almería; en la campaña participaron los vasallos del emperador (reyes de Navarra y de Aragón) y las ciudades italianas de Genova y Pisa, interesadas en acabar con la piratería musulmana y en disponer de un puerto que les permitiera comerciar con el norte de África. La campaña de Almería (1147) fue precedida de la ocupación de Calatrava y Baeza y seguida de la toma de Uclés.

En los años siguientes, Alfonso VII intentaría dominar Jaén para controlar desde esta ciudad el paso entre Andalucía oriental y occidental, pero, aunque ocupó algunas plazas, Jaén resistió y el dominio castellano se redujo al establecimiento de algunas guarniciones que no pudieron resistir los ataques musulmanes. En 1157, Almería era reconquistada por los almohades y con esta plaza se perdieron todas las ocupadas al sur del puerto del Muradal; Castilla sólo lograría mantenerse en las plazas fuertes próximas a Toledo gracias a la defensa realizada por las huestes concejiles y a la supervivencia en Murcia-Valencia de un foco rebelde, dirigido por el rey Lobo, que obligó a los almohades a distraer sus fuerzas y a concentrar los contingentes mejores en la frontera murciana hasta 1172.

Castellano-leoneses y catalano-aragoneses eran a mediados del siglo, antes de que los almohades unificaran al-Andalus, las dos mayores potencias militares de la Península; conscientes de su poder, decidieron ocupar los pequeños reinos cristianos y musulmanes. En el tratado de Tudillén, firmado por Alfonso VII y por Ramón Berenguer IV en 1151, acordaron dividir entre ambos el reino navarro y repartirse las zonas de influencia (botín y parias) y de futura conquista de las tierras musulmanas: los reinos de Murcia, Denia y Valencia corresponderían a los catalano-aragoneses y el resto de la Península quedaría sometido a la tutela castellano-leonesa.

Ni el acuerdo relativo a Navarra ni el concerniente a los musulmanes pudieron ser llevados a la práctica, pero ambos tendrían consecuencias importantes; Navarra, aislada en la zona pirenaica y sin salida hacia el mundo musulmán, iniciaría el acercamiento a Francia —la unión se produjo a fines del siglo XIII— y se vería obligada a mantener una política de constante equilibrio entre Aragón y Castilla para evitar la absorción por uno u otro reino.

El reparto de los dominios musulmanes sería revisado en el acuerdo de Cazola (1179), por el que el reino murciano era atribuido a Castilla, y en Almizra (1244) se fijarían los límites exactos entre los reinos de Valencia y Murcia, pero el problema subsistiría después de la conquista de ambos reinos musulmanes y daría lugar a numerosos enfrentamientos entre Castilla y Aragón durante los siglos XIII y XIV.

Mientras Alfonso VII consideraba la zona portuguesa como parte integrante de sus dominios, Alfonso Enríquez aspiraba a gobernarla con total independencia y para lograrlo llegaba a combatir en diversas ocasiones a las tropas castellano-leonesas. El primer acuerdo se produjo en 1137, cuando Alfonso Enríquez se declaro vasallo del emperador, hecho que no puso fin a los ataques castellanos. La solución definitiva sería negociada en 1143, fecha en la que, sin renunciar al vasallaje de Alfonso Enríquez, el emperador le concedía el título de rey, con lo que aceptaba la independencia del antiguo condado portugués.

El reconocimiento de Alfonso VII era insuficiente: como emperador podía conceder el título real a su vasallo, pero también podía retirárselo. En cualquier caso, la independencia de Alfonso Enríquez no sería total mientras estuviera ligado al emperador por los vínculos feudales; para romper esta dependencia sólo existía una solución legal: infeudar los dominios a la Santa Sede a cambio de que ésta reconociera la plenitud de derechos reales al nuevo monarca.

El ofrecimiento de Alfonso Enríquez fue bien acogido en Roma (1144), pero el Papa se negó a confirmar con su autoridad la separación de dos Estados peninsulares cuya unión consideraba necesaria para hacer frente a los musulmanes. Sólo en 1179, después de treinta y cinco años de insistencia y tras hacer numerosas concesiones a la Iglesia portuguesa lograría Alfonso ser reconocido por Roma. De hecho, desde 1143 Alfonso actuó como rey y desde la muerte del emperador y la división de sus dominios los vínculos vasalláticos desaparecieron y Alfonso pudo considerarse rey con títulos similares, si no con igual derecho, a los de Sancho III de Castilla o Fernando II de León.

El testamento de Alfonso el Batallador

En 1131, tres años antes de su muerte, Alfonso redactaba un testamento por el que cedía sus reinos a las órdenes militares. Esta disposición no fue aceptada ni por la nobleza navarra ni por la aragonesa, que decidieron en 1134 ignorar el testamento y elegir su propio rey. La iniciativa partió de los navarros a los que la unión realizada en 1076 no había producido los beneficios deseados.

Durante la unión, ambos reinos mantuvieron sus diferencias y su propia personalidad, pero la política exterior de los monarcas fue en todo momento favorable a los aragoneses a cuyo reino fueron incorporadas las nuevas tierras a excepción de Zaragoza, que formó el tercer reino de la confederación. La muerte de Alfonso ofrecía a los navarros una posibilidad de controlar el poder mediante el nombramiento de un rey perteneciente a la nobleza navarra; el elegido fue García Ramírez, señor de Monzón, cuyo nombramiento no fue aceptado por los aragoneses, que eligieron a su propio candidato Ramiro II, monje en el priorato de San Pedro el Viejo de Huesca, y promovido por su hermano Alfonso el Batallador a la sede episcopal de Roda-Barbastro.

Por su parte, los nobles asentados en Zaragoza entregaron la ciudad y el reino al castellano-leonés Alfonso VII Esta decisión tenía un doble objetivo: militar y económico-social. Conquistado pocos años antes, el reino zaragozano no estaba suficientemente consolidado; en sus tierras predominaba la población musulmana que podía contar en todo momento con la ayuda de los almorávides vencedores del Batallador; sólo Alfonso VII ofrecía suficientes garantías militares. Por otro lado, el monarca aragonés había tomado la precaución de conceder los honores y tenencias de Zaragoza con carácter vitalicio, es decir, con la obligación de entregarlos, a la muerte de los titulares, al nuevo rey, es decir a las órdenes. El reconocimiento de Alfonso VII permitiría a la nobleza conservar y transmitir sus bienes desde el momento en que Alfonso se apresuró a reconocer el carácter hereditario de las tendencias.

Los contactos entre los tres reyes comenzaron inmediatamente; Ramiro II ofreció al monarca navarro la posibilidad de gobernar conjuntamente y firmó con él un pacto de filiación por el que la soberanía correspondería al aragonés y el navarro dirigiría a los caballeros en la guerra; esta división de poderes equivalía de hecho a mantener el predominio aragonés y no fue aceptada por los navarros, que buscaron el apoyo de Castilla, cuyo rey aceptó como vasallo a García Ramírez y le cedió el reino de Zaragoza.

Consumada la división entre aragoneses y navarros, para evitar que a la muerte de Ramiro II el reino pasara a García Ramírez era preciso que el monarca aragonés contrajera matrimonio y diera al reino un heredero. El nacimiento de una niña, Petronila, no solucionaba el problema ya que en cuanto al ejercicio del poder, según el derecho aragonés, mujeres y eclesiásticos estaban equiparados: unas y otros podían transmitir los derechos al trono, pero ni las primeras ni los segundos podían gobernar con plenitud de derechos. Una vez más era preciso recurrir a la solución matrimonial y buscar marido a Petronila, cuyos hijos varones sí tendrían la plenitud del poder.

Ante esta nueva situación, Alfonso VII de Castilla abandonó la alianza con García Ramírez, cedió el reino de Zaragoza al monarca aragonés y propuso el matrimonio de Petronila con el primogénito castellano. Esta posibilidad de unir los reinos de Castilla y de Aragón no fue aceptada ni por la nobleza aragonesa ni por Roma; la nobleza temía perder su independencia, ser absorbida por Castilla; Roma, que por un lado animaba la unión de los cristianos, por otro no estaba dispuesta a consentir el despojo de las órdenes militares.

La disposición testamentaria de Alfonso el Batallador era en parte ilegal, por cuanto si el rey podía ceder a las órdenes las tierras conquistadas por él, no podía disponer libremente de las recibidas de sus antepasados, es decir, de Aragón, Sobrarbe, Ribagorza, Navarra y la Tierra Nueva de Huesca, que pertenecían legalmente no a la persona del rey sino a la dinastía.

Ramiro II y García Ramírez como miembros de las dinastías aragonesa y navarra se hallaban en su derecho al aspirar a la sucesión, y tenían además el apoyo de los súbditos que no compartían la admiración de Alfonso por las órdenes militares; pero ni éstas ni, en su nombre, Roma podían aceptar la pérdida de sus derechos, mucho menos en las tierras ocupadas por el Batallador; sin acuerdo con Roma y con las órdenes no habría solución pacífica del problema.

Enfrentados a esta realidad, los aragoneses buscaron a Petronila un marido conveniente para ellos y aceptable por Roma; el elegido fue el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona, familiar de la orden del Temple y cuyas posesiones, unidas a las aragonesas, podían servir de eficaz contrapeso a la potencia castellana. Esta elección era enteramente favorable a la nobleza aragonesa: la relativa debilidad del poder barcelonés garantizaba a los barones el mantenimiento de sus prerrogativas y les haría creer que ellos serían los dirigentes no sólo de Aragón sino también de los condados catalanes, del mismo modo que en años anteriores habían utilizado en su beneficio la unión con Navarra.

Ramón Berenguer IV se comprometió a respetar el derecho tradicional aragonés y a mantener los privilegios de los barones; compensó espléndidamente a las órdenes por la renuncia a sus posibles derechos sobre el reino y supo en todo momento mantener buenas relaciones con Roma.

La situación del conde barcelonés en el reino de Aragón era ambigua: por un lado debía su nombramiento a la elección de los aragoneses o, lo que es lo mismo, a su matrimonio con Petronila (1137); por otro, sus derechos derivaban de la cesión hecha por las órdenes. Por el primer concepto y de acuerdo con el derecho aragonés, Ramón Berenguer IV recibía las tierras y los derechos patrimoniales de la dinastía, pero sólo en usufructo, del mismo modo que el vasallo recibe sus feudos del señor; tierras y derechos correspondían legalmente a los hijos varones de Petronila, y, mientras éstos no existieran, a Ramiro II, único que podía utilizar el título de rey. Sólo en el caso de que falleciera Ramiro y de que el matrimonio no tuviera descendencia, podría actuar el conde barcelonés con entera libertad y tener la plenitud del poder.

Las limitaciones impuestas a Ramón Berenguer IV y el papel de dirigentes que a sí mismos se reservaban los aragoneses dentro de la nueva confederación aparecen de manifiesto en el cambio de nombre impuesto al primogénito del matrimonio; bautizado con el nombre catalán de Ramón, los aragoneses impusieron el aragonés de Alfonso, con el que indicaban que el nuevo rey heredaba directamente de Alfonso el Batallador sus poderes, ya que Ramiro y Petronila, por su condición de eclesiástico el primero y de mujer la segunda, se limitaban a transmitir estos derechos.

Como heredero de las órdenes, Ramón Berenguer IV podía considerarse rey de pleno derecho tanto en Aragón como en Navarra o en el reino de Zaragoza, pero en la práctica su autoridad se hallaba limitada por la existencia de García Ramírez en Navarra y por el control ejercido sobre Zaragoza por Alfonso VII; con el segundo sería posible un acuerdo: Ramón Berenguer se declararía vasallo de Alfonso y recibiría en feudo Zaragoza.

Para fortalecer la posición del conde-rey, estimular la unión entre sus dominios y reafirmar sus derechos sobre todas las tierras de Alfonso el Batallador, Roma se negó a reconocer al monarca navarro y autorizó la incorporación a la metrópoli de Tarragona de todas las diócesis catalanas, de las aragonesas y de la sede de Pamplona. Una vez más la organización eclesiástica se hallaba al servicio de la política.

La actuación de Ramón Berenguer IV al frente del reino aragonés y del condado de Barcelona sigue las directrices de sus antecesores Ramón Berenguer III y Alfonso el Batallador: por un lado hacia la conquista y repoblación de nuevas tierras en los dominios musulmanes y por otro a mantener e incrementar los derechos catalanes y aragoneses en el sur de Francia.

La derrota de Alfonso en Fraga poco antes de su muerte supuso un retroceso de las fronteras con los musulmanes, que ocuparon Mequinenza y la zona del bajo Aragón y amenazaron directamente Zaragoza; ante este peligro fueron muy numerosos los repobladores que abandonaron las zonas amenazadas, cuya conservación sólo fue posible gracias a la presencia de Alfonso VII de Castilla. Ramón Berenguer IV repobló estas comarcas, rechazó a los musulmanes y llevó a cabo las conquistas soñadas por el Batallador al ocupar Tortosa y Lérida en 1148 y Lérida, Fraga y Mequinenza en 1149; dos años antes tropas catalanas y aragonesas habían participado en la campaña castellana contra Almería.

Por lo que respecta a la política en el sur de Francia, Ramón Berenguer IV mantuvo una estrecha relación con Enrique II de Inglaterra, dueño de Aquitania por su matrimonio con Leonor e interesado en buscar alianzas frente a la monarquía francesa; en Bearne continuaron las relaciones vasalláticas iniciadas en época de Alfonso por el vizconde Gastón y confirmadas a su muerte por los obispos y nobles (1154); la dependencia bearnesa respecto al rey de Aragón se mantendría hasta 1173.

En Provenza el conde de Barcelona se limitó a conseguir que el emperador alemán reconociera los derechos de su sobrino Ramón Berenguer para lo cual, tras diversos acuerdos, se decidió a emprender el camino de Italia para entrevistarse con Federico I Barbarroja, que exigía como condición para ratificar lo acordado que el conde barcelonés aceptara como Papa a Víctor IV, designado por el emperador frente al elegido de los cardenales, Alejandro III.

A través de los intereses de Aragón y de Cataluña en el sur de Francia Ramón Berenguer IV entraba en contacto con los problemas políticos más importantes de este período en la historia europea: por un lado con la lucha por el dominium mundi entre el Papa y el emperador, y por otro con el enfrentamiento entre las monarquías feudales de Francia y de Inglaterra. En el segundo caso, Ramón Berenguer IV tomó partido por los ingleses; en el primero, la muerte durante el viaje a Italia (1162) le impidió tomar una decisión. Ambos problemas influirán en años sucesivos sobre la historia de la Corona de Aragón, nombre con el que se designa a la confederación de catalanes y aragoneses.

La Corona de Aragón

La convergencia en los reyes de la Corona de las dinastías catalana y aragonesa ha originado confusiones en la numeración de los monarcas; el primero, Alfonso, sería Alfonso II de Aragón y I de Cataluña, e igual desfase se da con los demás Alfonsos y Pedros que se sucedieron hasta fines de la Edad Media. Para evitar equívocos utilizaremos el calificativo dado a cada uno de estos reyes prescindiendo de la numeración y hablaremos de Alfonso el Casto (1162-1196), Pedro el Católico (1196-1213), Pedro el Grande (1276-1285), Alfonso el Franco o el Liberal (1285-1291), Alfonso el Benigno (1327-1336), Pedro el Ceremonioso (1336-1387) y Alfonso el Magnánimo (1416-1458).

Alfonso el Casto, conde de Barcelona y rey de Aragón, y su hermano Pedro, heredero —bajo la dirección del primogénito— de los derechos de Ramón Berenguer IV sobre la Cerdaña, Narbona y Carcasona, fueron confiados a la tutela de Enrique II de Inglaterra. El nombramiento de Enrique cuando teóricamente Ramón Berenguer IV era vasallo del monarca castellano por el feudo de Zaragoza es símbolo al mismo tiempo del interés ultrapirenaico del conde-rey, y de la crisis castellana (reinaba un menor de edad sometido a la nobleza y ninguna protección cabía esperar de él). Otro posible tutor de los hijos de Ramón Berenguer IV hubiera sido el Papa, del que el conde-rey era vasallo, pero su candidatura fue descartada debido a la escisión de la Iglesia entre el pontífice Alejandro III y el antipapa Víctor IV.

Alfonso el Casto se preocupó de los asuntos peninsulares aragoneses y de los ultrapirenaicos catalanes; en la Península dio satisfacción a los nobles aragoneses y continuó la conquista con la ocupación de Valderrobres, Alfambra y la cuenca de este río hasta más allá de Teruel; participó en las campañas de Castilla contra Cuenca (1177) y consiguió atraer a su influencia al señorío independiente de Albarracín, a pesar de los intentos de Alfonso VIII por asegurar la autoridad castellana en estas tierras.

Como rey de Aragón intentó resolver los problemas heredados de su padre: la dependencia vasallática por el reino de Zaragoza y la existencia independiente de Navarra; el vasallaje desapareció con motivo de la ayuda prestada a los castellanos en la toma de Cuenca y este problema, junto con el navarro, fue planteado de nuevo en el tratado de Cazóla (1179), por el que los reyes de Castilla y Aragón se repartían los dominios navarros y musulmanes. A cambio de la supresión del vasallaje, Alfonso el Casto renunció al reino de Murcia que, según el tratado de Tudillén, correspondía a la Corona de Aragón.

El reparto de Navarra no tuvo resultados prácticos y durante su reinado Alfonso llegaría a formar un bloque aragonés-navarro-leonés-portugués contra Castilla.

La intervención ultrapirenaica estuvo motivada por la muerte sin he rederos de Ramón Berenguer III de Provenza en 1166; los intentos de ocupar el condado enfrentaron al monarca y al conde de Toulouse con el que se firmaron paces y treguas y al que Alfonso terminaría pagando por la renuncia a Provenza en 1176. Pero todos los acuerdos fueron inútiles porque tras el conflicto Provenza-Toulouse lo que se debatía era el predominio de Francia o de Inglaterra en el sur de Francia: Felipe II Augusto apoyaba a Ramón V de Toulouse, y Enrique II de Inglaterra, a Alfonso de Aragón.

Este juego de alianzas se complicó cuando Toulouse cedió la Provenza marítima a Genova y obligó a los aragoneses a buscar el apoyo de los enemigos comerciales de Genova, de los písanos. La unión de los problemas continentales europeos y de los mediterráneos será una de las constantes de la historia de la Corona a lo largo de la Edad Media. Al final de su reinado. Alfonso controlaba Provenza con el título de marqués por medio de sus hermanos Ramón Berenguer y Sancho, a los que dio el título de condes de Provenza. En su testamento, siguiendo la costumbre iniciada por Ramón Berenguer I, separó estos territorios de los peninsulares; los primeros fueron cedidos al primogénito Pedro y el marquesado de Provenza a su segundo hijo Alfonso.

Pedro el Católico consiguió poner fin a las luchas con los condes de Toulouse cuando Inocencio III, elegido en 1198, inició la lucha contra los albigenses y, por tanto, contra el conde tolosano. El monarca francés había conseguido por estos años debilitar el poder de Inglaterra y no tenía el menor interés en mantener a su aliado tolosano, contra el que se organizaría la cruzada.

Ramón VI de Tolouse se vio obligado, para evitar tener que combatir en dos frentes, a buscar la amistad del rey aragonés que se convirtió en el protector y señor feudal de la mayor parte del sur de Francia, especialmente a partir de su matrimonio con María, que llevaría como dote la ciudad de Montpellier.

Ante el problema albigense, Pedro el Católico intentó conjugar los intereses de sus vasallos y aliados con sus deberes hacia el pontífice; con esta finalidad el rey acudió a Roma (1204) y se hizo coronar por el Papa, al que renovó su vasallaje, en virtud del cual Inocencio III le apremió a combatir a los herejes. Tras realizar algunas campañas que le sirvieran de justificación ante el Papa, Pedro abandonó el sur de Francia y llegó a un acuerdo con el castellano Alfonso VIII para dividir entre ambos, una vez más, el reino de Navarra. Mientras el castellano conseguía recuperar Álava y Guipúzcoa ocupadas por los navarros durante su minoría, Pedro se veía obligado a renunciar a las campañas militares para las que no disponía de medios económicos y firmaba la paz con Sancho VII de Navarra a cambio de un préstamo de veinte mil florines.

En 1212 el rey de Aragón colaboró en la cruzada castellana contra los almohades e intervino activamente en la victoria de Las Navas de Tolosa. Un año más tarde moría en Muret al intentar defender a sus aliados y vasallos contra los cruzados de Simón de Monfort, es decir, contra Francia.

El condado de Urgel

La supeditación de los condes de Urgel a los de Barcelona se atenúa desde la muerte de Sancho el Mayor de Navarra al crearse el reino de Aragón, que permitía a los condes urgelitanos mantener una política de equilibrio entre Aragón y Barcelona, equilibrio que fue asegurado mediante una estrecha vinculación a Castilla a partir de 1086, cuando Ermengol IV dispuso en su testamento que si sus hijos murieran antes que él el condado pasaría al infante Pedro de Aragón y si éste muriera sin descendencia, el heredero sería el conde de Barcelona. En el caso de que a la muerte del conde urgelense su hijo fuera menor de edad, gobernarían el condado Berenguer Ramón II de Barcelona y Sancho Ramírez dé Aragón, pero ninguno tendría la tutela del heredero, que sería confiado al castellano Alfonso VI.

Esta política de equilibrio entre dos vecinos poderosos y el recurso a un tercero era la única salida posible para cualquier dominio cercado por otros de mayor potencia. A ella se atendrán posteriormente el reino de Navarra independiente, que oscila entre Castilla y Aragón y se apoya cuando es necesario en los almohades (siglo XII) o en la monarquía francesa (siglo XIII).

En virtud del testamento anteriormente citado, Urgel inició en 1092 su aproximación a Castilla; los condes se relacionaron con la familia de Pedro Ansúrez, uno de los fieles de Alfonso VI, y adquirieron importantes dominios en la comarca de Valladolid; en 1102 el condado sería regido por Pedro Ansúrez como tutor de Ermengol VI llamado el de Castilla, título que podría cambiarse por el de León al referirse a Ermengol VII. Tras haber participado junto al rey Lobo de Murcia en las campañas contra los almohades, Ermengol VII acudió al llamamiento hecho por Fernando II de León a sus vasallos e intervino activamente en la conquista de Alcántara (1166) tras la cual figuró en los documentos leoneses como gobernador de la Extremadura leonesa, de Galicia y de Asturias, señor de Benavente, de Salamanca, de León... hasta 1184, año en el que murió en una razia contra los musulmanes de Valencia.

El alejamiento de los condes urgelitanos permitió el ascenso social de algunos nobles del condado que pretendieron sustituir a la dinastía condal al morir Ermengol VIII sin hijos varones y quedar el condado en manos de su hija Aurembiaix de Urgel, monja de la orden de Santiago y residente en León. Pedro el Católico tuvo que intervenir para defender los derechos de Aurembiaix, pero los problemas continuarían durante el reinado de Jaime I, que incorporaría definitivamente el condado al de Barcelona en el año 1231.

El señorío de Albarracín

Las circunstancias por las que atravesaron los reinos cristianos de la Península desde 1150 hicieron posible el nacimiento de diversos señoríos independientes creados por caudillos cristianos en las fronteras musulmanas. Ejemplos típicos de estos señoríos son los fundados por Geraldo Sempavor en lo que hoy es la Extremadura española, por Fernando Rodríguez el Castellano en Trujillo y por Pedro Ruiz de Azagra, uno de los colaboradores del rey Lobo de Murcia, en Albarracín.

Si la intranquilidad de la época y las frecuentes disputas entre cristianos favorecieron la formación de los señoríos, su existencia se vio seriamente amenazada a medida que los reyes impusieron su autoridad, por lo que los señores independientes tuvieron que recurrir a alianzas que les permitieran sobrevivir. Geraldo Sempavor buscó la ayuda de su rey Alfonso I de Portugal frente al leonés Fernando II, pero a pesar del apoyo recibido los dominios de Geraldo pasaron a engrosar los bienes de la corona leonesa.

Fernando Rodríguez pudo mantenerse en Trujillo frente a Alfonso VIII de Castilla gracias al apoyo leonés, pero al final de su vida cedió este territorio al rey castellano, no sin antes haber intentado mantener su independencia frente al monarca mediante el ingreso en la orden de Santiago.

Más afortunado o más hábil fue Pedro Ruiz de Azagra quien, oscilando entre Aragón y Castilla y con el apoyo de Navarra, logró no sólo mantener su independencia sino también aumentar sus dominios, obtener concesiones en Castilla y en Aragón y transmitir sus derechos a su hermano Fernando.

Fernando Ruiz mantuvo esta política de equilibrio aunque los honores recibidos en Aragón le obligaron a inclinarse más hacia el monarca aragonés del que era vasallo y en cuyo nombre poseía extensos territorios en la comarca turolense; pero la influencia aragonesa fue contrarrestada mediante una estrecha alianza con la orden de Santiago a la que nombró su heredera en Albarracín en julio de 1190.

La alianza de Fernando con Aragón y con Navarra era garantía de que estos reyes no intentarían ocupar Albarracín; y la donación a la orden de Santiago, así como la vinculación de la sede episcopal de Santa María de Albarracín a la archidiócesis toledana, evitaban la intervención de Alfonso VIII de Castilla que no combatiría a los santiaguistas, a los que había confiado extensos territorios en las fronteras de su reino con los musulmanes.

Aunque el testamento inicial de Fernando fue modificado en diversas ocasiones y Albarracín pasó a los hijos de Fernando, la orden de Santiago se convirtió en garantizadora frente a Castilla de la independencia del señorío, cuya posición geográfica llevó a los señores a una vinculación cada vez más estrecha con la monarquía aragonesa, a la que sería incorporado el señorío a fines del siglo XIII.

El reino de Navarra

Privada de la posibilidad de expenderse por tierras musulmanas al separarse de Aragón y con él de las zonas fronterizas con el Islam, Navarra mantiene a partir de 1134 los límites de años anteriores mientras que sus poderosos vecinos aumentan continuamente, mediante campañas contra los musulmanes, la extensión de sus dominios desde los que amenazan la supervivencia del reino navarro.

Frente a los reinos cristianos Alfonso VII parece haber empleado la misma táctica que ante los reyes de taifas, aunque en este caso no busque el cobro de parias sino el reconocimiento de su superioridad; aliado a Ramón Berenguer IV, Alfonso concertó el primer reparto de Navarra en 1140, pero en ningún momento intentó ocupar de modo efectivo el territorio y se limitó a establecer mayores lazos con García Ramírez quien, como vasallo del emperador, intervino en la campaña de Almería al lado de su rival aragonés.

Rotos los vínculos de vasallaje por muerte de García, Alfonso VII renovó la alianza con los aragoneses y en Tudillén concertó un nuevo reparto de las tierras navarras; también en este caso el monarca Sancho VI (1150-1194) se declaró vasallo del emperador, por el que dos años más tarde sería armado caballero.

La división de los dominios imperiales y la minoría de edad del castellano Alfonso VIII permitieron al monarca navarro salir del cerco en que se hallaba, poner fin a la dependencia feudal respecto a Castilla, recuperar numerosas plazas fronterizas retenidas por Alfonso VII en La Rioja y llegar a un acuerdo con Alfonso el Casto de Aragón para conquistar y dividirse los dominios del rey Lobo de Murcia, a cuyo servicio se hallaba el navarro Pedro Ruiz de Azagra, señor de Albarracín.

Los problemas fronterizos con Castilla surgieron de nuevo al llegar Alfonso VIII a la mayoría de edad y exigir militarmente la devolución de las plazas perdidas; las diferencias entre ambos reinos fueron sometidas al arbitrio de Enrique II de Inglaterra, cuya sentencia fue favorable a los castellanos (1179). Tras este acuerdo, Sancho dedicó sus esfuerzos a repoblar el territorio, especialmente las zonas fronterizas y, con el fin de contrarrestar posibles ataques de castellanos y aragoneses, concertó alianzas matrimoniales con Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, y con Teobaldo de Champaña, cuyos descendientes heredaran en el siglo XIII el reino de Navarra.

Sancho VII (1194-1234) inició su reinado en alianza con Castilla, que pronto fue sustituida por un acuerdo entre leoneses y navarros contra los castellanos. Solucionados estos problemas, Sancho ofreció sus.servicios militares a los almohades, a cuyo lado combatió en el norte de África. Durante su ausencia, el monarca castellano, que por su matrimonio con Leonor —hija de Enrique II de Inglaterra— se consideraba con derechos sobre Aquitania, intentó unir los dominios castellanos con los de su esposa. Para ello ocupó Álava y Guipúzcoa, a pesar de lo cual tropas navarras colaboraron con las castellanas en Las Navas de Tolosa.

La agitada sucesión de Alfonso VIII en Castilla y la minoría de Jaime I en Aragón permitieron a los navarros un respiro durante el cual Sancho organizó sus dominios, dio fuero a algunas poblaciones, fortificó la frontera con Castilla y consiguió el vasallaje de algunos nobles ultrapirenaicos. En 1230, unificados de nuevo León y Castilla por Fernando III, las presiones castellanas obligaron al monarca navarro a buscar un acuerdo con Jaime I, con el que firmó un año más tarde un pacto de prohijamiento mutuo que no fue respetado por los navarros, que ofrecieron la Corona en 1234 al sobrino del rey, a Teobaldo de Champaña, con el que se inician las dinastías francesas en Navarra.

Castilla y León separados

Las desavenencias surgidas entre castellanos y leoneses a la muerte de Alfonso VII impidieron durante algunos años hacer frente a los ataques almohades que fueron contenidos por las milicias de los concejos de frontera y por el rey Lobo de Murcia.

Sancho III de Castilla (1157-1158) y Fernando II de León (1157-1188) se ocupan ante todo de resolver los problemas fronterizos entre ambos; León pretendía integrar en sus dominios la Tierra de Campos, tradicionalmente leonesa e incorporada a Castilla por el emperador. Reunidos en Sahagún (1158) ambos reyes llegaron a un acuerdo en el que se incluía el reparto de las zonas disputadas, la distribución de Portugal entre Castilla y León y la fijación de las zonas de influencia de cada uno de los reinos en al-Andalus; la muerte en este mismo año de Sancho impidió la realización del proyecto.

Durante la minoría del castellano Alfonso VIII (1158-1214) dos poderosas familias nobiliarias, los Lara y los Castro, luchan por el poder en Castilla; estas desavenencias internas permitirán a Sancho VI de Navarra ocupar gran parte de La Rioja mientras que Fernando II, aliado a los Castro, imponía su autoridad en la Tierra de Campos e iniciaba los preparativos para, en cumplimiento del tratado de Sahagún, invadir Portugal, cuyo rey tendrá sus aliados naturales en los Lara y en los habitantes de Salamanca, molestos por la pérdida de territorios que para ellos había supuesto la creación en su alfoz de la plaza fuerte de Ciudad Rodrigo en la frontera portuguesa.

Dominada la revuelta salmantina, firmada la paz con Portugal y alejado de los problemas castellanos tras el triunfo de los Lara en 1165, Fernando II pudo atender a la frontera sur del reino donde el caudillo Geraldo Sempavor (el Cid portugués), actuando en su propio nombre, había ocupado a los musulmanes las ciudades de Évora, Trujillo, Cáceres, Montánchez... y se disponía a atacar Badajoz. La caída de esta ciudad en manos del caudillo portugués significaba para León el fin de los sueños expansivos trazados en Sahagún y la pérdida de las parias musulmanas, que constituían uno de los mayores ingresos del reino.

Unido a los musulmanes de Badajoz, Fernando recuperó en 1169 las tierras ocupadas por Geraldo y confió su defensa a Ermengol VII de Urgel, a Fernando Rodríguez de Castro y al arzobispo compostelano. El conde de Urgel recibió heredades en esta zona como pago de su intervención, al frente de numerosos catalanes, en la conquista de Alcántara (1166) y en las campañas contra Geraldo Sempavor, pero al mismo tiempo Fernando II se hallaba interesado en atraerse al conde para evitar que éste se inclinara, con sus posesiones vallisoletanas de Tierra de Campos, hacia Castilla.

Fernando Rodríguez de Castro el Castellano había sido uno de los fieles aliados del rey leonés durante los años de su intervención en Castilla; con la entrega de Trujillo, Montánchez, Santa Cruz y Almofrag Fernando II recompensaba sus servicios, le resarcía de las pérdidas sufridas en Castilla tras el triunfo de los Lara y creaba un señorío capaz de oponerse a los posibles ataques castellanos por esta zona.

La presencia del arzobispo compostelano en Extremadura se explica por la colaboración económica y militar de la Iglesia a las campañas, pero tiene un significado mucho más profundo. Durante el reinado de Alfonso VII, el obispo compostelano Diego Gelmírez logró de Roma la restauración de la sede arzobispal de Mérida, en poder de los musulmanes, y su traslado provisional a Santiago de Compostela; mientras Castilla, León y Portugal permanecieron unidos, los problemas creados por la nueva sede arzobispal quedaron limitados al ámbito eclesiástico, pero al producirse la separación de los reinos, Fernando II era el primer afectado.

La ocupación de Mérida por castellanos o portugueses podía poner fin al arzobispado compostelano, cuya existencia era necesaria para evitar que las sedes y el clero leonés dependieran de las metrópolis de Braga (Portugal) o Toledo (Castilla). La defensa de su independencia, que no sería total mientras otros reyes pudieran intervenir en los asuntos leoneses a través del clero, exigía la conquista de Mérida; en ella se hallaban igualmente interesados los arzobispos compostelanos a los que el rey había hecho donación de la ciudad antes de conquistarla.

Ocupado en la defensa del territorio, amenazado en el exterior por leoneses y navarros y en el interior por las revueltas nobiliarias, Alfonso VIII de Castilla poco o nada pudo hacer en los primeros años de su reinado para detener a los almohades, a los que combatió indirectamente por medio del rey Lobo de Murcia, aliado de Castilla y jefe de la resistencia hispanomusulmana contra los norteafricanos.

Las derrotas sufridas por el rey murciano ante los almohades hicieron disminuir el número de sus partidarios en al-Andalus. Su debilitamiento fue aprovechado por aragoneses y navarros para iniciar en 1168 la conquista de sus dominios en el reino de Valencia. Ante el peligro que la desaparición de este reino representaba para las tierras castellanas, las más directamente amenazadas por los almohades, Alfonso VIII atacó Navarra e intervino ante el monarca aragonés, que ya había ocupado Alfambra y Teruel, y consiguió que éste renunciara a proseguir las campañas a cambio de cuarenta mil maravedíes que en concepto de parias le pagaría el rey Lobo durante cinco años. A pesar de este respiro, el rey de Murcia no pudo mantener sus posiciones frente a los almohades y en lucha contra ellos murió en 1172. Con su muerte desaparecía la única fuerza que había impedido a los norteafricanos atacar las tierras cristianas.

La política almohade respecto a los cristianos tiene muchos puntos de similitud con la practicada por Alfonso VII respecto a los taifas; la división entre leoneses, castellanos y portugueses permitió al sultán almohade aliarse en 1169 a Fernando II contra Geraldo Sempavor y atacar a Castilla y Portugal a partir de 1170 sin que en ningún momento se produjera la unificación de las fuerzas cristianas; Castilla, más interesada en combatir a los navarros que en atacar a los musulmanes, firmó la paz en 1173 y a la claudicación castellana seguiría poco más tarde la de Portugal, cuyo rey firmó treguas con los almohades a cuyo servicio pasó Geraldo Sempavor.

Libre de enemigos en el campo musulmán y en tregua con Castilla y Portugal, el sultán almohade se dispuso a atacar al rey leonés a pesar de la alianza concertada en 1169; este acuerdo había sido firmado en momentos de apuro para almohades y leoneses; ambos tenían un enemigo común en Geraldo Sempavor y el único medio de hacerle frente era la alianza que permitiría a los musulmanes mantenerse en Badajoz y a Fernando II dominar las plazas de Montánchez, Alcónchel, Alcántara, Santa Cruz, Cáceres, Albuera y Almofrag.

Precisamente en esta solución radicaba el peligro: Badajoz quedaba rodeado por dominios leoneses desde los que Fernando II podría fácilmente ocupar la ciudad; para evitar estos posibles ataques el sultán almohade realizó en 1174 una campaña en la que León perdió todas las conquistas efectuadas en Extremadura.

A partir de 1176 los reyes de León y de Castilla realizaron continuas expediciones contra los musulmanes; mientras Fernando II saqueaba la zona de Jerez de los Caballeros, Alfonso VIII concentraba sus esfuerzos en la conquista de Cuenca (1177). A esta victoria siguieron numerosas razias de portugueses y castellanos, pero Alfonso VIII tuvo que abandonar la lucha contra los musulmanes para concentrar sus tropas en la frontera leonesa, donde habían surgido nuevamente problemas por la posesión de Tierra de Campos.

Concertada la paz entre Castilla y León (1181), Alfonso VIII y Fernando II llevaron a cabo nuevas campañas: el castellano saqueó las comarcas de Málaga, Ronda y Granada, y tomó el castillo de Alarcón; el leonés asedió Cáceres y devastó su campiña. La muerte de Fernando II de León en 1188 puso fin a la aproximación castellano-leonesa.

La mala administración de Fernando II y las continuas donaciones hechas a los nobles para obtener su apoyo en las guerras contra portugueses, castellanos y almohades redujeron considerablemente el poder del monarca leonés Alfonso IX (11881230), contra el que se sublevaron algunos nobles dirigidos por la madrastra del rey y apoyados por Castilla. Los problemas internos fueron resueltos en una reunión de nobles, clérigos y representantes de las ciudades (Cortes de 1188). Frente a Castilla, Alfonso IX suscitó una coalición integrada por León, Portugal y Navarra, que obligaron a los castellanos a concentrar sus tropas en las fronteras cristianas y a firmar la paz con los almohades, lo que no evitaría que en un ataque realizado en 1195 Castilla perdiera todas las tierras ocupadas a los musulmanes entre 1181 y 1188.

La derrota castellana de 1195 agudizó los problemas con Navarra y León que, aliados a los almohades, intentaron recuperar las tierras fronterizas ocupadas por Castilla en años anteriores; pero ni Alfonso IX ni Sancho VII supieron combinar sus ataques: el primero se sometió en 1197 y aceptó como garantía de paz el matrimonio con Berenguela de Castilla, a la que Alfonso VIII daría en dote las tierras disputadas. Contra Navarra Alfonso VIII se unió a Pedro el Católico de Aragón y ocupó Vitoria y toda Guipúzcoa.

La disolución por imperativos religiosos del matrimonio entre Alfonso IX y Berenguela en 1204 planteó de nuevo los problemas fronterizos entre castellanos y leoneses, que no resolverían sus diferencias hasta que en 1230 Fernando III, hijo de Alfonso IX y de Berenguela, reuniera en su persona ambos reinos. Las disputas con Castilla fueron la causa de que el rey leonés no participara en la cruzada pedida a Roma por Alfonso VIII y en la que intervendrían castellanos, aragoneses, navarros y portugueses, que obtuvieron la victoria de Las Navas de Tolosa (1212).

Las órdenes militares

Uno de los hechos de mayor transcendencia ocurrido durante el período estudiado es la creación de órdenes militares hispánicas surgidas en numerosos lugares de frontera, unas veces por iniciativa real como en el caso de las cofradías de Belchite y Monreal, creadas por Alfonso el Batallador de Aragón, y otras por la acción de particulares.

El número de estas cofradías u órdenes aparecidas a lo largo del siglo XII fue extraordinario, pero sólo alcanzaron importancia las creadas en la zona castellano-leonesa y en Portugal, es decir, en las comarcas más afectadas por los ataques almohades. En Aragón y en Navarra predominaron las órdenes europeas desde la época del Batallador y más concretamente desde que Ramón Berenguer IV se vio obligado, para complacer a Roma y lograr la anulación del testamento de Alfonso, a conceder numerosos bienes a las órdenes del Sepulcro, del Temple y del Hospital.

En Castilla, León y Portugal estas órdenes adquirieron algunas propiedades durante el reinado de Alfonso VII y de sus hijos, pero ninguna realizó labor positiva de conquista o defensa militar, por lo que serían pronto superadas por las órdenes castellano-leonesas de Calatrava, Alcántara y Santiago. La primera cronológicamente fue la de Calatrava, creada en 1158 por el abad cisterciense de Fitero, Raimundo Serrat, y por el monje Diego Velázquez —antiguo caballero—, que se comprometieron a defender la plaza de Calatrava abandonada por los templarios ante los primeros ataques almohades. La regla de esta orden, cisterciense por sus fundadores, fue aprobada por Alejandro III en 1164.

Algunos años más tarde se creaba en el reino leonés la orden de San Julián del Pereiro o de Alcántara, organizada por el obispo salmantino Ordoño, que le dio también la regla cisterciense; fue aprobada por el pontífice en 1177. Durante los primeros años la nueva orden careció de impulso expansivo y actuó en gran parte como subordinada a la de Calatrava, cuya regla aceptaron los caballeros del Pereiro en 1218 después de un acuerdo por el que Calatrava cedía a Alcántara sus posesiones leonesas.

En Portugal se creó en 1176 la milicia de Évora, que once años después se hallaba unida a la de Calatrava. El carácter nacional de estas órdenes es perfectamente visible: Calatrava será castellana, Alcántara leonesa y Évora, transformada más tarde en la orden de Avis, portuguesa. Cuando en 1312 sea suprimida por el pontífice la orden del Temple, desaparecerá en Castilla y en León, pero será transformada en Aragón-Cataluña y en Portugal donde con los bienes templarios se crean las ordenes de Mantesa y de Cristo.

Diferente de las órdenes anteriores por su regla —sigue la de los canónigos de san Agustín— y por la mayor importancia alcanzada, es la orden de Santiago, conocida en sus orígenes por orden de Cáceres, ciudad en la que fue creada en 1170 tras la victoria de Fernando II sobre Geraldo Sempavor. Aunque no puede dudarse de la finalidad religioso-limitar buscada por los fundadores, no deja de llamar la atención el hecho de que esta orden surgiera en el reino leonés cuando éste se hallaba aliado a los almohades contra castellanos y portugueses.

A Fernando II y a las circunstancias políticas en que surgió la orden debieron los santiaguistas sus primeras posesiones, situadas en la zona extremeña en litigio. La situación estratégica de estos bienes acentuó en los primeros años el carácter leonés de la— orden, que fue rápidamente utilizada por el arzobispo de Santiago (a él deben su nombre los caballeros de Cáceres) y por Fernando Rodríguez de Castro para defender contra los almohades, pero también contra portugueses y castellanos, las posesiones adquiridas en Extremadura. De esta época datan igualmente los contactos de los santiaguistas con el conde de Urgel, el tercer gran propietario de Extremadura. Pese a este marcado carácter leonés, la eficacia demostrada por los caballeros hizo que pronto se extendieran por Castilla y Portugal.

Desde fines del siglo XII las órdenes militares desplazan a las milicias concejiles en las tareas de conquista y repoblación del territorio; a ellas se deben los avances por la región de La Mancha entre 1175 y 1212 y su ocupación definitiva, así como la de Extremadura entre 1212 y 1235. Los grandes concejos situados entre el Duero y el Tajo tuvieron importancia militar mientras frente a ellos encontraron divididos a los musulmanes, pero a partir de 1172 las milicias concejiles se vieron obligadas a renunciar a las campañas de saqueo y a limitarse a la defensa del territorio, tarea para la que no estaban preparados los campesinos-caballeros de los concejos. La defensa de la frontera se organiza ahora desde castillos y fortalezas situadas en los pasos estratégicos, cuya defensa exige el establecimiento de guarniciones permanentes y disciplinadas.

Esta función de defensa militar permanente explica las cuantiosas donaciones hechas a las órdenes por los reyes, que procuran en todo momento dar a los caballeros propiedades rentables situadas en zonas alejadas de la frontera para que, con sus beneficios, pudieran atender a los gastos militares y a la repoblación del territorio que se les encomendaba.

El reino de Portugal

El imperialismo castellano-leones de los siglos XI y XII tiene una doble base: por un lado, es posible gracias a la fuerza militar del reino que le permite imponer su protección a los musulmanes y obligar a reyes y condes cristianos a declararse vasallos del emperador; y por otro, se basa en el prestigio que da a los monarcas castellano-leoneses el hecho de ser considerados herederos de los visigodos, de encarnar de algún modo el concepto unitario de la Península, idea que refuerza la Iglesia desde fines del siglo XI al conceder al arzobispo toledano el título de primado de la antigua Hispania.

Superioridad militar y herencia visigoda se complementan y se refuerzan mutuamente, pero sin la primera —siempre discutida— la aceptación de la unidad de la Península no pasa de ser una idea carente de valor en la práctica y combatida, de hecho, por los reinos cristianos que a la primacía toledana opondrán los derechos de las metrópolis de Tarragona (Aragón-Cataluña) y Braga (Portugal) anteriores cronológicamente a Toledo, o de la sede apostólica de Santiago-Mérida (León).

La lucha por la independencia portuguesa se desarrolla simultáneamente en los frentes eclesiástico y político-militar; antes incluso de que fuera creado por Alfonso VI el condado de Portugal los portugueses habían demostrado, a través de la iglesia de Braga y del arzobispo Pedro, su oposición a la hegemonía de Castilla representada eclesiásticamente por Toledo. Nombrado conde de Portugal, Enrique comprendió inmediatamente el interés que para el futuro de sus dominios tenía la pugna eclesiástica y logró de Roma el reconocimiento de Braga como sede primada de las diócesis gallegas y portuguesas; a través de la pugna eclesiástica resurgía la antigua oposición entre visigodos y suevos.

Pero si la unidad visigoda no pasaba de ser una idea carente de valor práctico, tampoco la tradición sueva tenía fuerza para imponerse; el metropolitano de Braga halló fuerte oposición en las diócesis gallegas, que finalmente pasarían a depender de la archidiócesis de Santiago, creada por Diego Gelmírez, apoyada por Alfonso VII para contrarrestar los afanes de independencia de Teresa y de su hijo Alfonso I, y fortalecida por Fernando II de León para oponerse de un lado a Castilla-Toledo y de otro a Braga-Portugal, cuya independencia eclesiástica se vería amenazada al reclamar los arzobispos de Santiago-Mérida el control de las sedes portuguesas situadas al sur del Duero.

Teóricamente las sedes gallegas (leonesas) dependen de Braga; Mérida es la cabeza de los obispados portugueses restaurados al sur del Duero y todos se hallan sometidos al primado toledano. Pero de hecho la realidad política se impone a la organización eclesiástica heredada de la época suevo-visigoda. A la división del imperio en los reinos de Castilla, León y Portugal corresponde una estructura eclesiástica similar: Braga será el centro de los obispados portugueses, Santiago-Mérida de los leoneses y el primado toledano quedará reducido a Castilla.

La muerte de Alfonso VII puso fin a la dependencia vasallática del rey de Portugal, pero ni castellanos ni leoneses aceptaron la independencia de este territorio, que sería dividido por el tratado de Sahagún (1158) entre Sancho III de Castilla y Fernando II de León. La guerra entre los Lara y los Castro a la muerte de Sancho y la injerencia del monarca leonés en los asuntos castellanos permitirían a Alfonso I reafirmar su independencia mediante la alianza con los Lara, contra Fernando II.

Las desavenencias entre castellanos y leoneses y, 1a posibilidad de un acuerdo entre los primeros y Portugal impidieron a Fernando II y a Alfonso IX mantener sus aspiraciones sobre el territorio portugués, que sólo sería atacado por cuestiones fronterizas o cuando los avances portugueses por el sur se opusieran a la expansión leonesa, como ocurrió cuando Geraldo Sempavor ocupó Extremadura y llamó en su ayuda contra León a Alfonso I (1169).

Frente a los musulmanes, Alfonso I mantuvo una política similar a la de sus vecinos; la oposición de los hispanos del sur de Portugal al imperio almorávide y las divisiones surgidas entre los reyezuelos de Mértola, Silves y Beja facilitaron el avance de las fronteras hasta el Tajo con la ocupación de Santarem y Lisboa en 1147, a las que siguieron Alcacer do Sal en 1158, Beja en 1162...; pero las tierras situadas al sur del Tajo se perdieron al afianzarse el poder almohade contra el que los portugueses se aliarían a los castellanos, navarros y aragoneses junto a los cuales participarían en la batalla de Las Navas de Tolosa (1212) después de haber oscilado entre la paz y los ataques en búsqueda de botín por tierras almohades.

La necesidad de hacer frente a las pretensiones imperiales y de contrarrestarlas en el plano jurídico llevó a Alfonso I a declararse vasallo de Roma y a ofrecer al Papa el pago de un censo anual como símbolo de la sumisión vasallática; obtenido el título real y desaparecido el peligro castellano, el rey portugués Sancho I (1185-1211) descuidó sus obligaciones para con Roma y se atrajo las iras de Inocencio III, convencido defensor de la teocracia pontificia, que exigió en 1198 el pago de los censos debidos desde 1179 y amenazó en caso de no ser obedecido con estimular la alianza de castellanos y leoneses contra Portugal.

Mayor trascendencia para la historia portuguesa tuvo el enfrentamiento entre Sancho y el clero del reino; obligado por la necesidad política y militar o movido por la piedad, Alfonso I hizo amplias donaciones al clero, que se convirtió en la mayor potencia económica de Portugal; la inmunidad de los señoríos eclesiásticos y la excesiva riqueza de sus propietarios lesionaba los intereses de la monarquía que, con Sancho, intentó reducir el poder del clero y afirmar la autoridad de la realeza. El choque entre ambos se produjo cuando el rey intervino a favor del cabildo en un pleito entre éste y el obispo de Oporto, que replicó desaprobando y pidiendo la anulación, por razones de parentesco, del matrimonio del heredero portugués con la infanta Urraca de Castilla.

Las cuestiones personales entre obispo y rey pronto dejaron paso a un problema de mayor importancia como era el control de la ciudad, cuyos habitantes, dependientes del señorío eclesiástico desde comienzos del siglo XI, aprovecharon, con la ayuda de los oficiales reales, las dificultades del obispo para poner fin a su autoridad y declararse súbditos directos del rey del mismo modo que habían hecho cien años antes los burgueses de Sahagún y de Santiago. Roma, en la cumbre de su prestigio, no podía tolerar el despojo de la sede y obligó a Sancho y a sus partidarios a volver a la situación anterior y a hacer nuevas concesiones al clero portugués, lo que daría lugar a nuevos enfrentamientos entre los eclesiásticos y el rey durante los reinados de Alfonso II y de Sancho II.

BIBLIOGRAFÍA

Abadal i de Vinyals, Ramón d': A propos de la «domination» de la maison comtale de Barcelone sur le Midi francais. — «Annales du Midi» (Toulouse), LXXVI (1964), págs. 315-345. (Publicado también, en versión catalana, en «Dels visigots als catalans» II, Edicions 62, Barcelona 1970, págs. 281-309.)

Almagro, Martín: El señorío soberano de Albarracín bajo los Azagra. — Instituto de Estudios Turolenses («Historia de Albarracín y su sierra», tomo III). — Teruel 1959. — 354 págs.

Cocheril, M.: L'implantation des abbayes cisterciennes dans la péninsule ibérique. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), I (1964), págs. 217-281.

Da Costa, Avelino Jesús: Obispo D. Pedro e a organiçao da diocese de Braga. — Coimbra 1959.

Defourneaux, M.: Les Français en Espagne aux XI et XII siécles. — P.U.F. — París 1951. — 333 págs.

Erdmann, Carl: O papado e Portugal no 1º século da historia portuguesa. — Coimbra 1935

Font Rius, José María: La reconquista de Lérida y su proyección en el orden jurídico. — Lérida 1949.

Font Rius, José María: La comarca de Tortosa a raíz de la reconquista cristiana (1148). Notas sobre su fisonomía político-social. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XIX (1953), págs. 104-128.

González, Julio: Regesta de Fernando II. — C.S.I.C. — Madrid 1943.

González, Julio: Alfonso IX. — C.S.I.C. — Madrid 1944. — 2 vols.

González, Julio: El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII. — C.S.I.C. — Madrid 1960. — 3 vols., 1080, 967 y 1006 págs.

Gutton, Francis: La chevalerie militaire en Espagne. L'ordre de Calatrave. — Comission d'Histoire de l'Ordre de Citeaux, IV. — Paris 1969. — 240 págs.

Huici, A.: Las grandes batallas de la Reconquista durante las invasiones africanas (almorávides, almohades y benimerines). — Instituto de Estudios Africanos. — Madrid 1956. — 392 págs.

Huici, A.: Historia política del imperio almohade. — Editora Marroquí. — Tetuán 1956. — 390 págs.

Lacarra, José María: El rey Lobo de Murcia y la formación del señorío de Albarracín. — En «Estudios dedicados a Menéndez Pidal» III (Madrid 1952), págs. 515-526.

Lacarra, José María: La reconquista y repoblación del valle del Ebro. — En «La reconquista española y la repoblación del país» (Zaragoza 1951), págs. 39-83.

Lacarra, José María: Alfonso II el Casto, rey de Aragón y conde de Barcelona. — En «VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Ponencias» (Barcelona 1962), págs. 95-120.

Lomax, Dereck W.: La orden de Santiago (1170-1275). — C.S.IC. — Madrid 1965. —XXVII + 308 págs.

Martín, J. L.: Orígenes de la orden de Santiago (1170-1195). — C.S.I.C. — Barcelona 1973. — 573 págs.

Menéndez Pidal, Ramón: El imperio hispánico y los cinco reinos. Dos épocas en la estructura política de España. — Madrid 1950. — 230 págs.

Méréa, Paulo: Sobre as origens de Portugal. — En «Historia e Direito (Escritos dispersos)» II (Coimbra 1971), págs. 177-311.

Rasow, P.: Die Urkunden Kaiser Alfons VII von Spanien. — 1928.

Revilla. R.: Ordenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa. — Madrid 1927.

Schramm, Percy E.; Cabestany, Joan F.; y Bagué, Enric: Els primers comtes-reis. Ramón Berenguer IV, Alfons el Cast, Pere el Católic. — Editorial Teide. — Barcelona 1960. — 151 págs.

Ubieto Arteta, A.: Navarra-Aragón y la idea imperial de Alfonso VII de Castilla. — En «Estudios de Edad Media en la Corona de Aragón» (Zaragoza), VI (1953-1954), págs. 41-82.

Ventura Subirats, Jordi: Alfons el Cast. El primer comte-rei. — Editorial Aedos. — Barcelona 1961. — XVI+ 326 págs.

Ventura Subirats, Jordi: Peré el Católic i Simó de Montjort. — Editorial Aedos. — Barcelona 1960. — 342 págs.

Ventura Subirats, Jordi: Els heretges catalans. — Editorial Selecta (Biblioteca Selecta, núm. 348). — Barcelona 1963. — 248 págs.

4. REPOBLACIÓN, CONCEJOS Y CIUDADES

La repoblación pierde en los siglos XI-XII el carácter semiespontáneo de épocas anteriores. La importancia de las tierras conquistadas, en las que se incluyen núcleos urbanos que interesa mantener, y el avance sobre zonas de llanura, de más difícil defensa, exige que la repoblación esté perfectamente organizada. No se trata sólo de poner en cultivo unas tierras sino ante todo de garantizar su incorporación definitiva mediante el establecimiento de una población numerosa dotada de la autonomía y de los medios necesarios para cumplir su misión.

Junto a esta repoblación de tipo fronterizo (se incluyen en ella las distintas fronteras entre los reinos cristianos) se lleva a cabo una repoblación de las comarcas del interior que interesa revitalizar por motivos económicos, como en el caso del Camino de Santiago, o por cualquier otra razón. La repoblación fronteriza la efectúan los municipios o concejos dotados de fueros especiales y, desde fines del siglo XII, las órdenes militares. Las ciudades del Camino de Santiago fueron repobladas por francos bajo la dirección del rey en unos casos y en otros bajo el control de los cluniacenses; los monjes cistercienses pusieron en cultivo amplias zonas interiores.

Los núcleos urbanos surgidos en Europa desde fines del siglo X debieron sus orígenes a un desarrollo importante de la agricultura que hizo posible la aparición de un mercado de consumidores prontamente atendido por los mercaderes locales y regionales y, en algunos casos, por los comerciantes de artículos de lujo llegados desde Italia y desde Oriente. Estos mercaderes, así como los artesanos que dependían de ellos, terminaron imponiéndose, aunque no siempre, a la antigua ciudad episcopal o centro militar en cuyas proximidades se establecían, y sustituyeron el poder y el derecho feudal por el derecho de la burguesía que necesitaba, por razones de su trabajo, la libertad personal para los habitantes de la ciudad, la posibilidad de movimiento, la supresión de las trabas feudales y el control del mercado.

No todas las ciudades surgieron del mismo modo y no siempre los núcleos urbanos fueron un centro de libertad para sus habitantes, que se encontraron en muchas ocasiones sometidos a la aristocracia urbana, al patriciado; pero en líneas generales puede aceptarse el carácter progresivo social y económico de la ciudad respecto al señorío feudal.

En la Península se dará el nombre de ciudad tanto a los centros comerciales surgidos o no a lo largo del Camino de Santiago como a los concejos agrario militares de frontera en los que ni la artesanía ni el comercio tuvieron un papel preponderante, pero que se asemejaron a las ciudades por el estatuto privilegiado de sus habitantes, según tendremos ocasión de comprobar.

REPOBLACIÓN FRONTERIZA

Tanto en los reinos occidentales como en los orientales los avances cristianos se efectúan sobre tierra llana de difícil defensa, si los repobladores no son atraídos por la concesión de privilegios que compensen el evidente riesgo que supone habitar en zonas expuestas a las correrías de los musulmanes o de los reinos vecinos. Esta situación militar hizo que en todos los reinos surgieran tierras «nuevas» en cuanto que sus pobladores tenían una condición «nueva», diferente a la de los habitantes del norte; la libertad individual y la unión entre los distintos pobladores de los nuevos centros fue la característica esencial de la población asentada en la Cataluña Nueva (comarcas de Tarragona, Lérida y Tortosa), en la Tierra Nueva de Huesca y del reino de Zaragoza, en los municipios de Castilla la Nueva y en los concejos leoneses y portugueses de Extremadura.

La atracción de los pobladores se logra mediante la concesión de fueros, cartas de población o cartas de franquicia, nombres con los que se designa a toda concesión hecha con la finalidad de repoblar, de procurar el asentamiento de grupos humanos y de fijar más o menos rudimentariamente las normas de convivencia entre los vecinos de las nuevas poblaciones.

El ofrecimiento de condiciones especialmente favorables tuvo repercusiones sociales no sólo sobre el territorio fronterizo sino también sobre las zonas ya habitadas, cuyos pobladores intentarán por todos los medios trasladarse a las nuevas tierras o conseguir unas condiciones similares en sus lugares de origen. Se produce así un doble fenómeno en las regiones del norte de todos los reinos peninsulares: por una parte, los señores reforzarán los lazos jurídicos que unían a los campesinos a la tierra; por otra, mejorarán las condiciones materiales de estos mismos campesinos para evitar su huida a las nuevas tierras.

Repoblación y concejos de Castilla-León

La conquista del reino de Toledo permitió incorporar definitivamente a los dominios castellano-leoneses la extensa zona situada entre el Duero y el Tajo, para cuya colonización fueron llamados pobladores de las comarcas norteñas y de los reinos y condados ultrapirenaicos; aquí, como en los demás reinos, se ofrecerán importantes privilegios a los campesinos que acudan, lo que endurecerá la postura de la nobleza hacia los que les están sometidos y dará lugar a una generalización de la adscripción a la tierra en las zonas del norte. En muchos casos se hará necesario traer estos repobladores del Sur de Francia.

La repoblación tuvo ante todo un carácter político-militar y estuvo dirigida por el rey o por personas allegadas a él y encargadas de organizar las nuevas poblaciones, los concejos surgidos en la cuenca del Duero, llamada Extremadura, tanto en Castilla como en León y Portugal.

En esta comarca pueden distinguirse varias zonas: en la parte central se crearon los concejos de Medina, Cuéllar, Arévalo, Sepúlveda y Olmedo, repoblados por los habitantes de la vertiente norte del Duero, es decir, por los castellanos de Palencia, Valladolid, Burgos y La Rioja. La repoblación más importante se efectúa en la cuenca del Bajo Duero, en la que el conde Raimundo de Borgoña dirige la colonización de Segovia, Ávila y Salamanca con pobladores de muy diversa procedencia, entre los que abundan los de origen franco, navarro y aragonés así como algunos núcleos mozárabes. Al navarro Alfonso el Batallador se debe la repoblación del Alto Duero y la creación de los municipios de Soria, Berlanga, Almazán y Belorado.

En todas y cada una de estas poblaciones, de acuerdo con los fueros otorgados, se acepta indiscriminadamente a cuantos quieran repoblar, siempre que se comprometan a fijar en ellas sus domicilios al menos durante un año; sus habitantes son eximidos de impuestos como la mañería y el nuncio, de peajes, portazgos y montazgos... Cada concejo tiene sus propias milicias que actúan con gran independencia y a las que Castilla y León debieron el mantenimiento de sus fronteras durante los ataques almorávides y almohades de los años turbulentos de la sucesión de Alfonso VI y Alfonso VII.

La guerra con los musulmanes es una fuente importante de ingresos (botín y parias) y se halla estimulada en los fueros por el reconocimiento de una superior categoría social á quienes dispongan de un caballo de guerra y por la concesión a los concejos de amplias zonas de influencia, de tierra no conquistada por la que pueden y deben extenderse.

La situación geográfica de estas poblaciones determina en gran parte su economía, de tipo mixto agrícola y ganadero con predominio del pastoreo sobre el cultivo de los campos. Las nuevas poblaciones de frontera son en muchos casos avanzadas en territorio enemigo, mal comunicadas con el resto del reino, y sólo pueden ser enclavadas en zonas que permitan desarrollar una economía de autoabastecimiento, es decir, en lugares de contacto entre sierra y llanura en las que es posible alternar el laboreo de la tierra con el pastoreo del ganado.

El predominio de la ganadería se debe a causas demográficas y militares. La continua presencia de los musulmanes (la guerra es una fuente de ingresos también para ellos) hace poco rentable la siembra de cereales. Los campesinos prefieren dedicarse a la cría de ganado, más fácilmente defendible por su movilidad en caso de ataque; por otra parte, la ganadería exige menor mano de obra y ni Castilla ni León disponían de hombres suficientes para poner en cultivo todas las tierras conquistadas.

A éste respecto es interesante señalar que en la primera época no se conceden fueros a los núcleos predominantemente agrícolas sino a poblaciones situadas en zonas montañosas, en tierras altas y de vida más pastoril que agrícola, lo que es comprensible si tenemos en cuenta que el asentamiento de una población estable (agrícola) sólo tiene posibilidades de éxito cuando se controlan los puntos montañosos de acceso a estas regiones; para ello es preciso instalar guarniciones cuyos miembros viven de la guerra y de la ganadería.

La superioridad militar de los pastores-guerreros sobre los campesinos sedentarios da lugar a una diferenciación social que los fueros recogen al establecer un estatuto distinto para los caballeros y encomendarles no sólo la defensa permanente del territorio sino también la protección del ganado comunal. Ser caballero, disponer de un caballo, es un honor que lleva consigo la exención de determinados impuestos, pero es también una obligación para todos aquellos que disponen de medios económicos suficientes. Riqueza y eficacia militar unidas convierten a los caballeros villanos en los personajes más influyentes y les llevarán a reservarse en exclusiva el gobierno de los municipios.

En todos estos concejos se da un fuerte localismo, que tiende a diferenciar a los vecinos de los que no lo son y concede a los primeros unos privilegios y unos deberes de los que carecen los segundos. Para ser vecino se exige generalmente tener propiedades en la localidad, fijar en ella su residencia y pagar los impuestos concejiles. Los vecinos participan de los bienes comunales: montes, dehesas, molinos; gozan de una mayor protección judicial, participan en el gobierno de la ciudad a través de la asamblea concejil y pueden atestiguar en juicio. Las contribuciones obligan en principio a todos, pero puede eludirse su pago por falta de medios económicos o por la pertenencia a grupos privilegiados como el de los caballeros villanos o el de los clérigos.

La vida del concejo está organizada y dirigida por la asamblea de todos los vecinos, por los funcionarios municipales y por los representantes del monarca. La asamblea se reúne anualmente para elegir a los funcionarios encargados del gobierno, pero en muchos lugares —en los municipios pequeños principalmente— la asamblea de los vecinos mantiene importantes atribuciones y de hecho gobierna con o sin los funcionarios; puede modificar los fueros, dictar nuevas normas, intervenir en juicio y organizar la vida económica de la villa tomando parte activa en los acuerdos con los vecinos sobre límites y aprovechamiento de pastos y tierras, aceptación de pobladores y fijación de sus heredades, aprovisionamiento del concejo, fijación de pesos y medidas, reparto y cobro de los impuestos...

A la diversidad de fueros municipales corresponde igual diversidad de funcionarios y de atribuciones, pero en casi todos los casos la villa está dirigida por un juez a cuyas órdenes actúan los alcaldes y, como funcionarios menores, los sayones, pregoneros, fieles, mayordomos, escribanos y recaudadores de impuestos. El juez convoca y preside la asamblea de vecinos, dirige las tropas concejiles en la guerra, juzga en los pleitos menores, está exento de algunos impuestos, tiene participación en las multas y, a veces, cobra un sueldo.

En muchos casos actúa como representante del señor (rey o particular); los delegados o representantes directos de los vecinos son los alcaldes, que colaboran con el juez en todas sus funciones: su número depende de la importancia del municipio: cuando éste se halla dividido en barrios, colaciones o parroquias suele haber un alcalde por cada colación.

Los oficiales menores están. encargados de convocar la asamblea, de guardar los pesos y medidas, pregonar los objetos perdidos, ejecutar las sentencias judiciales, vigilar los precios y calidad de los artículos, recaudar las multas e impuestos, guardar los bienes municipales y redactar los acuerdos. La duración de los cargos es anual y se prohíbe generalmente la reelección. Para ser elegido se requiere, aparte de las condiciones morales exigidas por el cargo, la de ser vecino y tener casa poblada y caballo desde un año antes, con lo que se reduce el número de los posibles candidatos que, de hecho, pertenecen a un grupo reducido de familias.

El poder real se halla representado en estos municipios por funcionarios que reciben los nombres de dominus villae, merinos, jueces y alcaldes del rey... cuyas atribuciones varían considerablemente según el grado de autonomía logrado por los concejos. En unos casos nombrarán a los jueces y alcaldes municipales, en otros tendrán a su cargo la administración superior de la justicia, la dirección de la guerra... El conflicto entre autoridades municipales y reales se producirá a fines del siglo XIII y durante todo el siglo XIV cuando los reyes intenten centralizar el poder y uniformar la organización de sus dominios.

El concejo castellano-leonés, agrícola-ganadero y militar según hemos visto, comprende no sólo el núcleo urbano sino también un territorio o alfoz de extensión variable y generalmente especificada en el fuero; la extensión del alfoz puede ser recortada por el rey para crear nuevos concejos o para dotar señoríos, y ampliada mediante compras, incorporaciones, conquistas... Dentro del territorio surgen aldeas sometidas a las villas, que fijan los términos de las aldeas, participan en las multas, cobran los impuestos, nombran los funcionarios; en estas aldeas se crean igualmente concejos con atribuciones reducidas y limitadas por los fueros y por las autoridades de los concejos.

Los bienes de estos municipios están constituidos por algunos derechos sobre las tierras, montes y dehesas de sus territorios, que sirven para atender a la reconstrucción de murallas, puentes y caminos, al pago de los funcionarios, etc. Entre los ingresos del concejo figuran los derivados del montazgo o impuesto que se cobra por la utilización de los pastos o leña comunales y los peajes y portazgos cobrados por el derecho de paso a ganados y mercancías. Peajes y portazgos tienen un claro matiz proteccionista: se recarga la entrada de artículos obtenidos en la villa y se facilita la de aquellos que los vecinos no producen; en todos los casos se da preferencia a los vecinos sobre los forasteros.

La principal actividad económica de los habitantes de estos concejos se centra en la explotación ganadera, que aparece minuciosamente regulada en todos los fueros junto con la agricultura. Por lo que se refiere a la ganadería, el concejo se ocupa de regular la utilización de los pastos comunes, de organizar la trashumancia del ganado lanar y de protegerlo mediante escoltas armadas. Las actividades de los artesanos aparecen igualmente reguladas en todos los fueros; el concejo interviene organizando la producción y fijando los precios y salarios, pero en líneas generales puede aceptarse que en ninguno de estos concejos existe un grupo socialmente importante de artesanos; la mayoría son panaderos, carniceros, sastres, zapateros, herreros... que alternan su trabajo con el cultivo del campo.

Mozárabes, mudéjares y judíos en el reino de Toledo

En el antiguo reino de Toledo, incorporado junto con la capital en 1085, la repoblación inicial presenta características distintas por cuanto se mantuvo en él la antigua población musulmana, mozárabe y judía. Más que de repoblación podría hablarse para comienzos del siglo XII de castellanización y de romanización eclesiástica. La población del nuevo reino la integran sus antiguos habitantes: mozárabes, mudéjares (musulmanes que permanecieron en las tierras ocupadas por los cristianos) y judíos, a los que se añadieron los castellanos y los francos. Los mozárabes constituían en su mayor parte la población campesina del reino y su suerte apenas fue modificada por el dominio cristiano, al que en muchos casos opusieron resistencia.

Su integración, su «castellanización» fue lenta e incompleta ya que se diferenciaban de los nuevos cristianos por la lengua (utilizaron el árabe hasta avanzado el siglo XIII), por el rito y también por la situación social. Alfonso VI y Alfonso VII intentaron realizar una política de conciliación entre mozárabes, castellanos y francos, pero sus intentos fracasaron y los mozárabes como grupo desaparecieron en el campo y sólo pervivieron algunas familias radicadas en la ciudad.

Entre 1100 y 1300 los mozárabes perdieron la propiedad de la tierra que cultivaban, tuvieron que venderla en los años difíciles. Cultural y políticamente los mozárabes de Toledo intentaron en los primeros años controlar la capital del nuevo reino por mediación del mozárabe Sisnando Davídiz, al que Alfonso VI encargó el gobierno de la ciudad, pero la importancia adquirida por el primer arzobispo, el cluniacense Bernardo, y por sus colaboradores relegó a un segundo plano a los mozárabes, que intentaron mantener la tradición y elegir su propio obispo en 1095; el clero local fue sustituido por monjes cluniacenses de Sahagún y por clérigos franceses que implantaron el rito romano y acentuaron la oposición a los mozárabes.

Los mudéjares fueron numerosos durante los primeros años al haber sido ocupado Toledo mediante una capitulación que garantizaba a los musulmanes el disfrute de sus bienes. Sin embargo, las oscilaciones de la frontera cristianomusulmana en el siglo XII favorecieron la emigración de gran parte de los pobladores. Parece seguro que al menos la aristocracia musulmana abandonó el reino y que sólo permanecieron en él los campesinos cuya suerte no habría cambiado por emigrar a tierras musulmanas. Su número disminuyó continuamente por conversión y su importancia fue siempre reducida si exceptuamos el campo artístico.

Los judíos controlaban gran parte de la administración toledana en el momento de la conquista; los reyes los mantuvieron en sus funciones y los utilizaron como prestamistas, administradores y recaudadores de impuestos, lo que no dejó de acarrearles la animadversión de francos y de castellanos, que asaltaron el barrio judío en 1108 e hicieron responsables a los hebreos de la derrota de los ejércitos de Alfonso VI en este mismo año. A este ataque a la aljama judía seguirían otros muchos a lo largo de la Edad Media, coincidiendo siempre con épocas de dificultades económicas y políticas.

Por castellanos se conoce a los pobladores llegados de Castilla, León y Galicia con el ejército de Alfonso VI; formaron un grupo aparte dotado de fueros propios y ocuparon los puestos militares de mayor responsabilidad. Entre los francos predominó el elemento eclesiástico, aunque no faltaron los cruzados; su importancia seria similar a la de los castellanos y mozárabes, pues como ellos recibieron de Alfonso VI un fuero particular, que sólo sería suprimido en 1118 por Alfonso VII al conceder el fuero general de Toledo para conseguir la convivencia, al menos oficial, de los tres grupos.

Importancia repobladora de las órdenes militares

De las tierras incorporadas a fines del siglo XI, numerosas se perdieron durante los contraataques almorávides y almohades. Sólo pudieron ser mantenidas en poder de los castellano-leoneses las ciudades de Toledo, Talavera, Madrid, Maqueda y Guadalajara, que fueron organizadas militar y eclesiásticamente. Cada concejo, al igual que los situados en la zona del Duero, recibió un territorio abierto por el sur hacia los dominios musulmanes. A la restauración de la sede toledana con carácter de primada de la Península siguió la creación de parroquias dotadas con los bienes que habían pertenecido a las mezquitas musulmanas; resulta interesante señalar que la mayor parte de las plazas fuertes incorporadas en los siglos XI y XII se convirtieron en arciprestazgos de la archidiócesis toledana, lo que nos lleva a suponer la existencia de un paralelismo entre repoblación, reorganización militar y administración eclesiástica, al igual que hemos visto en Cataluña para épocas anteriores.

La conquista y repoblación definitiva del reino toledano, especialmente de las zonas situadas al sur del Tajo, fue obra de las órdenes militares castellano-leonesas, que sirvieron de lazo de unión entre los divididos reinos y garantizaron la continuidad de la defensa. Limitándonos a la orden de Santiago, sabemos que en 1195 controlaba una serie de castillos que formaban una barrera defensiva y de ataque a lo largo de todas las fronteras de los reinos occidentales (Portugal, León y Castilla) con el mundo musulmán, desde Lisboa hasta Cuenca y Albarracín pasando por Alcacer do Sal, Almada, Arruda-dos-Vinhos, el señorío de Trujillo, Medellín, Mora, Oreja, Ocaña, Uclés...

La importancia repobladora de las órdenes militares se explica no sólo por su actividad militar sino también por los intentos pontificios de acentuar la centralización eclesiástica. Las órdenes militares y las mendicantes tendrán en el siglo XIII un papel similar al de los cluniacenses en el XII; unas y otras son agentes de la política pontificia y recibirán por ello numerosos privilegios, concedidos a veces en perjuicio de las sedes episcopales. Así, Alejandro III al redactar la bula fundacional de la orden de Santiago confirmó todas sus propiedades, eximió a los caballeros de la tutela episcopal y les garantizó la posesión pacífica de todas las tierras que hubieran estado desde tiempo inmemorial desiertas o en poder de los musulmanes y que ganaran ellos con su esfuerzo o por donación de los reyes, incluso en los casos en los que existieran escrituras que asignaran la propiedad de aquellas tierras a otras personas o instituciones.

Las continuas oscilaciones de la frontera entre cristianos y musulmanes en la cuenca del Tajo había creado numerosos problemas a los repobladores de esta zona. Gran parte de estos territorios habían sido entregados a particulares o a la iglesia toledana por Alfonso VI y por sus sucesores, pero ante la inseguridad de la comarca los particulares terminaron por abandonar sus propiedades y la iglesia de Toledo se convirtió en dueña de extensas posesiones que no podía repoblar por falta de brazos y que en muchos casos volvieron a ser ocupadas por los musulmanes. El privilegio de Alejandro III afectaba directamente a estas tierras y la sede toledana intentaría por todos los medios recuperar los bienes mediante la presentación de escrituras de compra o de donación, lo que daría lugar a innumerables pleitos entre la archidiócesis toledana y las órdenes militares, a través de los cuales podría conocerse la evolución de la propiedad en la comarca del Tajo.

Las órdenes militares reemplazaron al rey, a los obispos y también a los concejos en las zonas repobladas por ellas, ya que sus dominios fueron por lo general inmunes y estuvieron exentos en parte de la tutela episcopal. En estas comarcas, Extremadura y La Mancha, no hubo ni grandes concejos ni establecimientos monásticos de importancia; puede afirmarse que son las únicas regiones en las que no ejercieron ninguna influencia benedictinos, cluniacenses, cistercienses ni, posteriormente, franciscanos o dominicos.

Las órdenes militares colonizaron sus propiedades mediante la concesión de derechos a algunos nobles o a través de fueros similares a los de los concejos del valle del Duero, pero nunca se llegó a la creación de grandes ciudades porque las órdenes se reservaron diversos privilegios señoriales que coartaban la libertad y reducían el estímulo de los nuevos pobladores.

Junto a las órdenes militares, organizaron la repoblación las sedes episcopales, que eran igualmente grandes propietarios por sus riquezas directas y por los ingresos que suponían los derechos eclesiásticos (diezmos fundamentalmente). Por el cobro de estos derechos surgirían diferencias entre órdenes militares y obispos al conseguir las primeras de los pontífices una serie de privilegios que les autorizaban a fundar iglesias en los lugares que hubieran permanecido en poder de los musulmanes desde tiempo inmemorial y a percibir en ellas los derechos eclesiásticos.

Los ingresos obtenidos a través de estos derechos superaban en muchos casos a los procedentes de la propiedad territorial. Su control dio lugar a numerosos pleitos y acuerdos entre obispos y órdenes, a través de los cuales podremos conocer algún día la producción agrícola de estas comarcas. Una lista de los productos diezmados en la sede toledana incluye corderos, queso, lana, ingresos obtenidos de ovejas y cabras, cereales, ingresos por el alquiler de bueyes, sueldo de los jornaleros, vino, renta de las viñas, aceite, miel, cera, enjambres, becerros, potros, mulos, asnos, lino y cáñamo, palomares, cominos, avena, garbanzos, habas...

Para defender estos ingresos y el mantenimiento de la jurisdicción sobre las iglesias, los obispos llegaron a frenar la repoblación iniciada por las órdenes militares al ordenar a los habitantes de lugares de frontera controlados por los caballeros que abandonaran dichas villas bajo pena de excomunión y prohibir a los demás que acudieran a repoblarlas. Las órdenes por su parte reaccionaron mudando la situación de las villas antiguas y obligando a poblar las creadas en lugares desiertos con lo que, en virtud de los privilegios pontificios, ponían en ellos sus clérigos y percibían todos los derechos.

Regiones fronterizas entre los reinos cristianos

La Rioja fue una zona fronteriza disputada desde la muerte de Sancho el Mayor hasta comienzos del siglo XIII. Resumiendo brevemente podemos distinguir en la historia política de esta comarca las siguientes fases: atribuida por Sancho al reino de Navarra, fue incorporada a Castilla tras la victoria de Fernando I en Atapuerca (1054) y a consecuencia de la guerra entre Sancho II de Castilla y Sancho Garcés de Navarra. Alfonso el Batallador retuvo numerosas plazas castellanas después de inhibirse en la sucesión de Alfonso VI, y entre ellas figuró La Rioja, que sería recuperada, en parte, por Alfonso VII al producirse la separación de navarros y aragoneses. La guerra civil castellana durante la minoría de Alfonso VIII permitió a Sancho VI ocupar de nuevo esta región, que volvería a ser conquistada por Alfonso VIII entre 1173 y comienzos del siglo XIII, al tiempo que ocupaba Álava y Guipúzcoa. Las tres regiones fueron repobladas y en ellas se establecieron concejos de frontera con población de origen castellano en Vitoria, Treviño, Arganzón, Fuenterrabía, San Sebastián, Carranza y Miranda.

Los incidentes fronterizos entre Castilla y León en la segunda mitad del siglo XII dieron lugar a la fortificación de la Tierra de Campos por Fernando II, Alfonso IX y Alfonso VIII, que establecieron fuertes guarniciones en Guardo, Villafrechós y Villagarcía en la zona castellana; y en Almansa, Ferrera, Mansilla, Coyanza, Villalpando, Rueda, Ardón y Benavente por parte leonesa. El sistema de repoblación fue en todos los casos el concejil con asentamiento de numerosos caballeros villanos encargados de la defensa del territorio.

Las fronteras entre León y Portugal fueron reforzadas en la zona gallega (Tuy, Castro Mazamud, Salvatierra y Lobeira), pero los intentos de implantar concejos fracasaron en parte por la resistencia opuesta por los señores eclesiásticos y por la negativa de los pobladores libres a instalarse en zonas controladas por señores con atribuciones feudales. Más hacia el sur se repobló Puebla de Sanabria y Ciudad Rodrigo, así como Ledesma.

Con la repoblación de Ciudad Rodrigo, Fernando II recortaba los límites del poderoso concejo salmantino que veía obstruido, además, el camino de penetración en la zona musulmana de la que obtenían sus milicias abundante botín; y la creación de la sede de Calabria en Ciudad Rodrigo perjudicaba al obispo salmantino, que unió sus fuerzas a las del concejo contra el rey, después de solicitar la ayuda portuguesa. Vencida esta sublevación, se reforzaron las defensas de Ciudad Rodrigo y otro tanto hicieron los monarcas portugueses en su territorio. Por su parte, Alfonso VIII de Castilla reforzó sus fronteras por el sur con León mediante la creación de los concejos de Béjar y Plasencia, en el último de los cuales creó una nueva diócesis.

La repoblación portuguesa

Hasta mediados del siglo XII las fronteras portuguesas apenas experimentaron cambios; el condado y posteriormente el reino tenía una extensión próxima a los 30000 kilómetros cuadrados divididos en tierras o territorios, que coincidían en unos casos con los señoríos y en otros con los arciprestazgos en que se dividían las diócesis de Braga, Porto, Coimbra, Lamego, Viseu e Idanha y la de Tuy, que, situada en el reino leonés, tenía jurisdicción sobre tierras portuguesas próximas a la frontera. En la base de la organización del territorio se hallaban las antiguas vilas o pazos cuyos límites coincidían con los de la parroquia o feligresía.

Por su situación marítima, Portugal pudo contar en diversas ocasiones con la ayuda de cruzados, como en la conquista de Lisboa (1147) que fue realizada con la colaboración de una flota inglesa, dirigida en principio a las costas sirias; Las conquistas efectuadas al disgregarse el imperio almorávide situaron la frontera en las orillas del Tajo. La repoblación se hizo de forma semejante a la empleada en León o en Castilla, cuyos fueros (forais) hallamos aplicados en numerosos lugares de Portugal, tanto en la frontera con los musulmanes como en las tierras próximas a León. La zona del Tajo fue repoblada en gran parte por las órdenes militares.

La repoblación aragonesa

Entre 1087 y 1170 el pequeño reino aragonés incorporó a sus dominios tierras con una extensión superior a los 48000 kilómetros cuadrados entre la Tierra Nueva de Huesca (1087-1117), el reino de Zaragoza (1117-1122) y la comarca de Teruel. A diferencia de lo ocurrido en los reinos occidentales la conquista aragonesa se efectuó sobre tierras que, a excepción de la comarca turolense, contaban con abundante población musulmana, cuya permanencia se hallaba garantizada por las capitulaciones firmadas entre vencedores y vencidos y por el interés de aquéllos en mantener en cultivo unas tierras que su escaso potencial demográfico impedía cultivar directamente.

En el campo puede afirmarse que se mantuvo la mayor parte de la población, aunque sometida ahora a los nuevos señores que se limitaron a sustituir a la nobleza musulmana que, al igual que en Toledo, abandonó el reino tras la conquista; en las ciudades se toleró durante un año la presencia de los musulmanes quienes, pasado este plazo, fueron obligados a fijar su residencia en barrios situados a extramuros. En todos los casos fueron respetadas las costumbres, religión y organización interna de la comunidad musulmana.

La sustitución de los campesinos fugitivos y de los ciudadanos expulsados, así como el control de los que permanecieron, exigía la instalación en los núcleos urbanos o semiurbanos de pobladores capaces de mantener el control de las tierras incorporadas. Pero ni Aragón disponía de hombres suficientes ni los monarcas se hallaban en condiciones de obligar a la nobleza a permitir la salida de sus colonos o siervos del antiguo Aragón para cultivar tierras cuya rentabilidad, al menos en los primeros momentos, era dudosa.

Para atraer a los nuevos pobladores era necesario ofrecerles condiciones ventajosas como las prometidas por Alfonso el Batallador a los repobladores de Zaragoza: posesión de las tierras que cultivaran dentro y fuera de la ciudad y concesión de la libertad; francos, campesinos libres y siervos fugitivos de Aragón y Navarra acudieron a Zaragoza, pero su número sólo fue suficiente para poner en cultivo las tierras más rentables, las de regadío, pero no las de secano que serían nuevamente repartidas por Ramón Berenguer IV, así como otras abandonadas por algunos pobladores de primera hora. A pesar de estas disposiciones, Zaragoza quedaría insuficientemente poblada y lo mismo ocurriría con otras poblaciones de la Tierra Nueva y del reino zaragozano.

Las dificultades para hallar repobladores aumentan en las zonas fronterizas. Fue preciso conceder los fueros de las ciudades castellano-leonesas de frontera (el fuero de Sepúlveda) para conseguir la repoblación de ciudades como Soria, Almazán, Medinaceli, Calatayud, Daroca, Belchite o Teruel. La ciudad que servía de centro a este tipo de repoblación estaba confiada normalmente a un noble quien, con su comitiva, era el aglutinador y organizador de la defensa y de los ataques a tierras musulmanas en búsqueda de botín, que se convirtió en una fuente normal de ingresos para estas poblaciones.

El origen heterogéneo de los repobladores hizo que el derecho vigente no fuera el aragonés, sino el de los lugares de origen de cada grupo repoblador; pero por encima de esta diversidad jurídica existió siempre la uniformidad del derecho de frontera; el concejo y sus funcionarios continuaron en algunos aspectos actuando a las órdenes del señor de la villa, pero tan sólo en cuanto que éste era el delegado del rey; la nueva situación era incompatible con las atribuciones señoriales y el concejo no estará a sus órdenes sino que constituirá una entidad de gobierno con autonomía derivada de los fueros.

La conquista y repoblación de los territorios fue acompañada de la restauración de las sedes episcopales de Zaragoza, Huesca, Lérida (se trasladó a tita ciudad el obispado ribagorzano de Roda-Barbastro) y Tarazona. La dotación de estas sedes y de las iglesias parroquiales se hizo según el esquema toledano: entrega a las iglesias de los bienes de las mezquitas, de diversos castillos y heredades y del derecho a cobrar diezmos y primicias.

Una de las primeras medidas tomadas por Ramiro II en su breve reinado consistió en conceder a los dominios eclesiásticos inmunidad total frente a los laicos y exención de todo servicio al rey, incluso del servicio militar; con estas disposiciones la jerarquía eclesiástica aragonesa se unía a las corrientes emanadas de Roma y derivadas de la reforma cluniacense y gregoriana.

Los habitantes de estas tierras son de origen muy diverso: de una parte persiste la antigua población musulmana en el campo y en los barrios extramuros de las ciudades; serán estos musulmanes, convertidos en algunos casos, los que hagan posibles las primeras traducciones del árabe al latín en la ciudad de Tarazona, donde el obispo Miguel (1119 1152) protegió a los traductores de obras de astrología, matemáticas, astronomía, alquimia y filosofía.

La supervivencia de esta población, numéricamente superior a la cristiana, se manifestó en la conservación de las antiguas divisiones administrativas y territoriales así como de los sistemas de riego y de cultivo de la tierra; la situación de los campesinos musulmanes, privilegiada si la comparamos con la de los cristianos de las comarcas aragonesas del norte, sufriría importantes cambios y pronto pasarían de aparceros a siervos adscritos a la gleba a causa de que el campo fue concedido a los nobles aragoneses, que aplicaron en sus nuevas posesiones las normas de las antiguas.

Junto a los musulmanes permanecieron los mozárabes, cuyo número e importancia desconocemos; su número aumentaría con la llegada de los mozárabes andaluces que acompañaron a Alfonso el Batallador a su regreso de las campañas contra los almorávides, pero la cifra de diez mil familias mozárabes que nos dan los cronistas es inaceptable. La población judía fue importante en Huesca, Tudela, Zaragoza, Calatayud y Daroca. El grupo más importante de los repobladores, especialmente en las ciudades, fue el franco.

El reino aragonés en el siglo XII presenta una gran variedad territorial, económica y social; lo integran los núcleos originarios de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, la Tierra Nueva de Huesca, del reino de Zaragoza y de la zona fronteriza; en la Tierra Vieja, zona de valles y de hábitat disperso predomina el campo sobre la ciudad, la organización señorial sobre el derecho territorial; la única ciudad de importancia dotada de un fuero, de unas normas propias, es Jaca.

En la Tierra Nueva, de hábitat concentrado, predominan los núcleos locales con derecho y normas de gobierno propias, aunque en el campo existan distritos militares y señoríos laicos y eclesiásticos; las ciudades de frontera no se convierten en explotaciones agrarias, en ellas predomina la actividad militar y pastoril. Los vecinos de la Tierra Vieja necesitan poseer caballo para ser libres, los de la frontera son libres en su totalidad por el hecho de habitar en estas zonas y sus hombres sólo acuden al fonsado, a la guerra, con el rey y bajo su dirección, por lo que se convierten en eficaz contrapeso del poder nobiliario y en valiosos auxiliares del monarca.

Entre la Tierra Vieja y la frontera los habitantes de las ciudades ya estabilizadas son libres y privilegiados y tienen su propia organización civil; administran justicia en el territorio local, vigilan el mercado, reparan las murallas y puentes, designan a sus propias autoridades y entre los vecinos se establece una estrecha solidaridad para la defensa de sus derechos y privilegios y para limitar su disfrute a sólo los vecinos.

El único vínculo que une a todos los aragoneses es la dependencia del monarca y estos lazos se refuerzan al unirse Aragón y Barcelona; las diferencias entre aragoneses y catalanes hicieron que desminuyeran las diferencias existentes dentro del reino. Si la unión no sirvió para unificar a aragoneses y catalanes, sí tuvo efectos positivos en la cohesión interna de los habitantes de Aragón y de los condados catalanes, que perdieron importancia individual en favor de Cataluña, nombre que se generalizó para designar al conjunto de los antiguos condados carolingios; igual ocurrió en Aragón al adquirir Zaragoza, de hecho, el carácter de centro de la totalidad de las comarcas que integraban el reino.

La repoblación de Cataluña

La Cataluña Vieja sólo superó ligeramente los límites alcanzados en vida de Carlomagno, es decir, la línea que partiendo del Llobregat enlazaba con las aguas del Cardoner para seguir por la cuenca superior del Segre hasta el Montsec. Las diferencias entre la zona situada al norte de esta línea y las comarcas del sur eran tan evidentes, que ya desde el siglo XII se dio a las segundas el nombre de Cataluña Nueva para indicar su distinta organización social, a la que se había llegado a través de los sistemas empleados en la repoblación.

El sistema concejil y la concesión de fueros especiales a los repobladores de zonas de frontera no es una innovación aparecida en el siglo XI ni se limita a Castilla; también en Cataluña los condes ofrecieron privilegios cuando se trataba de repoblar zonas de frontera, como en el caso de Cardona, para cuya repoblación Vifredo I concedió en la temprana fecha del 880-886 exención de peajes y tributos e inmunidad a los criminales que acudieran a repoblarla y libertad a los siervos.

También aquí como en el fuero castellano de Castrojeriz, cien años posterior, hubo un intento de equiparar a los pobladores con un cierto tipo de nobleza al disponer el conde que las compensaciones debidas a los pobladores de Cardona fueran dobles de los daños recibidos y dobles de las compensaciones normalmente pagadas en otros lugares. Esta misma población recibió en el año 986, tras las campañas de Almanzor, un nuevo fuero en el que se recogían los privilegios del siglo IX, excepto la impunidad concedida a los criminales; y Borrell II otorgó a los pobladores licencia para unirse, organizar la defensa, crear un mercado y acuñar moneda.

La creación de estos concejos se incrementó tras la expedición de los condes de Urgel y de Barcelona a Córdoba en el año 1010; por un lado, existía la confianza necesaria para sobrepasar las antiguas fronteras; por otro, los condes disponían de las tierras y del dinero preciso para repoblar nuevos territorios sin necesidad de recurrir a los servicios de la nobleza o, como afirma Font Rius, para crear «una comunidad libre de habitantes bajo dependencia directa de los condes; sustraída a las agobiantes mallas del complejo señorial extendido por toda la Cataluña Vieja».

Este tipo de fuero o carta de población sería otorgado en 1025 a la ciudad de Barcelona por el conde Ramón Berenguer I en un documento en el que se habla de una zona franca, libre, que comprende el territorio asignado a la ciudad de Barcelona; no cabe duda de que la concesión de la libertad a los habitantes de Barcelona, situada en un territorio en el que predominaba la servidumbre, serviría para atraer a numerosos pobladores y no sería ajena al desarrollo económico de la ciudad en años posteriores.

La debilidad musulmana del siglo XI permitió importantes avances fronterizos de los condados de Urgel y de Barcelona, avances que fueron seguidos de la creación de guarniciones militares en los puntos estratégicos y de la instalación de nuevas poblaciones en las zonas protegidas por los castillos. Para evitar la huida hacia estas localidades de los campesinos del norte, los señores feudales se vieron obligados a mejorar las condiciones de sus trabajadores, como ocurrió en el Conflent con la declaración de villa libre o villa franca a Vilafranca del Conflent; pero este tipo de documento es raro y sólo será utilizado de un modo sistemático a fines del XII y durante el siglo XIII por los reyes para crear núcleos fieles al monarca y contrarrestar la influencia feudal.

Las concesiones de franquicias y las cartas pueblas no se generalizaron hasta la segunda mitad del siglo XII, es decir, hasta que fueron conquistadas y fortificadas Lérida y Tortosa tras cuyas defensas fue posible asentar nuevos pobladores con garantías de continuidad. Las primeras cartas de población se refieren, como es lógico, a las ciudades de Tortosa y Lérida y posteriormente a la ciudad y comarca de Tarragona. La acción repobladora de Ramón Berenguer IV fue continuada por Alfonso el Casto y Pedro el Católico, que crearon ciudades dependientes del rey en los lugares estratégicos, tanto de Cataluña Nueva como en los viejos territorios cuando interesaban para desarrollar el comercio o para disponer de una fuerza que sirviera de contrapeso a la nobleza feudal, política que sería seguida, con mayores ambiciones, por Jaime I y por Pedro el Grande en el siglo XIII.

La ciudad y el Camp de Tarragona parecen haber tenido escasa población desde el siglo X a causa de los continuos ataques de cristianos y musulmanes; su repoblación se inició oficialmente en 1118 con la entrega por Ramón Berenguer III al obispo barcelonés Olegario y a la sede tarraconense de la ciudad de Tarragona y de su territorio, para cuya repoblación autorizaba a reunir pobladores de cualquier procedencia y clase social y a los que ofrecía la libre posesión de sus bienes de acuerdo con las normas que, en su momento, dictara Olegario.

El arzobispo confió la repoblación efectiva al normando Roberto Bordet, al que infeudó el territorio concedido por el conde. Roberto a su vez otorgó una carta en la que ofrecía a los pobladores la libre posesión de las tierras de la ciudad y del territorio sin censos ni servicios, pero el peligro almorávide era todavía demasiado fuerte para que los privilegios tuvieran suficiente atractivo y sólo se logró una ocupación efectiva del territorio a partir de la conquista de Tortosa. Desde 1151 la ciudad y su territorio aparecen regidos por tres coseñores: el arzobispo, Roberto Bordet y el conde de Barcelona, que se declaró vasallo del arzobispo y recibió en feudo el territorio para proceder a su repoblación.

Tortosa y Lérida eran ciudades con una fuerte población musulmana cuyos derechos fueron mantenidos según los modelos de Tudela y de Zaragoza, es decir, permitiendo la permanencia en el campo, y en el núcleo urbano durante un año tras el cual los musulmanes que quisieran seguir en la ciudad deberían trasladarse a los arrabales. A los pobladores cristianos de Tortosa se les concedió la plena propiedad del suelo, la exención de impuestos y se les prometió que la administración de la justicia sería regulada por el conde junto con los prohombres de la ciudad cuyo territorio fue repartido entre los genoveses que habían colaborado en la conquista (un tercio), el noble Guillermo Ramón de Monteada (un tercio) y el conde de Barcelona, que cedió la quinta parte de sus derechos a los templarios en virtud de los acuerdos firmados durante las negociaciones relativas a la sucesión de Alfonso el Batallador.

En 1149 se concretaron las concesiones a los pobladores cristianos y judíos con expresión de las normas legales por las que habrían de regirse, normas que fueron aplicadas un año más tarde a la población de Lérida y a las ciudades de Agramunt y de Balaguer en el condado de Urgel.

La organización municipal

La necesidad de repoblar el territorio llevó a los condes catalanes a conceder franquicias, privilegios, a los pobladores de las nuevas tierras. El deseo de evitar la emigración masiva de los campesinos del norte hizo que, en algunos casos, se extendieran estas franquicias a la Cataluña Vieja. Gracias a estos privilegios surgieron numerosos centros de población (ciudades y villas) generalmente alrededor de antiguas ciudades, de castillos y de monasterios en cuyas proximidades se crearon barrios, burgos o villas nuevas que terminarían integrándose en la ciudad y organizando su vida y su economía a expensas del medio rural pero fuera de él.

Estos privilegios y el aumento demográfico engendraron una gran prosperidad económica, que se manifestó en la difusión de los mercados y en la aparición de gran número de artesanos, cuyas profesiones comienzan a indicar los documentos de fines del siglo XI; en Barcelona los artesanos aparecen agrupados en talleres u obradores textiles, de curtido, de forja y herrería, de carpintería... y lo mismo ocurre en Gerona, Urgel, Montblanc, Lérida y Vic entre otras poblaciones.

Junto a las actividades industriales se desarrollan las comerciales facilitadas por la proximidad del Mediterráneo y por la pacificación de los condados catalanes desde mediados del siglo XI. La existencia de una navegación comercial la atestiguan los Usatges al poner bajo la constitución de paz y tregua a los navíos desde el cabo de Creus hasta Salou en una extensión de doce leguas. Pronto en estas actividades destacaron los mercaderes de Barcelona, que sufragaron en parte, mediante préstamos, la conquista de Tortosa del mismo modo que financiarían en el siglo XIII la ocupación de Mallorca.

Como consecuencia de este desarrollo económico se crea una nueva clase social, la de los burgueses o ciudadanos que, unidos por los mismos intereses, tienden a convertir la ciudad en un organismo público sometido a su control. La formación de este régimen municipal es lenta y su desarrollo no es simultáneo en todas las ciudades; depende de la situación jurídica de la aglomeración urbana (dependencia del rey o de un señor), de su situación geográfica, de la importancia de su economía..., pero ya en el siglo XII pueden verse los primeros rasgos de esta organización, que se halla claramente fijada a mediados del XIII.

Las primeras manifestaciones pueden verse en la actuación conjunta de todos los vecinos que, en el campo, aparecen como dueños de bienes comunales y como solidarios ante la jurisdicción real o señorial, primero de forma espontánea —los derechos y obligaciones de todos los habitantes son los mismos— y más tarde organizados en la universitas o comunidad vecinal con personalidad jurídica. Un proceso similar se da en las ciudades, donde la agrupación de vecinos recibe el nombre de concilium o concejo, que será sustituido en el siglo XIII por el de universitas con el que se designa a la totalidad de los habitantes de un lugar.

Estas universitates o municipios emprenden por su cuenta obras de reconstrucción o adaptación dentro del término, ponen en marcha una organización financiera rudimentaria, actúan en pleitos con particulares y frente a otras universitates y comienzan a intervenir desde el siglo XIII —por primera vez en 1214— en las asambleas nacionales junto a los señores y eclesiásticos.

A medida que las comunidades se organizan, intervienen en el gobierno de la ciudad al lado de los representantes del monarca o de los señores, a veces colectivamente y en ocasiones por medio de representaciones, más o menos amplias encomendadas en general a los boni homines y probi homines, que, si en principio son las personas de reconocida solvencia y honradez de cada lugar llamados de forma natural a intervenir en los juicios y arbitrajes entre los vecinos, terminan constituyendo un grupo social que asume la representación de la ciudad de modo permanente.

Estos jefes naturales de la comunidad ven reconocida su actuación por los representantes del poder con los que colaboran y cuyas atribuciones teóricas comparten en algunos casos como en la administración de justicia en las causas menores; en una segunda fase se encargan de la administración de la villa. Los probi homines (prohoms) son un grupo reducido de los habitantes de la ciudad, los mejor considerados por su riqueza, profesión o capacidades directivas. Junto a ellos aparecen funcionarios delegados de la comunidad con misiones concretas: representación transitoria, administración de impuestos y servicios vecinales, mantenimiento de la paz en el término (pahers o paciarii)...

El municipio propiamente dicho aparece cuando estas representaciones se regularizan y se organiza incluso la forma de elegir a los representantes; en muchos casos las normas emanadas del rey o del poder señorial se limitan a dar carácter oficial a las costumbres y usos de cada universitas. Este paso a definitivas y oficiales de las representaciones provisionales y privadas fue debido por un lado al incremento de los problemas y necesidades de la ciudad, a medida que aumentaba su población y riqueza, y de otro al interés de los monarcas por privilegiar a las ciudades que dependían de él frente a las señoriales y por el deseo de ver facilitadas las funciones administrativas (cobro de impuestos fundamentalmente) encomendadas ahora a los representantes de la ciudad. Las ventajas del sistema y la presión de los vasallos llevaría a los señores a extender el régimen municipal —en una fase posterior— a sus propias ciudades. A diferencia de lo que ocurrió en gran parte de las ciudades europeas, el reconocimiento de una cierta autonomía municipal se produjo generalmente de modo pacífico; fue resultado más de una colaboración que de un enfrentamiento (que no faltó en algunas ciudades de señorío laico o eclesiástico).

A fines del siglo XII se produjeron los primeros tanteos imprecisos al autorizar el rey a los habitantes de Gerona y Cervera a crear una cofradía o fraternidad y a elegir cónsules que gobernaran y protegieran a los ciudadanos contra los enemigos del interior y del exterior (1182). Pedro el Católico dispuso en 1197 que Perpiñán fuera regido por cinco cónsules elegidos anualmente por los probi homines y Lérida, por cuatro cónsules ayudados por ocho consejeros (consellers). Pero el verdadero desarrollo de los municipios catalanes fue obra de Jaime I, que dedicó especial atención a la ciudad de Barcelona, para cuya organización dictó numerosas disposiciones entre 1249 y 1274.

En el primero de estos años, Jaime I nombró pahers a cuatro ciudadanos y los autorizó a elegir consejeros que les ayudasen; unos y otros estarían sometidos a los representantes del monarca en la ciudad y su papel sería el de simples consejeros, pues pahers y consellers carecían de jurisdicción excepto cuando convocaran la asamblea general de vecinos. En 1257 esta asamblea fue eliminada del gobierno, que correspondería al veguer como representante del rey, auxiliado por ocho consellers y asesorados éstos por doscientos probi homines, que asumen el papel de la asamblea de vecinos. En 1265 el número de probi homines se redujo a cien y en 1274 el número de consellers se fijó definitivamente en cinco.

La forma de nombramiento de consellers y prohoms dejó el gobierno de la ciudad en manos de un grupo reducido que podemos identificar con el de los grandes mercaderes, los personajes más ricos de la ciudad, que al unir a su fuerza económica el ejercicio de la autoridad crearon una aristocracia, el patriciado urbano, que realizaría en las ciudades catalanas el mismo papel dirigente que los caballeros villanos en los concejos de Castilla y León. Los consellers de cada año elegían a los Cien y éstos, al finalizar el mandato nombraban doce personas —entre los Cien— que a su vez designaban a los futuros consellers, con lo que los nombramientos y elecciones se mantenían siempre dentro de las mismas familias.

Numerosas ciudades recibieron en la segunda mitad del siglo privilegios similares a los de Barcelona; las funciones de estas autoridades municipales se resumen en regir y defender a los vecinos mediante la publicación de bandos y disposiciones cuyo incumplimiento podían castigar. Estas disposiciones afectaban al orden público y a la seguridad, a la moralidad, a la regulación de las diversas profesiones, a la ordenación y administración de los servicios públicos y obras de interés común.

La importancia adquirida por las ciudades como Barcelona hizo que el papel de los delegados del rey {veguer y batlle) perdiera interés y que estos funcionarios quedaran relegados a la dirección nominal de la ciudad sin atribuciones de ningún tipo o sin poderlas ejercer sin el consentimiento de los consellers.

Repercusiones sociales de la repoblación

Como resumen de cuanto llevamos dicho, puede afirmarse que la necesidad de repoblar las tierras conquistadas en los siglos XI y XII llevó a una diferenciación social entre las zonas del norte y del sur de los reinos hispánicos: en las primeras predomina la población campesina adscrita a la tierra; en la segunda, los hombres libres dueños de la tierra que cultivan.

En algunos casos la concesión de privilegios a los pobladores de las nuevas tierras provocó una mejoría en la situación de los campesinos del norte, pero en general los señores acentuaron su dominio y su autoridad; sólo ahora se generalizó la adscripción a la tierra de los campesinos gallegos, leoneses, navarros, aragoneses y catalanes y se inició la fijación de los castellanos, aunque siempre gozarían de mayor libertad en los reinos occidentales por la menor fuerza de la nobleza y por las mayores necesidades de la repoblación al ocupar zonas más extensas y menos pobladas.

Por lo que respecta a las nuevas tierras, es preciso establecer una clara diferencia entre los municipios de frontera castellano-leoneses, portugueses y aragoneses, dependientes directamente del rey, y los municipios catalanes en los que la libertad de sus habitantes se vio mediatizada por la existencia de unos derechos señoriales, del mismo modo que en las zonas del sur del Tajo, repobladas por las órdenes militares o por los obispos y en las comarcas de cualquier reino cuya repoblación fuera confiada a miembros de la nobleza o a comunidades eclesiásticas.

Tanto en los concejos como en las ciudades la igualdad entre sus habitantes desapareció pronto al crearse grupos que, por su actividad militar (caballeros villanos) o por su riqueza (patricios o ciudadanos honrados), destacaron entre los demás y terminaron por reservarse en exclusiva el ejercicio del poder y la representación de sus conciudadanos ante la autoridad real y ante otros municipios.

REPOBLACIÓN INTERIOR

La emigración hacia el sur y la insuficiencia demográfica de los reinos cristianos, obligados por las circunstancias militares a dar preferencia a la repoblación fronteriza, dejaron sin poblar numerosos lugares del interior, que serían repoblados por iniciativa real, de los cluniacenses, artesanos y mercaderes de origen franco a lo largo del Camino de Santiago, y por los cistercienses en todos los reinos hispánicos.

El Camino de Santiago

Aunque los caminos por los que llegaban a Santiago los peregrinos eran muy numerosos, sólo una de las vías adquirió importancia al combinar el factor religioso de la peregrinación con una intensa actividad comercial. Esta vía, el Camino de Santiago por antonomasia o el Camino Francés, es la ruta que seguían los peregrinos desde que atravesaban la frontera por los puertos de Somport y Roncesvalles para unirse en Puente la Reina tras haber pasado por Jaca, Sangüesa y Monreal en el primer caso y por Pamplona en el segundo; desde Puente la Reina los peregrinos seguían por Estella, Monjardín, Logroño, Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Belorado, Burgos donde se unía otra vía que desde Bayona cruzaba Tolosa, Vitoria, Miranda de Ebro y Briviesca. Las etapas a partir de Burgos estaban situadas en Castrojeriz, Frómista, Carrión, Sahagún, León (una parte de los peregrinos se desviaba desde esta ciudad hasta Oviedo y seguía luego el camino de la costa hasta Santiago), Astorga, Ponferrada, Villafranca del Bierzo, Cebrero, Portomarín, Palas del Rey y Santiago.

La fijación de la ruta principal fue obra de Alfonso VI de Castilla y de Sancho Ramírez de Aragón, que eximieron de peajes y portazgos a los peregrinos, garantizaron la seguridad del viaje y lo facilitaron mediante la reparación de caminos y puentes y a través de la creación de hospitales y ciudades en las que los peregrinos pudieran hallar cuanto necesitasen, para lo cual era preciso lograr el asentamiento de campesinos, artesanos y mercaderes en estas ciudades.

Las primeras medidas tendentes a lograr estos objetivos fueron tomadas por Sancho Ramírez al conceder privilegios a los francos (extranjeros) que quisieran poblar la capital de su reino, Jaca. Les concedió libertad para comprar bienes muebles e inmuebles, inviolabilidad del domicilio, exención parcial del servicio de hueste... con lo que logró el asentamiento en el Burgo Nuevo o Burgo de Santiago de un núcleo importante de francos, que se dedicaron a atender a los peregrinos, crearon baños, hospitales, posadas y un mercado semanal que dio un gran impulso a la economía del reino desde el momento en que acudieron a este mercado productos musulmanes y europeos.

Entre Pamplona y Nájera el rey creó la ciudad de Estella a la que otorgó el fuero de los francos de Jaca en 1090 y en la que sólo se admitían francos. Este fuero se extendió más tarde a Sangüesa (siglo XI), Pamplona (1129). Puente la Reina (1122), Monreal (1149) y a otras poblaciones en las que se instalaron grupos de francos dedicados a actividades artesanales y comerciales.

En Pamplona la población extranjera fue superior numéricamente a la indígena y tuvo el monopolio del abastecimiento a los peregrinos; de hecho Pamplona estuvo formada por tres ciudades (dos barrios francos y el de la navarrería) permanentemente en conflicto y separadas por murallas y fosos hasta que Carlos el Noble las unificó en 1422. En Logroño, que recibió el fuero de los francos en 1095, se admitieron francos e hispanos; en Nájera los francos controlaron desde 1052 el mercado y en 1179 aumentó su influencia al dar Alfonso VI al monasterio de Cluny la alberguería de Santa María de Nájera. Santo Domingo de la Calzada recibió en 1207 el fuero de Logroño. En Belorado convivieron francos e hispanos desde 1116. Burgos debió gran parte de su prosperidad a las peregrinaciones y al hecho de que los francos revitalizaran el comercio con Flandes e Inglaterra a través de los puertos cantábricos desde los que el camino hacia el interior pasaba por Burgos.

En el resto de las poblaciones del Camino disminuye el elemento franco hasta llegar a Sahagún, donde Alfonso VI concedió el monasterio a los cluniacenses en 1079 y donde el abad otorgó hacia 1085 un fuero para facilitar el asentamiento de «herreros, carpinteros, sastres, pelliceros, zapateros, escuderos...» de todos los países. En el resto de las ciudades del Camino hubo igualmente pobladores francos, pero su número sólo tuvo verdadera importancia en Compostela, donde pertenecían a dicho grupo la mayoría de posaderos, cambistas, plateros y los clérigos al acentuarse la "influencia cluniacense.

Los francos asentados en Navarra y en Aragón gozaron de un estatuto social y de una posición económica privilegiada, que los diferenciaba clara-mente del resto de la población. Los indígenas intentarían en todo momento poner fin a estas diferencias, alcanzar los privilegios y exenciones de los francos y el derecho a residir en los burgos y barrios creados especialmente para los francos, que tuvieron que sufrir la enemistad de sus vecinos menos favorecidos.

Los francos se defendieron de la presión navarra mediante las armas en el caso de Pamplona y de un modo psicológico en todas las ciudades: «justificaron» su situación privilegiada afirmando que las tierras aragonesas y navarras habían sido ocupadas por Carlomagno y por sus francos, que se convertían así en los primeros peregrinos a Santiago. Estas ideas fueron la base de la literatura épica dedicada a exaltar la peregrinación y la actividad reconquistadora de Carlomagno convertido en el héroe de los francos navarros.

Los francos castellano-leoneses gozaron igualmente de una situación de privilegio con relación a los campesinos, pero esta libertad estuvo mediatizada por la dependencia respecto a los abades cluniacenses y a los obispos de gran parte de las ciudades del Camino. La búsqueda de la independencia llevó a los francos de Nájera, Camón, Burgos, Palencia y Sahagún, así como a los de Zamora y Lugo, a unirse a Alfonso el Batallador frente a Urraca y Alfonso VII, apoyados por la jerarquía eclesiástica.

La importancia económica del Camino no es conocida con detalle, pero existen datos aislados suficientemente expresivos: sabemos que las comunicaciones entre Zaragoza y Valencia en el siglo XII sólo eran posibles integrándose en las caravanas que desde la Valencia musulmana se dirigían a Zaragoza para luego seguir comercialmente la ruta jacobea; los fueros de Sahagún y las disposiciones de Santiago de 1095, al igual que los privilegios concedidos a las restantes ciudades, son indicativos de la importancia económica de estos núcleos de población. Santiago fue sin duda una de las ciudades comercialmente más importantes de la Península, como lo prueba la llegada en 1130 de un grupo de peregrinos ingleses con mercancías por un valor superior a 22000 marcos de plata; estos mercaderes ingleses iban acompañados de comerciantes de paños procedentes de Flandes.

Los viajes ingleses por mar a Compostela fueron frecuentes así como la aparición en las costas gallegas, en el siglo XII, de piratas musulmanes atraídos por las riquezas de los peregrinos. Diego Gelmírez se vio obligado a combatir a los piratas mediante la construcción de la primera flota gallega conocida, entre 1115-1125, con la ayuda de pisanos y genoveses que llegaron a Santiago a través del Camino en el que era frecuente encontrar en el siglo XII a numerosos mercaderes italianos, como el grupo genovés que obtuvo en 1166 garantías de tránsito pacífico a través del reino de Navarra.

A pesar de la actividad comercial realizada en las ciudades situadas a lo largo del Camino de Santiago, ni en Aragón ni en Navarra ni en Castilla surgió una burguesía activa durante la Edad Media a causa de que, en ningún caso, estas ciudades crearon una artesanía o industria de mediana importancia y se limitaron a recoger los beneficios del comercio efectuado a través del Camino entre al-Andalus y Europa, entre los cristianos y los musulmanes.

Al desaparecer su privilegiada situación geográfica por destrucción de los reinos musulmanes y por la apertura del estrecho de Gibraltar a la navegación europea (en el siglo XIII), estas ciudades «artificiales» desaparecieron como centros económicos y perdieron importancia del mismo modo que la perdió el Camino de Santiago, reducido nuevamente a su papel de camino de peregrinación, única y exclusivamente.

La repoblación cisterciense

La entrada en la Península de los monjes cistercienses suele fecharse hacia 1140, año en el que Alfonso VIII dio al abad de Escaladieu el lugar de Yergas que, por no reunir las condiciones requeridas, fue abandonado para establecer el monasterio en Fitero.

Los cistercienses se establecieron en lugares desiertos de las montañas de Galicia, León y en las nuevas tierras de Cataluña y Portugal; los monasterios más importantes fueron los de Fitero, Sacramenia, Veruela, Valbuena, Huerta, Carracedo, Melón, Alcobaga, Tarouca, Poblet y Santes Creus. Todos los monasterios se hallan en la mitad norte de la Península y la mayor parte está en la Meseta, a ambas orillas del Duero. El Tajo parece actuar como frontera de las abadías: el sur es zona reservada a las órdenes militares.

Numéricamente las abadías cistercienses fueron cuatro en Cataluña, cuatro en Valencia, cuatro en Aragón, cinco en Navarra, trece en Castilla la Vieja, cuatro en Castilla la Nueva, seis en León, tres en Asturias, catorce en Galicia y diecisiete en Portugal. Para el establecimiento de las abadías se eligieron siempre zonas alejadas de las rutas de peregrinación y de comercio con lo que, al buscar el asilamiento, los cistercienses completaron la acción repobladora de los cluniacenses.

El establecimiento de los cistercienses se inicia con la deforestación de las cercanías del monasterio, tarea que realizan personalmente los monjes. Cuando el dominio se extiende se crean granjas en las que residen los conversos y que se transforman pronto en verdaderas escuelas agrícolas. Si escasean los conversos, las granjas son cultivadas por jornaleros. La explotación racional del suelo hizo que los cistercienses se preocuparan, antes de crear nuevas granjas, de calcular el número de trabajadores precisos que, a veces, se agruparon en villas y constituyeron núcleos de población, como los famosos cotos de Alcobaça, lugares inmunes en los que los criminales podían hallar refugio y escapar a la justicia. En realidad, los cistercienses se limitaron en este punto a copiar las disposiciones de los fueros de frontera para atraer a sus dominios a los marginados de la sociedad.

El número de granjas varía según los monasterios. En determinados casos las abadías cistercienses se transforman en verdaderos señoríos feudales, como ocurre en el monasterio de las Huelgas de Burgos, cuya abadesa tenía autoridad sobre un territorio de ciento cincuenta kilómetros por doscientos veinticinco. Lo mismo puede afirmarse de Poblet, que, además de cinco granjas próximas al monasterio, poseía numerosas baronías en las que el abad disponía de una autoridad plenamente feudal.

BIBLIOGRAFÍA

Bishko, Charles J.: El castellano hombre de llanura. La explotación ganadera en él área fronteriza de La Mancha y Extremadura durante la Edad Media. — En «Homenaje a Jaime Vicens Vives» I (Barcelona 1965), págs. 201-218.

Carlé, María del Carmen: «Boni homines» y hombres buenos. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XXXIX-XL (1964), págs. 133-168.

Carlé, María del Carmen: Del concejo medieval castellano-leonés. — Buenos Aires 1968.

Cocheril, Maur: L'implatation des ábbayes cisterciennes dans la péninsule ibérique. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona, I (1964), págs. 217-281.

Font Rius, José María: Orígenes del régimen municipal de Cataluña. — Publicaciones del Anuario de Historia del Derecho Español. — Madrid 1945-1946. — 496 págs.

Font Rius, José María: La reconquista de Lérida y su proyección en el orden jurídico. — Lérida 1949.

Font Rius, José María: La comarca de Tortosa a raíz de la reconquista cristiana (1148). Notas sobre su fisonomía político-social. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XIX (1953), págs. 104-128.

Font Rius, José María: Franquicias urbanas medievales de la Cataluña Vieja. — «Boletín de la Real Academia de Bellas Letras de Barcelona» (Barcelona), XXIX (1961-1962), págs. 17-46.

Font Rius, José María: Cartas de población y franquicia de Cataluña, I: Textos. Introducción. Diplomatario. Presentación monográfico-local e índices. — C.S.I.C. — Madrid-Barcelona 1969. — 2 vols., LXXX + 1080 págs.

García de Valdeavellano, Luis: Orígenes de la burguesía en la España medieval. — Editorial Espasa-Calpe. — Madrid 1970. — 220 págs.

García Gallo, Alfonso: Aportación al estudio de los fueros. — «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXVI (1956), págs. 387-446.

Gautier-Dalché, J.: Sepúlveda á la fin du Moyen Age: évólution d'une ville castillane de la Meseta. — «Le Moyen Age» (Bruxelles-Paris), LXIX (1963), págs. 805-828.

González, Julio: Reconquista y repoblación de Castilla, León, Extremadura y Andalucía. — En «La reconquista española y la repoblación del país» (Zaragoza 1951), págs. 163-206.

González Palencia, A.: Los mozárabes de Toledo en los siglos XII y XIII. — Madrid 1926-1930.

Irurita Lusarreta, María Angeles: El municipio de Pamplona en la Edad Media. — Ediciones del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona. — Pamplona 1959. — 325 págs.

Lacarra, José María: Para el estudio del municipio navarro medieval. — «Principe de Viana» (Pamplona), II (1941), págs. 50-65.

Lacarra, José María: La repoblación de Zaragoza por Alfonso el Batallador. — C.S.I.C. — Madrid 1949.

Lacarra, José María: A propos de la domination «franca» en Navarre et en Aragón. — «Ánnales du Midi» (Toulouse), LXXV (1963), págs. 331-342.

Lacarra, José María: La reconquista y repoblación del valle del Ebro. — En «La reconquista española y la repoblación del país» (Zaragoza 1951), págs. 39-83.

Lacarra, José María: El desarrollo urbano de las ciudades de Navarra y Aragón. — Zaragoza 1950.

Lacarra, José María: La repoblación del Camino de Santiago. — En «La reconquista española y la repoblación del país» (Zaragoza 1951), págs. 203-232.

Lomax, Derek W.: La orden de Santiago (1170-1275). — C.S.I.C. — Madrid 1965. —

Martín J L.: Orígínes de la orden de Santiago (1170-1195). — C.S.I.C. — Barcelona 1973. — 573 págs.

Mollat, M.: Notes sur la vie maritime en Galice aux XII siecle d'apres l’Historia Compostellana. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), I (1964), págs. 531-540.

Muñoz y Romero, Tomás: Colección de fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra. — Ediciones Atlas. — Madrid 21970. — 560 págs.

Pastor de Togneri, Reyna: Problémes d'assimilation d'une minorité: Les mozárabes de Toledo (de 1085 á la fin du XIII siécles). — «Annales. Économies, Sociétés. Civilisations» (París), XXV (1970), págs. 351-390.

Pescador, Carmela: La caballería popular en León y Castilla. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), núms. 33-34 (1961), págs. 101-138; núms. 35-36 (1962), págs. 56-201; núms. 37-38 (1963), págs. 88-198; núms. 39-40 (1964), págs. 169-200.

Rivera Recio, Juan Francisco: Reconquista y repobladores del antiguo reino de Toledo— «Anales Toledanos» (Toledo), I (1967), págs. 1-55.

5. LA EXPANSION CRISTIANA HACIA EL SUR

Históricamente, el siglo XIII se inicia en la Península con dos hechos de distinto signo y de consecuencias similares. La victoria sobre los almohades en Las Navas de Tolosa (1212) sirvió para agravar la disgregación del imperio norteafricano e hizo posibles los avances de castellanos, leoneses y portugueses hacia el sur. La derrota y muerte de Pedro el Católico de Aragón en Muret (1213) obligó a los catalanes y aragoneses a renunciar a su presencia en Occitania y a buscar la expansión por los dominios islámicos.

A través de la expansión, los reinos peninsulares acentuaron su incorporación económica a Europa. Castellanos y leoneses, unidos definitivamente en 1230, al llevar sus fronteras hasta el Estrecho facilitaron la navegación cristiana entre el Mediterráneo y el Atlántico, es decir, los intercambios comerciales entre las ciudades italianas y Flandes; las costas de Portugal y de Castilla se convirtieron de este modo en etapas de la navegación europea y acogieron a gran número de mercaderes, que activaron la importación de productos de lujo y la exportación de materias primas. Aragoneses y catalanes ocuparon el reino valenciano; los catalanes llevaron su expansión hasta las Baleares desde las que pudieron intervenir activamente en el comercio del Mediterráneo occidental y competir con las ciudades italianas. Sólo Navarra, aislada y comprimida entre Castilla y Aragón, permaneció ajena a la expansión de los reinos peninsulares.

En la conquista de Andalucía y Murcia participaron unidos castellanos y leoneses y las nuevas tierras no fueron incorporadas ni a Castilla ni a León sino a Castilla-León, del mismo modo que el Algarve se uniría a Portugal. En la Corona de Aragón, durante el siglo transcurrido desde la unión se mantuvieron e incluso se acentuaron las diferencias económicas, sociales y políticas entre aragoneses y catalanes que actuaron separados en la conquista y, consiguientemente, en la repoblación.

La conquista de Mallorca fue obra de los catalanes y el nuevo reino estaría unido a Cataluña hasta la muerte del Conquistador; el reino valenciano fue ocupado conjuntamente por catalanes y aragoneses y ambos intentarían imponer sus costumbres y leyes, con lo que se haría precisa la intervención del monarca que, para evitar el enfrentamiento, creó un nuevo reino independiente y distinto de Aragón y de Cataluña, el reino de Valencia.

La procedencia y origen de los repobladores será decisiva en la historia de las nuevas tierras: castellanos y portugueses —agricultores y ganaderos— colonizarán el campo andaluz, murciano y del Algarve y trasladarán a él sus modos de vida y su idioma; sólo Sevilla se transformará en ciudad comercial gracias a la llegada masiva de mercaderes genoveses, catalanes y francos. Los catalanes —artesanos y mercaderes— se sentirán atraídos por los núcleos urbanos de Mallorca y del litoral valenciano mientras el interior de Valencia, conquistado y ocupado por nobles aragoneses, continuará dedicado a la agricultura y hablará el aragonés.

Los efectos económicos y sociales de la reconquista y de la subsiguiente repoblación fueron múltiples y complejos. En Castilla-León y Portugal para acudir a las zonas ocupadas —de las que fueron expulsados los musulmanes en 1264— los campesinos libres de los valles del Duero y del Tajo malvendieron o simplemente abandonaron sus tierras. Con ello facilitaron la concentración de éstas en pocas manos y dieron origen al latifundio, que surgió igualmente —con mayor importancia y extensión— en Andalucía, aunque aquí fuera creado y favorecido por los reyes al pagar con donaciones de tierras los servicios prestados por familiares, nobles, obispos y órdenes militares.

El aumento de riqueza que supuso para campesinos y señores la ocupación de las tierras del sur fue insuficiente para atender a las nuevas necesidades creadas por la entrada de los reinos occidentales en el circuito comercial europeo. Al haber nuevos productos, los gastos aumentaron a un ritmo superior al de los ingresos, tanto a nivel personal como nacional; se hizo precisa la intervención de los monarcas para poner freno al excesivo lujo, al gasto que llevaba consigo y al alza continua de los precios, que fueron regulados en Portugal en 1253 y en Castilla-León en 1258.

Las leyes suntuarias dictadas por los monarcas tenían una doble finalidad. Por un lado se trataba de poner coto al lujo excesivo, de reducir los gastos que empobrecían al país, y por otra —quizás la principal— se buscaba mantener o fijar las diferencias sociales. Hasta el siglo XIII, la tierra era la fuente única de riqueza, sus poseedores se hallaban en la cima de la pirámide social y lo demostraban mediante el uso de vestidos, calzado y alimentos que sólo ellos podían pagar; al generalizarse el comercio y surgir nuevos grupos económicos, las diferencias externas (vestido, calzado, comida...) entre los grupos sociales se atenuaron y la nobleza se vio amenazada socialmente por quienes disponían de medios para hacer ostentación de una riqueza superior a la de la nobleza. Al fijar la clase y número de vestidos que cada grupo social podía tener y señalar claramente las diferencias entre nobles y plebeyos, los monarcas restablecieron la situación anterior.

La crisis social de la nobleza tenía como raíz la disminución de su poder adquisitivo. Conscientes de ello, los nobles intentarán aumentar sus ingresos, sus riquezas; para lograrlo recurrirán si es preciso al enfrentamiento con la monarquía cuando ésta se niegue a concederle nuevas tierras o intente disminuir los derechos de los nobles en sus dominios. La pugna entre monarquía y nobleza se desarrollará tanto en el terreno militar —la guerra ha sido siempre una fuente de ingresos— como en el legal: defensa del derecho tradicional frente al romano y limitación o anulación del poder legislativo del monarca.

En la Corona de Aragón el cambio fue menos brusco y las consecuencias económicas y sociales menos visibles. La permanencia de los musulmanes en el reino valenciano mantuvo el rendimiento económico de estas tierras —en el sur, por falta de mano de obra, se pasó del cultivo intensivo al extensivo, menos rentable— y consiguientemente el poder adquisitivo de los nobles a los que fueron concedidas en feudo o en honor. Las sublevaciones nobiliarias no tendrían como causa directa el empeoramiento de la situación económica sino los intentos de Jaime I y de sus sucesores de reducir el poder nobiliario aragonés mediante el rechazo de los fueros aragoneses en Valencia, y los deseos de Pedro el Grande de imponerse a la nobleza catalana mediante normas legales contrarias al derecho tradicional.

Los ciudadanos de Cataluña y más concretamente los de Barcelona fueron los grandes beneficiados por la ocupación de Mallorca que les permitió suprimir un centro comercial importante y reservarse, junto con 'as ciudades italianas, el comercio con el norte de África. La existencia de una artesanía floreciente evitó en Cataluña la sangría de materias primas y de dinero que llevaba consigo la adquisición de productos europeos y, en consecuencia, las diferencias entre gastos e ingresos no fueron tan considerables como en los reinos occidentales. La nobleza halló una importante compensación en las tierras recibidas en Mallorca y en la intervención como mercenarios al lado de los reyezuelos norteafricanos.

La unión castellano-leonesa

A fines del siglo XII la división de los antiguos dominios imperiales parecía definitiva. Los problemas fronterizos que enfrentaban a castellanos, leoneses y portugueses servían al mismo tiempo para acentuar la cohesión dentro de cada reino y aumentar las diferencias o los recelos ante los otros. Ciertamente, se dieron algunos intentos de colaboración militar frente a los almohades y se concertaron alianzas matrimoniales; pero éstas, que fueron prohibidas por Roma basándose en el parentesco entre las familias reales, sólo tenían como objetivo reafirmar las alianzas militares o resolver los problemas fronterizos mediante la entrega a uno de los contrayentes y a los futuros hijos del matrimonio de las zonas en litigio; en ningún caso se buscó la unión política de los reinos.

Y sin embargo, uno de estos matrimonios, el celebrado en 1197 entre Alfonso IX de León y Berenguela de Castilla, hija de Alfonso VIII, permitiría treinta años más tarde reunir de nuevo ambos reinos en la persona de Fernando III. Muerto Alfonso VIII en 1214, el reino de Castilla quedó en manos de Enrique I (1214-1217), sometido a la tutela del noble Alvar Núñez de Lara, quien actuó como verdadero rey apoyándose en la fuerza militar y económica de su familia y de las órdenes militares, especialmente de la orden de Santiago a la que hizo importantes donaciones.

Tres años después de su subida al trono, moría Enrique I y la corona pasaba a Berenguela, quien cedía sus derechos este mismo año al hijo tenido en su matrimonio con Alfonso IX de León, a Fernando III, al que se opusieron Alvar Núñez de Lara y los concejos de la Extremadura castellana y de la Transierra, aliados al monarca leonés que aspiraba a reconquistar las tierras leonesas arrebatadas por Alfonso VIII y a evitar que el reino quedara encerrado entre Castilla y Portugal. La entrega de algunas plazas y una fuerte compensación económica alejó al leonés de Castilla; Alvar Núñez y los concejos, privados del apoyo exterior, fueron fácilmente vencidos.

La desaparición de los conflictos interiores y la presión pontificia, más fuerte que nunca tras la celebración del concilio de Letrán (1215), permitieron a los monarcas occidentales concentrar sus fuerzas en la lucha contra los almohades, debilitados tras la derrota de Las Navas de Tolosa y amenazados en el norte de África por los benimerines y en la Península por los hispanomusulmanes. El peligro de que los avances portugueses cortaran una vez más la salida hacia el sur del reino de León sirvió de acicate a Alfonso IX para intentar sin éxito la conquista de Cáceres, que sólo sería ocupada en 1227 durante la guerra civil que siguió a la muerte del sultán Yusuf II.

Por su parte, Fernando III supo aprovechar el levantamiento de los jefes militares de Murcia, Córdoba, Granada y Sevilla contra el nuevo califa elegido en Marraqués; siguiendo la política de sus antecesores Alfonso VI y Alfonso VII durante las primeras y segundas taifas, Fernando III se hizo pagar sus servicios con la entrega de plazas fronterizas y de fuertes cantidades en dinero; frente al sultán marroquí apoyó a los sublevados, que lograron imponer como califa a al-Adil, contra el que se levantaría el gobernador almohade de Córdoba-Jaén, Abd Allah al-Bayasí, quien contaría con el apoyo castellano del mismo modo que el gobernador de Sevilla Abu-l-Ula, que en 1227 logró, con la ayuda de Castilla, deponer a su hermano al-Adil y proclamarse califa en el norte de África.

En la Península la debilidad almohade dio lugar a un levantamiento general de los hispanomusulmanes, que eligieron rey a Ibn Hud de Murcia. Su reinado se inició con la pérdida ante los cristianos de Elvas y Badajoz y con el asedio de Jaén por los castellanos. Fernando III levantó el cerco ante el anuncio de la muerte de Alfonso IX de León, quien dejaba el reino a Sancha y Dulce, hijas de un matrimonio anterior con Teresa de Portugal e igualmente anulado por Roma. El dinero obtenido a cambio de la ayuda castellana a los musulmanes permitió a Berenguela y a Fernando III comprar a las infantas su renuncia al trono leonés en favor de Fernando de Castilla en cuyas manos se unieron definitivamente en 1230 los reinos separados por Alfonso VII setenta años antes.

La unificación de las fuerzas castellano-leonesas y el acuerdo logrado poco después con el rey de Portugal permitieron a los reinos occidentales coordinar su actuación contra los musulmanes, cuyos dominios fueron atacados simultáneamente por los aragoneses de Jaime I. Ibn Hud tendrá que hacer frente a estos ataques y a las sublevaciones de Granada, Sevilla y Valencia, que le obligarán a comprar los servicios de Fernando III, lo que no impediría a éste unirse a Muhammad ibn Yusuf ibn Nasr de Granada y ocupar la ciudad de Córdoba en 1236.

A la muerte de Ibn Hud (1238) el rey de Granada extendió su autoridad por Málaga y Almería. Sevilla solicitó el apoyo de los almohades norteafricanos y reconoció de nuevo al califa. Murcia, amenazada en el sur y en el oeste por Granada y en el norte por los catalano-aragoneses, obtuvo la protección castellana (1238) y aceptó el establecimiento de guarniciones militares en los centros más importantes del reino en el que sólo los habitantes de Lorca, Mula y Cartagena opusieron alguna resistencia a las tropas castellanas dirigidas por el heredero, Alfonso X el Sabio.

La ocupación del reino murciano por Castilla puso en contacto a castellanos y catalano-aragoneses, quienes en virtud del tratado de Tudillén, reformado en Cazóla, se habían repartido las áreas de influencia y de futuras conquistas de las tierras musulmanas del levante peninsular. La fluctuación constante de las fronteras entre Valencia y Murcia y el hecho de haber firmado los acuerdos de Cazóla sin un conocimiento directo del terreno obligaron a trazar de1 una forma vaga la divisoria entre ambos reinos a cuya rectificación y fijación se procedió en el tratado de Almizra (1244) tras haber surgido algunos conflictos.

Aseguradas las fronteras en la zona oriental, Fernando III concentró sus fuerzas en la ocupación de Jaén, importante centro cuyo dominio garantizaba el paso hacia Andalucía occidental, donde los ejércitos portugueses obtenían importantes victorias; sitiada la ciudad por hambre, no pudo ser socorrida por Muhammad de Granada, quien se vio obligado a aceptar la rendición de Jaén (1246) y a declararse vasallo de Castilla para salvar el resto de sus dominios.

Tras la ocupación de Jaén, las tropas castellanas, con la ayuda de las granadinas, cercaron Sevilla por tierra mientras una flota procedente del Cantábrico y dirigida por Ramón Bonifaz impedía la llegada de refuerzos norteafricanos. La ciudad se rindió en 1248 y con su ocupación finalizó el período expansivo del reino castellano-leonés que en menos de veinte años, aprovechando hábilmente la debilidad musulmana, redujo a los musulmanes al reino granadino y limitó la expansión de aragoneses y portugueses hacia el sur, convirtiéndose de este modo en el reino de mayor importancia de la Península.

El cumplimiento fiel de sus obligaciones vasalláticas hacia Fernando III permitió a Muhammad consolidar su dinastía; el éxodo provocado por las campañas cristianas favoreció igualmente a los nazaríes granadinos, en cuyo territorio se refugiaron los más importantes de los musulmanes vencidos. Dada su actuación anterior no resulta difícil pensar que en los planes de Fernando III se incluía la ocupación posterior de Granada una vez que hubiera dominado Sevilla y asentado su autoridad en las zonas controladas militarmente, pero no ocupadas de un modo efectivo; sin embargo, su muerte (1252), las dificultades del reinado de Alfonso X y de sus sucesores y la insuficiencia demográfica de Castilla permitieron sobrevivir a la dinastía granadina hasta 1492.

Problemas internos y expansión portuguesa

El reinado de Alfonso II (1211-1223) se inicia con una claudicación ante el clero similar a la que obligaría al monarca inglés Juan Sin Tierra a conceder la Magna Carta en 1214 a nobles y eclesiásticos. Obligado por el testamento paterno a ceder una parte de los bienes de la Corona a sus hermanos, para evitar la unión de los eclesiásticos a los infantes y a los nobles que los apoyaban, Alfonso II se vio obligado, en las Cortes celebradas en Coimbra, a reconocer la vigencia del fuero eclesiástico (es decir, a renunciar a juzgar a los clérigos acusados de violencias, injurias y desafíos), a aceptar la exención de impuestos concedida por Sancho I al clero, a posponer durante veinte días la aplicación de las penas de muerte o de mutilación dictadas por él y a cumplir los legados hechos por su padre a iglesias y monasterios. Al mismo tiempo que lograba el apoyo eclesiástico, Alfonso II conseguía del pontífice la confirmación de sus derechos al trono portugués y renovaba la infeudación de Portugal a Roma.

El pleito con las infantas Teresa y Sancha se prolongó durante cinco largos años en los que los enfrentamientos armados alternaron con las apelaciones a Roma donde, finalmente, se decidió mantener la integridad del reino reservando al monarca la propiedad de los bienes disputados y a las infantas el usufructo.

Los acuerdos firmados en 1211 iban contra los intereses del rey cuyos oficiales, imbuidos del derecho romano, intentaron imponer la autoridad monárquica frente a clérigos y nobles a partir de 1218. Las inquiriçoes o investigaciones emprendidas tenían como finalidad conocer los derechos de cada propietario, anular las donaciones que no estuvieran debidamente acreditadas y reducir a temporales las concesiones que la usurpación había hecho hereditarias. Tan amplio proyecto, con el que Alfonso II se adelantaba a su tiempo —Pedro el Grande de Aragón intentaría algo similar cincuenta años más tarde—, halló la oposición de nobles y eclesiásticos apoyados en el exterior por los ejércitos de Alfonso IX de León y por el pontífice Honorio III, quien, como señor de Portugal, amenazó al monarca con absolver a los súbditos del vinculo de fidelidad.

De nuevo la monarquía tuvo que ceder. Tanto eclesiásticos como nobles recuperaron e incrementaron sus posesiones y derechos durante los primeros años del reinado de Sancho II (1223-1247), cuya minoría dio lugar a enfrentamientos por el poder, que permitieron al nuevo rey contar con un grupo de. adictos, convencidos de los derechos de la Corona o interesados en apoyar al monarca para obtener nuevos beneficios. Incrementado el prestigio y los ingresos del rey tras la conquista de Moura, Serpa, Aljustiel. Mertola, Alfajar de Pena, Ayamonte, Tavira y Cacella, Sancho se hallaba en condiciones de limitar las exigencias eclesiásticas y de oponer a los barones una segunda nobleza surgida con la guerra contra los musulmanes.

En esta ocasión los eclesiásticos actuaron de acuerdo con los nobles alejados del poder y juntos ofrecieron el reino al hermano de Sancho, Alfonso, conde de Boulogne. Esta candidatura fue abiertamente apoyada por Roma, interesada no tanto en defender a los clérigos de Portugal como en hacer una demostración pública de fuerza y conseguir a través del ejemplo portugués la sumisión del emperador Federico II de Alemania. Como señor de Portugal y dirigente de la cristiandad, Inocencio IV depuso a Sancho y aceptó el nombramiento de Alfonso después de que éste se hubiera comprometido a guardar los fueros, usos y costumbres del tiempo de su abuelo y a suprimir las modificaciones introducidas por su padre Alfonso II y por su hermano Sancho, quien, abandonado por sus partidarios, tuvo que refugiarse en Castilla, donde moriría en 1248

Alfonso III (1248-1279) completaría la conquista del Algarve, donde sus ejércitos tuvieron que hacer frente a los castellanos, igualmente interesados en la ocupación de las tierras situadas al este del Guadiana. Una vez más la falta de fronteras bien definidas entre las zonas de influencia de los reinos cristianos dio lugar a un enfrentamiento que sería resuelto (1253) mediante la cesión de los territorios en litigio a Alfonso X, que los tendría en nombre del rey portugués hasta que el hijo de éste (los acuerdos de paz incluían el matrimonio de Alfonso III con una hija del castellano) llegara a la edad de siete años.

Independencia nobiliaria en la Corona de Aragón

La derrota y muerte de Pedro el Católico en Muret (1213) dejó el reino en manos de Jaime I, que como menor de edad quedó sometido a la tutela del pontífice Inocencio III, señor feudal de Aragón y de Cataluña. El pontífice procedió a organizar el reino devastado por continuas sublevaciones nobiliarias y arruinado por la mala administración de Pedro el Católico. El conde Sancho, nombrado procurador del reino, restableció la paz en el interior mediante la constitución de paz y tregua, firmó treguas con los musulmanes por tres años, favoreció a las ciudades de Cataluña eximiéndolas del pago de tributos hasta la mayoría de edad del rey y reorganizó las finanzas de la Corona por disposición de Inocencio III, quien confió la administración de los bienes de la Corona a los templarios: una parte de las rentas, las procedentes de la ciudad de Montpellier, sería destinada a las necesidades del monarca mientras los restantes ingresos servirían para pagar las deudas contraídas por Pedro el Católico.

Los intentos catalanes de mantenerse en el sur de Francia, de proseguir la política occitana de Ramón Berenguer IV y de sus sucesores, hallaron en todo momento la oposición de los pontífices, que obligaron a las tropas catalano-aragonesas a evacuar la ciudad de Toulouse, ocupada en 1217 contra Simón de Montfort. El fracaso de las tentativas occitanas y su participación en ellas, con riesgo de provocar una nueva cruzada dirigida ahora contra los dominios peninsulares de la Corona, obligaron al conde Sancho a renunciar a la procuración del reino, que sería en adelante gobernado por los consejeros de Jaime I (1218).

Desaparecido de la escena política el regente y debilitada la autoridad pontificia por la actuación independiente del emperador Federico II, la Corona aragonesa quedó en manos de los nobles, enfrentados entre sí por el control del reino y del monarca. Cada uno de los consejeros actuó como señor independiente en sus dominios y procuró ampliarlos sirviéndose de su posición ante el rey. Las razones de la actitud nobiliaria hay que buscarlas en la disminución de los ingresos provocada por el estancamiento de las conquistas a partir de fines del siglo XII. El reino entró en esta época en un período de crisis económica mal conocida a la que Pedro el Católico buscó la solución más fácil y la menos apropiada: la acuñación de moneda de mala calidad, que agravó aún más los problemas económicos al provocar alteraciones en los precios.

Los ingresos normales de la Corona estaban virtualmente empeñados y la nobleza sólo podía aumentar sus rentas mediante la guerra, en el interior del reino mientras los almohades mantuvieran su cohesión y contra los dominios musulmanes al disgregarse su imperio. La expansión hacia el sur de los reinos cristianos se debió, en gran parte, a la necesidad de buscar una solución a los graves problemas internos planteados por la actitud de los nobles; al dirigir las campañas de conquista y ocupar en ellas a los nobles, la monarquía les facilitaba nuevos ingresos e indirectamente pacificaba el interior.

Los primeros años del reinado de Jaime I estuvieron dedicados a luchar, sin éxito, contra los nobles Rodrigo de Lizana, Pedro Fernández de Albarracín, Guillen de Montcada..., y a reorganizar las finanzas del reino, comprometiéndose a mantener el peso y la ley de la moneda durante un período de diez años y ordenando una inspección, a cargo de frailes templarios, de la actuación financiera de los oficiales reales. El compromiso de mantener la estabilidad monetaria representaba una pérdida de ingresos para la monarquía a la que correspondían los derechos de acuñación y los beneficios que derivaran de la disminución del peso y de la ley, pero era una garantía para los súbditos, que compensaron las pérdidas del monarca mediante un impuesto, el monedaje, que equivalía al cinco por ciento del valor de los bienes muebles e inmuebles de todos y cada uno de los súbditos, sin excepción de ninguna clase.

La fragmentación del imperio almohade ofreció a Jaime I la posibilidad de intervenir contra el independizado reino de Valencia en un intento de afirmar su autoridad y de pacificar los dominios al ofrecer una salida a la belicosidad de los nobles. Pero el asedio de Peñíscola (1225) terminó en fracaso y la misma suerte tuvo un nuevo ataque emprendido desde Teruel en el que no encontró el apoyo de la nobleza de Aragón. Jaime carecía de autoridad y de medios económicos para imponerse a los nobles y éstos preferían actuar por cuenta propia, como demostró Pedro Ahonés al negarse a respetar las treguas firmadas por Jaime I con Abu Zeyt de Valencia.

La muerte de Pedro Ahonés a manos de los hombres del rey dio lugar a un levantamiento general en Aragón. Las causas profundas de esta sublevación pueden verse en el malestar producido entre los aragoneses por la pérdida de importancia del reino en comparación con el Principado (Alfonso el Casto y Pedro el Católico mostraron más interés por los asuntos catalanes que por los aragoneses) y en el olvido o la ruptura de los lazos especiales que unían al monarca y a los nobles aragoneses.

Tradicionalmente, los nobles estaban obligados a combatir al lado del rey durante tres días, ampliables a tres meses cuando el noble tuviera del monarca tenencias en honor (distritos territoriales), cuya concesión y revocación dependía de la voluntad del rey. Durante los años que siguieron a la muerte de Alfonso el Batallador la nobleza consiguió imponer una modificación en el régimen de las tenencias: el monarca no podría revocarlas sin causa justificada, no tendría libertad para concederlas a extranjeros y en el caso de que retirase la tenencia a un noble debería concederla a los parientes del perjudicado y no a otras personas.

Para evitar la vinculación de los nobles a un territorio o, lo que es lo mismo, la tendencia a hacer hereditarias las tierras recibidas, los monarcas pagaron los servicios nobiliarios mediante la concesión de caballerías de honor; el rey otorgaba la renta de un determinado lugar (en el siglo XIII cada caballería equivale a quinientos sueldos) o los ingresos de ciertos impuestos a cambio de que el beneficiario sirviera con un número de caballeros proporcionado a la cantidad recibida. Los intentos monárquicos chocaron con los intereses de la nobleza, que aspiraba a hacer hereditarias las caballerías del mismo modo que había logrado transmitir las tenencias.

Durante la minoría de Jaime I los nobles aragoneses actuaron con entera libertad, distribuyeron los honores entre sus partidarios y en gran parte decidieron la orientación política del reino al obligar al conde Sancho a renunciar a la política occitana. La actuación independiente del rey y su deseo, llevado a la práctica tras la muerte de Pedro Ahonés, de recuperar los bienes de la Corona, fueron las causas próximas del levantamiento de la nobleza aragonesa a la que se unieron algunos nobles catalanes dirigidos por Guillen de Montcada, vizconde de Bearn y señor de importantes dominios en Aragón.

La falta de solidaridad entre los nobles aragoneses y la ayuda de los catalanes permitieron al monarca imponerse en Aragón un año más tarde (1227), pero los acuerdos con la nobleza fueron más una transacción que una victoria de Jaime I; los jefes rebeldes fueron perdonados y, además, recibieron determinado número de caballerías según su importancia. Pese a este acuerdo, la oposición aragonesa se mantendría latente durante todo el siglo XIII y gran parte del XIV, aunque sólo adquiriera nueva fuerza en los momentos de debilidad de la monarquía.

Pacificados sus dominios aragoneses y barceloneses, Jaime I tuvo que atender a los problemas surgidos en el condado de Urgel, teóricamente independiente y de hecho sometido a la tutela de los condes de Barcelona. La vieja rivalidad entre los condes de Urgel y los vizcondes de Cabrera por el dominio del condado se acentuó en 1228 al reclamar sus derechos Aurembiaix de Urgel; el arbitraje de Jaime I no fue aceptado ni por Guerau ni por su hijo Ponce de Cabrera, quienes tuvieron que ser expulsados del condado militarmente. Tras la conquista de Mallorca, Pedro de Portugal —marido de Aurembiaix— renunciaría al condado a cambio de diversas posesiones en la isla y Urgel se incorporaría plenamente al condado de Barcelona para formar el país o la nación catalana.

Expansión catalanoaragonesa: Mallorca y Valencia

La importancia política de las ciudades catalanas fue reconocida de modo oficial en 1214 por el cardenal Pedro de Benevento, representante de Inocencio III, al hacer jurar la constitución de paz y tregua a los ciudadanos, al eximir a las ciudades de Cataluña de todo impuesto hasta la mayoría de edad del monarca y al ordenar que en cada ciudad fueran elegidos, con el consejo del obispo, dos pahers (paciarii o encargados de mantener la paz), «uno de los mayores y otro del pueblo».

Estas reuniones para declarar la paz y tregua se realizaron en Cataluña en los momentos en que era preciso poner orden en el interior, generalmente con vistas a realizar campañas militares. A la primera, celebrada en Lérida, siguió en 1218 otra tenida en Vilafranca con asistencia igualmente de los ciudadanos, la reunida en Tortosa (1225) para tener pacificado el reino antes del ataque a Peñíscola y la celebrada en Barcelona (1228) para organizar la expedición contra Mallorca, realizada por deseo y, en parte, a expensas de las ciudades catalanas interesadas en mantener e incrementar su comercio, amenazado por los piratas y competidores mallorquines.

La expansión naval y comercial de Cataluña fue reconocida y propiciada por el monarca en 1227 al dictar medidas proteccionistas según las cuales ningún barco procedente o que se dirigiera al norte de África o al Mediterráneo oriental podría transportar mercancías salidas o enviadas a Barcelona mientras hubiera barcos barceloneses dispuestos a efectuar el transporte. Es indudable que al amparo de estas normas serían construidos en Barcelona nuevos barcos cuya actividad comercial daría lugar a represalias por parte de los mallorquines, que capturaron dos naves barcelonesas en 1228 y con ello ofrecieron al monarca y a los mercaderes catalanes el pretexto para invadir y ocupar las Baleares.

La oportunidad era inmejorable: ni los musulmanes de la Península ni los norteafricanos, en guerra civil, se hallaban en disposición de socorrer a los mallorquines y el conde de Barcelona contaba con el apoyo de los mercaderes y de la nobleza catalana, a los que se unieron los ciudadanos de Marsella y de Montpellier igualmente interesados en poner fin a las actividades comerciales y piráticas de los mallorquines. La conquista de la isla, en cambio, no suponía beneficio ninguno para los aragoneses y éstos negaron su colaboración militar y económica al monarca. Organizada la expedición en 1229, la isla de Mallorca se rindió en diciembre del mismo año; Menorca se declaró tributaria del rey en 1231 e Ibiza fue conquistada en 1235 por el antiguo conde de Urgel, Pedro de Portugal, por el conde Nuño Sánchez y por el arzobispo de Tarragona, Guillen de Montgrí.

La conquista de las Baleares fue posible por la coincidencia de intereses entre las ciudades costeras (Barcelona fundamentalmente) y la nobleza catalana, que veía en la guerra exterior una posibilidad de incrementar sus ingresos y de recuperar el prestigio y la situación social que le disputaba, con éxito, la burguesía urbana. Nobles y ciudadanos colaboraron en la empresa con sus efectivos militares y económicos y ambos obtuvieron importantes beneficios.

En la conquista valenciana los intereses fueron distintos y a menudo contradictorios. Por una parte, la conquista interesaba a la nobleza de Aragón, deseosa de aumentar sus dominios, y se inscribía en la línea de actuación característica de las ciudades de frontera aragonesa. Por otra, el rey se hallaba interesado en la conquista, pero también en evitar un excesivo aumento del poder nobiliario aragonés y en instalar en las tierras conquistadas a personas adictas que garantizaran la fidelidad de los nuevos dominios a la Corona. Finalmente, el reino valenciano era para mercaderes y nobles catalanes una zona natural de expansión.

En líneas generales, puede admitirse que en la conquista valenciana intervinieron de un lado los nobles de Aragón y de otro el rey, secundado por los catalanes y por los aragoneses de la frontera. La conquista fue lenta: tras un período en el que la iniciativa correspondió a los nobles aragoneses (conquista de Morella en 1232 por Blasco de Alagón) y a las milicias de Teruel (toma de Ares), el rey tomó personalmente la dirección de la campaña para evitar el incremento de los honores nobiliarios y ocupó Burriana en 1233 y con esta ciudad toda la Plana castellonense; en nuevas etapas y siempre bajo la dirección del monarca sería conquistada la llanura y la huerta valenciana con la capital del reino (1238); por último, las tropas reales incorporarían la zona del Júcar entre 1239 y 1245 (Cullera, Alcira y Játiva).

Aunque las campañas mallorquina y valenciana ocuparon la mayor parte de los esfuerzos del monarca, no por ello se desentendió Jaime I de la política occitana. Por medios pacíficos intentó contrarrestar la presencia de los Capetos en el sur de Francia y aunar los esfuerzos de los condes de Toulouse y de Provenza, pero no pudo evitar los matrimonios de Luis IX de Francia y de Carlos de Anjou con Margarita y con Beatriz de Provenza respectivamente; con ellos la monarquía francesa reafirmaba su presencia en el condado y Jaime I, perdida toda posibilidad de recuperarlo, firmaba con Luis IX el tratado de Corbeil (1258) por el que renunciaba a sus posibles derechos sobre Provenza y el Languedoc a cambio de la supresión de los vínculos feudales que, teóricamente al menos, unían al conde de Barcelona con el rey de Francia. Corbeil fue el reconocimiento oficial de dos realidades que ambos monarcas consideraban irreversibles.

El reino de Navarra hasta mediados del siglo

García Ramírez y sus sucesores se movieron constantemente en una línea de equilibrio entre sus poderosos vecinos castellanos y catalano-aragoneses e intentaron aprovechar las dificultades internas de ambas monarquías para hallar una salida hacia el sur, hacia los dominios musulmanes. Pero todos sus intentos fracasaron y los reyes tuvieron que limitarse a colaborar con sus vecinos en las campañas de conquista (ayuda militar a Castilla en Las Navas y préstamos concedidos por los monarcas navarros a los aragoneses), lo que no impediría que Alfonso VIII ocupara Álava y se apoderara de Guipúzcoa, con lo que cortaba la posibilidad de expansión marítima del reino.

Privado de costas en sus dominios y sin posibilidades de extenderse por el sur o por el este, Sancho VII buscó una prolongación de su reino en el norte, donde consiguió que le rindieran vasallaje los señores de Tartaix, Agramunt y Ostabat y donde— buscó una salida marítima mediante acuerdos con los burgueses de Bayona. Al unirse castellanos y leoneses (1230) el reino navarro tuvo que prescindir del recurso a la alianza con los monarcas de León contra Castilla que, una vez más, atacó las fronteras navarras, y obligó a Sancho a buscar el apoyo de Aragón donde Jaime I se oponía a la unificación de navarros-castellanos-leoneses por cuanto suponía de ruptura, en favor de Castilla, del equilibrio peninsular.

Jaime I y Sancho VIl firmaron un pacto de filiación mutua según el cual el monarca superviviente heredaría los dominios del que primero falleciera (1231). Pero esta unión no interesaba a los nobles, que se negaron a aceptarla y en 1234 eligieron como rey a Teobaldo de Champaña, sobrino de Sancho VII, al que hicieron jurar los fueros de Navarra y comprometerse a reparar los agravios hechos por Sancho a barones y nobles.

La negativa a reconocer a Jaime I y la elección de Teobaldo se basaban en razones de política interna aragonesa y navarra. Por un lado, Jaime I se había opuesto pocos años antes a los privilegios de los nobles aragoneses —similares a los navarros—, y por otro, era un rey impuesto, no elegido por los nobles, que podían alegar en favor de Teobaldo su pertenencia a la dinastía y exigir al nuevo rey, que les debía el nombramiento, la confirmación de los derechos tradicionales de la nobleza navarra.

El predominio de los consejeros procedentes de Champaña y el incumplimiento de los fueros provocaron un levantamiento nobiliario contra el rey, que se vio obligado a solicitar el apoyo de Roma. En 1235 Teobaldo se comprometió a intervenir en la cruzada; para facilitar su realización Gregorio IX ordenó que se disolvieran las juntas y hermandades de nobles que impedían al rey cumplir su voto ya que no era posible abandonar el reino mientras persistiera la rebeldía nobiliaria.

La excomunión dictada contra los rebeldes fue insuficiente y Teobaldo tuvo que llegar a un acuerdo, crear una comisión que decidiera cuáles eran las obligaciones del rey para con los súbditos y las de éstos hacia el monarca. Esta comisión, presidida por Teobaldo y por el obispo de Pamplona e integrada por diez ricoshombres, veinte caballeros y diez eclesiásticos, redactó el Fuero Antiguo de Navarra, que regulaba los derechos de los nobles sobre los honores y que, sobre todo, limitaba la autoridad monárquica.

En el prólogo de este Fuero, los nobles dieron su propia versión de la «reconquista» y de la creación de la monarquía en los reinos peninsulares. Tras la desaparición de Rodrigo, los caballeros continuaron combatiendo a los musulmanes; para poner fin a las disputas provocadas por el reparto del botín acordaron elegir como rey a uno de entre ellos que estaría sometido a las normas de conducta previamente fijadas. Con esta declaración los comisionados situaban a la comunidad por encima del monarca: el poder de éste no derivaba de Dios, como en la monarquía francesa con la que se relacionaba Teobaldo, sino de la comunidad.

Las obligaciones aceptadas por el elegido antes de ser proclamado rey se concretaban en el mantenimiento del derecho tradicional, en la corrección de las violencias y agravios cometidos por sus antecesores, en el compromiso de repartir los bienes de cada tierra entre los barones, hidalgos, clérigos y hombres de las villas, de no conceder más de cinco cargos en cada bailía a extranjeros y de no declarar la guerra, paz o tregua ni administrar la alta justicia sin el consejo de los ricoshombres.

Tras aceptar los acuerdos de 1238, Teobaldo pudo participar en la cruzada al frente de un nutrido grupo de nobles franceses que fracasaron ante Gaza (1230). Vuelto a Europa, el monarca continuó la política de sus antecesores y logró el vasallaje de los vizcondes de Soule y de Tartaix. En los últimos años de su reinado (murió en 1253) tuvo que hacer frente al obispo de Pamplona, que llegó a dictar el entredicho sobre el reino para recuperar los bienes y las atribuciones de la iglesia.

Modalidades de la repoblación

REPOBLACIÓN DE LA TIERRA ANDALUZA Y MURCIANA

La conquista castellana no supuso en los primeros momentos la expulsión de los antiguos habitantes. Aunque con una población superior a la de los siglos XI y XII, el reino castellano no disponía en el XIII de los recursos humanos precisos para sustituir a los pobladores del territorio ocupado. Los campesinos libres, que hubieran podido, en principio, establecerse en las zonas ocupadas, no se arriesgaron masivamente a abandonar sus tierras por otras de superior rendimiento pero situadas en zona de guerra y, por tanto, expuestas a todos los peligros.

Por su parte, los nobles, la aristocracia rural, no se mostró dispuesta a permitir que sus colonos abandonaran las tierras que cultivaban. Sólo una mínima parte de estos campesinos —y es preciso recordar que en Castilla-León no hubo ciudades en el sentido artesanal y comercial del término— se hallaba en condiciones y en disposición de acudir a repoblar las zonas fronterizas. La gran emigración campesina hacia las tierras andaluzas y murcianas sólo fue efectiva en la segunda mitad del siglo cuando el territorio fue pacificado y los reyes pudieron garantizar la supervivencia.

A la insuficiencia demográfica, decisiva para explicar la permanencia de la población musulmana, se añadieron razones de carácter político-militar, psicológico y económico. Fernando III debió la mayor parte de sus conquistas a la alianza con los reyes musulmanes y más que de conquista debería hablarse de cesión; la expulsión sistemática de los antiguos pobladores habría significado el final de la hábil diplomacia castellana y difícilmente habría podido Femando III incorporar Andalucía por medio de las armas. Era preciso respetar escrupulosamente los tratados para evitar la unificación de los ejércitos musulmanes.

De otro lado, la larga coexistencia en la Península de cristianos y musulmanes, aun cuando frecuentemente se hallaran enfrentados bélicamente, no había producido un odio irreparable entre ambas comunidades religiosas; tanto la experiencia aragonesa como la castellana mostraron que era posible la convivencia pacífica de unos y otros, siempre que se privara a los vencidos de sus dirigentes y siempre que los vencedores controlaran los castillos y plazas fortificadas. Ante esta situación, ni el rey castellano ni los que con él colaboraron en las campañas militares tenían el menor interés en prescindir de una población que era necesaria para mantener la producción agrícola y artesana.

En resumen, allí donde la ocupación castellana se realizó sin recurrir a las armas, mediante acuerdos o pactos, la población musulmana permaneció y el rey castellano se limitó a tomar posesión de las fortificaciones, de los bienes fiscales y de las rentas y derechos correspondientes al soberano musulmán. Hubo un cambio de soberano pero no de situación. No fue necesario repoblar sino establecer guarniciones y ocupar algunas tierras abandonadas. Este tipo de acuerdos sólo fue posible en las zonas rurales y de escaso valor estratégico.

La ocupación pacífica de las ciudades importantes y de las plazas fortificadas era imposible; los reyes musulmanes, con numerosos enemigos en el interior de sus dominios, no podían prescindir, sin oponer resistencia, de los centros urbanos y de las fortalezas en las que —aun en los casos en que el rey aceptó su entrega— los funcionarios y la aristocracia político-militar musulmana mantuvieron la resistencia que terminó en unos casos con la rendición tras haber negociado unas condiciones aceptables y en otros con la ocupación por asalto, sin condiciones.

En el primer caso, la dureza de las condiciones dependió de la mayor o menor resistencia ofrecida y de las posibilidades que los defensores tuvieran de recibir ayuda, pero normalmente se estableció que los musulmanes conservarían la libertad y los bienes muebles y semovientes y perderían los raíces. Cuando la población había sido tomada por asalto, los vencidos y sus propiedades de todo tipo pasaban a poder del conquistador.

En los lugares tomados por capitulación o por asalto se produce una despoblación, existen unos bienes a disposición del rey y éste procede a repartirlos; en primer lugar el monarca recompensa a los que han intervenido en la campaña de un modo directo (fuerzas militares) o indirecto (personas y organizaciones que han contribuido a financiar las expediciones, a avituallar a las tropas, a gobernar el reino durante las ausencias del monarca...). A estas recompensas se les da el nombre de donadíos para diferenciarlas de los heredamientos entregados a los repobladores que acuden a sustituir a los musulmanes expulsados.

En líneas generales puede aceptarse que los musulmanes fueron expulsados del reino de Jaén, cuya importancia militar como vía de penetración hacia Córdoba y Sevilla por el oeste y hacia Murcia en el este hacía necesario un control efectivo; al menos no consta que permanecieran los musulmanes en Martos, Andújar, Capilla, Baños, Salvatierra, Baeza, Ubeda, Iznatoraf, Jaén... donde consiguieron grandes dominios las órdenes militares y la iglesia de Toledo.

Mientras la ocupación del reino jiennense se prolongó durante veintidós años y no finalizó hasta la conquista de la capital, la ocupación del reino cordobés se inició en 1236 con la toma de Córdoba y se hallaba terminada cuatro años más tarde; sólo Córdoba opuso alguna resistencia y sólo de la ciudad serían expulsados los musulmanes. Córdoba sería durante bastantes años un islote cristiano dentro de una zona de predominio musulmán y esta circunstancia explica las dificultades que encontró Fernando III para hallar repobladores; en las comarcas situadas al sur y al oeste de Sevilla los musulmanes no ofrecieron resistencia tras la caída de la capital y, en consecuencia, permanecieron en la zona.

Las negociaciones entabladas entre los dirigentes y los sitiadores de Sevilla nos permiten ver las posibilidades que se ofrecían a los musulmanes. La conquista se inició en 1246 con el envío de expediciones de saqueo destinadas a minar las resistencias mientras se organizaba en el Cantábrico una flota encargada de impedir el envío de ayuda por mar. Aislada por tierra y cortada la salida fluvial, Sevilla se rindió después de intentar obtener de Fernando III capitulaciones favorables; cuando aún el cerco no era total, los sevillanos ofrecieron entregar el alcázar y aceptar la presencia de guarniciones cristianas, pero a medida que su situación se hizo más difícil se comprometieron a entregar la tercera parte de la ciudad, más tarde la mitad, y por último aceptaron las condiciones fijadas por Fernando III, es decir, la entrega de la ciudad con sus edificios intactos y la evacuación de todos los habitantes en el plazo de un mes.

La ocupación del reino de Murcia no presentó demasiadas dificultades; los murcianos, amenazados en el norte por los catalano-aragoneses y en e! oeste por los granadinos y divididos entre sí, firmaron en 1243 un acuerdo por el que entregaban las fortalezas del reino a los castellanos, cedían al monarca cristiano la mitad de las rentas y se comprometían a ayudar militarmente a Castilla y a no emprender negociaciones políticas sin consentimiento de Fernando III; a cambio de este vasallaje del murciano Muhammad ibn Hud los musulmanes recibieron protección contra Granada y obtuvieron la confirmación de sus títulos, propiedades, religión, instituciones, lengua, usos y costumbres.

De esta tolerancia cristiana fueron exceptuados los jefes militares que no quisieron aceptar el pacto y que serían sometidos militarmente por Castilla: los musulmanes de Mula fueron expulsados, los de Lorca capitularon tras ofrecer resistencia y Cartagena fue ocupada militarmente con ayuda de una flota llegada del Cantábrico. Mula y Cartagena fueron repobladas a fuero de Córdoba. En los demás sitios se cumplieron los acuerdos de Alcaraz al menos hasta 1257, año en el que Alfonso X intentó fortalecer las guarniciones castellanas con la llegada de pobladores cristianos.

El incumplimiento de los acuerdos de 1243 provocó el abandono del reino por parte de numerosos musulmanes; algo parecido debió ocurrir en Andalucía donde los vencidos terminarían pidiendo ayuda al rey de Granada y se alzarían contra los castellanos en 1264. Las tropas de Alfonso X centraron sus esfuerzos en la reconquista de Andalucía, de donde fueron expulsados los musulmanes, y los murcianos fueron reducidos por Jaime I de Aragón quien, tras asentar en el reino a algunos repobladores catalanes y aragoneses, lo devolvió a Alfonso X (1266).

Las diferencias existentes entre los diversos reinos y ciudades ocupadas hacen difícil la aceptación de un esquema repoblador único, pero en líneas generales podemos aceptar como válido para toda Andalucía el sistema empleado en la repoblación del reino sevillano; en el momento de proceder a la distribución del territorio, Fernando III y Alfonso X tuvieron presentes, de un lado, sus obligaciones hacia los que habían intervenido en la campaña y de otro, los intereses de la monarquía.

Los combatientes y cuantos de algún modo participaron en la conquista adquirieron unos derechos que el rey no podía olvidar. Pero correspondía al monarca determinar la forma de recompensar los servicios; al hacerlo procurará contrarrestar la influencia de los nobles (los grandes beneficiarios de la conquista) oponiéndoles una fuerza cuyo control quedara en manos del rey. Esta fuerza sería la ciudad de Sevilla. Pero no se trataba sólo de pagar unos servicios; el monarca tenía que atender a la defensa militar del territorio y para ello fijaría las obligaciones de cuantos recibieran tierras, tanto en concepto de donadío (nobles en general) como de heredamiento (pobladores de la ciudad).

El reparto de los bienes inmuebles fue realizado por una junta de partidores, cuya misión consistía en realizar un inventario de las propiedades disponibles, fijar la extensión de los donadíos y señalar los términos y bienes que habían de corresponder al concejo sevillano. Las disposiciones de esta junta fueron completadas, por lo que se refería al concejo, por las juntas de consolidación, que se limitaron a inventariar los bienes abandonados y a distribuirlos entre los nuevos pobladores.

Los donadíos podían comprender parte o la totalidad de una o varias aldeas. Incluían siempre la casa, tierra apta para cereales, olivos, viñas, huertas y con frecuencia un molino de aceite en cuyos ingresos el monarca se reservaba la treintava parte. Los beneficiarios de los donadíos fueron los nobles (familiares del rey, magnates, órdenes militares y sedes episcopales), los oficiales de la casa del rey (mesnaderos, ballesteros, porteros, posaderos, camareros, halconeros, personas del séquito de la reina y de los infantes), los oficiales de la administración (alguaciles, alcaldes, escribanos), los oficiales militares (adalides, almogávares, almocadanes) y los eclesiásticos (abades y monasterios, canónigos, deanes), que de algún modo habían intervenido en la campaña.

La extensión de estos donadíos varía considerablemente según la importancia del beneficiario; así junto al donadío de Alfonso de Molina, hermano de Fernando III, que comprendía la aldea de Corcobina con 150 casas, 30000 pies de olivar, 80 almarrales de viñas, higueras cuya producción se evaluó en 1000 cestos anuales, y 12 molinos de aceite, hallamos los donadios menores concedidos a diversos oficiales que recibieron 5000 pies de olivar y 10 yugadas de tierra, o 1000 pies y 5 yugadas.

Una parte importante de las tierras conquistadas fue concedida al concejo sevillano para atender a los repobladores; las obligaciones de quienes residían en el término de la ciudad y recibieron heredamientos eran las de tener la casa principal en Sevilla, comprometerse a aceptar el fuero de la ciudad, a prestar al monarca los servicios ordenados por el fuero, y a no enajenar el heredamiento antes de cinco años. El concejo fue el encargado de repartir los bienes (casas y tierras) entre los pobladores; los caballeros recibieron ocho aranzadas (4000 pies) de olivar y dos yugadas de tierra, los peones cuatro aranzadas y una yugada. Junto a estos repobladores, campesinos en su mayoría, se establecieron en la ciudad doscientos caballeros de linaje que recibieron, además de las ocho aranzadas y dos yugadas que les correspondían como pobladores, otras 20 aranzadas de olivar, seis de viña, dos de huerta y seis yugadas de tierra.

Dentro del término sevillano se asignaron bienes a los marinos y a los artesanos de la construcción naval cuya presencia era necesaria para la defensa de Sevilla por mar; a cada cómitré o jefe de nave se le entregaron 1000 aranzadas de olivar e higueral y cinco aranzadas de pan; el monarca dio además la galera en perfectas condiciones y el cómitre se comprometía a hacer las reparaciones que fueran necesarias y a sustituirla por otra nueva cada siete años; los beneficios obtenidos en el mar (botín) se repartirían entre el monarca y los marinos.

Los repobladores procedían en su mayoría de Castilla y en menor medida de León, Asturias y Galicia donde el número de campesinos libres era menor; el número de aragoneses fue igualmente reducido, pero abundaron los catalanes que participaron en la conquista como ballesteros y los que se instalaron en Sevilla como artesanos y mercaderes, profesiones que ejercen también francos, italianos y judíos.

Frente a la dispersión jurídica representada por los fueros de las poblaciones de origen, en las nuevas zonas los monarcas implantaron el fuero de Toledo (el de Cuenca fue adoptado en Ubeda y en Baeza) del que fueron eximidos algunos grupos por el carácter especial de las funciones que realizaban o por su origen: mercaderes francos, genoveses y catalanes, marineros, miembros de la alta nobleza, clérigos, judíos y musulmanes.

En Murcia, Alfonso X completó la repoblación inicial dirigida por Jaime I, aunque con criterios diferentes; mientras el rey aragonés llevó a cabo un reparto de carácter señorial al otorgar grandes extensiones de tierra de regadío a un grupo reducido de caballeros a los que estarían sometidas las masas de menestrales y de musulmanes, Alfonso X quería evitar la excesiva fuerza de los nobles y crear un gran concejo que, junto con Sevilla, representara y defendiera los intereses del rey en las nuevas tierras.

Los nobles y órdenes militares recibieron grandes extensiones de tierra en las zonas próximas a la frontera granadina, donde la población era escasa; en estas comarcas la economía fue preponderantemente ganadera y la población se agrupó alrededor de las fortalezas.

El interés del monarca por crear un gran municipio en Murcia (la ciudad recibió el fuero de Sevilla) se observa en la minuciosidad con que se valoraron y repartieron las casas y la huerta; la importancia de los bienes concedidos dependía de la categoría social de los beneficiarios, entre los que Torres Fontes distingue siete grupos: uno, el de «los cortesanos, familia real y altos personajes...», que recibieron donadíos, y tres grupos de peones y de caballeros denominados mayores, medianos y menores, a los que se concedieron tierras cuya extensión oscilaba entre las 12 alfabas recibidas por los caballeros mayores y 1,6 aliaba dada a los peones menores.

Aunque los donadíos tuvieron a veces una gran extensión, la experiencia sevillana sirvió a Alfonso X para ordenar que en ningún caso se concediera la tierra en bloque sino en lotes separados entre sí y sin posibilidad de unirlos mediante compras, permutas o donaciones expresamente prohibidas por el rey porque si los pobladores «pudiesen... comprar y vender... podrían venir algunos hombres con grandes haberes y comprarían muchos heredamientos y quedaría poca gente en la ciudad».

La repoblación portuguesa presenta características similares a las de Andalucía aunque en el Algarve no existió ninguna ciudad comparable a Sevilla y predominaron los grandes latifundios concedidos a las órdenes militares, especialmente a la de Santiago. En general, la población musulmana fue obligada a abandonar las ciudades y en el campo quedó sometida a la autoridad señorial; a lo largo de la Edad Media estos mudéjares desaparecieron por conversión o por emigración hacia los reinos del norte de África o hacia Granada.

REPOBLACIÓN DE MALLORCA

A diferencia de lo ocurrido en Andalucía y Murcia, donde la conquista y, consiguientemente, la repoblación fue obra conjunta de castellanos y leoneses (quizá pueda afirmarse que una de las razones que movieron a Fernando III a iniciar la conquista fue el deseo de unir en una empresa común a los nobles y concejos de ambos reinos), en la Corona de Aragón, por la diferente situación geográfica y económica del Principado y del Reino, los intereses de ambas partes no coincidieron; los catalanes no contaron con el apoyo aragonés para la conquista de Mallorca y la nobleza aragonesa tuvo frente a sí en el reino de Valencia a los catalanes, a los aragoneses de las ciudades de frontera y al propio monarca. La conquista y repoblación reforzaron la unidad castellano-leonesa y acentuaron las diferencias entre Cataluña y Aragón.

La conquista mallorquina, aunque en ella participaran a título personal algunos nobles aragoneses, fue obra exclusivamente de los catalanes; la campaña fue financiada mediante el cobro en la zona catalana del impuesto del bovatge, impuesto que había servido con anterioridad para financiar la participación catalana en Las Navas y que servirá para allegar fondos con destino a la conquista de Valencia y a la recuperación de Murcia.

Los orígenes de este impuesto parecen remontarse a 1118 cuando Ramón Berenguer III se comprometió a mantener la estabilidad de la moneda a cambio de que, por una sola vez, se le entregara cierta cantidad por cada buey o pareja de bueyes existente en el condado; este tributo extraordinario se convirtió en un impuesto cobrado regularmente al comienzo de cada reinado y en situaciones excepcionales como fueron durante el reinado de Jaime I todas las campañas contra los musulmanes. Las constituciones de paz y tregua y el bovatge son imprescindibles en estas expediciones: las primeras garantizan la paz interior y la seguridad de los bienes de quienes participan en la empresa y el segundo proporciona los medios materiales.

Conquistada Mallorca por las armas, la mayoría de los musulmanes se exilió o fue reducida a esclavitud, por lo que prácticamente toda la isla fue repartida entre los conquistadores; en julio de 1232 se había procedido al inventario y reparto de las tierras y casas, que fueron descritas con la misma minuciosidad que.hemos observado en el reino murciano. El monarca, de modo consciente o por encontrar en la isla un sistema en el que dominaba la pequeña o mediana propiedad, mantuvo la organización existente y, aunque algunos nobles recibieron importantes donaciones, sus bienes jamás constituyeron grandes latifundios por hallarse divididos en lotes.

El monarca se reservó la mitad de la isla (aproximadamente 57000 Ha) y distribuyó el resto entre los nobles; la parte real fue a su vez distribuida entre los oficiales del rey, los ciudadanos que habían intervenido en la campaña y los que quisieron repoblar la isla; los repobladores procedían de Barcelona, Tarragona, Marsella, Lérida, Gerona-Besalú, Vilafranca, Montblanc... El desarrollo económico al que había llegado la isla y de modo especial la ciudad bajo el dominio musulmán puede comprobarse si tenemos en cuenta que sólo al rey le correspondieron 2100 casas, 320 tiendas, 24 hornos y 30 molinos.

El dominio del rey sobre la isla fue poco duradero: en septiembre de 1231 Jaime I llegó a un acuerdo con Pedro de Portugal, viudo de Aurembiaix de Urgel, y a cambio del condado urgelitano le cedió el señorío, en feudo, de Mallorca y Menorca. Pedro percibiría en adelante las rentas correspondientes al monarca y podría además disponer de las tierras de realengo y asentar pobladores en ellas. Lógicamente, el infante fue uno de los más favorecidos en el reparto hecho por Jaime I, que le concedió una superficie evaluada por Alvaro Santamaría en 6102 Ha divididas en 103 lotes o predios.

De estas tierras el infante portugués distribuyó entre sus caballeros y servidores una gran parte (53 predios y 3272 Ha); cada uno de los beneficiarios recibió una extensión de tierra que oscilaba entre las 30 yugadas como máximo y las 4 como mínimo. Entre los bienes reservados por Pedro de Portugal abundan los predios de mayor extensión, pero sólo tres" superan las 100 hectáreas, por lo que puede afirmarse que predomina la propiedad de tipo medio con una extensión entre 25 y 100 hectáreas.

El reparto de las tierras y del agua dio lugar a diversos pleitos entre los magnates que habían intervenido en la conquista; igualmente surgieron dificultades sobre las atribuciones que debería tener el veguer (representante del rey) y los bayles o administradores de las posesiones de los magnates. De igual modo que se había repartido la tierra se dividió la jurisdicción: dentro de la ciudad correspondería la intervención en las causas civiles y criminales al veguer y en el resto de la isla sólo en los casos graves; los bayles entenderían en las cuestiones leves dentro de su territorio y en las disputas sobre posesiones.

En Menorca permanecieron los musulmanes tras aceptar el vasallaje respecto al monarca; la isla sólo sería ocupada en 1287 por Alfonso el Liberal y los habitantes fueron exterminados o reducidos a esclavitud y vendidos en pública subasta en los mercados de Menorca, Mallorca, Cataluña y Sicilia. Los repobladores fueron de origen catalán, mallorquín y valenciano y el reparto de la isla debió tener características similares a las estudiadas en Mallorca.

Según los acuerdos firmados en 1231, Jaime I otorgaba al infante Pedro de Portugal y al conde Nuño Sánchez, uno de los que mayores contingentes aportó a la conquista de Mallorca, opción preferente para ocupar Ibiza siempre que lo hiciera en el plazo de dos años. Pasado este tiempo solicitaron igual privilegio el arzobispo de Tarragona Guillen de Montgrí y su hermano Bernardo de Santa Eugenia. Posteriormente se llegó a un acuerdo entre Pedro, Sancho y el arzobispo para unir sus fuerzas y dividirse la isla proporcionalmente a los contingentes que cada uno aportara.

La entrega de Mallorca al infante Pedro de Portugal podía resultar peligrosa para la Corona en el caso de que Pedro fuera elegido rey de Portugal por los eclesiásticos enfrentados a Sancho II; quizá por estas razones o porque la autoridad del conde no fuera respetada en la isla, en 1244 Jaime I ofreció al infante a cambio de Mallorca el señorío de los castillos y villas de Murviedro, Segorbe, Castelló de Burriana y Morella. Los términos en que se redactó el acuerdo hacen pensar que la guerra civil portuguesa fue decisiva en la determinación de Jaime I y en la aceptación de Pedro: al primero no le interesaba tener por lugarteniente en Mallorca a un rey portugués; el segundo precisaba una base de acción en la Península para poder intervenir (como lo hizo, aunque la elección recayó sobre Alfonso III) en los asuntos portugueses.

REPOBLACIÓN DE VALENCIA

Por tierra, el reino valenciano podía concebirse como una prolongación tanto del Aragón estricto como de Cataluña. La vieja rivalidad del siglo xi entre aragoneses y catalanes no desapareció con la unión. Cuando Jaime I solicitó ayuda militar y económica para la empresa mallorquina, los aragoneses pidieron que se diera preferencia a la ocupación del reino valenciano, que consideraban como la prolongación natural de sus dominios y cuya conquista iniciarían mientras el rey y los catalanes se hallaban ocupados en el reparto de Mallorca; en 1232 las villas fronterizas ocuparon el castillo de Ares y el noble Blasco de Alagón tomó Morella.

Jaime I no estaba preparado para emprender una campaña de largo alcance, pero tampoco podía dejar la iniciativa a los nobles aragoneses, que se habrían limitado a incorporar a sus dominios —sin beneficios para la Corona— las nuevas tierras, y llevó a cabo algunos ataques aislados que le permitieron ocupar Burriana y Peñíscola (1233); la falta de medios y la muerte de Sancho VII de Navarra en 1234 obligaron al monarca a renunciar momentáneamente a la conquista.

Fracasadas las aspiraciones de suceder a Sancho en Navarra, Jaime I se preparó para el asalto definitivo a Valencia mediante la promulgación de la paz y tregua en Cataluña y la aprobación de diversas medidas tendentes a sanear la economía del Principado y a atraerse al estamento eclesiástico; en 1235 se dictaron normas contra el excesivo lujo, se fijó el precio del trigo, cebada y centeno, se prohibió el acaparamiento de estos productos y se señaló el tipo de interés máximo permitido en los préstamos hechos por los judíos.

El estamento eclesiástico logró en esta reunión de las Cortes catalanas que se prohibiera la difusión de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento escritos en romance, medida que iba claramente dirigida contra valdenses y cataros, que se destruyeran las moradas de los herejes y se confiscaran los bienes de los cómplices o encubridores, que no fueran confiados cargos oficiales a los heréticos y que se reservaran a los obispos los juicios por herejía.

Tras estos preparativos se iniciaron los ataques contra Valencia cuya capital fue ocupada en 1238; el resto de los dominios musulmanes fueron conquistados entre 1239 y 1245. En las zonas ocupadas en los primeros momentos la población musulmana emigró y fue sustituida por colonos de los nobles aragoneses o de las órdenes militares; en las zonas ocupadas mediante capitulaciones se permitió la continuidad de los antiguos pobladores en condiciones similares a las señaladas para Andalucía y Murcia.

Templarios y hospitalarios adquirieron en la zona de Castellón posesiones equiparables a las logradas por santiaguistas y calatravos en el sur; en estas zonas pobres, la repoblación fue lenta y las tierras despobladas fueron muy numerosas; más al sur, en las comarcas de regadío, la población musulmana permaneció en gran parte y la repoblación se ajustó al sistema de propiedad musulmán y a las normas dictadas para Mallorca: pequeños lotes distribuidos con carácter personal a los repobladores para evitar la creación de grandes latifundios.

Sólo a partir de 1248, al producirse la sublevación de los mudéjares dirigidos por al-Azrak se llevó a cabo una repoblación más intensa, pero fue muy numeroso el grupo de musulmanes que permanecieron en el territorio contando con el apoyo de los nobles, poco dispuestos a privarse de la mano de obra mudéjar; a fines del reinado de Jaime I la población cristiana en el reino de Valencia no era superior a 30 000 hombres.

A través del reparto de la ciudad y huerta de Valencia podemos conocer el origen de los repobladores, casi todos ellos procedentes de las ciudades, de frontera aragonesas y de Cataluña Nueva; en la ciudad hallamos asentados 300 familias de Barcelona, otras tantas de Teruel, 250 de Tortosa, 200 de Zaragoza, 175 de Lérida, 150 de Montpellier, 130 de Daroca e igual número de Tarragona, 50 de Tarazona...

Aunque de procedencia muy diversa, podemos agrupar a los conquistadores y repobladores de Valencia en dos grupos: nobles aragoneses, para quienes el reino era una prolongación de Aragón en la que debería regir el fuero aragonés, y aragoneses de las ciudades y catalanes, que apoyaron a la monarquía contra los nobles y aceptaron el fuero dado a la ciudad y reino de Valencia por Jaime I en 1240.

El descontento nobiliario por la supresión del fuero aragonés —de los derechos y autoridad que les concedía— dio lugar a un enfrentamiento entre el monarca y los nobles, quienes, en 1265, pusieron como condición para colaborar en las campañas murcianas el restablecimiento del fuero y el reparto del reino valenciano según las normas forales. Veinte años más tarde (1283), cuando los dominios catalano-aragoneses se hallen amenazados por tropas francesas, Pedro el Grande tendrá que ceder a las exigencias nobiliarias y aceptar la coexistencia de los fueros aragonés y valenciano.

Consecuencias sociopolíticas de la repoblación

La migración de una parte importante de la población de los reinos cristianos hacia el sur y la forma en que fue asentada, tuvieron importantes consecuencias, visibles incluso actualmente. Los efectos de la repoblación no se hicieron sentir sólo en las zonas ocupadas, se extendieron también a las comarcas de origen de los repobladores y a veces modificaron profundamente su fisonomía.

Como efectos más importantes, por cuanto afectaron a todos los reinos de la Península, es preciso destacar las modificaciones sociales experimentadas en el norte. En páginas anteriores hemos señalado cómo la expansión de los siglos XI y XII tuvo un doble efecto: en las comarcas ocupadas se crearon núcleos urbanos o semiurbanos en los que todos los pobladores eran libres; en el norte, en cambio, los dueños de la tierra acentuaron su autoridad sobre los campesinos para evitar el abandono de las tierras y, de hecho o de derecho, recrudecieron la adscripción de los campesinos, con lo que se crearon en cada reino dos zonas perfectamente diferenciadas: la antigua, donde predominaron los colonos en una situación equiparable a la servidumbre, y las tierras nuevas, donde la mayoría o la totalidad de los habitantes fueron libres y pequeños propietarios.

Este fenómeno se repitió con mayor intensidad durante el siglo XIII. La fertilidad de las tierras conquistadas y las facilidades dadas por los monarcas deberían haber atraído a la gran masa de campesinos semilibres, pero sabemos que el número de gallegos asturianos y leoneses instalados en Sevilla fue considerablemente inferior al de castellanos y leoneses procedentes de los concejos creados en los siglos XI y XII y de las zonas castellanas de Burgos, Palencia y Valladolid; no obstante, el control del reino castellano por los nobles no fue total y resultó imposible evitar la huida de los campesinos, según se desprende de la exigencia, presentada en 1271 por los nobles sublevados contra Alfonso X, de que cesara la creación de nuevas poblaciones del rey porque hacían disminuir las rentas y vasallos que tenían en León y en Galicia.

En la Corona de Aragón, los nobles antes que permitir la emigración de sus campesinos apoyaron a los mudéjares valencianos sublevados contra Jaime I en 1248 y 1254, o consintieron el relativo despoblamiento de Valencia y Mallorca; en este último reino, a juzgar por el habla de los mallorquines, hubo numerosos campesinos catalanes procedentes del Ampurdán, es decir, de una zona fuertemente señorializada, por lo que cabe suponer que se establecerían en los dominios concedidos a los nobles. Mallorca absorbería el excedente demográfico de la montaña catalana y, una vez restablecido el equilibrio entre la población y los recursos ampurdaneses, se impediría la emigración por cuanto suponía la despoblación de Cataluña Vieja, la pérdida de una parte de los ingresos señoriales.

En el Aragón estricto, a lo largo del siglo XIII los nobles obtuvieron de la monarquía concesiones judiciales y económicas que dejaron a los colonos de las tierras señoriales completamente en manos de los dueños de la tierra. Ciertamente, un recrudecimiento de la dependencia campesina habría sido inconcebible mientras hubiera tierras libres si no hubiera ido acompañado por una mejora de la situación económica de los campesinos; las condiciones de trabajo, arbitrarias hasta el XIII, comenzaron a ser especificadas en los contratos agrarios; desaparecieron o disminuyeron las prestaciones personales, que fueron sustituidas por el pago de una cantidad en productos o en dinero... Según afirma Lacarra, «este endurecimiento de las relaciones señoriales parece haber sido mayor en las comarcas del norte, de tierras más pobres...», es decir, allí donde los campesinos habrían abandonado las tierras si los señores no hubieran dispuesto de la fuerza material y legal para impedírselo.

Por lo que se refiere a Cataluña, Pierre Vilar ha señalado cómo la expansión hacia el sur y hacia el Mediterráneo fue acompañada en el interior del doble fenómeno ya descrito: por un lado, concesión de franquicias y de privilegios a los campesinos; por otro, aumento de las presiones señoriales que «se ejercen más cómodamente sobre el payés de los mansos aislados», que —añadimos nosotros— se sitúan generalmente en las zonas montañosas y de escaso rendimiento.

De esta forma se produjo una diferenciación en el mundo campesino de Cataluña Vieja. En las zonas fértiles, de llanura, no fue preciso someter al campesino a una mayor dependencia para evitar su huida; bastó hacer algunas concesiones económicas. En las zonas pobres, los privilegios y franquicias fueron insuficientes para retener a los colonos y se les impidió, legalmente, la emigración. Esta diferencia será decisiva para explicar el distinto carácter de los movimientos campesinos de fines del siglo XIV y del XV. En la comarca próxima a Barcelona y en Vic desaparecieron los malos usos a fines del XIII y los campesinos lucharían para que se les permitiera cultivar la tierra en condiciones ventajosas, mientras que en el norte se exigiría el derecho a abandonar la tierra. Los primeros se mostrarían dispuestos a negociar, los segundos optarían por la revuelta armada.

La remensa, la obligación de pagar un rescate para abandonar la tierra, se fijó en el siglo XIII, sin duda para frenar el movimiento migratorio. Su área de expansión fue señalada por el jurista Pere Albert «en alguna parte de Cataluña a la que se da el nombre de Cataluña Vieja»; en estas zonas hay hombres libres «que no son caballeros y están tan sometidos a sus señores, que sus hijos son hombres de los señores y que no pueden casarse (sin autorización) ni abandonar los mansos, y si lo hacen tienen que redimirse».

A fines del siglo XIII las zonas donde la redención, la remensa, era obligatoria se hallaban perfectamente delimitadas, según se deduce de la concesión hecha por Pedro el Grande a los nobles en las Cortes de Barcelona de 1283, en las que ordenó que «en las tierras o lugares donde los hombres han acostumbrado redimirse, no trasladen sus domicilios a lugares nuestros (de realengo) si antes no se hubieran redimido»; el monarca, que necesitaba repobladores, se vio obligado a legalizar las trabas puestas por los dueños de la tierra y llegó incluso a ordenar que los hombres procedentes de lugares de remensa que vivieran en lugares de realengo «se rediman a no ser que se hallen protegidos por algún derecho o por la prescripción de año, mes y día».

El modo de efectuar la repoblación determinó en gran parte la historia posterior de los territorios conquistados. En Andalucía se mantendrían los latifundios aunque se modificara su configuración o cambiaran los dueños. Todos los intentos de los reyes castellanos para contrarrestar la influencia nobiliaria fracasarían al no instalar en Sevilla una población artesana o comercial. La escasa industria y el importante comercio sevillano quedarían en manos de extranjeros a los que el fuero vedaba la participación en el gobierno y en poco tiempo los grandes propietarios agrícolas extenderían su acción sobre la ciudad. Algo parecido ocurrió en Murcia, aunque en esta zona el alejamiento de los latifundios, la creación en torno a la ciudad de pequeñas y medianas propiedades y la presencia de algunos artesanos hizo que el dominio nobiliario fuera posterior.

En Mallorca el sistema de repoblación impidió la creación de grandes propiedades y el carácter urbano de los repobladores de la Ciudad permitió mantener las actividades artesanales y comerciales que la isla había tenido bajo el dominio musulmán. En el reino valenciano pueden distinguirse dos zonas, todavía diferenciadas en la actualidad: en el litoral, repoblado por catalanes y aragoneses de la frontera, predominó la pequeña propiedad y se mantuvo un cierto comercio que alcanzaría su mayor desarrollo en el siglo XV; en el interior, repoblado por los nobles aragoneses, abundó la gran propiedad, escasearon las ciudades de importancia y la economía fue exclusivamente agrícola.

El origen de los pobladores explica la castellanización cultural y lingüística de Andalucía, la catalanización de Mallorca y las características especiales del reino valenciano en el que las zonas del litoral hablan catalán y las del interior aragonés o castellano.

Consecuencia indirecta de las conquistas y repoblaciones cristianas fue el fortalecimiento del reino granadino, en el que se refugiaron los musulmanes expulsados de las ciudades, los más capacitados y los más cultos, que convirtieron a Granada en una gran potencia artesanal y comercial cuyos productos compitieron con los italianos e inundaron el norte de África. La riqueza de los monarcas granadinos les permitió atacar, en numerosas ocasiones, los dominios castellanos y en otras comprar la paz o favorecer a los nobles sublevados contra el rey de Castilla.

Esta circunstancia unida a la constante insuficiencia demográfica castellana hará que fracasen los escasos intentos de poner fin a la existencia del reino granadino hasta fines del siglo XV; también sería difícil comprender el auge cultural y artístico del reino granadino si se ignorara la aportación de los musulmanes fugitivos de todo al-Andalus.

Consecuencias socioeconómicas de la repoblación

La ocupación del litoral valenciano y del reino de Mallorca por los catalanes fueron los primeros pasos de la expansión política y comercial por el Mediterráneo de la Corona aragonesa o, más concretamente, de Cataluña. Sobre este punto tendremos que volver en páginas posteriores, así como sobre las consecuencias que en el interior de Cataluña tuvo la ayuda prestada por nobles y ciudadanos al monarca. La concesión de ayuda económica y militar para las campañas nunca fue gratuita, sino que llevó como contrapartida la concesión de privilegios que a largo plazo —según veremos al estudiar las Cortes de 1283— terminarían por someter a la monarquía a los intereses de los grupos sociales representados en las Cortes y establecerían un sistema de gobierno basado en un pacto entre el monarca, los nobles, los eclesiásticos y los patricios.

El alejamiento de los nobles aragoneses del reino valenciano fue una de las causas del descontento nobiliario y de la acentuación del nacionalismo aragonés, surgido para oponerse no sólo al monarca, sino ante todo al creciente predominio de Cataluña dentro de la Corona; la Unión aragonesa, creada en 1283, y aniquilada por Pedro el Ceremonioso en 1347, sería el exponente de este nacionalismo que en política se traduciría igualmente en un sistema de gobierno pactista similar al que hemos mencionado al hablar de Cataluña y al que hemos estudiado en Navarra; este pactismo sobreviviría a la Unión.

Las repercusiones en Castilla y en Portugal de la conquista y repoblación de Andalucía y del Algarve fueron múltiples; el centro político y económico del reino castellano pasó entre los siglos XI y XIII de Burgos a Toledo y de esta ciudad a Sevilla, que por su situación y riqueza permitía una mejor defensa del territorio frente a los granadinos; en Portugal, Lisboa se afianzó como capital del reino.

Los pequeños propietarios vecinos de los concejos de la zona del Duero, los únicos que podían moverse libremente, fueron los más atraídos por las nuevas tierras y por las facilidades dadas por los monarcas; para acudir a Andalucía malvendieron o abandonaron sus propiedades y con su actitud facilitaron la concentración de la propiedad y la aparición de las dehesas o latifundios salmantinos y extremeños, que, si no alcanzaron la importancia de los andaluces, sirvieron como éstos para romper en favor de la nobleza el equilibrio económico y político entre nobles y concejos.

La escasez de la población de Andalucía, a pesar de las emigraciones, y la falta de preparación de los campesinos castellanos hicieron que se abandonara el cultivo intensivo, de huerta; en gran parte, el campo andaluz fue concebido y tratado como una prolongación del castellano (zona cerealista de cultivo extensivo), con lo que disminuyó considerablemente la riqueza agrícola de Andalucía (esta dificultad no se presentó en Murcia ni en Valencia donde permaneció la antigua población musulmana, ni en Mallorca donde en líneas generales se mantuvo el sistema musulmán).

Idénticas consideraciones podríamos hacer sobre las ciudades andaluzas que, a excepción de Sevilla donde la población no castellana mantuvo un activo comercio, perdieron su carácter artesanal y comercial y se transformaron en lo que son incluso actualmente: grandes aglomeraciones humanas que viven única y exclusivamente del trabajo campesino.

La insuficiencia demográfica castellana es decisiva igualmente para explicar el auge de la ganadería a expensas de la agricultura; el predominio ganadero (la ganadería necesita menos mano de obra que la agricultura) se inició con la creación de los concejos del valle del Duero, se acentuó con la ocupación de Extremadura y de La Mancha y recibió un nuevo impulso con la conquista de Andalucía y con la aclimatación por los mercaderes genoveses de la oveja merina norteafricana, cuya lana era de mejor calidad y por tanto más rentable.

Mientras la vida sedentaria de los agricultores está regulada por los fueros y sólo en una mínima parte se desarrolla fuera del término municipal, los desplazamientos de los ganaderos dan lugar a numerosos problemas con los agricultores y con los ganaderos de otros concejos, problemas que sobrepasan el ámbito de aplicación de los fueros y obligan a crear nuevos preceptos legales, a establecer acuerdos que responden a la nueva realidad; estos acuerdos y disposiciones, así como la organización surgida de ellos, la Mesta, serán ratificados por el monarca en 1273.

El enriquecimiento de castellanos y portugueses a través de la conquista y las mayores facilidades halladas por la navegación comercial europea, convirtieron a los reinos occidentales en un mercado óptimo para los productos flamencos e italianos, cuya penetración masiva (que se produjo a partir de mediados del siglo XIII) introduciría importantes modificaciones en la economía y en la organización social. La euforia económica de los primeros momentos dio lugar a una generalización de los objetos de lujo (adornos de oro y plata, telas de seda, pieles de gran precio, joyas...) y de los gastos de prestigio; a este aumento de los gastos correspondió una disminución de los ingresos al cesar las parias y el botín.

Sin una industria de exportación capaz de compensar las importaciones, los reinos se desmoneditan, pierden el oro y la plata acumulados durante las conquistas y tienen que pagar los artículos de lujo con la salida de materias primas cuyos precios, ante el aumento de la demanda, suben continuamente así como los salarios y llevan a Castilla y Portugal a la ruina.

Las medidas tomadas por los monarcas para frenar este proceso económico se redujeron a la fijación de precios y salarios, a la adopción de acuerdos proteccionistas (recargos en forma de derechos de aduana a las mercancías extranjeras y prohibición de exportar determinados productos nacionales y a un ordenamiento para reducir los gastos de la Corona) y de los particulares. Todas estas medidas se hallan reunidas en los acuerdos de las Cortes celebradas en Valladolid en 1258, pero los objetivos de estas disposiciones no fueron sólo económicos sino también, y quizás primordialmente, sociales.

Cuando la economía tenía como base única la tierra, era más rico quien más tierras poseía; al mismo tiempo, el propietario agrícola se situaba a la cabeza de la consideración social; cada persona tenía claramente definida su categoría de acuerdo con su situación respecto a la tierra y a cada uno correspondían unos signos externos que simbolizaban y reflejaban su importancia; en resumen, los límites entre los distintos grupos sociales estaban claramente fijados.

La afluencia de productos flamencos e italianos en momentos de euforia económica permitió a los grupos socialmente inferiores equipararse, al menos externamente, a los privilegiados. Se produjo una inversión de valores: los vestidos y los gastos de exhibición que eran sólo el símbolo y el reflejo de una situación económica y de la categoría social correspondiente, pasaron a ser elemento esencial y se consideró más rico y más importante socialmente a quien más lujosos vestidos y objetos de adorno poseía.

Se inició así una desenfrenada competencia que acabó por provocar la confusión externa entre los diversos grupos sociales y la ruina económica de los nobles, cuyos ingresos no crecieron al mismo ritmo que los gastos necesarios para mantener su prestigio social. La búsqueda de nuevos ingresos daría lugar a las sublevaciones nobiliarias de la segunda mitad del siglo; a través de leyes suntuarias como las aprobadas en las Cortes de 1258 (en 1235 fueron aprobadas normas similares, aunque menos drásticas, en las Cortes catalanas) se impediría a los restantes grupos sociales equipararse a los nobles y al mismo tiempo se reducirían los gastos de éstos y los de todo el reino.

Como disposiciones de carácter general tendentes a limitar los gastos de prestigio, se acordó reducir a cuatro como máximo el número de paños o trajes permitidos anualmente a los ricos hombres, y ni siquiera estos cuatro podrían ser de piel de armiño o de nutria, ni llevar seda, oropel o cintas de plata ni adornos que no fueran de piel o de paño. Anualmente podrían comprar un máximo de dos capas de piel y cada dos años una capa para el agua (sólo el rey podía utilizar capa aguadera de color escarlata). Nadie, salvo el monarca, podría utilizar vestidos de seda o de cendal ni llevar sobre el vestido plata, oro o piedras preciosas.

Los gastos originados por las bodas fueron reducidos al poner un límite de sesenta maravedíes al valor de los paños que el novio podía regalar a la prometida, al reducir la duración de los festejos a dos días y al fijar en diez el número de invitados por cada una de las partes, sin contar la familia y los padrinos.

A través de las normas aprobadas podemos deducir que eran signos distintivos de una categoría social superior las pieles blancas, las sillas de montar plateadas y doradas, las calzas de escarlata, los zapatos dorados y los sombreros con tiras de plata o de seda, cuyo uso estaría permitido a los caballeros y a los oficiales mayores de la casa del rey y prohibido a los simples oficiales y a los escuderos.

La confusión social no se dio sólo entre caballeros y escuderos sino también entre clérigos y canónigos y entre cristianos, moros y judíos. Los clérigos no podrían vestir ropas verdes, rojas o rosadas; las sillas y frenos de sus cabalgaduras habrían de ser blancas, mientras que los canónigos podrían utilizar sillas azules, sin otros adornos, y vestir de cendal siempre que no fuera ni rojo ni amarillo. A judíos y moros se les prohibió usar pieles blancas, sillas de montar doradas o plateadas, paños de color y calzas bermejas.

BIBLIOGRAFÍA

Azevedo, Rui de: Período de formaçáo territorial: expansáo pela conquista e sua consolidaçao pelo povoamento. As térras doadas. Agentes colonizadores. — En «Historia de expansáo portuguesa no mundo» I (Lisboa 1937), págs. 7-64.

Ballesteros, Antonio: Sevilla en el siglo XIII. — Madrid 1913.

Ballesteros, Antonio: Alfonso X el Sabio. — C.S.I.C. — Barcelona 1963. — XV +1142 págs.

Ballesteros, Manuel: La conquista de Jaén por Fernando el Santo. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XX (1953), págs. 63-138.

Burns, Robert Ignatius: The Crusader Kingdom of Valentía. Reconstruction on a Thirteenth-century Frontier. — Harvard University Press. — Cambridge (Mass.) 1967. — 2 vols., 307 y 308 págs.

Carlé, María del Carmen: El precio de la vida en Castilla del Rey Sabio al Emplazado. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XV (1951), págs. 132-156.

Corominas, Pedro: El sentimiento de la riqueza en Castilla. — Publicaciones de la Residencia de Estudiantes. — Madrid 1917. — 251 págs.

Fernández de Retana, L.: San Fernando III y su época. — Madrid 1941.

Font Rius, José María: La reconquista y repoblación de Levante y Murcia. — En «La reconquista española y la repoblación del país» (Zaragoza 1951), págs. 85-125.

Fori Antiqui Valentiae. — Edición crítica de Manuel Dualde Serrano. — C.S.I.C. — Madrid-Valencia 1950-1967. XXIV + 301 págs.

Furs de Valencia. — Edición de G. Colom y A. García. — Editorial Barcino (Els Nostres Clássics, núm. 101). — Barcelona 1970-1973. — 2 vols., 260 y 260 págs.

González, Julio: Alfonso IX. — C.S.I.C. — Madrid 1944. — 2 vols., 560 y 492 págs.

González, Julio: Las conquistas de Fernando III en Andalucía — «Hispania» (Madrid), IV (1946), págs. 515-631.

González, Julio: Repartimiento de Sevilla. — C.S.I.C. — Madrid 1951. — 2 vols.

González, Julio: Reconquista y repoblación de Castilla, León, Extremadura y Andalucía (siglos XI a XIII). — En «La reconquista española y la repoblación del país» (Zaragoza 1951), págs. 163-206.

Gual Camarena, Miguel: Estudio de la territorialidad de los Fueros de Valencia. — «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza) III (1947-1948) págs. 262-289.

Gual Camarena, Miguel: Reconquista de la zona castellonense. — «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura» (Castellón), XXV (1949), págs. 417-441.

Gual Camarena, Miguel: Precedentes de la reconquista valenciana. — «Estudios medievales» (Valencia), I (1952), págs. 167-246.

Gual Camarena, Miguel: La Corona de Aragón en la repoblación murciana. — En «VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Comunicaciones» I (Barcelona 1964), págs. 330-310.

Gual Camarena, Miguel: El comercio de telas en el siglo XIII hispano. — «Anuario de Historia Económica y Social» (Madrid), I (1968), págs. 85-106.

Huici, A.: Colección diplomática de Jaime I el Conquistador. — Valencia 1916-1919.

López, Robert Sabatino: El origen de la oveja merina. — «Estudios de Historia Moderna» (Barcelona), IV (1954), págs. 3-11.

Martínez Ferrando, E.: Estado actual de los estudios sobre la repoblación de los territorios de la Corona de Aragón (siglos XII al XIV). — En «VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Ponencias» (Barcelona 1962), págs. 143-184.

Pérez Embid, F.: La marina real castellana en el siglo XIII. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), VI (1969), págs. 141-185.

Rivera, Julián: Repartiment de Valencia. — Valencia 1939.

Sancho de Sopranis, Hipólito: La repoblación y el repartimiento de Cádiz por Alfonso X. — «Hispania» (Madrid), XV (1955), págs. 483-539.

Santamaría, Alvaro: Mallorca del medioevo a la modernidad. — En «Historia de Mallorca» III (Palma de Mallorca 1970), págs. 1-360.

Soldevila, Ferran: Els grans reis del segle XIII: Jaume I, Pere el Gran. — Editorial Teide. — Barcelona 1955. — 171 págs.

Soldevila, Ferran: Vida de Jaume I el Conqueridor. — Editorial Aedos. — Barcelona 1968. — 338 págs.

Soldevila, Ferran: Els primers temps de Jaume I. — Instituí d'Estudis Catalans. — Barcelona 1968. — VII + 302 págs.

Soldevila, Ferran: A propósit del servei del bovatge. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), I (1964), págs. 573-587.

Torres Fontes, Juan: Repartimiento de Murcia. — Edición preparada por... — C.S.I.C. — Madrid 1960. — XVII + 316 págs.

Torres Fontes, Juan: El poblamiento murciano en el siglo XIII. — Murcia 1962.

Torres Fontes, Juan: Los mudejares murcianos en el siglo XIII. — Murcia 1961.

Torres Fontes, Juan: Jaime I y Alfonso X. Dos criterios de repoblaciones. — En «VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Comunicaciones» I (Barcelona 1964), págs. 329-340.

Torres Fontes, Juan: La reconquista de Murcia en 1266 por Jaime I de Aragón. — Patronato de Cultura de la Diputación de Murcia. — Murcia 1967. — 217 págs.

Torres Fontes, Juan: La repoblación murciana en el siglo XIII. — Murcia 1963.

Torres Fontes, Juan: Repartimiento de la huerta y campo de Murcia en el siglo XIII. — Murcia 1971.

6. REVUELTAS NOBILIARIAS Y PROYECCIÓN EXTERIOR

Durante la segunda mitad del siglo XIII, al finalizar el impulso expansivo, resurgieron los problemas que las campañas militares habían logrado soslayar. Alfonso X de Castilla, Alfonso III de Portugal, Jaime I y Pedro el Grande de Aragón tuvieron que hacer frente a continuas sublevaciones nobiliarias en las que se vieron implicados miembros de las familias reinantes. Teobaldo II y Enrique I de Navarra se vieron obligados a aceptar las imposiciones nobiliarias recogidas en el fuero de Navarra.

Las causas de las sublevaciones nobiliarias son complejas y no es posible determinar exactamente cuál precede en orden cronológico y de importancia a las restantes. La introducción del derecho romano en Occidente disminuyó las atribuciones y privilegios de la nobleza, al reforzar la posición y autoridad del monarca. Debilitados políticamente, también en el aspecto militar perdieron importancia los nobles: la caballería, pesada y con pocas facilidades de maniobra, perdió importancia ante la infantería; las huestes feudales, nobiliarias, dejaron de ser el grupo militar exclusivo; por otra parte, la mayor circulación monetaria permitió contratar y utilizar soldados mercenarios profesionales de la guerra.

Económica y socialmente la nobleza vio amenazada su posición privilegiada por el desarrollo del comercio y por el ascenso económico y social de mercaderes y juristas; el alza de los precios agrícolas benefició en parte a los nobles, pero la mayoría de las tierras estaban arrendadas mediante contratos a largo plazo que impedían actualizar los ingresos de la nobleza y en ningún caso el alza de los productos agrícolas fue equiparable a la de los artículos manufacturados cuya venta enriqueció a los mercaderes.

Los juristas, convertidos en funcionarios de la monarquía, adquirieron un gran prestigio social y, en ocasiones, importantes riquezas; para mantener su preeminencia sobre los mercaderes y oponerse a los juristas, la nobleza recurrió a la sublevación, a la guerra que, con su secuela de inseguridad y crisis, permitía la ampliación de dominios y posesiones en el interior de los reinos o la adquisición de tierras en otros países y la expulsión de los juristas o el recorte de sus atribuciones, es decir, de la autoridad monárquica.

La proyección extrapeninsular de los reinos hispánicos durante este período está directamente marcada por la intervención pontificia. El matrimonio de Fernando III con Beatriz de Suabia obedeció sin duda al deseo de los pontífices de evitar los problemas de consanguinidad que les habían obligado a anular numerosos matrimonios de reyes y príncipes peninsulares, pero sus efectos fueron contrarios a los intereses pontificios. El hijo de Beatriz, Alfonso X, sería aceptado a la muerte de Federico II como emperador de Alemania por una parte de los electores y por algunas ciudades italianas opuestas a la política pontificia. Las pretensiones imperiales del monarca castellano encontraron siempre la oposición de Roma y sólo sirvieron para empobrecer más el reino y para obligar al monarca a aceptar las exigencias nobiliarias.

En la Corona de Aragón parece igualmente indudable la intervención pontificia en el matrimonio de Jaime I con Violante de Hungría, para cuyos hijos crearía el monarca aragonés los reinos de Valencia y de Mallorca y por los que llegaría a separar los dominios catalanes de los aragoneses, con lo que daría lugar a un nuevo levantamiento de la nobleza aragonesa. La influencia pontificia fue más directa en el caso siciliano: al morir Federico II, Roma separó los dominios alemanes de los italianos y cedió los segundos a Carlos de Anjou, señor de Provenza; gracias al apoyo de los papas los angevinos habían logrado, a comienzos del siglo, desplazar a los reyes catalanoaragoneses del sur de Francia, y conseguían ahora, desde Sicilia, poner en peligro el comercio catalán con el norte de África. Frente a los Anjou y frente al pontífice, Pedro el Grande, actuando en nombre de su esposa Constanza de Sicilia, ocuparía la isla en 1282.

Problemas sicilianos, intervención pontificia y sublevaciones nobiliarias castellanas coincidirían en los últimos años del reinado de Alfonso X y de Pedro el Grande. El primero, enfrentado a una revuelta dirigida por su hijo Sancho, buscó la ayuda de Felipe III de Francia, aliado del pontífice en cuanto defensor de Carlos de Anjou y enfrentado a Pedro el Grande, cuyos reinos fueron concedidos por el Papa al francés Carlos de Valois. El castellano Sancho se convirtió de este modo en el aliado natural del monarca aragonés en cuyo poder se hallaban los infantes de la Cerda proclamados por Alfonso X herederos del trono castellano. La muerte de Alfonso X en 1284 permitiría a Sancho, ya rey, desentenderse de la alianza con los monarcas aragoneses, que, en adelante, oscilarían entre el apoyo a los infantes de la Cerda y la paz con Castilla, necesaria para continuar la lucha en Sicilia sin ser atacados en la Península.

Navarra, amenazada por Castilla, buscó una vez más el apoyo del monarca aragonés, pero, éste enfrentado a la nobleza de sus reinos, no pudo auxiliar a los navarros, que contrarrestaron la presión castellana mediante la alianza con la monarquía francesa. Alfonso III de Portugal, sometido a la nobleza y a la Iglesia en los primeros momentos de su reinado, intentó fortalecer la autoridad monárquica y tuvo que hacer frente a numerosas sublevaciones, de las que tampoco se vio libre el monarca granadino.

EL REINADO DE ALFONSO X

Los dos primeros actos conocidos del reinado de Alfonso X se complementan entre sí y son un claro exponente de la situación del reino en 1252. Alfonso X modificó (devaluó) la moneda y como consecuencia «encarescieron todas las cosas en los regnos de Castilla e de León», lo que obligó a fijar, en las Cortes celebradas en Sevilla, los precios máximos de numerosos artículos, poner límite a los gastos suntuarios, intentar frenar la especulación, prohibir la exportación de animales y de productos alimenticios y tomar diversas medidas tendentes a restaurar la decaída economía castellana.

Estos problemas, subida de salarios y precios, tendencia al lujo que termina por arruinar a cuantos dependen de ingresos fijos y en general a todo el reino excepto a los mercaderes, son decisivos para explicar las continuas sublevaciones nobiliarias y el fracaso de la política exterior y de las reformas intentadas por Alfonso X en el interior de Castilla.

Las relaciones peninsulares

En los primeros años del reinado de Alfonso X la nobleza encontró una salida a sus problemas económicos en la intervención en el Algarve portugués, cedido por Sancho II a Alfonso en 1245 como recompensa por la ayuda castellana durante la guerra civil portuguesa y reclamado por Alfonso III en 1252; la guerra tuvo como principal escenario Extremadura y finalizó con un acuerdo por el que el Algarve y los castillos de Moura, Serpa, Aroche y Aracena eran atribuidos a Portugal pero quedarían en poder de Castilla hasta que el hijo de Alfonso III y de Beatriz de Castilla (matrimonio concertado al firmar la paz en 1253) tuviera siete años.

El éxito portugués fue seguido de una intervención en Navarra donde, a la muerte de Teobaldo I (1253), Alfonso pretendió ser reconocido como señor feudal por el nuevo rey. Ante la negativa de los navarros, el castellano atacó el reino, que fue defendido por Jaime I de Aragón para evitar la anexión de Navarra a Castilla. La presencia de las tropas castellanas en la frontera navarra fue utilizada por el vizconde de Bearn para ponerse al frente de una sublevación de los gascones contra Inglaterra y ofrecer Gascuña al monarca castellano, que se consideraba con derechos sobre esta región, ofrecida en dote y nunca entregada a Leonor, esposa de Alfonso VIII.

Ni Inglaterra ni Castilla tenían interés en iniciar una guerra por Gascuña y, tras algunas negociaciones que desembocaron en una alianza contra Navarra, los rebeldes fueron perdonados. Alfonso entregó Gascuña en dote a su hermana Leonor, que casaría con Eduardo de Inglaterra. Las campañas contra Navarra fueron suspendidas al producirse una sublevación de algunos nobles castellanos dirigidos por el infante Enrique y por Diego López de Haro, que ofrecieron sus servicios a Jaime I de Aragón.

La sublevación de Enrique puede relacionarse con antiguas desavenencias entre los hermanos, agravadas por la forma en que se llevó a cabo el reparto andaluz; Enrique fue uno de los menos favorecidos en relación con su categoría y parte de sus bienes fueron confiscados por Alfonso X en 1254; al mismo tiempo, Enrique se consideraba y pretendía actuar como jefe natural de la nobleza castellana y se veía relegado en sus aspiraciones por Nuño González de Lara, dejado al frente de Sevilla por Alfonso X, quien le dio las rentas reales en Burgos y en La Rioja.

La rivalidad entre los Lara y los Haro data del siglo XII. Ambas familias eran equiparables en riqueza y una y otra se consideraban con derecho a dirigir a la nobleza y a controlar política y económicamente el reino de Castilla sirviendo al rey, si era posible o enfrentándose a él cuando el monarca se inclinaba hacia un miembro de la familia opuesta. A la muerte de Enrique I los Lara aboyaron a Alfonso IX de León contra Fernando III, a cuyo lado figuraron los Haro. Las expediciones militares contra Andalucía suavizaron las tensiones entre ambas familias; mientras los Haro seguían al lado del rey, los Lara formaron parte del séquito del heredero, de Alfonso X. Llegado éste al trono, Nuño de Lara se convirtió en el favorito y se atrajo las iras de quienes aspiraban a sustituirlo.

El intento de sublevar Andalucía fracasó y Enrique tuvo que abandonar el reino (ofrecería sus servicios militares a los musulmanes de Túnez), pero las campañas contra Navarra tuvieron que ser abandonadas. A pesar del fracaso militar, Alfonso X no renunció a sus pretensiones y durante todo su reinado mantuvo una intensa actividad diplomática destinada a incorporar Navarra a la Corona castellana; sólo al final de su reinado, ante el fracaso de la diplomacia, se decidió a intentar de nuevo la aventura militar que provocaría la intervención de Felipe III de Francia.

Alfonso emperador de Alemania

Los intereses peninsulares quedaron eclipsados por la oportunidad que se ofreció al rey castellano en 1256 de ser coronado emperador de Alemania. Vacante el trono a la muerte de Federico II, el imperio se dividió en dos bandos, güelfos y gibelinos, partidarios los primeros de la hegemonía del pontífice y los segundos del predominio del emperador. Alfonso, como heredero de Beatriz de Suabia, tenía unos derechos teóricos que le fueron reconocidos en 1256 por la ciudad gibelina de Pisa.

La elección imperial, celebrada en 1257, dio como resultado el nombramiento de dos emperadores: Alfonso y Ricardo de Cornualles, hermano del rey de Inglaterra. Ambos aceptaron el nombramiento y Alfonso X intentó movilizar las fuerzas económicas del reino para hacer efectivo el título imperial; nombró su lugarteniente y representante a Enrique, duque de Bravante, y concedió numerosos privilegios a sus partidarios; su elección sin embargo no fue aceptada por el Pontificado y Castilla se negó a financiar las campañas imperiales, pese a lo cual Alfonso X mantuvo sus pretensiones hasta 1275 y orientó la política exterior del reino hacia la obtención de aliados que le permitieran convertir en realidad el sueño imperial.

La iniciativa pisana de ofrecer el trono al rey de Castilla no puede explicarse por razones jurídicas. Ciertamente, Alfonso pertenecía a la familia de los Staufen y era presumible eme una vez llegado al poder se apoyara en los gibelinos, entre los que militaba la ciudad de Pisa. Pero esto por sí solo no justificaba el envío de embajadores a Soria: a los písanos no se les ocultaba que si Alfonso X hubiera sido aceptado no habría dispuesto de los medios para imponer su autoridad en Alemania y de ninguna manera habría podido favorecer los intereses de la ciudad italiana.

Los motivos de la sorprendente oferta hecha por Bandino Lancia al rey castellano se hallan en la Península y en otro sueño, igualmente fallido, de Alfonso X. Castilla, tras la conquista de Andalucía, se hallaba inmejorablemente situada para controlar él comercio con el norte de África v Sevilla era un centro de primera importancia en las relaciones comerciales entre Italia y el Atlántico. Pisa mantenía una guerra endémica con Génova por el control del comercio en el Mediterráneo occidental y vio su oportunidad de afianzarse en Castilla y en el norte de África en el proyecto alfonsino de organizar una cruzada contra los norteafricanos.

En búsqueda de ayuda naval, los embajadores castellanos firmaron en enero de 1256 un acuerdo con Carlos de Anjou y con la ciudad de Marsella v poco después se dirigieron a Pisa, donde fueron favorablemente acogidos. Pisa ofreció, además de su ayuda interesada para las campañas norteafricanas, el título imperial como señuelo para convencer o adular a Alfonso X. Los intereses písanos quedaron claramente al descubierto en los acuerdos firmados en Soria: en un primer documento. Alfonso proclamó sus derechos al trono imperial y Lancia, en nombre de Pisa, lo aceptó como emperador. El mismo día se redactó un segundo documento en el que se fijaban las condiciones de la ayuda pisana: Alfonso se comprometía a combatir al lado de Pisa contra sus enemigos de Luca, Florencia y Génova, y a conceder territorios y privilegios comerciales a los písanos en el reino de Sicilia (desde el que se controlaba el comercio con Túnez), en el Algarve y en el norte de África. Por su parte, la ciudad italiana ofrecía al monarca diez galeras armadas para sus campañas en Italia y en el norte de África.

El acuerdo no prosperó: los písanos, al referirse al imperio, aludían única y exclusivamente a su parte italiana, y Alfonso X sólo se interesaba por la zona central, por Alemania. Años más tarde y con otros aliados, Pedro el Grande de Aragón llevaría a cabo los proyectos italianos expuestos por Pisa al monarca de Castilla.

Dificultades económicas

Los acuerdos tomados por Alfonso X en 1252 fueron incapaces dé contener el alza de precios y el desmedido lujo de la población castellana y las guerras peninsulares sólo sirvieron para agravar la situación económica, por lo que el momento no era propicio para obtener subsidios de las Cortes con vistas a sufragar la elección imperial. Reunidas las Cortes en Segovia se suprimieron, al parecer, las tasas puestas en 1252 ya que, si antes los precios subían de un modo oficial, después de los acuerdos de Sevilla los mercaderes se negaron a vender a los precios fijados y los revendedores acapararon los productos, provocaron su escasez artificial y los vendieron a precios más elevados. Una nueva devaluación monetaria realizada por estos años agravó aún más la situación y contribuyó de nuevo a incrementar los precios.

Dos años más tarde, las Cortes, reunidas en Valladolid (1258) intentaron reorganizar la economía castellana mediante una serie de medidas que, en parte, han sido estudiadas al hablar de las consecuencias de la reconquista. Además de las leyes referentes a la limitación del lujo y de las normas tendentes a mantener las diferencias vestimentarias entre los diversos grupos sociales, las Cortes acordaron reducir el gasto oficial y el de los particulares. Por lo que se refiere al monarca, se limitaron sus gastos de alimentación a ciento cincuenta maravedíes por día, aunque se le autorizó a utilizar cuantos trajes quisiera y de la calidad elegida por él.

Más importante que el gasto personal del rey era el de los oficiales de la casa real y el de los nobles, alimentados a expensas del monarca cuando se hallaban en la Corte. En el primer caso, las medidas adoptadas fueron ambiguas: «que coman más mesuradamente y que no hagan tan gran gasto como hacen»; en definitiva, la actuación de los oficiales era necesaria y no se podían poner excesivas limitaciones. La utilidad de la presencia de los ricoshombres y de los nobles en la Corte era más discutible o, por decirlo de otro modo, era innecesaria las más de las veces; las Cortes dispusieron que ningún ricohombre, obispo, maestre o abad fuera a la Corte sino cuando fuese llamado por el rey o tuviera que solucionar algún pleito; en esta última circunstancia sólo podría permanecer en la Corte durante un plazo de tres días; al mismo tiempo se limitó el número de nobles que tenían derecho a ser alojados y alimentados por el rey y se fijó en diez caballeros como máximo la escolta de estos nobles.

Mayor interés que estas medidas, que tenían ante todo valor de ejemplo, fueron las destinadas a evitar los gastos innecesarios de concejos y particulares. Se prohibió a éstos seguir a la Corte, excepto en los casos en que acompañaran a su señor o tuvieran que solucionar algún pleito. Se redujo a dos el número de representantes de los concejos encargados de defender los intereses del municipio y se ordenó que fueran designados siempre hombres que «no tengan otra cosa que hacer», es decir, gentes cuyo trabajo no fuera necesario desde el punto de vista de la producción e, indirectamente, personas que pertenecieran a los grupos dirigentes de los concejos.

Se reprimieron los abusos al reducir el interés de los préstamos hechos por los judíos al 33 por ciento, se disminuyó el número de peajes y montazgos cobrados sobre el ganado y se fijó su cuantía en un dos por mil, se prohibieron las asociaciones de mercaderes para evitar acuerdos sobre los precios... pero no se tomaron las medidas necesarias para aumentar la producción; tan sólo la caza fue protegida con diversas disposiciones.

En estas Cortes o quizás en las celebradas un año más tarde en Toledo obtendría Alfonso los subsidios necesarios para iniciar la cruzada norteafricana para la que contaba con la ayuda de Aragón, donde Jaime I, sin intervenir oficialmente, autorizó a los súbditos a colaborar con Alfonso X siempre que no atacaran las tierras tunecinas (en las que el comercio catalán se hallaba sólidamente asentado). La campaña alfonsina tuvo como único resultado la conquista de Salé (1260), que tuvo que ser abandonada en el mismo año.

El semifracaso de Salé fue compensado con la victoria obtenida sobre los musulmanes del reino de Niebla (1262), quienes tras haberse acogido a la protección castellana se sublevaron por estos años; poco después tuvo lugar la sublevación de los mudéjares de Andalucía y Murcia apoyados por Granada y por los benimerines norteafricanos; con grandes dificultades pudo Alfonso X reducir a los andaluces mientras que Jaime I sometía a los murcianos.

Solucionado el problema mudéjar, Alfonso X llegó a un acuerdo con el monarca portugués y renunció a las posesiones del Algarve, que fueron cedidas a su nieto Dionís (1267). Esta cesión, realizada contra el parecer de los nobles fue el pretexto, según el cronista, de la revuelta nobiliaria que se iniciaría en 1269; pero resulta difícil aceptar que un motivo como éste pudiera decidir a Nuño de Lara a sublevarse contra el rey, a no ser que entre las numerosas rentas que este personaje percibía se incluyeran algunas situadas en el Algarve; y resulta aún más ilógico suponer que los rebeldes tardaran dos años en iniciar la sublevación. El descontento de los nobles tiene que ser relacionado con las dificultades económicas del reino y más concretamente con las del estamento nobiliario.

La penuria de la monarquía y de los súbditos fueron la causa de la convocatoria de las Cortes de Jerez (1268) en cuyo preámbulo el rey afirma que reunió las Cortes porque «las gentes se me quejaban mucho de la gran carestía que había en mi tierra»; el carácter absolutamente nuevo de esta reunión puede observarse en dicho prólogo: mientras en las anteriores el monarca se halla asesorado por los nobles y obispos en primer lugar y sólo en último término por los «hombres buenos de las ciudades de Castilla, Extremadura y León», en las Cortes jerezanas el rey es asesorado por los «mercaderes y hombres buenos» en primer término.

Las medidas superaron con mucho a las acordadas anteriormente. En primer lugar, el monarca se comprometió a no alterar la moneda y a uniformar los pesos y medidas como medio absolutamente necesario para dar efectividad al resto de los acuerdos que se referían a los precios de una serie de productos entre los que figuraban el oro, la plata, el cobre, el estaño, el plomo, los tejidos, las pieles, los cueros, las armas, las aves de caza, el ganado...

Se repitieron algunas de las leyes suntuarias ya mencionadas, así como las disposiciones sobre moros y judíos, y se fijaron los precios (salarios) que podían cobrar los sastres, armeros, mozos de labranza, carpinteros, albañiles...; se prohibió la exportación de oro, plata, cueros, seda, lana sin hilar, trigo, vino, carne y ganado, y se fijaron los lugares (puertos) por los que debía realizarse la exportación en los casos en que fuera autorizada. Otras disposiciones aprobadas en las Cortes se referían a la protección de la caza, a la prohibición de crear cofradías de mercaderes y menestrales, a la condena de los revendedores, a la prohibición de tener tesoreros judíos, al interés de los préstamos... Se dispuso además, para paliar la escasez de mano de obra, que «ningún peón ande baldío (sin trabajar)... pidiendo o robando».

Por primera vez nos hallamos ante un intento serio de organizar la economía castellana: por un lado se busca incrementar la producción y por otro se ordena que ésta no sea exportada, que esté al servicio del reino, del que sólo podrá salir en casos muy concretos y a cambio de artículos considerados de gran interés para Castilla, como el oro, la plata v los metales en general. Al prohibir la exportación no sólo se ponen las bases de una posible industria castellana sino que se hace disminuir la demanda, lo que se traduciría en una disminución de los precios, e indirectamente se reducen las importaciones, ya que si no era posible pagarlas con moneda ni con las materias primas castellanas dejarían de ser rentables para los importadores.

La importación de productos de lujo fue reducida de modo directo al fijar los precios y aumentar los impuestos mediante la creación de los puertos o aduanas, pero las Cortes tenían miras más ambiciosas, al menos por lo que se refería a los paños: pretendían que los precios señalados para 1258 disminuyeran aún más en 1259 y que aumentaran ligeramente sin llegar a los niveles de 1258 en 1260, según puede verse en los precios que regirían en Castilla y León para la vara de escarlata de Montpellier: 6 maravedíes en 1258, 4 en 1259 y 4 maravedíes y 6 sueldos en 1260.

La presencia de los mercaderes en las Cortes se observa en la fijación de precios y salarios: Castilla formaba una unidad política, pero económicamente los precios variaban considerablemente de unas regiones a otras de acuerdo con el lugar de producción, con los medios o facilidades de transporte y con el distinto nivel de vida de cada comarca. Así, el quintal de hierro de Valmaseda se vendía a 3 maravedíes en Burgos y a 3,50 en la zona situada entre Burgos y el Duero; en Sevilla el quintal se pagaba a 3 maravedíes si llegaba por mar y a 4 si era transportado por tierra. Los tejidos de importación alcanzaban en Andalucía, zona de mayor nivel económico, precios superiores en un 15 por ciento a los que regían en León y en Castilla y los salarios de los jornaleros agrícolas oscilaban entre los 12 maravedíes al año en Andalucía, los 6 que percibían en el reino de Toledo y en la zona situada entre el Duero y el Camino de Santiago, y los 4 que cobraban los campesinos entre Toledo y el Duero y entre el Camino y el Cantábrico.

La imposibilidad de estudiar con detalle e intentando coordinar todas las diferencias registradas nos impide obtener conclusiones válidas, pero aunque sea de modo provisional creemos posible afirmar que en la fijación de precios y salarios se tuvieran en cuenta factores tan complejos y distintos como la producción regional, la abundancia o escasez de mano de obra, la mayor o menor distancia que tuvieran que recorrer los productos y la situación social de los menestrales. Afirmar cuáles fueron los factores determinantes en cada circunstancia exigiría un análisis detallado que no es posible realizar en una obra de esta naturaleza.

Sublevación nobiliaria

Para cumplir los acuerdos de las Cortes era precisa la tranquilidad interior y el control de la situación por el monarca, pero en 1269 la autoridad del rey fue discutida por los nobles que, dirigidos ahora por Nuño de Lara, ofrecieron sus servicios a Jaime I, molesto con Alfonso X por no haber mantenido éste el repartimiento de la ciudad y huerta de Murcia ordenado en 1266 por el rey aragonés.

Jaime I se negó a secundar los proyectos de los nobles, pero no por ello dejó de reconocer las razones que les asistían y que podrían resumirse en el incumplimiento de los compromisos contraídos de palabra o por escrito por el monarca castellano, en la administración de justicia a escondidas y en el agravio inferido a los nobles en el reparto de Murcia, donde Alfonso había concedido como máximo lotes de 50 tahullas cuando ningún caballero podría considerarse honrado con un donadío de cien o doscientas tahullas.

Para suprimir las causas de la sublevación citadas en la Crónica de Jaime I y a las que habría que añadir la concesión de una parte considerable de las rentas castellanas a los extranjeros que se ocupaban de los asuntos alemanes, el rey aragonés aconsejó a su yerno que antes de hacer concesiones meditara las ventajas e inconvenientes y que una vez hechas las cumpliera; que procurara atraerse a todos los súbditos y, si esto no fuera posible, que no se enajenara la voluntad de la Iglesia y del pueblo «porque Dios ama más a esta gente que a los caballeros, ya que los caballeros se sublevan con mayor facilidad que los otros» y si contara con la colaboración de la Iglesia y con el pueblo, «con su ayuda destruiría a los caballeros».

Por último le recomendó que modificara el sistema de repartimiento de Murcia, que mantuviera las donaciones hechas por él, que heredara en la ciudad a cien caballeros y que, cuando tuviera que hacer justicia, la hiciera públicamente.

Fracasada la alianza con Jaime I, los descontentos ofrecieron sus servicios al rey de Navarra, enemistado de nuevo con el castellano y más tarde al granadino; entre los sublevados figuraban los hermanos de Alfonso X y los personajes más importantes de la nobleza castellana, que olvidaron las viejas rivalidades familiares para hacer frente común contra el monarca (1271). A los intentos conciliadores de Alfonso X los nobles respondieron con nuevas exigencias. En 1271 los agravios de los nobles eran de tipo jurídico y económico; entre los primeros figuraba la supresión del Fuero Viejo de Castilla y la implantación de las Partidas, en las que la autoridad del monarca salía fortalecida; entre los segundos, el exceso de impuestos, la extensión de la alcabala (impuesto del 10 por ciento sobre las ventas) a los hidalgos y la creación de pueblos de realengo en León y Galicia que atraían a los campesinos de las tierras nobiliarias.

Aceptadas las exigencias, los rebeldes pidieron que se reservase a los hidalgos, en exclusiva, el cargo de jueces, que se destruyeran las pueblas castellanas mandadas hacer por el rey, que fueran sustituidos los merinos reales por adelantados (nobles), que se suprimieran los diezmos de los puertos y que se eximiera de tributos a los vasallos nobiliarios, lo que equivalía a dar el gobierno de Castilla a los nobles y a convertir sus dominios en inmunes.

Alfonso X accedió a algunas de las nuevas demandas y consistió en nombrar jueces hidalgos para que entendieran en los asuntos nobiliarios, se negó a deshacer las pueblas castellanas, justificó el cobro de los diezmos por el interés del reino, respondió a la petición sobre los tributos de los vasallos recordando a los rebeldes que este dinero servía para conceder mercedes a los nobles y, por último, sometió otros asuntos de carácter particular al arbitrio de un tribunal del que formarían parte nobles partidarios del rey, rebeldes, hombres de Iglesia y habitantes de las ciudades.

Si los rebeldes no triunfaron plenamente, los nobles y eclesiásticos que permanecieron fieles al monarca obtuvieron concesiones que de hecho equivalían a las solicitadas por los sublevados; en una reunión celebrada en Almagro (1273), Alfonso X redujo los impuestos, limitó el cobro de los diezmos de los puertos a un plazo máximo de seis años y accedió a que los nobles se rigieran por los fueros antiguos. Estas concesiones fueron otorgadas a los rebeldes en 1274 para conseguir su apoyo en el «fecho del imperio», quimera a la que Alfonso X nunca renunció y para cuya realización llegó a pedir a los sublevados que solicitaran de su defensor, el rey granadino, una fuerte ayuda económica.

En todas sus reclamaciones, nobles sublevados y fieles al monarca (sublevación y lealtad son dos formas de alcanzar el mismo objetivo) insistieron en que su actuación tenía como finalidad el bien de la tierra y el restablecimiento de los buenos fueros de época anterior, pero ni siquiera su víctima, Alfonso X, se dejó engañar por estas manifestaciones, según se desprende de una carta dirigida en 1275 a su hijo Fernando y a la que pertenecen los siguientes párrafos: «Así como los reyes los criaron (a los nobles), así se esforzaron ellos por destruir a los reyes y quitarles los reinos... y así como los reyes les dieron heredades, así se esforzaron ellos por desheredarlos confabulándose con sus enemigos, robando la tierra, privando al rey poco a poco de sus bienes y negándoselos... Éste es el fuero y el bien de la tierra que ellos siempre quisieron». Imposible explicar más claramente los problemas a los que tuvieron que hacer frente en el siglo XIII todos los reyes peninsulares.

Los infantes de la Cerda

Pacificado el reino, Alfonso X abandonó Castilla para entrevistarse en la ciudad francesa de Beaucaire con Gregorio X y conseguir la aceptación de sus aspiraciones imperiales. El gobierno fue confiado al primogénito, Fernando, que murió en Andalucía al intentar contener los avances benimerines (1275).

Teóricamente, según las leyes puestas en vigor por Alfonso X, correspondía la sucesión en la Corona castellana a los hijos de Fernando, a los infantes de la Cerda, pero el reino de Castilla estaba amenazado por los benimerines y la situación exigía al frente de la nobleza un caudillo militar capaz de oponerse a los musulmanes. Ausente Alfonso y menores de edad los infantes, los nobles aceptaron como heredero de Castilla al segundo de los hijos de Alfonso, a Sancho IV. Esta elección llevaba en sí el germen de la guerra civil: los clanes nobiliarios de los Lara y los Haro se habían apoyado respectivamente en los infantes Fernando y Sancho y al ser elegido éste, los Lara se consideraron agraviados y siguieron el partido de los infantes de la Cerda frente a Sancho IV, es decir, frente a los Haro.

Al regresar de Beaucaire (sin haber visto atendidas sus peticiones por el pontífice) Alfonso X halló el reino dominado por los partidarios de Sancho, que le pidieron que aceptara su elección. Sus éxitos militares frente a los benimerines eran garantía suficiente para la nobleza; el rey, dubitativo entre Sancho y los infantes, se inclinó hacia el primero para evitar toda1 discordia y para poder intervenir en Navarra, donde, a la muerte de Enrique I en 1274, la población se hallaba dividida entre los partidarios del rey castellano y los adeptos del monarca francés.

La presencia del señor de Vizcaya (Lope Díaz de Haro) entre los partidarios de Sancho influyó sin duda en la elección de Alfonso: no era posible defender a sus partidarios navarros si antes tenía que sofocar una previsible sublevación de Vizcaya; por otro lado, el monarca francés había tomado partido en el problema castellano y apoyaba activamente a los infantes de la Cerda (de los que era tío) y a Juan Núñez de Lara. El problema sucesorio castellano se transformaba así en un conflicto internacional en el que el objetivo inconfesado era el reino de Navarra.

Ante el resultado indeciso de los combates, Alfonso X intentó negociar con Felipe III sobre la cuestión navarra y sobre el pleito sucesorio y se comprometió a aceptar la decisión de las Cortes castellanas, en las que se permitiría la presencia de los enviados del monarca francés. La convocatoria de Cortes era necesaria más que para resolver los problemas mencionados para facilitar al monarca los medios económicos de proseguir su acción, dificultada por la prohibición pontificia de devaluar una vez más la moneda castellana.

Las Cortes de Segovia (1278) ratificaron el nombramiento de Sancho y concedieron los subsidios pedidos, pero el cobro se retrasaba y Alfonso X recurrió a los prestamistas judíos que adelantaron el dinero y se encargaron, en nombre del rey, de cobrar la parte correspondiente a los súbditos; con esta ayuda el monarca reemprendió las campañas contra Navarra y pudo contener a los benimerines, dueños de Algeciras desde 1279.

Fracasado en sus aspiraciones sobre Navarra al realizarse el matrimonio de la heredera, Juana, con el primogénito del monarca francés, Felipe IV, Alfonso X retiró su apoyo incondicional a Sancho e intentó hallar una solución de compromiso que le permitiera repartir el reino entre Sancho y los infantes (refugiados en Aragón). Sancho se opuso a la división e inició una guerra civil en la que tuvo a su lado a gran parte de la nobleza, a los eclesiásticos y a numerosas ciudades castellanas y leonesas mientras que Alfonso X sólo pudo contar con algunos nobles y con las ciudades de Sevilla y Murcia.

La desventaja de Alfonso X en el interior del reino se hallaba contrarrestada por el apoyo exterior que le proporcionaba el monarca francés, interesado en asegurarse a través de los infantes un cierto control sobre Castilla, y Sancho IV se vio obligado a buscar alianzas exteriores para neutralizar la influencia francesa. El aliado natural de Sancho IV tenía que ser y fue el monarca aragonés Pedro el Grande, de quien dependía la libertad o la prisión de los infantes y con el que le unía la común enemistad con el rey de Francia, valedor de los infantes en Castilla y apoyo de los angevinos sicilianos.

En su último testamento, Alfonso X desheredó a su hijo y proclamó herederos a los infantes, bajo la tutela de Felipe III de Francia, que heredaría Castilla en el caso de que los infantes murieran sin descendencia. Abandonado por todos, murió en Sevilla en 1284 y su testamento no fue respetado.

EL REINADO DE JAIME I

Los problemas de su reinado fueron similares a los descritos al hablar de la historia castellana. Sin duda, el más importante fue la continua sublevación de los nobles, especialmente en Aragón, donde la revuelta nobiliaria se complicó con tendencias nacionalistas provocadas por la preferencia dada por el monarca a Cataluña. Al igual que Alfonso X, se vio envuelto en los pleitos sucesorios de Navarra. En la zona norte del reino, procuró continuar la política de sus antecesores e hizo cuanto estuvo en su mano para mantener la presencia catalanoaragonesa en Toulouse y Provenza. Rey moderno, se apoyó para gobernar en la Iglesia y, sobre todo, en las ciudades catalanas a cuyo servicio puso los recursos militares y económicos del reino facilitando así el gran desarrollo artesanal y comercial de Cataluña.

El monarca y los nobles

Estudiadas en páginas anteriores las primeras revueltas nobiliarias y las causas que las originaron, conviene recordarlas brevemente para enlazar su estudio con las que tendrían lugar a partir de 1250. Durante el período que media entre la muerte de Pedro el Católico y la mayoría de edad de Jaime I la anarquía fue total en el reino de Aragón; el breve período de regencia del conde Sancho no mejoró la situación y, al ser proclamado rey, Jaime I tuvo que reprimir los abusos de Rodrigo de Lizana, de Pedro Fernández de Azagra y, más tarde, de Pedro Ahones, uno de los que había colaborado con el monarca a sofocar la anterior sublevación. La muerte de este último provocaría la sublevación general de los aragoneses.

En Cataluña, la situación no fue muy diferente de la aragonesa; el rebelde Guillen de Montcada actuó unido primero a Pedro Fernández de Azagra y más tarde a los nobles y caballeros aragoneses; el conde Nuño Sánchez, enemigo de Guillen, figuró entre los valedores del rey y a su lado combatió al vizconde de Cardona Ramón Folc; pero uno y otro se aliarían finalmente a los rebeldes aragoneses y catalanes que, unidos, exigieron al rey, según el cronista Jerónimo Zurita que «echase de su corte y reino aquellas personas que le aconsejaban mal y siguiese el parecer de los ricoshomes que él y ellos entendiesen ser más convenientes a su servicio... y su amistad (de los nobles) paró en repartirse los honores del reino a su voluntad...».

La campaña mallorquina permitió resolver las dificultades económicas de los nobles catalanes y desviar su belicosidad hacia otros objetivos; antes de iniciar la conquista, Jaime I se comprometió a recompensar a los prelados y ricoshombres que participan en ella, de acuerdo con los hombres de guerra que cada uno aportara, y nombró jueces para efectuar el reparto al obispo de Barcelona, al conde Nuño Sánchez, al conde de Ampurias, al señor de Montcada, al vizconde de Cardona y a Guillen de Cervera. La conquista del reino de Valencia tuvo en Aragón los mismos efectos que la de Mallorca en Cataluña, pero los problemas surgidos sobre la aplicación del fuero aragonés complicaron las relaciones entre el monarca y la nobleza.

A partir de la ocupación del reino valenciano, aun manteniéndose las rivalidades entre diversos nobles, se observa una polarización, una alianza de la nobleza aragonesa como grupo contra el monarca, que cuenta con el apoyo de los nobles catalanes; la división por familias, predominante en la nobleza castellana y en la catalanoaragonesa de los primeros momentos, es sustituida por la oposición por países; aunque nunca falten los tránsfugas de uno y otro campo, los catalanes apoyan al rey y los aragoneses lo combaten.

A la supresión del fuero aragonés en Valencia, problema que no será solucionado hasta mediados del siglo XIV, se unieron —como motivo de los agravios aragoneses— los repartos y divisiones de sus dominios por Jaime I; al separarse en 1229 de su primera esposa, Leonor de Castilla, el monarca reconoció como sucesor en el reino de Aragón y en el señorío de la ciudad de Lérida al hijo de ambos, Alfonso, y se reservó el derecho de disponer de Cataluña para los hijos habidos en otro posible matrimonio. Tres años más tarde, debido quizás al descontento manifestado por aragoneses y catalanes, Jaime I declaró a Alfonso heredero universal, pero el acuerdo fue de escasa duración.

Al celebrar su segundo matrimonio, Jaime concedió a Violante de Hungría el reino de Mallorca, los condados de Rosellón y Cerdaña, el Conflent, Vallespir, la ciudad de Montpellier y las conquistas que realizase en Valencia (1235), tierras que serían adjudicadas en 1242 al primer hijo de este matrimonio, a Pedro el Grande. Los dominios de Alfonso quedaban reducidos a Aragón y Cataluña, con exclusión de las tierras catalanas situadas al norte de los Pirineos.

El nacimiento de otros hijos dio lugar a nuevos repartos en los que Alfonso vio reducida su autoridad al antiguo reino de Aragón, del que se desprendieron el reino de Valencia, siempre reclamado por los nobles, y la ciudad de Lérida, que fue incluida en Cataluña. El descontento aragonés se tradujo en un apoyo masivo a las reclamaciones de Alfonso (1243). Los problemas internos del monarca fueron utilizados por Castilla para modificar las fronteras entre los reinos de Valencia y Murcia. El posible apoyo castellano a las reclamaciones de Alfonso y de los aragoneses fue evitado mediante el matrimonio del heredero de Castilla, Alfonso X, con Violante de Aragón y los problemas fronterizos hallaron una solución en el tratado de Almizra (1244).

El malestar nobiliario se acentuó en 1248 al mantener Jaime I en un nuevo testamento su decisión de separar Valencia de Aragón. Parece lógico relacionar el descontento de los nobles aragoneses con el apoyo a los mudéjares valencianos sublevados contra el monarca. Sometido el pleito sucesorio al arbitrio de las Cortes catalanas y aragonesas, éstas decidieron que se diese «la gobernación de Aragón y Valencia» al infante Alfonso, «reservando el principado de Cataluña para el infante don Pedro, hijo mayor de la reina doña Violante» (1250); en un testamento posterior, redactado en 1262 tras la muerte de Alfonso, se mantuvo la unidad de los Estados peninsulares (Cataluña, Aragón y Valencia), que fueron concedidos a Pedro, mientras que su hermano Jaime recibía el reino de Mallorca y los dominios ultrapirenaicos.

La desmembración de Lérida, la negativa real a aceptar el fuero aragonés en Valencia y sobre todo la preferencia dada a Cataluña mantuvieron el resentimiento aragonés, que se manifestó una vez más en 1264 cuando el monarca solicitó ayuda para combatir a los musulmanes del reino murciano sublevados contra Alfonso X; reunidas las Cortes en Zaragoza, se negaron a prestar la ayuda solicitada. La importancia de los nobles aragoneses puede apreciarse en el intento de congraciarse con ellos realizado por Jaime I; ante la negativa de las Cortes, el monarca convocó a ocho de los ricoshombres (los que más se habían opuesto a la concesión de la ayuda y habían arrastrado a las Cortes) y se mostró dispuesto a eximirles de toda ayuda si oficialmente se comprometían a dársela; pero la naturaleza de los agravios era tal que no podía ser compensada con una simple exención temporal.

Los nobles se quejaron al rey de que concedía honores a los extranjeros y a personas que no tenían la categoría de ricoshombres y citaron como ejemplo uno extraordinariamente significativo: el de Jimeno Pérez de Tarazona, que había sido nombrado lugarteniente real en Valencia y había recibido en 1241 la baronía de Árenos; los ricoshombres insistieron en que estos bienes «los debían tener ellos y no perderlos sino por razones probadas»; recordaron al monarca que, según la costumbre aragonesa, «los ricoshombres han de juzgar los pleitos» y ya que esto no era así y administraba justicia un representante del rey, pidieron que, al menos, éste designara para el cargo a un hidalgo elegido de acuerdo con los ricos-hombres. Tras recordar que no estaban obligados a servir al rey fuera de Aragón y mucho menos en aquel caso en el que la guerra no les afectaba de modo directo, los nobles condicionaron su ayuda a la reparación de los agravios y a la vigencia del fuero aragonés en Valencia.

Ante la urgencia de la situación, Jaime I accedió en parte a las peticiones nobiliarias: a no dar tierras ni honores ni a los extranjeros ni a quienes no fueran ricoshombres por «sangre y por naturaleza», a que los nobles aragoneses que tuvieran posesiones en Valencia fueran juzgados a fuero de Aragón y a que los pleitos entre el rey y los nobles fueran sometidos al Justicia de Aragón, que de ser un asesor de la Curia se convirtió en juez en los asuntos nobiliarios. A pesar de estas concesiones, la nobleza aragonesa no participó en la campaña murciana.

Una nueva oportunidad de manifestar su descontento se presentó a los nobles aragoneses con motivo del enfrentamiento entre el infante Pedro y su hermanastro Fernán Sánchez (1271); Fernán, que había figurado al lado de los aragoneses en la revuelta de 1265, fue acusado por el infante Pedro de querer alzarse contra el rey y de contar para ello con el apoyo de «algunos ricos hombres y la mayor parte de Aragón»; a los aragoneses se unieron algunos nobles catalanes enemistados con el monarca por razones que nada tenían que ver con la disputa entre los infantes.

En Cataluña, quizás por la mejor situación económica del Principado, no puede hablarse hasta 1270 de sublevaciones nobiliarias sino de banderías o enfrentamientos entre grupos de nobles; pero la devolución del reino de Murcia a los castellanos provocó un malestar que se tradujo en oposición abierta cuando Jaime I solicitó ayuda para una nueva expedición a Andalucía en apoyo de Alfonso X amenazado por los benimerines y granadinos y por los nobles castellanos sublevados. El monarca respondió a la negativa de los nobles ordenando el embargo de los castillos y honores recibidos en feudo por los rebeldes y el grupo nobiliario se alió a los aragoneses partidarios de Fernán Sánchez y a los castellanos sublevados contra Alfonso X.

Los nobles catalanes, al igual que los castellanos y aragoneses, justificaron su oposición a la monarquía con la defensa de los «usos y costumbres que se habían guardado por los reyes pasados» y que no eran respetados por Jaime I ni por su hijo Pedro, quienes pretendían ocupar los castillos de quienes no tuvieran escrituras de propiedad, alegando que se trataba de feudos recibidos del monarca y perdidos al no servirle en la campaña andaluza.

La medida afectaba entre otros al vizconde de Cardona, que tuvo la habilidad de convertir su caso personal en general al negarse a devolver el castillo de Cardona porque, según Zurita, «habían muchos que tenían villas y castillos de su patrimonio y no tenían instrumentos» y si el vizconde transigiera, su caso serviría de precedente y si todos los que no pudieran demostrar la propiedad fueran desposeídos, «sería daño universal y grande inconveniente para toda la tierra»; con estos argumentos logró atraerse a una gran parte de la nobleza catalana que mantuvo su rebeldía hasta que en 1275 Fernán Sánchez fue vencido y ajusticiado. Tampoco en este caso la victoria monárquica fue total: los nobles volvieron a la amistad del rey y conservaron sus bienes.

La Corona de Aragón entre Navarra y Castilla

Las relaciones de la Corona con los reinos peninsulares fueron en general pacíficas, pero no faltaron los motivos de roce con Castilla, especialmente a causa de la sucesión en el reino de Navarra. Para hacer frente a los ataques de Fernando III, Sancho VII solicitó ayuda a Jaime I, al que prohijó en 1231; el éxito de las primeras expediciones castellanas contra los musulmanes y el evidente riesgo que suponía enfrentarse a Navarra y Aragón unidos, alejaron el peligro castellano, que volvería a presentarse en los momentos de crisis del reino navarro, señalados por la muerte de sus monarcas Sancho VII (1234), Teobaldo I (1253), Teobaldo II (1270) y Enrique I (1274).

Los acuerdos entre Jaime I y Sancho VII fueron confirmados por los nobles navarros, pero ni Sancho VII mostró interés en cumplirlos ni los nobles aceptaron como rey a Jaime I en 1234: la amenaza castellana era inexistente y los intereses de los nobles prevalecieron sobre los acuerdos de 1231. Al morir Teobaldo I, los ejércitos castellanos habían dado fin a las conquistas andaluzas y al frente del reino se hallaba Alfonso X, que aspiraba a ocupar Navarra; la reina viuda Margarita de Navarra solicitó de nuevo la ayuda aragonesa y la guerra entre Navarra-Aragón y Castilla dio lugar a algunos enfrentamientos que terminaron en la paz de Soria (1256), facilitada por el resultado incierto de las campañas y por la rebelión de los nobles castellanos (el infante Enrique y Diego López de Haro) contra Alfonso X y de los musulmanes valencianos apoyados por la nobleza aragonesa contra Jaime I.

Al fallecimiento de Teobaldo II, Jaime I modificó su actitud respecto a Navarra: de aliado y protector se convirtió en enemigo y pretendió dar efectividad a los acuerdos firmados con Sancho VII, pero una vez más las dificultades internas de la monarquía aragonesa (sublevación de Fernán Sánchez) salvaron al reino navarro; Jaime aceptó de nuevo su papel de protector de Enrique I contra Castilla.

En 1274 se inició la guerra civil navarra entre los partidarios de la unión con Castilla, de la incorporación del reino a la Corona aragonesa y de la alianza con Francia. El infante Pedro, en nombre de Jaime I, expuso los derechos aragoneses que se basaban en la antigua unión desde tiempos de Sancho el Mayor y en los acuerdos firmados por Sancho VII; Jaime I se mostró dispuesto a mantener las libertades y fueros del reino y a preservar la independencia de Navarra ofreciendo para ello renunciar al trono y ceder sus derechos a Pedro el Grande.

Con esta promesa disipaba los temores navarros de ser absorbidos por tos demás Estados de la Corona: en ningún caso coincidirían en una misma persona los títulos de rey de Navarra y de Aragón, ya que al suceder a su padre en Aragón, Pedro cedería Navarra a uno de sus hijos; disposiciones semejantes fueron adoptadas por Alfonso X de Castilla, que renunció a los derechos sobre Navarra en favor de su hijo Fernando.

Para dar cumplimiento a su promesa, Jaime I dejó los asuntos navarros en manos del infante Pedro, que fue aceptado como rey en las Cortes de Olite de 1274 después de haberse comprometido a respetar los fueros, a incrementar el valor de las caballerías navarras (de 400 a 500 sueldos) y de prometer que mantendría las donaciones hechas por los reyes anteriores, que todos los oficiales serían elegidos entre los naturales del reino y que, durante sus ausencias, el nombramiento del lugarteniente sería de competencia de la Curia navarra.

El nombramiento no tuvo efectividad porque la sublevación de los nobles aragoneses y catalanes requirió toda la atención de Jaime I y de su hijo. Sus partidarios, ante la falta de apoyo militar y quizás también ante la actitud del monarca hacia los nobles, se unieron a los que defendían la candidatura de Fernando de Castilla o pasaron a incrementar el número de los adictos al monarca francés quien, al igual que el aragonés y el castellano, nombró rey de Navarra a su hijo, Felipe IV.

La política occitana

La derrota de Muret no supuso el abandono de los derechos catalano-aragoneses en el sur de Francia. El conde Sancho, como gobernador del reino, prestó su apoyo a los sublevados de Toulouse contra Simón de Monfort. Aunque su actuación fue seguida de una fuerte presión pontificia y de la amenaza de una nueva cruzada dirigida esta vez contra Cataluña y Aragón, no por ello renunció Jaime I a intervenir en el sur de Francia. Pero durante la primera mitad del siglo el pontificado se hallaba en su apogeo y el monarca aragonés no se arriesgó a emprender abiertamente acciones que pudieran desencadenar la intervención pontificia: las armas serían sustituidas por la diplomacia como medio de mantener los condados de Toulouse y Provenza en la órbita política de la Corona.

Condición indispensable para lograr sus fines era la unión de los dos condados, sin la cual sería imposible contener la presión francesa. A unirlos dedicó Jaime I sus esfuerzos diplomáticos, que se vieron frustrados por el pontífice: el matrimonio proyectado por Jaime en 1239 entre Sancha de Toulouse y Ramón Berenguer V de Provenza no fue legalizado por Roma y el proyecto de unir a Ramón VII de Toulouse con Beatriz de Provenza tuvo que ser abandonado a la muerte de Ramón Berenguer V de Provenza (1245). Beatriz se casaría con Carlos de Anjou, hermano de Luis IX de Francia, y en adelante Provenza sería dominio angevino.

Poco después, por el tratado de Corbeil (1258), Jaime I reconocía el triunfo diplomático de la dinastía francesa y renunciaba a sus derechos, no sin antes hacer constar su oposición a Carlos de Anjou, quien por su matrimonio con Beatriz había impedido la unión Toulouse-Provenza: Jaime cedió sus derechos sobre Provenza a Margarita, esposa de Luis IX de Francia y heredera del condado, por ser la hija mayor de Ramón Berenguer V.

La enemistad entre los angevinos provenzales y el monarca aragonés, al complicarse con una fuerte rivalidad por controlar el comercio del norte de África, sería decisiva en la historia del Mediterráneo. A la muerte de Federico II de Alemania, el pontificado hizo cuanto pudo para mantener separados los dominios italianos de los alemanes; el reino de Sicilia fue gobernado por Manfredo, uno de los hijos de Federico II, contra el que Roma buscó el apoyo de Carlos de Anjou, que aceptó la Corona (1263), derrotó a Manfredo en Benevento (1266) y a su sobrino Conradinó en Tagliacozzo (1269).

La aceptación del reino siciliano por el conde de Provenza perjudicaba no sólo a Manfredo y a Conradinó sino también al rey de Castilla, que se consideraba sucesor del emperador, y al infante Pedro de Aragón casado en 1262 con Constanza, hija de Manfredo. Este matrimonio fue realizado contra los deseos del pontífice y cabe suponer que se debió a un plan consciente: al deseo de garantizar las relaciones entre Sicilia y Cataluña, a causa de que desde el reino siciliano se ejercía un control directo sobre las costas tunecinas en las que el comercio catalán se hallaba sólidamente asentado.

Desde 1262, Pedro de Aragón actuó en todo momento contra los intereses angevinos; apoyó a los habitantes de Marsella sublevados contra Carlos; aspiró junto a su suegro Manfredo al cargo de senador de Roma frente a Carlos de Anjou, que fue elegido; acogió en los dominios catalanes a los sicilianos vencidos en Benevento y Tagliacozzo e inició la lucha contra su hermanastro Fernán Sánchez a causa de que éste se había hecho armar caballero por el angevino.

Una parte de los sicilianos partidarios de Constanza se refugiaron en Túnez, donde había milicias catalanoaragonesas al servicio del rey musulmán, y otro grupo se acogió a la corte catalana. Las victorias obtenidas por Carlos sobre los Staufen carecían de efectividad mientras no anulara a los grupos sicilianos refugiados en Túnez; contra ellos, políticamente, y contra los catalanes, económicamente, se dirigió la cruzada organizada por Luis IX de Francia contra Túnez (1270).

El único resultado de esta expedición fue la disolución de las milicias cristianas (catalano-sicilianas) al servicio de los musulmanes y la firma de un tratado comercial entre Sicilia y Túnez, es decir, en perjuicio de los catalanes. El infante Pedro, conjugando los intereses de la dinastía y los económicos de Cataluña, intervendría en Sicilia en la primera ocasión favorable, que se presentó en 1282, año en el que una flota catalana desembarcó en la isla y expulsó a los angevinos.

La ciudad de Barcelona y la expansión comercial catalana

Aunque la expansión fue obra de todas las ciudades catalanas, la mayor importancia de Barcelona y la existencia de numerosos estudios sobre su actividad industrial y comercial aconseja centrarnos en el análisis del papel desempeñado por la capital del Principado, que en el siglo XIII aparece como uno de los centros comerciales más importantes del mundo mediterráneo.

La participación de los mercaderes en las campañas de Jaime I se iniciaron con la conquista de Mallorca que fue decidida en Tarragona a instancias de Pedro Martel, mercader, quien hizo ver al rey el interés que para la navegación comercial catalana tenía la toma de la isla; las direcciones de este comercio, realizado en su mayor parte desde Barcelona, figuran en un documento de Jaime I por el que, en 1227, prohibió que cargaran productos originarios o destinados a Constantinopla, Siria, Alejandría y Ceuta barcos extranjeros mientras hubiera naves barcelonesas dispuestas a efectuar el transporte.

Barcelona podía atender a su comercio sin necesidad de intermediarios. Su fuerza naval quedaría demostrada en la campaña de Mallorca, en la que los ciudadanos barceloneses colaboraron activamente con sus naves y obtuvieron del rey, en pago de su ayuda, exención de impuestos por la compra o venta de mercancías en Mallorca y en Menorca, exención que más tarde, en el año 1232, fue extendida sobre todos los dominios de la Corona.

La ayuda barcelonesa al monarca no se limitó al aspecto militar sino que alcanzó su mayor importancia en el terreno económico; la conquista de Mallorca, y de Valencia, la campaña contra Murcia y la lucha contra los nobles no hubieran sido posibles sin los subsidios concedidos por las ciudades que, a cambio de su contribución, obtuvieron del monarca privilegios para organizarse en municipios y para desarrollar sus actividades comerciales, según puede verse en las concesiones hechas a Barcelona en 1243. 1258, 1259...

Estos privilegios van desde la reserva de una zona en el puerto para la construcción de naves hasta la autorización para nombrar cónsules barceloneses en los barcos y en las colonias mercantiles catalanas, pasando por la regulación del transporte, y por la expulsión o anulación de los competidores extranjeros.

En 1258 el monarca aprobó las Ordenanzas de la Ribera Barcelona, que son un verdadero código del transporte marítimo: en él se fijaron las responsabilidades de los dueños de las naves y de los marineros respecto a las mercancías que transportaran, se exigió la presencia de un escribano en cada nave, se organizó la solidaridad entre los barcos de Barcelona en los momentos de peligro, se fijó el armamento que cada nave debía llevar, las cargas máximas que podía transportar, las obligaciones de los estibadores...

Si el diploma anterior nos permite intuir la existencia de una corporación o gremio de mercaderes de Barcelona con cuyo consejo fueron realizadas las Ordenanzas de la Ribera, el documento de 1266 nos habla de otra organización no menos importante: la de los cónsules catalanes (barceloneses) en los barcos que se dirigen a Ultramar (Siria y Egipto); la autoridad de estos cónsules se extiende sobre todos los súbditos de la Corona que vayan a estas zonas, así como sobre los que fijen en ellos su residencia, y sólo están sometidos a los consellers la ciudad de Barcelona, que son los encargados de vigilar su actuación y de los que depende su nombramiento.

La protección del comercio barcelonés llevó al monarca a expulsar de la ciudad a los mercaderes lombardos, florentinos, sieneses y luqueses y a prohibir, a petición de los ciudadanos de Barcelona, que los dueños de naves y los mercaderes extranjeros cargasen en la ciudad mercancías que no les pertenecieran.

La protección al comercio y a la navegación barcelonesa interesaba por igual a los mercaderes y al monarca: el comercio marítimo en el Mediterráneo aparece, durante la Edad Media, mezclado con las actividades piráticas consentidas y estimuladas por los poderes públicos contra los súbditos de países enemigos; así en 1264 (en el momento de la sublevación de los musulmanes murcianos apoyados por Granada y por los norteafricanos) Jaime I aprobó la decisión de los ciudadanos de Barcelona de armar dos galeras contra los sarracenos y renunció a la quinta parte de los beneficios que, tradicionalmente, le correspondía.

A través de estos acuerdos se llegó a un entendimiento completo entre el monarca y los mercaderes al servicio de cuyos intereses en el norte de África estuvo la fuerza política y militar de la monarquía durante el reinado de Jaime I. La conquista de Mallorca fue seguida de la creación de una flota de guerra destinada a combatir a los musulmanes de Túnez, que se aprestaban a enviar ayuda a los mallorquines, pero la expedición no fue aprobada por los mercaderes barceloneses, temerosos de que la presión militar pusiera fin a sus actividades comerciales en Túnez, y sería el veguer de Barcelona el que presidiera la embajada que negoció la paz con los tunecinos en 1235.

Las relaciones entre tunecinos y catalanes sufrieron una crisis en 1238 al pedir ayuda a Túnez los valencianos, pero una nueva embajada presidida por un mercader barcelonés restableció los acuerdos comerciales y políticos en defensa de los cuales Jaime I llegó a pedir al pontífice Inocencio IV que excluyera de los objetivos de la cruzada general contra el Islam al reino de Túnez, en el que los catalanes estaban representados por los mercaderes, por milicias y por misioneros.

Las primeras noticias sobre la existencia de un consulado y de una alhóndiga (almacén de mercancías) en la ciudad de Túnez datan de 1253; consulado y alhóndiga, oficialmente al menos, no son de los mercaderes sino del rey, de quien depende el nombramiento del cónsul; seis años más tarde existían consulado y alhóndiga en la ciudad de Bujía.

El rey tunecino, a través de los acuerdos firmados con Jaime I, pudo contar con una milicia cristiana dirigida por el catalán Guillen de Montcada, llegado a Túnez en 1257 al frente de setenta caballeros; destacamentos de esta milicia, cuyo número ignoramos, existían en Bona, Bujía y Constantina; el jefe de este grupo militar era nombrado por el rey aragonés al que correspondía una parte del sueldo de los caballeros y de su jefe (Charles Dufourcq evalúa los ingresos anuales del monarca por este concepto en una suma que oscila entre los 4000 y los 9000 dinares de oro).

Otro grupo catalán estaba formado por clérigos al servicio de mercaderes y soldados cristianos y por misioneros dominicos y franciscanos así como por miembros de órdenes dedicadas a la redención de cautivos (trinitarios y mercedarios); entre estas misiones merece especial atención la de los dominicos, que para mejor alcanzar sus objetivos crearon en Túnez una escuela para enseñar el árabe a los misioneros.

Las amistosas relaciones catalano-tunecinas se afirmaron por medio del matrimonio del infante Pedro y de Constanza de Sicilia (1262), que venía a unir los intereses sicilianos y catalanes, es decir, de los dos protectores cristianos del rey de Túnez. Pero la revuelta, dos años más tarde, de los musulmanes de Murcia y Andalucía, apoyados por los tunecinos, puso en peligro las relaciones comerciales con Túnez, contra cuyo territorio Jaime permitió la acción de los corsarios catalanes con la intención de obligar al rey tunecino a controlar a sus corsarios y a respetar los acuerdos comerciales.

La presencia catalana se mantuvo hasta 1270, año en el que tuvo lugar la cruzada dirigida por Luis IX de Francia (san Luis) contra Túnez. El papel de Carlos de Anjou en esta campaña es innegable: su victoria habría permitido derrotar a los sicilianos partidarios de los Staufen refugiados en Túnez tras la muerte de Manfredo y de Conradino, y habría hecho posible la sustitución de los mercaderes catalanes por los sicilianos y marselleses. Ante este peligro, Jaime I autorizó a sus milicias a combatir al lado de los musulmanes e incluso permitió aumentar el número de soldados y pagó el sueldo del primer mes a los que quisieron integrarse en la milicia catalana.

Muerto san Luis durante la cruzada, Carlos de Anjou puso fin a la guerra tras firmar un tratado con el sultán tunecino por el que éste se comprometía a pagar una indemnización de guerra, aceptaba el pago de un tributo anual al rey de Sicilia y se obligaba a expulsar del reino a todos los cristianos enemigos de los cruzados, es decir, a los refugiados sicilianos y a sus protectores catalanes. Liberado de la presencia de los cruzados, el sultán se apresuró a restablecer las relaciones comerciales y diplomáticas con la Corona de Aragón, con la que firmó en 1271 un nuevo tratado comercial.

Las relaciones de los mercaderes catalanes con Oran son conocidas desde 1232; sabemos que poco después existía en Tremecén, la capital política y económica del Mogreb central, una colonia mercantil atraída por las rutas caravaneras que, desde el centro de África, llevaban hasta el Mediterráneo el oro africano, marfil, plumas de avestruz, incienso, esclavos...; este comercio estaba controlado en parte por las colonias judías, estrechamente relacionadas con los hebreos mallorquines y catalanes.

Los contactos comerciales facilitaron o prepararon los acuerdos políticos, iniciados en 1250 con la llegada a Barcelona de un embajador de Tremecén encargado de misiones comerciales y de la compra de importantes cantidades de armas, que le fueron facilitadas por Jaime I a pesar de la prohibición pontificia; algunas dificultades surgidas durante la revuelta murciana fueron fácilmente superadas y lo mismo ocurrió en 1274 con motivo de la alianza del rey de Granada y de los nobles castellanos contra Alfonso X el Sabio.

En este año, Jaime I hizo publicar la lista de objetos cuyo comercio con los musulmanes estaba prohibido por el pontificado; entre los artículos no exportables figuraban el hierro, las armas, la madera, alimentos, el cáñamo y cualquier otra fibra que pudiera servir para las jarcias de las naves; pero las relaciones comerciales privaron sobre cualquier otra consideración y aunque los documentos pontificios prohibían vender estos artículos a «cualesquiera lugares de sarracenos», en el documento de Jaime I la prohibición sólo afectaba a los dominios del sultán de Alejandría.

Al igual que en Túnez, existió en Tremecén una milicia catalana formada por caballeros rebeldes y por delincuentes que querían alejarse del reino, como en el caso de Guillen Galcerán, repetidas veces sublevado contra el rey y nombrado finalmente jefe de la milicia; vuelto a Cataluña en 1272 obtuvo del monarca el perdón para todos aquellos que, habiendo cometido algún delito, quisieran enrolarse en la milicia de Tremecén. La Corona recibía una parte del sueldo de estos guerreros y además, desde 1272, un tributo pagado directamente por el rey musulmán.

Las relaciones con el Mogreb occidental (Marruecos) tuvieron menor importancia debido al alejamiento y a la presencia en tierras marroquíes de mercaderes y de milicias castellanas y genovesas; pero pueden hallarse mercaderes catalanes en Ceuta ya desde comienzos del siglo XIII. Las pacíficas relaciones comerciales con las ciudades marroquíes se interrumpieron hacia 1264, coincidiendo con la sublevación murciana, y se reanudaron poco más tarde.

En 1269 Jaime I firmó un tratado de amistad con el señor de Ceuta, amenazado por los benimerines; pero al ser sitiada la ciudad cinco años más tarde, atento siempre a la defensa de los intereses comerciales de los súbditos, Jaime I se alió al meriní Abu Yusuf, con el que firmó un tratado de colaboración militar a cambio de mantener las ventajas adquiridas en Ceuta. La Corona de Aragón proporcionaría al sultán meriní un ejército de quinientos caballeros y una flota de diez galeras, diez naves y hasta cincuenta barcos de menor tonelaje, y el sultán se comprometió a pagar un tributo anual a la Corona después de la conquista de Ceuta; la ciudad se sometió al sultán en 1275 y los acuerdos no fueron respetados: marinos y mercaderes catalanes fueron expulsados de la ciudad.

LA VINCULACIÓN DE NAVARRA A LA MONARQUÍA FRANCESA

Al iniciar su reinado (1253) Teobaldo II prestó el juramento exigido por los ricoshombres, caballeros, infanzones y representantes de las villas, ante los que se comprometió a guardar los fueros generales del reino, los especiales de cada grupo social y los particulares de las villas, a reparar los agravios, a aceptar hasta su mayoría la tutela de una persona elegida por la comunidad y asesorada por doce consejeros y a mantener la moneda estable durante doce años; en virtud del juramento prestado, Teobakio tuvo que anular numerosas medidas tomadas por sus antecesores desde la época de Sancho VI.

La sumisión de los monarcas navarros a los súbditos en un momento en que el prestigio de la realeza aumentaba en Francia, fue contrarrestada mediante la introducción de prácticas jurídicas y de consejeros franceses que practicaron en Navarra los consejos dados por Jaime I a Alfonso X: entendimiento con el poder eclesiástico del que conseguirían la unción regia, símbolo de que el poder venía de Dios y no de la comunidad, y enfrentamiento con los nobles, cuyas juntas y hermandades fueron disueltas por una bula de Urbano VI en 1264.

Estrechamente vinculado a san Luis de Francia, Teobaldo II participó en la cruzada contra Túnez, en la que halló la muerte (1270); el sucesor designado por los navarros fue Enrique I, hermano de Teobaldo, durante cuyo breve reinado Alfonso X intentó aumentar su influencia en Navarra mediante enlaces matrimoniales que fracasaron por muerte de Teobaldo, heredero de Navarra; la presión castellana fue equilibrada mediante un acercamiento a Aragón e Inglaterra.

Muerto Enrique I en 1274, el reino quedaba en manos de Juana, de año y medio de edad, y sometido a las presiones de castellanos, aragoneses y franceses, que multiplicaron las concesiones a los navarros para obtener su apoyo, materializado en la elección del marido de Juana: un nieto de Jaime I o de Alfonso X o un hijo de Felipe III de Francia; en cualquiera de los casos el matrimonio legitimaría los derechos adquiridos diplomáticamente o por medio de la presión militar.

Concertado en 1275 por la reina madre el matrimonio de Juana con un hijo del monarca francés, los navarros, y no sólo los nobles, tomaron medidas para preservar su independencia: las ciudades se constituyeron en hermandad para exigir el cumplimiento de los fueros y los ricoshombres y caballeros exigieron a los gobernadores puestos por Felipe III un juramento similar al prestado por los reyes: jurar los fueros, reparar los agravios, no quitar sin justa razón las tierras y honores a los nobles...

Alfonso X no renunció a sus aspiraciones y sus partidarios explotaron hábilmente las diferencias entre los navarros y los francos de Pamplona; al lado de los primeros combatió la mayor parte de la nobleza; junto a los segundos, el senescal enviado por Felipe III, que se vio obligado a enviar un poderoso ejército para someter a los rebeldes y recuperar militarmente el reino. En adelante, Felipe III hizo caso omiso de los fueros y gobernó con entera libertad, a pesar de la oposición de la hermandad de las villas y de la junta de hidalgos.

PROBLEMAS INTERNOS PORTUGUESES

Alfonso III (1248-1279), elegido por los obispos portugueses, mantuvo respecto a la Iglesia una política de amistad durante los primeros años de su reinado en los que devolvió los bienes usurpados por Sancho II y pagó con nuevas donaciones los servicios prestados por los eclesiásticos. Para poner fin a la anarquía originada por la guerra civil, en 1251 dictó normas equiparables a las contenidas en las constituciones de paz y tregua: impuso severas penas a los salteadores, protegió a los viajeros y de modo especial a los mercaderes.

El interés del monarca por el fortalecimiento de los concejos y por el desarrollo del comercio, patente a lo largo de todo su reinado, se explica en el primer caso por la necesidad de disponer de una fuerza adicta que le permitiera disminuir la excesiva presión de sus valedores eclesiásticos y en el segundo, por las acuciantes necesidades económicas de la Corona cuyos bienes se hallaban en una gran parte en poder de la nobleza y de la Iglesia. Los impuestos sobre el comercio eran una fuente considerable de ingresos, según se demostró en el pleito que enfrentó al monarca con el obispo de Oporto, ciudad formada por dos núcleos urbanos (uno sometido al señorío episcopal y otro dependiente del rey) en cada uno de los cuales se pretendía cobrar derechos de peaje a las mercancías llegadas por el Duero. Dentro de esta política de acercamiento a los concejos y a los mercaderes se inscriben la concesión de fueros a numerosas poblaciones y la creación de ferias o mercados permanentes en diversos lugares del reino.

Las dificultades económicas del rey se hallan igualmente en la base de las primeras Cortes portuguesas conocidas. Para resolver sus problemas, Alfonso III proyectó sustituir la moneda vigente por otra de menor calidad y, ante las protestas de nobles y eclesiásticos por los trastornos que la nueva acuñación podía causar, el monarca convocó en Leiria (1254) a nobles, clérigos y representantes de las ciudades, que se comprometieron a pagar un monedaje a cambio de que el rey mantuviera inalterable la moneda y no realizara nuevas acuñaciones en el plazo de siete años.

El valor del monedaje fue considerado excesivo por los súbditos, que en 1261 modificaron los términos del acuerdo: el rey mantendría inalterable la moneda antigua, pero podría acuñar otra con un valor del 75 por ciento de la existente; a cambio de la renuncia a alterar la moneda, los representantes en Cortes (nobles, clérigos y ciudadanos acomodados), acordaron otorgar al rey un monedaje de media libra que pagarían quienes poseyeran bienes valorados entre 10 y 20 libras; los dueños de 20-100 libras pagarían 1 y quienes dispusieran de bienes por valor de 100-1000 libras o más tendrían que pagar 3. La proporción para los personajes acomodados era mucho menor que para la masa de la población y tanto los obispos como otros clérigos y los nobles fueron eximidos del pago, por lo que los ingresos monárquicos por este concepto no pudieron ser muy elevados.

En 1258, Alfonso III siguió el ejemplo de Alfonso II y ordenó realizar inquirigoes en la zona situada entre el Duero y el Miño para conocer la situación de los bienes y de los derechos pertenecientes a la Corona. El resultado de estas inquisiciones se vio en 1265, cuando el monarca prohibió a los nobles y oficiales exigir posada y yantar a los hombres del rey, ordenó que fueran devueltos a la Corona los bienes de realengo pasados a los dominios eclesiásticos o nobiliarios, castigó a los vasallos que hubieran abandonado los lugares de realengo a la pérdida de sus bienes y dispuso que las caballerías estuvieran sometidas al pago de impuestos, ya que la exención era una contrapartida por los servicios militares prestados contra los musulmanes y al cesar éstos no había razón para mantener el privilegio.

Los obispos fueron los más afectados por estas medidas, cuyo cumplimiento intentaron evitar mediante la amenaza de penas canónicas y mediante el recurso a Roma. Alfonso III debía el trono a la intervención pontificia y cabía la posibilidad de que la excomunión y el entredicho le arrebataran el poder, pero la situación no era la misma en 1266 que en 1245: la autoridad pontificia era menor, la nobleza no secundó a los obispos, que por otra parte tampoco actuaron unidos, y Alfonso contaba con el apoyo de los concejos, por lo que pudo hacer caso omiso de las sanciones eclesiásticas hasta el momento de su muerte en 1279.

Ante el Papa, los obispos acusaron al monarca de agraviar a los súbditos en general y al clero de un modo específico; los agravios inferidos a los subditos iban desde la ocupación ilegal y en provecho propio de terrenos particulares o municipales, hasta la obtención por la fuerza de préstamos, la imposición del matrimonio a vírgenes y viudas y la creación de puestos fijos para la celebración del mercado, lo que causaba perjuicios a los demás lugares.

Más importantes y numerosas fueron las quejas presentadas por los clérigos: el monarca no respetaba ni el fuero eclesiástico ni el derecho de asilo, no obligaba a cumplir las sentencias dictadas por los tribunales eclesiásticos, prohibía las reuniones de clérigos, nombraba y deponía abades, párrocos y canónigos, intervenía en el nombramiento de obispos, tenía funcionarios judíos, incumplía las órdenes pontificias que obligaban a los hebreos a llevar signos distintivos y, por último, causaba importantes perjuicios económicos a los clérigos.

Los eclesiásticos y sus hombres eran obligados a dar prestaciones personales y a albergar al monarca y a su séquito; los diezmos correspondientes a las propiedades del rey no eran pagados y, además, éste se apoderaba de la tercia de la fábrica de la iglesia; despojaba a los eclesiásticos de sus bienes mediante inquisiciones en cuya realización no eran consultados; creaba poblaciones junto a los señoríos eclesiásticos para atraer a los vasallos de la iglesia; mudaba de lugar los puertos controlados por los clérigos y al hacerlo impedía que éstos pudieran cobrar los derechos de paso; exigía el pago de los derechos de aduana a los eclesiásticos que exportaran mercancías y sólo autorizaba la exportación cuando el clérigo se comprometía a importar objetos de idéntico valor.

Esta última disposición puede relacionarse con una medida similar tomada por Alfonso X después de prohibir todas las exportaciones: sólo se tolerarían éstas cuando el producto de la venta se invirtiera en la adquisición de artículos escasos o imprescindibles para el reino.

EL REINO DE GRANADA

La historia del reino musulmán de Granada está, en parte, sin escribir por lo que sólo nos será posible dar algunas noticias procedentes en la mayoría de los casos de fuentes castellanas o aragonesas. El reino granadino fue creación de Muhammad ibn Yusuf ibn Nars ibn al-Ahmar (Muhammad I), quien hacia 1232 se sublevó contra Ibn Hud de Murcia y logró rápidamente crearse un señorío independiente en Guadix-Baza-Jaén desde el cual, combinando la diplomacia con la guerra, logró ocupar Granada en 1237 después de haber colaborado con Fernando III de Castilla en la ocupación de Córdoba.

Tras la muerte de Ibn Hud, el reino granadino se extendió por Málaga y Almería, pero no pudo evitar que los castellanos ocuparan Jaén en 1246. A partir de esta fecha, Muhammad I figurará como vasallo de Fernando III, colaborará en sus campañas militares contra Sevilla y pagará tributo al castellano; la sumisión granadina fue confirmada en los primeros años del reinado de Alfonso X (1254), pero los problemas internos de Castilla permitieron obtener ventajas económicas: el tributo pasó de trescientos mil maravedíes de la moneda antigua a doscientos cincuenta mil de la devaluada por Alfonso X.

La sublevación de los nobles castellanos y el descontento de la población musulmana de Andalucía y Murcia permitirían a Muhammad I recuperar alguno de los dominios perdidos y, sobre todo, evitar la sumisión a Castilla; pero los éxitos militares se vieron limitados por las rebeliones nobiliarias a las que tuvo que hacer frente Muhammad I. Durante la sublevación de los mudéjares andaluces y murcianos, Granada contó con la colaboración de milicias norteafricanas cuyos jefes fueron ampliamente recompensados por Muhammad I en perjuicio de la aristocracia local dirigida por los Ashkilula (Escayuela) que gobernaban Guadix, Málaga y Comares.

Los Escayuela ofrecieron sus servicios al rey castellano que pudo, de este modo, neutralizar los ataques granadinos y dominar la sublevación; en adelante, las relaciones castellano-granadinas estarán influidas por la presencia en ambos campos de fuerzas rebeldes: los Escayuela actuarán en todo momento como aliados de Alfonso X y los rebeldes castellanos hallarán acogida en el reino de Granada.

La alianza entre los Escayuela y el monarca de Castilla se fortaleció en 1272, año en el que Alfonso X concedió a un hijo del arraez de Málaga diversos bienes en el reino de Murcia para contrarrestar la colaboración de los nobles castellanos con Muhammad I, que murió en 1273 combatiendo a los sublevados. Su hijo y sucesor Muhammad II (1273-1302), privado del apoyo nobiliario al acceder Alfonso X a las reivindicaciones de los nobles, se vio obligado a firmar la paz, a hacerse armar caballero por Alfonso X y a comprometerse a pagar de nuevo tributo, lo que no impediría la alianza del monarca granadino con los benimerines norteafricanos, tema que será estudiado al hablar de la expansión catalana por el Mediterráneo y de la lucha por el dominio del estrecho.

BIBLIOGRAFÍA

Ballesteros, Antonio: Las Cortes de 1252. — Madrid 1911.

Ballesteros, Antonio: Sevilla en el siglo XIII. — Madrid 1913.

Ballesteros, Antonio: Itinerario de Alfonso X, el rey de Castilla. — Madrid 1936.

Ballesteros, Antonio: Alfonso X el Sabio. — C.S.I.C. Barcelona 1963 — XV + 1142 págs.

Burns, Robert Ignatius: The Crusader Kingdom of Valentía. Reconstruction on a Thirteenth-century Frontier. — Harvard University Press. — Cambridge (Mass.) 1967. — 2 vols., 307 y 308 págs.

Capmany y de Montpalau, Antonio de: Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona. Reedición anotada. — Introducción y notas por E. Giralt i Raventós. — Revisión documental por C. Batlle i Gallart. — Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona. — Barcelona 1961-1963. — 3 vols., 939 y 1397 págs.

Carlé, María del Carmen: Mercaderes en Castilla (1252-1512). — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XXI-XXIIi (1954), págs. 146-328.

Carlé, María del Carmen: El precio de la vida en Castilla del Rey Sabio al Emplazado. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XV. (1951), págs. 132-156.

Crónicas de los Reyes de Castilla. — Ediciones Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, LXVI). — Madrid 1953. — 3 vols.

Dufourcq, Charles E.: Les activités politiques et économiques des catalans en Tunisie et en Algérie Oriéntale de 1262 á 1377. — «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona» (Barcelona), XIX (1946), págs. 5-93.

Dufourcq, Charles E: Les Espagnoles et le royaume de Tlemcen aux XIIIe et XIV siecles. — «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona» (Barcelona), XXI (1948).

Dufourcq, Charles E.: La Couronne d'Aragón et les Hafsides au XIIIe siécle. — «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXV (1952), págs. 51-114.

Dufourcq, Charles E.: L'Espagne catalane et le Maghrib aux XIIIe et XIVe siécles. De la bataille de Las Navas de Tolosa (1212) a l'avénement du sultán mérinide Abou-l-Hasan (1331). — P.U.F. — París 1966. — 664 págs.

Dufourcq, Charles E.: Les consulats catalans du Tunis et de Bougie en temps de Jacques le Conquérant. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), III (1966), págs. 459-479.

Finot, J.: Étude historique sur les relations commerciáles entre la Flandre et l'Espagne au Moyen Age. — París 1899.

La foiré. — Recueils de la Société Jean Bodin, V. — Bruxelles 1953.

Fori Antiqui Valentiae. — Edición crítica de Manuel Dualde Serrano. — C.S.I.C. — Madrid-Valencia 1950-1967. — XXIV + 301 págs.

Furs de Valencia. — Edición de G. Colom y A. García. — Editorial Barcino (Els Nostres Clássios, núm. 101). — Barcelona 1970-1973. — 2 vols., 260 y 260 págs.

García-Ramila, Ismael: Ordenamientos de posturas y otros capítulos generales otorgados a la ciudad de Burgos por el rey Alfonso X. — «Hispania» (Madrid), V (1945), págs. 179-235, 385-439 y 605-650.

Goñi Gaztambide, José: Los obispos de Pamplona del siglo XIII. — «Príncipe de Viana» (Pamplona), XVIII (1957), págs. 41-237.

Gual Camarena, Miguel: Mudejares valencianos. Aportaciones para su estudio. — Valencia 1949.

Gual Camarena, Miguel: El hospedaje hispanomedieval. Aportaciones para su estudio. — «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXXII (1962), págs. 527-541.

Gual Camarena, Miguel: Para un mapa de la industria textil hispana en la Edad Media. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), IV (1967), págs. 109-168.

Gual Camarena, Miguel: El comercio de telas en el siglo XIII hispano. — «Anuario de Historia Económica y Social» (Madrid), I (1968), págs. 85-106.

Guglielmi, Nilda: Posada y yantar. Contribución al estudio del léxico de las instituciones medievales. — «Hispania» (Madrid), XXVI (1966), págs. 540 y 165-219.

Irurita Lusarreta, María Angeles: El municipio de Pamplona en la Edad Media. — Ediciones del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona. — Pamplona 1959. — 325 págs.

Lacarra, José María: El juramento de los reyes de Navarra (1234-1329). — Real Academia de la Historia. — Madrid 1972. — 127 págs.

Laurent, H.: Un grand commerce d'exportation au Moyen Age. La draperie des Pays-Bas en Trance et dans les pays méditeterranéens (XII-XIVe siécle). — París 1935.

López, Robert Sabatino: Alfonso el Sabio y el primer almirante genovés de Castilla. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XIV (1950), págs. 5-16.

Moxó, Salvador de: La nobleza castellano-leonesa en la Edad Media. Problemática que suscita su estudio en el marco de una historia social. — «Hispania» (Madrid), XXX (1970), págs. 5-68.

Pastor de Togneri, Reyna: En los comienzos de una economía deformada: Castilla. — «Desarrollo Económico» (Buenos Aires), XXXVI (1970), págs. 541-554.

Rau, Virginia: Subsidios para o estudo das feiras medievais portuguesas. — Lisboa 1943.

Roca Traver, Francisco: Un siglo de vida mudejar en la Valencia medieval (1238-1338). — «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), V (1952), págs. 115-208.

Sobrequés, Santiago: Els barons de Catalunya. — Editorial Teide. — Barcelona 1957. — 304 págs.

Soldevila, Ferran: Els grans reis del segle XIII: Jaume I, Pere el Gran. — Editorial Teide. — Barcelona 1955. — 171 págs.

Soldevila, Ferran: Pere el Gran. — Institut d'Estudis Catalans. — Barcelona 1950-1962. — 2 vols., XVI + 489 y 116 págs.

Zurita, Gerónimo: Anales de la Corona de Aragón. — Edición preparada por Angel Canellas López. — C.S.I.C. — Zaragoza 1967. — XVII + 788 págs.

Zurita, Gerónimo: Anales de la Corona de Aragón. — Libro I — Edición anotada por Antonio Ubieto Arteta y M.ª Desamparados Pérez Soler. — Editorial Anubar. — Valencia 1967. — 330 págs.

7. LA EXPANSIÓN TERRITORIAL CATALANOARAGONESA

La historia catalanoaragonesa de este período ha dado lugar a una extensa bibliografía en la que generalmente se opone la política mediterránea a la peninsular; dentro de la primera se incluiría la conquista de las Baleares, de Sicilia, de los ducados de Atenas y Neopatria, de Cerdeña y de Nápoles, que serían puntos de apoyo para la navegación comercial hacia Oriente; en la segunda se estudiaría la ocupación de Valencia en época de Jaime I y los intentos de ocupar el reino de Murcia o la zona de Almeria en los reinados de Jaime II y Pedro el Ceremonioso.

Esta visión de las tendencias expansivas corre el peligro de desvirtuar la orientación política de la Corona de Aragón; política peninsular y mediterránea son dos aspectos, dos formas de llevar a cabo una idea central: el dominio comercial del Mediterráneo, pero de toda la extensión de este mar sino de su parte occidental. Para conseguirlo es preciso dominar territorialmente o controlar comercialmente no sólo las islas del interior sino también las costas peninsulares (hispánicas e italianas) y continentales (norteafricanas) que delimitan esta zona del Mediterráneo.

En términos geográficos puede afirmarse que la expansión catalanoaragonesa se polarizó en dos centros de gravedad del Mediterráneo occidental: hacia el oeste en la zona comprendida entre Valencia, las Baleares, Argel, Melilla y Almería; y por el este en la zona situada entre Cerdeña, Sicilia y Túnez. El control político-económico de esta región fue el objetivo primordial de la expansión catalana. La preferencia dada a una u otra zona dependió única y exclusivamente de las posibilidades existentes en cada momento. La penetración económica sería siempre preferida a la militar, pero no se desdeñaría recurrir a ésta cuando la defensa de los intereses económicos así lo exigiera.

La resistencia opuesta a la presencia catalana en Sicilia por los angevinos y por el pontificado —apoyados por la monarquía francesa— obligó a los monarcas a buscar fórmulas que les permitieran mantener las ventajas adquiridas. Hasta 1285 se dio preferencia a la solución militar, que incluía no sólo la defensa de Sicilia sino también la lucha contra Francia cuyas tropas amenazaban los dominios catalanoaragoneses desde los Pirineos y desde Navarra. Sólo las fronteras con Castilla estaban libres de enemigos, pero los problemas internos podían llevar a las tropas fieles a Alfonso X a unir sus armas a las francesas; para prevenir esta posibilidad y neutralizar a Castilla, Pedro el Grande apoyó a Sancho IV contra Alfonso X. En el interior de la Corona las necesidades militares y económicas obligaron al monarca a aceptar las exigencias de nobles, eclesiásticos y ciudadanos.

En 1285 la situación política impone un cambio de actitud: el bloqueo franco-angevino-pontificio se atenúa al morir Felipe III y Pedro el Grande, cuyos dominios fueron divididos entre sus hijos Alfonso (los antiguos estados) y Jaime (Sicilia); la presión francesa sobre las fronteras catalanoaragonesas cede y Alfonso el Franco puede desentenderse oficialmente del problema siciliano sin por ello renunciar a las ventajas comerciales adquiridas. Los beneficios de este cambio se hallan contrarrestados por la deserción de Mallorca cuyo rey, Jaime, se había servido de las dificultades de Pedro el Grande para romper los vínculos que unían al reino con la Corona. El castigo de esta deserción y el control del Mediterráneo occidental exigían la recuperación de la isla (que sería ocupada en 1286); la falta de ayuda castellana en los momentos de peligro indujo al monarca aragonés a romper su alianza con Sancho IV, lo que le permitiría —actuando en nombre de los infantes de la Cerda— invadir Castilla e incorporar algunas poblaciones murcianas, aunque para ello fuera preciso ceder una vez más a las exigencias de la nobleza aragonesa.

La reunión en manos de Jaime de Sicilia de los dominios catalanoaragoneses obligó a reconstruir el sistema de alianzas de 1282, pero una vez más falló la ayuda castellana y Jaime II tuvo que negociar con el pontificado en Anagni (1295). Jaime renunció a Sicilia (quedaría en poder de su hermano Federico), devolvió el reino mallorquín a su homónimo Jaime II de Mallorca y obtuvo a cambio la investidura pontificia sobre las islas de Cerdeña y Córcega y apoyo para lograr la devolución del Valle de Aran, retenido por Francia desde 1283.

Solucionados estos problemas, Jaime II emprendió la conquista de Murcia sirviéndose una vez más de los infantes de la Cerda. Aunque las sublevaciones aragonesas le obligaron a poner fin a la guerra (1301), consiguió incorporar al reino de Valencia las plazas murcianas de Elche, Orihuela y Alicante. De la misma forma que Agnani no supuso una renuncia al control del Mediterráneo, tampoco la paz con Castilla significó una ruptura con la política mediterránea: castellanos y catalanoaragoneses se repartirían las zonas de influencia en el norte de África y juntos atacarían el reino de Granada en el que Jaime II recibiría la zona de Almería, carente de valor político al estar separada de las tierras valencianas, pero de gran importancia económica como etapa del comercio con el norte de África. El fracaso de estas expediciones y el aumento de la competencia genovesa y pisana llevarían al rey, en 1323, a hacer efectivos sus derechos sobre Cerdaña.

La historia política de Castilla gira alrededor de las relaciones entre la nobleza y la monarquía entre las que, en ocasiones, se interponen las ciudades agrupadas desde 1282 en ligas o hermandades. Sancho IV consumiría su reinado en un intento de anular las concesiones arrancadas en los momentos de dificultad por nobles y ciudades; las segundas fueron fácilmente controladas y colaboraron con el monarca, pero la nobleza mantendría su fuerza mientras sus exigencias pudieran enmascararse bajo el pretexto de defender los derechos de los infantes de la Cerda, incrementados por la ilegitimidad del matrimonio de Sancho con María de Molina, lo que equivalía a incapacitar legalmente a los hijos para reinar, es decir, a hacer de los infantes, en el peor de los casos, los herederos legítimos de Sancho IV.

La existencia de los infantes y la ilegitimidad del matrimonio de Sancho son las dos contradicciones entre las que se mueve el monarca. Para anular políticamente a los primeros necesita contar con la amistad del rey de Aragón, en cuyo poder se hallan los hijos de Fernando. Para legitimar su matrimonio y descendencia son imprescindibles las buenas relaciones con Francia y con el pontificado. En vida de Alfonso X, el peligro mayor provenía de los infantes y Sancho IV se alió a Aragón; pero a partir de 1284 el apoyo interior a los infantes disminuyó y la importancia de los dos problemas se equilibró, por lo que Sancho llevó a cabo una política ambigua de alianza con el monarca aragonés (necesitaba, además, ayuda naval para hacer frente a los benimerines) y de negociaciones con los reyes de Francia. Las dudas del monarca dieron lugar a una división entre los nobles que buscaron en la política internacional una forma de consolidar sus posiciones personales.

Al morir Sancho IV (1295) los nobles castellanos luchan por la tutela de Fernando IV y los derrotados ofrecen su colaboración al rey aragonés que, liberado de Sicilia, interviene militarmente en Castilla —en nombre de los infantes de la Cerda— y ocupa el reino de Murcia, cuya recuperación sólo será posible cuando los hijos de Sancho IV hayan sido legitimados (1301) y gracias a la cohesión de las ciudades al lado de María de Molina y a las concesiones hechas a los nobles. Una nueva minoría, la de Alfonso XI, dará lugar a nuevos enfrentamientos nobiliarios por el poder y permitirá el resurgimiento de las ligas o hermandades ciudadanas que buscan en la unión un medio de defensa frente a los nobles y frente al centralismo monárquico.

LA CORONA DE ARAGÓN (1276-1327)

La conquista de Sicilia

Durante los últimos años de su reinado, Jaime I tuvo que hacer frente a las aspiraciones castellanas y francesas sobre Navarra y a una nueva sublevación de los mudéjares valencianos, que serían derrotados por Pedro el Grande en el primer año de su reinado (1277). El peligro de que la sublevación se extendiera y diese tiempo a intervenir a granadinos y norteafricanos en favor de los rebeldes obligó a Pedro a recurrir a todos los medios, legales o no, para reunir el dinero necesario; y entre las medidas adoptadas quizás fuera la más importante la exigencia del pago del bovaje por los catalanes.

El cobro en sí carecía de importancia, puesto que era normal que el nuevo rey obtuviese de los catalanes un servicio de bovaje. Pero tolerar que éste fuera cobrado sin el consentimiento de las Cortes equivalía a reconocer su carácter obligatorio o su conversión en tal por la sola voluntad del monarca, cuyo autoritarismo se había puesto de relieve durante la sublevación del vizconde de Cardona. Permitir sin resistencia el golpe de fuerza de Pedro el Grande, en los comienzos del reinado, significaba tanto como aceptar su autoridad suprema; utilizando como bandera el incumplimiento de los usos y costumbres de Cataluña, una gran parte de la nobleza se sublevó. Fuerte con el apoyo de las ciudades, Pedro derrotó a los nobles (1280) y los condenó a la pérdida de todos sus bienes, pero la confiscación no tuvo efecto porque el monarca necesitaba el concurso de la nobleza para llevar a cabo los proyectos sicilianos.

Asegurada la paz en el interior y en amistosas relaciones con los reinos vecinos, Pedro el Grande se hallaba en condiciones de iniciar el ataque a Sicilia, para el que sólo necesitaba una ocasión propicia, que le sería ofrecida por los tunecinos y por los sicilianos en 1282. En Túnez la presencia catalana se había acentuado después del fracaso de la cruzada francesa: los sultanes pagaban tributo al monarca aragonés, cuyas milicias, apoyadas por los refugiados sicilianos, habían impuesto a Abu Isaac frente al sultán Yahya al-Wathec. La negativa de Abu Isaac a pagar el tributo debido y a permitir el avituallamiento de las naves catalanas daría a Pedro el Grande la oportunidad de organizar una flota destinada, oficialmente, a crear un foco de rebeldía en Túnez.

La proximidad de la flota aragonesa a las costas sicilianas coincidió con una sublevación contra los angevinos (Visperas Sicilianas). Ante los avances de los ejércitos de Carlos de Anjou, los sicilianos ofrecieron la Corona al monarca aragonés, heredero de los Staufen por su matrimonio con Constanza. El 30 de agosto de 1282, la flota catalanoaragonesa derrotaba a la angevina en aguas de Trapani y poco después Carlos de Anjou se veía obligado a abandonar Sicilia y a refugiarse en la península italiana.

De mayor interés que el desarrollo de la expedición siciliana son sus preparativos y las consecuencias que derivaron de la conquista. Según los cronistas catalanes, para tener posibilidades de éxito Pedro el Grande necesitaba asegurar sus dominios, dinero y mantener en secreto sus propósitos. La primera condición llevaba implícito el perdón de los nobles, el acuerdo con Jaime de Mallorca y negociaciones con los países fronterizos, es decir, con Castilla y Francia. Para obtener el dinero necesario, Pedro realizó la primera campaña tunecina, actuó de acuerdo con el pontífice Nicolás III del que obtuvo los diezmos eclesiásticos y recibió ayuda económica del emperador bizantino. En todo momento, Pedro el Grande mantuvo en secreto sus proyectos sicilianos y oficialmente la armada tuvo como objetivo las tierras tunecinas.

La separación de Mallorca por Jaime II era perjudicial para los intereses catalanes y para los del monarca aragonés. El comercio norteafricano podía orientarse hacia Mallorca, como ocurrió en 1278. Jaime II de Mallorca podría inclinarse hacia una alianza con Carlos de Anjou para mantener su independencia frente a la Corona de Aragón, ya que Pedro el Grande nunca aceptó la partición hecha por Jaime I y, desde los primeros momentos de su reinado, intentó someter al rey de Mallorca y convertirlo en su vasallo, lo que conseguiría en 1279. Para negociar con Castilla y con Francia, Pedro contaba con la presencia en sus reinos de los infantes de la Cerda por cuya suerte se interesaban, con fines distintos, Alfonso X, su hijo Sancho y Felipe III de Francia.

Las intervenciones catalanoaragonesas de 1279-1280 en Túnez están dirigidas a obtener el pago de un tributo que sustituya a los regalos espontáneamente ofrecidos por el sultán; el viejo sistema de las parias es puesto al servicio de la política aragonesa, a la que contribuye con importantes cantidades el emperador bizantino, puesto que sus dominios se hallan directamente amenazados por Carlos de Anjou, quien aspira a reconstruir el imperio latino de Constantinopla.

Nicolás III prestó su apoyo moral y económico a la pretendida cruzada de Pedro el Grande, porque Carlos de Anjou había pasado de ser rey de Sicilia, designado por el Papa, a intervenir en los asuntos de toda Italia y con él los ingresos proporcionados por los diezmos eclesiásticos fueron retirados a la muerte de Nicolás III por el nuevo Papa, el francés Martín IV, «muy amigo de Carlos» según el cronista Zurita, al que debemos una descripción de los manejos de Carlos en el cónclave cardenalicio para evitar que fuera elegido un papa contrario a su política.

Las consecuencias de la ocupación de Sicilia en la política interna e internacional fueron considerables: el papa excomulgó a Pedro el Grande, dictó el entredicho contra los dominios aragoneses y concedió el reino a uno de los hijos de Felipe III, siempre que no fuera el heredero de Francia. Con esta cláusula adicional se evitaba la creación de una superpotencia en Europa y el papa confiaba en atraer a los catalanes, aragoneses y valencianos que, de ninguna manera, habrían aceptado integrarse en la monarquía francesa. La solución recuerda extraordinariamente a la utilizada en Navarra: se cambia el rey, pero se mantiene la independencia del reino.

Jaime de Mallorca aprovechó las dificultades del monarca aragonés para aliarse a sus enemigos. La Corona de Aragón tuvo que hacer frente a los ataques angevinos en Sicilia y a los franceses desde los Pirineos y desde Navarra. La colaboración castellana con Francia habría sido ruinosa para la monarquía; Pedro el Grande la evitó mediante un fortalecimiento de sus acuerdos con Sancho IV de Castilla.

Consecuencias internas de la conquista de Sicilia

Para sostener la guerra en el frente siciliano y en las fronteras con Francia y sus aliados, la monarquía necesitaba la ayuda económica y militar de los súbditos que ahora disponían de un magnífico pretexto para negar su colaboración a un rey que, teóricamente, había dejado de serlo desde el momento en que se hallaba excomulgado.

Aragoneses y catalanes podían exigir ahora el reconocimiento de sus privilegios y derechos y así lo hicieron aunque por distintos caminos: los primeros mediante la amenaza de una sublevación y los segundos prestando su apoyo al monarca. Pedro el Grande, que se había mostrado intransigente con la nobleza en 1275 y la había vencido militarmente en 1277-1280, tuvo que ceder ante la gravedad de la situación, aceptar las exigencias de los nobles aragoneses y comprar o premiar los servicios que esperaba recibir de nobles, eclesiásticos y ciudadanos de Cataluña y de Valencia.

LOS PRIVILEGIOS DE LA UNION

Las reclamaciones aragonesas, acalladas por las derrotas sufridas, resurgen de nuevo ante la difícil situación del rey. Éste, después de una larga y tenaz resistencia, se verá obligado a conceder cuanto solicitan o exigen las Cortes de Aragón, dirigidas y controladas por la nobleza.

Entre los componentes de la armada dirigida contra Túnez y llevada por el rey a Sicilia no todos estaban de acuerdo con esta desviación. Por dominar la isla —lo que no era seguro— el monarca exponía sus dominios a un peligro cierto al enfrentarse al poder espiritual y temporal de la Iglesia, a los angevinos y a la casa de Francia, contra los cuales sólo podría contar con la hipotética adhesión de los sicilianos (del mismo modo que se habían sublevado contra Carlos podrían traicionar a Pedro), con la ayuda problemática e insignificante de los gibelinos italianos y con la más que dudosa colaboración de Sancho IV quien, enemistado con Alfonso X, poco o nada podría aportar en caso de guerra. Por otra parte, en asunto de tanta gravedad debería contar con la aprobación explícita de los reinos.

Pedro el Grande hizo caso omiso da los consejos, ocupó Sicilia y se cumplieron los temores de quienes se habían opuesto a la campaña. A los ojos de los aragoneses una vez más el monarca se inclinaba hacia los intereses mediterráneos y les hacía sufrir a ellos, completamente ajenos a esta política, las consecuencias; por el reino de Sicilia, Pedro exponía a los aragoneses a una guerra en su propio territorio y ni siquiera confiaba en los aragoneses ni consultaba a los ricoshombres y caballeros para orientar la defensa. Al descontento de la alta nobleza por la postergación en que se hallaban, se unió el malestar de la población a la que preocupaba la guerra en sí y los nuevos impuestos que debería pagar; ante tales hechos fue relativamente fácil lograr un acuerdo entre los aragoneses reunidos en las Cortes de Tarazona a comienzos de septiembre de 1282.

Bajo la dirección de los nobles, las Cortes pidieron, sin éxito, que el rey consultara con ellas los asuntos relativos a la guerra siciliana y francesa y solicitaron la confirmación de los fueros y libertades aragonesas. Suspendidas de derecho las libertades por la negativa del rey a confirmarlas, los aragoneses decidieron mantenerlas de hecho mediante la creación de una hermandad, la Unión aragonesa, cuyos miembros se prometieron ayuda mutua en el caso de que el rey actuara contra alguno de ellos en forma ilegal (sin respetar los fueros) y se comprometieron —si se diera la circunstancia mencionada— a negar obediencia a Pedro y a elegir como rey al infante Alfonso. Si éste no aceptara las condiciones fijadas, los miembros de la Unión se considerarían desligados de sus obligaciones hacia la dinastía y podrían elegir rey a quien quisieran, es decir, a Carlos de Valois.

Ante esta amenaza fácilmente convertible en realidad y que significaba en el plano político la ruptura de la unión catalanoaragonesa y ponía en peligro la supervivencia de la propia dinastía, Pedro se declaró dispuesto a confirmar los fueros aragoneses y a reparar los agravios, cosa que hizo en las Cortes de Zaragoza durante el mes de octubre de 1282 al mismo tiempo que otorgaba el privilegio general de la Unión. El monarca confirmó los fueros, donaciones y cambios hechos por sus antecesores en los reinos de Aragón y de Valencia así como en Teruel y Ribagorza; confió al Justicia de Aragón, aconsejado por los ricoshombres, mesnaderos, caballeros, infanzones y representantes de las ciudades, los pleitos que llegasen a la Corte; se obligó a consultar a las Cortes en las guerras y en los asuntos de interés general; y renunció al monopolio de la sal en Aragón y al cobro de la quinta o impuesto sobre el ganado.

Junto a estos privilegios aparentemente de carácter general y de hecho favorables a la nobleza (a ella afectaban las donaciones confirmadas, los fueros y la supresión del monopolio de la sal con la devolución de las salinas a los antiguos propietarios), el rey concedió otros estrictamente nobiliarios y algunos de marcado carácter nacionalista aragonés; entre los primeros figura el compromiso de no proceder al nombramiento de jueces en las villas de la nobleza y de la Iglesia, de devolver a los nobles las ciudades y villas que «solían ser honor de los ricos hombres»; de mantenerlos en el estado de preeminencia que les correspondía y de no actuar contra ellos sin consentimiento del Justicia, al que asesorarían ricoshombres, caballeros y mesnaderos.

Entre las concesiones de carácter nacionalista, el monarca reconoció las diferencias entre Aragón y Cataluña al comprometerse a solucionar en Aragón los pleitos aragoneses y a no nombrar jueces a los extranjeros, y al aceptar que los aragoneses residentes en Valencia pudieran acogerse al fuero aragonés. La aceptación de las exigencias nobiliarias no desarmó a los unionistas, que reforzaron su hermandad para exigir el cumplimiento de las promesas y obtuvieron, en 1285, el nombramiento de Justicias en Valencia y en Ribagorza, con lo que ambas regiones, separadas de Aragón por Jaime I, se integraban de nuevo —jurídicamente al menos— en el reino.

Los aragoneses no se limitaron a exigir la confirmación de sus privilegios y a obligar al rey a someterse a la autoridad del Justicia sino que reclamaron la extensión de su derecho al reino de Valencia y al condado de Ribagorza, cuya posesión les disputaba Cataluña; no sólo discutieron y reglamentaron las relaciones entre el monarca y los aragoneses sino que intentaron recuperar la hegemonía perdida dentro del conjunto de los estados de la Corona. Solamente cuando Pedro el Grande aceptó todas las condiciones (abril de 1285) accedieron los unionistas a colaborar militarmente con el rey en la defensa del territorio.

LAS CORTES CATALANAS

El carácter aristocrático de los privilegios arrancados por los aragoneses al monarca es evidente y no necesita mayores comentarios. En Cataluña la situación es aparentemente distinta: la nobleza no es la única fuerza militar y económica existente y algunos de los privilegios concedidos en 1283 pueden ser considerados de interés general. Por ello se ha hecho partir de estas Cortes el origen del constitucionalismo catalán y se ha afirmado que Pedro el Grande «puso las bases de nuestro constitucionalismo representativo y de la intervención considerable de las Cortes en la vida del Estado», lo que no impide a Soldevila reconocer que la actitud del monarca le fue impuesta por la difícil situación militar en que se hallaba.

Las Cortes fueron sin duda convocadas por el rey para obtener ayuda económica y militar, es decir, con una finalidad similar a la que había llevado a sus antecesores a convocar las asambleas de paz y tregua. Pero ya desde la exposición de motivos puede apreciarse que esta asamblea no se reducirá a aprobar las constituciones, que no fueron sino una parte mínima de lo aprobado en las Cortes en las que se dio preferencia a las peticiones de los súbditos al monarca.

Entre las primeras figura la aprobación de las libertades, usos, costumbres y privilegios tenidos desde época de Jaime I, derechos que no necesitarían ser probados mediante documentos escritos sino que serían confirmados por «sola la declaración de testigos». Ello equivalía a negar la política autoritaria del monarca y a dar implícitamente la razón al vizconde de Cardona, que algunos años antes se había negado a devolver un castillo al rey aunque no poseyera documentos que acreditasen su naturaleza patrimonial. De hecho el monarca reconocía la superioridad de la costumbre (derecho tradicional) sobre la ley (derecho escrito) y renunciaba a continuar la política de fortalecimiento del poder monárquico y a la recuperación de los bienes usurpados a la Corona.

Examinado literalmente el texto, puede afirmarse que las concesiones hechas por el rey fueron de carácter general; las peticiones fueron presentadas por eclesiásticos, nobles y ciudadanos y tenían como objetivo el bien general de Cataluña, pero la mayoría de las concesiones reforzaban la autoridad de los señores feudales sobre los vasallos y la independencia de aquellos respecto al monarca. La política autoritaria del rey queda anulada al restituir la jurisdicción civil y criminal a todos cuantos antiguamente la habían tenido en sus dominios y al prohibir a los oficiales del rey la entrada en las ciudades, villas, castillos y lugares de Cataluña que no fueran de realengo, excepto en los casos y en las condiciones en que hubieran acostumbrado entrar en tiempos de Jaime I y de sus antecesores.

La dependencia de los vasallos respecto a su señor y su inmunidad ante los oficiales del rey aparecen reconocidas en otro de los acuerdos de 1283, según el cual ningún vasallo podría ser detenido por deudas en los lugares de realengo a no ser que el señor, requerido por tres veces, se negara a hacer justicia en sus hombres. La autoridad señorial no se limita a los vasallos directos sino que tiene también un carácter territorial: quienes poseen tierras dentro de los términos de un castillo, aunque sean libres, están obligados a contribuir en las tallas impuestas por el castellano, tanto si el castillo es del rey como si pertenece a un particular; el veguer o representante del rey no tiene autoridad para intervenir en las riñas que se produzcan dentro del territorio o de los términos de los castillos...

La confirmación de las constituciones aprobadas en 1202 por Pedro el Católico reforzó la autoridad de los señores sobre los campesinos; en aquella fecha el monarca reconoció a los señores el derecho de maltratar a sus rústicos y de ocupar sus bienes sin que por ello tuvieran que responder ante el rey, salvo en los casos en que estos siervos hubieran sido cedidos en feudo a los nobles por el monarca o por personas eclesiásticas. Para evitar la competencia entre señores y la atracción de los campesinos de unos por otros, en 1202 se prohibió a todos recibir bajo su protección al hombre de otro señor sin la autorización de éste.

Esta licencia para que sus hombres abandonaran la tierra podía ser gratuita, pero en la Cataluña Vieja (la situada al norte del Llobregat) era costumbre, es decir ley, que los campesinos no podían abandonar las tierras del señor sin antes pagar a éste una cantidad en concepto de redención. En 1283 se dispuso que los campesinos de los lugares donde acostumbraban redimirse no podían establecerse en villas de realengo sin pagar la remensa; ni siquiera en este caso se les permitía conservar las tierras que cultivaban: tendrían que venderlas a quienes aceptaran cumplir las obligaciones que el campesino tenía para con su señor o cederlas a éste junto con los documentos que acreditaban sus derechos. Iguales condiciones por lo que respecta las tierras regirían para quienes no estuvieran obligados a redimirse. Las normas tendrían fuerza retroactiva: los campesinos que se hubieran acogido a lugares de realengo en fechas anteriores estarían obligados a redimirse y a vender sus bienes.

Las relaciones entre nobles continúan rigiéndose por los Usatges, es decir, por el derecho tradicional en el que se fijan las obligaciones de los vasallos militares respecto a su señor y de todos respecto al rey. Todos los pleitos que se produjeran entre el rey y los barones o caballeros de Cataluña serían juzgados por los pares de los litigantes, barones scilicet per barones, quienes podrían designar asesores no sospechosos.

Otros privilegios aludían a los eclesiásticos y a los ciudadanos. A los primeros el rey les prometió de modo especial conservar y hacer respetar las libertades e inmunidades de iglesias, personas eclesiásticas, lugares religiosos y hombres que dependieran de ellos y revocó cuantas disposiciones en contrario hubiesen sido aprobadas. A los ciudadanos les concedió el derecho de tener pahers, jurados y cónsules de la forma y en las condiciones en que los habían tenido en tiempo de Jaime I.

Las concesiones de carácter general son de tres tipos: económicas, judiciales y políticas. Entre las primeras figura la promesa de no cobrar el bovaje sino en los lugares que habían acostumbrado pagarlo en épocas anteriores, pero mientras los nobles, eclesiásticos y ciudadanos no necesitaban presentar escritos para mantener sus derechos, el monarca estaría obligado a probar los suyos mediante documentos, libros o escrituras. El impuesto de la sal fue suprimido, así como los peajes y portazgos creados en los últimos veinte años...

Los privilegios judiciales en sentido amplio tendían a garantizar la imparcialidad de la justicia: el rey se comprometía a no vender los cargos de la curia, bailía y veguería, aceptaba la obligación de los oficiales del rey de rendir cuentas al final de su mandato y disponía que ni él ni sus oficiales podrían proceder contra nadie sino a instancia de parte.

Las cláusulas más importantes o al menos las más divulgadas son las que organizan el sistema de gobierno de los catalanes: el rey se obliga a reunir una vez al año Cortes generales de los catalanes dentro de Cataluña. En ellas el rey juntamente con los dirigentes de la sociedad (prelados, religiosos, barones, caballeros, ciudadanos y hombres de las villas) tratan del buen estado y reforma de la tierra. Él rey por sí solo no podría promulgar nuevas ordenanzas ni leves de carácter general, para lo que necesitaría la aprobación de los prelados, barones..., cláusulas en las que se basa el pactismo político catalán y que coinciden con las peticiones de los unionistas de Aragón. Al igual que en Aragón el rey se comprometió a resolver en Cataluña los pleitos catalanes y a utilizar, tanto en sus cartas como en los sellos, el título de conde de Barcelona, es decir, a individualizar suficientemente y a reconocer la personalidad catalana.

LOS PRIVILEGIOS CIUDADANOS

En las Cortes de 1283 se aprobaron algunos artículos que sin referirse de modo explícito a los ciudadanos les afectaban directamente, como los relativos a la libertad de movimiento, a la seguridad del mercado, a la participación de todos los estamentos en la elaboración de las leyes... Sobre todo, el monarca aceptó que hubiera «pahers, jurados y cónsules en las ciudades, villas y demás lugares de realengo en las que antiguamente era costumbre que los hubiera, y estén, permanezcan y disfruten de tal situación como disfrutaban en tiempo del rey Jaime...» Ésta es la primera disposición oficial de carácter público y de aplicación general en la que se menciona y reconoce un régimen propio de las ciudades y villas otorgándole una expresa consideración legal, una existencia constitucional.

Durante la celebración de dichas Cortes, Barcelona —y las demás ciudades— pidió al rey que confirmara los privilegios de la ciudad y que concediera otros nuevos que aparecen reunidos en el privilegio conocido con el nombre de Recognoverunt proceres, otorgado el 11 de enero de 1284. En él se confirmaron o completaron las normas referentes a la organizador municipal, a la protección del comercio, al avituallamiento de la ciudad... se suprimieron los peajes recientemente puestos, se reafirmó la libertad de navegación por todo el territorio de Cataluña a las naves de Barcelona y se extendió a cualquier otro reino, excepto a las tierras con las que el rey se hallara en guerra...

El papel del veguer (representante del monarca en la ciudad) disminuyó considerablemente: se le prohibió embargar las caballerías que se destinaran al uso personal así como las armas, vestidos, cama... De hecho quedó a disposición de los consellers, cuyos bandos y ordenanzas tendría que apoyar incondicionalmente. Al ser nombrado un nuevo veguer sería obligatorio, para que tomase posesión efectiva del cargo, que jurase ante los prohombres de Barcelona seguir su consejo y mantener los derechos y costumbres de la ciudad.

Las ciudades y los mercaderes catalanes fueron los grandes beneficiados de la ocupación de Sicilia y de las alianzas políticas que derivaron de la conquista. Alfonso X y Sancho IV de Castilla rivalizaron en concesiones a los mercaderes para atraerse la buena voluntad de Pedro el Grande. El primero extendió a los mercaderes catalanes de Sevilla las concesiones hechas por Fernando III a los genoveses y autorizó a sacar productos del reino siempre que llevaran a él cereales (1282). Sancho IV confirmó ambos privilegios en el mismo año y concedió a los mercaderes las casas que habían sido de Ramón Bonifaz y unas tiendas en el barrio de los francos.

Más directamente relacionados con la victoria catalanoaragonesa en Sicilia se hallan los privilegios otorgados a los mercaderes en Túnez, en el imperio bizantino y en el reino de Chipre. Con el sultán de Túnez se firmó un tratado en 1285 por el que se garantizaba la libertad de comercio de los catalanes y sicilianos en sus dominios. Tanto el rey de Jerusalén-Chipre como el emperador bizantino (ambos amenazados por la política de Carlos de Anjou) concedieron privilegios a los mercaderes catalanes en 1290 y 1291.

El aumento del comercio llevó consigo un fortalecimiento de la institución de los consulados catalanes en el extranjero y el afianzamiento de la agrupación de mercaderes en cada una de las ciudades importantes, agrupación que recibirá el nombre de Consulado de Mar. La existencia de representantes de los mercaderes, y por tanto de esta corporación, es visible ya en las Ordenanzas de la Ribera de Barcelona de 1258, redactadas con el asesoramiento de los prohombres de la Ribera. Lo que en esta fecha aparece como algo indefinido figura claramente delimitado en 1279 cuando Pedro el Grande autorizó a los «mercaderes de Barcelona que ejercen o puedan ejercer dicho oficio en el futuro» a que eligieran dos mercaderes como representantes y encargados de administrar «y hacer todas las cosas que parecieran necesarias a la utilidad de todos y cada uno de los mercaderes». El gremio mercantil era así reconocido y legitimados sus representantes.

Por estos años comenzarían a redactarse las ordenanzas conocidas con el nombre de Libro del Consulado de Mar que serían organizadas definitivamente a fines del siglo XIV. El tribunal del Consulado fue instituido por primera vez en Valencia, en 1283, hecho que sin duda hay que relacionar con la colaboración de los valencianos en la defensa de Sicilia. Pedro el Ceremonioso y sus sucesores extenderían el modelo valenciano a Mallorca (1343), Barcelona (1348), Tortosa (1363), Gerona (1385), Perpiñán (1433) y Sant Feliu de Guíxols (1443).

La sucesión de Pedro el Grande

Pacificado el interior del reino después de las concesiones hechas a aragoneses y catalanes, Pedro pudo organizar la defensa del territorio y pasar a la ofensiva en el mar, donde el siciliano Roger de Lauria obtuvo una importante victoria en aguas napolitanas sobre Carlos de Salerno, hijo de Carlos de Anjou, que fue hecho prisionero. Las tentativas de Carlos para recuperar las tierras perdidas fracasaron y el rey murió a comienzos de 1285.

Si en el mar la victoria correspondió a los catalanes, por tierra los ejércitos franceses amenazaban Gerona, el valle de Aran y el reino de Aragón. La esperada ayuda castellana no se hacía efectiva. Gerona se rindió a las tropas de Felipe III, pero el ejército francés no pudo hallar bases sólidas, los auxilios y avituallamientos llegados por mar fueron destruidos por la flota catalana y el ejército cruzado se retiró en 1285 de Cataluña después de haber sido derrotado en Panissars. Sólo el valle de Aran permaneció en manos de los franceses.

Pedro el Grande se dispuso a sacar el mayor partido posible de la victoria lograda y a castigar las traiciones de Jaime de Mallorca y de Sancho IV de Castilla; mientras organizaba la expedición contra los dominios del primero, Pedro murió y sería su hijo Alfonso el Franco o el Liberal (1285-1291) quien dirigiera con éxito la campaña contra las Baleares.

Aunque el único testamento del rey es anterior a la ocupación de Sicilia y no se hace en él, lógicamente, ninguna referencia a la isla, la actuación del monarca y los precedentes ya examinados nos autorizan a creer que en ningún momento pensó el monarca aragonés en unir estos dominios a la Corona de Aragón. El nuevo reino fue gobernado por la reina Constanza y por su segundo hijo, Jaime, al que posiblemente se había concedido el reino para evitar los recelos sicilianos. De hecho, el que más adelante sería Jaime II de Aragón obtuvo en 1285 la renuncia a su favor del reino siciliano por Carlos de Salerno. Alfonso el Franco respetó escrupulosamente esta decisión que coincidía con sus propios designios, como veremos más adelante.

La falta de ayuda de Sancho IV de Castilla fue vengada mediante la liberación y proclamación como rey castellano del infante Alfonso de la Cerda, seguida de algunos ataques a dominios castellanos, y mediante la firma de tratados de amistad con los benimerines que amenazaban al reino de Castilla. El temor a una invasión de Cataluña por el destronado rey de Mallorca puso fin a las operaciones bélicas entre castellanos y aragoneses. El único resultado de estas campañas fue la cesión teórica por Alfonso de la Cerda del reino de Murcia al monarca aragonés.

En el interior de sus dominios, Alfonso el Franco tuvo que transigir con las nuevas peticiones de la Unión aragonesa para salvar su política exterior. Los unionistas, para mejor controlar al rey, reclamaron el derecho a nombrar a los oficiales de la casa real y llegaron a designar como consejeros del monarca a cuatro ricoshombres, cuatro caballeros, cuatro mesnaderos aragoneses, dos caballeros del reino de Valencia y nueve representantes de las ciudades. Para garantizar la vigencia del fuero aragonés en Valencia llegaron a invadir militarmente las tierras limítrofes y, finalmente, obtuvieron del monarca la aprobación de los Privilegios de la Unión no sin que antes el rey recordara a los confederados que actuaban como en los tiempos antiguos cuando «había en el reino tantos reyes como ricos hombres», según Zurita.

Los Privilegios de la Unión contenían algunas de las concesiones arrancadas a Pedro el Grande. Consistían en esencia en el reconocimiento por parte del rey de su incapacidad legal para condenar a muerte, mutilación o prisión a los unionistas sin sentencia previa del Justicia asesorado por la mayor parte de las Cortes; en la obligación de convocar Cortes anualmente en Zaragoza y en la aceptación por el monarca de que en dichas Cortes fueran nombradas por los procuradores las personas que formarían el Consejo del rey para los asuntos relativos a Aragón, Valencia y Ribagorza.

Alfonso se comprometió a entregar como garantía del cumplimiento del Privilegio dieciséis castillos antes de un mes y hasta tanto que las fortalezas fueran entregadas a los unionistas, éstos recibirían como rehenes a Carlos de Salerno (el prisionero rey de Sicilia), al infante Pedro y a seis ricoshombres (tres catalanes y tres aragoneses). El incumplimiento de estos acuerdos autorizaba a los unionistas a elegir otro rey.

Aunque Alfonso el Liberal renunció desde los primeros momentos de su reinado a Sicilia y concentró sus fuerzas en la defensa del territorio peninsular y en la conquista de los dominios mallorquines, no por ello se desentendió de los problemas sicilianos; en todas las negociaciones emprendidas para poner fin a la guerra con Francia y reconciliarse con el pontífice procuró dejar a salvo los derechos de Jaime como rey de Sicilia. El intermediario entre Felipe IV (Felipe III murió en 1285) y Alfonso el Liberal fue el monarca inglés Eduardo I.

Las reuniones celebradas en París (1286) fracasaron ante la negativa del monarca aragonés a incluir en la paz al rey de Mallorca y a devolverle sus estados. Por lo que se refiere a Sicilia, los embajadores aragoneses llevaban instrucciones concretas de no permitir que se cediese la mínima parte de las tierras insulares, aunque se podría negociar sobre las zonas de Calabria ocupadas durante la guerra.

Imposibilitado de llegar a un acuerdo con Francia y con el pontífice, Alfonso el Liberal buscó la conciliación con Carlos de Salerno, su prisionero. Por el tratado de Olorón (1287) concedió la libertad a Carlos, previa entrega de una fuerte indemnización y de numerosos rehenes como garantía de que no combatiría al rey de Sicilia y de que intentaría por todos los medios conseguir de Roma el reconocimiento de Jaime y del monarca francés la renuncia a intervenir en las tierras de la Corona de Aragón.

Pese a este tratado no se llegó a un acuerdo definitivo y tras diversas entrevistas y negociaciones en Jaca, Canfranc y Perpiñán se llegó a la firma del tratado de Tarascón (1291) por el que Alfonso aceptaba ir a Roma para obtener el perdón del pontífice, solicitar que levantara la excomunión v el entredicho que pesaba sobre sus reinos y que retirara la concesión de los dominios catalanoaragoneses hecha por Martín IV a Carlos de Valois.

A cambio, se comprometía a organizar una cruzada y a no ayudar a Jaime de Sicilia. Nicolás IV se negó una vez más a aceptar cualquier arreglo que no incluyera al destronado Jaime de Mallorca y las negociaciones fueron interrumpidas. Poco después moría Alfonso, (17 de junio de 1291).

En su testamento, Alfonso el Liberal dejaba como heredero de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca a Jaime de Sicilia, quien, a su vez, debería renunciar al dominio de la isla en favor del tercer hermano, Federico. Jaime aceptó la sucesión en los estados de la Corona, pero no renunció a Sicilia. A causa de ello se vio obligado a modificar la orientación política de Alfonso el Liberal y a volver a las directrices de la época de Pedro el Grande, es decir, a la alianza con Castilla para hacer frente a la amenaza francesa.

Este cambio de orientación política se comprende si se tiene en cuenta la actuación de Jaime durante los años en que actuó como rey de Sicilia. La defensa de la isla sólo era posible con la colaboración de la marina catalana y la división de los reinos equivalía a quedar a merced de los angevinos y del pontificado; mientras exista la posibilidad de tener el apoyo castellano, Jaime II persistirá en su actitud y para ello desarrollará una intensa actividad diplomática.

Nombrado rey de Aragón, la paz con Castilla fue completada con un tratado comercial con Génova (1292) para evitar la alianza entre genoveses y angevinos y garantizar la tranquilidad en el Mediterráneo. Pero los planes político-económicos de Jaime II iban más allá del Mediterráneo occidental; como rey de Sicilia pretendió renovar las antiguas alianzas entre el emperador alemán Federico II y el sultán de Egipto, al que dirigió una embajada en 1292, en su nombre y en el de los reyes de Castilla y Portugal, proponiéndole una alianza y solicitando ayuda económica para las guerras que se avecinaban.

Uno de los apoyos que en todo momento podían tener los unionistas aragoneses y que, sin duda, utilizaron —al menos como amenaza contra los monarcas— era la posibilidad de ofrecer sus servicios a los castellanos; tras la alianza de Jaime II y Sancho IV los nobles de la Unión fueron fácilmente sometidos; Jaime II fue coronado en Zaragoza sin oposición y se atrajo a los catalanes al reservarles los cargos de oficiales y jueces en Mallorca.

El Tratado de Anagni

Rey aragonés desde 1291, Jaime II dirigió sus esfuerzos a conservar el dominio de Sicilia frente al pontificado, contra Francia y contra los angevinos expulsados de la isla por Pedro el Grande; para ello necesitaba el apoyo de Castilla. La actitud equívoca del castellano impidió la realización de los planes de Jaime II. Sancho IV, enemistado con Francia por la ayuda prestada a los infantes de la Cerda, necesitaba al mismo tiempo el valimiento de Felipe IV ante el pontífice —sometido a la influencia francesa— para lograr la legitimación de su matrimonio con María de Molina.

La amistad de Aragón era útil para anular a los partidarios de los infantes y para prevenir los ataques de los benimerines. Pero mientras Sancho IV no lograra la legitimación de su matrimonio, sus enemigos tendrían un argumento importante para atacar a la monarquía castellana, al ser ilegítima la descendencia del matrimonio. Enfrentado a estas dificultades Sancho IV optó en última instancia por reconciliarse con el monarca francés y abandonó a su suerte a Jaime II.

Este cambio de situación hizo buscar al aragonés una solución que le permitiera controlar, al menos comercialmente, Sicilia y poner fin al mismo tiempo a la guerra que se prolongaba desde 1282 en dos frentes: en Sicilia y en el norte de Cataluña, donde Felipe IV dominaba el valle de Aran. La solución fue hallada en Anagni (1295): Jaime renunciaba a la isla (en la que se hallaba sólidamente asentado su hermano Federico, proclamado rey por los sicilianos), obtenía del Papa los derechos sobre Córcega y Cerdeña y se reconciliaba con Francia y con los angevinos. A cambio renunciaba a la anexión de Mallorca efectuada por Alfonso el Franco en 1286 y la devolvía a Jaime II de Mallorca.

La solución de Anagni puede considerarse políticamente negativa: renuncia a Mallorca y Sicilia —compensada en parte con el inicio de negociaciones para recuperar el valle de Aran—. Pero comercialmente los acuerdos fueron beneficiosos para la Corona de Aragón. Las islas abandonadas permanecían en poder de miembros de la dinastía catalana con los que se mantendrían relaciones amistosas; la posibilidad de incorporar Cerdeña y Córcega a pus dominios, aseguraba a Jaime II un mejor control del Mediterráneo occidental, aunque esto exigiera el enfrentamiento con Pisa y Génova dueñas de las islas y árbitros del comercio en la zona. En el plano político internacional, la monarquía aragonesa, defensora y dirigente desde 1282 de los gibelinos italianos, se transformaba en partidaria del pontífice y en directora de los güelfos.

La muerte en este mismo año (1295) de Sancho IV dio a Jaime II la posibilidad de intervenir en Castilla, gobernada por la viuda del monarca, María de Molina. La ilegitimidad del matrimonio de Sancho IV y María, la existencia de una fuerte oposición nobiliaria castellana a la regente y la presencia en Aragón de los infantes de la Cerda facilitaron la intervención, cuya finalidad era ocupar la franja mediterránea de Castilla. Para conseguirlo, Jaime II firmó un acuerdo con el pretendiente Alfonso de la Cerda y con el infante castellano Juan: el primero recibiría Castilla, Toledo y Andalucía: el segundo León. Galicia y Asturias; el monarca aragonés se reservaba el reino de Murcia. La coalición contaba además con los musulmanes de Granada, con el rey Dionís de Portugal y con el francés Felipe IV, rey de Navarra, todos los cuales tenían problemas fronterizos con Castilla.

En estas campañas, los únicos éxitos militares correspondieron al monarca aragonés que, pese a todo, no pudo anexionar el reino murciano. En 1301 fueron legitimados los hijos de María de Molina, con lo que Alfonso de la Cerda perdía su condición de pretendiente a la Corona de Castilla y Jaime II el pretexto invocado para su intervención. Por otra parte, la campaña murciana estuvo apoyada por los catalanes, interesados en la ampliación de su zona comercial, pero contó con la animosidad de los nobles aragoneses más interesados en ocupar las zonas de pastos del valle del alto Duero y en recuperar su influencia en el reino valenciano.

La amenaza de sublevación de los unionistas y el afianzamiento del poder de María de Molina, que logró apartar de la coalición a los monarcas de Portugal y Navarra, a los musulmanes y al infante Juan, aconsejaron al rey entablar negociaciones con Castilla y renunciar a sus conquistas excepto a Orihuela, Alicante y las poblaciones situadas a la izquierda del Segura, entre las que se contaban Elda, Novelda y Elche.

Durante la guerra con Castilla, Jaime II mantuvo amistosas relaciones con el Papa Bonifacio VIII, del que recibió en 1297 la investidura de Córcega y Cerdeña y el nombramiento de capitán general y almirante de la Santa Sede, títulos y cargos que le obligaron a luchar contra los enemigos del pontífice y en primer término contra Federico de Sicilia, hostil a los acuerdos de Anagni y proclamado rey por los sicilianos. En cumplimiento de sus obligaciones Jaime II atacó por dos veces Sicilia aunque en ningún momento pretendió ocupar la isla; ésta continuó en poder de Federico apoyado por las compañías de almogávares catalanoaragoneses que se mantuvieron en Sicilia hasta la firma del tratado de Caltabellota (1302) por el que se concedía a Federico la posesión del reino mientras viviera, a condición de que a su muerte pasara de nuevo a los angevinos.

Este acuerdo no fue respetado y, en definitiva, Sicilia continuaría en manos de la dinastía catalana. Los almogávares abandonaron el reino después de Caltabellota. Parte entró al servicio de las ciudades y príncipes italianos e indirectamente actuaron como agentes del monarca aragonés en la península, mientras el grupo más numeroso pasó a defender el imperio bizantino contra los turcos. Estos almogávares no tardarían en actuar por cuenta propia y crearían los ducados de Atenas y Neopatria (1311), que pusieron bajo la soberanía de los reyes sicilianos.

Prosecución de la política mediterránea

Obligado a abandonar Murcia, Jaime II no renunció a su política mediterráneo-peninsular, aunque sí varió de sistema. La guerra con Castilla le había permitido añadir algunas poblaciones a sus dominios; la alianza establecida en 1308 (tratado de Alcalá de Henares) le obligaba a unir sus ejércitos a los castellanos contra Granada a cambio de lo cual recibiría el reino de Almería, es decir, una zona mediterránea orientada hacia el norte de África, donde Jaime II desarrolló una intensa actividad diplomática encaminada a mantener y ampliar los privilegios comerciales de sus mercaderes. La guerra granadina resultó infructuosa —excepto en la ocupación de Gibraltar por Castilla con el apoyo de la flota aragonesa— a causa de las discordias entre la nobleza castellana que obligaron a levantar el cerco de Almería.

Recobrado el reino de los cuantiosos gastos ocasionados por la actividad política de Jaime II, pudo éste llevar a efecto la ocupación militar de Cerdeña (1323-1324), con la que ponía fin al dominio comercial de Pisa, basado en gran parte en la posesión de la isla, y se enfrentaba directamente con Génova por el control del comercio en el Mediterráneo occidental.

El control de Cerdeña ofrecía múltiples ventajas; por una parte su dominio aseguraba el avituallamiento en granos de Cataluña, en especial de la ciudad de Barcelona, cuyo crecimiento hacía imposible el abastecimiento desde las comarcas próximas. El trigo aragonés llegaba a Barcelona con retraso y en malas condiciones y fue rápidamente sustituido por el sardo. Las minas de plata de Cerdeña y las salinas de Cagliari servirían para fortalecer a la monarquía, que se reservó su explotación en régimen de monopolio.

La posesión de Cerdeña, teniendo en cuenta las amistosas relaciones de la monarquía aragonesa con los reyes de Sicilia y de Mallorca, aseguraba a Cataluña el control del Mediterráneo occidental, permitía defender la ruta comercial que unía Cataluña con el norte de África. La isla se convertía en un puerto útil para las naves catalanas que se dirigían a Egipto, Siria y Bizancio y, al mismo tiempo, se convertía en mercado importante para los productos de la artesanía catalana y para los artículos de toda índole y procedencia comercializados por los mercaderes catalanes.

En principio, las campañas de Jaime II contra Cerdeña fueron apoyadas por Génova, que veía en ellas la posibilidad de acabar con el poderío económico de Pisa; pero a medida que la conquista fue consolidándose y los catalanes sustituyeron a los písanos, los genoveses vieron el peligro que suponía para su comercio la presencia catalana e iniciaron la guerra contra Aragón favoreciendo las sublevaciones de la nobleza sarda y atacando a las naves catalanas en el Mediterráneo. En adelante, la rivalidad catalano-genovesa será decisiva en la historia del Mediterráneo occidental.

Las relaciones con el norte de África

La conquista de Sicilia y Cerdeña y la creación de los ducados de Atenas y Neopatria han sido los puntos más estudiados dentro del tema de la expansión mediterránea, pero igual o mayor importancia tuvo la creación de zonas de influencia político-comercial y de protectorados en el norte de África.

El dominio de Sicilia en 1282 tuvo como consecuencia un incremento de la influencia de la Corona de Aragón en Túnez, influencia que se puso de manifiesto en la firma de un tratado (1285) entre Pedro el Grande y el sultán tunecino y que fue precedido de la conquista por Roger de Lauria, a título personal, de las islas de Djerba y Kerkennah. El sultán reconocía a Pedro como rey de Sicilia y le hacía entrega del tributo pagado tradicionalmente a los reyes de Sicilia; al mismo tiempo reconocía la autoridad del monarca sobre las milicias cristianas que operaban en Túnez, autorizaba la existencia de iglesias y concedía a los catalanes importantes privilegios comerciales.

La separación de los dominios sicilianos y catalanes durante el reinado de Alfonso el Liberal supuso una disminución de la influencia catalana en Túnez, pérdida que Alfonso intentó compensar mediante diversos sistemas que pueden reducirse a dos: negociaciones con el sultán y acuerdos con sus posibles enemigos o con los rebeldes a la autoridad del tunecino, siempre que aceptasen reconocer los derechos del monarca y de los súbditos de la Corona de Aragón.

Durante su reinado sobre Sicilia y sobre los Estados de la Corona, Jaime II exigió el pago del tributo siciliano, el reconocimiento de la autoridad del alcaide de las milicias catalanas sobre todos los soldados cristianos del sultanato, la concesión de un préstamo y el pago al rey de Aragón de un tributo similar al entregado al monarca siciliano. El sultán aceptó las exigencias sobre los dos primeros puntos, pero dilató la aceptación de los últimos hasta el momento en que Jaime II, obligado por la situación internacional, renunció a Sicilia. En adelante, sin que por ello disminuyera excesivamente el comercio catalanoaragonés en Túnez, la política de Jaime II se orientó hacia el occidente del Mediterráneo, hacia Tremecén y Marruecos.

A pesar de este alejamiento político, motivado por la pérdida del soporte legal siciliano, la fuerza de la marina catalana era suficiente para conseguir ventajas económicas para los mercaderes catalanes, pero junto a ellos continúan negociando los italianos y adquieren importancia los mallorquines independizados después del tratado de Anagni. Mientras los sicilianos recuperaban el control sobre las milicias cristianas de Túnez, los mallorquines lograban que se les atribuyeran los ingresos pagados en las aduanas de Bujía por sus compatriotas, obtenían la creación de alhóndigas propias y de un consulado mallorquín. La rivalidad mallorquina-catalana se acentuará en los años siguientes al extenderse la actividad comercial mallorquina a todo el reino de Túnez.

El comercio de esta zona experimentó graves dificultades a comienzos del siglo XIV debido al incremento de la piratería al quedar sin trabajo gran número de marinos contratados por Federico de Sicilia o por Carlos de Anjou y despedidos una vez firmada la paz de Caltabellota. Por otra parte, a partir de 1307, se observa una disminución de las querellas internas tunecinas, lo que se traduce en una mayor resistencia ante las presiones catalanoaragonesas.

Mientras se mantuvo la alianza entre Pedro el Grande y Sancho IV de Castilla, la Corona de Aragón se consideró en guerra con el sultán marroquí. Pero al inclinarse el monarca castellano hacia la amistad con Francia. Pedro se alió a los musulmanes de Marruecos y de Granada. Milicias musulmanas combatieron al lado de los catalanes para levantar el asedio de Gerona. Las buenas relaciones catalano-marroquíes se mantuvieron durante el reinado de Alfonso el Liberal.

Alfonso propuso al sultán meriní la firma de un tratado comercial y militar por el que ambos se comprometerían a respetar la libertad de comercio y a garantizar la seguridad de los súbditos y de los bienes de meriníes y catalanoaragoneses; al mismo tiempo ofrecía la colaboración de cinco galeras, armadas a expensas del soberano aragonés, siempre que las solicitara el marroquí, y pedía el envío de quinientos caballeros cuyo sueldo sería pagado por Marruecos. Ambas medidas militares estaban orientadas contra Castilla, pero Marruecos se mantuvo al margen de la guerra y se limitó a aceptar las ofertas comerciales.

La situación se modificó considerablemente al subir al trono aragonés Jaime II. La guerra entre Marruecos y Castilla se había reanudado y fue el sultán el que solicitó la firma de acuerdos militares con Jaime II, quien, necesitado del apoyo castellano, no aceptó las ofertas marroquíes y colaboró activamente en la ocupación de Tarifa por Castilla (1292).

Desde el momento en que la paz con Castilla se mostró inviable, Jaime II centró su atención sobre los puertos peninsulares de mayor interés: Alicante y Cartagena en el reino castellano y Almería y Málaga en el granadino. Aliado a los granadinos, mientras éstos atacaban Andalucía, Jaime II ocupaba el reino de Murcia y llegaba a un acuerdo con Marruecos, donde los mercaderes catalanes realizaban un próspero comercio dedicado especialmente a la importación de trigo para el avituallamiento de Barcelona y donde se creó una milicia catalanoaragonesa en los primeros años del siglo XIV.

Tras firmar la paz con Castilla y mantener bajo su autoridad las plazas de Elche, Orihuela, Alicante, Elda y Novelda, Jaime II se alió a Castilla y a Marruecos contra Granada y se hizo prometer (1308) por Castilla la entrega de Almería una vez conquistado el reino granadino. Ciertamente, la política de Jaime II respecto a Marruecos se presenta siempre como un corolario de sus relaciones con Castilla y con Granada, pero al mismo tiempo tiene su propia finalidad: establecimiento de milicias, captación del oro llevado hasta el Mediterráneo por las caravanas del desierto, intensificación de las relaciones comerciales, aspiración al control de las aduanas y al establecimiento de relaciones estables.

A partir de 1314, esta penetración pacífica en Marruecos fue sustituida por la guerra de corso y por el enfrentamiento armado ante el peligro que representaba la fuerza benimerín para la navegación en el Mediterráneo. Desde la ocupación de Cerdeña la guerra con Génova obligó a prescindir de los proyectos de intervención en Marruecos y la crisis del siglo XIV pondría fin a las ambiciones de los soberanos aragoneses sobre el Mediterráneo occidental.

La situación interior del reino

El brillo de las campañas exteriores de Jaime II y de sus súbditos ha hecho que mientras conocemos de una forma casi exhaustiva cuanto se refiere a la expansión, ignoremos prácticamente todo lo referente a la situación interior de los dominios peninsulares, por lo que habremos de recurrir a las Actas de Cortes, cuando están publicadas, y a las noticias recogidas por los cronistas, especialmente por Zurita.

Jaime II, conscientemente u obligado por las continuas guerras y necesidades de su reinado, aparece en todo momento como un monarca respetuoso de los acuerdos y convenciones firmados con los súbditos. A partir de su reinado las Cortes fueron convocadas con regularidad, pero sólo se hallan publicadas las del Principado de Cataluña y, por tanto, habremos de referirnos a ellas constantemente.

La división de los representantes en Cortes en tres estamentos que deliberan y deciden por separado aparece claramente en las Cortes de Barcelona (1300) en las que, tras haberse reunido los eclesiásticos, los miembros del brazo o estamento militar y los representantes de las ciudades (brazo real), los eclesiásticos se negaron a confirmar con su presencia los acuerdos tomados. Aunque las razones del malestar eclesiástico no se expresan, quizás pueda deducirse del texto que los prelados se ausentaron por no estar de acuerdo con que se les prohibiera ejercer como oficiales del rey porque si «faltaran en algo no podríamos castigarlos» por estar sometidos al fuero eclesiástico.

El control de los oficiales es el tema central de estas Cortes y de algunas otras; el número de tales funcionarios prolifera extraordinariamente y sus atribuciones nunca fueron bien definidas por lo que, con frecuencia, se producían abusos, en ocasiones amparados por el rey. Para evitar estas posibles extralimitaciones los oficiales habrían de someterse a una investigación previa a su nombramiento y a otra que se realizaría inmediatamente después de su cese.

El nombramiento sería anual y a principios de cada año el monarca nombraría una persona encargada de realizar esta investigación en cada veguería o bailía. Los oficiales condenados podían recurrir ante dos hombres sabios residente uno en Barcelona y el otro en Lérida. Mientras durara la investigación ningún oficial podría ejercer el cargo y quedarían automáticamente excluidos de él si la decisión de los hombres sabios les fuera desfavorables.

El cambio que significan estas medidas es de extraordinario alcance: mientras los oficiales han sido funcionarios del rey, considerado éste como un señor más, el monarca ha nombrado y destituido libremente, pero al convertirse en funcionarios del reino, su nombramiento y destitución han de estar regulados por normas dispuestas en las Cortes.

Para garantizar la imparcialidad de los funcionarios y el fiel cumplimiento de sus deberes se ordenó que los nombramientos fueran temporales, que los oficiales no pudieran comprar las rentas de los lugares en los que ejercieran su cargo, ni desempeñar más de una función dependiente del rey, ni alternar el cargo con otro que les obligara a depender de eclesiásticos ricoshombres o particulares. Tampoco podrían comprar ni adquirir por ningún medio bienes de personas que les estuvieran sometidas en razón del cargo.

En Cortes posteriores fueron reformados algunos capítulos para garantizar de modo más completo la integridad de los oficiales o para evitar los inconvenientes que la práctica había puesto de manifiesto. Así la inspección en lugar de anualmente pasó a realizarse cada dos años o al final del mandato; se amplió el plazo para realizar la investigación previa a cualquier nombramiento; se ordenó que quienes fueran hallados culpables además de perder sus cargos fueran castigados de acuerdo con la gravedad de los delitos probados; en este mismo sentido, se consideró falta grave no sólo el comprar bienes de las personas que les estuvieran sometidas sino también hacer que las comprara otro en su nombre u obtener una participación en estas ventas...

Transformadas las Cortes en órganos legislativo y de gobierno, era preciso regular su convocatoria; en 1300 se decidió que se celebraran un año en Barcelona y otro en Lérida; y en 1301, para evitar los continuos desplazamientos, se acordó que se celebraran cada tres años en el lugar designado por el rey siempre que éste lo anunciara con dos meses de antelación y justificara las razones por las que no se celebraban en Barcelona o en Lérida. Todos los convocados estaban obligados a asistir personalmente o por medio de procuradores y la ausencia no excusaría de la obligación de acatar los acuerdos que se tomaran, que tendrían carácter de ley incluso para el monarca.

En 1300 Jaime II aceptó la propuesta de nombrar un caballero, un ciudadano y un jurisperito en cada veguería para que investigaran si se habían cumplido las disposiciones de las Cortes precedentes en cuanto se referían a los caballeros y ciudadanos; en las Cortes celebradas en 1301, con asistencia de los eclesiásticos, se añadió una cuarta persona y se amplio la competencia de los «inspectores» a los agravios inferidos a los clérigos.

Otros temas que se repiten constantemente en las Cortes convocadas por Jaime II son la búsqueda de garantías contra los cambistas-banqueros, la limitación de los intereses cobrados por los prestamistas judíos, la regulación del bovaje y del impuesto de la sal, la vigencia de algunas normas feudales...

Los cambistas-banqueros antes de ejercer su oficio tendrían que ofrecer una garantía de mil marcas de plata para poner taula de canvi en Barcelona o Lérida y de trescientas para ponerla en cualquier otra ciudad de Cataluña; en caso de quiebra de estos banqueros se les prohibía ejercer de nuevo el oficio y cualquier cargo oficial y se les mantendría en prisión, a pan y agua, hasta que hubieran pagado todas sus deudas.

Las disposiciones sobre los judíos, sin perder su carácter económico (regulación de las condiciones e intereses de los préstamos), registran algunas novedades de interés: para facilitar las conversiones se eximió a los judíos de la obligación de renunciar, en el momento de bautizarse, a los bienes que hubieran adquirido por medio de la usura, acuerdo que fue adoptado en 1300 en ausencia de los eclesiásticos. Once años más tarde las Cortes declararon obligatoria la asistencia de todos los judíos y sarracenos a las sinagogas y mezquitas cuando los obispos o los dominicos y franciscanos quisieran predicarles.

La pacificación de los nobles aragoneses lograda en 1291 con la mediación de Sancho IV de Castilla se prolongó durante algunos años gracias a la habilidad política de Jaime II, que supo contemporizar con los rebeldes y atraerse al Justicia de Aragón y a una gran parte de la nobleza. Esto, unido al escrupuloso respeto de los fueros y costumbres de Aragón, permitió al reino disfrutar de un período de tranquilidad que sólo se interrumpió en 1301. Aprovechando las primeras dificultades encontradas por Jaime II en la campaña de Murcia, un grupo importante de nobles se unió para reclamar al monarca el pago de los haberes que se les adeudaban e intentó restablecer la Unión. Reunidas las Cortes en Zaragoza, la sentencia del Justicia fue favorable al monarca y los jefes de la Unión fueron desterrados por un período que osciló entre uno y cinco años.

Las diferencias evidentes entre Aragón y Cataluña se acentuaron durante el reinado de Jaime II. Ciertamente, un gran número de aragoneses participó en las campañas mediterráneas del monarca, pero la subordinación del reino al Principado no debió ser bien vista por las Cortes aragonesas y parece aceptable la suposición de Soldevila de que la elevación de Zaragoza a sede metropolitana sería el precio pagado por Jaime II por la ayuda del Justicia y de las Cortes frente a los unionistas. Esta medida significaba la ruptura de la unidad eclesiástica de los dominios de la Corona de Aragón; en adelante, Tarragona sería la metrópoli de Cataluña y Valencia, y Zaragoza, la sede metropolitana del reino de Aragón, al que se incorporó el condado de Ribagorza.

EL REINO DE CASTILLA (1284-1325)

La historia interna del reino castellano durante este período puede resumirse, a pesar de su aparente complejidad, en un esquema constantemente repetido: los reinados de Sancho IV, Fernando IV y Alfonso XI se inician con grandes dificultades provocadas en el primer caso por el enfrentamiento entre Sancho y Alfonso X y en los otros dos por la menor edad de los monarcas en el momento de iniciar el reinado.

Tanto en una como en las otras ocasiones, las dificultades de la monarquía fueron utilizadas por la nobleza para incrementar su poder (apoyando al rey para controlarlo o combatiéndolo para arrancarle concesiones) y los concejos sirvieron de eficaz contrapeso a la presión nobiliaria y permitieron subsistir a la monarquía, pero exigieron igualmente el pago de su apoyo y obtuvieron una serie de concesiones que reducían la autoridad de los monarcas.

Estabilizado el reino o desaparecidos los problemas más acuciantes, los monarcas intentan anular las concesiones hechas a las ciudades y a los nobles; en todos los casos la muerte prematura del monarca dio lugar a nuevas dificultades con las que se iniciaba una vez más el ciclo descrito. Los momentos de debilidad interna de la monarquía facilitaron la alianza de los nobles rebeldes con los enemigos del exterior: Aragón, Granada y Marruecos.

El reinado de Sancho IV

En su último testamento Alfonso X dejó como herederos de los reinos de Murcia y de Sevilla-Badajoz a los hermanos de Sancho IV, Jaime y Juan, y el resto de sus dominios a los infantes de la Cerda; pero reducido en vida al control de Sevilla y de Murcia, Alfonso X no fue obedecido después de su muerte y Sancho IV pudo coronarse rey sin grandes dificultades. La oposición nobiliaria dirigida por Juan Núñez de Lara desde sus dominios de Albarracín fue anulada por la intervención de Pedro el Grande de Aragón; las ciudades del reino aceptaron como rey a Sancho IV.

Las primeras disposiciones del monarca tendieron a restaurar el poder real debilitado por las concesiones hechas mientras necesitaba el apoyo de nobles y ciudades; en las Cortes celebradas en 1285 con asistencia de representantes de Murcia y Sevilla revocó numerosos, privilegios y en las celebradas en Palencia a los hombres de las villas de Castilla, León y Extremadura (1286) se comprometió a recuperar por todos los medios los bienes del reino cedidos por él a las órdenes militares y a los nobles; prohibió a los ricoshombres e hidalgos comprar bienes de realengo y ejercer el oficio de arrendadores o cobradores de los impuestos para evitar la injerencia y el control nobiliario de las ciudades.

El apoyo de los concejos al rey tenía como contrapartida una serie de concesiones de carácter político. Las villas no sólo querían verse libres de los nobles sino también de la intromisión de los oficiales del rey: exigieron la retirada de los «guardianes» nombrados por el monarca para administrar justicia; sólo podría nombrarlos allí donde las ciudades los solicitaran y en los demás casos actuarían como jueces las autoridades locales. Del mismo modo se procedería a confiar el cobro de los impuestos a los hombres buenos de las villas y se daría a los jueces autoridad sobre los judíos que hasta este momento tenían sus propios jueces.

Las peticiones de las Cortes no impidieron que el poder siguiera en manos del privado del rey, Lope de Haro, que se hizo conceder los títulos y cargos de mayordomo, conde y alférez con carácter hereditario y exigió, como garantía del cumplimiento de este acuerdo, la entrega de numerosos castillos. Poco después haría conceder la administración de las finanzas del reino al judío Abraham el Barchillón, con lo que se enemistó con la nobleza (desplazada de cargos y castillos) y con las ciudades (sobre las que recaía la presión financiera).

El malestar del grupo nobiliario, que llegó a amenazar con abandonar el reino, y las quejas de las ciudades decidieron a Sancho IV a prescindir de los servicios del señor de Vizcaya. El pretexto invocado fue la diferencia de criterio entre el monarca y el privado sobre la política exterior: mientras el rey se inclinaba hacia la amistad con Francia, Lope de Haro exigía la paz con Aragón para evitar que el apoyo de Felipe IV redundara en un ensalzamiento de la familia de Lara. Lope y su hermano Diego fueron asesinados por los hombres del monarca en Alfaro y su colaborador, el infante Juan, fue hecho prisionero. Los partidarios de Lope ofrecieron sus servicios al rey de Aragón y aceptaron como monarca a Alfonso de la Cerda.

Consecuencia inmediata de la muerte de Lope fue la reunión de Cortes para atender a las peticiones de nobles y ciudades. Sancho IV anuló los arrendamientos de impuestos concedidos al judío barcelonés y se comprometió a no elegir como recaudadores ni arrendadores de los tributos a ningún judío; a cambio obtuvo que las Cortes le otorgasen las cantidades prometidas por Abraham el Barchillón. Obligado a congraciarse con los súbditos para hacer frente a la guerra aragonesa, Sancho IV perdonó todas las deudas contraídas con la Corona en los últimos años.

La alianza entre el monarca y los Lara, congraciados tras el asesinato de Lope de Haro, fue de escasa duración. La nobleza no estaba dispuesta a sustituir a un privado por otro. Juan Núñez de Lara no halló en Castilla las compensaciones deseadas, por lo que ofreció su ayuda al monarca aragonés para mejor conseguir la privanza en Castilla. Sancho IV tuvo que transigir con el señor de Lara y entregarle los castillos de San Esteban de Gormaz, Castrojeriz, Fermoselle y Trastámara.

El cambio de la orientación política de la Corona de Aragón, al subir al trono Jaime II, privó a los infantes de la Cerda y a los nobles castellanos rebeldes, del apoyo tradicional aragonés, por lo que se aliaron al sultán meriní con el que colaboraron en el asedio de Tarifa. A la muerte de Sancho IV (1295) los nobles castellanos actuarían nuevamente al lado del monarca aragonés.

Las Cortes de 1293

Las diferencias regionales existentes dentro de los dominios de los monarcas castellanos no se limitan al plano económico —según vimos al hablar de las regiones económicas en época de Alfonso X— sino que se extienden al campo jurídico e incluso al político. Esta tendencia a la diferenciación parece acentuarse al perder importancia la monarquía durante los últimos años del reinado de Alfonso X y tendremos ocasión de volver sobre el tema, al estudiar las hermandades o ligas formadas por las ciudades para defender sus derechos en época de anarquía.

La división o diferenciación fue aceptada por los monarcas que en ocasiones llegaron a convocar Cortes separadas. En el reinado de Sancho IV se reunieron Cortes en Sevilla (1285) para los reinos de Murcia y Sevilla y en Palencia (1286) para los castellanos, leoneses y extremeños; en 1293 castellanos y leoneses se reunieron por separado en Valladolid y presentaron peticiones en parte coincidentes y en parte distintas, como distintas serían las de extremeños y sevillanos de las que no se han conservado las actas.

Las relaciones con musulmanes y judíos afectaban por igual a las ciudades de Castilla y de León, a juzgar por el número de capítulos que se refieren al tema en las Cortes de 1293. El interés de los préstamos se fija en el 33,33 por ciento y se exige la presencia del escribano del lugar al concertar el préstamo para evitar todo fraude. Otra actividad de moros y judíos que preocupaba era su actuación como casas de empeño a través de las cuales podían hacer préstamos encubiertos, en los que era imposible controlar el interés, y comprar objetos robados sin incurrir en responsabilidad. Para evitar uno y otro problema se obligó a los judíos a anotar claramente los datos personales de quien acudiera a ellos y se les prohibió aceptar objetos en empeño por un valor superior a ocho maravedíes, pasados los cuales sería necesaria la presencia de testigos y notario.

La compra de bienes raíces por los hebreos también fue criticada por las Cortes, alegando que como los judíos estaban sometidos al pago de un impuesto global mientras los cristianos pagaban en razón proporcional al valor de sus bienes, si éstos pasaban a poder de los judíos, los ingresos del rey disminuirían al no incrementarse la tributación judía y reducirse la cristiana. Para evitar estos inconvenientes, en cuya formulación puede adivinarse un resentimiento de la población cristiana, se ordenó a los judíos vender cuantos bienes inmuebles poseyeran y se les prohibió comprar otros en adelante, salvo en el caso de que tuvieran que proceder al embargo de los bienes de un deudor; en este caso tendrían que deshacerse de los bienes adquiridos en el plazo de un año.

Las relaciones de los hombres de realengo con el rey, con sus oficiales y con nobles y eclesiásticos fueron tratadas en diversos artículos. Del rey obtuvieron que se fijara el valor del yantar (obligación de alimentar al rey y a su séquito una vez al año) y que sólo fuera cobrado cuando el rey acudiera personalmente a la localidad, cuando se hallara en hueste, reuniera Cortes tuviera cercado algún lugar y cada vez que la reina diera a luz.

Otro impuesto discutido fue la posada o deber de albergar al rey y a su comitiva; la presencia de los oficiales del rey en los concejos era siempre causa de problemas, por lo que los castellanos pidieron que los ricoshombres y caballeros del séquito se alojaran en las aldeas y que la elección de la posada no quedara al arbitrio de los oficiales del rey sino que fuera asignada por el alcalde y el merino del lugar junto con el posadero real. Se reprimieron igualmente los abusos de los oficiales que tomaban alimentos sin consentimiento de sus dueños.

Las quejas contra los oficiales fueron abundantes e incluyeron desde la petición castellana de que no se concediera la guardia de castillos y fortalezas a personas que utilizaran su fuerza contra las poblaciones de realengo, hasta la exigencia leonesa de que los oficiales estuvieran sometidos en todo a las disposiciones de los fueros locales en las demandas contra particulares. Castellanos y leoneses coincidieron en pedir que sólo pudieran juzgar a unos y otros los naturales de cada reino.

Los leoneses solicitaron igualmente que sus pleitos con el rey fueran sentenciados de acuerdo con el Fuero Juzgo, que se suprimieran los jueces de salario nombrados por el rey entre los no vecinos de las villas o ciudades y que se les pidieran cuentas de su actuación. El monarca accedió a ello y ordenó a los jueces de salario nombrados en los últimos cinco años (desde las últimas Cortes) que se sometieran al juicio de dos hombres buenos del lugar, uno elegido por ellos y otro por el concejo.

Frente a nobles y eclesiásticos los concejos leoneses pidieron que el monarca no les cediera ni les permitiera comprar ni adquirir bienes de realengo, petición que sólo en parte fue atendida por el monarca para evitar enfrentamientos con los grupos afectados. Sancho IV se comprometió a no dar bienes de los concejos o aldeas (pero sí de los personales del monarca) y autorizó a los hidalgos y caballeros (no a los ricoshombres) a comprar bienes en los concejos siempre que se sometieran al fuero de la localidad, al que deberían someterse los nobles en todas sus demandas contra los hombres de realengo.

La petición leonesa se orienta contra los ricoshombres y caballeros que, actuando en nombre del rey, embargaban los bienes de quienes no pagaban impuestos y los vendían fuera del lugar con lo que causaban un grave perjuicio a los concejos. En adelante, la venta de los bienes muebles debería hacerse en el plazo de nueve días dentro de la localidad y si no hubiera comprador serían obligados a comprarlos los cinco o seis vecinos más ricos de cada localidad. Los bienes raíces tendrían que ser vendidos en el plazo de un mes.

Los concejos castellanos insistieron en la vieja petición, siempre aceptada y nunca realizada, de que no se nombrara recaudadores de los impuestos ni a los nobles ni a los judíos y pidieron que se nombraran cobradores de cada localidad, con lo que los contribuyentes saldrían beneficiados al no tener que pagar los gastos y comisiones hechos por los arrendadores o prestamistas. La seguridad de los caminos era un problema del máximo interés para los castellanos, que se lamentaban (el monarca reconoció la veracidad de su afirmación) de que los merinos no disponían de fuerza para prender a los salteadores cuando éstos eran de categoría social superior.

Finalmente, los concejos leoneses plantearon los problemas ocasionados por los ganados transhumantes y pidieron que los jueces locales intervinieran junto con los entregadores de la Mesta en pleitos que se originaran. Sancho IV lo aceptó, pero impuso como única norma legal en los procesos el ordenamiento de la Mesta, lo que equivalía a privilegiar a la ganadería sobre la agricultura.

Minoría y reinado de Fernando IV

El reinado de este monarca es uno de los peor conocidos de la historia castellana, a pesar de la numerosa documentación existente y del innegable interés que tienen estos años (1295-1312).

Se inicia el reinado con la declaración de guerra por parte de Jaime II de Aragón, reconciliado con Roma después del acuerdo de Anagni. A Jaime II se unieron los monarcas de Portugal y de Granada, que reivindicaban diversos lugares fronterizos, el infante Juan, que aspiraba a ser nombrado rey de Castilla basándose en la ilegalidad del matrimonio de Sancho IV, y los nobles dirigidos por Diego López de Haro y Juan Núñez de Lara. En 1296 se había llegado a un acuerdo entre los diversos aspirantes al trono: el infante Juan sería rey de León, Galicia y Asturias; Alfonso de la Cerda tendría Castilla, Toledo y Andalucía; y Jaime II recibiría el reino de Murcia.

A pesar de la anarquía existente en el reino y de los peligros exteriores, la monarquía castellana se mantuvo con el apoyo de las ciudades, que en los momentos difíciles se unieron para asegurar la paz del reino frente a la nobleza. María de Molina autorizó la creación de Hermandades y reunió apresuradamente Cortes para sostener a Fernando IV, a cuyo lado se hallaba igualmente un grupo nobiliario dirigido por el infante Enrique, hermano de Alfonso X, que se hizo conceder la tutela del rey, aunque de hecho gobernara María de Molina de acuerdo con los concejos a los que se atrajo mediante una reforma de la administración.

Para hacer frente a la injerencia nobiliaria y eclesiástica en las ciudades los concejos pidieron que se reconociera validez a los privilegios dados por Alfonso VII, Alfonso VIII, Alfonso IX y Fernando III (es significativa la ausencia en la lista de Alfonso X y de Sancho IV durante cuyos reinados la nobleza actuó con gran libertad), pero las reclamaciones concejiles iban más allá al solicitar que los eclesiásticos abandonasen la Corte y volvieran a sus obispados, abadías e iglesias, al pedir que los notarios del rey fueran legos y hombres de los concejos (uno leonés y otro castellano), al exigir la destitución y rendición de cuentas de todos los oficiales de época de Sancho IV y admitir que fueran repuestos solamente los oficiales legos que hubieran demostrado rectitud en su oficio.

El predominio concejil fue absoluto en los primeros momentos: María de Molina accedió a elegir sus oficiales y los tenentes de los castillos entre hombres de las ciudades, se comprometió a no arrendar los impuestos y a confiar su cobro a los hombres buenos de las villas, ordenó que fueran devueltos los bienes de realengo separados durante los reinados de Alfonso X y Sancho IV y aceptó la petición de que no fueran elegidos como merinos mayores de Castilla, León y Galicia ricoshombres.

La reacción de eclesiásticos y nobles ante las concesiones hechas a las ciudades no se hizo esperar. Cada obispo procuró individualmente obtener cartas que garantizaran los derechos o privilegios de sus iglesias; actuando como grupo impugnaron los acuerdos de las Cortes basándose en que fueron tomados sin contar con los prelados y ricoshombres y argumentando que no podían concederse privilegios a los vasallos sin consentimiento de sus señores. Las concesiones de los regentes a los eclesiásticos fueron suficientes para lograr su apoyo; sólo la alta nobleza se mostró irreductible y mantuvo su ayuda a los distintos pretendientes.

La situación política durante los primeros años fue confusa y cambiante. Las alianzas variaron según los intereses del momento; los nobles rebeldes pasaron fácilmente al servicio de la monarquía mientras los que habían permanecido fieles ofrecían sus servicios a Jaime II o a cualquier otro enemigo de Castilla si consideraban que no habían sido suficientemente recompensados por su fidelidad. Dionís de Portugal fue atraído al campo castellano al concertarse el matrimonio de Fernando IV y Constanza de Portugal (1297) y renunciar Fernando a diversas plazas fronterizas ganadas militarmente por el portugués.

Tras esta reconciliación los concejos solicitaron la mediación de Dionís ante los nobles rebeldes y el rey utilizó el arbitraje para ofrecer el reino de Galicia al infante Juan, a cambio de nuevas plazas, y para atraerse al infante Enrique, que sólo pudo ser mantenido al servicio del rey cuando María de Molina, conociendo las razones de su deserción, le pidió «que tomase de lo del rey lo que quisiese», es decir, Écija, Roa y Medellín.

Los ejemplos de nobles que amenazaron con abandonar el partido de Fernando IV como medio de obtener nuevas donaciones fueron numerosos y las exigencias nobiliarias incontables. Como ejemplo ilustrativo baste citar lo ocurrido en 1299 cuando Juan Núñez de Lara fue hecho prisionero por el noble Juan Alfonso de Haro; éste pidió a la reina a cambio del prisionero unas heredades para él y para sus vasallos y la cantidad de setecientos mil maravedíes. Por su libertad, el señor de Lara entregó las villas ocupadas durante la guerra: Osma, Palenzuela, Amaya, Dueñas, Tordehumos, La Mota y Lerma. Devueltas las ciudades el infante Enrique se hizo entregar la villa y castillo de Dueñas, y Diego López de Haro, vuelto a la obediencia poco antes, recibió Tordehumos.

La sumisión del infante Juan se produjo en 1301 cuando estaban muy adelantadas las negociaciones con Roma para legitimar a los hijos de Sancho IV y de María de Molina; se hizo entregar entre otros los lugares de Mansilla, Paredes, Medina de Rioseco, Castronuño y Cabreros más el sueldo pagado normalmente por el monarca a los demás infantes y ricoshombres, que le fue pagado con parte del dinero recaudado para obtener la dispensa en Roma; el resto del servicio concedido por las Cortes fue adjudicado al infante Enrique para evitar su deserción. Una vez más tuvo que aplazarse la embajada al pontífice.

Los largos años de lucha entre 1295 y 1302 y los esfuerzos desplegados por los concejos sólo sirvieron por tanto para reafirmar la situación de los infantes Enrique y Juan y de los nobles Diego López de Haro y Juan Núñez de Lara. La historia política de Castilla al llegar Fernando IV a la mayoría de edad puede resumirse en una lucha entre estos cuatro personajes, aliados o enemistados entre sí, por el control del reino.

La división entre los consejeros del rey explica la claudicación del monarca ante Jaime II de Aragón y ante Alfonso de la Cerda: al primero le fue reconocido el dominio sobre Alicante, Orihuela, Elda, Novelda y Elche (1304); el segundo recibió diversos lugares en el reino de León y una renta anual de cuatrocientos mil maravedíes. Estas divisiones explican igualmente el fracaso de las campañas emprendidas contra los musulmanes.

Concejos y Cortes durante el reinado de Fernando IV

Si la unidad castellano-leonesa se mantuvo durante la minoría, fue debido a la inteligente actuación de María de Molina, que supo en todo momento hacer comprender a las villas que en su propio interés debían permanecer al lado del monarca y no aceptar las divisiones propuestas por los aspirantes al trono castellano y por los nobles. El rey aparece como el único aglutinante posible entre las diversas regiones, cuyas diferencias se acentúan durante este período.

La participación de los concejos en el gobierno es evidente mientras los grandes nobles se mantuvieron alejados de la corte. No parece aventurado afirmar que si la alta nobleza aceptó finalmente a Fernando IV se debió en gran parte al deseo de poner fin al ascendiente de los hombres de las ciudades, que en 1297 llegaron a elegir doce hombres de los municipios de Castilla (suponemos que habría otros tantos por cada reino) cuya misión sería la de acompañar al rey por tercios (tres cada trimestre) y asesorarlo en la administración de justicia, en el cobro de los impuestos y en la distribución de los ingresos. Si en algún momento llegaron a actuar estos hombres de las villas lo ignoramos, pero es seguro que a partir de 1302 el reino quedó totalmente en manos de la nobleza, según puede deducirse de una simple lectura de las actas de Cortes.

En 1305 los procuradores de las ciudades se quejaron de que los ricoshombres, caballeros, infantes y otros hombres poderosos les exigían yantares e impuestos indebidos, insistieron sobre la falta de seguridad de los caminos, pidieron al rey que los caballeros y ricoshombres no hicieran mercados que compitieran con los de las villas, que no ampararan a salteadores y ladrones en sus dominios...

Dos años más tarde las quejas se repiten agravadas en algunos casos y sabemos que las peticiones presentadas al rey no fueron todas las discutidas y ni siquiera las más importantes. En estos momentos parece haberse llegado a una separación radical entre los pecheros (hombres de las villas y ciudades) y los nobles y eclesiásticos; los primeros elevan al rey sus peticiones y éste consulta con los prelados, ricoshombres, maestres de las ordenes militares, caballeros e infanzones.

Numerosas peticiones coinciden con las citadas durante los reinados de Alfonso X y Sancho IV, pero otras aparecen por primera vez y nos permiten conocer la catastrófica situación de la hacienda real. En Valladolid los procuradores solicitaron que, puesto que el reino había entrado en una era de paz, se suprimieran los impuestos extraordinarios y el monarca atendiera a sus necesidades y a las soldadas de los infantes, ricoshombres y caballeros con sólo los impuestos normales. Antes de aceptar la propuesta, Fernando IV ordenó realizar una investigación en la que se descubrió que los ingresos por este concepto eran insuficientes para pagar los sueldos y rentas asignados a la nobleza.

La situación de campesinos y ciudadanos, únicos que pagan los impuestos ya que los eclesiásticos y nobles están en gran medida exentos, puede ser entrevista si tenemos en cuenta que sólo en los siete años de la minoría de Fernando tuvieron que pagar al rey quince servicios extraordinarios —cada uno equivalía al diez por ciento de los bienes del contribuyente según las Cortes de 1286— a veces en circunstancias extraordinariamente difíciles como las de 1301 año en que hubo «gran hambre en toda la tierra», según la crónica de Fernando IV.

En las Cortes ya citadas de 1307 los concejos insistieron repetidas veces en que la tierra era «muy yerma e muy pobre», en que «es pobre y agraviada»... y entre las causas citaron los servicios extraordinarios, la mala administración, la impotencia de la justicia para reprimir los abusos cometidos por los nobles y por los tenentes de los castillos que amparados en su fuerza robaban los campos y ciudades próximas, por los oficiales del rey que tomaban alimentos sin pagarlos o en cantidades superiores a las debidas, por los jueces entregadores de la Mesta que no se hacían cargo de los daños causados por el ganado...

Sólo en 1312, poco después de que un grupo de nobles hubiera intentado sustituir a Fernando IV por su hermano Pedro, recuperaron los concejos la importancia política alcanzada en los primeros momentos del reinado y obtuvieron algunas satisfacciones. La administración de justicia fue encomendada a doce alcaldes legos (4 de Castilla, 4 de León y 4 de las Extremaduras) cuyo sueldo sería suficiente para que no precisaran cobrar nada a los litigantes por razón de los pleitos. Se reorganizó la cancillería para evitar que se concedieran cartas en blanco que provistas de los sellos correspondientes eran luego llenadas y utilizadas en beneficio de los particulares. Se nombró un procurador de los pobres, se prohibió ejercer como abogados en la corte a los eclesiásticos... Estas concesiones, de haber sido puestas en práctica, habrían significado la independencia de los concejos frente a nobles y eclesiásticos, pero el mismo año en que las otorgó moría Fernando IV y el reino entraba en una nueva minoría, más agitada aún que la anterior. La nobleza recuperaba sus posiciones a partir de 1313; el reinado de Alfonso XI será en muchos aspectos una repetición del de Fernando IV.

Las hermandades

Aunque el nombre de hermandad puede aplicarse a toda reunión de personas, ciudades o entidades sociales con intereses comunes, de hecho se reserva esta denominación tradicionalmente para las ligas o confederaciones de ciudades surgidas en los momentos en los que la monarquía es incapaz de asegurar el orden y el mantenimiento de la justicia. Los concejos toman a su cargo la defensa de sus costumbres y privilegios y se constituyen en organismos hasta cierto punto independientes.

Estas hermandades pueden ser de muchos tipos, pero en este apartado dedicaremos especial atención a las que se crean con finalidad política o económica, entre las cuales destacan las hermandades generales de los concejos de Castilla, de León, de Murcia y de Toledo (esencialmente políticas), la hermandad de propietarios agrícolas de Toledo-Talavera-Ciudad Real y la hermandad de los concejos marítimo-mercantiles del Cantábrico (Hermandad de la Marina o de la Marisma de Castilla).

Las hermandades surgen en momentos de anarquía y desorganización cuando el poder central no es lo suficientemente fuerte como para garantizar los derechos de los súbditos y cuando, al mismo tiempo, la monarquía necesita el apoyo de las ciudades y no puede evitar que éstas se atribuyan unos derechos tradicionalmente reservados al rey. La supervivencia de las hermandades está directamente relacionada con la recuperación del poder monárquico. Sólo las que tienen una finalidad extrapolítica sobreviven.

Las hermandades de carácter político reflejan la diversidad del reino; en cierto modo, ocurre lo mismo con las de tipo económico que engloban a poblaciones con unas características determinadas que a veces se superponen a las diferencias histórico-políticas. Las primeras reflejan el pasado y las segundas prescinden del factor histórico para dar preferencia a los valores del momento.

Las hermandades de los reinos surgen en 1282 por iniciativa de Sancho IV para fortalecer su posición frente a Alfonso X. Para mantener la unión entre sus partidarios, Sancho IV autorizó la formación de hermandades de eclesiásticos y de ciudades. Una vez creadas, las hermandades intentaron mantener su independencia no sólo frente al monarca reinante sino también frente a Sancho IV, por lo que éste las suprimió en 1284, al morir Alfonso. Surgieron de nuevo en 1295 bajo la protección de María de Molina y fueron reconocidas por las Cortes de este mismo año.

Cada hermandad tiene una capital: Burgos (Castilla), León (Galicia y León), Toledo (arzobispado de Toledo y Extremadura), Murcia (antiguo reino de Murcia). Las tres primeras fueron creadas mientras los representantes de los concejos se hallaban reunidos en las Cortes de Valladolid (1295) y la cuarta fue algo posterior, pero copió las disposiciones de las primeras por lo que será suficiente enunciar las cláusulas de una para conocer el alcance y la importancia de las restantes.

La hermandad del reino de León y Galicia la integraron los concejos de León, Zamora, Salamanca, Oviedo, Astorga... hasta un total de 31 ciudades o villas. Se formó el 12 de julio de 1295 para poner remedio a los desafueros, daños, muertes, prisiones y contribuciones que se les ponían sin razón y sin tener en cuenta los fueros municipales, desde el reinado de Alfonso X hasta 1295. Los miembros se comprometían a guardar los derechos de Fernando IV y de sus herederos como reyes de Castilla y fijaron claramente cuáles eran éstos: derecho de administrar justicia y de percibir los impuestos de martiniega, monedaje, yantar y fonsadera en los lugares y según las cuantías fijadas desde la época de Alfonso IX de León (los castellanos aludirán a Alfonso VIII) y de Fernando III.

A cambio de este reconocimiento el monarca se comprometía a guardar los fueros, usos, costumbres, franquicias y privilegios y autorizaba a los concejos a unirse para mantener sus derechos frente al rey, contra sus oficiales, frente a los nobles y contra los particulares. Si algún oficial actuara contra lo dispuesto en los fueros, sus decisiones carecerían de valor; si fuera un noble o un particular y no ofreciera una compensación adecuada, los concejos podrían derribar su casa, talar sus viñas y huertas y destruir cuanto poseyera, recurriendo —si fuera preciso— a la ayuda de los restantes concejos.

Las represalias podrían llegar hasta la condena a muerte del culpable en el lugar en que faltó o en cualquier otro dentro de la hermandad, siempre que el concejo afectado lo comunicara a los demás e indicara las razones de la condena. Sólo podría salvarse el culpable si se refugiara en la casa donde estuviera el rey, pero si fuese amparado por algún noble, éste incurriría en las mismas penas, que serían en todo caso aplicables a los nobles e infanzones que dieran muerte a algún vecino de los concejos hermanados.

Los representantes de las ciudades se reunirían anualmente en León para ordenar cuanto fuera necesario. La falta de asistencia llevaría consigo la imposición de fuertes sanciones económicas. Las órdenes de la hermandad serían de cumplimiento obligatorio y se darían siempre por escrito avalado por el sello de la hermandad, que llevaba de un lado la figura de un león y del otro la de Santiago a caballo.

Durante el reinado de Fernando IV las hermandades perdieron importancia y sólo se reorganizarían en los primeros años de Alfonso XI en los que la división de las ciudades fue utilizada por los aspirantes a la tutoría del monarca para afianzar su situación personal. En 1315 lograron los concejos liberarse de la tutela nobiliaria y reunir sus fuerzas en la Hermandad General que englobaba a los caballeros hidalgos (no a los ricoshombres), a los caballeros villanos y a los vecinos de las villas de todo el reino. Sus constituciones fueron firmadas por más de cien hidalgos y por los representantes de cien concejos.

Junto a estas asociaciones concejiles hallamos igualmente hermandades de nobles y de eclesiásticos. Entre las primeras fueron muy numerosas, aunque poco estables, las formadas por miembros de la alta nobleza para mantener su situación privilegiada o para apoyar a cualquiera de los aspirantes a la tutela de los reyes durante las minorías. En 1315 surgiría la hermandad de los caballeros e hidalgos que unieron sus fuerzas a las de los representantes ciudadanos para poner remedio a los «muchos males, daños y agravios que hemos recibido hasta aquí de los hombres poderosos» y que se erigieron en jueces de los tutores de Alfonso XI.

También la Iglesia sufrió los efectos de la anarquía e intentó paliarlos mediante la creación de hermandades. Durante el enfrentamiento entre Alfonso X y Sancho IV éste autorizó la creación de una hermandad de los monasterios benedictinos, cistercienses y premostratenses de Castilla y de León, que se integraría posteriormente en otra, asociación en la que entraron numerosos obispos y representantes de las órdenes militares.

La necesidad de hacer frente a las concesiones hechas por los tutores de Fernando IV y de Alfonso XI a los concejos y de poner freno a los abusos nobiliarios dio lugar a un resurgimiento de estas hermandades, a las que vemos actuar en las Cortes de 1295 y de modo más organizado en los sínodos de Peñafiel (obispos castellanos) y de Salamanca (leoneses), celebrados en 1302 y 1310 respectivamente. Nuevas hermandades episcopales fueron creadas en 1311 (sedes dependientes de Santiago y de Braga) y en 1314 (obispos sufragáneos de Compostela).

Si políticamente coinciden los intereses de todos los concejos del reino, las ciudades del Cantábrico presentan algunas peculiaridades (viven del transporte y del comercio con el mundo europeo) que las llevarían a crear en 1296 su propia hermandad para lograr la supresión de los diezmos y de los derechos de exportación del hierro, para concertar acuerdos con el rey y los mercaderes de Portugal y para tomar medidas comunes respecto a la guerra entre franceses e ingleses en el Atlántico. La hermandad inicial la integraron los concejos de San Sebastián, Guetaria, Fuenterrabía, Laredo, Santander, Castro Urdíales, Bermeo y Vitoria.

La capital sería Castro Urdíales; el sello tendría como emblema un castillo sobre olas y la leyenda: Seello de la Hermandat de las villas de la Marina de Castiella con Vitoria. A las Cortes de 1301 y 1305 asistieron procuradores de las villas de Castilla y «de la marisma», lo que prueba la importancia alcanzada por la hermandad, que en 1342 englobaba dieciocho villas desde Fuenterrabía hasta Pontevedra, es decir, villas pertenecientes tanto al reino de Castilla como al de León y unidas por la comunidad de intereses comerciales.

La hermandad no se preocupa sólo de resolver los problemas que puedan surgir con el rey, sus oficiales, los nobles o con ciudades y potencias extranjeras, sino también los que se planteen entre las distintas villas, que serán solucionados en el interior de la hermandad por hombres buenos de villas no implicadas en el conflicto. Así, las diferencias entre vecinos de San Sebastián y de Fuenterrabía serían resueltas por dos hombres buenos de Guetaria; las existentes entre vecinos de Guetaria y de San Sebastián serían juzgadas por dos hombres buenos de Fuenterrabía...

La importancia comercial de estas ciudades nos es suficientemente conocida por las cuentas del reinado de Sancho IV, en las que se puede ver el valor de las mercancías importadas o exportadas entre el 28 de enero de 1293 y el 1 de octubre del mismo año por los puertos de Guipúzcoa. La importación, tejidos ante todo, parece efectuarse por San Sebastián, Fuenterrabia y Guetaria mientras que los artículos castellanos exportados (hierro y en menor medida cueros y lana) salen al exterior por Oyarzun, Orio y Segura.

Otra fuente de gran interés son los aranceles de aduanas de Castro Urdíales, Laredo y Santander de fines del siglo XIII, que por sí solos serían suficientes para probar el auge económico de los puertos cantábricos, que compiten ventajosamente con los andaluces especialmente durante los años de enfrentamiento entre granadinos, benimerines y castellanos.

Directamente relacionada con la revitalización económica de los puertos del Cantábrico se halla la disputa por el control del señorío de Vizcaya. Diego López de Haro vio discutidos sus derechos al señorío por el infante Enrique durante la minoría de Fernando IV y por el infante Juan años más tarde. Este último pleito dividió y ocupó a la corte castellana entre 1305 y 1307, año en que se llegó a una solución provisional por la que Diego tendría dicho señorío mientras viviera y a su muerte pasaría a poder de María Díaz, mujer del infante Juan.

En esta zona se otorgaron las más importantes cartas de población desde las conquistas andaluzas; durante el reinado de Fernando IV recibió sus fueros, entre otros, el lugar de Bilbao, para cuyos habitantes Diego López preveía ya en 1300 la exención de impuestos marítimos y la celebración de un mercado semanal. Un año más tarde Fernando IV confirmó el fuero bilbaíno y amplió las exenciones y privilegios de sus habitantes: los autorizó a comprar y pescar en igualdad de condiciones que a los de Laredo y Castro Urdíales; declaró a Bilbao puerto franco al disponer que las mercancías llegadas al lugar no pagaran impuestos, pero que si llegaran al interior del reino castellano deberían pagar el diezmo correspondiente en los «puertos» de Vitoria o de Pancorbo; concedió a los bilbaínos los mismos derechos comerciales que los otorgados a gascones y genoveses en las aduanas de Sevilla...

La hermandad vieja de Toledo tiene sus precedentes en las hermandades de Escalona con Avila, Segovia y Plasencia de fines del siglo XII y comienzos del XIII. Los objetivos de la hermandad de Escalona eran asegurar a los vecinos de cada una de las poblaciones las garantías legales correspondientes en las demás villas, proteger el ganado y los pastores dentro de los límites de cada municipio y poner en funcionamiento unas normas jurídicas que superaran el localismo de los fueros, especialmente en cuanto se refería al ganado trashumante.

La hermandad de Toledo, Ciudad Real y Talavera fue exclusivamente económica. No era una asociación de municipios sino de propietarios de colmenas que unieron sus fuerzas para expulsar a los bandoleros que proliferaban en la comarca desde fines del siglo XIII. En principio la hermandad estuvo formada únicamente por toledanos y la agrupación tuvo carácter provisional; se preveía su extinción en 1312, pero la existencia de un bandolerismo endémico obligó a mantenerla. La hermandad contaba con un servicio permanente de vigilancia elegido entre todos los hermanados y sufragaba los gastos de este cuerpo armado mediante impuestos cobrados a los pastores que atravesaban la zona.

La hermandad se regía por medio de Juntas, de las que formaban parte los colmeneros (trabajadores), ballesteros y propietarios. Estaba presidida por dos alcaldes nombrados anualmente entre los propietarios y encargados de conservar los privilegios reales, de hacerlos cumplir y de juzgar a los malhechores. La finalidad de esta hermandad, mantener el orden en los caminos, hizo de ella un organismo militar; los reyes la cuidaron y protegieron porque era una garantía de seguridad en el reino de Toledo y porque suministraba ballesteros a la monarquía en los momentos de apuro. La organización militar de esta hermandad sería ampliada a todo el reino por Pedro I en 1351. Los Trastámara aprovecharían ampliamente la experiencia toledana que, convenientemente modificada, daría lugar a la creación de la Santa Hermandad por los Reyes Católicos.

La minoría de Alfonso XI

Si para los reinados de Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV no disponemos de ningún estudio moderno, la época de Alfonso XI espera aún al historiador que quiera aproximarse al tema. En líneas generales podemos afirmar que su reinado fue una simple continuación de los anteriores: los problemas y las soluciones adoptadas fueron idénticos a los ya expuestos.

La lucha por el poder

La antigua nobleza, representada por los Lara y los Haro, perdió importancia ante los infantes en el reinado de Fernando IV, aunque el ascenso a los primeros puestos nobiliarios de los segundones de la familia real fue anterior. Durante el reinado de Alfonso X el infante Enrique —el que más tarde sería tutor de Fernando IV— y su hermano Fadrique fueron dos de los más destacados dirigentes de las revueltas; Sancho IV llegó al trono gracias a una revuelta nobiliaria, y su ejemplo sería seguido por su hermano Juan proclamado rey de León durante la minoría de Fernando IV y convertido más tarde en auxiliar y privado del rey. Durante los últimos años de este monarca, la lucha por el poder se centró en las personas de los infantes Felipe y Pedro, hermanos de Fernando, que junto con el infante Juan y con las reinas María de Molina y Constanza gobernarían el reino hasta 1319.

Al morir Fernando IV se enfrentan por la tutoría (por el control del reino) los infantes Juan y Pedro. El primero estaba apoyado por Juan Núñez de Lara, por la reina Constanza y por don Juan Manuel, nieto de Fernando III y dueño de numerosos lugares en Murcia y en Castilla. Pedro tenía el apoyo de María de Molina. Uno y otro intentaron atraer a su bando o parcialidad a los concejos y a los prelados reunidos en Palencia (1313), pero las Cortes se dividieron y no pudo llegarse a ninguna solución.

Finalmente, los concejos y prelados reunidos en Burgos (1315) ordenaron que tuviesen tutoría conjuntamente María de Molina y los infantes Pedro y Juan, de forma que a la primera correspondiera la custodia del rey y que cada uno de los infantes administrara justicia en los lugares de realengo que le hubiera reconocido como tutor. La cancillería permanecería siempre junto al rey y ninguno de los tutores podría por sí solo hacer donaciones de tierras o dinero.

El acuerdo logrado en Burgos funcionó, no sin dificultades, hasta 1319, año en el que los infantes murieron en un ataque a los dominios granadinos. La tutoría fue disputada ahora por don Juan Manuel, por Juan, uno de los hijos del infante del mismo nombre, y por el infante Felipe. El primero dominaba en el reino de Toledo y en Extremadura, el segundo en Castilla y el último en Andalucía, Galicia y León. Cada uno reunió sus propias Cortes, cobró los impuestos debidos al monarca y recompensó a sus propios partidarios.

La crónica de Alfonso XI refleja suficientemente las consecuencias de la división política castellana: los ricoshombres y caballeros vivían del robo, que era tolerado por los tutores para conseguir aumentar el número de sus partidarios; las ciudades se hallaban divididas en bandos y el grupo triunfador oprimía a sus rivales con impuestos contrarios a los fueros; se produjeron levantamientos de campesinos contra los señores; se crearon nuevos impuestos que empobrecieron al reino de tal manera que «cuando el rey salió de la tutoría halló el reino muy despoblado y muchos lugares abandonados porque ante la situación muchos pobladores del reino abandonaban sus heredades e iban a poblar lugares de Aragón y Portugal».

División y unidad concejil

Las divisiones entre la alta nobleza favorecieron a las ciudades, que obtuvieron a cambio de su adhesión a uno u otro de los candidatos, importantes concesiones como las logradas en las Cortes de Palencia (1313) por los seguidores del infante Juan y por los partidarios de Pedro y de María de Molina.

Las peticiones de unos y otros coinciden y repiten en lo esencial las quejas presentadas en ocasiones anteriores (nombramientos de jueces, merinos, recaudadores de impuestos, situación de los bienes de realengo, limitación de yantares y posadas, problemas entre ganaderos y agricultores...) El antijudaísmo aparece más exacerbado que en época de Fernando IV y llega hasta la exigencia de que los judíos lleven un distintivo especial que permita distinguirlos claramente de los cristianos, objetivo que busca igualmente la prohibición de que usaran nombres cristianos.

Las diferencias entre unas y otras Cortes son considerables, cuando se analizan las garantías exigidas por los concejos a los tutores. En el bando del infante Juan al lado de los concejos figuran numerosos nobles, mientras que Maria de Molina y el infante Pedro se hallan apoyados por la mayoría del clero. En definitiva, mientras el primero dispone de fuerzas militares suficientes para oponerse en caso necesario a las ciudades y puede, por tanto, limitar las concesiones, la fuerza principal de los segundos son los concejos y los tutores tienen que aceptar todos los controles que éstos quieran imponer a su gestión.

En ambos casos se aceptó la creación de un consejo integrado por cuatro caballeros y por 16 caballeros villanos y hombres buenos de las ciudades (Juan) o por 4 prelados y 16 caballeros y hombres buenos (Maria de Molina y Pedro), pero las atribuciones de estos consejos eran distintas: los primeros serían elegidos de común acuerdo entre el tutor y las villas y se ocuparían sólo de la crianza del rey; los segundos son elegidos directamente por los concejos y sin ellos los tutores no pueden hacer nada.

María de Molina se comprometió a reunir las Cortes cada dos años para someterse a la fiscalización de los concejos y reparar los agravios que de no ser enmendados podrían dar lugar a la pérdida de la tutela. Las Cortes podrían en cualquier caso, y sólo ellas, enmendar o modificar los acuerdos tomados. Comparadas con estas concesiones, que representan la toma del poder por las Cortes, de las que los tutores son simples delegados, las concesiones hechas por el infante Juan fueron mínimas: se limitó a dar su palabra de que no tomaría para sí ningún cargo, excepto, el de tutor.

Las diferencias regionales que habían dado lugar a la creación de las hermandades de Castilla, León, Extremadura, Galicia y Asturias perdieron importancia ante la necesidad de coordinar los esfuerzos para poner fin a la guerra civil entre los tutores. Las hermandades de cada reino fueron absorbidas por la Hermandad General, que impuso en 1315 la concordia y organizó la tutoría conjunta, bajo la presidencia de María de Molina, de los infantes Juan y Pedro.

La unión y la victoria concejil fueron sin embargo más aparentes que reales. Por un lado subsistieron las juntas regionales; por otro, los concejos renunciaron a algunas de sus exigencias al aceptar a los caballeros dentro de la hermandad y facilitaron la unión de los tutores, que si era necesaria para el reino sería perjudicial para las ciudades. Según las ordenanzas de la Hermandad los consejeros de los tutores serían doce, «los seis de los hidalgos y los seis de los caballeros y hombres buenos de las villas», pero su misión ya no sería la de gobernar sino tan sólo la de recibir las quejas de quienes fueran agraviados por los tutores o por el rey. Ni siquiera esta cláusula fue incluida en las peticiones hechas por las Cortes en 1317.

Pronto la Hermandad General, o al menos la rama castellana, cayó bajo la influencia política de los ricoshombres, quienes unidos a los procuradores de Castilla exigieron a los tutores la entrega de rehenes y pidieron que se hiciera inventario de las rentas del monarca, tarea que sería realizada en las Cortes de Carrión (1317) y que pondría al descubierto la existencia de unos ingresos anuales (en concepto de martiniegas, portazgos, derechos de los judíos, caloñas, almojarifazgos, salinas y ferrerías) de 1600000 maravedíes mientras que los gastos (pago de los sueldos de ricoshombres y caballeros) ascendían a 9600000 maravedíes.

Este desequilibrio entre ingresos y gastos lo explica el cronista por las enajenaciones de los bienes de realengo, por las guerras y por la catástrofe económica originada por las devaluaciones monetarias de Fernando III, Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV. Pero fuese quien fuese el responsable, las consecuencias recayeron sobre las ciudades, que votaron cinco servicios «que pechasen los labradores».

La Hermandad General se deshizo en Carrión, quizá por la alianza de los concejos castellanos con los ricoshombres. Al año siguiente —ante la negativa de leoneses, toledanos y extremeños a reunirse con los castellanos— las ciudades se reunieron por separado: en Valladolid las castellanas y en Medina del Campo las restantes. La división de las ciudades entre los tres nuevos tutores a la muerte de los infantes Juan y Pedro, puso fin a los débiles lazos que unían a los miembros de la Hermandad. Cada tutor reunió sus propias Cortes y solucionó los problemas de quienes le reconocían, haciendo concesiones similares a las de las Cortes de 1313.

El dominio del Estrecho

Tras la conquista de Sevilla y de su comarca por los castellanos, el control del estrecho era vital para los reinos de Castilla, de Granada y de Marruecos. Para asegurar este control Alfonso X pensó en llevar sus ejércitos al norte de África y consiguió ocupar durante algún tiempo la ciudad de Salé. Pero pronto la crisis económica y política de Castilla obligaron a sustituir la política ofensiva hacia los norteafricanos por la defensa de lo ya conquistado, frente a granadinos y benimerines.

Mientras los últimos no aseguraron su dominio en Marruecos, la alianza musulmana (granadinos y benimerines) se mantuvo; pero tras la ocupación de Ceuta (1275), el sultán benimerín Abu Yusuf inició la penetración en la Península y sus ejércitos amenazaron por igual a castellanos y a granadinos. Los sistemas de alianza cambiaron con frecuencia y en ellos intervinieron, aparte de los países citados, la Corona de Aragón y el reino musulmán de Tremecén, interesado en evitar su absorción por los benimerines. El enfrentamiento cristiano-musulmán pasa a un segundo plano; los intereses políticos o económicos decidirán las alianzas desde 1275 hasta la victoria lograda por Castilla en el Salado (1340) ante los norteafricanos y junto al río Palmones (1343) frente a los granadinos.

La marcha de Alfonso X a Beaucaire para defender por última vez sus derechos al trono imperial fue utilizada por Muhammad II de Granada para solicitar la ayuda de los marroquíes, a los que entregó las plazas de Ronda, Tarifa y Algeciras. Este primer desembarco benimerín no tuvo graves consecuencias militares para Castilla, ni tampoco el realizado en 1277-1278; el único perjudicado fue el rey de Granada que, sin obtener ninguna ventaja, cedió tres importantes poblaciones a las que se añadió la ciudad de Málaga, ofrecida a Abu Yusuf por los Escayuela para lograr la amistad africana contra Muhammad II.

Amenazado en sus propios dominios, el monarca granadino concluyó una alianza con Castilla y con el reino de Tremecén y logró recuperar Ronda y Málaga mientras los castellanos asediaban, sin resultado, Algeciras (1278-1279). En los años siguientes los benimerines concentraron sus fuerzas sobre el reino de Tremecén e intervinieron en la guerra civil castellana al lado de Alfonso X contra Sancho IV, aliado a Muhammad II de Granada, quien tenía interés en debilitar las posiciones de los partidarios de Alfonso X, es decir, de sevillanos y murcianos que rodeaban sus dominios. La intervención de Abu Yusuf sirvió para fortificar las bases de Tarifa y Algeciras, ocupar de nuevo Ronda y hacerse entregar el puerto de Estepona.

El temor a los benimerines fue una de las razones que llevaron a Sancho IV a reforzar su alianza con Pedro el Grande de Aragón, pero ni el monarca aragonés ni el castellano estaban dispuestos a cumplir sus compromisos. Sancho oscilaba entre Aragón y Francia por razones de política interna castellana; los súbditos de la Corona de Aragón no estaban dispuestos a renunciar al mercado marroquí y siguieron comerciando con el sultán cuando éste emprendió un nuevo ataque contra Castilla. Ni los castellanos colaboraron con Pedro el Grande ni los súbditos de éste con Sancho IV, que logró detener a los benimerines y firmó con ellos la paz en 1285.

A la muerte de Pedro de Aragón fracasaron los intentos de Alfonso el Franco de formar una alianza marroquí-granadino-aragonesa contra Castilla; sólo Muhammad II se unió al aragonés a cambio de la promesa de recibir algunas plazas en el reino de Murcia.

El cambio de orientación política de la Corona de Aragón a la subida al trono de Jaime II (1291) influyó directamente sobre el problema del estrecho. Jaime II y Sancho IV firmaron un tratado por el que se repartían y se asignaban como zonas de conquistas y, momentáneamente, de influencia el reino marroquí: la zona situada al este del río Muluya sería para la corona de Aragón. Granada y Tremecén se unieron a los monarcas cristianos y mientras los musulmanes de Tremecén obligaban a distraer fuerzas marroquíes, la flota aragonesa impedía la llegada de refuerzos y los castellanos, ayudados por Granada, ocupaban Tarifa (1292).

Tarifa pertenecía de derecho a los granadinos y el acuerdo entre cristianos y musulmanes no resistió a la primera victoria conjunta. Por otro lado, el entendimiento castellano-aragonés no se mantuvo en los mismos términos que en 1291: para Jaime II la cuestión primordial era la siciliana y si había aceptado participar en la alianza contra Marruecos fue debido a la necesidad de mantener buenas relaciones con Castilla. Indudablemente, después de la conquista de Tarifa las naves catalanas siguieron patrullando el estrecho al servicio de Castilla, pero ya no fueron como en 1291-1292 naves pagadas por la Corona de Aragón sino alquiladas por Sancho IV.

El abandono de Sicilia en 1295 dejó las manos libres a Jaime II para intervenir en la Península y en el estrecho; los embajadores de Jaime II dieron vida a la unión granadino-aragonesa contra Castilla a la muerte de Sancho IV. Los benimerines, tras la pérdida de Tarifa y el fracaso de algunos intentos de reconquistar esta plaza, abandonaron la Península. Con su retirada termina lo que podríamos llamar la primera fase de la lucha por el dominio del estrecho.

La renuncia a Sicilia permitía conservar las ventajas comerciales de los catalanes en el Mediterráneo central y dejaba libres a los marinos para intervenir en la zona occidental del Mediterráneo donde las ciudades italianas, Génova principalmente, habían obtenido importantes ventajas de carácter económico. El entendimiento con Marruecos era indispensable, pero al igual que en Túnez, donde la presencia catalana sólo era eficaz si contaba con bases próximas (Sicilia), en el occidente del Mediterráneo el control del comercio dependía del dominio de los puertos peninsulares: Alicante, Cartagena (castellanos), Almería y Málaga (granadinos). Éstos fueron los objetivos de Jaime II y a ellos subordinó su política.

La debilidad castellana durante la minoría de Fernando IV favoreció los planes de Jaime II que se hizo reconocer por Alfonso de la Cerda la donación hecha a Alfonso el Franco del reino de Murcia. Los planes de Jaime II se beneficiaron de la ayuda de Granada y de los nobles castellanos sublevados, pero a medida que María de Molina consiguió reorganizar el reino, se atrajo mediante concesiones a los nobles y llegó, incluso, a un acuerdo con la nobleza aragonesa para que se sublevara contra Jaime II; el monarca aragonés se vio obligado a renunciar a la anexión total de Murcia y a firmar la paz con Castilla.

La guerra había servido para incorporar a sus dominios el puerto de Alicante. Granada, como auxiliar de Aragón en esta guerra, impidió la llegada de refuerzos castellanos a Murcia, pero no logró conquistar ninguna población de importancia y al morir Muhammad II su sucesor Muhammad III firmó la paz con Castilla (1303) y se reconoció vasallo de Fernando IV un año antes de que castellanos y aragoneses llegaran a un acuerdo. Esta nueva alianza granadino-castellana podía volverse contra Aragón y contra Marruecos, que reafirmaron los lazos comerciales, reforzados por la creación de una milicia catalana en Marruecos.

A la muerte del sultán meriní su imperio tuvo que hacer frente a una serie de sublevaciones que permitieron a los granadinos conquistar Ceuta (1307) con el apoyo de algunas tribus marroquíes que convirtieron a Muhammad III en el dueño del estrecho, donde su flota amenazaba por igual a benimerines, castellanos y aragoneses, que unieron sus fuerzas contra Granada. Por el tratado de Alcalá de Henares (1308), Castilla y Aragón se comprometían a iniciar la guerra contra Granada en el verano siguiente y a concentrar sus fuerzas sobre Almería (Aragón) y sobre Algeciras y Gibraltar (Castilla). En el caso de que se lograra una victoria sobre los granadinos, la Corona aragonesa recibiría la zona de Almería.

Lógicamente, tras la ocupación de Almería la Corona de Aragón habría intentado unir a sus dominios el reino de Murcia, que se interponía entre Valencia y Almería, pero los esfuerzos catalanes fracasaron. La guerra sólo sirvió para que Castilla ocupara Gibraltar y para que el monarca granadino renunciara a sus sueños de expansión por Marruecos y comprara la paz a los benimerines, que ocuparon Ceuta y a los que Muhammad III cedió las plazas fuertes de Ronda y Algeciras en la Península.

El cambio de alianzas y la imposibilidad de tomar militarmente Algeciras y Almería obligó a firmar la paz en 1310. En adelante, Jaime II dirigiría su acción de nuevo hacia el Mediterráneo central donde teóricamente era dueño de Cerdeña y Córcega, concedidas por el pontífice para compensar su renuncia a Sicilia. Los problemas internos de Castilla, de Granada y de Marruecos permitieron mantener unos años de relativa paz en el estrecho, paz que se rompió en 1329.

BIBLIOGRAFÍA

Alvarez de Morales, A.: Las hermandades, expresión del movimiento comunitario en España. — Universidad de Valladolid 1974. — 272 págs.

Arribas Palau, A.: La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón. — Instituto Español de Estudios Mediterráneos. — Barcelona 1952. — 492 págs.

Ballesteros, A.: La marina cántabra y Juan de la Cosa. — Diputación Provincial. — Santander 1954. — XIII + 429 págs.

Benito Ruano, Eloy: Hermandades en Asturias durante la Edad Media. — Instituto de Estudios Asturianos. — Oviedo [1971]. — 83 págs.

Capmany y de Montpalau, Antonio de: Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona. Reedición anotada. — Introducción y notas por E. Giralt i Raventós. — Revisión documental por C. Batlle i Gallart. — Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona. —. Barcelona 1961-1963. — 3 vols., 939 y 1397 págs.

Capmany y de Montpalau, Antonio de: Libro del Consulado de Mar. — Edición del texto original catalán y traducción castellana de... — Estudio preliminar por José María Font Rius. — Revisión y anotación por A. M. Saavedra. — Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona. — Barcelona 1965. — LXIV + 769 págs.

Carlé, María del Carmen: El precio de la vida en Castilla del Rey Sabio al Emplazado. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XV (1951), págs. 132-156.

Castro, Américo: Unos aranceles de aduanas del siglo XIII. — «Revista de Filología Española» (Madrid), VIII (1921), págs. 1-29.y 325-356; IX (1922), págs. 266-276 y X (1923), págs. 113-136.

Crónicas de los Reyes de Castilla. — Ediciones Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, LXVI) — Madrid 1953. — 3 vols.

Daumet, G.: Mémoire sur les relations de la France et la Castille de 1255 á 1320. — París 1914.

Del Treppo, Mario: L'espansione catalano-aragonese nel Mediterráneo. — En «Nuove questioni di storia medioevale» (Milano 1964), págs. 259-300.

Dufourcq. Charles E.: L'Espagne catalane et le Maghrib aux XIII et XIVe siécles. De la bataitle de las Navas de Tolosa (1212) á l'avénement du sultán mérinide Abou-l-Hasan (1331). — P.U.F. — París 1966. — 664 págs.

Dufourcq, Charles E.: Les relations de la péninsule ibérique et l'Afrique du Nord au XIV siécle. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), VII (1970-1971), págs. 17-37.

Edad Media y señoríos. El señorío de Vizcaya. — Bilbao 1972.

Ferrer, M. Teresa: Mercenaris catalans a Ferrara (1307-1317). — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), II (1965), págs. 155-227.

Gaibrois, Mercedes: Sancho IV de Castilla. — Madrid 1928.

Gaibrois, Mercedes: María de Molina. — Madrid 1923.

García Sanz, A.: Notas sobre el régimen orgánico del «Consolat de la Mar» (siglos XIII-XIV). — «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura» (Castellón), XXXV (1959), págs. 180-211.

García Sanz, A.: El derecho marítimo preconsular. — «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura» (Castellón), XXXVI (1960), págs. 47-774.

García Sanz, A.: Estudios sobre los orígenes del derecho marítimo hispano-mediterráneo. — «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXXIX (1969), págs. 213-316.

Giunta, Francesco: Uomini e cose nel Medioevo mediterráneo. — U. Manfredo, editore. — Palermo 1964. — 308 págs.

Giunta, Francesco: Aragonesi e catalani nel Mediterráneo, I: Del regno al viceregno in Sicilia, II: La presenza catalana nel Levante dalle origini a Giacomo III. — U. Manfredo, editore. — Palermo 1953-(1959). — 356 y 201 págs.

González Antón, L.: En torno al nacimiento de la Unión aragonesa. — En «Miscelánea ofrecida a José María Lacarra» (Zaragoza 1968), págs. 303-314.

Guglielmi, Nilda: Posada y yantar. Contribución al estudio del léxico de las instituciones medievales. — «Hispania» (Madrid), XXVI (1966), págs. 540 y 165-219.

Ladero Quesada, Miguel Ángel: Granada. Historia de un país islámico (1232-1571). — Editorial Gredos. — Madrid 1969. — 198 págs.

Lalinde Abadía, J.: La «purga» de taula. — En «Homenaje a Jaime Vicens Vives» I (Barcelona 1965), págs. 499-523.

Manca, Ciro: Aspetti dell'espansione económica catalano-aragonesa nel Mediterráneo occidentále; iI commercio intemazionale del sale. — Ed. Dott. A. Guiffré. — Milano 1966. — 376 + XXXII págs.

Martínez Ferrando, Ernest: La trágica historia deis reis de Mallorca. — Editorial Aedos. — Barcelona 1960. — 310 págs.

Martínez Ferrando, Ernest; Sobrequés, Santiago; y Bagué, Enric: Els descenáents de Pere el Gran. Alfons el Franc. Jaume II. Alfons el Senigne. — Editorial Teide. — Barcelona 1954. — 191 págs.

Masía de Ros, Angeles: La cuestión de los limites de Aragón y Cataluña, Ribagorza y Fraga en tiempos de Jaime II. — «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras» (Barcelona), XXII (1949), págs. 161-189.

Moxó, Salvador de: De la nobleza nueva a la nobleza vieja. La transformación nobiliaria castellana en la baja Edad Media. — «Cuadernos de Historia. Anexos a la revista Hispania» (Madrid), III (1969), págs. 1-120.

Pérez-Prendes, J. M.: Sobre la naturaleza feudal de la Unión aragonesa. — «Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid» (Madrid), IX (1965), págs. 493-523.

Regla, Juan: Francia, la Corona de Aragón y la frontera pirenaica. La lucha por el valle de Aran (siglos XII-XIV). — C.S.I.C. — Madrid 1951. — 2 vols., 332 y 481 págs.

Rubio i Lluch, Antoni: Diplomatari de Orient cátala (1301-1409). — Instituí d'Estudis Catalans. — Barcelona. 1947.

Salavert Vicente: Cerdeña y la expansión mediterránea de la Corona de Aragón (1297-1314). — C.S.I.C. — Madrid 1956. — 2 vols., XXVII + 587 y XXXI + 648 págs.

Shneidman, J. Lee: The Rise of the Aragonese-Catalan Empire (1280-1350). — New York University Press, University of London. — New York-London 1970. — 2 vols., XVI + 624 págs.

Smith, R. S.: Spanish Guild Merchant. A History of the Consulado (1250-1700). — Duke University Press. — 1940.

Soldevila, Ferran: Els grans reis del segle XIII: Jaume I, Pere el Gran. — Editorial Teide. — Barcelona 1955. — 171 págs.

Soldevila, Ferran: A propósit del servei del bovatge. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), I (1964), págs. 573-587.

Suárez, L.: Evolución histórica de las hermandades castellanas. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XVI (1951), págs. 5-78.

Tramontana, S.: La Spagna catalana nel Mediterráneo e in Sicilia. — «Nuova Rivista Storica» (Venezia), l (1966), págs. 545-579.

Zurita, Gerónimo: Anales de la Corona de Aragón. — Edición preparada por Angel Camellas López. — C.S.I.C. — Zaragoza 1967. — XVII + 788 págs.

Zurita, Gerónimo: Anales de la Corona de Aragón. Libro I. — Edición anotada por Antonio Ubieto Arteta y M. Desamparados Pérez Soler. — Editorial Anubar. — Valencia 1967. — 330 págs.

8. GRUPOS SOCIALES, SITUACIÓN ECONÓMICA Y ACTIVIDAD POLÍTICA .

Cambios en la organización social

La aparición de los centros urbanos y el desarrollo en su interior de actividades económicas diversificadas modificó la organización de la sociedad en dos sentidos. Por un lado se formó un nuevo grupo social cuyos componentes tenían como rasgo común el de vivir en las ciudades, el de ser burgueses. Su forma de vida no se adaptaba a ninguno de los «modelos» existentes y aunque en principio fueran considerados como un grupo marginal dentro de la sociedad, o se intentara equipararlos a los campesinos, la fuerza económica, la cultura y en muchos casos la potencia militar de los ciudadanos terminaría imponiéndose y rompería el viejo esquema tripartito de la sociedad altomedieval, que sólo distinguía entre nobles, clérigos y campesinos.

Por otra parte, la antigua división de la sociedad atendiendo a la función que cada uno desempeña pierde gran parte de su eficacia ante las nuevas condiciones de vida, mucho más diversificadas, y la sociedad tiende a organizarse en grupos dentro de cada uno de los cuales las personas no tienen idéntica función, sino semejantes riquezas y poder político. No sólo se admite la existencia de un cuarto grupo social, el de los burgueses, situado teóricamente por encima de los campesinos y por debajo de clérigos y nobles, sino que también se rompe la clasificación vertical. Se pone fin a la separación entre las distintas funciones y se crean nuevos grupos en los que tienen cabida indistintamente clérigos, nobles y burgueses.

En el siglo XIV, aunque los orígenes son anteriores, la sociedad aparecerá dividida en tres grupos. El primero de ellos está integrado por los altos cargos eclesiásticos, por los miembros de la alta nobleza, por los oficiales del rey de mayor importancia y por un grupo reducido de ciudadanos (los patricios o prohombres en Cataluña, los dirigentes de caballeros villanos en Castilla...) que forman la aristocracia urbana o el grupo de los mayores. El segundo grupo lo integran los restantes cargos eclesiásticos, la nobleza de segunda fila, los oficiales menores, los miembros de las profesiones liberales urbanas, los dueños de industrias y los pequeños mercaderes. En el grupo de los menores se incluyen los campesinos, el bajo clero y los demás habitantes de las ciudades.

Estos cambios, importantes, son el resultado de una adaptación que será mejor entendida si recordamos las raíces de la antigua organización social. La división de los hombres en libres y no libres (división jurídica que correspondía a un Estado de Derecho) no sobrevivió al Imperio Romano y a la crisis de sus instituciones. Desde el siglo VIII podemos aceptar que la sociedad se hallaba dividida en dos grupos privilegiados (clérigos y caballeros) que se distinguían del tercer grupo (los campesinos) por su función sin duda, pero también porque en sus manos se concentraba la riqueza (la tierra) y el poder político.

La aparición de las ciudades, la creación en ellas de grandes riquezas cuyo control escapaba a la aristocracia de la tierra, amenazaba la base de la organización social; la creación de milicias urbanas y la difusión de la cultura entre los laicos pusieron en peligro el monopolio militar y cultural de nobles y clérigos; y por último, el auge del poder central y su apoyo a los grupos urbanos hicieron peligrar la autoridad, el poder político-jurídico de los grupos privilegiados.

No es extraño que ante estos peligros se reforzaran la organización social, que se le buscara una justificación. Así, a fines del siglo XI se afirmará que Dios desde la eternidad había dividido a los hombres en tres grupos: los que oran, los que combaten y los que trabajan. Cualquier intento de modificar el orden social sería, pues, un atentado contra el orden impuesto por Dios.

Esta defensa ideológica de la sociedad establecida se mostró efectiva mientras el grupo de los trabajadores estuvo integrado por campesinos cuyas posibilidades de alcanzar la riqueza y el poder de nobles y clérigos eran mínimas. Pero allí donde las ciudades adquirieron importancia económica, política y cultural los clérigos y nobles tuvieron que aceptar junto a ellos, en igualdad de condiciones, a los burgueses como tercer grupo privilegiado.

Por otra parte, al desaparecer el localismo y la desorganización de épocas anteriores y centralizarse la administración, se modificó automáticamente la situación social de los individuos: el caballero que en su aldea gozaba de un gran prestigio perdió toda su importancia cuando ésta se incorporó a un conjunto más amplio; lo mismo ocurrió con el abad de un monasterio siempre que éste no tuviera dimensión «nacional». Las diferencias dentro de los grupos nobiliario y eclesiástico (existentes en todo tiempo) se acentuaron y mientras unos mantuvieron su prestigio o lo aumentaron, otros se vieron reducidos a papeles secundarios. Se produjo una diversificación (basada en la riqueza y en el poder) dentro de estos grupos; igual ocurrió en el mundo urbano, donde los patricios o los caballeros se elevaron sobre el resto de los ciudadanos.

La nueva organización social tendrá en cuenta por un lado la tradición (la división en grupos según la función) y por otro la diversificación impuesta por las nuevas condiciones de vida. Nobles de primera fila, altos cargos eclesiásticos y burgueses acomodados, además de conservar la autoridad local, obtuvieron el control del reino a través de su participación en las Cortes a las que fueron convocados igualmente algunos miembros del segundo grupo: caballeros, abades y miembros de los cabildos episcopales en número variable.

Dentro de las cortes se mantuvo la división en tres grupos o brazos: el militar, el eclesiástico y el real o urbano, cada uno de los cuales tenía sus intereses específicos, aunque todos coincidieran en la defensa de su situación privilegiada y se opusieran en mayor o menor medida a las modificaciones introducidas por el monarca y de modo especial a la actuación de los oficiales del rey.

LOS GRUPOS REPRESENTADOS EN CORTES

Durante la Alta Edad Media el rey o el conde gobiernan sus dominios con el asesoramiento dé un consejo o curia integrada por los familiares del monarca, por un número reducido de nobles, por algunos obispos y por los oficiales de mayor importancia. Junto a esta curia ordinaria existe la curia plena o extraordinaria a la que asisten, además de los anteriores, otros muchos nobles y eclesiásticos. Desde fines del siglo XII los representantes de las ciudades se incorporan a estas reuniones extraordinarias que pierden su antiguo nombre y reciben el de Cortes. La incorporación del grupo urbano a la curia tiene un gran interés, por cuanto significa el reconocimiento oficial de su fuerza y la equiparación política de los burgueses a los nobles y eclesiásticos.

Las decisiones tomadas por el monarca tras la consulta a los tres grupos son mucho más efectivas al hallarse representados de una manera u otra en los acuerdos todos los súbditos del reino. Pero la convocatoria de Cortes, la consulta a los súbditos, es sentida por los reyes como una confesión de la debilidad de su poder; de hecho sólo se convocarán Cortes en los momentos de gravedad en los que el rey necesita el apoyo (militar o económico) de los súbditos. Los representantes de éstos no se limitarán a aconsejar y ayudar al monarca, sino que exigirán compensaciones (nuevos privilegios o el reconocimiento de los anteriores), terminarán por imponer al rey la celebración periódica de Cortes y, en algunos reinos conseguirán que sean obligatorias las decisiones de las Cortes, no las del rey.

A través de este proceso, las Cortes convocadas para colaborar con el monarca se transforman en el verdadero órgano de gobierno de los reinos siempre que los monarcas necesiten el apoyo de los brazos y carezcan de la fuerza necesaria para exigirlo. En teoría, los acuerdos de Cortes tienden a lograr el bien del reino, pero en la práctica la reducción de los procuradores a los miembros del grupo de los mayores (alto clero, gran nobleza y dirigentes urbanos) hará que se dé preferencia a los intereses de estos grupos sobre los nacionales o a los de un grupo en particular, según sea la relación de fuerzas entre los distintos brazos y entre éstos y el monarca, en cada momento.

León-Castilla

En los reinos occidentales, la integración de los representantes de las ciudades en la curia plena se produjo en fecha temprana. Por primera vez fueron convocados los leoneses por Alfonso IX en el primer año de su reinado (1188) para poner fin al desbarajuste económico y a la dispersión del patrimonio real provocada por la prodigalidad de Fernando II y para pacificar el reino y unificar sus fuerzas contra un posible ataque castellano.

El precio pagado por el monarca fue alto: confirmó y se obligó a mantener los buenos usos y costumbres, aceptó la vigencia plena de los fueros locales, reconoció su incapacidad legal para declarar la guerra o firmar treguas sin consentimiento de obispos, nobles y hombres buenos y, por último, se comprometió a no proceder contra nadie sin pruebas y a aceptar las sentencias dictadas por la curia. Si en líneas generales en estas Cortes predominaron los intereses generales (anulación de donaciones y recuperación del patrimonio real), en las convocadas en 1202 se dictaron medidas favorables a nobles y eclesiásticos y las de 1208 fueron claramente proeclesiásticas.

En 1202 se planteó un problema interesante desde el punto de vista social. La pertenencia a un grupo social llevaba consigo la atribución a la tierra propiedad de cada persona de una categoría determinada: tierras de abadengo (eclesiásticas, no de clérigos sino de la Iglesia), de solariego (nobiliarias) y de realengo, en cada una de las cuales el propietario tenía unos derechos y obligaciones determinadas. Propiedad y posesión no siempre coincidían y un noble podía tener (poseer) tierras de abadengo o un organismo eclesiástico tierras propiedad de nobles; estatuto personal y territorial no coincidían y era preciso saber cuál de los dos predominaba, es decir, los derechos y obligaciones del poseedor.

Las Cortes decidieron que si los nobles poseían estas tierras con carácter vitalicio debían observar en ellas los mismos fueros y costumbres que en las propias, pero si las tenían de modo temporal o empeñadas, la autoridad del rey sería en ellas la misma que en las restantes tierras de abadengo. En resumen, predomina el estatuto personal cuando la tenencia es vitalicia, y el estatuto de la tierra cuando es temporal.

La mayor parte de las disposiciones de 1208 reforzaron los privilegios de los eclesiásticos: exención del pedido, prohibición de embargar los bienes de los clérigos, supresión de los derechos de portazgo sobre los productos alimenticios llevados a obispos y canónigos, sumisión de los laicos al derecho canónico en las demandas contra los clérigos...

El alejamiento de nobles y eclesiásticos de las Cortes castellano-leonesas y la escasa diferenciación social existente en los concejos hicieron que los acuerdos adoptados tuvieran carácter general y que las Cortes actuaran en numerosas ocasiones como auxiliares del monarca contra la nobleza; pero no faltaron medidas claramente favorables a los grupos privilegiados, como las leyes suntuarias aprobadas en 1258 para señalar, mediante signos externos, las diferencias entre oficiales menores y jefes de cada servicio, entre clérigos y canónigos, entre escuderos y caballeros.

La nobleza castellano-leonesa

Tras la invasión musulmana desapareció prácticamente la nobleza visigoda en los reinos occidentales y sólo lentamente se formó un grupo aristocrático cuya aparición fue debida a las grandes facilidades que la repoblación ofrecía para crear extensos dominios territoriales y al desempeño de cargos en la corte o en la administración del reino. A la riqueza y al poder político se unió el éxito militar como origen de la nobleza: en muchos casos la guerra será la base del enriquecimiento y de la participación en el poder, factores que elevaron a un grupo reducido sobre el resto de los hombres libres. Pero no podrá hablarse de la aparición de la nobleza como grupo social hasta que esta aristocracia económico-político-militar no obtenga una condición jurídica privilegiada que la distinga en el plano legal.

Servicios militares y administrativos (generalmente unidos) fueron recompensados por los reyes, que no sólo entregaron tierras sino también señoríos, es decir, poder sobre los campesinos que habitaban en ellas. A partir del siglo XI y a causa de la intensa feudalización de León-Castilla se generalizaron los señoríos y la caballería, el grupo militar, se convirtió en un orden social reconocido y aceptado como preeminente.

El grupo militar no sólo será superior por su riqueza y cargos al resto de los hombres libres, sino que tendrá conciencia de su superioridad e intentará reflejarla claramente en los ordenamientos legales para evitar la entrada en el grupo de nuevas personas: la condición social nobiliaria se transmitirá por herencia.

Aunque en el interior del grupo nobiliario no se observa una diferenciación jurídica, de hecho existen claras diferencias, por razón de la importancia económica y política, entre los ricoshombres y los hidalgos. Los primeros constituyen un grupo muy reducido (Salvador de Moxó evalúa en una treintena los linajes de ricoshombres a fines del siglo XIII y comienzos del XIV) y su participación en las Cortes fue reducida. Exentos ellos y sus vasallos del pago de impuestos y con fuerza militar y política suficiente para imponerse al rey y a los concejos, apenas tuvieron interés en asistir a las reuniones excepto cuando vieron peligrar sus privilegios durante las minorías de Fernando IV y de Alfonso IX.

La baja nobleza, los hidalgos, sin la fuerza de los ricoshombres, vieron más fácilmente discutidos sus privilegios y desarrollaron un mayor sentido de solidaridad. Estos nobles de segunda fila actúan generalmente al servicio de los ricoshombres como vasallos militares, pero un número considerable son propietarios que gozan de una relativa autonomía. Las relaciones de unos y otros con la alta nobleza distaron mucho de ser cordiales, según pusieron de manifiesto la Cortes de 1315 en las que se recogieron los acuerdos de la hermandad entre los hidalgos y los hombres de los concejos para poner remedio a los «muchos males, daños y agravios que hemos recibido hasta aquí de los hombres poderosos».

En relación directa con los nobles, aunque sin formar parte de su estamento, sitúa el infante don Juan Manuel en el Libro de los Estados a los oficiales «de las tierras e de las casas de los señores» elegidos entre los miembros del estado ciudadano, «porque los hombres de las villas no se atreven a tanto como los nobles, ni los señores les deben tanta honra, y si cometen algún error pueden los nobles más fácilmente castigarlos o incautarse de sus bienes».

A pesar de esta razones, algunos de los oficios eran de tal importancia que sólo podían ser confiados a los caballeros, como los de adelantados o merinos, alcaldes, alguaciles, ayos, alféreces y mayordomos. Entre los oficios que desempeñaban los hombres de las villas en las casas nobiliarias menciona don Juan Manuel por orden de importancia los de canciller o encargado de la correspondencia, médico, camarero (guardián de los objetos de valor y del dinero de los nobles), despensero, coperos, reposteros, caballerizos, porteros, mensajeros...

El estamento eclesiástico castellano-leones

A pesar de que la mayor parte de los archivos conservados son eclesiásticos, no contamos con ningún estudio moderno de conjunto sobre la actuación de obispos y clérigos. Los trabajos monográficos sobre obispados, monasterios y órdenes militares distan mucho de permitirnos esta visión de conjunto. A través de las actas de Cortes y de los cuadernos de las hermandades eclesiásticas pueden señalarse, no obstante, algunas características de este grupo social.

Equiparados los clérigos en muchos puntos a los nobles (existencia de un fuero propio, importancia de sus propiedades agrícolas y exenciones tributarias) difieren sin embargo de ellos, en primer lugar, por el ámbito reducido en que ejercen su actividad y por el carácter abierto de este grupo social, cuya naturaleza no permite transmitir los derechos adquiridos. Si el primer factor limita la importancia de los eclesiásticos al reducir su jurisdicción a un ámbito preestablecido, el segundo contribuye a aumentar la importancia económica de la Iglesia.

Ciertamente no podrán formarse grandes dinastías eclesiásticas, pero el patrimonio se mantiene indiviso y aumenta continuamente. Por otro lado, la mayor preparación cultural de los clérigos los sitúa en los puestos más importantes de la administración central al menos hasta fines del siglo XIII, momento en el que los concejos pedirán insistentemente que los clérigos sean apartados de estos cargos porque si en el desempeño de su oficio cometiesen algún yerro los oficiales habrían de rendir cuentas, «lo que no podemos fazer a los perlados ni a los otros clérigos» sometidos al fuero eclesiástico.

Este fuero se aplica no sólo a los casos que afectan a los clérigos sino también en las demandas hechas por los laicos contra ellos, ya que tanto el derecho civil como el canónico ordenan que el demandante siga el fuero del demandado, según consta en las Cortes de 1208.

Aunque, al igual que ocurría en el estamento nobiliario, tampoco se dio una diferenciación jurídica entre los eclesiásticos, la importancia de unos y otros varió extraordinariamente. En primer lugar figuraban los arzobispos de Toledo y Santiago, cabezas respectivamente de las Iglesias castellana y leonesa, aun cuando el toledano, por su condición de primado y por la amplitud de sus bienes, ocupó el primer lugar. Similar importancia a la de los obispos tenían los maestres de las órdenes militares de Santiago y Calatrava. En un plano inferior se hallaban los comendadores, canónigos y abades.

La situación de obispados y abadías difiere notablemente. Los primeros han logrado mantener o incrementar su prestigio y su riqueza a lo largo de la Edad Media, mientras los segundos, situados en su mayor parte al norte del Duero, perdieron importancia al trasladarse el centro del reino hacia el sur. Un gran número de monasterios benedictinos se encontraba en crisis ya en el siglo XII y sus bienes se vieron amenazados por las apetencias de los nobles que, como protectores o encomenderos, obtuvieron la cesión de importantes tierras.

Al sur del Duero los monasterios fueron escasos y de reducida importancia. Las zonas rurales estuvieron controladas eclesiásticamente por el clero secular y por las órdenes militares. En las ciudades de todo el reino se establecieron las nuevas órdenes mendicantes (dominicos y franciscanos). El conocimiento de las relaciones entre los diferentes grupos del estamento eclesiástico es imprescindible para el estudio de la historia medieval castellano-leonesa, pero los estudios en este campo, como en tantos otros, apenas han comenzado.

Las primeras divisiones del estamento eclesiástico en el campo político se observan durante la sublevación de Sancho IV; mientras la mayoría de los obispos y abades apoyaron la destitución de Alfonso X realizada oficialmente en Valladolid el 21 de mayo de 1282, los obispos de Burgos y Palencia y los superiores de los dominicos siguieron reconociendo como rey a Alfonso. El apoyo al rebelde, a pesar de las concesiones hechas por éste (creación de hermandades de monasterios y de obispos) no fue duradero; la Iglesia como grupo se mantuvo siempre al lado del monarca legalmente aceptado; dos meses después de la creación de las hermandades muchos de los firmantes se hallaban al lado de Alfonso X.

Las concesiones hechas en 1295 a los concejos por María de Molina provocaron la reacción del estamento eclesiástico y en primer lugar del arzobispo toledano que se apresuró a obtener del rey la confirmación de los privilegios de su iglesia especificando claramente que nada podían valer contra ellos los privilegios concejiles. La hermandad de Extremadura v de Toledo, en la que habían entrado algunos concejos vasallos del arzobispo, fue obligada a reconocer que no había sido su intención perjudicar al arzobispo y, contraviniendo los acuerdos de la hermandad, negó su apoyo a estos concejos contra la iglesia toledana.

El mismo arzobispo dirigió la protesta general del estamento eclesiástico contra los privilegios y hermandades de los concejos alegando que ni los eclesiásticos ni los nobles habían sido consultados en ningún momento aunque en las actas de las Cortes se dijera que todo había sido hecho con el consentimiento de los prelados y de los ricoshombres. La monarquía, enfrentada a la mayor parte de la nobleza, no podía enajenarse el apoyo de los eclesiásticos; en las mismas Cortes de Valladolid (1295) fueron confirmados todos los privilegios eclesiásticos y María de Molina se comprometió a no apoderarse de los bienes de las sedes y abadías a la muerte de los titulares (la Corona actuaba de hecho como administradora de estos bienes mientras los cargos estaban vacantes), a no intervenir de ningún modo en la provisión de los cargos y beneficios, a no solicitar tributo ninguno a las iglesias, obispos y clérigos y a respetar el fuero eclesiástico.

Un año más tarde, Bonifacio VIII reafirmaba la exención fiscal de los clérigos y declaraba incursos en excomunión a quienes exigieran el pago de impuestos bajo cualquier forma y a los que los pagaran sin licencia de la sede romana. Los acuerdos de 1295 y la bula pontificia no impidieron, sin embargo, que el monarca castellano percibiera dos novenos de los diezmos pagados en el reino que oficialmente se destinaban a financiar la guerra contra los musulmanes y que habían sido concedidos de modo provisional a los reyes de la Península desde fines del siglo XII.

En 1302, coincidiendo con la mayoría de edad de Fernando IV, los obispos castellanos celebraron un concilio en Peñafiel en el que trataron desde la reforma de las costumbres del clero hasta la defensa de los bienes eclesiásticos pasando por la ordenación del culto a la Virgen y por el sistema de preparar el pan de la comunión. Se recordó la vigencia de la bula de Bonifacio VIII y se ordenó su publicación en todas las diócesis para que nadie pudiera alegar ignorancia.

Los obispos recordaron a los fieles que debían dar a la iglesia los diezmos de las cosechas, frutos, animales y de los productos derivados: queso, lana, cera, miel y «de cualesquiera otras cosas lícitamente adquiridas». Para oponerse a los abusos de «algunos poderosos» que destruían iglesias, les imponían gravámenes o atentaban a sus privilegios y libertades, los obispos decretaron la pena de excomunión para los infractores y la de entredicho para las tierras en las que desafiaran, hirieran o mataran a eclesiásticos. El concilio de Peñafiel presenta la particularidad de que los obispos decidieron actuar de común acuerdo y responder mancomunadamente a los atentados que sufrieran: las excomuniones y entredichos puestos por uno de ellos serían aplicadas por todos los demás en su diócesis.

El carácter de hermandad que tienen estas reuniones episcopales es más evidente en el sínodo celebrado en Salamanca por los obispos sufragáneos de Compostela para «la defensa y conservación de la libertad eclesiástica y de las personas y bienes de la Iglesia» frente a todos, excepto Fernando IV, María de Molina, la reina Constanza y los reyes portugueses. El entredicho o la excomunión decretada por uno cualquiera de los obispos sería aplicada automáticamente en todas las diócesis; la mitad de las pérdidas que uno de ellos sufriera sería compensada por los restantes siempre que los perjudicados no fueran más de cuatro al año; si fueran más, los obispos sólo estarían obligados a reponer hasta un tercio de las pérdidas sufridas por intentar mantener los derechos eclesiásticos.

En esta reunión se acordó igualmente enviar procuradores comunes a Roma y a la corte y pagarlos entre todos. Para evitar errores en la imposición de penas eclesiásticas se ordenó que antes de proferir las sentencias los obispos se asesoraran y en cualquier caso se autorizó a los demás a anularlas si lo creyeran justo. Cada año celebrarían una reunión para tratar de los asuntos relativos al servicio divino, a la iglesia de Roma, a los reyes, a la utilidad de las iglesias y a la salvación de las almas.

Un año más tarde (1311) Fernando IV confirmó los privilegios y derechos eclesiásticos; ordenó a los merinos y jueces que dieran cumplimiento a las sentencias dictadas por los prelados; se comprometió a no pedir contribuciones a los eclesiásticos ni a sus vasallos sin el consentimiento de los prelados reunidos; ordenó a los merinos que, acompañados de un hombre designado por el obispo del lugar, hicieran una pesquisa anual sobre los agravios hechos a los eclesiásticos y dispuso que hubiera en la corte dos alcaldes especialmente dedicados a juzgar los pleitos en los que intervinieran prelados y hombres de las órdenes.

La guerra civil desencadenada a la muerte de Fernando IV dio lugar a una nueva hermandad dirigida por el arzobispo compostelano; en sus ordenanzas se recogieron las disposiciones del sínodo de Salamanca (1310) y los privilegios confirmados por Fernando IV (1311). Se repitieron las cláusulas sobre la validez de la excomunión decretada por uno de los obispos en todas las diócesis, sobre las ayudas que debían prestarse los obispos... y se prohibió a los obispos que consintieran en pagar tributos, ellos o sus vasallos, sin el consentimiento de la hermandad.

Los representantes de las ciudades castellano-leonesa

El infante don Juan Manuel incluye a los ciudadanos entre los laboratores porque no defienden la tierra con sus manos y porque la tierra se aprovecha de ellos, de unos porque compran y venden (mercaderes) y de otros, los ruanos, porque labran la tierra y crían ganado del mismo modo que los campesinos. Las afirmaciones del infante reflejan la realidad castellano-leonesa: jurídicamente las diferencias entre campesinos y ciudadanos son escasas (cada uno se rige por el fuero local); el modo de vida, la función que unos y otros desempeñan coincide en la mayor parte de los casos.

La ciudad castellano-leonesa es, ante todo, un centro agrícola, y campesinos son la mayor parte de sus habitantes aunque en todas las ciudades haya o pueda haber un reducido número de mercaderes y artesanos. De esta realidad no se exceptúa ni siquiera el gran puerto de Sevilla, ya que en él las actividades comerciales están en manos de extranjeros (italianos, francos y catalanes) y la artesanía no sobrepasa el ámbito de las necesidades locales.

Sin embargo, en los concejos castellano-leoneses existe un grupo de personas que, aun siendo en muchos casos campesinos, se distinguen claramente de éstos. Son los que don Juan Manuel llama «defensores que no son fijosdalgo», a los que conocemos por el nombre de caballeros villanos. Son vecinos del municipio y están en todo sometidos a él; en principio no tienen ningún privilegio especial pero con el tiempo la posesión de caballo llegó a ser un requisito imprescindible para desempeñar un cargo municipal, por los que estos caballeros se convirtieron en los dirigentes del concejo y lograron importantes privilegios y exenciones fiscales.

Las posibilidades de acceder a este grupo social y las ventajas que reportaba se hallan expuestas claramente en la crónica de Alfonso X al hablar de la sublevación de los mudéjares andaluces: los caballeros villanos de Extremadura, que tradicionalmente servían al rey durante tres meses al año sin percibir salario, comenzaron a retraerse ante las graves pérdidas sufridas; para asegurar la defensa del territorio, Alfonso X ordenó que quienes tuvieran caballo y armas fueran excusados de pagar al rey la fonsadera y la martiniega tanto ellos como sus hombres, molineros, yugueros, hortelanos..., a cambio de servir militarmente al rey durante tres meses anuales.

Las diferencias entre los caballeros y los simples ciudadanos se reflejan en los fueros locales. Puede hablarse de la existencia de un auténtico fuero propio de los caballeros: están exentos de prestaciones personales, del pago del nuncio, mañería, anubda, posada y yantar; mantienen estos privilegios incluso cuando han perdido el caballo, siempre que en plazo de tres años adquieran otro que les permita cumplir sus deberes militares. El fuero se extiende a las viudas y a los hijos menores de edad si son dueños de un caballo apto para la guerra.

Entre fines del XII y comienzos del XIII ser caballero deja de ser una posibilidad libremente aceptada por quien tiene medios suficientes para comprar caballo y se convierte en una obligación para todos cuantos tienen un determinado patrimonio. Comprar caballo y armas ya no es un medio de obtener exenciones fiscales sino una obligación para los más acomodados y como tal aparece regulada en algunos fueros locales. La riqueza obliga a unos deberes militares específicos; los caballeros de esta naturaleza recibirán el nombre de caballeros de cuantía o de premio. Este proceso iniciado en los concejos para asegurar su defensa se extiende a todo el reino en las Cortes de 1348.

La progresiva diferenciación entre ciudadanos y caballeros villanos puede observarse en las actas de Cortes; en la primera se habla de «ciudadanos elegidos» o de «muchos de cada una de las ciudades»; a partir de 1258 se alude frecuentemente a los hombres buenos, nombre con el que se designa generalmente a los individuos más influyentes de cada villa por su riqueza o por su prestigio y que, en gran parte, se confunden con los caballeros cuando éstos tienen en sus manos los cargos municipales. En las Cortes de 1288 se mencionan por separado los caballeros y «todos los otros hombres de nuestras ciudades y villas». En las Cortes celebradas en 1315 para confirmar la hermandad se habla de los caballeros y hombres buenos procuradores de las ciudades y de las villas.

Cuanto llevamos dicho puede ser aplicado al reino portugués en el que las ciudades no adquirieron importancia política hasta el siglo XIV —las primeras Cortes se celebraron en 1254— y donde la Iglesia y la nobleza mantuvieron e incrementaron su fuerza basada en la posesión de la tierra y de los derechos sobre los campesinos que habitaban en los señoríos eclesiásticos (cotos o coutos) o nobiliarios (honras).

La Iglesia fue hasta el siglo XIII la mayor propietaria de Portugal y su fuerza le permitió oponerse a los reyes en defensa de sus privilegios y patrocinar, de acuerdo con Roma, la sublevación que llevaría al trono a Alfonso III en 1245. Dentro de la organización eclesiástica destacan por su importancia las sedes de Braga, Coimbra y Porto, los monasterios benedictinos y los cistercienses al norte del Duero, y la sede lisboeta y las órdenes militares en la zona conquistada en el siglo XIII.

El predominio señorial fue mucho mayor en la zona norte, en lo que podríamos llamar el Viejo Portugal, ampliamente feudalizada de la que partieron los ataques contra los reyes del siglo XIII y contra la que se dirigieron las inquiriçoes ordenadas por Alfonso II y por sus sucesores.

La Corona de Aragón

La unión de Cataluña y Aragón en 1137 unía dos economías y dos sociedades claramente diferenciadas. La economía aragonesa tenía como recursos principales la madera y el hierro de la montaña, el ganado lanar, los cereales, la viña, el olivar y las legumbres de las zonas de regadío. Cataluña, si era inferior en recursos agrícolas y ganaderos, disponía de importantes reservas forestales y sobre todo estaba orientada en gran parte hacia el mar; un gran número de sus habitantes vivían de la pesca, de la piratería o del comercio y en sus ciudades se desarrollaban actividades artesanales aunque fueran de importancia reducida.

En ambos Estados la nobleza es el grupo dominante, junto con el estamento eclesiástico. Pero mientras en Aragón la nobleza no está organizada y sus miembros viven indistintamente en el campo o en los centros urbanos, en Cataluña la nobleza está perfectamente organizada y los nobles no residen en las ciudades sino en sus posesiones rurales. Por ello cuando los centros urbanos se desarrollen lo harán al margen de la nobleza y de las actividades agrarias, lo que no ocurre en Aragón donde las ciudades —en gran parte controladas por la nobleza— mantienen actividades abiertamente agrícolas o relacionadas con el campo.

El aumento de población en ambos Estados, mal conocido pero innegable, hizo posible la expansión militar hacia el norte (Toulouse y Pro-venza) y hacia el sur (Lérida, Tortosa y reino valenciano). Junto a esta expansión militar e íntimamente relacionada con ella se produjo una expansión comercial por obra de los ciudadanos, de los mercaderes de Cataluña Cuando la expansión militar haya sido frenada en el norte por los cruzados de Simón de Montfort y en el sur por el tratado de Almizra, Aragón se encontrará en una situación económica y social similar a la del siglo XII, mientras que Cataluña habrá desarrollado nuevas posibilidades económicas v modificado la situación social al adquirir importancia el grupo urbano.

A lo largo de los siglos XII-XIII los mercaderes catalanes se han preocupado por crear una industria capaz de alimentar un comercio de exportación que permite equilibrar las entradas y salidas de numerario, con lo que evitan la desmonetización característica de los países productores de materias primas y carentes de industria, situación en la que se halla el reino aragonés, cuyos productos agrarios (cereales, lana y cueros) llegan a Barcelona por vía fluvial desde Zaragoza hasta Tortosa y por mar a partir de este último punto. La economía de ambos Estados se complementa, pero en perjuicio de Aragón, cuyos productos son incapaces de compensar el alza de precios constante de los artículos manufacturados o comercializados por mercaderes de Cataluña.

El desarrollo agrario de Aragón beneficia ante todo a los nobles, dueños de la mayor parte de la tierra, pero su situación empeora constantemente y no parece que las revueltas nobiliarias aragonesas fueran ajenas a este empeoramiento de la situación. En Cataluña la nobleza se vio igualmente afectada, pero el monarca disponía en el Principado de fuerzas económicas suficientes para contrarrestar eficazmente a los nobles; las revueltas no alcanzaron la importancia que en Aragón.

El desarrollo de la economía comercial y del grupo ciudadano en Cataluña no puede, sin embargo, hacernos olvidar que la mayor parte de la población vivía de la agricultura y que la tierra estaba en manos de la nobleza y del clero. El control económico y consiguientemente político de Cataluña estará por tanto repartido entre nobles, eclesiásticos y ciudadanos, que unirán sus fuerzas, según vimos al analizar las Cortes de 1283, para imponer sus puntos de vista a los monarcas y obligarles a concebir el poder como el resultado de un pacto, de un acuerdo entre el rey y los súbditos representados por nobles, eclesiásticos y ciudadanos.

La idea de que el poder dependía de acuerdos entre el monarca y los dirigentes de la sociedad no sólo sirvió para limitar los excesos del rey sino también, y quizás sea más importante, para dar a nobles, clérigos y ciudadanos la posibilidad de modificar las leyes o de hacer otras nuevas por medios pacíficos, sin recurrir a la sublevación armada, esto es, por medio de las Cortes.

En Aragón la fuerza nobiliaria superaba considerablemente a la de eclesiásticos y ciudadanos —lo mismo sucedía en Navarra—, que apenas intervinieron en la dirección del reino; las Cortes estuvieron claramente al servicio de los intereses nobiliarios. Aunque en este reino también estuvo vigente el sistema pactista y los aragoneses lograron en fecha temprana privar al rey del poder legislativo (sólo los acuerdos de las Cortes tenían valor de ley), el recurso nobiliario a las Cortes para defender sus intereses alternó con la guerra abierta contra el monarca a causa de que desde comienzos del siglo XIII los intereses del rey no coincidieron con los de los nobles aragoneses.

Éstos desempeñaron un papel secundario en las orientaciones políticas de la Corona y el rey pudo prescindir de su apoyo en determinadas circunstancias. Sin los nobles aragoneses se llevó a cabo la conquista de Mallorca y la expedición contra los musulmanes sublevados en Murcia; y contra los intereses y deseos nobiliarios Jaime I hizo de la conquista de Valencia una empresa nacional y de las nuevas tierras un reino independiente. Sólo en los momentos de gravedad el monarca accederá a las exigencias o imposiciones de los nobles de Aragón, para anularlas más tarde.

La nobleza en la Corona de Aragón

Frente a la confusión existente entre alta y baja nobleza en Castilla-León, en la Corona aragonesa ambos grupos aparecen claramente definidos incluso en la terminología: los miembros del primero recibieron en Cataluña los calificativos de nobles, magnates o barones mientras que los segundos fueron llamados caballeros y hombres de paratge. En Aragón, las diferencias reales o el deseo de diferenciarse llevaron a los nobles a formar en las Cortes dos brazos separados.

Aunque ni en Cataluña ni en Castilla-León se llegó nunca a una división de este tipo, los caballeros catalanes intentaron emanciparse de la tutela nobiliaria a fines del siglo XIV y comienzos del xv y los castellanos, considerando que sus intereses estaban más próximos a los de los caballeros villanos que a los de los ricoshombres, formaron con aquéllos una hermandad para defenderse de los excesos de los nobles. Estos datos son interesantes por cuanto pueden indicarnos cómo la «función» ha perdido el valor social que tenía y ha sido preterida a la riqueza, a la comunidad o identidad de intereses. La alta nobleza estaba integrada por un número reducido de linajes: treinta en Cataluña y veinte en Aragón.

En sus orígenes y durante gran parte de la Edad Media, Cataluña dista mucho de tener unidad política. No es un Estado sino un conjunto de condados cuyos dirigentes reconocen de algún modo la superior autoridad del conde barcelonés, lo que no impide que cada uno actúe en sus dominios con absoluta libertad. Los barones de Cataluña serán los descendientes de estos condes y de sus más directos auxiliares los vizcondes. Entre los primeros se hallan los condes de Besalú, Cerdaña, Ampurias, Rosellón. Urgel y Pallars; entre los segundos, los vizcondes de Vas, Rocarbertí, Castellbó, Castellnou, Cardona... que toman su nombre no del condado sino de una de sus posesiones.

A lo largo del siglo XII la casa condal de Barcelona logró incorporar diversos condados y redujo la autoridad de los restantes y de los vizcondes, pero la unificación territorial y política sufrió un importante retroceso a la muerte de Pedro el Católico. Barones catalanes y ricoshombres aragoneses controlarían el reino durante la minoría de Jaime I y el Principado no se pacificaría hasta que las campañas contra los musulmanes ofrecieran a los nobles la oportunidad de incrementar sus propiedades.

A partir de la conquista de Mallorca, la actuación de los barones catalanes difiere de la de los ricoshombres aragoneses. Participan activamente en la empresa así como en la ocupación del reino valenciano y más tarde en la recuperación de Murcia y mantienen una actitud pacífica hasta fines del reinado de Jaime I. Pedro el Grande se vio obligado a hacer frente a la sublevación de los barones, pero esta etapa bélica puede considerarse terminada en 1280. Desde este momento la oposición entre los nobles y el conde de Barcelona dejó de ser militar y continuó judicialmente. Según Sobrequés, el rey llevó la iniciativa y suscitó continuos pleitos para vincular los patrimonios de los barones a la familia real, pero sería aventurado aceptar que en el siglo XIV había triunfado el principio monárquico y que los barones estaban anulados políticamente.

Efectivamente, Jaime II logró anular a algunos miembros de la nobleza y vincular los títulos y posesiones de otros en la familia del rey, pero la monarquía en su actuación también encumbró a otros nobles y ni Jaime II ni Pedro el Ceremonioso consiguieron reducir la importancia económico-social de los nobles. Los derechos de éstos sobre los campesinos se incrementaron y la autoridad del rey nunca fue absoluta en todas las tierras catalanas, como lo demuestra el hecho de que a mediados del siglo XIV sólo 144000 catalanes dependieran directamente del rey mientras 170000 estaban sometidos a la jurisdicción de los señores laicos y 121800 habitaban en señoríos eclesiásticos.

La independencia de los nobles en sus dominios durante los siglos XII y XIII no fue total: los Usatges les prohibían atormentar y castigar a los acusados. Pero el margen de libertad de los señores fue siempre amplio. Así, en los acuerdos de paz y tregua no se incluían los bienes propios de los nobles sobre los que el rey no tenía jurisdicción, según parece probarlo la constitución de 1173 por la que Alfonso el Casto ponía bajo la protección de la paz y tregua las iglesias, personas y bienes de los eclesiásticos, las personas y propiedades de los campesinos y sus casas «siempre que no se hallaran en alodios de caballeros».

En 1202 se precisó aún más la independencia nobiliaria al adoptarse una disposición según la cual los señores que maltrataran a los campesinos o les quitaran sus casas no deberían composición alguna al rey excepto en el caso de que los campesinos o sus bienes hubieran sido recibidos en feudo del rey o de personas eclesiásticas; y en 1214 tras señalar las personas y bienes protegidos por la constitución se aludió directamente a los «hombres de los alodios y castillos de los caballeros en los que el rey sólo poseía la potestad» (la justicia criminal); estos hombres no podían ser incluidos en la paz y tregua sin una declaración expresa de sus señores.

En 1218, aunque no se incluyeron las personas y bienes de los caballeros, se pretendió evitar los daños causados a los campesinos. Los consejeros de Jaime I pusieron bajo la protección de la paz y tregua a los «villanos y villanas de los caballeros, tanto en los alodios como de los feudos, con todos sus animales... y aperos de labranza». La constitución fue jurada por gran número de nobles.

Aunque la tendencia dominante fue incluir a los campesinos dependientes de los nobles en las paces y treguas, puede observarse una vacilación en las Cortes posteriores. En 1225 Jaime I extendió la paz y tregua a todas las personas y concretamente a «los castillos, ciudades, mansos, casas y posesiones de los magnates y de los demás caballeros» cuyos servicios eran necesarios para las campañas valencianas, pero en 1235 se incluyeron bajo la protección a los hombres de a pie de lugares de realengo, eclesiásticos y militares y no a los caballeros ni a los que siendo peones participaran en cabalgadas.

En Cataluña, al igual que en Castilla, el auge económico borró o atenuó las diferencias externas entre los distintos miembros de la nobleza. En la asamblea de paz y tregua de 1235 se adoptaron medidas similares a las estudiadas para Castilla en el año 1258. Se prohibió el uso de vestidos lujosos, se ordenó que ningún noble que no fuera caballero ni ningún ballestero se sentara a la misma mesa que un caballero o que su señora y se prohibió a los primeros el uso de calzas rojas, «a no ser que sea de tal categoría que lleve caballeros a su servicio», es decir, que fuera hijo de un barón. Al mismo tiempo se completó la tendencia a convertir, la caballería en grupo cerrado al ordenar que nadie pudiera ser caballero si no era hijo de caballero.

Si durante los últimos años del reinado de Jaime I la nobleza catalana se mantuvo en actitud pacífica, Pedro el Grande inició su reinado enfrentado a los nobles catalanes que, vencidos, mantuvieron sin embargo sus prerrogativas y aprovecharon las necesidades económicas y militares del monarca en 1283 para obtener importantes concesiones, ya estudiadas.

Los problemas de la nobleza aragonesa eran los mismos que los que afectaban a los nobles catalanes y, en general, a toda la nobleza de Europa occidental. Por un lado necesitaban defender su posición económica, social y política frente a los intentos centralizadores del monarca; por otro, estaban obligados a incrementar sus propiedades y derechos para mantener su situación hegemónica frente a los restantes grupos sociales.

El primer objetivo se logró mediante la codificación de los fueros aragoneses, que reflejaban las situaciones de privilegio admitidas tradicionalmente. Pero esta medida era insuficiente si no se privaba al monarca de la posibilidad de modificarlos, lo que sería conseguido en las Cortes de 1283.

El reconocimiento de los derechos y propiedades de los nobles no era suficiente para mantener su categoría social, ya que el aumento continuo de los gastos se traducía a corto plazo en una pérdida de importancia. La nobleza reaccionó frente a esta situación intentando obtener del monarca nuevas propiedades y nuevos derechos sobre las personas que dependían de ellos, es decir, sobre los campesinos cuya suerte empeoró a lo largo de los siglos XIII-XIV.

El estamento eclesiástico en la Corona de Aragón

La Iglesia catalana tuvo en todo momento un papel de primera importancia en la historia de los condados. Monasterios e iglesias fueron los principales centros repobladores y organizadores de la población. Sería un obispo-monje, Oliba, obispo de Vic y abad de Ripoll, quien en el siglo XI llevara a cabo una obra de pacificación entre los diversos condes, quien facilitara con sus intervenciones el predominio del conde de Barcelona y quien más trabajara por imponer la paz en los dominios catalanes al ordenar en su sede de Vic una constitución de paz y tregua que se extendía desde la tarde del jueves a la mañana del lunes.

En sus orígenes las constituciones de paz tenían como finalidad sustraer a la violencia ambiental a una cierta categoría de personas (clérigos fundamentalmente); la tregua tendía a suprimir la violencia en determinados períodos (días festivos y sus vísperas, Cuaresma, Navidad...). La primera constitución de paz parece datar del año 989, fecha en la que se excomulgó a los que atentasen contra los bienes de los clérigos o contra las personas de pobres, campesinos y clérigos. Las constituciones de tregua se iniciaron hacia 1023, cuando los obispos de Soissons y Beauvais ordenaron que cesaran las hostilidades durante la Cuaresma y las fiestas de Pascua.

Oliba adoptó estas prácticas en su diócesis y extendió la paz a los mercaderes cuando fueran o volvieran del mercado. Estas constituciones se generalizarían en años posteriores por voluntad de la jerarquía catalana y los condes trasladarían la institución eclesiástica al plano civil, manteniendo muchos de sus rasgos. Las constituciones de paz y tregua permitieron a los condes de Barcelona ejercer un control efectivo sobre todas las tierras sometidas a su dominio. En cierto sentido, por cuanto en ellas se legislaba con carácter general —con las salvedades hechas al hablar de la nobleza—, las reuniones para decretar la paz y tregua pueden ser consideradas como un precedente de las Cortes, aun cuando en ellas no participen los ciudadanos hasta 1214.

La ausencia de los habitantes de las ciudades no impidió que en estas asambleas se defendieran sus derechos. En 1131, en tiempo de Ramón Berenguer III la protección se extendió a todos los mercaderes, a quienes se dirigieran a los molinos para moler, a los animales de labor y a quienes los guardaran. A partir de 1188 la constitución de paz y tregua tuvo un sentido mucho más amplio: sus efectos alcanzaban a lo que podríamos llamar territorio «nacional» catalán desde Salses a Tortosa y Lérida.

La importancia de los obispos puede apreciarse en el hecho de que si el infractor se negase a pagar los daños causados «el obispo con el veguer del rey congregará los ejércitos de toda su diócesis» y obligará al cumplimiento de las penas, que en todo caso irían precedidas de la excomunión en recuerdo del origen eclesiástico de la institución y del apoyo prestado por los obispos a la tarea de pacificación del reino. La importancia de estas constituciones y del estamento eclesiástico en la pacificación de los condados catalanes y en la creación de una «conciencia nacional catalana» es innegable, aunque no haya sido bien estudiada hasta el presente.

Las crónicas de Jaime I, de Bernat Desclot y de Ramón Muntaner aluden frecuentemente al papel desempeñado por la clerecía a lo largo del siglo XIII. Cuando Jaime consultó a nobles, clérigos y ciudadanos sobre la campaña mallorquina, el primero que habló fue el arzobispo de Tarragona, que puso a disposición del rey los bienes y hombres del arzobispado y autorizó a los obispos y abades a participar en la expedición; el obispo de Barcelona ofreció 100 caballeros armados, el de Gerona 30... La conquista de Ibiza fue obra del arzobispo tarraconense y los obispos participaron activamente en las campañas valencianas. El aprecio de Jaime I por los eclesiásticos se puso de manifiesto cuando Alfonso X de Castilla le pidió consejo para poner fin al levantamiento nobiliario. El monarca aragonés le aconsejó que procurara atraerse a «la Iglesia y a los pueblos y ciudades de la tierra porque éstas son gentes a las que Dios ama más que a los caballeros... y con éstos destruiría a los otros».

Dentro de esta política de atracción de la clerecía podemos incluir los intentos de los monarcas de nombrar para los cargos y beneficios vacantes a sus fieles. En una primera fase, el rey se limita a proponer a los obispos diocesanos los clérigos elegidos por él para ocupar los beneficios en los que tiene el derecho de patronato. Pero estos beneficios eran escasos y poco rentables, por lo que los monarcas, en su deseo de crear un núcleo de clérigos adictos, solicitaron de obispos y papas la concesión de importantes beneficios a sus fieles, elegidos generalmente entre los segundones de la nobleza con lo que, al mismo tiempo, ganaban a ésta para los fines de su política interior y exterior.

El apoyo del clero al rey, a pesar de algunas normas tendentes a reducir los privilegios eclesiásticos y a conseguir la devolución de los bienes de realengo poseídos por la Iglesia, se puso de manifiesto en los años que siguieron a la conquista de Sicilia. La centralización eclesiástica había llegado hasta el punto de prohibir a los clérigos hacer concesiones monetarias a los reyes sin la autorización y consentimiento del Papa. Enfrentados el pontífice y el rey, éste necesitaba la colaboración económica del clero para hacer frente a la amenaza de invasión francesa, pero los eclesiásticos no podían —sin renunciar a su estatuto privilegiado— colaborar en el pago de los tributos extraordinarios. Ellos mismos decidieron ayudar al rey sin modificar su situación, es decir, convirtiendo este impuesto en un préstamo reintegrable cuyo importe calcula Vinke que equivalía a los ingresos de los clérigos del Principado durante un año.

La ayuda del estamento eclesiástico no fue desinteresada. Al igual que los demás grupos se hizo pagar su colaboración exigiendo que se confirmaran los privilegios de todos y cada uno, que el rey aceptara las atribuciones judiciales de los señores sobre los súbditos...

La alianza político-militar firmada en 1295 entre Bonifacio VIII y Jaime II fortaleció la autoridad del monarca sobre los eclesiásticos que fueron obligados a dar al rey el diezmo de sus ingresos para financiar la lucha contra los musulmanes. Esta concesión temporal y con una finalidad señalada en cada caso adquirió pronto un carácter definitivo y serviría para atender a los gastos de la conquista y pacificación de Cerdeña.

La falta de unidad entre Aragón y Cataluña y el predominio de los intereses del Principado puede observarse igualmente en el campo eclesiástico. Al ser restaurada la sede de Tarragona los monarcas pensaron utilizarla como un medio de fortalecer la unión política y lograron que el Papa pusiera bajo la dependencia de la metrópoli los obispados de Cataluña y de Aragón y también de Navarra, con lo cual manifestaban su disconformidad y su protesta ante la secesión de los navarros y mantenían sobre ellos un cierto control por medio del arzobispo tarraconense.

El fracaso de la unión fue confirmado por la separación de las diócesis aragonesas al crearse en 1318 la sede metropolitana de Zaragoza, con lo que el reino de Aragón y el Principado de Cataluña llevaron al campo eclesiástico sus diferencias y sus peculiaridades nacionales.

El predominio de Cataluña puede observarse también en el cambio del capellán mayor de la capilla real. Este cargo correspondía tradicionalmente al abad del monasterio aragonés de San Victorián. Jaime II nombró para desempeñarlo al abad del monasterio cisterciense de Santes Creus.

Los representantes de las ciudades en la Corona de Aragón

La situación en el reino de Aragón es similar a la descrita en Castilla: los representantes de las ciudades en las Cortes fueron campesinos seminobles o caballeros y su importancia fue siempre reducida. En Cataluña, las ciudades estuvieron representadas por los patricios, identificados en líneas generales con los grandes mercaderes allí donde existió un comercio activo. Junto a ellos participaron en el gobierno municipal, y en ocasiones también en las Cortes, los maestros de los diferentes oficios y los que ejercían profesiones liberales: médicos, juristas...

Desde 1214 las ciudades envían sus representantes a las Cortes reunidas todavía bajo la fórmula de asambleas de paz y tregua. Pero, como hemos señalado anteriormente, los intereses de los ciudadanos aparecen garantizados desde épocas anteriores. Ignoramos las razones que llevaron al cardenal Pedro, delegado de Inocencio III, a convocar en 1244 a los burgueses, pero no cabe duda de que en este momento las ciudades tienen un papel destacado y de que su ayuda era necesaria para reorganizar el Principado.

Posiblemente las ciudades habían contribuido a desempeñar algunos bienes reales con anterioridad y quizás fuera ésta la causa inmediata de que se convocara a los ciudadanos y de que se eximiera a las ciudades de todo tributo extraordinario hasta la mayoría de edad de Jaime I, «excepto si las ciudades o alguna de ellas voluntariamente quisieran hacer colectas para rescatar los bienes reales empeñados». Según la crónica de Jaime I, a estas Cortes asistieron diez hombres de cada ciudad con plenos poderes.

La participación de los ciudadanos-mercaderes en la conquista de Mallorca se halla suficientemente probada en las crónicas de Jaime I y de Bernat Desclot. Para el primero, el instigador de la campaña fue Pere Martell, «ciudadano de Barcelona y que sabía mucho de mar»; el segundo relaciona la expedición con la rivalidad comercial en el Mediterráneo. Los mallorquines capturaron dos naves catalanas y, por instigación de «mercaderes genoveses, písanos y provenzales», se negaron a devolverlas, con lo que los consejeros —según Desclot— podían «comprar y vender mejor sus mercancías, y que los catalanes no osasen navegar».

El apoyo prestado al rey en todas sus campañas fue ampliamente compensado por los monarcas, cuyas disposiciones favorecieron siempre los intereses mercantiles del patriciado urbano. La diferenciación creciente entre los habitantes de la ciudad y la equiparación de los patricios con una aristocracia urbana que, sin duda, tendía a identificar sus intereses con los de la ciudad en perjuicio del resto de los habitantes, debió ser la causa de una sublevación de las capas populares bajo el reinado de Pedro el Grande.

Esta sublevación sólo es conocida por las noticias que de ella da la crónica de Bernat Desclot, pero quizás puedan interpretarse los hechos del siguiente modo: la campaña siciliana coincidía con los intereses de la aristocracia comercial, pero su financiación repercutía sobre todas las capas de la población que se vieron obligadas a pagar los gastos de la guerra contra Sicilia, Mallorca y Francia. En esta situación, Berenguer Oller, «que era de viles gentes, pero había reunido a muchos de sus iguales en dicha ciudad y que, de grado o por fuerza, había hecho jurar a casi todo el pueblo menudo de Barcelona que seguiría su voluntad», se apoderó del gobierno de la ciudad.

A pesar de que Desclot carga las tintas sobre la personalidad de Oller, de su narración se deduce que el movimiento tenía un fuerte matiz social y de que se dirigía contra los poderosos, no contra el monarca, pese a lo cual Pedro el Grande, convencido por los patricios, mandó ahorcar a Berenguer y a seis de sus compañeros. Otros doscientos fueron detenidos y seiscientos más huyeron de la ciudad.

LOS GRUPOS SOCIALES NO PRIVILEGIADOS

El estudio de la sociedad medieval no podrá ser realizado mientras no se multipliquen los trabajos monográficos. La escasez de estudios sobre los grupos nobiliario, eclesiástico y urbano privilegiado nos ha obligado a seguir en muchos casos los relatos de los cronistas sin tener la posibilidad de contrastarlos debidamente. Al tratar de estudiar los restantes grupos, las dificultades aumentan a causa de que las crónicas y obras literarias sólo marginalmente se ocupan de ellos.

El mundo rural en la Corona de Aragón

Cataluña

Cataluña es el único país para el que disponemos de un análisis moderno y serio de la sociedad durante el siglo XIV, por lo que, aun a riesgo de incluir en este apartado algunos datos urbanos, resumiremos las conclusiones de Abadal sobre la población de Cataluña en la segunda mitad del siglo, datos que pueden aplicarse con ligeras variantes al siglo XIII.

El predominio de la población rural en Cataluña es evidente: de un total de cuatrocientos setenta mil habitantes, viven en el campo trescientos veintisiete mil y en las ciudades ciento cuarenta y tres mil. Las ciudades son de población reducida: de las 48 que acepta Abadal —considera como ciudades los centros que poseen más de 200 vecinos— treinta no llegan a los 1800 habitantes, cuatro no pasan de 2250, siete exceden de esta cifra sin llegar a 4500, y otras siete superan este número: Barcelona, Perpiñán, Lérida, Tortosa, Gerona, Tarragona y Cervera.

La situación jurisdiccional del casi medio millón de catalanes es la siguiente: 144000 dependen directamente del rey (90000 en las ciudades), 170000 habitan en señoríos de la nobleza laica (22500 en las ciudades) y la Iglesia controla a 121500 personas (99000 en el campo). Los burgueses enriquecidos ejercen su jurisdicción —a través de la compra de señoríos— sobre 18000 campesinos y otros 4500 catalanes son propietarios alodiales, hombres libres, propietarios de la tierra que cultivan. En el sector real, el monarca ordena; en los restantes, sus disposiciones se reducen a la categoría de peticiones.

Reducidos a porcentajes, los grupos sociales (mayores, medianos y menores) representan el uno, diez y ochenta y nueve por ciento de la población respectivamente. Su influencia y poder está en relación inversa con el número de los que forman cada grupo.

Los campesinos, conocidos bajo el nombre genérico de payeses y masovers, se hallan sometidos en su mayor parte a la autoridad de un señor, dueño de la tierra y con atribuciones jurídicas sobre quienes viven en ella. La situación de dependencia difiere notablemente en la Cataluña Vieja —conquistada antes del año mil— y en la Cataluña Nueva. Las diferencias entre las dos zonas están directamente relacionadas con el proceso de la reconquista y repoblación de la tierra.

La Cataluña Vieja permaneció alejada, desde el año mil, de las actividades militares y repobladoras y en ella se dio una mayor dependencia de los campesinos respecto al señor, se afirmaron los lazos feudales de dependencia. La Cataluña Nueva, necesitada de repobladores, concedió numerosos privilegios a quienes acudieron a sus tierras; por reacción, se endureció la actitud de los señores de la zona norte, para evitar la emigración de sus campesinos hacia las nuevas tierras.

El sistema de aprisió empleado en la primera dio lugar a un hábitat disperso sobre el que se pudo ejercer más fácilmente la presión señorial; en el sur se crearon villas con privilegios colectivos en los que se registraron oficialmente los derechos y obligaciones de los campesinos y que permitieron, llegado el caso, ofrecer resistencia a las pretensiones señoriales.

Entre 1150 y 1350 los señores, para evitar la emigración campesina hacia las nuevas tierras de Valencia y Mallorca lograron la adscripción a la gleba del campesinado mediante acciones individuales y a través de las normas legales aprobadas en las asambleas de paz y tregua y en las Cortes; pero cuando el aumento demográfico llevó a un incremento considerable del número de campesinos e hizo subir la demanda de las tierras fértiles, el señor perdió interés en mantener la adscripción de los campesinos y prefirió obtener una compensación en dinero haciéndoles pagar su redención o remensa.

La dependencia pasó a ser así una fuente de ingresos para la nobleza laica y eclesiástica. Igual sentido económico tendrán los llamados malos usos: son una fuente de riqueza que compensa y equilibra los ingresos nobiliarios en época de auge económico en el mundo rural, dado que los derechos territoriales del señor (los censos) permanecían invariables.

Mallorca

La historia rural de los restantes países de la Corona de Aragón está por hacer, pero es posible reunir algunos datos que aclaren ligeramente el panorama social del campo.

La forma en que se llevó a cabo la conquista y repoblación de Mallorca no permitió la existencia de un campesino adscrito a la tierra. La necesidad de repoblar obligó a conceder franquicias y privilegios. Los campesinos fueron libres e incluso acomodados y, lo que es más importante, desde el comienzo de su instalación en la isla los payeses lograron unirse y mantuvieron la cohesión del grupo alimentada por la oposición entre la Ciudad (Palma) y las villas.

En Cataluña el campesinado, el pueblo menudo, permaneció siempre alejado de la dirección y participación política. En Mallorca su fuerza le llevó en 1315 a imponer lo que podríamos llamar la participación política proporcional con escalas móviles de corrección. La actuación del campesinado mallorquín se basó en la aplicación estricta de la fórmula jurídica quod omnes tangit. puesto que las villas tenían una potencia económica equivalente a un tercio de la economía insular, los habitantes de las villas, los foráneos, contribuirían económicamente con un tercio de los impuestos, tendrían la tercera parte de los puestos en el Grande y General Consejo que regía la isla y contaría igualmente con un tercio de los cargos honoríficos. Aunque esta proporción se mantuvo, en 1315 se previo la posibilidad de que la relación entre las villas y la Ciudad variara y se estableció que la contribución económica y política debería adaptarse a la situación real.

Valencia

En Valencia, tras la conquista, grandes extensiones del campo siguieron en manos de los cultivadores musulmanes por razones económicas y por la resistencia de los señores catalanes y aragoneses a permitir la emigración de sus campesinos. Los mudéjares fueron autorizados a practicar libremente su religión y vivieron mezclados con los cristianos. Tuvieron libertad de movimientos al menos hasta fines del siglo XIV; en épocas anteriores el asentamiento de un mudéjar en la tierra de un señor le obligaba a permanecer en ella durante uno o dos años, que fueron ampliados a 5 y 12 a partir de 1370.

Agrupados en aljamas, los musulmanes eligen sus propios cargos municipales según diversos procedimientos que tienen como característica común la de una amplia libertad. Los cargos municipales eran los de alamín (recaudador de los derechos señoriales y agente judicial), cadí (juez entre los musulmanes), zalmedina (jefe de policía con atribuciones judiciales en casos menores), adelantados y viejos (consejeros y jurados municipales).

Sometidos a un señor, le deben prestaciones personales así como posada y yantar. Aparte de estas prestaciones que simbolizan su dependencia personal y que se intensifican a fines del siglo XIV, los mudéjares están obligados al pago de diversos impuestos: herbaje, diezmos, primicias, peita o censo de casas, derechos de herrería y censo de almazara... que recaen no sobre las personas sino sobre sus bienes.

Aragón

Durante la época de expansión militar y territorial aragonesa, la situación del campesino se vio favorecida por la abundancia de tierras y la escasez de mano de obra. Pero esta situación cambió a fines del siglo XIII, cuando los señores obtuvieron de Pedro el Grande atribuciones judiciales sobre las gentes de sus dominios. Económicamente su situación mejoró al desaparecer en el siglo XIII el carácter arbitrario de las prestaciones, pero la situación jurídica empeoró hasta el punto de llegarse a reconocer en 1332 el derecho de los señores a maltratar a sus vasallos siempre que aquéllos tuvieran una causa justa sobre la que juzgarían los señores gracias a los privilegios arrancados a Pedro el Grande.

La mayoría de los campesinos son cristianos, pero existe una minoría considerable de moriscos que permanecieron en el país después de las conquistas del siglo XII. Su importancia numérica la desconocemos por carecer de fuentes demográficas generales hasta fines del siglo XV. Según el censo de 1495 el número de fuegos moriscos ascendía a 5637, agrupados en 143 lugares. Creo que podríamos aceptar una cifra similar para comienzos del siglo XIV.

La situación de los campesinos moriscos era algo menos dura que la de los cristianos —quizás por trabajar tierras más productivas—, pero unos y otros estaban sometidos al pago de numerosos impuestos territoriales y personales semejantes a los que hemos mencionado para Valencia. La dependencia personal de los cristianos se refleja en los monopolios señoriales de molino, horno, lagar y batán y en la prohibición de vender sus frutos antes de que lo hubiera hecho el señor.

El mundo rural en los reinos occidentales

Las diferencias existentes entre la situación de los campesinos gallegos, leoneses y castellanos han sido estudiadas repetidas veces por Claudio Sánchez-Albornoz. Aunque sus trabajos e investigaciones no sobrepasan cronológicamente el siglo XI, es posible afirmar que en el XIV existían todavía diferencias entre las zonas citadas, aunque tendieran a disminuir por un empeoramiento de la condición social de los mejor situados.

En el siglo XI, los campesinos libres han desaparecido prácticamente de Galicia, de León y dé Portugal, absorbidos ellos y sus propiedades por los grandes dominios monásticos y señoriales. En Castilla, el apoyo militar prestado por los campesinos a los condes y el predominio numérico de los hombres libres en épocas anteriores protegió mejor a éstos y, aunque no pudieron evitar totalmente la presión señorial, lograron mantener cierta libertad.

Durante el siglo XII, la influencia de las instituciones feudales y la debilidad de la monarquía —necesitada siempre del apoyo nobiliario para la guerra contra los reinos vecinos— agravó la situación del campesinado al extenderse los dominios jurisdiccionales y crearse grandes latifundios; pero por otro lado, los concejos creados en la zona del Duero dieron acogida a gran número de hombres libres.

Las grandes conquistas del siglo XIII permitieron en principio una mejora en la situación del campesino que pudo emigrar a Andalucía, pero al mismo tiempo hicieron posible la ampliación de las grandes propiedades en la zona del Duero y la creación de extensos latifundios en Andalucía y en el Algarve, que a largo plazo serían perjudiciales para el campesino por la diferencia de poder existente entre el pequeño y el gran propietario.

La subida de precios y salarios experimentada en Castilla tras la conquista andaluza favoreció momentáneamente al campesino, cuyo trabajo fue buscado y pagado en buenas condiciones, pero los gastos exigidos por la adquisición de artículos manufacturados terminaron por arruinar a los campesinos, que cayeron en manos de los prestamistas y poco a poco se sometieron al poder territorial y señorial de los grandes latifundistas.

La concentración de la propiedad en pocas manos, la insuficiencia demográfica y la existencia de grandes extensiones de terreno favorecieron el desarrollo de la ganadería en la zona sur de los reinos, pero los conocimientos que tenemos sobre la ganadería se centran en el estudio de su organización desde un punto de vista oficial, no social, por lo que ignoramos la situación de los pastores.

La población rural depende jurisdiccionalmente del rey, de los señores laicos o eclesiásticos o son hombres de behetría, término medio entre la libertad y la dependencia señorial. En los señoríos jurisdiccionales plenos el señor tiene el dominio de la tierra y ejerce la justicia. Como señor territorial es dueño de casas y fincas que cultiva directamente o por medio de aparceros o colonos, cobra censos y rentas por las tierras que no cultiva; y como señor jurisdiccional administra justicia, nombra los oficiales del concejo, disfruta de los monopolios de horno, molino y lagar, cobra impuestos de tipo personal y en muchos casos exige prestaciones personales.

Algo diferente es la situación de los campesinos situados en lugares de behetría. Ésta es, en suma, una modalidad de la encomendación y en tila se dan diversas formas según la mayor o menor libertad que poseen los campesinos para elegir señor y según la personalidad social de éste. Existen behetrías de linajes o entre parientes, cuando los campesinos siguen dependiendo de la familia o linaje del señor inicial aunque tengan libertad para elegir dentro de la familia; behetrías de mar a mar, en las que los campesinos gozan de libertad para elegir señor en cualquier linaje, incluso en el real siempre que el señor sea castellano; y behetrías sin naturales conocidos, en las que se puede elegir como señor al que se quiera y cambiar continuamente.

Aunque la variedad de impuestos es extraordinaria, en líneas generales puede aceptarse que en el siglo XIV, y suponemos que en épocas anteriores, los campesinos de behetría debían al rey la martiniega, servicios, moneda, justicia, fonsadera... y los impuestos señoriales eran los de nuncio, mañería, infurción, moneda banal y portazgos.

Junto a los poseedores de tierras, en propiedad o en censo, existe una gran masa de jornaleros que alquilan su trabajo de acuerdo con diversos contratos que reciben el nombre genérico de contratos de servicios y que son generalmente de duración anual, aunque los hay temporales en los que se utiliza al jornalero para trabajos de tipo concreto: siega, pastoreo, vigilancia de ganados y custodia de cultivos, horno, molino... El tipo de contrato más extendido es el de yuguería, por el que el campesino con sus bueyes si los tiene, o con los que le presta el dueño de la tierra, procede al cultivo. Recibe una parte de los frutos y autorización para labrar otras tierras por su cuenta.

El mundo de las ciudades

Más diversificado que el mundo rural, el mundo de las ciudades no permite la generalización de los datos que poseemos y sería preciso disponer de estudios monográficos sobre todas y cada una de las ciudades.

La primera dificultad que se plantea es de tipo terminológico. La barrera entre campo y ciudad no es clara durante la Edad Media El criterio cuantitativo de considerar ciudades a las poblaciones de más de doscientos vecinos no parece excesivamente acertado. Si pretendemos diferenciar las ciudades por su producción artesanal y por su actividad comercial tampoco llegaríamos a una solución por la mezcla de actividades que existen en la mayoría de los centros de población medievales. En términos rigurosos la única ciudad sería Barcelona y quizá Palma de Mallorca, pero incluso en estos casos una parte considerable de la población si no trabajaba en el campo vivía de las rentas agrícolas.

Una primera clasificación social de los ciudadanos puede hacerse teniendo en cuenta el origen de sus ingresos: de la tierra, del comercio y de la industria o artesanía, aunque no se da un corte tajante entre dichas actividades. El mercader puede ser dueño de tierras, el eclesiástico intervenir en el comercio y el menestral ser a su vez agricultor y vendedor de sus productos agrarios.

Dentro de cada grupo habría que distinguir categorías sociales: pequeño y gran propietario, noble, eclesiástico y burgués; grande y pequeño mercader, maestro, oficial y aprendiz. Dentro del grupo de los comerciantes incluiríamos a banqueros y prestamistas. Junto a estos grupos o dentro de ellos existen individuos que basan su poder no en la riqueza sino en sus conocimientos; otros viven de la mendicidad o de trabajos ocasionales.

La superioridad jurídica de la población urbana sobre la rural radica en la dependencia directa del rey, que equivale a la supresión de los derechos señoriales, a la libertad ciudadana frente a la servidumbre campesina. La concentración de esfuerzos simplifica y facilita la vida en las ciudades, pero suele ir acompañada de nuevos impuestos para atender a las crecientes necesidades de la comunidad. Su riqueza las hace vulnerables fiscalmente y en ellas buscará la monarquía la mayor parte de sus ingresos, según se observa en Cataluña donde las ciudades (un tercio de la población) contribuyen generalmente con la misma cantidad que los grandes propietarios rurales que controlan los dos tercios restantes.

Pese a la apariencia de igualdad que da a las ciudades catalanas la ausencia de la nobleza en su dirección, los miembros del cuerpo ciudadano no son iguales. Sobre la gran masa de la población se eleva un primer grupo de patricios, que son los verdaderos dirigentes urbanos y junto a los que colaboran los grandes mercaderes, los maestros de los oficios y los juristas, mientras la masa se ve relegada al papel de espectador. En Castilla, los caballeros villanos se imponen al resto de los pobladores; durante las minorías y guerras civiles; se inicia la penetración de la nobleza en las ciudades y se agudiza la tendencia a convertir a la caballería villana en un grupo cerrado.

BIBLIOGRAFÍA

Las indicaciones contenidas en este capítulo proceden de las obras citadas en los capítulos anteriores. Como monografías específicamente dedicadas al tema pueden verse las siguientes:

Abadal i de Vinyals, Ramón d': L'abat Oliba, bisbe de Vic, i la seva época. — Editorial Aedos. — Barcelona 1962. — 248 págs.

Abadal i de Vinyals, Ramón d': Pedro el Ceremonioso y los comienzos de la decadencia política de Cataluña. — Prólogo al volumen XIV de la Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal (Madrid 1966), págs. VII-CCIII. (Publicado también, en versión catalana, por Edicions 62, Barcelona 1972.)

Carlé María del Carmen: «Boni nomines» y hombres buenos. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XXXIX-XL (1964), págs. 133-168.

Carlé, María del Carmen: Del concejo medieval castellano-leonés. — Instituto de Historia de España. — Buenos Aires 1968. — 295 págs.

D'Almeida, Fortunato: Historia da Igreja em Portugal. — Porto 1965.

Duran Gudiol, A.: La Iglesia de Aragón durante los reinados de Sancho Ramírez y Pedro I (1062?-1104). — Publicaciones del Instituto Español de Estudios Eclesiásticos. — Roma 1962. — 223 págs.

Ferrari, Ángel: Castilla dividida en dominios según el «Libro de las behetrías». — Real Academia de la Historia. — Madrid 1958.

Font Rius, J. M.: Orígenes del régimen municipal de Cataluña. — Publicaciones del Anuario de Historia del Derecho Español. — Madrid 1945-1946. — 496 págs.

Gibert, Rafael: Los contratos agrarios en el derecho medieval. — Granada 1950.

Gibert, Rafael: El contrato de servicios en la España medieval. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XV (1961), págs. 5-131.

Gual Camarena, Miguel: Mudejares valencianos. Aportaciones para su estudio. — Valencia 1949.

Juan Manuel: Libro de los Estados. — Editorial Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, LI, págs. 278-364.)

Kehr, P.: El papado y los reinos de Navarra y Aragón hasta mediados del siglo XII. — «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), II (1946), págs. 74-179.

Lacarra, José María: Aragón en el pasado. — Editorial Espasa-Calpe (Colección Austral, núm. 1435). — Madrid 1972. — 227 págs.

Linehan, Peter: The Spanish Church and the Papacy in the Thirteenth Century. — Cambridge University Press. — London 1971. — XVIII + 389 págs.

Mansilla, Demetrio: La curia romana y el reino de Castilla en un momento decisivo de su historia (1061-1085). — Burgos 1944.

Mansilla, Demetrio: Iglesia castellano-leonesa y curia romana en tiempos del rey san Fernando. — Madrid 1945.

Moxó, Salvador de: Los Señoríos. En torno a una problemática para el estudio del régimen señorial. — «Hispania» (Madrid), XXIV (1964), págs. 185-236.

Moxó, Salvador de: La nobleza castellano-leonesa en la Edad Media. Problemática que suscita su estudio en el marco de una historia social. — «Hispania» (Madrid), XXX (1970), págs. 5-68.

Moxó, Salvador de: De la nobleza vieja a la nobleza nueva. La transformación nobiliaria castellana en la baja Edad Media. — «Cuadernos de Historia. Anexos de la revista Hispania» (Madrid), III (1969), págs. 1-210.

Pescador, Carmela: La caballería popular en León y Castilla. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), núms 33-34 (1961), págs. 101-138; núms. 35-36 (1962), págs. 56-201; núms. 37-38 (1963), págs. 88-198; núms. 39-40 (1964), págs. 169-200.

Renouard, Yves: Les principaux aspects économiques et sociaux de l'histoire des pays de la Couronne d'Aragón aux XIIe, XIII' et XIVe siécles. — En «VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Ponencias» (Barcelona 1962), págs. 231-264.

Rivera Recio, Juan Francisco: La Iglesia toledana en el siglo XIII. — Roma 1969.

Roca Traver, A.: Un siglo de vida mudejar en la Valencia medieval (1238-1338). — «Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), V (1952), págs. 115-208.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Las behetrías. La encomendación en Asturias, León y Castilla. — «Estudios sobre instituciones medievales españolas» (México 1965), págs. 9-183.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Muchas páginas más sobre las behetrías. — En «Estudios sobre instituciones medievales españolas» (México 1965), págs. 185-316.

Santamaría, Alvaro: Mallorca del medioevo a la modernidad. — En «Historia de Mallorca» III (Palma de Mallorca 1970), págs. 1-360.

Sevillano Colom, Francisco: Valencia urbana en los siglos XIII y XIV a través de los libros del Mustacaf. — C.S.I.C. — Valencia 1958. — 428 págs.

Sobrequés, Santiago: Els barons de Cataluya. — Editorial Vicens-Vives. — Barcelona 1957. — 304 págs.

Sobrequés, Santiago: La época del patriciado urbano. — En «Historia de España y América» II (Barcelona 1972), págs. 6-406.

Vincke, Johannes: Estado e Iglesia en la historia de la Corona de Aragón de los siglos XII, XIII y XIV. — En «VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Ponencias» (Barcelona 1962), págs. 267-285.

Wolff, Philippe: L'episode de Berenguer Oller á Barcelona en 1285. Essai d'inter-prétation sociale. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), V (1968), págs. 207-222.

9. GANADERIA CASTELLANA Y COMERCIO CATALAN

Al hablar de la economía peninsular durante este período suele contraponerse el comercio catalán a la ganadería castellana, es decir, los dos aspectos más visibles de la economía de la Corona de Aragón y de los reinos occidentales. Pero conviene tener en cuenta que la población urbana de Cataluña no superó en ningún momento el tercio de la población total del Principado y que una parte considerable de los habitantes de las ciudades vivían del trabajo o de las rentas de la tierra.

La existencia de Barcelona y de algunos islotes artesanales o comerciales no puede hacernos olvidar que la base de la economía catalana se halla durante este período y estará durante siglos en el campo, en la agricultura. Por otra parte, Cataluña es sólo uno de los Estados que formaban la Corona de Aragón y en ningún caso son aplicables a los reinos de Valencia y de Aragón nuestros conocimientos sobre el comercio catalán, que sí tiene paralelismo en el reino de Mallorca. Sin embargo, el fenómeno urbano con su secuela comercial señaló fuertemente a Cataluña y ha llamado la atención de los historiadores de tal modo que el comercio catalán y el municipio barcelonés son dos de los temas mejor conocidos de nuestra Edad Media.

Un fenómeno similar se observa en los reinos occidentales. La economía de las poblaciones castellanoleonesas y portuguesas es de tipo mixto agrícola-ganadero, pero mientras los productos agrícolas se consumen generalmente en el lugar de producción, la ganadería supera rápidamente el ámbito local tanto por lo que se refiere a la producción como al consumo del ganado y de los productos derivados (lana y cueros principalmente). Junto a la agricultura familiar hallamos también una ganadería local de la que apenas sabemos nada. Una y otra se destinan fundamentalmente a la alimentación de quienes las producen y sólo en determinados casos se comercializan sus productos, por lo que apenas conservamos documentos. La ganadería trashumante, en cambio, necesita disposiciones que anulen o coordinen las normas locales; la comercialización de sus productos se refleja igualmente en los documentos (al igual que el comercio catalán), pero este hecho no puede hacernos olvidar que la alimentación se basa en los cereales y que el consumo de carne fue en muchos lugares un lujo sólo al alcance de los poderosos.

Nuestra visión de la economía peninsular se centrará en el estudio de estos dos aspectos (comercio catalán y ganadería castellana), pero intentaremos además reunir los datos dispersos sobre la producción agrícola-ganadera y artesanal de la Corona de Aragón, sobre los organismos que posibilitaron el desarrollo comercial, sobre la agricultura de Castilla-León y Portugal, sobre el comercio y sobre las corporaciones o gremios de los reinos del occidente peninsular.

CASTILLA-LEÓN Y PORTUGAL

La producción de los reinos occidentales

Los fueros otorgados a los concejos castellanos, leoneses y portugueses entre los siglos XI y XIII son una fuente inestimable para el conocimiento de la producción agrícola, ganadera y artesanal; en muchos casos se incluye un arancel o portazgo que nos permite conocer las actividades comerciales de estos lugares, el valor concedido a las distintas mercancías y la política municipal respecto a la importación y exportación. Tales fueros serán la base de nuestro estudio.

El predominio de la ganadería sobre la agricultura puede observarse en el continuo descenso de los precios ganaderos respecto a los cerealistas, fenómeno que puede explicarse por razones de carácter demográfico y militar. Entre los siglos XI y XIII los reinos occidentales adquieren importantes extensiones de tierras, pero carecen de hombres para repoblarlas; en consecuencia, la producción agrícola apenas aumenta mientras que la ganadería (que necesita menor mano de obra) adquiere un gran desarrollo y los precios del ganado disminuyen, al menos hasta que dispongan de un mercado capaz de absorber el exceso de producción.

La insuficiencia demográfica es importante para comprender el desarrollo ganadero, pero por sí sola no lo explica. La ganadería es más fácilmente defendible en caso de ataque enemigo, por lo que se le dará preferencia incluso cuando a fines del siglo XI se repueblen frente a los almorávides numerosos lugares situados a orillas del Duero. A este respecto es interesante recordar que en la primera época no se conceden fueros a los núcleos rurales predominantemente agrícolas sino a zonas montañosas, en tierras altas y más adaptadas a la economía pastoril que a la agrícola, lo que es comprensible si tenemos en cuenta que el asentamiento de una población estable (agrícola) sólo tiene posibilidades de éxito cuando se controlan los puntos montañosos de acceso a estas regiones.

El predominio ganadero no excluye la existencia de una agricultura exigida por razones económicas: las nuevas poblaciones de frontera son en muchos casos avanzadas en territorio enemigo, mal comunicadas con el resto del reino y sólo pueden ser enclavadas en zonas que permitan desarrollar una economía de autosubsistencia, es decir, en lugares de contacto entre sierra y llanura que permitan a la vez el laboreo de la tierra y el pastoreo del ganado.

El fuero de Salamanca en León (podríamos elegir igualmente fueros castellanos o portugueses) nos proporciona un magnífico ejemplo de esta economía mixta en la que la agricultura está representada por los cereales y el viñedo. La ganadería es esencialmente trashumante y en el fuero aparece minuciosamente regulado el aprovechamiento de los pastos del alfoz salmantino y especialmente de la zona que recibe el nombre de estremo, en el que la ganadería contaba con la protección de una guardia armada integrada por los caballeros de la ciudad en cumplimiento de su obligación militar de anubda o de vigilancia que les ocupaba seis meses anuales. Además del ganado trashumante, formado sobre todo por ovejas y cerdos, abundaba la ganadería estante alimentada en los pastos comunales de la ciudad.

La agricultura y los campesinos

Junto a los cereales mayores (trigo, cebada y centeno) se produce mijo y avena, aceite, garbanzos, yeros, algarrobas, arbejas, lino y cáñamo, fruta (moras, cerezas, higos, manzanas, almendras, ciruelas, duraznos, membrillos...) y hortalizas, así como miel y cera para cuya defensa se creó en Toledo la hermandad vieja citada en otro lugar.

Prácticamente ignoramos todo cuanto se refiere a los sistemas de cultivo, a las técnicas y a los instrumentos agrícolas. De las escasas noticias que nos proporcionan los documentos podemos deducir que en algunos concejos la tierra de labor se dividía en dos partes u hojas, cada una de las cuales era sembrada cada dos años, es decir, mediante el sistema de rotación bienal, pero es posible que fueran muy numerosas las tierras que permaneciesen incultas durante tres o más años para permitir la regeneración de la tierra.

En algunos casos, muy reducidos, se alternó la siembra de cereales con la de leguminosas o con la de lino que permitía enriquecer la tierra y disminuir el tiempo de barbecho. Las tierras estarían sin cultivar uno de cada tres años en lugar de uno de cada dos, o dicho de otro modo, darían dos cosechas cada tres años en lugar de una cada dos. Este sistema fue utilizado, al menos, en Segovia a fines del siglo XIII.

Nuestras informaciones sobre las labores que recibían las tierras son igualmente deficientes y es preciso recurrir una vez más a algunos ejemplos aislados, como los que nos proporcionan diversos fueros zamoranos de los siglos XI-XIII según los cuales cada tierra debía ser aricada y binada, es decir, recibiría dos labores; o recurrir al Libro de los Censos de la catedral de Segovia, de fines del siglo XIII, en el que se habla hasta de cinco vueltas antes de sembrar, aunque lo normal sean tres. En estos censos y sin que sea posible afirmarlo tajantemente se insinúa la distinción entre tierras para trigo, que reciben cuatro labores, para centeno (tres) y para cebada (dos). Diferencias semejantes se observan en el modo de sembrar: la cebada se siembra de forma más espesa que el centeno y los campos de trigo son mucho más ralos que los de centeno o cebada.

Las viñas eran cavadas, excavadas, podadas y abonadas anualmente, mientras que jamás se menciona el abono al hablar de tierras de cereal. El uso del caballo o del ganado mular para el arrastre del arado no está documentado; esta labor era realizada siempre por bueyes. Una parte del trabajo la realizaban los campesinos manualmente con ayuda de azadas y azadones. Según los fueros citados las faenas agrícolas consistían, una vez preparada la tierra, en la siembra, la siega, el acarreo hasta las eras, la trilla, la limpia y el transporte del grano y de la paja, traslado que se realizaba en carros o a lomo de asnos.

Los aperos de labranza mencionados son los yugos, arados y trillos con todos sus aditamentos: coyundas de cuero o de esparto (correa para uncir los bueyes al yugo), melenas de esparto (arpillera que se pone entre la testuz y el yugo para evitar las rozaduras a los bueyes), sobeos y medianas (cuerda o tira de cuero que une yugo y arado), barzones (anillo a través del que se unen arado, carro o trillo al yugo), rejas y arrejadas (vara terminada en forma de paleta para quitar la tierra que se pega a la reja)...

Cada campesino dispone normalmente de tierras de cereal (medidas en obradas), de viñedo (en aranzadas), zonas de pasto naturales y artificiales (prados sembrados regularmente y guadañados), huertos y de una vivienda, que en las zonas de Segovia y Ávila aparece frecuentemente cubierta de paja y sólo en algunas ocasiones se halla tejada. En muchas casas existe un jarahiz o lagar, que documentos abulenses de comienzos del siglo XIV definen como de madera con «su viga de pino e con su pesga (contrapeso) e con su fusiello (husillo o tornillo de madera) e su fembriella (lugar en el que entra el husillo) e sus verines detrás e delante e con su pila de tierra encalada».

Junto a los lagares y hornos se citan para la transformación de los productos agrícolas los molinos, cuya construcción aparece regulada en fueros y documentos a través de los cuales podríamos conocer no sólo los elementos que los integraban sino también su forma de explotación. En algunos casos los molinos son monopolio señorial o concejil (los molinos de aceite de Andalucía fueron explotados en régimen de semimonopolio real); en otros son propiedad privada y libre. En ocasiones la propiedad se halla dividida entre varias personas que tienen derecho a 'explotarlo por horas o días de acuerdo con su participación en la propiedad.

La propiedad de la tierra presenta varias modalidades. En los lugares que recibieron fueros de frontera cada campesino era dueño, generalmente, de la tierra que cultivaba, pero en numerosas ocasiones se alude a jornaleros y criados, lo que implica la existencia de medianos o grandes propietarios que alquilan el trabajo de otros mediante contratos que reciben diversos nombres: de yuguería, hortelanía, pastoreo, siega, servicios de horno y molino...

En principio los contratos son acordados libremente entre propietario y trabajadores, pero cuando se dan circunstancias especiales (en momentos de crisis económica) el Estado interviene y obliga a los criados a ofrecer sus servicios a precios señalados.

La duración de estos contratos es anual, aunque a veces se permiten contratos de un mes o estacionales para aumentar la mano de obra campesina en la época de mayor agobio. También existe el contrato * valedero para un solo día. El señor dirige los trabajos y el criado o jornalero le debe obediencia y fidelidad en el cumplimiento de sus obligaciones.

En la remuneración de este tipo de trabajos coinciden dos tendencias: una propia de la época de predominio de la servidumbre y de la economía de subsistencia representada por la alimentación y el vestido que recibe el jornalero, y otra correspondiente a los nuevos tiempos de libertad y de economía monetaria. El campesino es alimentado, calzado y vestido y recibe además una pequeña cantidad o un tanto por ciento de los beneficios o de los frutos.

Las distintas modalidades del contrato obligan a fijar la retribución en forma distinta. Generalmente hay un intervencionismo del concejo, pero siempre existe la posibilidad de aumentar o disminuir estos precios. El contrato finaliza al terminar el tiempo acordado en circunstancias normales, pero el trabajador puede rescindirlo, en cuyo caso pierde el haber o parte de él según las labores que haya realizado y tenga pendientes. El señor por su parte puede anularlo cuando el trabajo no le satisface, pero está obligado a pagar la parte correspondiente al tiempo transcurrido.

Las Cortes castellano-leonesas de 1268 se ocuparon de los jornaleros agrícolas y tomaron medidas destinadas a beneficiar a los propietarios y a poner remedio a la escasez de mano de obra, obligando a trabajar en el campo a cuantos fueran hallados baldíos, sin trabajo. Si se dedicaban a pedir o a robar eran condenados a la horca y si eran labradores que habían abandonado su oficio se les obligaba a trabajar pagándoles los salarios fijados cuyos máximos eran de 12 maravedíes al año en Andalucía, 6 desde el puerto del Muladar hasta Toledo, en la propia ciudad y en los reinos de Castilla y León desde el Duero hasta el Camino de Santiago; 4 maravedíes desde Toledo hasta el Duero y desde el Camino hasta la costa.

Los sueldos de las mujeres eran prácticamente la mitad de los señalados. Los jornaleros contratados por días durante los meses de siega (junio, julio y agosto) recibían un sueldo aparentemente superior: 6 maravedíes por mes, pero su trabajo era estacionario y además debían llevar ellos mismos sus útiles de trabajo: hoces. Los jornaleros necesarios para la vendimia y para otras labores igualmente estacionales recibían la tercera parte de lo asignado a los segadores.

La construcción y explotación de molinos y de viñedos se realiza en numerosas ocasiones mediante los contratos de complantatio, por los que el dueño de la tierra o del derecho sobre los molinos autorizaba a una persona a cultivar viñas o a construir una aceña con su pesquera completamente a sus expensas, y a cambio le cedía la mitad del molino o una parte de las viñas.

La existencia de numerosos campesinos propietarios (herdadores en Portugal) y de jornaleros y criados libres no puede hacernos olvidar que a su lado vivían numerosos colonos prácticamente equiparados a los siervos de la Europa feudal. Estos siervos predominan en la zona norte de León, Galicia y Portugal, pero existen también en las comarcas repobladas después del siglo XI. Poseen tierras pero no son propietarios y pagan el derecho a explotarlas con determinados impuestos entre los que se mantienen las prestaciones personales en las tierras o reserva señorial, como se deduce de los fueros concedidos a diversos pobladores por la iglesia de Zamora entre fines del siglo XI y 1224.

Estas prestaciones o sernas se realizan durante un determinado número de días fijados en cada caso. Antes de proceder a la distribución de las tierras el dueño señala la extensión de la reserva (palacio o paco en Portugal) en la que se incluyen tierras de cereal (reciben en Zamora el nombre de sernas por ser cultivada mediante las prestaciones personales o sernas de los campesinos), huertos, zona de viñedo, orillas de ríos (derecho a construir aceñas y pesqueras), montes y tierras de pasto.

Las sernas se realizan con los animales propiedad del colono o manualmente según las posibilidades de cada uno y la naturaleza del trabajo. Aunque en algunos casos éste ha de ser hecho allí donde el señor desea y siempre en los días que éste quiere y que coincidirían con los más aptos para cada labor, en otros se indica claramente que los colonos deben sembrar, segar... las tierras que aren, lo que significa que la reserva estaba dividida en tantos lotes (sernas) como repobladores o colonos tenía el lugar. Si esto fuera así podríamos afirmar que al fijar el número de colonos de una localidad sometida a señorío se atiende a criterios económicos de doble signo: por un lado se busca dar a cada campesino los medios o tierras necesarios para subsistir y por otro se trata de disponer de la mano de obra necesaria para el cultivo de la reserva.

Durante la prestación de estos trabajos los colonos son alimentados por el señor. Del mismo modo que se observa una disminución de las sernas (en muchos lugares desaparecieron en el siglo XIII y fueron sustituidas por impuestos) se aprecia una mejora considerable en la alimentación, que consta de una sola comida al día (pan, vino y carne) en el fuero de Valle —Zamora— de 1094 y de dos-tres comidas en el de Bamba de 1224, en el que al arar, binar y sembrar los colonos reciben pan, vino y queso a mediodía y pan, vino y carne por la noche, o pan, agua y queso en el almuerzo y merienda y pan, vino y carne (o pescado) en la cena cuando siegan y trillan.

Disminución de sernas y mejora alimenticia son exponentes del cambio cuantitativo y cualitativo ocurrido en la economía de los reinos occidentales. De una parte el aumento de la producción permite consumir mayores cantidades y mayor diversidad de alimentos; por otro lado el aumento de la circulación monetaria y la existencia de un comercio regional y en ocasiones internacional hace innecesario el mantenimiento de la reserva o permite su disminución y el paso de las prestaciones, a impuestos en productos o en dinero. El señor puede obtener los artículos necesarios para su alimentación mediante los impuestos que, además, posibilitan la adquisición de los artículos ofrecidos en el mercado. Los campesinos se ven igualmente beneficiados al poder dedicar sus fuerzas al cultivo de sus parcelas en los días más aptos, lo que se traduciría sin duda en un aumento de los rendimientos.

Aunque en teoría los colonos eran dueños de las cortes o mansos que cultivaban, en la práctica tenían numerosas limitaciones: perdían la propiedad si dejaban de pagar los impuestos debidos al señor, si no se declaraban sus vasallos, si fijaban la residencia fuera del lugar... No podían vender las tierras o casas más que a personas que se comprometieran a cumplir los deberes para con el señor y, en muchos casos, tenían que dar una opción preferente, y al mismo precio que a cualquier otro, al verdadero propietario, al señor.

Campesinos libres y dependientes de un señor coexisten en todas las zonas. Los segundos (jornaleros o colonos) predominan allí donde existen grandes propiedades nobiliarias o eclesiásticas. Al hablar de las últimas conviene señalar que en el siglo XIII la propiedad de la mesa capitular, al menos en Segovia y Ávila, no está organizada como una unidad sino como un conjunto de pequeñas propiedades que son cedidas en préstamo (modalidad de arriendo) a bajo precio a los miembros del cabildo que a su vez las subarriendan. Es interesante recordar que en estos casos los canónigos reciben, junto con las tierras de cereal, viñedo, pastos o huertos, los edificios necesarios para la instalación de los cultivadores y almacenamiento de la producción. Normalmente el propietario, la mesa capitular, presta los bueyes necesarios o dinero para comprarlos (unos y otro serán devueltos al término del contrato, vitalicio generalmente), los utensilios de la casa. paja para el ganado y los aperos de labranza. Las tierras eran entregadas después de haber realizado las labores pertinentes: de dos a cinco según los casos.

Otras fuentes de riqueza: la pesca, las minas y las salinas

Una fuente igualmente considerable de riqueza es la pesca que aparece regulada en la mayor parte de los fueros y en numerosos documentos particulares y eclesiásticos. La pesquera no sirve sólo para facilitar la tarea de los molineros sino también y principalmente para la obtención de pescado que forma parte de la dieta alimenticia según hemos visto en el caso de las sernas y veremos al hablar del comercio interior.

También la explotación minera adquirió importancia durante este período, según prueban las menciones de objetos de hierro y las normáis relativas al comercio de metales como el hierro, estaño, plomo, cobre... Pero sobre este punto carecemos de datos excepto por lo que se refiere a la explotación de las minas de sal. Las Cortes de 1268 aluden a minas de hierro en Valmaseda, en Ávila y en Talavera y fijan los precios del hierro: el quintal de Valmaseda se vendería a 3 maravedíes en Burgos y a 3,50 en la región situada entre Burgos y el Duero. El hierro de Ávila y Talavera valdría en Toledo y Extremadura 3 maravedíes. Cualquier clase de hierro se vendería en el reino de Sevilla a 4 maravedíes si llegaba por tierra y a 3 si era transportado por mar, lo que hace suponer que esta zona se surtía de hierro vizcaíno.

El incremento de la actividad ganadera y el continuo avance hacia las zonas del interior a las que era difícil llevar la sal marina hizo aumentar la importancia de la sal como producto de primera necesidad para hombres y ganados. Como quiera que la explotación de las salinas está menos sujeta que la ganadería y agricultura a los factores climáticos, la sal es un producto clave para conocer la evolución general de los reinos occidentales ya que la mayor o menor cantidad de sal extraída dependía de las mayores o menores necesidades y del valor económico que este producto alcanzara, términos que podrían ser conocidos indirectamente a través de las disposiciones que regulaban la explotación, uso y comercialización de la sal.

La explotación de las salinas sigue un proceso similar al de la tierra. En principio son propiedad de pequeños propietarios dueños del derecho a extraer la sal durante un tiempo determinado. Los dueños se encargan igualmente de su comercialización en el mercado regional. Desde la segunda mitad del siglo X se observa un proceso de absorción de los pequeños propietarios por los grandes señores, iglesias y monasterios que a través de compras y donaciones consiguen entre los siglos X-XII la propiedad de las salinas.

En una tercera fase, la rentabilidad económica y política (las salinas son un magnífico medio de control de la población) hizo que la Corona interviniera, en época de Alfonso VII, primero cobrando impuestos sobre la producción y comercio de la sal y más tarde reservándose en régimen de monopolio la explotación en las nuevas zonas ocupadas y en otras del interior. Los reyes actuaron como cualquier propietario y confiaron las salinas a sus hombres hasta fines del siglo XII, momento en que las necesidades urgentes de dinero para hacer frente a los almohades y compensar las pérdidas ocasionadas por la creación de señoríos obligaron a arrendar las salinas al mejor postor, que era generalmente un prestamista acreedor del rey. En otros casos las salinas fueron cedidas a iglesias y monasterios como pago de su ayuda en los momentos de necesidad.

Los artesanos y su organización

En la mayor parte de los fueros se menciona a los menestrales o artesanos, pero ni su número ni importancia fueron considerables. Producen generalmente para el consumo local y al lado de los guerreros-pastores apenas cuentan socialmente, según puede deducirse de la Crónica de la Población de Ávila. Los artesanos mencionados son sastres, zapateros, herreros, armeros, orfebres, curtidores, carpinteros y albañiles y en algunos casos tejedores, cuya existencia se halla atestiguada por las noticias sobre paños fabricados en ciudades como Zamora, Ávila, Soria, Segovia, Palencia. Cuenca, Córdoba, Murcia y Sevilla, paños de baja calidad que, al menos durante este período, no pudieron competir con los importados de las ciudades francesas y flamencas.

Los artesanos reciben un salario de acuerdo con la cantidad y calidad del trabajo realizado sin que en ningún caso se aprecie una dependencia directa del dueño de los materiales que trabaja. Las Cortes de Jerez de 1268 pretendieron poner fin a la diversidad de salarios percibidos en cada lugar, pero parece lógico admitir que estas medidas fracasaron al igual que las demás adoptadas en dichas Cortes.

Entre las industrias creadas en Castilla merece especial atención la de la construcción naval, en la que destacan los centros del Cantábrico y la ciudad de Sevilla en el sur. Aunque la actividad marinera de los vascos es conocida desde tiempos remotos, su flota no parece haber tenido una significación militar hasta tiempos modernos. En el siglo XII, cuando Alfonso VII emprendió la conquista de Almería el apoyo naval procedía de las ciudades italianas de Pisa y Génova. La primera mención de una flota militar cántabra data del asedio de Sevilla, de 1247.

Según la crónica de Alfonso X, mientras el rey se hallaba en Jaén acudió a su presencia Ramón Bonifaz de Burgos, al que Fernando III encargó que «fuese guisar naves et galeas et la mayor flota que pudiese et la meior guisada et que veniese con ella para Sevilla». Estas naves cuya colaboración fue decisiva para obligar a capitular a los sevillanos procedía del Cantábrico, pero ignoramos los puertos exactos de procedencia. Una vez cumplida su misión la flota se dispersó, pero numerosos marinos se establecieron en Sevilla, donde fueron ampliamente recompensados por el monarca, que los estableció en el barrio de la mar. Su obligación consistía en servir al rey durante tres meses al año en naves proporcionadas por el monarca.

Alfonso X llevó a cabo la construcción de las primeras atarazanas de Sevilla en 1252 e incluyó en el reparto de tierras a la gente de mar. Cada cómitre o jefe de navío recibió cien aranzadas de olivar y de higueras y cinco yugadas de heredad de pan, casas en Sevilla y cien maravedíes para poner en cultivo las tierras recibidas. El rey entregó una galera a cada uno de los cómitres que se comprometía a repararla y abastecerla continuamente durante un plazo de nueve años al cabo de los cuales debería construir otra.

El botín que se obtuviera se repartía entre el monarca (la mitad) y los cómitres y la tripulación. Ésta sería proporcionada por el jefe de navío mientras que los soldados y las vituallas los pondría el monarca. En total parece que Alfonso X dispuso en los primeros momentos de veinte galeras dirigidas por marinos del Cantábrico, catalanes e italianos. En 1254 el monarca creaba el cargo de almirante o jefe de esta flota, cuyo nombramiento recavó en Ruy de Mendoza.

La primera expedición de la nueva flota se dirigió contra Salé, ciudad norteafricana que fue conquistada en 1260, pero que tuvo que ser abandonada inmediatamente después. La marina castellana no disponía todavía de suficientes naves ni de capacidad de maniobra; en adelante los monarcas seguirían recurriendo al auxilio genovés para la construcción de naves y dirección de la flota; en otros momentos el rey castellano alquilaría los servicios de naves catalanas para hacer frente a la penetración benimerín.

La escasez de los documentos sobre artesanos y las disposiciones contrarias a la— formación de hermandades o gremios de mercaderes y menestrales que se encuentran en diversas Cortes ha llevado a afirmar la no existencia de estas corporaciones o a reconocerles solamente un carácter religioso (celebración de la fiesta del patrono o de misas por los cofrades difuntos) y social (ayuda a los necesitados y a viudas y huérfanos). Pero actualmente es preciso reconocer que la prohibición no afectó a los gremios en sí sino a las asociaciones concertadas para encarecer los productos o monopolizar el mercado; de hecho ya a fines del siglo XII existía un gremio de tejedores en Palencia y una asociación de tenderos en Soria y desde 1252 los hombres del mar parecen organizados en Sevilla de forma similar a la que estudiaremos al hablar del Consulado de Mar catalán.

Las asociaciones de tejedores y mercaderes las conocemos por documentos de comienzos del siglo xiv, en los que se alude y se confirman los estatutos, ordenanzas o buenas costumbres recibidas en época de Alfonso VIII (1158-1214). Los tejedores de Palencia unidos colaboraron con Fernando IV en la lucha contra los nobles sublevados y participaron en la conquista del castillo de Tariego y de la villa de Dueñas. Como pago de su apoyo recibieron la protección real concedida no a los tejedores individualmente sino al menester y oficio de tejedores. Sus ganados podrían pastar libremente por todo el reino y los tejedores y sus criados con sus paños: hilaza, animales de carga, mercancías y ganado estarían exentos de portazgo en todo el reino, excepto en las ciudades de Toledo, Sevilla y Murcia.

El gremio tenía sus veedores (oficiales encargados de la supervisión y dirección corporativa) y pesos propios para que su «menester sea mejor guardado para mío servicio». A través de estas normas podemos imaginar la naturaleza de la artesanía o industria textil. El gremio engloba al mismo tiempo a los ganaderos, a los tejedores propiamente dichos y a los vendedores de sus productos, lo que nos permite suponer que la misma persona realiza indistintamente las tres funciones; sólo en una época posterior se llegaría a la división clara del trabajo.

De naturaleza distinta es la cofradía de tenderos de Soria fundada bajo la advocación de san Miguel. La integran los tenderos de cera y aceite entre los que se eligen hombres buenos para que guarden a cada uno su derecho, vigilen los pesos y todas las otras cosas de las tiendas. Cada año se reúnen los cofrades para elegir un preboste y dos alcaldes encargados de administrar justicia. Las sanciones que pueden imponer por fraude en los pesos son de diez maravedíes por el peso del quintal y de cinco por el de medio quintal, dos maravedíes por la arroba y proporción similar en medidas de inferior capacidad. Las obligaciones de tipo religioso se reducen a pagar una cuota no especificada, a velar a los cofrades enfermos, ayudar económicamente a quienes carecieran de medios, mantener encendida una lámpara ante el altar de san Miguel, asistir a las reuniones de la cofradía...

Por influencia genovesa o catalana, el barrio de mar de Sevilla recibió desde los primeros momentos una organización y un dirigente propio, el alcalde de mar, que figura ya en 1252 aunque sin especificar sus funciones, funciones que conocemos por un documento de 1310 en el que Fernando IV alude a las costumbres de los hombres del mar vigentes ya desde los tiempos de Fernando III, es decir, desde la conquista de Sevilla. Según este documento, el capitán designado por el rey, los cómitres, los hombres de la mar y los barqueros que hacían el trayecto Sevilla-Córdoba acostumbraban nombrar anualmente alcaldes, un alguacil y un escribano a los que se encomendaba la solución de los pleitos «en razón de los navíos y de los fletes, y de los alquiles, y de las partes de la pesquería, y de la soldada de los omes que iban con ellos».

La ciudad de Sevilla intentó en vano controlar a los marinos y pescadores reclamando el derecho a juzgar en alzada los pleitos y prohibiendo a los habitantes del barrio del mar la venta en sus domicilios de paños, hierro y otros productos.

También los marinos-mercaderes del Cantábrico crearon su propia organización y se dieron unos estatutos embrionarios en 1295, aunque en este caso no podamos hablar de gremio sino de liga o hansa de ciudades, pero cabe suponer que antes de la creación de la hermandad existiría, como ocurre en el caso de la Hansa o Liga Hanseática alemana, una asociación de mercaderes que al controlar las ciudades hicieron recaer sobre éstas la defensa de sus intereses.

La lana, artículo de exportación

La existencia de ganado lanar en los reinos occidentales y su importancia están atestiguadas desde los siglos IX-X por las listas de precios trazadas, entre otros, por Sánchez-Albornoz, en las que la oveja aparece frecuentemente como valor de cambio equiparado al modio de trigo y al sueldo. A medida que la frontera de los reinos occidentales avanza hacia el sur se incrementa la ganadería lanar y prácticamente todos los fueros municipales de los siglos XI-XIII dedican algunos apartados a regular la actividad ganadera.

En el siglo XIII, al conquistarse definitivamente y pacificarse las llanuras de La Mancha y de Extremadura, la ganadería adquiere mayor importancia numérica y logra una extraordinaria calidad entre los siglos XIII-XIV, al aclimatarse en la Península la oveja merina, procedente del norte de África. Los reinos occidentales se hallaban en inmejorables condiciones para crear una industria fuerte y, sin embargo, prefirieron exportar la lana e importar de Europa productos textiles, que fueron pagados en dinero o mediante la venta y exportación de productos agrarios.

Castilla-León y Portugal se convirtieron así en exportadores de materias primas e importadores, a precios altos, de artículos manufacturados. Para mantener el ritmo de las importaciones se vieron obligados a incrementar la producción de lana, es decir, a favorecer a la ganadería en detrimento de la agricultura.

Las causas y consecuencias del predominio ganadero, de la endeblez de la agricultura y de la escasa o nula presencia de la artesanía en los reinos occidentales son lo suficientemente importantes como para que nos detengamos en su análisis. Una visión simplista de la historia ha atribuido la falta de industria a incapacidad «racial» o a desinterés por las cuestiones económicas. Sin embargo, los textos nos hablan de peticiones a las Cortes castellanas para que se prohíba la exportación de la lana y se cree una industria que, según veremos más adelante, llegó a tener importancia económica y técnica en algunas ciudades, aunque nunca tuvo apoyo suficiente para competir con la europea porque su mantenimiento no interesaba a quienes tenían el poder decisorio político, a los grandes propietarios.

La expansión demográfica y económica de Europa se produjo igualmente en los reinos occidentales, pero fue incompleta. El incremento de la población (a pesar de la llegada de emigrantes franceses, navarros, aragoneses y catalanes) fue insuficiente para poner en cultivo las tierras incorporadas entre los siglos XI-XIII. La situación militar hizo difícil el asentamiento de campesinos, por lo que la economía se orientó hacia la ganadería que por su movilidad era más fácilmente salvable en caso de ataque y que requería una mano de obra reducida.

Si en principio el aumento de la ganadería beneficiaba a todos, en la práctica el ganado necesitaba protección armada y ésta sólo podían darla los grandes propietarios y los caballeros de los concejos cuya fuerza económica, política y militar les permitió exigir la dedicación de las mejores tierras a pastos, con lo que la agricultura tuvo que refugiarse en tierras marginales y de escasa producción. La absorción de tierras por la ganadería no se limitó al sur del Duero sino que se extendió al norte al generalizarse la trashumancia para mejor aprovechar los pastos. Amplias zonas de los montes de León quedaron así inutilizadas para la agricultura.

Ganadería y agricultura no bastan para atender a las necesidades de la población y los concejos crean su propia industria, pero sus productos, de escasa calidad en los primeros momentos, no hallan aceptación entre los grupos acomodados cuyas riquezas, así como la participación en las parias y en el botín, les permiten obtener en al-Andalus o en Europa artículos de mayor calidad que sirven para prestigiar socialmente a quienes los usan.

Finalizadas las conquistas y con ellas el botín, los reinos occidentales carecen de dinero para pagar los productos de lujo importados y se ven obligados a elegir entre dos posibilidades: favorecer la artesanía nacional o incrementar la exportación de materias primas como la lana. La presión de los poderosos, más interesados en aumentar sus ingresos y en mantener los signos externos de su status social que en favorecer la artesanía, hizo que se prefiriera esta segunda solución, la más fácil y la de mayor rendimiento a corto plazo.

Aparentemente la solución beneficiaba a todos: a los ganaderos directamente, al monarca que podía continuar percibiendo derechos sobre los artículos importados y exportados, a los marinos-mercaderes del Cantábrico encargados del transporte de la lana y a la población en general, que tenía la posibilidad de hallar en el mercado cuantos artículos necesitaba. Pero conviene recordar que la gran masa de la población se hallaba al nivel de subsistencia y que sólo en determinados casos podría aspirar a los artículos importados.

A largo plazo los reinos se verían forzados a compensar el alza de los artículos manufacturados con nuevas exportaciones, que a su vez obligarían a incrementar el apoyo a la ganadería a pesar de las continuas protestas de los concejos contra los daños causados a la agricultura por el ganado y pese a las peticiones hechas para que se prohibiera la exportación de la lana y para que ésta fuera elaborada en el país.

Ni siquiera los grandes productores de lana saldrían beneficiados. Los precios de este producto no aumentaron al mismo ritmo que los artículos obtenidos por él. Mientras en otras zonas la industria y el comercio permitieron la acumulación de grandes capitales, en la Península éstos no existieron según se puso de relieve a fines del siglo XV y comienzos del XVI, es decir, en los momentos de mayor esplendor de Portugal y de Castilla, descubridores y colonizadores de numerosos lugares en las costas africanas y asiáticas y de América.

La expansión benefició de un modo más directo a los países europeos no descubridores pero que contaban con una industria capaz de abastecer a los nuevos mercados y con capital suficiente para financiar las expediciones, que a los propios descubridores. Aparentemente Castilla y Portugal son grandes potencias económicas y desarrollan una política a la medida de su grandeza, pero de hecho la economía de ambos países carece de bases sólidas y su política sólo podrá desarrollarse con la ayuda de la industria y del capital procedente del exterior.

Orígenes y organización de la Mesta

A pesar del interés del tema para la historia de Castilla ni un solo historiador castellano se ha ocupado recientemente de la asociación de ganaderos conocida con el nombre de El Honrado Concejo de la Mesta. Nuestra fuente principal de información es la obra, ya clásica, del norteamericano Julius Klein, a la que se han unido en los últimos años algunos artículos del también norteamericano Charles J. Bishko y de la historiadora argentina Reyna Pastor.

Para Klein la asociación de los pastores está motivada por la necesidad de unir sus fuerzas frente a los agricultores cuyos intereses se ven perjudicados por el paso de los ganados trashumantes. Sus orígenes deberían situarse entre 1212 y 1273, año este último en el que Alfonso X reconoció oficialmente la existencia de la Mesta. Bishko cree que la creación de la Mesta se debió a la conveniencia de poner fin a las disputas entre los ganaderos del norte y del sur por la utilización de los pastos de La Mancha y de Extremadura.

Se acepte uno u otro punto de vista, ambos historiadores, así como Reyna Pastor, coinciden en explicar la creación de la Mesta por la necesidad de resolver los problemas que plantea la trashumancia, el traslado de ganado, a veces a larga distancia, para mejor aprovechar los pastos. Hasta mediados del siglo XII no se puede hablar de trashumancia en el sentido que se da actualmente a esta palabra. El pastoreo se llevaba a cabo a base de rotación de pastos, pero siempre tenía lugar, inicialmente, dentro de las tierras propiedad del dueño del ganado en el caso de particulares o de las tierras municipales cuando las ovejas pertenecían a miembros de un concejo.

Al aumentar la importancia económica y numérica del ganado lanar los pastos habituales fueron insuficientes y los dueños se preocuparon de incrementarlos mediante diversos procedimientos que iban desde la compra de pastizales hasta la obtención de privilegios que les autorizaran a llevar sus ganados a otras tierras, según ha sido estudiado para los monasterios catalanes de Poblet y Santes Creus y para los castellanos de San Millán y Cárdena.

La obtención de derechos de pasto en zonas alejadas se generaliza en la segunda mitad del siglo XII según ha demostrado Reyna Pastor, para quien los beneficiarios fueron en primer lugar los grandes monasterios y las iglesias catedralicias. Entre 1156 y 1274 treinta iglesias y monasterios recibieron autorización para llevar a pastar su ganado por todo el reino o en los lugares donde hubiera ganado del rey. Generalmente estas concesiones fueron acompañadas de la exención de todo derecho de paso por tierras ajenas, lo que dará lugar a numerosos conflictos no sólo con los agricultores sino también con los grandes ganaderos del sur que se niegan a permitir la entrada de ganado extraño en sus pastizales o exigen el pago de los derechos de pasto o de tránsito (herbazgos y montazgos).

Junto a las iglesias, monasterios y grandes propietarios (las órdenes militares controlan prácticamente toda la región situada al sur del Duero) también los concejos incrementan la ganadería y llegan en algunos casos a formar comunidades para facilitar el pastoreo. En otros se obliga a dejar determinadas tierras baldías dentro de los términos municipales. Pero estas soluciones no bastan y los concejos más importantes ocupan si es preciso tierras de otros municipios, como en el caso de Segovia, que ocupó tierras de Olmos, Alfamín, Canales, Toledo y Madrid.

Mientras el ganado se mantuvo en las tierras propias o municipales, los conflictos fueron limitados. Los fueros regulaban las diferencias y en todo caso los problemas no salían del ámbito municipal. Pero al generalizarse la trashumancia los fueros locales ya no servían para regular las nuevas situaciones y los privilegios obtenidos de los reyes se contradecían frecuentemente, por lo que se hizo necesario que los dueños dé ganado llegaran a un acuerdo o que éste fuera impuesto por el monarca. La consecuencia de este acuerdo sería la formación de la Mesta y su reconocimiento por Alfonso X en 1273.

Frente a los campesinos desorganizados y dispersos, los ganaderos disponían de una organización y de unos privilegios que les permitirían incrementar aún más la ganadería en perjuicio de la agricultura, según ponen de relieve las frecuentes quejas de los concejos en las Cortes, quejas en las que podemos ver igualmente las protestas de los pequeños contra los grandes propietarios.

Klein y Bishko creen sin lugar a dudas que la Mesta fue una organización democrática en la que cabían por igual los poseedores de grandes rebaños y los dueños de un reducido número de cabezas, mientras que Vicens —sin negar esta realidad— afirma que estaba controlada por los grandes señores laicos y eclesiásticos. Los datos de que disponemos son insuficientes para decidir en esta cuestión pero a modo de hipótesis puede aventurarse que el ganado de la zona norte de Castilla pertenecía casi exclusivamente a grandes propietarios, ya que en ella no existían concejos de importancia, e igual afirmación puede hacerse para las tierras situadas al sur del Tajo, donde los concejos estaban en manos de la nobleza laica, de la Iglesia y de las órdenes militares.

Sólo en las comarcas situadas entre el Duero y el Tajo los grandes concejos podrían competir con nobles y eclesiásticos y sólo en esta zona puede hablarse de pequeños propietarios en gran número, pero ni siquiera en este caso puede hablarse de la Mesta como de un organismo democrático en el que todos tuvieran igualdad de derechos. Para demostrar sus afirmaciones Bishko menciona los fueros de Cáceres y Usagre, en los que se exige a los vecinos que agrupen su ganado en rebaños de 400 reses de ganado vacuno, 200 yeguas o 2000 ovejas antes de iniciar la marcha hacia las tierras de pastos.

La existencia de pequeños ganaderos se halla igualmente probada por otros fueros como el de Escalona, en el que se habla de caballeros urbanos que tienen entre 40 y 100 vacas o de 100 a 1000 ovejas o 20 yeguas... Parece evidente, sin embargo, que los argumentos de Bishko son incompletos: participar no equivale a controlar y, por otra parte, pueden reunirse textos que demuestran la desigualdad existente dentro de los mismos concejos entre caballeros y peones. Pocos serían quienes tuvieran 40 vacas, 20 yeguas...

Reyna Pastor ha demostrado que el incremento de la ganadería aumentó las diferencias en el interior de los concejos y, citando el fuero de Cáceres. afirma que sólo participaban en la trashumancia quienes tuvieran más de 50 ovejas, con lo que se excluía a los más pequeños propietarios cuyo ganado, al perder los beneficios de la trashumancia, disminuía en calidad.

El fuero de Escalona sirve igualmente para probar la desigualdad creciente que se establece entre los habitantes de los concejos. Este privilegio está concedido no a los habitantes en general sino a los caballeros «que tuvieran las mayores casas pobladas en la villa de Escalona», a los que el monarca concede exención de impuestos en cuantía directamente proporcional a su riqueza ganadera. Alfonso X y Fernando IV autorizaron a estos caballeros a liberar del pago de impuestos a sus sirvientes (éstos pagaban de todas formas, pero al caballero en lugar de al rey) en la siguiente proporción:

Quien posee de 40 a 100 vacas — 1 vaquero

» más de 100 vacas — 1 vaquero, 1 cabañero y 1 rabadán

» más de 100 ovejas — 1 pastor

» 1000 ovejas o cabras — 1 pastor, 1 cabañero y 1 rabadán

Los caballeros que poseían cantidades inferiores a las señaladas podían unirse hasta alcanzar las 40 vacas, 100 ovejas, 20 yeguas... Pero los no caballeros, que formaban el grueso de la población, no tenían derecho a estos beneficios fiscales, por lo que su situación económica empeoraba continuamente con relación a la de los caballeros, beneficiados además por el cobro de los montazgos pagados por el ganado ajeno al municipio que pastara en sus tierras. El aprovechamiento de unos bienes comunales sólo beneficiaba a un grupo económicamente privilegiado.

Si del ambiente municipal pasamos al de la Mesta en conjunto, las posibilidades de intervención y control de un caballero de Escalona dueño de 1000 ovejas nunca serían comparables a las del maestre de Alcántara, que ya en 1243 disputaba a la orden del Temple la posesión de un rebaño de 42000 ovejas en la villa de Ronda. Los datos de que disponemos sobre la Mesta son posteriores al siglo XIII, pero no creemos que la situación fuera muy distinta y puede afirmarse con Vicens «que a pesar del número de pequeños propietarios que integraban la Mesta, quienes mandaban en ésta era los grandes señores, los cuales detentaban la presidencia, los cargos de alcalde de cuadrilla y, en fin, intervenían decisivamente en las asambleas de invierno y otoño».

Alfonso X en 1273 no innova, se limita a reconocer y dar carácter oficial a una organización ya existente. En el mejor de los casos su papel se redujo a reunir en un solo organismo las Mestas de Cuenca, León, Soria y Segovia, es decir, las asociaciones de ganaderos interesadas en poder utilizar los pastos de invierno situados en La Mancha, Extremadura y Andalucía. La principal misión de la Mesta era organizar las cañadas o caminos entre zonas cultivadas.

Las más importantes recibieron los nombres de leonesa, segoviana y manchega. La primera partía del sur de León, atravesaba, y atraviesa en la actualidad, los términos de Zamora, Salamanca y Béjar, desde donde se dirigía a las zonas de pastos de Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz, llegando en algunos casos hasta Andalucía. La cañada segoviana partía de Logroño, pasaba por Burgos, Palencia, Segovia y Ávila para unirse en Béjar con la leonesa. Otro ramal llegaba hasta Talavera, Guadalupe y Almadén. La ruta manchega es la seguida anteriormente por el ganado de Cuenca que desde la serranía marchaba hacia las llanuras murcianas.

El fuero de Cuenca regula minuciosamente la trashumancia y suponemos que sus normas, al igual que sus cañadas, seguirían vigentes después de la creación de la Mesta. La marcha hacia el sur, hacia tierras cálidas, se inicia a comienzos de diciembre bajo una protección armada que proporcionan los dueños del ganado. El regreso se efectuaba a mediados de marzo. Los rebaños permanecían en las proximidades de Cuenca hasta el 24 de junio. Durante este tiempo se herraba el ganado caballar y se seleccionaban las reses para la venta y para el matadero. Desde junio hasta septiembre los rebaños pastaban en la Sierra de Cuenca bajo la vigilancia de sesenta pastores de a pie proporcionados por las aldeas de Cuenca.

Mientras el ganado se halla en las proximidades de la ciudad los pastores siguen sometidos al alcalde de Cuenca, pero cuando se inicia la marcha hacia el sur, hacia zonas donde la autoridad del alcalde no puede hacerse sentir, éste delega sus poderes en alcaldes especiales elegidos por los caballeros de la escolta. Estos alcaldes tienen las atribuciones que el fuero de la ciudad concede al alcalde ordinario. Su autoridad es anual y dura hasta el regreso del ganado en el mes de marzo.

Al crearse la Mesta general seguramente se respetó la organización de cada una de las Mestas locales durante algún tiempo, pero pronto fueron creados nuevos cargos que anulaban a los ya existentes. La autoridad del alcalde local y de los ambulantes fue sustituida por la de los alcaldes entregadores, las reuniones de pastores y miembros de la escolta armada previstas en los fueros adquirieron carácter general y las mismas disposiciones del fuero quedaron anuladas por las Ordenanzas de la Mesta, de las que se conservan las aprobadas por los Reyes Católicos en 1492, aunque se conoce la existencia de otras anteriores, no conservadas.

Si las ordenanzas de 1492 reflejan las prácticas empleadas en siglos anteriores, podemos aceptar que los dueños de los ganados acostumbraban reunirse tres veces al año para solucionar los problemas planteados entre ellos. Así parece probarlo el hecho de que Alfonso X impusiera a los ganaderos de Alcaraz la obligación de reunirse tres veces anualmente para devolver a sus dueños las reses extraviadas y poner fin a los litigios entre pastores.

Con la creación de la Mesta estas reuniones subsistirían (al menos las hay en el siglo XV) y en fecha indeterminada se nombraría un presidente de las asambleas o reuniones en las que estarían representados los delegados de las mestas locales de mayor importancia. Las obligaciones del presidente eran atender a las quejas contra los funcionarios de la Mesta, resolver los litigios entre pastores y ganaderos, nombrar los funcionarios subalternos y representar a la Mesta ante el monarca.

Otros funcionarios son los procuradores, que vigilan el pago de los impuestos ganaderos, los contadores y receptores o administradores, los alcaldes de la Mesta o jefes de los rebaños, encargados de hacer cumplir las leyes generales y de la guarda y custodia de las reses descarriadas y los alcaldes entregadores de la Mesta, que actúan como jueces ambulantes en los pleitos entre pastores y habitantes de las tierras por donde pasan los ganados.

En principio este funcionario tiene autoridad para juzgar no sólo a los pastores sino también a los vecinos de los concejos, por lo que éstos protestaron en las Cortes y exigieron que se suprimiera el cargo y se confiara la administración de justicia a las autoridades locales. Esta petición no fue atendida, pero se llegó a un acuerdo según el cual juzgarían unidos los alcaldes locales y el entregador de la Mesta.

Comercio interior e internacional

La existencia de mercados y de mercaderes en los reinos occidentales está suficientemente probada para los siglos X-XII. El número de unos y otros aumenta desde mediados del XI siguiendo las mismas pautas que en Europa: a los mercados locales y regionales, de carácter agrícola, siguen pronto las reuniones comerciales organizadas y protegidas por el poder público y las tiendas permanentes se generalizan en la mayor parte de las ciudades y concejos.

El mercado agrícola, generalmente semanal, se mantiene, pero en las ciudades se desarrolla un mercado diario. La posibilidad de obtener y comprar productos de otras regiones hace que surjan los mercados anuales celebrados en fecha fija y que reciben el nombre de ferias. Los mercados anuales aparecen regulados en numerosos fueros, pero éstos dedican especial atención al mercado semanal de carácter meramente regional o comarcal y en algunas casos sólo ciudadano, que tiene como misión suministrar alimentos a los habitantes de la ciudad y dar salida a los productos artesanos.

La organización del mercado diario está copiada en parte de la del zoco o azogue musulmán. En él se vende la carne, pescado, hortalizas, aceite... Las tiendas son en algunos casos monopolio del señor de la tierra a quien corresponde dictaminar dónde deben construirse y cómo. En otras zonas son de carácter municipal. Junto a las tiendas se hallan los almacenes o lugares de depósito: alfóndegas o alhóndigas, con aposentamiento para los mercaderes y lugares para exponer las mercancías. Se copia igualmente el sistema de la alcaicería musulmana, entendiendo por tal los almacenes y tiendas propiedad del rey, que las alquila a los comerciantes.

El mercado periódico no puede realizarse sin garantías de tranquilidad y paz, no sólo en el lugar estricto de celebración sino también en el viaje, por lo que se llega a crear un derecho particular. La monarquía se transforma en protectora de los mercaderes, hace que se sancionen con mayores penas los delitos cometidos en el mercado, prohíbe el uso de armas, ordena que no se detenga a nadie en día de mercado...

Los funcionarios encargados de controlar o dirigir estos mercados son el zayazoque, que tiene la misión de controlar pesos y calidades, mantener el orden e intervenir y entender en las disputas y diferencias que se produzcan; el sayón, que es el encargado de percibir las caloñas o multas; los impuestos que recargan la entrada de mercancías son cobrados por el telonero, portazguero o portero. La reglamentación es estricta en todos los casos. Se concentra todo el comercio en el mercado para hacer más fácil la policía y asegurar la percepción de los impuestos y multas.

Es difícil precisar cuándo comienzan a existir mercados organizados y protegidos por los monarcas. Se sabe de la existencia de algunos por datos encontrados en los fueros, como el mercado que en 1095 se celebraba en Valladolid o anteriormente, en 1085, en Sahagún. En el siglo XII se conoce el mercado semanal del monasterio de Vega, cerca de Sáhagún, y los de Logroño y Palencia.

Los productos comercializados pueden agruparse en cuatro grandes apartados: de origen animal, vegetales y minerales, y artículos manufacturados. Entre los primeros figura el pescado, en el que se incluyen sardinas, truchas, sollos, merluzas, ostras, peces de río, anguilas, barbos, besugos, congrios, fanecas, langosta, lamprea, pulpo, raya y salmón. La mayor parte aparece, como es natural, en los lugares marítimos de Galicia, Portugal y del Cantábrico, pero en ocasiones los hallamos en localidades del interior (Santiago, Sepúlveda, Alarcón, Usagre, Sahagún, Coria, Zorita...) en forma de salazones.

En todos los lugares pesqueros se observa un claro proteccionismo tendente a favorecer a los vecinos, que pagan un portazgo inferior al de los forasteros; en algunos lugares, como Noya, varía el importe del portazgo de acuerdo con las dificultades que lleva consigo la pesca: se cobra el doble desde finales de enero hasta septiembre, es decir, en los meses más propicios. Uno de los productos más apreciados y caros es la trucha y entre los más baratos figuran las langostas, anguilas y ostras si juzgamos por el recargo que se impone en los portazgos conocidos.

Los animales cuya venta regulan los fueros y portagos son el asno y el buey, de precio inferior al caballo, yegua y mulo. Siguen en importancia la cabra, el carnero, la oveja, el cerdo y la vaca; en último lugar, el conejo, el ciervo, la gallina, el ganso, la liebre, la paloma y la perdiz. De gran interés son las normas que regulan la venta de la carne: la caza ha de ser vendida en lugares públicos, se prohíbe la mezcla de carnes, la venta de la deteriorada y la entrega de un tipo de carne por otra.

Abundan las disposiciones referentes al pan, cuya entrada, por ser artículo de primera necesidad, está exenta de impuestos mientras que se recarga fuertemente la salida. Se especifican las multas a los molineros y panaderos que lo adulteraran, se indica la ganancia correspondiente a cada uno, el precio de venta, el número de panes que han de cocer en cada hornada, el lugar de venta, el peso...

El vino es, junto con el pan, uno de los productos más documentados, especialmente en cuanto se refiere a la posibilidad de fraude por parte de los taberneros. En algunos casos a éstos se les retira la licencia durante un año (cuando no quieren venderlo o no lo hacen de acuerdo con las medidas puestas por el concejo). A veces durante las ferias y mercados se prohíbe vender vino para evitar excesos que pudieran repercutir sobre la paz del mercado. Se fija el precio de venta según su calidad, y se indican los derechos de portazgo, que son elevados en las regiones productoras para los que pretendan hacer la competencia al vino local y nulos en los lugares donde escasea.

Entre los productos manufacturados, los más importantes son los tejidos, de origen europeo, cuyos tipos y calidades coinciden con los introducidos en la Península durante el siglo XIII, por lo que serán estudiados más adelante. Junto a las telas figuran los colorantes y productos químicos utilizados de una u otra forma en la fabricación textil: áloe, alumbre, zumaque, azul, palo brasil, cochinilla, grana y minio, de gran valor a juzgar por el alto recargo con que figuran en los portazgos.

Los metales son objeto de un comercio de relativa importancia tanto en estado natural como en forma de artículos elaborados: plomo, cobre, estaño, latón, hierro... armas, calderos, sartenes, escudillas, herraduras, instrumentos de labranza. La venta y el portazgo están estrictamente regulados así como la actividad de plateros y herreros.

Los beneficiarios de este renacimiento comercial son indirectamente todos los pobladores, pero de un modo especial los monasterios e iglesias a los que el rey cede el control del comercio o exime de determinados impuestos, lo cual los coloca en situación privilegiada para vender sus productos o comprar artículos que necesitan. Como simples ejemplos, citaremos que la catedral de Osma recibe el diezmo de los portazgos de San Esteban de Gormaz, Osma y Soria desde 1154.

En el Duero medio, desde Burgos hasta Salamanca el centro de mayor importancia es Burgos, donde confluyen mercancías del Cantábrico a través del puerto de Castro Urdíales, del Alto Ebro y de La Rioja. La catedral burgalesa ya en 1120 recibió el diezmo del portazgo de Castro Urdiales ampliado en 1192 con el diezmo del pan y armas y de todos los productos que llegaran a este puerto. Otro diezmo del portazgo correspondía al monasterio de San Juan de Burgos. La catedral recibía asimismo el diezmo del portazgo de la ciudad y de otras poblaciones cercanas.

En la zona del Tajo los grandes beneficiarios son las sedes episcopales y las órdenes militares. En la comarca del Miño y del Sil y en Portugal los monasterios e iglesias reciben numerosos privilegios y exenciones comerciales. En La Rioja el control de los portazgos se halla en manos de los monasterios de Oña, Santo Domingo de la Calzada, Santa María de Nájera y de la iglesia catedral de Calahorra.

Las ferias, aunque necesitan para subsistir la autorización real, no son ni pueden ser creación de los monarcas. Con ellas ocurre lo mismo que con las ciudades: sólo prosperan las que surgen en zonas especialmente aptas por su riqueza o por su situación estratégica. En otro caso quedan reducidas a mercados semanales de carácter local. La feria tiene su origen por tanto en un mercado que adquiere por circunstancias geográficas, económicas, políticas una mayor importancia. El comercio que en ellas se efectúa es al por mayor entre mercaderes, no entre mercader y particular. Superan el cuadro local o regional por el origen de los mercaderes que acuden a ellas y por las mercancías que se negocian, generalmente productos industriales o de lujo.

Para que las ferias adquieran importancia es preciso que haya libertad de comercio, que exista una relativa debilidad económica de los consumidores (si hay un fuerte poder adquisitivo general se crean centros permanentes como en las ciudades hispanomusulmanas). Como factor geográfico importante las ferias se desarrollan en los puntos de contacto de economías complementarias: tierras fronterizas con el Islam, zonas marítimas del Atlántico a las que llegan comerciantes ingleses y de Lorena, y Camino de Santiago.

Como instituciones propias de la feria figuran la paz de la feria y del camino (es decir, la garantía ofrecida por el poder público) y las franquicias o privilegios (prohibición de detener a los mercaderes, exenciones de determinados impuestos...). Entre las primeras ferias documentadas figura la de Valladolid, creada por Alfonso VII en 1152, y a la que se agregarían en este mismo siglos las de Sahagún, Palencia, Madrid, Sepúlveda, Cuenca, Cáceres, Coria, Carrión... cuyas fechas de celebración no son fijadas de un modo arbitrario sino de acuerdo con un plan perfectamente organizado para evitar las coincidencias y permitir el desplazamiento de los mercaderes de unas a otras.

La impresión que se tiene al ver un mapa de estas ferias es que al comenzar el buen tiempo se iniciaban algunas situadas en el Camino de Santiago, de donde se pasaba en plena primavera y a comienzos del verano a las localidades situadas en el interior, en las zonas de frontera y en el Atlántico para terminar hacia septiembre de nuevo en el Camino de Santiago en dirección a Europa.

La existencia de estas ferias a las que pueden acudir y se desea que acudan mercaderes y productos del exterior exige la creación de puertos o puestos de control que conocemos para Castilla por los acuerdos de las Cortes de 1268: desde Fuenterrabía, San Sebastián, Castro Urdiales, Laredo, Santander, Aviles, Ribadeo, Vivero, Betanzos, La Coruña, Santa Marta, Cederá, El Ferrol, Bayona de Miño, Guarda, Pontevedra, Padrón y Noya se controla el comercio cantábrico. Huelva, Cádiz, Vejer, Sevilla y Jerez son los puertos andaluces, Cartagena, Alicante y Elche controlan la salida y entrada de mercancías desde el reino de Valencia.

En estas mismas Cortes y para facilitar los intercambios comerciales interiores y exteriores fueron unificados los pesos y medidas: los cereales se medirían por el cahíz toledano (tiene 12 fanegas, cada fanega 12 celemines y el celemín 12 cucharas). El vino se mide por el modio de Sevilla (16 cantaras y cada cantara puede fraccionarse en medias cantaras y en ochavos). La carne se pesa por el arrelde de Burgos (tiene 4 libras y puede fraccionarse en medios, cuartos y ochavos). Las unidades de peso alfonsinas son el marco, la onza, la libra, la arroba y el quintal, que tienen entre sí las siguientes equivalencias: 1 marco = 8 onzas; 1 libra = 2 marcos; 1 arroba = 25 libras y 1 quintal = 4 arrobas.

Durante el reinado de Sancho IV se realizaron algunos inventarios de los ingresos de la Corona por los que podemos conocer las entradas y salidas de artículos por los puertos de Guipúzcoa entre el 28 de enero de 1293 y el 1 de octubre del mismo año, el valor de los artículos intercambiados entre el reino de Castilla y Portugal y los beneficios obtenidos en algunas de las ferias del reino.

De estos datos se deduce que la importación en Guipúzcoa se realiza preferentemente por San Sebastián, Fuenterrabía y Guetaria y se refiere casi siempre a tejidos de Valenciennes, Saint-Omer, Arras. Ipres, Chalons-sur-Marne, Lille, Douai, Brujas, Gante, Commines, Tournai... Los artículos castellanos exportados (hierro, cueros y lana) salen por Oyarzun, Orio y Segura. El monarca percibía el diez por ciento del valor de los artículos importados y exportados cuya importancia podemos calcular teniendo en cuenta que en el mes de febrero se recaudaron en concepto de diezmo, sólo por la entrada de paños —cuya calidad y precio se especifica—, 39087 maravedíes.

En cada partida se indica el nombre del importador o del exportador, el producto y su calidad, su precio y el valor del diezmo; y se expresa además a quién fueron entregadas estas cantidades por orden del rey o de sus oficiales, lo que permitirá en su día conocer mejor la sociedad castellana.

Junto a estos puertos o aduanas por los que pasa el comercio de lujo (se conservan igualmente las cuentas del puerto de Sevilla) conocemos también el valor de los artículos intercambiados entre Castilla y Portugal. Existían aduanas, que sepamos, en Moya, Serpa, Morón, Alcántara, Valencia, Fermoselle, Villarino de los Aires y Pereña, cuyos beneficios estaban concedidos a particulares o a las órdenes militares entre diciembre de 1292 y enero de 1294. Los oficiales del rey cobraban el diezmo correspondiente en Badajoz, Ribacoa, Villamayor, Castellbó, Almeida de Sayago y Castell-Rodrigo así como en otros lugares no especificados sitos entre Ribacoa y Tuy. Los ingresos obtenidos por este comercio son mucho menores que los del Cantábrico o del Atlántico, pero se aproximan a los 30000 maravedíes por año.

Otros impuestos de tipo comercial de los que se beneficia el monarca son las sisas o tanto por ciento de cuanto se comprara o vendiera en el reino, especialmente en los mercados y ferias. Este impuesto afecta a todos los productos y su estudio nos permitiría avanzar extraordinariamente en el conocimiento de la economía y de las formas de vida castellanas en el período que estudiamos, pero sólo disponemos de los datos de la sisa de algunas ferias menores como la de Brihuega, San Esteban de Gormaz y Buitrago.

Los documentos conservados incluyen igualmente las cuentas de los impuestos ordinarios y extraordinarios: fonsadera o impuesto cobrado en caso de guerra, derechos cobrados por la expedición de cartas, servicios concedidos por las Cortes..., aunque siempre para un período concreto y para lugares determinados. De mayor amplitud son los documentos referentes a los impuestos pagados por los judíos, cuya distribución en el reino puede verse gracias a estos diplomas. En 1290 los hebreos del reino de Sevilla pagaron al rey casi doscientos mil maravedíes, cantidad que equivale a la cuarta parte de lo recaudado en el mismo reino por todos los conceptos cuatro años más tarde...

Todos estos datos, agrupados y analizados detenidamente, nos ilustrarían sobre las cargas que recaían en los súbditos y sobre la repercusión que los impuestos en general y los derivados de la orientación política del reino en particular tuvieron sobre los castellanos. Pero es posible a través de la documentación mencionada llevar el análisis mucho más allá y ver cómo se distribuía lo recaudado, quiénes eran los encargados de cobrar los impuestos... Refiriéndonos concretamente a los de tipo comercial podría averiguarse en su repercusión sobre los precios y el margen de beneficio reservado a los mercaderes. Podría hacerse un análisis de la economía y de la sociedad castellana de la que actualmente ignoramos prácticamente todo cuanto se refiere al período estudiado.

LA CORONA DE ARAGÓN

La economía de la Corona de Aragón

Aunque en muchos aspectos podría valer para los países de la Corona y para Navarra cuanto hemos dicho al referirnos al occidente peninsular, es preciso tener en cuenta dos diferencias importantes. Por un lado, la expansión de los reinos orientales fue más lenta y se produjo sobre tierras de menor extensión en las que, además, se toleró o se estimuló la permanencia de los antiguos pobladores, con lo que no se llegó a una situación de privilegio de la ganadería. Por otra parte, las ciudades surgidas en la fachada mediterránea entraron prontamente en contacto con el mundo europeo, italiano sobre todo, y a su imitación supieron crear una industria capaz no sólo de limitar las importaciones sino también de competir en el exterior con las manufacturas europeas.

En el campo, agricultura y ganadería se equilibran aunque la segunda predomine en las zonas pirenaicas donde los pastos de verano atraen a los rebaños de particulares y monasterios, que inician una trashumancia conocida desde el siglo XII, al menos por lo que se refiere a los monasterios de Santes Creus y de Poblet. También los ganaderos se agruparon y crearon la Casa de los Ganaderos de Zaragoza, Tauste y Ejea, la Mesta de Albarracín, los Lligallós de Calatayud, Teruel... y organizaciones semejantes, mal conocidas, existieron en las zonas ganaderas del Pirineo catalán y en tierras del Maestrazgo.

En los condados catalanes el desarrollo de la agricultura facilitó no sólo la existencia de un mercado consumidor sino también la inversión de capital en rudimentarias industrias que, en principio, servirían para atender a las necesidades locales y que a partir del siglo XII suministrarían los productos para un activo comercio, que seguramente se iniciaría a fines del siglo XI, según atestiguan los Usatges al poner bajo la constitución de paz y tregua a los navíos desde el cabo de Creus hasta Salou en una extensión de doce leguas y al garantizar a los mercaderes la paz del mercado.

El aumento demográfico catalán y los privilegios concedidos por los condes a las ciudades dieron lugar a una gran prosperidad económica manifestada en la difusión de los mercados, en la aparición de gran número de artesanos cuyas profesiones comienzan a indicar los documentos de fines del siglo XI. En el XII se mencionan talleres u obradores (lo que indica un trabajo en común) textiles, de curtido, de forja y herrería, carpintería... en ciudades como Barcelona, Gerona, Urgel, Montblanc, Lérida y Vic entre otras poblaciones. En el siglo XIII aparecen los primeros gremios que agrupan y organizan a estos artesanos.

Junto a las actividades industriales se desarrollan las comerciales, facilitadas por la proximidad al Mediterráneo y por la pacificación de los condados desde mediados del siglo XI. La importancia de estos mercaderes se observa en el hecho de que sufraguen en parte, mediante préstamos, la conquista de Tortosa en el siglo XII del mismo modo que financiarán, en el XIII, la ocupación de Mallorca. Estos mercaderes tienen su residencia, sus tiendas, en las ciudades y realizan frecuentes viajes fuera de los condados aunque en un primer momento su actividad se desarrolla en las ferias y mercados que existen en todas las ciudades.

La industria textil fue la más importante y son conocidos los paños de Barcelona, Lérida, Huesca, Jaca, Valencia, Perpiñán, Montpellier y de diversos lugares del Pirineo gerundense, algunos de los cuales se exportan a países industrialmente poco desarrollados como Castilla y el norte de África. Junto a la industria textil destaca la de elaboración de joyas, de trabajo del coral, de productos metálicos fabricados en las forjas pirenaicas, de fabricación de papel, jabón, vidrio y la construcción naval, en la que destacan los puertos de Tortosa, Valencia, Barcelona y Mallorca.

La actividad marítimo-comercial aparece regulada desde fecha temprana, al menos en Barcelona, por las Ordenanzas de la Ribera (1258), en las que se definen los derechos y obligaciones de los marineros y mercaderes. La redacción fue realizada por los representantes de los últimos y por un delegado del monarca. La cohesión y organización del grupo comercial barcelonés fueron reconocidas oficialmente por Pedro el Grande en 1279 al autorizar a los mercaderes de la ciudad a elegir dos jueces encargados de solucionar las dificultades que surgieran entre ellos.

Estos jueces, cuya elección fue autorizada en Valencia en 1283 y en Mallorca en 1343, recibían el nombre de cónsules de mar. Las normas por las que se rigen datan del siglo XII, aunque los textos conservados sean del siglo XIV. Las primeras disposiciones relativas a la navegación y a los navegantes proceden de Pisa y están fechadas en 1161. Poco más tarde normas semejantes, actualizadas por los prácticos, estarán vigentes en Venecia. Las Ordenanzas de la Ribera no serían más que la aplicación de este derecho marítimo mediterráneo al caso de Barcelona.

Entre 1260 y 1270 los barceloneses procederían a una nueva redacción de las Ordenanzas, conocidas ahora como Libro del Consulado, que serviría de pauta al Consulado de Valencia creado en 1283, fecha cuya significación es preciso recordar. La autorización dada a los mercaderes valencianos para organizarse debe ponerse sin duda en relación con la ayuda prestada por éstos al rey en su lucha contra Francia y el pontificado.

Los mercaderes valencianos perfeccionaron las costumbres recibidas y añadieron entre 1336 y 1343 diversos epígrafes y mejoras que llevaron a Pedro el Ceremonioso a extender esta nueva forma legal a Mallorca (1343), a Barcelona (1348), a Tortosa (1363) y a Gerona (1385). Perpiñán tendría su Consulado en 1388 y Sant Feliu de Guíxols en 1443. En su forma actual el Llibre del Consolat del Mar habría sido redactado en la segunda mitad del siglo XIV y aceptado en todo el Mediterráneo como código marítimo.

Los primeros capítulos del Llibre se refieren a la construcción y reparación de naves y regulan minuciosamente los derechos y obligaciones de los accionistas interesados en la empresa cuando la nave no fuera propiedad de una sola persona. Otros temas tratados son las obligaciones del patrón y de los marineros, las condiciones de los fletes, las normas de carga y descarga de los géneros y la forma de compensar los daños causados en la maniobra, las reglas de anclaje de la nave en rada, en playa o en puerto, las relaciones entre el patrón, los mercaderes y los pasajeros embarcados...

El interés de todos y cada uno de los temas exigiría un estudio detallado, pero ante la imposibilidad de realizarlo nos limitaremos a comentar brevemente los temas referentes a la tripulación y a las relaciones entre el patrón y los mercaderes que alquilan la nave. Los marineros no son simples asalariados sino que se les permite comerciar y se obliga al patrón a transportar gratuitamente sus mercancías hasta una cantidad determinada. Su contrato de trabajo no puede ser anulado sino por hurto, riña o por desobediencia al contramaestre. En ningún caso se puede despedir a un marinero para contratar a un pariente del patrón o a otro marino que se ofrezca a realizar el trabajo por menor precio.

Las comidas que reciben mientras se hallan embarcados son, aparte del bizcocho, carne tres días por semana y menestra en los demás a mediodía, y por la tarde queso, o cebolla, o sardina u otro pescado, y vino tres veces por la mañana y tres por la tarde. Entre sus obligaciones se incluyen además de las específicas del marino las de cortar madera para reparar la nave, cargar y descargar la nave, llevar a bordo el equipaje de los mercaderes...

Las relaciones entre el patrón y los mercaderes que fletan la nave son complejas. El primero, una vez comprometido a transportar una mercancía, está obligado a cumplir su promesa o a pagar los perjuicios que del incumplimiento se deriven. No puede modificar el destino de la nave ni sus aparejos o tripulación sin licencia de los mercaderes, de los que obtiene a cambio el dinero necesario para reparar la nave si el patrón no puede hallarlo de otra forma y los víveres necesarios para la tripulación cuando ésta carece de ellos y los posee el mercader.

Junto al Consulado de Mar, que podríamos llamar gremio de mercaderes y marinos existente en las ciudades más importantes de Cataluña, Valencia y Mallorca, existen en la Corona de Aragón consulados en el extranjero que agrupan a todos los súbditos de la Corona situados en los distintos países. En principio son los representantes del monarca en las zonas situadas fuera de su dominio, pero ya desde 1266 Jaime I renunció al nombramiento de estos cónsules en favor de la ciudad de Barcelona, aunque esta concesión no afectó a los consulados de Túnez y Bujía que siguieron bajo el control directo del monarca.

El comercio catalano-aragonés

Generalmente cuando se habla del comercio catalán los historiadores aluden al comercio a larga distancia, al que se efectúa con el norte de África, Siria, Grecia o Europa, pero al lado de este comercio internacional existe un comercio interno menos brillante, pero no de menor importancia, que ha sido puesto de relieve en los últimos años por Miguel Gual, al que se debe la edición y estudio de los aranceles aduaneros de Valencia, Alcira, Burriana-Sagunto-Játiva-Blar, Zaragoza, Alagón-Gallur, Sádaba, Canfranc, Candanchú, Ribera del Ebro, Perpiñán, Puigcerdá, Valle de Querol, Cotlliure, Tortosa, Barcelona, Tamarit y Cambrils, es decir, de lugares representativos de todos los territorios de la Corona.

Uno de los más completos es el peaje de Barcelona de 1222, en el que figuran más de cien productos y entre ellos la pimienta, lino, algodón, cominos, incienso, canela, laca y diversas especias importadas de Oriente. Entre los productos locales figuran la cera, cueros y pieles de bueyes, conejos y corderos; lana y tejidos de fabricación local e importados; productos alimenticios como sal, aceite, azúcar, miel, harina; artículos como hierro, alquitrán, madera, naves, papel, plomo... La cantidad que se paga en concepto de impuesto al comprar estas mercancías varía proporcionalmente al valor del artículo mientras que las variaciones son menores en los derechos de paso. Así, por ejemplo, la compra-venta de una carga de pimienta está gravada con cinco sueldos y la de cominos con dos; el peaje de ambas es el mismo: siete dineros y un óbolo.

En este mismo arancel puede verse la existencia de diversas tiendas y talleres entre los que se citan las droguerías o especierías, pañerías, zapaterías... cuyos dueños deben pagar como impuesto anual dos onzas de pimienta (los drogueros y pañeros) y dos pares de suelas (los zapateros). Se citan también panaderías y tabernas.

El arancel de 1271 contiene las ordenanzas dadas por los consellers de Barcelona para fijar las cantidades que debían cobrar los corredores o intermediarios en las ventas y evitar toda posibilidad de fraude. El corretaje lo pagan a medias entre comprador y vendedor después de haber sido pesada y pagada la mercancía, en cuya venta actúa numerosas veces como intermediario el posadero que alberga al mercader. Los ciento veintiséis productos incluidos en las ordenanzas son una muestra bastante completa de la actividad comercial barcelonesa, en la que se incluye también el dinero que puede ser vendido al igual que cualquier otro producto o prestado en Barcelona y devuelto en cualquier otro lugar.

En los aranceles de Valencia (1243 y 1271) se hallan exentos de peaje y de hospedaje los naturales y vecinos de la ciudad, así como los vendedores de productos como lanzas, hierro labrado, acero, vestidos, ropa de cama, hilos, lana o lino hilado, objetos de madera (cajas y barcos) o de tierra (ollas y cántaros), herraduras, es decir, productos elaborados. Ello nos hace pensar que Valencia no disponía de una artesanía capaz de atender a las necesidades locales y se veía obligada a facilitar la importación de estos artículos.

Los productos sometidos al pago de peaje en Cotlliure coinciden en muchos casos con los existentes en Barcelona o Valencia. A juzgar por el arancel de 1249, en el Rosellón existía una industria pañera, aunque sus productos no gozaban, por su calidad, de mucha estima: mientras la pieza de paño de Francia paga un peaje de 4 dineros, la bala de cinco o seis paños de la tierra paga 1 sueldo y 1 dinero, a razón de 2 dineros la pieza. También podría ser que nos halláramos ante unas medidas de protección a la industria local. Entre los productos comercializados abunda el pescado salado, las sardinas, las ruedas de molino, zapatos, cerámica, jarcias de naves, fibras vegetales...

La más antigua de las lezdas o peajes conservados es la que regula el tráfico por el Ebro, que data de época de Alfonso el Casto (1162-1196) y se conserva en una confirmación de Jaime I (1252). Los barcos que navegan entre Tudela y Tortosa pagan este peaje que se repartiría proporcionalmente a la importancia de las ciudades entre diez poblaciones situadas a orillas del Ebro: Tortosa, Aseó, Mequinenza, Velilla, Pina, Zaragoza, El Castelló, Alagón, Gallur y Tudela. Ya en el siglo xiii llegarían artículos de Ceuta, Bujía, Valencia y «de otros lugares».

El comercio exterior

Una gran parte de los artículos mencionados en los diversos peajes procede del comercio exterior, que, según hemos visto anteriormente, se halla estrechamente relacionado con la expansión política; por ello conviene recordar sus grandes líneas. El primer hecho que interesa destacar es la unión de Cataluña y Aragón en 1137. Los historiadores catalanes e italianos han hecho de la expansión mediterránea un asunto puramente catalán; aunque realmente la iniciativa y el peso recayeron sobre los catalanes, es preciso recordar que sin la unión de aragoneses y catalanes la política expansiva no habría podido realizarse. El comercio no es una actividad económica pura, los mercaderes necesitan un apoyo político-militar y éste aumenta al unir sus fuerzas catalanes y aragoneses.

Unidos Aragón y Cataluña, la Corona incorporará a sus dominios Lérida, Tortosa y Teruel. Jaime I y sus vasallos procederán a la conquista de las Baleares y de Valencia y establecerán un protectorado sobre Túnez. Pedro el Grande incorporará Sicilia, Jaime II Cerdeña y en el reinado de Pedro el Ceremonioso entrarán a formar parte de la Corona los ducados de Atenas y Neopatria y se reincorporarán Sicilia y las Baleares, separadas en los reinados anteriores. Con la entrada de Alfonso el Magnánimo en Nápoles y el establecimiento de un protectorado sobre los déspotas del Épiro termina la expansión política de la Corona en la Edad Media, expansión que continuarán los Reyes Católicos con su intervención en Italia.

Se han señalado numerosas causas a esta expansión. Entre ellas, se concede un lugar preponderante a las económicas hasta el punto de afirmarse que la política expansiva no fue obra de la monarquía sino de los burgueses, de los poderes económicos. Cataluña en general y Barcelona en particular, enriquecidas por el desarrollo agrícola, por el comercio de esclavos y por el tráfico del oro musulmán, disponía en el siglo XII, y aun antes, de una marina dedicada al comercio y al corso, actividades que se veían perjudicadas frecuentemente por los piratas musulmanes de Almería, las Baleares y Tortosa.

La conquista de estas plazas en el siglo XII por Alfonso VII de Castilla, Ramón Berenguer III y Ramón Berenguer IV de Barcelona contará con el apoyo de písanos y genoveses interesados en mantener activo el comercio y la navegación mediterráneos. Motivaciones económicas podríamos ver igualmente en las demás etapas de la expansión según hemos señalado en páginas anteriores.

Se han señalado diez rutas importantes de este comercio internacional: la de Lenguadoc y Provenza, de las Islas (Córcega, Cerdeña y Sicilia), del Tirreno, del Adriático, del imperio bizantino, de las islas del Levante cristiano (Creta, Chipre y Rodas), de Egipto, de Siria, del norte de África, del Atlántico europeo y del Atlántico norteafricano, que pueden reducirse a cinco: las de África Menor, del Mediterráneo Occidental, del imperio bizantino y de las islas griegas, de Ultramar (Siria y Egipto) y de Occidente.

Ruta del África Menor

La ruta norteafricana parece haber sido la primera cronológicamente y la más importante. El peaje fluvial del Ebro mencionado anteriormente alude ya a los productos que, procedentes de Ceuta y Bujía, llegan a Tortosa y Tudela a fines del siglo XII. Pero el gran comercio con el norte de África se inicia a comienzos del XIII, como lo atestigua el hecho de que Jaime I en 1227 mandara que las mercancías de Barcelona destinadas a Berbería fueran cargadas en naves catalanas. En los años siguientes Jaime I acuña monedas de oro de tipo musulmán para facilitar este comercio.

La actividad de los mercaderes fue interrumpida por la guerra de corso iniciada entre el hafsida Abu Zakarías y Jaime I a raíz de la conquista de Valencia, pero fue rápidamente reanudada según prueba la petición hecha por Jaime I al pontífice Inocencio IV para que la cruzada organizada por éste respetara las tierras tunecinas. Desde mediados del siglo xiii existe ya un consulado de los catalanes en Túnez; en 1254 Guillen de Monteada estaba al frente de las compañías de mercenarios catalanoaragoneses que defendían a los hafsidas tunecinos.

El carácter oficial de estas compañías y el papel militar y económico que desempeñaba su jefe han sido puestos suficientemente de relieve por Dufourcq, según el cual el rey percibía una parte del sueldo de las tropas, adelantaba la primera soldada a los voluntarios que aceptaban formar parte de las milicias y las utilizaba no sólo para defender los intereses de los mercaderes sino también para administrar y alquilar las alhóndigas o almacenes propiedad de la Corona.

La actividad diplomática, el funcionamiento de las milicias y la actividad comercial están unidas y la presencia de la Corona en el norte de África depende del rey, de sus representantes (embajadores, alcaides y jefes de las milicias) y de los mercaderes.

Los productos norteafricanos más cotizados eran el oro y los esclavos. El oro africano era conducido desde Tombuctú hasta el Mediterráneo (Ceuta, Túnez y Trípoli) a través de las rutas caravaneras, en cuyos puntos terminales hallamos siempre a mercaderes catalanes que compran en el norte de África esclavos negros, rescatan (cobrando una comisión) cautivos cristianos o venden esclavos musulmanes comprados en la Península. Otros productos que adquirirían eran el marfil incienso, cera, atún coral, dátiles, azúcar, pimienta, ámbar, alumbre y, desde el siglo XIV, cereales. Cataluña vende paños de lujo procedentes de Europa, madera, hierro esparto para la construcción naval, plomo, estaño, cobre, sal y aceite.

Algunos mercaderes son representantes de sociedades y se establecen de modo prácticamente fijo en el norte de África. Otros son dueños de pequeños barcos y se desplazan de acuerdo con las posibilidades de efectuar transportes. Por último existe otro grupo de mercaderes que llegan con un cargamento y permanecen en el territorio norteafricano hasta vender sus mercancías y comprar el cargamento de vuelta. En todas las ciudades del litoral desde Ceuta a Túnez parece haber existido una pequeña colonia de mercaderes cuya actuación está coordinada por el rey a cuya diplomacia deben importantes ventajas como la supresión del derecho de naufragio, es decir, del derecho de los habitantes de la costa a apoderarse de los barcos hundidos y de sus mercancías.

Los derechos de aduana son prácticamente iguales en todas partes: las mercancías vendidas deben pagar una tasa del 10 por ciento; el dinero introducido por los mercaderes paga el 5 por ciento y la exportación no es gravada, al menos oficialmente. La llegada a los puertos norteafricanos con productos de primera necesidad estaba normalmente exenta de toda clase de impuestos. Las monedas empleadas en este comercio, por parte catalanoaragonesa, fueron el dinero de Barcelona, el dinero de Jaca y los reales de Mallorca y Valencia.

A pesar del carácter aproximado que tienen las cifras proporcionadas por Dufourcq, podemos aceptar con él que el valor de las mercancías exportadas por mallorquines y catalanoaragoneses ascendía a 400000-500000 dinares anuales, cuya importancia podemos calcular teniendo en cuenta que un diñar equivalía a veinte sueldos barceloneses y que cuatro sueldos eran más que suficientes para cubrir los gastos de una persona por día.

Ruta del Mediterráneo central

El interés económico llevó al rey aragonés a establecer sobre Túnez y Tremecén una especie de protectorado político garantizado por las milicias catalanoaragonesas, que serían igualmente útiles cuando Pedro el Grande iniciara su intervención en los asuntos sicilianos. Los enemigos de Carlos de Anjou expulsados o fugitivos de Sicilia hallaron en estas milicias catalanas del norte de África una ayuda inestimable lo que, junto al deseo de controlar el comercio de Túnez, llevará a Carlos de Anjou a orientar hacia Túnez la cruzada oficialmente dirigida por Luis IX (san Luis) de Francia en 1270.

Las consecuencias de esta cruzada ya han sido descritas: firma de un tratado comercial entre Sicilia y Túnez, reconocimiento del vasallaje tunecino respecto al monarca siciliano, entrega de un tributo anual y disolución de las milicias catalanas. Un año más tarde, Jaime I había logrado restablecer la situación y firmar un nuevo tratado comercial con los tunecinos, pero la situación era ambigua. En cualquier momento el comercio catalán con el norte de África y con Oriente podía verse dificultado por las presiones angevinas; Pedro el Grande se decidirá a intervenir abiertamente contra los Anjou y contra sus aliados y vasallos tunecinos.

Frente al sultán al-Watiq apoyó a Abu Isaq y contra éste al rebelde al-Wazir, gobernador de Constantina. Los ataques aragoneses de 1282 se dirigían contra Túnez y al mismo tiempo contra los angevinos de Sicilia, de cuyo reino el monarca aragonés se consideraba heredero por su matrimonio con Constanza de Sicilia. También en este caso la orientación política del monarca coincidió con los intereses de los mercaderes catalanes en general y, más concretamente, con los de los barceloneses, interesados no sólo en controlar Sicilia como escala en la ruta de las especias orientales sino también en poder contar con la abundante producción triguera de la isla.

La ruta de las especias estaba abiertamente amenazada por Carlos de Anjou que además de ser rey de Sicilia por nombramiento del pontífice, aspiraba al trono de Constantinopla y se había hecho coronar rey de Jerusalén. La producción triguera siciliana era absolutamente necesaria para el abastecimiento de Barcelona, cuyo rápido crecimiento se veía amenazado por la escasez de alimentos. El trigo aragonés transportado por tierra era excesivamente caro; enviado por la ruta del Ebro, llegaba en cantidades reducidas y obligaba a distraer gran número de barcos al no permitir el río la utilización de naves de gran tonelaje. La intervención de Pedro el Grande en Sicilia dio a la Corona de Aragón el dominio político y económico del Mediterráneo central y solucionó momentáneamente los problemas del avituallamiento de Barcelona.

Cuando la presión internacional obligue a Jaime II a renunciar a Sicilia (1295), la isla quedará en manos de su hermano Federico y los mercaderes catalanes mantendrían sus relaciones comerciales. A cambio de esta renuncia, el monarca obtuvo la concesión de Cerdeña, que sería conquistada en 1323 por iniciativa en gran parte de los mercaderes interesados en controlar el trigo sardo, aunque en esta ocasión parece haber desempeñado un papel de primera importancia el monarca, al que interesaba el control económico-político de las salinas de Cagliari y de las minas de plata de Vila de Chiesa. Al mismo tiempo, la ocupación de Cerdeña suponía la eliminación de un rival en el comercio norteafricano, Pisa, y el debilitamiento de otro, Génova.

Sicilia y Cerdeña exportan fundamentalmente trigo y reciben de Cataluña sal, hierro, alquitrán, aceite, frutos secos y paños. Los catalanes, desde sus bases sicilianas y sardas, actúan igualmente como transportistas y realizan un lucrativo comercio de armas.

El historiador italiano Ciro Manca ha estudiado recientemente la expansión económica de la Corona en el Mediterráneo occidental y especialmente el comercio de la sal. Aunque su análisis desborda el cuadro del siglo XIII, creemos de interés señalar las conclusiones de su estudio. La Corona mostró desde los primeros momentos un gran interés por mantener el monopolio sobre la producción de la sal, con fines meramente económicos. Los objetivos de su gestión fueron mantener e incrementar en lo posible la producción, estabilizar los precios y dar facilidades a los exportadores admitiendo en el puerto de Cagliari a los mercaderes de cualquier nacionalidad.

Durante los primeros treinta años, estos objetivos se cumplieron, pero hacia 1350 la producción experimentó sensibles descensos motivados por las sublevaciones sardas y por la peste negra, que restaron brazos a las salinas. Los ingresos de la Corona, mermados por la disminución de la sal. hubieron de gastarse en la defensa de la isla, en la guerra contra Génova en el Mediterráneo y contra Castilla en la Península. El alza vertiginosa de los salarios obligó a incrementar el precio de la sal, que dejó de ser competitiva en el mercado internacional.

Por otra parte, las apremiantes necesidades económicas de la Corona obligaron a los reyes a utilizar en otros menesteres los ingresos de las salinas, con lo que éstas se vieron desprovistas de financiación y obligadas a recurrir al préstamo de particulares, concedido a cambio de la asignación de cupos de sal a bajo precio. En pocos años, el monopolio de la exportación y los beneficios de la Corona pasaron de hecho a manos de los prestamistas.

La sal desde que se produce en las salinas hasta su venta al consumidor experimenta un alza superior a sesenta veces el precio originario. Los armadores de barcos dedicados al transporte de la sal obtienen en cada operación beneficios del ciento por ciento y pueden alcanzar en un año un beneficio del setecientos por ciento, con lo que el comercio de la sal pudo servir para la primera acumulación de capitales europeos que posibilitará la aparición del capitalismo en la época moderna.

Ruta de Bizancio y las islas griegas

En el Mediterráneo central la expansión económica va unida a la política mientras que en Oriente apenas podemos señalar una actuación política directa si excluimos el fracasado matrimonio de Jaime II con María de Lusignan, hermana del rey de Chipre, la conquista efímera de Morea por el infante Fernando de Mallorca y el establecimiento de los almogávares en Atenas y Neopatria, que no tuvo repercusiones comerciales.

La rivalidad económica entre Génova y Venecia procuró a la Corona la amistad de Venecia, interesada en alejar del Mediterráneo oriental a los genoveses. Aragón actuará en muchos momentos al servicio de los venecianos y recibirá a cambio una participación en el comercio oriental, materializada en el acuerdo firmado en 1290 entre el emperador Andrónico II y el cónsul de los catalanes Dalmau Suñer. El emperador autorizó a los habitantes de Barcelona, Aragón, Cataluña, Mallorca, Valencia y «de las demás tierras» del rey de Aragón y Sicilia a comerciar en el Imperio pagando a la entrada y a la salida de sus mercancías una tasa del tres por ciento y anuló el derecho de naufragio reconocido tradicionalmente a los habitantes de las zonas costeras. En 1320 la tasa de aduanas se redujo al dos por ciento.

Las islas griegas fueron tempranamente visitadas por los mercaderes catalanes como lo atestigua el matrimonio de Jaime II con María de Lusignan, negociado por mercaderes. En Rodas, la presencia de la Orden de San Juan, dirigida en muchos momentos por maestres catalanes o aragoneses, dio a los mercaderes un lugar de privilegio. Los catalanes exportan paños de lana, aceite, hierro, mercurio, cera, miel, azafrán y tejidos de lino, y compran algodón, azúcar, esclavos y especias.

Ruta de ultramar

La ruta de las especias fue, junto con la del oro, la vía comercial más importante de la Edad Media. Los mercaderes de la Corona participaron desde fecha temprana en este comercio, aunque nunca alcanzaron la importancia de venecianos y genoveses. Desde 1266 hay constancia de cónsules catalanes en Siria y Egipto, que son nombrados por el municipio barcelonés y a los que el rey concede autoridad para «ordenar, gobernar, obligar, administrar, castigar... a todas las personas de nuestras tierras que se dirijan a las partes ultramarinas y a los que residan en ellas».

Las relaciones con ultramar no fueron sólo de tipo comercial; en ellas hubo también motivos piadosos y humanitarios, como atestigua el hecho de que entre 1327 y 1372 los monarcas aragoneses utilizaran los viajes de mercaderes para solicitar del sultán egipcio el cuerpo de santa Bárbara. El sultán Abu-el-Fatah respondió a la petición poniendo como condición que el monarca hiciera caso omiso de las normas emanadas por la Santa Sede y enviara a Egipto gran número de barcos mercantes con los artículos prohibidos por Roma: armas, hierro, naves y material para su construcción así como alimentos. En 1382 los mercaderes intervendrían ante el sultán mameluco de Egipto para obtener la libertad de León V de Armenia, al que Juan I de Castilla nombraría más tarde señor de Madrid.

Ruta de Occidente

Los mercaderes extienden los productos de Oriente por toda la Península y por Europa. Está probada la participación de mercaderes catalana-aragoneses en las ferias de Champagne, donde los artículos orientales son intercambios por paños flamencos que más tarde serán exportados a Roma, Gaeta, Nápoles, Palermo y norte de África.

Igualmente hay aragoneses en Flandes e Inglaterra y a lo largo de la ruta que une Marsella con Burdeos. En Lenguadoc y Provenza la presencia catalana es de tal importancia que el catalán se convirtió en la lengua comercial de estas regiones. Uno de los centros más importantes del comercio catalán fue la ciudad de Sevilla, donde los barceloneses obtuvieron numerosos privilegios durante los reinados de Alfonso X y de Sancho IV. Este comercio con Castilla se vio gravemente perjudicado a partir del siglo XIV por la alianza establecida entre genoveses y castellanos. El comercio de Marruecos quedaría en manos de Génova y, en gran parte, también el de Castilla.

En la segunda mitad del siglo XIV misioneros y comerciantes catalanes y mallorquines se establecieron en las islas Canarias, convertidas en el gran centro de exportación de esclavos.

Para su actuación los mercaderes disponían de informaciones detalladas recogidas en los libros de mercaduría, de los que se conservan ejemplares en Cataluña y en Mallorca, aunque sólo conocemos con algún detalle el que Gual llama el Primer manual hispánico de mercaduría, en el que se mencionan los productos comerciales, se describen sus clases y procedencia, las formas de descubrir los fraudes, las monedas, pesos y medidas utilizadas en cada zona, los jornales, el coste de los fletes, las tasas mercantiles y aduaneras... Según este manual los catalanes traficaban con Damasco, Trípoli, Alejandría, El Cairo, Constantinopla, Chipre, norte de África, Génova, Montpellier, Pisa, Sicilia, Narbona, Carcasona, Limoges, Ipres, Brujas, París y Saint-Homer entre otras ciudades.

BIBLIOGRAFÍA

Arribas Palau, A.: La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón. — Instituto de Estudio Mediterráneos. — Barcelona 1952. — 492 págs.

Ballesteros, A.: Sevilla en el siglo XIII. — Madrid 1913.

Bautier, R. H.: Les grandes problémes politiques et économiques de la Mediterranée médiévale. — «Revue Historique» (París), CCXXXIII(1965), págs. 1-28.

Benavides, A.: Memorias de D. Fernando IV de Castilla. — Madrid 1860.

Bishko, Charles, J.: El castellano, hombre de llanura. La explotación ganadera en el área fronteriza de La Mancha y Extremadura durante la Edad Media. — En «Homenaje a Jaime Vicens Vives» I (Barcelona 1962), págs. 201-218.

Capmany y de Montpalau, Antonio de: Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona. Reedición anotada. — Introducción y notas por E. Giralt i Raventós. — Revisión documental por C. Batlle i Gallart. — Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona. — Barcelona 1961-1965. — 3 vols. 939 y 1397 págs.

Capmany y de Montpalau, Antonio de: Libro del Consulado de Mar. — Edición del texto original catalán y traducción castellana de... — Estudio preliminar por José María Font Rius. — Revisión y anotación por A. M.ª Saavedra. — Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona. — Barcelona 1965. — LXIV + 769 págs.

Carlé, María del Carmen: Mercaderes en Castilla (1252-1512). — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XXI-XXII (1954), págs. 146-328.

Carlé, María de Carmen: El precio de la vida en Castilla del Rey Sabio al Emplazado. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XV (1951), págs. 132-156.

Castro, Américo: Unos aranceles de aduanas del siglo XIII. — «Revista de Filología Española» (Madrid), VIII (1921), págs. 1-29 y 325-356; IX (1922), págs. 266-276; X (1923), págs. 113-136.

Castro, Armando: A evolucáo económica de Portugal nos céculos XII a XV. — Lisboa 1964.

Del Treppo, Mario: L'espansione catálano-aragonese nel Mediterráneo. — En «Nuove questioni di storia medioevale» (Milano 1964), págs. 259-300.

Duran i Sanpere, Augustí: Barcelona i la seva historia, I: La formado d'una gran ciutat. II: La societat i l'organització del treball. — Curial, edicions catalanes. — Barcelona 1973. — 800 y 800 págs.

Dufourcq, Charles E.: L'Espagne catalane et le Maghrib aux XIII et XIV siécles. De la bataille de las Navas de Tolosa (1212) á l'avénement du sultán mérinide Abou-l-Hasan (1331). — P.U.F. — París 1966. — 664 págs.

Dufourcq, Charles E.: Les consulats catalans de Tunis et de Bougie en temps de Jacques le Conquérant. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), III (1966), págs. 459-479.

Font Rius, José María: Orígenes del régimen municipal de Cataluña. — Madrid 1946.

Font Rius, José María: Cartas de población y franquicia de Cataluña, I: Textos. Introducción. Diplomatario. Presentación monográfico-local e índices. — C.S.I.C. — Madrid-Barcelona 1969. — 2 vols.,LXXX + 1080 págs.

Finot, J.: Étude historique sur les relations commerciales entre la Flandre et l'Espagne au Moyen Age. — París 1899.

Gaibrois, Mercedes: Sancho IV de Castilla. — Madrid 1928.

García de Cortázar, J. A.: El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla (siglos X a XIII). Introducción a la historia rural de Castilla altomedieval. — Universidad de Salamanca (Acta Salmanticensia). — Salamanca 1969. — 372 págs.

García-Rámila, Ismael: Ordenamientos de posturas y otros capítulos generales otorgados a la ciudad de Burgos por el rey Alfonso X. — «Hispania» (Madrid), V (1945), págs. 179-235, 385-439 y 605-650.

García Sanz, A.: Notas sobre el régimen orgánico del «Consolat de la Mar» (siglos XIII-XIV). — «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura» (Castellón), XXXV (1959), págs. 180-211.-

García Sanz, A.: El derecho marítimo preconsular. — «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura» (Castellón), XXXVI (1960), págs. 47-74.

García Sanz, Arcadio: Estudio sobre los orígenes del derecho marítimo hispano-mediterráneo. — «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXXIX (1969), págs. 213-316.

García Sanz, A.: El comercio de la piel en Vic a mediados del siglo XIII. — Colomer Munmany. — Vic 1967. — 47 págs.

García de Valdeavellano, Luis: El mercado. Apuntes para su estudio en León y Castilla durante la Edad Media. — «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), vm (1931), págs. 241-303.

Gibert, Rafael: Los contratos agrarios en el derecho medieval. — Granada 1950.

Gibert, Rafael: La «complantatio» en el derecho medieval español. — «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXIII (1953), págs. 737-767.

Gibert, Rafael: El contrato de servicios en el derecho español medieval. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XV (1951), págs. 5-131.

Gual Camarena, Miguel: Aranceles de la Corona de Aragón en el siglo XIII. — «VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón» (Madrid 1959), págs. 290-220.

Gual Camarena, Miguel: El hospedaje hispanomedieval. Aportaciones para su estudio. — «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXXII (1962), págs. 527-541.

Gual Camarena, Miguel: Un manual catalán de mercadería. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), I (1964), págs. 431-450.

Gual Camarena, Miguel: Para un mapa de la sal hispana en la Edad Media. — En «Homenaje a Jaime Vicens Vives» I (Barcelona 1965), págs. 483-497.

Gual Camarena, Miguel: Para un mapa de la industria textil hispana en la Edad Media. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), IV (1967), págs. 109-168.

Gual Camarena, Miguel: Vocabulario del comercio medieval. Colección de aranceles aduaneros de la Corona de Aragón (siglos XIII y XIV). — Publicaciones de la Diputación Provincial de Tarragona. — Tarragona 1968. — 531 págs.

Gual Camarena, Miguel: El comercio de telas en el siglo XIII hispano. — «Anuario de Historia Económica y Social» (Madrid), I (1968), págs. 85-106.

Gual Camarena, Miguel: La institució ramadera del «lligalló»: Unes ordenances desconegudes del segle XIV. — «Estudis d'História Medieval» (Barcelona), II (1970), págs. 69-84.

Klein, Julius: La Mesta. Estudio de la historia económica española (1273-1836). — Publicaciones de la Revista de Occidente. — Madrid 1936. — 450 págs.

Lacarra, José María: Un arancel de aduanas del siglo XI. — Zaragoza 1950.

Laurent, A.: Un grand commerce d'exportation au Moyen Age. La drapérie des Pays-Bas en France et dans les pays méditerranéens (XII-XV siécles). — París 1935.

López, Robert Sabatino: Alfonso el Sabio y el primer almirante genovés de Castilla. — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XIV (1950), páginas 5-16.

López, Robert Sabatino: El origen de la oveja merina. — «Estudios de Historia Moderna» (Barcelona), IV (1954), págs. 3-11.

Manca, Ciro: Aspeíti dell'espansione económica catálano-aragonese nel Mediterráneo occidentale. Il commercio internacionale del sale. — Ed. Dott. A. Guiffré. — Milano 1966. — 376 + XXXII págs.

Masía de Ros, A.: La Corona de Aragón y los estados del norte de África. Política de Jaime II y Alfonso IV en Egipto, Ifriquiya y Tremecén. — Barcelona 1951.

Moreta Velayos, Salustiano: El monasterio de San Pedro de Cárdena. Historia de un dominio monástico castellano (901-1338). — Universidad de Salamanca (Acta Salamanticensia). — Salamanca 1971. — 302 págs.

Oliveira Marques, A. H. de: Introducáo a historia d'agricultura em Portugal. A questáo cerealífera durante a Idade Media. — Lisboa 1968.

Pastor de Togneri, Reyna: Conflictos sociales y estancamiento económico en la España medieval. — Editorial Ariel. — Barcelona 1973. — 269 págs.

Pastor de Togneri, Reyna: Ganadería y precios. Consideraciones sobre la economía de León y Castilla (siglos XI-XIII). — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires 1962), págs. 37-56.

Pastor de Togneri, Reyna: La sal en Castilla y León. Un problema de la alimentación y del trabajo y una política fiscal (siglos X-XIII). — «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires 1964), págs. 42-87.

Pérez Embid, F.: El almirantazgo de Castilla. — Sevilla 1944.

Pérez Embid, F.: La marina real castellana en el siglo XIII. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), VI (1969), págs. 141-185.

Rau, Virginia: Subsidios para o estudo das feiras medievais portuguesas. — Lisboa 1943.

Renouard, Yves: Les principaux aspects économiques et sociaux de l'histoire des pays de la Couronne d'Aragón aux XII, XIII et XIV siécles. —En «VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Ponencias» (Barcelona 1962), páginas 231-264.

Riu, Manuel: Formación de las zonas de pastos veraniegos del monasterio de Sanies Creus. — «Santes Creus. Boletín del Archivo Bibliográfico de Santes Creus» (Santes Creus), II (1961), págs. 137-153.

Rumeu de Armas, A.: Historia de la previsión social en España. Cofradías. Gremios. Hermandades. Montepíos. — Madrid 1944.

Salavert, Vicente: Cerdeña y la expansión mediterránea de la Corona de Aragón (1297-1314). — C.S.I.C. — Madrid 1956. — 2 vols., XXVII + 587 y XXXI + 648 págs

Sevillano Colom, Francisco: Valentía urbana en los siglos XIII y XIV a través de los libros del Mustagaf. — C.S.I.C. — Valencia 1958. — 428 págs.

Smith, R. S.: Spanish Guild Merchant. A History of the Consulado (1250-1700). — Duke University Press. — 1940.

Tramontana, S.: La Spagna catalana nel Mediterráneo e in Sicilia. — «Nuova Rivista Storica» (Venezia), L (1966), págs. 545-579.

Vázquez de Parga, L.; Lacarra, José María; y Uría, M.: Las peregrinaciones a Santiago. — Madrid 1948.

Vila Valentí, Joan: El món rural a Catalunya. — Curial, edicions catalanes — Barcelona 1973. — 212 págs.

10. ORIENTE Y OCCIDENTE EN LA CULTURA PENINSULAR

Musulmanes y cristianos representan en la Península dos modos, de vida, dos culturas que se influyen mutuamente. En un primer momento, hasta el siglo X, las tierras cristianas continúan la tradición visigótica, aunque atenuada por las aportaciones de los pueblos de la montaña y reciben numerosas influencias de al-Andalus y, en menor número e importancia, de Europa. En el mundo musulmán mozárabes y muladíes mantienen las formas de vida y la cultura visigoda, pero su influencia decae a partir de mediados del siglo ix cuando Abd al-Rahmán II inicia la orientalización de sus dominios.

La cultura musulmana —heredada del mundo griego e indio— se extiende por las tierras cristianas, como lo atestigua la presencia en el condado de Barcelona de Gerberto de Aurillac a fines del siglo X, pero aún no se puede hablar de una cultura hispanomusulmana. Sólo a partir de la caída del califato y de la disgregación de al-Andalus disminuyen los contactos con Oriente y al-Andalus pasa de receptor a creador de cultura, que llega a Europa a través de las comunidades judías de la Península y por mediación de los traductores asentados en los reinos cristianos durante los siglos XII y XIII.

Europa no es un mero receptor de cultura; también los europeos evolucionan y si en el campo de la filosofía y de la ciencia tienen un importante retraso respecto a los musulmanes, los europeos crean obras literarias y artísticas que se difunden básicamente a través de la Iglesia por todo el mundo cristiano cuya unidad se refuerza al completarse la pertenencia a una comunidad religiosa con la existencia de una cultura y de un arte común.

Las relaciones entre Oriente y al-Andalus, entre Europa y la Península cristiana y entre cristianos y musulmanes configuran la cultura medieval y su conocimiento es necesario para tener una visión aproximada de la sociedad de este período.

Filosofía en al-Andalus

En filosofía, como en política, religión, arte y economía, el mundo hispanomusulmán depende de Oriente, por lo que no es posible referirnos a los filósofos hispanos sin antes hacer algunas referencias a los grandes pensadores orientales al-Kindi, al-Farabi, Avicena y Algacel, a los que se debe el conocimiento y la comprensión de Aristóteles.

Al-Kindi (796-866) es el primer eslabón en la cadena de pensadores musulmanes que basan su conocimiento en Aristóteles (el último sería el hispano Averroes) y el primero que se plantea el problema clave de toda la filosofía medieval: el de la concordancia entre la filosofía y la verdad revelada, entre razón y religión.

Al-Farabi (870-950) es autor de un comentario a la Metafísica y a diversas obras de Aristóteles, cuyas ideas intenta conciliar con las de Platón por considerarlas coincidentes en lo fundamental aunque difieran en la expresión y en el método.

Avicena (980-1037) es el gran sistematizador de los conocimientos filosóficos del mundo árabe e inicia al mismo tiempo la serie de pensadores dotados de amplios conocimientos que van desde la metafísica a la astronomía, medicina (profesión que ejerció y en la que destacaron igualmente los mejores filósofos hispanomusulmanes y hebreos), matemáticas, física, gramática... Avicena presenta una visión del mundo coherente y total, pero no se limita al mundo físico sino que se adentra en el campo de la teología examinándolo desde un punto de vista filosófico, aunque sin llegar a las últimas consecuencias. Su actitud fue combatida por los teólogos y de modo especial por Algacel (1058-1111), que negó la posibilidad de llegar a la verdad a través de la especulación racional. Sólo la fe puede proporcionar la solución a los problemas fundamentales.

Estas corrientes filosóficas están representadas y desarrolladas en la Península por los musulmanes Ibn Hazm, Avempace, Ibn Tufayl y Averroes y por los hebreos Avicebrón y Maimónides.

Ibn Hazm de Córdoba (994-1063) intenta compaginar las dos posturas existentes: la del que renuncia a todo conocimiento científico y se conforma con la verdad revelada y la del que sobrevalora los conocimientos obtenidos por medio de la razón e insiste en la necesidad del conocimiento racional para el hombre que no se conforma con la aceptación pasiva de la verdad revelada.

A partir de estas ideas construye Ibn Hazm una teología que tiene un gran paralelismo con la desarrollada en Occidente por Tomás de Aquino dos siglos después. Frente al dogmatismo malequí (y cristiano desde el momento en que aparecen los primeros movimientos discordantes con la jerarquía eclesiástica), el filósofo afirma que todo creyente que analice la verdad revelada de buena fe y con el deseo de conocer mejor la verdad no cae en la herejía aunque se equivoque, ya que «para caer en la infidelidad es preciso querer admitir el error conscientemente». La confianza en la capacidad intelectual del hombre se refleja en el plano de la ética de Ibn Hazm, para quien los vicios se hallan presididos por la ignorancia y las virtudes por el conocimiento, por la ciencia.

La disgregación del califato no fue sólo política sino también artística y cultural al convertirse cada reino taifa en un centro de cultura. Así ocurrió en Zaragoza, donde vivió el filósofo Avempace (1070-1138) cuya influencia directa puede observarse en los occidentales Alberto Magno, Alejandro de Hales, Roger Bacon y Ramón Llull y en los musulmanes Ibn Tufayl y Averroes. Su formación enciclopédica le permite comentar a Aristóteles, Euclides, Galeno y, sobre todo, al filósofo neoplatónico oriental al-Farabi, cuya filosofía utiliza como punto de partida para basar sus ideas psicológicas y éticas que le llevan a continuar el movimiento iniciado en la Península por Ibn Masarra.

Avempace acepta el conocimiento, la ciencia, como base de las acciones humanas cuya finalidad última sería el aprendizaje, la adquisición de la espiritualidad absoluta concebida como la meta de los auténticos sabios o solitarios por cuanto sólo es posible llegar a este estadio de perfección en una sociedad ideal constituida por los hombres modelos o solitarios que aspiran a— la perfección. La misión del sabio sería crear esta sociedad perfecta, idea que coincide con la desarrollada, no en el terreno filosófico sino en el práctico, por los reformadores cristianos que aspiran a cambiar la sociedad mediante el ejemplo personal.

Tras la decadencia provocada por la dominación almorávide, los estudios filosóficos resurgen en el período almohade por influencia de Ibn Tumart, el fundador del imperio y discípulo de Algacel. En este ambiente favorable se desarrolla la obra de Ibn Tufayl y de Averroes, protegidos del sultán Abu Yaqub, que tuvo a ambos filósofos como médicos personales, al primero desde 1163 hasta 1182 y al segundo —presentado y apoyado por Ibn Tufayl— a partir de esta fecha hasta 1195.

De Ibn Tufayl, autor de libros de medicina y astronomía, sólo se ha conservado su obra filosófica conocida con el título de El filósofo autodidacta, a la que se atribuye una gran influencia no sólo sobre los filósofos sino también en la obra de Daniel Defoe, Robison Crusoe, en cuanto a la idea del progreso y desarrollo intelectual y moral del individuo aislado y reducido a sus propias fuerzas. Partiendo de la misma problemática que Avempace (la unión del hombre con algo superior o divino) llega a una conclusión diferente.

Ibn Tufayl desarrolla sus ideas a través de la historia de tres personajes: Yaqzán, Absal y Salamán; el primero es el hombre que nace y vive absolutamente solo sin contacto de ningún tipo con la sociedad y sin formación ni conocimiento de la verdad revelada. Absal y Salamán conocen la revelación a través de un profeta que explica las cosas por medio de alegorías y la viven de forma distinta: el primero en la vida retirada y ascética intenta vivir la religión intensamente; el segundo, inmerso en la sociedad se limita a la práctica de los actos del culto.

Cuando Absal entra en contacto con Yaqzán y le enseña a hablar descubre que éste ha llegado por sí solo (racionalmente) a las mismas verdades que predica la religión revelada. El acuerdo entre Absal y Yaqzán, llegados a la verdad partiendo en un caso de la revelación y en otro de la razón, es completo, pero Yaqzán no puede entender que el profeta utilice las alegorías en lugar de descubrir la verdad y que se limite a recomendar unos preceptos. Piensa que si los hombres conocieran la realidad vivirían de acuerdo con ella (ideas desarrolladas por Avempace) e intenta llevar a la práctica sus teorías para lo que se traslada a la isla donde habita el tercer personaje, Salamán, y comienza a instruir a sus habitantes. Sus predicaciones de la verdad absoluta terminaron en el más rotundo fracaso; comprendió así que era preferible que la masa de los fieles se limitara a observar los preceptos tradicionales y las prácticas externas, puesto que eran incapaces de llegar a la verdad absoluta.

En las teorías de Ibn Tufayl se mezclan diversos problemas que convienen deslindar para comprender su filosofía. Por un lado, pretende dar una solución al problema fundamental (coincidencia entre razón y religión) y lo consigue haciendo coincidir las ideas de Absal y Yaqzán, lo que probaría simultáneamente la fuerza de la razón y la autenticidad de la verdad revelada. Por otra parte, Ibn Tufayl es un hombre político (médico y visir del sultán almohade) y trata de justificar una sociedad que no vive de acuerdo con la religión que dice profesar. Para ello, afirma que no existe ni puede existir la sociedad ideal preconizada por Avempace y que mientras el hombre viva en sociedad lo único que puede hacer para acomodar su vida a la religión es cumplir lo mejor posible los preceptos, pues sólo en la soledad se puede llegar a la sabiduría mediante la abstracción intelectual.

A este concepto negativo de la sociedad se llega por razones políticas. Ibn Tufayl con estas afirmaciones está justificando la actuación de los almohades, cuyo fundador consideraba que el creyente debía limitarse a cumplir los ritos y prescripciones sin necesidad de conocer su sentido puesto que le bastaba obrar de buena fe para lograr la salvación. El convencimiento de que era inútil explicar a los creyentes la verdad justifica el uso de alegorías religiosas cuyo origen podemos encontrar en el carácter secreto de las doctrinas almohades y en el convencimiento de su propagador de que los oyentes no tenían la preparación mental necesaria para entenderlas.

Ibn Tufayl utiliza igualmente estas alegorías en su obra y las justifica afirmando que se «ha levantado a alturas que no están al alcance de la vista» y que de todas formas los iniciados las entenderán fácilmente y los que no las entiendan es porque no lo merecen. Este sentido elitista y el alto concepto que tiene de sí mismo se observa en la introducción en la que afirma que ningún pensador antes que él ha «escrito sobre esto nada que sea suficiente» y en la que reprocha a Avempace su intento de extender a toda la sociedad la verdadera ciencia, porque «prostituye este deleite ofreciéndoselo al vulgo... y prometiendo descubrir de una manera clara y precisa cómo se produce así el estado de los bienaventurados».

La importancia de Averroes (1126-1198) en el pensamiento filosófico se basa en su conocimiento directo de Aristóteles prescindiendo de los intermediarios musulmanes y concretamente de Avicena, quien a las ideas aristotélicas había añadido numerosos conceptos tomados de Platón que le permitían una mejor concordancia entre razón y fe. Averroes es el último de los grandes filósofos musulmanes y el «primero» de los occidentales en cuanto que su pensamiento fue continuado por la escolástica medieval.

La obra escrita de Averroes comprende numerosos comentarios y aportaciones originales sobre filosofía, teología, derecho, astronomía, filología y medicina. A través de ella puede advertirse la amplitud de los conocimientos de Averroes al que se conoce fundamentalmente por sus comentarios filosóficos olvidando su formación naturalista y su interés por la observación y la experimentación que lo convierten en el primer científico occidental.

La innovación religioso-filosófica de Averroes consiste en que no se limita a probar la concordancia de la verdad revelada y de la verdad razonada sino que aspira a explicar la revelación por medio del razonamiento siguiendo en esto los preceptos coránicos que imponen «el estudio y la consideración de los seres por medio de la razón», para lo cual es preciso conocer la lógica, utilizar las investigaciones de los filósofos anteriores.

La aceptación del pensamiento de los filósofos, prescindiendo de su religión, considerados como instrumentos para alcanzar la verdad es el punto de partida de Averroes, que considera que el raciocinio si es correcto no puede llevar al error. El camino recorrido desde Ibn Hazm es considerable: para el primero, el raciocinio puede llevar al error, que disculpa; para el segundo no es posible el error cuando el razonamiento es correcto, aunque a veces parezca que las verdades racionales contradicen a la Revelación.

Como filósofo no acepta la posibilidad de error y como hombre inmerso en un mundo religioso no puede negar la revelación, por lo que explica las contradicciones afirmando que la verdad revelada tiene a veces un sentido literal y en otras un sentido oculto que los sabios deben de interpretar alegóricamente. A los que son incapaces de adivinar su sentido «hay que decirles que se trata de textos cuyo sentido oscuro y dudoso sólo conocen los sabios, o bien acomodar la explicación al sentido metafórico que les sea fácil imaginar», ideas que han tenido una extraordinaria aceptación en el mundo occidental.

Las ideas de Averroes se difundieron rápidamente entre los judíos peninsulares a través de la versión árabe y de las traducciones al hebreo realizadas desde principios del siglo XIII. El Occidente europeo entró en contacto con la filosofía aristotélica a través de los árabes y especialmente de Averroes cuyas obras fueron traducidas al latín en la primera mitad del siglo XIII por Miguel Escoto, Hernán el Alemán y Raimundo Martín.

Hacia 1250 los Comentarios a la obra de Aristóteles eran conocidos y utilizados ampliamente en la universidad de París, donde provocaron el enfrentamiento de filósofos y teólogos. Los primeros, siguiendo a Averroes, consideraban que el estudio de la filosofía no debía estar supeditado a los conocimientos teológicos y que eran éstos los que debían explicar las contradicciones existentes. Este enfrentamiento provocaría la condena de las tesis averroístas en 1270 y 1277 cuando ya su pensamiento había sido incorporado, con mayor o menor fidelidad, por Tomás de Aquino, quien suavizaría las tesis aristotélicas cuando presentaban dificultades teológicas, y por Siger de Bravante, que siguió a Averroes con mayor fidelidad.

Ciencia en al-Andalus

De la misma forma que los hispanomusulmanes no se limitaron a transmitir la filosofía griega sino que la adaptaron a su propio mundo, aceptaron los conocimientos científicos griegos e hindúes y los transformaron en muchos casos. La primera tarea «científica» de los musulmanes consistió en hacer inteligibles los conocimientos del mundo antiguo por medio de traducciones en las que no se limitaron a seguir fielmente el modelo sino que lo completaron en muchos casos y lo aclararon siempre que fue posible. La evolución histórica de la ciencia musulmana fue paralela a la de la filosofía: se desarrolló entre los siglos VIII y XII y se difundió por Occidente en el XIII gracias a la labor de los traductores al latín.

Hasta finales del siglo X la Península dependió de Oriente, pero desde el XI se llegó a una igualdad entre ambas zonas del Islam y en algunos casos a una superioridad de Occidente en ciencias como la astronomía, la medicina, la botánica y la farmacopea. Entre los numerosos nombres que pueden citarse figuran los de los astrónomos Azarquiel de Córdoba (1029-1087) al que se debe el perfeccionamiento del astrolabio y la redacción de unas Tablas astronómicas que serían la base de las Tablas alfonsinas de Alfonso X el Sabio. Abu Ishac al-Bitruchí (segunda mitad del siglo XII) fue discípulo del filósofo Ibn Tufayl y autor de un libro de astronomía en el que criticaba las teorías de Ptolomeo sobre los movimientos planetarios y proponía la vuelta a las teorías de las esferas homocéntricas de Aristóteles.

El filósofo Avempace es conocido igualmente en el campo de la física por haber aceptado y desarrollado las críticas hechas a las teorías aristotélicas sobre los principios de la dinámica. Abu Chafar al-Gafiquí (m. en 1165) es autor de un libro sobre los medicamentos simples. Avempace y un autor anónimo establecieron una clasificación racional de las plantas. Abu Zakariyya al-Ishbilí, en su Libro de agricultura, escribió una de las obras más completas sobre ciencias naturales y botánica aplicada.

Junto a los científicos musulmanes hemos de situar a los hispanohebreos entre los que destacan los astrónomos Abraham ibn Ezra (1092-1167) autor de una Introducción a la astronomía, de un tratado sobre el astrolabio, de unas tablas astronómicas y de una obra de aritmética; Abraham bar Hiyya (m. en 1145) al que se debe la difusión de la ciencia musulmana por el noreste de la Península (se estableció en Barcelona) a través de sus obras sobre la forma de la Tierra y los Fundamentos de la astronomía.

Astrónomos eran igualmente los judíos conversos Pedro Alfonso y el traductor Juan Hispano; astrónomo era también Maimónides, cuyos libros teológicos y filosóficos contienen numerosos datos sobre astronomía. Geómetra era Abraham bar Hiyya ha-Nasí, autor de un Tratado de las medidas y de las fracciones. Gran conocedor de Euclides fue el judío toledano Judah ben Salomón ben Cohén, autor de una obra enciclopédica que lleva por título el de Interpretación de la sabiduría. A Maimónides se debe la obra farmacológica más notable de la Edad Media, Libro de la explicación de la droga medicinal.

Literatura hispanomusulmana

También en el campo de las letras el Islam occidental tomó el relevo de los orientales a partir del siglo X. Entre los poetas destaca Ibn Darray al-Qastallí, poeta áulico al servicio de Almanzor y de su hijo Abd al-Malik, cuyas campañas contra los cristianos canta; a la caída de los amiríes se refugió en el reino de Zaragoza, donde su poesía celebró las acciones bélicas y la política exterior de los reyezuelos.

Ibn Hazm es conocido fundamentalmente por su obra El Collar de la Paloma, en la que ilustra poéticamente las diversas formas del amor considerado, según la idea neoplatónica, como «la reunión de las dos mitades de un espíritu que había sido creado como una sola esfera». Ibn Hazm es igualmente autor de otras obras de gran interés como la Epístola en elogio de al-Andalus, una historia de los Linajes árabes, una Historia critica de las religiones, sectas y escuelas, un libro sobre Los caracteres y la conducta en el que expone en forma de sentencias morales sus observaciones sobre la psicología humana.

Contemporáneo y compatriota de ibn Hazm fue el poeta Abu-1-Walid ibn Zaydun, cuya obra literaria narra sus amores con la princesa y poetisa Wallada. Abandonado y puesto en ridículo por ésta, se refugió en Sevilla donde el rey al-Mutamid y su visir ibn Ammar, poetas ambos, acogían a los literatos de al-Andalus, del norte de África y de la Sicilia ocupada por los normandos. La poesía en la corte sevillana no era sólo una obra literaria, tenía como en tantas otras ocasiones un trasfondo político y estaba al servicio de la causa árabe contra los beréberes granadinos y se convertirá en un arma política en las intrigas palatinas y en las luchas emprendidas por al-Mutamid contra los demás reinos andalusíes.

Si el reino sevillano fue el centro poético de al-Andalus, los demás taifas procuraron atraerse a sus cortes a los poetas; en Badajoz residirá Ibn Sara e Ibn Abdún; en Granada, el gran poeta Abu Ishaq de Elvira, que dedicó una gran parte de sus poemas a combatir el poder alcanzado por los visires judíos Samuel y José ben Nagrella, llamados a gobernar a causa de la desconfianza existente entre los beréberes y los árabes y a la falta de preparación de los primeros.

La conquista almorávide representó el final de la poesía clásica árabe y coincidió con el gran desarrollo de lo que podemos llamar poesía popular, que utilizaba como vehículo de expresión la moaxaja, poema de cinco estrofas con un pareado final que se utilizaba como estribillo y proporcionaba un elemento de referencia, ya que cada una de las restantes estrofas se componía de tres versos con rima propia seguidos de un pareado que reproducía la rima inicial.

El pareado final recibe el nombre de jarcha y se compone en árabe vulgar o en romance mientras que los demás versos pueden estar escritos en árabe clásico. Una variante de la moaxaja era el zéjel, escrito en su totalidad en lengua vulgar y con una construcción más sencilla, por cuanto cada estrofa en lugar del pareado final sólo incluía un verso con la rima de la jarcha. El origen de estas composiciones suele fecharse a comienzos del siglo X y su descubrimiento se atribuye al poeta ciego Muadam de Cabra, pero las principales moaxajas conocidas son de fines del siglo XI y del siglo XII. El poeta popular por antonomasia es el cordobés Ibn Quzmán (1100-1160), cuyas poesías tienen muchos puntos de contacto con las de los goliardos occidentales.

La prosa árabe comprende obras históricas y composiciones literarias que llevan el título genérico de maqamas, consistentes en relatos breves independientes unos de otros pero1 que tienen una figura central, un protagonista, adab o misceláneas de temas diversos generalmente de carácter enciclopédico y obras de carácter religioso y jurídico. La maqama surge al disgregarse el imperio abasí y tratar de emular cada reyezuelo la corte del califa mediante la organización de tertulias amenizadas por relatos de la vida y costumbres de los «picaros» y falsos mendigos. Su cultivador más importante en Oriente fue Abu Bakr al-Juwarizmi (m. en 933), fuente imprescindible para el conocimiento de la vida social, de las costumbres y formas populares de vida no recogidas en los documentos oficiales.

Estos relatos llegaron a Occidente y de algunos sabemos que fueron recogidos por el judío hispano al-Harizi y se hallan, sin grandes modificaciones, en la Vida de Marcos de Obregón y en las Aventuras de Gil Blas de Santillana. Otros difusores de este género literario fueron los musulmanes Yusuf ibn Alí al-Qudaní y Ahmad ibn Abd al-Munim. En la Península tuvo escasos cultivadores y éstos renunciaron a dar a sus obras el tono de «historietas» para convertirlas en elegías de un reino o de una tierra, como en la obra de Abu Amir ibn García, de origen vasco, secretario del rey Muchahid de Denia, que ensalzó a los eslavos como su rey sobre los árabes, o en la del sevillano al-Saqundí autor del Elogio del Islam español.

Entre los libros de adab escritos en la Península figura la obra de Ibn Faray de Jaén el Libro de los Huertos, que es la primera recopilación de poesía andaluza, la de Ibn abd al-Rabbihi titulada Collar único, en el que da a conocer en Occidente las ciencias y los hechos orientales. En el siglo XI destacan las obras de Abu Bakr al-Tortosí (1059-1130), autor de La Luz de los Reyes, colección de anécdotas sobre la conducta de los monarcas. El malagueño Yusuf ibn ash-Saik (1132-1207) escribió una enciclopedia o manual de cultura general ordenado alfabéticamente.

Los estudios lingüísticos están directamente relacionados con los literarios, ya que los gramáticos y lexicógrafos utilizan para sus estudios el árabe empleado por los grandes poetas y prosistas y proceden en muchos casos, para fundamentar sus estudios, a convertir sus obras en verdaderas antologías. El más importante de los lexicógrafos hispanos parece haber sido el cordobés Ibn Sida (1006-1066) autor de dos importantes diccionarios ideológicos. Ibn Bassan (m. en 1147), en su obra El tesoro acerca de las cualidades de las gentes de la Península, da noticia de los principales escritores de su época agrupados geográficamente. Cada artículo incluye una biografía, citas elogiosas y extractos de las obras del autor estudiado.

Ibn al-Fath ibn Jaqan (m. en 1134) recoge la biografía de los literatos de su tiempo en su obra Collares de oro. En fecha posterior destaca la obra de Ibn Sayd (m. en 1284) Libro de la esfera de la literatura que abarca las galas de la lengua árabe, dividida en dos partes referidas a Oriente y Occidente respectivamente. Del mismo autor es el Libro de las banderas de los campeones y de los estandartes selectos y los Modelos de versos que emocionan y alegran.

En la prosa histórica, a los nombres ya citados de los Razi, de al-Jusani y de Ibn al-Qutiyya hay que añadir los del cadí Ibn Said de Toledo (m. en 1070), quien en el Libro de las generaciones de los pueblos da una visión general de la evolución de la cultura. La autobiografía cuenta con las «memorias» del último rey de Granada escritas en el destierro a que le llevó su oposición a los almorávides y que son una fuente fundamental para conocer la política de Alfonso VI respecto a los reinos de taifas. El mayor historiador de este período es Ibn Hayyan, autor del Muqtabis, antología de textos fundamentales para la historia de la Península, y de al-Matín, prácticamente perdido y considerado como la primera historia crítica de al-Andalus.

Obra de gran importancia es el Ajbar Machmua (Colección de tradiciones), en la que se incluyen obras redactadas en distintas épocas. La primera parte, dedicada a la historia de la invasión islámica y de los primeros valíes habría sido redactada por el compilador a comienzos del siglo XI. La segunda, de fines del siglo VIII, describe las guerras civiles árabes; la tercera comprende la época de Abd al-Rahmán I y sería de la primera mitad del siglo IX; en la cuarta se reúnen algunos datos sobre los emires desde al-Hakam I hasta Abd Allah; la última comprende el reinado de Abd al-Rahmán II y sería igualmente obra del compilador.

Anónima es también una crónica sobre los primeros años del reinado de Abd al-Rahmán III (912-929), que los editores consideran escrita a comienzos del siglo XI. De gran interés es la obra histórica de al-Udri (m. en 1085) que comienza a ser estudiada, así como las de al-Marrakusí (m. en 1223), ibn Qatta e Ibn Sahib-Sala, cronistas de los almohades, que si no tienen el sentido crítico de ibn Hayyan son imprescindibles como fuentes de primera mano.

Arte hispanomusulmán

La disgregación del califato omeya no supone modificaciones sustanciales en el arte islámico, pero sí pueden observarse algunos cambios derivados de la nueva orientación de la sociedad. Los omeyas basaban su poder en la religión y las mezquitas fueron el símbolo de esta autoridad y de la importancia alcanzada. Los reyes de taifas deben su ascenso a razones militares y sus construcciones tenderán a reforzar militarmente las ciudades que controlan. Al mismo tiempo, la rivalidad entre los diversos reinos se manifiesta en el terreno social: todos aspiran a superar a los demás reyes de taifas y a emular la corte califal, para lo que necesitan construir palacios (a imitación de Abd al-Rahmán III o de Almanzor) que les sirvan de residencia y de centros de gobierno.

El dominio almorávide no aporta grandes novedades a este arte, aunque se vuelve a la construcción de mezquitas para dar satisfacción a los alfaquíes. En estas mezquitas se simplifica la estructura mediante la sustitución de las columnas por fuertes pilares que permiten, construcciones más grandiosas pero menos estilizadas. La decoración se desborda en minucias imitadas de los palacios civiles. Los almohades representan una postura religiosa distinta a la de los almorávides, la cual se traduce en el campo artístico en una simplificación de las estructuras y de la ornamentación,

Es interesante recordar que esta tendencia hacia la sencillez en la decoración se produce simultáneamente en el mundo musulmán y en el cristiano. Del sultán almohade Abd al-Mumín se afirma que antes de entrar victorioso en Fez hizo recubrir con yeso las decoraciones de la cúpula de la mezquita, «obra de tal belleza que los fieles se distraían en sus rezos, atraídos por la brillante policromía». San Bernardo de Claraval afirma refiriéndose a la decoración de los monasterios cluniacenses: «¿Para qué poner ante los ojos del monje... esos monstruos ridículos, esos bellos horrores y esas horribles bellezas?... Resulta entonces más agradable leer en los mármoles que en los manuscritos y se pasan los días contemplando una tras otra esas esculturas en lugar de meditar la ley de Dios»; sabido es que la arquitectura cisterciensé se caracteriza por su sencillez.

De los monumentos de época taifal citaremos los palacios toledanos, hoy desaparecidos pero de los que se conservan algunos capiteles que dan idea de su riqueza decorativa. Se conserva también una parte de las obras de fortificación emprendidas en el siglo XI, la llamada puerta de Bisagra. El palacio real de los tuchibíes de Zaragoza, construido por al-Muqtadir (1047-1081) se conservó hasta el siglo XIX y en la actualidad sólo pervive un pequeño oratorio. Este palacio, la Aljafería, era una construcción rectangular, palacio-castillo, guarnecida por dieciséis torres cilíndricas y una cuadrada.

Málaga, Granada y Almería han conservado sus palacios-fortalezas, las alcazabas. La de Málaga fue reedificada entre 1057 y 1063 por el rey Badis, que rodeó la ciudad de murallas para defenderse de los ataques sevillanos. Mejor conservadas se hallan las fortificaciones hechas en la ciudad de Elvira, próxima a Granada, y reforzadas con torres macizas; (cuadradas y redondas) de hormigón durísimo.

De esta época se conservan algunas representaciones humanas esculpidas en mármol, como el tablero hallado en Gádor, cerca de Almería, que representa un hombre sentado vuelto hacia otro al que parece hablar. La pila de Játiva, en forma de artesa, tiene sus paredes exteriores cubiertas de relieves con grupos de animales y representaciones humanas.

La unificación almorávide puso fin a las actividades de los príncipes y el centro artístico se desplazó hacia el norte de África, donde constructores y artistas andaluces realizaron en 1097 el mímbar de la gran mezquita de Argel con tableros de madera decorados con temas geométricos y atauriques similares a los hallados en la Aljafería de Zaragoza y en la alcazaba de Málaga.

Las mezquitas almohades son grandes salas rectangulares más anchas que profundas cuyo interior se halla dividido en naves por robustos pilares. Entre los edificios religiosos de esta época destaca la mezquita de Sevilla con su alminar transformado más tarde en campanario (la Giralda). Convertida Sevilla en la capital peninsular del imperio almohade, el sultán Abu Yaqub mandó edificar una nueva mezquita cuya magnitud respondiera a la importancia política de los constructores y de la ciudad. Su construcción se inició en 1172 y se hallaba terminada diez años más tarde.

A una mezquita de esta importancia, llamada a competir en grandiosidad con la de Córdoba, correspondía un alminar que destacase sobre los existentes en la Península. Parece que estaba terminado en 1195 y poco después se coronaba el alminar con un remate de tres bolas o manzanas de oro que se desprendieron en 1355 a consecuencia de un terremoto y fueron sustituidas por una gran figura de bronce que ha dado nombre al edificio, la Giralda.

Los edificios civiles conservados son de tipo militar como el alcázar de Sevilla, las murallas de Cáceres, la alcazaba de Badajoz y las murallas de Sevilla con su famosa Torre del Oro, construida hacia 1220. De época e influencia almohade es la capilla de la Asunción, del monasterio de Las Huelgas de Burgos, y la sinagoga de Santa María la Blanca, de Toledo, ambas construidas en territorio cristiano por artistas que se inspiraron en el arte almohade.

La cultura hispanohebrea

La cultura hispanohebrea se halla fuertemente influida por la musulmana. Alcanza su madurez en los reinos de taifas que acogen a los judíos como administradores y gobernantes y toleran —cuando no las favorecen— las manifestaciones culturales de los hebreos. Ello ocurre no sólo en el reino de Granada, en el que los judíos podían ser un contrapeso eficaz entre árabes y beréberes, sino también en Zaragoza, Valencia, Denia, Badajoz y Sevilla, donde numerosos judíos ocuparon cargos en el gobierno, al igual que en los reinos cristianos.

Los estudios gramaticales y filológicos realizados en este período por Abu-1-Walid, Marwan ben Yanah, Mose ben Chicatella, Yehuda ben Bilea y Abraham ben Ezra permitieron conocer las leyes de la gramática y filo logia hebrea y contribuyeron a la depuración del hebreo literario. Sus obras, traducidas al latín fueron, según Millas, la fuente en la que aprendieron el hebreo los renacentistas. Al mismo tiempo que gramáticos son literatos y cultivan los géneros literarios árabes, como en las obras Mebaqqes de Sem Tob ben Falaquera y Sefer ha-Saamún del médico barcelonés Yosef ben Sabarra.

En el campo de la poesía la primera figura de interés fue la de Samuel ben Nagrella, visir del reino granadino, al que se debe también un tratado de gramática hebraica, una hermenéutica del Talmud y otras obras hoy perdidas. Su labor poética comprende 1742 poesías conservadas que son sólo una parte de su obra. Salomón ben Gabirol (Avicebrón) es otra de las grandes figuras hebraicas de conocimientos enciclopédicos: poeta, filósofo y gramático nacido en Málaga, desarrolló su labor en Zaragoza, donde tuvo el apoyo del mecenas Yaqutiel ben Ishaq. Como poeta cultiva la poesía sagrada bíblica, influida por el neoplantonismo, pero también se conservan algunos poemas festivos, florales y elegiacos.

La segunda generación tiene uno de sus mejores representantes en el poeta, historiador y crítico literario Mose ben Ezra (1055-1138), que ocupó altos cargos en la administración granadina. Tras la ocupación almorávide se refugió en Castilla, desde donde se trasladaría a Navarra, Aragón y Barcelona. Está considerado como uno de los mejores cultivadores de la poesía hebrea siguiendo los modelos y temas de los poetas clásicos árabes. Compone también moaxajas de tema amoroso y es autor de obras filosóficas y de historia literaria.

Yehudá ha-Leví (1075-1171?), nacido en Tudela, vivió en diversas ciudades andaluzas y se refugió en Toledo hacia 1108 bajo la protección de Yosef ben Ferrusel (el pequeño Cid), médico y colaborador de Alfonso VI. Hacia 1135-1145 se trasladó a Jerusalén aunque, retenido por los hebreos de Egipto, no llegó a la ciudad santa. Médico, poeta y antifilósofo en cuanto que la filosofía subordinaba la religión al pensamiento racionalista, escribió el Libro de la prueba y del fundamento de la religión menospreciada. En todas sus obras procuró salvar la antimonia aparente entre la idea de Israel como pueblo elegido y su situación real, y defendió la teoría de que los hebreos serían salvados cuando se produjera el regreso a la tierra originaria.

La tercera generación de poetas y científicos hebreos coincide con la unificación de la Península por los almohades. Su labor se desarrolla casi íntegramente en los reinos cristianos por haber prohibido el sultán Abd al-Mumín toda religión que no fuera la musulmana. A estos judíos emigrados se debe la organización económica de los reinos cristianos, que imitan generalmente el patrón hispanomusulmán adaptado de antiguo a una economía monetaria que inicia su marcha en los reinos del Norte por esta época.

La influencia hebrea —no sólo económica sino también cultural, científica y literaria— es más visible en el siglo XIII en las cortes de Fernando III y Alfonso X de Castilla y en la de Jaime I de Aragón, pero sus comienzos datan de los reinados de Alfonso VI y de Ramón Berenguer III, quienes, al igual que sus sucesores, protegieron a los judíos en todo momento e hicieron caso omiso de las amonestaciones de Gregorio VIII, que se lamentaba de que fueran confiados cargos políticos a los hebreos.

Durante la segunda mitad del siglo XII y en el XIII la poesía hebraica decae, pero sobresalen los estudios filosóficos, representados por el cordobés Maimónides, y los estudios místicos y de exégesis bíblica realizados por Mose ben Mahmán de Gerona, así como los de carácter científico y literario (traducciones del árabe al hebreo y de ambas lenguas al latín). Los primeros científicos hebreos (traductores simultáneamente) se encuentran en Aragón y Cataluña; entre ellos figura Mose Sefardí (de converso Pedro Alfonso) y Abraham bar Hiyya.

Pedro Alfonso, nacido en Huesca a comienzos del siglo XI, llegó a ser médico de Enrique I de Inglaterra y es el primer difusor de la astronomía y de la matemática árabe. A su labor se debe la llegada de numerosos europeos a la Península para ponerse en contacto con estas ciencias. Es asimismo autor de la Disciplina clericalis, colección de apólogos de origen oriental que tendrían una gran difusión en la Península. Abraham bar Hivya, conocido con el nombre de Sabasorda, difunde la ciencia musulmana entre las comunidades hebreas del norte de España y del sur de Francia y colabora con los traductores llegados de Europa.

Otra personalidad importante en la difusión de la ciencia musulmana es Abraham ben Ezra de Tudela (1092-1167), que viajó entre 1140-1167 por las principales ciudades de Italia, Francia e Inglaterra enseñando los conocimientos hispanoárabes y redactando numerosas obras de tema filosófico, gramatical, matemático y astronómico en hebreo y en latín. Entre estos divulgadores figura Yehudá ben Saúl ben Tibbon (1120-1190), nacido en Granada y muerto en Marsella, donde se estableció tras las persecuciones almohades. Sus hijos continuaron la labor de Yehudá y tradujeron al hebreo numerosas obras por lo que se ha llamado al primer Tibbon Padre de los traductores.

Yehudá tradujo fundamentalmente obras filosóficas (incluso las escritas por hebreos estaban en árabe), gramaticales y religiosas. Más conocida es la labor de traducción de su hijo Samuel, traductor de Maimónides y de algunas obras de Aristóteles. El nieto de Samuel, Jacob ben Mahir ben Tibbon (1230-1312) llegó a enseñar en la Facultad de Medicina de Montpellier. Uno de los miembros de esta familia, Jacob ben Abba Mari Antolí (1194-1285), tradujo al hebreo y al latín obras de Averroes y de Aristóteles, y por encargo de Federico II de Alemania tradujo numerosos tratados científicos.

Otra familia de exilados que halló refugio en Provenza fue la de los Quimhi, dedicados a la enseñanza científica del hebreo y de la religión judaica en las aljamas del sur de Francia. Traductor del árabe al hebreo fue igualmente el judío andaluz instalado en Barcelona Yehudá ben Salomón alHarizi (1170 1230), autor de una maqama al estilo árabe y de diversas Siónidas (cantos poéticos alrededor del tema de Sión).

Samuel ben Hasday, de Barcelona, adaptó en el siglo XIII al hebreo la novela filosófica hindú Barlaam y Josafat, ya traducida del árabe al castellano por estas fechas, y tradujo al hebreo diversas obras científicas del médico Ishaq Israelí. de Maimónides y la obra filosófico-ética de Algacel. Jacob ben Eleazar, judío toledano, tradujo al hebreo el Kdlila e Dimma a petición del médico de Jaime I, el judío Benvenist ben Hiyya.

Si esta labor de traducción y difusión es importante, no lo es menos la obra original, como la del historiador y filósofo Abraham ben David, autor de La fe excelsa, obra en la que abandona la corriente neoplatónica por la aristotélica, y del Libro de la tradición, que es una apología de la tradición rabínica en la que tiene como fuentes dos crónicas judías que recogen la historia del mundo desde la creación hasta el año 804, punto en el que se inicia su labor personal.

Benjamín de Tudela, nacido en el primer tercio del siglo XII es el primer geógrafo hispanohebreo con su relato de los Viajes efectuados desde Tudela hasta Zaragoza-Barcelona-Languedoc-Provenza-Italia-Constantinopla-Siria-Palestina-Egipto-Sicilia y de nuevo a la Península, donde llegó en 1172.

La figura de Maimónides cierra, como la de Averroes en el mundo musulmán, el gran período cultural hispano. Nacido en Córdoba en 1135, aceptó con su familia la conversión forzosa impuesta por los almohades en 1148. Quizá no sea ajena a esta circunstancia su Epístola sobre la apostasía, dirigida hacia 1160 a los judíos de Marruecos para defender y justificar a los criptojudíos. Las dificultades halladas en Marruecos, donde vivió algún tiempo con su familia, le llevaron hacia Oriente. En Egipto alternó el comercio de piedras preciosas con el cultivo de la ciencia teológico-filosófica y, más tarde, de la medicina, en la que llegó a ser médico de cámara del sultán Saladino. Maimónides murió en 1205, después de haber alcanzado extraordinaria fama en Oriente y en Occidente como filósofo, teólogo y científico.

Entre sus numerosas obras sobre lógica, astronomía, medicina, botánica, terapéutica, religión, filosofía y teología tiene especial interés el Cálculo de la intercalación o calendario judaico, en el que estudia las estaciones para fijar las festividades religiosas. Como médico escribió tratados sobre el asma, los venenos y sus antídotos, la curación de las hemorroides, el régimen más apropiado para conservar la salud, el coito, la composición de los medicamentos...

Todos estos conocimientos le servirían de base para su gran obra filosófica La guía de los perplejos en la valoración de la Biblia, en la que intentó coordinar la Revelación y los conocimientos filosóficos derivados de Aristóteles, dando siempre-preferencia a la Biblia en los casos contradictorios. Fue también autor de importantes comentarios talmúdicos que suscitaron abundante correspondencia entre los judíos del mundo entero y Maimónides.

La Península transmisora de cultura

La convergencia en la Península de los dos mundos, el cristiano-occidental y el islámico-oriental, plantea diversos problemas no siempre resueltos a pesar de los numerosos trabajos que se han dedicado al tema y que pueden verse resumidos e interpretados en el artículo publicado por Sánchez-Albornoz con el título de El Islam de España y el Occidente, en el que estudia la influencia ejercida por el Islam peninsular sobre Europa, la pervivencia del, sustrato romano y visigodo, su influencia sobre los musulmanes hispánicos y el papel de intermediario cultural entre Oriente y Occidente desempeñado por el Islam de la Península.

Mencionaremos rápidamente los temas estudiados —algunos han sido citados en las páginas precedentes— para detenernos en la difusión de la filosofía y de la ciencia musulmana en Occidente por mediación de los traductores hispanos y de los extranjeros que visitaron la Península.

Inicialmente el Islam peninsular influye en Francia en el aspecto político y literario. A los visigodos emigrados atribuye Sánchez-Albornoz un mejor conocimiento de la lucha a caballo y la existencia de un ejército de jinetes pagados mediante la entrega de tierras en concepto de sueldo o stipendio cuyo pago llevaría a Carlos Martel a la confiscación de tierras eclesiásticas. Los clérigos visigodos refugiados en las Galias serían los responsables de la unción eclesiástica aplicada a los reyes francos a imitación de los visigodos. La acción espiritual y cultural de personalidades como Teodulfo de Orleáns, Benito de Aniano y Agobardo de Lyon, de origen visigodo, sería notable en el llamado renacimiento carolingio.

Los ataques musulmanes sobre Aquitania y la consiguiente debilitación de este reino favorecerían la política de expansión de Carlos Martel y, en definitiva, la unificación del reino franco y la creación del imperio carolingio. Literariamente Sánchez-Albornoz ve en la penetración musulmana en el sur de Francia el origen remoto de la épica medieval, pues las campañas musulmanas «hirieron con tal fuerza la imaginación popular que... pronto suscitaron leyendas y cantos, embriones de los clásicos cantares de gesta».

La supervivencia de lo occidental (hispanovisigodo) en el Islam peninsular ha provocado y seguirá provocando en el futuro numerosas polémicas en las que no podemos entrar. En líneas generales puede aceptarse que la superioridad numérica y cultural de los hispanovisigodos sobre los árabes y beréberes invasores, la permanencia en sus puestos de gran número de condes y obispos y el aislamiento a que sé vieron obligados los musulmanes para mantener la cohesión militar permitieron la continuidad de las formas de vida hispanogodas.

Sólo a fines del siglo VIII y definitivamente a mediados del IX, en época de Abd al-Rahmán II, se orientalizó al-Andalus, pero es lógico suponer que esta orientalización oficial habría sido precedida de una hispanización de los árabes, provocada por los cien años de contacto entre ambos grupos y por el relativo aislamiento entre el Oriente y el Occidente musulmán.

Las decisiones administrativas de Abd al-Rahmán II y del primer califa tendían a organizar el reino, pero no pretendieron ni podían aspirar a suprimir los elementos preárabes que pervivieron mezclados con éstos. Así, perviviría la lengua romance (del mismo modo que perduró el hebreo entre los judíos) y será bastante normal encontrar personas bilingües incluso en el siglo XI. De la misma forma que el árabe ha dejado profunda huella en las lenguas peninsulares, el romance o latín romanceado influyó en el árabe.

En al-Andalus coexistieron las canciones de los cristianos y las de los camelleros beduinos, aunque sólo éstas alcanzaron categoría oficial por obra del poeta-cantor Zyryab. En el siglo XII Ibn Bayya de Zaragoza (1090-1129) llevó a cabo una síntesis de la música oriental y de la cristiana, lo que prueba su supervivencia. La poesía se conservó y llegó a influir en la árabe por medio de las jarchas. En arquitectura y escultura, el arte de al-Andalus tomó numerosos elementos del arte hispanovisigodo.

La historiografía musulmana aparece grandemente influida por las compilaciones latinas de época romana y prescinde del elemento fabuloso oriental para dar paso al realismo, considerado como una de las características de la historiografía occidental. Las instituciones políticas y sociales del reino visigodo se mantuvieron y perpetuaron en casos como la existencia entre los hispanomusulmanes de la clientela, la behetría, los contratos ad partionem y el régimen de explotación señorial.

En el último aspecto (el papel de intermediario del Islam peninsular entre Oriente y Occidente) se ha llegado a atribuir origen oriental a la épica, a la música, a determinadas manifestaciones del arte y a la lírica europea, así como a la filosofía y a la ciencia occidental. Actualmente no se admite el origen islámico de la epopeya medieval, sigue en discusión la influencia de la música oriental y difieren extraordinariamente los historiadores del arte en cuanto a la posible influencia de lo islámico oriental en el románico y en el gótico. Otro problema, sin solución por el momento, es el del origen hispanoárabe de la lírica provenzal, al que nos referiremos más adelante.

La transmisión de la ciencia y de la filosofía a Occidente a través de la Península está suficientemente probada. Ya hemos aludido, de modo particular, a la actividad difusora de los judíos. Por ello nos limitaremos a dar una visión de conjunto sobre la actividad de los traductores. Las traducciones del árabe al latín debieron de iniciarse en la segunda mitad del siglo X, en la época del esplendor del califato. Sin duda serían muchos los mozárabes y judíos que hablaran y leyeran el árabe y pudieran transmitir estos conocimientos, lo que justificaría las palabras de Ibn Abdún, a comienzos del siglo XII, para que no se vendieran a judíos ni a cristianos libros de ciencia porque los traducen «y se los atribuyen a los suyos y a sus obispos, siendo así que se trata de obras de musulmanes».

Por los años en que escribía Ibd Abdún, el judío converso Pedro Alfonso redactaba en latín la Disciplina clericális. Funcionaba en Tarazona, bajo la dirección del obispo Miguel (1119-1152), una auténtica escuela de traductores cuyo máximo representante es Hugo Sanctallensis. Allí se tradujeron obras de astronomía, matemáticas, astrología, alquimia y filosofía. No faltaron las traducciones del Corán, como atestigua Pedro él Venerable, abad de Cluny, quien, decidido a combatir ideológicamente al Islam e imposibilitado de hacerlo por no conocer sus doctrinas, buscó y pagó a especialistas de la lengua árabe que, asesorados por un musulmán, tradujeron al latín el Corán. Los nombres de estos traductores son Roberto de Ketten, Herman el Dálmata, Pedro de Toledo y el sarraceno Muhammad.

La conquista de Toledo, ciudad en la que convivirán mozárabes, musulmanes, judíos y cristianos peninsulares y francos, activará esta corriente de traducciones aunque no se llegó, como se ha dicho en ocasiones, a organizar una auténtica escuela o cuerpo de traductores organizado. Se traduce en Toledo porque en esta ciudad se conserva un gran número de obras, porque a ella llegan continuamente mozárabes y judíos cultos expulsados por los almorávides y porque los obispos cluniacenses estimularon y favorecieron a los traductores.

Entre ellos figuran los ya citados colaboradores de Pedro el Venerable a los que se deben numerosas traducciones de obras astronómicas, de alquimia, álgebra y astrología; Juan de Sevilla, autor de más de treinta y siete traducciones y de obras originales sobre el astrolabio, de un Epitome de la astrología y de un Tratado de las lluvias y de los vientos. En ocasiones los traductores trabajan en equipo, como el clérigo Domingo Gundisalvo y el judío converso Ibn Dawnd, traductores de los filósofos árabes.

En la segunda mitad del siglo XII trabaja en Toledo Gerardo de Cremona. Las traducciones continúan a fines de este siglo y a comienzos del XIII con Marcos de Toledo, el italiano Platón de Tívoli, Rodolfo de Brujas, el inglés Miguel Scoto... Durante su reinado, Alfonso X impulsó las traducciones al latín y al castellano. En Burgos el obispo García Gudiel (1273-1280), el cristiano Juan González y el judío Salomón siguieron traduciendo a Avicena; continuaron su labor en Toledo al ser nombrado arzobispo García (1280-1299).

La fama de la ciencia musulmana y su importancia en el origen de las universidades occidentales ha sido puesta de relieve por uno de los traductores, Daniel de Morley, que cuenta cómo abandonó Inglaterra en busca de más amplios conocimientos y se trasladó a París, donde sólo halló maestros fatuos y vacíos, por lo que, teniendo en cuenta que «en nuestros días se dispensa a las muchedumbres en Toledo la enseñanza de los árabes que consiste casi enteramente en las artes del quadrivium (las ciencias), me apresuré a ir allí para escuchar las lecciones de los más sabios filósofos del mundo...».

Para terminar esta relación recordaremos solamente que una obra árabe traducida al castellano, al latín y al francés pudo ser conocida por Dante y servir de base argumental a La Divina Comedia. Esta obra árabe (Libro de la Escala) recoge una serie de leyendas relativas a un viaje hecho por el profeta al infierno y al paraíso; fue traducida al castellano por Alfonso X antes de 1264 y posteriormente Buenaventura de Siena la tradujo al latín y al francés en cualquiera de cuyas versiones pudo ser conocida por Dante.

La Península cristiana y Europa

Si en muchos casos resulta difícil discernir la parte de imitación de lo oriental y la parte de originalidad existente en la cultura del Islam peninsular, lo mismo ocurre al comparar la vida cultural de los reinos cristianos con la de Europa. La Península forma parte de la cristiandad occidental, tiene modos de vida similares, una economía y una organización semejantes y, en consecuencia, desarrolla una cultura parecida.

Al igual que en Europa, existe en la Península durante este período una literatura épica y lírica, se dan manifestaciones de la poesía de los goliardos, el latín deja paso a las lenguas romances, se difunden el arte románico y el gótico, se adapta el derecho romano y se crean las primeras universidades que representan un cambio fundamental en la forma de pensar y que no habrían podido existir sin las ciudades, sin el desarrollo económico al que nos hemos referido en otro lugar.

Del latín al romance

El latín, único idioma culto admitido en toda Europa durante los primeros siglos medievales, mantiene gran parte de su prestigio pero a su lado adquieren importancia las lenguas nacionales, que pierden su condición exclusiva de lenguas habladas para pasar al campo escrito. Mientras los depositarios de la cultura fueron los clérigos era lógico que el idioma culto fuese el que habitualmente utilizaba la Iglesia. Pero cuando esta cultura se extiende a capas más amplias de la población, tras una etapa de imitación y utilización del latín, los ciudadanos «usan» su propio idioma y no sólo para los asuntos materiales sino incluso para los religiosos, como lo prueba el hecho de que Pedro Valdo hiciera traducir los textos sagrados del cristianismo, o que los obispos y clérigos catalanes prohibieran en las asambleas de paz y tregua estas mismas traducciones.

El clérigo todopoderoso en una sociedad agrícola por su vinculación con el mundo feudal pierde importancia en las ciudades, donde sus servicios culturales son menos necesarios ya que las nuevas realidades desbordan, ampliamente el campo de sus conocimientos. El papel de consejero y auxiliar de los reyes y condes, ejercido en exclusiva por los clérigos, comienza a ser compartido por simples laicos. Los propios monarcas se hallan interesados en favorecer la difusión de las lenguas habladas, no sólo porque éstas reflejan mejor el sentir de la población sino también porque el uso de un idioma propio es una nota diferencial que permite a los monarcas acentuar sus diferencias frente a los dos poderes universales: el pontificado y el Imperio.

Cuando Alfonso X afirma que él «es emperador en su reino» está negando al emperador el derecho de intervención en los asuntos castellanos. Cuando él o Jaime I escriben sus crónicas en castellano o en catalán no sólo utilizan la lengua hablada por los súbditos, sino una lengua que aspira a ser nacional frente al universalismo del latín.

Las lenguas habladas en la Península, a excepción del vasco, proceden del latín. Pero si éste, en cuanto idioma escrito, ha conservado una cierta uniformidad, al ser hablado ha sufrido numerosas transformaciones que diferencian el latín de la actual Cataluña del latín utilizado en el reino leonés o en cualquier otro sitio. El vocabulario, la pronunciación e incluso la sintaxis de los idiomas hablados en las tierras ocupadas por Roma modificaron el latín recibido; se puede suponer que incluso el latín originariamente hablado en la Península difería considerablemente según la procedencia del grupo que lo hubiera implantado en cada una de las regiones.

Las diferencias entre latín culto (escrito) y latín vulgar (hablado) son de tal importancia ya en el siglo IX que se puede hablar de dos lenguas distintas. Entre las posibles causas de esta lenta y continua diferenciación pueden señalarse la influencia del cristianismo, que al adaptarse a las masas incultas toma numerosos giros del idioma hablado por éstas; las invasiones, que introducen nuevos elementos en el habla popular; el resurgimiento de los pueblos poco o nada romanizados entre los siglos VI-VIII...

De las dos lenguas existentes, el latín (que ya no es un latín clásico sino eclesiástico) aparece como la única lengua cultural durante varios siglos. Frente a su uniformidad, las lenguas habladas difieren extraordinariamente entre sí. Podría afirmarse que, a causa del aislamiento entre las distintas regiones, hay tantos idiomas como comarcas y a veces como pueblos. La movilidad de la sociedad occidental a partir de las roturaciones del siglo XI puso fin al aislamiento. Del mismo modo que perdieron fuerza el derecho y los poderes locales en beneficio de formas más generales, también los dialectos hablados se van unificando en unidades mayores: la centralización político-administrativa y la lingüística son paralelas.

Al mismo tiempo que se produce esta uniformación de los diferentes dialectos, la sociedad se laiciza. La palabra laicus, que significaba anteriormente ignorante, servirá sólo para designar a los que no saben latín, es decir, a la mayoría de los no clérigos. El hecho de no saber latín no tiene ya en el siglo XII un matiz peyorativo y serán muy numerosas las personas que ignorándolo o teniendo de él unas ideas primarias posean un nivel cultural aceptable.

A la difusión de estas lenguas y a prestigiarlas socialmente contribuyen los habitantes de las ciudades, que carecen de interés, tiempo y deseos de aprender el latín. El idioma hablado por los dirigentes urbanos adquiere así una importancia social equiparable a la que tenía el latín en épocas anteriores y termina suplantándolo. Desde el siglo XIII puede afirmarse que, al menos en la Península, el latín se convierte en una lengua profesional, practicada únicamente por los clérigos y sólo en el campo eclesiástico.

La historia de las lenguas habladas en la Península es tan confusa como su historia política, con la que se relaciona directamente. Hasta el siglo XI la mayor parte del territorio peninsular se halla dominado por los musulmanes entre los que el árabe, lengua igualmente religiosa, desempeña el mismo papel que el latín en Europa. Al lado del árabe y muy influido por éste, se habla un romance derivado del latín. En circunstancias normales este romance mozárabe podría haberse impuesto en las zonas dominadas por el Islam y convertirse en idioma cultural, pero la conquista de estas tierras por los reinos del norte, hizo que predominara la lengua de los conquistadores. La diversidad de éstos explica el mosaico de lenguas habladas en la Península.

En el reino castellano-leonés se hablan el gallego, leonés y castellano, aparte de dialectos menores. El predominio de Castilla en política llevaría consigo el triunfo del castellano sobre los restantes idiomas: el castellano (influido por el mozárabe) sería la lengua implantada en las tierras conquistadas en el siglo XIII. El gallego se conservó como lengua hablada, fue utilizado literariamente (sólo en la poesía lírica) y adquirió importancia escrita al independizarse Portugal.

Navarra oscila entre el vasco y una lengua romance relacionada con el castellano y que acabará imponiéndose como lengua literaria. Aragón manifiesta su independencia respecto a Cataluña y respecto a Castilla mediante el uso del aragonés. En Cataluña se impone el catalán del condado de Barcelona, aunque subsistan otras peculiaridades lingüísticas hasta la actualidad. Valencia y Mallorca reciben el idioma de los conquistadores catalanes e introducen en él diversas modificaciones, aunque es posible que con anterioridad a la conquista el romance de estas zonas se hallara en un estado similar al del catalán.

Las primeras manifestaciones escritas en estas nuevas lenguas datan del siglo X y proceden de las glosas o notas puestas por los clérigos a las palabras latinas de difícil comprensión. Así, en las llamadas Glosas Emilianenses y Silences, compuestas en los monasterios de San Millán de la Cogolla y de Silos, algunas palabras aparecen traducidas a la lengua vulgar (Castellana) en la que los lingüistas distinguen caracteres dialectales navarros, aragoneses y vascos debido a la proximidad de estas regiones o al lugar de origen de los monjes.

Los copistas de los documentos intercalan palabras romances en textos latinos a partir de la segunda mitad del siglo XI. En el XIII se redactan íntegramente en la lengua hablada. Al afianzarse o generalizarse estas lenguas se desarrolla una literatura oral de la que será el primer ejemplo conocido el Poema de Mío Cid, cuya perfección denota la existencia de obras anteriores. En el siglo XIII Alfonso X escribe sus obras en castellano o en galaico-portugués (las líricas). Desde esta fecha las lenguas occidentales suplantarán literariamente al latín.

En Cataluña, la penetración política en Provenza, a fines del siglo XII, retrasó la utilización del catalán en la poesía, para la que se prefirió el uso del occitano o provenzal de los trovadores. A fines del siglo XII corresponden las Homilies d'Organyá, consideradas como el primer texto literario en prosa. El triunfo definitivo del catalán sobre el latín se realizaría igualmente durante el siglo XIII al imponer Jaime I el catalán en la cancillería y al colaborar personalmente en la redacción de una crónica escrita en catalán.

Literatura castellana en verso

La literatura no es, en muchos casos, sino uno de los medios que utilizan los clérigos para difundir su doctrina religiosa, sus ideas y creencias de todo tipo. Pero la sociedad no está sólo en manos de los clérigos. Junto a ellos y a veces en situación superior se hallan los caballeros, los nobles, a cuyo servicio surge una literatura especial.

Juglares y clérigos son los primeros poetas en lengua castellana. Atendiendo a las funciones desempeñadas por los autores y a la distinta forma de versificar se han dividido los poemas en mester (oficio) de juglaría y mester de clerecía, representados por el Poema de Mío Cid y por Los Milagros de Berceo como obras sobresalientes. El juglar entretiene, distrae al público de múltiples formas entre las que destaca la recitación de poemas de temática diversa pero entre los que, en una sociedad militar, tienen especial acogida los poemas épicos que exaltan a los héroes locales.

Los orígenes de la epopeya castellana han sido muy debatidos en los últimos tiempos. Para Menéndez Pidal tendría sus orígenes en la época visigoda, sería de origen germánico. Para demostrarlo, realiza un detallado estudio de los cantos épicos de los godos desde antes de su instalación en la Península hasta la destrucción del reino visigodo por los árabes. La ruina política de la monarquía no habría supuesto, según él, la desaparición de la cultura visigoda sino que ésta se habría reafirmado. Para otros, la épica castellana sería imitación de la francesa difundida en el siglo XI por los peregrinos y caballeros que acuden a la Península.

Más importante, desde el punto de vista histórico, es el segundo gran tema de discusión. Para algunos historiadores de la literatura la poesía épica es obra individual y redactada en época posterior a los hechos, que serían recreados por un individuo aislado que inventaría nombres y sucesos; por lo tanto el valor histórico de los poemas se reduciría a alguna noticia insignificante. Otros piensan que la epopeya es obra de una colectividad y le atribuyen un gran valor histórico al afirmar que en su origen se basa en una impresión directa aunque al propagarse va perdiendo veracidad.

En el caso de la épica castellana —los textos conservados son escasos— se admite, siguiendo a Menéndez Pidal, que conservan noticias bastante aproximadas de los hechos narrados y han sido utilizados en numerosas ocasiones como fuentes históricas. El Poema de Mío Cid es prácticamente la única epopeya conocida en castellano, pero se conservan noticias y fragmentos de otras en las Crónicas del siglo XIII, especialmente en la de Alfonso X, y en el romancero.

El Poema se ha conservado en una sola copia hecha por Per Abad en 1307 y, siempre según Menéndez Pidal, habría sido escrito por dos poetas, uno originario de San Esteban de Gormaz y el otro de Medinaceli. El primero, coetáneo de los hechos, respeta la fidelidad histórica. El segundo, posterior, ignora la realidad histórica e introduce en el Poema relatos novelescos y legendarios. El Poema está concebido no como una forma escrita sino para ser recitado y cantado ante el público; por ello tiene «una forma métrica fácil de recordar y muy fácil de reconstruir cuando falla la memoria del recitador». En el Poema se narran las hazañas militares del Cid, pero el tema principal está formado por la oposición entre el Cid y la alta nobleza castellano-leonesa. Actualmente las ideas de Menéndez Pidal no son aceptadas por todos y muchos piensan que el Poema fue redactado a fines del siglo XII o a comienzos del XIII por un poeta culto.

Relacionados con Rodrigo Díaz están igualmente los poemas escritos en latín Carmen Capidoctoris, el Cantar de Sancho II, y Cantar de Rodrigo.

Las obras épicas que han podido reconstruirse a partir de las Crónicas o de los romances (considerados por algunos como derivación o restos de los cantares) aluden a la intervención carolingia en la Península, como el Poema de Roncesvalles, que sigue a la Chanson de Roland, o el de Bernardo del Carpió en el que se refleja la reacción nacionalista contra los poemas carolingios, es decir, contra los francos de la Península.

Los orígenes de Castilla dieron lugar a varios poemas entre los que destaca el Poema de Fernán González, escrito hacia 1250, en el que se mezcla la historia del héroe y la de Castilla en su lucha contra musulmanes, leoneses y navarros. La historia de Castilla que formaba el cantar original fue mezclada con la del monasterio de San Pedro de Arlanza en el que fue compuesta la versión original con finalidad religioso-material: atraer peregrinos y donativos hacia el monasterio. Otros poemas de tema castellano son los de los Siete Infantes de Lara, de La Condesa traidora y el Romanz del Infant García.

Obras igualmente de juglares parecen ser algunos poemas hagiográficos como el Libro de la infancia y muerte de Jesús, conocido tradicionalmente con el título de Libre dels tres Reys d'Orient, basado en los evangelios apócrifos, o la Vida de Santa María Egipcíaca, traducción de,un poema francés del mismo tema en el que se exalta la superioridad de la vida eremítica sobre la conventual.

Al lado de la poesía heroica y de los poemas hagiográficos figuran diversas composiciones que los tratadistas agrupan bajo el título de debates, en los que dos personas o dos abstracciones discuten un tema determinado. A este grupo pertenecen la Disputa del alma y el cuerpo, con precedentes latinos y franceses, Razón de amor, Denuestos del agua y del vino, en el que agua y vino discuten sus respectivas cualidades mezclando en ellas las naturales y las religiosas (el vino alegará convertirse en la sangre de Cristo y el agua recordará que es absolutamente necesaria para el bautismo), y la disputa de Elena y María, en la que cada una de las mujeres ensalza el modo de vida y las cualidades de sus amantes: un clérigo y un caballero. Todos estos poemas tienen precedentes conocidos en la literatura latina y francesa y en la mayor parte de los casos son simples traducciones.

Junto al mester de juglaría, caracterizado por el contenido popular y por la irregularidad de los versos, se produce en el siglo XIII otro tipo de poesía de carácter erudito cultivada por clérigos en el sentido amplio de esta palabra, es decir por personas cultas con formación latinoeclesiástica. En estas composiciones se utilizan estrofas de cuatro versos de catorce sílabas divididos en dos hemistiquios de siete, con una sola rima consonante. Las estrofas reciben el nombre de cuaderna vía. Regularidad métrica, lenguaje cuidado y selecto son notas que definen formalmente el mester de clerecía.

Los temas son de tipo erudito, es decir, no están tomados de la vida ordinaria sino de fuentes escritas que sólo pueden conocer los que tienen una preparación adecuada. Dentro de este grupo se incluyen las obras de Gonzalo de Berceo, único poeta conocido para esta época, y las anónimas el Libro de Apolonio, el Libro de Alexandre y el Llanto por la pérdida de Jerusalén.

Gonzalo de Berceo, primer poeta conocido que escribe en castellano, es un clérigo formado en el monasterio de San Millán de la Cogolla. Debió de nacer a fines del siglo XII en el pueblo riojano de Berceo y, al parecer, vivía aún en 1252. Sus obras son todas de tema religioso: vidas de santos (Santo Domingo de Silos, San Millán y Santa Oria), poemas dedicados a la Virgen (Loores de Nuestra Señora, Planto que fizo la Virgen el día de la Passión de su fijo Jesu Christo y Milagros de Nuestra Señora) y poemas sobre El Sacrificio de la Misa, De los signos que aparescerán antes del Juicio y Martirio de sant Laurencio.

Todas las narraciones están basadas en poemas latinos que Berceo se limita a traducir y a versificar en castellano adaptando el modelo a la mentalidad de la zona en que vive, por lo que su obra es de gran interés desde el punto de vista social. Las vidas de santos están escritas, indudablemente, para estimular la devoción popular, pero también para conseguir donativos de los fieles hacia los monasterios en los que tales santos son titulares. El monasterio de San Millán recibía anualmente los llamados Votos de san Millán o donaciones hechas por los castellanos para conmemorar y agradecer al santo su pretendida participación militar en apoyo del conde Fernán González, pero se sabe que los votos fueron inventados en el siglo XII a imitación de los de Santiago de Compostela. Es lógico suponer que la entrega de una parte de sus ingresos hallaría una gran resistencia en las poblaciones sometidas al pago del tributo.

La vida de san Millán escrita por Berceo sería una introducción, una hábil propaganda indirecta destinada a urgir el pago de los votos. El punto de partida de esta obra es una vida escrita por san Braulio en el siglo VII, sobre la cual Berceo añadió elementos tomados de la tradición o inventados por él. Razones similares le llevarían a escribir la vida de santo Domingo, patrono de un monasterio directamente relacionado con el de san Millán, y de santa Oria, enterrada en san Millán.

El Libro de Apolonio es la traducción de una novela de aventuras de origen griego muy difundida en toda Europa occidental. El Libro de Alexandre es la historia novelada de Alejandro Magno, que aparece en esta versión castellana poco menos que transformado en caballero medieval.

Alfonso X es considerado, con razón, el creador de la prosa literaria castellana. Con anterioridad a las obras escritas por él o por el círculo de letrados que lo rodeaban se escribieron algunas obras en castellano como el Diálogo o Disputa del cristiano y el judío, de comienzos del siglo XIII, el Libro de los doce sabios o el Libro de los cien capítulos, destinados a la formación de los revés, y diversas colecciones de cuentos de origen hindú llegados al mundo árabe a través de los persas y al occidental por medio de los árabes. Entre las obras de este tipo destacan por su importancia y difusión posterior el Libro de Calila e Dinna, mandado traducir por Alfonso X cuando todavía era infante, y el Sendebar o Libro de los engaños et los asayamientos de las mugeres, que hizo traducir don Fadrique, hermano de Alfonso X, en 1253.

El mérito principal de Alfonso X radica en haber reunido todo el saber de su época y haber logrado que éste fuera expresado en el idioma normalmente hablado por sus subditos. Para él trabajan sabios musulmanes y judíos que traducen las obras árabes y hebreas y cristianos que colaboran con el monarca o redactan en castellano estos libros. Sus fuentes no son sólo las árabes sino también las europeas, como en el código de las Siete partidas con el que el monarca pretende ofrecer a los súbditos unas normas jurídicas inteligibles que, al mismo tiempo, le permitan acelerar el proceso de centralización monárquica mediante la uniformación jurídica.

Entre los tratados científicos escritos por el Rey Sabio o por sus colaboradores figuran los Libros del saber de astronomía, las Tablas alfonsíes y el Lapidario, en los que reúne sus conocimientos sobre astronomía siguiendo las teorías de Ptolomeo corregidas o actualizadas con nuevos datos. De carácter similar es el Libro de las cruces, cuyo prólogo es un canto a la ciencia y a la necesidad de divulgarla. Estas obras no son meramente teóricas sino que para el rey tienen un valor práctico, ya que a través de la situación de los planetas puede predecirse el precio de los alimentos, las épocas de carestía y abundancia, la mejor época para contraer matrimonio...

Las Tablas alfonsíes no son una simple traducción sino la adaptación de las tablas astronómicas conocidas corregidas por las observaciones realizadas en el observatorio mandado construir por el monarca en Toledo. El Lapidario trata de las propiedades de las piedras preciosas, de sus virtudes mágicas... Otras obras de Alfonso X son el Setenario, de tema jurídico, y los Libros de açedrex, dados e tablas, traducidos del árabe.

La literatura didáctica tiene un nuevo e interesante ejemplo en la obra atribuida a Sancho IV que lleva por título el de Castigos e documentos para bien vivir, que don Sancho IV de Castilla dio a su fijo. Las cruzadas hacia Oriente son un tema clásico en todas las literaturas europeas y en Castilla trata el tema la Gran conquista de Ultramar, que introduce en el relato histórico gran número de leyendas.

De las jarchas a la lírica galaicoportuguesa

Junto a la poesía épica y clerical existe una poesía lírica de difícil localización por su mismo carácter, ya que al transmitirse oralmente y carecer de pretensiones pocas veces es recogida por escrito. Los temas de esta lírica son el amor, los afectos familiares, el paso de las estaciones, el trabajo... Esta poesía popular ha sido conocida a través de las moaxajas y zéjeles árabes y hebreos, que serían la versión en estas lenguas de la lírica mozárabe, en cuyo idioma romance se hallan algunos versos o palabras, pero para encontrar una lírica propia de los reinos occidentales, escrita en gallegoportugués, es preciso remontarse al siglo XIII.

Los orígenes de la lírica gallegoportuguesa se sitúan según unos autores en la imitación de la poesía provenzal, con la que coincide en temas y tipos de composiciones y que habría llegado a Galicia por mediación de los peregrinos jacobeos. Para otros el origen de esta lírica sería plenamente autóctono; del mismo modo que los mozárabes crearon su propia lírica con anterioridad e independencia de la provenzal, también en Galicia se habría utilizado este tipo de poesía de una forma espontánea e igual ocurriría en Castilla, pero mientras la poesía en castellano no se ha conservado, la gallega fue recopilada en el siglo XIII en los cancioneros de Ajuda, de la Vaticana y de Colocci-Brancuti, este último conservado en la Biblioteca Nacional de Lisboa.

Estos poemas (aproximadamente mil quinientos) son clasificados generalmente en tres grupos: cantigas de amor, de amigo y de escarnio y maldecir. Las cantigas de amor pueden ser equiparadas a las provenzales y han sido consideradas como la primera manifestación del lirismo culto a la moda trovadoresca que pronto daría paso a las cantigas de amigo, menos oficiales y más populares, próximas a la vida, más originales. De hecho, ambos tipos se confunden frecuentemente y no serían sino supervivencias de una lírica más antigua y no conservada. Las cantigas de amigo reflejan los sentimientos de la mujer desgraciada en amor por timidez, oposición de los padres, ausencia del amado, del «amigo», infidelidad... temas universales que se cultivan en toda Europa. Propiamente gallegoportuguesas parecen ser las cantigas de romería y las cantigas de mar o barcarolas. En las primeras la amiga ora en el santuario por el amigo ausente, generalmente por hallarse luchando contra los musulmanes, y pide a los santos la vuelta del amigo.

Diferente, no sólo por el tema, de las cantigas de amor y de amigo son las de escarnio y maldecir. Mientras las primeras tratan temas imaginarios, las segundas se refieren casi siempre a hechos y personas concretas y ofrecen una variedad temática mucho mayor. En ellas pueden verse, aplicadas a diversas personas, todas las lacras humanas. Alfonso X el Sabio cultivó este tipo de poesía y utilizó el gallego para sus Cantigas o alabanzas de la Virgen.

Trovadores y goliardos en Cataluña

Las nuevas condiciones sociales y económicas del Occidente medieval se reflejan, literariamente, en la aparición de un nuevo tipo de poesía, la poesía lírica o cortés, nombre este último que recibe por haber surgido en las cortes principescas del sur de Francia y más concretamente en la corte de Guillermo IX, conde de Poitiers y duque de Aquitania, que es considerado el primero, cronológicamente, de los trovadores. Esta poesía lírica se manifiesta en dos direcciones: canciones de amor y canciones de mujer, distintas por el contenido y por la forma.

En la canción de amor, directamente relacionada con la mentalidad feudal, el amante se dirige a una mujer de condición superior, a la que se somete. A través de este mecanismo la mujer es equiparada al señor feudal y el trovador al vasallo. Este tipo de canciones se presenta en forma de poemas relativamente cortos, de cuatro a seis estrofas. Con la misma técnica que la canción de amor, los trovadores cultivan el serventesio para tratar temas de moral, sátira, política, religión..., todos excepto el amor.

En la canción de mujer los versos se ponen en boca de una mujer que no es una gran dama sino una joven sencilla que lucha contra los obstáculos que se oponen a su amor. Su técnica es más simple, se reduce a veces a dos largos versos censurados encuadrados por un refrán que se repite periódicamente. Este tipo de canción, por su estructura y por sus temas, parece relacionarse con la moaxaja. Menéndez Pidal no dudará en afirmar que la poesía románica imitó a la árabe y que el zéjel se propagó por Europa.

En líneas generales se admite la influencia del zéjel (en cuanto poesía primitiva) en la canción de mujer, y se piensa que la poesía de los trovadores, la canción de amor, pudo ser una reacción aristocrática contra esta poesía excesivamente popular. De lo que no cabe dudar es de que el arte de los trovadores responde a una situación nueva en los medios aristocráticos, en los que la guerra ya no es una ocupación permanente y donde el dinero circula y da lugar a una vida de lujo y de prodigalidad que sólo es viable e interesante cuando es posible una vida de relaciones en la que la mujer tiene cada vez mayor participación. En su homenaje se harán justas y torneos, sustitutos de la guerra, pero también poemas, menos violentos y más agradables que las viejas canciones de gesta. Los nuevos poetas, los trovadores, pudieron basarse en las canciones de mujer y en la poesía litúrgica del siglo XI, cuya música recuerdan en muchos casos los poemas trovadorescos.

La poesía de los trovadores no es anónima, aparece claramente individualizada, símbolo de la nueva situación en la que el hombre tiende a diferenciarse, a manifestarse distinto de los demás. Esta actividad poética, muy intensa en el sur de Francia, sólo fue posible gracias al papel de mecenas desempeñado por los condes, duques y reyes a imitación de Guillermo IX. En algunos casos estos grandes personajes son poetas, pero la mayoría de los trovadores son profesionales para quienes la poesía era un modo de vivir. Así podemos hallar trovadores en la corte de Alfonso VII de Castilla y, sobre todo, en la corte catalanoaragonesa desde la época de Ramón Berenguer IV y en los años de Alfonso el Casto, considerado él mismo como aceptable poeta.

Los trovadores sólo adquieren importancia en la corte catalana en el momento en que Alfonso el Casto unió Provenza a sus dominios y acogió a los trovadores por interés personal (él mismo fue poeta) y político (la poesía cantada fue un medio de difusión y propaganda de gran valor). El propio rey participó en una disputa con uno de los trovadores más renombrados de su época, Giraut de Bornelh, que se convertiría en uno de los mejores propagandistas políticos de Alfonso contra el conde de Toulouse.

Otros poetas actuaron al servicio del conde tolosano, como Beltrán de Born, autor de un serventesio escrito a petición de Ramón V de Toulouse en 1181 y de otras composiciones posteriores en las que desacredita al rey catalán. Se conservan dos poemas, de Peire Vidal y de Beltrán de Born, sobre un mismo tema, que nos permiten ver hasta qué punto la poesía de los trovadores está o puede estar al servicio de la política. Alfonso casó en 1174 con Sancha de Castilla, pero por razones políticas —durante un período de desavenencias entre Castilla y Aragón— el rey intentó romper el acuerdo matrimonial y pidió la mano de Eudoxia, hija del emperador bizantino. Cuando ésta llegó a la Península se había celebrado el matrimonio de Alfonso y Sancha, y Eudoxia hallaría marido en la persona de Guillermo VIII de Montpellier. Para Beltrán de Born Alfonso fue traidor, falso rey, perjuro y ladrón (se quedó con el ajuar y la dote), mientras que para Peire Vidal, que disculpa al rey y le exime de la acusación de haberse quedado con la dote de Eudoxia, más valía una joven castellana que un camello cargado de oro con todo el imperio de Manuel.

Entre los poetas catalanes figura Guillem de Bergadá (1140-1203), señor feudal que emplea las armas y el serventesio contra sus enemigos, incluyendo entre ellos al rey. El auge poético de los dominios catalanes desaparece con la derrota de Muret (1213), aunque otros reyes cultiven o apoyen este tipo de poesía en época posterior. La catástrofe que supuso la cruzada contra los albigenses fue fuertemente sentida por los trovadores, que satirizaron a los conquistadores y a sus auxiliares, los dominicos, en numerosos poemas.

Los poetas goliardos son otra de las múltiples manifestaciones de los cambios experimentados entre los siglos XI-XII. Estos poetas vagabundos son fruto de la movilidad social provocada por el auge demográfico y por el desarrollo del comercio y de las ciudades. No se encuadran en ninguno de los grupos sociales existentes, carecen de recursos y viven en las escuelas urbanas como domésticos de los estudiantes acomodados, de la mendicidad y, en muchos casos, como juglares y bufones.

Sin domicilio fijo, se desplazan continuamente siguiendo a los maestros célebres. Sus poemas atacan a la sociedad, a todos los grupos establecidos; cantan el juego, el vino y el amor, lo que les atrajo las iras de numerosas personas. Blanco especial de sus poemas fue la jerarquía eclesiástica, a la que se caricaturiza o refleja en poemas como la parodia del evangelio de san Marcos que se inicia como el «comienzo del Santo Evangelio según el marco de plata».

Combaten al noble oponiendo el combate dialéctico a la lucha física; de esta oposición surgirá un género literario muy extendido y mencionado anteriormente: los diálogos o debates entre el clérigo (estudiante) y el caballero, que se disputan el amor de una dama.

En el monasterio de Ripoll, uno de los centros culturales más importantes de Europa en los siglos XI-XII, se han conservado algunas composiciones amatorias de fines del siglo XII, escritas por un monje anónimo.

Literatura en catalán

Las poesías de los trovadores están escritas en provenzal y las de los goliardos en latín. Para hallar obras escritas en catalán es preciso llegar a las figuras de Ramón Llull y de Arnau de Vilanova. La literatura anterior se reduce a algunos poemas religiosos como el planto que lleva por título Aujats senyors qui credets Déu lo Paire o el comentario poético a la epístola de san Esteban, en el que cada fragmento latino va acompañado de la correspondiente explicación en catalán. En prosa se conservan algunas vidas de santos, traducciones del Líber iudiciorum visigodo, de algunas crónicas escritas en latín en Castilla y de la crónica catalana Gesta comitum Barcinonensium et regum Aragonum.

Ramón Llull, nacido entre 1232 y 1234 en la Ciudad (Palma) de Mallorca, abandonó la vida cortesana en 1265 y, tras unos años dedicados a la peregrinación y a la vida contemplativa, se inició en el estudio del latín y del árabe y consiguió que Jaime I de Mallorca creara en 1275 un centro en el que los franciscanos (con los que Llull se identificó plenamente) aprendieran el árabe antes de iniciar sus predicaciones en tierra musulmana. Tras realizar numerosos viajes a tierras de infieles y a Roma intentando convertir a los musulmanes y coordinar la acción misionera del pontificado, murió hacia 1316.

Las obras de todo tipo, conservadas, alcanzan la fabulosa cifra de 273, escritas en catalán árabe, latín o provenzal. La base de toda su obra escrita se halla en la «revelación» tenida durante su época de vida contemplativa. Llull creía firmemente que Dios le había inspirado el arte, la forma de convertir a los infieles a la verdadera fe, y dedicó toda su vida a exponer estos conocimientos de las formas más diversas buscando siempre hacerlos inteligibles.

Con esta idea escribió al Art abreujat d'atrobar veritat, conocida generalmente como Ars magna primitiva, en la que procuró reducir todas sus ideas a un breve número de principios aptos para responder a todas las preguntas posibles. Para facilitar la comprensión del texto utilizó numerosos recursos de tipo nemotécnico que hallarán su máxima expresión en la Taula general o Tabula generalis ad ommes scientias applicabilis. Una nueva exposición del arte liluano se halla en el Arbre de sciéncia, escrito en 1296, que es una verdadera enciclopedia en la que se jerarquizan todos los aspectos del saber bajo la alegoría de árboles, tronco, ramas, hojas...

Junto a estas obras de carácter— enciclopédico Llull escribió numerosos tratados científicos, de medicina, física, geometría, astronomía y astrología, generalmente traducidos del árabe y cuyo principal interés radica en la utilización por primera vez de un léxico científico en catalán. En el Libre del gentil e tres savis expone los razonamientos de un judío, un musulmán y un cristiano para convencer a un pagano de la veracidad de sus religiones respectivas. El Livre del ordre de cavayleria es igualmente un tratado didáctico destinado a la formación del caballero cristiano y de gran interés desde el punto de vista histórico para el conocimiento de este grupo social.

Entre las obras de Llull destacan por su importancia el Libre de contemplado en Déu, verdadera enciclopedia de los conocimientos de la época, en la que son tratados todos los temas para desde ellos elevarse hasta la contemplación divina. Junto a numerosas notas autobiográficas figuran descripciones de la sociedad, de los juglares y de su actuación... Riquer considera este libro como «el mejor que se haya escrito nunca en nuestra lengua» (en catalán). Esta idea parece haber sido compartida por el autor quien, tras atribuir todos los méritos a Dios, afirma que el libro «es bueno y provechoso para alegrar, consolar, dar consejo... para ver, oír, oler, gustar, sentir... Tantas cosas son aquellas por las que este libro es bueno que no tenemos tiempo ni lugar para contar todas las bondades y grandezas por las que este libro es bueno».

En Blanquerna Llull expone sus enseñanzas y experiencias en forma novelada y describe la vida humana en todos los estados posibles: matrimonio o estado civil y estado eclesiástico en el que distingue entre monjes, obispos, Papa y ermitaños. Los padres de Blanquerna representan el primer estado y el propio Blanquerna pasa por los restantes a lo largo de su vida para concluir que el estado perfecto es el de ermitaño, el de solitario. También el Libre de Meravélles adopta la forma novelesca al seguir las andanzas del protagonista Félix, a quien su padre pide que vaya por el mundo y averigüe por qué los hombres dejan de conocer y de amar a Dios. En esta obra se incluye el Libre de les Bésties que parece haber sido redactado independientemente y que puede ser considerado como una fábula a la inversa en la que los animales, lejos de servir de modelo al hombre, imitan su actuación.

El Libre d'Amich e d'Amat, incluido en Blanquerna, es una colección de 366 versículos cada uno de los cuales serviría para meditar en Dios durante un día del año. Obra, destinada a los ermitaños, está considerada como la más poética de Llull. Sus fuentes son el Cantar de los Cantares y obras de mística árabes, hoy desconocidas.

Entre las composiciones en verso de Llull —menos líricas que el Libre d'Amic— figura una traducción de la Lógica de Algacel. Los cent noms de Déu, la Medicina de pecat, el Plant de Nostra Donna Santa María y el poema Desconhort, en el que refleja su desánimo ante el fracaso de sus magnos proyectos relativos a la conversión de los musulmanes.

Contemporáneo de Llull fue el médico y filósofo Arnau de Vilanova (hacia 1238-1311), conocido por su vinculación a los franciscanos espirituales, es decir, a los que prefirieron seguir las enseñanzas de Francisco de Asís antes que adaptarse a las exigencias e intereses de Roma. Entre sus obras en catalán figuran la Confessió de Barcelona, la Lliçó de Narbona, el Raonament d'Avinyó y la Informacio espiritual al reí Frederic, en todas las cuales defiende sus ideas religiosas.

Condenadas sus ideas por los teólogos de la universidad de París y por el pontificado, Arnau las expuso públicamente ante el monarca y exigió que se levantara acta de su declaración para que no se le atribuyeran cosas no dichas por él. A esta declaración siguió una confesión detallada dé sus ideas sobre la próxima venida del Anticristo y de sus falsos profetas, a los que identificaba con los dominicos, enemigos tradicionales de los heréticos y más concretamente de los espirituales y milenaristas. En la Lligó, dirigida a una comunidad convencida de la autenticidad de los ideales de Arnau, expone el ideal evangélico de la pobreza y ataca a los religiosos que no viven de acuerdo con los preceptos evangélicos. Protegido por su carácter de embajador de Jaime II, defendió sus ideas ante la Corte pontificia reunida en Aviñón.

Literatura en latín e historiografía

La difusión y el ascenso social de las lenguas romances no puede hacer olvidar que el latín no perdió su carácter de lengua cultural y siguió en uso (seguiría durante toda la Edad Media y gran parte de la Moderna), según hemos visto al hablar de los traductores. En latín se conservan algunos himnos y poemas religiosos, una guía de peregrinos a Santiago (Líber sancti Iacobi), una parodia (la Garcineida), escrita en el siglo XII, en la que un canónigo de Toledo satiriza y parodia a la jerarquía eclesiástica y a la curia romana responsable de la supresión del rito mozárabe y numerosas obras de tipo histórico.

El primer continuador importante de las crónicas de fines del siglo ix fue Sampiro, notario real y obispo de Astorga (1035-1041), que continuó la crónica de Alfonso III hasta el año 982. De carácter polémico es la Crónica Silense, escrita hacia 1115 y en la que se observan influencias árabes, por lo que se ha atribuido a un mozárabe toledano avecindado en León. Para explicar el reinado de Alfonso VI comienza estudiando los antecedentes históricos —se remonta hasta Vitiza— y termina con la muerte de Fernando I (1065) sin cumplir su objetivo, lo que no impidió al autor mostrar su francofobia.

Pelayo, obispo de Oviedo, escribió su crónica por estos mismos años, pero ésta tiene un valor reducido incluso para el período que estudia en forma original (982-1109) porque, interesado sólo en ensalzar su diócesis, dio cabida a toda clase de patrañas cuando no inventó hechos y documentos. Es seco y esquemático en los temas políticos y militares y se detiene más en las habladurías populares y en los asuntos relativos a Oviedo.

A mediados del siglo XII se escribió la Crónica najerense, en la que ya tienen cabida temas.de la épica popular castellana relativos a Fernán González, al infante García, a los hijos del rey Sancho de Navarra y a Sancho II de Castilla. Termina, al igual que la anterior, con la muerte de Alfonso VI y se inicia con la creación.

La Crónica de Alfonso VII, terminada hacia 1147, está redactada por un testigo presencial y es un panegírico del emperador. Es más expresiva e interesante que las anteriores y da numerosas noticias sobre los usos y costumbres de la época. En el primer libro se narran los sucesos interiores del reino y las luchas del emperador con los reyes cristianos en el segundo, las guerras contra los musulmanes. Termina con una enumeración en verso de los capitanes que se reunieron para el asedio de Almería.

A estas crónicas de los siglos XI-XII habría que añadir la Historia compostelana y la Primera crónica anónima de Sahagún. La primera fue compuesta por orden de Diego Gelmírez y sus autores fueron los canónigos compostelanos Munio Alfonso y Hugo. Es ante todo una historia personal de Gelmírez y de su época aunque a veces se extienda a temas que intere san a toda Galicia. Tanto esta crónica como la de Sahagún son imprescindibles para el conocimiento de las rebeliones burguesas del siglo XII. La historia eclesiástica de Galicia cuenta además con el Cronicón iriense, que completa a la Compostelana.

Durante el siglo XIII la historiografía de los reinos peninsulares adquiere una importancia extraordinaria, directamente relacionada con la formación de los Estados. La historia acentúa su carácter oficial y es narrada o por personajes reales o por gentes de su círculo. Se intenta fundir en un todo los conocimientos históricos, se da entrada a temas de la poesía popular, se utilizan fuentes árabes y, por último, las obras más destacadas se escriben ya en romance.

Tras la Crónica de Alfonso VII, la historiografía castellana no produce ninguna obra de interés hasta la redacción de la Crónica latina de los reyes de Castilla (1236), que estudia el período comprendido entre la muerte de Fernán González y la conquista de Córdoba y dedica especial atención a los reinados de Alfonso VIII, Enrique I y Fernando III.

En 1236 terminó su Chronicon Mundi el obispo Lucas de Tuy, que redactó su obra por encargo de Berenguela, madre de Fernando III, interesada en reunir en una sola obra los datos contenidos en las crónicas escritas con posterioridad a las de San Isidoro. El cronicón es una exaltación de Castilla y León y de su actividad histórica dentro del conjunto formado por Hispania. La ausencia total de crítica perjudica gravemente a la obra, en la que se incluyen toda clase de leyendas y narraciones inverosímiles, pero le cabe el mérito de haber recogido temas poéticos como el de Bernardo del Carpió, la mora Zaida...

Contemporánea de las crónicas mencionadas es la redactada, a petición de Fernando III, por el arzobispo toledano Rodrigo Jiménez de Rada bajo el título de Rerum in Hispania gestarum chronicon. Tanto esta crónica como la del Tudense tienen un gran interés por cuanto pueden ser consideradas como divulgadoras de la idea unitaria de la Península. En ambas se identifica a los hispanos con los visigodos y, de modo especial, a los asturleoneses-castellanos, alrededor de los cuales se centra la historia de Hispania, aunque Rodrigo no olvide incluir las genealogías de los reyes navarros, aragoneses y portugueses. Su información es mucho más completa que la de los cronistas anteriores; en muchos casos recurre a las fuentes musulmanas y a los documentos coetáneos a los hechos que narra. Escribió también otras historias de los romanos, de los ostrogodos, de los hunos, vándalos, suevos y alanos y de los árabes.

Todas las crónicas mencionadas están escritas en latín y son obra de clérigos más o menos relacionados con la Corte. La primera historia escrita en castellano es la Primera crónica general debida a Alfonso X el Sabio, que si no la escribió personalmente al menos eligió a los colaboradores y depuró el texto literariamente. La redacción de esta crónica está directamente unida a la de las restantes obras del monarca. Durante diez años (1250-1260) los colaboradores reunieron los materiales y tradujeron, pero la redacción no se inició hasta 1269; en ella intervinieron, según Menéndez Pidal, los traductores, los compiladores que compaginan los diversos textos utilizados y elaboran una nueva exposición, y los capituladores que organizan definitivamente la obra.

A pesar de su interés, Alfonso X no pudo finalizar esta gran historia de España que, tal como ha llegado hasta nosotros, fue redactada en gran parte durante el reinado de Sancho IV. A pesar de ello puede aceptarse con Menéndez Pidal que «el borrador de toda la Crónica es obra de Alfonso X» y que su hijo no haría sino dar fin a uno de los proyectos paternos.

Las fuentes de la crónica son los cronistas anteriores y las narraciones épicas que, en gran parte, se han conservado gracias al celo del Rey Sabio. Se inicia con la creación del hombre y llega hasta el reinado de Fernando III.

La Primera Crónica General tuvo una gran difusión y de ella se hicieron numerosas abreviaciones y ampliaciones, entre las que merecen especial atención la Crónica abreviada, compuesta por don Juan Manuel entre 1320 y 1322, y una Abreviación de la primera crónica, hoy desaparecida, de la que derivarían la Crónica de veinte reyes, escrita hacia 1360, la Crónica de los reyes de Castilla y la Tercera crónica general.

En la primera mitad del siglo XIV (entre 1344-1350) Alfonso XI mandó redactar las crónicas de Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV, que son conocidas con el nombre de Las tres crónicas y que han sido utilizadas ampliamente al historiar estos reinados.

En Cataluña se redacta entre los siglos XII-XIII las Gesta veterum comitum Barcinonensium et regum Aragonensium en el monasterio de Ripoll. La obra fue escrita en varias etapas. La primera parte comprende desde la época de Vifredo el Velloso hasta el final del reinado de Jaime I y se cree que fue redactada entre 1162 y 1276 por diversos monjes. La segunda parte llega hasta los primeros años del siglo XIV. En Navarra se redactó el Cronicón Villarense o Líber regum hacia el 1200; está escrita en romance navarro-aragonés mientras que las demás de este período utilizan el latín. Fue traducida al castellano hacia 1220 y posteriormente al portugués.

También a partir del siglo XIII la historiografía catalana adquirió una extraordinaria importancia gracias a las crónicas de Jaime I, de Bernat Desclot y de Ramón Muntaner. Pero a diferencia de lo que ocurrió en Castilla, los cronistas catalanes no demostraron excesivo interés por el pasado y prefirieron historiar su propia época con lo que las crónicas ganaron en viveza, interés y veracidad.

La crónica de Jaime I o Libre deis feyts fue redactada en los últimos años de este monarca por el propio rey con ayuda de algunos colaboradores. Actualmente se cree que fue escrita en dos momentos distintos: hacia 1244 se escribiría la parte relativa a los años 1208-1240 y la segunda, hasta 1274, en este mismo año. Entre sus cualidades internas se han señalado el espíritu religioso que la informa, la exaltación de la belicosidad, la intimidad de muchos pasajes que descubren la personalidad del rey. El estilo es vivo y espontáneo, más propio de una conversación que de una obra escrita.

La Crónica de Bernat Desclot narra el reinado de Pedro el Grande y debió de ser redactada entre 1283 y 1288, es decir, contemporáneamente a los hechos narrados. Temáticamente esta crónica es muy superior a la de Jaime I. No se limita al reinado del monarca sino que inicia su narración con la unión de catalanes y aragoneses en 1137. Incluye gran número de relatos épicos en la historia anterior a Pedro el Grande, pero al iniciar el reinado de éste se sirve casi exclusivamente de documentos coetáneos, de la experiencia del autor y de la información de testigos presenciales, a pesar de lo cual en la narración predomina el tono épico, quizás el más apropiado para narrar las hazañas del gran caballero que fue en su vida el monarca cataloaragonés.

Muntaner (12651336) tomó parte activa en la política y en los hechos de armas de su tiempo y en su Crónica dejó a la posteridad una descripción extraordinaria de los hechos vividos por él y de modo especial de la actuación de los almogávares en Oriente.

ROMANICO Y GÓTICO, ARTE EUROPEO

El románico

A partir del año mil Europa entra en un período de relativa tranquilidad política y de prosperidad económica que le permiten reconstruir los edificios religiosos y erigir otros nuevos allí donde el aumento demográfico o la creación de nuevos centros de población los hicieron necesarios. En esta labor inicial no hay un plan preconcebido, se trata únicamente de dotar a los fieles de lugares de culto que se construyen de acuerdo con las técnicas locales más o menos impregnadas de orientalismo y germanismo.

Estas diferencias locales se mantendrán en siglos posteriores, pero disminuyen considerablemente debido a los intercambios de todo tipo que se realizan entre las distintas partes de Occidente. Las peregrinaciones, la difusión de las nuevas órdenes monásticas (Cluny y el Císter ante todo), perfectamente organizadas, y la unificación de la Iglesia occidental por los pontífices a fines del siglo XI son factores decisivos en la unificación de! arte europeo, como lo serán en la difusión del feudalismo y de la epopeya.

Las regiones donde se inician estas construcciones son las más desarrolladas económicamente: Lombardía, Borgoña, Normandía, Cataluña y la cuenca del Loire Medio, donde abadías y sedes episcopales disponen de los recursos necesarios para llevar a cabo esta labor arquitectónica. Que este arte se desarrolle en el siglo XI se debe a razones de tipo político (pacificación europea) y al hecho importante de que sólo en estos momentos han podido los monasterios y los obispados concentrar sus propiedades y organizar la producción de un modo coherente.

El predominio, casi exclusivismo, del arte religioso se explica porque sólo los eclesiásticos tienen residencia fija. Los nobles y reyes, cuyas riquezas hubieran permitido la creación de un arte civil, carecían de residencia, llevaban una vida itinerante debido a la deficiente organización de sus propiedades que los obligaba a consumir en el lugar donde los bienes se producían. Su papel se redujo a contribuir a la construcción de iglesias y monasterios.

La primera unificación del arte románico (en el siglo XI) es obra de los constructores lombardos cuya influencia se observa en Cataluña, Rosellón, Lenguadoc, Provenza, Borgoña y en la zona del Rin. Las iglesias de tipo lombardo suelen tener una planta sencilla (una nave central y dos laterales) y cubierta de madera.

A medida que mejoraron las condiciones económicas se desechó el modelo lombardo que utilizaba en los muros material económico y de reducida consistencia y se intentó sustituir la cubierta de madera (expuesta a los incendios) por una cubierta de piedra, mucho más pesada, lo que obligó a modificar la estructura de todo el edificio. La sustitución de la cubierta de madera por bóvedas de piedra con las modificaciones que comporta, será el mayor logro del segundo arte románico que se extiende desde mediados del siglo XI a fines del XII. La sustitución no se logra de una vez sino a lo largo de numerosas tentativas, no siempre conseguidas.

Este resurgir arquitectónico será asimilado por la orden de Cluny, que cuenta a fines del siglo XI con más de dos mil monasterios extendidos por toda Europa. En la casa central hay una comunidad de trescientos monjes y la orden pretende construir para ellos la iglesia más grandiosa de Occidente, como reflejo de la importancia de los cluniacenses. Esta iglesia, iniciada en 1108 —fue destruida en su mayor parte a comienzos del siglo XIV—, recogió todos los avances técnicos y se convirtió en el modelo digno de imitación.

Al mismo tiempo que se modifica la estructura se adoptan nuevas disposiciones interiores en las grandes iglesias que son, simultáneamente, centros de peregrinación. El templo románico es de planta de cruz latina con una o varias naves terminadas en ábsides semicirculares y con una nave transversal que recibe el nombre de crucero. Para facilitar el acercamiento de los peregrinos a las reliquias conservadas en el ábside central se ensancha la cabecera prolongando las naves laterales por detrás de la capilla o ábside central para formar la giróla o deambulatorio, en el que se encuentran una serie de altares secundarios con las reliquias o imágenes de veneración local. Los edificios románicos se adornan con capiteles historiados que aparecen en los pilares compuestos y con la escultura de los pórticos.

Arquitectura románica en la Península

Los primeros ejemplos de arquitectura románica en la Península se encuentran en Cataluña: iglesia de Sant Pere de Roda, consagrada en 1022, en la que se desarrolla ampliamente la escultura monumental, y numerosas iglesias de estilo lombardo en las que la escultura tiene un papel limitado y en cambio se desarrolla extraordinariamente la pintura realizada por artistas italianos. A este estilo pertenecen las iglesias de Santa Marta de Roses, la del monasterio de Ripoll, el templo-cripta de Sant Miquel de Cuixá y la cripta de la colegiata de San Vicente de Cardona, todas construidas entre 1022-1042.

En Aragón las primeras construcciones románicas son las pequeñas iglesias pirenaicas de San Pedro de Larrea y San Juan de Busa, la monumental de San Salvador de Leyre (1057) y, sobre todas, la catedral de Jaca, construida hacia 1063. La conquista de Huesca convirtió a esta ciudad en el centro religioso del reino aragonés; en ella se construirá una nueva catedral románica y surgirá una escuela escultórica, cuyas obras pueden admirarse en San Pedro el Viejo de Huesca y en San Juan de la Peña. En Navarra se hallan las iglesias de Tudela y de Estella, y las iglesias poligonales de Eunate y Torres de Sansol.

En el siglo XI y facilitado, sin duda, por el oro de las taifas se construyó el pórtico y la iglesia de San Isidoro de León (1054-1067). Escasamente posterior sería la iglesia edificada por los cluniacenses en Sahagún, hoy desaparecida. La obra maestra del románico castellano del siglo XI es la iglesia de San Martin de Frómista, de tres naves y cúpula sobre el crucero. Siguiendo el Camino se hallan numerosas iglesias románicas que culminan en la catedral de Santiago, iniciada hacia 1075. Tiene tres naves y otras tres de crucero. Las centrales se cubren con bóveda de medio cañón, las laterales con bóveda de arista. Dispone de un amplio ambulatorio para los peregrinos y destaca en ella la magnífica decoración escultórica de la Puerta de las Platerías.

En el siglo XII la arquitectura románica sobrepasa el ámbito de los monasterios y de las rutas de peregrinación y prácticamente cada pueblo, cada concejo hace construir su iglesia románica con mayor o menor fortuna. Las existentes se amplían o perfeccionan mientras en los monasterios aparecen los claustros con capiteles profusamente decorados, como los de Gerona, San Cugat del Valles, San Pedro de Galligans, Santa María de l'Estany... en Cataluña.

Románicas son las iglesias castellanas de los monasterios de Arlanza y Silos. Catedrales románicas serán construidas en Zamora, Salamanca y Toro (colegiata), en las que el crucero es cubierto por medio de un cimborrio sobre pechinas con tambor calado por un cuerpo de ventanas y bóveda semiesférica de claro origen bizantino. El tambor se completa con cuatro torres cilíndricas que contrarrestan el empuje de la gran bóveda, conocida con el nombre de Torre del Gallo.

Segovia (iglesia de San Millán), Soria (Santo Domingo, San Juan de Rabanera, monasterio de San Juan de Duero —con claustro de influencia mudéjar-) Ávila (iglesia de San Vicente con abundante escultura y murallas del siglo XII) con otros tantos focos de iglesias románicas que proliferan también en la región gallega (catedrales de Orense y Lugo y numerosas iglesias rurales). Al obispo compostelano Gelmírez se debe la construcción de un palacio adosado a la catedral que se perfecciona con la realización del Pórtico de la Gloria, construido por el maestro Mateo hacia 1188.

En Portugal se construyeron de acuerdo con las normas del románico las catedrales de Braga, Porto, Lamego, Guarda, Viseo (la cúpula es gótica) y gran número de iglesias y monasterios como los de Alcobaça (iniciado en 1172 en estilo románico y terminado en 1252 con una bóveda gótica), la iglesia de Santa Cruz de Coimbra, la de San Vicente en Lisboa, y la iglesia redonda construida por los templarios en Tomar.

La escultura románica en la Península tiene su centro más importante en León donde se conservan obras en marfil (crucifijo de Fernando I, relicario de San Juan Bautista, arqueta de las bienaventuranzas...). La escultura monumental está representada por los relieves del panteón de San Isidoro. En Galicia la ya citada Puerta de las Platerías se relaciona con la escultura leonesa y ambas con las iglesias de Toulouse. El claustro del monasterio de Silos es considerado como uno de los más bellos por la decoración de sus capiteles con figuras de animales y con decoración vegetal que recuerda el arte islámico de las arquetas de marfil. De época tardía son la portada de San Vicente de Ávila, los relieves del sepulcro de San Vicente, Sabino y Cristeta y la obra maestra del Pórtico de la Gloria.

En Cataluña la obra escultórica más importante es la portada del monasterio de Ripoll que cubre todo el frente del muro, dividido en seis bandas ocupadas de arriba abajo por el Salvador, los viejos del Apocalipsis, santos y escenas del Antiguo Testamento y series de animales. En Navarra-Aragón tienen especial interés la portada de Santa María la Real de Sangüesa, y los claustros de San Pedro el Viejo y San Juan de la Peña.

La pintura románica cuenta con las obras maestras de Sant Juan de Boí, el Pantocrator de San Clemente de Taüll, la Virgen de Santa María de Tatitl, las de Santa María de Esterri d'Aneu y la de San Pedro de Urget en Cataluña. En Aragón y Castilla tienen interés las pinturas del ábside de San Juan de Uncastillo, de la sala capitular de Sigena (destruida en gran parte), de Santa Cruz de Maderuelo, San Baudelio de Casillas de Berlanga y de San Isidoro de León.

El gótico

Durante mucho tiempo se pensó que el románico (de ahí su nombre) no era sino una prolongación del arte romano y a ello ayudaba el hecho de que los principales monumentos se hallaran en el mundo más directamente influido por Roma. Por contraposición a esta idea se consideraba el gótico como la manifestación del espíritu germánico que, junto con el romano conformaron a Europa. El primero se caracterizaría por el estatismo y el segundo por dar preferencia a los elementos dinámicos, pero estatismo y dinamismo del románico y del gótico pueden ser explicados no como manifestaciones raciales sino como realizaciones de dos sociedades distintas, con diferentes medios y con distinta mentalidad.

Prescindiendo de las diferencias externas entre el románico y el gótico, lo que caracteriza a estos dos estilos es el predominio de la abstracción y del simbolismo en el románico, y del realismo o naturalismo en el gótico. El paso del simbolismo al realismo ha sido expuesto por numerosos historiadores del arte en relación con los cambios efectuados en el campo de la filosofía y, más concretamente, con-el problema llamado de los universales. Europa depende hasta el siglo XII-XIII de las ideas de san Agustín para quien la realidad visible era sólo un intermediario, algo que se interponía entre el hombre y la única realidad verdadera, Dios. De aquí el desprecio por las apariencias materiales en el arte. Las representaciones artísticas no tienen por qué responder a las apariencias observables sino sólo ser símbolo de la realidad que intentan reflejar. Las figuras aparecerán por tanto esquematizadas, simplemente apuntadas; lo que interesa en ellas es la idea, no la forma.

Este concepto filosófico pierde fuerza al difundirse la obra aristotélica cuya representación artística sería el gótico: los universales, las ideas, sólo pueden ser conocidos a través de la observación, por medio de los sentidos y por tanto la realidad observable tiene un valor en sí y debe ser representada lo más fielmente posible aun cuando mantenga su valor simbólico. La escultura y la pintura de época gótica se caracterizan por reflejar la naturaleza y por el realismo de los personajes representados. Frente a la Virgen impasible y al Cristo hierático, el artista gótico se recrea en presentar a la Virgen contemplando amorosamente a su hijo y a Cristo sufriente. El arte se humaniza, se pone en contacto con la realidad. Las escenas del Antiguo o Nuevo Testamento dejan paso a las vidas de santos.

Los orígenes de este nuevo arte suelen señalarse en la Isla de Francia hacia mediados del siglo XII cuando nuevos progresos técnicos permiten sustituir la bóveda de cañón por la de crucería, lo que hace posible elevar la altura de las naves sin que el peso amenace la estabilidad del edificio, que es reforzado por medio de arbotantes entre los que se abren ventanas que aumentan la luminosidad. Vistas superficialmente las iglesias góticas se diferencian de las románicas por la mayor estilización lograda al aumentar la altura y por la extraordinaria luminosidad. Uno y otra son el resultado de los progresos técnicos efectuados en los siglos XII y XIII.

La belleza de estos edificios no está proporcionada sólo por su esbeltez sino también por las vidrieras que adornan las ventanas (la pintura se desplaza a ellas desde las paredes) y por las esculturas de la fachada en las que las figuras adquieren un realismo extraordinario, hasta el punto de que se ha podido hablar de auténticos retratos. La solución técnica adoptada para conseguir mayor altura impide que se construya sobre superficies curvas y obliga a convertir las capillas y girólas semicirculares del románico en poligonales.

El gótico en la Península

El arte gótico es introducido en la Península por los monjes cistercienses llegados en el siglo XII. En sus monasterios de Moreruela (Zamora), Las Huelgas (Burgos), Poblet y Santes Creus (Tarragona) y Alcobaça (Portugal) se hallan los primeros ejemplares de arquitectura gótica, que halló una favorable acogida entre los reyes (los de Castilla eligieron su panteón en las Huelgas, los de Aragón en Poblet y los portugueses en Alcobaca). El apoyo real a la nueva arquitectura y las ventajas que ésta ofrecía hicieron que edificios iniciados según los modelos románicos (catedrales de Lérida, Tarragona y Zamora y en parte la de Avila) fueran terminados según las pautas góticas.

Aunque las catedrales y edificios civiles de estilo gótico son muy numerosos merecen especial atención las catedrales de Burgos, Toledo y León, a las que sigue, a mucha distancia, la de Cuenca en Castilla durante el siglo XIII. Entre los siglos XIV-XVI se construyeron nuevas catedrales góticas en los reinos occidentales y se erigieron numerosos castillos y monasterios de interés artístico, en algunos de los cuales se ha señalado una fuerte influencia mudéjar, que es igualmente visible en edificios románicos y lo será en los platerescos del siglo XVI. Esta penetración de lo musulmán-se debe a la presencia en los reinos cristianos de gran número de moriscos considerados como auténticos maestros de la construcción y sobre todo de la decoración.

El mudejarismo de estos edificios se observa en la suntuosidad decorativa, en el.uso del ladrillo y de azulejos multicolores... Entre los edificios gótico-mudéjares destaca la Seo de Zaragoza, con la capilla sepulcral de Lope Fernández de Luna, las iglesias aragonesas construidas enteramente en ladrillo o sólo las torres, como en las iglesias del Salvador y de San Martín de Teruel, San Pablo de Zaragoza, Santa María de Calatayud....

La catedral de León, iniciada a comienzos del siglo XIII, ha sido considerada como una de las obras maestras de la arquitectura gótica, comparable a las grandes catedrales francesas de la época. Se hallaba construida en su mayor parte hacia 1280, pero las obras continuaron durante los siglos XIV y XV dirigidas por diversos maestros que, sin embargo, respetaron el plan y estilo original. Los muros fueron sustituidos casi completamente por vidrieras de gran belleza.

Contemporánea de la leonesa es la catedral de Burgos, iniciada en 1221 por iniciativa del obispo Mauricio y modificada durante su construcción, que fue terminada en el siglo XV por el maestro Hans de Colonia al que se deben las dos torres en forma de pirámides caladas que caracterizan a esta iglesia. Las puertas de ambas catedrales (León y Burgos) aparecen decoradas escultóricamente y en su interior pueden apreciarse magníficos sepulcros, como el del obispo Rodrigo (León) o el de los obispos Gonzalo y Domingo (Burgos). La tercera gran catedral del siglo XIII es la de Toledo, realizada por iniciativa del arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada a quien se atribuye el comienzo de las obras en 1226.

Durante el siglo XIV los edificios de mayor interés se construyen en la Corona de Aragón imitando, en general, al gótico francés. Una característica de las catedrales, observable a primera vista, es que los contrafuertes apenas sobresalen por el exterior mientras que penetran profundamente en el interior creando espacios que son utilizados como capillas. A este tipo de iglesia, con escasa luz y elevación reducida, pertenece la catedral de Barcelona, iniciada a fines del siglo XIII y no terminada hasta comienzos del XX. De mayor interés es la iglesia de Santa María del Mar, construida en pleno barrio mercantil, suponemos que gracias a la colaboración económica de los mercaderes de Barcelona, que también ayudarían a la construcción de Santa María del Pi.

La catedral de Gerona, comenzada en 1312 como un edificio de tres naves fue continuada en el siglo XV con una sola nave cuya anchura es igual a las tres anteriores, lo que hace de esta iglesia un monumento único. Características igualmente especiales distinguen a la catedral de Palma de Mallorca, construida entre los siglos XIII y XVI. La singularidad de su aspecto exterior se debe a que las naves laterales son excesivamente estrechas por lo que los estribos se hallan muy próximos. La influencia del gótico del sur de Francia se observa también en la catedral de Pamplona, iniciada a fines del siglo XIV.

El gran desarrollo urbano y de las actividades comerciales en la Corona de Aragón se halla en el origen de edificios civiles de gran belleza: las lonjas de Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca y Perpiñán, lugares en los que se centralizan las operaciones comerciales o bancarias, el palacio real de Barcelona, en el que sobresale el Salón del Tinell, el palacio municipal con un interesante patio y una bellísima fachada, el palacio de la Diputación del General de Cataluña, el Hospital de la Santa Cruz, el edificio de las atarazanas de Barcelona, la puerta de Serranos en Valencia y el palacio-castillo de Bellver en Palma de Mallorca.

Las universidades

A pesar de las favorables condiciones que ofrecía la Península para el desarrollo cultural, las universidades hispánicas nacieron tardíamente quizá a causa de la poca importancia de las ciudades, si exceptuamos Barcelona, o posiblemente debido a la situación de los reinos peninsulares en los que la guerra contra los musulmanes absorbió la mayor parte de las energías y obligaba a gastar en las empresas bélicas los ingresos que más tarde servirían para sostener las universidades: la tercia de fábrica de las iglesias.

Indudablemente, podemos considerar como precedentes de las universidades a los estudios existentes en Toledo prácticamente desde fines del siglo XI, o en Santiago de Compostela y Palencia en el XII. Pero las universidades como tales no surgieron hasta los primeros años del siglo XIII. La de Palencia fue creada en 1212 por Alfonso VIII de Castilla, la de Salamanca en 1218-1219 por Alfonso IX de León, la de Valladolid a mediados del siglo XIII, la de Sevilla en 1254, la de Lisboa-Coimbra en 1290, la de Lérida en 1300. A ellas habría que añadir las de Perpiñán (1350) y Huesca (1354), creadas por Pedro el Ceremonioso de Aragón.

Aunque en todos los casos se trata de creaciones de la monarquía (lo que explica la dedicación preferente a los estudios jurídicos), las universidades no surgen de la nada sino que recogen y continúan movimientos iniciados en las escuelas catedralicias. Así, es sabido que a fines del siglo XII existía en Palencia una importante escuela en la que se explicaba gramática, retórica, lógica, física, psicología, metafísica y teología. Esta escuela sería reconocida oficialmente por Alfonso VIII hacia 1212 y perfeccionada al llamar a sabios europeos y dotar suficientemente las cátedras. La muerte de Alfonso VIII dos años más tarde y la guerra civil que siguió a su muerte privaron a Palencia de los recursos necesarios y, aunque la universidad fue restaurada en 1220, fue perdiendo importancia hasta quedar de nuevo reducida a estudio particular.

En el reino de León, Santiago de Compostela fue el centro cultural más importante durante el siglo XII. La Historia compostelana alude frecuentemente a clérigos compostelanos enviados a Bolonia para perfeccionar estudios y transmitir más tarde sus conocimientos en Santiago. Pero en el XIII, al avanzar las fronteras, Santiago perdió importancia y los reyes prefirieron favorecer a la escuela salmantina, mejor situada geográficamente para atraer a los estudiantes del reino y para competir con la recién creada universidad palentina, en plena decadencia durante estos años.

De todas las universidades hispánicas la mejor conocida es la de Salamanca, que siguió el modelo bolones y a la que podemos considerar perfectamente estructurada en 1254, fecha en la que Alfonso X el Sabio, previa consulta con obispos, arcedianos y clérigos, aprobó las que podríamos llamar primeras constituciones de la universidad. En ella habría —pagados por el rey— un maestro en leyes, otro en decretos, dos en decretales, dos de lógica, dos de gramática, dos de física, un bibliotecario y un maestro de música.

En los salarios existe una clara diferencia a favor del maestro en leyes, que percibe 500 maravedís al año, mientras que el maestro en decretos sólo cobra 300 maravedíes y cantidades inferiores los demás. Esta inclinación hacia los estudios jurídicos coincide con los intereses de los monarcas, empeñados durante el siglo XIII en uniformar jurídicamente el reino y en difundir o generalizar las prácticas basadas en el derecho romano, del que es reflejo el código de Las Partidas redactado por Alfonso X hacia 1260.

El derecho

Las universidades son uno de los símbolos de la unidad de Europa, o mejor dicho, de la unidad del mundo cristiano occidental. A través de ellas se llegará a una relativa unificación jurídica. Pero el derecho no es una mera creación cultural sino un reflejo de la sociedad, de las tensiones y diferencias sociales, por lo que no podrá ser modificado mientras éstas no cambien. Los objetivos de los monarcas en el campo jurídico son de dos clases. Por una parte, aspiran a sustituir el derecho local por el nacional, es decir, a reforzar la unidad del reino mediante la uniformidad jurídica de los dominios. Por otro lado, pretenden sustituir el viejo derecho (que refleja el predominio de unos grupos sociales) por el derecho romano, que ofrece a los reyes poderes mucho más amplios.

El primer objetivo interesa a todos los grupos sociales desde el momento en que se amplían los contactos entre las diversas regiones. Aunque las normas locales no desaparecen, comienzan, ya desde el siglo XI, a estar limitadas por otras de mayor amplitud. Cataluña adquiere cierta uniformidad jurídica por medio de los Usatges de Barcelona, extendidos a Urgel y Tortosa en el siglo XII, al Rosellón, Cerdaña y Ampurias en el XIII y a Besalú en el XIV. En León el Liber iudiciorum desplaza paulatinamente a los fueros locales. Igual ocurre en Toledo, desde donde pasará a las poblaciones más importantes de Andalucía y Murcia. El derecho castellano aparece unificado en el siglo XIII, aunque no de forma sistemática, en las colecciones de Fazañas de Castilla (sentencias dictadas por los jueces en casos concretos a las que se da valor general) o en el Fuero viejo. En el siglo XIII se hallarán igualmente fijados el Fuero general de Navarra y los Fueros de Aragón.

Esta tendencia natural a uniformar el derecho de cada reino será impulsada por los monarcas del siglo XIII que, al mismo tiempo, intentarán imponer sus puntos de vista. Estos serán aceptados cuando coincidan con los intereses de los grupos sociales más importantes, o cuando el rey tenga poder suficiente para imponerse, y modificados en caso contrario.

Los monarcas castellanos intentaron crear un cuerpo legal, basado en el derecho romano, válido para todos sus dominios, pero la nobleza no aceptó el código de Las Partidas, redactado en su primera versión hacia 1258-1260, y exigió mediante la revuelta el mantenimiento del derecho tradicional. Sólo en 1348 conseguiría Alfonso XI, en las Cortes de Alcalá, imponer este código. Los fueros locales subsistieron en las cláusulas tradicionalmente usadas (no bastaba que un precepto estuviera contenido en el fuero sino que era preciso demostrar que se había utilizado habitualmente) y siempre que no fueran contra Dios, contra la razón y contra las leyes promulgadas en estas Cortes en las que el rey logró que se le reconociera el derecho de mejorar y enmendar los fueros y de dictar nuevas leyes para salvar las contradicciones y para resolver casos imprevistos.

Aunque formando parte del reino castellano-leonés el derecho del actual País Vasco presenta algunas características especiales que responden a la diferente situación económica y social de sus habitantes en el siglo XIII. La tierra de Álava se rige por los llamados fueros breves (que sólo regulan algunos aspectos de la vida jurídica y tienen carácter local) y por la costumbre. Alfonso X concedió a Vitoria el Fuero real, que se extendería a toda la zona en 1332. En 1348 los acuerdos de las Cortes tuvieron validez también para esta región.

La tierra de Ayala, próxima a Vizcaya, se rige por la costumbre. Los habitantes de esta zona (de señorío) ignoran las demandas por escrito y la presencia de escribanos en los juicios y mantienen un sistema jurídico primitivo según el cual las modificaciones en el fuero, en la costumbre, serían introducidas por el señor «ayuntada la tierra e los cinco alcaldes». El fuero escrito de esta comarca data de 1373 y hasta fines del siglo XV no se aplicaron en ella las leyes castellanas.

En Guipúzcoa el sistema predominante es similar al descrito para Álava. Los fueros de San Sebastián en la costa y el de Vitoria en el interior uniforman en cierto modo la región, pero la costumbre predomina hasta la introducción —posterior a 1348— del derecho castellano, que en ningún momento logró imponerse en forma completa. En la esfera del derecho privado la costumbre es ley en muchos casos. En el campo del derecho público se crea una legislación particular en la segunda mitad del siglo XIV al crearse la Hermandad de Guipúzcoa para mantener la paz en su territorio.

Dentro de la actual provincia de Vizcaya hay una gran diversidad jurídica: El territorio está dividido en las comarcas de Vizcaya, Las Encartaciones y El Duranguesado, cada una de las cuales tiene sus propias normas. Por otro lado, las villas tienen fuero distinto al de las zonas rurales y las diferencias en el interior de cada una son numerosas. En líneas generales puede aceptarse que la población rural se rige por la costumbre y las villas por el fuero de Logroño y, en los casos no regulados, por la costumbre de las zonas rurales o tierra llana, que adquiere valor general en 1452 al ser redactado el Fuero viejo de Vizcaya.

Mientras en el ámbito castellano coexisten normas de distinto origen, con predominio del nuevo derecho en Castilla y León y de la costumbre en el País Vasco, el derecho aragonés se halla codificado y unificado en el siglo XIII de acuerdo con las normas tradicionales de la Alta Edad Media, que se mantienen hasta la época moderna sin grandes cambios. El aislamiento aragonés respecto a las nuevas rutas comerciales, la continentalidad del reino, influyen en la perduración de los modos de vida tradicionales y en su derecho, recopilado en 1247 por el obispo de Huesca Vidal de Canellas.

El derecho aragonés puede ser modificado por decisión de las Cortes y en cualquier caso por la costumbre cuando se prueba que ésta difiere del fuero. La institucionalización de la figura del Justicia de Aragón (recuérdese que se exige que sea aragonés y no jurista para evitar la entrada de leyes distintas a las del reino) otorga una gran importancia a sus decisiones judiciales que, reunidas en colecciones de observancias, adquieren carácter legal, especialmente a partir de 1428, año en que los monarcas ordenan se cree una colección oficial de observancias que deberían servir de ejemplo a los futuros justicias y jueces. Los fueros de 1247 y las observancias de 1428 son las fuentes básicas del derecho aragonés. Unos y otros se basan en la costumbre, que mantiene su preeminencia sobre fueros y observancias.

Tampoco en el Principado de Cataluña consiguió el derecho romano desplazar a las antiguas normas jurídicas suficientemente arraigadas y en gran parte recogidas por escrito, pero sí incluyó en ellas y las modificó de modo importante. El derecho visigodo, considerado en la Alta Edad Media como el derecho común de todos los condados catalanes —quizás para indicar o acentuar sus diferencias con el reino franco—, fue perdiendo importancia al desarrollarse y codificarse la costumbre, pero su influencia (muchos de sus principios fueron recogidos en el derecho consuetudinario) es considerable en los Usatges de Barcelona, en las Costums de Lérida, Tarragona, Urgel y Gerona. Sin embargo, las normas visigodas se mantienen sólo en cuanto han adquirido valor de costumbre y ya en 1251 las Cortes de Cataluña incluyen las leyes visigodas, junto con las romanas y canónicas, entre las que no pueden ser alegadas en los pleitos.

La penetración del derecho romano en Cataluña se ve favorecida por la extraordinaria afluencia de escolares catalanes a las universidades de Bolonia y Montpellier y por la difusión de resúmenes y estudios sobre este derecho. Pero la aceptación de algunas leyes no equivale a admitir el espíritu que las informa. Contra los legistas —contra su forma de entender el derecho romano-canónico y contra su forma de aplicarlo— se dirigen principalmente las disposiciones de las Cortes de 1251 anteriormente citadas.

En la tarea de reformar o adecuar el derecho consuetudinario catalán a las nuevas corrientes jurídicas destaca la figura del canónigo y legista barcelonés Pere Albert en cuya obra se recogen las costumbres feudales catalanas vertiendo sobre ellas nuevos conceptos al atribuir al conde de Barcelona algunas de las prerrogativas reservadas por el derecho romano al emperador. A las instituciones feudales superpone un nuevo orden político según el cual se reconoce la preeminencia y superioridad del príncipe sobre un ámbito territorial definido: Cataluña. Con la obra de Pere Albert puede decirse que adquiere reconocimiento «oficial» el Principado de Cataluña. El conde de Barcelona ya no es un señor más en sus dominios sino que su autoridad se extiende a todo el ámbito territorial. La labor de los legistas viene así a reforzar, por un lado, las instituciones feudales al precisarlas y, por otro, fortalece la autoridad del príncipe al reconocer sus derechos en todo el Principado.

La obra de Pere Albert, comparable en muchos puntos a la de Alfonso X, obedeció a una iniciativa privada y sólo adquirió valor legal en 1495. En el siglo XIV Pedro el Ceremonioso intentaría introducir en Cataluña las leyes de las Partidas en lo que se referían a la tenencia de castillos y a los deberes de los castellanos, pero no pudo superar la oposición nobiliaria. El derecho romano sólo sería aceptado en Cataluña a partir de las Cortes de 1409 y siempre con carácter supletorio, es decir, en las cuestiones no reguladas por el derecho local o por el general de Cataluña; por los Usatges y por las normas aprobadas en Cortes.

Ni Usatges ni acuerdos de Cortes forman un sistema legislativo completo del tipo de las Partidas, por lo que las costumbres locales mantuvieron en gran parte su vigencia. García Gallo distingue entre los derechos locales catalanes los que se bastan a sí mismos, los que admiten el derecho general preexistente (unos y otros tienen el derecho romano como supletorio) y los que adoptan como supletorio el derecho general siempre que el local es insuficiente. Esta diversidad fue atenuada en 1409 al establecerse por las Cortes un orden de prelación de las fuentes jurídicas en el siguiente orden: derecho local, general de Cataluña y derecho romano.

El sistema jurídico valenciano presenta dos modalidades: la zona conquistada y repoblada por los aragoneses recibió el fuero de Aragón; en las comarcas ocupadas por Jaime I rigió un nuevo fuero a partir de 1240, año en el que el monarca promulgó los furs de Valencia y los hizo poner por escrito especificando claramente que en la ciudad y en el reino de Valencia no podría regir otra costumbre. Las nuevas leyes valencianas tienen diversos orígenes: el núcleo más importante procede del derecho romano del que se toman algunas leyes pero no el concepto ni el método jurídico; así junto a preceptos copiados literalmente del Código de Justiniano aparecen otros que los contradicen. Otras fuentes de este derecho son las Costumbres de Lérida, los Usatges de Barcelona, el derecho canónico, el aragonés, el Liber iudiciorum...

El fuero de Valencia no aspira a «romanizar» el nuevo territorio sino a diferenciarlo claramente del reino de Aragón y de Cataluña y a darle uniformidad jurídica. En él puede observarse una constante preocupación por evitar la injerencia de los romanistas: los preceptos han de ser aplicados al pie de la letra sin ninguna interpretación para evitar «los enredos que ponen los juristas en los pleitos», afirmación válida todavía en 1358 y que no hace sino continuar las órdenes de 1270 y 1283 por las que se prohibía alegar el derecho romano en los pleitos.

Es interesante señalar que en las cuatro fechas citadas (1240, 1270, 1283 y 1358) el monarca se halla necesitado del apoyo valenciano, por lo que la oposición al derecho romano no creemos que provenga del rey sino de las Cortes, de la nobleza, que logró igualmente en 1261 que Jaime I renunciara a dictar nuevas leyes sin el consentimiento de las Cortes. Las leyes serían el resultado de un pacto, de un acuerdo entre el monarca y los grupos representados en Cortes. Sólo actuando conjuntamente podían legislar; igual ocurre en Aragón y en Cataluña.

En Mallorca, al igual que en Valencia, no existe una costumbre anterior que respetar y el monarca tiene gran libertad para establecer el sistema jurídico. La primera disposición legal fue la Carta de franqueza o de población concedida en 1230 por Jaime I siguiendo los modelos de Lérida-Tortosa convenientemente ampliados y adaptados a las circunstancias de la isla. El predominio catalán en la conquista y repoblación del reino se observa en la remisión a los Usatges en las materias penales.

Junto al monarca, legislan para la isla las autoridades delegadas y los órganos de gobierno de la isla como los Jurados de la Ciudad de Palma y el Gran i General Consell, que agrupaba a representantes de la Ciudad y de las villas. En 1344 el gobernador Arnau d'Erill recogió y ordenó algunas de estas normas en la colección Stili sive ritus curiarum. Pedro el Ceremonioso, al reincorporar a sus dominios el reino mallorquín, pretendió unificar jurídicamente Mallorca y Cataluña mediante la extensión a la primera del derecho general catalán, pero la tentativa fracasó.

En el reino de Navarra la situación jurídica es similar a la descrita al hablar de Aragón. El derecho local subsiste y, sin perjuicio de estas normas, se crea en el siglo XIII un derecho común a todo el reino y en gran parte similar al vigente en Aragón. Si la codificación del derecho aragonés debe ser relacionada con el deseo de los aragoneses de marcar claramente sus diferencias con los catalanes y de conseguir que el rey se limite a respetar la costumbre y no introduzca prácticas de origen catalán o romano, en Navarra la codificación parece haberse iniciado a mediados del siglo XIII coincidiendo con la entronización de la dinastía de Champaña y estaba totalmente terminada a fines del siglo cuando el reino navarro se incorpora a la monarquía francesa.

El deseo de diferenciarse claramente de los franceses y de imponer a los monarcas extranjeros el respeto a las costumbres navarras aparece insinuado en el prólogo del Fuero general de Navarra al que ya hemos aludido en otro lugar.

En Portugal los fueros locales mantuvieron su vigencia, pero desde mediados del siglo XIII los reyes dictaron normas con validez para todo el reino y procuraron adaptar en sus tierras las normas castellanas basadas en el derecho romano, como el Fuero real o las Partidas. La primera recopilación fue hecha en el siglo XIV en el Livro das leis e posturas.

BIBLIOGRAFÍA

Abadal i de Vinyals, Ramón d': «Las Partidas» a Catalunya durant l'Edat Mitjana. — En «Dels visigots als catalans» II (Barcelona 1970), págs. 335-379.

Abadal i de Vinyals, Ramón d'; y Rubio Balaguer, Jordi: Notes sobre la formado de les compilacions de «Constitucions i áltres Drets de Catalunya» i de «Capítols de Corts referents al General». — En «Deis visigots als catalans» II (Barcelona 1970), págs. 381-403.

Arias y Arias, Ricardo: La poesía de los goliardos. — Editorial Gredos. — Madrid 1970. — 315 págs.

Asensio, Eugenio: Poética y realidad en el cancionero peninsular de la Edad Media. — Editorial Gredos. — Madrid 1970. — 37 págs.

Asín, M.: Abenhazam de Córdoba y su Historia crítica de las ideas religiosas. — Madrid 1927-1929.

Asín, M.: La escatología musulmana de la Divina Comedia. — Madrid 1943.

Beltran de Heredia, V.: Cartulario de la Universidad de Salamanca. — Universidad de Salamanca. — Salamanca 1970. — 702 págs.

Caetano, M.: Licóes de historia do direito portugués. — Coimbra 1962.

Catalán Menéndez-Pidal, Diego: De Alfonso X al conde de Barcelos. Cuatro estudios sobre el nacimiento de la historiografía romance en Castilla y Portugal.— Editorial Gredos. — Madrid 1962. — 454 págs.

Cruz Hernández, Miguel: La filosofía árabe. — Publicaciones de la Revista de Occidente. — Madrid 1963. — 422 págs.

Cruz Hernández, Miguel: Filosofía hispano-musulmana. — Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. — Madrid 1957. — 2 vols., 422 y 388 págs.

Deyermond, A. D.: La Edad Media. — Tomo I de la Historia de la literatura española dirigida por R. O. Jones. — Editorial Ariel. — Esplugues de Llobregat

Font Rius, José María: El desarrollo general del derecho en los territorios de la Corona de Aragón (siglos XII-XIV). — En «VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Ponencias» (Barcelona 1962), págs. 289-326.

Fori Antiqui Valentiae. — Edición crítica de Manuel Dualde Serrano. — C.S.I.C. — Madrid-Valencia 1950-1957. — XXIV + 301 págs.

Furs de Valencia. — Edición G. Colom y A. García. — Editorial Barcino (Els Nos-tres Clássics, núm. 101). — Barcelona 1970-1973. — 2 vols., 260 y 260 págs.

García, Honorio: Estudios de derecho foral valenciano. — «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura» (Castellón), artículos publicados entre 1922 y 1955.

García Gallo, Alfonso: Manual de historia del derecho español. — Madrid 1971. — 2 vols. — 998 y 1298 págs.

García Gómez, Emilio: Cinco poetas musulmanes. — Editorial Espasa-Calpe. — Madrid 1957.

García Gómez. Emilio: Poesía arabigoandaluza. Breve síntesis histórica. — Instituto de Estudios Islámicos. — Madrid 1952. — 92 págs.

García Gómez, Emilio: Todo ben Quzmdn. — Editorial Gredos. — Madrid 1972. — 3 vols., XVII + 975 y 536 págs.

García Pelayo, Manuel: Del mito y de la razón en la historia del pensamiento político. — Madrid 1968.

Gómez Moreno, M.: El arte árabe español hasta los almohades. — Tomo III de Ars Hispaniae. — Madrid 1951.

Hauser, Arnold: Historia social de la literatura y el arte. — Ediciones Guadarrama. — Madrid 1968. — 3 vols., 1306 págs.

Huyghe, Rene: El arte y el hombre. — Editorial Planeta. — Barcelona 1972. — 3 vols.

Jiménez, Alberto: Historia de la universidad española. — Alianza Editorial. — Madrid 1971. — 520 págs.

Lacarra, José María: El juramento de los reyes de Navarra (1234-1329). — Real Academia de la Historia. — Madrid 1972. — 127 págs.

Lapa, M. Rodrigues: Liçoes de literatura portuguesa. Época medieval. — Junta de Educacáo Nacional. — Coimbra 1956.

Lapa, M. Rodrigues: Cantigas d'escárnio e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses. — Editorial Galaxia. — Vigo 1970. — 652 + 111 págs.

Le Gentil, P.: La poésie lirique espagnole et portugaise á la fin du Moyen Age. — Rennes 1949-1953.

Le Goff, Jacques: Los intelectuales de la Edad Media. — Editorial Universitaria. — Buenos Aires 1965. — 236 págs.

López Estrada, Francisco: Introducción a la literatura medieval española. — Editorial Gredos. — Madrid 1966. — 342 págs.

Maravall, José Antonio: Estudios de historia del pensamiento español. Edad Media. — Ediciones Cultura Hispánica. — Madrid 1967. — 475 págs.

Menéndez Pidal, Ramón: Orígenes del español. Estado lingüístico de la península ibérica hasta el siglo XI. — Madrid S1964.

Menéndez Pidal, Ramón: Primera Crónica General de España, que mandó componer Alfonso el Sabio y se continuaba bajo Sancho IV en 1289. — Editorial Gredos. — Madrid 1955. — 2 vols., CCVIII + 855 págs.

Menéndez Pidal, Ramón: Poesía árabe y poesía europea. — Editorial Espasa-Calpe. — Madrid '1963.

Menéndez Pidal, Ramón: España, eslabón entre la cristiandad y el Islam. — Editorial Espasa-Calpe (Colección Austral, núm. 1280). — Madrid 1956. — 168 págs.

Millas, José María: Estudios sobre historia de la ciencia española. — C.S.I.C. — Barcelona 1949. — VIII + 499 págs.

Millas, José María: Nuevos estudios sobre historia de la ciencia española. — C.S.I.C. — Barcelona 1960. — 364 págs.

Millas, José María: Literatura hebraicoespañola. — Editorial Labor. — Barcelona 1967. — 224 págs.

Rico, Francisco: Las letras latinas del siglo XII en Galicia, León y Castilla. — «Abaco» (Valencia),II (1969), págs. 9-91.

Rico, Francisco: Alfonso el Sabio y la «General Estoria». — Barcelona 1972.

Riquer, Martí de: Historia de la literatura catalana. De mitjan segle XII a la decadencia. — Editorial Ariel. — Espulgues de Llobregat 1964. — 3 vols.

Rubio y Balaguer, J.: Vida española en la época gótica. Ensayo de interpretación de textos y documentos literarios. — Editorial Alberto Martín. — Barcelona 1943. — 295 págs.

Rubio Balaguer, Jorge: Preliminares (1289-1451). — Tomo I de Documentos para la historia de la Universidad de Barcelona, por Antonio de La Torre y del Cerro. — Universidad de Barcelona. Facultad de Filosofía y Letras. — Barcelona 1971. — 72 + 304 p.

Sánchez Alonso, B.: Historia de la historiografía española. — Madrid 1947.

Sánchez-Albornoz, Claudio: Investigaciones sobre historiografía hispana medieval (siglos VIII al XII). — Universidad de Buenos Aires. Instituto de Historia de España. — Buenos Aires 1967. — 418 págs.

Sánchez-Albornoz, Claudio: El Islam de España y el Occidente. — En «L'Occidente e l'Islam nell'alto medioevo» I (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XII, Spoleto 1965), págs. 149-389.

Sánchez Belda, L.: Chronica Adefonsi imperatoris. — Madrid 1950.

Soldevila, Ferran: Les quatre grans cróniques. Jaume I, Bernat Desclot, Ramón Muntaner i Pere III. — Revisión del texto, prólogo y notas por... — Editorial Selecta. — Barcelona 1971. — 1300 págs.

Taton, Rene: La ciencia antigua y medieval. — Ediciones Destino. — Barcelona 1971. — 761 págs.

Ullmann, W.: Principios de gobierno y política en la Edad Media. — Publicaciones de la Revista de Occidente. — Madrid 1971. — 322 págs.

Vernet, Juan: Literatura árabe. — Editorial Labor. — Barcelona 1966. — 264 págs.

Vernet, Juan: La ciencia en el Islam y Occidente. — En «L'Occidente e 'l'Islam nell'alto medioevo» II (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XII, Spoleto 1965), págs. 149-389.

Wolff, Philippe: Histoire de la pensée europeenne. I: L'éveil intelectuel de l'Europe. — Éditions du Seuil. — París 1971. — 256 págs.

Wolff, Philippe: Origen de las lenguas occidentales, 1000-1500 d. C. — Ediciones Guadarrama. — Madrid 1971. — 256 págs.

IV. DEL MEDITERRÁNEO AL ATLÁNTICO (siglos XIV-XV)

1. CRISIS Y RECONSTRUCCIÓN DE EUROPA

Construida sobre las ruinas del mundo romano, Europa ha ampliado sus fronteras durante los siglos medievales con la incorporación de los pueblos germanos y eslavos y con la evangelización de irlandeses y. británicos, pero su centro de gravedad es todavía el Mediterráneo en cuyas orillas se asienta el pontificado, símbolo y creador de la unidad religioso-cultural europea y sobre el que aspira a ejercer su dominio el Imperio, que se considera a sí mismo heredero de Roma.

Esta situación (predominio del Mediterráneo como símbolo de la unidad en la historia europea) se modifica entre los siglos XIII-XV. El Imperio, reducido a los límites germano-eslavos desde 1250 pierde importancia; el pontificado fracasa en sus intentos de construir una Europa unida bajo su autoridad. Pasa por una serie de crisis internas, de las que no se repondrá jamás y que desembocarán en la división de Europa en dos zonas religiosas cuyas fronteras recuerdan extraordinariamente a las existentes entre el mundo romano y los pueblos germánicos.

La crisis de los poderes universales es también una crisis de la parte oriental de la Europa cristianizada por Roma y una crisis del Mediterráneo. Éste pierde su carácter de mar europeo por antonomasia; los reinos y Estados surgidos en sus orillas pierden importancia económica y política; el centro de Europa se traslada hacia el oeste, hacia el Atlántico, que será el mar europeo de los tiempos modernos. La decadencia dé los poderes universales se traduce y es en parte consecuencia del afianzamiento de las monarquías europeas, que se imponen durante estos siglos a los pequeños principados y alcanzan, salvo raras excepciones, las fronteras que tienen en la actualidad. A la crisis del mundo mediterráneo se contrapone el desarrollo económico y político de los países atlánticos.

La Península, situada en Europa, no permanece ajena a estos cambios. Granada, la Corona de Aragón y el reino de Navarra, mediterráneos los dos primeros y sin salidas al mar el último, entran en una larga etapa de decadencia que llevará a la desaparición del primero y a la absorción de los segundos por Castilla, convertida desde el siglo XIV en potencia atlántica. Portugal busca en el mar la solución a sus problemas económicos; su privilegiada situación geográfica así como la preparación de sus hombres le permiten extenderse por las costas africanas y asiáticas y controlar los dos productos más codiciados de la economía medieval: el oro y las especias, que hasta fines del siglo XV confluían en el Mediterráneo a través de las caravanas del desierto africano y por la ruta asiática.

Castilla intentará conjugar sus intereses mediterráneos —a los que se unen los de la Corona de Aragón, incorporada de hecho aunque no de derecho— con los atlánticos y mantendrá una política activa tanto en Italia como en el Atlántico Norte, lo que no le impedirá disputar a Portugal el control de las nuevas fuentes de riqueza cuya búsqueda llevará a los castellanos a las costas de América.

El afianzamiento de las monarquías, el predominio del Occidente y la expansión europea son el resultado de un largo proceso en cuyo desarrollo Europa tiene que enfrentarse a múltiples dificultades y a problemas de toda índole cuyo estudio es indispensable para el conocimiento de la historia peninsular.

De la subalimentación a las pestes endémicas

El crecimiento europeo se detiene entre fines del siglo XIII y los primeros años del XIV a causa de que al aumento demográfico no corresponde un incremento proporcional de los productos alimenticios. Los progresos técnicos son insuficientes para obtener de las tierras cultivadas los nuevos alimentos que Europa necesita y los campesinos se ven obligados a poner en cultivo tierras marginales de escaso rendimiento y a subdividir los ya reducidos lotes de tierra de los que extraen en muchos casos el mínimo indispensable. Un año deficitario supone para muchos campesinos vivir en estado de subalimentación.

En las ciudades, la escasez de alimentos en las comarcas próximas obliga a comprarlos en zonas alejadas a precios prohibitivos para una gran parte de la población cuyos salarios —debido a la excesiva competencia— apenas bastan para mantenerlos en estado de malnutrición permanente. Bastarán varios años seguidos de malas cosechas en una comarca para que se produzca un descenso brusco de la población.

El clima, las condiciones atmosféricas son determinantes en esta inversión del proceso demográfico, pero por sí sólo no lo explican. Una Europa rica habría podido poner todos sus recursos al servicio de la población y salvar los años de malas cosechas, pero la economía europea se asentaba sobre bases monetarias endebles y se hundió ante las primeras dificultades, agravadas por el estado de guerra generalizada en que se halla Europa desde los primeros años del siglo XIV.

Similar desproporción a la que se observa entre población y recursos alimenticios existe entre economía y moneda. Ésta es insuficiente, por escasez de plata y oro, para atender a las actividades comerciales y Europa recurre en el siglo XIII al crédito. Una parte considerable del «dinero» que circula no se halla respaldada por su equivalente en metal. La aceptación de los instrumentos de crédito depende sólo de la confianza; ésta se mantiene mientras la población hace frente a sus compromisos y se pierde en el momento en que la carestía y el aumento de los precios agrícolas obligan a destinar la moneda existente a la alimentación.

A la crisis alimenticia y monetario-financiera se añade la guerra, que agudiza una y otra. El paso de una situación de paz a otra de guerra se refleja en un fuerte incremento de la fiscalidad, en el acaparamiento para fines militares de una parte considerable de la mano de obra, en el descenso de la producción agrícola (destrucción de las cosechas) y artesanal, y en la disminución de la actividad comercial (la guerra dificulta la circulación de mercancías). Los nuevos gastos (se ha calculado que el paso de una situación de paz a otra de guerra va acompañado de la multiplicación por dos o por tres de las exigencias fiscales) unidos a la disminución de ingresos empobrecen aún más a la población, que no siempre está en condiciones de pagar los impuestos en moneda y se ve obligada a entregar una parte de su ya limitada producción, especialmente en el campo.

Por otra parte, es preciso recordar que los Estados medievales no disponen en esta época de una burocracia que permita recaudar los impuestos con la celeridad que exige la guerra y se ven obligados a recurrir al préstamo con interés, lo que aumenta en un tercio los gastos y, consiguientemente, los impuestos. La no devolución de estos préstamos, y no es posible devolverlos cuando la guerra no es victoriosa y exige nuevos gastos, provoca la ruina de numerosos bancos y la reticencia a conceder nuevos créditos.

El recurso de los Estados a la devaluación monetaria agrava la crisis. El aumento del valor oficial de la moneda permite aumentar artificialmente la cantidad de dinero circulante, produce ingresos considerables al Estado (derechos de acuñación de la nueva moneda) y, sobre todo, hace disminuir sus deudas, contraídas en moneda de buena ley y pagadas con la nueva de inferior calidad. Pero la devaluación arruina a los prestamistas y a quienes viven de las rentas, va seguida casi siempre de un alza considerable de los precios, perturba las relaciones comerciales y, en última instancia, resulta inútil si no va acompañada de otras medidas como la fijación de precios y salarios, los estímulos a la producción..., medidas que se intentan en casi todos los países con resultados no siempre satisfactorios.

La repoblación europea, sin suficientes recursos alimenticios y sin dinero para obtenerlos, sufre los efectos de las hambres y epidemias que se producen desde los primeros años del siglo XIV y que culminarán en la peste negra de 1348-1350, a la que suceden nuevas pestes con intervalos de ocho-diez años hasta comienzos del siglo XV. Bajo los efectos de la peste, de las carestías y de la guerra —que se influyen mutuamente— Europa pierde la tercera parte de sus pobladores.

Repercusiones de la crisis en el mundo rural

Las consecuencias de este brusco descenso de la población y de las catástrofes que le dieron origen son múltiples: el campo es abandonado por muerte de los campesinos o por huida de éstos hacia las ciudades que ofrecen mejores condiciones. Para mantener la producción agrícola y asegurar sus medios de vida los propietarios pueden recurrir al cultivo de la tierra mediante la contratación de asalariados, pueden ofrecer a los campesinos condiciones favorables y pueden igualmente utilizar su fuerza política, su control de las Cortes o Parlamentos, para prohibir a los agricultores abandonar la tierra, para reducir a los campesinos al estado de servidumbre.

Las tres soluciones fueron intentadas con resultados diversos: hacia 1350 en todo Occidente fueron fijados los salarios y declarado obligatorio el trabajo agrícola para los desocupados y mendigos, pero el control de los salarios exigía mantener invariables los precios y disponer de un numeroso cuerpo de inspectores o lograr la unanimidad de los propietarios, requisitos que no se dieron en todos los casos y cuya ausencia significó la nulidad de las disposiciones tomadas. En pocos años el recurso a la mano de obra asalariada se hizo prohibitivo para los propietarios y fue preciso fijar a los campesinos en la tierra concediéndoles autorización para ocupar mediante contratos de arrendamiento a bajo precio y largo plazo, las parcelas abandonadas y obligando a los que no habían huido a permanecer en el campo.

Las tierras de buena calidad encontraron fácilmente cultivadores, pero la permanencia de los campesinos en los campos poco productivos sólo fue posible cuando los propietarios resucitaron o dictaron leyes por las que se adscribía a los cultivadores a la tierra que trabajaban. Mejoras económicas y empeoramiento de la situación personal fueron pues, en el campo, las consecuencias del descenso de la población.

Las medidas adoptadas hacia 1350 no fueron duraderas. Las condiciones ventajosas desaparecieron a medida que se restableció el equilibrio demográfico. El aumento de los precios arruinaba a los propietarios cuyos ingresos permanecían inalterables. Los señores intentarían sustituir los contratos a largo plazo por otros de menor duración que les permitieran actualizar sus ingresos periódicamente, exigirían el pago del arriendo en productos y no en dinero, y harían sentir su autoridad sobre los campesinos refeudalizando el campo, es decir, poniendo nuevamente en vigor los viejos derechos señoriales. Las revueltas campesinas de los siglos XIV-XV tendrán por tanto un doble objetivo: por una parte, lograr el mantenimiento de las mejoras económicas conseguidas a raíz de la peste y, por otra parte, conseguir la libertad.

Junto a la oferta de tierras en arriendo a bajo precio y a la adscripción de los campesinos a la tierra, se palió la escasez de mano de obra agrícola dedicando las tierras abandonadas a la cría de ganado, que requería menor mano de obra y que ofrecía grandes posibilidades económicas.

Repercusiones de la crisis en las ciudades

En las ciudades, ante la disminución brusca de la demanda, la artesanía redujo considerablemente la producción en cantidad y también en calidad, a causa de que los artículos destinados a la exportación, productos de lujo, no encontraban fácil salida a causa de la crisis económica de los propietarios de la tierra y a las trabas que la disminución del crédito, las alteraciones monetarias y las guerras ponían al comercio. El descenso de la producción no afectó a todos por igual: los pequeños talleres no pudieron resistir el pago de los altos salarios exigidos por los artesanos y se produjo una concentración de la industria en manos de algunos grandes mercaderes enriquecidos por la acumulación de herencias o por sus actividades comerciales anteriores.

A mediados del siglo XIV se generalizó en la industria textil, la más importante de la Edad Media, la figura del gran mercader que controlaba el proceso productivo: era dueño de la lana, alquilaba el trabajo de maestros, oficiales y aprendices, dictaba las normas de fabricación para adaptar el producto a las exigencias del mercado y controlaba éste mediante una extensa red de agentes que le permitían en cada caso conocerlo perfectamente y obrar en consecuencia.

La anulación de los pequeños artesanos no se logra sólo mediante la atracción de la mano de obra utilizada por éstos sino también a través del recurso al trabajo de los campesinos cuya ocupación estacional les permitía colaborar temporalmente en el proceso productivo. Indudablemente estos nuevos artesanos no tienen la preparación de los anteriores y la calidad de los tejidos disminuye, pero aumenta la cantidad a medida que Europa se recupera, no sólo por el aumento de la demanda, que deriva de un incremento de la población, sino también porque el abaratamiento del producto (mano de obra barata, mejor conocimiento del mercado, compra de materias primas al por mayor...) permite que éste llegue a mayor número de personas. A través de esta colaboración campesina surgen nuevos centros artesanales cuya producción se diferencia de la urbana por su menor precio e inferior calidad.

La imposibilidad de competir con los grandes empresarios y los riesgos que las guerras europeas suponían para los mercaderes urbanos llevaron a muchos a renunciar a sus actividades y a invertir sus riquezas en la compra de tierra en la que buscaban un doble objetivo. Sin duda, la explotación de la tierra era menos rentable que el comercio, pero era más segura y, por otra parte, permitía a los mercaderes equipararse a la nobleza territorial que, pese a su decadencia, gozaba todavía de un gran prestigio social.

El paso de una sociedad de mercaderes a otra de rentistas tuvo importantes consecuencias sociales y económicas. En el campo los nuevos propietarios no se conformaron con los ingresos normales, racionalizaron la agricultura, a la que aplicaron nuevas técnicas, e intentaron sustituir los arrendamientos vitalicios o perpetuos por los contratos a corto plazo predominantes en el mundo urbano.

Los mercaderes, rentistas o grandes empresarios, siguieron controlando las ciudades y utilizaron el poder en defensa de sus intereses, que ya no coincidían con los de los administrados, con los de los artesanos. Éstos se verán precisados, de un lado, a especializarse, a crear manufacturas de lujo, lo que no puede hacerse sin una mayor rigidez en los estatutos gremiales (mayores controles, división acentuada del trabajo, lucha contra el intrusismo...) y de otro, a buscar el poder político para, desde él, orientar y proteger sus intereses.

Repercusiones de la crisis en la nobleza

Revueltas campesinas y sublevaciones artesanales no fueron los únicos efectos sociales de la crisis. La ruina de numerosas personas en los primeros años (rentistas y propietarios agrícolas sobre todo) dio lugar a un aumento del bandolerismo, que tomó a veces la forma de compañías armadas dispuestas a ofrecer sus servicios al mejor postor. Al lado de las huestes feudales surge así un ejército de soldados mercenarios entre los que abundan los caballeros sin duda, pero que cuenta también con importantes núcleos de infantes que desarrollan nuevas tácticas de combate y utilizan nuevas armas ante las que la caballería pierde el predominio militar.

A la disminución del poder adquisitivo de la nobleza y a la pérdida del exclusivismo militar se añade en estos siglos una disminución de la importancia social de los nobles. Indudablemente, los caballeros se hallan en la cima de la sociedad y su modo de vida es un modelo para los restantes grupos sociales, que invierten en el campo, compran o se hacen conceder derechos feudales y rivalizan con los nobles mediante la adopción de los símbolos externos de su categoría social.

La competencia entre nobles y burgueses enriquecidos dio lugar a un desarrollo extraordinario del lujo, de los gastos de prestigio, al que fue preciso poner coto mediante la promulgación de leyes suntuarias por las cuales se limitaba el número y la calidad de los vestidos, comidas, invitados... Estas leyes tenían además, y quizás preferentemente, un objetivo social: mantener las diferencias externas entre los distintos grupos sociales, lo que se lograría reservando a la nobleza el uso de determinados vestidos u objetos de adorno.

Las leyes suntuarias por sí solas eran insuficientes. La apropiación por los burgueses de los signos externos distintivos de los nobles era la consecuencia de los cambios económicos y políticos operados en Europa. Mientras únicamente los propietarios de la tierra disponían de medios para adquirir vestidos de lujo, éstos se hallaban reservados de modo natural a la nobleza, pero al empobrecerse ésta y enriquecerse los burgueses no sólo se llega a un uso indebido de los símbolos externos por los nuevos ricos sino que la nobleza encuentra dificultades para mantener su nivel de vida.

Para recuperar su privilegiada situación social los nobles necesitan aumentar sus riquezas y lo harán mediante los sistemas que han utilizado tradicionalmente, entre los que figuran en primer lugar la sublevación y la guerra que, con su secuela de inseguridad y crisis, permiten la ampliación de dominios y posesiones en el interior de los reinos, la adquisición de botín o de propiedades en el exterior, y la recuperación del poder político que es, en todo tiempo, una fuente importante de riqueza.

Aunque en ocasiones la nobleza actúa unida frente al monarca y obtiene de éste, mediante el uso o la amenaza de las armas, nuevas concesiones económicas y políticas, normalmente los nobles se hallan divididos y mientras unos buscan la riqueza en la sublevación, otros utilizan en beneficio propio las dificultades del rey al que ofrecen su apoyo y del que obtienen, pacíficamente, las concesiones exigidas por los sublevados. Guerra y colaboración son dos modos de presionar al monarca para obtener nuevos beneficios y para obligarle a compartir el poder con los nobles, que no dudarán en deponer a los reyes cuando la defensa de sus intereses así lo exija.

La fuerza militar y el poder político permitirán a los nobles apoderarse de los bienes de monasterios y de particulares con el pretexto de defenderlos en los momentos de inseguridad, aumentar la presión económica sobre los vasallos, restablecer los derechos feudales, reservarse los cargos eclesiásticos (especialmente en las órdenes militares en las que se da, durante estos años, un proceso de aristocratización). Otros nobles buscarán la riqueza y el prestigio social en el ejercicio de las armas, en justas y torneos a los que acuden caballeros andantes de todos los países europeos y cuya proliferación y éxito son signo evidente de la aristocratización de la sociedad en un momento de decadencia económica y política del grupo aristocrático.

Crisis religiosa y eclesiástica

Pestes, hambres y guerras son atribuidas a castigo divino y darán lugar a una exacerbación de la religiosidad, que se manifiesta de múltiples formas, a veces contradictorias: en el incremento de las prácticas piadosas y de las donaciones a la Iglesia, en la aparición de grupos de flagelantes, en el desarrollo de las corrientes místicas, en la búsqueda de una religión más personal (menos social o externa), en un resurgimiento de las supersticiones, en la creación de sectas o movimientos que pretenden cambiar el mundo y la organización eclesiástica, en la revitalización de los movimientos de pobreza que, con su carga antijerárquica, pondrán en dificultades al clero y se hallarán en la base de numerosos levantamientos sociales...

También la Iglesia sufre profundas transformaciones durante este período. El Papa ve discutida su autoridad como señor temporal de los Estados Pontificios y como jefe de la cristiandad. El viejo sueño teocrático se desvanece poco después de la victoria obtenida contra Federico II; cada rey se considera emperador en sus dominios, niega al pontífice el derecho a intervenir en los asuntos internos, hace caso omiso o se opone militarmente a las disposiciones políticas de Roma, y no duda, como en el caso de Felipe IV de Francia, en hacer prisionero al pontífice (1303) cuando éste pretende imponer su autoridad. Ni siquiera los propios súbditos del Estado Pontificio acatan al soberano cuya inseguridad, así como la sumisión. política a la monarquía francesa, se refleja en el traslado de la sede pontificia a Aviñón (1309-1377).

La pérdida de autoridad sobre el poder temporal se compensa con la creación de un nuevo Estado cuyas fronteras son las de la cristiandad y cuyos súbditos son los clérigos. Jefe espiritual de la Iglesia, de todos los fieles, el Papa es al mismo tiempo señor temporal de los eclesiásticos. Durante la etapa aviñonesa procede a una centralización y organización del mundo clerical a través de la Cámara Apostólica, que se ocupa de las tareas administrativas y financieras, de la Cancillería, que se encarga de la expedición de cartas, y de la Rota o tribunal supremo para asuntos eclesiásticos.

La sumisión del pontificado a Francia y la residencia de la corte pontificia en Aviñón ponían al Estado clerical al servicio, al menos indirecto, de la monarquía francesa. Todos los papas aviñoneses y noventa de los ciento diez cardenales creados entre 1316 y 1375 fueron franceses. Los impuestos pagados por los clérigos se gastaban en una gran parte en territorio francés. No es extraño por tanto que de todos los puntos de la cristiandad se pidiera el regreso de los pontífices a Roma, especialmente a partir del momento en que el cardenal Gil de Albornoz logró pacificar los Estados Pontificios y restablecer la autoridad papal.

Tras un primer intento realizado por Urbano V en 1367, Gregorio XI trasladó definitivamente la sede pontificia a Roma en 1377. Un año más tarde era elegido pontífice un italiano, Urbano VI, cuya elección fue impugnada por los cardenales franceses que designaron al francés Clemente VII. El primero residiría en Roma y sería obedecido por Inglaterra v sus aliados en la guerra de los Cien Años, mientras que el segundo fijaría su residencia en Aviñón y tendría la obediencia de Francia y sus partidarios.

La doble elección, en la que los motivos políticos fueron decisivos, rompía la unidad de la Iglesia y ponía en peligro las bases de su organización. Al elegir a Clemente VII, los cardenales se atribuían el derecho a deponer y elegir pontífices, lo que equivalía a afirmar que la autoridad no residía en el Papa sino en la asamblea de los cardenales. Cuando la separación entre partidarios de Roma y de Aviñón haya perdido su razón de ser por haberse logrado una tregua entre Francia e Inglaterra, la cristiandad buscará una solución al conflicto proponiendo la renuncia de ambos papas o de un acuerdo entre ellos. Al fracasar estas soluciones se abrirá camino la idea de que los problemas de la Iglesia no deben ser dejados a arbitrio de una persona (el Papa) ni al de un grupo privilegiado (los cardenales) sino eme habrán de ser resueltos por un concilio general en el que intervendrían eclesiásticos y representantes del poder temporal.

En el concilio de Constanza, iniciado en 1414, se llegó a una cooperación entre los poderes temporales para poner fin al cisma. Convocado el concilio por el emperador alemán Segismundo, acudieron a él representantes de las naciones italiana, inglesa, francesa, alemana e hispánica. Las nuevas ideas sobre la organización y dirección de la Iglesia fueron defendidas por los representantes de la Universidad de París para quienes el concilio sería superior al papa «en lo que toca a la fe, la extirpación del presente cisma y la reforma eclesiástica».

De la misma forma que las Cortes, Estados Generales o Parlamentos se consideran en el derecho y en la obligación de intervenir y de controlar las acciones del monarca, el concilio aspira a decidir en las cuestiones eclesiásticas y exige del nuevo papa, Martín V, la convocatoria periódica del concilio y el reconocimiento de su superioridad. Muerto Martín V, el sucesor —Eugenio IV— se consideró desligado de los compromisos tomados por su antecesor y reafirmó la superioridad del papa sobre el concilio, lo que llevaría a una nueva escisión en la Iglesia y a la elección en Basilea de un antipapa.

El concilio creó su propia cancillería, adoptó un sello, afirmó que la Iglesia no la formaba la jerarquía sino «el conjunto de los fieles que creen e invocan el nombre de Cristo», se atribuyó el derecho a autorizar o negar el cobro de los diezmos, exigió que obispos y abades fueran elegidos, no designados por Roma, sin pagar ningún derecho a la Cámara Apostólica, ordenó que el número de cardenales se redujera a veinticuatro, que éstos tuvieran al menos treinta años, fueran doctores o licenciados y no fuesen familiares ni del Papa ni de los cardenales...

Las posturas extremas del concilio fracasaron al no obtener el apoyo del poder temporal. La Iglesia siguió rigiéndose por los principios monárquicos, pero las ideas surgidas durante el cisma y la crisis conciliar (necesidad de efectuar profundas reformas, de poner fin a los abusos de Roma —especialmente en el plano económico—, posibilidad del poder temporal de controlar a las Iglesias nacionales) seguirán vigentes y resurgirán a comienzos del siglo XVI por obra de la Reforma iniciada por Lutero y prefigurada ya en los siglos XIV-XV por las doctrinas de Wyclif en Inglaterra y de Juan Huss en Bohemia.

La guerra permanente y generalizada

La guerra es una constante en el mundo medieval, pero mientras éste se halla dividido, fragmentado, los conflictos tienen siempre carácter local. A medida que se amplían los contactos entre las distintas regiones europeas se crea una serie de lazos comunes, de intereses, que hacen que las diferentes guerras localizadas se relacionen entre sí y desemboquen en un conflicto generalizado. Por otra parte, las tensiones sociales y las dificultades económicas del siglo XIV hacen aumentar los enfrentamientos bélicos y, en consecuencia, el riesgo de una guerra europea, carácter que tiene la guerra de los Cien Años, en la que participan Francia e Inglaterra pero también Flandes y Escocia, los reinos peninsulares, las ciudades italianas y alemanas y, a través de la «politización» del cisma eclesiástico, todos los países europeos.

La guerra es el resultado de numerosos conflictos locales y a su vez genera otros de muy diversos tipos por lo que resulta difícil conocer sus motivaciones y describir su desarrollo. Tradicionalmente se ha considerado a esta guerra como un conflicto feudal en el que se enfrentan el señor (el rey de Francia) y el vasallo (el monarca inglés que es, al mismo tiempo, señor feudal de diversos territorios franceses). Aunque esta característica de la guerra es innegable, hay en ella otros factores importantes que superan con mucho el carácter feudal del conflicto.

Desde el punto de vista feudal la guerra no se inicia en el siglo XIV —en 1328 al ser elegido rey de Francia Felipe VI de Valois frente a las pretensiones de Eduardo III de Inglaterra que se consideraba con mejores derechos al trono— sino que habría que remontar sus orígenes a la conquista por el duque de Normandía, en 1066, del reino de Inglaterra al que se unirían en el siglo XII diversos condados en suelo francés y el reino de Aquitania.

La recuperación de la monarquía francesa entre fines del siglo XII y comienzos del XIII daría lugar a una serie de conflictos entre el monarca y los señores feudales. Entre estos conflictos destacan por su trascendencia los que llevarían, a raíz de la cruzada de Simón de Montfort (1213), a la ocupación de Toulouse y Provenza a pesar de la ayuda de Pedro el Católico de Aragón y a la conquista de la mayor parte de las posesiones inglesas en territorio francés, tras la victoria obtenida por Felipe II Augusto en Bouvines (1214) sobre Juan Sin Tierra, sobre el emperador alemán y sobre los condes flamencos.

La incorporación de Flandes a la monarquía francesa no fue sin embargo total. El conde mantuvo una relativa independencia y la industria textil flamenca siguió dependiendo de las lanas de Inglaterra. Al producirse las primeras luchas entre patricios y artesanos por el control de las ciudades, los primeros contarán con la ayuda de Francia mientras los segundos tendrán como aliados a los ingleses. En el siglo XIV las tensiones sociales se mantenían en Flandes y a través de ellas, utilizándolas, franceses e ingleses buscarán acentuar su presencia en esta próspera región cuyo dominio era básico para controlar el comercio atlántico.

Guerra feudal y guerra económico-social se confunden y convierten el conflicto en una pugna de mentalidades: la caballeresca, representada por Francia y sus aliados, y la burguesa, defendida por Inglaterra y sus partidarios, aunque no pueda hablarse de Francia como de un país sin burguesía ni de Inglaterra como de un reino controlado totalmente por los ciudadanos. Durante la primera fase (la guerra dura hasta fines del siglo XV aun cuando se dan numerosas treguas y paces) la lucha se desarrolla en suelo francés y se caracteriza por las victorias obtenidas por la infantería inglesa sobre la caballería feudal de Francia, que demostró su vulnerabilidad ante las nuevas armas y técnicas de combate puestas a punto por los ingleses.

Estas derrotas disminuyeron considerablemente el prestigio de los caballeros, cuyo papel de dirigentes políticos del reino intentaron asumir los burgueses de París dirigidos por Esteban Marcel (1356). Los campesinos, agobiados por los exorbitantes impuestos exigidos por la guerra, aprovecharon la debilidad del poder nobiliario para sublevarse y unir sus fuerzas a las de Esteban Marcel, pero ni unos ni otro disponían de medios suficientes para derrotar militarmente a los nobles y fueron vencidos. Poco después (1360) franceses e ingleses firmaban la paz de Bretigny, que permitiría a los primeros reorganizar sus fuerzas y a los segundos rechazar los ataques escoceses sobre el propio territorio.

La firma de la paz, aunque suponía la renuncia a numerosas plazas, era beneficiosa para el monarca francés, que podía utilizar sus ejércitos contra Carlos II de Navarra quien, ofreciendo sus servicios al rey de Inglaterra y a Esteban Marcel, se había hecho conceder importantes señoríos. En 1364 los ejércitos navarros eran vencidos en Cocherel; Carlos II renunciaba a intervenir en los asuntos franceses y Navarra salía de la órbita francesa.

La segunda fase de la guerra tuvo como escenario la Península, donde la oposición franco-inglesa recubre un enfrentamiento social (sublevación nobiliaria castellana contra el monarca y contra sus aliados urbanos), una guerra fronteriza entre Castilla y Aragón, y enlaza con la que podríamos llamar guerra de los Cien Años Mediterránea, la sostenida por la Corona aragonesa para dominar el Mediterráneo Occidental primero contra los angevinos y el pontificado y, desde 1324 contra Génova.

Vencidos los nobles castellanos en 1353 sus dirigentes se refugiaron en Francia y se enrolaron en las compañías de mercenarios contratadas por el monarca francés. Tres años más tarde, los servicios militares de estos nobles fueron requeridos por Pedro el Ceremonioso de Aragón cuya rivalidad con Génova había desembocado en una guerra contra Castilla, aliada de los genoveses. La guerra castellano-aragonesa adquiere un nuevo carácter en el momento en que Enrique de Trastámara, uno de los nobles exilados, se hace proclamar rey de Castilla en 1366. El antiguo auxiliar de la monarquía francesa y del rey de Aragón solicita ahora la ayuda militar y económica de una y otro y su petición es bien acogida.

Pedro el Ceremonioso ve en esta solicitud una posibilidad de realizar el viejo sueño aragonés de incorporar Murcia. El rey de Francia puede deshacerse de las compañías de mercenarios que, si en tiempo de guerra son útiles, durante la paz crean numerosos problemas. El pontificado acudirá una vez más en ayuda de Francia: contribuirá al pago de las compañías y dará a su expedición el carácter de cruzada, por cuanto Enrique alegaba haberse sublevado contra el rey y contra sus aliados: judíos castellanos y musulmanes granadinos. La ayuda a Enrique tendría como contrapartida, en caso de triunfo, la colaboración de la flota castellana contra Inglaterra.

La intervención decidida de Francia al lado del pretendiente hizo que Inglaterra ofreciera su ayuda a Pedro el Cruel, que se comprometió a ceder a los ingleses diversas plazas del litoral cantábrico. Igual oferta se hizo al rey navarro y juntos ingleses-navarros-castellanos-portugueses-granadinos consiguieron rechazar a Enrique. El incumplimiento de las promesas hechas por Pedro alejó a sus aliados y en un nuevo ataque el pretendiente lograría dar muerte al rey y ocupar el trono castellano (1369).

Desde este momento, Castilla actúa unida a Francia, a la que sigue en la obediencia a los papas de Aviñón y de la que obtiene apoyo contra los antiguos partidarios peninsulares de Pedro el Cruel y contra el monarca aragonés que, tras el triunfo, se vio negar el prometido reino de Murcia. La colaboración con Francia fue beneficiosa para Castilla en el plano peninsular y en el europeo: en la Península, Enrique y sus sucesores afirmaron la hegemonía castellana aun cuando sufrieran reveses de consideración frente a Portugal-Inglaterra; y en Europa, la lana de Castilla sustituyó a la inglesa en los mercados flamencos, y los marinos vascos, tras derrotar a la escuadra inglesa en La Rochela (1372), disputaron el control del transporte en el Atlántico a las ciudades de la Hansa alemana, aliadas de Inglaterra.

Tras el paréntesis peninsular, la guerra se reanudó en territorio francés. Privada del dominio del mar por los castellanos, Inglaterra perdió la mayor parte de las plazas ocupadas y, al igual que Francia veinticinco años antes, tuvo que hacer frente a una sublevación campesina (1381) y el rey vio discutida su autoridad por nobles y burgueses que terminarían deponiendo a Ricardo II (1397). Las derrotas militares van siempre acompañadas de crisis internas que afectaron a Francia durante la primera fase del conflicto y a Inglaterra durante este período y a lo largo del siglo XV.

En el marco de la guerra de los Cien Años y de sus implicaciones religioso-políticas puede incluirse igualmente la obra de John Wyclif, portavoz de los deseos de reforma de la Iglesia, acentuados al producirse el cisma, en el sentido de liberarla de los compromisos civiles que dificultan o impiden su misión religiosa. Esta tarea de liberación compete al poder civil cuya superioridad sobre la Iglesia como institución es evidente para Wyclif. Sus ideas sobre la necesidad de que los clérigos se desprendan de los bienes materiales y de que no exijan el pago de sus servicios religiosos se extendieron entre los campesinos sublevados en 1381 y estuvieron presentes prácticamente en todas las agitaciones sociales del siglo XV inglés y en la gran revuelta de los husitas o taboritas de Bohemia.

Afianzamiento del poder monárquico

Durante los siglos XIV-XV se acentúa el proceso de afirmación del poder monárquico y de centralización de los Estados, pero los avances se realizan con dificultades y alternan con retrocesos que llegan a poner en peligro a la propia institución monárquica. La decadencia de la nobleza feudal se agrava a consecuencia de la crisis económica que afecta a rentistas y propietarios agrícolas, pero los nobles tienen todavía una gran fuerza económica, política y militar y la utilizarán en defensa de sus intereses. Las ciudades, directamente o a través de sus representantes en los Parlamentos, subvienen a las necesidades de los monarcas, pero exigen a cambio una mayor intervención política que se traduce en una disminución de la autoridad real.

Frente a la nobleza tradicional los reyes crean una segunda nobleza integrada por nobles de segunda fila y por funcionarios fieles. En otros casos se intenta controlar a los nobles mediante el encumbramiento de los familiares del monarca, pero una y otra solución se vuelven contra la monarquía: los nobles de segunda fila engrandecidos hacen suyas las exigencias de la antigua nobleza y aceptan como jefes a los segundones de la familia real, que en ocasiones logran suplantar a la dinastía legítima.

Los éxitos monárquicos dependen en última instancia de la división entre los nobles y, por ello mismo, nunca son totales. La victoria sobre un grupo nobiliario se basa siempre en la ayuda de otro, que exige el pago de sus servicios. El afianzamiento del poder monárquico no se logra, pues, mediante la destrucción de la nobleza sino a través de acuerdos entre el rey y los nobles. Más que de pérdida de importancia de la nobleza puede hablarse de una transformación de su mentalidad, del paso de una nobleza territorial, interesada en mantener su independencia, a una aristocracia cortesana que halla en la colaboración con el monarca el mejor medio de mantener su predominio.

Francia

La evolución de este proceso complejo que desemboca simultáneamente en la consolidación del poder monárquico y en el mantenimiento de la importancia nobiliaria puede ser seguida en la Península y también en los dos grandes Estados de la Baja Edad Media: en Francia e Inglaterra. En Francia, Felipe IV consolida el poder real a comienzos del siglo XIV por medio de sus agentes y consejeros, quienes sirviéndose en unos casos de las normas del derecho romano y en otros de las feudales intervienen y reducen la importancia de los señoríos; pero la nobleza se organiza y obliga a ceder a sus sucesores y a alejar de la Corte a quienes no pertenecían al estamento nobiliario.

En 1317, tras depurar el Consejo. Real, los nobles logran que el cargo de consejero sea reservado a veinticuatro grandes señores encargados de supervisar los nombramientos, donaciones, ingresos y gastos del Estado. Felipe VI de Valois, cuyos derechos a la Corona —al extinguirse la dinastía de los Capetos— eran dudosos, fue elegido por la alta nobleza que. de hecho, gobernaría el reino hasta que sus repetidos fracasos ante los ingleses provocaran el levantamiento del estamento ciudadano, descontento por la ineficacia militar de los nobles, por los continuos impuestos exigidos por una guerra sin victorias y por el excesivo poder político nobiliario que no correspondía ni a su contribución militar ni a sus aportaciones económicas al Estado.

Para vencer la negativa a pagar nuevos impuestos, el rey tuvo que permitir a los Estados Generales que administraran los ingresos. A esta exigencia seguirían con Esteban Marcel (1355-1358) otras claramente políticas: el poder legislativo y ejecutivo pasaría del rey a los Estados, que podrían reunirse cuando lo creyeran necesario para decidir en asuntos financieros y monetarios, en problemas militares y de guerra, en la administración del reino, la constitución y régimen de los órganos de gobierno, de la justicia y del clero...

La actuación de los Estados Generales no se realiza al margen de la nobleza sino de acuerdo con uno de sus grupos, el dirigido por Carlos de Navarra, aspirante al trono francés en otro tiempo, e interesado en aprovechar la decadencia nobiliaria para aumentar sus dominios. La alianza entre los ciudadanos y el grupo nobiliario se rompe cuando Esteban Marcel se une a los campesinos sublevados contra los nobles. Los intereses de clase fueron en este caso más importantes que los políticos.

La recuperación del reino durante la segunda mitad del siglo XIV se debió a la colaboración de Carlos V y de sus hermanos que rigieron, por concesión del monarca, los principales señoríos del país. A la muerte del rey, los tíos de Carlos VI, duques de Borbón, Anjou, Berry y Borgoña se disputan el control del reino o se unen para dirigirlo suplantando al monarca y a sus consejeros. Bajo el gobierno de los grandes nobles de la familia real, Francia entra en una época de anarquía y de crisis que sólo favorece a los señores feudales, quienes convierten sus señoríos en verdaderos Estados a imitación del reino. El ducado de Borgoña mantendrá su semi-independencia desde 1419 hasta 1477 y participará al lado de Inglaterra en la guerra de los Cien Años.

Inglaterra

En Inglaterra la consolidación de la monarquía pasa por situaciones semejantes a las descritas. A fines del siglo XIII el poder monárquico se halla limitado por la actuación independiente de los barones, que utilizan su poder económico para controlar el consejo real. Eduardo II (1307-1327) intentó en vano limitar el poder nobiliario y situar al frente del reino a fieles administradores y legistas. Eduardo III, tras pretender gobernar con ayuda de su consejo personal, falto de recursos económicos tuvo que someterse al Parlamento y aceptar sus imposiciones.

Los éxitos militares obtenidos en Francia permitieron mantener las apariencias de acuerdo entre el poder monárquico, la nobleza y las ciudades, pero al producirse los primeros reveses, la crisis se manifestó de forma semejante a como se produjo en Francia: sublevación de los campesinos en 1381 e intentos de controlar el reino por parte de los duques de Lancaster y Gloucester, tíos del nuevo rey Ricardo II, que se vio obligado a claudicar ante el Parlamento (1388) controlado por Gloucester y sería destituido —al intentar recobrar su independencia— por el duque de Lancaster en 1397.

Las disensiones en Francia entre los tutores del rey favorecieron a la nueva dinastía, que realizó campañas victoriosas gracias a las cuales la nobleza obtuvo importantes beneficios económicos. Pero cuando la suerte de las armas fue desfavorable a Inglaterra, la lucha por el poder entre diversos grupos nobiliarios se reprodujo y dio lugar a una guerra civil (guerra de las Dos Rosas) que finalizaría con el triunfo de Eduardo IV, duque de York, cuya dinastía sería suplantada dos años después de la muerte de Eduardo por su hermano Ricardo III, duque de Gloucester, que fue a su vez sustituido por Enrique VII Tudor en 1485.

En menos de cien años Inglaterra fue gobernada por cuatro dinastías salidas de la nobleza de origen real: los Lancaster sustituyen a los Plantagenet en 1397, son destituidos por los York entre 1461-1471 y éstos, a su vez, por Ricardo de Glucester en 1483. Dos años más tarde inicia su reinado el primer monarca de la dinastía Tudor al que corresponde el mérito de haber pacificado el reino tras alejar de los puestos de gobierno a la alta nobleza y confiar la administración a nobles de segunda fila, ciudadanos y juristas.

Las nuevas mentalidades

Aunque con mayor lentitud que la economía o la organización social y política también las mentalidades cambian y siempre de acuerdo o en relación con las modificaciones experimentadas por la sociedad en su conjunto. Durante el período que estudiamos, Occidente —sin perder totalmente el espíritu religioso que había orientado a sus hombres— crea una nueva mentalidad, una nueva forma de ver la vida, que desemboca en la creación de un espíritu laico, en la aparición del hombre moderno, del humanista.

El paso del culto a Dios al culto a Cristo-hombre y las transformaciones operadas en el concepto del infierno y del cielo, ya desde el siglo XIV, son suficientemente expresivos del cambio de mentalidad, pero donde éste se observa más claramente es en la actitud ante la muerte cuya presencia constante influye de modo extraordinario en la vida de los hombres medievales, que manifiestan su obsesión en representaciones artísticas y en obras literarias de tipo moralista como La Danza de la Muerte, de la que se hallan versiones en todas las lenguas europeas.

La muerte mantiene un fuerte sentido religioso y florecen obras destinadas a preparar al cristiano a bien morir, pero de otro lado puede observarse que ha perdido su carácter original (simple paso hacia el más allá) para convertirse en algo real, con entidad propia y digno, por tanto, de ser representado. El sentido de lo macabro, que aparece en el siglo XIV, es una forma de manifestar el temor, el rechazo de la muerte que ya no es un enviado de Dios, un ángel que anuncia el paso a la verdadera vida, sino una personificación repugnante y terrible. El rechazo de la muerte puede representarse de otras formas no menos interesantes. La muerte física es inevitable, pero el hombre puede revelarse contra ella, puede perpetuar su existencia, evitar la muerte social (representada por el olvido) y tenderá a anular la muerte espiritual cuya representación es el infierno.

A esta búsqueda de supervivencia responden la erección de mausoleos y estatuas, la aparición del retrato en el arte y la «creación» del purgatorio en el que se sufren los mismos castigos que en el infierno, pero cuya duración es temporal, tiene un fin. Si la búsqueda de la perpetuación de la memoria individual responde al nuevo espíritu laico, la difusión de la idea de existencia del purgatorio es una manifestación del espíritu religioso y dará lugar a nuevas formas de piedad: para evitar el castigo eterno se recurre a intermediarios, a los santos y especialmente a la Virgen, que garantiza a sus devotos la salvación aunque no los libere totalmente del castigo a que se han hecho acreedores.

Tumbas y retratos o estatuas buscan la perpetuación del individuo, de su recuerdo, pero no son los únicos medios. A esta individualización puede llegarse igualmente a través de las letras, que no sólo dan gloria a quien las cultiva con éxito, sino también a quienes se ven representados en la obra. La cultura, en cuanto dispensadora de gloria, no está ya al servicio de la religión sino de valores terrenos, laicos, cuyos modelos se buscan en el mundo antiguo del que se toman las manifestaciones externas (el lenguaje y el arte) y también la moral y la filosofía.

Este retorno a las fuentes antiguas no es una característica exclusivamente laica sino que tiene también su equivalente en el campo religioso: del mismo modo que Wyclif y tantos otros pensadores buscan en la Revelación la base de la vida cristiana, los laicos —representantes de un mundo nuevo, el burgués aristocratizado— proponen como modelo las obras del mundo clásico a partir del cual, tomándolo como referencia, pueden representar y conformar su propio sistema de vida.

Las ciudades italianas, donde las obras clásicas eran más numerosas y donde la sociedad laica estaba mejor organizada, fue la cuna de este movimiento cultural —conocido con los nombres de Humanismo o Renacimiento— que, es preciso recordarlo una vez más, no fue una ruptura violenta con la mentalidad religiosa sino el resultado de una transformación lenta cuyos frutos no aparecen claramente definidos hasta mediados del siglo XV en Italia y hasta un siglo más tarde en el resto de Occidente y que, en cualquier caso, afectó a grupos muy reducidos de la población.

La recuperación europea

Aunque los efectos de la crisis se dejaron sentir hasta muy entrado el siglo XV, puede afirmarse en líneas generales que, desde mediados del siglo, Europa ha logrado recuperarse demográficamente, ha transformado y mejorado la agricultura, dado un gran impulso a la ganadería, creado nuevas industrias y desarrollado, hasta límites nunca conseguidos anteriormente, el comercio y los organismos que lo facilitan: instrumentos de crédito, sociedades comerciales, ferias de amplitud europea...

La recuperación demográfica se observa inicialmente en las ciudades en las que una mejor planificación y organización del avituallamiento y de la higiene, así como mejores salarios, facilitan la vida y sirven para atraer a numerosos campesinos cuyo trabajo y el de sus descendientes hacen posible un aumento de la riqueza urbana e, indirectamente, un mayor crecimiento vegetativo de la población.

Este incremento demográfico se relaciona con los progresos experimentados por la producción agrícola y ganadera. La escasez de mano de obra en el siglo XIV llevó a muchos propietarios a dedicar sus tierras a la cría de ganado, que sirvió para desarrollar la industria textil (ganado ovino), para atender a las crecientes exigencias de la guerra (ganado caballar) y, sobre todo, para mejorar la dieta alimenticia de campesinos y ciudadanos. En la agricultura la producción cerealista aumentó considerablemente no sólo porque se pusieron en cultivo tierras abandonadas, sino también porque las tendencias aristocráticas y las prácticas comerciales de los burgueses hicieron que éstos invirtieran en el campo y que racionalizaran la producción buscando ganancias similares a las obtenidas en el mundo urbano.

La relativa abundancia de mano de obra campesina y el aumento del nivel de vida permitieron, según hemos dicho en otro lugar, aumentar la producción industrial aunque fuera a costa de la calidad. Surgieron nuevos centros artesanales y nuevas industrias perfectamente estructuradas. Si hasta el siglo XIII sólo las ciudades italianas y flamencas habían creado una industria de importancia, en el XV hallamos centros textiles prácticamente en todos los países europeos, existe una industria de fabricación de armas y útiles agrícolas, aumenta la explotación de las minas, la construcción de naves...

El aumento de la producción agrícola y artesanal está relacionado, por una parte, con el incremento demográfico y, por otra, con el aumento de la capacidad y de las necesidades adquisitivas de la población. Da origen a un extraordinario desarrollo del comercio internacional que, si antes se limitaba a productos de alto precio y reducido peso, se extiende ahora a artículos de primera necesidad y a objetos de escaso valor, cuyo comercio es rentable por las grandes cantidades que se comercializan y gracias a las mejoras experimentadas en los transportes marítimos, en los que la coca atlántica, de mayor tonelaje y seguridad, sustituye a las naves mediterráneas.

Si antes hemos hablado de una racionalización de la agricultura, mayor importancia revistieron los progresos de los métodos comerciales y la aparición de grandes sociedades con intereses en toda Europa. Los riesgos del comercio, que habían alejado a muchos mercaderes en la primera mitad del siglo XIV, se atenúan o desaparecen al generalizarse la práctica de asegurar naves y mercancías. La letra de cambio facilita las operaciones comerciales sin obligar a desembolsos en efectivo, permite la transferencia de capitales a los lugares apropiados y hace posible la obtención de créditos en los momentos de necesidad.

La concentración de capital necesario para desarrollar el comercio a gran escala se logra mediante la creación de nuevas sociedades en las que se admite el dinero de todos, por reducidas que sean las aportaciones, con participación proporcional en pérdidas y beneficios. Estas sociedades comanditarias atraen el pequeño ahorro y permiten eludir el préstamo con interés al que se veían obligados los mercaderes. En otros casos, las sociedades comerciales existentes crean filiales en todos los lugares de interés y disponen a través de ellas de una información más completa y de un perfecto sistema de canalización de sus productos.

La complejidad de las operaciones, el número de accionistas y la proliferación de filiales exigen una administración más estricta a la que se tiende mediante la utilización de la contabilidad por partida doble: cada proveedor, acreedor, intermediario, agente o accionista tiene abierta una cuenta en la que se anota, por separado, el debe y el haber, de modo que en cualquier momento pueda conocerse la situación real. Los grandes mercaderes hacen redactar para uso de sus familiares o agentes auténticos manuales de comercio en los que se describen los principales artículos, su aceptación en las distintas regiones europeas, su calidad, precios, derechos de aduana, monedas utilizadas...

La ampliación del espacio geográfico europeo

Escasez de mano de obra, penuria de metales monetizables y dificultades crecientes en el avituallamiento de Occidente se hallan en la base de la expansión europea por las costas africanas y asiáticas y del descubrimiento de América. Pero las razones económicas no fueron las únicas que posibilitaron esta expansión cuya primera fase, de descubrimiento, se inicia en el siglo XIII con los viajes asiáticos de misioneros, diplomáticos y mercaderes.

Entre los misioneros-diplomáticos que contribuyen a descubrir a Occidente el mundo asiático figuran los franciscanos Pan de Carpino y Guillermo de Rubruck, enviado. el primero a Asia por decisión del concilio de Lyon (1245) y el segundo por Luis IX de Francia para intentar una alianza de Occidente y de los mongoles contra los musulmanes que dominaban los Santos Lugares. Entre los mercaderes hay que citar a los hermanos Nicolás y Maffeo Polo, venecianos, que en 1260-1269 realizaron su primer viaje a Pekín siguiendo las rutas caravaneras que, a través de los dominios mongoles, unían China con el Mediterráneo oriental. Dos años después de su vuelta a Occidente realizarían un nuevo viaje acompañados esta vez por el hijo de Nicolás, Marco Polo quien permanecería en China hasta 1295 y descubriría a los occidentales en el Libro de las maravillas el fabuloso mundo por él visto.

Estas expediciones aisladas descubren un nuevo mundo, pero carecieron de continuidad. El hundimiento del poder mongol en el centro de Asia y la importancia adquirida por los turcos islamizados hicieron demasiado peligrosa la ruta asiática. En muchos momentos el comercio del Mediterráneo oriental se vio amenazado. El mundo asiático era conocido, sin embargo, y cuando a fines del siglo XIV y comienzos del XV Tamerlan ataque a los turcos, hasta el rey castellano Enrique III se sentirá atraído por estos pueblos asiáticos y enviará un emisario al vencedor.

El interés por Asia es ante todo económico aunque, como hemos dicho, no falten las motivaciones políticas y religiosas, que llevarán a algunos franciscanos a la corte mongol y hasta la inmensa China. De China y de la India procede la mayor parte de las especias consumidas en Europa así como otros muchos productos cuyo comercio se vio dificultado por la presencia de los turcos y, para los genoveses, por la enemistad y rivalidad con los venecianos.

La importancia de este comercio obligó a buscar nuevas rutas. Los genoveses llegaron a pensar en la posibilidad de llegar a la India sin tener que enfrentarse a turcos o venecianos. En 1291 los hermanos Vivaldi crearon una sociedad para financiar una expedición ad partes Indiae per more Oceanum, es decir, para llegar a la India por el Atlántico, bordeando las costas africanas. La temprana fecha de esta expedición y el hecho de que las acciones de la sociedad hallaran favorable acogida hacen pensar que el destino de las naves no era la India sino una zona mejor conocida, al menos por referencias: la zona africana productora del oro con la que los genoveses se hallaban en contacto desde sus colonias norteafricanas por mediación de los camelleros del desierto que transportaban este oro desde el centro de África a las ciudades del litoral.

Estas zonas auríferas eran suficientemente conocidas a comienzos del siglo XIV por los europeos, aunque ninguno se hubiera aventurado hasta ellas. En el mapa dibujado por el mallorquín Angelí Dulcert en 1339 se alude a las comarcas auríferas. El también mallorquín Jaume Ferrer organizó en 1346 un viaje «para ir al río del oro». Los hermanos Vivaldi y Ferrer no regresaron de sus viajes, pero sí volvieron otros que, en lugar de utilizar el navío mediterráneo (la galera), se sirvieron de la coca atlántica con la que pudieron visitar por primera vez las islas Canarias, Madera y Azores a comienzos del siglo XIV.

Estos primeros tanteos no fueron continuados porque ni los conocimientos náuticos eran suficientes ni la necesidad apremiante: la ruta asiática de las especies volvió a abrirse nuevamente y el aprovisionamiento en oro pudo hacerse durante algún tiempo a través del comercio con el norte de África. El descubrimiento y exploración de nuevas tierras sería obra de pueblos atlánticos, mejor preparados náuticamente y más necesitados del acceso directo a las fuentes del oro, de los esclavos y de las especias para evitar el gran número de intermediarios que encarecían estos productos.

La primera expedición dirigida por los portugueses (ellos fueron los descubridores de África y de Asia) no tenía como finalidad abrir nuevos caminos sino controlar una de las rutas clásicas del oro, la que terminaba en Ceuta, ciudad que fue ocupada militarmente en 1415. La ocupación fue un fracaso económico, ya que a consecuencia de la guerra y de la inseguridad consiguiente los camelleros renunciaron a visitar Ceuta, pero Portugal continuó sus exploraciones que le llevarían a penetrar en el litoral atlántico africano, donde consiguió controlar la ciudad de Messa en la que terminaba la ruta más occidental del oro.

En sucesivas etapas los portugueses llegaron a Mina (1471), principal centro productor desde el que pudieron obtener el oro evitando no sólo a los intermediarios europeos sino también a los árabes. Continuando sus exploraciones comerciales, penetraron en el Índico y se establecieron en Monomotapa, en la actual Rodesia del Sur, otro gran centro productor de oro, y no tardarían en llegar a las zonas asiáticas de las especias. Los portugueses habían convertido en realidad el sueño de los hermanos Vivaldi y habían contribuido a la decadencia del mundo mediterráneo que, privado del oro y de las especias (uno y otro producto resultaban más baratos transportados por mar), cedería la primacía económica a los pueblos atlánticos.

El viaje hasta la India era largo e inseguro y creyendo, como se creía en algunos círculos ilustrados, que la tierra era redonda cabía la posibilidad de llegar a la tierra de las especias partiendo hacia el oeste en lugar de seguir la costa africana. Cristóbal Colón, genovés formado en Portugal, realizaría este proyecto en 1492 al servicio de la monarquía castellana y descubriría el continente americano al que durante mucho tiempo se siguió denominando con el nombre de Indias.

Pierre Chaunu, el mejor conocedor actual de la expansión europea, ha señalado como motivaciones de los descubrimientos un cúmulo de factores: necesidad de oro y de mano de obra barata (esclavos) que permitiera reorganizar la economía europea; búsqueda de tierras aptas para el cultivo de la caña de azúcar, que ya en el siglo XV formaba parte de la dieta alimenticia burguesa; interés por los cereales del norte de África, necesarios para la alimentación de los europeos; deseos de los nobles portugueses —y posteriormente castellanos— de adquirir nuevas tierras; afán misionero de algunos clérigos; curiosidad y deseo de aventuras.

El resultado de todas estas motivaciones fue la incorporación de gran parte de África, Asia y América al mundo económico, intelectual y religioso de Europa. La importancia, desde todos los puntos de vista, de este hecho ha llevado a los historiadores a hacer de los descubrimientos uno de los puntos de arranque del mundo moderno, de la Edad Moderna.

BIBLIOGRAFÍA

Bailly, A.: La guerre de Cent Ans. — París 1943.

Bloch, Marc: La Trance sous les derniers capétiens (1223-1328). — Cahiers des Annales. — París 1964. — 130 págs.

Carpentier, E.: Autour de la peste noire: famines et épidemies dans l'histoire du XIVe siécle. — «Annales. Économies. Sociétés. Civilisations» (París), XVII (1962), págs. 1062-1092.

Carpentier, E.: Une ville devant la Peste. Orvieto et la peste noire de 1348. — París 1962.

Clark, J. M.: The Dance of Death in the Middle Ages and the Renaissance. — Glasgow 1950.

Contamine, Ph.: Guerre, Etat et société á. la fin du Moyen Age. — París 1969.

Chaunu, Pierre: L'expansion europeenne du XIIIe au XVe siécle. — P.U.F. — París 1969. — 396 págs.

Chellini, J.: Histoire religieuse de l'Occident medieval. — Armand Colin. — París 1970. — 520 págs.

Chevalier, B.: L'Occident de 1280 a 1492. — Armand Colin. — París 1969. — 256 págs.

Delaruelle. E.: L'Église au temps du Grand Schisme et de la crise conciliaire (1378-1449). — Tournai 1962.

Dollinguer, Ph.: La Hanse (XII-XVII siécles). — Aubier. — París 1964. — 560 págs.

Fossier, R.: Histoire social de l'Occident medieval. — Armand Colin. — París 1970. — 382 págs.

Fournial, E.: Histoire monétaire de l'Occident medieval. — F. Nathan. — París 1970. — 192 págs.

Fourquin, Guy: Histoire économique de l'Occident medieval. — Armand Colin. — París 1971. — 446 págs.

Fourquin, Guy: Los movimientos populares de la Edad Media. — Castellote Editor. — Madrid 1973. — 275 págs.

Guenée, B.: Occidente durante los siglos XIV y XV. Los Estados. — Barcelona 1973.

Heers, J.: Occidente durante los siglos XIV y XV. Aspectos económicos y sociales. — Editorial Labor (Colección Nueva Clío, núm. 23). — Barcelona 1968.

Lagarde, G. de: La naissance de l'esprit láique au déclin du Moyen Age. — Ed. Saint Paul-Trois Cháteaux. — Louvain-Paris 1956.

Le Goff, Jacques: Mercaderes y banqueros en la Edad Media. — Editorial Universitaria. — Buenos Aires 1962. — 134 págs.

Le Goff, Jacques: Los intelectuales de la Edad Media. — Editorial Universitaria. — Buenos Aires 1965. — 236 págs.

Jacob, E.: Essays in the_ Conciliar Epoch. — Manchester 1943.

Melis, F.: I primi secoli delle asicurazioni (secoli XIII-XVI). — Roma. 1965.

Melis, Federigo: Aspetti della vita económica medievale (Studi nell'Archivio Datini di Prato). — Monte dei Paschi di Siena. — Siena 1962. — XXIV + 729 págs.

Melis, Federigo: Documenti per la storia económica dei secoli XIII-XVI. — Pubblicazioni del Instituto Internazionale di Storia Económica «F. Datini». — Firenze 1972. — 628 págs.

Mols, R.: Introduction á la demographie historique des villes d'Europe du XIVe au VIIe siécle. — Louvain 1954-56. — 3 vols.

Mollat, M.; y Wolff, Ph.: Ongles bleus, Jacques et Ciompi. Les révolutions populaires en Europe aux XlVe et XVe siécle. — París 1970.

Morales Padrón, Francisco: Historia del descubrimiento y conquista de América. — Editora Nacional. — Madrid 1971. — 611 págs.

Perroy, E.: La guerre de Cent Ans. — Ed. Gallimart. — París 1945. — 342 págs.

Perroy, E.: A l’origine d'une économique contractée: les crises du XIVe siécle. — «Annales. Économies. Sociétés. Civilisations» (París), IV (1949), págs. 147-169.

Rapp, F.: L'Église et la vie religieuse en Occident á la fin du Moyen Age. — París 1971.

Renouard, Yves: Études d'histoire médiévale. — S.E.V.P.E.N. — París 1968. — 2 vols., 1138 págs.

Renouard, Yves: La papauté á Avignon. — P.U.F. («Que sais-je?», núm. 630). — París 1962. — 136 págs.

Roover, R. de: Money, Banking and Credit in Medieval Bruges. — Cambridge (Mass.) 1948.

Roover, R. de: L'évolution de la lettre de change (XIVe-XVIIIe siécles). — Centre de Recherches Historiques. École Practique des Hautes Études. — París 1953. — 240 págs.

Russell, J. C: Late Ancient and Medieval Population. — Transactions of the American Philosophical Society.— Philadelphia 1958. — 152 págs.

Tenenti, A.: La vie et la mort a travers l'art du XV siécle. — París 1952.

Ullman, W.: The Orígins of the Great Schisnt. — London 1948.

Villages desertes et histoire économique. XIe-XVIIIe siécles. — S.E.V.P.E.N. — París 1965. — 619 págs.

Ziegler, Ph.: The Black Death. — London 1969.

2. LA CRISIS DEL SIGLO XIV EN LOS REINOS PENINSULARES

Aunque la crisis se hizo sentir en toda la Península, la diferente situación de los reinos hispánicos hizo que los efectos de hambres, guerras, pestes y revueltas fueran distintos. La zona más afectada fue, sin duda, la Corona de Aragón y dentro de ella el Principado de Cataluña y el reino de Mallorca, es decir, las dos zonas de mayor importancia económica, lo que explica que, pese a los éxitos diplomáticos y militares conseguidos por los Reyes de Aragón durante este período (mantenimiento de Cerdeña, victorias sobre Génova, anexión de Mallorca, anulación del poder de los unionistas aragoneses y valencianos...), la Corona deje de ser el Estado más importante dentro de la Península y se vea obligada a ceder la primacía a Castilla en los años posteriores

En el reino castellano, la anarquía nobiliaria y urbana deja paso a un afianzamiento del poder monárquico durante el reinado de Alfonso XI, que logra poner fin a la independencia de las ciudades y de las Cortes y consigue la colaboración de los nobles para pacificar el reino y para combatir a benimerines y granadinos. Con la victoria obtenida en el río Salado (1340) se pone fin a las invasiones norteafricanas y el reino de Granada —aislado de sus correligionarios— sólo se mantendrá mientras duren las divisiones entre los cristianos peninsulares y las luchas en el interior de Castilla.

AFIANZAMIENTO DE LA MONARQUÍA CASTELLANA

En 1325 termina la larga minoría de Alfonso XI durante la cual Castilla estuvo dividida entre los tutores del rey, más interesados en consolidar su posición personal que en gobernar el reino. La división nobiliaria se extendió a las ciudades, donde surgieron banderías favorables a uno u otro de los tutores. Como resultado de la anarquía fueron muy numerosos los castellanos, especialmente los de origen judío, que abandonaron sus heredades y bienes y buscaron refugio y trabajo en los vecinos reinos de Aragón y de Portugal.

Las causas y consecuencias del malestar nobiliario fueron puestas de relieve por los asistentes a las Cortes convocadas en 1325. Los procuradores pidieron al nuevo rey que organizara la Hacienda y que fijara los sueldos que debían cobrar ricoshombres y caballeros de forma que estos pudieran vivir sin necesidad de recurrir al robo y destrucción del reino. La actuación nobiliaria durante los años de minoría había llevado a la ruina a gran número de castellanos que se habían visto obligados a recurrir al préstamo de los judíos y, de rechazo, la animadversión contra éstos había aumentado considerablemente tanto por parte de quienes intentaban despojarles de sus bienes como de aquellos que buscaban la anulación de las deudas contraídas.

Las Cortes piden satisfacciones económicas para los nobles, a cambio de que pongan fin al desorden; al mismo tiempo exigen que los nobles sean alejados del poder político y pretenden limitar la autoridad del monarca al solicitar una mayor participación de las ciudades y villas en el gobierno y en la administración de justicia, un control de la cancillería, la fijación y limitación del importe de los yantares, el mantenimiento de la Hermandad General y sus derechos... Para afianzar su poder, Alfonso XI tendrá que controlar a la nobleza, poner fin a la injerencia de las ciudades-Cortes en el gobierno y conservar a su lado a los judíos, cuya colaboración como prestamistas, gestores y recaudadores es absolutamente necesaria. La política exterior está subordinada a la evolución de estos factores.

Política nobiliaria

Obligado a elegir entre los tres grupos nobiliarios, entre los tres tutores que se disputan el poder, Alfonso XI se apoya en los partidarios del infante Felipe, que será quien dirija la lucha contra don Juan Manuel y contra don Juan el Tuerto. Para dividir a los nobles, el rey se promete en matrimonio a Constanza, hija de don Juan Manuel, cuyos antiguos aliados fueron vencidos militarmente. Juan el Tuerto fue asesinado en 1326, todos sus bienes, entre los que se incluían más de ochenta castillos, villas y lugares fortificados, pasaron a manos del monarca, que consiguió además comprar el señorío de Vizcaya a la madre de don Juan.

El matrimonio de Alfonso XI y Constanza había sido acordado, en momentos de necesidad de la monarquía, como medio para romper la coalición de los nobles sublevados. Pero cabe suponer que ni el rey ni sus consejeros, partidarios del infante Felipe según hemos dicho, estaban dispuestos a consentir en esta unión, que significaría para el rey la sumisión al antiguo sublevado y, para los nobles en el poder, el triunfo de la facción rival y la pérdida de los beneficios obtenidos. Desaparecido el peligro inmediato se abandonará el proyecto matrimonial y Alfonso XI podrá una vez más utilizar los lazos matrimoniales contra los nobles.

La fuerza de los rebeldes radicaba indudablemente en sus grandes posesiones y también en la ayuda recibida de los monarcas de Aragón y de Portugal. Para reducir el poder nobiliario o evitar al menos que se incrementaran sus fuerzas, el rey de Castilla necesitaba de la amistad o la neutralidad de los monarcas vecinos. Este objetivo se lograría mediante el matrimonio de Alfonso XI con María de Portugal y el de Blanca de Castilla, prima del rey, con el heredero portugués.

Si el primer matrimonio quitaba a don Juan Manuel la posibilidad de hallar ayuda en Portugal, las ventajas del segundo no eran menores: en el acuerdo previsto, el monarca portugués, en nombre de su hijo, renunciaba a los bienes que en Castilla tenía Blanca y se comprometía a dotarla convenientemente en Portugal. Alfonso XI no sólo recibía importantes bienes sino que, como él mismo afirmó, evitaba que cualquier noble castellano, casándose con Blanca, dispusiera de fuerzas suficientes para oponerse al rey.

La decisión del monarca dio lugar a una sublevación dirigida por don Juan Manuel, ayudado por los granadinos y aragoneses. Para contrarrestar la fuerza de estos grupos, Alfonso XI hizo cuantiosas donaciones a los nobles fieles dirigidos ahora por Alvar Núñez. Los abusos cometidos por el privado desencadenaron una revuelta de las ciudades castellanas a las que se unieron algunos nobles que acusaban a Alvar Núñez de utilizar el dinero del reino para pagar a sus propios vasallos y fieles en lugar de distribuirlo entre los ricoshombres y caballeros.

Alfonso XI ante el peligro de sublevación general, expulso de su consejo al privado, que no tardaría en unirse a don Juan Manuel, pero las ciudades volvieron a la obediencia del rey. Los bienes confiscados a Alvar sirvieron para asegurar la fidelidad de los nobles que habían secundado el movimiento de las ciudades. Poco después, el rey lograba aislar a los rebeldes al casar a su hermana con Alfonso el Benigno de Aragón (1329) y al firmar un acuerdo por el que los reyes de Portugal y de Aragón se comprometían a ayudar al castellano contra los musulmanes y a no amparar a ningún rebelde.

Apoyado por los monarcas peninsulares y libre de los demasiado absorbentes consejeros, Alfonso XI no se hallaba todavía en condiciones de someter a don Juan Manuel y carecía de medios económicos para emprender las campañas anunciadas contra los musulmanes. Para una y otra empresa necesitaba el concurso de las ciudades, que fueron reunidas en Cortes en 1329 y que, tras plantear algunas reivindicaciones, concedieron subsidios con los que fue posible comprar los servicios de don Juan Manuel e iniciar las campañas contra el reino granadino en el que Alfonso XI con quistó los lugares de Tebax, Cañete, Cuevas y Priego.

Los éxitos militares de Alfonso XI, la deserción de los aliados castellanos y del monarca musulmán y la carestía. Reinante en Granada facilitaron la firma de la paz. El rey musulmán se declaró vasallo del castellano y se comprometió a pagar parias a condición de que se permitiera a los granadinos importar de Castilla pan y ganado, pagando un cinco por ciento del valor de lo importado, en concepto de derechos de aduana.

Sometidos los nobles momentáneamente, pero no pacificados, Alfonso XI intentó llegar a un acuerdo con sus dirigentes don Juan Manuel y Juan Núñez (heredero de don Juan el Tuerto) cuyas huestes eran necesarias para enfrentarse a los benimerines que asediaban Gibraltar. Los rebeldes pidieron que sus salarios personales pasaran de 400000 a 600000 maravedíes en dinero y que en lugar de las tierras que tenían del rey por valor de 180000 maravedíes se les dieran otras valoradas en 300000.

Don Juan Manuel exigió además que sus dominios personales en tierra de Murcia fueran convertidos en un ducado hereditario exento de todo tributo real y que se le permitiera acuñar moneda, es decir, que se le concedieran atribuciones reservadas al monarca. Juan Núñez pidió la devolución del señorío de Vizcaya. El rey podía aceptar las peticiones económicas pero no las políticas y no se llegó a ningún acuerdo.

La amenaza de guerra civil impidió socorrer a tiempo Gibraltar, que fue ocupado por los benimerines. Sólo después de haber llegado a una tregua con los musulmanes pudo Alfonso hacer frente a los sublevados. Vencidos, don Juan Manuel y Juan Núñez conservaron todos sus bienes y volverían a sublevarse nuevamente en 1336, momento desde el cual parece existir una colaboración sincera entre el monarca y los nobles.

Las continuas sublevaciones nobiliarias y la energía desplegada por el rey para dominarlas han hecho que Alfonso XI pase a la historia como un rey antinobiliario. Pero puede afirmarse que el monarca castellano fue un decidido partidario del ideal caballeresco y buscó, siempre que le fue posible, un acuerdo con los nobles sin los que no era posible gobernar pacíficamente el reino. Alfonso XI considera a los caballeros como el grupo social más importante del reino e intenta atraerlos a su servicio dotándolos convenientemente y exaltando el modo de vida y los ideales de los caballeros El mismo monarca se hizo armar caballero en el monasterio de Las Huelgas por una imagen articulada de Santiago, creó la orden de la Banda, destinada a premiar a quienes se distinguieran en hechos de caballería, y armó caballeros a veintidós ricoshombres y a más de cien caballeros en una ceremonia celebrada en Burgos en 1332.

El interés del monarca, por convicción personal y por necesidad política, exigía mantener a su servicio —con finalidad exclusivamente militar— a los nobles. Pero la experiencia había enseñado a éstos que los sueldos y bienes concedidos por el rey eran insuficientes a causa de las continuas subidas de precios y que la mejor forma de incrementar sus beneficios consistía en servir al monarca desde los puestos de gobierno que permitían actualizar los ingresos. Para lograr este objetivo político-económico no dudarán en sublevarse, dispuestos a aceptar la autoridad real cuando ésta les ofrece suficientes compensaciones.

La sumisión de la nobleza a partir de 1336 no fue el resultado de una victoria militar sino fruto de un acuerdo entre monarca y nobles para poner fin a una etapa de violencias que no favorecían definitivamente a nadie. En las Cortes celebradas en Burgos en 1338, Alfonso XI —a cuyo lado figuraban los nobles sublevados en 1336 (Juan Núñez era el alférez real y había recuperado el señorío de Vizcaya)— ordenó la reconciliación de los hidalgos y castigó con la pena de muerte la ruptura de la paz; fijó el sueldo de nobles, caballeros y peones, señaló el tipo de armas que deberían llevar, la calidad de los caballos, el tiempo de servicio..., es decir, dio forma a un verdadero estatuto del grupo militar. En 1348 el estatuto nobiliario aparece mucho más perfilado al aprobarse unos ordenamientos atribuidos a Alfonso VII el Emperador y que constituyen un auténtico fuero de los nobles.

El punto más importante del estatuto regula los sueldos de los caballeros. Por cada mil cien maravedíes que recibieran anualmente del rey se comprometerían a servirle con un hombre de a caballo y otro de a pie, pero de la cantidad global habría que descontar la tercera parte, que se destinaba íntegramente al noble titular. En el caso antes citado del infante don Juan Manuel y de Juan Núñez, de los 4000000 maravedíes en dinero y 180000 en tierras que recibía cada uno, ciento noventa y tres mil trescientos serían para «guisamiento del su cuerpo e para la su costa» y con los restantes se pagaría el salario de 350 hombres de a caballo y otros tantos de a pie. Estos hombres, pagados por el reino, estarían al servicio de los nobles, que dispondrían además de los combatientes que pudieran pagar con sus bienes personales.

Los salarios fueron actualizados en las Cortes de Alcalá de 1348 en las que se exigió a los nobles que pagasen a un hombre a caballo y a un peón por cada mil doscientos maravedíes en lugar de por cada mil cien. Esta medida equivalía a incrementar en casi un once por ciento el sueldo de peones y caballeros. Suponemos que los nobles obtendrían una compensación equivalente, que les permitiera incrementar la parte personal y mantener el mismo número de hombres que en épocas anteriores, ya que el aumento del salario de caballeros y peones equivalía, si no se incrementaba el dinero disponible, a una disminución del número de combatientes y habría dado lugar a nuevas protestas nobiliarias.

Para el rey, la milicia no es un simple ejercicio de armas sino que requiere una disposición de ánimo, una cierta moralidad, por lo que prohíbe a quienes integraban el ejército intervenir en juegos de azar mientras dure el servicio. Medidas económicas y moralizantes tienden a realzar el prestigio de los caballeros y se completan con otras de carácter social. En época de Alfonso XI se repiten las leyes suntuarias promulgadas por Alfonso X en las Cortes de 1258, pero mientras en el siglo XIII podía observarse un cierto equilibrio entre el deseo del monarca de evitar los gastos superfluos y su interés en distinguir por el vestido y la comida a los diversos grupos sociales, las normas del siglo XIV pierden esta ambigüedad y en ellas predomina claramente la intención social.

No se trata de evitar gastos sino de distinguir claramente por el aspecto externo a los distintos grupos y, dentro de cada uno, a las diferentes jerarquías: el monarca podrá tomar cuatro comidas al día, los prelados y ricos-hombres tres y los demás solamente dos. Las mujeres e hijas de la alta nobleza podrán utilizar vestidos de seda siempre que en ellos no haya oro; las demás mujeres no tendrán derecho a utilizar estos vestidos ni con oro ni sin él...

La estabilidad económica y social dada al grupo militar con estas normas hizo posible la realización de campañas contra los musulmanes, en las que el botín se añadió a los ingresos normales, y la nobleza permaneció sumisa durante algunos años; pero bastará que la situación económica se deteriore a consecuencia de la Peste Negra y del alza brutal de precios, que fue su consecuencia, para que la nobleza vuelva nuevamente a sus antiguas costumbres e intente oponerse al rey Pedro I.

Política económica

A comienzos del reinado de Alfonso XI, Castilla se hallaba arruinada y una gran parte de la población dependía de los préstamos judíos. En la primera reunión de Cortes (1325) los concejos expusieron al rey sus quejas: los préstamos se hacían con intereses superiores a los legales y, en cualquier caso, era imposible devolverlos ya que los últimos años habían sido calamitosos; si se obligara a pagar en el momento acordado el reino se despoblaría por huida de sus habitantes.

Para evitar esta situación las Cortes propusieron que se perdonara la tercera parte de las deudas contraídas con los hebreos y que se aplazara el pago de las cantidades restantes hasta dieciocho meses sin que por ello se incrementaran los intereses. Alfonso XI necesitaba el apoyo de las Cortes y el dinero que pudieran proporcionarle, pero éste se recaudaba lentamente y sólo los judíos podían adelantarlo, siempre que el monarca no cerrara sus fuentes normales de aprovisionamiento: el pago de los intereses y de las cantidades prestadas. Acceder a la petición de las ciudades equivalía a inmovilizar el dinero judío durante dieciocho meses y a enajenarse la buena voluntad de quienes le habían ayudado económicamente durante su minoría.

Las buenas relaciones existentes entre el monarca y los judíos se pusieron de manifiesto en el nombramiento de almojarife a favor del judío Yuzaf de Écija inmediatamente después de su llegada a la mayoría. Volverían a ponerse en evidencia en las Cortes, en las que se llegó a un compromiso entre las peticiones de los concejos y los intereses de los hebreos. Se perdonaría la cuarta parte de las deudas; las otras tres tendrían que ser abonadas improrrogablemente en un año y en pagos cuatrimestrales. Quien no lo hiciera así perdería las ventajas concedidas que, de todas formas, no se aplicarían en Valladolid, ciudad en la que había transcurrido la minoría del rey bajo el amparo económico de los judíos.

De las actas de Cortes se deduce claramente que antes de adoptar una decisión el monarca consultó con los judíos y éstos le hicieron saber los abusos que habían tenido que soportar durante la minoría, tanto por parte de los tutores como de los nobles, ciudadanos y prelados. Gran número de judíos había abandonado el reino; en las mismas Cortes de Valladolid el monarca hizo un llamamiento a los fugitivos para que regresaran a sus lugares de origen y ordenó a los oficiales del reino que los recibieran bajo su protección.

Cuatro años más tarde, la situación económica de Castilla no había mejorado y de nuevo fue preciso perdonar la cuarta parte de las deudas judiegas. Pero, al igual que en 1325, el rey puso bajo su protección a los judíos y se negó a aceptar la petición de las Cortes de que ni moros ni hebreos pudieran ser nombrados arrendadores, cogedores, recaudadores, privados o pesquisidores. Una vez más el acceso a estos cargos oficiales compensaba las pérdidas económicas sufridas por los prestamistas, según se demostró en 1330 al proceder el monarca a una nueva acuñación monetaria.

Castilla sufrió la penuria de metales del mismo modo que el resto de Europa. En el reino escaseaba la moneda o corrían monedas de Aragón, Portugal y Navarra obtenidas a cambio de la exportación de productos castellanos necesarios para la alimentación y para el mantenimiento de la capacidad militar castellana. A evitar la salida de caballos de guerra se dirigieron las medidas adoptadas tras la firma de la paz con Granada en 1329. Quienes quisieran andar en bestias, signo de distinción social, estarían obligados a utilizar caballos o rocines que, al ser necesarios, no serían exportados. La medida evitó la exportación de caballos durante algún tiempo, pero incrementó la venta de mulos y cabe suponer que otros muchos productos serían exportados para conseguir la moneda necesaria a las actividades comerciales. Al menos puede darse este sentido al acuerdo firmado con los musulmanes granadinos.

Los inconvenientes de la escasez de moneda (encarecimiento de los metales, exportación indiscriminada de artículos, disminución del comercio...) podían ser evitados con la acuñación prevista por el rey, pero se corría un doble riesgo económico: si no se ofrecía por la plata tesaurizada un precio suficiente, los propietarios no se desprenderían de ella y la acuñación no sería posible por no disponer el rey de metal en cantidad. Si, por el contrario, se ofrecía un precio alto, la nueva moneda podría resultar excesivamente cara y llevaría consigo una subida general de precios.

Alfonso XI eligió la primera solución y pretendió romper los mecanismos económicos mediante disposiciones legales, fijando, antes de dar a conocer la nueva acuñación, el precio de la plata. Esta medida habría sido útil si el monarca hubiese tenido un poder capaz de exigir que todos vendieran la plata al Estado a los precios fijados y si no hubiera tenido necesidades apremiantes de dinero. Sin embargo, el monarca ni disponía de un organismo que se encargase de comprar la plata, ni podía esperar a que la moneda estuviese acuñada para recibir los derechos correspondientes, ni estaba en condiciones de exigir a los nobles que se desprendieran de sus tesoros.

La solución legal, la más interesante desde el punto de vista de la población, tuvo que ser abandonada y fue necesario ofrecer un precio atractivo para los poseedores y confiar la compra y vender los derechos de acuñación a los prestamistas judíos, que adelantaron inmediatamente el dinero solicitado por el rey, los derechos del monedaje. Las consecuencias de estas medidas fueron considerables: los prestamistas exigieron, para cerrar el acuerdo, un aumento del veinte por ciento en el precio de la plata y, para acelerar la recogida del metal, rompieron los precios del mercado al ofrecer por los artículos susceptibles de exportación cantidades superiores a su valor comercial.

Estas medidas, aparentemente ruinosas, produjeron grandes beneficios a sus autores. El dinero prestado al monarca se recuperaba con los derechos de acuñación y cuanto antes se hiciera ésta más rápido sería el cobro. Si se conseguía reunir la planta y acuñar la moneda en un año, el dinero sólo estaría inmovilizado durante este tiempo y podría ser prestado a continuación al interés legal del treinta y tres por ciento; cada año de retraso significaba una pérdida del valor de los intereses, superiores por año en un trece por ciento al veinte que les costaba la compra de plata y artículos a precios superiores a los normales. Los perjudicados fueron los castellanos, que se vieron privados de numerosos productos y tuvieron que pagar los restantes a un precio superior gracias al alza provocada por la especulación de los prestamistas.

La fijación en 1338 de los sueldos de nobles, caballeros y peones no dejaría de provocar un aumento de la fiscalidad, al que responderían las quejas, en las Cortes de 1339, contra los abusos de los oficiales en el cobro de los impuestos o las protestas ante los intentos monárquicos de establecer un censo de los bienes de los súbditos para evitar la evasión fiscal. Las leyes suntuarias tendían —aparte de su finalidad social ya expuesta— a reducir los gastos de los súbditos y evitar la salida de moneda, pero las Cortes (es preciso recordar que a ellas asisten no los ciudadanos, sino los dirigentes de las ciudades, es decir, personas con una situación económica aceptable) reaccionaron contra ellas afirmando que la prohibición de usar determinados vestidos y adornos no redundaba en servicio del rey y sí en perjuicio de quienes antes de promulgarse las leyes habían comprado vestidos que ya no podrían utilizar. Las protestas no fueron atendidas por el monarca, que con el mantenimiento de la ley lograba un doble objetivo: reducir los gastos y mantener las diferencias sociales externas.

La falta de estudios sobre esta época no permite hablar claramente de crisis económica, pero los datos dispersos sobre hambres, catástrofes climáticas, subidas de precios, aumento de la presión fiscal, penuria monetaria... son suficientemente expresivos de los problemas castellanos, a los que aluden las actas de las Cortes de 1345 y 1348. En las primeras, los concejos pidieron que, habida cuenta de la mortandad de los ganados y la escasez de la cosecha por el mucho frío que hubo, se prohibiera durante algunos años la exportación de carne y de pan. Por su parte, los mercaderes protestaron contra el establecimiento con carácter general del impuesto de la alcabala (diez por ciento sobre el valor de las ventas) que se unía al diezmo cobrado en los puertos de entrada de las mercancías y a los derechos tradicionalmente pagados por los comerciantes (portazgos, peajes...). El exceso de impuestos desanimaba a los mercaderes, que pidieron que se suprimieran los diezmos mientras se mantuviera en vigor el cobro de las alcabalas.

Las peticiones de las Cortes no fueron escuchadas porque el rey, siempre escaso de dinero, tenía empeñados los futuros ingresos proporcionados por diezmos, alcabalas y derechos de exportación para pagar el sueldo de algunos caballeros «que han de estar prestos para nuestro servicio». Una vez más las necesidades militares y la imposibilidad o falta de interés en oponerse a los nobles predominaban sobre los intereses del reino a pesar de que el monarca reconoció la gravedad de la situación agrícola y, teniendo en cuenta la gran escasez, accedió a prohibir la exportación de cereales y de carne durante un año.

Las concesiones hechas a los nobles fueron rentables en el plano militar: dos años después de la concesión del estatuto nobiliario, las tropas castellanas derrotaban a los benimerines en el Salado y en 1343 vencían a los granadinos. Pero los donativos de las Cortes no eran suficientes para mantener a un ejército permanente tan numeroso y hubo que arbitrar nuevos medios: creación de nuevos impuestos indirectos, arriendo de las escribanías del reino, incautación del oro y de la plata de los cambistas... lo que agravaría aún más la situación económica y obligaría a los castellanos a buscar una salida en la exportación masiva de caballos, muy cotizados en el exterior, pero necesarios para la guerra.

Primando una vez más a los intereses militares sobre los económicos, el monarca prohibió la exportación de caballos con lo que sólo conseguiría que se abandonara su cría por no ser rentable. Para romper este círculo vicioso, en las Cortes de 1348 se tomaron una serie de medidas que, combinadas, desembocarían en el mantenimiento de la cría caballar y en la creación de importantes reservas de caballos de guerra. Quienes tuvieran determinada cuantía de bienes estarían obligados a tener caballo. Para evitar que la población gastara excesivamente en bodas, banquetes y vestidos, con lo que se empobrecerían y escaparían a la obligación de tener caballo, se dictaron nuevas leyes suntuarias en las que se ofreció a los caballeros forzosos una compensación social al establecer diferencias entre el vestido de las mujeres de quienes mantuvieran caballo y el de aquellas cuyo marido o padre no lo poseyeran.

Para estimular la cría se permitió nuevamente la exportación aunque, por otra parte, se limitaba esta posibilidad al obligar a quienes tenían determinados privilegios a comprar caballo en un plazo breve so pena de perder sus derechos, y al hacer obligatorio el mantenimiento de uno o varios caballos a partir de cierto nivel económico para quienes vivieran en lugares próximos a la frontera, entendiendo por tales los reinos de Sevilla. Córdoba, Jaén y Murcia, fronterizos con los musulmanes, y las zonas de Badajoz, Zamora. Salamanca, Logroño, Soria, Cuenca... situados en las fronteras con Portugal o con Aragón.

La cuantía necesaria para estar obligado a poseer caballo varía considerablemente en razón de la mayor o menor proximidad a la frontera con los musulmanes, de la existencia o no de grandes propietarios en la zona, del nivel de vida, del número de caballos existentes, de su precio... Sólo teniendo en cuenta todos estos factores se explica que mientras en Andalucía y Murcia se llega a exigir el mantenimiento de hasta tres caballos al superar los 50000 (Sevilla), 40000 (Córdoba y Jaén) y 60000 maravedíes (Murcia), en el resto de los lugares se exija un solo caballo incluso a quienes posean superiores riquezas que los andaluces y murcianos obligados a mantener dos caballos.

En la frontera aragonesa se entra en el nuevo grupo de caballeros a partir de los 12000 maravedíes en Cuenca, de los 15000 en Requena y Logroño, y de los 16000 en Soria. En las zonas próximas a Portugal bastan 6000 maravedíes en Badajoz y se precisan 10000 en Zamora y en Salamanca. En Andalucía y Murcia quedan bajo la nueva ley quienes posean bienes por valor de 4000 maravedíes en Córdoba y Jaén (con 10000 deben mantener dos caballos), de 5000 en Sevilla y su arzobispado (dos al llegar a los 10000) y de 8000 en Murcia (sólo al pasar de los 20000 maravedíes están obligados los murcianos a tener dos caballos).

Los resultados de esta reorganización económico-social-militar no los sabemos, a pesar de que su estudio, unido al de los numerosos datos contenidos en las Crónicas, en las Actas de las Cortes y en los documentos, permitiría trazar un cuadro de la economía y de la sociedad castellana de la que hoy sólo conocemos algunos aspectos fragmentarios que nos permiten afirmar la existencia en Castilla de una crisis anterior a la Peste Negra y semejante en sus manifestaciones a la europea.

Control de las ciudades y de las Cortes

La fecha de 1325 señala el punto final de la independencia de las ciudades y del poder político de las Cortes castellanas. El afianzamiento del poder monárquico exigía la anulación o la cooperación de las dos fuerzas que podían disputar el control del reino: la nobleza y las ciudades reunidas en Hermandad General o en Cortes. En el primer caso, Alfonso reforzó los lazos feudales para conseguir sus fines. En el segundo, le bastó disminuir el alcance de los fueros y costumbres locales e imponer sus propios representantes al frente de cada comunidad.

El sistema de situar a un representante del monarca por encima de los dirigentes locales ya había sido intentado en el siglo XIII aunque sin éxito, ya que los monarcas necesitaban el apoyo de los concejos para oponerse a la siempre insumisa nobleza. Pacificada ésta, el rey puede controlar a las ciudades y exigir de éstas el pago de nuevos impuestos que le permitan atender a los gastos derivados de la reforma militar.

Antes incluso de proceder al nombramiento de estos corregidores o alcaldes veedores el monarca había desarticulado cualquier posible resistencia al prohibir en 1325, atendiendo a las quejas de los clérigos, la Hermandad General. Sólo los abusos del privado Alvar Núñez tuvieron fuerza para provocar una sublevación de los concejos que, a pesar de su éxito, no pudieron imponer sus puntos de vista al rey.

En Cortes de 1329. convocadas inmediatamente después de la expulsión de Alvar Núñez, Alfonso XI se comprometió a nombrar oficiales honrados, a respetar los fueros y privilegios locales, apoyó a las ciudades contra los abusos e injerencias de nobles y clérigos; dio satisfacción a éstos al garantizarles que no aceptaría el nombramiento de extranjeros para los cargos eclesiásticos; se comprometió a pagar suficientemente a los oficiales para que pudieran vivir de su cargo sin necesidad de acaparar puestos o abusar de sus prerrogativas... Pero se mostró intransigente en cuanto supusiera una limitación a su autoridad o una disminución de los ingresos económicos del reino.

Ante la petición de apartar a judíos y moros de determinados cargos, se negó rotundamente y reclamó el derecho de nombrar para éstos y para cualquier otro puesto «según entendiere que será más mío servicio». La misma respuesta dio a quienes pedían que la defensa de los castillos situados en las ciudades fuera confiada a caballeros vecinos y moradores de las mismas... y tampoco accedió a suprimir los diezmos cobrados por la entrada en el reino de productos extranjeros ni renunció a cobrar los derechos de cancillería.

Tras el acuerdo con los nobles, las Cortes reunidas en 1339 concedieron los subsidios pedidos por el monarca, fracasaron en su petición de que fueran anuladas las leyes suntuarias y no pudieron impedir el nombramiento de alcaldes veedores en las principales ciudades. A pesar de las protestas, que se repitieron continuamente, los alcaldes fueron mantenidos y las ciudades sólo consiguieron, en 1345, en plena crisis económica, que sus salarios fueran pagados por el monarca y no por los municipios. Seguro ya de la colaboración nobiliaria, Alfonso XI puede disponer a su antojo de las Cortes y hacer caso omiso del espíritu aristocratizante de los ciudadanos, como en 1339, o servirse de él para crear, en 1348, un ejército permanente pagado no por el rey sino por los propios combatientes.

Las Cortes celebradas en Alcalá en 1348 confirman el triunfo del poder monárquico frente a las ciudades Cortes y en colaboración con la nobleza cuya presencia, al menos de sus ideales, se observa en las peticiones hechas por los concejos para que el rey no entendiera en las querellas de los vasallos contra los señores, prohibiera la aplicación de torturas a los hidalgos, la prisión por deudas... La respuesta dada por el monarca a esta última petición tiene un gran interés desde el punto de vista social: Alfonso XII accede a no encarcelar a los hidalgos deudores, pero exceptúa del privilegio a quienes fueran cobradores o arrendadores de los impuestos porque al aceptar un trabajo que no correspondía a su status renunciaban implícitamente a los privilegios de su grupo social.

A través de algunas normas aprobadas en las Cortes puede verse la oscilación del monarca entre los conceptos feudales del poder y los modernos. Frente a la opinión sustentada por los romanistas de que los reyes no podían ceder a sus vasallos la administración de justicia y los derechos de fonsado y fonsadera y de que, en el caso de que los cedieran, la donación sólo podía ser temporal, Alfonso XI afirmó que estas donaciones, cuando no se expresara lo contrario, eran perpetuas. La voluntad del monarca hace la ley, lo que representa el triunfo de las ideas romanistas, pero en este caso tales ideas no se aplican a consolidar el poder real sino a reafirmar los señoríos, la vieja organización feudal. Sin embargo, Alfonso XI obligó a los señores de estas tierras inmunes a seguirle en la guerra y en la paz y se reservó el derecho de administrar justicia cuando los señores no cumplieran con su obligación. Se reservó igualmente el control de la moneda, que no podría ser otra que la real.

El fortalecimiento de la autoridad del rey y de sus oficiales puede observarse en las graves penas impuestas a quienes fueren contra ellos: el asesinato o la detención de estos oficiales se paga con la vida; la confiscación de la mitad de los bienes y diversas penas económicas, así como la prisión y el destierro, están previstas para quienes hieren a un oficial del rey.

Otra manifestación de la victoria monárquica y de sus limitaciones puede verse en la implantación del Código de las Partidas. Éstas sólo tendrán aplicación cuando ni las leyes promulgadas por Alfonso XI ni los fueros locales sean suficientes para resolver las cuestiones planteadas. Los fueros locales subsisten, pero sólo en las cláusulas tradicionalmente usadas (no bastará que un precepto esté contenido en el fuero sino que será preciso demostrar que ha sido utilizado habitualmente) y siempre que no vayan contra Dios, contra la razón y contra las leyes promulgadas en estas Cortes por Alfonso XI, quien se atribuye el derecho de mejorar y enmendar los fueros y se convierte en la fuente viva del derecho al recordar que corresponde al monarca hacer fueros y leyes, interpretarlas y enmendarlas, por lo que, en caso de contradicción entre las distintas fuentes y siempre que no estuviera previsto el caso en litigio, se reserva el derecho de hacer una nueva ley, «la que veremos que cumple sobre ello».

El derecho de legislar, la unificación jurídica y la centralización del poder legislativo en manos del monarca son las últimas fases del proceso unificador y centralizador iniciado por Alfonso X y culminado por Alfonso XI quien, pese a ello, mantuvo entre las leyes aprobadas en Alcalá el llamado Ordenamiento de Nájera o normas referentes a los nobles y a sus vasallos.

Política peninsular

La política exterior de Castilla está subordinada hasta 1338 a los problemas internos. Las alianzas con Portugal y Aragón tienden a evitar la ayuda de estos monarcas a los rebeldes, y las campañas contra los musulmanes sólo pueden ser realizadas cuando el rey controla a los nobles.

Si las relaciones con Portugal fueron amistosas desde los primeros momentos, hay sin embargo algunas épocas de tensión motivada por el abandono de la reina, María de Portugal, y la unión de Alfonso con Leonor de Guzmán. Alfonso IV de Portugal unirá sus fuerzas a las de don Juan Manuel y Juan Núñez y sus tropas penetrarán en el reino castellano-leonés por diversos puntos. Pero, reducidos los nobles tras la concesión del estatuto y derrotados los portugueses en Villanueva de Barcarrota, se reanudaron las relaciones pacíficas entre ambos reinos y Portugal colaboraría activamente en las campañas dirigidas por el rey castellano contra granadinos y benimerines.

Las relaciones pacíficas con la Corona de Aragón se afianzan tras el matrimonio de Leonor de Castilla y Alfonso el Benigno. Pero este matrimonio dará lugar a nuevos enfrentamientos entre ambos reinos y tendrá importantes repercusiones en la historia de Aragón y de Castilla. Las tensiones surgidas entre el heredero aragonés, Pedro el Ceremonioso, y Leonor, interesada en que sus hijos hereden convenientemente a costa de Pedro, dará lugar a algunos enfrentamientos entre castellanos y aragoneses a raíz de la muerte de Alfonso el Benigno (1336). Aragón ayudará a los nobles sublevados en esta fecha, lo que no será obstáculo para que también los aragoneses colaboren en las campañas contra los musulmanes.

Nuevas tensiones se produjeron en 1347 cuando Fernando, hijo de Leonor de Castilla, se puso al frente de la nobleza aragonesa y valenciana y reorganizó la Unión nobiliaria contra el rey para impedir que éste designara heredera a su hija Constanza. Fernando contó con el apoyo de tropas castellanas, pero también Pedro el Ceremonioso pudo reclutar soldados en Castilla y derrotar a la nobleza.

En páginas anteriores hemos aludido a las relaciones de Alfonso XI con los musulmanes hasta 1338. La pérdida de Gibraltar representaba un grave peligro para Castilla por cuanto esta plaza serviría de cabeza de puente para nuevos desembarcos de los musulmanes norteafricanos aliados a los granadinos. Las concesiones hechas a los nobles en las Cortes de Burgos de 1338 tenían como finalidad lograr la colaboración y la cohesión de las huestes nobiliarias con vistas al ataque de los benimerines.

Desde la pacificación de los nobles toda la política castellana está dirigida a hacer frente al peligro benimerín. Para conjurarlo, el rey no duda en incrementar los impuestos, en acceder a las exigencias de los nobles y en solicitar la ayuda de todos los reinos peninsulares. En los primeros combates la flota castellana fue destruida por los benimerines y el monarca se vio obligado a contratar los servicios de marinos y naves de Portugal, Génova y Aragón al tiempo que activaba la construcción de nuevas galeras en las atarazanas de Sevilla. La potencia marítima de Castilla se forma en estos años.

Con la ayuda de portugueses y aragoneses, a los que se unieron algunos contingentes de Inglaterra, Alfonso derrotó a los benimerines en el Salado (1340) y poco después iniciaba la lucha contra los granadinos a los que tomó las plazas de Alcalá la Real, Priego y Benamejí. Una nueva victoria contra Granada junto al río Palmones (1343) aseguraría el predominio castellano en esta zona, pero el monarca no logró ocupar la plaza de Gibraltar en cuyo asedio moriría a consecuencia de la Peste Negra.

Aunque absorbida por los problemas internos y peninsulares, Castilla no permaneció al margen de Europa. Los intereses castellanos (de los marinos del Cantábrico) en el Atlántico eran considerables y su defensa exigía tomar partido en la guerra de los Cien Años. Franceses e ingleses solicitaron la colaboración de Alfonso XI y otorgaron numerosos privilegios a los castellanos. La imposibilidad de hacer frente a Inglaterra en el mar inclinó al monarca hacia una alianza con los ingleses, alianza en la que entraría igualmente Portugal. Los acuerdos se ratificarían mediante uniones matrimoniales: Juana, hija de Eduardo III, casaría con el heredero castellano y el Príncipe Negro con Leonor de Portugal. La dote entregada a ésta serviría para pagar la de Juana.

Estos acuerdos no llegaron a realizarse. Pedro el Ceremonioso de Aragón se hallaba interesado en romper la alianza castellano-portuguesa y para lograrlo se casaría con Leonor de Portugal. Juana Plantagenet murió a consecuencia de la Peste antes de que se realizara su matrimonio y se fortaleciera la alianza con Inglaterra.

REUNIFICACIÓN DE LOS DOMINIOS CATALANOARAGONESES

La Corona de Aragón comprendía a fines del siglo XIII los reinos peninsulares de Aragón y Valencia, el Principado de Cataluña y los reinos de Mallorca y de Sicilia, a los que se unirían en el XIV los ducados de Atenas y Neopatria, conquistados por los almogávares, y la isla de Cerdeña, ocupada en 1323-1324. Pero estos dominios no permanecieron unidos.

Mallorca fue convertida en reino independiente por Jaime I y, aunque Alfonso el Franco reincorporó la isla a la Corona en 1285, Jaime II, obligado por la presión internacional, tuvo que renunciar a Mallorca al firmar con el pontificado y con Francia el tratado de Anagni (1295). Sicilia, conquistada en 1282 por Pedro el Grande, fue separada de los Estados peninsulares en 1286, incorporada por Jaime II en 1291 y nuevamente separada en Anagni, aunque, al igual que Mallorca, siguiera en manos de la dinastía. Los ducados griegos se unieron al reino siciliano.

El mantenimiento de Cerdeña frente a los genoveses y la reincorporación de Sicilia y Mallorca, con las consecuencias que esta confederación tendría para el dominio del Mediterráneo occidental, serían los objetivos de la política exterior catalanoaragonesa durante los reinados de Alfonso el Benigno (1327-1336) y Pedro el Ceremonioso (1336-1387). Sólo Mallorca sería ocupada durante el período que ahora estudiamos, pero Pedro el Ceremonioso pondría durante esta época las bases legales que harían posible la incorporación de Sicilia a fines del siglo.

La defensa de Cerdeña

La ocupación de la isla por los catalanes y la victoria obtenida sobre Pisa en 1326, arruinaron a la ciudad italiana y eliminaron a un peligroso rival en el comercio con el norte de África. Las campañas militares fueron secundadas por Génova, cuya rivalidad con Pisa en Italia y en el norte de África era bien conocida. Pero la alianza entre catalanes y genoveses no podía durar desde el momento en que ambos se hallaban interesados en los mismos mercados. Casi desde la conquista de Cerdeña comenzaron las sublevaciones de las grandes familias apoyadas por Génova. La lucha por Cerdeña se prolongaría hasta mediados del siglo XV.

Las relaciones con Génova durante este período oscilan entre la guerra abierta y la paz oficial, interrumpida por frecuentes ataques corsarios. Durante el reinado de Alfonso el Benigno, la defensa de la isla corrió a cargo de quienes habían recibido feudos en ella y de las ciudades comerciales: Barcelona, Valencia. Tortosa y Tarragona que, unidas a Mallorca, combatieron a los genoveses mientras el rey dedicaba sus esfuerzos a la organización de una cruzada, de acuerdo con Castilla, contra los musulmanes granadinos.

Abandonada la guerra con los musulmanes tras la conquista de algunas plazas por las tropas castellanas, Alfonso pudo dirigir los preparativos de la guerra en el Mediterráneo, pero la dirección efectiva siguió en manos de las ciudades directamente interesadas, es decir, de Barcelona, y del reino de Mallorca, que firmaron un acuerdo en 1330 para hacer la guerra militar y económica (bloqueo comercial de los puertos y naves) a los genoveses.

Para atender a los numerosos gastos derivados de esta guerra, Barcelona incrementó extraordinariamente los impuestos municipales y consiguió que el rey autorizara el cobro de tributos comerciales en todo el reino Las ciudades que no contribuyeron directamente a la preparación de la flota lo hicieron en dinero. Junto a las ciudades contribuyeron una vez más los nobles, que tenían feudos en Cerdeña, cada uno proporcionalmente a la importancia de sus bienes.

Numerosos ciudadanos de Barcelona y de otros lugares obtuvieron autorización para armar naves y dedicarse al corso contra los genoveses a condición de que del botín obtenido la mitad fuera entregada a la ciudad de Barcelona, a cuyo cargo corrían las naves y sus aparejos así como los vive res para las tripulaciones de las naves corsarias.

El interés de Barcelona y de Mallorca por los problemas sardos, manifestado en la dirección de la guerra y en el hecho de que fueran mercaderes mallorquines y barceloneses quienes informaran de los preparativos bélicos que se hacían en Génova, se debía a la necesidad de proteger el comercio mediterráneo y de mantener el avituallamiento de trigo procedente de Sicilia y de Cerdeña. Para evitar la salida de trigo y la posible ayuda siciliana, los genoveses bloquearon los puertos de la isla y su actitud, unida a las alteraciones climáticas ocurridas en la Península, dio lugar a la escasez y encarecimiento de cereales en Barcelona y a diversos alborotos callejeros en el año 1333. llamado en las crónicas catalanas lo mal any primer. Todavía en 1380 Pedro el Ceremonioso podía decir que si se perdieran las islas (Sicilia y Cerdeña) Mallorca se despoblaría al no recibir vituallas y lo mismo ocurriría con Barcelona.

La guerra catalano-genovesa, al intensificarse las actividades de los corsarios, afectó a todos los países mediterráneos, cuyas naves fueron atacadas por unos y por otros indiscriminadamente. Tanto los reyes de Francia y de Nápoles como el de Sicilia y el pontífice presionaron a los contendientes para que llegaran a un acuerdo. Éstos por su parte tenían también interés por finalizar una guerra que perjudicaba a ambos y en la que no se vislumbraba un vencedor claro. La paz fue firmada en septiembre de 1336 después de seis años de guerra.

La firma de la paz poco después de la muerte de Alfonso el Benigno está relacionada con los problemas internos de la Corona. El matrimonio de Alfonso y Leonor de Castilla dio lugar a la desmembración del reino de Valencia y a una pugna entre aragoneses y catalanes por el control del nuevo monarca, Pedro el Ceremonioso. Los hijos del segundo matrimonio de Alfonso, Fernando y Juan, recibieron importantes territorios en la frontera con Castilla, en el reino valenciano, a pesar de la oposición del heredero de la Corona y de la ciudad de Valencia que, como cabeza del reino, se consideraba perjudicada por las donaciones de Alicante, Elda, Novelda, Orihuela, Guardamar, Játiva, Alcira, Morella, Burriana y Castelló a Fernando, que reunía en sus manos además el marquesado de Tortosa.

De haber prosperado estas donaciones, Fernando hubiera sido en la Corona de Aragón un digno émulo del infante don Juan Manuel en Castilla. Dueños ambos de extensas propiedades en regiones fronterizas y pertenecientes a la familia real, no sólo disponían de fuerzas suficientes para inquietar a los monarcas de uno y otro reino, sino que además tenían el prestigio necesario para aglutinar a la nobleza.

Las donaciones equivalían a destruir el reino de Valencia «porque separadas las villas y lugares tan propios como aquellos de la ciudad de Valencia, Valencia no sería nada», según hizo ver a los reyes el representante de la ciudad, Guillem de Vinatea. Ante la firme decisión de resistir por las armas si se mantenía el acuerdo, éste fue revocado en parte, aunque Fernando mantuvo en el reino valenciano grandes propiedades e influencia.

La enemistad entre Leonor y Pedro el Ceremonioso fue acentuándose en los años siguientes hasta el punto de que Pedro tuvo que ausentarse de la Corte, situada en Barcelona, y buscar refugio en Aragón. A la muerte de Alfonso, la reina abandonó los territorios de la Corona y se trasladó a Castilla junto a Alfonso XI. La posible ayuda del monarca castellano a Leonor fue contrarrestada mediante la alianza de Pedro el Ceremonioso con los nobles castellanos sublevados.

Los enfrentamientos entre Leonor y Pedro dieron lugar a una división de la nobleza, división que adquirió un matiz nacional a la muerte de Alfonso el Benigno. Los antiguos consejeros de Pedro, aragoneses en su mayoría, exigieron que el rey fuera coronado en Zaragoza mientras que la nobleza catalana dirigida por el infante Pedro de Ribagorza pedía que antes jurara los fueros de Barcelona. La privanza del arzobispo zaragozano Pedro de Luna se manifestó en la oposición a Castilla, que duró hasta 1338, es decir, hasta el momento en que los nobles castellanos aceptaron colaborar con Alfonso XI.

Esta fecha significa al mismo tiempo el comienzo de relaciones pacíficas entre los dos reinos peninsulares y el inicio de la privanza del infante Pedro de Ribagorza en la Corona de Aragón, lo que equivalía a inclinar al monarca hacia los problemas mediterráneos por encima de los peninsulares. La amistad con Castilla fue ratificada mediante la devolución al infante Fernando de las tierras confiscadas en el reino valenciano.

Las sublevaciones de la nobleza sarda, apoyada una vez más por Génova, adquirieron nueva fuerza en 1348 al coincidir el levantamiento del Juez de Arbórea con la rebelión de los unionistas aragoneses y valencianos y con la desorganización y crisis económico-social desencadenada por la Peste Negra. Hasta 1351, no pudo Pedro el Ceremonioso prestar atención al problema, al que hizo frente mediante una alianza con Venecia, a la que Génova disputaba el dominio del Mediterráneo oriental.

Juntos, venecianos y aragoneses, derrotaron a una escuadra genovesa en aguas del Bósforo (1353). Un año más tarde, uno de los focos de resistencia en Cerdeña, la ciudad de Alghero, era conquistado y sustituidos sus habitantes por otros procedentes de Cataluña (todavía hoy mantienen su idioma). En 1355 el Juez de Arbórea se rendía al monarca aragonés. A pesar de estos éxitos militares, las sublevaciones en Cerdeña continuaron produciéndose en los años siguientes con carácter endémico y se prolongarían hasta el siglo XV.

Conflicto local en sus orígenes, las revueltas sardas degeneraron en una guerra generalizada en todo el Mediterráneo en cuyo extremo occidental, en Castilla, enlazarían con la guerra de los Cien Años. Sicilia, Mallorca y Génova se vieron envueltas rápidamente en la lucha, en la que participarían a partir de 1351 Venecia y Bizancio y desde 1356 el reino de Castilla como aliado de Génova. El campo de batalla se traslada ahora a la Península, donde aragoneses y castellanos luchan por la hegemonía peninsular y solicitan la intervención de franceses e ingleses que dirimen aquí sus diferencias sobre Flandes y Gascuña. Problemas mediterráneos y atlánticos convergen al encadenarse las guerras locales y transformarse en una guerra europea.

La guerra catalano-genovesa no tiene una finalidad en sí misma; es sólo uno de los medios empleados para debilitar al adversario, estrangular su economía y obligarle a ceder el control del comercio mediterráneo. La alianza de 1351 con Venecia tenía un objetivo claramente económico. Ante las fuerzas coaligadas, Génova sólo tendría —según el monarca aragonés— dos posibilidades: no armar ninguna flota, en cuyo caso las naves aliadas atacarían a los mercaderes de Génova en Oriente y en Occidente y el Común dejaría de ser una potencia comercial; o armar una gran flota, lo que llevaría a aragoneses y venecianos a aumentar sus efectivos de forma que obligaran a los genoveses a incrementar constantemente los gastos hasta provocar su ruina.

La debilitación del adversario y el aumento de los recursos propios podía conseguirse igualmente por medios no militares: mediante la prohibición de comerciar en el territorio a los mercaderes enemigos, a través de la confiscación de sus bienes, aumentando los derechos de aduana... Estas medidas proteccionistas, aplicables no sólo a los enemigos políticos sino ante todo a los competidores económicos, incluso en época de paz, fueron adoptadas ya en 1265 por Jaime I contra lombardos, florentinos, sieneses y luqueses; las encontramos aplicadas a partir de 1323 en el reino de Aragón contra los mercaderes de Génova y en esta ciudad contra los aragoneses.

El reino independiente de Mallorca

Por decisión de Jaime I, el reino mallorquín, que comprendía no sólo las islas Baleares sino también la ciudad de Montpellier y los condados del Rosellón y Cerdaña, fue separado de los dominios peninsulares y entregado como reino independiente a su hijo Jaime II de Mallorca sobre el que Pedro el Grande, rey de Aragón y Valencia y Príncipe de Cataluña, intentaría ejercer una autoridad de tipo feudal. Las tensiones entre ambos hermanos y la rivalidad económica entre mallorquines y barceloneses llevarían a Jaime II a unir sus fuerzas a las de Felipe III de Francia, enfrentado a Pedro el Grande tras la conquista de Sicilia. El triunfo catalano-aragonés fue seguido de la incorporación del reino mallorquín a los dominios peninsulares; sólo en 1298 recuperaría Jaime II el reino después de reconocer la vigencia del pacto de infeudación firmado con Pedro el Grande en 1279.

La riqueza de Mallorca, a pesar del desarrollo alcanzado durante la segunda etapa del reinado de Jaime II (1298-1311) por las zonas rurales y pese a la creación de una industria textil, dependía del tráfico comercial para cuyo mantenimiento y ampliación era necesario liberarse de la tutela catalanoaragonesa, realizar una política independiente que no comprometiera a los mallorquines en las guerras de la Corona y crear consulados propios en el extranjero.

A comienzos del siglo XIV el predominio de los mercaderes mallorquines en Ifriquiya y en el Magreb central era evidente, como lo confirma la comparación de las naves mallorquinas y catalanas llegadas a los puertos de Túnez Bujía, Bona, Argel, Oran, Melilla, Ceuta y la creación de consulados mallorquines en Bujía (1302), Túnez (1312), Argel (1313)... a pesar de la oposición del soberano aragonés para quien, en virtud del pacto de infeudación, los mercaderes mallorquines tenían que aceptar la autoridad de los cónsules catalanes.

A pesar del gran desarrollo comercial, el reino de Mallorca carecía de bases económicas sólidas: para su aprovisionamiento dependía del exterior. Cualquier guerra en el Mediterráneo era causa de escasez y carestía de alimentos a las que quizás haya que atribuir el descenso de población experimentado entre 1329 y 1343, con anterioridad a la Peste, y evaluado para la isla de Mallorca en un treinta y tres por ciento para la población judía —entre la que predominaban los mercaderes— y un veintidós por ciento para la cristiana. El hecho de que la población aumente ligeramente en las zonas rurales mientras disminuye en la Ciudad parece abonar la idea de que el descenso demográfico fue debido a causas climáticas agravadas por la situación política, por el aumento de la piratería y del corso provocado por la guerra catalano-genovesa.

Las relaciones entre Mallorca y la Corona de Aragón fueron pacíficas durante el reinado de Sancho I (1311-1324), a pesar de que Jaime II de Aragón intentó hacerse proclamar heredero del reino al no tener hijos Sancho. Éste nombró sucesor a su sobrino Jaime III durante cuya minoría se produjeron alteraciones, aprovechadas por Jaime II y Alfonso el Benigno para crear un grupo de partidarios de la integración en la Corona. Este movimiento se incrementó al agudizarse la crisis y fue utilizado por Pedro el Ceremonioso para destituir a su vasallo Jaime III acusado de permitir la circulación en el Rosellón de moneda catalana.

Jaime III fue condenado a perder sus dominios y, en virtud de la sentencia, Pedro el Ceremonioso ocupaba las islas militarmente en 1343, prácticamente sin resistencia, e iniciaba las operaciones contra el Rosellón. Un intento de reconquistar la isla de Mallorca, realizado en 1349, terminó con la muerte de Jaime III en Llucmajor y la prisión de su hijo Jaime IV, que permanecería prisionero en Barcelona hasta 1362.

Jaime IV, rey sin reino, dedicó todos sus esfuerzos a combatir a Pedro el Ceremonioso aliándose a sus enemigos: en 1336 figura al lado de Pedro el Cruel combatiendo a los aragoneses; en 1374 apoya a Enrique de Trastámara y lleva a cabo un nuevo ataque contra Aragón. Al morir en Soria (1375), nombró heredera a su hermana Isabel, que intentaría suscitar nuevas dificultades a los aragoneses cediendo sus derechos sobre Mallorca a Luis de Anjou, apoyando al conde de Armañac contra Juan I de Aragón (1389) y al conde de Foix contra Martín I. Pero ni las actuaciones de Jaime IV ni las de su hermana Isabel tuvieron consecuencias: desde la muerte de Jaime III, el reino de Mallorca desapareció y en adelante seguiría unido a la Corona de Aragón y, más concretamente, a Cataluña.

La revuelta nobiliaria anticatalana

En el siglo XIII, la sublevación de los unionistas aragoneses había tenido un carácter mixto: por un lado, se trataba de un movimiento de los nobles en busca de una ampliación de sus dominios y del reconocimiento de sus derechos, y de otra parte era una revuelta nacional aragonesa que pretendía poner a la Corona de Aragón bajo su control o, en el peor de los casos, evitar la injerencia catalana y extender la autoridad aragonesa sobre Valencia. Ambas tendencias resurgen en el siglo XIV aunque matizadas por la nueva situación.

A partir del matrimonio de Alfonso el Benigno y Leonor de Castilla, la Corona de Aragón se halla dividida entre los partidarios del monarca y los seguidores del heredero Pedro el Ceremonioso. Aragón apoya al último y considera llegada su oportunidad cuando Pedro accede al trono: durante dos años (1336-1338) el arzobispo de Zaragoza es el privado del rey y dirige la política exterior de la Corona. Pero Cataluña era más importante y el monarca terminaría inclinándose hacia los intereses catalanes, hacia la política mediterránea, hecho que se refleja en la elección como privado del conde catalán Pedro de Ribagorza.

Ocho años más tarde de este cambio, el descontento de la nobleza aragonesa será utilizado por miembros de la familia real para anular una decisión política del monarca. La Unión resurgirá y a su vez aprovechará las ambiciones de la alta nobleza para exigir el cumplimiento de los privilegios arrancados a fines del siglo XIII a Pedro el Grande y Alfonso el Franco. El motivo oficial de esta sublevación fue el nombramiento de Constanza, hija del Ceremonioso, como heredera del trono a pesar de que los aragoneses le negaban el derecho a reinar por su condición de mujer. Según el derecho aragonés las mujeres podían transmitir los derechos al trono a sus hijos, pero no podían reinar.

Las causas profundas del movimiento parecen hallarse en el descontento de los nobles aragoneses, que hallarían —al igual que en Francia, Castilla o Inglaterra— el apoyo de familiares del rey a los que perjudicaba el nombramiento de Constanza por cuanto se consideraban con derecho al trono si el monarca muriera sin hijos varones. Estos nobles fueron Jaime de Urgel, hermano de Pedro el Ceremonioso, y Fernando, el hijo de Leonor de Castilla.

El conflicto se inicia en 1346 al reunir Pedro una comisión de juristas para que le informaran de si sería legal el nombramiento de Constanza como Lugarteniente General del Reino, título y cargo que correspondían tradicionalmente al heredero y que tenía en estos momentos Jaime de Urgel. La decisión de los juristas fue favorable al rey quien, en 1347, comunicó su decisión a los súbditos. Las protestas de Jaime no fueron atendidas y el monarca, tras destituirlo como lugarteniente, le prohibió entrar en las ciudades más importantes del reino, es decir, en Valencia, Barcelona, Zaragoza y Lérida, lugares en los que podría hallar partidarios.

A pesar de esta prohibición, Jaime convocó a los nobles aragoneses en Zaragoza, ciudad a la que acudieron igualmente los infantes Fernando y Juan, a los que correspondería el trono en caso de muerte de Pedro el Ceremonioso y de Jaime. Fuertes con este apoyo los nobles resucitaron la Unión, la extendieron al reino valenciano gracias al apoyo de Fernando y exigieron la confirmación y cumplimiento de sus privilegios después de derrotar al Gobernador y al Justicia de Aragón y al Gobernador de Valencia. Los rebeldes intentaron extender la sublevación a Mallorca, recién conquistada, pero su acción fracasó.

El carácter anticatalán de la revuelta unionista se puso de manifiesto en el intento de agrupar a todos los dominios de la Corona con excepción de Cataluña y en la petición hecha por los rebeldes en las Cortes celebradas en Zaragoza. En ellas se pidió la destitución de los consejeros del rey y el nombramiento de unionistas para estos cargos, y se negó el derecho a intervenir a los catalanes y roselloneses. Parece como si quienes habían apoyado a Pedro el Ceremonioso contra Leonor de Castilla en los primeros momentos buscaran ahora la alianza de Jaime de Urgel contra los consejeros catalanes del monarca.

Obligado por las circunstancias, el monarca aceptó las exigencias de los unionistas y se trasladó a Valencia, donde confirmó igualmente el privilegio de la Unión y reconoció a Fernando como heredero mientras no tuviera hijos varones (Jaime de Urgel había muerto). Mientras el monarca negociaba con los sublevados, sus partidarios organizaban el ejército que vencería a los unionistas en 1348. En unas nuevas Cortes celebradas en Zaragoza el rey victorioso anuló la Unión y rompió sus privilegios, pero no pudo doblegar a la nobleza porque la victoria había sido obtenida con la ayuda de un grupo de nobles aragoneses a los que fue preciso recompensar.

Si el conflicto aragonés es claramente nobiliario y nacional, en Valencia parece haber tenido además otro matiz difícil de captar. Mientras al referirse a los unionistas aragoneses Pedro el Ceremonioso habla de nobles y de ciudades sin distinción de ningún tipo, en el caso valenciano insiste repetidas veces en la presencia entre los unionistas de «juristas, mercaderes y menestrales», lo que podría indicar que la revuelta nobiliaria coincidió con un levantamiento en la ciudad de los grupos artesanos contra el patriciado urbano. Un menestral, el barbero llamado Gonzalvo, aparece en la Crónica de Pedro el Ceremonioso como dirigente de un grupo de cuatrocientas personas que obligó a la real pareja a bailar en condiciones humillantes.

El castigo a los sublevados fue distinto en Aragón y en Valencia. En el primer reino el monarca se limitó a hacer colgar a trece personas y a confiscar los bienes de otras, mientras que en Valencia los condenados fueron veinte, a algunos de los cuales Pedro el Ceremonioso obligó a beber el metal fundido de la campana con la que eran convocadas las reuniones de los unionistas. Entre los condenados se citan algunos nobles, el barbero anteriormente mencionado, juristas y «gente del pueblo, mercaderes y menestrales».

EL REINO GRANADINO

Al igual que los monarcas castellanos, los granadinos tuvieron que hacer frente a continuas sublevaciones nobiliarias que condicionaron la política exterior del reino. Entre 1302 y 1354 se sucedieron al frente de Granada Muhammad III (1302-1309), depuesto por su hermano Nasr (1309-1314) al que sustituyó, tras una revuelta de los nobles, Ismail I (1314-1325) después de cuyo asesinato fue aceptado como rey su hijo Muhammad IV (1325-1333), menor de edad y sometido a la tutela nobiliaria hasta su deposición y muerte, tras de la cual fue nombrado rey por los nobles Yusuf I (1333-1354), hermano de Muhammad. Cada uno de estos cambios repercutió en la política exterior y a veces estuvo condicionado por ella. Los fracasos militares obligaron a incrementar los impuestos y fueron el pretexto para las revueltas nobiliarias.

Muhammad III heredó de sus antecesores la alianza con los benimerines y con Jaime II de Aragón contra Castilla, pero ya en 1301 María de Molina había logrado atraer a los nobles castellanos y poco después (1303) conseguía imponer la paz a Granada y formar un bloque castellano granadino contra aragoneses y benimerines. Tras la entrega a Aragón de las plazas murcianas de Elche, Orihuela y Alicante, Jaime II renunció a la lucha y los granadinos pudieron iniciar la penetración en el norte de África, donde ocuparon la plaza de Ceuta (1306), que les permitía controlar la navegación por el estrecho.

El equilibrio de fuerzas en esta zona quedaba roto por la acción de Muhammad III. Contra él se suscitó en 1308 una alianza de la que formaban parte castellanos, aragoneses y meriníes, cuya presión militar sirvió para provocar la revuelta nobiliaria que llevaría al trono a Nasr. El nuevo soberano firmó la paz con los musulmanes norteafricanos y se declaró vasallo de Fernando IV de Castilla (1310) pese a lo cual, o quizás a causa de ello, no pudo impedir que una nueva sublevación llevara al trono a Ismail.

Las divisiones en el campo musulmán y la necesidad de consolidar su posición en Castilla mediante una victoria militar llevaron a los tutores de Alfonso XI a iniciar las campañas contra Granada (1319) con resultados catastróficos. Fuerte, con las victorias obtenidas, Ismail I consolidó su poder en el interior de Granada y creó un grupo de adictos que aseguró la sucesión en la persona, de Muhammad IV. Durante el reinado de Muhammad IV, Alfonso XI intentó resucitar la alianza castellano-aragonesa y organizar una cruzada (1329) que no tuvo otra consecuencia que la renovación de las alianzas entre granadinos y benimerines, que serían derrotados en época de Yusuf I por Alfonso XI en las batallas de El Salado (1340) y Palmones (1344).

SUBLEVACIONES NOBILIARIAS EN PORTUGAL

La situación de la nobleza portuguesa durante la primera mitad del siglo es similar a la descrita al hablar de los nobles europeos. Ante las subidas de precios y la competencia social de los burgueses de Oporto y Lisboa, la tierra nobiliaria era insuficiente para mantener la preeminencia económico-social. Los nobles buscarían nuevas fuentes de ingresos en la sublevación o en el apoyo al monarca durante los reinados de Dionís (1279-1325) y de Alfonso IV (1325-1357). Al igual que en el resto de Europa, estas sublevaciones estuvieron dirigidas por familiares del rey o directamente por los propios herederos de la Corona.

Las sublevaciones de los eclesiásticos en tiempos de Alfonso III no terminaron con la muerte del rey, aunque sí cambió la forma de manifestarse. Los ataques frontales contra la monarquía y la guerra abierta fueron sustituidas por el apoyo frente a Dionís al segundo hijo del rey, llamado igualmente Alfonso, que alegaba contra su hermano la ilegitimidad de su nacimiento. Alfonso III, al ser llamado por los eclesiásticos para derrocar a Sancho II, estaba casado con Matilde, condesa de Boulogne, a la que repudió para unirse a Beatriz de Castilla, que aportaba, si no el apoyo, al menos la neutralidad castellana.

La validez de este segundo matrimonio no fue reconocida por Roma hasta 1263, época en la que ya había nacido Dionís, al que podría considerarse ilegítimo desde el punto de vista eclesiástico. El hecho de que los obispos portugueses aceptaran el segundo matrimonio de Alfonso III y procuraran su validación en Roma no fue obstáculo para que intentaran anularlo durante la sublevación ni para que lo utilizaran de nuevo contra Dionís frente al que se unieron una parte de los eclesiásticos y algunos nobles que, dirigidos por Alfonso, se sublevaron en 1281 y 1287.

Si la ilegitimidad de Dionís fue el pretexto para las sublevaciones, la causa parece hallarse en la prosecución de la política monárquica emprendida por Alfonso III y en el ascenso económico y social de la burguesía portuense y lisboeta. Dentro del primer punto pueden situarse las inquiriçoes ordenadas por Dionís para conocer y delimitar claramente los derechos monárquicos en el reino. Símbolo del auge de la burguesía es el reconocimiento por el monarca en 1293 de una agrupación de mercaderes portugueses cuyas actividades se desarrollaban en Flandes, Inglaterra y Francia.

El perdón concedido por el monarca a los sublevados y el acuerdo logrado con la Iglesia en 1289 no pusieron fin a las revueltas nobiliarias, pero al menos concedieron al reino unos años de tregua durante los cuales Dionís pudo intervenir en los asuntos castellanos. Aliado inicialmente (1295) a Jaime II de Aragón y a los infantes de la Cerda, el rey portugués logró de María de Molina, a cambio de su neutralidad, algunas plazas fronterizas y actuó de mediador entre la regente y los nobles castellanos sublevados. Quizás sea posible relacionar la última sublevación del infante Alfonso (1299) con los problemas castellanos: del mismo modo que Dionís de Portugal y Jaime II de Aragón apoyaban a los rebeldes de Castilla, María de Molina logró suscitar dificultades en ambos reinos sirviéndose del descontento de los unionistas aragoneses y de los nobles de Portugal.

La intervención militar en Castilla es sólo una de las manifestaciones de la política independiente emprendida por Portugal. Ya en 1288 Dionís —cuyo padre había sido vasallo del monarca castellano hasta 1270— obtenía un triunfo considerable al lograr de Roma el nombramiento de un maestre propio para los santiaguistas portugueses, que, de esta forma, se liberaban de la tutela castellano-leonesa. En el mismo año lograba crear en Lisboa una universidad nacional destinada a evitar la dependencia de la universidad salmantina. Pocos años más tarde, al ser disuelta la orden del Temple, el monarca portugués transformaba las casas portuguesas en una nueva Orden, enteramente portuguesa: la orden de Cristo.

Durante el siglo XIV las revueltas nobiliarias fueron dirigidas por el heredero del trono, Alfonso IV, sublevado en 1321 para poner fin a la influencia adquirida en el reino por los hijos ilegítimos del monarca y por los nobles que los secundaban. La revuelta dio lugar a una partición de hecho de Portugal: la zona norte quedó en manos de Alfonso y el sur —menos feudalizado, es decir, con menor fuerza nobiliaria— siguió gobernado por Dionís.

Durante el reinado de Alfonso IV, que coincide en líneas generales con el de Alfonso XI de Castilla, el monarca portugués apoyó constantemente a los rebeldes castellanos, es decir, al infante don Juan Manuel. Su apoyo fue más teórico (diplomático) que real, pero no por ello dejó de inquietar al rey de Castilla, que se vio obligado a aceptar como esposa a María de Portugal, que sería sustituida por Leonor de Guzmán una vez superadas las dificultades internas. Aunque aparentemente estos enlaces matrimoniales tienen más relación con la crónica cortesana que con la historia son, sin embargo, indicios o símbolos de alianzas y, pese a su descrédito actual, no pueden ser olvidados por cuanto en muchos casos sirven de pretexto a movimientos de mayor importancia.

Para evitar la unión de las fuerzas de don Juan Manuel y de don Juan el Tuerto, Alfonso XI se prometió en matrimonio a Constanza, lo que equivalía a aceptar como privado a don Juan Manuel y a rechazar a los nobles que se habían mantenido fieles al rey. Esta promesa, a pesar de no ser cumplida, permitió a Alfonso XI vencer a la nobleza y ocupar el señorío de Vizcaya. Poco después, el rey castellano aislaba a los rebeldes al privarles del apoyo de Portugal y de Aragón con los que anudaba alianzas, ratificadas mediante los matrimonios de Alfonso-María de Portugal y de Leonor-Alfonso el Benigno de Aragón. Pero, mientras subsistieran las causas del descontento nobiliario castellano, cabía la posibilidad de contar con apoyos exteriores y éstos serían buscados por don Juan Manuel a través del matrimonio de su hija Constanza con el heredero portugués Pedro I.

Alfonso XI se opuso a este matrimonio, que anulaba su política peninsular e interna, y lo combatió mediante la búsqueda de un acuerdo con los nobles castellanos, logrado en 1338, y a través de la guerra con Portugal, que sólo finalizaría al solucionarse el problema nobiliario.

La paz castellano-portuguesa sería el origen de una colaboración del monarca portugués en las campañas de Alfonso XI contra los benimerines, en las que la flota de Portugal desempeñó un papel decisivo. Pero al mismo tiempo iría seguido del matrimonio de Pedro I y de Constanza que permitiría a la nobleza portuguesa dividirse una vez más. La inclinación del heredero portugués hacia Inés de Castro, una de las damas que acompañaron a Constanza, favoreció la aparición de grupos nobiliarios que, a través de la aprobación o del rechazo de estas relaciones, se disputaban el poder.

En diversas ocasiones hemos señalado que la riqueza es la máxima fuerza nobiliaria. Pero de la misma forma que la riqueza lleva al poder, éste puede a su vez ser una fuente importante de enriquecimiento. Conscientes de esta realidad, cuando el poder supremo, la monarquía, se halla dividida entre el rey y el heredero, los nobles eligen servir a uno u otro confiando en que la victoria del grupo redundará en su beneficio personal. Al apoyar a Pedro I y a sus hijos ilegítimos, la nobleza portuguesa ni aprueba ni rechaza la conducta personal del heredero, sino que busca simplemente desplazar del poder en el futuro a los consejeros de Alfonso IV, quienes, por su parte, hallan una legitimación a su actitud en la defensa de los hijos de Pedro y de Constanza.

Inés de Castro fue asesinada (1355) por quienes temían su ascendencia y la de sus hijos sobre el futuro rey, y la guerra civil —con apoyo para Pedro de los familiares castellanos de Inés— se encendió de nuevo para dar paso a una purga sangrienta de los grupos nobiliarios al llegar Pedro I al trono, en 1357.

LA PESTE NEGRA, CULMINACIÓN DE LA CRISIS

Guerras civiles o internacionales, cambios climáticos, hambres y sequías preparan la gran catástrofe que fue para Europa la peste negra de 1348-1350, sobre cuya incidencia en la Península estamos muy deficiente y desigualmente informados. Mientras que para la Corona de Aragón disponemos de importantes colecciones documentales y de algunos estudios monográficos, para los demás reinos peninsulares sólo contamos con noticias aisladas y con estudios hechos sobre una fuente única, lo que reduce considerablemente su valor.

La comarca de Teruel perdió un tercio de la población. En la zona de Vic la mortandad, unida a la emigración campesina, hizo disminuir la población en dos tercios. En Perpiñán el número de médicos, notarios, juristas y sacerdotes —en contacto directo con los enfermos— disminuyó entre el 50 y el 60 por ciento. En Barcelona murieron numerosos mercaderes extranjeros, fallecieron cuatro de los cinco consellers de la ciudad y la mayor parte de los oficiales reales. En la zona palentina se despoblaron 82 lugares sobre 420. En la merindad de Estella, entre 1330 y 1366 se perdió casi el 80 por ciento de la población, cifras que, con ligeras variaciones, pueden aplicarse a algunas zonas de Portugal.

La falta de datos en muchos casos y la ambigüedad de las fuentes utilizadas en otros hacen imposible saber hasta qué punto la peste afectó a la población de la Península. Por otra parte, es preciso recordar que la peste no fue la única epidemia. Las crónicas castellanas y catalanas están llenas de menciones de años de malas cosechas y de epidemias ininterrumpidas desde 1333 lo mal any primer en Cataluña, y desde fecha anterior en Castilla a causa de la guerra civil endémica. Por otra parte, la peste fue seguida de otras epidemias entre las que se han señalado en Cataluña las de 1362-1363 (la mortandad de los niños), 1371 (la mortandad de los adultos), 1381, 1396-1397 y durante el siglo XV prácticamente cada diez años.

Las consecuencias de este descenso de la población, más acusado en las zonas del litoral que en las interiores, y los cambios operados en la sociedad por efecto de la crisis general varían considerablemente según los lugares. En una visión esquemática puede afirmarse que pestes, guerras y hambres se hallan en la base de los despoblados, de la migración hacia las ciudades, del predominio de la ganadería sobre la agricultura, de la disminución de las rentas públicas y particulares, del alza de precios y salarios, del aumento del bandolerismo y de la mendicidad, de los asaltos a los barrios judíos, de diversos levantamientos en el campo y en la ciudad, del recrudecimiento de las exigencias aristocráticas para con los monarcas y para con los campesinos y del aumento de las donaciones a la Iglesia.

La documentación existente para Cataluña permite afirmar que la peste desorganizó la administración civil y eclesiástica (fallecimiento de numerosos oficiales y religiosos y dificultad de cubrir las vacantes por falta de medios económicos o por incapacidad de los candidatos), dificultó la defensa del territorio y la prosecución de las campañas contra Génova (falta de obreros especializados en la construcción naval, disminución de los ingresos de la monarquía, que se vio obligada a retrasar el cobro de los impuestos), incrementó el pillaje (ataques a los barrios judíos en 1348, saqueo de casas deshabitadas y ataques a los peregrinos, considerados portadores de la peste), fue causa directa del alza de precios y salarios y provocó el abandono de los campos y la migración hacia las ciudades.

El abandono de los campos tuvo consecuencias importantes para la historia de Cataluña. Si desde un punto de vista económico interesa destacar la disminución de la superficie explotada y, consiguientemente, de la producción agrícola, desde una perspectiva social los grandes perjudicados en los primeros momentos fueron los propietarios de la tierra, que perdieron una parte considerable de sus ingresos al disminuir las rentas y los derechos señoriales (por disminución de la mano de obra).

La defensa de sus intereses llevó a los propietarios a desarrollar una política de atracción y de fijación de campesinos, objetivo que se lograría en unos casos mediante la concesión de contratos de arrendamiento favorables o la autorización para ocupar mansos abandonados, y en otros mediante el fortalecimiento de los derechos feudales: fijación de los campesinos a la tierra, aumento de los derechos de remensa, restablecimiento o implantación de los malos usos... El primer sistema sería utilizado preferentemente en las zonas fértiles, que los campesinos no tenían interés en abandonar, y el segundo serviría para impedir la huida de los cultivadores y para incrementar los ingresos señoriales en tierras pobres, poco atractivas para los campesinos.

La presión señorial sobre los cultivadores asentados en tierras pobres se mantendría; los propietarios pretenderían, años más tarde, reducir las ventajas económicas otorgadas a los campesinos a raíz de la peste, lo que se lograría despojándolos de los mansos ocupados y sustituyendo los contratos de arrendamiento perpetuos por censos temporales, de corta duración, que les permitirían compensar, mediante el incremento periódico de las rentas, la subida de precios.

Los payeses reaccionaron ante estas medidas con amenazas, injurias, incendios, erección de cruces y fosas... y más tarde organizándose —con ayuda de los juristas— para obtener frente a los señores la protección real, que les fue ofrecida en 1397 por Martín el Humano, pese a lo cual la solución del problema remensa no sería hallada hasta fines del siglo XV, es decir, hasta que el monarca aragonés Fernando el Católico llegara a un acuerdo con los grupos privilegiados catalanes que, a través de su monopolio de las Cortes —y, por ellas, de la legislación— impedirían durante cien años todo acuerdo.

Las reclamaciones económicas y antiseñoriales de los campesinos derivaron en ocasiones hacia el asalto a los barrios judíos (1391) y se tiñeron en otras con las doctrinas igualitarias extendidas por los predicadores que pululaban por Cataluña: todos los hombres descienden de Adán y, en consecuencia, todos han de ser iguales. Pero este punto de vista no coincidía con el de los estamentos superiores, cuya opinión expresa Eiximenis al acusar a los campesinos de «bestialidad y de incapacidad de entendimiento y razón, lo que les lleva a odiar a las personas nobles; cuando Dios les ha permitido mandar en algo, han mostrado enseguida su crueldad, no perdonando nada ni a nadie». Este concepto que tenía del payés explica que los señores laicos y eclesiásticos se atribuyeran, en 1370, el derecho de maltratar a los campesinos y que se vedara a éstos el acceso a las órdenes eclesiásticas.

En el Aragón estricto se despoblaron a raíz de la peste las aljamas y los barrios judíos; se arruinaron los arrendadores de peajes e impuestos; subieron precios y salarios hasta el punto de obligar al monarca a promulgar en 1348 fueros tendentes a fijar los salarios y obligaciones de campesinos, herreros, zapateros, curtidores, toneleros...; se abandonaron campos de cereal y de viñedo y fue preciso, al igual que en Cataluña, por una parte ofrecer condiciones ventajosas a los campesinos y, por otra parte, incrementar su dependencia respecto a los señores, lo que se conseguiría mediante la aplicación a los campesinos de las normas del derecho romano referentes a los esclavos.

Para el reino de Valencia sólo disponemos de un estudio sobre la zona de Castellón en la que parece no haberse dejado sentir la peste. Pero del análisis de otros datos se deduce que la mortandad fue considerable en la capital del reino y suponemos que también en el campo, donde a partir de 1370 se privó a los mudéjares de libertad de movimiento y se les obligó a permanecer en las mismas tierras durante un plazo que oscilaba entre cinco y doce años. La insuficiencia de la mano de obra campesina se refleja igualmente en la obligación impuesta a los campesinos de trabajar las tierras del señor a cambio de un jornal reducido.

En Mallorca el descenso de la población afectó más a las villas que a la Ciudad, en la que se concentraron numerosos supervivientes de las zonas montañosas poco productivas. Fue preciso conceder moratorias a los deudores, fijar los precios y salarios en algunos lugares, dictar normas sobre los bienes abandonados... Las donaciones a la Iglesia aumentaron considerablemente. La muerte de numerosos funcionarios obligó a la acumulación de cargos y, como consecuencia, al absentismo. Disminuyeron los impuestos recaudados...

Las referencias, en las Cortes castellanas de 1351, a la mortandad y a sus consecuencias son continuas: los campesinos abandonaron la tierra y se integraron en las bandas de mendigos que recorrían el país o exigieron salarios tan altos «que los que tenían heredades no los podían pagar». Contra los mendigos, mezclados muchas veces con salteadores y ladrones, se obligó bajo severas penas a trabajar a cuantos se hallaran en edad y condiciones para ello. Frente a los campesinos y frente a los menestrales que, igualmente, exigían un aumento de sus sueldos y productos, se fijaron los salarios y precios.

Para reprimir el bandolerismo, el monarca tomó medidas drásticas y de carácter general. El malhechor sería perseguido a través de todo el reino mediante un servicio de vigilancia adecuado: cada ciudad de relativa importancia debería disponer de veinte caballeros y de cincuenta peones para salir en persecución de los malhechores en cualquier momento en que fueran requeridos para ello, incluso cuando estuvieran trabajando, para lo que el rey dispuso que fueran al trabajo con lanzas y armas.

La acentuación de la religiosidad en los momentos de peligro anuló algunas medidas tomadas por Alfonso XI para evitar que las tierras de realengo y de behetría pasaran a manos de la Iglesia. El monarca —a petición de los nobles— anuló estas donaciones y, para no perjudicar a los eclesiásticos, autorizó a los herederos de los donantes a comprar nuevamente las tierras pagando el precio que valieran en el momento de la donación. Otros bienes pasaron a manos de los eclesiásticos mediante ventas fingidas o para fundar cofradías, aniversarios...

Los concejos pidieron que se redujeran los impuestos debido a que los lugares «por la mortandad e por los malos temporales e por las grandes meesteres que han acaescido» estaban yermos y no era posible reunir las cuantías fijadas. Muchos arrendadores de los impuestos se arruinaron a consecuencia de la peste y no pudieron entregar al monarca las cantidades que les correspondían, por lo que en 1351 se hallaban fuera del reino o escondidos; los deudores pidieron una moratoria en el pago de sus deudas...

También en Castilla puede hablarse de un recrudecimiento de la presión señorial, manifestada en la obligación de los desocupados de trabajar la tierra a los precios fijados en las Cortes y en el hecho de que, al menos en Galicia, muchos señores obligaron a los campesinos que vivían en sus con arcas a colaborar en la construcción de sus casas y en el cultivo de campos y viñas...

La situación en Portugal es semejante a la descrita en los demás reinos peninsulares: abandono del campo, ampliación de las tierras concedidas a cada cultivador, ruina de los cobradores de impuestos, enriquecimiento de la Iglesia, concentración de la riqueza —a través de la acumulación de herencias— en manos de unos pocos, incremento de la ganadería, fijación de precios y salarios, asentamiento de los campesinos y de los artesanos en sus lugares de trabajo, ruina de los nobles, que obligó ya en 1340 a promulgar leyes suntuarias...

El abandono de los campos y la dedicación de numerosas tierras al pastoreo o a cultivos no cerealistas (vino y aceite) modificaron profundamente la situación económica del reino (el fenómeno puede observarse igualmente en Castilla). Portugal, país cerealista, fue incapaz a partir de 1350 de producir el trigo necesario para alimentar a sus habitantes, especialmente en las ciudades, y se verá obligado a importarlo de Inglaterra, Francia, Italia y el norte de África. La búsqueda de trigo, de mano de obra barata (esclavos) y de oro fue uno de los móviles que impulsó a los portugueses a ocupar la ciudad de Ceuta en 1415 y a explorar las costas atlánticas de África.

BIBLIOGRAFÍA

El tomo VII del «Anuario de Estudios Medievales» (1970-1971) está íntegramente dedicado al siglo XIV peninsular. De los artículos reunidos (en todos ellos abundan las referencias bibliográficas) interesan para este período los siguientes:

Salavert, Vicente: La expansión catalano-aragonesa por el Mediterráneo en el siglo XIV (págs. 17-37).

Dufourcq, Charles E.: Les relations de la Péninsüle Ibérique et l'Afrique du Nord au XIV siécle (págs 39-65).

Sobrequés, Jaime: La Peste Negra en la Península Ibérica (págs. 67-101).

Canellas, Angel: El reino de Aragón en el siglo XIV (págs. 119-152).

Martín Duque, Angel J.: El reino de Navarra en el siglo XIV (págs. 153-164).

Gautier-Dalché, J.: L'histoire castillane dans la premiére moitié du XIV siécle (págs. 239-252).

Torres, Juan: Murcia en el siglo XIV (págs. 253-277).

Igualmente dedicado al siglo XIV está el tomoII, («La Corona de Aragón en el siglo XIV»), en tres volúmenes, de las Actas del «VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón» (Valencia 1969-1973). Del volumen primero (Valencia 1969) interesan los artículos siguientes:

Doñate Sebastiá, José María: Datos negativos referidos a la Plana de Castellón, en relación con la peste negra de 1348 (págs. 27-43).

Trenchs Odena, José: La archidiócesis de Tarragona y la peste negra: los cargos de la catedral (págs. 45-64).

Kuchler, Winfried: La influencia de la peste negra sobre la hacienda real (págs. 65-70).

Kern, Hanspeter: La peste negra y su influjo en la provisión de los beneficios eclesiásticos (págs. 71-83).

Wolff, Philippe: Reflexions sur les troubles sociaux dans les pays de la Couronne d'Aragon au XIV siécle (págs. 95-102).

Santamaría, Alvaro: La peste negra en Mallorca (págs. 103-130).

Del volumen tercero, «Las relaciones internacionales de la Corona de Aragón durante el siglo XIV (ponencias y comunicaciones)», Valencia 1973:

Camarena, José: La política peninsular de Pedro el Ceremonioso (págs. 9-30).

Salavert, Vicente: La Corona de Aragón en el mundo mediterráneo (págs. 31-64).

Mutgé, Josefina: Trigo sardo en Barcelona durante el reinado de Alfonso el Benigno (págs. 235-242).

Sobrequés, Jaume: Contribució económica del municipi de Barcelona a l'empresa de recuperado del regne de Mallorca per Pere el Ceremonias (1343-1349) (págs. 291-302).

Además pueden verse las siguiente obras:

Arié, Rachel: L'Espagne musulmane au temps des nasrides (1232-1492). — Éditions E. de Boccard. — París 1973. — 528 págs.

Blason-Berton, Mirella: Un'ambasciata di Pietro IV d'Aragona in Italia (1346) e i prodromi della allenza véneto-aragonesa del 1351. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), V (1968), págs. 237-263.

Cabrillana, Nicolás: La crisis del siglo XIV en Castilla: La peste negra en el bispado de Palencia-Hispania (Madrid), XXVIII págs. 245-258.

Caruana, Jaime: Dos relaciones inéditas sobre los sucesos de la Unión. — «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), III (1947) ágs. 1487-1497

Dualde, Manuel: Tres episodios zaragozanos de la lucha entre «Pere del Punyalet» la Unión aragonesa, relatados por el monarca a su tío Pedro, conde de Ribagorza. — «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), II(1946) págs 295-357

Gautier-Dalché, J.: La peste noire dans les États de la Couronne d'Aragon. — «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXIV bis (1962), págs. 65-80.

González Alonso, Benjamín: El corregidor castellano (1348-1808). — Instituto de Estudios Administrativos. — Madrid 1970. — 436 págs.

Hamilton, E. J.: Money, Prices and Wages in Valencia, Aragón and Navarra (1351-1400). — Cambridge (Mass.) 1936.

Laredo Quesada, Miguel Ángel: Granada. Historia de un país islámico (1232-1571). — Editorial Gredos. — Madrid 1969. — 198 págs.

Laredo Quesada, Miguel A: Dos temas de la Granada nazarí. — «Cuadernos de Historia, Anexos a la revista Hispania» (Madrid), III (1969)págs. 321-345.

López de Meneses, Amada: Documentos acerca de la peste negra en los dominios de la Corona de Aragón. — «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VI (1956), págs. 291-447.

López de Meneses, Amada: Una consecuencia de la peste negra en Cataluña. El pogrom de 1348. — «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XIX (1959), págs. 92-131 y 321-364.

López de Meneses, Amada: La peste negra en Cerdeña. — En «Homenaje a Jaime Vicens Vives» I (Barcelona 1965), págs. 533-541.

Luttrell, A.: Los hospitalarios de Aragón y la peste negra. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), III(1966), págs. 499-514.

Martínez Ferrando, Ernest: La trágica historia deis reis de Mallorca. — Editorial Aedos. — Barcelona 1960. — 310 págs.

Martínez Ferrando, Ernest: Jaume II o el seny cátala. Alfons el Benigne. — Editorial Aedos. — Barcelona 1963. — 316 págs.

Mutgé, Josefina: El Consell de Barcelona en la guerra catálano-genovesa durante el reinado de Alfonso el Benigno. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), I (1964), págs. 229-256.

Oliveira Marques, A. H. de: Introducáo a. historia da agricultura em Portugal. A questáo cerealifera durante a Idade Media. — Lisboa 1968.

Oliveira Marques, A. H. de: Ensaios de historia medieval. — Lisboa 1955.

Rau, Virginia: Sesmarias medievais portuguesas. — Lisboa 1946.

Rau, Virgínia: Para a estudo da peste negra em Portugal. — «Brachara Augusta» (Braga), (1963), págs.

Russell, P. E.: Una alianza frustrada. Las bodas de Pedro I de Castilla y Juana Plantagenet. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), II(1965), págs. 301-332.

Tasis i Marca, Rafael: La vida del rei en Pere III. — Editorial Aedos. — Barcelona 1961. — 428 págs.

Tasis i Marca, Rafael: Les unions de nobles i el rei del punyalet. — Rafael Dal-mau (Col. «Episodis de la Historia», núm. 1). — Barcelona 1960. — 58 págs.

Tilander, Gunnar: Fueros aragoneses desconocidos promulgados a consecuencia de la peste de 1348. — Leges Hispanicae Medii Aevi, IX. — Stockholm 1959. — 74 págs.

Torres Fontes, J.: El Ordenamiento de precios y salarios de Pedro I al reino de Murcia. — «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXXI (1961), págs. 281-292.

Valdeón Baruque, Julio: Aspectos de la crisis castellana en la primera mitad del siglo XIV. — «Hispania» (Madrid), XXIX (1969), págs. 5-24.

Verlinden, Ch.: La grande peste de 1348 en Espagne. Contribution á l'étude de ses conséquences économiques et sociales. — «Revue Belge de Philologie et d'Histoire» (Bruxelles-Liége), XVII(1938), págs. 103-146.

Wolff, Philippe: The 1391 Pogrom in Spain. Social Crisis or not? — «Past and Present» (Oxford), núm. 50 (1971), págs. 4-18.

Zabalo Zabalegui, Francisco Javier: Algunos datos sobre la regresión demográfica causada por la peste en la Navarra del siglo XIV. — En «Miscelánea ofrecida a José María Lacarra» (Zaragoza 1968), págs. 485491.

3. EL ENFRENTAMIENTO CASTELLANO-ARAGONES

Desde la unión en 1137 del reino aragonés y del Principado de Cataluña, la Corona de Aragón y el reino castellano-leonés aparecen como las dos fuerzas políticas más importantes de la Península, si exceptuamos los dominios musulmanes unificados por los almohades. Castilla y Aragón aspiran a dirigir la Península, luchan por la hegemonía, se enfrentan en repetidas ocasiones por el dominio de la franja mediterránea (reinos de Murcia y Valencia) y llegan en otras a acuerdos por los que se dividen la Península y el norte de África (tratados de Tudellén, Cazóla, Almizra y Monteagudo).

A partir de mediados del siglo XIV el equilibrio entre las dos potencias peninsulares se rompe en favor de Castilla, que cuenta con una población superior y con una organización política y económica más adecuada a las nuevas realidades. Mientras la Corona de Aragón apenas alcanza el millón de pobladores, divididos política, financiera e incluso mentalmente entre aragoneses, valencianos, catalanes y mallorquines, los castellanos superan los seis millones y entre ellos —aunque teóricamente pertenezcan a distintos reinos: Castilla, León, Toledo, Sevilla, Murcia— apenas existen diferencias.

Este hecho influye decisivamente en el desarrollo de la guerra que enfrenta a castellanos y aragoneses entre 1356 y 1365. Los ingresos obtenidos por el rey castellano serán centralizados y aplicados donde las necesidades lo aconsejen. En la Corona, en cambio, cada uno de los reinos contribuye para su propia defensa y sólo en momentos de grave necesidad los catalanes se avendrán a tolerar que el dinero recaudado en Cataluña sea gastado en defender Aragón o Valencia.

Aunque los señoríos son numerosos en ambos reinos, la organización de unos y otros varía considerablemente. El rey castellano, a pesar de las concesiones hechas a la nobleza en los últimos años, mantiene un cierto control sobre los señoríos, especialmente en el plano militar, y puede disponer de un ejército perfectamente organizado, mientras que Pedro el Ceremonioso carece de autoridad para intervenir en las tierras dependientes de os nobles, en numerosas ocasiones hallará dificultades para reclutar el personal necesario para los ejércitos y la flota y se verá obligado a pedir a las Cortes que le autoricen a hacer levas en los dominios señoriales.

Por otra parte, las Cortes de la Corona —sólo conocemos bien las de Cataluña— oponen una fuerte resistencia a conceder subsidios al rey a partir de 1350, mientras que en Castilla el monarca puede prescindir de las Cortes, cuya fuerza es nula, y obtener subsidios de una forma mucho más rápida y eficaz. En plena guerra, Pedro el Ceremonioso tiene que esperar durante meses y meses a que las Cortes le concedan una ayuda que le permita reclutar tropas para tres meses, pasados los cuales los ejércitos abandonan la frontera si no reciben nuevos salarios.

Las razones citadas anteriormente son importantes para explicar el predominio castellano, pero por sí solas son insuficientes, ya que en épocas anteriores —existiendo estas diferencias demográficas y políticas— la Corona de Aragón había logrado mantener el equilibrio peninsular y en ocasiones imponer sus puntos de vista. Los hechos nuevos que decidirán el triunfo castellano serán el aumento de la riqueza de Castilla y la decadencia económica de Cataluña, que pierde su papel de dirigente de la Corona y deja de identificarse con la política de la monarquía.

La decadencia catalana puede ser explicada por la mayor incidencia de la crisis de mediados del siglo, que habría llevado no sólo a una disminución de las tierras cultivadas, sino también al abandono de algunas industrias y a una disminución del comercio en el Mediterráneo y de sus beneficios. Cierto número de grandes mercaderes habrían renunciado a las actividades comerciales y artesanales y habrían invertido su dinero en la compra de tierras. Se habría pasado de una sociedad de mercaderes a una de rentistas con todas las consecuencias que este cambio lleva consigo: desinterés por la política exterior y reticencias a la hora de conceder los subsidios necesarios.

En Castilla, en cambio, se observa un proceso inverso. Aunque la producción agrícola-ganadera predomina, se incrementan las actividades comerciales a través de los puertos atlánticos al tiempo que aumenta la principal fuente de riqueza castellana, el ganado ovino. En pocos años Castilla, que había necesitado alquilar naves genovesas, catalanas y portuguesas para hacer frente a los benimerines, se hallará en condiciones de atacar el puerto de Barcelona y a, finales del siglo, el monarca de Aragón alquilará los servicios de marinos castellanos. El proceso es irreversible y se halla ligado a la situación general de Europa en la que, en adelante, predominarán los países atlánticos sobre los mediterráneos al perder éstos su situación comercial privilegiada.

Navarra, Granada y Portugal intervienen en el conflicto castellano-aragonés al lado de uno u otro reino según las conveniencias del momento. Los tres se ven igualmente sometidos a la hegemonía castellana, que se acentuará en los últimos años del siglo XIV y durante el XV sobre Navarra y Granada. Contra esta hegemonía se alzará con éxito Portugal, país atlántico, que realiza a fines del siglo XIV una política independiente que hará de este pequeño reino una de las mayores potencias de la época moderna.

De la colaboración nobiliaria a la guerra civil castellana

Las concesiones hechas por Alfonso XI a la nobleza fueron insuficientes para compensar las pérdidas sufridas durante la crisis de mediados del siglo. A la subida al trono castellano de un nuevo rey, Pedro I (1350-1369), resurgieron los bandos nobiliarios para intentar controlar al monarca como medio de incrementar su poder y riquezas. Como dirigentes de estos grupos figuran miembros de la familia real: los hijos de Alfonso XI y de Leonor de Guzmán (Enrique, conde de Noreña, Fadrique, maestre de la orden de Santiago), que cuentan con el apoyo de los herederos de don Juan Manuel, con cuya hija Juana casaría Enrique, y con la ayuda de Juan Núñez, señor de Vizcaya.

Otro grupo nobiliario estará dirigido por el infante Fernando, hijo de Leonor de Castilla y de Alfonso el Benigno de Aragón, aliado a los antiguos servidores de María de Portugal, viuda de Alfonso XI, dirigidos por Juan Alfonso de Alburquerque, a quien el monarca había confiado la educación de Pedro I, que tenía en el momento de subir al trono dieciséis años. En los primeros momentos el nuevo rey gobernará con el apoyo de este segundo grupo nobiliario que impondrá la alianza con Francia en la guerra de los Cien Años.

La intervención o al menos la neutralidad de Castilla en la guerra había sido buscada durante el reinado de Alfonso XI por franceses e ingleses dada la importancia que en el desarrollo del conflicto podían tener las naves de la costa cantábrica. El interés inmediato de marinos y mercaderes castellanos exigía la amistad con Inglaterra, única potencia atlántica capaz de enfrentarse a la marina castellana. Alfonso XI concertó, después de muchas dudas y vacilaciones, una alianza con Inglaterra, que sería ratificada mediante el matrimonio del heredero castellano y de Juana Plantagenet.

La muerte de Juana impidió la ratificación de los acuerdos y los nuevos consejeros de Pedro I se inclinaron por la alianza con la monarquía francesa, que ofrecía la ventaja de abrir el mercado de Flandes a la lana castellana y que, a largo plazo y en caso de victoria, dejaría el comercio atlántico en manos de los castellanos, ya que Francia no disponía de una flota capaz de inquietar a la cantábrica.

Ante la nueva orientación política de la monarquía, Eduardo III atacó a la flota comercial castellana y bloqueó la navegación por el Canal de la Mancha hasta que los marinos del Cantábrico firmaron la paz con Inglaterra y se comprometieron a no secundar la política de la monarquía y a no atacar a las naves inglesas a pesar de la alianza existente con Francia. La actuación independiente de los marinos del Cantábrico, unida al peligro de una sublevación de Vizcaya contra el favorito, debilitó la posición de Alburquerque, según se deduce de las actas de las Cortes de 1351 en las que sólo figura junto al rey el infante Fernando como cabeza del grupo nobiliario en el poder.

Las diferencias acerca de la política exterior y la rivalidad por el control del reino no impidieron que los nobles actuaran unidos, en defensa de sus intereses, en las Cortes celebradas en Valladolid (1351), de las que se conservan los ordenamientos de menestrales, de hidalgos y de clérigos y las respuestas dadas a las peticiones de las ciudades. En estos documentos se refleja la ambigüedad de la posición del rey, interesado al mismo tiempo en no indisponerse con la nobleza, en afirmar su autoridad y en favorecer a las ciudades sin perjudicar a la Iglesia.

El ordenamiento de hidalgos fue hecho a petición del infante Fernando y de los ricoshombres y nobles que intentaban salvar con él las dificultades provocadas por la crisis. Tras pedir la confirmación de sus fueros y privilegios, los nobles expusieron la situación económica en que se hallaban: muchos no habían podido cobrar sus salarios durante una enfermedad del rey y se habían visto obligados a apoderarse de los impuestos debidos al monarca, que había ordenado la detención de los responsables y la confiscación de sus bienes. Si el retraso en la percepción de los sueldos era grave, mayor importancia tenía para los nobles conseguir un aumento de las tierras y cuantías (salarios) que tenían del monarca, sin lo cual —afirmaban— no les sería posible cumplir sus obligaciones militares. El rey, sin oponerse a la petición, tampoco la aceptó íntegramente y se limitó a declarar que vería «las tierras e las rentas cómo están» y las repartiría «en manera que pasen muy bien».

Igualmente conciliador con los nobles se mostró el monarca al acceder a la petición de que se obligara a los labradores a trabajar por un salario fijo los campos de los propietarios y al ordenar que fueran devueltas a los señores de behetría las tierras dadas por los campesinos a la Iglesia y las compradas por las órdenes militares. En estos lugares, los campesinos eran dueños de la tierra que cultivaban y teóricamente podían darla o venderla, pero estaban sometidos al pago de algunos tributos que los señores dejarían de percibir desde el momento en que las tierras pasaran a manos de los eclesiásticos.

El interés de la nobleza por controlar los lugares de behetría situados en el reino estricto de Castilla y los impuestos pagados por los campesinos aparece ya en los ordenamientos de Alfonso XI, pero ahora es declarado abiertamente por los nobles que reconocen haberse enfrentado entre sí a causa de estos lugares y piden al rey que los reparta para poner fin a las querellas. La petición de los nobles incluía dos puntos: el reparto con carácter perpetuo y la renuncia por parte del monarca a la administración de justicia, es decir, la conversión de los lugares de behetría en señoríos inmunes.

Estas concesiones habrían significado la pérdida total de libertad para los campesinos de la mayor parte de Castilla, que perderían no sólo el derecho de elegir señor sino también la libertad de movimiento y se habrían equiparado en todo a los campesinos de remensa catalanes y a los semisiervos gallegos, leoneses o aragoneses. Por otra parte, la creación de tales señoríos perjudicaba al monarca, quien —además de renunciar a la administración de justicia— perdería la parte de impuestos que percibía en estos lugares. Pedro I accedió a efectuar el reparto sólo después que una comisión de prelados, caballeros y hombres de las villas hubieran realizado un inventario de los lugares de behetría, especificando en cada caso quiénes tenían derechos sobre ellos y cuáles eran éstos, pero se negó a ceder la administración de justicia y la parte de los impuestos que le correspondía: los campesinos dependerían perpetuamente de un señor, pero su señorío sería compartido por el rey.

Pedro López de Ayala afirma que la petición referente a las behetrías fue hecha por Juan Alfonso de Alburquerque, confiando en recibir una parte importante, y que a él se opusieron los caballeros de Castilla (la segunda nobleza) temerosos de que el reparto no fuera correcto «e así non se partieron e fincaron como primero estaban». El inventario de los lugares de behetría fue, sin embargo, realizado y de él se conservan copias que nos permiten conocer la organización de estos lugares.

Aunque en otro lugar nos hemos referido a las behetrías, conviene explicar de nuevo su naturaleza para comprender el alcance de la petición hecha por los nobles, que se inscribe en el cuadro de las medidas tomadas para reducir la libertad de los campesinos en Cataluña, Aragón y Portugal. Originariamente libres, los campesinos castellanos perdieron entre los siglos XI-XIV una parte de su independencia; fueron obligados —por la fuerza militar o por la situación económica y social— a encomendarse, a aceptar un protector o señor cuyos derechos se reconocían y pagaban mediante la entrega de unos tributos inicialmente debidos al rey.

El proceso de pérdida de libertad no había finalizado aún a mediados del siglo XIV. Del inventario realizado en 1351 se desprende que la evolución de este proceso no había sido la misma en toda Castilla. En todos los lugares se podía elegir el señor, pero mientras en unos (behetrías de linaje o entre parientes) era necesario aceptar a un miembro de la familia o linaje inicial, es decir, se había impuesto la tendencia a la hereditariedad dentro de una familia, en otros podía adoptarse como señor a un miembro de cualquier linaje, incluso del real, siempre que fuera castellano (behetrías de mar a mar), y en muchos lugares había libertad total para elegir señor y para cambiar continuamente de protector (behetrías sin naturales conocidos). La adjudicación de estos lugares con carácter perpetuo a un noble equivalía a suprimir los restos de libertad campesina que aún perduraban en Castilla.

La variedad de impuestos reales y señoriales, incluso dentro de la misma localidad, es tal que resulta imposible en una visión rápida mencionarlos todos y dar una idea de la situación del campesino de behetría. La coexistencia de dos o más grupos de behetrías (de realengo, abadengo, solariegas...) complica aún más el estudio, que está por hacer. En líneas generales puede afirmarse que la autoridad real se reflejaba, en la zona marítima, en el cobro de martiniegas, servicios, moneda, justicia y homicidio de los hidalgos; en la Castilla alta, en el cobro de monedas y servicios, a los que se añadía en la zona central la martiniega y la fonsadera; en otras localidades el monarca cobraba el yantar. Los impuestos señoriales eran el nuncio, mañería, infurción, moneda banal y portazgos.

La comisión nombrada por Pedro I fue mucho más allá de lo solicitado por los nobles y no se limitó a averiguar a quién pertenecían las behetrías, sino que redactó un verdadero índice fiscal en el que, además de figurar los lugares de behetría con la mención de sus señores, de los impuestos pagados por los campesinos y de los beneficiarios (ésta es la parte conservada), se copiaron los privilegios y cartas recibidas por cada lugar o por quienes alegaban derechos sobre las behetrías.

Este índice, que no sabemos si llegó a terminarse, habría permitido al rey conocer con todo detalle las cantidades que percibían los señores, las que correspondían al monarca y, lo que es más importante, la autenticidad o falsedad de los derechos alegados por los nobles. Podía ser el punto de partida para recuperar los derechos cedidos por la monarquía a los nobles. En este sentido se relaciona con las inquiriçóes realizadas por los monarcas portugueses y con el intento de Pedro el Grande de Aragón de exigir a los nobles catalanes pruebas escritas de sus derechos como condición indispensable para confirmarlos. Trece años antes de la celebración de las Cortes de Valladolid, Alfonso XI había intentado algo similar para conocer con detalle los ingresos de la monarquía y proceder a una mejor distribución de los mismos.

Las concesiones hechas en 1351 no pusieron fin a las diferencias entre los nobles. Es posible, incluso, que éstas aumentaran al tratar de repartir las behetrías de acuerdo con lo pedido. Frente a Alburquerque se alzaron diversos nobles dirigidos por uno de los bastardos de Alfonso XI, Tello, convertido en señor de Vizcaya por su matrimonio con una hija de Juan Núñez. Derrotado, el rebelde se refugió en Aragón. Pero Pedro el Ceremonioso no se hallaba en condiciones de prestar ayuda a un rebelde castellano, por cuanto el rey de Castilla podía provocar, a su vez, una sublevación nobiliaria en Aragón apoyando abiertamente al infante Fernando. Ambos monarcas renunciaron, pues, a intervenir en los asuntos internos del otro reino.

A pesar de este éxito, los recelos contra Alburquerque aumentaron en Castilla y su posición se hizo insostenible cuando Pedro I puso fin a la alianza francesa y abandonó a su esposa Blanca de Borbón. Contra Alburquerque se unieron los hijos ilegítimos de Alfonso XI y los Padilla, familiares de la amante del rey, que intentaron sustituir al privado en la confianza del rey. Pero Pedro I no estaba dispuesto a cambiar de privado, sino a gobernar personalmente. Con su actuación logró que los diversos grupos nobiliarios, apoyados por la Iglesia, se unieran contra él. Sólo los Padilla se mantuvieron a su lado, pero su fuerza era insuficiente para oponerse a los rebeldes.

Pedro I tuvo que someterse a la nobleza y aceptar los nombramientos propuestos para los altos cargos de la Corte. El control de los hijos de Alfonso XI y del infante Fernando sobre el monarca fue total, aunque pronto surgieron desavenencias entre los nobles. Con ayuda de Fernando y de su hermano Juan, a los que el monarca ofreció numerosas posesiones, Pedro I logró evadirse de Toro e iniciar la lucha armada contra Enrique de Trastámara y sus hermanos, quienes fueron vencidos en 1353. Enrique se refugió en Francia y sus hermanos Fadrique y Tello volvieron a la obediencia del rey, que en adelante gobernaría con poderes absolutos.

En el enfrentamiento entre el monarca y los nobles, Pedro I contó con el apoyo de la incipiente burguesía castellana (mercaderes, gestores, recaudadores), cuyos intereses no coincidían con los de la nobleza. Ésta tenía cada vez más dificultades para mantener su nivel de vida y su categoría social. Para subsistir en su antigua condición necesitaba acudir a la guerra o a la revuelta interior. Los mercaderes, en cambio, basaban su poder en el comercio, cuyo desarrollo necesita una situación de paz y estabilidad.

Pedro I intentó, sin éxito, mantener el equilibrio entre estas dos fuerzas y favorecer su desarrollo. Quizás se deba a esta preocupación el carácter incompleto del ordenamiento de precios y salarios: no se fijaron ni los precios agrícolas (sí los sueldos de los jornaleros) ni los de los artículos manufacturados (comerciales), aunque se reglamentara minuciosamente el trabajo de los pequeños artesanos. Pedro I necesitaba el apoyo militar de la nobleza laica y eclesiástica, y el económico de la burguesía. El ordenamiento de menestrales favorecía a ambos grupos, por cuanto ponía límite a los costos de producción en el campo y en la ciudad y dejaba libres los precios.

El fortalecimiento del poder monárquico exigía un riguroso control de los ingresos y de los gastos. Para conseguirlo era preciso centralizar la recaudación de los impuestos y conceder mayores atribuciones a los tesoreros y gestores, que, lentamente y desde la época de Alfonso XI, se transformaron en consejeros del monarca en cuestiones financieras e indirectamente en los asuntos políticos directamente ligados a la economía del reino. Los cargos palatinos que habían sido una de las fuentes de riqueza y poder nobiliario pasan a manos de personas no vinculadas a la alta nobleza, que intentará recuperarlos por todos los medios.

Cuando los nobles logran controlar al monarca, lo primero que hacen es distribuirse los cargos palatinos ante la sorpresa e indignación del monarca, que no entendía cómo un noble tan importante como su hermanastro Fadrique, maestre de Santiago, se hacía nombrar camarero del rey. Tras la victoria real, los cargos fueron nuevamente confiados a personas de la confianza del rey.

Desde sus cargos financiero-políticos estos personajes se enriquecieron y aumentaron su influencia sobre el monarca, al que prestaron cuanto necesitó en momentos de dificultad. Como quiera que un número considerable de los gestores y recaudadores eran judíos y éstos eran mal vistos por el pueblo, precisamente en razón de las funciones que realizaban, la nobleza dará en muchos casos un matiz religioso a sus revueltas, aunque en el fondo el programa de los nobles se reduzca a pedir la sustitución de los consejeros del monarca y la anulación de las deudas contraídas por los nobles con los judíos.

Durante la sublevación nobiliaria Pedro I se apoyó en estos dos grupos: mercaderes y gestores-recaudadores, que serán quienes orienten su política en los años siguientes. Ésta tiende a la eliminación de la nobleza como fuerza político, económica y militar y al incremento del poder monárquico. Pedro I no dudará en deponer a los eclesiásticos que se oponen a sus deseos, en nombrar maestres de las órdenes militares, en ejecutar a los nobles sospechosos de rebeldía o en imponer nuevos tributos y confiscar propiedades nobiliarias, hechos que le han valido el sobrenombre de Cruel.

La economía castellana a mediados del siglo XIV

Las Cortes de 1351, celebradas en Valladolid, son un magnífico exponente de los cambios experimentados en el reino durante los últimos años. Sin duda, la agricultura y la ganadería son la base de la economía castellana y a regular una y otra se dedican algunas disposiciones. Pero también el comercio y la artesanía tienen importancia y son regulados minuciomente en los ordenamientos de menestrales y en las peticiones hechas por las ciudades.

Los precios y salarios fijados en Valladolid no son uniformes para todo el reino. El nivel de vida difiere de unas regiones a otras y, en consecuencia, el rey y las Cortes consideran que los salarios tienen que ser distintos en el arzobispado de Sevilla-obispados de Córdoba y Cádiz, en el arzobispado de Toledo y obispado de Cuenca, en la zona de Burgos-Palencia y Valladolid, en el reino de Murcia y posiblemente en las demás regiones, aunque sólo conocemos los ordenamientos citados.

Ante la imposibilidad de estudiar en conjunto estos ordenamientos, nos limitaremos a comentar el otorgado para la archidiócesis de Toledo. Entre los trabajadores agrícolas figuran los aparceros o quinteros, segadores, mozos de labranza que trabajan a jornal, vendimiadores, recogedores de lino, podadores, pastores, guardas de viñas... Los salarios y las condiciones de trabajo son muy distintas.

Los quinteros están obligados a iniciar su trabajo en el mes de septiembre y a contratarse durante un año. Ellos ponen la yunta de bueyes o de mulas necesaria. Sus obligaciones son arar, segar y realizar cualquier otro trabajo relacionado con la cosecha en las tierras que se les ceden en aparcería. Su salario está constituido por la quinta parte de lo que se recolecte, a lo que se añade una cantidad de trigo, centeno y cebada que varía según que pongan o no parte de la simiente. En algunos lugares se les permite, además, sembrar una fanega de cereal, cuya producción les corresponde íntegramente.

El contrato de los segadores dura desde el comienzo de la siega hasta que la paja se halla recogida. Reciben el salario en cereal o en dinero a voluntad del señor. Las diferencias entre el arzobispado de Toledo y el obispado de Cuenca son considerables: en el primero reciben dos cahíces de cereal (veinticuatro fanegas) y en el segundo sólo 16 fanegas. Los mozos de labranza se contratan por años y reciben entre 40 y 120 maravedíes por año según su categoría.

Cuando el contrato es temporal, los sueldos difieren de acuerdo con el trabajo que cada uno realiza: entre octubre y febrero el mozo de labranza recibe un maravedí por día y dos comidas; a las mujeres se les pagan cuatro dineros (el maravedí tiene diez dineros). Entre marzo y mayo los salarios ascienden a quince dineros para los hombres y cinco para las mujeres y desde junio hasta septiembre, época de la siega, cobran dieciocho dineros y un maravedí. Los recogedores de lino cobran siete dineros, sin alimentos. Las vendimiadoras, cinco. Los podadores reciben dos dineros por día más que los que cavan y ninguno tiene derecho a siesta ni a recibir vino en las comidas.

Los pastores de vacas y ovejas se contratan de junio a junio y reciben los siguientes salarios: el vaquerizo mayor un becerro de cada cien vacas y sesenta maravedíes; el rabadán un becerro y treinta maravedíes; el ayudante 50 maravedíes. Cada uno recibe además seis fanegas de cereal, entre trigo, centeno y cebada. Los pastores de ovejas están mejor considerados y su salario es considerablemente más elevado: por cada cien ovejas reciben ocho fanegas de centeno y cuatro de cebada, el veinte por ciento de los corderos que nazcan, la séptima parte del queso y seis maravedíes para calzado por cada cien ovejas que cuiden.

El valor real de estos salarios puede hallarse si tenemos en cuenta que por estos años un carnero cuesta, ocho maravedíes, una docena de sardinas o arenques secos doce maravedíes (frescos, noventa), una vaca setenta maravedíes, una gallina dieciséis dineros, un cerdo veinte maravedíes, una cantara de vino tres maravedíes, y la fanega de cebada tres maravedíes. El mozo de labranza que aspire a independizarse necesitará dedicar, en el mejor de los casos, el salario íntegro de un año para comprar dos vacas; después de trabajar de sol a sol durante tres meses, un segador podrá comprar cinco docenas de sardinas secas... Mayor consideración que los jornaleros (si exceptuamos a los pastores) tiene el ganado: el alquiler de un par de mulas de tiro cuesta cinco maravedíes por día durante la vendimia, cuatro en la época de la trilla, tres y medio si se dedican a arar en verano y tres en invierno.

La artesanía castellana no es de lujo, pero permite atender a las necesidades de la población. Entre los artesanos se citan los carpinteros, albañiles, sastres, tejedores, armeros, caleros, joyeros, zapateros, herreros, freneros, pelliteros y tejeros. Carpinteros y albañiles cobran por día a razón de dos maravedíes los primeros y dos y medio los segundos (los oficiales cobran la mitad). Sastres, tejedores, bruñidores de armas, armeros, zapateros, herreros y joyeros cobran según las piezas que trabajen... También se fijó el salario de las amas de cría y de los sirvientes domésticos. Las primeras recibirían sesenta maravedíes anuales si criaban al niño en su propia casa y cincuenta, si viven en casa de los padres del niño, más calzado y alimento.

A pesar de las órdenes, repetidas desde época de Alfonso X, prohibiendo la formación de gremios que monopolizaran y encarecieran artificialmente los productos, los artesanos de Castilla aprovecharon —según las actas de las Cortes— la escasez de la mano de obra para obtener los máximos beneficios posibles: se comprometieron a no trabajar de noche, a no aceptar aprendices sino entre sus familiares o entre niños de poca edad que les sirvieran «por ciertos años» (es decir, que no aprendieran el oficio), a no permitir que trabajaran quienes no pertenecieran al gremio... Estas medidas tenían como finalidad limitar la producción para poder venderla más cara. Las ciudades pidieron que se prohibieran estas corporaciones y que se obligara a quien supiera un oficio a enseñarlo a cuantos quisieran aprenderlo sin necesidad de que éstos se comprometieran a servir a los maestros durante un número fijo de años.

Pedro I mostró un decidido interés por la protección de la riqueza forestal y prohibió el corte injustificado de encinas y de pinos así como la exportación de madera, porque ésta era necesaria para los habitantes del reino y, sobre todo, para la construcción de naves, que era uno de los mayores intereses del monarca por razones militares y comerciales.

El comercio es mencionado en repetidas ocasiones en las actas. Pedro I confirmó la tregua firmada entre el rey de Inglaterra y los marinos de Castilla, Guipúzcoa y Vizcaya; dictó severas medidas para evitar los abusos cometidos por los recaudadores de los derechos de aduana; permitió de nuevo que los particulares ejercieran la profesión de cambistas (Alfonso XI se había reservado este derecho en momentos de apuro y los concejos se quejaron de que la falta de cambistas dificultaba el comercio); ordenó poner fin a las marcas o represalias dentro y fuera del reino: cuando los súbditos de un país o los vecinos de un municipio debían o se apoderaban de bienes pertenecientes a miembros de otro reino o concejo, el perjudicado tenía el derecho de resarcirse de las pérdidas mediante la ocupación de bienes del culpable, si podían ser hallados, o de sus compatriotas, hasta alcanzar la cuantía señalada.

Por culpa del sistema de marcas muchos mercaderes perdían sin culpa sus bienes y las ciudades se hallaban desabastecidas. Si hemos de creer cuanto afirman las actas de Cortes, el comercio entre Castilla y la Corona de Aragón era claramente favorable a los castellanos, quienes se quejaron de que mientras subsistiera la marca establecida por Alfonso XI y por Pedro el Ceremonioso, salían perjudicados ya que los bienes castellanos secuestrados en Aragón valían mucho más que los bienes aragoneses cogidos en Castilla.

El interés de Pedro I por el comercio se explica si tenemos en cuenta que los diezmos comerciales eran uno de los ingresos más importantes de la monarquía. Se cobraban a la entrada sobre las mercancías procedentes del extranjero y a la salida sobre los artículos castellanos comprados con el producto de la venta de las primeras. Para aumentar estos ingresos, el monarca permitía que las naves extranjeras se acogieran a los puertos castellanos durante las tormentas siempre que pagaran el diezmo o se comprometieran a descargar en puertos castellanos.

Los mercaderes nacionales se hallan claramente favorecidos con relación a los extranjeros. Sólo para favorecer a los súbditos se mostró Pedro I dispuesto a renunciar a los diezmos: el mercader castellano que introdujera paños y otras mercancías necesarias en el reino pagaría el diezmo, pero su importe le sería descontado de los derechos que tuviera que pagar al salir nuevamente de Castilla con productos castellanos destinados al extranjero. Igualmente renunció Pedro I al diezmo aduanero de productos existentes en Castilla (la fijación de precios y salarios hacía imposible la competencia) y prohibió la importación de vino aragonés y navarro para facilitar la venta del castellano.

Cataluña a mediados del Trescientos

Para comprender las razones del predominio castellano necesitaríamos conocer la situación en que se hallaban todos los dominios de la Corona de Aragón al declararse la guerra. Desgraciadamente, sin embargo, sólo disponemos de estudios para Cataluña, por lo que habremos de referirnos a este país y limitarnos a algunas hipótesis para los restantes reinos: Aragón, Valencia y Mallorca.

Los estudios realizados por Iglesies y Pons Gurí sobre la población de Cataluña en el siglo XIV han puesto de relieve un hecho prácticamente olvidado: a pesar de la importancia de la industria, del comercio y de las ciudades, la población catalana es eminentemente rural. Pese a los estragos de la peste y a la emigración de campesinos a la ciudad, en la segunda mitad del siglo vivía en y del campo casi el setenta por ciento de los catalanes. Este hecho, que podría carecer de importancia objetivamente considerado (el porcentaje de castellanos-campesinos sería seguramente mayor), tiene un gran alcance debido a la organización política existente en Cataluña.

Los habitantes del campo sólo en Una mínima proporción dependen directamente del rey; de los 327000 campesinos existentes, sólo los miembros de 11000 familias tienen su residencia en lugares de realengo; 35000 viven en señoríos de la nobleza laica, 22000 en los dominios eclesiásticos y 4000 en lugares adquiridos por ciudadanos. En las ciudades la proporción es favorable al rey, de quien dependen 20000 familias, mientras que los señores laicos controlan a 3500 y los eclesiásticos a 4000.

Como resumen de estos datos, puede afirmarse que la autoridad del monarca sólo se ejerce de manera directa sobre el 31 por ciento de la población; los nobles dominan sobre el 38 por ciento, los eclesiásticos sobre el 26 y los ciudadanos que han invertido en la compra de tierras —con sus derechos jurisdiccionales— tienen autoridad sobre el 4 por ciento de la población. Un 1 por ciento posee tierras alodiales, es decir, no se halla sometido a un señor ni ejerce autoridad sobre otras personas.

Los éxitos de los monarcas aragoneses durante el siglo XIII y primeros años del XIV se explican sólo en cuanto que sus intereses coinciden con los de los grupos dirigentes de la sociedad, con los que es preciso contar para llevar a cabo la política exterior. Un cambio en los intereses de estos grupos significará la ruina de la política. expansiva de la monarquía. Este cambio se inicia a mediados del siglo XIV a consecuencia de la crisis general. Para la nobleza y el clero, la conquista de nuevas tierras pierde interés ante la necesidad de repoblar las que ya poseen. Los dirigentes de las ciudades mantienen durante algún tiempo el comercio a larga distancia, pero las crecientes dificultades que encuentran y el aumento continuo de los gastos hará que limiten su ayuda a la Corona o que, al menos, intenten controlarla, administrar sus donativos.

A partir de 1350 el rey no encuentra facilidades en los grupos dirigentes de la sociedad sino una oposición que se agudiza continuamente. En la mayoría de los casos el monarca termina cediendo ante las presiones de la aristocracia, por lo que —a diferencia de lo que ocurre en Castilla— no se llega al enfrentamiento abierto. Éste se producirá en la segunda mitad del siglo XV cuando el monarca Juan II actúe claramente contra los intereses de la aristocracia.

La oposición entre monarquía y dirigentes tiene lugar en las Cortes, cuya composición y funcionamiento difiere notablemente de las castellanas. En Castilla, a las Cortes asisten representantes de las ciudades, nobles y clérigos, pero la nobleza laica y eclesiástica se desentiende normalmente de su funcionamiento y sólo en épocas de crisis se reúnen los brazos eclesiástico y nobiliario para exigir nuevas concesiones o el reconocimiento de sus privilegios. Incluso en estos casos puede observarse una separación entre los tres brazos, cuyos intereses no coinciden, y el monarca podrá utilizar a unos contra otros e incrementar su autoridad. En situaciones normales, el rey convoca Cortes para solicitar ayudas económicas y no es raro el caso en el que las obtiene sin necesidad de reunir a los representantes de las ciudades.

En Cataluña, ciudadanos, nobleza y clero actúan unidos —salvo raras excepciones— y antes de conceder al monarca la ayuda económica solicitada exigen la reparación de los agravios recibidos del rey o de sus oficiales, por lo que el monarca, cuando necesita dinero y es lo más frecuente, se ve obligado a hacer continuas concesiones a los estamentos. En Castilla las ciudades piden y el rey otorga o no según sus posibilidades y conveniencias, pero en ningún caso la aceptación de las peticiones es previa para obtener la ayuda pedida.

Por otra parte, desde 1348 las Cortes castellanas han reconocido al monarca el poder de legislar por sí solo. Las ciudades —apaciguada o sometida la nobleza— aceptarán los hechos consumados sin excesiva resistencia y Pedro I podrá prescindir de tales reuniones a lo largo de casi todo su reinado. En Cataluña las Cortes se reúnen con cierta regularidad (concesión arrancada a Pedro el Grande en los momentos de dificultad de 1283), tienen una función legislativa desde el momento en que las propuestas del rey no alcanzan validez hasta haber sido aprobadas por las Cortes y la concesión de subsidios no es un acto gratuito sino el resultado de un acuerdo entre los brazos y el monarca.

Basándose en estas tres características, periodicidad, función legislativa y control de los subsidios ha podido afirmarse la existencia de una «democracia» en Cataluña, entendiendo por tal el sistema político en el que las decisiones no corresponden a una sola persona, el rey, sino a éste juntamente con los súbditos representados en las Cortes. Hoy, sin embargo, se prefiere hablar de la existencia de un pacto entre el monarca y los grupos dirigentes de la sociedad. Este acuerdo tácito (impuesto por la situación política y económica) se explícita más adelante y adquiere valor legal. Pero ni siquiera en este caso puede hablarse de «democracia», ya que quienes tienen derecho a asistir a las Cortes son sólo los miembros de la mano mayor, es decir, el uno por ciento de la población, y algunos miembros de la mano mediana, de la que forma parte como máximo el diez por ciento de los catalanes.

En definitiva, a las Cortes asisten sólo los privilegiados. Si su actuación es beneficiosa para todo el Principado en muchos casos, en cuanto limitan la arbitrariedad y exigen garantías al rey, cuando se agudicen las tensiones sociales los intereses de la mayoría serán pospuestos ante los de esta minoría dirigente, que utilizará en su exclusivo beneficio el poder adquirido como representante de la población.

En el período que ahora estudiamos, las dificultades del rey para llevar a cabo una política teóricamente favorable al comercio catalán son manifiestas. La rebelión de la nobleza aragonesa-valenciana impidió al monarca atender a los asuntos de Cerdeña donde el juez de Arbórea, apoyado por Génova, encabezó una sublevación que puso en peligro la permanencia de los catalanes en la isla. Carente de medios económicos para hacer frente a los rebeldes, Pedro el Ceremonioso propuso a Venecia una alianza contra el enemigo común, Génova. En enero de 1351 se firmaba un acuerdo según el cual Aragón combatiría a Génova durante un año (el acuerdo era prorrogable por otros cuatro años) con una flota de dieciocho galeras cuya función primordial sería la de bloquear y aislar a los genoveses.

Las razones por las que, a petición propia, Pedro firmó este pacto, que sólo beneficiaba a los venecianos (la misión de la flota era impedir que los genoveses llegaran a Oriente, cuyo comercio controlaba Venecia), hay que verla en la difícil situación económica del reino. Venecia financiaría la campaña, que sería realizada íntegramente por marinos y naves de Aragón bajo el control y la supervisión veneciana.

A pesar del dinero adelantado por Venecia, las galeras no estuvieron dispuestas a tiempo, debido a que desde los años de la peste no se hallaban en Barcelona suficientes carpinteros y calafates. El reclutamiento de los tripulantes encontró igualmente dificultades. El monarca aragonés pidió a los venecianos que aumentaran el salario fijado a los marineros «porque en las regiones marítimas de dicho señor rey existen muchos lugares de barones, en los cuales el rey no puede poner tabla de reclutamiento y si se llevara a cabo el aumento predicho, las gentes de los mencionados lugares vendrían a los lugares reales (y podrían ser reclutadas)». Poco después, el monarca se veía obligado a ordenar que se enrolara en la galera construida en Gerona «a los hombres de los lugares reales y a los de otros lugares, que sean hallados en los lugares de realengo».

Ni la ayuda veneciana ni la colaboración de los súbditos fue suficiente para financiar la campaña. Pedro tuvo que comprar ocho galeras en Marsella pagándolas gracias a un préstamo por el que dio, en garantía, un retablo de plata que había pertenecido a Jaime III de Mallorca, dos vasos y candelabros de plata dorada, una cruz de plata con esmaltes, un incensario de plata y otras piezas pertenecientes a la capilla real.

Las victorias obtenidas en aguas del Bósforo y en Alguer no pusieron fin ni a la insumisión sarda ni al poderío de Génova, que en pocos años se hallaría de nuevo en condiciones de combatir nuevamente a los aragoneses y de dificultar su comercio. Ahora Génova tendrá un importante aliado en Pedro I de Castilla, mientras que los venecianos no se mostrarán interesados en mantener su ayuda a Pedro el Ceremonioso. Venecia colabora mientras Génova es un peligro para el comercio del Mediterráneo oriental y se desentiende cuando la actuación genovesa sólo influye en el occidental. Después de cinco años de guerra, Pedro el Ceremonioso no ha logrado arruinar a Génova y, en cambio, se ha visto obligado a someterse a las Cortes, como veremos seguidamente.

Entre 1350 y 1356, para obtener las ayudas necesarias, Pedro reunió cortes en Perpiñán (1350-1351 y 1356) y Parlamentos (reuniones no plenarias a las que asisten uno o dos de los brazos) en Vilafranca del Penedés (1353), Lérida (1354) y Barcelona (1355). Las Cortes de 1350-1351 son de un gran interés para conocer la situación del Principado y los intereses de cada grupo. Tras la protesta formal por no haberse convocado las Cortes cada tres años según lo disponían los capítulos de Cortes, cada estamento presentó sus reivindicaciones propias.

El estamento nobiliario y la Iglesia se quejaron de que se permitiera e incluso se favoreciera el abandono de los lugares de señorío y el establecimiento de los campesinos en las ciudades y villas de realengo. A través de este agravio puede verse el interés de los campesinos por eludir la jurisdicción señorial y la pugna entre nobles y ciudadanos por atraer a la mano de obra campesina.

Para ser ciudadano bastaba alquilar casa en la ciudad y residir en ella durante un año, pero no todos podían o querían trasladarse a los núcleos urbanos. Los campesinos acomodados deseaban seguir cultivando la tierra en las condiciones ventajosas logradas tras la peste, sin por ello aceptar la dependencia señorial; hallaron una solución a sus problemas gracias a la complicidad de las autoridades municipales, que consideraron ciudadanos, por tanto libres, a quienes alquilaran una casa y vivieran en ella dos o tres días festivos al año.

Los payeses de remensa, sin libertad para abandonar la tierra y sin medios económicos ni posibilidades de residir en la ciudad por su propia cuenta adquirían la ciudadanía cuando, acompañando a sus señores, vivían durante un año en la ciudad. Para evitar estas fugas, a las que se unían las huidas puras y simples, numerosos nobles habían obligado a sus campesinos a firmar un compromiso por el que renunciaban formalmente a cualquier privilegio de «ciudades, villas o lugares reales», pero ni estos acuerdos ni las leyes aprobadas en Cortes podrían impedir que continuara el éxodo campesino.

Mientras por un lado el rey minaba el poder señorial favoreciendo la fuga de los payeses hacia los lugares de realengo, por otro los fortalecía y perjudicaba a las ciudades. Continuamente necesitado de dinero, vendía o empeñaba —en garantía de préstamos— lugares de realengo, que escapaban así a la jurisdicción de las ciudades y se convertían en señoríos.

Barcelona presentó un amplio memorial de agravios en el que pedía el cumplimiento de sus privilegios comerciales (exención de impuestos por sacar grano de Cerdeña, exención del derecho de peso en Mallorca), que se atendiera a las reclamaciones de algunos mercaderes contra los oficiales del rey, que se compensaran las pérdidas sufridas durante las guerras contra Jaime III de Mallorca, que se permitiera defenderse en juicio a los mercaderes que habían incurrido en delito por haber negociado con Alejandría a pesar de la prohibición real, que se reconociera el derecho de las autoridades municipales a administrar justicia en las causas criminales...

Las actas del Parlamento de Barcelona, al que sólo asistió el brazo real, son una fuente de extraordinario valor para conocer las dificultades y limitaciones del monarca en sus contactos con las Cortes. En Lérida (1354) las ciudades se habían comprometido a entregar 60000 libras para el armamento de 40 galeras y de 10 naves destinadas a combatir a los genoveses y para guardar con 10 galeras las costas de Cataluña, Valencia y Mallorca. La ayuda fue otorgada con el compromiso por parte del rey de no gastar el dinero sino en lo ordenado, de reducir la ayuda en 1200 libras por cada barco que no fuese armado y de no obligar a los habitantes de lugares de señorío a enrolarse en la armada.

Un año más tarde, el rey pretendía destinar el dinero a otros objetivos que consideraba más urgentes y reunió a las ciudades en Barcelona bajo la presidencia del infante Pedro de Ribagorza, al que asesoraban los miembros del Consejo real. El portavoz del Consejo, tras considerar correctas y justas las condiciones impuestas en Lérida y después de justificar con palabras de Justiniano la posibilidad de modificar los acuerdos tomados, expuso las razones del cambio y pidió el asentamiento de las ciudades.

Desde el momento en que Génova había renunciado a armar una flota, las 40 galeras y 10 naves podrían dedicarse a combatir a los sardos, tarea en la que colaborarían las diez galeras destinadas en principio a proteger las costas, ya que al no existir peligro de un ataque genovés tampoco era necesario mantener inmovilizados estos barcos que podrían ser de gran ayuda en Cerdeña. La reducción de 1200 libras por cada nave o galera no armada debería ser anulada porque —siempre según los consejeros del monarca— esta cláusula había sido introducida sólo para que el rey pudiera presionar a aragoneses, valencianos y mallorquines haciéndoles ver que si no colaboraban económicamente, con las 60000 libras concedidas por los catalanes, sería imposible armar las naves y el rey no podría defender el reino, mucho menos si por cada barco no armado perdía 1200 libras. Puesto que todos los reinos habían colaborado en la empresa, la cláusula restrictiva no tenía razón de ser.

Por lo que se refería a la prohibición de enrolar a los hombres de señorío en la armada, esta condición había sido aceptada por el monarca hasta que pudiera reunir Cortes y solicitar su autorización. Pero puesto 'que el tiempo apremiaba y no era posible reunir Cortes, el Parlamento podía autorizar al rey a hacer levas en todo el reino.

El Parlamento accedió a que el dinero se invirtiera en la campaña contra los sardos, pero puso sus condiciones. La recaudación y distribución del dinero serían hechas por dos personas nombradas por las ciudades; el sueldo de estas personas y todos los gastos que comportara la operación se deducirían de las 60000 libras; las cartas que fueran necesarias serían concedidas gratuitamente por la cancillería; las dudas que se suscitaran serían resueltas por las autoridades de cada ciudad; se perdonarían las multas puestas por el rey a las ciudades hasta el día de la concesión; los beneficios obtenidos por las naves serían entregados a los distribuidores de la ayuda para que éstos a su vez los repartieran entre las ciudades proporcionalmente a la cantidad con que hubieran contribuido.

El monarca obtiene el dinero necesario, pero ni él ni sus oficiales pueden cobrarlo ni gastarlo, operaciones que son realizadas por personas designadas por el Parlamento, y la donación no es gratuita sino que lleva como contrapartida una serie de concesiones y el compromiso de devolver el dinero recibido si con él se obtienen beneficios.

Las actas de las Cortes celebradas en Perpiñán en 1356 son incompletas, pero nos permiten conocer el estado de opinión existente en Cataluña. Antes de decidirse a pedir la ayuda (a fijar la cantidad que deseaba) el rey pidió a los catalanes que le aconsejaran sobre lo que fuera más conveniente para poner fin a la guerra con Génova. El cansancio de los catalanes se puso de manifiesto en el primer consejo que dieron al rey: debería firmar una paz honrosa, lo que era posible por cuanto la firmaría como vencedor y no como vencido.

Si la paz honrosa no fuera posible, los procuradores recomendaron al monarca que concentrara todas sus fuerzas en dicha guerra y que no se enemistara con otras tierras o reyes sin «consejo de las Cortes Generales de Cataluña» y, si lo creía conveniente, de los demás reinos que le estaban sometidos. La desilusión de Pedro el Ceremonioso ante estos consejos es evidente. Agradece la buena intención, pero se niega a aceptar la sugerencia de consultar a las Cortes antes de declarar la guerra. Justifica su decisión porque, al tratarse de una guerra marítima, ésta afectaba menos a los aragoneses y «la experiencia muestra muchas veces que más molestaría una persona de lo que tres pudieran arreglar», frase con la que expresaba claramente que la presumible negativa aragonesa a colaborar podría arrastrar a catalanes, mallorquines y valencianos.

Del conflicto genovés a la guerra peninsular y europea

La guerra de los Dos Pedros (Pedro el Ceremonioso de Aragón y Pedro de Castilla) en sus comienzos no es sino una complicación más, surgida en la lucha de la Corona contra los genoveses. Dos naves aliadas de Génova fueron destruidas por el almirante catalán en aguas castellanas e, invocando la alianza existente entre Castilla y Génova, Pedro I declaró la guerra a Aragón en 1356. Al fin se había presentado la posibilidad prevista por las Cortes catalanas de Perpiñán: la Corona tenía que hacer frente a una nueva guerra sin haber firmado la paz con Génova y sin haber derrotado a la ciudad italiana.

Las Cortes habían insistido en que no se dividieran los esfuerzos bélicos y económicos y en que, antes de iniciar un nuevo conflicto, el monarca consultara con las Cortes. Pedro el Ceremonioso, celoso de sus prerrogativas, aceptó la sugerencia para evitar un enfrentamiento, pero sólo se comprometió a consultar a los catalanes en el caso de que «él con su consejo no creyesen que debían actuar de otro modo». Ante la carta de desafío enviada por Pedro I, el Ceremonioso se limitó a consultar al Consejo Real, que se mostró dividido, y finalmente se decidió por la guerra.

En su declaración de guerra, Pedro I alegaba otros motivos de desavenencia con Aragón: los agravios causados por el rey a Leonor de Castilla y a sus hijos Fernando y Juan —que figuran en estos momentos entre los consejeros del monarca castellano— y la escisión de las órdenes militares de Santiago y Calatrava, cuyas ramas aragonesas se habían independizado, con ayuda del monarca, de los maestres castellanos. Pedro el Ceremonioso negó su responsabilidad en estos hechos y acusó a los marinos castellanos de haberse apoderado de naves catalanas y mallorquinas.

El problema quedó así planteado en su integridad. La ampliación de la flota castellana y su intervención en el Mediterráneo amenazaba la hegemonía marítima catalana, contando para ello con la colaboración genovesa. El monarca castellano —utilizando a los infantes Fernando y Juan— aspiraba a recuperar los lugares cedidos por María de Molina y Fernando IV a Jaime II en el reino valenciano. Por otro lado, la escisión de las órdenes se halla relacionada con las tierras de pastos situadas en el Sistema Ibérico y disputadas por la ganadería de Castilla y de Aragón.

El problema afecta de este modo a todos los reinos de la Corona: Aragón tiene que defender los intereses de sus ganaderos, Valencia necesita mantener su unidad y evitar que pasen a Castilla las tierras recién incorporadas, y Cataluña y Mallorca precisan destruir la flota castellano-genovesa para mantener su actividad comercial en el Mediterráneo.

La guerra castellano-aragonesa propiamente dicha, dura desde 1356 a 1365 aunque las operaciones bélicas se prolongaron hasta la victoria de Enrique de Trastámara sobre Pedro I de Castilla en 1369. Durante esta última fase más que de una guerra entre los reinos peninsulares puede hablarse de guerra civil castellana en la que intervienen al lado de los nobles franceses y aragoneses y, como aliados del monarca castellano, portugueses, granadinos, ingleses y navarros.

El primer hecho que llama la atención al estudiar el período de las guerras entre Pedro el Ceremonioso y Pedro el Cruel es el desarrollo de las acciones militares. En los primeros momentos de cada etapa bélica (hubo diversas treguas aceptadas más o menos sinceramente), las tropas castellanas penetran en tierras aragonesas y valencianas sin apenas hallar resistencia. Los ejércitos de Castilla señorean con impunidad las zonas conquistadas y se repliegan después de corta lucha o aceptan la firma de treguas cuando, meses más tarde, el ejército aragonés hace acto de presencia.

La situación del tesoro real castellano y su autoridad absoluta permitían a Pedro I movilizar rápidamente sus tropas, podía pagarles en cualquier momento. En Aragón, en cambio, el rey carecía prácticamente de bienes y necesitaba recurrir constantemente a subsidios votados en Cortes. Reunir éstas, obtener su autorización para recaudar el dinero y hacerlo efectivo suponía varios meses de retraso respecto al inicio de las operaciones militares. Por otra parte, los subsidios de las Cortes se hacían con una finalidad precisa: contratar tropas en número determinado y para un período generalmente breve.

Pedro I podía pues, con un servicio de espionaje rudimentario, saber en qué momento las fronteras quedaban desguarnecidas y en sus manos tenía la posibilidad de atacar en el instante apropiado. Cuando se producía el contraataque aragonés, los castellanos se limitaban a retirarse a sus territorios, a impedir a los aragoneses el paso a tierras castellanas y a esperar pacientemente que se agotara el dinero destinado a las tropas del Ceremonioso o a provocar su agotamiento mediante la firma de treguas o paces que llevaban consigo la supresión inmediata de la ayuda catalana.

Al declararse la guerra, Pedro el Ceremonioso intentó resucitar los levantamientos nobiliarios en Castilla y solicitó los servicios de Enrique de Trastámara, al que hizo importantes donaciones de tierras a cambio de que se comprometiera a luchar contra Castilla y a reconocer el dominio de Aragón en Murcia si este reino fuera conquistado. Algunos nobles que habían permanecido en Castilla pasaron igualmente al servicio del aragonés al que ofrecieron la entrega de las ciudades de Sevilla, Algeciras, Cádiz, Jaén y Tarifa.

Tan ambiciosos proyectos del monarca aragonés no correspondían a la situación real de sus fuerzas. Las tropas castellanas penetraron sin dificultad en Alicante y en el reino aragonés y, mientras la sublevación prevista en Andalucía fracasaba, Pedro I amenazaba con resucitar la Unión de los nobles en Aragón y en Valencia, para lo que contaba con el apoyo de los infantes Fernando y Juan. La guerra entre los reinos amenazaba convertirse en una doble guerra civil, peligrosa para los monarcas, que se resignaron a aceptar la mediación del legado pontificio y a firmar la primera tregua (1357), que sólo serviría para reorganizar las fuerzas y castigar a los disidentes del interior.

Durante la tregua, Pedro I de Castilla se decidió a poner fin a las ambiciones de la alta nobleza y a reunir en sus manos todos los poderes. Para ello, hizo asesinar a su hermanastro Fadrique, maestre de Santiago, e intentó matar a Tello. señor de Vizcaya, que logró escapar y refugiarse en Aragón junto a Enrique de Trastámara. El infante Fernando de Aragón, otro de los jefes de la nobleza, pasó al servicio del rey aragonés, que le devolvió algunas de sus antiguas tierras. El infante Juan fue asesinado.

Estas muertes, así como otras narradas detalladamente por el cronista Pedro López de Ayala, han valido a Pedro I el apelativo de El Cruel, sin duda merecido. Pero es preciso, para juzgar la actuación del monarca castellano, tener en cuenta las circunstancias en que se hallaba. Enfrente, las tropas aragonesas estaban dirigidas por Enrique de Trastámara cuyos hermanos, Tello y Fadrique, controlaban dos fuerzas económicas y militares importantes: la orden de Santiago y el señorío de Vizcaya. La alianza de unos y otros podía dar lugar a una situación similar a la de los primeros años del reinado cuando el monarca se vio obligado a someterse a la nobleza. Los infantes Fernando y Juan eran igualmente un peligro por cuanto podían aglutinar a los descontentos del interior e iniciar una nueva sublevación, que llevaría al trono a Fernando, heredero de Castilla mientras Pedro I no tuviera hijos varones.

En la segunda fase de la guerra (1358) los ataques castellanos no se dirigen sólo contra los reinos de Aragón y Valencia, sino que por primera vez Cataluña es atacada por naves castellanas, genovesas y portuguesas. En esta fase los éxitos castellanos fueron contrarrestados por algunas victorias de los nobles exilados que derrotaron a los fieles de Pedro I en Araviana (1359). Este primer éxito hizo creer a los nobles en la posibilidad de ocupar fácilmente el reino y, contando con algunas complicidades en el interior de Castilla, penetraron hasta Nájera, donde fueron vencidos (1360).

El fracaso aragonés fue sin embargo compensado por la ruptura de la alianza existente entre granadinos y castellanos al ser destituidos Muhammad V y aliarse el nuevo rey Muhammad VI a Pedro el Ceremonioso. Ni los aragoneses se hallaban en situación de continuar la guerra, ni Pedro I podía tolerar la deserción de los granadinos ni la de quienes habían colaborado con Enrique de Trastámara en sus ataques a Nájera. Ambos rivales necesitaban la paz y ésta fue firmada en Terrer (1360). El ejército aragonés fue licenciado para evitar gastos, según confiesa Pedro el Ceremonioso en su crónica, y el monarca castellano se dirigió contra Granada cuyo rey se entregaría y sería ajusticiado.

En 1362, Pedro I se había desembarazado de los nobles del reino, había atraído a su causa a los granadinos y había concertado alianzas con Carlos II de Navarra; se hallaba, por tanto, en inmejorables condiciones para iniciar los ataques contra Aragón, donde Pedro el Ceremonioso había renunciado a la ofensiva y había despedido a los nobles castellanos. Los avances de Pedro I fueron rápidos y el Ceremonioso tuvo que recurrir de nuevo a los servicios de Enrique de Trastámara, que acudió a la Península al frente de compañías de mercenarios pagadas por Francia y por el pontífice.

La entrada en la Península de las compañías cambia totalmente la situación y no sólo en el plano militar. La iniciativa pasará del monarca aragonés a Enrique, que exige para sí la Corona de Castilla y se compromete a entregar a Pedro el Ceremonioso la sexta parte de las tierras que conquiste. La idea de sustituir al monarca castellano había surgido poco antes de la paz de Terrer, pero entonces Enrique acababa de ser vencido en Nájera y el rey de Aragón se inclinaba hacia el infante Fernando al que, de hecho, correspondía el trono castellano si Pedro I moría sin hijos legítimos.

Durante el período de paz, el castellano hizo frente a esta eventualidad haciendo reconocer como hijos legítimos a los habidos con María de Padilla, con lo que los derechos de Fernando disminuían considerablemente y Pedro el Ceremonioso veía desaparecer una de las oportunidades de intervención. Si se quería destronar al rey castellano era preciso conquistar su reino y esto sólo podían hacerlo las compañías de Enrique. Él fue, pues, aceptado como nuevo rey de Castilla y, para evitar discordias entre los nobles castellanos, el infante fue asesinado. Los refuerzos franceses fueron insuficientes para detener el avance castellano y una nueva tregua fue firmada en Murviedro (1363) tras haber ocupado Pedro I extensas zonas de Aragón y de Valencia.

La paz no fue duradera; Pedro I condicionaba su prolongación al asesinato de Enrique, cuyos partidarios lograron convencer al monarca de que el negociador de la paz, el favorito catalán Bernardo de Cabrera, había traicionado los intereses del reino. Bernardo fue condenado a muerte (sería rehabilitado a título póstumo años después) y las hostilidades recomenzaron. Enrique logró en esta ocasión penetrar en Castilla y hacerse coronar en el monasterio de Las Huelgas (1366).

El triunfo nobiliario suponía la unión de la flota castellana a la francesa. Inglaterra intervino en el conflicto en apoyo de Pedro I, que ofreció a cambio el señorío de Vizcaya. La colaboración navarra fue comprada mediante la promesa de entregar las zonas de Guipúzcoa y Álava. El nuevo ejército reclutado por Pedro I derrotó a las compañías francesas en Nájera (1367) y la guerra continuaría hasta la muerte de Pedro en Montiel (1369).

Con la victoria de Enrique triunfaba la nobleza en Castilla frente al único rey que se atrevió a enfrentarse directamente con ella. En Aragón, la guerra fue igualmente catastrófica para la monarquía, que se vio obligada a hacer continuas concesiones para detener a los castellanos. Las dificultades, los problemas y la claudicación de Pedro el Ceremonioso, considerado como uno de los monarcas más autoritarios de la Corona, pueden seguirse paso a paso a través de las actas de las Cortes catalanas, convocadas siempre en momentos de urgencia en los que el rey no podía oponerse a las peticiones de ciudadanos, nobles y eclesiásticos.

La correlación existente entre los hechos militares y diplomáticos citados y la convocatoria de Cortes en Cataluña durante este período es manifiesta. Consciente de que no era aconsejable la reunión apresurada de las Cortes apenas terminadas las de Perpiñán, en las que los catalanes se habían opuesto a la apertura de nuevos frentes militares, Pedro el Ceremonioso se limitó a pedir subsidios a particulares y ciudades, a obligar a los vasallos a entregar una contribución económica o militar y a confiar la defensa de las zonas amenazadas a los propios habitantes.

Sólo cuando Aragón y Valencia se mostraron incapaces de detener a los ejércitos castellanos, recurrió Pedro a la convocatoria de un parlamento catalán en Lérida (febrero de 1357). Las ciudades se avinieron a conceder una importante ayuda en condiciones que ignoramos. Tres meses más tarde se firmaba la primera tregua y el donativo del brazo real quedaría en suspenso hasta que en 1358 se reanudaran las hostilidades. A imitación del brazo real también los eclesiásticos accedieron a colaborar con el monarca, pero una parte del estamento nobiliario se negó a contribuir económica o militarmente alegando que el rey cobraba impuestos suficientes para tener aseguradas sus fronteras sin necesidad de solicitar la ayuda extraordinaria de los súbditos que residían lejos de las zonas amenazadas.

Catalanes, aragoneses y valencianos, aunque sometidos al mismo rey, se consideraban extranjeros entre sí. Las Cortes de Cataluña lo señalaron en repetidas ocasiones al exigir que el dinero concedido se gastara en el Principado y para la defensa de Cataluña. Este argumento sería utilizado por los nobles al afirmar que la defensa de la tierra había de ser realizada por los que vivían en ella y no por los extraños, por lo que siempre se había aceptado que los naturales de Cataluña no tenían obligación de combatir fuera del Principado ni de contribuir con sus donativos. Con la colaboración de ciudadanos y eclesiásticos y haciendo ver a los nobles que la defensa de Cataluña no sería posible si caían Aragón y Valencia, Pedro el Ceremonioso logró la participación económica de los nobles en la campaña.

El ataque a las costas en 1359 obligó a una nueva convocatoria en la que el monarca obtuvo importantes donativos que le permitieron financiar la guerra hasta la firma de la paz de Terrer (1360), pero tuvo que aceptar la creación de un nuevo organismo, cuya importancia en la historia de Cataluña será fundamental. Para controlar la recaudación y el reparto de los subsidios otorgados al monarca, las Cortes nombraban en cada caso a dos o más personas. A partir de 1359 la labor de estas comisiones temporales será realizada por una comisión permanente de las Cortes, que recibió el nombre de Diputación del General de Cataluña. Con el tiempo, este organismo —destinado en principio sólo a administrar los subsidios— ampliaría sus funciones y llegaría a dirigir el Principado con poderes superiores a los del rey.

Para hacer frente a los ataques de 1362 fueron reunidas Cortes conjuntas de Cataluña, Valencia y Aragón y el rey —según confiesa en su crónica-obtuvo grandes donativos. Por lo que se refiere a las de Cataluña, sabemos que las reuniones se iniciaron en noviembre de 1362 y no terminaron hasta diciembre del año siguiente, por lo que no es extraño que el monarca se viera obligado a firmar la precaria paz de Murviedro (julio de 1363). El dinero ofrecido por los catalanes no estaba reunido en abril de 1364. Para atender a las necesidades más urgentes, el monarca tuvo que recurrir a los prestamistas y a la venta de castillos y derechos jurisdiccionales.

La insuficiencia de la ayuda concedida en las Cortes de Monzón se vio cuando Pedro I asedió la ciudad de Valencia. En una nueva reunión los catalanes decidieron incrementar su ayuda para recuperar los lugares ocupados por los castellanos en Aragón y Valencia, ya que «perdidos los dos reinos podría producirse muy fácilmente gran daño al Principado y a sus habitantes» y mientras la flota de Castilla dominara los mares de Valencia, podría «invadir, ocupar o perjudicar las costas de Cataluña... e impedir que llegaran a Cataluña por mar alimentos y otras cosas necesarias». Insistiendo siempre en que el dinero catalán ha de gastarse en la defensa del Principado, acceden á que sea empleado en Aragón y en Valencia por cuanto la pérdida de estos reinos podía repercutir negativamente sobre Cataluña.

Las continuas donaciones hechas al rey por los catalanes (lo mismo podríamos decir de aragoneses y valencianos, que tuvieron además que sufrir los efectos de la guerra en sus propios territorios) agravaron considerablemente los efectos de la crisis de mediados del siglo, por lo que no es extraño que la población se negara a seguir al rey cuando éste intentó obligar a Enrique de Trastámara a cumplir sus promesas de entregar Murcia a la Corona de Aragón. El reino teóricamente vencido, Castilla, sería por tanto el vencedor de la larga pugna iniciada en el siglo xi para controlar las parias musulmana. En adelante, la Península quedará sometida a la hegemonía castellana.

Triunfo de la nobleza en Castilla

A partir de 1365, es decir, desde el momento en que Enrique de Trastámara dejó de ser un auxiliar de Pedro el Ceremonioso y se convirtió en aspirante al trono castellano, la guerra entre los nobles y el monarca fue acompañada de una activa propaganda destinada a desacreditar a Pedro I y a suscitar revueltas en el interior del reino, a prestigiar a Enrique y a conseguir para éste apoyos internacionales.

Para disipar las dudas de nobles y eclesiásticos, poco dispuestos en principio a aceptar como rey al bastardo de Alfonso XI, los defensores de Enrique difundieron rumores sobre el origen de Pedro I al que hicieron hijo de un judío llamado Pero Gil. Con esta maniobra no sólo atraían a los legitimistas sino que llamaban la atención sobre uno de los problemas castellanos: el predominio económico e incluso político de los judíos. El odio hacia los hebreos recaudadores de impuestos y prestamistas sería utilizado por los trastamaristas, que se presentan ante los castellanos como los libertadores de la tiranía personal del monarca (se dio una gran difusión a los crímenes, confiscaciones y arbitrariedades de Pedro I) y como defensores del pueblo frente a los judíos.

La alianza del monarca con los musulmanes granadinos serviría para dar a la guerra el carácter de cruzada, que justificaría ante los castellanos la intervención de las compañías extranjeras y ante los europeos la participación del monarca francés y del pontificado. Esta propaganda dio sus frutos al producirse la primera entrada de Enrique en Castilla. Pedro I fue abandonado por gran número de sus partidarios y los nobles pudieron ocupar rápidamente el eje Burgos-Toledo-Sevilla.

Con el triunfo militar llegaron las primeras dificultades para el jefe nobiliario convertido en rey. La propaganda lo había presentado como un monarca decidido a prescindir de los judíos (de hecho su entrada en el reino dio lugar a motines y asaltos contra los barrios hebreos) y a reducir la exorbitante presión fiscal impuesta por Pedro I, pero como jefe nobiliario estaba obligado a pagar los servicios de sus auxiliares y para ello necesitaba el dinero de los judíos y el de los súbditos.

Cumplir su «programa» y aceptar las peticiones de las Cortes para que licenciara a los soldados, cuyos desmanes habían provocado un fuerte malestar, equivalía a quedar desarmado ante Pedro I, que todavía controlaba las zonas periféricas del reino y que contaba con la alianza de portugueses, navarros, granadinos e ingleses; mantener y pagar los servicios del ejército nobiliario redundaría en una pérdida de prestigio y de apoyo en el interior. Las necesidades militares predominaron: los nobles recibieron títulos, cargos y donaciones (mercedes enriqueñas), los judíos fueron protegidos y llamados de nuevo al servicio del monarca, los impuestos aumentaron y el prestigio de Enrique decayó hasta el punto de que al ser derrotado en Nájera prácticamente ninguna ciudad siguió su partido.

Pedro I reinaba de nuevo en Castilla gracias a la colaboración de navarros e ingleses. Pero ésta tenía un precio que el monarca no podía pagar sin enajenarse el apoyo de los súbditos (los navarros recibirían Guipúzcoa y Álava, y los ingleses el señorío de Vizcaya). El monarca fue abandonado por sus auxiliares y quedó a merced de los mercenarios franceses que pudieron fácilmente restablecer la situación y llevar nuevamente al trono a Enrique en 1369.

Los primeros años del reinado de Enrique fueron difíciles. En el interior abundaban los partidarios de Pedro I. En el exterior se formó contra el monarca una coalición en la que entraron todos los reinos peninsulares: Portugal y Granada, como antiguos aliados de Pedro I, y Aragón y Navarra, que aspiraban a incorporar a sus dominios el reino de Murcia y las comarcas de Guipúzcoa y Álava respectivamente. Junto a ellos, Inglaterra pretendía hacer valer sus derechos sobre el señorío de Vizcaya y los reforzaba diplomáticamente mediante el matrimonio de Juan de Gante con una de las hijas de Pedro I.

El problema interno fue resuelto mediante una nueva concesión de mercedes a la nobleza (parientes del rey, capitanes extranjeros, pequeña nobleza y adictos de Pedro I pasados al servicio de Trastámara). El apoyo nobiliario permitía a Enrique hacer frente a la amenaza exterior y gobernar en el interior, pero llevaba como contrapartida el aumento de los impuestos pagados por los concejos, a los que ofreció satisfacción permitiéndoles crear hermandades, reprimiendo el bandolerismo y fijando los precios de los artículos básicos.

Los petristas del interior fueron fácilmente sometidos. La falta de coordinación entre Granada, Portugal y Navarra hizo posible la victoria castellana. Aragón firmaría igualmente la paz con Castilla. Las victorias militares de Enrique serían explotadas diplomáticamente: cada tratado de paz fue acompañado de alianzas matrimoniales que no sólo reforzaban la alianza sino que garantizaban el reconocimiento de la nueva dinastía haciendo olvidar sus orígenes bastardos. Portugal firmó la paz que sería ratificada por los matrimonios de Sancho de Alburquerque, hermano de Enrique, con Beatriz, hermana de Fernando I de Portugal; de Fadrique de Benavente, hijo de Enrique, con la heredera del trono portugués, y de Alfonso de Noreña, bastardo de Enrique, con Isabel de Portugal. La paz con Navarra fue confirmada en el tratado de Briones mediante el matrimonio de Leonor de Castilla con el futuro Carlos III. En Almazán (1375) Pedro el Ceremonioso aceptó el matrimonio de su hija Leonor con el heredero castellano.

Para enfrentarse con posibilidades de éxito a Inglaterra, Enrique necesitaba la colaboración de los marinos del Cantábrico, a los que supo convencer de que a largo plazo la defensa de sus intereses exigía la destrucción de la flota inglesa, única capaz de competir con la cantábrica por el control del comercio atlántico. La decisión de Carlos V de Francia de eximir de impuestos a las mercancías transportadas en naves castellanas y los privilegios otorgados por el conde de Flandes acabaron de decidir a las ciudades marítimas (que figuraron siempre entre los partidarios de Pedro I), cuya flota unida a la del rey bajo la dirección del genovés Ambrosio Bocanegra derrotó a la inglesa en el puerto de La Rochela (1372). Nuevos éxitos navales en los años siguientes modificaron el curso de la guerra franco-inglesa y dejaron el comercio del Cantábrico y del Canal de la Mancha en manos de los marinos y mercaderes castellanos.

Para resolver los problemas militares y diplomáticos era preciso reorganizar el reino devastado por casi veinte años de guerra y dividido entre los intereses de la nobleza y los de las ciudades. Mientras su autoridad no se halla plenamente asentada, Enrique transige con las peticiones hechas en Cortes siempre que no pongan en peligro el entendimiento entre el monarca y los nobles. En Burgos (1367) se avino a confirmar los fueros y privilegios de cada ciudad, excepto los concedidos por «aquel malo tirano que se llamaba rey», que serían sustituidos por otros similares otorgados por Enrique, pero no aceptó las exigencias relativas a los judíos.

Confiando en la propaganda hecha, las Cortes pidieron que se redujeran a la mitad las deudas judiegas, que no se permitiera a los hebreos tener fortalezas y castillos, que no se les arrendaran las rentas del reino y que fueran alejados de la Corte. Enrique se vio obligado a confesar su dependencia económica respecto a los judíos, únicos que habían querido hacerse cargo de las rentas del reino y habían adelantado al monarca el dinero correspondiente, por lo que no se tomaron medidas contra ellos y siguieron gozando de la confianza real.

Los concejos vieron sin embargo atendidas algunas de sus peticiones: se les permitió rehacer las hermandades y se les concedió un mayor papel político al comprometerse el rey a incorporar a su consejo doce hombres de las ciudades, dos por cada uno de los reinos y comarcas del reino: Castilla, León, Galicia, Toledo, Extremadura y Andalucía. Todas estas medidas quedaron sin efecto tras la victoria de Pedro I.

Tras el triunfo definitivo en 1369, las Cortes fueron reunidas en Toro. En ellas el rey intentó solucionar los graves problemas planteados por la guerra civil: aumento del bandolerismo, escasez de mano de obra, alza de salarios y precios, fluctuaciones monetarias... El interés por anular las disposiciones de Pedro I ha desaparecido y aunque el nuevo rey insiste en su deseo de enlazar con el reinado de Alfonso XI, prescindiendo del paréntesis petrista, de hecho en las Cortes de 1369 se repiten, a veces de modo literal, los acuerdos tomados en 1351 para hacer frente a la crisis.

A pesar de esta semejanza, que responde a la similitud de situaciones, es preciso insistir en las diferencias. Los acuerdos de 1351 favorecían claramente a los propietarios, ya que se fijaban los sueldos de jornaleros y artesanos pero no los precios de venta de los diversos productos. En 1369, junto a los salarios (superiores entre un 100 y un 300 por cien con relación a los de 1351) se fijaron los precios de venta del pan, vino, tejidos, hierro, ganado... es decir, de todos los artículos de primera necesidad, y se puso coto al acaparamiento de mano de obra por los grandes propietarios al reducir a 12 jornaleros como máximo los que cada uno podía contratar, para que tengan «todos obreros para sus lavores».

Al celebrarse las Cortes de Toro (1371) Enrique había consolidado su poder y podía llevar a cabo su propia política sin tener en cuenta las peticiones de las ciudades. Para centralizar la administración se creó la Audiencia, en la que habría siete oidores y ocho alcaldes nombrados por el rey, y se reorganizó la Cancillería. Para mantener el apoyo nobiliario, el rey hizo caso omiso de las quejas contra las mercedes enriqueñas y de las protestas contra los judíos a los que se acusaba de ser los más ricos del reino y de ocupar los puestos más importantes en la casa del rey y en la de los nobles, razones por las que los cristianos los obedecían, temían e incluso reverenciaban. Puesto que no era posible sustituir a los hebreos, las ciudades pidieron que, al menos, se les humillara socialmente obligándoles a llevar un distintivo que los diferenciara de los cristianos y prohibiéndoles el uso de determinados vestidos. Enrique se reservó el derecho de fijar el distintivo que deberían llevar (las Cortes ya habían propuesto uno), pero no tomó ninguna medida contra el lujo desplegado por los judíos ni accedió a alejarlos de su casa.

Las medidas tomadas en 1369 para contener precios y salarios fueron inútiles y perjudiciales. Por ello, en 1370 las ciudades pidieron que fuera anulado el ordenamiento general del reino, que sería sustituido en años posteriores por ordenanzas válidas para cada localidad de acuerdo con los precios que rigieran en cada una. En las Cortes de Burgos (1379) se repitieron las leyes suntuarias, pero de ellas desaparecieron los objetivos económicos. Al aprobarlas, el rey aspiraba sólo a diferenciar a los nobles de los restantes grupos sociales.

A pesar de las donaciones hechas a los nobles y de la aprobación de leyes suntuario sociales, no puede afirmarse que Enrique estuviera totalmente sometido a la nobleza. Los grandes nobles fueron alejados de la política. El rey confió los cargos de gobierno a miembros de la segunda nobleza y a juristas, que no representaban ningún peligro para la monarquía. En líneas generales puede decirse que siguió la política de Alfonso XI: favoreció económica y socialmente a la alta nobleza, pero la mantuvo alejada de los cargos de gobierno, política que seguirían cien años más tarde los Reyes Católicos.

El prestigio militar de Enrique y la holgada situación económica concedida a los nobles pusieron fin a los enfrentamientos entre la monarquía y la nobleza, pero ésta mantendrá intacta su potencia económica y bastará que la situación interior o exterior empeoren para que aspire a controlar de nuevo al monarca. La actuación de Enrique no resolvió los graves problemas de la monarquía castellana, pero permitió al menos rehacerse al país, que en adelante mantendrá la hegemonía peninsular lograda por el primer monarca Trastámara.

La Corona de Aragón tras la derrota

La guerra tuvo importantes repercusiones en la Corona de Aragón. Ya en 1359 la ciudad de Barcelona se lamentaba de que los continuos donativos al monarca la habían llevado a incrementar extraordinariamente los impuestos y a endeudarse en momentos en los que disminuían los ingresos por no ser posible mantener el comercio mediterráneo. La agudización de la crisis obligaría a devaluar el florín de oro, acuñado en los primeros momentos de gloria del Ceremonioso (1346), en un veinticinco por ciento, provocaría un endurecimiento de la actitud de los propietarios de la tierra, al que los campesinos responderían con revueltas y amenazas, daría lugar a sublevaciones de los artesanos de la ciudad de Barcelona contra los patricios que detentaban en exclusiva el poder y motivaría la quiebra de numerosos bancos, ocurrida en 1381.

En Mallorca, las tensiones sociales obligaron al monarca a modificar en 1351, 1373 y 1383 el régimen de gobierno de la isla (volveremos sobre este punto al estudiar la economía y sociedad), a poner tasas a los precios y salarios, a conceder moratorias a los deudores... A pesar de ello la isla siguió a merced de los cambios climáticos según se demostró en 1374-1375 en los que una sequía prolongada causó la muerte de gran número de personas y redujo la capacidad económica de la isla hasta el punto de que los impuestos mallorquines ni siquiera alcanzaron para pagar a los funcionarios.

A pesar de la crisis, que afectó también —los datos que tenemos para afirmarlo son escasos— a los reinos de Aragón y Valencia, Pedro el Ceremonioso no renunció a la política de incorporación de los antiguos dominios catalanes e hizo cuanto pudo para mantener su independencia ante Castilla y Francia, aunque ello condujera a la monarquía a una mayor sumisión a las Cortes y a la enajenación del patrimonio real.

Desde 1355, los ducados de Atenas y Neopatria aceptaron como soberana a Leonor de Sicilia, esposa de Pedro el Ceremonioso, que sería reconocida como rey en estos lugares en 1379. Con Sicilia, el monarca aragonés mantuvo una política de amistad y de alianzas matrimoniales que facilitarían la creación de un partido favorable a la unión de ambas Coronas a la muerte sin herederos varones de Federico el Simple (1377). La reunión de Sicilia y Aragón provocó una vez más la enemistad del Papa y de los Anjou de Nápoles y halló una fuerte resistencia entre numerosos sicilianos, partidarios, al igual que sus antepasados cien años antes, de tener un rey propio, objetivo que buscaría Pedro mediante el matrimonio del primogénito aragonés, Juan, con la heredera siciliana, María.

El proyecto no pudo ser realizado por la negativa de Juan a secundar la política mediterránea de su padre. María —trasladada por el grupo aragonesista desde Sicilia a Cerdeña— sería prometida en matrimonio a Martín el Joven, nieto del Ceremonioso. La rivalidad entre Pedro y Juan es un reflejo de la división existente en el reino. Pedro sigue fiel a los ideales mediterráneos de la dinastía y el heredero se inclina hacia la colaboración con Francia y Castilla, países a los que seguiría en la obediencia al Papa de Aviñón nada más subir al trono. El monarca favorece a la pequeña nobleza —que llega al poder con Sibila de Fortiá, cuarta esposa del monarca— y a los artesanos —en cuyo favor modificó el sistema de gobierno barcelonés en 1386. Juan actúa como defensor del espíritu aristocrático, representado en el plano internacional por Francia y Castilla y en el interior por el conde de Ampurias, sublevado contra el monarca y contra su favorito Bernardo de Fortiá.

Navarra independiente

Unida de hecho a Francia tras el matrimonio de Juana y Felipe IV, Navarra mantuvo sin embargo una cierta independencia teórica. Alfonso X de Castilla, Jaime I de Aragón y Felipe III de Francia en sus luchas por el dominio de Navarra se vieron obligados a tener en cuenta los deseos de independencia del reino. Para atraerse a la nobleza renunciaron a ejercer personalmente el poder y cedieron sus derechos a sus herederos, que serían reyes privativos de Navarra mientras los padres eran reyes del Estado «protector». En principio, no coincidirían en una misma persona los títulos de rey de Francia (o de Castilla o Aragón) y de Navarra. De hecho, sin embargo, Felipe III gobernó el reino hasta su muerte (1285) y Felipe IV nombró para los cargos más importantes a personajes franceses adictos, aun cuando el título real correspondiera de derecho a su esposa Juana y después de su muerte (1305) a su hijo Luis el Hutin (Luis X de Francia), cuya presencia en el reino fue exigida por las asambleas de prelados, nobles y burgueses reunidas para defender sus privilegios y fueros entre los que se contaba la existencia de un rey privativo (Luis) distinto del rey de Francia (Felipe IV).

Sólo a la muerte de Felipe IV (1314) navarros y franceses tendrían el mismo rey (Luis el Hutín), cuya sucesión planteó nuevos problemas. Fallecido el rey en 1316 sin hijos varones, el trono correspondía a su hija Juana II, pero sus derechos fueron pospuestos a los de Felipe V (hermano de Luis), al que los navarros se vieron obligados a aceptar en 1319. Según el derecho francés —aun cuando no existiera ninguna ley que excluyera a las mujeres— los varones eran preferidos y a Felipe le sucedieron en el trono sus hijos Luis X, Felipe V (1316-1322) y Carlos IV (13221328). El derecho navarro, por el contrario, reconocía la capacidad de las mujeres si no para reinar al menos para transmitir los derechos al trono a sus hijos. En virtud de estos principios jurídicos, tanto más ardientemente defendidos cuanto que de su respeto dependía la independencia del reino, los navarros reconocieron como únicos soberanos legítimos a Juana II y a su marido Felipe de Evreux, cuyo reinado no se hizo efectivo hasta la muerte de Carlos IV. El enfrentamiento político nacionalista fue acompañado de luchas entre navarros y francos de Pamplona y del asalto a barrios judíos en 1328.

El nuevo rey consorte (el reino pertenecía a su mujer y a sus hijos) supo atraerse a los súbditos al nombrar una comisión encargada de mejorar los fueros generales de Navarra, en los que se introdujeron modificaciones en 1330 y 1342. En el exterior mantuvo una política de amistad con los reinos vecinos, amistad que sólo fue alterada por las disputas con Castilla sobre el monasterio de Fitero y el castillo de Tudején, cuya posesión llevó al monarca navarro a intervenir al lado de Pedro el Ceremonioso en la guerra castellano aragonesa originada por las diferencias entre Pedro y su madrastra Leonor de Castilla. A pesar de que el pleito Fitero-Tudején no fue solucionado hasta 1373, Felipe de Evreux participó en las campañas de Alfonso XI contra los musulmanes.

La independencia navarra se afirma durante la época de Carlos II (1349-1387), quien inició su reinado con actuaciones tendentes a sanear la administración y a asegurarse el apoyo nobiliario: los oficiales del rey fueron obligados a rendir cuentas y los nobles vieron confirmadas o incrementadas sus mesnadas y caballerías. Junto a estas medidas, el monarca tomó disposiciones de carácter económico similares a las adoptadas en todo Occidente durante los años de crisis: acuñó moneda de baja ley y obligó a aceptarla en todo el reino a pesar de las protestas de campesinos y ciudadanos cuya resistencia fue sofocada al ajusticiar a los dirigentes del motín en Miluce (1351).

Pacificado el reino, Carlos II intervino activamente en los asuntos franceses a partir de la muerte de Felipe VI de Valois; señor de diversos condados, nombrado por Juan el Bueno Lugarteniente Real en Languedoc y casado con una hija del monarca francés, el navarro era uno de los más importantes nobles de la corte y aspiraba a controlar el reino, para lo que no dudó en asesinar al favorito Carlos de España (a quien el rey había dado el condado de Angulema perteneciente a Carlos) ni en alternar la sumisión y la revuelta contra el monarca, apoyando en caso necesario a los ingleses y naciéndose portavoz del descontento ante la fuerte presión fiscal.

Hecho prisionero en 1356 por el monarca francés, su encarcelamiento precedió en poco tiempo a la derrota de Juan II en Poitiers y a su traslado a Inglaterra, hechos con los que se inicia el intento de los burgueses, dirigidos por Esteban Marcel, de controlar el reino. Carlos de Navarra apoyó a la burguesía parisina contra el Delfín y sólo abandonó a sus aliados cuando Marcel se unió a los campesinos sublevados. El monarca navarro sería uno de los dirigentes de la represión contra los miembros de la jacquerie, lo que no le impediría mantener alianzas con los ingleses hasta la firma de la paz de Bretigny (1360) entre Francia e Inglaterra.

La paz dejó sin trabajo a las compañías de mercenarios, cuyos efectivos fueron utilizados por la monarquía francesa para anular al monarca navarro. Vencido en Cocherel (1364), Carlos renunció a intervenir activamente en los asuntos franceses y concentró su actuación en la Península, donde participó en el conflicto castellano-aragonés tan pronto al lado de Pedro el Ceremonioso como de Pedro el Cruel, del que obtuvo, tras la primera entrada victoriosa de Enrique de Tras támara en Castilla, la promesa de recibir a cambio de su ayuda militar las zonas de Guipúzcoa y Álava.

Muerto Pedro el Cruel, Carlos II se unió a los monarcas de Portugal, Granada y Aragón contra Enrique de Trastámara, pero los aliados fueron incapaces de coordinar sus acciones bélicas y uno tras otro fueron obligados a firmar acuerdos que implicaban el reconocimiento de la nueva dinastía castellana con la que los navarros firmaron el tratado de Briones (firmado en 1373 y ratificado tras nuevos enfrentamientos en 1379) en el que se estipulaba el matrimonio del heredero navarro, Carlos III, con Leonor de Castilla, hija de Enrique II.

La actuación de Carlos II, conocido con el sobrenombre de Carlos el Malo, en Francia y en la Península ha sido atribuida generalmente a su ambición personal. Pero es preciso reconocer que el reino, encerrado entre cuatro grandes potencias (Aragón, Castilla, Francia y los dominios ingleses en el Continente), sólo podía sobrevivir mediante una hábil política de equilibrio en la que no cabía la neutralidad al estar en guerra franceses e ingleses y castellanos y aragoneses.

Para tener acceso al mar, Navarra necesitaba contar con la buena voluntad de castellanos y de ingleses; con unos y otros mantuvo Carlos II frecuentes alianzas. Pero al mismo tiempo precisaba no enemistarse abiertamente con los aragoneses y franceses, que hubieran podido en cualquier momento conquistar el reino y ocupar las posesiones del monarca navarro en territorio francés. Incapacitado para desarrollar una política coherente, Carlos II aprovechó las oportunidades concretas que se le presentaron para afianzar su posición personal y la del reino. En función de estas oportunidades, cambió continuamente de campo sin llegar en ningún caso a un enfrentamiento decisivo.

Al igual que sus contemporáneos Enrique II de Castilla y Pedro el Ceremonioso de Aragón, Carlos II se mantuvo neutral en el cisma eclesiástico. Sería la nueva generación, representada por Juan I de Castilla, su homónimo de Aragón y Carlos III de Navarra, la que tomara abiertamente partido por los papas de Aviñón, es decir, por la postura francesa.

El reino portugués

Pedro I de Portugal (1357-1367) conocido al igual que su homónimo castellano por el sobrenombre del Cruel para unos y el Justiciero para otros, llevó a cabo una política de pacificación y de protección a la agricultura y al comercio. Durante los primeros años de su reinado, el país se halla dividido entre los antiguos consejeros de Alfonso IV, partidarios de la alianza con Aragón en la guerra peninsular, y los del rey, aliado del monarca castellano con el que en 1360 firmó un acuerdo para la entrega de los nobles de cada reino refugiados en el otro; entre partidarios de la colaboración con Francia (nobles fundamentalmente) y los interesados, por razones comerciales, en estrechar los contactos con Inglaterra; entre la nobleza, necesitada de aumentar sus ingresos, y los concejos.

Los problemas internos fueron abordados en las Cortes de Levas (1361). Los concejos fueron autorizados a elegir jueces y alguaciles, a fijar los precios, a ocupar las casas y tierras de nobles y clérigos cuando éstos las tuvieran abandonadas y se hallaran en los términos municipales... Los caballeros villanos vieron reconocida su categoría social al prohibirse la aplicación de tormentos a los hombres buenos que tuvieran o hubieran tenido, ellos o sus padres, algún cargo público y cuantía suficiente para mantener caballo de guerra.

La administración de justicia fue una de las preocupaciones del monarca, que ordenó abreviar la duración de los pleitos, prohibió a los jueces que aceptaran donativos de las partes y suprimió los abogados (la medida sería anulada más tarde) para evitar que se aprovecharan de la ignorancia de los litigantes en beneficio propio. La justicia del rey, según declara el cronista Fernando López, alcanzaba a todos y era ejercida de modo directo y arbitrario en muchas ocasiones.

Al igual que Alfonso XI de Castilla, Pedro I favoreció a la nobleza, armó gran número de caballeros y aumentó las cuantías que recibían del rey, lo que sin duda influyó en la paz de los últimos años del reinado. Para favorecer el comercio interior y exterior anuló las normas que prohibían sacar de las poblaciones el pan, vino y ganado; acuñó monedas de oro y plata e impulsó la construcción naval. Ante la Iglesia mantuvo una política de recelo y control: en Levas prohibió a los clérigos ejercer cargos en los municipios (el fuero eclesiástico impedía que se les exigieran responsabilidades) prohibió la publicación de bulas sin su consentimiento y controló a las órdenes militares mediante el nombramiento para los altos cargos de sus fieles, como en el caso de su hijo Juan que fue nombrado maestre de Vais.

En política exterior mantuvo durante su reinado la alianza con Pedro el Cruel y con Inglaterra, aunque abandonó al castellano al producirse la primera entrada de Enrique en Castilla, en 1366.

La política exterior de Portugal durante el reinado de Fernando I (1367-1383) osciló entre la amistad con Castilla y la alianza con Inglaterra. A la primera incitaban al rey los nobles y. a la segunda los mercaderes, interesados en mantener sus actividades comerciales en el Atlántico. A la muerte de Pedro I, Fernando I entró en la coalición formada por todos los reyes peninsulares contra Enrique de Trastámara y apoyó a los metristas del interior, pero tras dos años de guerra tuvo que aceptar el tratado de Alcoutim (1371) por el que se proyectaba el matrimonio de Fernando con Leonor, hija de Enrique, a la que el monarca castellano daría en dote las plazas de Ciudad Rodrigo, Valencia dé Alcántara, Allariz y Monterrey.

Poco después, Fernando I rompía su compromiso matrimonial para casarse con Leonor Téllez y, aliado a Inglaterra, atacaba los dominios castellanos provocando con su actitud la reacción de los nobles, que apoyarían al monarca castellano en sus ataques a Lisboa. La paz se firmaría en Santarem (1373); en las cláusulas del acuerdo figurarían los matrimonios de Sancho de Alburquerque y de Beatriz de Portugal y los de Alfonso y Fadrique, hijos ilegítimos de Enrique, con las hijas de Fernando, Isabel y Beatriz, ésta última heredera del trono portugués. En 1380, Fernando volvería a la alianza con los ingleses y firmaría la paz con Castilla dos años más tarde.

La guerra con Castilla consumió los tesoros reunidos por Pedro I, obligó al monarca a devaluar la moneda para pagar los sueldos de los nobles y produjo una carestía y alza de precios que fue atajada mediante tasas para las distintas zonas del reino. Las diferencias de precios son considerables, según puede verse para los cereales: la alqueire de trigo vale 5 libras en el Algarve, 3 libras en Tajo-Guadiana, 40 sueldos en Extemadura, 20 sueldo en l Duero-Miño, 30 sueldos en Porto y Tras-os-Montes; la alqueire de cebada o centeno, 50 sueldos en el Algarve, 30 sueldo en Tajo-Guadiana, 20 sueldos en Extremadura, 10 sueldos en Porto y 15 sueldos en Tras-os-Montes.

La escasez de grano e, indudablemente, la diferencia de precios existente incitarían a la especulación y al acaparamiento, que se pretendió evitar ordenando que cuantos tuviesen grano en concepto de rentas, sin excluir a condes, hidalgos o eclesiásticos, fueran obligados a vender los primeros en cada localidad a los precios señalados. Sólo después —si fuera preciso— se obligaría a vender a los que tuvieran grano de su propia cosecha. Si se diese el caso de que hubiera que fijar cupos de cereales para la alimentación de los habitantes, en cada lugar se nombraría una comisión de dos personas, una de las «melhores do logar e ho outro dos pequeños do pobo» para que hiciesen el reparto, a los precios fijados, entre quienes no tuvieran trigo.

Tras la segunda guerra castellano-portuguesa, la escasez de cereales se hizo sentir nuevamente. Fernando I tuvo que dictar normas para impulsar la agricultura, considerada —de acuerdo con la mentalidad aristocrática— el medio más seguro «para ganahar algo e boa fama sem pecado», frases en las que parece advertirse una acusación moral contra los artesanos a los que se reprocha dedicarse a oficios «que nom som tam proveitosos ao bem comum» y atraer a los campesinos.

Para lograr una mayor producción agrícola se obligó a los propietarios de tierras de cereal a poner en cultivo sus tierras, directamente o por medio de cultivadores, que se obtendrían obligando a quienes solían ser labradores, y a sus hijos y nietos, a dedicarse a la labranza aunque vivieran en villas o ciudades trabajando en otros menesteres menos provechosos para el bien común. Sólo se exceptuaría de esta norma a quienes tuvieran bienes superiores a quinientas libras.

Las bandas de mendigos y desocupados que pululaban por el reino constituían una importante reserva de mano de obra que fue utilizada tras regular la mendicidad. Sólo podrían pedir quienes no estuviesen en condiciones de ganarse la vida, lo que se justificaría mediante albaranes dados por los oficiales de cada lugar. Los demás serían obligados a dedicarse a la labranza. Aunque en líneas generales las medidas favorecían a los propietarios, el objetivo fundamental era el desarrollo de la agricultura. Para lograrlo, Fernando I dispuso que las tierras no atendidas por los dueños fueran encomendadas a las autoridades de los municipios para que las pusiesen en explotación, y ordenó crear comisiones para obligar a quienes no pudiesen cultivar directamente sus tierras a cederlas, a precios razonables. Del mismo modo, mandó que nadie pudiera tener ganado si no fuese labrador o criado de labrador.

Tan importante como la agricultura en el Portugal del siglo XIV era el comercio exterior, cuyo desarrollo favoreció el monarca al estimular la construcción y compra de naves de más de cien toneladas, y al crear un seguro para las mercancías. Quienes construyeran o compraran barcos podrían utilizar gratuitamente la madera perteneciente al rey, estarían exentos del servicio militar, de los derechos de aduana por el hierro y aparejos que importaran para las naves, de todos los derechos reales al salir de Portugal y de la mitad de los diezmos sobre las mercancías que trajesen de Flandes o de cualquier otro lugar en su primer viaje.

Para prevenir los riesgos de la navegación y la ruina de los mercaderes, el monarca ordenó que en los principales puertos del reino, Oporto y Lisboa sobre todo, se hiciese una matrícula de los navíos superiores a cincuenta toneladas y se llevase nota de los beneficios obtenidos por cada propietario, que daría el dos por ciento para una bolsa común destinada a compensar a quienes perdiesen, sin culpa, sus naves. Si la bolsa fuera insuficiente, el resto lo pagarían los demás dueños de barcos, proporcionalmente a la importancia de sus bienes.

BIBLIOGRAFÍA

Además de las obras citadas en el capítulo anterior puede verse el tomo XIV de la Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal (Madrid 1966), con artículos de

Abadal i de Vinyals, Ramón d': Pedro el Ceremonioso y los comienzos de la decadencia política de Cataluña (págs. 8-203). (Publicado también, en versión catalana, por Edicions 62, Barcelona 1972.)

Suárez, Luis: Castilla (1350-1406) (págs. 3-378).

Regla. Juan: Navarra. Reinados de Carlos II el Malo y Carlos III el Noble (págs. 379435).

Regla, Juan: La Corona de Aragón (1336-1410) (págs. 437-605).

Y también:

Batlle, Carmen: La proyectada reforma municipal de Barcelona (año 1386). — En «VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Comunicaciones II» (Barcelona 1964), págs. 143-152.

Batlle, Carmen: Un exemple de la hipersensibilitat popular (Barcelona, Corpus, 1370). — En «VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón» II, volumen segundo (Valencia 1970), págs. 91-102.

Batlle, Carmen: Intentos de democratización de un gobierno municipal: Barcelona en el siglo XIV. — «Annales de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de Nice» (Nice), núms. 9-10 (1969), págs. 69-79.

Brousolle, Jean: Les impositions municipales de Barcelona de 1328 á 1462. — «Estudios de Historia Moderna» (Barcelona), V (1955), págs. 1-164.

Camarena Mahiques, José: Focs y morabatins de Ribagorza (1381-1385). Anubar. — Valencia 1966. — 167 págs.

Castro, J.: El matrimonio de Pedro IV de Aragón y María de Navarra. — «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), III (1947-1948), págs. 55-156.

Eiximenis, Francesc: Regiment de la cosa pública. — Editorial Barcino (Colección «Els Nostres Clássics», núm. 13). — Barcelona 1927.

Goñi, J.: La matanza de judíos en Navarra en 1328. — «Híspania Sacra» (Barcelona-Madrid), XII (1959), págs. 5-33.

Gutiérrez de Velasco, A.: La financiación aragonesa de la guerra de los dos Pedros. — «Hispania» (Madrid), XIX (1959), págs. 343.

Honoré-Duvergé, S.: Notes sur la politique economique de Charles le Mauvais en Navarre. — En «Actas del Primer Congreso Internacional de Pinneistas» (Zaragoza 1952). — 17 págs.

Martín, J. L.: Las Cortes catalanas en la guerra castellano-aragonesa (1355-1365). — En «VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón» II, volumen segundo (Valencia 1970), págs. 79-90.

Martín, J. L.: Nacionalización de la sal y aranceles extraordinarios en Cataluña (1365-1367). — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), III (1966), páginas 515-524.

Martín, J. L.: Les Corts catalanes del 1358. — «Estudis d'História Medieval» (Barcelona), IV (1971), págs. 71-86.

Romeu, Sylvia: Aportación documental a las Cortes de Valencia de 1358. — «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XLIII (1973), págs. 385-427.

Roustit, Ivan: La consolidation de la dette publique a Barcelone au mileu du XIV siécle. — «Estudios de Historia Moderna» (Barcelona), IV (1954), páginas 13-156.

Russell, P. E.: The English Intervention in Spain and Portugal in the Time of Edward III and Richard II. — Clarendon Press. — Oxford 1955. — XXIV + 611 págs.

Suárez Fernández, Luis: Política internacional de Enrique II. — «Hispania» (Madrid), XVI (1956), págs. 16-129.

Suárez Fernández, Luis: Intervención de Castilla en la guerra de los Cien Años. — Valladolid 1950.

Usher, A. P.: The Early History of Deposit Banking in Mediterranean Europe. I: Banking in Catalonía. — Cambridge 1943.

Valdeón Baruque, Julio: Enrique II de Castilla: la guerra civil y la consolidación del régimen (1366-1371). — Universidad de Valladolid. — Valladolid 1966. — 374 págs.

Valdeón Baruque, Julio: Los judíos de Castilla y la revolución Trastámara. — Universidad de Valladolid. — Valladolid 1968. — 88 págs.

4. EL PREDOMINIO CASTELLANO

El triunfo de Castilla durante el reinado de Enrique II se basaba en la superioridad demográfica y económica del reino castellano. Confiando en ella Juan I, hijo y sucesor de Enrique, intervino activamente en Portugal, con lo que dio lugar a una nueva guerra en la que, aliados a Inglaterra, los portugueses derrotaron a los castellanos y pusieron en peligro la obra de Enrique. En el interior de Castilla, las ciudades recuperaron su fuerza e impusieron sus puntos de vista al rey. La alta nobleza aprovechó la debilidad del poder monárquico para recuperar el control del reino. Sólo la colaboración de la segunda nobleza, encumbrada por el primer Trastámara, permitirá reducir a los grandes nobles y anular a las ciudades durante el reinado de Enrique III.

Enrique no sólo se apoyó en los nobles de segunda fila sino que puso a la muerte del monarca, podía considerarse el personaje más rico de Castilla y al mismo tiempo el pariente más próximo del rey niño Juan II, cuya tutela le fue encomendada. Las enormes riquezas que poseía y el control político que ejercía sobre el reino castellano convirtieron a Fernando en el personaje más poderoso de la Península; su fuerza fue utilizada en su propio beneficio y en el de su familia, es decir, en beneficio de los segundones de la dinastía Trastámara.

El matrimonio de Juan I y Leonor de Aragón, consecuencia y culminación del tratado de Almazán firmado por Enrique II y Pedro el Ceremonioso, dará base legal a las aspiraciones de Fernando al trono aragonés en 1410. Sus riquezas personales y los recursos castellanos le permitirán ser nombrado rey en 1412. Sus hijos, los infantes de Aragón, reinarán en Aragón, Navarra y Portugal, al mismo tiempo que controlan la política castellana a través de sus inmensas propiedades y de la dirección y control de la orden de Santiago.

La crisis castellano-portuguesa de 1383

El equilibrio entre la nobleza y las Cortes, impuesto por las necesidades militares y económicas había sido la norma de gobierno de Enrique II, que, al mismo tiempo, intentaba evitar la intervención política de unos y otros mediante una decidida protección al clero y a los juristas, convertidos en los máximos soportes del poder real.

Juan I (1379-1391) siguió esta triple orientación: mantuvo su apoyo a los nobles, a los que confirmó las donaciones hechas por Enrique; atrajo al estamento ciudadano con la aprobación de algunas leyes antijudías y con la promulgación de nuevas leyes suntuarias, pero no aceptó la petición de las Cortes de intervenir en el Consejo Real mediante la presencia en él de tres hombres de las ciudades y se negó a renunciar al derecho de modificar las decisiones de las Cortes, sin su aprobación. El rey era la fuente suprema del derecho; las Cortes tenían un papel asesor, no decisorio.

En la pugna que oponía a nobles y clérigos por el control de los monasterios y de sus riquezas, la actitud del monarca fue claramente favorable a los eclesiásticos, que lograron evitar la protección abusiva y altamente rentable que los nobles ejercían sobre los monasterios. En 1380, Juan I mandó abrir una investigación sobre los derechos de los nobles, y sólo reconoció el carácter de encomenderos (protectores) a los fundadores de iglesias y a sus herederos.

El cisma eclesiástico sería una excelente ocasión para acentuar la colaboración del monarca y de la clerecía. Mientras Enrique II se había mantenido neutral entre romanos y aviñoneses, Juan I aceptó la decisión del clero, favorable al Papa de Aviñón y coincidente con los intereses del monarca, aliado de Francia, e intentó atraer hacia la causa aviñonesa a Navarra y Aragón, que mantendrían su neutralidad mientras vivieran Carlos II y Pedro el Ceremonioso.

El equilibrio mantenido en el interior no tuvo equivalencia en las relaciones de Castilla con Portugal. Enrique II se había limitado a ejercer un discreto y lejano control de los asuntos portugueses sin llegar, excepto en caso de amenaza concreta, a intervenir de modo directo. Juan I modificaría esta política, se inmiscuiría en los asuntos internos de Portugal y pretendería ser nombrado rey. De los tres matrimonios previstos en el tratado de Santarem (1373) para afianzar la alianza castellano-portuguesa, el que más posibilidades políticas ofrecía era el de Fadrique-Beatriz con el que un Trastámara de la segunda generación podría convertirse en rey de Portugal, que, sin embargo, mantendría su independencia por cuanto Castilla sería regida por Juan I.

Al llegar al trono Juan I, el matrimonio aún no se había realizado por falta de edad de los contrayentes y el nuevo monarca castellano modificó el acuerdo. El matrimonio de Fadrique con la heredera portuguesa era políticamente interesante para Enrique II, que situaba a uno de sus hijos y controlaba el reino vecino. Pero para Juan I este matrimonio podía resultar catastrófico: un gran noble castellano convertido en rey de Portugal era el mejor caudillo que podía darse a la alta nobleza.

Para evitar esta posibilidad y para poner fin a la política ambigua de Portugal, siempre dividido entre la alianza con Castilla y la amistad con Inglaterra, de cuya benevolencia dependía el comercio atlántico portugués, Juan I utilizó las divisiones de la nobleza de Portugal y logró crear un grupo adicto a Castilla dirigido por la reina Leonor Téllez, que facilitó la sustitución de Fadrique como futuro marido de Beatriz por Fernando, hijo de Juan I. El hijo, más fácilmente controlable, sustituía al hermano.

El esquema se repite constantemente en la época Trastámara. Frente a la alta nobleza, representada por los hermanos, los monarcas castellanos encumbran a sus hijos a los que dan extensas propiedades y procuran apoyos exteriores. Mientras el rey vive controla la situación, pero a su muerte los segundones de la primera generación disponen de poder suficiente para imponerse al nuevo monarca, que recurre una vez más al procedimiento de encumbrar a sus familiares más directos, con lo que si logra resolver el problema prepara nuevas dificultades al sucesor.

El matrimonio de Fernando y Beatriz tampoco llegó a celebrarse. Al quedar viudo, el monarca castellano decidió ser él quien casara con la infanta portuguesa. Las razones de Juan I para realizar este matrimonio han sido muy discutidas: para unos, el monarca castellano aspiraba a reconstruir la antigua unidad de los reinos occidentales; para otros se trataba simplemente de afirmar su predominio y el de su dinastía en la Península mediante una acción más directa que las emprendidas por Enrique II; para otros Juan I habría sido víctima de las disensiones internas de Portugal.

Fernando I había dejado el gobierno en manos de la facción nobiliaria dirigida por su esposa Leonor Téllez, contra la que se levantaron numerosas protestas. Leonor habría sido la instigadora del matrimonio de Juan I y de Beatriz para lograr, con el apoyo de las armas castellanas o mediante la amenaza de recurrir a ellas, imponerse a sus enemigos. De hecho, el matrimonio no modificaba la situación portuguesa: el reino sería gobernado por Leonor como regente hasta que los hijos de Juan y Beatriz llegaran a la mayoría de edad y Juan I sería una especie de reserva destinada a poner coto a la oposición nobiliaria contra la regente. Los recelos de los nacionalistas portugueses fueron aplacados al decidir que los reinos se mantendrían separados. En Castilla sería rey Enrique III, hijo del primer matrimonio del monarca, y en Portugal los posibles hijos de Juan y Beatriz.

La alianza entre el monarca castellano y la nobleza partidaria de Leonor significaba un cambio en la política de Portugal, que reconocía al Papa de Aviñón y rompía sus relaciones comerciales con Inglaterra. Los grandes perjudicados por este matrimonio y los subsiguientes cambios políticos eran los ingleses y la burguesía comercial de Oporto y de Lisboa a la que, en adelante, se cerrarían los puertos de Inglaterra, y que, aunque se le abrieron los franceses y flamencos, no podría competir con los marinos y mercaderes castellanos del Cantábrico.

Si tenemos en cuenta este punto de vista, el matrimonio deja de ser un asunto personal o a lo sumo político interno para inscribirse dentro del contexto político-económico europeo. A través del matrimonio, Castilla lograba aislar a los ingleses en el Atlántico, desarmaba a los núcleos de petristas del interior que contaban con el apoyo del duque de Lancaster —rey de Castilla por su matrimonio con Constanza, hija de Pedro I— y aseguraba a los marinos castellanos el control del comercio atlántico.

Esta posibilidad es tanto más verosímil cuanto que el matrimonio coincide con una nueva intervención de la marina castellana en Flandes para sofocar la sublevación antifrancesa de Felipe Van Artevelde. Derrotados los ingleses en Flandes y privados de la ayuda portuguesa, quedaban reducidos a sus solas fuerzas, no representaban peligro alguno ni para la alianza castellano-francesa ni para la monarquía castellana ni para los mercaderes y marinos del Cantábrico.

La decisión de Juan I tuvo efectos contrarios a los buscados; en lugar de unir a los nobles portugueses, por interés o por temor, en torno a Leonor Téllez, agrandó las diferencias y provocó la alianza de los nobles disidentes con la burguesía comercial de Oporto y de Lisboa, que solicitó la intervención de Juan de Gante, duque de Lancaster rey de Castilla y dirigente de Inglaterra durante los primeros años del reinado de Ricardo II.

El conflicto se planteó en 1383 a la muerte de Fernando I. Los representantes de Lisboa se quejaron de los excesivos gastos, del alza de precios y de la devaluación monetaria efectuada por el rey y se mostraron dispuestos a controlar la política de la monarquía mediante una mayor intervención de las Cortes en el gobierno: las Cortes tendrían que ser consultadas antes de tomar cualquier medida que afectara a sus representados. Con cien años de retraso las ciudades portuguesas repetían las exigencias de los nobles aragoneses y de las Cortes castellanas de fines del siglo XIII: lo que a todos afecta, por todos tiene que ser decidido. Estas medidas serían completadas con la participación en el Consejo de la regente de dos ciudadanos de cada una de las seis comarcas del reino.

La negativa de la regente a acceder a estas peticiones dio lugar a la sublevación de los burgueses descontentos, a los que se unieron los nobles opuestos a Leonor Téllez y dirigidos por el infante don Juan, hijo de Pedro I de Portugal y maestre de Avis. Ante la actitud de ciudadanos y nobles, Juan I de Castilla se vio obligado a intervenir para restablecer la situación. Su entrada militar halló una fuerte resistencia especialmente en las ciudades comerciales que no pudieron ser tomadas. Inglaterra se apresuró a enviar refuerzos y los castellanos fueron derrotados en Aljubarrota (1385).

Subordinación de Juan I a las Cortes castellanas

Los primeros reveses de la dinastía Trastámara mostraron la fragilidad de su poder. Ya antes de iniciar las campañas contra Portugal, el monarca tuvo que hacer frente a una sublevación nobiliaria dirigida por su hermanastro Alfonso de Noreña. Durante la guerra tuvo que reducir a otro de los grandes nobles, Pedro de Trastámara. Enfrentado a la alta nobleza, el monarca, sólo podía contar con la ayuda de las Cortes, que exigirían una compensación política.

Juan I necesitaba ayuda económica para evitar la entrada en Castilla de los ejércitos portugueses y de las tropas inglesas dirigidas por Juan de Gante. Para conseguir los subsidios se vio obligado a transigir con las exigencias de las Cortes y acceder a que entraran en el Consejo Real representantes de las ciudades en número de cuatro y en plan de absoluta igualdad con los representantes del clero y de la nobleza. La misión de este Consejo sería entender en todos los asuntos del reino, excepto en la administración de justicia, que correría a cargo de la Audiencia, y excepto en algunos derechos que se reservaba el monarca: nombramiento de oficiales y presentación de obispos y cargos eclesiásticos.

En estas mismas Cortes el monarca eligió a sus consejeros: los arzobispos de Toledo, Santiago y Sevilla y el obispo de Burgos por los eclesiásticos; cuatro nobles entre los que sólo figuraba un miembro de la alta nobleza, el marqués de Villena, cuyos intereses se hallaban en el reino aragonés; y cuatro representantes de las ciudades, elegidos, al parecer, entre juristas. El gobierno sería compartido por el monarca, el alto clero, la nobleza —con excepción de la alta, cuya participación era simbólica— y los ciudadanos. Para atender a las necesidades militares se creó un ejército nacional del que formarían parte todos los hombres de Castilla, incluso los más menesterosos, que serían obligados a comprar armas en cantidad y calidad proporcional a las riquezas y bienes de cada uno. Si todos tenían derecho a intervenir, a través de sus representantes, en el gobierno, todos estaban igualmente obligados a defender el reino.

Un año más tarde (1386) el monarca reunía nuevas Cortes en Segovia y autorizaba la creación de hermandades para garantizar el orden, restablecía las ordenanzas de justicia dictadas por Pedro I en 1351, e intentaba justificar sus derechos al trono castellano para atraerse a los antiguos petristas, aliados ahora al duque de Lancaster. Por primera vez, el rey de Castilla se dirige a los súbditos para explicarles por qué deben unirse en torno a la dinastía. Juan I explica que hay cuatro cosas por las que toda persona debe estar dispuesta incluso a dar la vida: por defender su ley (su religión), su rey (legítimo), su tierra y a sí mismos.

Los ingleses son descritos como enemigos tradicionales de la Iglesia (seguían al pontífice de Roma, cismático para los castellanos) y Juan de Gante estaba aliado a los granadinos. La legitimidad Trastámara se remonta a fines del siglo XIII: el monarca tiene sus derechos de los infantes de la Cerda, a quienes legítimamente correspondía reinar, mientras que Juan de Gante es sucesor del usurpador Sancho IV. Una exaltación del nacionalismo frente a la invasión de pueblos ajenos (los ingleses que acompañan al pretendido rey Juan de Gante) y una pintura de las calamidades que esperan a los castellanos si aceptan al duque de Lancaster completan el discurso de Juan I, que termina pidiendo a las Cortes que le aconsejen sobre la forma de llevar la guerra y que le provean del dinero necesario.

El triunfo de las Cortes sobre el monarca es total cuando el rey se ofrece a rendir cuentas del dinero otorgado por las Cortes anteriores, «porque entendemos que es razón que siempre lo devemos fazer» y porque se murmuraba que se había gastado indebidamente y cabía la posibilidad de que las Cortes exigieran cuentas antes de otorgar nuevos subsidios.

La ayuda pecuniaria de las ciudades permitió a Juan I reorganizar el ejército y frenar los avances del duque de Lancaster, que se avino a firmar la paz y a renunciar a sus posibles derechos al trono castellano previa la entrega de una importante suma y la celebración del matrimonio del heredero castellano, Enrique III, con Catalina, hija de Juan y nieta de Pedro I. Con esta paz (1387) se borraba la usurpación del trono por los Trastámara y se ponía fin al largo período de guerras y a los inconvenientes derivados de ella: destrucción de cosechas, alza de precios y salarios...

El fin de la guerra no atenuó la presión fiscal. La paz había sido comprada y era preciso pagarla mediante la concesión de nuevos subsidios al monarca que, para ello, reunió Cortes en Briviesca (1387). En ellas fue confirmada la devaluación monetaria efectuada durante los años de guerra, fueron reguladas las atribuciones del Consejo Real, se perfeccionó el funcionamiento de la Audiencia y se reorganizó el ejército a petición de las Cortes, que encargaron al Consejo Real una investigación sobre quiénes —entre los que recibían cuantías del rey— no cumplían sus obligaciones militares y una relación de las personas hábiles para la guerra, a las que se concedería un salario de 1500 maravedíes anuales.

En las Cortes celebradas en Palencia (1388), los castellanos plantearon abiertamente sus reivindicaciones antes de conceder los subsidios: el monarca y sus oficiales deberían rendir cuentas del dinero recaudado en las Cortes de Segovia y de cómo se gastó; las cantidades que se recaudaran en esta ocasión sólo podrían gastarse en pagar la deuda al duque de Lancaster y serían administradas por seis hombres buenos de las ciudades, aunque la recaudación corriera a cargo de los recaudadores nombrados por el rey.

Con treinta años de retraso respecto a las Cortes de Cataluña, las de Castilla reclamaban el derecho a intervenir, si no en el cobro al menos en el gasto de las ayudas. Esta misma exigencia se observa con relación a un nuevo subsidio concedido para continuar la guerra con Portugal; los administradores serían el obispo de Calahorra, el adelantado de León y cuatro hombres de las ciudades, que actuarían como comisión permanente de las Cortes, es decir, con funciones parecidas a las que en Cataluña tuvo en sus orígenes la Diputación del General.

En 1390 se celebraron nuevas Cortes en Guadalajara y en Segovia, pero su tenor fue totalmente distinto al de las anteriores. La ayuda de las Cortes no era tan necesaria y el rey podía anular las exigencias políticas de las ciudades mediante una política de atracción o de colaboración con la nobleza y el clero. Nobles y eclesiásticos vieron reconocido el derecho de juzgar a quienes viviesen en sus señoríos, aunque el rey se reservó la posibilidad de oír las apelaciones después de que hubiera juzgado el alcalde nombrado por el señor y el propio noble o su lugarteniente.

Igualmente favorables a nobles y clérigos fueron las soluciones adoptadas con motivo del pleito que oponía a las ciudades y a la nobleza-clérigos a causa de la devaluación monetaria. Señores y clérigos exigían el pago de sus derechos en moneda vieja (de más valor) y las ciudades pretendían pagar en la nueva moneda. De carácter marcadamente social fueron las penas impuestas a quienes exportaran caballos, oro, plata, ganado, pan, legumbres... Por decisión del monarca las penas no fueron especificadas puesto que eran distintas las condiciones y estados de los hombres y se confió a los jueces la tarea de fijarlas en cada caso atendiendo a la categoría de cada uno.

Claramente pronobiliario fue el ordenamiento sobre el ejército aprobado en este mismo año. Si en Briviesca (1387) se había confiado la investigación al Consejo Real y se había señalado para los combatientes un sueldo de 1500 maravedíes, el monarca prescindió del Consejo impuesto por las Cortes y encargó la investigación a una comisión controlada por los grandes nobles: Fadrique de Benavente, Pedro de Trastámara, el conde de Niebla, los maestres de Santiago y Calatrava, los mariscales del rey, «otros caballeros de los grandes de nuestros reinos e algunos procuradores de las ciudades» y el sueldo ascendió a 2500 maravedíes. Puesto que las Cortes se habían quejado de que muchos recibían salarios y no cumplían sus obligaciones militares, en esta ocasión se otorgaron pensiones a los combatientes que ya no estaban en edad de servir militarmente y a los huérfanos de los vasallos militares.

Poco después de la celebración de estas Cortes moría el rey, dejando un heredero de once años, durante cuya minoría la alta nobleza de los parientes del monarca intentaría recuperar el poder político perdido en los últimos años.

El reinado de Enrique III

Al morir Juan I (octubre de 1390) el arzobispo toledano, Pedro Tenorio, intentó erigirse en arbitro de la situación ocultando la muerte del rey hasta haber tomado posesión de las principales fortalezas en nombre del heredero. Previendo la reacción nobiliaria, al tiempo que convocaba las Cortes, intentó que el Consejo Real nombrara un Consejó de Regencia, presidido por él, encargado de gobernar durante la minoría del monarca.

Pedro Tenorio tiene sus mejores apoyos en la nobleza de segunda fila y, en último lugar, en las Cortes. Pero sus intentos fracasan por la oposición del arzobispo de Santiago, a quien apoyaba la alta nobleza del reino: Fadrique de Benavente, Pedro de Trastámara, Leonor (mujer de Carlos III de Navarra) y Alfonso de Villena, quienes impidieron el nombramiento del Consejo de Regencia. Las Cortes, llamadas a arbitrar las diferencias entre nobles y arzobispos, decidieron nombrar una comisión de 11 señores (laicos y eclesiásticos) y 13 procuradores de las ciudades para designar a los integrantes del Consejo.

Controlada la comisión por sus rivales, Pedro Tenorio se mantuvo al margen, lo que no impidió que fuera nombrado miembro del Consejo junto con el arzobispo de Santiago y otros tres eclesiásticos, veinte nobles (4 de la alta nobleza y 16 de la segunda) y 22 delegados de las ciudades. Aunque superiores en número, los ciudadanos no controlan el Concejo: cada uno actúa durante seis meses, con lo que son en realidad 11, mientras que eclesiásticos y nobles ejercen el cargo de consejeros durante todo el año.

El excesivo número de consejeros y la heterogeneidad del Consejo hizo imposible cualquier intento de gobierno. Tanto la nobleza como el clero y las ciudades se dividieron en bandos que desembocaron en la anarquía durante la cual el odio hacia los judíos halló fácil salida: numerosos barrios judíos fueron destruidos; el movimiento antijudío, efecto más de la situación económico-social que de la intransigencia religiosa, iniciado por la predicación de Ferrán Martínez, arcediano de Écija, se extendió a los de-mas reinos peninsulares.

Los intentos de la ciudad de Burgos para poner fin a los enfrentamientos dentro del Consejo sólo sirvieron para unir a los nobles y eliminar de la regencia a los representantes de las ciudades. Finalmente, y ante la incapacidad de nobles y jerarquía eclesiástica para ponerse de acuerdo, las Cortes reunidas en Burgos impusieron una solución: el cumplimiento íntegro del testamento de Juan I. El gobierno del reino quedaba en manos de García Manrique, arzobispo de Santiago, y de sus partidarios, contra los que se alzarían los fieles de Pedro Tenorio. La anarquía y la guerra civil continuarían hasta la mayoría de edad de Enrique III, proclamado rey en 1393 —su mayoría estaba prevista para 1395— quizás para evitar una guerra abierta entre los grupos rivales.

Durante su gobierno personal, Enrique III intentó anular políticamente a la alta nobleza, reducir las prerrogativas de las Cortes y poner fin a la independencia de las ciudades, es decir, siguió la política iniciada por Alfonso XI, seguida por Enrique II y continuada por los Trastámara hasta la época de los Reyes Católicos. Para cumplir sus objetivos, Enrique II se apoyó en la segunda nobleza y en el arzobispo Pedro Tenorio quien, como jurista, aspiraba a fortalecer el poder real frente a nobles y Cortes.

En los primeros momentos, la colaboración económica de las Cortes era necesaria para reducir a los nobles. En Madrid (1393) el monarca se comprometió a no exigir impuestos que no hubieran sido votados en Cortes y a someterse al control de los gastos. Con este apoyo económico y militar se enfrentó abiertamente a la nobleza: el duque de Benavente fue vencido y sus tierras confiscadas, así como las de Leonor de Navarra, a la que se obligó a regresar junto a su marido; el conde de Noreña fue derrotado por las tropas del rey; el marqués de Villena perdió su señorío; el conde de Trastámara tuvo que rendirse. En dos años la nobleza Trastámará había perdido toda su fuerza política en beneficio de la segunda nobleza y del poder real, pero la solución no era definitiva. Por un lado, al adquirir importancia, esta segunda nobleza se convertiría en un peligro para el rey; por otro, la eliminación de los Trastámara de la primera generación fue acompañada de la creación de una nueva fuerza en la persona de Fernando, hermano del monarca.

La existencia de bandos en la mayor parte de las ciudades castellanas facilitó la intervención del monarca en los asuntos municipales mediante el nombramiento de corregidores que, si tienen como misión fundamental pacificar las ciudades, son al mismo tiempo los agentes del poder central. La sumisión de las ciudades tuvo como consecuencia lógica una pérdida de la importancia de las Cortes, en las que los representantes de las ciudades se hallaban mediatizados por la autoridad superior del corregidor o delegado real. A partir de 1396 las Cortes se limitan a conceder los subsidios pedidos, a ratificar los acuerdos tomados previamente y a solicitar la adopción de medidas contra los judíos, a los que se sigue haciendo responsables de todas las desgracias que afligen a los castellanos.

El saqueo de los barrios judíos en 1391 no fue castigado con la severidad que cabía esperar. En 1405 el monarca dictó normas que equivalían a suprimir los privilegios y modos de vida pacientemente adquiridos por los hebreos: se les prohibió ejercer el préstamo, fueron suprimidos los jueces especiales, se perdonaron en su mitad las deudas contraídas por los cristianos hasta esta fecha y se impuso a los judíos la obligación de llevar una señal que los distinguiera claramente de los cristianos.

En la política exterior, Enrique III siguió las directrices de los últimos años de Juan I: alianza con Aragón y Navarra, amistad con Francia, paz con Inglaterra y oscilación entre la paz y la guerra con Portugal y con Granada. Durante la minoría, los regentes mantuvieron relaciones pacíficas con el nuevo monarca portugués, Juan I de Avis, pero la guerra estalló de nuevo en 1397 y se prolongaría, con suerte alterna, hasta la firma de treguas en 1399. Con los granadinos, la paz fue alterada por incidentes fronterizos, agravados por la expedición y muerte del maestre de Alcántara, Martín Yáñez de Barbuda (1394), pero ni este incidente ni otros movieron a la guerra al monarca hasta haber afianzado su poder en el interior y haber consolidado la paz portuguesa. En 1404 Castilla iniciaría los preparativos para la guerra, que sería dirigida a la muerte del rey por su hermano Fernando.

En las relaciones con Francia surgieron algunas dificultades 'a partir de 1394 al ser elegido Papa de Aviñón el aragonés Pedro de Luna (Benedicto XIII). Este personaje, poco dúctil, convencido de la legitimidad de su elección y de la importancia del cargo chocó con los regentes franceses y se indispuso con los cristianos que buscaban una solución al cisma mediante la renuncia de los dos pontífices. Al firmarse la paz entre Inglaterra y Francia desaparecieron las causas políticas del cisma y Francia empleó la fuerza para reducir al pontífice aviñonés y obligarle a aceptar la solución propuesta por la universidad de París. Castilla y Aragón protestaron por el empleo de la violencia contra Benedicto XIII, pero mientras Enrique, siguiendo el ejemplo francés, le negó obediencia (1398), Aragón se mantendría fiel al pontífice y la escuadra aragonesa levantaría el asedio de Aviñón. La indisciplina del clero y la impotencia de la cristiandad para hallar una solución al cisma harían que Castilla reconociera nuevamente a Benedicto XIII en 1403.

Fernando de Antequera, regente de Castilla

Para enfrentarse a la alta nobleza, los regentes de Enrique III y el propio monarca favorecieron ampliamente al infante Fernando, al que puede considerarse como una de las personas más ricas de Castilla en los últimos años de Enrique III. Al morir éste (1406), Fernando era señor de Medina del Campo, Olmedo, Cuéllar, San Esteban de Gormaz, Castrojeriz, Villalón, Urueña, Haro, Ledesma, Alburquerque..., lugares desde los que controlaba los principales productos de exportación de Castilla: lana, cereales y cueros.

La guerra con Granada exigía un caudillo experimentado y algunos nobles pidieron a su jefe, al infante Fernando, que se proclamara rey en lugar de su sobrino Juan I (1406-1454). Previendo esta posibilidad Enrique III había dispuesto en su testamento que la regencia fuera encomendada conjuntamente a Fernando y a la reina viuda Catalina de Lancaster y, para evitar la acumulación de poder en manos del infante, ordenó que si los regentes tuvieran que separarse se procediera a un reparto de provincias de modo que ningún regente pudiera actuar por sí solo en todo el reino. El arbitro de las diferencias entre Fernando y Catalina sería el Consejo Real y la tutela de Juan II estaría encomendada a los nobles Diego López de Stúñiga y Juan Fernández de Velasco, miembros de la nobleza encumbrada por los Trastámara.

La división de poderes ordenada por Enrique III no fue mantenida. Ambos regentes intentarían desde el primer momento controlar el Consejo con ayuda de sus partidarios. Finalmente, sería Fernando quien en 1408 lograse triunfar. Los partidarios de Catalina fueron alejados de la Corte y en el Consejo se dio entrada a los hijos de Fernando, Alfonso y Juan, de trece y nueve años de edad. Manteniendo el Consejo, sus apariencias, Fernando tendría las manos libres para gobernar Castilla.

La guerra granadina serviría a Fernando para controlar a los nobles y para imponer su autoridad sobre las Cortes. Al desviar hacia Granada la belicosidad nobiliaria, el regente ponía fin a las luchas internas entre sus partidarios y los de Catalina y conseguía ser aceptado por todos como jefe militar del reino; pero si la guerra favorecía a los nobles, los gastos recaían sobre las ciudades que, una vez más, intentaron poner condiciones a los donativos hechos en Cortes.

Por enfermedad de Enrique III, Fernando se vio obligado a dirigir las Cortes de 1406 a las que pidió 100 millones de maravedíes para emprender una campaña de seis meses de duración en la que intervendrían más de 60000 hombres y cerca de cien naves. Las Cortes exigieron la supresión de los corregidores y se negaron a pagar más de 45 millones. Como la expedición resultó desastrosa, las nuevas Cortes reunidas en Guadalajara sólo concedieron dinero para defender el reino, no para llevar la guerra a Granada, a pesar de lo cual Fernando logró en 1410 ocupar la ciudad de Antequera.

Con esta victoria, Fernando unía a sus riquezas y poder político un prestigio militar considerable. Una hábil campaña de propaganda haría de esta victoria un éxito resonante. Las Cortes no se opusieron a pagar los gastos de la «guerra pasada» ni a conceder nuevos fondos para cualquier «guerra que de aquí en adelante se faga contra los dichos moros» una vez que hubiese finalizado la tregua firmada por el infante. Se insistió sin embargo en que el dinero fuese gastado únicamente en la guerra contra los musulmanes, pero las Cortes ya no intentaron controlar al infante: no se nombró ninguna comisión para vigilar las cuentas y no hubo protestas cuando este dinero fue destinado a financiar las campañas de Fernando para ser elegido rey de Aragón.

Carlos III de Navarra (1387-1425)

Frente a la capacidad política y la energía desplegada por Pedro el Ceremonioso de Aragón y por Carlos II de Navarra para engrandecer sus dominios y evitar la integración en la órbita política de Castilla, los herederos de ambos reinos desarrollaron una política de pacifismo a ultranza y de amistad con Castilla. Parece como si las energías de uno y otro reino se hubieran agotado durante el largo período de guerra de la segunda mitad del siglo y como si, abandonados los ideales expansivos, la sociedad se concentrara en sí misma para asumir las consecuencias de la grave crisis.

Este repliegue se inicia durante los reinados de Pedro el Ceremonioso y de Carlos II, ninguno de los cuales supo o pudo sacar partido de la crisis castellana de 1383. Ambos mantuvieron sin embargo su independencia respecto a Castilla y se negaron a secundar las iniciativas de Juan I respecto al cisma de la Iglesia. Sólo a la muerte de Pedro y de Carlos (ambos murieron en 1387) Navarra y Aragón prestaron obediencia al Papa aviñonés y tomaron partido abiertamente por la causa francesa en la guerra de los Cien Años.

Este cambio de actitud no parece que pueda ser atribuido a la personalidad de los monarcas, sino a causas más profundas directamente relacionadas con la situación en el interior de ambos reinos. Los repetidos fracasos militares y diplomáticos sólo sirvieron para agravar la crisis económica a consecuencia de la cual se produjo en ambos reinos una aristocratización de la sociedad, observable en la compra de tierras y derechos por los mercaderes catalanes y en el abandono de los intentos de Carlos II de dotar a Navarra de una industria.

Este cambio no fue sólo material, sino también mental: el ideal de vida burgués cedió ante el caballeresco y esta modificación se reflejó en la actitud de aragoneses y navarros respecto a Castilla. Ni las fuerzas dirigentes de ambos reinos se hallaban en condiciones de lanzarse a nuevas guerras ni tenían interés en oponerse a los dos reinos, Castilla y Francia; en los que había triunfado el ideal caballeresco. Por otro lado, la aristocratización de la sociedad había dado lugar, tanto en Navarra como en Aragón, a tensiones sociales que exigían la dedicación de las energías de los dirigentes a los asuntos internos. La conjunción de cambios económicos, mentales y sociales explicarían la nueva actitud de Navarra y de Aragón. Carlos III y Juan I serían los intérpretes de este cambio.

Al morir Carlos II, el heredero del trono navarro se hallaba en Castilla, país con el que mantendría las mejores relaciones a lo largo de su reinado a pesar de la intromisión de su mujer, Leonor, en los asuntos castellanos durante la minoría de Enrique III, quien, al expulsar de Castilla a la reina, se hizo pagar 20000 florines en compensación del «bullicio y escándalo que era en mis reinos por causa e ocasión de doña Leonor, reina de Navarra». Contingentes navarros colaboraron en las campañas de Fernando de Antequera contra los musulmanes.

Los relaciones de Navarra con el reino aragonés fueron igualmente pacíficas y los escasos problemas fronterizos que se plantearon fueron resueltos amistosamente. La alianza fue ratificada mediante el matrimonio de Blanca de Navarra y Martín el Joven a la muerte de María de Sicilia; un acuerdo comercial entre navarros y aragoneses completó los acuerdos de 1402. Al morir Martín el Humano sin herederos legítimos (1410) —Martín el Joven había muerto en 1409—, Carlos III apoyó la candidatura de Fernando de Antequera; poco después autorizó el matrimonio de Juan, hijo de Fernando, con Blanca de Navarra. A la muerte de Carlos III, Castilla, Aragón y Navarra serían regidos por príncipes castellanos de la dinastía Trastámara.

En el interior, Carlos III continuó la política de navarrización mediante el nombramiento de navarros para todos los cargos administrativos. El progresivo alejamiento de Francia se observa en los intentos de solucionar definitivamente y por medios pacíficos los problemas pendientes desde la época de Carlos II. En 1404 se llegaba a un acuerdo satisfactorio para ambas partes: Carlos renunciaba a los condados de Champagne y de Brie a cambio de una renta de 12000 francos anuales, a los que se añadiría la cantidad de 200000 escudos en compensación por las rentas no percibidas en los años anteriores.

Partidario decidido del ideal caballeresco, el monarca navarro creó las órdenes del lebrel blanco y de la bonne foi para premiar a los caballeros más distinguidos; armó caballeros de acuerdo con el ceremonial clásico a numerosas personas; creó nuevos títulos e hizo donación a algunos nobles de importantes señoríos en los que el monarca renunciaba a los impuestos ordinarios y a la administración de justicia.

La política del monarca no sirvió para poner fin a las guerras nobiliarias agudizadas en Navarra por la existencia de dos sociedades antagónicas: el Llano y la Montaña, cuyos dirigentes aspiraban a controlar el poder. Las concesiones del rey a unos y otros sólo sirvieron para aumentar su fuerza. La rivalidad entre agramonteses (del Llano) y beamonteses (de la Montaña) será decisiva en la historia de Navarra durante el siglo XV.

También en las ciudades tuvo que intervenir el rey para poner fin a las banderías, como en el caso de Estella, donde los Ponce y Learza se disputaban el control de la villa. En 1407 Carlos III modificó el sistema de nombramiento del alcalde: sería perpetuo en lugar de anual para evitar los enfrentamientos que se producían cada año y sería designado por el monarca entre tres personas elegidas por el sistema de insaculación. Los jurados, hombres buenos y consejeros elegirían a seis personas cuyos nombres serían introducidos en una copa y de estos nombres-saldrían los tres candidatos al cargo.

Posiblemente se relacione con las luchas de bandos el excesivo lujo desplegado por las mujeres de Estella. Carlos III lo limitó al dictar las primeras leyes suntuarias conocidas para Navarra, pero en ellas —aunque se afirma que fueron promulgadas a imitación de las castellanas y aragonesas— las disposiciones no tuvieron carácter social, sino simplemente económico. Según el monarca, una de las causas de la ruina o endeudamiento de los estelleses era «el excessivo portament, arreament et estado de las dueynnas et otras mugeres de la dicta villa». La prohibición de utilizar cadenas y guirnaldas de oro, plata, piedras preciosas, vestidos de armiño... afectaba por igual a todas las mujeres, incluyendo a las judías.

Los reinados de Juan I y de Martín el Humano en la Corona de Aragón

El período comprendido entre 1380 y 1420 ha sido descrito por numerosos historiadores como la época en la que se ponen de manifiesto los efectos de la crisis y en la que se inicia el declive catalán. Una rápida visión de las manifestaciones de la decadencia catalana incluiría la agudización del enfrentamiento entre señores y campesinos, entre artesanos y patricios en las ciudades, y la rivalidad entre barones (alta nobleza) y caballeros, que no sintiéndose representados políticamente por los grandes aspiran a formar un brazo aparte en las Cortes para defender sus derechos.

El problema de mayor gravedad será el planteado por los campesinos, por cuanto afectaba a la mayor parte de la población y, directamente, a los intereses de nobles, clérigos y ciudadanos que habían invertido su dinero en la compra de tierras y de derechos jurisdiccionales. Los tres grupos de propietarios formarán un bloque en las Cortes y harán fracasar los intentos de los monarcas para mejorar la suerte de los campesinos.

La situación en las ciudades no es mejor, a pesar de que hoy se considere que el gran comercio se mantuvo hasta 1435. En 1386 los artesanos lograron que Pedro el Ceremonioso modificara, en su favor, la organización del Consell barcelonés. Esta medida puede ser interpretada como un síntoma de que la artesanía no hallaba salida para sus productos y de que los artesanos intentaron romper el monopolio político de los patricios para, desde el poder, impulsar el desarrollo de la industria y facilitar la exportación. La tímida reforma de Pedro el Ceremonioso sería anulada por Juan I en 1387. Tanto este problema como el rural no hallarían solución hasta fines del siglo XV.

La monarquía intentará en vano recuperar su libertad de acción aliándose a la pequeña nobleza contra los barones, apoyando a los campesinos, favoreciendo a los grupos urbanos descontentos y sirviéndose de los juristas. Las dificultades de los reyes, continuamente endeudados, les llevarán a una dependencia cada vez mayor respecto a las Cortes, que —a cambio de su ayuda económica— imponen su ley en todo momento. Para evitar esta dependencia económico-política, los monarcas recurren a la enajenación del patrimonio real y a los préstamos, que si solucionan de momento los problemas, a largo plazo los agudizan. La venta de bienes de la Corona hace disminuir los ingresos normales del monarca y la devolución de los préstamos y de sus intereses no siempre fue posible y llevó a la quiebra de prestamistas y banqueros en 1381-1383 y en 1406.

Directamente relacionadas con las tensiones económico-sociales mencionadas se hallan las fluctuaciones monetarias, el asalto y destrucción de numerosos barrios judíos y el aumento de la deuda municipal en las ciudades más importantes del reino, temas que serán analizados en el capítulo dedicado al estudio de la economía y sociedad durante este período.

Los consejeros de Juan I

Juan I (1387-1396) simboliza por su actitud personal el cambio de mentalidad operando en los últimos años en Cataluña. Partidario del Papa de Aviñón y de la colaboración con Francia se opuso, siendo infante, a la neutralidad eclesiástica mantenida por Pedro el Ceremonioso y se negó a secundar la política mediterránea. Su inclinación hacia Francia y el desinterés por la política tradicional de la monarquía catalanoaragonesa se pusieron de manifiesto en 1380, cuando se negó a celebrar el matrimonio con María de Sicilia, proyectado por El Ceremonioso para unir de nuevo la isla a los dominios aragoneses, y se casó con la francesa Violante de Bar.

La unión de Sicilia a la dinastía sería lograda mediante el matrimonio de Martín el Joven, nieto de Pedro, con María de Sicilia. Pero este cambio en los proyectos matrimoniales equivalía a renunciar al plan del Ceremonioso, por cuanto Martín el Joven no podría reunir en sus manos la Corona de Aragón y Sicilia: él sería rey de la isla, y Juan I sucedería en Aragón a Pedro el Ceremonioso. Sicilia volvía a manos aragonesas, pero conservaba su independencia.

Proclamado rey en enero de 1387, Juan I anuló la reforma del Consell barcelonés y procedió a reconocer al Papa de Aviñón. A pesar de su política aristocrática no pudo conseguir subsidios de las Cortes reunidas en Monzón. Éstas habían adquirido plena conciencia de su fuerza y exigieron la expulsión de algunos consejeros demasiado influyentes sobre el monarca y el derecho a intervenir en la elección del canciller y de los consejeros reales. La negativa de las Cortes impidió organizar una flota contra Cerdeña, donde persistía la revuelta de los nobles, e hizo imposible enviar socorros al partido aragonés existente en Sicilia.

Durante los primeros años el monarca tuvo que hacer frente a una invasión del conde de Armagnac, quien, proclamándose heredero de Jaime IV de Mallorca, exigía la devolución de este reino. La necesidad de hacer frente a estas tropas permitió al monarca clausurar las Cortes sin aceptar todas sus exigencias (1389), pero la actitud de Juan I no fue bien vista por los súbditos, que interpretaron su abandono de las Cortes como un medio de presionar para que accedieran a cuanto pedía, y se llegó a acusar al monarca y a sus consejeros de haber sido los instigadores y dirigentes de la invasión.

A los problemas planteados por las Cortes se unieron en 1391 las manifestaciones del descontento popular, canalizado hacia el ataque y destrucción de los barrios judíos. El movimiento antijudaico parece ser una consecuencia o prolongación de los asaltos a las aljamas castellanas, pero no puede olvidarse en su desarrollo un claro matiz social. Campesinos y pueblo menudo se unieron en muchos casos para atacar a las aljamas. Sus gritos contra los judíos fueron acompañados de ataques contra los ricos, cuyas casas intentaron quemar en algunos lugares. El asalto al barrio barcelonés se produjo al grito de «mueran todos y vivan el rey y el pueblo». Los cronistas de la ciudad afirman que entre los amotinados se repetía constantemente: «los grandes destruirán a los pequeños». Incluso se ha llegado a insinuar que el asalto al call barcelonés fue facilitado por los consellers de Barcelona al retirar un grupo armado que lo protegía, para evitar que las iras populares se dirigieran contra ellos. Numerosos judíos emigraron y otros fueron obligados a convertirse.

Un año más tarde y ante la angustiosa situación de Cerdeña, donde los rebeldes dominaban casi toda la isla, Juan I preparó una expedición contra la isla, pero la campaña no llegó a realizarse y las naves serían utilizadas para la pacificación de la isla en 1394, a petición de Martín el Humano. Los motivos del desinterés de Juan I por los asuntos sardos serían hechos públicos en 1396 cuando a petición de las ciudades el nuevo monarca, Martín, inicie un proceso contra los consejeros de Juan I, que serían acusados de recibir dinero de los rebeldes y de arrendar los impuestos destinados a la campaña al mercader y prestamista Luqui Scarampo, quien daba fuertes comisiones a los consejeros.

El malestar ciudadano ante el mal gobierno del monarca y de sus consejeros se hizo público en 1396 al pedir el monarca a la ciudad de Barcelona que contribuyera económicamente a la instalación en los dominios aragoneses del Papa Benedicto XIII, cuya situación en Francia era insostenible. La ciudad se negó a atender esta petición a la que respondió con el envío de una embajada para pedir al monarca que arreglara los asuntos de su Casa, perturbados por los malos consejeros. Poco después la ciudad de Valencia elevaría al rey un memorial sobre el mismo tema; en él acusaba a los consejeros de enriquecerse a costa de los súbditos y de explotar las necesidades económicas del rey obligándole a venderles una serie de castillos situados en zona fronteriza, a pesar de lo cual el monarca se ha liaba tan escaso de recursos que «los mercaderes y otros que van fuera de vuestros reinos hacen escarnio de vos diciendo que el rey de Aragón no tiene qué comer».

La situación de estos consejeros se agravó cuando Barcelona comunicó al rey que el prestamista Luqui Scarampo, muy vinculado a los consejeros, reclutaba mercenarios en Francia para invadir el reino. Juan I reaccionó enviando a sus consejeros a Barcelona para castigar a quienes los habían denunciado, lo que puede hacer pensar que el rey se hallaba en connivencia con Scarampo, al que pocos días más tarde reconoció una deuda de 6800 florines. A la vista de estos datos adquiere mayor consistencia el rumor de que la invasión del conde de Armagnac en 1388 había sido preparada por el rey y sus consejeros como medio de obtener la ayuda económica de las Cortes.

Mientras se realizaban del modo que hemos dicho las primeras investigaciones sobre la veracidad de la acusación hecha contra los consejeros, murió el monarca, y sus fieles fueron procesados y juzgados por un tribunal de ciudadanos de Barcelona, Valencia, Tortosa, Zaragoza (dos de cada ciudad), Mallorca, Perpiñán, Lérida, Gerona y Tortosa. Las acusaciones fueron las ya indicadas, a las que se añadió la de aconsejar al rey la aceptación de préstamos usurarios que sólo a los consejeros beneficiaban, la de haber gastado el dinero recaudado para la coronación del monarca (que nunca pudo coronarse por falta de dinero), la de actuar contra los fueros del reino, la de haber sido responsables indirectos de la muerte del monarca al obligarle a cazar (Juan I, llamado el Cazador y también el Músico, murió durante una cacería) constantemente para que no se ocupara de los asuntos de gobierno, y la de haber intentado alejar del trono al infante Martín, hermano del rey, para nombrar heredero al conde de Foix, casado con una hija de Juan I.

Esta última acusación era la más grave, por cuanto el juicio tenía lugar después de que Martín fuera aceptado como rey; pero o era infundada o la fuerza de los consejeros resultaba excesiva: en 1397 la mayoría de los consejeros estaban en libertad y en 1398 todos fueron absueltos y muchos se incorporaron al Consejo de Martín I. Sin negar la veracidad de algunas de las acusaciones hechas contra los consejeros, Martín de Riquer supone que el odio de las oligarquías ciudadanas se debía fundamentalmente a que dirigían al rey hacia un gobierno personalista prescindiendo de las «instituciones de la tierra», de los fueros que coartaban la libertad y el poder del monarca. Este apoyo al poder monárquico explicaría la suavidad de las penas dictadas contra ellos y su reincorporación al Consejo de Martín I.

Aunque el reinado de Juan I está aún por estudiar y desconocemos la verdadera orientación de los consejeros del monarca, de aceptarse la idea de Martín de Riquer habría que relacionarla con el proyecto de dividir al estamento nobiliario en dos grupos representados en Cortes. De haber prosperado este plan habría servido para afianzar el poder monárquico con el apoyo de la segunda nobleza. Pero ni el rey ni sus consejeros se hallaban en condiciones de hacer frente a las Cortes y éstas no fueron convocadas.

La política de Martín I

Martín I fue designado rey a la muerte de su hermano. Con la ayuda de las ciudades, que confiaban en recuperar el ascendiente perdido, logró rechazar la invasión del conde de Foix, aspirante al trono aragonés por su matrimonio con una hija de Juan I. La política del nuevo monarca estuvo supeditada a dos problemas exteriores y uno interior: poner fin al cisma con una solución favorable a Benedicto XIII, afianzar la posición aragonesa en el reino siciliano y en Cerdeña, y recuperar el patrimonio enajenado por sus antecesores.

Al ser proclamado rey, Martín I se hallaba en Sicilia y antes de volver a Barcelona se dirigió a Aviñón. Al ser atacado por los regentes franceses (1398), Benedicto XIII hallaría el apoyo de Martín I, que envió una escuadra en su ayuda; en los dominios aragoneses tendría acogida el Papa al verse obligado a abandonar la sede pontificia. Sicilia fue pacificada por Martín el Humano; su hijo, Martín el Joven, logró una importante victoria sobre los sardos en San Luri (1409), pero poco después moría el heredero de la Corona y la rebelión sarda se iniciaba de nuevo.

Preocupado por los problemas mediterráneos y religiosos, Martín el Humano (Martín el Eclesiástico lo llamaron los súbditos) autorizó a las ciudades de Valencia y Mallorca a llevar a cabo una campaña contra el norte de África para castigar a los piratas berberiscos, cuya audacia había llegado hasta saquear Torreblanca en el reino de Valencia y robar las sagradas formas guardadas en la iglesia. Benedicto XIII dio a esta campaña (1397) el carácter de cruzada; el rey hizo caballeros a los ciudadanos y burgueses que se enrolaron en la flota. La expedición fue un semifracaso. Una segunda cruzada (1399) dirigida contra Bona fue derrotada por norteafricanos y genoveses.

El fracaso en las campañas mediterráneas es, sin duda, consecuencia del desinterés de los grandes mercaderes catalanes por el comercio y explica la aparición masiva en el Mediterráneo de marinos (transportistas y corsarios) procedentes del Atlántico, principalmente castellanos y portugueses. Aunque la presencia de naves castellanas es anterior (baste recordar los ataques de Pedro I al puerto de Barcelona durante la guerra de los Dos Pedros), se ha señalado la fecha de 1382 como significativa porque en este año una flota castellana intervino en Nápoles en favor del candidato apoyado por el Papa de Aviñón en la guerra civil que dividía a los napolitanos.

Martín I utilizaría en repetidas ocasiones y sufriría en otras la fuerza de estos nuevos señores del Mediterráneo, quienes con el pretexto de perseguir a los corsarios y piratas y defender el comercio castellano atacaban por igual a todas las naves que hallaban a su paso. Para poner fin a las actividades piráticas, Castilla armó una flota en 1401 y la puso bajo la dirección de Iñigo López de Mendoza, quien en 1402 recorrió el Mediterráneo atacando a los berberiscos y también a las naves catalanas, italianas y castellanas sin hacer diferencias ni de nacionalidad ni entre mercaderes y piratas.

Tres años más tarde, Enrique III armaría nuevas flotas contra los corsarios ingleses en el Canal de la Mancha y contra los piratas y corsarios del Mediterráneo. Las naves castellanas fueron dirigidas por Pero Niño, cuya actuación conocemos por el relato de su alférez Gutierre Diez de Games, autor de El Victorial, crónica de don Pero Niño, conde de Buelna, y por numerosos documentos conservados en los archivos catalanes. A través de estas noticias conocemos las dificultades en que se desenvolvía el comercio mediterráneo y los problemas que tenía la Corona para mantenerse en Cerdeña, donde en 1405 sólo controlaba los lugares de Longosardo, Alghero y Cagliari, a los que abastecían y defendían por mar corsarios castellanos y catalanes al servicio del rey de Aragón.

En el interior de sus dominios Martín I intentó, sin éxito, proteger a los judíos y reintegrar a los campesinos a la jurisdicción real, y fracasó en la represión de las banderías que asolaban sus dominios. En Barcelona se enfrentaban las familias Guix y Ametller, en Vic Nyerros y Cadells, en Aragón luchaban por el poder Lunas y Urreas, en Valencia Centelles y Villaraguts... Si el rey careció de fuerza para reprimir estas banderías, desplegó en cambio una extraordinaria actividad para recuperar los bienes del patrimonio real enajenados por sus antecesores Pedro el Ceremonioso y Juan I.

La enajenación de tierras, castillos, rentas y jurisdicciones perjudicaba a las ciudades sobre las que recaían continuamente nuevos impuestos. Fueron las ciudades las que, al iniciar el proceso contra los consejeros de Juan I, comenzaron la labor de saneamiento de la Hacienda real. Aunque muchos de los colaboradores del rey fueron perdonados, los responsables directos de las malversaciones fueron obligados a pagar. Tanto Luqui Scarampo como sus socios tuvieron que aceptar una reducción considerable de las deudas contraídas por el monarca.

Martín I siguió las orientaciones de las ciudades y adoptó medidas para evitar en el futuro las enajenaciones de los bienes reales. En el juramento de su coronación se comprometió a mantener la unidad de sus dominios y a no vender ni empeñar los bienes del patrimonio ni siquiera en caso de extrema necesidad. La promesa no fue mantenida íntegramente y el rey enajenó numerosas posesiones para financiar las campañas sardas, pero al mismo tiempo buscó la reintegración de los derechos jurisdiccionales y de los bienes cedidos por sus antecesores. Para ello mandó completar un inventario iniciado en época de Juan I.

La recuperación de las tierras y castillos cedidos ofrecía numerosas dificultades económicas y apenas pudo ser realizada: el monarca no disponía de dinero para comprar nuevamente estos bienes. Pero recuperar las jurisdicciones cedidas era más fácil: los primeros interesados en volver a la jurisdicción real eran los habitantes de los lugares y villas enajenados y ellos serían quienes corrieran con los gastos. Para reunir el dinero necesario los municipios fueron autorizados a repartir tallas entre los vecinos, a crear nuevos impuestos, a contratar préstamos... En ocasiones las ciudades importantes de cada comarca avalaron a los pequeños municipios ante los prestamistas que adelantaron el dinero. En Aragón y Valencia las Cortes prestaron al monarca diversas cantidades para la redención del patrimonio y nombraron comisiones para llevarla a cabo.

Las poblaciones que volvían a la jurisdicción real adelantaban el dinero y el monarca se comprometía a devolverlo mediante la cesión a cada municipio de una parte de los ingresos que le correspondieran al recuperar los derechos o mediante la concesión de peajes, portazgos, exención de contribuciones ordinarias y extraordinarias durante algún tiempo... A estos privilegios de carácter económico se unieron otros, como la promesa de mantener perpetuamente unidos a la Corona los derechos recuperados. Muchos municipios exigieron incorporarse a las grandes ciudades, convertirse en carrers (calles) de éstas, que así serían sus protectoras frente al propio rey si intentaba enajenar de nuevo sus derechos. En otras ocasiones se concedió a los lugares el derecho de nombrar a sus propias autoridades (los prohombres designarían a 3 personas entre las que el monarca elegiría al batlle) o se reformó el régimen municipal...

La puesta en marcha del proyecto exigía reformas importantes. De una parte era preciso nombrar representantes del monarca que controlasen las operaciones (comisarios y jueces bajo la dirección del batlle general); de otro lado, para facilitar y hacer posible la recaudación del dinero, se necesitaba promover las reuniones de los afectados, autorizar la celebración de asambleas generales de cada municipio, únicas que podían acordar la creación de nuevos impuestos y designar representantes (síndicos) que actuaren en nombre de la comunidad y negociasen con los hombres del rey las condiciones de la redención. El derecho de reunión, cuando y donde quisieran, fue concedido en 1397 a los habitantes de los lugares que hubieran pertenecido al patrimonio real.

Aunque en muchos lugares la redención fue bien acogida, en otros el temor a los grandes gastos que de ella derivaban (la población se endeudaba para varios años y tenía que aumentar la cuantía de los impuestos) o el miedo a la reacción señorial retrajo a numerosas personas que fueron obligadas, bajo la amenaza de las tropas reales, a reunirse y aprobar el sindicato constituido. Los campesinos de remensa fueron los más recalcitrantes: sobre ellos recaían los derechos reales usurpados o adquiridos por los señores y también los derechos (malos usos) que como señor privado tenía el dueño de la tierra. Martín I ofrecía la redención de los primeros a un precio que los campesinos consideraban excesivo y dejaba intactos los segundos, que anulaban las concesiones de carácter administrativo o económico hechas por el rey a los municipios recuperados. Éstas sólo beneficiaban a los hombres libres, no a los vinculados a la tierra.

No es por tanto extraño que gran número de remensas se opusieran a la redención e hicieran causa común, aunque por distintos motivos, con sus señores que habían comprado a bajo precio, en momentos de necesidad de la monarquía, los derechos reales y se veían obligados a revenderlos al precio inicial. Pero no todo fue negativo para los remensas. A través de las asambleas y sindicatos adquirieron conciencia de su situación y de su fuerza, entraron en contacto con los juristas —que serían sus máximos valedores en el siglo XV— y llegaron al convencimiento de que el sistema empleado para la recuperación del patrimonio real (creación de sindicatos y oferta de dinero al rey) podría servir igualmente para liberarse de los malos usos y de la autoridad señorial. En adelante, los. remensas exigirán el derecho de reunión e intentarán ganarse la voluntad del rey mediante ofertas de dinero.

El Compromiso de Caspe

La muerte de Martín el Joven en 1409 sin hijos legítimos de sus matrimonios con María de Sicilia y con Blanca de Navarra planteó el problema de la sucesión en la Corona. Al rey se le ofrecían dos posibilidades: contraer nuevo matrimonio y nombrar heredero al hijo que naciera, o designar jurídicamente a la persona capaz de sucederle. Martín I intentó ambas soluciones, pero sin éxito. El nuevo matrimonio no tuvo descendencia, y los juristas consultados no quisieron o no pudieron responder a las preguntas hechas por el monarca sobre si él, Martín, podía designar libremente al sucesor y, en caso afirmativo, sobre si podía nombrar a Fadrique, hijo ilegítimo de Martín el Joven. En el caso de que la respuesta a ambas preguntas fuera negativa y hubiera que elegir a un descendiente legítimo de los reyes aragoneses, Martín I quería saber si el parentesco se limitaba a su propia persona o debía remontarse a sus antecesores. Ante esta consulta, los letrados sólo estuvieron de acuerdo en rechazar la candidatura de Fadrique, contra el que alegaban la ilegitimidad de su nacimiento.

Fracasados ambos intentos de hallar una solución, se le ofrecía al monarca la posibilidad de encumbrar a alguno de sus parientes, de situarlo de tal forma que, llegado el momento, fuera aceptado espontáneamente. En este sentido quizás pueda interpretarse el nombramiento de Jaime de Urgel como lugarteniente de todos los reinos. Si el éxito hubiera acompañado al conde en sus gestiones, probablemente habría sido proclamado rey a la muerte de Martín. Pero ni éste abandonó nunca la idea de hacer elegir a su nieto —previa legitimación por el pontífice— ni el conde supo imponerse a los bandos y grupos de los reinos. En 1410 tenía frente a sí a los Urrea aragoneses, a los ciudadanos influyentes de Barcelona, a parte de la alta y baja nobleza catalana, dirigida por el conde de Pallars, y a los Centelles de Valencia. Su candidatura no tenía unanimidad en ninguno de los reinos peninsulares de la Corona.

Rechazada la candidatura «natural» de Jaime de Urgel por una parte de la población, e insuficientemente defendida por sus partidarios, la elección del nuevo rey tendría que hacerse mediante un acuerdo dé las Cortes de Cataluña, Aragón y Valencia. Pero ni siquiera esta solución fue viable. Sólo las Cortes catalanas se reunieron; en Aragón y en Valencia las banderías desembocaron en la formación de parlamentos irreconciliables. El interregno se prolongaría durante dos años. Sólo en 1412 una comisión de nueve personas procedería en Caspe a la elección del regente castellano Fernando de Antequera.

La decisión de los compromisarios reunidos en Caspe ha sido enjuiciada de modos muy distintos por los historiadores. La mayoría ha insistido en un análisis de tipo jurídico y se ha limitado a «probar», en realidad a defender, los derechos que «su» candidato tenía y a disminuir la importancia de los derechos alegados por los demás. Los historiadores en este caso se han considerado no intérpretes, sino protagonistas de la historia. Este protagonismo, lejos de aclarar el problema ha contribuido a complicarlo Con razón, ha podido decir Soldevila (y sus palabras pueden ser atribuidas a quienes combaten su teoría) que «este trascendental acontecimiento es uno de aquellos hechos cuyo verdadero carácter, aunque sea aclarado con luz meridiana y con pruebas incontrovertibles, no llegará a imponerse totalmente, porque nunca faltará quien surja desplegando cortinas de humo que enturbien su claridad y tergiversen las pruebas para convertirlas en ineficaces y contrapuestas».

A pesar de estas afirmaciones, es posible lograr alguna luz en el problema si se amplía el estudio a aspectos no jurídicos y si se prescinde del punto de partida adoptado por los historiadores castellanos y catalanes al enjuiciar el Compromiso. Unos y otros consideran que la subida al trono del castellano Fernando de Antequera señala el comienzo de la unidad «española» realizada desde y en favor de Castilla. Los catalanes, nostálgicos de la época en que Cataluña era una potencia económica y militar y deseosos de que el país recupere su autonomía e importancia, hacen responsables del declive nacional catalán a los compromisarios y a cuanto rodeó las decisiones de Caspe. Los castellanos, en cambio, consideran que lo mejor para España era la unión de la Corona y de Castilla y se creen en el deber de apoyar y justificar la actuación de cuantos posibilitaron el nombramiento del castellano Fernando de Antequera.

En definitiva, se analiza el Compromiso no en sí mismo sino a través de las consecuencias que cada uno imagina que derivaron de él. En lugar de estudiar la situación política, económica, social y jurídica de la Corona de Aragón y de Castilla en los años anteriores a Caspe, para tratar de ver las posibles razones de la elección del infante castellano y del fracaso de sus oponentes, se ha iniciado el estudio del Compromiso por las consecuencias imaginadas y, a partir de ellas, se ha procedido a analizar los hechos anteriores a la decisión del 28 de junio de 1412, dedicando especial atención a los aspectos jurídicos, que son, a mi modo de ver, los que menos peso tuvieron en la elección.

Los candidatos al trono eran Luis de Anjou, Fadrique de Luna, Fernando de Antequera, Jaime de Urgel y Alfonso de Gandía, cuyo parentesco con los reyes aragoneses y con Martín el Humano puede verse en el siguiente cuadro:

Jaime II

Alfonso el Benigno Pedro de Ribagorza

Pedro el Ceremonioso Jaime de Urgel Alfonso de Gandía

Juan I Martín I Leonor Pedro Alfonso

Violante Martín Fernando Jaime

Luis Fadrique

A la vista del cuadro podemos entender por qué Martín I preguntaba a los juristas si el parentesco de los candidatos debía referirse a él o a sus antecesores; el grado de parentesco varía considerablemente según el punto de referencia que se tome. Pero no es este el problema jurídico más debatido por los historiadores. Las discusiones se han centrado sobre la posibilidad de las mujeres de la dinastía de transmitir sus derechos. Si se responde afirmativamente, Fernando de Antequera y Luis de Anjou son candidatos «convenientes»; si la respuesta es negativa sólo Jaime de Urgel y Alfonso de Gandía habrían reunido las condiciones exigibles «jurídicamente». Fadrique quedaba excluido por la ilegitimidad de su nacimiento, según el acuerdo de los juristas consultados por Martín I, a pesar de lo cual Fadrique mantuvo su candidatura hasta el último momento.

Para responder con un mínimo de objetividad a esta pregunta de carácter jurídico, habría que tener en cuenta el derecho aragonés y el catalán, las decisiones testamentarias de los reyes anteriores, su trascendencia en la práctica y el nuevo derecho romano. Después de los numerosos estudios dedicados al tema, puede afirmarse que las candidaturas de Fernando y de Luis de Anjou eran legales de acuerdo con el derecho aragonés y, posiblemente, de acuerdo con el testamento de Jaime I, que sabemos fue utilizado por los compromisarios de Caspe. El problema, si se mira sólo desde el punto de vista legal, era poco menos que insoluble: todos, incluido Fadrique, tenían derecho. Si los juristas no habían sabido responder a quién, si a Martín el Humano o a sus antecesores, tenía que referirse el parentesco, menos podrían ponerse de acuerdo después de la muerte del rey, cuando los problemas legales se hallaban complicados por intereses de otro tipo.

En el momento de la muerte de Martín I, los únicos candidatos con posibilidades reales eran los que contaban con apoyos en el interior: Jaime de Urgel y Luis de Anjou. El primero tenía a su lado a los Luna de Aragón, a los Vilaragut de Valencia y a una gran parte de la alta y baja nobleza catalana. Luis de Anjou, apoyado por su abuela Violante de Bar y por los antiguos consejeros de Juan I, cuenta a su favor con los Urrea aragoneses y con los Centelles valencianos, a los que se unen algunos nobles catalanes enemistados con Jaime de Urgel y una parte de la burguesía catalana.

Sin duda, el candidato más firme parecía Jaime de Urgel, el único que se había dado a conocer en época anterior por el desempeño de cargos públicos y al que muchos consideraban, ya en vida de Martín I, como sucesor. Pero en su actuación pública, Jaime de Urgel había tomado partido en las luchas que enfrentaban a distintos nobles, y sus enemigos no podían aceptar, al menos no sin ofrecer alguna resistencia que posibilitara la negociación, el nombramiento del conde de Urgel o, lo que era lo mismo, el triunfo de sus rivales. Para ello nada mejor que apoyar la candidatura de Luis de Anjou, que permitiría ganar tiempo al obligar a las Cortes a decidir.

Actualmente, puede afirmarse que el apoyo a Luis de Anjou no se basó en razones de tipo legal, sino en la necesidad de oponerse a los urgelistas. La mejor prueba se halla en el abandono de la primera candidatura en cuanto apareció otra que ofrecía mayores posibilidades de defensa de los intereses de los grupos opuestos a Jaime de Urgel. El 1 de junio de 1411 fue asesinado por los Luna el arzobispo de Zaragoza, jefe de los angevinos aragoneses, y sus partidarios pidieron ayuda militar contra los urgelistas; al no recibirla de Luis de Anjou, de Francia, apoyaron al regente castellano, cuyas tropas dieron el triunfo en Aragón a los Urreas. En adelante, sólo contarán Jaime de Urgel y Fernando de Antequera.

La intervención del regente castellano, que en principio era uno más, y de los menos calificados aspirantes al trono (Martín I murió el 31 de mayo de 1410 y hasta el 30 de septiembre de este año no intentó Fernando defender sus derechos) modificó completamente la situación. Aparte de sus riquezas personales, Fernando —como regente de Castilla— disponía de un ejército preparado para la guerra granadina y contaba además con el apoyo del pontífice Benedicto XIII —lo que le valdría la adhesión de algunos eclesiásticos—, quien autorizó a invertir el dinero otorgado por las Cortes de Castilla para la guerra contra los musulmanes en defender la candidatura de Fernando.

Las tropas castellanas dominaron rápidamente la mayor parte de Aragón. Protegido por ellas, se reunió el parlamento aragonés (con sólo sus partidarios) en Alcañiz. Siguiendo las recomendaciones de Benedicto XIII, los parlamentarios acordaron confiar la elección del nuevo rey a un grupo reducido de personas, nueve en total, divididas en grupos de tres. El nuevo rey debería obtener como mínimo seis votos y, al menos, uno de cada grupo.

El parlamento catalán reunido en Tortosa aceptó la proposición aragonesa, pero mientras los aragoneses confiaron la elección de los nueve al Gobernador y al Justicia de Aragón, los catalanes elegieron veinticuatro personas para que éstas, a su vez, nombraran a los nueve compromisarios. Esta diferencia en el proceso de elección fue el resultado de la división existente en Cataluña y de la unidad impuesta por Fernando en Aragón. Mientras los aragoneses designaron rápidamente a los nueve, los parlamentarios catalanes fueron incapaces de llegar a un acuerdo y, en definitiva, tuvieron que aceptar íntegramente la propuesta de Alcañiz, que amenazó con actuar por su propia cuenta.

Desde este momento podía afirmarse que el único rey posible era Fernando de Antequera, pues no es imaginable que un parlamento reunido bajo la protección de las armas castellanas eligiera compromisarios que pusieran en peligro la candidatura del pretendiente castellano. Mientras se intentaba llegar a un acuerdo entre catalanes y aragoneses para la designación de los nueve, las tropas castellanas penetraban en Valencia y conseguían que el parlamento, reunido tras la derrota de los urgelistas, aceptara a los nueve compromisarios.

Éstos fueron los valencianos Vicente Ferrer, su hermano Bonifacio (ambos eclesiásticos y hombres de Benedicto XIII) y el jurista Gener Rabaca, los aragoneses Domingo Ram, obispo de Huesca, Francisco Aranda (hombre de confianza del pontífice) y el jurista Berenguer de Bardají, y los catalanes Bernardo de Gualbes, representante de la burguesía barcelonesa que aceptó a Fernando desde el momento en que la candidatura de Luis de Anjou perdió posibilidades, el jurista Guillem de Vallesca y el arzobispo de Tarragona, Pedro de Sagarriga. Rabaça, declarado loco, fue sustituido por Pedro Bertrán, que se abstuvo de votar alegando haberse incorporado tardíamente y no tener formada opinión.

Fernando obtuvo los votos de los tres aragoneses, de los hermanos Ferrer y del catalán Gualbes. Sagarriga se inclinó hacia el duque de Gandía o Jaime de Urgel, a los que consideraba que en conciencia y según justicia debía votar, «aunque creía que dicho señor el infante Fernando es, por muchas razones, más útil que cualquiera otro competidor para regir este reino». Con su declaración, y dejando a salvo su conciencia, el arzobispo tarraconense reconocía que no se trataba de nombrar un rey «legal» sino útil y éste, en 1412, sólo podía ser Fernando de Antequera, hacia el que se habían inclinado los catalanes enemigos del conde de Urgel cuando vieron que ni Luis de Anjou ni Fadrique de Luna tenían posibilidades.

El triunfo de Fernando se debió en primer lugar a la división existente en los reinos de la Corona (de haberse elegido rey inmediatamente después de la muerte de Martín, la candidatura de Fernando ni siquiera habría sido considerada). En segundo lugar, al poder de que disponía a título personal y como regente de Castilla, y al apoyo de Benedicto XIII, que si hasta 1411 había tomado partido por Fadrique de Luna, se volcó en apoyo del castellano desde el momento en que su candidatura contó con partidarios en el interior.

Convencido de sus derechos pontificios y amenazado por el concilio, el pontífice necesitaba afianzar su posición, contar al menos con la obediencia de toda la Península. En 1411 sólo contaba con la adhesión firme de Castilla y de Navarra. En la Corona de Aragón era aceptado, pero el número de los disidentes aumentaba día tras día; tanto Luis de Anjou como Jaime de Urgel eran contrarios al Papa Luna. Por esta razón, el pontífice apoyó en principio a Fadrique al que, de acuerdo con Martín I, legitimó y, al perder fuerza esta candidatura, se inclinó hacia Fernando.

El apoyo al castellano es visible no sólo en la autorización para destinar a la campaña el dinero de la cruzada granadina, sino también en la sugerencia de que la elección fuera confiada a un reducido número de personas entre las cuales los hermanos Ferrer, Francisco Aranda y Domingo Ram eran incondicionales de Benedicto XIII. La situación interior de Castilla favoreció también al infante: la nobleza y la reina Catalina de Lancaster confiaban en que Fernando renunciaría a la regencia si salía elegido y apoyaron su candidatura a pesar de que, legalmente, tuviera mayores derechos el rey castellano Juan II.

Tal como se desarrollaron los acontecimientos, sólo Cataluña tuvo en sus manos la posibilidad de rechazar a Fernando. Para ello habría bastado que el Parlamento catalán se hubiese negado a aceptar a los compromisarios propuestos. También hubieran podido los catalanes elegir a Jaime de Urgel inmediatamente después de la muerte de Martin I e imponerlo después en Aragón y Valencia con ayuda de los urgelistas de estos reinos. Creyéndolo así, los historiadores hablan de claudicación de Cataluña, quienes piensan que debería haber sido elegido un catalán, y de madurez política de los catalanes, quienes piensan que hicieron bien al permitir la elección de Fernando de Antequera.

Unos y otros no tienen en cuenta la división existente en Cataluña. Si el país catalán hubiese estado unido como en la época de esplendor, habría podido tomar por sí solo una decisión e imponerla a aragoneses y valencianos. Pero la crisis del siglo XIV había roto la cohesión de los catalanes y, lo que es más importante, había disminuido el peso de Cataluña en el conjunto de los Estados de la Corona. Los catalanes no estaban en condiciones de tomar una decisión y mucho menos de imponerla a Aragón y Valencia. Si no se eligió a Jaime de Urgel en 1410 fue porque una parte importante de los catalanes no quiso aceptarlo debido a que sus intereses personales o de grupo eran opuestos a los defendidos por los partidarios del conde, y para ellos sus intereses eran más importantes que el hecho de que el nuevo rey fuera o no catalán.

Cataluña desunida nada podía hacer contra el parlamento aragonés unificado por Fernando de Antequera. Aunque al recibirse la propuesta aragonesa los delegados catalanes intentaron modificarla, se hallaban tan divididos que presentaron seis opciones distintas: tres de los urgelistas, dos de los antequeristas y una de los angevinos. Cataluña, por tanto, ni claudicó ni demostró una gran madurez política; simplemente, no existió como unidad. Los catalanes aceptaron a Fernando, unos porque consideraban que sus intereses estarían mejor defendidos por el castellano que por el conde de Urgel, y otros porque la elección de Jaime provocaría una guerra civil en la que no estaban interesados o porque podía dar lugar a la separación de los Estados de la Corona.

El nuevo rey sabía que el apoyo a su causa no había sido unánime; al mismo tiempo que premiaba a sus fieles, intentaría atraerse a los antiguos enemigos haciendo concesiones a nobles, eclesiásticos y ciudadanos. Las barreras comerciales entre Castilla y Aragón desaparecieron; diversos impuestos fueron perdonados a los mercaderes. Es de suponer que la industria catalana hallaría un mercado para sus productos en Castilla, lo que explicaría el apoyo burgués a la candidatura de Fernando. Nobles y eclesiásticos lograron que el rey, en las Cortes celebradas en 1413, se pronunciara contra los remensas y apoyaron a Fernando cuando Jaime de Urgel se sublevó contra el rey (1413).

Fernando, rey de Aragón y regente de Castilla

La nobleza castellana había apoyado al regente en sus aspiraciones al trono de Aragón confiando en que al ser nombrado abandonaría la regencia y el poder volvería a manos de los nobles. Sus esperanzas fueron defraudadas. Fernando había dedicado su vida al engrandecimiento de su casa y no podía renunciar a los beneficios que le proporcionaba la regencia castellana. Sus hijos eran demasiado pequeños para dirigir Castilla y los bienes del monarca aragonés no eran suficientes para dotar convenientemente a los infantes, conocidos en la historia castellana como los infantes de Aragón.

Fernando no renunció a la regencia de Castilla y la utilizó para preparar el porvenir de sus hijos de tal forma que controlaran todos los reinos peninsulares: el mayor, Alfonso, le sucedería en Aragón; el segundo, Juan, sería rey de Navarra por su matrimonio con Blanca; ambos apoyarían a Enrique, maestre de Santiago, para que gobernara Castilla como jefe de la nobleza; Sancho sería maestre de Alcántara; la posición familiar se reforzaba mediante el matrimonio del primogénito Alfonso con María, hermana de Juan II de Castilla. Las dos hijas de Fernando, María y Leonor, serían casadas con el monarca castellano la primera y con el heredero portugués la segunda. Sólo el hijo menor, Pedro, carecía de destino esperando quizás que vacara el maestrazgo de alguna orden militar.

Los perjuicios causados a Castilla por la actitud del regente fueron numerosos. Ocupado Fernando por los asuntos aragoneses, se suspendieron las campañas contra los musulmanes, que dejaron de pagar las parias. Para atraer a los nuevos súbditos, el regente castellano permitió la exportación de oro, plata y ganado castellano, y, en momentos de escasez, autorizó a comprar trigo andaluz, con lo que subieron considerablemente los precios en Andalucía y se produjo una gran mortandad en 1412-1413.

Por otra parte, el dinero castellano era gastado en Aragón: a los subsidios otorgados por las Cortes en 1411 se unieron las rentas de. las posesiones del infante en Castilla, que fueron empleadas para atraerse a los antiguos enemigos y premiar a los partidarios de Fernando. Los soldados castellanos que intervinieron al lado de Fernando para combatir al conde de Urgel fueron pagados por Castilla y en Aragón se gastaba el dinero de los impuestos eclesiásticos puesto que en Aragón residía el pontífice.

De otro lado, Castilla estaba mal gobernada porque al reservarse Fernando la solución de los asuntos importantes obligaba a desplazarse a los castellanos con las molestias y retrasos consiguientes. Las ventajas logradas por Castilla compensaban quizás estos inconvenientes: paz interior e internacional, aumento de las relaciones comerciales con los reinos de la Península, afianzamiento de la presencia castellana en el Mediterráneo... Como rey de Aragón, Fernando tuvo que hacer frente a la sublevación de Jaime de Urgel, cuyos bienes fueron confiscados y él mantenido en prisiones castellanas hasta su muerte. En los breves años de su reinado, impulsó considerablemente los asuntos mediterráneos: firmó la paz con Génova, pacificó Cerdeña y Sicilia, restableció las relaciones comerciales con Egipto y el norte de África e intentó introducir a la dinastía en Nápoles al proyectar el matrimonio de su segundo hijo, Juan, con la reina napolitana. El problema del cisma halló una solución definitiva durante su reinado. La alianza y amistad con Benedicto XIII fueron mantenidas, pero las posibilidades del Papa Luna disminuían continuamente y desaparecieron de modo definitivo al iniciarse el concilio de Constanza, presidido por el emperador alemán Segismundo, en el que participaron representantes de todos los reinos europeos. El concilio exigió la abdicación de los tres papas existentes; al negarse a ello Benedicto XIII, fue depuesto. Fernando procuró defender los derechos del pontífice, pero nada pudo hacer. En 1416 Aragón negaba obediencia al que en adelante sería el Papa de Peñíscola. Castilla mantuvo la obediencia al pontífice hasta 1417.

En el interior del reino, Fernando, que había logrado imponerse a la nobleza y a las Cortes castellanas, tuvo que claudicar ante los grupos dirigentes de Cataluña. Cuando su poder no se hallaba suficientemente afianzado y coincidiendo con la sublevación del conde de Urgel, las Cortes catalanas (1412-1413) presentaron sus reivindicaciones. La Iglesia y el patriciado urbano exigieron que se suprimiera la disposición de Juan I por la que se creaba un nuevo estamento en las Cortes, el de los caballeros, distinto al de los barones. Los Trastámara aragoneses no podrían seguir los pasos de los castellanos y apoyarse en la. segunda nobleza para reforzar el poder monárquico.

Las Cortes exigieron igualmente el reconocimiento de que todo acuerdo tomado sin su consentimiento sería nulo y transformaron la Diputación del General de Cataluña en un organismo político. En adelante no se limitaría a fiscalizar los subsidios otorgados al rey sino que intervendría en el gobierno del Principado. En estas mismas Cortes fueron aprobadas diversas medidas contra los payeses de remensa.

Dominada la sublevación del conde de Urgel, el monarca se hallaba en mejores condiciones para hacer frente a las exigencias de las Cortes, que no pudieron obtener la ampliación de sus privilegios. La prematura muerte del monarca (1416) le impediría, sin embargo, controlar las Cortes y revocar las disposiciones tomadas en 1412-1413.

En Aragón, el rey confirmó los fueros (1412) y ordenó abrir una investigación sobre el asesinato del arzobispo de Zaragoza. A pesar de algunas resistencias logró que durante algunos años los aragoneses renunciaran a sus privilegios para permitir que el monarca y sus oficiales restablecieran el orden.

Los inicios de la expansión portuguesa

A la muerte de Fernando I sin herederos varones y en virtud de los acuerdos firmados con Castilla, el trono portugués pasó a Beatriz, prometida en matrimonio al monarca castellano y sometida a la tutela de Leonor Téllez. La política pronobiliaria y filocastellana (filofrancesa por tanto) de la regente perjudicaba a los mercaderes de Oporto y de Lisboa, para quienes la alianza con Castilla significaba la pérdida de los privilegios alcanzados en Inglaterra. La actuación de Leonor no satisfacía tampoco a todos los nobles, que veían cómo los puestos más importantes eran reservados a los partidarios de la regente. El nacionalismo, el rechazo de la injerencia castellana serviría para unir a burgueses y nobles disidentes frente a Leonor y contra Juan I de Castilla, cuyos ejércitos fueron derrotados en Aljubarrota (1385) por portugueses e ingleses unidos. El dirigente de los sublevados fue el maestre de Avis, que tomó en principio el título de defensor del reino y que más tarde se proclamaría rey con el nombre de Juan I (1385-1433).

Aun cuando el triunfo del maestre de Avis fuera propiciado por las revueltas burguesas de Oporto y de Lisboa —iniciadas por los artesanos más que por los mercaderes— y en este sentido pueda hablarse de revolución social entre los años 1383-1385, Portugal no se industrializó, sino que mantuvo e incluso acentuó las dos características dominantes en la economía portuguesa: agricultura-pastoreo y comercio a distancia. Partiendo de situaciones aparentemente distintas, Juan I dio al reino una fisonomía similar a la de Castilla después de la victoria Trastámara.

La nobleza tradicional perdió su fuerza pero no desapareció; fue sustituida por una segunda nobleza formada por los partidarios del monarca y por los juristas-consejeros del rey, que se convirtieron en grandes propietarios y en muchos casos procedieron a concentrar sus propiedades y a crear señoríos más completos desde el punto de vista jurídico y más extensos que los de la nobleza clásica. Frente a esta segunda nobleza todopoderosa los reyes utilizarían, y con los mismos resultados, el sistema empleado en toda Europa y en Castilla: la creación de una nobleza de familiares del monarca, capaces de controlar y dirigir a los nobles.

Los intereses de los nobles y los de la burguesía comercial orientaron la política portuguesa a lo largo del siglo XV, que se inicia políticamente con la ocupación de Ceuta en el año 1415. Los objetivos de esta campaña fueron múltiples. De un lado, se trataba de hallar una salida a la belicosidad y a las necesidades de los nobles ofreciéndoles una aventura rentable y a la medida de sus ideales caballeresco-cristianos: la lucha contra los musulmanes. En principio, el monarca pensó atacar Granada, pero la oposición castellana le disuadió de este proyecto y se fijó como destino del ejército la costa norteafricana, en la que fue elegida Ceuta por su importancia estratégica y económica.

Del mismo modo que el resto de Europa, Portugal necesitaba oro para mantener su actividad comercial. Ceuta era uno de los puntos terminales de las rutas saharianas por las que el oro de Tombuctú llegaba al Mediterráneo. La ocupación de una parte de Marruecos habría permitido a los portugueses obtener, además del oro, abundante mano de obra esclava y disponer de trigo, que escaseaba en la Península y abundaba en el norte de África. El botín conseguido en la campaña enfrió los ánimos de reconquista de la nobleza portuguesa, que se limitó a ocupar la ciudad sin profundizar en Marruecos. Los objetivos económicos a largo plazo no fueron alcanzados hasta mucho más tarde. La ciudad fue entregada al infante Enrique el Navegante.

Para mantener e incrementar sus dominios, Enrique necesitaba controlar otras poblaciones en la costa atlántica norteafricana. Bajo su dirección se realizaron a lo largo del siglo numerosas expediciones que culminaron en 1434 en el paso del Cabo Bojador, con el que termina la primera etapa de los descubrimientos portugueses, etapa de tanteo y escasamente rentable pero sin la cual no habrían sido posibles las expediciones posteriores.

Junto a estas expediciones oficiales, organizadas y dirigidas por el rey o por el infante Enrique, los portugueses realizaron muchas otras que les llevarían en la primera mitad del siglo XV a las islas próximas a la costa atlántica norteafricana: Canarias, Madeira y Azores, conocidas desde el siglo xiv, pero apenas exploradas y de ningún modo ocupadas. Sobre las islas Canarias realizaron numerosas expediciones con finalidad económica (obtención de esclavos y colorantes) castellanos, portugueses y catalanes en el siglo XIV. Los últimos renunciaron durante el reinado de Juan I a los viajes canarios, y el archipiélago sería disputado en adelante por los dos reinos atlánticos. En 1402 se produjo la primera ocupación de las islas por obra de marinos normandos y franceses al servicio de Castilla. El infante Enrique intentaría, sin éxito, ocupar la isla de Gran Canaria entre 1424-1434. Dos años más tarde, Castilla lograría del Papa Eugenio IV el reconocimiento de la soberanía castellana sobre las islas, cuyo dominio disputaría Portugal hasta 1480.

El fracaso canario fue compensado con la ocupación de Madeira y las Azores, igualmente ambicionadas por Castilla. En 1419 y 1420 los portugueses ocuparon las islas de Madeira y Porto Santo. En 1427 redescubrieron e iniciaron el asentamiento de pobladores en el archipiélago de las Azores (islas de Sao Jorge, Santa María, Sao Miguel, Terceira, Pico, Faial y Graciosa), Enrique el Navegante recibió ambos archipiélagos en concepto de feudo vitalicio.

BIBLIOGRAFÍA

Son válidas en su mayoría las obras citadas en los capítulos anteriores, a las que pueden añadirse las siguientes:

Arnaut, Salvador Días: A batalla de Trancoso. — Coimbra 1947.

Arnaut, Salvador Días: A crise nacional dos fins do sécalo XIV. — Coimbra 1960.

Arnaut, Salvador Días: Algunas notas sobre a campanha de Aljubarrota. — «Revista Portuguesa de Historia» (Coimbra), X (1962), págs. 467-499.

Baptista, J. C: Portugal e o cisma de Occidente. — «Lusitania Sacra» (Lisboa), I (1956), págs. 65-203.

Boscolo, Alberto: La política italiana di Ferdinando I d'Aragona. — Universitá degli Studi di Cagliari. — Cagliari 1954. — 193 págs.

Carrere, Claude: Barcelone centre économique a l'époque des difficultés, 1380-1462. — Moutonfed. — La Haya-Paris 1967. — 2 vols.

Castro, José Ramón: Carlos III el Noble, rey de Navarra. — Institución Príncipe de Viana. — Pamplona 1967. — 664 págs.

Cortesáo, Jaime: Os descobrimentos portugueses. — Lisboa 1960.

Chaunu, Pierre: L'expansion europeenne du XIIle au XV" siécle. — P.U.F. — París 1969. — 396 págs.

Días, Manuel Nunes: O capitalismo monárquico portugués (1415-1549). — Coimbra 1963-1964.

Dualde, Manuel: La elección de los compromisarios de Caspe. — «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), III (1947-1948), págs. 355-395.

Dualde, Manuel: El compromiso de Caspe. Continuidad y legitimidad en la crisis de una monarquía. — «Arbor» (Madrid), XIX (1948), págs. 177-200 y 377-391.

Dualde, Manuel: La concordia de Alcañiz. — «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XVIII (1948), págs. 259-340.

Ferrer, María Teresa: Els corsaris castellans i la campanya de Pero Niño al Mediterrani (1404). — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), V (1968), págs. 265-338.

Ferrer, María Teresa: El patrimoni reial i la recuperado deis senyorius jurisdiccionals en els Estats catalano-aragoneses a la fi del segle XIV. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), VII (1970-1971), págs. 351-491.

Ferrer, María Teresa: Lluites de bandols a Barcelona en temps del rei Marti l'Humá. — «Estudis d'História Medieval» (Barcelona), I (1969), págs. 77-94.

Godinho, Vitorino Magalháes: A economía dos descobrimentos henriquinos. — Livraria Sá'Da Costa Editora. — Lisboa 1962. — 247 págs.

Goñi, José: Los obispos de Pamplona del siglo XV y los navarros en los concilios de Constanza y Basilea. — «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VII (1962), págs. 358-547.

Goñi, José: Recompensas de Martin V a sus electores españoles. — «Hispania Sacra» (Madrid-Barcelona), XI (1958), págs. 259-297.

Javierre, Aurea: María de Luna, reina de Aragón. — Madrid 1952.

Leite Duarte: Historia dos descobrimentos. — Lisboa 1958-1961.

Mariín, J. L.: El método histórico de Menéndez Pidal y el Compromiso de Caspe. — «Revista de la Universidad de Madrid» (Madrid), XIX (1970), págs. 185-192.

Menéndez Pidal, R.: El Compromiso de Caspe, autodeterminación de un pueblo. — En «Historia de España», XIV (Madrid 1964).

Mitja, Marina: Procés contra els consellers, doméstics i curiáis de Joan I, entre ells Bernat Metge. — «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona» (Barcelona), XXVII (1957-1958), págs. 375-417.

Mitre Fernández, Emilio: Evolución de la nobleza en Castilla bajo Enrique III 1396-1406. — Universidad de Valladolid. — Valladolid 1968. — 223 págs.

Mitre Fernández, Emilio: La extensión del régimen de corregidores en el reinado de Enrique III de Castilla. — Universidad de Valladolid. — Valladolid 1969. — 91 págs.

Mitre Fernández, Emilio: Los judíos y la Corona de Castilla en el tránsito al siglo XV. — «Cuadernos de Historia. Anexos de la revista Hispania» (Madrid), III (1969). págs. 347-368.

Paço, A. do: Aljubarrota. — Lisboa 1958.

Pérez Embid, Florentino: Los descubrimientos en el Atlántico y la rivalidad castellano-portuguesa hasta el tratado de Tordesillas. — Sevilla 1948.

Riquer, Martín de: Obras de Bernat Metge. — Edición crítica, traducción, notas y prólogo por... — Universidad de Barcelona. — Barcelona 1959. — 253 + 382 págs.

Russell, P. E.: Os ingleses em Aljubarrota: um problema resolvido através de documentos dos «Public Record Office», Londres. — «Revista Portuguesa de Historia» (Coimbra), IX (1962), págs. 419-433.

Sobrequés, Santiago: El Compromís de Casp i la noblesa catalana. — Curial, edicions catalanes. — Barcelona 1973. — 230 págs.

Soldevila, Ferran: El compromís de Casp (Resposta al Sr. Menéndez Pidal). — Rafael Dalmau, editor. — Barcelona 1965. — 154 págs.

Suárez Fernández, Luis: Juan I, rey de Castilla (1379-1390). — Publicaciones de la Revista de Occidente. — Madrid 1955. — 176 págs.

Suárez Fernández, Luis: Estudios sobre el régimen monárquico de Enrique III de Castilla. — Madrid 1954.

Suárez Fernández, Luis: Castilla, el cisma y la crisis concitar (1378-1440). — C.S.I.C. — Madrid 1960. — XIV + 460 págs.

Suárez Fernández, Luis: Problemas políticos en la minoridad de Enrique III. — «Hispania» (Madrid), XII (1952) págs. 163-231.

Suárez Fernández, Luis: Nobleza y monarquía en la política interior de Enrique III. — «Hispania» (Madrid), XII (1952), págs. 323-400.

Suárez Fernández, Luis: Algunas consideraciones acerca de la crisis castellana de 1383. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), II (1965), págs. 359-376.

Suárez Fernández, Luis: Castilla, el cisma y la crisis conciliar (1378-1440). — «Bracara Augusta» (Braga), XVI-XVIII (1964), págs. 72-79.

Tasis i Marca, Rafael: Joan I, el rei cagador i músic. — Editorial Aedos. — Barcelona 1959. — 320 págs.

Torres Fontes, J.: La regencia de D. Fernando de Antequera. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), I (1964), págs. 375-429.

Wolff, Philippe: The 1391 Pogrom in Spain. Social Crisis or not? — «Past and Present» (Oxford), núm. 50 (1971), págs. 4-18.

Zunzunegui, J.: El reino de Navarra y su obispado de Pamplona durante la primera época del cisma de Occidente. — San Sebastián 1942.

5. ENFRENTAMIENTOS NOBILIARIOS Y REVUELTAS SOCIALES EN EL SIGLO XV

Las previsiones de Fernando de Antequera para el gobierno de Castilla se cumplieron a su muerte. Los infantes de Aragón, basándose en su fuerza económica, política y militar, controlaron el reino mientras actuaron de acuerdo. Pero pronto surgieron las desavenencias entre Enrique y Juan, y su rivalidad fue aprovechada por los nobles para recuperar las posiciones perdidas durante la regencia de Fernando. A lo largo de todo el siglo se reproducirán los enfrentamientos nobiliarios de forma continua.

A la rivalidad entre los infantes sucederá la oposición de ambos al nuevo favorito Álvaro de Luna. Cuando éste triunfa, la nobleza se alza contra él apoyándose en el heredero de la Corona castellana, Enrique IV. Muerto Álvaro de Luna, se recrudece la lucha por1 el poder entre grupos nobiliarios dirigidos por Juan Pacheco y por Beltrán de la Cueva. El rey pierde toda su autoridad. El reino se halla en manos de la nobleza, que impone como sucesor al infante Alfonso y, más tarde, a Isabel contra los derechos de Juana, hija de Enrique IV. La guerra civil continúa después de la muerte del monarca. Los nobles no se someterán hasta años más tarde, a los Reyes Católicos. Durante estos enfrentamientos y relacionados con ellos, se producen diversos movimientos de carácter social, entre los que merece especial atención la revuelta de los hirmandiños gallegos sublevados contra sus señores.

En Navarra el enfrentamiento entre agramonteses y beamonteses, entre los hombres del Llano y los de la Montaña, adquiere carácter político al apoyar los primeros al rey Juan I y los segundos al príncipe heredero Carlos de Viana, sublevado contra el monarca. A la intervención de Juan I en los asuntos castellanos respondió Álvaro de Luna con el apoyo a los beamonteses. El conflicto navarro se extendió a la Corona aragonesa desde el momento en que Juan fue nombrado rey como sucesor de Alfonso el Magnánimo y Carlos de Viana se convirtió en heredero de los dominios catalanoaragoneses.

En la Corona, Alfonso continuó la política de expansión mediterránea a la que dedicó toda su atención, prescindiendo no sólo de los asuntos castellanos, sino también de los de sus dominios peninsulares. La expansión no correspondía a los intereses comerciales catalanes, sino al ideal aristocrático de la nueva dinastía y no sería apoyada por los súbditos, a los que interesaba más la presencia del monarca en la Península que la ampliación de las tierras de la Corona.

Durante su reinado se produjeron los primeros enfrentamientos sociales de carácter violento en Mallorca entre patricios-mercaderes y artesanos-campesinos, aumentó el malestar de las clases populares en las ciudades (especialmente en Barcelona) y se agudizaron las tensiones en el campo catalán. Alfonso, tras haber contemporizado con las Cortes para obtener el dinero necesario para su política mediterránea, se inclinó hacia los campesinos y clases populares urbanas en un intento de restablecer la autoridad real y de obtener de estos grupos el dinero que le negaban las Cortes. El rey modificó el régimen del Consell barcelonés y autorizó a los payeses de remensa a agruparse para defender sus derechos frente a los señores. Pero estas medidas sólo sirvieron para agravar las tensiones y tanto el problema urbano como el rural continuarían durante el reinado de su hermano Juan (Juan I de Navarra y II de Aragón).

La orientación filopopular de Alfonso fue continuada por Juan II quien, basándose en estos grupos, aspiraba a imponer su autoridad sobre las Cortes y sobre su comisión permanente, la Diputación del General de Cataluña, convertida en el supremo organismo político, que llegó a prohibir al rey la entrada en el Principado. La oposición monarca-General —bajo la que se encubren el conflicto remensas-señores y las oposiciones urbanas— degeneró en guerra abierta en 1462. En ella intervinieron, aparte de los reinos de la Corona, Portugal, Castilla y Francia.

Para contrarrestar el apoyo francés a sus enemigos, Juan II buscó la alianza con Castilla y, siguiendo la política tradicional de los Trastámara, la ratificó mediante el matrimonio de su hijo Fernando con la heredera castellana Isabel (1469). A la muerte de Juan II (1479) Fernando e Isabel, sin unir sus reinos, serían reyes de Castilla y de Aragón.

En el reino musulmán de Granada, la rivalidad entre los diversos grupos nobiliarios se agravó a lo largo del siglo XV y fue hábilmente utilizada por los castellanos para actuar como árbitros y, apoyando a unos u otros según los intereses de cada momento, lograr un incremento constante de su presencia en Granada. Esta política de división daría sus frutos políticos en el instante en que los Reyes Católicos lograran poner fin a la anarquía nobiliaria castellana y concentraran sus fuerzas sobre Granada.

En Portugal, la división entre la nobleza clásica y los nobles partidarios de la expansión norteafricana dio lugar a enfrentamientos políticos entre los infantes, enfrentamientos que recubren y enmascaran tensiones sociales todavía mal conocidas. A la muerte del infante Enrique el Navegante, la Corona hizo suya la política expansiva, que llevó a los portugueses a las zonas productoras del oro africano gracias al cual el vecino reino se convertiría en una de las primeras potencias económicas de Europa.

CASTILLA

Los infantes de Aragón

Muerto Fernando de Antequera, la nobleza castellana agrupada en torno a la reina Catalina de Lancaster y dirigida por el arzobispo toledano —partidario decidido de Benedicto XIII— y por los nobles designados por Enrique III para custodiar al rey, se hizo con el poder y alejó momentáneamente a los infantes Juan y Enrique. Éstos recuperarían su ascendencia con el apoyo de Alfonso el Magnánimo de Aragón, al quedar sin dirigentes la nobleza castellana tras el fallecimiento en 1417 de Juan Fernández de Velasco y Diego López de Stúñiga.

Durante dos años Juan y Enrique gobernaron Castilla sin oposición. Al llegar a su mayoría de edad Juan II, correspondía a éste decidir con cuál de los infantes gobernaría; su decisión fue forzada por Enrique, quien tras apoderarse de la persona del rey se hizo conceder el marquesado de Villena y reforzó su posición mediante el matrimonio con Catalina, hermana del monarca. Con estas maniobras, Enrique —sin ser rey— superaba en poder a su hermano Juan de Navarra hacia el que se volvieron los nobles descontentos, dirigidos por Álvaro de Luna. Juntos derrotaron a Enrique (1422) y repartieron sus bienes entre los vencedores para de esta forma evitar todo posible cambio de alianzas: los bienes de Enrique serían la garantía de la fidelidad nobiliaria.

La unión de Juan de Navarra y Álvaro de Luna respondía a las necesidades del momento: ambos estaban interesados en anular a Enrique; pero sus puntos de vista sobre el gobierno de Castilla diferían considerablemente. El primero recababa para sí el control de la monarquía mientras que el segundo aspiraba a reforzar el poder monárquico liberándolo de la tutela de la alta nobleza. A pesar de las diferencias existentes entre ambos dirigentes, la alianza se mantuvo durante algunos años y serviría para anular totalmente a las ciudades y a las Cortes. Los procuradores cobrarían de la Corona, con lo que, de hecho, se convirtieron en funcionarios carentes de autonomía, y las ciudades pasaron a ser gobernadas por regidores nombrados por el monarca.

La intervención monárquica en el nombramiento de los regidores coincide con una aristocratización de las ciudades castellanas. El concejo amplio, integrado por todos los vecinos, desaparece para dejar paso al concejo restringido del que sólo forman parte los caballeros urbanos, prácticamente equiparados a la nobleza de sangre con la que mantienen estrechos contactos y a la que en numerosas ocasiones se subordinan, hasta el punto de que en las Cortes de 1425 pudo afirmarse que numerosos habitantes de villas de realengo habían sido obligados a fijar su residencia en señoríos nobiliarios o eclesiásticos, y que los nobles exigían impunemente posada y yantar en las ciudades próximas a sus dominios.

Las peticiones de las Cortes para que se suprimieran portazgos y peajes nuevamente creados por la nobleza y para que se diera entrada en el Consejo Real a representantes de las ciudades no fueron atendidas por el monarca, enteramente sometido a la nobleza. Juan II respondió a las Cortes «con acuerdo de los duques e condes e perlados e ricos ornes e maestros (de las órdenes militares) e cavalleros e dotores del mi Consejo», en el que se negó a aceptar a los ciudadanos tras afirmar que en él había ya suficientes duques, condes, prelados, ricoshombres, caballeros «e personas mis naturales e de las cibdades e villas de los mis reynos».

La fuerza adquirida por Álvaro de Luna terminó por alarmar a Juan de Navarra quien, por mediación de Alfonso el Magnánimo, se reconciliaría con Enrique y alejaría de la Corte al privado de Juan II en 1427. Si los infantes disponían de grandes riquezas y las utilizaban para controlar el reino, Álvaro de Luna había logrado reunir a su alrededor a gran número de nobles a los que ofrecía, a cambio de su ayuda, una participación en el poder y el reparto de los bienes de los infantes, que serían expulsados de Castilla en 1429. Alfonso el Magnánimo intentó una vez más reorganizar el partido aragonés, pero abandonado por sus súbditos, aceptaría las treguas de Majano (1430) por las que se confirmaba la expulsión de los infantes. Juan se refugió en Navarra, y Enrique y Pedro fueron vencidos militarmente. El triunfo de Álvaro de Luna fue seguido de la concesión de tierras, cargos y títulos a sus aliados, pero el entendimiento entre los vencedores fue de corta duración. Pronto se formó un grupo de descontentos que solicitaría la intervención de Juan de Navarra y de Enrique, contra los que apoyarían nuevamente a Álvaro de Luna cuando el poder de los infantes amenazara su propia seguridad. Así, entre 1435 y 1440 el sistema de alianzas cambia continuamente. No es posible en una obra de esta naturaleza referirnos a todas ellas ni mencionar los nombres de quienes apoyan a unos u otro en cada momento.

En 1440 los nobles aliados a los infantes utilizaron las Cortes, reunidas para pedir al monarca que interviniera para poner fin a las discordias nobiliarias, para conseguir del monarca que consintiera en el matrimonio del heredero castellano, Enrique IV, con Blanca de Navarra. El triunfo de los infantes parecía así definitivo al reforzarse con la colaboración del príncipe heredero. Dos años más tarde la situación había cambiado considerablemente; serían ahora los partidarios de Álvaro de Luna los que lograran en reunión de Cortes que se anularan las donaciones hechas en los últimos años y que se pusiera freno a la enajenación de los bienes reales.

Ante el cambio de situación, los infantes hicieron prisionero al rey (1443), pero no lograron evitar ser derrotados por Álvaro de Luna en Olmedo (1445). A consecuencia de las heridas recibidas murió Enrique, y Juan se refugió de nuevo en Navarra. Álvaro intentaría Contrarrestar la fuerza de Navarra mediante la alianza con Portugal y proyectó el matrimonio de Juan II con Isabel de Portugal. Pero todas las medidas tomadas para fortalecer al poder monárquico serían inútiles. A lo largo de los treinta años transcurridos desde la muerte de Fernando de Antequera el poder nobiliario había crecido extraordinariamente y los nobles castellanos no aceptaron durante mucho tiempo ni la autoridad del monarca ni la de su favorito, Álvaro de Luna.

El nuevo jefe de la sublevación sería Juan Pacheco, ayo del heredero castellano, que contaría una vez más con el apoyo de Juan de Navarra, contra el que Álvaro alentó a los partidarios del Príncipe de Viana, sublevado contra Juan. A pesar de sus victorias militares y diplomáticas, Álvaro no pudo consolidar su poder. En 1453 los nobles lograrían que Juan II mandara detener y ajusticiar al único que había intentado reafirmar su autoridad. Un año más tarde moría Juan II. A su muerte, gran número de lugares de realengo y todas las rentas del reino estaban en manos de los nobles.

La política exterior castellana

Las relaciones exteriores de Castilla dependen en gran medida de la situación interna: el grupo dominante impone sus puntos de vista en todos los campos. Las campañas de Fernando de Antequera contra Granada habían sido organizadas en tiempo de Enrique III, pero en su realización influyeron poderosamente razones de política interior. El regente necesitaba crearse un prestigio militar para imponerse a sus rivales y la dirección de la guerra podía cumplir esta finalidad además de alejar de la Corte a los nobles y de poner a disposición de Fernando la mayor parte de los recursos del reino.

Tras la conquista de Antequera las campañas fueron abandonadas y el dinero recaudado serviría para sufragar los gastos ocasionados por la subida al trono aragonés de Fernando. Las luchas civiles que siguieron a la muerte del regente impidieron a los nobles ocuparse de Granada y las parias dejaron de pagarse. Durante los enfrentamientos con Aragón (1428-1430) Álvaro de Luna utilizará de nuevo el pretexto granadino para obtener dinero de las Cortes. Tras la tregua de Majano, realizó la primera expedición contra los musulmanes.

Las intenciones del favorito eran —al decir de Suárez— «emular las hazañas de Fernando de Antequera». Ello equivalía, en el plano interno, a quitar a los infantes uno de los motivos de prestigio y le permitía, además, castigar los intentos de alianza de granadinos y aragoneses. Las campañas continuaron hasta 1439 y fueron en general favorables a los castellanos, pero no pudieron ser explotadas por las desavenencias nobiliarias. Nuevas intervenciones tuvieron lugar tras la derrota de Juan y Enrique en 1445, pero el resultado fue catastrófico para Castilla que volvió a las fronteras del tiempo de Fernando de Antequera.

Las relaciones con Navarra dependen, como es lógico, de la posición del infante Juan en Castilla. Navarra, en líneas generales, fue aliada de Castilla cuando en este reino dominaba Juan, y enemiga cuando triunfaban sus contrarios, aunque es preciso tener en cuenta que Álvaro de Luna consiguió utilizar en su beneficio la enemistad entre agramonteses y beamonteses y suscitar dificultades a Juan en Navarra mediante el apoyo al príncipe de Viana y a sus partidarios beamonteses.

Respecto a Aragón, las relaciones siguieron hasta 1430 una tónica similar a la descrita para Navarra: alianza cuando dominan los infantes en Castilla, y oposición o guerra abierta cuando Juan y Enrique son expulsados. Pero, a diferencia de lo ocurrido en Navarra, los aragoneses consideraron siempre la guerra con Castilla como una empresa personal del monarca y se negaron a colaborar en ella. Ésta sería una de las razones por las que Alfonso el Magnánimo aceptó las treguas de Majano a partir de las cuales se desentendió totalmente de Castilla.

Las relaciones con Portugal se vieron igualmente afectadas por la situación interna castellana. Los diversos grupos nobiliarios buscaron siempre el apoyo portugués. Si los infantes lo obtuvieron mediante el matrimonio de su hermana Leonor con Duarte I, Álvaro de Luna lo conseguiría a través del enlace de Juan II con Isabel de Portugal. También el heredero castellano buscaría la alianza portuguesa una vez desembarazado de Álvaro de Luna y, tras conseguir la anulación de su matrimonio con Blanca de Navarra —fruto de su primitiva alianza con los infantes de Aragón—, casaría con Juana de Portugal.

La actuación de Castilla en el problema eclesiástico dependió igualmente de la situación interna. Cuando Fernando de Antequera pronunció la sustracción de obediencia a Benedicto XIII (1415), Catalina de Lancaster se negó a seguir esta orientación y mantuvo su apoyo al Papa Luna hasta julio de 1417, es decir, hasta que los infantes se impusieron en Castilla. En la pugna que oponía a los cardenales, partidarios de mantener la organización tradicional de la Iglesia, y al emperador Segismundo, los embajadores castellanos se unieron al grupo cardenalicio y con su voto arrastraron el de la nación hispánica (aragoneses, castellanos, portugueses y navarros), que vio recompensado su apoyo por el nuevo Papa, Martín V.

Al declararse abiertamente el conflicto entre el Papa Eugenio IV y el concilio de Basilea, la delegación castellana apoyó a los conciliares, pero los puntos de vista de una y otros eran distintos. Castilla aspiraba a limitar algunos abusos del clero y el concilio pretendía modificar totalmente la organización eclesiástica, por lo que surgieron desavenencias que se agravaron cuando el Concilio decidió apoyar a Portugal en el conflicto que oponía a castellanos y portugueses por la posesión de las islas Canarias. Eugenio IV se atrajo al favorito castellano Álvaro de Luna concediéndole la administración de la orden de Santiago (1436) y los castellanos abandonaron Basilea juntamente con los franceses.

Las relaciones con Inglaterra y Francia se mantuvieron en situación similar a la de los últimos años. Desde el comienzo del reinado de Juan II, Castilla, en defensa de sus intereses, sin romper con Francia e incluso manteniendo oficialmente la alianza iniciada por Enrique II, se aproximó a Inglaterra, con la que le unían lazos comerciales y dinásticos. La guerra de Enrique III contra la alta nobleza y el apoyo indirecto prestado por el monarca francés al rebelde Alfonso de Noreña serían el pretexto para mantener una política ambigua, claramente favorable a los intereses de marinos y mercaderes castellanos, que pudieron comerciar por igual con Francia y con Inglaterra, aunque estos países se hallaran en guerra entre sí.

La aproximación a Inglaterra se acentuó durante la regencia de Fernando y de Catalina al firmarse en 1410 unas treguas por las que ingleses y castellanos se concedían libertad de comercio en el Atlántico. La alianza francesa se mantuvo, pero ya no se trataba de colaboración entre las monarquías. Castilla se limitó a autorizar a los castellanos a colaborar con los franceses, pero la Corona mantenía la libertad de acción.

La derrota francesa en Azincourt (1415) modificó totalmente la situación. Marinos y mercaderes castellanos fueron expulsados de Normandía y unieron sus fuerzas a las francesas para defender su hegemonía comercial en el Atlántico. Mientras Catalina de Lancaster se mantuvo al frente de Castilla, el reino no intervino oficialmente en estas luchas. Pero al triunfar el grupo nobiliario dirigido por el infante Juan, con amplios intereses en el Cantábrico, Castilla declaró la guerra a los ingleses y, de modo más directo, a sus auxiliares mercantiles, a los mercaderes hanseáticos que habían sustituido a los castellanos en el comercio del Canal.

La victoria de La Rochela (1419) aseguró el predominio comercial castellano y la guerra se paralizó. El infante Enrique al hacerse con el poder impuso la paz. Sólo los marinos de Castilla, de Inglaterra y de la Hansa continuarían la guerra por motivos comerciales, alternando la guerra abierta con el corso y la piratería. Castilla apoyará a sus mercaderes, pero no intervendrá oficialmente en la última etapa de la guerra de Cien Años.

La crisis de la monarquía

Para comprender la historia de Castilla durante el reinado de Enrique IV (1454-1474) es preciso resumir en sus líneas generales la historia política del reino durante la época Trastámara. La victoria de Enrique II fue obra de la nobleza en cuyas manos quedó la economía castellana, pero el monarca se reservó el gobierno y opuso a la alta nobleza (parientes del rey fundamentalmente) una segunda nobleza. Con el apoyo de este grupo pudieron Juan I, Enrique III y Juan II vencer a sus familiares, pero a costa de encumbrar a la nobleza de segunda fila.

La victoria obtenida por Juan II en Olmedo sobre los infantes de Aragón podría haber iniciado el camino de la restauración monárquica. Pero el triunfo de Álvaro de Luna fue logrado con el apoyo de una parte de la nobleza y el favorito no se hallaba en condiciones de enajenarse su apoyo. Olmedo sólo significó la derrota, y no definitiva, de la nobleza de sangre, no de la nobleza en general. Frente al favorito, los nobles descontentos se aliaron al heredero de la Corona y no tardarían en conseguir la desaparición" de la única personalidad que se oponía a sus proyectos de controlar el poder real.

Al subir al trono, Enrique IV carecía de autoridad moral para enfrentarse a los nobles, con los que había colaborado activamente en los últimos años de Juan II. Ni siquiera podía recurrir a las ciudades, que habían perdido su fuerza política y estaban dominadas por la nobleza triunfadora. El nuevo favorito, Juan Pacheco, artífice de las alianzas de Enrique con los nobles, no se hallaba interesado en restablecer la autoridad real y se limitaría a mantener su posición para lo que llegaría a acaudillar a los nobles, que depusieron al monarca y le obligaron a designar heredero a la persona elegida por ellos. Hasta el reinado de Enrique IV, el rey hacía a los nobles; ahora es la nobleza la que hace a los reyes según sus intereses.

En los comienzos de su reinado, Enrique IV se halla plenamente sometido a Juan Pacheco, frente al que se alzaron algunos miembros de la alta nobleza que no estaban dispuestos a permitir que Pacheco, nombrado marqués de Villena, alcanzara el poder logrado por Álvaro de Luna. Un perdón general acompañado por una política de paz en el exterior facilitaría el gobierno de Castilla y permitiría al reino disfrutar de unos años de paz. Las alianzas con Portugal y Francia fueron renovadas. Se llegó a un acuerdo con Aragón y Navarra mediante el pago de importantes cantidades a Juan de Navarra y gracias a la devolución de los bienes confiscados a sus partidarios.

Aseguradas las fronteras y la estabilidad interior, el rey inició la guerra contra Granada siguiendo los precedentes de Fernando de Antequera y de Álvaro de Luna. Pero a diferencia de éstos no emprendió campañas de éxito inmediato sino que siguió una política similar a la que años más tarde llevarían a cabo los Reyes Católicos. Enrique IV no parece buscar éxitos a corto plazo, sino duraderos. Su guerra no es caballeresca, sino económica y política.

Castilla favoreció las disidencias y la guerra civil granadina, saqueó los campos granadinos y firmó paces ventajosas desde el punto de vista económico. A la larga este tipo de guerra era mucho más eficaz que el asalto y ocupación de fortalezas, que sólo en mínima parte disminuían el poder granadino y que, en todos los casos, costaban numerosas vidas y enormes sumas de dinero. Es posible que Enrique IV o Juan Pacheco eligieran este tipo de guerra (entradas estivales y aceptación de treguas beneficiosas) no sólo por su mayor eficacia, sino también porque permitía mantener a la nobleza alejada de las querellas políticas.

Las campañas realizadas entre 1455-1457 dieron inmejorables resultados: cobro de tributos, devolución de cautivos cristianos, debilitación del reino granadino y ocupación de las plazas de Estepona y de Jimena de la Frontera. Pero a pesar de todo la guerra granadina no fue bien acogida por la población. La guerra sólo interesaba a las poblaciones fronterizas, mientras que su financiación corría a cargo de todo el reino; la nobleza no aprobaba el plan militar de Enrique; algunos eclesiásticos llegaron a acusar al monarca de connivencia con los musulmanes y exigieron la ocupación total del reino granadino.

Apoyándose en el malestar popular y en las protestas de los clérigos, la alta nobleza se reorganizó para combatir al privado y poner freno al encumbramiento de algunas personas, como Beltrán de la Cueva y Miguel Lucas de Iranzo, con los que el monarca contaba para crear una nueva nobleza capaz de combatir a la antigua. El descontento nobiliario se produjo antes de que el rey estuviera en condiciones de afrontarlo y la nobleza pidió de nuevo la intervención de Juan de Navarra. La guerra granadina fue abandonada para atender a los problemas internos.

A petición del marqués de Villena, interesado en mantener su privanza y dispuesto para lograrlo a cambiar continuamente de partido, se celebró en Alfaro (1457) una entrevista entre los monarcas de Navarra y de Castilla. A cambio de la neutralidad del primero, el segundo renunciaba a apoyar a Carlos de Viana, elegido rey por los beamonteses. Pacheco mantenía su privanza al eliminar toda posible ayuda exterior a los rebeldes dirigidos por el arzobispo toledano Alfonso Carrillo, el conde de Haro, el almirante don Endrique y el marqués de Santillana.

Durante dos años y contando con el apoyo del arzobispo sevillano, de los condes de Plasencia y de Alba y de su hermano Pedro Girón, nombrado maestre de Calatrava, Pacheco alternó los ataques y los halagos a los rebeldes para aislar al arzobispo de Toledo y al almirante. Pero su política se vino abajo cuando intentó apoderarse de los bienes de Álvaro de Luna mediante el matrimonio de su hijo Diego con una nieta de Álvaro. Ésta se casó con el marqués de Santillana, que se convertiría en uno de los personajes más poderosos de Castilla y en el jefe de los nobles sublevados en 1459, con el apoyo una vez más de Juan de Navarra, rey igualmente de Aragón desde 1458.

Pacheco supo maniobrar con habilidad y, haciendo responsable de todos los males al arzobispo sevillano, se unió a la liga de nobles dispuesto a colaborar con ellos para dominar al rey. Éste, aconsejado por el arzobispo, hizo frente a los rebeldes aliándose nuevamente a Carlos de Viaña, al que propuso el matrimonio con Isabel de Castilla. Juan II de Aragón reaccionó mandando encarcelar al príncipe, con lo que se enemistó con la Diputación del General de Cataluña, que defendió frente al rey al heredero de la Corona. La colaboración de los beamonteses navarros y del General de Cataluña había permitido a Enrique IV alejar el peligro exterior, pero la traición de Pacheco obligó al monarca a someterse a la nobleza en 1461 y a reponer al favorito, aliado ahora a sus antiguos enemigos.

La historia interna de Castilla se complicó nuevamente a raíz de los conflictos navarros y catalanes. En 1461 murió Carlos de Viana y un año más tarde los catalanes se sublevaban contra Juan II y ofrecían la Corona a Enrique IV de Castilla. A pesar de la oposición de los nobles (entre ellos abundaban los partidarios de Juan II), Enrique IV aceptó y envió tropas castellanas dirigidas por Juan de Beaumont en auxilio de los catalanes. Los éxitos militares del monarca agravaron las tensiones con los nobles. Si éstos dejaban que Enrique IV mantuviera su apoyo a los catalanes y utilizara su prestigio para introducir a sus fieles (Beltrán de la Cueva, apoyado por Pedro González de Mendoza, marqués de Santillana) en el Consejo Real, el poder del rey crecería, en perjuicio de los nobles.

El malestar popular por el coste de la guerra catalana sería el pretexto para la ofensiva nobiliaria. De acuerdo con Luis XI de Francia y con Juan II de Aragón, los nobles castellanos convencieron al rey para que antes de aceptar el trono catalán se sometiera al arbitraje del monarca francés, aliado tradicional de Castilla. Enrique IV aceptó y la sentencia de Luis XI le fue desfavorable. El poder en Castilla volvía de nuevo a manos de la nobleza, apoyada por Juan II de Aragón.

El clan de los Mendoza y Beltrán de la Cueva intentaron oponerse a los nobles y restaurar el poder monárquico, pero chocaron siempre con la debilidad del rey. Enrique IV no se decidió a iniciar la guerra contra sus enemigos y prefirió negociar aceptando las condiciones impuestas por los nobles, entre las que figuraba el reconocimiento como heredero de Castilla del infante Alfonso (hermanastro de Enrique) y su matrimonio con Juana (hija del monarca), el destierro de Beltrán de la Cueva, la concesión del maestrazgo de la orden de Santiago a Juan Pacheco, la reducción del ejército real y el reconocimiento del derecho de los nobles a no ser condenados sin ser sometidos a juicio por un tribunal integrado por tres nobles, tres eclesiásticos y tres juristas.

Enrique IV aceptó cuanto le pidieron para desdecirse más tarde. En Ávila, el año 1465 los nobles proclamaron rey de Castilla al infante Alfonso, que tenía once años y que, por tanto, dependería totalmente de la nobleza. Ante la anarquía subsiguiente a la proclamación de Ávila, los concejos resucitaron las hermandades. Finalmente, Enrique IV se decidió a combatir a los rebeldes, a los que venció en Olmedo (1467). Pero la victoria militar no fue explotada. Los Mendoza abandonaron al rey ante su decisión de negociar y Enrique IV quedó a merced de los nobles, quienes al morir el infante (1468) ofrecieron el trono a su hermana Isabel.

Aunque apoyada por la nobleza rebelde, Isabel evitó el enfrentamiento abierto con los partidarios del monarca y no se proclamó reina de Castilla sino heredera de Enrique IV. Al proclamar rey al infante Alfonso los nobles habían justificado su acción manifestando que él era el único heredero posible, ya que Juana, la hija del monarca, no era —según los nobles— hija del rey sino del favorito Beltrán de la Cueva. En las negociaciones entre el monarca y los nobles el problema no fue planteado tan crudamente y se llegó a un compromiso: el monarca reconocía como heredero a Alfonso y éste se casaría con Juana. La claudicación del rey era total, pero al menos quedaban a salvo los intereses de su hija.

La sustitución de Alfonso por Isabel anulaba la solución matrimonial prevista para garantizar los intereses, ya que no los derechos de Juana. En una entrevista celebrada en Guisando (1468) entre Isabel y Enrique IV, éste fue aceptado como único soberano de Castilla a cambio de reconocer a Isabel como heredera, es decir, a cambio de desheredar a su hija. Para asegurar su triunfo, los nobles necesitaban buscar un marido «conveniente» a Isabel. El elegido fue el monarca portugués Alfonso V, quien se mostró dispuesto a aceptar las condiciones del marqués de Villena y a dejar el gobierno de Castilla en manos de la oligarquía nobiliaria.

Aunque ausente de Castilla, Juan II de Aragón había sido uno de los instigadores de la liga de nobles; sus partidarios se opusieron al proyectado matrimonio portugués. Para hacer frente a los catalanes, apoyados ahora por Luis XI de Francia, Juan II precisaba el apoyo o al menos la neutralidad de Castilla. Por ello propuso el matrimonio de Isabel con su hijo Fernando. También Luis XI, y por las mismas razones que Juan II, buscaba la alianza con Castilla y ofreció como marido de Isabel a su hermano el duque de Guyena.

La habilidad de Juan II de Aragón y de sus partidarios castellanos consiguió que Isabel aceptara a Fernando (1469). Los antiguos aliados de Isabel, los nobles dirigidos por el marqués de Villena, respondieron a este desafío proclamando la legitimidad de Juana, la hija de Enrique IV. El cambio de alianzas fue total. Los que habían utilizado a Isabel para oponerse a Enrique IV se hallan ahora al lado de éste y de su hija; quienes antes habían servido fielmente al rey, los Mendoza, ayudaron a Isabel, que no dudó en hacerse eco de la propaganda nobiliaria y basó sus derechos al trono en la ilegitimidad de Juana.

La nobleza intentó anular los acuerdos de Guisando y proclamó heredera a Juana. La guerra civil era inevitable y se prolongaría hasta después de muerto Enrique IV (1474). Durante estos años la posición de Isabel y Fernando fue consolidándose, en parte gracias al apoyo del Papa valenciano Alejandro VI, el Papa Borgia, y sobre todo desde el momento en que Juan II logró derrotar a los catalanes (1472). Su victoria repercutiría en Castilla y, a la muerte de Enrique IV, Isabel y Fernando fueron reconocidos por la mayor parte de los nobles.

Dificultades económicas y tensiones sociales

Mientras conocemos con bastante aproximación las luchas nobiliarias por el poder a nivel nacional —aunque seguimos ignorando las motivaciones profundas—, sólo en los últimos años han aparecido algunos trabajos que abordan el estudio de la economía y de la sociedad de algunas regiones o ciudades concretas: Vizcaya, Andalucía, Murcia, Galicia, Toledo, Salamanca, Sepúlveda..., a través de los cuales y siempre que sean extendidos a todo el reino podrá realizarse un estudio del tema.

A pesar o quizás a causa del floreciente comercio exterior y al aumento de su importancia política en el mundo europeo, Castilla tuvo que hacer frente en el siglo XV a numerosas crisis de subsistencia y a un incremento continuo de los impuestos reales y de las presiones señoriales, que dieron lugar en distintas ocasiones a enfrentamientos todavía mal conocidos, pero cuyo trasfondo económico-social es innegable. El investigador escocés Angus Mac Kay ha puesto de relieve el paralelismo y las relaciones existentes entre la escasez o carestía de trigo, los conflictos entre nobles y los motines populares contra los dirigentes municipales, los recaudadores y arrendadores de impuestos y los judíos y conversos. Estos conflictos se agudizaron durante el período anárquico de los años 1465-1474 (entre la farsa de Ávila y la muerte del monarca) y desembocaron en los pogroms antijudíos y anticonversos de 1473 en la mayor parte de las ciudades del reino.

Si del mundo urbano pasamos al rural, la interrelación de política, economía y relaciones entre grupos sociales es aún más evidente. A lo largo del siglo XV las revueltas nobiliarias a escala nacional sirvieron o fueron utilizadas para afianzar el poder local de los nobles, que se hicieron conceder u ocuparon violentamente tierras de campesinos, de monasterios o del rey, usurparon la jurisdicción real y utilizaron su fuerza económica y política para aumentar su control de las ciudades, la autoridad sobre los campesinos y también sobre la pequeña nobleza que, ante la pérdida de valor de sus bienes y rentas, se vio sometida con mayor dependencia a las familias dominantes contra las que apoyaría, en ocasiones, a los campesinos sublevados.

A través de los escasos trabajos existentes pueden verse y analizarse, aunque de forma incompleta, enfrentamientos continuos entre señores y campesinos, entre señores y mercaderes, entre agricultores y pastores, entre nobles laicos y eclesiásticos, entre grande y pequeña nobleza, entre bandos nobiliarios o seminobiliarios que se disputan el control de las ciudades o de zonas de influencia, entre artesanos y mercaderes (en las pocas ciudades castellanas que cuentan con una artesanía de suficiente importancia), entre nobles y concejos... En numerosas ocasiones el rey interviene en estas luchas apoyando o sirviéndose de los sublevados contra los nobles rebeldes a la autoridad real. No parece haber duda de que la formación de hermandades, dirigidas contra los nobles, durante la época de Enrique IV, fue facilitada o potenciada por el monarca y por sus fieles, como en el caso gallego al que aludiremos en sus líneas generales.

La revuelta de los hermandinos o hirmandiños adquiere carácter oficial en 1467 durante el enfrentamiento de Enrique IV, apoyado por Beltrán de la Cueva y el clan de los Mendoza, y la nobleza, dirigida por Juan Pacheco, y termina en 1469 después de que el monarca reconociera —por el pacto de Guisando— el triunfo nobiliario. Pero la revuelta no fue sino el resultado de tensiones anteriores, que son visibles en las actas de las Cortes desde mediados del siglo XIV y en los capítulos de las hermandades gallegas creadas en 1418, 1431, 1446, 1454 y 1458 para poner coto a los «muitos roubos furtos e omisios e mortes de homes e males e quebratamentos de caminos e outras forzas», o para derribar los castillos y casas fuertes de algunos nobles.

En la lucha participaron los campesinos, intervinieron las ciudades, coordinaron y dirigieron el combate miembros de la nobleza, como Pedro Osorio, o hidalgos como Alonso de Lanzós y Diego de Lemos, y participaron en los gastos y en la organización de la hermandad numerosos clérigos. Por todo ello, el conflicto no puede reducirse (ni éste ni ninguno) a un simple enfrentamiento de los campesinos contra los señores feudales, aunque sea éste el carácter predominante, según se demostró en el objetivo de los hirmandiños: combatir los abusos señoriales perpetrados desde las fortalezas y casas fuertes, de las que fueron destruidas más de ciento treinta en los primeros momentos de la lucha.

El monarca no fue ajeno al levantamiento. Él autorizó la constitución de la hermandad, en fecha ignorada, pero que puede situarse en los alrededores de 1465, es decir, poco después de su destitución en Ávila y del nombramiento del infante Alfonso. La intervención monárquica y la utilización del descontento de los hirmandiños para reducir el poder nobiliario se observa igualmente en el hecho de que uno de los jefes de los sublevados fuera Pedro Osorio, hermano del conde de Trastámara —fiel a Enrique— y de que otros nobles adictos al monarca sufrieran en menor medida las iras populares. La presencia del monarca en la revuelta gallega no es un hecho aislado. La hirmandade se halla estrechamente relacionada con la Hermandad de Castilla, creada en 1464 para reprimir los abusos nobiliarios y para fortalecer el poder monárquico.

Las causas de los enfrentamientos hay que buscarlas en las contradicciones creadas en una sociedad en expansión económica —mal estudiada, pero visible en todo el reino a pesar de las crisis de subsistencia señaladas— acompañada de una inflación en los precios, controlada por una nobleza que se resiste a aceptar los cambios. Ante la nueva situación, que de hecho se prolonga desde el siglo xiv, la nobleza reacciona intensificando su política tradicional: búsqueda o imposición de pactos con el monarca y creación de ligas o hermandades nobiliarias para afianzar el poder del grupo y, a nivel individual, construcción de casas fuertes y aumento del número de hidalgos, de vasallos militares que dependen y cobran un salario de los miembros de la nobleza. El grupo nobiliario oscila así entre la unión frente a los restantes grupos y la lucha entre bandos.

Para combatir a los nobles y a sus séquitos, que alternan la presión legal con la práctica del bandolerismo, se crean las hermandades, en las que se integran grupos heterogéneos con intereses distintos: campesinos semisiervos y libres, habitantes de los concejos, pequeña nobleza independiente y clérigos. Durante el reinado de Enrique IV y coincidiendo con épocas de predominio nobiliario, se dan tres momentos asociativos importantes: 1456-1460, 1464-1468 y 1473-1474. En el primero, la hermandad que adquiere mayor importancia es la formada por las villas y campesinos de Guipúzcoa contra los nobles, sin distinción entre Oñacinos y Gamboinos —enfrentados entre sí—, a los que destruyeron numerosas fortalezas y a los que obligaron a desterrarse durante algún tiempo.

El período más importante desde el punto de vista asociativo fue, sin embargo, el segundo, iniciado en 1464 con la creación de la Santa Hermandad, con autoridad sobre todo el reino. Hasta 1466 el monarca parece controlar a los agermanados y utilizarlos contra los nobles rebeldes, pero a partir de esta fecha la hermandad se radicaliza y ataca por igual a los nobles partidarios de Enrique IV y a los del príncipe Alfonso. Representa un peligro para la nobleza y para el monarca; unos y otros se unirán para ponerle fin tras la firma del pacto de Guisando. Por otra parte, las diferencias entre los miembros de la hermandad dieron lugar a defecciones de la pequeña nobleza, cuyos castillos no siempre fueron respetados, y a enfrentamientos entre el bajo pueblo y los dirigentes urbanos.

En Galicia, la hermandad tuvo gran número de seguidores y se radicalizó más a causa del mayor desarrollo de la señorialización, manifestada en el control de los puertos por los nobles, en la extensión de las behetrías y en la ocupación de tierras de abadengo por los nobles. Las consecuencias de este proceso, así como de las luchas entre nobles y de éstos contra el arzobispo compostelano, un noble más en muchos aspectos, fueron un aumento de los impuestos y de las contribuciones personales (corveas) de los vasallos y una proliferación de los castillos y de los vasallos militares. Las presiones coincidieron con una epidemia que asoló Galicia en los años 1466-1467. En estas condiciones bastó el apoyo del monarca para producir el estallido de las masas campesinas y urbanas, que con su revuelta facilitaron el triunfo de Enrique IV en Olmedo.

En la villa toledana de Fuensalida fueron aprobadas por el rey las Ordenanzas de la Hirmandade, hoy desconocidas, y los agentes del monarca recorrieron Galicia para conseguir la adhesión de todos los pobladores (al garantizar con su presencia la legalidad), organizar la hermandad mediante el nombramiento de alcaldes, diputados y cuadrilleros, y reunir el dinero necesario para alcanzar sus objetivos: poner fin a los abusos nobiliarios, lograr el mantenimiento y respeto a los fueros y costumbres locales, y recuperar los bienes y derechos reales enajenados o usurpados.

Organizadas las Juntas de Hermandad y elegidos los diputados que representarían a las juntas locales en las asambleas generales —que se celebraron al menos en Santiago, Lugo y Mellid—, los hirmandiños exigieron la entrega de las fortalezas nobiliarias «para derribarlas porque dezían que de las dichas fortalezas se facían muchos males porque robaban y tomaban a los hombres y los prendían». Algunos nobles entregaron sus castillos y los demás, con escasas excepciones, fueron tomados por asalto a partir del mes de abril de 1467. La nobleza, derrotada, permaneció lejos de Galicia durante dos años.

Solucionadas las diferencias entre los nobles y el monarca, la nobleza gallega pudo reorganizar sus fuerzas y actuando de acuerdo, bajo la dirección del arzobispo compostelano Alonso de Fonseca y del conde de Lemos, y con ayuda de tropas castellanas, portugueses y de los disidentes gallegos, logró derrotar a los hirmandiños (1469) y a su jefe Pedro Osorio que defendía Compostela donde, sin embargo, el arzobispo no pudo entrar hasta comprometerse a guardar los usos y costumbres de la ciudad. Poco más tarde la hermandad desaparecía sin que por ello cesaran las tensiones entre campesinos-ciudadanos, y nobles laicos y eclesiásticos.

CORONA DE ARAGÓN

La política mediterránea de Alfonso el Magnánimo

Durante los primeros años de su reinado, Alfonso intentó mantener simultáneamente la orientación mediterránea de la Corona y la defensa de los intereses de los infantes de Aragón en Castilla. En la primera reunión de las Cortes catalanas (1416) anunció su propósito de combatir a los genoveses, pero no obtuvo la ayuda solicitada por negarse el brazo nobiliario a colaborar como protesta por la política filorremensa emprendida por Fernando de Antequera en los últimos años, así como por el intento de Alfonso de continuar la recuperación del patrimonio real y por la presencia de consejeros castellanos al lado del monarca.

Nuevos enfrentamientos entre las Cortes y el monarca se produjeron en la reunión de 1419-1420 convocada, al igual que la anterior, para reunir fondos con destino a la campaña sardo-genovesa. Las Cortes exigieron intervenir en el nombramiento de los consejeros del rey, que carecieran de validez los actos del monarca contrarios a los fueros y costumbres locales y la destitución de todos los consejeros extranjeros así como la concesión de todos los cargos en Cerdeña a aragoneses y catalanes. Alfonso se mostró dispuesto a atender las peticiones concretas, pero se negó a aceptar el principio según el cual estaba obligado a compartir el poder con las Cortes y las clausuró sin llegar a ningún acuerdo, tras haber obtenido una ayuda económica para la expedición contra Cerdeña.

La pacificación de Cerdeña fue relativamente fácil, pero mientras subsistiera el poderío genovés ninguna solución sería definitiva, por lo que Alfonso pensó atacar a Génova en sus intereses vitales y hacer efectivos sus derechos sobre Córcega, isla controlada por los genoveses y atribuida en Anagni a Jaime II de Aragón. Un ataque realizado en 1420 de acuerdo con algunos corsos sublevados contra Génova proporcionó algunos éxitos militares, pero la isla no pudo ser conquistada.

Esta expedición no resultó inútil; la presencia de una flota catalana en aguas italianas fue utilizada por los napolitanos para ofrecer el reino al monarca aragonés: la reina Juana de Nápoles, atacada por las tropas de Luis de Anjou, solicitó el apoyo naval de Alfonso y se comprometió a nombrarle heredero a cambio de su ayuda. En 1421 las naves aragonesas entraban en el puerto de Nápoles y poco después la reina proclamaba heredero, virrey y lugarteniente general a Alfonso. El éxito fue poco duradero: una sublevación de los napolitanos puso en peligro la vida del rey, que sólo pudo salvarse gracias a una flota enviada por la Diputación del General de Cataluña.

En 1423 Alfonso regresaba a la Península, obligado por su fracaso napolitano, por la situación castellana (enfrentamiento entre sus hermanos Enrique y Juan) y por las presiones de los súbditos aragoneses, más interesados en solucionar los problemas internos que en la continuación de la política mediterránea una vez pacificada Cerdeña. La ayuda prestada al rey en los momentos difíciles de la aventura napolitana permitió a las Cortes de Cataluña lograr lo que no habían podido conseguir en 1414 de Fernando de Antequera ni en 1419 de Alfonso.

Las Cortes catalanas habían demostrado de un modo práctico que sin ellas, sin su colaboración económica, no era viable la política del monarca. Alfonso se vio obligado a aceptar las exigencias de los estamentos privilegiados. En las Cortes de 1421-1423 la reina María solicitó ayuda para el rey y las Cortes le exigieron la aprobación de las reivindicaciones no atendidas en los años anteriores. Desde este momento, las Cortes o su comisión permanente, la Diputación del General, adquiriría una gran fuerza política y se convertiría, en frase de Vicens, en «custodia y defensa de la estructura constitucional del país frente a cualquier extralimitación del rey y de las autoridades públicas, con facultad de nombrar un representante cerca de la Corte para reclamar el respeto a la legalidad vigente».

La importancia de las Cortes se pondría de manifiesto pocos años más tarde. Alfonso intervino activamente, según hemos señalado en otro lugar, en los asuntos castellanos y logró que se firmara una concordia entre sus hermanos Enrique y Juan para combatir a Álvaro de Luna. Cuando el partido aragonés en Castilla decidió recurrir a las armas, Alfonso se aprestó a colaborar, pero los reinos le negaron apoyo económico; las Cortes catalanas le recordaron que antes de emprender una guerra exterior necesitaba el consejo favorable de los catalanes y anunciaron su intención no de contribuir a la guerra, sino de actuar como mediadores entre el monarca castellano y el aragonés. Las Cortes no sólo actuaban en el interior sino que dirigían la política externa. Alfonso aceptó la tregua de Majano (1430) y se desentendió de los asuntos de Castilla.

La renuncia a intervenir en el reino castellano no se debió sólo al desinterés de catalanes, aragoneses y valencianos, sino también a que de nuevo se presentaba a Alfonso una oportunidad de intervenir en Nápoles, llamado una vez más por la reina Juana. Para reunir fondos con destino a esta nueva expedición se reunieron las Cortes catalanas en 1431. Eclesiásticos, nobles y ciudadanos presentaron un frente común en algunos puntos (problema remensa, administración de justicia...), pero actuaron divididos en otros como en lo referente a los censals y violaris (préstamos concedidos a cambio del pago de una renta vitalicia o temporal).

La situación económica había empeorado gravemente en Cataluña y los que habían prestado su dinero (eclesiásticos y ciudadanos) encontraban grandes dificultades para cobrar las rentas correspondientes. Sometido el asunto al rey, éste se inclinó por los acreedores y obtuvo una ayuda de 80000 florines que le permitió financiar la expedición napolitana. Las diferencias en el seno de las Cortes se observan igualmente al tratar de los dirigentes de la Diputación del General. Una comisión investigadora probó la extensión del favoritismo en los rectores de la Diputación y se tomaron medidas para evitar que los diputados y oidores de cuentas pudieran ser reelegidos hasta después de doce años de haber ejercido el cargo.

La sucesión de Juana de Nápoles afectaba a todas las ciudades y potencias italianas por cuanto la unión de Nápoles a la Corona podía romper el equilibrio peninsular italiano. Alfonso el Magnánimo tuvo que hacer frente a una coalición formada por el Papa Eugenio IV, Venecia, Florencia, Milán-Génova, bajo la dirección de Felipe María Visconti, duque de Milán y señor de Génova, que era el más afectado por la política del monarca aragonés.

Los primeros intentos de Alfonso fueron un fracaso; derrotado en la batalla naval de Ponza (1435), el rey fue hecho prisionero por el señor de Milán y su rescate fue pagado por los reinos de la Corona de Aragón. Durante su cautiverio Alfonso llegó a un acuerdo con Visconti para repartirse Italia: Milán controlaría el norte y Aragón, desde Nápoles, el sur. Después de largos años de lucha, Alfonso lograba entrar como triunfador en Nápoles (1442), lo que le enfrentaría al pontífice contra el que el monarca de Aragón y el duque milanés sostendrían al concilio de Basilea hasta que el Papa aceptó a Alfonso como nuevo rey de Nápoles.

Desde la conquista de este reino, Alfonso se desentendió prácticamente de sus dominios peninsulares, que fueron confiados a su esposa María y a su hermano Juan, nombrados lugartenientes en Cataluña y en Aragón-Valencia respectivamente. En adelante, Alfonso sólo recurriría a los dominios de la Corona en busca de dinero para sostener su posición en Italia, donde permaneció la Corte mientras vivió el monarca. En ningún momento pensó en incorporar Nápoles a la Corona (posiblemente fuera una de las exigencias de los napolitanos para aceptarlo) y proclamó heredero del reino napolitano a uno de sus hijos ilegítimos, Ferrante.

En buenas relaciones con el duque de Milán, Alfonso consiguió que éste lo nombrara heredero de sus dominios y, al morir Felipe María Visconti (1447), intentó hacer efectivo el nombramiento, con lo que dio lugar a una nueva guerra italiana. Alfonso contaba con el apoyo, al menos económico, de los reinos de la Corona y con la alianza de Venecia. Frente a ellos se hallaban Florencia y Milán, apoyadas por Carlos VII de Francia, cuya intervención ya había sido pedida por los enemigos de Alfonso cuando éste intentó conquistar Nápoles.

La intervención francesa representaba un peligro para todos los Estados italianos, por cuanto amenazaba con poner fin a la independencia de las ciudades y repúblicas. Pronto se llegó a una paz entre Milán, Florencia y Venecia (Lodi 1454) a la que un año más tarde se adhirió Alfonso. Los Estados italianos se comprometían a mantener el equilibrio peninsular y a hacer frente común contra los enemigos del exterior, contra los franceses y contra los turcos, que amenazaban las posesiones de Venecia desde la ocupación de Constantinopla en 1453.

A pesar de estos acuerdos, Alfonso atacó a Génova, pero puede afirmarse que esta guerra no tenía el mismo carácter que las anteriores; no era una guerra italiana sino la continuación de la pugna que enfrentaba a catalanes y genoveses en el Mediterráneo. En ayuda de Génova acudiría nuevamente el monarca francés y contra él se formaría una nueva liga de napolitanos, florentinos y milaneses. Los Reyes Católicos continuarían esta orientación mediterránea de Alfonso el Magnánimo.

La política mediterránea de Alfonso se completa con el establecimiento de relaciones diplomáticas con los príncipes balcánicos para frenar el avance turco y facilitar el comercio de los catalanes y el suyo propio, ya que a titulo personal Alfonso fue uno de los grandes mercaderes del Mediterráneo y en defensa de sus intereses comerciales llegó a aliarse con los mercaderes provenzales.

Crisis social en Cataluña

Las tensiones sociales, consecuencia de la crisis de los siglos XIV y XV, desembocarán en Cataluña y en Mallorca (estamos muy mal informados sobre Aragón y Valencia) en la oposición abierta entre los grupos urbanos y entre señores y campesinos durante la segunda mitad del siglo XV. Pero a diferencia de lo ocurrido en Mallorca, donde el rey se mantuvo neutral, e intentó evitar los enfrentamientos, en Cataluña Alfonso el Magnánimo tomó parte activa y sin su apoyo ni los menestrales barceloneses ni los payeses de remensa hubieran podido oponerse eficazmente a sus enemigos.

Las causas de esta intervención real se hallan en las diferencias que separan a los grupos privilegiados de Cataluña y al rey. Las cortes han limitado considerablemente los poderes de Fernando I y de Alfonso el Magnánimo; cuando éste no ha accedido a sus peticiones han respondido negándole los subsidios económicos. El monarca necesita restablecer su autoridad frente a los ciudadanos, nobles y eclesiásticos para desarrollar su política mediterránea; el apoyo a los campesinos y menestrales servirá para alcanzar ambos objetivos: debilitará a los grupos aristocráticos y facilitará al rey el dinero (ofrecido por los remensas y ciudadanos, o por las Cortes a cambio de una modificación de la política interna del monarca).

El planteamiento de las reivindicaciones urbanas y campesinas es independiente, pero ambos problemas se unirán durante la guerra civil que enfrentó a los catalanes y a su rey Juan II entre 1462-1472. Por lo tanto, antes de estudiar este enfrentamiento es necesario analizar ambos problemas por separado y ver las circunstancias políticas que, complicando las tensiones entre el rey y las Cortes, llevaron a la guerra civil.

La historia de los payeses de remensa está directamente unida a la relación de fuerzas entre el monarca y las Cortes catalanas. La primera medida de importancia contra la libertad de movimiento de los campesinos fue tomada por Pedro el Grande en 1283, cuando necesitaba económica y militarmente de las Cortes para hacer frente a la invasión de sus dominios por Felipe III de Francia. Pero el problema no se plantea en toda su gravedad hasta después de 1350.

Para evitar la huida de los campesinos a la ciudad, los señores disponían de dos medios: ofrecer mejores condiciones económicas y reforzar los lazos que unían a los campesinos con la tierra. Ambas soluciones fueron empleadas, pero seguramente con distinta intensidad en las tierras fértiles que en las poco productivas; en las primeras bastaba reducir los censos y permitir la ocupación de las tierras abandonadas para obtener cultivado res, mientras que, en las zonas pobres, para retener a los payeses sería preciso, aparte de darles facilidades económicas, mantenerlos sujetos a la tierra por medios legales, es decir, restableciendo las costumbres feudales que habían entrado en desuso.

Estas medidas coercitivas no son exclusivas de Cataluña, sino generales a todo Occidente y no difieren mucho de las adoptadas en Aragón, Galicia, el País Vasco o Castilla, como podrá comprobarse el día en que dispongamos de una historia agraria de estos reinos, especialmente de Galicia, donde la revuelta hirmandiña es similar a la existente en Cataluña, con la diferencia de que los payeses catalanes tuvieron a su lado a Juan II mientras que los gallegos fueron abandonados a su suerte por Enrique IV.

Al mismo tiempo que se somete a los campesinos a la permanecía en la tierra y quizás como justificación psicológica de estas decisiones, se desarrolla una mentalidad anticampesina que lleva a los nobles a pedir en 1370 que los payeses de remensa no sean admitidos a las órdenes sagradas, lo que equivalía a hacer de ellos una casta inferior, al margen de la sociedad.

Hacia 1380 la situación campesina experimenta un cambio considerable. El vacío demográfico se colma por el crecimiento natural y por la inmigración de campesinos del sur de Francia, atraídos por las favorables condiciones. La relativa abundancia de mano de obra —para las tierras fértiles al menos— coincide con una agudización de la crisis económica catalana (bancarrotas de 1381) que llevó a muchos ciudadanos a comprar tierras y a todos los señores a intentar obtener el máximo rendimiento posible de sus heredades y de los derechos sobre los campesinos.

En esta época los propietarios intentaron sustituir los censos perpetuos por los contratos temporales a corto plazo (ello se debe posiblemente a la influencia de los ciudadanos, acostumbrados en sus relaciones comerciales a este tipo de contratos); intentaron también expulsar a los campesinos de las tierras ocupadas durante los años difíciles u obligarles a pagar nuevos censos; y procuraron incrementar sus ingresos con los que proporcionaba el restablecimiento de las normas feudales: los propietarios cobran como dueños de la tierra y como señores jurisdiccionales.

Los campesinos reaccionaron quemando las escrituras de contrato, destruyendo las cosechas, excavando fosas y erigiendo cruces como señal de amenaza contra propietarios-señores en el caso de que se atrevieran a llevar a la práctica sus proyectos. En 1391 los campesinos tomaron parte activa en la destrucción de los barrios judíos que fue, en cierto modo, una derivación o una desviación de su odio hacia las clases acomodadas.

Martín el Humano intentó sin éxito mejorar la suerte de los payeses y solicitó del Papa la liberación de los remensas eclesiásticos y su incorporación a la Corona; Fernando de Antequera en 1413 y Alfonso el Magnánimo en 1421 dependían en exceso de las Cortes y nada pudieron o quisieron hacer en favor de los campesinos a los que prohibieron las amenazas contra los señores, que fueron autorizados a ocupar las tierras abandonadas por los campesinos pasado un año de su marcha.

El problema remensa surge de nuevo en 1445 a causa de las necesidades económicas de la Corona. Las Cortes exigían el regreso del monarca como condición indispensable para concederle subsidios; los payeses se mostraron dispuestos a proporcionar el dinero a cambio de volver a la jurisdicción real, es decir, a cambio de la libertad. Los oficiales del monarca facilitaron la reunión de los campesinos que pudieron coordinar su actuación para reunir el dinero necesario. Cinco años más tarde, Alfonso daría un paso más en la liberación de los remensas al suprimir los malos usos. Esta decisión fue combatida por la Diputación del General y, cuando las Cortes ofrecieron al monarca importantes subsidios, Alfonso anuló las medidas tomadas. La Diputación inició una política represiva contra los campesinos, que no dudarían en unirse a Juan II al iniciarse la guerra entre el rey y la Diputación del General de Cataluña.

El problema remensa durante los años de Alfonso aparece íntimamente ligado al de la recuperación del patrimonio real en el que el monarca siguió la política iniciada por Martín el Humano. Ya en 1420 fueron autorizados los habitantes de diversos lugares a reunirse para encontrar el medio de pagar la redención (no la remensa) y volver a la jurisdicción real, pero esta política no aparece claramente definida hasta 1446, año en el que Pere de Besalú fue encargado de inventariar y amortizar todos los títulos señoriales de posesión de castillos, villas, masías, casas, lugares y tierras realengas, y de embargar los bienes de cuantos señores no pudiesen presentar títulos convincentes.

La actuación de Pere de Besalú en el reino de Valencia fue atacada por las Cortes de Cataluña a petición del obispo de Tortosa, afectado por los embargos, y en defensa de los intereses de sus miembros, pues mientras el conservador del patrimonio real actuaba en Valencia otros agentes del monarca recorrían Cataluña y preparaban las reuniones de los afectados. A imitación de los sindicatos creados para reunir el dinero necesario para volver a la jurisdicción real y organizados por los agentes del rey, surgieron los sindicatos remensas cuyos orígenes se remontan a 1447.

Las protestas de las Cortes contra los instigadores de estas reuniones (Pere de Besalú y Jaume Ferrer, entre otros) no se hicieron esperar; en las actas de 1447 llegó a culparse de la agitación campesina a los «malos» juristas, es decir, a los que actuaban al servicio del rey. Los prohombres de Cataluña condicionaron el subsidio de treinta mil florines, necesarios para armar a mil ballesteros, al sobreseimiento por seis meses —tiempo para negociar— de los procesos iniciados por la recuperación del patrimonio y a la prohibición de las asambleas o reuniones de los payeses de remensa.

El monarca se limitó a disolver las Cortes y se inclinó abiertamente hacia los campesinos, hacia los sometidos a la jurisdicción señorial y hacia los remensas. Los primeros, los de la diócesis de Gerona, ofrecieron al monarca sesenta y cuatro mil florines; las reuniones de los segundos fueron autorizadas oficialmente en 1448 aunque en grupos no superiores a cincuenta y en presencia de un oficial real (o en grupos de diez si no estuviera presente un oficial) para nombrar síndicos que distribuyeran y recogieran los cien mil florines ofrecidos al monarca a cambio y como medio de llevar a cabo la remensa.

Las oscilaciones de la política monárquica en el problema remensa dependen en gran parte de sus necesidades económicas, pero este factor por sí solo no explica la actuación del monarca. Como afirma Santiago Sobrequés, si el rey se hubiera interesado sólo por el dinero le habría resultado mucho más fácil entenderse con los señores (más ricos) que con los campesinos; en el fondo, lo que está en juego es el poder político en Cataluña; lo que se discute es la autoridad real, que nunca podrá ser efectiva por más dinero que se otorgue al monarca mientras no se recupere el patrimonio real y no se reduzcan los poderes señoriales, es decir, mientras ciudadanos, nobles y eclesiásticos sean más ricos y, en consecuencia, más poderosos que el monarca.

Las divisiones entre los ciudadanos de Barcelona se manifiestan por las mismas fechas que el malestar campesino. Aunque generalmente no se han puesto en relación la obligatoriedad de redimirse, decretada en 1283, y la rebelión en Barcelona de Berenguer Oller, es posible que ambos hechos obedezcan a unas mismas razones de base ante la crisis, pasajera, de 1283. Los payeses intentarían abandonar los campos, y los menestrales buscarían sustituir a los patricios en el gobierno de la ciudad.

Igual coincidencia de fechas se observa en las manifestaciones del siglo XIV. Hacia 1380 se producen los primeros movimientos remensas, y en 1386 tuvo lugar el primer intento de modificar el sistema de gobierno del municipio barcelonés disminuyendo la importancia de los patricios. La reacción aristocrática del reinado de Juan I hizo fracasar estos intentos, y una ligera reactivación de la economía barcelonesa permitió soslayar el problema hasta mediados del siglo XV.

En esta época, los barceloneses aparecen divididos en dos grupos antagónicos: la Biga, de la que forman parte los patricios, que viven de rentas censales, propiedades rústicas y urbanas y del comercio de importación de productos de lujo, y la Busca en la que se integran mercaderes, artesanos y menestrales cuya participación en el gobierno municipal es nula. Mientras la situación económica fue soportable, las protestas contra quienes regían el municipio fueron esporádicas, pero al empeorar la situación y obligar al incremento de impuestos (que coincidió con un descenso de la producción artesanal y del comercio de exportación) todos los afectados exigirán responsabilidades a quienes gobiernan y administran Barcelona.

En los primeros momentos (1451) se pidió una inspección de las cuentas municipales durante los últimos cincuenta años. Poco más tarde se trazó un cuadro de los males sobrevenidos a la ciudad durante y a causa del gobierno (del mal gobierno) de los bigaires: modificación en su beneficio de los privilegios municipales, ruina de las finanzas de la ciudad, corrupción administrativa, aumento de los impuestos, renuncia a defender los intereses del comercio y de la industria, y obstinación en mantener inalterable la moneda.

El último problema es quizás el más difícil de entender. Tradicional-mente se considera que una moneda estable es signo de firmeza y prestigio económico y así lo creían los patricios. Pero en 1452 la situación de la moneda catalana era anómala. El florín y el croat, monedas de oro y de plata respectivamente, valían al cambio oficial 11 sueldos y 15 dineros. Sin embargo, a causa de la escasez de metal, el valor real (a peso) de estas monedas era de 13 sueldos para el florín y de 18 dineros para el croat. Ante esta realidad la moneda se retraía: nadie estaba dispuesto a dar por 11 sueldos, valor oficial, algo que valía realmente 13; al no circularla moneda los negocios disminuían.

La organización de los buscaires fue obra de Galcerán de Requesens, nombrado Gobernador General de Cataluña en 1442. Desde 1449 los miembros de la Busca se reunieron bajo la protección del gobernador. En 1451 protestaron, como grupo, contra la decisión de los patricios de enviar una galera en apoyo de los ciudadanos de Mallorca sitiados por los foráneos y menestrales. Quizás pueda verse en esta protesta una prueba de la solidaridad de las clases menos favorecidas de Barcelona con sus iguales mallorquines, pero parece más lógico pensar que la protesta estaba motivada por el empleo de los recursos municipales en una empresa que sólo interesaba a unos cuantos: a los propietarios de tierras y de censales en Mallorca.

Desde 1451 los buscaires impugnan las elecciones municipales. Al ser nombrado, en 1453, Galcerán de Requesens Lugarteniente Real en Cataluña, éste procedió a designar un Consejo buscaire de acuerdo con los deseos del monarca. Las reformas no se hicieron esperar: disminución de los sueldos de los funcionarios municipales, supresión de algunos cargos, adopción de medidas tendentes a asegurar el abastecimiento de la ciudad, devaluación de la moneda y promulgación de normas para proteger a la industria textil de la competencia extranjera.

A pesar de los buenos deseos de los buscaires, la crisis no se solucionó; no era sólo el resultado de una mala administración, sino el reflejo de una crisis general cuya solución no dependía de los regidores de Barcelona. Por otra parte, la larga convivencia en las Cortes y la comunidad de intereses entre patricios, nobles y eclesiásticos facilitarían la formación de un bloque político opuesto a las reformas buscaires. En las Cortes iniciadas en 1454 no serían admitidos los representantes barceloneses por no haber sido elegidos de acuerdo con las normas tradicionales; las Cortes declararían nulos los actos de Requesens por no reunir las condiciones necesarias para ser Lugarteniente Real (no era familiar del monarca), e impondrían la sustitución de Galcerán por Juan de Navarra.

El interés del rey por los buscaires, al igual que por los remensas, se sitúa en el plano de la oposición entre el monarca y las Cortes. Con la ayuda de los buscaires barceloneses, Alfonso podría controlar, o al menos reducir, la importancia política de las Cortes y de su organismo permanente, según se demostró cuando, al ser admitidos los buscaires, exigieron la reforma de la Diputación y boicotearon la presentación de agravios generales.

En 1458 Juan de Navarra sucedía a su hermano Alfonso como rey de Aragón y mantenía la misma actitud que éste hacia remensas y buscaires, pero su situación se vio complicada por la prisión de Carlos de Viana (1460). Mientras Juan había sido sólo el Lugarteniente de Alfonso, las tensiones entre Juan y su hijo no afectaban directamente a los catalanes, pero en estos momentos la prisión del heredero fue hábilmente aprovechada por las Cortes para anular las ventajas logradas por el rey, cuya autoridad y la de sus aliados era discutida en Barcelona, donde los errores buscaires habían reducido el prestigio de los reformistas.

A las Cortes de Lérida asistieron dos delegaciones barcelonesas, una buscaire y otra bigaire, por lo que el rey ni siquiera podría contar con el apoyo del brazo real. Las Cortes encargaron a la Diputación de resolver el problema político planteado por la detención de Carlos de Viana. Se nombró un Consejo representante del Principado de Cataluña que exigió al monarca la libertad de Carlos, su reconocimiento como heredero de todos los reinos de la Corona y la reparación de los agravios cometidos por el monarca.

Juan II se negó a aceptar estas exigencias y el Consejo de Cataluña le declaró la guerra, que fue acompañada de un ataque castellano y de una nueva sublevación de los beamonteses navarros. Ante la alianza de estas fuerzas, el monarca claudicó: puso en libertad a Carlos y aceptó la Capitulación de Vilafranca del Penedés (1461) por la que se sometía íntegramente al Consejo de Cataluña del mismo modo que cinco años más tarde Enrique IV de Castilla se sometería a la nobleza al aceptar el pacto de Guisando. Sin autorización del Consejo, Juan II no podría entrar en el Principado, donde Carlos de Viana sería Lugarteniente del rey y jefe de la administración y del poder ejecutivo.

Poco después (septiembre de 1461) moría Carlos y la Capitulación se mantenía íntegramente, aunque ahora el representante del monarca fuera el infante Fernando bajo la tutela de su madre Juana Enríquez, que inmediatamente inició los contactos con remensas y buscaires para restablecer el poder real. El Consejo reaccionó organizando campañas contra los payeses y ejecutando a algunos dirigentes de la Busca. El 28 de mayo de 1462 el monarca rompió el acuerdo y penetró en el Principado.

La guerra civil catalana

El problema remensa y el buscaire, a través de los cuales luchaban por el poder el monarca y las Cortes, fueron las causas de la guerra que dividió a los catalanes entre 1462-1472, aunque sus inicios haya que situarlos en la prisión de Carlos de Viana. Este error político de Juan II permitiría a la Diputación del General agrupar momentáneamente a todos los catalanes alrededor de la figura del heredero y declarar la guerra abierta al monarca, no para destronarlo sino para imponerle sus puntos de vista sobre el gobierno del Principado o, lo que es lo mismo, para imponer las ideas de los privilegiados sobre la organización económica y social de Cataluña.

Entre la Capitulación de Vilafranca y la muerte de Carlos de Viana (sus partidarios llegaron a considerarlo santo y extendieron el rumor de que había sido envenenado por instigación de Juana Enríquez), la Biga afianzó su posición en Barcelona, destituyó —con la ayuda de la Diputación— a Galcerán de Requesens y desplazó a los representantes buscaires, algunos de los cuales serían ajusticiados por haberse manifestado partidarios del regreso del monarca, al que apoyaban igualmente los payeses de remensa sublevados a comienzos de 1462 bajo la dirección de Francesc Verntallat, que exigía la" supresión de los malos usos y también de los censos debidos a los señores.

La guerra adquirió rápidamente carácter internacional. Si en 1461 Juan II había claudicado ante la presión conjunta de castellanos, beamonteses y catalanes, agrupados en torno a Carlos, de Viana, ahora intentará dominar a los catalanes fomentando las divisiones internas y buscando la alianza con el monarca francés Luis XI y con el conde Gastón de Foix, casado con una hija de Juan II. El primero se haría pagar su ayuda en dinero y mientras el rey aragonés no pudiera reunir la cantidad fijada recibiría en prenda los condados (las rentas) del Rosellón y Cerdaña; el segundo obtendría la promesa de heredar el reino de Navarra.

El Consejo de Cataluña buscará ante todo la unidad interior y negociará alianzas externas capaces de contrarrestar la presión francesa y la neutralidad o el apoyo incondicional al monarca de aragoneses, valencianos y mallorquines. Desarticulado el partido buscaire de Barcelona y obligados sus miembros a enrolarse en la bandera (en el ejército) de la ciudad, el mayor peligro interno procedía de los remensas, a los que la Diputación ofreció en 1462 y 1463 acuerdos que fueron rechazados al igual que las peticiones de ayuda enviadas a los demás reinos de la Corona.

Ante esta situación, el Consejo ofrecería el Principado a candidatos que, teniendo algunos derechos al trono aragonés, pudieran al mismo tiempo inclinar la guerra a favor de los catalanes rebeldes a Juan II. Cincuenta años después del Compromiso de Caspe veremos reinar en Cataluña a los descendientes de los candidatos rechazados en 1412, pero a esta solución sólo se llegó después de agotar todas las posibilidades. En los primeros momentos y ante la gravedad de la situación militar (mientras Juan II atacaba por el sur, los remensas dominaban el norte y los ejércitos franceses y del conde de Foix cruzaban los Pirineos para ayudar a los realistas), el Consejo pidió ayuda militar a Castilla (dos mil caballeros durante dos a cuatro meses) y solicitó el envío de vituallas y armas por mercaderes castellanos.

El carácter de esta petición es prueba evidente de que la guerra no se dirigía contra el monarca, sino contra el concepto que de la monarquía tenía Juan II; era en definitiva un enfrentamiento entre las ideas absolutistas del rey y las pactistas de la oligarquía catalana o, si se prefiere, entre dos modos de entender el gobierno: el medieval, representado por el Consejo, y el moderno, encarnado por Juan II, dando a medieval y moderno no un valor cualitativo sino simplemente cronológico. Sólo cuando los catalanes se convenzan de que la ayuda militar exterior es insuficiente ofrecerán el Principado a otros «reyes» e incluso en estos casos procurarán mantenerse en la legalidad retrotrayéndola a la época de Caspe.

El 11 de agosto de 1462 fue presentada ante el Consell barcelonés una proposición para nombrar conde de Barcelona a Enrique IV de Castilla, que habría de comprometerse a respetar los Usatges, derechos y constituciones de Cataluña y a aceptar la Capitulación de Vilafranca sobre el gobierno del Principado. La propuesta fue aprobada por el Consejo de Barcelona y por el del Principado no sin que algunos de sus miembros manifestaran sus deseos de continuar sin rey, es decir, de convertir a Cataluña en una república al estilo italiano.

Esta última posibilidad fue rechazada por amplia mayoría (los hechos habían probado que era inviable). Los catalanes debieron de desplegar una intensa diplomática, como lo prueba el hecho de que su ofrecimiento al monarca castellano fuera acompañado de ofertas similares hechas por algunos representantes de Aragón y de Valencia.

La elección de Enrique IV se justificaba por los derechos de éste al trono en cuanto heredero de Juan II de Castilla, cuya candidatura fue pospuesta a la de Fernando de Antequera en 1410, pero tenía su base en la enemistad existente entre el monarca castellano y el infante aragonés y en la potencia militar y económica de Castilla, que podría contar además con la ayuda de los beamonteses navarros, quienes no aceptaban como rey a Juan II ni a su presunto heredero, el conde de Foix, sino a Blanca, hermana de Carlos de Viana. Ésta, aunque separada de Enrique IV, renunció a sus derechos en favor de su antiguo marido al declararse la guerra catalana.

Enrique IV aceptó el ofrecimiento con el aplauso de los nobles de su consejo opuestos a Juan II y con la oposición de los partidarios del infante aragonés y de quienes temían el aumento del poder del monarca como contrario a los intereses de la nobleza castellana. La crisis política de Cataluña es contemporánea de la de Castilla; el monarca aragonés se serviría de ésta para inutilizar a su rival y obligarle a renunciar, un año más tarde, a los títulos de conde de Barcelona y señor del Principado de Cataluña.

Las tropas castellanas dirigidas por el navarro Juan de Beaumont, lugarteniente de Enrique IV, atravesaron Aragón, donde ocuparon diversas plazas con lo que obligaron a los realistas y a los franceses a levantar el asedio de Barcelona, pero las negociaciones de Juan II en Castilla continuaban y darían sus frutos cuando en abril de 1463 Enrique IV aceptara la decisión de Luis XI de Francia, elegido, por instigación de los partidarios castellanos de Juan II, arbitro entre los reyes de Castilla y de Aragón.

Por la Sentencia de Bayona, Enrique IV se comprometía a devolver las plazas ocupadas en Navarra, Aragón y Valencia, y a renunciar a Cataluña. A cambio, Juan II cedía las rentas que le correspondían en Castilla, entregaba a Enrique IV la merindad de Estella —la entrega no se haría efectiva— para compensarle de los gastos realizados, y se comprometía a no tomar represalias contra los catalanes sublevados si se sometían en un plazo de tres meses. Una comisión formada por representantes de Enrique IV, de Luis XI, de Juan II y de Barcelona se encargaría de solucionar los problemas planteados por la guerra: indemnizaciones, procesos, cuestiones pendientes...

Ante el abandono de su aliado y señor, los catalanes aceptaron el ofrecimiento del condestable Pedro de Portugal, descendiente de Jaime de Urgel, que sería el segundo de los llamados reyes intrusos de Cataluña. El condestable no estaba en condiciones de ayudar ni económica ni militarmente a los sublevados, pero sirvió los intereses catalanes actuando como jefe militar y mediante una alianza con Carlos el Temerario de Borgoña, enemistado con Luis XI de Francia.

A pesar de este nuevo aliado de los catalanes, la posición del rey no dejó de consolidarse y no tanto en el plano militar como en el político. Los intentos catalanes de atraer a valencianos, aragoneses y mallorquines fracasaron. En el interior de Cataluña Juan II contaba no sólo con el apoyo directo de los remensas y el indirecto de los buscaires, sino también con el de algunos nobles y clérigos que siguieron al rey por fidelidad a la idea monárquica, por descontento con la radicalización de los sublevados o de las luchas de bandos que dividían a los catalanes.

El primer triunfo político de consideración lo obtuvo Juan cuando llegó a su Corte uno de los tres diputados del General de Cataluña, Bernat Saportella (enero de 1453), que se intituló miembro único de la Diputación al afirmar que sus dos compañeros permanecían en Barcelona forzados y sin libertad, y organizó el organismo supremo de Cataluña en los dominios realistas. Desde ahora el rey contaba con una Diputación que le permitía «legalizar» su situación y atraerse a nuevos partidarios ante los que se comprometió (esta cláusula figuraba ya en la Sentencia de Bayona) a respetar las condiciones fijadas en la Capitulación de Vilafranca y a mantener los privilegios de las ciudades.

La oferta fue repetida en 1465 después de un gran éxito militar frente al Condestable de Portugal y nuevos grupos se pasaron al bando realista. A la muerte de Pedro (1466), los catalanes eligieron como señor a Renato de Anjou, descendiente de Luis de Anjou, otro de los pretendientes de Caspe, y enemigo encarnizado de Alfonso el Magnánimo en Italia.

La designación de Renato modificó completamente el sistema de alianzas internacionales. Tras el angevino actuaba Luis XI, que prestó su ayuda a los catalanes, y contra él Juan II se alió a Carlos el Temerario de Borgoña, a los ingleses y a uno de los bandos nobiliarios existentes en Castilla. Una vez más los conflictos internos de los reinos peninsulares enlazaban con la guerra de los Cien Años.

La alianza con Castilla merece especial atención. Para algunos historiadores, que juzgan los hechos no en sí, sino a través de sus consecuencias —imprevisibles en el momento en que tuvieron lugar los acontecimientos—, el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, por el que se ratificó la alianza, tenía como finalidad lograr la unidad de los reinos peninsulares (a excepción de Portugal). Pero si no podemos afirmar que el nombramiento de Enrique IV como señor de Cataluña buscara esta unidad, tampoco es posible aceptar que se pretendiera alcanzarla con el matrimonio de los que serán conocidos como los Reyes Católicos.

Una y otra medida no obedecieron a un proyecto de unidad soñado por los catalanes o por Juan II, sino a las necesidades concretas del momento en que fueron tomadas. Enrique IV era el único que podía ayudar a los sublevados en 1462; el monarca aragonés no podía prescindir de Castilla para mantenerse en el trono. El reino castellano tenía desde el acuerdo de Guisando (1468) a Isabel como heredera, pero quien controlaba la situación era el marqués de Villena, Juan Pacheco; el monarca aragonés —interesado siempre en los asuntos castellanos— no lo ignoraba y envió a Castilla embajadas que ofrecieron simultáneamente el matrimonio de Fernando con Beatriz Pacheco y con Isabel.

Fuese cual fuese el resultado, Juan II tendría cubiertas las espaldas porque el matrimonio serviría para reactivar la guerra civil castellana y alejar a los nobles de los problemas catalanes. Realizado el matrimonio de Isabel y Fernando en 1469, los antiguos partidarios del infante aragonés (Juana Enríquez, la segunda esposa de Juan, pertenecía a la alta nobleza castellana) y los enemigos del marqués de Villena apoyaron a Isabel, que lograría imponerse en Castilla y enviar socorros a su suegro.

La muerte en 1470 de Juan de Lorena, jefe del cuerpo expedicionario francés, privó a los catalanes de apoyo exterior. En 1472 Barcelona se rindió a las tropas realistas después de que Juan II concediera un perdón general y reiterara las ofertas hechas en 1463 y 1465: respeto a las constituciones del país y a los privilegios de las ciudades.

Por la Capitulación de Pedralbes (1472) la guerra terminaba oficialmente sin vencedores ni vencidos. Juan II reconocía que sus antiguos adversarios habían actuado de buena fe en defensa de los privilegios y fueros de Cataluña, perdonaba a todos e incluso concedía salvoconducto a las tropas francesas. Su única exigencia como vencedor fue que se tuviera «por no hecha» la Capitulación firmada diez años antes en Vilafranca del Penedés. Con estas medidas de clemencia, en cuya adopción es posible que intervinieran decisivamente los catalanes que se habían unido al monarca, Juan II lograba pacificar el Principado y volver a la situación anterior a la prisión de Carlos de Viana.

En la misma Capitulación se incluyeron cláusulas relativas a la devolución a sus antiguos dueños de los frutos y rentas de tierras, derechos y bienes que habían cambiado de manos y a la entrega de las propiedades confiscadas a particulares, al municipio de Barcelona y a la Diputación del General. El monarca reconoció la legalidad de la Diputación y de los impuestos creados por ella, por el Consejo de Cataluña y por el municipio barcelonés. En su afán de poner fin a la guerra llegó a conceder preferencia a la Diputación sublevada sobre la realista, al disponer que continuaran en el cargo los diputados rebeldes y que al finalizar su mandato eligieran a sus sucesores según el modo tradicional. La Diputación realista (tenía tres miembros desde 1470) protestó enérgicamente: durante los meses que faltaban para finalizar el trienio la Diputación funcionó con seis diputados, los sublevados y los realistas, y fueron estos últimos los que eligieron a sus sucesores en el cargo.

La restitución de bienes y rentas planteaba numerosos problemas. Para ganar nuevos partidarios el monarca no podía enfrentarse a sus fieles (de la misma forma que no se opuso a las peticiones de la Diputación realista). De la obligación de restituir se eximió a los principales personajes partidarios del rey en cuyo favor se resolvió igualmente la duplicidad de cargos civiles mientras que en los eclesiásticos el monarca se inclinó hacia el respeto a los antiguos nombramientos. Esta igualdad de derecho entre vencidos y vencedores no sería real. El problema de las restituciones se arrastraría durante largos años y daría lugar a nuevos enfrentamientos en las Cortes.

Las excepcionales condiciones otorgadas, aunque no fueran respetadas íntegramente, se explican en parte por la necesidad de poner fin a los graves problemas económicos: ruina de la agricultura, de la industria y del comercio, y endeudamiento de una gran parte de la población, de los municipios, de la Diputación y del propio monarca, y en parte por el interés del monarca en recuperar los condados del Rosellón y de Cerdaña.

Para resolver estos problemas, y de modo especial el de los condados pirenaicos, fueron convocadas las Cortes catalanas en 1473, pero ni el país disponía de los medios necesarios para hacer frente a la guerra ni los catalanes se mostraron dispuestos a ayudar al rey hasta que éste resolviera los problemas planteados por la restitución de bienes. Ambos problemas se arrastrarían hasta el reinado de Fernando el Católico (1479-1516).

Otro problema que tampoco hallaría solución satisfactoria en tiempos de Juan II sería el remensa. Tanto Juan II como sus rivales se habían visto obligados durante la guerra a hacer concesiones a los payeses, procurando en todos los casos no enajenarse el apoyo señorial. Se había llegado a una situación de equilibrio inestable que se rompería en 1472 cuando los señores intentaran recuperar todos sus derechos y los campesinos exigieran el cumplimiento de los privilegios recibidos. Los intentos de Juan II de mantener el equilibrio entre los antagonistas sólo servirían para radicalizar las posturas, lo que daría lugar a la segunda guerra remensa en 1484, a raíz de la cual Fernando lograría e impondría un acuerdo entre los contendientes.

La Ciudad y las Villas de Mallorca

Durante el reinado de Alfonso el Magnánimo, Mallorca tuvo que hacer frente a un grave enfrentamiento entre las clases acomodadas de la ciudad y los habitantes de las villas. Estas tensiones, así como los movimientos remensa y buscaire de Cataluña, son manifestaciones de un mismo proceso, que tiene lugar antes en Mallorca a causa de la menor consistencia de la economía insular y a la dependencia en que se encontraba la isla respecto a Barcelona a partir de la conquista de Mallorca por Pedro el Ceremonioso.

Para comprender el desarrollo del enfrentamiento entre ciudadanos y foráneos es preciso trazar un breve cuadro de la organización de la isla en la época anterior al siglo XV. Al ser conquistada la isla por Jaime I el único núcleo urbano de interés era la Ciudad, y sólo ésta fue organizada: la regirían seis jurados con libertad para designar los consejeros que necesitasen. Jurados y consejeros elegían, al finalizar su mandato de un año, a los jurados del período siguiente.

Durante el siglo XIII, junto a la ciudad surgieron otros núcleos que aspiraron a estar representados en el gobierno de la isla y que crearon su propia organización frente a la ciudad. Se organizó así el Sindicato foráneo, del que formaban parte todas las villas de la isla. En un intento de conjugar los intereses de la Ciudad y de las Villas se formó en 1315, por Sancho I de Mallorca, el Grande y General Consejo, y se dictaron medidas para que entre los consejeros de la Ciudad hubiera representantes de todos los grupos sociales: caballeros, ciudadanos o patricios, mercaderes y menestrales.

Una y otra medida tendían a lograr un equilibrio en el seno de la Ciudad y en el interior de la isla. Así, en el Grande y General Consejo las Villas estarían representadas de acuerdo con su potencia económica; puesto que pagaban un tercio de los impuestos les correspondería un tercio de los cargos del Consejo y sólo cuando variara la proporción económica podría modificarse la política.

El predominio de la Ciudad se mantuvo hasta 1350, época en la que se produjo, al igual que en otros muchos lugares, una escisión en el seno de los habitantes de Palma. Los menestrales, que fueron los más afectados por la crisis de mediados del siglo xiv, hicieron responsables de sus desgracias a los grupos privilegiados y se unieron políticamente a los foráneos, con lo que rompieron la proporción existente. Para mantener el equilibrio y poner fin a los enfrentamientos, manifiestos desde 1370 al igual que en Cataluña, se modificó en repetidas ocasiones el número y la calidad de los integrantes del Consejo: en 1372, 1377, 1382, 1387, 1390, 1392...

Al producirse la revuelta armada de foráneos y menestrales, el Grande y General Consejo estaba integrado por 84 personas: 56 de la Ciudad y 28 de las Villas. Estos números, sin embargo, no reflejan la situación de las fuerzas enfrentadas, ya que los 56 consejeros urbanos se dividían en 8 militares, 16 ciudadanos, 16 mercaderes y 16 menestrales; los votos de los últimos, unidos a los de los foráneos, daban a éstos la mayoría por 44 votos a 40. Sin embargo, Mallorca no era gobernada por foráneos-menestrales, sino por quienes realmente tenían el poder económico. Contra ellos se sublevarían los primeros.

Las causas mediatas del conflicto se hallan en las dificultades económicas de la monarquía. El rey pidió nuevas ayudas y éstas se obtuvieron mediante el cobro de un impuesto sobre los bienes de realengo que tenían los eclesiásticos y procediendo a la revisión de los derechos de propiedad de los campesinos sobre sus tierras. Quienes no pudieran presentar los títulos justificados perderían las tierras, que les serían vendidas nuevamente por la administración a precios elevados. Este tipo de revisión era frecuente, pero también era normal que se llegara a un acuerdo con los procuradores del rey y que renunciara a efectuarla a cambio de una cantidad global.

En esta ocasión no ocurrió así; no hubo ni siquiera la posibilidad de negociar. El malestar campesino se agravó por las predicaciones de los clérigos rurales, que se negaron a pagar las cantidades correspondientes a sus tierras. Simultáneamente a estas medidas, la reina María se enfrentó al más poderoso de los gremios ciudadanos, al de los pelaires, al prohibir a sus miembros cobrar un dinero por cada pieza de tela que llevaran al secador. Menestrales y foráneos hicieron responsables de la situación a los ciudadanos, a los que acusaban de malversar los fondos del reino con lo que hacían imposible que el rey obtuviera el dinero por los procedimientos normales.

Tras oír diversos informes, Alfonso el Magnánimo ordenó desde Nápoles que se examinaran las reclamaciones de los foráneos respecto a la mala administración y que en caso de ser ciertas las acusaciones se tomaran las medidas oportunas. Para evitar la unión de menestrales y campesinos y la radicalización del movimiento (en 1391 estos grupos unidos habían destruido el barrio judío de Mallorca) el monarca ordenó revisar las cuentas del Reino desde 1405, nombrar un oidor de cuentas del grupo menestral para que interviniera en la revisión anual, y sustituir algunos impuestos indirectos (sobre el pan y la sal) por otros que gravaran más fuertemente a quienes menos poseyeran, excluir de los cargos del Consejo a los mercaderes que controlaban la importación de cereales para que no pudieran utilizar sus puestos para especular a costa de la población...

La influencia de los clérigos rurales fue anulada al mandar que cesara el cobro indicado. El monarca permitió nuevamente a los pelaires que cobraran el dinero tradicionalmente recibido por las piezas que llevaban al secador. Finalmente, considerando que con estas medidas terminaban los problemas, Alfonso concedió poderes absolutos al Gobernador Berenguer d'Olms, al que nombró su Lugarteniente, para que pacificara los ánimos restituyendo a cada uno sus derechos.

Durante la época de enfrentamiento (27 de julio de 1450 a enero de 1451) los campesinos se habían negado a contribuir en los impuestos normales, a permitir a los ciudadanos vender las cosechas de las tierras que poseían en las Villas y habían intentado anular los préstamos concedidos por los ciudadanos. Estos préstamos habían sido otorgados a cambio de una renta perpetua y los campesinos alegaban que sólo tenían que pagar hasta que las rentas igualaran al capital. Alfonso ordenó al Gobernador que, a petición de las partes, averiguara los daños y perjuicios causados y obligara a los responsables a pagar, reservando siempre para el rey la tercera parte de cuantas compensaciones se recibieran. Para evitar la oposición de los foráneos, según los cuales la parcialidad de los consejeros jurídicos del Gobernador era manifiesta, el monarca ordenó el traslado a Mallorca de un jurista barcelonés considerado imparcial.

Con los nuevos poderes, y aconsejado por los ciudadanos, Olms decidió humillar a los foráneos. Como primera medida condenó a las Villas a pagar en el futuro «en concepto de servidumbre perpetua irredimible» la cantidad de dos mil libras anuales al fisco real. La cantidad no era exorbitante, pero el concepto no podía ser aceptado por los foráneos, que iniciaron de nuevo la revuelta y asediaron la Ciudad de acuerdo con algunos menestrales. Olms tuvo que ser destituido y en su lugar llegó a Mallorca como Lugarteniente del rey Francesc Erill, cuyos ejércitos lograron pacificar la isla.

Derrotados los foráneos, los ciudadanos pidieron la disolución del sindicato, el mantenimiento de un censo anual en concepto de servidumbre de los campesinos, la confiscación de los bienes de los rebeldes, la pena de muerte para quienes hubieran llevado, construido o vendido armas, la prohibición de matrimonios entre foráneos y ciudadanos, y la exclusión de los cargos políticos del reino de los menestrales que se hubieran adherido al levantamiento.

El monarca no se mostró de acuerdo con los ciudadanos, a los que consideraba culpables, al menos en parte, del levantamiento, y se limitó a mantener la situación anterior corrigiendo las deficiencias que habían dado lugar a la revuelta y exigiendo las responsabilidades oportunas. En mayo de 1454, libre de los asuntos italianos, pudo Alfonso el Magnánimo dictar sentencia en la que se concedía un indulto general, excepto para los delitos de sangre, y se mantenía la organización tradicional del reino. Los foráneos tendrían que pagar los daños causados, pero obtenían que se hiciera la revisión de cuentas solicitada. El monarca percibiría de los campesinos una multa, en forma de donativo para evitar suspicacias, de 150000 libras, y los ciudadanos tendrían que pagar los gastos hechos por la armada enviada por el rey para pacificar la isla.

La economía mallorquina, en crisis antes del levantamiento foráneo, se resintió gravemente después de los tres años de guerra abierta. Los campesinos tenían que pagar, además de la multa impuesta por el monarca, las contribuciones atrasadas (100000 libras), los daños causados (105000 libras), parte de los gastos de las tropas reales y los censos debidos a los acreedores de la ciudad. Cuatro años de malas cosechas y el pago de estas cantidades arruinaron a los campesinos, que intentaron por todos los medios emigrar a la Ciudad para no contribuir a los gastos y para evitar el pago de censos y multas. Tampoco la Ciudad, cuya artesanía y comercio habían quedado arruinados, pudo rehacerse durante algunos años. Las tensiones sociales continuaron, agravadas por el resurgimiento de las banderías en el campo y en la ciudad hasta la época de Fernando el Católico. Resurgirían nuevamente en época de Carlos V con el nombre de germanías.

El reino de Aragón en el siglo XV

Menos conocida, la historia de Aragón presenta rasgos similares a los de Cataluña. En uno y otro país existe una oligarquía pactista dispuesta a hacer cumplir los fueros y privilegios del reino mediante la negativa a conceder subsidios al monarca. En ambos se producen enfrentamientos sociales, luchas de bandos y pugnas entre el monarca y las autoridades. Pero, al contrario que en Cataluña, el monarca tuvo una gran libertad de acción en el reino aragonés, quizás debido a la menor importancia del reino o posiblemente por la menor incidencia de la crisis.

Alfonso el Magnánimo permaneció durante la mayor parte de su reinado lejos del reino, cuyo gobierno quedó en manos de los Lugartenientes: la esposa del rey en la primera época y Juan de Navarra desde 1435. Para evitar alianzas entre los oficiales y la población y romper el «nacionalismo» de los aragoneses y catalanes, Alfonso recurrió al procedimiento de encomendar los cargos, principalmente los eclesiásticos, a aragoneses en Cataluña, a catalanes en Aragón y a castellanos en ambos reinos, a pesar de la oposición del Justicia y de las Cortes.

Los problemas italianos obligarían al monarca a desdecirse momentáneamente. En 1423 los aragoneses fueron convocados a Cortes en Maella y condicionaron su ayuda económica al regreso del monarca en un plazo prudencial (habían aceptado, a pesar de ser contrario a los fueros, que presidiera las Cortes la reina María «por esta vegada solamente») y exigieron como contrapartida de los subsidios concedidos que se expulsara a los castellanos y que se reservaran los cargos eclesiásticos para los aragoneses.

Cuatro años más tarde, en pleno conflicto entre los infantes de Aragón y Alvaro de Luna, Alfonso presidía unas nuevas Cortes celebradas en Teruel. En ellas se aprobaban una serie de medidas favorables a la nobleza, como la prohibición de las hermandades formadas por los concejos para tomar venganza de caballeros e infanzones, lo que nos habla de la existencia de problemas sociales similares a los estudiados para el reino castellano. En estas mismas Cortes el rey aceptó que fueran recopilados y actualizados los fueros de Aragón y que se construyera un palacio de la Diputación (comisión permanente de las Cortes), cuyas funciones económicas fueron minuciosamente reguladas.

La derrota de Alfonso en Ponza movió a la reina a convocar Cortes generales de aragoneses, catalanes y valencianos en Monzón (1435), pero las dificultades surgidas por falta de acuerdo entre los tres reinos obligaron a disolverlas y a celebrar por separado Cortes de cada reino. Las aragonesas tuvieron lugar en Alcañiz (1436) y fueron dirigidas por el nuevo Lugarteniente, Juan de Navarra. En estas Cortes y en las que se celebraron en años posteriores se insistió (lo mismo ocurriría en Cataluña) en la necesidad de que el monarca regresara a sus dominios peninsulares como condición previa a cualquier donativo, pero dadas las especiales circunstancias —la necesidad de pagar el rescate del monarca— se concedieron a Juan de Navarra importantes cantidades después de que éste aceptara, prueba de que no eran cumplidos, los acuerdos sobre reserva de los cargos públicos a los aragoneses.

Tenemos escasa información sobre las Cortes y Parlamentos celebrados en 1439, 1441, 1447-1450 y 1451-1453 la publicación de cuyas actas sería necesaria para conocer la historia interna del reino. Entre los temas tratados en ellas figuran la recopilación de las actas de las Cortes y la realización de copias de cuantos documentos emanaran de las reuniones, es decir, la creación de un archivo de las Cortes; la aprobación de nuevos fueros particulares y generales; los problemas internos castellanos, en los que los aragoneses se vieron complicados bajo la regencia de Juan de Navarra, quien, contra el sentir de muchos aragoneses, utilizó los recursos de Aragón para afianzar su posición en Castilla o para defender a sus partidarios, especialmente después de la derrota de Olmedo (1445).

Decididos a no intervenir en los asuntos castellanos y obligados a defender sus fronteras contra los enemigos de Juan de Navarra, los aragoneses crearon en 1451 una hermandad en la que se integrarían las poblaciones situadas a doce leguas de Castilla y que tenía como finalidad evitar la presencia de extranjeros y vagabundos en esta zona, crear un sistema de defensa del territorio, garantizar el paso libre de mercaderes y mercancías...

A pesar de todas las protestas realizadas en las Cortes contra la falta de constitucionalidad de los actos del monarca —convocatoria y realización de Cortes sin estar presente el rey, reunión en lugares que no eran de realengo...—, los aragoneses no se enfrentaron abiertamente a Alfonso el Magnánimo. El monarca pudo en ocasiones prescindir de los fueros aragoneses y deponer a la suprema autoridad de Aragón. Juan Ximénez Cerdán fue obligado a renunciar al cargo de Justicia por haberse negado, en cumplimiento de su deber, a dar posesión del cargo de bayle a un castellano; Martín Diez de Aux fue destituido a pesar de ser el cargo vitalicio y en su lugar fue nombrado un fiel del monarca...

La oposición entre Juan de Navarra y su hijo Carlos de Viana afectó, según hemos visto, a la mayor parte de los reinos peninsulares y entre ellos a Aragón. Alfonso el Magnánimo actuó de mediador en el conflicto y en Nápoles se hallaba el príncipe en el momento de la muerte del rey (1458). Carlos abandonó Nápoles y halló acogida en Sicilia, donde su presencia favoreció las ideas independentistas de los sicilianos: aceptando al príncipe como virrey perpetuo —propuesta que fue hecha por el Parlamento en 1458— podrían tener, sin renunciar a sus vínculos con la Corona, un monarca privativo. Posiblemente fue ésta la razón por la que Juan II perdonó a su hijo y ordenó su regreso a la Península donde, se le prometió, sería considerado primogénito y sucesor universal del monarca.

Hecho prisionero en 1460, aragoneses y catalanes aunaron sus esfuerzos para solicitar la libertad del príncipe. También en Aragón aparecieron grupos partidarios de recurrir a las armas contra el rey y de apoyar a Enrique IV cuando los catalanes le ofrecieron el Principado. La guerra civil catalana fue acompañada de un conflicto similar en Aragón, donde los rebeldes contaban con el apoyo directo de Castilla, al menos hasta la renuncia de Enrique IV.

La revuelta estaba terminada en 1463. Juan II pudo obtener de Aragón hombres y dinero para combatir a los catalanes y a sus reyes Pedro de Portugal y Renato de Anjou, a pesar de la agudización de los bandos y luchas internas que dividían al reino y que agravaban la crisis económica provocada por las continuas guerras con Castilla, Navarra, Francia y Cataluña. Las luchas de bandos degeneraron en anarquía hacia 1475. El reino quedó en manos de nobles y salteadores, que cobraban peajes indebidos y obligaban al pago de impuestos ilegales.

GUERRA CIVIL EN NAVARRA

Aun cuando el tratado de Briones significaba de hecho la aceptación de la hegemonía castellana, Navarra mantuvo su independencia durante el reinado de Carlos III quien, si por un lado se alineó junto a Castilla y Francia en los problemas europeos (guerra de los Cien Años y cisma), por otro contrarrestó la presión castellana mediante acuerdos y alianzas matrimoniales con Aragón y con los señoríos pirenaicos. Resultado de esta política fue el matrimonio de Blanca de Navarra con Martín el Joven, viudo de María de Sicilia.

Desaparecida la dinastía catalanoaragonesa por muerte de Martín el Joven (1409) y de Martín el Humano (1410) y entronizada en Aragón la dinastía castellana de los Trastámara en la. rama segundona de Fernando de Antequera, Blanca abandonó Sicilia y regresó a Navarra, donde se concertaría su matrimonio con Juan, hijo segundo de Fernando. Si el primer matrimonio de Blanca no tuvo mayores consecuencias políticas (los italianos intentaron proclamarla reina para mantener su independencia), el segundo planteaba numerosos problemas. Por muerte de sus hermanas, Blanca era la heredera de Navarra; su matrimonio con Juan (1419) convertía a éste en futuro rey de los navarros.

Un miembro de la alta nobleza castellana más interesado en los asuntos de Castilla —sus rentas castellanas eran muy superiores a los ingresos de la monarquía navarra— sería el nuevo rey y, lógicamente, llevaría al reino a una dependencia respecto a Castilla. De hecho, durante el reinado de Juan, Navarra sería utilizada para afianzar los derechos del infante en el reino castellano. Conscientes de esta realidad y celosos del cumplimiento de sus fueros, en los que se basaba su independencia, los navarros recordaron en las capitulaciones matrimoniales que el reino pertenecía a Blanca y a sus hijos. La reina, en su testamento, declaró heredero universal de sus bienes y derechos a su hijo Carlos y, en caso de fallecimiento de éste sin descendencia, a su hija Blanca y a sus descendientes, y en último lugar a su segunda hija, Leonor, casada con Gastón de Foix.

Los derechos de Juan se extinguían, pues, en términos jurídicos, al disolverse el matrimonio. Pero en su testamento Blanca dispuso que Carlos de Viana no utilizara los títulos y cargos que legalmente le correspondían sin el consentimiento paterno, lo que equivalía a aceptar junto a las normas legales (derechos del príncipe) una situación de hecho (gobierno efectivo de Juan). Esta doble realidad dio lugar a una fórmula de conciliación: Juan, ocupado por los asuntos castellanos, dejó el gobierno de Navarra en manos de su hijo al que dio el título de Lugarteniente General en 1441, año de la muerte de Blanca.

La solución, ilegal desde el punto de vista del derecho navarro y según las disposiciones testamentarias de Blanca, no fue bien acogida por el príncipe ni por una parte de la población, especialmente a partir de 1444, año en el que, al agravarse las dificultades de Juan en Castilla, se aumentaron los impuestos navarros. La derrota de los infantes de Aragón en Olmedo (1445) y la pérdida de las rentas castellanas obligaron a Juan a ocuparse directamente del gobierno de Navarra, donde su actuación chocó con los intereses de importantes núcleos nobiliarios. Para rehacer su posición económica y situar a sus partidarios castellanos, cuyos bienes habían sido confiscados por Álvaro de Luna, el rey inició una política de recuperación del patrimonio real enajenado desde los años de Carlos III, sustituyó a los consejeros navarros por castellanos y creó una Diputación de las Cortes, lo que le permitía prescindir de las convocatorias generales, agilizar los trámites y ejercer una mayor presión sobre los diputados para conseguir los subsidios necesarios.

Frente a esta política, en la que fue secundado por algunos nobles navarros, se alzó el príncipe, apoyado por otro grupo nobiliario dirigido por Carlos de Beaumont. El conflicto político entre el rey y el príncipe es utilizado por grupos nobiliarios enfrentados ya desde los años de Carlos III para dirimir sus diferencias. Al igual que en los restantes conflictos nobiliarios de la Península, los nobles luchan por el control político del reino —es uno de los medios de enriquecimiento—, pero en el enfrentamiento entre agramonteses y beamonteses, insuficientemente estudiado, parece posible hallar, además, causas de otro tipo. Los beamonteses no representan la legalidad (los veremos cambiar de campo de acuerdo con sus intereses), sino un modo de vida pastoril; son los representantes de la Montaña, de economía ganadera, frente a los agramonteses del Llano o de la Ribera, agrícola y en parte urbana. De ser ciertas estas suposiciones, el conflicto superaría el marco estrictamente político (tensiones rey-príncipe y rivalidades nobiliarias) para alcanzar la naturaleza de enfrentamiento entre dos tipos de vida, entre dos partes claramente diferenciadas dentro del reino navarro.

La guerra abierta se inició en 1447, al casarse Juan con la castellana Juana Enríquez. El nuevo matrimonio anulaba los dudosos derechos del rey al trono. Contra el monarca se sublevaron los beamonteses dirigidos por Carlos de Viana y apoyados desde Castilla por Álvaro de Luna. La guerra civil se prolongaría con distinta suerte, pero en general favorable al monarca, hasta 1455, año en el que Juan desheredó a su hijo Carlos y proclamó heredero del reino a Gastón de Foix. Mientras sus partidarios continuaban la lucha en el interior y conseguían que las Cortes se dividieran entre el príncipe (Pamplona) y el rey (Estella), Carlos buscó la intervención de Alfonso el Magnánimo y acudió a Nápoles, donde se hallaba al morir Alfonso (1458), al que sucedería en los Estados peninsulares, en Mallorca, Sicilia y Cerdeña su hermano Juan de Navarra.

La nueva situación modificó los términos del conflicto navarro al extenderlo a la Corona de Aragón. Alejado de Nápoles por el nuevo rey, Ferrante, Carlos de Viana se refugió en Sicilia, donde logró el apoyo de los sicilianos, que intentaron proclamarlo rey para conseguir una vez más la independencia. Ante este peligro, Juan tuvo que transigir y perdonar a su hijo, por el que habían intercedido los reinos de la Corona desde el momento en que Carlos de Viana era el heredero no sólo de Navarra, sino también de los Estados de la Corona aragonesa.

La reconciliación entre padre e hijo no fue duradera. Ante la noticia, al parecer falsa, de que Carlos negociaba con Castilla a espaldas de Juan, su matrimonio con la infanta castellana Isabel, el príncipe de Viana fue nuevamente encarcelado. En su favor se sublevaron los catalanes, que impusieron al rey la Capitulación de Vilafranca del Penedés. Muerto Carlos en 1461, Gastón de Foix y su mujer Leonor fueron reconocidos como herederos de Navarra y nombrados Lugartenientes del rey a pesar de los derechos preferentes de Blanca, que fue reducida a prisión en 1462.

La predilección de Juan por Leonor tenía un trasfondo político. Blanca, casada por su padre con Enrique IV de Castilla en los momentos de alianza contra Álvaro de Luna y abandonada por el rey castellano al romperse el acuerdo, había apoyado en todo momento a Carlos de Viana y era la cabeza del grupo beamontés, mientras que la colaboración del conde de Foix era necesaria para llegar a un acuerdo con Luis XI de Francia contra los catalanes rebeldes que —según hemos dicho— eligieron como señor a Enrique IV.

Antes que aceptar su despojo, Blanca de Navarra cedió sus derechos a su antiguo marido, que se convertía así en rey de Navarra y en jefe de los beamonteses, uno de los cuales, Juan de Beaumont, fue puesto al frente de las tropas castellanas que acudieron en ayuda de los catalanes y nombrado Lugarteniente del rey en Cataluña. La renuncia en 1463 de Enrique IV hizo que los beamonteses volvieran a la obediencia de Juan II, aunque por poco tiempo.

Los agramonteses conservaban su influencia ante el rey; sus rivales no tardaron en apoyar frente al monarca a Gastón de Foix y a Leonor, que contaban con la ayuda de Luis XI, enfrentado a Juan II desde el momento en que los catalanes eligieron como señor a Renato de Anjou. En 1469 Gastón y Leonor fueron depuestos como Lugartenientes y herederos de Navarra, pero consciente de que los beamonteses habían arrastrado hacia su partido a cuantos deseaban un rey propio, Juan no nombró heredero a su hijo Fernando —heredero de Aragón—, sino a Gastón, hijo del conde de Foix y de Leonor. Muerto el heredero en 1470, Leonor llegó a un acuerdo con su padre, a pesar de lo cual la guerra civil continuó con la intervención desde 1476 de tropas castellanas dirigidas por Fernando el Católico, quien creó en el reino una especie de protectorado castellano.

Leonor reinó a la muerte de su padre, en 1479, pero murió quince días más tarde y el reino pasó a su nieto Francisco Febo, al que apoyaron los agramonteses, mientras los beamonteses se mostraban partidarios de la alianza con Castilla, con Fernando el Católico. La muerte prematura del rey (1483) dejó a Navarra en manos de su hermana Catalina a la que tanto Castilla como Francia buscaron marido como medio de aumentar su influencia en el reino. Casada finalmente con Juan de Albret, Catalina fue coronada en 1494. Pero la larga minoría y las guerras internas habían permitido aumentar la influencia castellana que culminaría con la ocupación del reino en 1512, al inclinarse los reyes abiertamente hacia la alianza con la monarquía francesa, en guerra con Castilla. Tres años más tarde, en las Cortes de Burgos, Fernando el Católico declaraba a Navarra incorporada a Castilla.

DECADENCIA Y DESAPARICIÓN DE GRANADA

Las victorias obtenidas por Alfonso XI de Castilla sobre los benimerines tuvieron mayor trascendencia política que militar. Derrotados, los norteafricanos mantuvieron algunas plazas fuertes, pero éstas perdieron su carácter de cabezas de puente para una penetración en la Península a cuya conquista renunciarían definitivamente los meriníes. Granada no podría en adelante mantener su política de equilibrio entre norteafricanos, aragoneses y castellanos; su pervivencia política dependería del interés y de los problemas internos castellanos.

Durante el siglo XIV el reino musulmán podrá todavía servirse de la rivalidad castellano-aragonesa; en el siglo XV las guerras nobiliarias castellanas le permitirán en ocasiones ampliar sus fronteras, y en otras serán la causa de nuevos ataques que producen continuas divisiones entre los granadinos. Controlada la nobleza castellana por los Reyes Católicos, la conquista del último reino musulmán de la Península (una vez más las campañas militares servirían para aglutinar a los nobles castellanos) será sólo cuestión de tiempo.

A mediados del siglo XIV, junto a los cambios políticos señalados, se produjeron transformaciones fundamentales en la economía y en la sociedad granadina. La crisis social y económica se manifestó en las continuas sublevaciones nobiliarias que tuvieron lugar durante la primera mitad del siglo y que se prolongaron hasta la destrucción del reino. Muhammad V (1354-1359 y 1362-1391), privado de los auxiliares norteafricanos, se sometió al castellano Pedro I, intervino activamente en las campañas contra Pedro el Ceremonioso de Aragón e infeudó la economía del país a los mercaderes genoveses.

La emigración hacia Granada de los musulmanes expulsados por Castilla y Aragón durante el siglo XIII fue un factor positivo en el desarrollo del arte, de la cultura, de la artesanía y de las actividades comerciales nazaríes, pero el territorio granadino no podía alimentar a este exceso de población y los monarcas se vieron obligados a intensificar la compra de ganado y de cereales en el exterior. En la primera mitad del siglo XIV, es decir, durante las guerras que tienen lugar por el dominio del estrecho, los genoveses supieron suplir las deficiencias granadinas y llegaron a controlar el comercio de estos productos básicos, cuyo pago se lograría mediante una especialización agraria creciente y con la sumisión económica a los genoveses.

A partir de mediados del siglo XIV se intensifica el cultivo de productos de gran valor comercial y de escasa o nula utilidad alimenticia: seda, caña de azúcar y frutos secos. Los puertos granadinos se convierten en centros distribuidores del comercio genovés, a través del cual llegan los productos alimenticios de los que carece el reino y los artículos de lujo de la Europa atlántica y del Mediterráneo. Granada tiene una economía floreciente a costa de dedicar las mejores tierras al cultivo de plantas no alimenticias, para cuya obtención depende del exterior y de la benevolencia genovesa y castellana. Bastará el bloqueo económico (será uno de los medios empleados por los Reyes Católicos) para que se agudicen las divisiones internas y el reino pierda su independencia.

La nobleza granadina se vio afectada por los mismos problemas que la de los demás reinos peninsulares y reaccionó de idéntica forma: mediante la revuelta y la sublevación abierta, en la que se mezclan sin duda razones de grupo, causas sociales (malestar y descontento popular ante los excesivos impuestos y ante las dificultades de avituallamiento) y motivos políticos (búsqueda de un cambio de alianzas en el exterior). Durante la guerra de los Dos Pedros la nobleza depuso a Muhammad V —aliado de Castilla— y lo sustituyó por Ismail II (1359-60) y poco después por Muhammad VI, cuyo reinado sólo se prolongó hasta que Castilla firmó alianzas con Aragón y aprovechó la paz para ayudar a sus partidarios granadinos y reponer a Muhammad V (1362), quien se uniría a los demás reyes peninsulares al producirse el triunfo de Enrique II de Trastámara.

Los problemas castellanos durante los últimos años del siglo XIV y primeros del XV permitieron a Granada mantener la estabilidad de sus fronteras, que sólo fueron inquietadas por ataques de las poblaciones fronterizas hasta la realización de las campañas de Fernando de Antequera (1406-1410) durante el reinado de Muhammad VII (1392-1408), que pudo así reorganizar sus dominios y hacer frente con éxito a las campañas del maestre de Alcántara, Martín Yáñez de la Barbuda.

Las derrotas ante Castilla coincidieron con la minoría de edad de Muhammad VIII el Pequeño, de ocho años al suceder a su padre; la falta de personalidad del monarca, así como el descontento por los excesivos impuestos, permitieron a la poderosa familia de los banu Sarrag, llamados en las crónicas castellanas los abencerrajes, destituir al monarca y poner en su lugar a una hechura suya, a Muhammad IX el Izquierdo (1419), que tuvo que someterse a la tutela castellana para poder mantenerse en el trono (1421). Juan II los apoyaría nuevamente al ser repuesto Muhammad VIII en el año 1427.

Al producirse la victoria de Alvaro de Luna sobre los infantes de Aragón (1430) y para consolidarla, el favorito castellano atacó Granada con la intención de crearse un prestigio militar que lo situara por encima de los bandos nobiliarios; la guerra de asedio tuvo como consecuencia para los granadinos un período de hambres que llevaron a motines y a la designación de un rey nombrado por Castilla (Yusuf IV —1432-) frente a Muhammad IX.

Tras un breve período de equilibrio exterior (provocado por las dificultades en Castilla de Álvaro de Luna), la oposición a los abencerrajes llevó al trono a Muhammad X el Cojo (1445). La anarquía es total: se disputan el trono simultáneamente y en un plazo de ocho años Muhammad IX, Muhammad X, Yusuf V, Muhammad XI el Chiquito y Abu Nasr Sa'd, quien lograría imponerse con la ayuda de los abencerrajes y de los castellanos (1453), interesados en el mantenimiento de las luchas internas o en la designación de un candidato fiel.

Abu Nasr sería depuesto nueve años más tarde por los abencerrajes. que ofrecieron el trono de nuevo a Yusuf V y, al morir éste, a Abu-1-Hassan Alí o Muley Hacén (en las crónicas castellanas). Durante este reinado (1464-1482) Castilla no interviene abiertamente en Granada, pero suscita continuos levantamientos de los abencerrajes y de los hermanos del rey. En 1482 serán los hijos del monarca (Boabdil y Yusuf) quienes se subleven y su actuación será apoyada por Castilla. Hecho prisionero, Boabdil fue liberado para fomentar la descomposición interna, agravada por la rebelión de Muhammad ibn Sa'd (el Zagal) contra su hermano Muley Hacen. El Zagal abandonaría la lucha en 1489 y buscaría refugio en Oran. Tres años más tarde Boabdil hacía entrega de Granada a los Reyes Católicos.

LOS DESCUBRIMIENTOS PORTUGUESES

Al morir el fundador de la dinastía de Avis, su hijo y sucesor Duarte (1433-1438) tomó partido por los nobles que deseaban la continuación de la guerra y de la expansión por el norte de África. Sus ejércitos atacaron Tánger con resultados catastróficos en 1437. Con la muerte del rey, el partido militarista perdió gran parte de su fuerza a pesar de los intentos de la reina viuda Leonor, hija de Fernando de Antequera, por mantener esta orientación contra la que se alzaron las ciudades _de Oporto y Lisboa, que aceptaron como jefe a Pedro, duque de Coimbra, quien logró imponerse como regente de Alfonso V.

Las causas de la alianza existente entre la burguesía lisboeta y portuense con el duque de Coimbra frente al grupo nobiliario-expansionista dirigido por Enrique el Navegante no son bien conocidas. La historiografía portuguesa ha visto en esta revuelta de los grupos urbanos (1438-1441) una repetición del movimiento nacionalista de 1383-1385, aunque —según confiesa A. de Oliveira Marques— los fines fuesen «menos patrióticos e as opcóes menos definidas... A revolucao de 1383-85 fora, na sua esséncia, um movimento social com cheiro político; a rebeliao de 1438-1441 foi, na sua esséncia, urna querela feudal com cheiro social».

De hecho, el fenómeno no es tan simple y no creemos que pueda reducirse como se ha hecho tantas veces a un enfrentamiento entre la burguesía y la nobleza. En primer lugar puede distinguirse en él una pugna entre los grupos nobiliarios dirigidos por familiares del rey: Pedro f Juan, maestre de Santiago por un lado, y Enrique y su hermanastro Alfonso, conde de Barcelos, por otro. En segundo término, la expansión norteafricana beneficiaba única y exclusivamente a la nobleza (será rentable mucho después), mientras que su financiación corría a cargo de las ciudades, a las que interesaba más el mantenimiento del comercio en el Atlántico Norte y Sur, y la supresión de impuestos y cargas que llevaba consigo la política norteafricana. Por último, puede apreciarse en este movimiento una reacción frente a los consejeros castellanos que acompañaban a la infanta de Aragón.

Durante los siete años de regencia del duque de Coimbra (1441-1448), Portugal se vio envuelto en las guerras civiles castellanas al lado de los enemigos de los infantes aragoneses y el regente perdió a gran número de partidarios, por lo que al llegar a su mayoría de edad, Alfonso V (1438-1481) se alió a los enemigos de Pedro, que sería vencido y muerto en la batalla de Alfarrobeira (1449).

Durante su reinado, Alfonso se mantuvo fiel a los ideales de sus consejeros de los primeros momentos: sus tíos Enrique, partidario de la expansión caballeresco-comercial, y Alfonso, duque de Braganza y jefe de la nobleza terrateniente, que consiguió incrementar sus bienes y derechos a costa de la Corona. Contra los norteafricanos se realizaron diversas campañas que llevaron a la ocupación de Alcacer Seguer (1458), Ardía y Tánger (1471). Pero estas expediciones tuvieron que ser suspendidas al verse comprometido Portugal en los problemas de la sucesión de Enrique IV de Castilla.

Tras proclamar heredera a Isabel, los nobles negociaron su matrimonio con Alfonso V a cambio de que éste dejara el gobierno en manos de la nobleza. Cuando la princesa se alejó del favorito castellano y se unió a Fernando de Aragón, el monarca portugués se convirtió en el protector de los nobles castellanos que reivindicaron la legitimidad de Juana la Beltraneja y propusieron su matrimonio con Alfonso V. También estos proyectos matrimoniales han dado lugar a una abundante literatura unitaria y se ha especulado en numerosas ocasiones sobre si la unión Castilla-Portugal habría sido más interesante o fructífera que la unión Castilla-Aragón.

A la muerte de Enrique IV, Alfonso defendió sus derechos al trono castellano, pero fue derrotado en Toro (1476). Renunció definitivamente a sus aspiraciones al firmar el tratado de Alcacovas-Toledo (1479) en el que, al mismo tiempo que los problemas peninsulares, se abordaron cuestiones relativas a la expansión de Castilla y Portugal por el Atlántico Sur. La zona situada al sur de Canarias y toda la costa africana, al igual que Madeira y las Azores, serían para Portugal, mientras Castilla mantendría su dominio sobre el archipiélago canario.

Las riquezas llegadas a Portugal desde sus factorías africanas permitieron al nuevo monarca, Juan II (14811495) enfrentarse con éxito a la nobleza, que ya en 1481 vio disminuir sus cuantías y reducir sus privilegios jurisdiccionales. Las sublevaciones dirigidas por los duques de Braganza y de Viseo (1484) fueron dominadas, sus jefes ejecutados y los bienes de los rebeldes confiscados por la Corona, que gobernaría con el apoyo de la burguesía, pero sobre todo con la colaboración de la pequeña nobleza.

Mejor conocida que la política interna de Portugal es la historia de su expansión atlántica iniciada con la ocupación de Ceuta en 1415. Esta primera campaña ha sido presentada en numerosas ocasiones como una simple prolongación de la reconquista. Hoy se admite que tenía múltiples objetivos aparte de los religioso-militares: búsqueda del oro, esclavos, marfil, seda y especias del Sudán y de Oriente; afán de gloria y de riquezas de los nobles; interés de la burguesía por el control de Ceuta no sólo por su interés comercial, sino también para poner fin a la piratería y cerrar el paso a la expansión castellana por Marruecos, y control de una zona productora de trigo.

Ocupada Ceuta, los portugueses estaban en condiciones de elegir tres rumbos: conquista de Marruecos, expansión por el Atlántico e intervención en el mundo mediterráneo. Los tres fueron intentados, aunque con intensidad y resultados muy diversos. En el Mediterráneo la oposición de Castilla y la competencia de las ciudades italianas y catalanas no dejaba muchas posibilidades a los portugueses, que se limitaron a realizar algunos ataques sobre Málaga y a incrementar su presencia comercial en el Mediterráneo. La conquista de Marruecos interesaba especialmente a la nobleza en busca de nuevas tierras, pero exigía cuantiosos gastos a los que sólo podría atender la burguesía, para la que era más rentable buscar directamente, por mar, las zonas productoras del oro, esclavos y especias.

Esta última sería la dirección preferida, aunque no por ello se abandonó el proyecto de conquistar Marruecos, al que respondería la campaña de Duarte contra Tánger en 1437. Con ella, el monarca buscaba contrarrestar la presencia castellana en el Atlántico —afirmada tras el reconocimiento del dominio castellano sobre Canarias por el Papa Eugenio IV— y ofrecer a los nobles nuevas posibilidades de acrecentar sus bienes. A esta expedición parece haberse opuesto el infante Pedro, duque de Coimbra, alegando los muchos gastos y la escasa rentabilidad de la campaña. De este hecho se ha deducido que el infante (regente desde 1441 después de la guerra social) se oponía a la política expansiva, pero modernamente se admite que Pedro se oponía a la política de ocupación norteafricana porque ésta perjudicaba a la expansión atlántica, a la que se dio un gran impulso durante su regencia.

La muerte del regente en Alfarrobeira paralizó durante algunos años las expediciones, que serían pospuestas a las conquistas en el norte de África al vencer, con Alfonso V, la nobleza portuguesa. Las campañas contra Túnez y Arzila y la renuncia a negociar directamente el oro y esclavos de Guinea son pruebas suficientes de este cambio de orientación del que se volvería durante el reinado de Juan II, cuya política ultramarina coincidió con la derrota de la alta nobleza portuguesa.

Los resultados geográficos de las expediciones fueron el descubrimiento de las costas africanas, tanto de las atlánticas como de las índicas, e indirectamente el descubrimiento de América por los castellanos como resultado de los intentos de llegar a la zona productora de las especias (a la India) por otros caminos. A estas zonas llegarían los portugueses bordeando las costas africanas a fines del siglo XV. En 1434 las naves del infante Enrique llegaban al cabo Bojador y desde este momento los avances fueron rápidos. Guinea y Sierra Leona, así como las islas de Cabo Verde, eran conocidas en 1460, fecha de la muerte de Enrique.

Fernando Gómez, mercader lisboeta que obtuvo entre 1469-1475 el monopolio del comercio guineano, impulsó la navegación hacia el sur, pero los problemas con Castilla paralizaron momentáneamente los avances. Firmada la paz con Castilla y proclamado rey, Juan II dedicó sus esfuerzos a buscar el camino de Asia y organizó diversas expediciones. En 1482-1483, Diego Cao, escudero del rey, llegó a Angola y exploró el río Zaire; cinco años más tarde Bartolomeu Dias llegaba al cabo de Buena Esperanza, es decir, al extremo meridional de África. Una expedición dirigida por Vasco de Gama llegaría en 1498 a la tierra de las especias, a la India.

La importancia de estos descubrimientos para Europa y para Portugal no es necesario destacarla. Las islas de Madeira y de las Azores proporcionaban madera, colorantes, cereales, vino y azúcar (ya en 1456 el azúcar de Madeira se vendía en Inglaterra). De la costa africana llegaban a Europa esclavos en gran número, especias, algodón, marfil, pescado, e ingentes cantidades de oro desde el momento en que los portugueses crearon la factoría de San Jorge de Mina (1482) y controlaron en el Indico la región aurífera de Monomotapa (1502-1505).

Por intermedio de los portugueses toda Europa participa de este comercio: banqueros y prestamistas se instalan en Lisboa y financian las expediciones a cambio de una participación en los beneficios y de algunas concesiones de tipo comercial, especialmente a partir de 1500, período cuyo estudio desborda los límites cronológicos puestos a esta obra. Baste recordar que los Welser (grandes banqueros alemanes) obtuvieron libertad para comprar y vender libremente en todo el reino, se les eximió de impuestos de aduana al introducir plata y al exportar oro, se redujeron los derechos sobre la importación de cobre y latón y sobre la exportación de especias... Junto a los Welser se hallan en Lisboa numerosos negociantes alemanes, flamencos, castellanos, italianos...

Por otra parte, la llegada a los mercados europeos de los productos africano-portugueses dio lugar a una reactivación importante del comercio. La obtención del oro, esclavos, especias y demás productos se hacía en la mayor parte de los casos por intercambios de artículos que Portugal no producía y que lógicamente adquiría en Europa y en el norte de África. En Arguim, una de las primeras factorías creadas en la costa atlántica, se cambian oro y esclavos negros por trigo, mantas, paños y plata; en Mina se paga con bacías y calderos de cobre o latón, cuentas de cristal, corales y paños.

Brujas fue hasta finales del siglo XV el centro de las compras y ventas de los portugueses y, consiguientemente, el centro comercial más importante de Europa desde 1441-1443. Esta capitalidad pasó a Amberes a partir de 1494, año en el que la colonia portuguesa se trasladó a esta ciudad, que sería a comienzos del siglo XVI el centro del mercado mundial del oro y de las especias portuguesas a cambio de las cuales se obtenían tejidos, metales (plata, cobre, latón), artículos de lujo, armas y trigo procedentes de toda Europa.

La explotación de las riquezas africanas pasó por distintas fases. Hasta 1433 parece haber existido una gran libertad de comercio, aunque el monarca portugués se reservaba el quinto de las mercancías que se negociaran. En este año, los infantes Enrique y Pedro obtuvieron de su hermano Duarte la exención del pago del quinto de los beneficios realizados en-expediciones de corso (no en las comerciales). En 1443 Enrique logró que se le concediera el quinto antes reservado a la Corona en todas las operaciones realizadas al sur de cabo Bojador, para las que sería necesario en adelante la autorización del infante.

Entre 1460 y 1469 se ignora la actitud de la Corona, pero parece lógico suponer que se volvería en parte a la situación anterior a 1443, aunque también cabe la posibilidad de que se concedieran autorizaciones en régimen de monopolio sobre zonas delimitadas como pago de servicios prestados a la Corona o a cambio de una participación en los beneficios. Este régimen de monopolio adquiere mayor importancia en 1469 al concederse al mercader lisboeta Fernando Gómez la exclusiva comercial por cinco años en toda Guinea, a excepción de Arguim y de las islas de Cabo Verde. El mercader pagaría a la Corona una cantidad anual y se comprometía a explorar cien leguas de costa por año y a vender al rey todo el marfil que pudiera conseguir. Posteriormente el monopolio fue concedido al principe Juan II.

Con la subida al trono de Juan II, el comercio con África se transforma en monopolio de la Corona, que lo dirige a través de la Casa da Mina y de la Casa da India, creadas en 1482 y 1497. El control de la Corona sobre el comercio africano y asiático, a partir de 1500, ha permitido a algunos investigadores hablar de la existencia de un capitalismo monárquico portugués, que paradójicamente benefició más a los países europeos, con una artesanía y una banca poderosas, que a Portugal. Los inmensos beneficios de este comercio no sirvieron para producir más riqueza en Portugal, sino que se gastaron en la compra de objetos de lujo, en pagar los servicios de la nobleza cortesana, en gastos de prestigio, en la obtención de las materias necesarias para el intercambio, en el pago de las cantidades adelantadas por mercaderes y prestamistas...

A pesar de todo, no se puede discutir su papel en el proceso de formación del capitalismo moderno, que tendría su asiento en las ciudades de Flandes y de Alemania del Sur gracias, en parte, a sus relaciones con el tráfico portugués con el que se produce un financiamiento y cambio a larga escala, la irrigación metálica de Europa, la acumulación de stocks, la aceleración del circuito monetario, la interdependencia y disputa de los mercados productores y consumidores... características precoces del capitalismo moderno.

BIBLIOGRAFÍA

Las obras fundamentales para el estudio de este periodo se hallan recogidas en el tomo XV de la Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal (Madrid 1964), así como en el tomo XVII (Madrid 1969).

En el tomo XV pueden verse los capítulos siguientes:

Suárez Fernández, Luis: Los Trastámaras de Castilla y Aragón en el siglo XV (1407-1474) (págs. 1-318).

Canellas, ángel: El reino de Aragón en el siglo XV (págs. 319-594).

Vicens Vives, Jaime: Los Trastámaras y Cataluña (1410-1479) (págs 595-793).

Y en el tomo XVIII:

Menéndez Pidal, Ramón: El difícil camino de un trono (págs. XI-CXVI).

Carriazo, Juan de M.: Historia de la guerra de Granada (págs. 387-914).

Además de las obras citadas pueden verse las siguientes:

Airaldi, Gabriella: Genova e Spagna nel secólo XV. Il «Líber damnificatorum in Regno Granate» (1452). — Universitá de Genova. — Genova [1967]. — 168 págs.

Aragoneses, Manuel Jorge: Los movimientos y luchas sociales en la baja Edad Media. — Madrid 1949.

Arocena, I.: Los banderizos vascos. — San Sebastián 1969.

Azcona, Tarsicio de: Isabel la Católica. — Editorial Católica. — Madrid 1964. — 784 págs.

Batlle, Carmen: La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV. — Universidad de Barcelona. — Barcelona 1973. — 2 vols., 688 págs.

Benito Ruano, E.: Toledo en el siglo XV. — C.S.I.C. — Toledo 1971.

Cabrillana, Nicolás: Salamanca en el siglo XV: nobles y campesinos. — «Cuadernos de Historia. Anexos a la revista Hispania» (Madrid), III (1969), páginas 255-295.

Coll Julia, Nuria: Doña Juana Enríquez, lugarteniente real en Cataluña. 1461-1468. — C.S.I.C. — Madrid 1953. — 2 vols., XIII + 365 y 474 págs.

Cortesáo, Jaime: Os descobrimentos portugueses. — Lisboa 1960.

Chaunu, Pierre: L'expansion europeenne du XIII' au XV' siécle. — P.U.F. — París 1969. — 396 págs.

Días, Manuel Nunes: O capitalismo monárquico portugués (1415-1549). — Coimbra 1963-1964.

Elliot. J. H.: La España imperial. — Editorial Vicens-Vives. — Barcelona 1969. — 456 págs.

Estudios sobre Alfonso el Magnánimo con motivo del quinto centenario de su muerte. — Universidad de Barcelona. — Barcelona 1960. — 307 págs. Con trabajos de:

Camarena Mahiques, José: La herencia que recibe Alfonso el Magnánimo

Sáez, Emilio: Semblanza de Alfonso el Magnánimo

Canellas, Angel: Alfonso el Magnánimo y Aragón

Santamaría, Alvaro: Alfonso el Magnánimo y el levantamiento foráneo de Mallorca

Pontieri, Ernesto: Alfonso V d'Aragona nel quadro della política italiana del suo tempo

Fort MeliA, C: La Diputación de Cataluña y los payeses de remensa: la Sentencia Arbitral de Guadalupe (1463). — En «Homenaje a Jaime Vicens Vives» I (Barcelona 1965), págs. 431-444.

García de Cortázar, José Ángel: Vizcaya en el siglo XV. Aspectos económicos y sociales. — Ediciones de la Caja de Ahorros Vizcaína. — Bilbao 1966 — 479 págs.

Godinho, Vitorino Magalháes: A economía dos descobrimentos henriquinos. — Livaria Sá'Da Costa Editora. — Lisboa 1962. — 247 págs.

Godinho, Vitorino Magalháes: Os descobrimentos e a economía mundial — Lisboa 1963.

Goñi, José: Los obispos de Pamplona del siglo VX y los navarros en los concilios de Constanza y Basilea. — «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VI (1962), págs. 358-547.

Goñi, José: Recompensas de Martín V a sus electores españoles. — «Hispania Sacra» (Madrid-Barcelona), XI (1958), págs. 259-297.

Ladero Quesada, Miguel Ángel: Dos temas de la Granada nazarí. — «Cuadernos de Historia. Anexos a la revista Hispania» (Madrid), III (1969), págs. 321-345.

Ladero Quesada, Miguel Ángel: Algunas consideraciones sobre Granada en el siglo XIV. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), VII (1970-1971), págs. 279-284.

Ladero Quesada, Miguel Ángel: Andalucía en el siglo XV. Estudios de historia política. — C.S.I.C. — Madrid 1973. — 184 págs.

Mac Kay, Angus: Popular Movements and Pogroms in Fifteenth Century Castille. — «Past and Present» (Oxford), núm. 55 (1972), págs. 33-67.

Pérez Embid, Florentino: El almirantazgo de Castilla hasta las Capitulaciones de Santa Fe. — Sevilla 1944.

Pérez Embid, Florentino: Los descubrimientos en el Atlántico y la rivalidad castellano-portuguesa hasta el tratado de Tordesillas. — Sevilla 1948.

Pórtela Pazos, Salustiano: Galicia en tiempo de los Fonseca. — CSIC — Madrid 1957. — 174 págs.

Regla, Juan: La Corona de Aragón en el tránsito de la Edad Media a la Moderna. — «Cuadernos de Historia. Anexos a la revista Hispania» (Madrid), I (1967), págs. 203-220. (Publicado originariamente en «Saitabi» (Valencia), XIV (1964). págs. 47-61.)

Santamaría, Alvaro: Mallorca del Medioevo a la Modernidad. — En «Historia de de Mallorca» III (Palma de Mallorca 1970), págs. 1-360.

Santamaría, Alvaro: El reino de Mallorca en la primera mitad del siglo XV. — Diputación Provincial de Baleares. — Palma de Mallorca 1955 — 168 págs.

Santamaría, Alvaro: Mallorca al advenir Fernando el Católico. — Palma de Mallorca 1969.

Santos Díez, José Luis: La encomienda de monasterios en la Corona de Catilla. Siglos X-XV. — Publicaciones del Instituto Jurídico Español de Roma. — Roma-Madrid 1961. — XVIII + 238 págs.

Sobrequés, Santiago; y Sobrequés, Jaume: La guerra civil catalana del segle XV. I: Causes i desenvolupament de la crisis, II: La societat catalana durant el conflicte. — Edicions 62. — Barcelona 1973. — 2 vols., 470 y 650 págs.

Suárez Fernández, Luis: Juan II y la frontera de Granada. — Universidad de Valladolid. — Valladolid 1954. — 47 págs.

Suárez Fernández, Luis: Isabel la Católica y doña Juana. Derecho sucesorio. — Valladolid 1960.

Suárez Fernández, Luis: Nobleza y monarquía. Puntos de vista sobre la historia castellana del siglo XV. — Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. — Valladolid 1959. — 173 págs.

Suárez Fernández, Luis: Relaciones entre Portugal y Castilla en la época del infante don Enrique. — C.S.I.C. — Madrid 1960. — 282 págs.

Torres Fontes, Juan: Estudio sobre la «Crónica de Enrique IV» del doctor Ga-lindez de Carvajal. — C.S.I.C. — Madrid 1946. — 434 págs.

Torres Fontes, Juan: La contratación de Guisando. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), II (1965), págs. 399-428.

Torres Fontes, Juan: El príncipe don Alfonso (1465-1468). — Murcia 1971.

Torres Fontes, Juan: Don Pedro Fajardo, adelantado mayor del reino de Murcia. — C.S.I.C. — Madrid 1953. — 322 págs.

Valdeón Baruque, Julio: Las Cortes de Castilla y las luchas políticas del siglo XV (1419-1430). — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), III (1966), págs. 293-326.

Vicens Vives, Jaime: Juan II de Aragón (1398-1479). Monarquía y revolución en la España del siglo XV. — Editorial Teide. — Barcelona 1953. — XV + 420 págs.

Vicens Vives, Jaime: Historia de los remensas en el siglo XV. — C.S.I.C. — Barcelona 1945. — 380 págs.

6. DE LA UNION CASTELLANO-ARAGONESA A LA UNIDAD INTERIOR

En 1474, al morir Enrique IV, subía al trono de Castilla la infanta Isabel y cinco años más tarde Fernando era proclamado rey de Aragón. Tras solucionar los graves problemas internos de ambos Estados (anarquía nobiliaria en Castilla y secuelas de la guerra civil en Cataluña) Fernando e Isabel ocupaban en 1492 el último de los reinos musulmanes de la Península.

La conquista del reino granadino y la unión de castellanos y aragoneses bajo unos mismos reyes cierran, para muchos historiadores, la Edad Media, cuyos límites cronológicos coincidirían, en la Península, con los de la «reconquista», entendiendo por tal la búsqueda consciente de la unidad política y religiosa perdida tras la invasión musulmana. Ambos hechos serían la culminación de un proceso consciente e irreversible, producto de una voluntad colectiva basada e influida por la tradición visigoda. Pero este modo de analizar la historia medieval española —hasta ahora hemos evitado cuidadosamente el uso de este adjetivo y del sustantivo España— tiene más en cuenta la realidad moderna y contemporánea que la medieval.

El matrimonio de Isabel y Fernando no fue la culminación de tendencias unificadoras, sino el resultado de situaciones concretas y, por tanto, modificables. Por sí solo no significaba la unidad. Castilla y Aragón —lo mismo podríamos decir de Navarra, conquistada en 1512 e incorporada a Castilla tres años más tarde— mantuvieron su propia organización independiente hasta el punto de que Fernando el Católico fue expulsado de Castilla después de la muerte de Isabel y contrajo un nuevo matrimonio que de haber tenido descendencia habría llevado a separar nuevamente Aragón y Castilla: el primer reino sería para los hijos del segundo matrimonio (hijos de Fernando, rey de Aragón) y Castilla pertenecía a Juana, hija de Fernando pero ante todo de Isabel, reina de Castilla. El matrimonio no fue, por tanto, la culminación de un proceso medieval, sino el comienzo de una fase de unificación histórica, cuya suerte dependerá del juego de fuerzas existentes, de la voluntad de quienes en adelante integren el nuevo Estado y de la habilidad de sus dirigentes.

La conquista de Granada puso fin a la presencia política de los musulmanes en la Península, pero no llevó a la unidad religiosa de los españoles. Los vencidos fueron autorizados a permanecer en el reino y su asimilación religiosa se produciría lentamente o no tendría lugar, como lo prueba el hecho de que en el siglo XVII tuvieran que ser expulsados del reino numerosos moriscos descendientes de los granadinos o de los musulmanes vencidos en los siglos XI-XIII.

Unidad política y unidad religiosa no son por tanto dos realidades de la época de los Reyes Católicos, sino dos ideas por cuyo logro trabajaron activamente Fernando e Isabel al organizar y extender a todos sus dominios la Santa Hermandad y la nueva Inquisición, al impulsar la reforma de las órdenes religiosas y al controlar las órdenes militares. Esta marcha hacia la unidad se realiza desde y por Castilla, el reino más importante y con mayores recursos humanos y económicos, que se convierte en el centro del nuevo Estado con el que inconsciente o deliberadamente se tiende a identificarla hasta el punto de que para muchos historiadores castellano y español son sinónimos.

La política exterior de los dominios unidos por los Reyes Católicos estuvo igualmente dirigida por Castilla, pero tuvo en cuenta tanto los intereses atlánticos castellanos como los mediterráneos de la Corona de Aragón, cuya confluencia llevó a los reyes a intervenir simultáneamente en Italia y en Flandes para contener a Francia, convertida en época de Luis XI y de sus sucesores, en una de las mayores potencias europeas. El expansionismo francés en el Atlántico Norte y en el Mediterráneo explica en parte el mantenimiento de la unión; ni castellanos ni aragoneses estaban en condiciones de hacer frente, por separado, al gran Estado ultrapirenaico contra el que Isabel y Fernando concertarán alianzas político-militar-económicas refrenadas por acuerdos matrimoniales que harán de Carlos V —sucesor de hecho de Fernando— emperador de Alemania, rey de España y señor de los Países Bajos y de gran parte de Italia.

En el Atlántico Sur la expansión castellana se hallaba amenazada por los portugueses cuyo rey, Alfonso V, tomó parte activa contra los Reyes Católicos en la guerra civil que se produjo a la muerte de Enrique IV. Los problemas internos de Castilla y la rivalidad atlántica hallaron una primera solución en los tratados de Alcaçobas-Toledo (1479), que serían completados en Tordesillas (1494) poco después de que el descubrimiento del continente americano obligara a una revisión de los acuerdos.

En pocos años (1474-1516) Castilla ha logrado superar las divisiones internas y la guerra civil endémica que se arrastraba desde el siglo XIII y ha impuesto su hegemonía sobre los reinos peninsulares (a excepción de Portugal). Unidos castellanos, aragoneses y navarros bajo la dirección de Castilla controlarán en la época moderna gran parte de Europa y de América. Las bases de este dominio se ponen durante el reinado de los Reyes Católicos.

Pacificación de Castilla y proyección exterior

Al morir Enrique IV, la nobleza castellana se hallaba dividida entre los partidarios de Isabel, dirigidos por el clan de los Mendoza, y los fieles a Juana, entre los que se contaban los antiguos dirigentes de la nobleza en época de Enrique: el marqués de Villena, Diego López Pacheco, y el arzobispo toledano Alfonso Carrillo. Unos y otros se harán pagar su apoyo mediante la confirmación de sus propiedades y privilegios y la concesión de otros nuevos; ambas reinas intentarán atraerse a sus antiguos enemigos a los que ofrecen el perdón e importantes beneficios. Pero mientras Juana está totalmente controlada por la nobleza, Isabel y Fernando alternan las concesiones a los nobles con el encumbramiento en los puestos clave del Consejo Real y de la Contaduría o Hacienda de fieles partidarios recluta-dos entre los juristas y la pequeña nobleza. En éste, como en otros puntos, los Reyes Católicos no innovan, pero sí llevan a las últimas consecuencias la política del primer Trastámara: aceptación de los privilegios económicos de los nobles y alejamiento de los cargos políticos y administrativos.

La guerra civil nobiliaria se extendió pronto a toda la Península. Isabel y Fernando contaban con el apoyo de Aragón y Navarra. Sus enemigos atrajeron al monarca portugués, al que ofrecieron la Corona de Castilla mediante el matrimonio con su sobrina Juana. A diferencia de Enrique IV, Isabel y Fernando actuaron rápida y enérgicamente y, aunque sufrieron algunos reveses en los primeros momentos, a partir de septiembre de 1475 pasaron a la ofensiva. Con ayuda de refuerzos aragoneses lograron recuperar, lentamente, las tierras ocupadas por Alfonso V de Portugal. En diciembre caía Zamora y en febrero de 1476 se rendía el castillo de Burgos.

Algunos nobles partidarios del monarca portugués abandonaron su causa y en ello tuvo una parte importante la actuación de los reyes que mantuvieron en todo momento su política de atracción de la nobleza: los rebeldes derrotados perdían, como era lógico, la custodia de las plazas de interés militar pero conservaban sus propiedades y recibían importantes compensaciones económicas. En el mes de febrero de 1476 el ejército portugués fue vencido en Toro. Con este éxito militar de los reyes, los rebeldes del interior perdían toda esperanza de ayuda e iniciaban negociaciones para reintegrarse al servicio de Isabel y Fernando. En septiembre de 1476 se produjo la reconciliación del marqués de Villena y del arzobispo toledano, con la que puede darse por terminada la sublevación interna.

Pacificada Castilla, sus ejércitos podían intervenir en la lucha catalano-francesa apoyando a Juan II contra Luis XI. Esto suponía un cambio importante en la política tradicional de los monarcas castellanos, pero la excesiva fuerza adquirida por Francia había modificado la situación. Los franceses habían dejado de ser los aliados a los que Enrique II había ayudado contra Inglaterra y se habían convertido en peligrosos rivales de Castilla en el Atlántico. Por otro lado, Fernando era, al mismo tiempo que rey castellano, heredero de Aragón, enemigo tradicional de Francia en los Pirineos y en Italia, y Luis XI había llegado a un acuerdo con Alfonso V de Portugal para abrir un nuevo frente a través de Navarra.

Los intereses de Isabel y de Fernando (de Castilla y de Aragón) exigían la guerra contra Francia. Para realizarla con posibilidades de éxito era preciso, ante todo, pacificar Navarra, cuya división podía permitir la entrada de tropas francesas en Castilla. Fernando estaba en una posición privilegiada para lograr un acuerdo entre los grupos rivales; los agramonteses se habían mantenido fieles a Juan II y los beamonteses habían figurado en todo momento al lado de Castilla; Juan y Fernando convencieron a unos y otros de la necesidad de llegar a un acuerdo del que sería garante el monarca castellano. La concordia de Tudela (1476) significaba de hecho el establecimiento de un protectorado castellano en Navarra, aunque el reino mantuviera su independencia bajo la dirección de Francisco Febo.

Aseguradas las fronteras de Castilla, los monarcas reorganizaron la gran alianza puesta en pie por Juan II contra Luis XI durante la última fase de la guerra civil catalana y se unieron a Inglaterra, Borgoña y Bretaña en el Atlántico y a Ferrante de Nápoles en el Mediterráneo. Ante la presión militar y comercial, Luis XI se vio obligado a aceptar la paz en 1478, pero en ella no se incluyó el tema de los condados de Rosellón y Cerdaña; en este punto el monarca francés fue intransigente, y Fernando necesitaba la paz para atender a nuevas sublevaciones, en el interior y para prevenir una nueva intervención portuguesa.

Simultáneamente a la guerra civil y a los enfrentamientos-negociaciones con Francia, los monarcas castellanos desarrollaron una política de atracción del pontificado, cuya colaboración era necesaria para asentar su poder en Castilla. Una firme alianza con Roma permitiría a los reyes nombrar a los obispos y controlar las órdenes militares, verdaderas potencias militares y económicas sin las que la paz no sería posible en Castilla. Por otra parte, la inclinación de Sixto IV hacia Isabel tendría considerables efectos psicológicos en el reino, mientras que su apoyo a Juana podía servir de pretexto para encender de nuevo la guerra civil.

Las relaciones con el pontificado eran difíciles a causa de la alianza existente entre los reyes castellanos y Ferrante de Nápoles, enfrentado a Roma por el control de Italia. En 1475, aprovechando un momento de cordialidad entre los rivales italianos, fue enviada a Roma una embajada para pedir el reconocimiento de Isabel como reina de Castilla, el nombramiento de uno de sus fieles, Rodrigo Manrique, como maestre de Santiago y la no dispensa de los vínculos de parentesco que unían a Juana y Alfonso V.

El pontífice accedió a la primera petición. Para resolver los demás puntos, así como algunos problemas económicos surgidos entre el clero castellano y Roma, envió un legado a la Península. Algunas diferencias entre Sixto IV y los reyes Juan II y Fernando por la provisión de la sede zaragozana inclinaron al Papa a conceder la dispensa solicitada por Alfonso V de Portugal (1477) y Fernando e Isabel respondieron prohibiendo la publicación en Castilla de los decretos pontificios y anulando las rentas percibidas por los eclesiásticos extranjeros en el reino. El problema político planteado por la dispensa matrimonial desapareció al carecer Juana de apoyos en el interior; las relaciones Roma-Castilla mejoraron considerablemente: Alfonso, hijo ilegítimo de Fernando y de nueve años de edad, fue nombrado arzobispo de Zaragoza; el Papa accedió a que se estableciera en Castilla la nueva Inquisición (1478) a través de la cual los reyes tendrían un mayor control del reino.

Para que la paz de Castilla fuera completa sólo faltaba llegar a un acuerdo con Alfonso de Portugal del que separaban a los reyes no sólo cuestiones dinásticas (éstas casi nunca tienen valor en sí; sirven de pretexto o para reforzar otras), sino también económicas. Si Inglaterra había sido el gran rival de Castilla en el Atlántico Norte, los intereses marítimos y comerciales del reino no se reducían al Cantábrico. En el sur la marina andaluza había adquirido gran importancia y disputaba a Portugal el control del Atlántico, de los archipiélagos de Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde y de las costas africanas.

Perturbar el comercio portugués y afianzar el dominio castellano en las Canarias con vistas a una posterior sustitución de los portugueses en Guinea eran los proyectos de Isabel y Fernando. En esta empresa participaron marinos andaluces, vascos, valencianos y catalanes indistintamente, unas veces al servicio de la Corona y otras de modo particular, aunque siempre con autorización de los reyes, que se reservaban el quinto de todos los beneficios obtenidos en el comercio o en el corso.

Para poner fin a estos ataques, Alfonso V intentó llevar de nuevo la guerra a Castilla aprovechando las rivalidades de la nobleza gallega y extremeña y el descontento del arzobispo toledano y del marqués de Villena, cuyos acuerdos con los reyes no habían sido íntegramente respetados. Los problemas más graves se planteaban en el señorío de Villena, donde los campesinos habían iniciado una revuelta social para librarse del señorío y volver a la jurisdicción real. Si los reyes apoyaban a los vasallos, se enajenaban el apoyo de la nobleza; si permitían al marqués sofocar la revuelta y recuperar sus dominios, crecía excesivamente el poder de uno de sus mayores enemigos, que en todo momento podía contar con el auxilio portugués. Sólo una victoria militar rápida sobre Portugal reduciría el conflicto del señorío de Villena a sus verdaderos términos: enfrentamiento entre señor feudal y campesinos.

La victoria obtenida en las proximidades de Badajoz (1479) permitió iniciar conversaciones de paz con Portugal con el que se firmarían cuatro tratados en los que se solucionaban todos los problemas pendientes: situación de Juana, perdón de los castellanos aliados al monarca portugués, relaciones entre ambos países y navegaciones africanas. Los tratados se firmaron en Alcaçobas (1479) y fueron ratificados en Toledo (1480). Juana ingresó, al parecer por voluntad propia, en un monasterio; los aliados de Alfonso fueron perdonados; se establecieron relaciones amistosas con Portugal, y ambos reinos se mostraron de acuerdo en reservar para Portugal la costa africana y para Castilla el archipiélago canario.

Solucionado el problema portugués, pronto se llegó a un acuerdo con el señor de Villena: numerosos lugares pasaban a la Corona y Diego López Pacheco conservaba Escalona, Belmonte, Cadalso, Garcimuñoz, Alarcón... cuyas rentas según Suárez —al que seguimos en gran parte para esta época— ascendían a dos millones y medio de maravedíes anuales.

Organización del reino

La victoria sobre los nobles en la guerra civil y la paz exterior habrían sido inútiles si los monarcas no hubieran logrado pacificar el reino y asentar su poder sobre bases firmes. En 1476, en las Cortes de Madrigal, los reyes trataron dos problemas fundamentales: la situación económica y el restablecimiento del orden. Los ingresos de la monarquía eran inferiores a sus gastos quizás a causa de la guerra y del bandidismo surgido a su sombra.

La Contaduría fue reorganizada y se centralizó el cobro de los impuestos, que quedarían en adelante bajo el control directo de la Corona. Fueron reguladas las atribuciones y salarios de los contadores. Se dispuso la confección de un índice de las rentas pagadas por la Corona para que fueran anuladas aquellas que no tuvieran razón de ser. Se dejó al arbitrio de los reyes la situación (el lugar o tipo de ingresos de los que se pagarían las rentas fijadas a cada uno)...

Las Cortes solicitaron que se anularan los privilegios de hidalguía concedidos desde 1464 (los hidalgos estaban exentos de ciertas imposiciones, con lo que su pago recaía sobre los demás vecinos), que se pusiera fin a la enajenación de los bienes de la Corona y que se revocaran las mercedes hechas por los reyes desde 1464. Ninguna de las peticiones fue atendida por los monarcas, cuya política consistía en atraerse a la nobleza mediante concesiones económicas, al menos hasta que desapareciera el peligro de guerra civil.

El problema de los hidalgos presentaba otras características. En los momentos de dificultad, desde la época de Juan II, los reyes lograban reunir ejércitos ofreciendo la hidalguía a quienes, no siendo nobles ni estando obligados al servicio militar, les sirvieran con armas y caballo. Isabel había recurrido a este procedimiento durante la guerra civil y no podía prescindir de unos aliados cuyos servicios podían ser necesarios en cualquier momento. Las ciudades obtuvieron, en cambio, satisfacción en las demandas presentadas contra los judíos, con lo que los reyes no hacían sino mantenerse en la línea seguida por los últimos monarcas de Castilla.

El mantenimiento del orden fue logrado mediante la creación de un ejército permanente, solicitado por la ciudad de Burgos para proteger su comercio, seriamente afectado por la proliferación de salteadores. La propuesta burgalesa coincidía con los intereses de la monarquía y quizás fuera inspirada por los reyes, que restauraron la Hermandad, pero modificándola considerablemente y poniéndola al servicio, no de las ciudades, sino de la Corona. La Hermandad será un instrumento de pacificación, pero también de centralización del reino.

La organización municipal se mantuvo en los primeros momentos para facilitar el reclutamiento de los soldados. En cada lugar se elegirían dos alcaldes con autoridad absoluta en los delitos de saqueo, robo de bienes muebles y de ganado, muertes, heridas, incendios... Cada ciudad debería proporcionar un caballero por cada cien vecinos o por cada ciento cincuenta (según el tipo de armas que llevase el caballero). El proyecto de los reyes halló una fuerte oposición en las ciudades por cuanto suponía gastos considerables, pero fue mantenido. Para prevenir la posible desavenencia en años sucesivos, los monarcas ordenaron que a las juntas anuales de la Santa Hermandad acudieran por cada ciudad dos procuradores, uno de los cuales sería nombrado por los reyes, por lo que tendrían así de antemano la mitad de los votos.

Como concesión a las ciudades se ordenó que los gastos de sostenimiento de la Hermandad fueran pagados por todos los vecinos sin distinción dé estados, es decir, se obligó a pagar a hidalgos y eclesiásticos, y se dispuso que la Hermandad existiera durante sólo dos años, promesa que los reyes no parecen haber estado dispuestos a cumplir por cuanto preveían revistas anuales y creaban una junta permanente de la Hermandad innecesaria si la duración se redujera a dos años. De esta junta formaría parte un representante de cada una de las ocho provincias en que se consideraba dividido el reino a estos efectos: Burgos, Palencia, Segovia, Ávila, Vallado-lid, Zamora, León y Salamanca, regiones en las que los reyes disponían de suficiente autoridad para obligar a aceptar sus decisiones. En Andalucía, donde la nobleza controlaba las ciudades, y para vencer las resistencias, se eximió del pago a los hidalgos y eclesiásticos. Con ayuda de este ejército, Fernando e Isabel combatieron a los últimos focos rebeldes, transformando a los oponentes políticos en bandidos. En 1479 las provincias de la Hermandad eran ya 22 y entre ellas se contaban numerosas villas de señorío.

Estas medidas de pacificación se completan con una política respecto a los nobles que Suárez califica de realista: sin ellos, los reyes castellanos no podían gobernar y, en consecuencia, buscan «la colaboración de dos poderes únicos: monarquía y nobleza, a costa de aquellas instituciones —Cortes o municipios— que representaban un remanente de las antiguas libertades medievales en las que, no hay que olvidarlo, Fernando e Isabel veían solamente una remora».

Para atraer a todos los nobles e impedir eme la monarquía se viera en vuelta en las luchas nobiliarias, lo que llevaría de nuevo a un resurgimiento de las ciudades, los monarcas respetaron las propiedades y derechos de los nobles, aunque en ocasiones (caso del marqués de Villena) procedieran a incorporar a la Corona tierras de señorío. El fortalecimiento de la autoridad real no se logra a expensas de la nobleza, sino de la Iglesia: nombramiento de obispos y abades fieles y control de las órdenes militares, como ocurrió con la de Santiago al morir el maestre Rodrigo Manrique en 1476; un año más tarde se permitiría la elección de nuevo maestre después de haber llegado a un acuerdo con el candidato mejor situado, que se comprometía a dar a la Corona tres millones de maravedíes anuales «como ayuda al sostenimiento de gastos en la guerra mora».

La labor de pacificación de Castilla culmina con las paces firmadas con Portugal. Éstas, a su vez, permitieron a los monarcas completar la organización del reino en las Cortes celebradas en Toledo (1480). En ellas se afirmó la autoridad monárquica de acuerdo con la nobleza y frente a las ciudades, cuya participación fue meramente simbólica: sólo 17 ciudades estuvieron representadas, por dos procuradores cada —una, y los asistentes en ningún modo pertenecían al común de las poblaciones, sino a los grupos nobiliarios o paranobiliarios de los concejos. Toda posible resistencia de las ciudades fue anulada eligiendo cuidadosamente a los procuradores, haciendo votar un crédito suplementario de cuatro millones de maravedíes para pagarles y autorizándoles a transmitir los oficios municipales a sus hijos.

El primer tema tratado en estas Cortes afectaba directamente a las ciudades, pero no fue un asunto en el que los reyes las consultaran. Se trataba de reducir los cuantiosos gastos provocados por la concesión de mercedes en tierras o en rentas a los nobles, lo que repercutiría en una mejora de la situación económica de los castellanos, quienes confiaban en que el saneamiento de las finanzas de la Corona evitaría el recurso continuo a los impuestos extraordinarios, como los concedidos en Toledo, que ascendieron a la fabulosa cantidad, nunca alcanzada anteriormente, de ciento cuatro millones de maravedíes.

A pesar del interés directo de las ciudades, como quiera que los beneficiarios de las rentas eran los nobles y eclesiásticos, los reyes no permitieron que las ciudades intervinieran en las discusiones; prefirieron llegar a un acuerdo con los nobles, que se mostraron conciliadores debido a que el abuso era tal que prácticamente era imposible cobrar las rentas oficialmente asignadas: era preferible disminuir su valor oficial y aumentar el real o al menos estar seguros de percibir algo al final de cada año. La reducción de los juros fue, pues, el resultado de un acuerdo entre los reyes y los estamentos nobiliario y eclesiástico.

Se mantenían las concesiones hechas antes de 1464 y se sometían a revisión las posteriores, de las que serían aceptadas las otorgadas por los reyes —indistintamente Enrique IV o Isabel-Fernando— por servicios auténticamente importantes; las demás serían anuladas. En otros casos, los juros equivalían a rentas obtenidas mediante préstamos a los reyes en momentos de apuro, y éstos serían comprados por la Corona. De este modo se saneaba la administración y los reyes podían disponer anualmente de algunas cantidades sin necesidad de acudir continuamente a las Cortes. Según los estudios realizados por Matilla Tascón, las rentas empeñadas por la Corona pasaron de 62920552 a 32171178 maravedíes, es decir, al cincuenta por ciento.

Siguiendo la trayectoria iniciada en Madrigal (reforma de la Contaduría), en Toledo fueron reformados la Audiencia y el Consejo Real, en el que predominarían en adelante los letrados (seis) sobre los caballeros (tres) y los eclesiásticos (uno). El Consejo será un organismo de técnicos que deciden la actuación en política interior y exterior, aunque muchos asuntos queden reservados a los reyes.

También el gobierno de las ciudades fue modificado al prohibir la hereditariedad de los cargos, excepto para los hijos de los procuradores asistentes a las Cortes, y al ordenar la supresión de los cargos creados innecesariamente desde 1448. El sistema de corregidores fue mantenido íntegramente aunque obligando a éstos a someterse a una inspección o juicio al finalizar su mandato. En estas mismas Cortes los reyes tomaron claramente postura a favor de la ganadería (era la principal fuente de ingresos del país y se hallaba controlada por la nobleza) al prohibir el cobro de los impuestos sobre el ganado creados después de 1464.

Otro de los temas tratados en Cortes, a petición de las ciudades, fue el de los beneficios eclesiásticos concedidos a extranjeros. En este punto coincidían los intereses de las ciudades, de los clérigos castellanos y de los monarcas, quienes renovaron sus peticiones a Roma para que no fuera nombrado ningún cargo eclesiástico (obispos, maestres, priores, comendadores...) sin su consentimiento. El tema había sido abordado anteriormente, pero la situación era distinta y diverso fue el planteamiento.

Los reyes, libres de las amenazas exteriores y asentado su poder tras la reclusión de Juana, no necesitaban de modo imperioso el apoyo del pontífice y ya no solicitan que se concedan determinados cargos a sus partidarios, sino que no se nombre a extranjeros y —más importante— que nadie pueda ser nombrado sin la autorización de los monarcas, lo que equivalía a dejar a la Iglesia castellana en manos del poder real, es decir, a reafirmar la autoridad monárquica por cuanto obispos, maestres... no eran solamente eclesiásticos, sino también grandes señores temporales.

A pesar de que, sin duda, la postura de los reyes estuvo condicionada por los intereses políticos, la aplicación que posteriormente dieron al derecho de elegir a los obispos y abades redundó en beneficio de la Iglesia, por cuanto fueron elegidas personas capacitadas por sus méritos, más que por su vinculación a las grandes familias.

Castilla-Aragón, entre el Mediterráneo y el Atlántico

En 1480 finaliza la primera etapa del reinado de los Reyes Católicos; durante ella, Isabel y Fernando han estado absorbidos por la situación interna de Castilla a la que subordinan la política exterior, desde las relaciones con Navarra, Portugal, Francia, Inglaterra y Granada hasta la actuación respecto al pontífice. El control de la situación castellana y la muerte en 1479 de Juan II de Aragón permitirán a los monarcas iniciar una política exterior plenamente ofensiva, que se ejerce en los campos tradicionales de Castilla y de Aragón; en primer lugar contra Granada y, como prolongación, contra el norte de África; en segundo lugar en Italia, donde se continúa la política de Alfonso el Magnánimo, y en tercer lugar en el Atlántico.

Las dos últimas direcciones se interfieren continuamente y tienen un objetivo común: anular la potencia francesa cuyos intereses en el Mediterráneo y en Atlántico Norte son opuestos a los de Aragón y de Castilla. También en el Atlántico Sur se desarrolla la actividad política de Isabel y Fernando; fruto indirecto de ella será el descubrimiento de América en 1492, fecha que señala el fin de una nueva etapa en el reinado de Isabel y Fernando tanto en política exterior como interior. Este mismo año se completa la conquista de Granada, se obtiene la devolución de los condados de Rosellón y Cerdaña y se decreta la expulsión de los judíos.

La intervención de los monarcas en el Mediterráneo tiene como objetivo confesado el detener los avances turcos contra los que Italia, dividida, nada podía hacer. Pero junto a este problema existen otros que obligan a intervenir a Fernando. Por un lado, continúan las tradicionales dificultades de la Corona de Aragón en Cerdeña y en Sicilia; por otro, si Juan II había aceptado el testamento de Alfonso el Magnánimo y había reconocido la independencia de Nápoles, Fernando consideraba a este reino como una parte de los territorios aragoneses y aspiraba a crear en él una especie de protectorado, similar al existente sobre Navarra, que permitiera un día su incorporación plena a las tierras aragonesas. Para conseguir ambos objetivos (detener a los turcos y aumentar su influencia en Nápoles), Fernando necesitaba evitar los conflictos con Francia tanto en Navarra como en Aragón; apenas nombrado rey, se apresuró a incluir a Aragón en la paz firmada entre Castilla y Francia en 1478.

La conquista de Otranto por los turcos en 1480 dio a Fernando la posibilidad de intervenir en Italia. Naves catalanas, vizcaínas y andaluzas acudieron a liberar la plaza ocupada; desde este momento será Fernando quien dirija la política italiana de los Trastámara, incluso contra Ferrante de Nápoles, que aspiraba a subordinar la Corona aragonesa a su propia política italiana. Fernando impuso a Nápoles la alianza con Florencia y dio todo su apoyo a la orden de San Juan, en cuyas manos se hallaba la isla de Rodas desde la que Europa será defendida del peligro turco.

Toda la política italiana de Fernando, en cuyos proyectos entraba la ocupación de Córcega, estuvo a punto de fracasar al declararse una nueva guerra entre Roma-Venecia y Nápoles por el dominio de Ferrara (1482). Ocupado por la guerra granadina. Fernando no pudo intervenir directamente pero si imponer su mediación y conseguir la ruptura de Roma con Venecia y formar una liga de Nápoles-Ferrara-Florencia y Roma para imponer el equilibrio en Italia; aislada, Venecia no tardaría en firmar la paz con Nápoles (1484).

Para comprender la importancia del reinado de Isabel y Fernando es preciso recordar que la intervención diplomática y militar en el Mediterráneo coincide con la guerra de Granada y con el desarrollo de una política activa en el Atlántico contra Francia. Generalmente se acepta que la orientación de la monarquía hacia Inglaterra fue impuesta por los intereses de la Corona de Aragón, cuyos condados de Rosellón y Cerdaña seguían en poder de Luis XI. Si esto es cierto, no lo es menos que para Castilla había dejado de tener interés la alianza francesa desde el momento en que la potencia de los monarcas franceses amenazaba con anular o reducir el comercio castellano en el Atlántico.

Inglaterra en cambio, a causa de las guerras civiles del siglo XV, había dejado de ser un peligro para el comercio castellano y sus mercados ofrecían grandes posibilidades a los mercaderes de Castilla. El otro gran centro comercial del Atlántico, Flandes, había roto sus relaciones con Francia. Castilla no tenía el menor interés en seguir aliada a esta monarquía en perjuicio de sus intereses económicos. Castilla y Aragón se hallaban igualmente interesados en frenar la expansión francesa, en un caso por razones económicas y en el otro por causas político-económicas que no se limitan a los condados pirenaicos, sino que se extienden a Italia, donde los angevinos habían sido, desde el siglo XIII, enemigos de la Corona y donde conservaban suficiente prestigio como para que en la guerra de Ferrara se solicitara la intervención francesa contra Nápoles.

Los contactos con Inglaterra, iniciados durante la guerra civil castellana, desembocaron en 1482 en la firma de un tratado de paz y en la creación de una colonia de mercaderes castellanos en Londres. En esta alianza entraría pronto el ducado de Bretaña, sublevado contra Luis XI, quien amenazó con abrir de nuevo el frente navarro al morir el rey Francisco Febo (1483). Poco después fallecía Luis XI y el problema navarro pasaba a segundo plano, pero no por ello abandonarían los reyes de Castilla-Aragón la alianza con Bretaña e Inglaterra a los que se uniría Flandes.

El conflicto franco-español surgiría de nuevo en Italia al apoyar el pontífice Inocencio VIII a los barones del partido angevino en Nápoles (1485). Fernando e Isabel ayudaron a Ferrante y utilizaron el problema napolitano para presionar al pontífice y exigir de nuevo el reconocimiento del derecho a nombrar obispos y dignidades eclesiásticas y a llevar a cabo una reforma del clero castellano. En 1486, alternando las armas y la diplomacia, los reyes obtenían satisfacción en todas las demandas hechas al pontífice y obtenían una nueva paz en Italia, que fue acompañada de una intensificación de los intercambios comerciales.

Solucionados momentáneamente los problemas italianos, de nuevo adquirió fuerza la alianza atlántica, a la que se adhirió Portugal. Las uniones matrimoniales fortalecieron los acuerdos políticos y mientras una de las hijas de los reyes, Isabel, casaba con Manuel I de Portugal, Catalina lo hacía con el heredero inglés. Aunque los aliados fueron vencidos por Carlos VIII en Bretaña (1488), la alianza se mantuvo y logró presionar al monarca francés para que devolviera en 1492 los condados de Rosellón y Cerdaña a Cataluña. En la cesión volvían a implicarse los asuntos italianos: el monarca francés necesitaba la paz en sus fronteras para intervenir en Nápoles, donde su presencia había sido requerida por los rebeldes napolitanos.

La conquista de Granada

El reino musulmán de la Península atraviesa desde el siglo XIII por los mismos problemas y dificultades que Castilla. El poder real es incapaz de hacer frente a las continuas sublevaciones de los nobles y se ve obligado a transigir, lo que no impediría la destitución de diversos monarcas y la prolongación de la guerra civil. En 1464 inicia su reinado Abu-1-Hassan Alí (Muley Hacen) tras haber destituido a su padre; durante los primeros años logró fortalecer el poder monárquico, en parte como consecuencia de la guerra civil castellana, que no sólo impidió intervenir a los reyes sino que al mismo tiempo hizo imposible todo intento nobiliario de buscar apoyos en el exterior.

La pacificación de Castilla en 1480 permitirá a los monarcas iniciar las campañas contra Granada y a ellas supeditarán todos los demás problemas exteriores. Si tuviéramos que definir este período (1480-1492) tendríamos que hablar de un progreso constante en la centralización del reino en el interior y de una dedicación preferente a la empresa granadina en el exterior. En el Atlántico y en el Mediterráneo Isabel y Fernando mantienen sus posiciones, pero no emprenden campañas decisivas hasta después de conquistar Granada, cuya ocupación era necesaria por motivos religiosos, políticos y económicos.

La guerra contra los musulmanes no era sólo una acción aprobada por la Iglesia, sino también un medio de garantizar la paz en el interior ofreciendo una salida a la belicosidad y a las necesidades de los nobles. Permitía, al mismo tiempo, debilitar el comercio genovés fuertemente asentado en Granada, poner fin a la piratería granadina, establecer sólidas bases comerciales en el norte de África y facilitar la navegación por el estrecho.

La guerra se inicia con la ocupación de Alhama en 1482; su defensa ocupó a los castellanos hasta 1484 y se vio facilitada por la división granadina entre Muley Hacen, su hermano el Zagal y su hijo Boabdil. Este último fue hecho prisionero en 1483 y liberado poco más tarde, tras haberse declarado vasallo de Castilla y haberse comprometido a unir sus tropas a las castellanas para combatir a Muley Hacen, que sería sustituido a comienzos de 1485 por su hermano el Zagal, contra el que continuaría la lucha Boabdil, apoyado por los castellanos.

La capital granadina sería, a fines de 1486 y principios de 1487, el escenario de una sangrienta guerra civil que daría el triunfo a Boabdil en mayo de 1487 gracias a la colaboración de tropas castellanas. Este mismo año caía Málaga y en 1489 se rendía Baza tras un largo asedio. Con esta última derrota la resistencia del Zagal era inútil. Comprendiéndolo así, autorizó la rendición de las poblaciones que seguían su partido. Boabdil, aliado de los castellanos en la guerra civil, se negó a entregar Granada e hizo necesario un asedio de la ciudad para obligar al emir a entablar nuevas negociaciones que culminarían en la entrega de la ciudad el 6 de enero de 1492.

La rendición de Granada se hizo con determinadas condiciones: perdón general a todos los musulmanes y garantías de no imponerles autoridades molestas; respeto a los usos y costumbres granadinos, incluidos los religiosos; mantenimiento de su propia organización administrativa y política y renuncia en favor de Castilla de las funciones militares y hacendísticas. Boabdil recibió un importante señorío y le fueron reconocidas las propiedades particulares que poseía antes de alcanzar el emirato; condiciones similares fueron otorgadas a los notables granadinos.

Las campañas, prolongadas durante diez años, exigieron un gran despliegue de fuerzas y de medios económicos; en ellas participaron tropas dependientes directamente del rey, hombres de la Hermandad creada en 1476, huestes nobiliarias, milicias concejiles, delincuentes que redimían sus penas mediante el servicio militar, tropas aragonesas, mercenarios suizos y alemanes, y naves castellanas y catalanas puestas en 1486 bajo la dirección del catalán Galcerán de Requesens. Estas tropas no actuaron ininterrumpidamente; la guerra era de desgaste, de asedio a las plazas fuertes, de estrangulamiento de la economía granadina; aunque se mantuvieron algunas tropas con carácter permanente en la frontera, el grueso del ejército era reclutado anualmente y por la duración de la campaña.

El dinero necesario para pagar a los combatientes y a sus auxiliares (transportistas, herreros y armeros, guías, servicios burocráticos...) ascendió, según cálculos realizados, a ochocientos millones de maravedíes, que fueron reunidos en parte gracias a la concesión del subsidio de cruzada por el pontífice, quien igualmente ordenó a los clérigos que dieran, con destino a la guerra, la décima parte de todas sus rentas. Otras cantidades procedían de los cargos eclesiásticos vacantes —cuyas rentas administraba la Corona—, de préstamos negociados por —los reyes con los concejos, con particulares o con banqueros-prestamistas, de imposiciones extraordinarias otorgadas por la Hermandad o impuestas a las comunidades hebrea y mudéjar...

El descubrimiento de América

Descritas en el capítulo introductorio de esta parte las causas generales de la penetración europea en África (búsqueda del oro y de los esclavos unida a un cierto espíritu de aventura y al ideal caballeresco y cristiano de conquista), nos limitaremos en este apartado a describir rápidamente los orígenes y las consecuencias del descubrimiento de América en 1492.

Uno de los temas más debatidos es el de la nacionalidad de Cristóbal Colón, pero hoy parece universalmente admitido su origen genovés. En Génova aprendió los rudimentos de la cartografía y se inició como marino en diversos viajes por el Mediterráneo; en 1476 formaba parte de la tripulación de un navío genovés que se dirigía a Flandes y que naufragó junto a las costas portuguesas, donde los conocimientos náuticos de Colón fueron apreciados. Durante su estancia en Portugal conoció las ideas del florentino Toscanelli, quien creía posible un enlace entre Europa y la India partiendo hacia el peste; haciéndose eco de los relatos de Marco Polo, Toscanelli exageraba considerablemente la extensión del continente euroasiático y, en consecuencia, disminuía la distancia entre las orillas occidental de Europa y oriental de Asia. El viaje se presentaba relativamente fácil y Colón confiaba además en encontrar archipiélagos semejantes a los descubiertos en la navegación hacia Guinea.

Convencido de la posibilidad de realizar este viaje, el marino lo propuso al monarca portugués Juan II. Su propuesta fue rechazada después de un detenido estudio por expertos porque, aparte de las dificultades técnicas que presentaba su realización, Portugal no estaba en condiciones de arriesgarse en una aventura dudosa cuando sus marinos estaban a punto de demostrar la posibilidad de llegar a Asia bordeando las costas africanas. Valía más concentrar los esfuerzos en una operación que se sabía rentable que invertir en una empresa de dudosa eficacia.

La situación en Castilla era muy diferente. Por los acuerdos de Alcaçobas, Isabel y Fernando habían renunciado a toda intervención en las costas africanas y no podían aspirar a sustituir a los portugueses en el activo comercio. El proyecto colombino podía parecer quimérico, pero Castilla no disponía de otra salida si quería cumplir los acuerdos portugueses (su cumplimiento era necesario para el mantenimiento de la alianza atlántica contra Francia y para no provocar una guerra que obligara a distraer contingentes de Granada) y si aspiraba a no quedar rezagada en la búsqueda del oro.

El problema mayor que se planteaba era de tipo económico. Colón llegó a Castilla en 1485 cuando la guerra granadina absorbía todos los recursos del reino. Sus peticiones no fueron aceptadas, pero tampoco rechazadas; se le impuso un compás de espera que finalizó en el momento en que Bartolomeu Días consiguió doblar el cabo de Buena Esperanza y llegar por primera vez a las costas asiáticas. En el mes de abril de 1492 se firmaron las Capitulaciones o Acuerdos dé Santa Fe, por los que la reina castellana garantizaba al marino los títulos de almirante (con las mismas atribuciones que en Castilla tenía su homónimo y con carácter hereditario), de virrey y gobernador general (con derecho de presentación en todos los oficios) en las tierras que descubriera e incorporara a Castilla. Se le ofreció además el diez por ciento del valor de las perlas, piedras preciosas, oro, plata, especias... que fueran compradas, vendidas, halladas en los territorios del Almirantazgo.

La expedición, formada por tres carabelas, salió de Palos de Moguer el 3 de agosto de 1492. El 12 de octubre llegaba a una de las islas de las Bahamas a la que Colón dio el nombre de San Salvador; poco después las naves llegaban a Cuba (se le puso el nombre de Juana) y Haití (La Española); el 4 de marzo de 1493 dos de las carabelas (la tercera embarrancó) estaban de regreso en Lisboa. Los reyes recibieron a Colón en Barcelona en el mes de abril e informados de sus descubrimientos se apresuraron a obtener bulas pontificias que garantizaran a Castilla la pacífica posesión de las tierras descubiertas y por descubrir al oeste de una línea imaginaria situada a cien leguas de las Azores.

El primer viaje había sido de exploración; era preciso asentar el dominio castellano en las nuevas tierras adelantándose a los portugueses. Con esta finalidad se organizó un segundo viaje de mayor amplitud: 17 barcos y 1 500 tripulantes, que también se limitaron a recorrer las islas sin llegar al continente, que no sería descubierto hasta el tercer viaje colombino (1498). Nuevas expediciones terminarían el reconocimiento del que ya todos, a excepción de su descubridor —que siguió creyendo que había llegado a las costas de la India—, llamaban el Nuevo Mundo. Los viajes, vistos desde el proyecto inicial, habían sido un fracaso; se habían descubierto nuevas tierras, pero no se había llegado a las Indias como se pretendía. La búsqueda del paso que permitiera cruzar el continente y llegar a las costas hindúes daría lugar a nuevos viajes que culminarían en la expedición de Magallanes en 1519-1522.

Los éxitos de Colón obligaron a modificar los acuerdos con los portugueses que exigían que se dividiera el Atlántico según la dirección de los paralelos y que se reservara a Portugal la zona situada al sur de las Canarias, y a Castilla la zona norte. Isabel y Fernando se habían adelantado a esta petición y habían logrado del pontífice la división del Océano según los meridianos. Está postura fue mantenida en los acuerdos de Tordesillas (1494), en los que se fijó la zona de influencia castellana en las tierras situadas a 370 leguas de Cabo Verde hacia el oeste.

Al igual que había ocurrido en Portugal, la monarquía castellana se reservó el derecho de organizar las expediciones y de regular los beneficios y para ello creó un organismo, La Casa de la Contratación de Sevilla, en 1503, cuya función era esencialmente comercial, pero que tenía también atribuciones jurídicas y desarrollaba una. intensa actividad científica de preparación de los pilotos, confección de mapas...

Las consecuencias del descubrimiento y colonización de América para la historia de Europa y concretamente de la Península sólo serán visibles en una época posterior, fuera del período que analizamos, por lo que nos limitaremos a recordar que durante mucho tiempo se ha considerado el oro y la plata llegados de América como una de las bases del capitalismo moderno europeo. Aunque esta teoría no es unánimemente aceptada en la actualidad, la importancia de las remesas americanas es indiscutible, si no en la política de Isabel y Fernando sí en la de Carlos V y Felipe II.

Política interna de los Reyes Católicos

Las empresas exteriores de los monarcas son en gran parte el fruto de la política interior de reorganización y de afirmación del poder monárquico.

Castilla

Durante este segundo período de su reinado las reformas iniciadas por los monarcas en Castilla afectaron principalmente al clero. El tema que insistentemente se repite es el de la «nacionalización» de los cargos eclesiásticos y el de la liberación de las cargas económicas impuestas por Roma. En la asamblea celebrada por el clero castellano en 1482, los obispos expusieron los motivos de sus diferencias con Roma; éstos eran, según Suárez, «la frecuencia con que eran impuestas décimas al clero alegando el peligro turco; la reserva de beneficios a nombramiento directo desde Roma, lo que sustraía a su decisión (de los obispos) los oficios y rentas de sus catedrales, y el gran número de curiales romanos que, favorecidos por nombramientos de esta naturaleza, detentaban beneficios sin ocuparse de otra cosa que de la percepción de rentas». Los reyes se hicieron eco de estas protestas cuya solución redundaba en beneficio de. la monarquía, por cuanto significaba un mayor control del clero al ser elegido éste en el reino y de acuerdo con las propuestas hechas por los reyes, y una disminución de la salida de oro y plata del reino. Durante la guerra italiana entre Nápoles y Roma el embajador castellano encargado de intentar un acuerdo, no se limitó a mediar entre los combatientes, sino que llevaba instrucciones precisas de los monarcas para insistir nuevamente en la necesidad de que el Papa reconociera a los reyes de Castilla el derecho de presentación «para todos los arzobispados, obispados, maestrazgos, arcedianato de Toledo, priorazgos y dignidades de iglesias principales». El 15 de mayo de 1486 Inocencio VIII reconocía el regio patronato por el que «autorizaba al monarca en cada vacante a expresar su opinión acerca de los candidatos idóneos para los cargos; sobre ellos se votaba obligatoriamente. Según este sistema —continúa Suárez— la designación de un candidato único equivalía a un nombramiento».

Las órdenes militares perdieron durante esta época su independencia y pasaron a ser controladas por la Corona de modo directo. Fernando e Isabel negociaron con los freires y en 1485 consiguieron que los caballeros de Calatrava aceptaran como administradores de la orden a los reyes una vez que hubiera fallecido el maestre García López de Padilla. Ocho años más tarde Fernando era nombrado administrador de la orden de Santiago y reducía la importancia de los priores al disponer que los dos más importantes (Uclés y San Marcos de León) desempeñaran sus cargos sólo durante tres años y al reservarse el nombramiento. La renuncia del maestre de Alcántara fue negociada en 1494 y obtenida mediante la concesión de un amplio señorío, de rentas por valor de trescientos cincuenta mil maravedíes y de una cantidad global de seis millones.

Durante este período las ciudades castellanas perdieron toda posibilidad de actuación y ni siquiera fueron reunidas para obtener subsidios porque éstos eran impuestos por las Juntas Generales de la Santa Hermandad. La política pronobiliaria de. los reyes durante estos años no varió con respecto a la del período anterior. Los escasos conflictos que se plantearon entre los nobles fueron resueltos con habilidad, unas veces recurriendo a la mediación y otras a las armas, pero en ningún caso puede afirmarse que los monarcas practicaran una política antinobiliaria. Pueden ir contra los derechos o prerrogativas de algún noble en particular, pero nunca contra los del grupo; una vez aceptada la autoridad de los reyes, los rebeldes son perdonados y suficientemente retribuidos para que se mantengan al servicio de la Corona.

Entre los casos de intervención real en asuntos nobiliarios, que recoge Suárez, uno de los más significativos se refiere a la actitud tomada ante el señor de Murcia, cuya independencia y abusos fueron contrarrestados mediante el matrimonio de su hija con uno de los fieles de los reyes, Alonso Chacón, que se comprometió a dar a sus hijos no el apellido paterno sino el materno; satisfecha la vanidad del noble, se le ofreció igualmente una compensación económica a cambio de las tierras y bienes que ofrecía en dote a su hija.

Corona de Aragón

El afianzamiento de la autoridad monárquica en los reinos de la Corona de Aragón encontró mayores dificultades a causa de la gran fuerza que en ellos tenían las Cortes y debido a la existencia de un derecho tradicional que limitaba considerablemente la libertad de acción de los reyes... El primer problema al que Fernando tuvo que hacer frente fue el planteado por los payeses de remensa catalanes. Éstos habían colaborado activamente y desde los primeros momentos con Juan II en la guerra civil, pero no por ello vieron atendidas sus peticiones ya que al lado del monarca habían combatido igualmente numerosos nobles y eclesiásticos cuyos intereses eran contrarios a los de los remensas y cuya ayuda militar era más necesaria para recuperar Rosellón y Cerdaña que la de los campesinos.

En 1481, Fernando, obligado por la necesidad de contar con los catalanes para llevar a cabo su política mediterránea, aceptó los puntos de vista señoriales, pero no tardó en volver de sus acuerdos. La liberación de los campesinos no era sólo cuestión de justicia, sino también una prueba de la autoridad del monarca que, además, se haría pagar su intervención del mismo modo que treinta años antes había hecho Alfonso el Magnánimo. En 1483 el monarca autorizaba las reuniones de los payeses para elegir a los representantes que habrían de negociar con el monarca y que se encargarían de reunir el dinero necesario para pagar los gastos que se produjeran y para satisfacer la deuda contraída con Alfonso el Magnánimo.

La nobleza se opuso a estas medidas y pronto se llegó a un enfrentamiento armado entre nobles y campesinos, dirigidos éstos por Pere Joan Sala. Sin abandonar los intentos de concordia, Fernando ordenó combatir a los rebeldes y logró que una parte considerable de los campesinos aceptara su mediación. Derrotado Sala en 1484, la guerra continuó durante algún tiempo con resultados indecisos. Ambas partes se avinieron a aceptar la decisión del monarca, quien en 1486 pronunció la llamada Sentencia arbitral de Guadalupe por la que se suprimían los malos usos a cambio de que los campesinos pagaran a los señores diez sueldos por cada uno (sesenta sueldos en total), que producirían un interés anual del cinco por ciento hasta que la suma fuera completada. Aparte de estas cantidades, se evaluaban las pérdidas sufridas por los señores en seis mil libras y los campesinos tendrían que pagar además cincuenta mil libras al rey y mil ochocientas a los oficiales que habían intervenido en el acuerdo.

La Sentencia de Guadalupe no era sino un programa que había que aplicar. Para facilitar su cumplimiento se autorizaron las reuniones de los payeses y el nombramiento de una comisión de nueve personas encargadas de hacer la distribución de las cantidades. Los problemas surgidos hicieron que un año después de la sentencia sólo se hubieran recogido cuatro mil ochocientas libras, en parte debido a las trabas burocráticas puestas por los oficiales del rey. Para acelerar el proceso de liberación de los campesinos y de recogida del dinero, Fernando concedió plenos poderes a los representantes de los campesinos para que procedieran a distribuir las cuotas, nombrar y deponer a los cobradores, disponer la forma de pago, fiscalizar las cuentas..., a pesar de lo cual el problema remensa se prolongó durante otros veinte años.

Problema igualmente grave era el de Barcelona, donde la situación económica se había agravado durante la guerra y los años siguientes; al igual que otras muchas ciudades (Burgos o Sevilla, por ejemplo), el municipio de Barcelona resolvió momentáneamente sus dificultades económicas mediante la aceptación de préstamos cuyos intereses llegaron a equivaler e incluso superar los ingresos normales de la ciudad, que fueron aumentados mediante la creación de nuevos impuestos, difíciles de cobrar mientras no se reorganizara la economía catalana. Ésta fue la tarea que intentó llevar a cabo Fernando en las Cortes reunidas en Barcelona en 1480-1481.

Los consellers de Barcelona afirmaron en esta reunión que las causas de la situación crítica de la economía catalana eran las confiscaciones realizadas a causa o durante la guerra y la escasa competitividad de los paños catalanes frente a los franceses, y solicitaron medidas proteccionistas para la industria textil y el monopolio del comercio del coral. Estas medidas, aprobadas, eran insuficientes mientras no se redujeran los excesivos gastos de la ciudad de Barcelona, es decir, mientras no se amortizaran los censales o rentas pagadas por la ciudad y mientras no se redujeran los cargos o se disminuyeran los salarios. Para lograr la reducción de los censales se consideraba necesario que los clérigos contribuyeran en los impuestos del municipio e incrementar éstos con un nuevo tributo sobre la carne y el vino; ambas medidas encontraron una fuerte resistencia en la población.

La devolución de los bienes confiscados durante la guerra civil por uno y otro bando fue abordada por el rey en 1479, año en el que creó una comisión encargada de preparar un borrador que sería estudiado por las Cortes. La ineficacia de la comisión y el interés de los barceloneses por solucionar cuanto antes el problema (el relanzamiento de la economía dependía en gran parte de que cada persona supiera con qué bienes contaba, para invertir o para consumir) llevaron al Consell de Cent a solicitar al rey que prescindiera de las Cortes y que actuara directamente, autoritariamente.

Fernando prefirió atenerse a las vías constitucionales (su no observancia por Juan II había desencadenado la guerra civil), pero no olvidó la invitación del Consell, que significaba un cambio importante en la mentalidad de los catalanes —aunque fuera temporal y motivado por la gravedad de la situación económica— y en 1488 nombró directamente a los Diputados del General y dos años más tarde a los consellers de Barcelona. Por el momento, el monarca se limitó a convocar las Cortes y a aprobar en ellas la constitución Poch valria o Constitució de l'observança, en la que se institucionalizaba el régimen pactista vigente de hecho en Cataluña.

En estas mismas Cortes se resolvió el problema de la confiscación, enfocándolo de una manera realista. Juan II, acuciado por los problemas exteriores y deseoso de no enajenarse la voluntad de sus antiguos enemigos, partió del supuesto de que en la guerra no había habido ni vencedores ni vencidos y ordenó la devolución pura y simple de los bienes confiscados, pero sus órdenes no fueron cumplidas por los vencedores. En 1480-1481 las Cortes votaron un subsidio destinado a compensar a los fieles de Juan II las pérdidas que sufrieran al devolver los bienes recibidos del monarca.

Problema igualmente grave y más difícil de resolver era el de las rentas de censales no percibidas en los años anteriores. De acuerdo con las Cortes, Fernando dispuso que estas rentas fueran pagadas en un plazo de quince años, pero en cuantía diferente de acuerdo con la posición de cada uno durante la guerra. Los acreedores fieles a Juan II con anterioridad a 1464 percibirían de los deudores igualmente fieles el 70 por ciento y de los desafectos el 100 por cien; el acreedor del bando «catalán» percibiría de los partidarios del rey el 60 por ciento y de sus compañeros el 80 por cien. Los acreedores de la Generalidad recibirían sólo un interés del 3,5 por ciento en lugar del 6 por ciento que sería pagado a los poseedores de censales por la ciudad de Barcelona; los demás municipios de Cataluña sólo pagarían las rentas en el caso de que existiera superávit.

Por medio de estos acuerdos, que tuvieron como contrapartida la anulación de las medidas favorables a los remensas, se pacificaron los ánimos en la medida de lo posible y se puso al país en condiciones de reorganizar su economía. Indudablemente, nadie o casi nadie recuperó íntegramente sus bienes o rentas, pero dada la situación era lógico que todos cedieran algo; como afirma Sobrequés «todo el mundo tuvo, pues, que perder algo... y era justo que todos perdiesen porque de hecho el país entero había perdido la guerra».

Las medidas de carácter proteccionista tomadas por las Cortes no consiguieron relanzar la economía catalana, en parte debido a la introducción del Santo Oficio (Inquisición) en Cataluña. El Consell de Cent se negó en 1484 a admitir a los inquisidores, pero sólo logró retrasar su entrada durante tres años, plazo en el que abandonaron Barcelona conversos (mercadeas y artesanos cualificados en su mayoría) cuyo número se calcula entre 600 y 3000 personas, cifra importante para una ciudad que contaba por estas fechas con 30000 habitantes.

El redreç (resurgimiento o relanzamiento) de la economía catalana no se produciría hasta 1492, una vez solucionado el problema remensa, reorganizados el Consell de Cent (1490) y la Diputación (1488), saneada la moneda, apaciguados los trastornos provocados por la Inquisición y finalizada la conquista de Granada que permitiría al monarca intervenir de modo más directo en el Mediterráneo.

Dificultades similares a las halladas en Cataluña encontró Fernando en Aragón, donde las Cortes mantuvieron la vigencia de los fueros por encima de la autoridad del monarca en 1484 y se negaron a autorizar el cobro de determinados impuestos alegando que estaba prohibido su cobro bajo pena de excomunión. Las buenas relaciones de Fernando con el pontificado sirvieron para que se declarara nula esta excomunión e incluso permitieron que el dinero, recaudado oficialmente para atender a las necesidades del reino aragonés, fuera gastado en las campañas granadinas.

Un paso más en el asentamiento del poder monárquico en Aragón está señalado por la introducción de la Santa Hermandad, que fue precedida por la designación por el monarca de los jurados de Zaragoza (1487). Un año más tarde, las Cortes aragonesas autorizaban al monarca a designar libremente a los procuradores; ya antes Fernando había logrado que se aceptara la Inquisición. A pesar de estas victorias, el sistema pactista y el respeto por encima de todo a los fueros y constituciones del reino siguieron vigentes tanto en Aragón como en Cataluña. En el primer país no fue aceptada la Hermandad y en el segundo fue suprimida en 1495 por un plazo de diez años.

También en Mallorca intentó Fernando revitalizar la economía, pero también aquí halló fuertes resistencias por cuanto su política exigía sacrificios y anulación de numerosos privilegios. En 1493 fue nombrado Lugarteniente del rey con plenos poderes Juan Aymeric para administrar justicia, poner fin a las luchas de bandos y estimular el desarrollo económico. Su misión se vio dificultada por una epidemia de peste que asoló la isla durante estos años; sus esfuerzos se dirigieron a reducir los efectos económicos de la peste y a conseguir el avituallamiento en cereales. Sólo en 1495 pudo Aymeríc tomar las primeras medidas tendentes a reducir las exenciones tributarias otorgadas en los últimos años. Sus decisiones fueron combatidas por los afectados y por las autoridades del reino, que consideraban excesivas las atribuciones del lugarteniente al que acusaban, además, de parcialidad hacia los foráneos.

Política religiosa y primeros pasos hacia la unidad

La política religiosa de los Reyes Católicos es quizás uno de los temas más debatidos por los historiadores. Todavía hoy resulta difícil comprender las razones que llevaron a los monarcas a imponer una serie de medidas como el establecimiento de la Inquisición y la expulsión de los judíos (ambas medidas son dos aspectos de un mismo problema).

Luis Suárez se hace eco de la diversidad de opiniones cuando afirma que los historiadores se han empeñado «en calificar y juzgar un fenómeno que apenas admite otra cosa que ser explicado»; para él, «Inquisición, supresión del judaísmo y del Islam son aspectos diferentes de un mismo esfuerzo para imponer y conservar la unidad de la fe» a la que considera como definidora y unificadora de la sociedad.

Suárez relaciona las medidas adoptadas con el fortalecimiento del poder monárquico: mientras la organización política se basa en principios de relación personal, ésta es la que priva y los súbditos de un rey lo son antes o independientemente de su fe; pero «cuando la monarquía triunfa... se produce una identificación plena entre comunidad y poder. La monarquía... es la depositaría del poder que, en principio, reside en la comunidad... Pero una comunidad se define por su esencia, una ley, es decir, un determinado credo religioso... Desde el momento en que el carácter público de la autoridad sustituye enteramente al privado, la convivencia de distintas comunidades religiosas en el seno de una misma entidad política se hace imposible. De ahí la intolerancia, no contra las personas sino contra las ideas: los Reyes Católicos querían que los cristianos fuesen ortodoxos, que los judíos se convirtieran, que los musulmanes aceptasen el bautismo a fin de tener súbditos de una misma clase». Si en la actualidad resulta difícil —según Suárez— aceptar la idea de «imponer por la violencia un determinado credo religioso» se debe a «la falta de fe que padece el mundo moderno».

Vistas de este modo, las reformas llevadas a cabo por los monarcas resultan coherentes, pero no parecen estar demasiado de acuerdo con el desarrollo cronológico de los hechos: mientras se crea la Inquisición para combatir a los conversos judaizantes, se tolera a los judíos, se firman capitulaciones garantizando a los musulmanes la conservación de su fe y se permite «que los almuédanos siguieran llamando a oración a los creyentes desde sus torres en Granada», según afirma Miguel Ángel Ladero; y cuando se expulsa a los judíos se permite seguir en el reino a los musulmanes a los que sólo se expulsa, en parte, años más tarde con motivo de una sublevación.

A la vista de estos datos es forzoso convenir que no fue sólo la identificación fe-comunidad la que decidió las reformas religiosas; si se aceptara este principio —enormemente peligroso si se traslada a la actualidad— resultaría extremadamente difícil explicar la permanencia de los moriscos no sólo durante el reinado de los Reyes Católicos, sino también en los de los no menos autoritarios Carlos V y Felipe II de los que no podemos afirmar que fueran menos fervientes cristianos que Isabel y Fernando.

Al crear la Inquisición se atiende a los problemas religiosos, pero también y sobre todo a los políticos y sociales. No se restablece la inquisición medieval confiada a los obispos o a los dominicos, sino que se crea un organismo enteramente sometido a los reyes y para ello se explotan los sentimientos antijudíos y anticonversos de la sociedad castellana. Las disposiciones tomadas contra los hebreos en los años anteriores no afectaban a los conversos, que habían podido mantener su poder económico y continuar sus actividades. La exaltación de algunos eclesiásticos y la difusión de leyendas sobre actividades anticatólicas de conversos y judíos (profanación de formas sagradas, crucifixión de niños...) prepararon el ambiente para crear la Inquisición, que fue autorizada por Sixto IV en 1478 (los reyes nombrarían a los inquisidores), pero que no fue puesta en funcionamiento por los monarcas hasta 1480, es decir, hasta después de las Cortes de Toledo.

El carácter secreto de los juicios, así como los medios empleados para obtener las confesiones, crearon un clima de terror que obligó a emigrar a numerosos conversos, quienes hicieron llegar sus quejas al pontífice. Éste, en 1482, rectificó su decisión y pretendió que los inquisidores actuaran de acuerdo con las normas de la inquisición medieval; acusó a los inquisidores sevillanos de haber actuado contra inocentes y de haber confiscado los bienes de los condenados, lo que no entraba en sus atribuciones; ordenó que, en adelante, los procesos se desarrollaran de acuerdo con las normas canónicas y con el obispo de la diócesis, y prohibió el trasplante de la Inquisición a los reinos de la Corona de Aragón, en los que funcionaba la inquisición tradicional.

El intervencionismo real fue suprimido y el nombramiento de los inquisidores fue confiado al general de los dominicos; se ordenó absolver a quienes confesasen sus culpas y se prohibió mantener en secreto los nombres y las declaraciones de los testigos, pero ni los reyes hicieron el menor caso de las disposiciones pontificias ni el Papa mantuvo su acuerdo. Interesado en nombrar arzobispo de Sevilla a uno de sus protegidos, anuló la bula promulgada; los procesos y confiscaciones en favor de los reyes continuaron, acrecentados por la necesidad de reunir fondos para la guerra granadina.

Hacia 1484 fue nombrado por los reyes inquisidor general de Castilla fray Tomás de Torquemada, que ya lo era de Aragón; con él se unificaba la organización inquisitorial, convertida en un organismo más de centralización del poder monárquico, de unidad interior. Del mismo modo que se habían suprimido las hermandades para crear una Hermandad General enteramente sometida a los reyes, se suprimían las inquisiciones diocesanas para crear una sola Inquisición en todos los dominios de Fernando e Isabel.

En la Corona de Aragón la resistencia fue mayor que en Castilla. Los aragoneses afirmaban que la confiscación de bienes y el mantenimiento del secreto iban contra los fueros del reino. Nada pudieron hacer, sin embargo, ante la firme decisión del rey. La religión fortalecía la política centraliza-dora y Fernando apoyó a los inquisidores cuyas excomuniones podían servir (sirvieron) para destituir a numerosas autoridades municipales. En Valencia se defendieron alegando la existencia de la inquisición tradicional y la extranjería de los inquisidores; en Barcelona la resistencia se basó igualmente en ser contraria a los fueros y en los perjuicios económicos que la fuga de los conversos podría provocar. Los consellers pidieron que se perdonase a quienes abjurasen de sus errores, con lo que se salvaba la pureza de la religión —motivo indicado por los reyes para defender al nuevo organismo—, pero el monarca se mostró intransigente.

En 1490 la Inquisición se halla sólidamente asentada en todos los reinos, pero sólo puede actuar contra los cristianos, no contra los judíos, a los que no era posible acusar de herejes. Las medidas contra los israelitas coinciden con el establecimiento de la Inquisición, es decir, arrancan de las Cortes de 1480. En 1483 se procedió a la expulsión de los judíos de las diócesis de Sevilla, Córdoba y Cádiz, tres años más tarde fueron expulsados los de Zaragoza y Albarracín, acusados de connivencia con los conversos... pero en general parece establecido que, al menos mientras duró la guerra de Granada, los reyes protegieron a los judíos, algunos de los cuales fueron nombrados tesoreros de la Hermandad y recolectores de los subsidios para la guerra granadina, lo que no haría sino aumentar el odio popular contra ellos.

Haciéndose eco del malestar de la población, el 31 de marzo de 1492 los reyes firmaron el decreto de expulsión de los judíos de todos sus reinos y les dieron un plazo de cuatro meses. En principio se les permitía llevar todos los bienes muebles, pero las leyes prohibían sacar oro, plata, monedas, caballos y armas por lo que deberían transformar sus bienes en letras de cambio. En muchos lugares se prohibió a los cristianos la compra de bienes judíos y en todos se explotó la necesidad apremiante de vender. Los propios monarcas prohibieron la venta de los bienes comunales de las aljamas y en septiembre de 1492 confiscaron todos los bienes, deudas o letras de cambio dejadas por los judíos.

Aunque de hecho la expulsión de algunos grupos musulmanes no puede ser incluida en el capítulo de reformas religiosas emprendidas por Isabel y Fernando, conviene referirse a ella en este apartado porque sin duda —de acuerdo con la opinión de Luis Suárez— contribuyó a reforzar la comunidad de fe de los castellanos. La ocupación del reino granadino, a pesar de la dureza de los combates y de la prolongación de la guerra, fue obtenida por capitulaciones con la población musulmana, a la que se permitió seguir en sus lugares habituales de residencia. Granada podía ser en cualquier momento un foco de rebelión, especialmente si contaba con la ayuda de musulmanes norteafricanos. Para alejar esta posibilidad se intentó convertir a los musulmanes y establecer en el reino a pobladores cristianos que contrarrestaran la fuerza y el número de los musulmanes, pero ambas medidas fracasaron.

El cardenal Cisneros propuso la adopción de medidas similares a las tomadas contra los judíos, pero el problema era distinto, aunque desde el punto de vista religioso fuera el mismo. La población musulmana era demasiado numerosa, estaba organizada y no abandonaría el territorio sin lucha; por su parte, los reyes estaban obligados a respetar los pactos firmados. A pesar de todo, Cisneros aplicó métodos violentos para acelerar las conversiones; la sublevación se produjo en 1500 y tuvo especial gravedad en las Alpujarras, que tuvieron que ser ocupadas militarmente. En 1502 se dictaron contra los musulmanes medidas similares a las tomadas contra los judíos diez años antes, pero se permitió permanecer a los musulmanes de la Corona de Aragón y fueron numerosos los que permanecieron en las Alpujarras y en toda Castilla hasta la definitiva expulsión de los moriscos en el siglo XVII.

Expulsados los judíos, con graves pérdidas para la economía nacional y para las haciendas municipales y sin beneficios para la población —las deudas con los judíos fueron heredadas por la Corona—, alejados voluntaria o forzosamente de la Península los dirigentes musulmanes (únicos que podían organizar la resistencia) y creado un clima de terror por la Inquisición contra los conversos, los reyes habían logrado afianzar la unidad de sus dominios, pero estaban muy lejos de lograr la reforma religiosa, única que habría justificado las medidas anteriores.

La necesidad de la reforma del clero secular y regular de la Iglesia occidental, reforma eclesiástica en definitiva y no religiosa, había sido vista desde el siglo XIV; la influencia de los reformadores fue notable en la solución del cisma y en la crisis conciliar de la primera mitad del siglo XV.

Pero en todas partes los intereses políticos y económicos aparecían demasiado mezclados con los eclesiásticos y la obra reformadora apenas progresó.

En Castilla, uno de los graves problemas que afectaba al clero regular era la dependencia respecto a la nobleza laica, que mediante la utilización del cargo de encomendero había logrado intervenir en la mayor parte de los monasterios y controlar no sólo la vida económica de estos centros, sino también las actividades religiosas. Juan II se hizo eco de los ideales de reforma, ordenó revisar el régimen de encomiendas y facilitó la vuelta al espíritu de observancia de las reglas monásticas al ceder a la orden de san Benito el castillo de Valladolid para que, libres de toda injerencia laica, los monjes pudieran atender al cumplimiento de su regla. Nuevas órdenes como las de los cartujos y jerónimos, caracterizadas por su austeridad y cumplimiento de las reglas monásticas, fueron instaladas en Segovia y en Guadalupe, así como en otros muchos lugares.

Los monjes instalados en San Benito de Valladolid extendieron pronto su acción sobre otros monasterios castellanos, que fueron agrupados en una congregación dirigida por el monasterio vallisoletano. ¡De él partiría la reforma efectuada en la época de los Reyes Católicos, que la harían extensiva al monasterio catalán de Montserrat por obra del prior de Valladolid García Jiménez de Cisneros. La centralización vallisoletana no sólo serviría para dar mayor fuerza a los monasterios, sino que también sería un elemento más dentro de la unificación emprendida por Isabel y Fernando.

La reforma no se limitó a los benedictinos, sino que se extendió a todas las órdenes a pesar de las resistencias, opuestas por algunas, como la de los franciscanos, entre los que la mayoría prefirió mantener su forma de vida mientras que un reducido grupo aceptaba la observancia íntegra de la regla. A este grupo se unió en 1484 un clérigo, Gonzalo Jiménez de Cisneros, que adoptaría el nombre monástico de fray Francisco. Nombrado confesor de la reina en 1492, fue designado poco después provincial de los franciscanos en Castilla y a él se le encomendó la reforma de la orden.

En 1495, fray Francisco ascendía a la sede arzobispal de Toledo a petición de los reyes, que deseaban evitar la entrega de la sede primada a un miembro de las grandes familias nobiliarias, que aspiraban a acelerar desde la seda primada la reforma eclesiástica, y que confiaban en que Cisneros —franciscano observante y austero— renunciara a los inmensos bienes de la sede en favor de los monarcas. Cisneros aceleró la reforma, pero se negó a renunciar a los bienes de la Iglesia, a pesar de lo cual contó siempre con el apoyo de los monarcas, incluso contra el Papa.

Conseguida, a veces mediante el uso de la fuerza, la reforma del clero regular, Cisneros emprendió la tarea de reformar al clero secular y para ello creó la universidad de Alcalá, destinada a formar a los futuros eclesiásticos. También en este punto tuvo la ayuda de los monarcas, que aspiraban no sólo a disponer de clérigos suficientemente formados, sino también de juristas.

Los años posteriores a 1492

El último período del reinado de Isabel y Fernando —la primera murió en 1504 y el segundo en 1516— salen fuera del período cronológico tradicionalmente asignado a la Edad Media peninsular, pero su historia es simple continuación o consecuencia de cuanto llevamos expuesto y la estudiaremos brevemente.

La expansión por el Atlántico Sur, que había dado lugar al descubrimiento de América, no se detuvo en 1492; entre este, año y 1496 fueron conquistadas de modo efectivo y se inició la repoblación de las islas de La Palma y de Tenerife. Hasta 1480, es decir, hasta solucionar los problemas con Portugal, sólo las islas menores del archipiélago canario habían sido ocupadas, y prácticamente a título privado. Lanzarote, Gomera, Hierro y Fuerteventura eran señoríos. Fernando e Isabel dirigieron las operaciones de ocupación de las islas mayores, que se iniciaron con la conquista de Gran Canaria, finalizada en 1483.

La competencia expansiva con Portugal no se reducía a las islas atlánticas; Castilla había considerado, desde, fines del siglo XIII, la zona de Marruecos como territorio sometido a su influencia; la presencia de los portugueses en Ceuta era o podía ser, en caso de ruptura de la paz, un peligro que sólo cabía contrarrestar mediante la ocupación de otras plazas por los castellanos. De momento, los reyes prefirieron crear una flota permanente para garantizar las actividades comerciales, que fueron centralizadas en régimen de monopolio en Cádiz (1493); sólo en 1497 procedieron a la conquista de Melilla. En las costas atlánticas de Marruecos crearon una fortaleza destinada a facilitar los intercambios comerciales y una futura ocupación del territorio. La conquista fue encomendada a Alonso de Lugo, señor de Tenerife, que fracasó en dos expediciones realizadas en 1500 y 1502.

Los problemas mediterráneos se agravaron a partir de 1492; Carlos VIII de Francia había devuelto a Cataluña los condados de Rosellón y de Cerdaña para poner fin a la alianza atlántica entre Castilla, Portugal, Inglaterra y Borgoña y también para poder intervenir, sin dejar un frente abierto en la retaguardia, en Nápoles, donde los barones sublevados contra Ferrante reclamaban su ayuda. Fernando se comprometió a no intervenir, a cambio de la devolución de los condados, pero no mantuvo su promesa.

Elegido Papa el cardenal valenciano Rodrigo Borja (tomó el nombre de Alejandro VI), el monarca castellano-aragonés llegó a un acuerdo con él (uno de los hijos del pontífice fue nombrado arzobispo de Valencia y otro duque de Gandía) y logró el apoyo pontificio en las disputas de Castilla con Portugal sobre las tierras descubiertas por Colón y en el conflicto napolitano. Esta primera alianza fue ratificada en 1493 y fortalecida mediante el matrimonio de Juan y Jofre Borja, hijos igualmente de Rodrigo, con la castellana María Enríquez y con la siciliana Sancha de Aragón, y con la concesión a ambos matrimonios de cuantiosas rentas en Nápoles, lo que no impidió que las tropas francesas ocuparan Roma ni que sus aliados milaneses pusieran en dificultades a los napolitanos, dirigidos ahora por Alfonso II.

Las dificultades militares de este monarca fueron aprovechadas por Fernando para reclamar sus derechos a la Corona de Nápoles como heredero legítimo de Alfonso el Magnánimo. Antes que aceptar esta exigencia, Alfonso II abdicó en su hijo Ferrante II quien, privado de ayuda exterior, perdió gran parte del reino a manos de los franceses (1495).

Fracasado el primer intento de ocupar Nápoles y de alejar de Italia a los franceses, el rey castellano-aragonés cercó diplomáticamente a Carlos VIII mediante la constitución de una liga (Liga Santa) de los Estados italianos y a través de la renovación de la alianza atlántica con Inglaterra y con Flandes cuyo conde, Maximiliano de Austria, era al mismo tiempo emperador de Alemania y como tal se consideraba con derechos sobre Italia. Los matrimonios de los infantes castellanos Juan y Juana con los alemanes Margarita y Felipe el Hermoso servirían para ratificar los tratados.

La difícil situación de Nápoles obligó a Ferrante II a hacer concesiones a Fernando el Católico, que sólo ahora (1494) envió tropas a Italia bajo la dirección de Gonzalo Fernández de Córdoba. Carlos VIII abandonó Italia con parte del ejército y el resto de las tropas fue vencido por Gonzalo en Atella (1496). Los éxitos militares del capitán castellano, al que comienza a llamarse en Italia el Gran Capitán, no tuvieron los efectos previsibles debido a la muerte en este mismo año de Ferrante II y a la proclamación como rey de Nápoles de su tío Fadrique, partidario de llegar a un acuerdo con Francia para evitar la excesiva presión castellano-aragonesa.

La primera fase de la guerra italiana terminaría con la firma de una tregua que sería aprovechada para reforzar los sistemas de alianzas. Carlos VIII logró atraerse a los navarros, amenazó con abrir un nuevo frente de batalla y logró la disolución de la Liga Santa italiana, mientras que Isabel y Fernando fortalecían la alianza atlántica mediante acuerdos con Portugal, Inglaterra y Flandes-AIemania. Ni uno ni otros disponían de medios para un nuevo enfrentamiento y la paz se firmó en 1498, poco después de que muriera Carlos VIII.

La actuación del Papa valenciano daría a españoles y franceses una nueva ocasión de intervenir en Italia. César Borja, nombrado por los Reyes Católicos arzobispo de Valencia para lograr el apoyo pontificio en 1492, abandonó la carrera eclesiástica. Alejandro VI intentó crear para él un señorío en Italia, en los Estados Pontificios. Para acallar las protestas, el Papa se alió al monarca francés, del que obtuvo para César el ducado de Valence a cambio de permitir el divorcio de Luis XII, interesado en casarse con la heredera de Bretaña para poner, fin a los deseos de independencia de los bretones, que según hemos dicho habían formado parte de alguna de las alianzas atlánticas organizadas por los Reyes Católicos.

Fuera por motivos religiosos o por razones políticas, lo que parece más lógico, castellanos y portugueses protestaron de la actuación del pontífice y llegaron a plantear la posibilidad de reunir un concilio para examinar la conducta del Papa y proceder a la reforma de la Iglesia. Por su parte, Luis XII, de acuerdo con Roma y con Venecia, ocupó Milán (1499); ante el temor de que los avances continuaran hasta Nápoles, Isabel y Fernando propusieron negociaciones que desembocaron en el tratado de Granada (1500) por el que Nápoles sería repartido entre Fernando y Luis XII. El primero recibiría Calabria y Apulia, convertidos en ducados; el segundo, el reino de Nápoles a excepción de estas regiones. El pretexto para destronar a Fadrique era la necesidad de hacer frente al peligro turco y fue justificado con algunas campañas de las flotas española y francesa en apoyo de Venecia.

Las tropas reunidas contra los turcos permitirían hacer efectivo el reparto del reino napolitano, según los acuerdos de Granada, que no fueron respetados ni por españoles ni por franceses, entre los que la guerra abierta se inició en 1501 en los frentes italiano, navarro y rosellonés. Gonzalo Fernández de Córdoba obtendría importantes victorias en Ceriñola y Garellano (1503), pero la solución no sería militar sino diplomática: firma de treguas a petición del pontífice Julio II, elegido en noviembre de 1503, e iniciación de conversaciones de paz.

La muerte en 1504 de Isabel la Católica y el alejamiento de Castilla del monarca aragonés puso en peligro la política fernandina en Nápoles. Las tropas destacadas en el reino y su jefe eran castellanos y el monarca no podía confiar plenamente en ellas una vez que había dejado de ser rey de Castilla. El Gran Capitán fue destituido del mando de los ejércitos y Fernando concertó una alianza con Luis XII, ratificada una vez más mediante un matrimonio: el de Fernando con Germana de Foix, sobrina del monarca francés. Para evitar los enfrentamientos con la nobleza napolitana y mantener las apariencias de independencia del reino, Fernando nombró un virrey, que sería asesorado por los principales miembros de la nobleza, pero la política italiana sería dirigida por el embajador de Fernando en Roma.

Dueño de Nápoles, aunque sus títulos no fueran reconocidos por el pontífice hasta 1511, Fernando organizó la llamada Liga de Cambray, en la que participaron el emperador alemán, el rey francés y el pontífice Julio II. El objetivo oficial de la liga era, como otras veces, la lucha contra los turcos, pero todos sabían que en realidad iba dirigida contra los venecianos y tenía como finalidad recortar los dominios de esta Ciudad-Estado. Según Manuel Fernández Álvarez «Ravena, Rímini, Faenza (serían para el Papa); Verona, Padua, Vicenza, la región de Friuli, el condado de Goritzia y la zona marítima de Trieste, para el emperador; mientras, el francés quería redondear su dominio del Milanesado con Bérgamo, Brescia y Cremona. Para Fernando era la oportunidad de dominar por completo en el reino napolitano, expulsando a los venecianos de las costas del mar Adriático, donde tenían a Bríndisi y Otranto».

Los ataques se iniciaron en 1509 y fueron enteramente favorables al monarca francés, cuya fuerza amenazaba con romper el equilibrio italiano; contra Luis XII se organizaría una nueva alianza, auspiciada por los antiguos enemigos Roma y Venecia, que solicitaron la adhesión de Fernando y pusieron sus tropas bajo la dirección del virrey de Nápoles. Para evitar que una vez más Navarra actuara de contrapeso a las victorias italianas, Fernando preparó la anexión del reino invocando motivos religiosos. Durante las guerras italianas, Luis XII reaccionó contra la intervención pontificia y convocó un concilio para deponer a Julio II, quien excomulgó a cuantos se adhirieron a esta propuesta, entre ellos al monarca navarro. Fernando programaría la campaña de anexión como una guerra contra un príncipe cismático, como una cruzada. Pamplona sería ocupada en 1512; dos semanas bastaron al duque de Alba para incorporar el reino a Castilla de modo definitivo.

La intervención activa en Italia no hizo olvidar al monarca los intereses castellanos en el norte de. África. Acciones particulares, más o menos apoyadas por la Corona, habían permitido la ocupación de Melilla (1497), Mazalquivir (1505) y del Peñón de Vélez de la Gomera (1508), que podían servir de bases de penetración en Marruecos. La oportunidad de intervenir oficialmente se presentó cuando un hermano del sultán marroquí solicitó la ayuda castellana contra el rey y ofreció en pago la plaza de Oran. Ésta fue tomada por asalto en 1509 y poco después los castellanos ocupaban Bujía. El reino de Argel se declaró vasallo de Castilla poco después, pero el triunfo castellano fue de corta duración. Las campañas italianas y la anexión de Navarra obligaron a distraer tropas del norte de África. Las plazas conquistadas se perdieron inmediatamente después de la muerte de Fernando, en 1516.

Crisis y afianzamiento de la unión política de Castilla y Aragón

Los hijos de Fernando e Isabel fueron sacrificados a la política paterna. Mientras el heredero Juan era casado con Margarita de Austria, sus hermanas Isabel, Juana y Catalina se unían respectivamente con Manuel I de Portugal, Felipe el Hermoso —heredero de Flandes-Borgoña y del imperio alemán— y con el heredero de Inglaterra, Arturo, que, muerto prematuramente, sería sustituido por Enrique VIII.

Ciertamente, las alianzas atlánticas eran debidas a la existencia de intereses comunes; los matrimonios concertados, aunque podían reforzarlas no tanto por sí mismos cuanto por la presencia en cada reino de numerosas personas (diplomáticos, espías, servidores...) del séquito de los príncipes, nunca fueron garantía suficiente del mantenimiento de los acuerdos. A pesar de todo y pese al descrédito que hoy tiene la historia «personal», el estudio de estos matrimonios merece atención porque los derechos de los infantes influyeron decisivamente o fueron el pretexto utilizado para intentar modificar la historia peninsular y europea.

En 1497 moría el príncipe Juan y tanto Manuel I de Portugal como Felipe el Hermoso reclamaban la condición de herederos en nombre de sus mujeres y el derecho a titularse príncipes de Asturias; la aceptación del primero equivalía a unir Portugal con los dominios de los Reyes Católicos; la del segundo serviría para incorporar Castilla al imperio alemán. Isabel y Fernando nombraron heredero a Manuel y consiguieron fácilmente que las ciudades castellanas (Cortes de Toledo de 1485) lo aceptaran. En Aragón la resistencia fue mayor y los súbditos, de acuerdo con las normas del derecho nacional, sólo se avinieron a que jurara como heredero al hijo nacido del matrimonio de la princesa española y del rey portugués.

Esta decisión produjo un enfrentamiento en las relaciones con la Casa de Austria, hecho que sin duda facilitó la firma de las treguas con Francia en este mismo año. Muerto el príncipe heredero en 1500, los derechos al trono pasaron a Juana y Felipe (o a sus hijos) y la alianza con Portugal fue ratificada mediante el matrimonio de Manuel, viudo, con otra hija de los Reyes Católicos, María; para ello fue necesario obtener la dispensa de parentesco de Alejandro VI y pagarla concediendo a su hijo Luis el arzobispado de Valencia, vacante al abandonar la carrera eclesiástica su hermano César.

La muerte de Isabel en el año 1504 planteó de nuevo el problema sucesorio. Aunque Fernando dispusiera de libertad prácticamente total para gobernar en Castilla, de hecho y de derecho la reina era Isabel y en su testamento dejó el reino a su hija Juana; pero consciente de la locura de ésta y temerosa de que Castilla quedara en manos de Felipe el Hermoso y de sus consejeros flamencos, ordenó que todos los cargos fueran concedidos a castellanos y dejó el gobierno a Fernando siempre que Juana estuviera ausente de Castilla o no estuviera en condiciones de gobernar.

Fernando proclamó reina de Castilla a su hija y, de acuerdo con el testamento de Isabel (Juana se hallaba en Flandes), se hizo cargo del gobierno y presidió como administrador y gobernador las Cortes reunidas en Toro, en las que hizo aprobar numerosas disposiciones relativas a la sucesión en derecho civil y a la creación de mayorazgos. Parece como si el monarca, con esta última medida, hubiera intentado crear, antes de 1a llegada de los nuevos reyes, un partido favorable que le permitiera mantenerse en el poder y continuar su política mediterránea, que no sería posible sin la colaboración de Castilla.

Las ciudades aceptaron a Fernando, pero no ocurrió lo mismo con los nobles, para quienes la llegada de Felipe suponía una posibilidad de liberarse de la tutela, demasiado absorbente, de Fernando y una oportunidad para obtener nuevos beneficios, rentas o cargos. El reino se dividió entre partidarios de uno y otro y resurgieron las banderías y el malestar social tanto en Castilla como en Aragón. Castilla ha llevado el peso de una guerra mediterránea de la que apenas obtiene beneficios; los reinos de la Corona han tenido que soportar el trasplante a sus tierras de instituciones y de formas de gobierno castellanas contrarias a sus fueros y en ningún momento han podido contar con la presencia de Fernando, que reside habitualmente en Castilla. Todo parece unirse contra los deseos de Fernando de seguir gobernando en nombre de su hijo y el monarca se ve obligado a cambiar de alianzas para sostener su posición.

En 1505 Fernando firmó con Luis XII el tratado de Blois dirigido en parte contra Felipe el Hermoso y concertó su matrimonio con Germana de Foix, sobrina del monarca francés. Los hijos de este matrimonio recibirían el reino de Nápoles y también los Estados de la Corona de Aragón si fueran varones. Fuerte con esta alianza, que representaba un peligro evidente para Flandes-Alemania y que disminuía notablemente los dominios de Juana-Felipe, Fernando pudo llegar a un acuerdo con sus hijos. Juana y su marido serían reyes de Castilla y Fernando gobernador perpetuo; la administración de justicia sería obra conjunta de los tres; las rentas del reino se dividirían en dos partes: una para el viejo monarca y la otra para los reyes; la provisión de los cargos sería hecha alternativamente.

Los acuerdos no fueron cumplidos. Con el apoyo de la nobleza castellana, Felipe expulsó del reino a Fernando. Los adictos al nuevo rey fueron compensados con los cargos arrebatados a los fieles de Fernando. Haciendo caso omiso del testamento de Isabel y de las disposiciones legales del reino, los extranjeros fueron altamente favorecidos en este reparto de beneficios y cargos. El reinado de Felipe fue breve: desembarcado en La Cortina en mayo de 1506 moría en Burgos el 25 de septiembre del mismo año, y Fernando podía gobernar de nuevo en Castilla.

Para dirigir el reino en nombre del futuro Carlos V fue designado regente el cardenal Cisneros, quien en todo momento actuó de acuerdo y siguiendo las directrices de Fernando, ocupado por los asuntos italianos hasta agosto de 1507, fecha en la que se hizo cargo nuevamente del gobierno de Castilla ante la incapacidad manifiesta de su hija Juana. Fernando continuó la política de pacificación emprendida por Cisneros, para quien el monarca obtuvo en Italia el capelo cardenalicio y al que nombraría poco después inquisidor general.

BIBLIOGRAFÍA

Al reinado de los Reyes Católicos está dedicado el tomo XVII, volúmenes 1 y 2, de la Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal (Madrid 1969). En esta obra, la más importante para tener una visión de conjunto, pueden consultarse los artículos siguientes:

En el primer volumen:

Menéndez Pidal, Ramón: El difícil camino de un trono (págs. XI-CXVI).

Suárez Fernandez, Luis: Las bases del reinado (págs. 1-80).

Suárez Fernández, Luis: La guerra de Sucesión (págs. 81-383).

Carriazo Arroquia, Juan de Mata: Historia de la guerra de Granada (págs. 385-914).

En el segundo volumen:

Suárez Fernández, Luis: Restablecimiento de la monarquía (págs. 1-202).

Suárez Fernández, Luis: El máximo religioso (págs. 203-301).

Suárez Fernández, Luis: La gran política. África e Italia (1492-1504) (págs. 302-642).

Fernández Alvarez, Manuel: La crisis del nuevo Estado (1505-1516) (págs. 643-729).

Además de esta obra pueden consultarse las siguientes:

Azcona, Tarsicio de: Isabel la Católica. — Editorial Católica. — Madrid1964. —784 págs.

Azcona, Tarsicio de: La elección y reforma del episcopado español en tiempo de los Reyes Católicos. — C.S.I.C. — Madrid 1960.

Batllori, M.: Alejandro VI y la casa real de Aragón, 1492-1498. — Real Academia de la Historia. — Madrid 1958. — 76 págs.

Benito Ruano, Eloy: Toledo en el siglo XV. Vida política. — C.S.I.C. — Madrid 1961. — 327 págs.

Benito Ruano, Eloy: Aportaciones de Madrid a la guerra de Granada. — «Anales del Instituto de Estudios Madrileños» (Madrid), VIII (1972), págs. 15-103.

Caro Baroja, Julio: Los judíos de la España moderna y contemporánea. — Ediciones Arion. — Madrid 1963. — 3 vols., 540, 462 y 576 págs.

Cepeda Adán, José: En torno al concepto de Estado en los Reyes Católicos. — C.S.I.C. — Madrid 1956. — 225 págs.

Colombás, García M.; y Gost, Mateo M.: Estudios sobre el primer siglo de San Benito de Valladolid. — Scripta et Documenta, 3. — Monasterio de Montserrat 1954. — 144 págs.

Chaunu, Pierre: Seville et l'Atlantique (1504-1650). — Librairie Armand Colin. — París 1955. — 3 vols., XV + 332, 603 y 572 págs.

Domínguez Ortiz, Antonio: El antiguo régimen: los Reyes Católicos y los Austrias. — TomoIII de la Historia de España dirigida por Miguel Artola. — Alianza Editorial, Alfaguara. — Madrid 1973. — 484 págs.

Domínguez Ortiz, Antonio: Los judeoconversos en España y América. — Editorial Istmo. — Madrid 1971. — 253 págs.

Doussinague, J. M.: La política internacional de Fernando el Católico. — Madrid 1944.

Elliot, J. H.: La España imperial, 1469-1716. — Editorial Vicens-Vives. — Barcelona 1969. — 456 págs.

Ferrari, Ángel: Fernando el Católico en Baltasar Gracián. — Editorial Espasa-Calpe. — Madrid 1945.

García Oro, José: La reforma de los religiosos españoles en tiempo de los Reyes Católicos. — Instituto «Isabel La Católica» de Historia Eclesiástica. — Valladolid 1969. — 605 págs.

Kamen, Henri: La Inquisición española. — Alianza Editorial. — Madrid 1973. — 344 págs.

Ladero Quesada, Miguel Ángel: Milicia y economía en la guerra de Granada. — Universidad de Valladolid. — Valladolid 1964. — 130 págs.

Ladero Quesada, Miguel Ángel: Castilla y la conquista del reino de Granada. — Universidad de Valladolid. — Valladolid 1967. — XVI + 331 págs.

Ladero Quesada, Miguel Ángel: Los mudejares de Castilla en tiempo de Isabel I. — Instituto «Isabel la Católica de Historia Eclesiástica». — Valladolid 1969. — 378 págs.

Ladero Quesada, Miguel Ángel: Defensa de Granada a raíz de la conquista (1492 1501). — En «Homenaje a Elias Serra Ráfols» IV (La Laguna 1973), págs. 97-131.

Matilla Tascón, A.: Declaratorias de los Reyes Católicos sobre reducción de juros y otras mercedes. — Servicio de Estudios de la Inspección General del Ministerio de Hacienda. — Madrid 1952. — XIV + 253 págs.

Morales Padrón, F.: Historia del descubrimiento y conquista de América. — Madrid 1971. — 611 págs.

Pérez Embid, Florentino: Los descubrimientos en el Atlántico y la rivalidad castellano-portuguesa hasta el tratado de Tordesillas. — Sevilla 1948.

Pons, A.: Los judíos del reino de Mallorca durante los siglos XIII y XIV. — «Hispania» (Madrid), XVI (1956), págs. 163-255, 335-426 y 503-594.

Regla, Juan: La Corona de Aragón en el tránsito de la Edad Media a la Moderna. — «Cuadernos de Historia de España. Anexos a la revista Hispania» (Madrid), I (1967), págs. 203-220. Publicado originariamente en «Saitabi» (Valencia), XIV (1964), págs. 47-61.

Rodríguez Valencia, V.: Isabel la Católica en la opinión de españoles y extranjeros. Siglos XV al XX. — Instituto «Isabel la Católica» de Historia Eclesiástica. — Valladolid 1970. — 2 vols., 256 y 648 págs.

Rumeu de Armas, A.: España en el África Atlántica. — C.S.I.C. — Madrid 1956-1957. — 2 vols., 609 y 323 págs.

Santamaría, Alvaro: Mallorca del Medioevo a la Modernidad. — En «Historia de Mallorca» III (Palma de Mallorca 1970), págs. 1-360.

Santamaría, Alvaro: El reino de Mallorca en la época de los Reyes Católicos. — «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura» (Castellón), XLVI (1970), págs. 253-271.

Sobrequés, Santiago: La liquidación de la guerra civil. — En «La guerra civil catalana del segle XV» II (Barcelona 1973), págs. 331-354.

Santos Díez, José-Luis: La encomienda de monasterios en la Corona de Castilla. Siglos X-XV. — Publicaciones del Instituto Jurídico Español de Roma. — Roma-Madrid 1961. — XVIII + 238 págs.

Solano, F.: Estudios sobre la historia de Aragón durante la Edad Moderna. — «Cuadernos de Historia. Anexos de la revista Hispania» (Madrid), I (1967), págs. 129-158.

Suárez Fernández, Luis: Documentos acerca de la expulsión de los judíos. — Edición preparada y anotada por... — C.S.I.C. — Valladolid 1964. — 565 págs.

Suárez Fernández, Luis: Política internacional de Isabel la Católica. Estudio y documentos. — Valladolid 1965-1971. — 5 vols.

Suárez Fernández, Luis: Fundamentos del régimen unitario de los Reyes Católicos. — «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núms. 238-240 (1969), págs. 176-196.

Torre, A. de la: Documentos sobre las relaciones internacionales de los Reyes Católicos. — Barcelona 1949.

Torres Fontes, Juan: La conquista del marquesado de Villena en el reinado de los Reyes Católicos. — «Hispania» (Madrid), XIII (1953), págs. 37-151.

Vicens Vives, Jaime: Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón. — C.S.I.C. — Zaragoza 1962. — 667 págs.

Vicens Vives, Jaime: Ferran II i la ciutat de Barcelona. — Universitat de Catalunya. — Barcelona 1936-1937. — 3 vols., 426, 418 y 508 págs.

Vicens Vives, Jaime: El Gran Sindicato Remensa (1488-1508). La última etapa del problema agrario catalán durante el reinado de Fernando el Católico. — C.S.I.C. — Madrid 1954. — 623 págs.

7. POBLACIÓN, ECONOMÍA Y GRUPOS SOCIALES (CASTILLA Y PORTUGAL )

La organización social y la vida económica de los reinos peninsulares hasta 1350 no difiere de la analizada al hablar del siglo XIII. La peste negra señala el comienzo de un nuevo período caracterizado en Castilla por la aristocratización de la sociedad (incremento del número de nobles, de su importancia y aumento de los señoríos) y por la sumisión de la economía a los intereses nobiliarios.

La segunda parte del siglo XIV y sobre todo el siglo XV han sido descritos siempre como las épocas gloriosas del comercio castellano y así fue en efecto. Pero este comercio carece de una base industrial y se reduce la exportación de materias primas (productos agrícola-ganaderos y mineral de hierro) que beneficia fundamentalmente a los poseedores de la tierra y, subsidiariamente, a los mercaderes, grupo reducido y limitado al papel de intermediario.

La monarquía obtiene cuantiosos beneficios de este comercio, pero todos son absorbidos por la política interna de atracción de la nobleza y por las campañas exteriores, por lo que los reyes dependerán económicamente de los subsidios de las ciudades. Cuando éstos sean insuficientes se verán obligados a recurrir a los préstamos, facilitados en su mayor parte por mercaderes y banqueros extranjeros, lo que prueba suficientemente la escasa importancia de los mercaderes castellanos.

Las ciudades fueron las grandes perjudicadas, junto con los campesinos, de los siglos XIV y XV. El afianzamiento del poder monárquico se realiza de acuerdo con la nobleza y en perjuicio de los municipios, que pierden sus libertades y se ven, al mismo tiempo, obligados a financiar la política real en el interior y en el exterior. Los campesinos quedan totalmente sometidos a la nobleza y de nada servirán las revueltas gallegas, las protestas de los vascos o la sublevación campesina contra el marqués de Villena.

En la Corona de Aragón la crisis económica iniciada en el siglo xiv se prolonga durante el XV —con la posible excepción, mal conocida, de Valencia— y da lugar, del mismo modo que en Castilla y que en el resto de Occidente, a un incremento de los poderes de los grupos dirigentes: noble» y clérigos en Aragón y Valencia, y nobles, clérigos y patricios en Cataluña y en Mallorca. Las tensiones sociales que producen este reforzamiento del poder de los grupos privilegiados y la continuidad de la crisis económica sólo son bien conocidas en Cataluña y en Mallorca: payeses de remensa frente a propietarios agrícolas, buscaires frente a bigaires, foráneos contra ciudadanos.

Pero estos enfrentamientos sociales no son privativos de Mallorca o de Cataluña; se producen igualmente en Aragón, Valencia, Castilla, Navarra y Portugal, aunque el estado de nuestros conocimientos actuales no nos permita decir mucho más de cuanto ya hemos señalado.

La economía portuguesa, similar en todo a la castellana, experimenta un gran desarrollo durante el siglo XV al iniciarse los contactos comerciales con las costas atlánticas de África. Oro, esclavos, caña de azúcar y especias permitirán al reino portugués convertirse en una gran potencia comercial, pero al igual que Castilla el reino vecino carece de una industria y su comercio con África se alimenta y necesita el complemento de la industria centroeuropea sobre la que revertirán los más importantes beneficios.

CASTILLA

Población

Hasta 1528 no existe un solo censo de la población castellana, por lo que ignoramos no sólo el número total de personas existentes en el reino, sino también su distribución social. A fines del siglo XV, Alonso de Quintanilla fue encargado por los Reyes Católicos de averiguar el número de personas que podrían formar parte del ejército; en su cédula afirma haber contado los vecinos de Castilla, León, Toledo, Murcia y Andalucía (toda Castilla a excepción de Granada) y haber hallado aproximadamente 1800000 (de 6 a 7000000 de habitantes), de los cuales 250000 vivían en tierras de señores laicos y el resto en dominios de realengo, de las órdenes, de behetría y de abadengo.

Actualmente estas cifras son consideradas excesivas por los historiadores. Los únicos datos fidedignos son los que proporciona el censo de 1528, que da para Castilla (no incluye al País Vasco) 4485389 habitantes a los que habría que añadir, según Felipe Ruiz, 65000 vizcaínos, 67500 guipuzcoanos y 50093 alaveses, lo que daría una cifra inferior, para el conjunto del reino, a los 5000000 de habitantes, número que podemos aceptar con ligeras modificaciones para los años finales del siglo XV.

Más interés que estas cifras en sí tiene la comparación con el número de habitantes de los demás reinos peninsulares por estos mismos años (hacia 1530). Frente a los 4557982 habitantes de Castilla, la Corona de Aragón (sin Mallorca) cuenta con 902003 a los que habría que añadir unos 50000 mallorquines; Navarra tiene 151885 habitantes y los portugueses son 1200000. Aunque la superioridad numérica por sí sola no explica la hegemonía castellana, es indudable que el número y la cohesión existente entre los diversos «reinos» de Castilla influyeron en el predominio que, en adelante, ejercería sobre los demás reinos peninsulares.

La región más poblada era la de Castilla la Vieja (2000000) seguida de Andalucía (1000000), Castilla la Nueva (750000) y el Noroeste peninsular (670000). De esta población, un número aproximado de 30000 personas eran religiosos, más de 400000 podían englobarse en el amplio grupo de los nobles, que incluye desde la alta nobleza hasta los hidalgos y caballeros villanos, y el resto eran pecheros. La ciudad más importante en el siglo XV era Sevilla con cerca de 80000 habitantes; le seguía en importancia Córdoba, Toledo, Granada, Valladolid, Salamanca, Murcia y Málaga, cuya población oscilaba entre los 15 y los 20000 habitantes.

La distribución social y ocupacional de esta población nos es desconocida en detalle. Las cifras que habitualmente se dan (83 por ciento campesinos, 12 por ciento artesanos, 3,50 por ciento ciudadanos comerciantes y clérigos, y 1,50 por ciento nobles) no son suficientemente firmes y necesitan para ser confirmadas nuevos estudios de carácter regional. Igual incertidumbre se observa en las cifras de judíos y musulmanes expulsados, así como en la de conversos huidos de la Inquisición.

Nobleza y señoríos

Desde los años de Alfonso X el ascenso nobiliario es evidente a pesar o quizás a causa de la crisis económica. Las guerras civiles de fines del XIII y de los siglos posteriores permitieron a los nobles incrementar sus dominios y privilegios de forma extraordinaria; ni siquiera Alfonso XI, de quien normalmente se afirma que sometió a la nobleza castellana, pudo debilitarla. Sus victorias militares sobre los rebeldes fueron siempre insuficientes y conseguidas en todos los casos con la ayuda de otros grupos nobiliarios. Una y otra vez el monarca aceptó el mantenimiento de las riquezas y derechos nobiliarios (base del poder político y militar); su éxito principal radica en haber sabido atraerse a la nobleza y haberla organizado militarmente. La solución adoptada, reconocimiento de los privilegios y fijación de salarios (revisados con cierta periodicidad), fue transitoria. La grave crisis de mediados del XIV alteró el equilibrio entre gastos e ingresos nobiliarios; durante el reinado de Pedro I las exigencias económicas de los nobles se incrementaron considerablemente.

Si las ciudades castellanas hubieran tenido en esta época suficiente fuerza, si hubiera existido una auténtica burguesía en Castilla, el monarca habría podido apoyarse en ella contra la nobleza. Pedro I lo intentó, pero las ciudades no disponían de una organización militar capaz y sus recursos (eran ciudades agrícolas) eran insuficientes. Los grandes nobles fueron asesinados o desterrados, pero la fuerza de la nobleza permaneció intacta porque otros sustituyeron a los nobles desaparecidos y prepararon el triunfo de Enrique de Trastámara, es decir, la victoria de la nobleza.

Las mercedes enriqueñas crearon una nueva nobleza de la que formaban parte los familiares (alta nobleza) y los partidarios del rey que habían destacado en la guerra civil; a ellos se unieron algunos administradores y juristas ennoblecidos. La política nobiliaria del primer Trastámara se orientó hacia un entendimiento con la nobleza de acuerdo con las normas puestas en práctica por Alfonso XI y modificadas por la experiencia de los últimos años. La alta nobleza recibirá grandes señoríos y propiedades, pero será alejada del gobierno; la baja nobleza gobernará de acuerdo con el rey, que paga sus servicios espléndidamente hasta el punto de que de estos grupos saldrán muchos de los grandes títulos nobiliarios de los siglos XV y posteriores.

El sistema probó su eficacia hasta la derrota de Juan I frente a los portugueses en Aljubarrota (1385), es decir, durante la primera generación. Pero al producirse la crisis y debilitarse el poder monárquico, las ciudades recuperaron su importancia política (ellas pagaron los gastos del fracaso militar y en consecuencia exigieron una mayor participación en el gobierno) y la alta nobleza, alejada del poder por Enrique II pero confirmada en sus posesiones, utilizó sus medios económicos para organizar ejércitos y ejercer de hecho el poder.

Amenazado por el auge de las ciudades y por la insubordinación de la alta nobleza, Enrique III logró anular a las primeras y derrotar a la segunda con la ayuda de la segunda nobleza, que pasó a primer plano en los últimos años del siglo XIV y sustituyó en muchos aspectos a los familiares del rey, a la alta nobleza.

El control de los obispados y de las órdenes militares por medio de alianzas familiares o de acuerdos con el monarca reforzó aún más el poder de estos nobles en cuyas manos quedaría el gobierno de Castilla a la muerte de Fernando de Antequera a pesar de los intentos de los nuevos familiares del rey (infantes de Aragón) o de Alvaro de Luna por impedirlo. En cualquiera de los casos, es preciso recordar que si Fernando de Antequera o Alvaro de Luna defendieron el poder monárquico —al menos ha sido admitido tradicionalmente— de hecho utilizaron su ascendiente sobre el rey y su fuerza para crear inmensos dominios que por su sola existencia limitaban considerablemente la fuerza del rey, como se demostró en el caso de Fernando de Antequera que de simple miembro de la alta nobleza llegó, gracias a sus enormes riquezas, a regente de Castilla y rey de Aragón y consiguió situar a sus hijos en la dirección de todos los reinos peninsulares.

A través de la sublevación contra el monarca o gracias al apoyo que le prestan contra los sublevados, los nobles aumentan su fuerza. Los Reyes Católicos nada podrán hacer (tampoco lo intentarán) para reducir la potencia económica de la nobleza, de hecho la aumentan en sus intentos de pacificar Castilla. El acuerdo con los partidarios de Juana la Beltraneja supuso casi siempre el reconocimiento de sus dominios; quienes permanecieron fieles a Isabel y Fernando recibieron títulos y tierras en gran número.

La enajenación de bienes de la Corona en favor de los nobles continuó a fuerte ritmo. Sólo en los momentos en que los monarcas hubieron pacificado el reino (hacia 1480) pudieron exigir la devolución de algunas plazas y compensar a sus dueños con la entrega de dinero en efectivo o de rentas. A fines del siglo XV puede afirmarse que más de la mitad de las tierras castellanas estaban en manos de los nobles (laicos y eclesiásticos) y que un alto porcentaje de los ingresos normales de la Corona se destinaba al pago de rentas o salarios a la nobleza.

A fines del siglo XIV y comienzo del XV, según los estudios realizados por Emilio Mitre, los señoríos eran numerosos en todas las regiones castellanas, desde Galicia hasta la cuenca del Guadalquivir. En Galicia existían los de Sarria, Viana del Bollo y Monforte, pertenecientes a Pedro de Trastámara; los de Moeche, Puente de Eume, Cerdido, Porregeen de Sebrero, Tierra de Trasancas y Lamas, de García Rodríguez de Valcárcel; los de Barreiros, Monterroso, Ulloa y Tierra de la Repostería, de Gonzalo Ozores de Ulloa; los de Ribadeo, de Ruy López Dávalos; Jallas, de Ruy Sánchez Moscoso; Casa de Valía, burgo de Faro y Leendo, de Pedro Fernández de Castro... sin contar los señoríos eclesiásticos, como los del arzobispo de Santiago y los de algunos monasterios. Una lista similar y en algunos casos ampliada podría trazarse para otras regiones.

Los linajes

Más interesante que conocer la larga lista de nobles y señoríos es recordar que entre los nobles existen una serie de lazos de parentesco que les permiten aumentar su fuerza y actuar de común acuerdo en muchas ocasiones al organizarse en linajes, en clanes familiares. Los más importantes son los de los Enríquez, asentados en las zonas de Burgos, Valladolid y Palencia y cuyo fundador Alfonso Enríquez recibiría el título de almirante de Castilla con carácter hereditario. Los Dávalos, con propiedades en Jaén y Galicia y cuyo representante Ruy López Dávalos fue condestable de Enrique III. Los Stúñiga, oriundos de Navarra igual que los anteriores, que extienden su acción por un lado sobre las tierras de La Rioja y por otro sobre Salamanca, Extremadura, Tierra de Campos y valle medio del Duero; Diego López de Stúñiga fue justicia mayor de Enrique III. Los Mendoza, con dos ramas principales: la derivada de Juan Hurtado de Mendoza, mayordomo de Enrique III, con propiedades en Álava, Soria, Segovia..., y la rama de Diego Hurtado de Mendoza asentada en tierras de Guadalajara y en la zona de Torrelavega y Santillana. Los Ayála, derivada del cronista y diplomático Pero López de Ayala, con dominios en Guipúzcoa y en las proximidades de Toledo. Los Suárez de Figueroa, linaje fundado por el maestre de Santiago Lorenzo Suárez, cuyos señoríos se extienden por Extremadura y Andalucía. Los Velasco, familia que adquiere importancia a partir de Juan Fernández de Velasco, uno de los personajes encargados por Enrique III de la custodia de su hijo Juan, con dominios en Zamora, Burgos, León y La Rioja. Los Sarmiento, asentados en Galicia. Los Manrique, familiares del arzobispo compostelano Juan García Manrique, uno de los miembros del Consejo de Regencia durante la minoría de Enrique III. Los Guzmanes de Toledo...

Todas estas familias nobiliarias aparecen en la historia castellana durante el siglo XIV y son el resultado del encumbramiento de la segunda nobleza por los Trastámara. Salvador de Moxó, el mejor conocedor del paso, de la sustitución de la nobleza vieja por la nueva, ha estudiado el ascenso de uno de estos linajes, no de los más importantes, y la ampliación de sus dominios. Los Albornoz de Cuenca pertenecían a la nobleza antes del triunfo Trastámara y su ascenso social (paso de la nobleza local a la nacional y al título de rico hombre) se inició durante el reinado de Alfonso XI.

García Álvarez, señor de algunos pueblos en la serranía conquense, enriquecido sin duda por el aumento de la cabaña ganadera, aumentó sus riquezas y su importancia social mediante su matrimonio con Teresa de Luna, perteneciente a la nobleza aragonesa y vinculada con la jerarquía eclesiástica. Un hermano de Teresa, Ximeno de Luna, fue obispo de Zaragoza, arzobispo de Tarragona y finalmente arzobispo de Toledo, cargo en el que le sucedería su sobrino Gil de Albornoz al que, ya nombrado cardenal, encomendarían los pontífices, años más tarde, la pacificación de los Estados Pontificios.

La vinculación con la jerarquía eclesiástica fue decisiva en éste como en muchos otros casos, pero junto a esta razón de la elevación del linaje sitúa Moxó la fidelidad de Alvar García y de sus hijos al monarca Alfonso XI, a cuyo servicio combatieron al infante don Juan Manuel. Como pago de estos servicios internos, de la colaboración del arzobispo toledano y de la ayuda prestada por los Albornoz en el asedio de Algeciras, Alfonso XI confió a los miembros de la familia cargos de confianza (crianza de Sancho, uno de los hijos habidos con Leonor de Guzmán) y les dio los señoríos de Torralba y Tragacete, a los que Alvar García unió, mediante compra, el de Beteta, todos ellos situados en la sierra de Cuenca.

Durante los primeros años del reinado de Pedro I, los Albornoz salieron de sus reductos locales y llevaron a cabo importantes misiones diplomáticas, pero al igual que otros muchos nobles pronto se adhirieron al partido de Enrique de Trastámara —Gil Albornoz tuvo que abandonar el arzobispado toledano— y se refugiaron en Aragón, de donde regresarían al triunfar Enrique.

El nuevo rey convirtió a los Albornoz en personajes importantes por dos caminos distintos y complementarios: Alvar García de Albornoz seria nombrado mayordomo mayor del monarca, cargo que ejercería igualmente su hijo Gómez mientras que el hermano de éste, Alvar García el Mozo sería nombrado copero mayor por el segundo Trastámara. Junto a estos cargos cortesanos no exentos de influencia y de beneficios económicos, los Albornoz recibieron nuevos e importantes señoríos que los convirtieron en miembros de la alta nobleza. Sólo ahora se puede incluir a los Albornoz entre los ricos hombres, grupo caracterizado —según Moxó— por el «patrimonio, el linaje y la privanza, o lo que es semejante, la fortuna o riquezas, la calidad nobiliaria y el influjo disfrutado junto al rey».

La concesión de un señorío daba a los nobles derechos de triple naturaleza. Por lo que se refiere a los recibidos por los Albornoz en Utiel y en Moya, sabemos que éstos eran derechos jurisdiccionales y de gobierno (ejercicio de la justicia, nombramiento de alcaldes y oficiales del concejo, cobro de los derechos de escribanía, autoridad sobre los vecinos, obligados a cumplir los mandatos del señor...); derechos tributarios, derivados del vasallaje en el que automáticamente caían los vecinos del lugar convertido en señorío (cobro del servicio y pedido, de la fonsadera, del yantar y posada, de portazgos e impuestos sobre el ganado...); derechos del dominio solariego (heredades y posesiones cultivadas directamente o a través de arrendatarios; cobro de martiniega, derechos sobre montes, pastos y prados, derechos sobre salinas...).

Enriquecido por estas donaciones y privilegios, Alvar García pudo comprar otro señorío, el Infantado de Cuenca, por el que pagó la cantidad de 30000 florines de Aragón, equivalentes a 690000 maravedíes castellanos, cuya importancia podemos suponer si recordamos que durante estos años «la fanega de trigo tenía el valor de 15 maravedíes, y las armas del caballero oscilaban... entre 2000 y 2500 maravedíes». En este nuevo señorío, los Albornoz tendrían el monopolio de horno y molino y la reserva exclusiva de los derechos de caza y pesca, que junto con los anteriormente mencionados —recibidos igualmente en el Infantado— completan las atribuciones normalmente concedidas a los señores en Castilla.

La influencia de los nobles, su importancia económico-militar, aumentó durante los turbulentos años del siglo XV, aunque desaparecieran algunos linajes y en su lugar fueran encumbrados otros por el rey o por sus actividades militares de saqueo. En época de Enrique IV, Castilla estaba dominada por una quincena de linajes cuya fuerza procedía, en palabras de Suárez, «en primer término, de su enorme riqueza, de la muchedumbre de plazas fuertes que poseen... Sus miembros ocupan los puestos principales de la corte, como una consecuencia del influjo que les da su poder... no constituyen nobleza por ocupar los cargos, como había sucedido hasta el siglo XIV, sino que ocupa los cargos por ser nobleza... Latifundistas, sienten por la ganadería —y por el cobro de impuestos al paso de los ganados— un interés primordial; ellos constituyen, dominan y gobiernan la Mesta».

Los linajes del siglo XV controlan la mayor parte de Castilla. Los Velasco, condes de Haro, dominan las actuales provincias de Burgos y Logroño, y parte de Palencia y Álava; los condes de Medinaceli poseen los lugares de Medinaceli, Somaén, Gogolludo, Almazul... al sur de los señoríos de los Velasco; los Manrique dominan toda la Tierra de Campos; los Quiñones aparecen fuertemente establecidos en Asturias; los Álvarez Osorio controlan Galicia; los Pimentel, Benavente y la comarca de Zamora; los Enríquez poseen numerosas villas en Palencia y Valladolid... Suárez ha podido afirmar que «desde los montes cántabros hasta el Duero la tierra se cubre de señoríos. Sólo quedan unos cuantos puntos —Valladolid, Burgos, Medina del Campo, Madrigal, etc.— como islotes en medio del océano de la nobleza».

Más al sur, la situación apenas difiere. Los Stúñiga y los Mendoza controlan los pasos entre ambas mesetas en las que se mantienen como ciudades de realengo Madrid, Toledo, Ávila y Segovia los impuestos sobre el paso del ganado trashumante pasan por manos de ambos linajes. Frente a los Stúñiga suscitó Alvaro de Luna un nuevo linaje, el de los Álvarez de Toledo, condes de Alba desde 1439. Al sur del Tajo se hallan los grandes dominios de las órdenes militares; entre Valencia y Murcia se ha creado el marquesado de Villena que, incorporado a la Corona por Enrique III, fue nuevamente concedido al infante Enrique de Aragón y más tarde al favorito de Enrique IV, Juan Pacheco. Los Guzmanes (duques de Medina-Sidonia) y los Ponce de León (condes de Arcos y marqueses de Cádiz) se reparten Andalucía; los Fajardo dominan el antiguo reino de Murcia...

La situación se mantiene prácticamente invariable en la época de los Reyes Católicos y a lo largo de gran parte de la historia moderna y contemporánea de Castilla. La creación de mayorazgos, favorecida por los monarcas, impidió la disgregación de los patrimonios. Los enlaces entre las diversas familias nobiliarias permitieron concentrar e incrementar sus dominios, en los que intentarán ampliar los derechos sobre los campesinos mediante la adscripción a la tierra de los cultivadores, medida que fue abolida en las Cortes de 1480.

El mayorazgo

La institución del mayorazgo es de extraordinaria importancia para comprender la fuerza de los nobles. Por mayorazgo se entiende —según Clavero— aquella propiedad en la que «el titular dispone de la renta, pero no de los bienes que la producen, se beneficia tan sólo de todo tipo de fruto rendido por un determinado patrimonio sin poder disponer del valor constituido por el mismo; ello lleva, generalmente, a la existencia... (de un) orden de sucesión prefijado para esta propiedad de la que no puede disponer, ni siquiera para después de la muerte, su titular...». Es decir, quienes crean un mayorazgo no pueden —en teoría al menos— disminuir la importancia de sus bienes; disponen de la renta pero no del capital, que pasa íntegramente al primogénito o a quien se designe en el documento de creación.

Aunque ya en el siglo XIII existen algunos documentos según los cuales el titular de unos bienes no podía enajenarlos, sino que debía cederlos íntegramente al primogénito, la institución no aparece claramente definida hasta el triunfo Trastámara. Hasta 1369 el deseo de supervivencia familiar representado por el mayorazgo se hallaba en contradicción y sometido al derecho castellano que reconocía a todos los hijos una participación en la herencia.

Los orígenes de esta institución se relacionan con la organización feudal. El monarca, al conceder unos bienes en concepto de feudo a cambio de unos servicios, se halla interesado en que éstos sigan cumpliéndose. Para ello es preciso que quien herede las obligaciones reciba íntegramente los medios que posibilitan su cumplimiento. Esta cláusula referida a las mercedes enriqueñas, auténticas concesiones feudales, se halla en el testamento de Enrique de Trastámara quien, además, dispuso que tales feudos volvieran a la Corona al extinguirse la línea directa.

La vinculación fue protestada por los nobles en las Cortes de Guadalajara de 1390, por cuanto en muchas de las concesiones hechas por Enrique se les autorizaba a enajenar los feudos, y porque se apartaba de la sucesión a los parientes laterales. Juan I y los reyes posteriores mantuvieron en muchos casos la vinculación de acuerdo con la nobleza, pero la extendieron a los hermanos, a otros parientes o «a cualquier otra persona». Enrique II había intentado mantener unidos los bienes, y al mismo tiempo asegurar su recuperación en el caso de que no hubiera descendientes directos del beneficiario o de su primogénito. Los reyes posteriores —la derogación de esta última cláusula se produjo en 1390 en plena crisis castellana, es decir, cuando el monarca necesitaba el apoyo de la nobleza contra Juan de Gante— renunciaron a la posibilidad de recuperar tales bienes, es decir, aceptaron el carácter hereditario sin reservas de las concesiones feudales, incluso de las hechas con carácter vitalicio en muchos casos.

El sistema de vinculación de la propiedad se generalizó en el siglo XV en forma completamente favorable a los nobles (en la Corona de Aragón y en Occidente junto a la vinculación nobiliaria se dio una vinculación de los derechos de los colonos); del mayorazgo se ocuparon ampliamente las Leyes de Toro de 1505, aprobadas por Fernando el Católico. Los bienes constituidos en mayorazgo no podrían ser enajenados, ni confiscados, por el rey —cuya licencia era necesaria para la fundación del mayorazgo—, ni cedidos en arrendamiento perpetuó o a largo plazo.

En definitiva, a través del mayorazgo los nobles —de acuerdo con la monarquía— ponían freno a la disgregación de sus bienes y aseguraban la continuidad social de la familia (los segundones hallarían una salida en la corte, en el ejército y en la Iglesia). Al imponer contratos temporales, que permitían actualizar las rentas, los nobles no sólo conseguían aumentar sus ingresos sino que al mismo tiempo reducían los de los campesinos, que se verán obligados a recurrir al préstamo o, lo que es equivalente, a una dependencia respecto a los prestamistas: los propios señores.

Conservación del capital (de los bienes indivisibles) y aumento periódico de las rentas permitían a los nobles mantener su categoría social frente a la burguesía (véase cuanto hemos dicho en otro lugar sobre las leyes suntuarias y su valor social) y sobre todo daban a la propiedad feudal una rentabilidad similar o superior a la del comercio. No es extraño, por tanto, que muchos prestamistas y mercaderes se decidieran a comprar este tipo de bienes, por interés social y económico. Nada de particular tiene que toda la vida castellana estuviera organizada de acuerdo con los intereses de la nobleza. Según Suárez, «la economía, la sociedad, la cultura, la vida misma se organizan al servicio de esta clase dominante cuya influencia ha descendido hasta las últimas capas de la población. Es ahora cuando al imponer un tono de vida se fundamenta el hidalguismo, que será la característica de nuestra sociedad bajo los Austrias».

La economía agraria

La historia económica de Castilla durante estos siglos está todavía sin estudiar; los únicos datos que poseemos se refieren a la ganadería y al comercio y son, en todo caso, insuficientes. Nuestras informaciones sobre la agricultura y la industria son aisladas y se refieren tan sólo a lugares concretos, por lo que no es posible trazar un cuadro general coherente.

Política proganadera

En páginas anteriores hemos descrito los orígenes de la Mesta. Sólo interesa ahora recordar que el proceso de aristocratización de Castilla y el predominio nobiliario serán decisivos en el afianzamiento de la ganadería castellana, en cuyo desarrollo intervienen factores de otro tipo: los gastos y la mano de obra que exige son reducidos (comparados con los que precisa la agricultura) y los beneficios inmediatos, por lo que una gran parte del suelo castellano se dedica al pastoreo.

Las reclamaciones de las ciudades contra los abusos de los pastores a lo largo de los siglos XIV y XV no fueron atendidas. Los Reyes Católicos no hicieron sino reforzar esta actitud pronobiliaria de los monarcas anteriores porque también la Corona se beneficiaba de los impuestos cobrados sobre el ganado y sobre el comercio de la lana. La Santa Hermandad garantizará el orden en el reino, pero también vigilará el cumplimiento de los privilegios de los ganaderos.

Desde comienzos del siglo XV los cargos de la Mesta fueron confiados a miembros de la nobleza, y la tendencia se acentuó a finales del siglo. Entre las disposiciones favorables a los ganaderos tomadas por los Reyes Católicos figuran la Real Cédula de 1480 que obligaba a los campesinos a abandonar las tierras comunales cultivadas por ellos, para dedicarlas al pastoreo; la ordenanza de 1489 por la que se rectificaba la amplitud de las cañadas o lugares de paso de los ganados; la autorización dada en 1491 por la que se permitía a los pastores cortar los arbustos para alimentar con ellos al ganado, así como a quemar los bosques para convertirlos en tierras de pasto; y sobre todo la ley de arriendo del suelo de 1501 por la que se autorizaba a la Mesta a mantener en arriendo indefinido las tierras que había utilizado anteriormente sin modificar las rentas (a diferencia de lo legislado sobre los mayorazgos) y a pastorear el ganado en las dehesas en las que lo hubieran hecho durante diez años sin protesta de los dueños.

La ocupación de los maestrazgos de las órdenes militares por Isabel y Fernando fue sin duda una de las causas de la política proganadera de los reyes; las órdenes eran los mayores propietarios de ganado y en muchos casos controlaban los lugares de paso, por lo que podían exigir impuestos a los ganaderos. Desde el punto de vista económico, la incorporación más rentable fue la de la orden de Santiago por cuanto ésta recibía, desde la época del infante Enrique de Aragón, los impuestos de servicio y montazgo cobrados en los lugares de realengo.

Analizando las causas profundas que llevaron a los monarcas a esta protección a la ganadería, Vicens señala la crisis financiera de la Corona provocada por la huida de conversos y la expulsión de los judíos, pero en realidad los problemas financieros de la Corona son muy anteriores y también las medidas en favor de la Mesta. La pacificación de Castilla y los acuerdos con los nobles consumían la mayor parte de los ingresos de la Corona y ésta necesitaba disponer de dinero en mano; un modo fácil de obtener ingresos suplementarios a corto plazo consistía en organizar el cobro de impuestos sobre el ganado y sobre la exportación de la lana.

La reorganización de la agricultura o la creación de una industria exigían un esfuerzo y una protección fiscal que los monarcas no estaban dispuestos a otorgar porque iban contra su política de atesoramiento de meta les, necesaria para la realización de sus grandes proyectos políticos. La ganadería, en cambio, les permitía una recogida rápida de dinero y fue protegida y desarrollada a expensas de la agricultura. La Mesta fue vinculada a la Corona con la creación del cargo de Presidente del Honrado Concejo de las Mesta y su atribución a uno de los miembros del Consejo Real.

Las consecuencias de esta política fueron catastróficas a largo plazo para la economía castellana, pero de momento sirvió para llevar a cabo la expansión y para pacificar el reino de acuerdo con los nobles sin los que no era posible gobernar. Los enormes ingresos proporcionados por la lana podían hacer creer a los castellanos que se hallaban en una situación privilegiada, pero carentes de industria tenían que comprar los artículos manufacturados en el exterior a precios muy superiores a los de la materia prima que exportaban. La economía castellana entró en un círculo vicioso: para obtener estos artículos precisaban aumentar continuamente la producción de lana y ésta sólo podía conseguirse a costa de la agricultura que desde comienzos del siglo XVI, arrinconada por la Mesta, comenzó a ser deficitaria.

Decadencia de la agricultura

La decadencia agrícola de Castilla es aceptada por todos los historiadores, pero no disponemos de ningún estudio sobre el tema, por lo que habremos de limitarnos a algunas hipótesis y detalles. La peste negra de 1350 supuso un grave golpe para la agricultura castellana: ignoramos si fueron muchos o pocos los campesinos muertos a raíz de la epidemia, pero las Cortes y las crónicas se hacen eco continuamente de la falta de brazos en el campo y de los altos salarios exigidos por quienes pretendían contratarse como jornaleros.

Las quejas se repiten en diversas ocasiones y obligan a los monarcas a fijar los salarios agrícolas, pero cabe suponer que el número de jornaleros era reducido y que abundaban más los campesinos que cultivaban tierras propias en régimen de libertad o sometidos a la tutela de los señores. Las actas de Cortes insisten repetidas veces en los abusos de los nobles, que prohibían abandonar la tierra de su jurisdicción a quienes la cultivaban. Habrá que esperar al reinado de los Reyes Católicos para que en las Cortes de 1480 se conceda libertad de movimiento a los campesinos, aunque sabemos que en Galicia se mantuvo la adscripción durante bastante tiempo. Por otro lado, la libertad teórica de movimientos de nada serviría mientras los campesinos no tuvieran la posibilidad de hallar otros tipos de trabajo, y éstos no abundaban en Castilla; abandonar la tierra equivaldría a contratarse como jornaleros o a perecer de hambre, situación que explica la escasa resistencia ante la imposición por los nobles de los arrendamientos a corto plazo.

Luis Suárez atribuye a la política de protección a la Mesta la crisis triguera castellana de comienzos del siglo XVI, pero reconoce también que tuvo mayor importancia la exportación de trigo autorizada por los Reyes Católicos para atender a los compromisos militares. Andalucía, la zona triguera por antonomasia de Castilla, se vio obligada constantemente a suministrar trigo a las tropas que combatían en Granada y a las tripulaciones de las galeras y a los soldados que combatían en Italia, Cataluña, norte de África y, posteriormente, América. Un año de mala cosecha suponía un aumento extraordinario de los precios cerealistas. De nada servían en estos casos las leyes de tasas promulgadas: el cereal era acaparado o vendido secretamente a precios todavía mayores que los vigentes en épocas anteriores. Así ocurrió en Andalucía en 1502 y volvería a ocurrir en otras ocasiones.

Los productos agrícolas se hallan menos recargados que los comerciales o que los derivados de la ganadería, pero también pesan sobre ellos numerosos impuestos entre los que destaca el diezmo eclesiástico, del que una parte (2/9) corresponde generalmente al rey. Los productos fundamentales son, como en épocas anteriores el trigo, centeno, cebada, avena y vino, a los que se unen en algunas regiones el lino, cáñamo, aceite, frutos de diversos tipos, hortalizas, miel, cera...

Ciudades, Cortes y hermandades

La historia de unas y otras ha sido trazada a grandes rasgos al estudiar la política castellana durante estos siglos. Su época de esplendor se sitúa en los años finales del siglo XIII y primeros del XIV, durante los años de debilitamiento del poder monárquico y de división nobiliaria (sublevación de Sancho IV contra Alfonso X y minorías de Fernando IV y Alfonso XI). Pero ni siquiera en estos momentos tuvieron importancia política por sí mismas.

Todopoderosas en apariencia, mientras se mantiene la rivalidad entre los tutores de Fernando o Alfonso, son fácilmente manejadas por los nobles, que prescinden de ellas una vez afianzado su poder. Las promesas hechas por María de Molina o por los infantes Juan Manuel, Felipe, Pedro... sólo son cumplidas mientras se necesita el apoyo de las ciudades contra otros tutores, y se olvidan al llegar a un acuerdo entre los nobles o entre el monarca y los grupos rebeldes.

Ni siquiera reyes autoritarios como Alfonso XI o Pedro I, a los que se atribuye una alianza tácita o expresa con las ciudades, con la burguesía, contra los nobles, concedieron importancia a los centros urbanos. Alfonso XI anuló la independencia y libertades de las ciudades mediante el envío de jueces de salario o corregidores cuya autoridad estaba por encima de los alcaldes de fuero. Pedro I prescindió totalmente de las Cortes.

Los primeros años de los Trastámara parecen iniciar un resurgimiento de la fuerza política de las ciudades, a las que Enrique II o Juan I halagan en los momentos de dificultad, pero de las que prescinden en cuanto la situación interior y exterior lo permiten. Durante la minoría de Enrique II las ciudades pueden considerarse árbitros de la situación, pero son incapaces de imponerse a la alta nobleza unida y de hecho sirven a los intereses de Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, o de García Manrique, arzobispo de Santiago, y de los nobles que apoyan, a uno u otro. Llegado a su mayoría de edad, Enrique III incrementa el número de corregidores y reduce a las Cortes a su función más conocida: proporcionar dinero a la Corona mediante la concesión de subsidios.

A lo largo de todo el siglo XV la misión de las Cortes no varía. Sus quejas y peticiones se repiten una y otra vez sin el menor resultado; cuando alguna es aceptada, los efectos que de ella derivan no benefician a las ciudades sino a la monarquía, que en muchas ocasiones —siempre que es posible— prescinde incluso de las reuniones de Cortes y obliga a conceder subsidios directamente.

Durante los años turbulentos de Enrique IV las ciudades recuperan importancia y parecen dispuestas a resucitar las hermandades para imponer sus puntos de vista y administrar la justicia abandonada por el rey. Sus proyectos pierden importancia en cuanto se llega a una concordia entre los nobles, y darán lugar, en época de los Reyes Católicos, a la creación de la Santa Hermandad, enteramente controlada por los monarcas y cuya financiación lleva a la ruina a diversas ciudades. La Hermandad, creada teóricamente en beneficio de las ciudades, permite restablecer el orden pero no se halla al servicio de los concejos sino del monarca, que la utiliza en ocasiones para obtener subsidios sin acudir a las reuniones de Cortes.

La historiografía romántica ha considerado a las ciudades como centros democráticos y a las Cortes como el ejemplo máximo de esta democracia, que permite a los miembros del pueblo llano intervenir en el gobierno del reino. Una y otra afirmación no responden a la realidad de ninguna época, y menos todavía a la de los siglos XIV y XV. Los primitivos concejos castellanos, abiertos e igualitarios —aunque no hay que olvidar que abundan los de señorío—, han desaparecido en el tránsito entre los siglos XIII y XIV. En su lugar se ha creado una oligarquía (caballeros urbanos, de cuantía, de guisado...), que es la que realmente dirige el municipio y no siempre en beneficio de todos sus habitantes.

Junto a los linajes nobiliarios surgen también linajes y clanes urbanos y de ellos salen los representantes de las ciudades en Cortes. Sus puntos de vista están muchas veces más cerca de los nobiliarios que de los ciudadanos. Desde el momento en que las ciudades (en el siglo XV) caen bajo el control de la alta nobleza o de los oficiales del rey, el carácter representativo de los procuradores desaparece totalmente.

Por otro lado, es preciso recordar que no todas las ciudades son convocadas a Cortes. Sólo las de realengo pueden asistir y su número se reduce generalmente a diecisiete: Burgos, Toledo, León, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén, Zamora, Toro, Salamanca, Segovia, Ávila, Valladolid, Soria, Cuenca, Madrid y Guadalajara, es decir, los concejos importantes creados en los siglos XI-XII a los que se añaden las capitales teóricas de los distintos reinos que integran la Corona: reinos de Castilla, León, Toledo, Sevilla, Córdoba, Murcia y Jaén. Ni una sola ciudad de Galicia, Asturias, Extremadura y País Vasco se halla representada en las «democráticas» Cortes castellanas de los siglos XIV-XV.

No disponemos de ningún estudio de conjunto sobre la organización, importancia y vida económica de las ciudades castellanas, pero existen algunos trabajos monográficos que nos permiten aproximarnos al tema. Murcia, en el siglo XV contaba con unos 10000-11000 habitantes distribuidos en nueve barrios o colaciones, una aljama judía y la morería. Al frente de la ciudad figuran los hidalgos y caballeros, nobles de sangre los primeros y seminobles, por tener caballo, los segundos, aunque resulte prácticamente imposible establecer las diferencias entre uno y otro grupo. Ellos (pertenecen a 130 familias) son los mayores propietarios y ocupan los cargos municipales, en los que participan, en menor medida, los artesanos: tejedores, zapateros, sastres, tejeros, herreros, carniceros, curtidores... cuyo número y peso en la ciudad nunca fue importante. El grueso de la población vive del trabajo agrícola o del pastoreo. El comercio está en líneas generales en manos de genoveses y de judíos; estos últimos ejercen frecuentemente el oficio de recaudadores, arrendadores de impuestos y prestamistas.

En teoría la ciudad está dirigida por una asamblea, por un concejo en el que se hallan representados hidalgos, caballeros y menestrales, pero en la segunda mitad del siglo, según Valdeón, «estaba ya en fase muy avanzada el proceso conducente al control del concejo por una cerrada oligarquía de familias pertenecientes a la pequeña nobleza local». Los oficiales elegidos por esta asamblea son dos alcaldes, un alguacil y tres jurados, uno por cada grupo social. Las relaciones entre las comunidades étnico-religiosas están encomendadas al «alcalde delegado entre cristianos y judíos»; la vigilancia del mercado, al almotacén. La reserva de todos estos cargos a los miembros de la nobleza local se explica —o se consigue— por la necesidad de que cada uno dé fiadores que garanticen económicamente la recuperación de las cantidades que se consideren mal gastadas o el cobro de las multas que puedan imponerse a los oficiales. Sólo los ricos podían ser fiadores y sólo ellos encontraban quienes los avalaran.

Los gastos del concejo son superiores a los ingresos y obligan al arrendamiento anticipado de los impuestos, a la creación de tributos extraordinarios, a la solicitud de préstamos... hechos que son visibles en la mayor parte de las ciudades castellanas. Aunque sin realizar nuevos estudios monográficos no sea posible establecer una relación de causa a efecto, no deja de ser curioso observar con Valdeón que «en el momento en que un reducido grupo de poderosas familias acaparan inmensas fuentes de riqueza, las ciudades ofrecen síntomas de debilidad».

Sevilla es, sin duda, la ciudad más importante del reino en los siglos XIV-XV; en su alfoz o término, con una extensión superior a la de la provincia actual, se dan el olivo, las higueras, el viñedo, los cereales, la morera, el algodón y la caña de azúcar; hay abundancia de pastos y bosques, de miel y de cera. En la ciudad predominan los caballeros del fuero, establecidos por el monarca en número de doscientos en el momento de la conquista para defender la ciudad y evitar la intromisión de la alta nobleza; a estos hidalgos se unen los caballeros de merced, título al que accedieron quienes disponían de medios para comprar caballo y armas. A estos grupos pertenecen los veinticuatro, los regidores de la ciudad.

Al igual que en la mayor parte de las ciudades castellanas el gran comercio está en manos de extranjeros y especialmente de los genoveses, que actúan también como banqueros y prestamistas del rey, del concejo y de los particulares. El barrio del mar tiene una gran importancia— económica y militar; junto a marinos, carpinteros y calafates, viven en él los pescadores, agrupados en una cofradía con fuero, alcaldes, escribanos y alguacil propio. El mercado urbano se halla plenamente organizado: están regulados los pesos y medidas de acuerdo con los patrones custodiados por los fieles o jurados, a los que incumben igualmente las tareas de inspeccionar la fabricación del pan, fijar los precios de los artículos vendidos a peso, destruir los productos de mala calidad...; ellos controlan la importación del vino, hacen cumplir las leyes suntuarias, entienden en los pleitos sobre rentas, vigilan que los hombres de cuantía tengan los caballos y armas a que están obligados por los ordenamientos reales...

La hacienda municipal está dirigida por los mayordomos, uno del grupo de los hidalgos y otro del de los caballeros de merced. Normalmente, por falta de personal capacitado y sobre todo por la necesidad de cobrar a fecha fija, las rentas y algunos cargos se arriendan al mejor postor. Las normas emanadas del rey exigían que no acudieran a las pujas, ni directamente, ni por persona interpuesta, los alcaldes, el alguacil, los veinticuatro, los jurados... porque si ellos participaran «non osarían otras personas algunas fablar en ellas, por lo cual las dichas rentas non llegarían al precio que debían»; la misma insistencia de los reyes es prueba evidente de que estas normas no se cumplían.

Los ingresos municipales, procedentes del arriendo de hornos, almacenes, carnicerías, tabernas, molinos..., de los derechos de pastos, del cobro de impuestos sobre el consumo o la circulación de vino, sal, carne, pan, aceite, pescado, fruta... eran insuficientes para atender a los gastos de la ciudad. Desde 1370 se observa un recurso constante al crédito, que en muchas ocasiones sirve para pagar los intereses o el capital de préstamos anteriores. Generalmente, como garantía del reembolso, los acreedores de la ciudad figuran también como arrendadores o recaudadores de las rentas municipales.

En el siglo XV los veinticuatro, los regidores del municipio sevillano. tienen el cargo vitaliciamente y lo transmiten a sus hijos o parientes; simultáneamente a esta transformación, que supone la creación de una nobleza local cerrada, se produce una alianza de estos nobles con la alta nobleza de la comarca (se hacen vasallos y reciben de ellos salario o acostamientos) y la Corona sé atribuye el derecho de nombrar y de acrecentar el número de regidores, medidas que —según Ladero— «corresponden a un mismo proceso de consolidación institucional basado en el desarrollo y el respeto de las formas oligárquicas, aunque éstas pugnen entre sí», y que equivalen a anular la independencia de la ciudad.

El predominio nobiliario en Salamanca y los abusos y luchas de bandos a que esta injerencia dio lugar en el siglo XV han sido estudiados recientemente por Nicolás Cabrillana. En 1453, a petición del concejo, tuvo lugar Una pesquisa sobre la usurpación de lugares, términos y jurisdicciones realizadas por algunos nobles de Salamanca, es decir, por esta pequeña nobleza local engrandecida al amparo de las guerras civiles. Algunos dé los usurpadores eran regidores del concejo salmantino y otros contaban con el apoyo de grandes nobles, lo que les permitía hacer caso omiso de las protestas Salmantinas y evitar las pesquisas ordenadas por el rey, o sus efectos.

El hecho de que fuera el concejo el que pidió la pesquisa podría hacerlos pensar que el municipio conservaba autoridad e independencia suficiente, pero de hecho sabemos que la ciudad y consiguientemente el concejo Se hallaba dividida en bandos nobiliarios, y «cuando loa regidores... pertenecientes al bando en el poder trataban de recuperar las tierras y jurisdicciones usurpadas por los nobles del bando contrario, surgían los brotes de odios, violencias y crímenes» que caracterizan el siglo XV salmantino. Según la pesquisa efectuada en 1453 los nobles habían conseguido mediante estas usurpaciones doblar sus rentas, a costa del municipio y de los campesinos, Cuya situación empeora constantemente a pesar del progreso económico que se observa en la zona; «la nobleza será la gran beneficiaría del siglo XV, la que encauzó en provecho propio el aumento económico y demográfico».

El comercio y la industria

Comercio exterior

El comercio castellano está directamente relacionado con la ganadería; la lana es el principal producto de exportación a partir del siglo XIV, junto con el hierro del País Vasco. Según hemos tenido ocasión de ver en otro lugar, la defensa de este comercio es la que lleva a Castilla a intervenir en la guerra de los Cien Años y la que decide la política exterior de Castilla a lo largo de los siglos XIV y XV.

Mientras Inglaterra mantiene relaciones amistosas con Francia y con Flandes, marinos y mercaderes castellanos necesitan la amistad inglesa para navegar libremente por el Canal de la Mancha y para controlar el transporte del vino de Burdeos. Al suspender los ingleses la exportación de lana a Flandes y convertirse la lana en el primer artículo del comercio exportador castellano, nobles (como productores), marinos (como transportistas) y mercaderes se hallan interesados en mantener este activo comercio, pero mientras los primeros piensan que para ello es preciso romper las alianzas con Inglaterra y unirse a Francia, los segundos consideran demasiado peligrosa la lucha en el mar con los ingleses y sostienen la política de Pedro I.

La dinastía Trastámara se hace el portavoz del punto de vista nobiliario, que coincide con los de la propia dinastía desde el momento en que Inglaterra apoya a los herederos de Pedro I, y convence a marinos y mercaderes de que el apoyo a los ingleses desembocaría en la subordinación de la marina castellana a la de Inglaterra, mientras que la alianza con la monarquía francesa, carente de flota, dejaría, en caso de victoria, el comercio del Atlántico Norte en manos de los castellanos.

Esta orientación político-económica se mantiene hasta fines del siglo XV a pesar de los acuerdos que llevaron a la reconciliación de los Trastámara y de los descendientes de Pedro I. El cambio se produjo durante el reinado de los Reyes Católicos al modificarse la situación europea: Inglaterra había sido vencida por Francia y se hallaba dividida por continuas guerras civiles, por lo que no representaba peligro alguno para el comercio castellano, mientras que Francia, unificada, amenazaba no sólo al comercio sino también la expansión política de los reinos de Castilla y de Aragón; el sistema de alianzas se invierte, por tanto, y Castilla intentará en todo momento formar una liga de ingleses y flamencos contra los franceses, liga que va acompañada de la firma de tratados comerciales.

El primer privilegio obtenido por los castellanos en Flandes es de 1336, pero la organización definitiva de la colonia de mercaderes castellanos no se produjo hasta la intervención abierta de Castilla en la guerra. Los productos que exporta Castilla son la lana y el hierro, a los que se unen los frutos secos, arroz, limones, aceite, vino y, desde el siglo XV, el azúcar obtenido en las islas Canarias. En Flandes se compran paños y telas de lujo principalmente. Las ciudades flamencas no son sólo centros textiles sino también núcleos comerciales a los que llegan productos del Báltico comercializados por la Hansa alemana (pescado y trigo fundamentalmente), artículos elaborados en las ciudades alemanas (objetos de cobre, latón, bronce...).

Los marinos y mercaderes castellanos, que ya a fines del siglo XIV habían conseguido, de los reyes importantes privilegios proteccionistas (monopolio de la exportación del hierro, obligación para los extranjeros de utilizar barcos castellanos para exportar mercancías del reino, obligación de los mercaderes de otros países de comprar en Castilla por valor de los productos extranjeros vendidos...), intentarán en el XV controlar el transporte en el Atlántico y entrarán en guerra abierta con los mercaderes de la Hansa alemana. Vencedores, los marinos del Cantábrico monopolizan el transporte de la sal de Bourgneuf y del vino de Burdeos a Inglaterra. Su colaboración militar con Francia (la Hansa actúa al lado de Inglaterra) les proporciona importantes privilegios en las ciudades de Bayona, Burdeos, La Rochela, Nantes, Ruán, Dieppe...

Desde fines del siglo XIII los marinos vascos aparecen en el Mediterráneo como transportistas y corsarios, pero su entrada masiva se produce en el siglo XV. La presencia de estos marinos y mercaderes castellanos en las costas mediterráneas ha sido puesta de relieve por un trabajo reciente de María Teresa Ferrer, según el cual ya en 1400 existía un consulado castellano en Barcelona y otros en Mallorca y en Menorca-Ibiza, cuyos orígenes parecen anteriores a la fecha en que se mencionan por primera vez. Según Vicens Vives, los marinos de Castilla actúan como intermediarios en el comercio entre Cataluña e Italia: «al servicio de Genova, le llevarán la sal de Ibiza y el trigo de Sicilia, Apulia y Sevilla. Al servicio de Barcelona, acarrearán hasta la ciudad arenques y seda, pero especialmente cuero andaluz y portugués, lanas y cochinilla».

En Mallorca, la presencia de navíos castellanos (vascos, andaluces y gallegos) está atestiguada desde finales del siglo XIII y se mantiene (muchos actúan como corsarios) incluso en épocas de guerra; el número de castellanos afincados en la isla aumenta a fines del siglo XIV, fecha en la que debió crearse el consulado de los castellanos, que existió también, desde 1439 al menos, en Marsella. Entre 1403 y 1443 los marinos castellanos aseguran el comercio de Mallorca con el norte de África, con Cerdeña y Sicilia, con Génova, Salerno y Nápoles; según Alvaro Santamaría exportan a «África laca, almástica, rubia, gala, cleda, urchilla, regaliz, azafrán, fusteta, antimonio, especiería y pasas; a Italia cera..., lana..., cueros de Granada, de Mallorca y de Lisboa... tejidos de Mallorca y de Valencia; a Niza quesos, lanas, añinos, cueros, tejidos y sal de Ibiza; a Galicia vinos y paños «bruxellats»; a Flandes alumbre y grana. Se importa de África cera, nuez moscada, grana, quesos y plumas de avestruz; de Sicilia algodón y trigo; de Flandes rubia, hilo de hierro y de latón y tejidos».

El comercio de la lana aparece centralizado en la ciudad de Burgos desde fecha temprana. Los Reyes Católicos se limitaron a dar carácter oficial a esta centralización (recuérdese que fue la ciudad de Burgos la que solicitó la reconstrucción de la Hermandad para poner fin a los robos y asaltos a mercaderes) y a conceder a la ciudad el monopolio de la exportación para mejor controlar los ingresos que de ella derivaban. El organismo encargado de organizar este comercio fue el Consulado de Burgos, creado en 1494 y autorizado para organizar las flotas de transporte.

Con esta medida se rompía el equilibrio mantenido entre mercaderes y transportistas, que de común acuerdo fijaban por medio de representantes (uno de Burgos, de los mercaderes, y el otro de las ciudades marítimas) los fletes. En 1489 se llegó a un acuerdo por el que se reservaba al concejo burgalés la organización de una flota anual a Flandes y el monopolio de los permisos de exportación a las ciudades de Brujas, Nantes, La Rochela y a Inglaterra. Bilbao, convertida en la ciudad más importante del Cantábrico, tendría la exclusiva en el transporte del hierro y de la tercera parte de la lana exportada desde Burgos.

La actividad comercial de los puertos andaluces es peor conocida, pero parece seguro que desde el siglo XIII tuvieron un papel importante en el comercio con el norte de África, ampliado en el XV a las islas Canarias y a las costas atlánticas africanas.

Comercio interior

Junto a este comercio internacional y en directa relación con él, se desarrolla un activo comercio interno, canalizado a través de las ferias castellanas entre las que sobresale la de Medina del Campo, creada seguramente, o al menos impulsada, por Fernando de Antequera. En ella se concentra el tráfico de la lana y el comercio del dinero; acuden mercaderes de Sevilla, Burgos, Lisboa, Valencia, Barcelona, irlandeses, flamencos, genoveses y florentinos.

Se vende lana y se compran artículos de lujo entre los que Paz y Espejo señalan «perlas, joyas, sedas, paños, brocados, telas de oro y plata, lienzos, drogas, cerería y especiería y... toda suerte de géneros labrados en Francia, Inglaterra, Flandes, Milán y Florencia, y frutos de primera mano adquiridos por los. negociantes de Portugal y Alejandría que frecuentaban los mares de Levante. Acudían también allí mercaderes y tratantes con ganados mayores y menores y bestias de todas clases domadas y de por domar y todo género de cuatropeazgo, cabezas, manadas y rebaños, carnes muertas, frescas o acecinadas, pescados frescos y salados de mar y de río, vino, vinagre, arrobado y azumbrado, aceite, miel, cera, lino, cáñamo y esparto labrado y por labrar, puertas y ventanas, calzado, cueros, sedas, lencería, frazadas, mantas, colchones y colchas, paños, grana, añascotes, cordeletes, sayales, frizas, burieles, estameñas, buratos, telas de seda o lana a la vara, en retales y en piezas, joyería, mercería...». Es decir, todos los productos existentes en el mercado nacional y extranjero.

Este comercio aparece gravado con numerosos impuestos de tránsito (portazgo, pontazgo, recuaje, barcaje...), cobrados por las ciudades, y de compraventa, entre los que sobresalen las alcabalas y las sisas, que pertenecen generalmente a la Corona. Para favorecer este comercio, los monarcas estimularon la creación o ampliación de caminos y de medios de transporte con el reconocimiento oficial de la cañada de carreteros en 1497.

Junto con el comercio a gran escala y a la mejora de caminos se produce una reactivación de los bancos y aumenta el número de cambistas a partir de mediados del siglo XV. Bancos controlados por los municipios existieron en los principales centros comerciales del reino desde Santiago y Burgos hasta Córdoba y Sevilla pasando por Valladolid, Segovia, Madrid, Toledo..., sin que por ello desaparecieran los cambistas particulares.

Comercio internacional en el exterior y en el interior se completan con el comercio regional y local, del que estamos mal informados. Existen numerosos aranceles y portazgos que permitirían conocer detalladamente este comercio, pero aún no han sido estudiados.

La industria

La existencia de artesanos como herreros, zapateros, pellejeros y curtidores, alfayates, tejedores y tejeros, o de ordenanzas laborales para algunas villas a fines del siglo XV no permiten hablar de la existencia de una industria fuerte en Castilla, si exceptuamos la textil. En los demás campos, la producción rara vez supera las necesidades del consumo local o regional. Según hemos visto antes, la economía castellana se halla en manos de la nobleza ganadera, que no tiene el menor interés en la creación de una industria de la que no precisa por cuanto la exportación de la lana sirve para obtener productos de mejor calidad que los que pudieran proporcionar los artesanos de Castilla; éstos se limitan a producir para los mercados locales.

En el siglo XIV aparecen minuciosamente fijados los salarios de los herreros encargados de la fabricación de armaduras, lo que nos hace suponer que los artesanos de Castilla atendían al menos las necesidades del reino en este campo; pero junto a escudos y armas castellanas se mencionan otros procedentes de Cataluña o de Italia, y sabemos que en el siglo XV escudos y armas llegan del exterior en cantidades y calidades cada vez mayores, a pesar de ser Vizcaya una de las regiones productoras de hierro más importantes de Europa.

Entre las industrias de alguna importancia que podemos mencionar en Castilla y de las que generalmente sólo conocemos la existencia a través de las menciones de cofradías y gremios, figuran las de fabricación de sombreros en Segovia y Toledo, industrias de la piel y del jabón en Sevilla, Carmona y Málaga, cerámica y vidrio..., trabajo de la seda en Málaga y sobre todo la industria textil lanera, extendida por todo el reino.

Nuestros conocimientos sobre la industria textil castellana se reducían hasta ahora a la existencia de talleres en Zamora, Ávila, Segovia. Soria, Palencia, Cuenca, Murcia, Baeza, Usagre, Valderas, Alcalá, Oña..., sobre los que ignorábamos prácticamente todo. Actualmente, después de los estudios realizados por Paulino Iradiel sobre Cuenca, sabemos que la industria textil ha perdido su carácter local ya en el siglo XIII y trabaja para un mercado que le obliga a diversificar su producción y a adoptar un utillaje moderno, pero sólo en casos muy contados los paños castellanos alcanzarán la calidad necesaria para competir con los extranjeros en el mercado nacional e internacional, que se halla dominado por los paños de lujo de origen flamenco en el siglo XIII, por los flamencos y brabanzones hasta mediados del XIV y por los ingleses e italianos en épocas posteriores.

Las crisis del siglo XIV repercutieron directamente sobre esta industria. Las alzas de salarios, en el campo y en la ciudad, y la subida de los precios agrícolas permitieron a grandes masas de población acceder al mercado textil. Para atender a la nueva demanda se impulsó la fabricación de paños de calidad media y de bajo precio, y la imitación en cada localidad pañera de los tejidos prestigiados por flamencos y brabanzones.

El aumento de la producción textil se observa en el campo. Mientras numerosos campesinos renuncian a fabricar paños para su propio consumo al poder adquirirlos a bajo precio y de calidad aceptable en el mercado, otros mejoran sus técnicas e' intensifican la producción para atender a la creciente demanda. En algunos casos, como en Agreda y Oña, estos campesinos, agrupados, crearon una auténtica industria con sus gremios, ordenanzas y constituciones. En otros, vendieron primero su producción y más tarde su trabajo a los mercaderes-pañeros urbanos que, en las ciudades, llevaban a cabo los trabajos de refinición.

En líneas generales puede aceptarse que ya en el siglo XV se hallaba generalizada la figura del mercader-empresario urbano que, «propietario de la lana o de las fibras textiles, las entrega a los campesinos a fin de que éstos realicen las primeras operaciones de lavado, hilatura e incluso textura; a continuación pasará el producto resultante de estas operaciones a los artesanos urbanos que se ocuparán de las labores de refinición, volviendo de nuevo el producto a los empresarios que dominan su venta y las corrientes de comercialización».

La utilización de la mano de obra rural, más barata que la urbana, y la difusión del sistema productivo representado por el mercader-empresario tiene importantes repercusiones: los centros textiles tradicionales, incapaces de resistir la competencia, se ven obligados a alquilar su trabajo al «señor de los paños» o a especializarse y producir artículos de mayor precio, compensado por una mejor calidad cuya vigilancia será una de las misiones encomendadas a los gremios.

Se distingue así, desde el siglo XV, la pañería rural (de escasa calidad y bajo precio) predominante en la Meseta Norte y la urbana. Cada tipo de paños tiene su propia clientela. Mientras la calidad de los primeros apenas experimenta variaciones (su público apenas cambia), los segundos, destinados a una clase acomodada que utiliza el vestido como símbolo de importancia social, se hallan expuestos a los vaivenes de la moda a la que tienen que adaptarse para hacer frente a la competencia internacional representada ahora por los tejidos ingleses, por los de las ciudades flamencas de Wervicq y Courtrai, y por los paños teñidos en las ciudades italianas.

La defensa frente a los paños extranjeros se hará en un doble frente: se mejorará la calidad de los productos castellanos —aunque para ello sea preciso hacer más complejo el proceso técnico de fabricación— y se intentará a través de las Cortes limitar la exportación de lanas de Castilla y reducir la importación de tejidos del exterior. La lana, abundante y de buena calidad en Castilla, era exportada e introducida de nuevo transformada en paños o vestidos cuyos precios fueron siempre muy superiores a los alcanzados por las materias primas. Para evitar esta sangría económica era preciso fortalecer la industria castellana; a conseguirlo se dirigían las Ordenanzas Generales de la industria textil promulgadas en 1511.

Desde 1494 hasta la promulgación de dichas ordenanzas, los reyes tomaron numerosas disposiciones tendentes a impulsar «el crecimiento de las manufacturas por todos los medios, otorgando nuevas ordenanzas o aprobando los gremios existentes, rectificando ciertas normas de fabricación, exportación e importación de paños, concediendo franquicias y exenciones fiscales por 10 años a los obreros especializados de Flandes e Italia establecidos en Valencia, Cuenca, Murcia, Málaga, Granada, etc.».

Si en teoría la promulgación de unas ordenanzas generales era necesaria para mejorar la producción y abaratar los precios, en la práctica no tenía en cuenta la diversidad existente en la industria castellana, la división clara —cualitativamente— entre pañería rural y urbana. Las protestas de los artesanos de la Meseta Norte obligaron a modificar el proyecto inicial, elaborado por los centros urbanos interesados en conseguir un producto apto para el consumo de los grupos privilegiados y que consiguieron, en 1501, que se prohibiera la importación de paños ingleses, a pesar de las buenas relaciones políticas existentes entre ambos países. La crisis de la segunda mitad del siglo XVI provocaría la ruina de esta industria de lujo y permitiría un resurgimiento de la pañería rural, de la que Segovia es el representante mejor conocido.

La documentación conquense ha permitido a Paulino Iradiel aclarar muchos puntos oscuros y modificar las ideas existentes sobre otros. Gracias a él conocemos hoy todo el proceso seguido en Cuenca para la elaboración de paños de calidad. A la selección de la lana sigue el lavado, desmotado, hilado y urdido, operaciones previas a la labor de los tejedores propiamente dichos, cuya tarea era revisada y completada por desborradores y despinzadores, fortalecida y limpiada de toda clase de impurezas por batanadores, pelaires y tundidores, y puesta en condiciones de venta por un nuevo cardaje y por la labor de apuntadores y zurcidores «que enmendaban los defectos de la labor anterior y daban al paño los retoques y acabado final». Por último, el paño era apuntado (doblado) «con una cierta técnica y pliegues determinados, elementos perfectamente estudiados que eran de suma importancia para el transporte, exposición y venta en las ferias». El tinte podía aplicarse sobre la lana después de cardada y antes de la hilatura, o entre ésta y la textura, o después de la batanadura. El primer sistema era obligatorio en los paños de alta calidad.

El coste de las distintas operaciones y su importancia proporcional son conocidos por el arancel de precios de Cuenca, de 1462, y por los informes elaborados por una comisión de maestros y mercaderes en 1553. La manipulación que más incide sobre el valor del producto es la tintura, que absorbe entre el 20 y el 25 por ciento del precio de los paños de calidad superior y entre el 15 y el 30 en los de tipo medio. Sobre el coste, los mercaderes obtenían unos beneficios que pueden calcularse entre el 15 y el 25 por ciento después de incluir gastos de transporte y comercialización (posada, alcabalas, sueldos de los vendedores...) que oscilan entre el 4 y el 8 por ciento del valor de los paños.

La importancia de esta industria dentro de la economía de la ciudad puede ser conocida indirectamente a través de las rentas de alcabalas y de los impuestos municipales que gravaban a la producción textil (sello de los paños y derechos de correduría). El número de personas ocupadas permanentemente en la producción oscilaba hasta 1466 entre el 7 y el 10 por ciento de la población de Cuenca; este porcentaje se incrementó considerablemente en años posteriores en los que «la actividad pañera y la inmigración campesina experimentan tendencias de crecimiento desconocidas hasta ese momento».

Los orígenes de los gremios y su existencia en Castilla han dado lugar a una copiosa literatura que podemos resumir en las afirmaciones de que éstos —como organizadores de la producción— no existieron, y de que el gremio surgió como una derivación o complemento de las cofradías creadas con fines religiosos y asistenciales. Ninguna de las afirmaciones resiste la confrontación con los documentos conquenses que, por otra parte, no hacen sino corroborar lo que ya sabíamos por documentación relativa a otros lugares.

Las pruebas alegadas para negar la existencia de los gremios se reducen a las normas que en el siglo XIII prohibían la formación de cofradías o ayuntamientos malos y toleraban solamente las que tuvieran como finalidad «soterrar muertos, e pora luminarias e pora dar a pobres», es decir, las cofradías religioso-asistenciales entre las cuales y los gremios los historiadores castellanos han establecido —sin bases suficientes— una clara diferenciación: «la cofradía atendería fundamentalmente prescripciones religiosas y benéfico-asistenciales» y aparecería ya en el siglo XIII, mientras que el gremio, caracterizado «por dar prioridad y más importancia a la normativa técnico-laboral y de policía gremial que a las disposiciones religiosas o caritativas» no surgiría hasta la época de los Reyes Católicos.

Si, como quieren los tratadistas, el gremio se caracteriza por la existencia de una ordenanza laboral y de una autoridad que vele por el cumplimiento de la misma, podemos afirmar que desde comienzos del siglo XV existen gremios en Cuenca y que éstos fueron tolerados y estimulados por la ciudad. En una primera etapa las autoridades municipales se limitaron a reconocer la validez de los ordenamientos gremiales y de sus autoridades; cuando la industria adquirió suficiente importancia, el municipio intentó disminuir las atribuciones de los gremios e incrementar las de la ciudad, las de los dirigentes urbanos.

Aunque las primeras ordenanzas gremiales conservadas (las de los pelaires) son de 1458, éstas aluden a otras «hechas antiguamente» y que sin duda son anteriores a 1428, año desde el que conocemos la existencia de cuatro veedores nombrados anualmente para hacer guardar las ordenanzas «del dicho ofigio de peraylía». En estas primeras ordenanzas se observa la existencia de una falta de división en el trabajo (las normas se aplican a todos los oficios relacionados con la industria textil), pero se aprecia va una tendencia a diferenciar a tintoreros y tejedores, cuyas primeras ordenanzas específicas son, en el estado actual de nuestros conocimientos, de 1432 (las de tintoreros) y de 1462 las delos tejedores. Veinte años más tarde, cardadores, peinadores y carducadores tenían sus propias ordenanzas, lo que prueba suficientemente el grado de especialización alcanzado por la industria textil conquense.

Si el dirigismo estatal dio lugar a la promulgación de unas ordenanzas generales para todo el reino, la intervención creciente de la ciudad se reflejó en la existencia desde 1496 de la Casa de Veeduría de Paños de Cuenca, que sería regida por dos veedores nombrados por los oficios y dos elegidos entre los regidores de la ciudad. Las funciones de esta Casa de Veeduría eran claras: vigilar la calidad de los paños en todas y cada una de las fases de la producción, rompiendo así la independencia de cada oficio, penar a los oficiales, destruir sin compensación los paños que no cumplieran las condiciones exigidas, y controlar el reparto y distribución de lanas, así como la calidad de los tintes exigidos por cada clase de paños.

Con estas medidas la industria textil quedaba en manos de la ciudad o, lo que es lo mismo, de los mercaderes-pañeros que controlaban una gran parte de la producción y al mismo tiempo dirigían, junto con los miembros de la pequeña nobleza, la ciudad. Los mercaderes eran los más beneficia dos por la uniformación —dentro de un nivel de calidad— de los paños, mientras que los artesanos perdían toda iniciativa y tenían que soportar numerosos controles, no siempre realizados correctamente desde el punto en que se admitía como veedores a los regidores que, en ocasiones, no conocían el oficio. La resistencia gremial (los oficios impugnaron la creación de la Casa de Veeduría y se negaron a pagar el sueldo asignado a los veedores) fue inútil al ser recogidas en las Ordenanzas Generales de 1511 normas similares a las dictadas para la Casa de Veeduría. Sólo ahora desarrollarán los oficios al máximo las prácticas asistenciales y religiosas como medio de diferenciación entre ellos y como forma de prestigiar un trabajo, cuyo control ha pasado a manos de los mercaderes por intermedio de los oficiales reales.

Tradicionalmente se ha venido afirmando que el gremio era una creación exclusiva de los artesanos, pero esto equivale a ignorar la complejidad del proceso productivo y su finalidad última: la comercialización de los artículos. El artesano se halla sin duda interesado en mantener un nivel cuantitativo y cualitativo en la producción y en evitar la excesiva competencia, pero igual o mayor interés tiene el mercader, que es el único que se halla en condiciones económicas de controlar el proceso y, en último lugar, el beneficiado o perjudicado por la menor o mayor calidad de los paños.

Entre artesanos y mercaderes se sitúa el municipio, cuyo sello llevan los paños y al que interesa controlar la producción no sólo por los ingresos que ésta proporciona, sino también porque a través de las ordenanzas gremiales puede influir en el aumento o en la disminución del nivel de vida de los pobladores y de su número. Pero el municipio no siempre es neutral: muchas veces está controlado y, por tanto, al servicio de los mercaderes.

La organización gremial, tal como la conocemos, es, por consiguiente, el resultado de una combinación de intereses en la que los artesanos defienden la continuidad en el trabajo (lo que lleva a poner controles y cortapisas a la participación de personas no vinculadas al gremio, y a limitar su ingreso mediante exámenes), en la que los mercaderes exigen una calidad uniforme que garantice la venta y los beneficios (de ahí derivan las minuciosas disposiciones de orden técnico y los controles) y en la que la ciudad defiende sus propios intereses y los de sus dirigentes.

Los estatutos de los gremios conquenses responden a este triple juego de intereses. La calidad de los paños y su rentabilidad se hallan aseguradas por las normas que regulan la selección de las materias primas y de los útiles de trabajo y por los controles establecidos en cada una de las fases de la producción. Los artesanos garantizan la continuidad en el trabajo mediante la prohibición de que se establezcan maestros ajenos a la ciudad (ésta ordenó que se admitiera a los maestros y oficiales, pero no a los aprendices), mediante la persecución de los intrusos y a través de una clara regulación de las funciones correspondientes a cada oficio. La ciudad por su parte fijó precios y salarios; en todo momento exigió el derecho de controlar, aprobar y modificar los estatutos; en determinadas ocasiones impuso a los mercaderes la obligación de contribuir al bienestar urbano mediante la importación de cantidades de trigo proporcionalmente a los paños vendidos.

La aceptación de los paños conquenses en el mercado y el interés de la ciudad y de los mercaderes por aumentar sus ingresos hicieron que en Cuenca no apareciera una división clara entre maestros y oficiales, sino solamente entre quienes conocían el oficio y quienes lo ignoraban, único extremo que intentan dilucidar los exámenes. Esta característica se explica, además, por el control ejercido por los mercaderes sobre la producción: lo que interesaba era que se ajustase a las normas exigidas en el mercado; poco importaba que los paños hubieran sido fabricados por un maestro o por un oficial.

Mudéjares, judíos y conversos en Castilla

Campesinos, mercaderes, artesanos, prestamistas, banqueros o intelectuales, mudéjares y judíos salen fuera del grupo social que por su trabajo o posición económica les correspondería; son grupos socialmente marginados en los que por encima de cualquier otra nota predomina su condición de no cristianos, condición negativa de la que crónicas, documentos y actas de Cortes se harán eco a partir del siglo XIII al exigir para unos y otros una forma especial de vestido o de peinado que permita identificarlos, al prohibirles que residan en los barrios cristianos y al impedirles el uso de nombres cristianos. Tolerados, pero no asimilados, mudéjares y judíos se cierran en sí mismos, forman una comunidad dentro de la comunidad castellana. La Corona hace sentir su tolerancia o su protección mediante el cobro de impuestos especiales.

Mudéjares

La conquista cristiana no eliminó a los pobladores musulmanes; sin duda, la aristocracia económica, política o cultural de las tierras ocupadas en el siglo XIII abandonó Castilla y buscó refugio en Granada o en el norte de África, pero la masa de los campesinos y gran número de artesanos permanecieron en el reino; en algunos casos se convirtieron a la fe de los vencedores y fueron asimilados; en otros mantuvieron sus creencias, su propia organización y formaron aljamas o barrios musulmanes, cuya presencia se halla atestiguada en numerosos lugares de Castilla hasta finales del siglo XV y comienzos del XVI, años en los que había en el reino, distribuidos entre unas noventa aljamas, aproximadamente 20000 mudéjares sin incluir a los granadinos.

A pesar de las diferencias religiosas y de las trabas que la legislación castellana ponía a la expansión de este grupo, su importancia social era tan reducida que rara vez fueron molestados por los castellanos, ni siquiera durante las numerosas guerras contra sus correligionarios granadinos. Los Reyes Católicos no tuvieron inconveniente en conceder a los mudéjares expulsados de Portugal en 1497 un permiso de residencia, hechos que demuestran que la religión por sí sola no era suficiente para crear el odio de los castellanos contra las minorías y que prueban que la identificación comunidad-fe no puede explicar ni la expulsión (o conversión) de los judíos en 1492 ni la de los moriscos en 1502.

Cuando no existen problemas sociales, rivalidades económicas o dificultades políticas, las diferencias religiosas son una traba para el desarrollo y la plena libertad de las minorías, pero de ningún modo desembocan en matanzas, conversiones forzadas o expulsión; a la inversa, la simple conversión no anula los problemas: convertidos los judíos, el odio hacia ellos persiste y se prolonga en Castilla durante gran parte de la Edad Moderna a pesar o quizá debido a la Inquisición, nacida para combatir a los conversos, cuya posición social sigue preocupando a los castellanos.

Los mudéjares constituyen un problema en Castilla sólo después de las campañas granadinas de los Reyes Católicos, que tendían a eliminar políticamente al reino, pero no a los musulmanes cuya fe y derechos fueron reconocidos en las numerosas capitulaciones firmadas entre 1484 y 1491. Aunque los acuerdos varían según se ocupen las poblaciones por asalto, después de un asedio o pacíficamente, en líneas generales se obligó a los musulmanes a ceder las fortalezas y las armas de fuego, y los monarcas se comprometieron a respetar la fe, la administración, las formas de vida y los derechos y obligaciones que habían tenido los nuevos súbditos bajo el régimen nazarí.

En las zonas ocupadas tras un asedio los habitantes fueron obligados a abandonar las ciudades y villas fuertes y perdieron sus bienes raíces, pero se les permitió emigrar, con sus bienes muebles, hacia África, hacia Castilla o a zonas próximas situadas en lugares abiertos... En los primeros momentos y siempre que se tratara de personalidades que pudieran organizar a la comunidad o convertirse en caudillos de una revuelta, los reyes les facilitaron la marcha a África y en muchos casos pagaron los gastos, pero fueron numerosos los musulmanes que se establecieron en Castilla o en el reino vecino de Sevilla.

Las condiciones pactadas con el Zagal son exponente de los acuerdos a que llegaron los reyes con los notables granadinos; sometido en 1489, el rey musulmán recibió un amplio señorío, en el que no podrían entrar los cristianos sin autorización previa y una cantidad considerable en dinero; le fue pagado el rescate de los cautivos cristianos que tenía en su poder, y se le dieron garantías de que los bienes y derechos que poseía en Granada serían respetados. Cuando el Zagal manifestó su deseo de emigrar al norte de África, los reyes se apresuraron a comprar sus posesiones y a facilitar gratuitamente el paso del antiguo rey y de sus familiares y servidores. Un trato similar fue dado a Boabdil tras la rendición de Granada y con él a la mayoría de los notables.

A pesar de los acuerdos firmados, los reyes tenían interés en que emigraran los notables no sólo para desorganizar la sociedad y evitar cualquier resistencia, sino también para establecer en el reino a núcleos de pobladores castellanos: nobles que reciben tierras como premio a su participación en la conquista y grupos de campesinos que sirven de contrapeso a la población musulmana y que en caso de revuelta pueden defender el reino. El número de estos repobladores ascendió, entre 1485 y 1498, a 35000 o 40000 personas. Cabe suponer que los roces entre los vencedores y los vencidos serían frecuentes y llevarían en algunos casos a prescindir de lo acordado en las capitulaciones.

Hacia 1498 el malestar de los mudéjares por los abusos cometidos y por el incumplimiento por parte de la Corona de lo estipulado, especialmente en lo que se refería a no poner más impuestos de los que pagaban bajo el dominio musulmán, era evidente; el malestar se agravó al enviar los reyes al cardenal Cisneros a Granada para acelerar la conversión de los musulmanes al cristianismo. La sublevación que siguió a la presencia de Cisneros fue sofocada militarmente y los musulmanes fueron obligados a convertirse, a pesar de lo cual las diferencias entre castellanos y granadinos continuaron y darían lugar al problema morisco del mismo modo que la conversión de los judíos sólo había servido para enmascarar el problema social que planteaba su presencia en Castilla.

Judíos

La postura castellana ante los judíos es compleja. Por una parte, los castellanos se sienten, tienen conciencia de ser superiores; consideran al pueblo hebreo como el pueblo deicida y en las Cortes de 1371 llegan a afirmar que la única razón por la que Dios ha permitido la supervivencia de los judíos es para que den «fe e testimonio de la muerte de nuestro señor Jesu Cristo»; pero esta superioridad religiosa, que se intenta convertir en social al prohibir a los judíos utilizar vestidos y nombres reservados a los cristianos y al obligar a los hebreos a llevar signos distintivos infamantes, va unida a una dependencia del cristiano respecto a algunos judíos en el plano personal y en el oficial.

El judío es necesario, paradójicamente, por razones religiosas, para cuantos necesitan —y son muchos— recurrir al préstamo porque la Iglesia prohíbe la usura a los cristianos y, sin beneficios, son escasos los prestamistas. Esta actividad de algunos judíos, el ejercicio de la medicina, su actuación como administradores de los bienes de reyes, nobles y eclesiásticos, o como arrendadores y recaudadores de los impuestos les dan una gran influencia, un fuerte poder social y económico que hace que, despreciándolos en su fuero interno, los cristianos los teman y los adulen, es decir, se sientan de hecho como inferiores a los hebreos.

Superioridad teórica de los cristianos sobre los judíos considerados en su conjunto y dependencia respecto a los que se hallan situados en altos cargos, arriendan los impuestos —haciéndolos subir considerablemente— y apremian a los deudores, se combinan y dan lugar a manifestaciones de odio que desembocan en los asaltos a los barrios judíos en momentos de crisis económica —de la que se hace responsables a quienes son considerados ajenos a la comunidad y que por su actividad pueden haber influido— y en circunstancias políticas favorables: triunfo de Enrique de Trastámara, minoría de Enrique III, período de anarquía que siguió a la muerte de Enrique VI...

Alfonso XI, necesitado del apoyo de cristianos y judíos, osciló entre unos y otros. Si en los primeros años de su reinado perdonó a los primeros parte de las deudas contraídas con los judíos, mantuvo a éstos como administradores y recaudadores, favoreció el regreso a Castilla de cuantos habían huido durante la minoría del monarca y, finalmente, intentó fijar a los hebreos en el reino al permitirles adquirir heredades, al tiempo que rebatía los argumentos religiosos de los cristianos con la afirmación de que los judíos deberían permanecer en Castilla «para que se tornasen a nuestra fe y fueran salvos».

Pedro I mantuvo su apoyo a los judíos. Contra uno y otros se dirigió la propaganda trastamarista, que desembocó en el asalto de las juderías de Toledo, Nájera y Miranda de Ebro. Llegado al trono, Enrique no pudo prescindir de los servicios de recaudadores, administradores y prestamistas judíos, y dio satisfacción a los castellanos ordenando que los hebreos llevaran en adelante los signos distintivos y prohibiéndoles desempeñar cargos en la casa del rey.

En las Cortes de 1380, bajo Juan I, las medidas sociales contra los judíos fueron completadas al prohibirles ejercer cargos en las casas de nobles y eclesiásticos, con lo que disminuiría considerablemente su influencia. Pocos años más tarde, el arcediano de Écija, Ferrán Martínez, se hacía eco en sus predicaciones del odio contra los judíos y excitaba a los cristianos al asalto de los barrios judíos, hecho que tendría lugar en 1391 durante la minoría de Enrique III y que se extendería prácticamente a todos los reinos peninsulares.

La matanza de judíos perpetrada en 1391 y el temor a nuevas medidas contra los supervivientes, hicieron aumentar el número de conversiones, a lo que colaboraron eficazmente las predicaciones del dominico Vicente Ferrer y la disputa mantenida en Tortosa, por iniciativa de Benedicto XIII, entre antiguos conversos y rabinos. Predicaciones y disputas, acompañadas de amenazas más o menos veladas, sirvieron para reducir considerablemente el número de judíos en toda la Península y para aumentar el de los conversos, que en adelante serían los mayores enemigos de sus antiguos correligionarios sin que por ello lograran hacerse perdonar sus orígenes.

Libres de las trabas administrativas, sociales y económicas puestas s los judíos, los conversos sustituyeron en muchos casos a aquellos como recaudadores y arrendadores, enlazaron con la pequeña nobleza urbana, accedieron a los cargos reservados a ésta y ocuparon altos cargos eclesiásticos como el converso burgalés Pablo de Santa María, obispo de Cartagena e inspirador de un ordenamiento contra los judíos, aprobado en 1412, por el que se prohibía a los hebreos todo contacto con los cristianos, la práctica de sus oficios tradicionales y el cambio de residencia, al tiempo que se les obligaba a llevar signos externos claramente denunciadores de su condición. Fernando de Antequera aplicaría este Ordenamiento en la Corona de Aragón en 1414. Un año más tarde, Benedicto XIII confirmaba con su autoridad las disposiciones del Ordenamiento y añadía otras nuevas como la prohibición de leer, enseñar y dar a conocer los libros sagrados hebreos, la orden de cerrar las sinagogas existentes...

Las medidas antijudías fueron suavizadas por Juan II bajo la privanza de Álvaro de Luna, quien se sirvió de los hebreos contra los infantes de Aragón. Enrique IV mantuvo la política favorable a los judíos y, a petición de las Cortes (1462), los autorizó a comerciar de nuevo con los cristianos y a ejercer el antiguo oficio de prestamistas para evitar la despoblación de los lugares de realengo. Estas medidas no pudieron evitar la emigración de gran número de judíos ni la aprobación de nuevas leyes contra los hebreos en época de los Reyes Católicos, a pesar de que los judíos colaboraron activamente como prestamistas, recaudadores de impuestos y avitualladores de las tropas castellanas durante la guerra de Granada.

La firma del decreto de expulsión de los judíos (1492) ha dado lugar a numerosas interpretaciones y todavía hoy resulta difícil comprender las razones de los Reyes Católicos. Indudablemente, la propaganda antijudía realizada durante el último siglo y la creencia, basada o no en hechos reales, en profanaciones y martirios de niños cristianos por los judíos terminaron creando un clima de recelos y odios en la población; la idea de que el contacto entre judíos y conversos apartaba a éstos de la verdadera fe sirvió para exaltar el celo de algunos eclesiásticos, celo que llevó a crear la Inquisición contra los conversos judaizantes y a decretar la expulsión de los judíos; pero junto a estas razones espirituales es preciso situar otras más a ras de tierra: el deseo de ocupar los bienes de los expulsados, a los que se dio un plazo de tres meses para vender sus propiedades y transformar el dinero en letras de cambio, puesto que se les prohibía sacar oro y plata, y el interés de los reyes por eliminar a una comunidad cuya sola presencia perturbaba la tranquilidad de los reinos.

El número de judíos expulsados ascendió a 160000, a los que habría que añadir la cifra de 240000 que aceptaron el bautismo para evitar el exilio y la pérdida de sus bienes. Estas cifras son suficientemente expresivas de la importancia alcanzada por los judíos en los reinos de Isabel y Fernando. Los desterrados hallaron refugio en Italia, Alemania, norte de África y Portugal; a este último reino se calcula que llegaron unos 90000 judíos a los que se obligó a pagar una cantidad por establecerse o por el simple derecho de paso y a los que finalmente se obligó a bautizar o a abandonar el país en 1496. Dos años más tarde se tomaban idénticas medidas en el reino navarro.

Conversos

Los conversos no tuvieron mejor suerte que los judíos. Forzados a convertirse por miedo o por interés, la conversión no modificó los medios de vida de muchos que, según Caro Baroja, «seguían dados a las usuras y a los logros, seguían también administrando el fisco con igual frialdad que si no creyeran en la doctrina de la Iglesia y practicando los oficios propios o más comunes entre los judíos». La posición social y económica no había variado y el odio hacia los judíos incluyó a los conversos, a los que podía acusarse de vivir más de acuerdo con las normas judías que con las cristianas, es decir, de judaizar y de utilizar el bautismo para ocupar puestos y cargos vedados a los hebreos.

Acosados por el odio popular, los conversos tuvieron que hacer frente también a sus propios hermanos convertidos de buena fe o deseosos de hacer olvidar sus orígenes mediante ataques sistemáticos contra los conversos tibios o sospechosos de profesar en secreto la fe judaica. Mientras el pueblo, al socaire de las guerras civiles, tomaba por asalto en diversas ocasiones las casas de los conversos, otros conversos llegados a altos cargos eclesiásticos, como Alonso de Espina —franciscano confesor de Enrique IV—, solicitaban que se aplicara el ordenamiento antijudío de 1412 y pedían que se hiciera una investigación, una inquisición sobre la fe de los conversos. El franciscano, cuyas ideas pueden verse en su obra Fortaleza de la fe, intentaría llevar a la práctica sus ideas con la ayuda de los Jerónimos.

Enrique IV autorizó la inquisición y nombró para realizarla al general de los Jerónimos, Alonso de Oropesa —converso— que inició su actuación en la archidiócesis toledana, aunque teniendo buen cuidado de no mezclar a los conversos que se habían mantenido en la nueva fe con los judaizantes e insistiendo en que la inquisición debería depender en todo momento de los obispos de cada diócesis. "No obstante lo acertado y suave de su actuación, quizá no fuera ésta ajena a nuevos alborotos y ataques a los conversos toledanos en los años 1467-1468.

Los Reyes Católicos, haciéndose eco de estos precedentes y de las denuncias contra algunos conversos de Sevilla, ordenaron la publicación de un catecismo y de unas misiones especialmente dedicadas a los conversos; los misioneros pasaron rápidamente de la predicación a la acción y los reyes solicitaron del pontífice Sixto IV que los autorizara a poner en sus reinos inquisidores (1478). Las primeras actuaciones tuvieron lugar en Sevilla (1480) donde los jefes de los conversos, arrendadores de impuestos, hombres de negocios, canónigos, intentaron resistir incluso militarmente. Descubiertos, fueron condenados a la hoguera y con ellos, en 1481, más de dos mil personas en el arzobispado sevillano, a pesar de las protestas de las autoridades municipales que se lamentaban de los perjuicios que causaban estos procesos y la huida de quienes se sentían amenazados: disminución de las rentas, cese del cobro al encontrarse implicados algunos arrendadores, ruina de otros al no poder cobrar las cantidades correspondientes a los conversos, desorganización de los municipios...

A pesar de las protestas y de la desaprobación de los métodos inquisitoriales por el pontífice, los Reyes Católicos siguieron adelante, nombraron nuevos inquisidores, entre ellos a fray Tomás de Torquemada, que sería en 1483 el primer inquisidor general, y extendieron la inquisición a todos sus dominios. Las condenas fueron a muerte en muchos casos, a prisión perpetua en otros; de incapacitación social en algunos al prohibir a los condenados y a sus descendientes utilizar diversos vestidos y adornos. De la Inquisición no se libraron ni siquiera los muertos, cuyos cadáveres fueron en ocasiones desenterrados y quemados públicamente mientras los bienes que les habían pertenecido eran confiscados por los reyes.

Desde el primer momento la Inquisición gozó de poderes absolutos; el nombre de los testigos se mantenía en secreto y no había posibilidad de confrontar al reo con el acusador, lo que sin duda facilitó la delación por motivos religiosos o por causas menos confesables; las penas fueron siempre severas y en muchos casos desproporcionadas a los delitos; la confiscación de los bienes de los acusados fue norma general, así como el recurso al tormento para obtener confesiones; las culpas de los padres repercutían sobre los hijos...

Ante estos sistemas, que nada justificaba sino el deseo de acabar con los conversos, de hacerles pagar el poder y la influencia alcanzados y de apoderarse de sus bienes, nada tiene de extraño la siniestra fama de la Inquisición, cuya obra no puede justificar ni el deseo de los reyes de disponer de un nuevo organismo que facilitara —al someter a las mismas normas— la unificación de sus dominios ni la, real o fingida, intención de preservar la pureza del cristianismo, cuya doctrina fue conculcada por los propios inquisidores.

La Hacienda real castellana

Las vicisitudes políticas del reino, su desarrollo económico y la preponderancia de la nobleza se reflejan claramente en la marcha de las finanzas reales según ha demostrado, para el siglo XV, Miguel Ángel Ladero, al que seguimos en esta exposición.

La decadencia de las ciudades, la pérdida de su importancia política, de su autonomía, a lo largo del siglo XIV y el afianzamiento del poder monárquico se observan en el estancamiento o pérdida de importancia económica de los antiguos impuestos de carácter local debidos al señor feudal (el rey en este caso): yantares, fonsaderas, moneda forera... y en la aparición de otros nuevos de carácter general, es decir, cobrables en todo el reino: alcabalas, diezmos de aduana, servicio y montazgo de los ganados, tercias reales... cuya forma de recaudación se modifica igualmente a pesar de las continuas protestas de los concejos. Éstos insisten en que el cobro sea realizado por las autoridades o por delegados del municipio. El monarca —cuyas necesidades superan el ámbito local— prefiere arrendarlos, aunque esto aumente las cantidades que deben pagar los súbditos, porque necesita puntualidad en el cobro y saber en cada momento de qué ingresos dispone.

El nuevo sistema fiscal se organiza entre 1338 y 1406, pero la monarquía no es el único beneficiado. La nobleza, colaboradora política del monarca, recibe en pago de sus servicios exenciones y participación en los impuestos, lo que se traduce en una disminución de los ingresos de la Corona, compensada con un aumento de los impuestos extraordinarios fácilmente concedidos por unas Cortes cada vez mejor controladas. La debilidad de la monarquía en el siglo XV, debida en parte a la cesión de sus ingresos a los nobles, permite la usurpación por la nobleza de las rentas al tiempo que aumentan las mercedes y concesiones a la aristocracia. No es casualidad que el período 1464-1474, caracterizado por la anarquía política y el predominio de la nobleza sobre el rey, sea también el período de menores ingresos de la monarquía.

Los Reyes Católicos heredan esta doble situación y se verán obligados a llevar simultáneamente una doble política: sometimiento, mediante colaboración, de la nobleza, y saneamiento de la Hacienda para llevar a cabo su política exterior y también para hacer posible que los nobles perciban de hecho las rentas que les han sido asignadas. La contradicción entre estas dos posturas será resuelta mediante la ayuda forzada de las ciudades y Cortes, que pierden las escasas atribuciones que habían conservado o que habían recuperado en los momentos de dificultad monárquica.

Los impuestos extraordinarios concedidos en Cortes aumentan hasta 1476. Si desaparecen a partir de esta fecha, es sólo para ser mejor cobrados por medios indirectos sin necesidad de consultar a las Cortes, es decir, sin necesidad de reunir a las ciudades que, por separado, son mucho más fácilmente manejables. La Hermandad, que ha servido para garantizar el orden a escala nacional, pero también para destruir el organismo de unión y defensa militar de las ciudades, servirá igualmente para recaudar el dinero que necesiten los reyes. Los servicios serán sustituidos por las contribuciones que cada ciudad paga para el sostenimiento de la Hermandad y ésta se halla no al servicio de las ciudades, que apenas intervienen en su dirección, sino de los reyes.

A pesar del innegable interés que el estudio de la Hacienda tiene para el conocimiento de la economía y demografía castellana, los datos de que disponemos sólo permiten, y no siempre, un estudio comparativo. La importancia del comercio interior y exterior podemos verla a través de los ingresos en concepto de alcabalas y de aduanas, pero un estudio completo exigiría conocer en cada caso el número y calidad de los productos y personas exentas, la importancia de los impuestos de este tipo cobrados en los lugares de señorío... Semejantes dificultades se plantean al pretender deducir de las cuentas de la Hacienda la importancia de la agricultura y de la ganadería, el número de pobladores y de contribuyentes... temas que en una visión de conjunto como la realizada por Ladero sólo han podido ser tocados tangencialmente.

La organización de la Hacienda sufre profundas modificaciones impuestas por el paso, de un régimen personal de origen feudal a un régimen estatal moderno; incluso de los cambios de denominación de los oficiales pueden extraerse algunas conclusiones: el almojarife, cargo de origen islámico y vinculado tradicionalmente a los judíos, es sustituido por el tesorero a partir del siglo XIV, es decir, desde el momento en que adquiere importancia la política antijudía; el mayordomo mayor o jefe económico de la casa del monarca se convierte en un cargo honorífico (en cuanto que sus funciones son realizadas por organismos complejos) reservado a los nobles y suficientemente remunerado...

Los organismos que dirigen la Hacienda son la Contaduría Mayor, que controla ingresos y gastos, rentas y derechos y se halla dividida en oficios u oficinas: de rentas, de relaciones (cancillería de Hacienda) y de extraordinarios, para los ingresos; y de sueldo, tierras y tenencias (para los gastos de carácter militar), de quitaciones (de tipo civil) y de mercedes, para los gastos. Los tesoreros son oficialmente los encargados de recibir el dinero, pero en la práctica la mayor parte de los ingresos se arriendan a particulares que los hacen cobrar por recaudadores directamente dependientes de ellos o que a su vez los subarriendan; en otras ocasiones se procede al encabezamiento, es decir, a la distribución por cabezas o vecinos dentro de cada concejo. La fiscalización de los ingresos la realiza la Contaduría Mayor de Cuentas.

Los ingresos ordinarios son generalmente de tipo indirecto y entre ellos predominan los comerciales: alcabalas (sobre el comercio interior) y derechos de aduana que reciben nombres diversos en cada una de las fronteras (diezmos y aduanas en la frontera con Navarra y con Aragón-Valencia; diezmo y medio diezmo en Granada; diezmos de la mar en el Cantábrico y en Galicia; almojarifazgos en Andalucía...).

Tras los impuestos comerciales siguen en importancia los ganaderos: servicio y montazgo, que incluyen la entrega de un número determinado de cabezas de ganado o su equivalente en dinero por cada millar, y el pago de los derechos de pasto en tierras de realengo. Las regalías o derechos reservados legalmente al rey incluyen la explotación de minas y salinas, el derecho de acuñación de moneda, el quinto del botín, participación en los tesoros ocultos, derechos de cancillería y de justicia... Por último figuran entre los ingresos ordinarios los procedentes de impuestos de tipo feudal: yantares, posadas, fonsaderas, martiniegas e infurciones. De gran valor son las tercias reales o cobro de los dos novenos del valor de los diezmos eclesiásticos concedidos por la Iglesia con carácter temporal (generalmente para ayuda en la guerra contra los musulmanes) y convertidos de hecho en un ingreso normal de la Corona.

Los ingresos extraordinarios proceden de concesiones eclesiásticas como el subsidio de cruzada y la décima; el primer concepto incluye las limosnas recibidas cuando el Papa autoriza la predicación de una cruzada y concede indulgencias a quienes participen en ella o contribuyan económicamente a su realización; por el segundo, la Corona recibe el diezmo de los ingresos de los eclesiásticos del reino, generalmente también con destino a la guerra de Granada y siempre con carácter temporal. Otros ingresos extraordinarios proceden de la renta de las sedes y cargos vacantes, que son administrados por el rey, del patronato sobre algunas iglesias, de las confiscaciones realizadas por la Inquisición a partir de 1480, de prestaciones personales o militares supervivencia de la época feudal, del impuesto especial pagado por judíos y mudéjares, de préstamos a corto o a largo plazo y, sobre todo, de los servicios votados en Cortes.

Entre mediados del siglo XIV y los primeros años del XV los ingresos de la Corona se triplican, pero a partir de 1406 —año de la muerte de Enrique III— los ingresos descienden a la par que el poder monárquico; experimentan un alza considerable en 1429 tras la derrota de los Infantes de Aragón y el triunfo de Álvaro de Luna, descienden en los años siguientes para subir de nuevo tras la segunda derrota de los infantes en 1445 y a partir de este momento la caída de los ingresos se acentúa hasta el punto de que en 1474, al comenzar el reinado de los Reyes Católicos, la Corona recibía un cuarenta por ciento menos que en 1429; las cifras absolutas de este año no serían alcanzadas hasta 1494 después de que se hubieran incorporado a la Corona bienes de las órdenes militares, tierras y derechos granadinos y bienes confiscados por la Inquisición.

Este descenso se explica por el gran número de personas exentas del pago de algunos impuestos (especialmente de los extraordinarios), pero sobre todo por las concesiones hechas a los nobles a lo largo del siglo y por las usurpaciones realizadas por éstos durante las épocas de claro predominio nobiliario. Así, por ejemplo (y lo mismo podríamos decir de otros impuestos), las alcabalas —pago del 5 o del 10 por ciento del valor de las compraventas y cambios— eran obligatorias para todos, pero la nobleza disponía de fuerza suficiente para dificultar o impedir el cobro en los lugares de señorío. En unos casos eximieron a sus vasallos del pago de las alcabalas, en otros crearon ferias o mercados francos y con ambas medidas, al tiempo que lograban disminuir los ingresos de la Corona, conseguían atraer hacia los señoríos a los hombres de realengo y a los mercaderes. En otras ocasiones pusieron trabas a la acción de los recaudadores que nada pudieron hacer contra ellos; durante el reinado de Enrique IV se consideró el cobro de las alcabalas como uno más de los derechos señoriales. Éstas eran cobradas, pero no por la Corona sino por los señores en su propio beneficio; la práctica fue sancionada en algunos casos por los Reyes Católicos.

Si los impuestos ordinarios obligan a todos, al menos teóricamente, están exentos del pago de los subsidios concedidos en Cortes y de otros impuestos gran número de personas: nobles, clérigos que han recibido las órdenes mayores, hidalgos y sus familiares, caballeros urbanos a partir de determinadas cuantías que varían según la época y el lugar, y los más menesterosos, los que no alcanzaban el mínimo señalado en cada caso. Estas exenciones no repercuten en los ingresos de la Corona cuando se trata de servicios votados globalmente, es decir, cuando las Cortes otorgan una ayuda global de 5, 10, 15... millones de maravedíes (la parte de los exentos sería pagada por los demás), pero en muchas ocasiones se otorgaron al rey una o varias monedas, cuyo valor estaba fijado quizá desde el siglo XIII (8 maravedíes por vecino en Castilla, Extremadura y las zonas de frontera, y 6 en el reino de León); en estos casos el número de los exentos podía hacer variar considerablemente los ingresos.

De hecho, sabemos que las concesiones hechas o arrancadas por la nobleza y el aumento de las exenciones, generalizadas al convertir en caballeros a quienes acudiesen a la guerra con determinadas armas o tuviesen cuantías previamente fijadas, llevaron a la bancarrota de la Hacienda con grave perjuicio para la Corona (al ser superiores los gastos a los ingresos era imposible tomar medidas de cualquier tipo), para las Cortes-ciudades (los subsidios o contribuciones a la Hermandad aumentaron continuamente) y para los nobles (que no podían convertir en realidad por falta de ingresos de la monarquía las concesiones de rentas y salarios).

Ya en el siglo XIII el problema era visible para las Cortes, que ordenaron en diversas ocasiones hacer inventarios de los sueldos nobiliarios y de los ingresos y gastos de los reyes para equilibrarlos. A lo largo del XIV las Cortes y los propios monarcas intentaron reducir las mercedes, pero sólo en 1480 se llegaría a un acuerdo con los nobles por el que éstos aceptaban una disminución de sus sueldos y rentas teóricas a cambio de que la Corona pagara efectivamente las restantes. La disminución de los gastos fue, según hemos señalado en otro lugar, del 50 por ciento.

Los gastos ordinarios incluían el pago de las concesiones y mercedes hechas anteriormente a la nobleza, a la Iglesia o a particulares (ascendían al 26 por ciento del total en 1429 y al 35 en época de los Reyes Católicos), el pago de los salarios de los servidores personales del monarca, de los oficiales del reino, de las gentes de armas, de las tierras (su valor en dinero) y acostamientos concedidos a los nobles a cambio de servicios militares, de los gastos de sostenimiento de fortalezas y castillos... Entre los gastos extraordinarios figuraban los mantenimientos o ayudas otorgadas a los miembros de la familia real, a algunos nobles con carácter temporal y a los miembros del séquito del rey para que pudieran vivir de acuerdo con su categoría social.

PORTUGAL

La economía y la sociedad portuguesa de los siglos XIV-XV tienen muchos puntos de contacto con las de Castilla. Países eminentemente agrarios hasta el siglo XIII y dominados por la nobleza laica o eclesiástica, ambos se incorporan en los últimos siglos de la Edad Media a las corrientes comerciales europeas, primero como exportadores de materias primas e importadores de objetos manufacturados y de artículos de lujo; más tarde como transportistas cuyas flotas llegan al Mediterráneo, y por último como descubridores y colonizadores de nuevas tierras.

Ni castellanos ni portugueses supieron o pudieron crear una industria fuerte; los beneficios de sus descubrimientos fueron a parar en un gran porcentaje a manos de los italianos o de los centroeuropeos, que proporcionaban los capitales para el descubrimiento y colonización de las nuevas tierras y los artículos manufacturados que se consumían en ellas y en los reinos de Castilla y de Portugal.

Aunque el desencadenamiento de la crisis coincide con los primeros brotes de la peste negra, ya en los años anteriores se observa un alza de precios de los productos industriales como consecuencia del excesivo lujo de nobles y burgueses, que compiten económicamente por el prestigio social con el consiguiente endeudamiento o ruina de una parte de la población; efecto igualmente de esta competencia puede ser la preferencia dada a la producción para el exterior por imposición de los propietarios que buscarían de este modo mantener sus ingresos a un nivel suficiente para mantener su modo de vida.

La falta de datos sobre la población portuguesa impide saber el número de muertes que causó la peste, pero al igual que en los demás reinos peninsulares se sabe que algunos monasterios perdieron todos sus monjes, que en las ciudades murieron numerosos regidores... y se han calculado las pérdidas demográficas en un tercio de la población, á pesar de lo cual las ciudades mantuvieron una relativa estabilidad gracias a la inmigración de los campesinos de las comarcas próximas.

Nuevas migraciones después de las pestes de 1356, 1384, 1415, 1423, 1432... permitieron contener el alza de los salarios, e incluso es posible que el exceso de mano de obra diera lugar en algunos casos a una disminución de los salarios mientras que los precios mantenían un ritmo ascendente; el malestar popular, y es interesante recordar que las fechas coinciden con las señaladas para Cataluña y Mallorca, se desahogaría en motines y revueltas en las ciudades hacia 1370, 1383-1385, 1438-1441 y 1450. Muchos de estos ciudadanos sin empleo o subempleados se enrolarían en las campañas norteafricanas y atlánticas del siglo XV.

En el campo numerosas tierras fueron abandonadas; para atender a su cultivo, la nobleza consiguió la aprobación de diversas leyes por las que se inmovilizaban los salarios de los jornaleros, se obligaba a los campesinos a permanecer en la tierra que cultivaban... A pesar de estas medidas, las tierras incultas aumentaron y, con ellas, la dedicación a la ganadería y a la caza o a la obtención de productos como el vino y el aceite, que exigían una menor mano de obra y hallaban fácil salida en el exterior. Como consecuencia, desde mediados del siglo XIV, Portugal necesitó importar trigo en grandes cantidades.

Junto al abandono de las tierras por los cultivadores, se observa otro fenómeno no menos importante desde el punto de vista económico y social. Las diferencias económicas se acentuaron considerablemente al aumentar su fortuna los propietarios mediante la acumulación de herencias. La Iglesia fue la organización más favorecida por la peste; a pesar de que la ley prohibía la donación o venta de tierras de realengo a los eclesiásticos, al igual que en Castilla numerosos cristianos cedieron sus bienes a la Iglesia y con ello causaron perjuicios considerables a las haciendas municipales que, por estar los clérigos exentos del pago de impuestos, dejarían de percibir los impuestos correspondientes o tendrían que incrementar las cantidades pagadas por cada vecino.

Relacionadas con esta concentración de la propiedad en manos de los exentos (nobles y clérigos), con el alza de precios y salarios, y con las guerras de la segunda mitad del siglo se hallan las desvalorizaciones monetarias ocurridas entre 1325 y 1435 de cuya importancia puede darnos idea el hecho de que un marco (230 g) de plata que valía en 1325 diecinueve libras (moneda de cuenta) había llegado a valer un siglo más tarde 25000 libras.

La decadencia económica de Portugal parece detenerse hacia 1450, fecha en la que se observan síntomas de recuperación demográfica especialmente en las ciudades. Treinta y siete centros de población superaban los 500 fuegos (2000 habitantes aproximadamente) a fines del siglo; entre ellos destacaba Lisboa que, con algo más de 50000 habitantes, era una de las mayores ciudades de la Península. Oporto con 12000-14000, Évora con 11000-12000 seguían en importancia a la capital del reino.

La base de este resurgimiento se halla en el comercio. El oro, azúcar, especias, esclavos y marfil de las posesiones atlánticas permitieron a Portugal desempeñar un papel importante en la economía europea, pero al mismo tiempo fueron una de las causas del retraso del país, cuyos dirigentes prefirieron obtener las máximas ventajas del modo más fácil y descuidaron la industria, si se exceptúa la directamente relacionada con este comercio: construcción naval y fabricación de bizcocho para las tripulaciones. La consecuencia de esta situación, de la base eminentemente comercial de la economía portuguesa fue que en un país extraordinariamente rico desde fines del siglo XV, sólo se beneficiaban de estas riquezas la monarquía, los nobles propietarios de tierras o de derechos y algunos mercaderes, mientras la masa de la población permanecía al margen.

Los productos comerciales portugueses entre los que además de los atlánticos figuran el vino, los frutos secos y la sal se concentran en los Países Bajos, donde las ciudades de Brujas y Amberes actúan como centros distribuidores para Francia, Inglaterra y el mundo báltico. Portugal compra trigo a la Hansa, en Francia, en Castilla y en Sicilia, y artículo» manufacturados en Flandes, Inglaterra, Alemania e Italia.

BIBLIOGRAFÍA

Además de las obras y artículos citados en los capítulos anteriores, interesan los siguientes:

Caro Baroja, Julio: Los moriscos del reino de Granada. (Ensayo de historia social) — Instituto de Estudios Políticos. — Madrid 1957. — XI 305 pag.

Carande, Ramón: Sevilla, fortaleza y mercado. — «Anuario de Historia del Derecho español» (Madrid), II (1925), págs. 233-401. (Reeditado por la Universidad de Sevilla, 1973).

Carlé, María del Carmen: Mercaderes en Castilla (1252-1512). — «Cuadernos de historia de España» (Buenos Aires), XXI-XXII (1954), págs. 146-328.

Clavero, Bartolomé: Mayorazgo, propiedad feudal en Castilla (1369-1836) —.Madrid 1974

Ferrari, ángel: Castilla dividida en dominios según el «Libro de las behetrías». —Madrid 1958.

Tradiel, Paulino: Evolución de la industria textil castellana en los siglos XIII-XVI. — Universidad de Salamanca 1974. — 406 págs.

Ladero Quesada, Miguel Angel: La repoblación del reino de Granada anterior al año 1500. — «Hispania» (Madrid), XVIII (1968), págs. 489-563.

Ladero Quesada, Miguel Ángel: La Hacienda real de Castilla en el siglo XV. —La Laguna 1973.

Ladero Quesada, Miguel Ángel: Andalucía en el siglo XV. Estudios de política. — Madrid 1973.

Marques, A. H. Oliveira: A sociedade medieval portuguesa. — Lisboa 1964.

Mitre Fernández, Emilio: Evolución de la nobleza en Castilla bajo Enrique III, 1396-1406. — Universidad de Valladolid. — Valladolid 1968. — 223 págs.

Mitre Fernández, Emilio: Los judíos y la Corona de Castilla en el tránsito al siglo XV. — «Cuadernos de Historia. Anexos a la revista Hispania» (Madrid), III (1969), págs. 347-368.

Moxó, Salvador de: De la nobleza vieja a la nobleza nueva. La transformación nobiliaria castellana en la baja Edad Media. — «Cuadernos de Historia. Anexos a la revista Hispania» (Madrid), III (1969), págs. 1-210.

Moxó, Salvador de: La nobleza castellana en el siglo XV. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), VII (1970-1971), págs. 493-513.

Moxó, Salvador de: Los señoríos. Cuestiones metodológicas que plantea su estudio. — «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XLIII (1973), págs. 271-309.

Moxó, Salvador de: Los Albornoz. La elevación de un linaje y su expansión dominical en el siglo XIV. — «Studia Albornotiana» (Zaragoza-Bologna), XII (1970).

Moxó, Salvador de: La alcabala. Sus orígenes, concepto y naturaleza. — C.S.I.C. — Madrid s. a. — 217 págs.

Moxó, Salvador de: Los cuadernos de alcabalas. Orígenes de la legislación tributaria castellana. — «Anuario de Historia del Derecho» (Madrid), XXXIX (1969) págs. 317-450.

Piskorski, W.: Las Cortes de Castilla en el período de tránsito de la Edad Media a la Moderna (1188-1520). — Barcelona 1930.

Rau, Virginia: Para o estudo da peste negra em Portugal. — Braga 1963.

Solano Ruiz, Emma: La hacienda de las Casas de MedinaSidonia y Arcos en la Andalucía del siglo XV. — «Archivo Hispalense» (Sevilla), LV (1972), págs. 85-176.

Smith, R. S.: The Spanish Guild. A History of the Consulado. — Durham 1940.

Spain in the Fifteenth Century, 1369-1516. — London 1972.

Stefano, Luciana de: La sociedad estamental de la baja edad media española a la luz de la literatura de la época. — Caracas 1966.

Suárez Fernández, Luis: Navegación y comercio en el golfo de Vizcaya en el siglo XV. Vn estudio sobre la política marinera de la casa de Trastámara. — C.S.I.C. — Madrid 1959. — 253 págs.

Suárez Fernández, Luis: Nobleza y monarquía. Puntos de vista sobre la historia castellana del siglo XV. — Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. — Valladolid 1959. — 173 págs.

Valdeón Baruque, Julio: La crisis del siglo XIV en Castilla: revisión del problema. — «Revista de la Universidad de Madrid» (Madrid), XX (1972), págs 972.

Verlinden, Charles: La grande peste de 1348 en Espagne. Contribution á l'étude de ses conséquences économiques et sociales. — «Revue Belge de Philologie et d'Histoire» (Bruxelles-Liége), XVII (1938).

Verlinden, Charles: Draps des PaysBas et du Nord-Ouest de l'Europe au Portugal au XV siécle. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona),III (1966), págs. 235-254.

Verlinden, Charles: L'esclavage dans la Péninsule Ibérique au XIV siécle. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), VII (1970-1971), págs. 577-592.

Viñas, Carmelo: De la Edad Media a la Moderna. El Atlántico y el estrecho de Gibraltar en la historia política española. — «Hispania» (Madrid), (1941).

8. POBLACIÓN, ECONOMÍA Y GRUPOS SOCIALES (LOS PAISES DE LA CORONA DE ARAGÓN Y NAVARRA)

Antes de entrar en el estudio de la población, economía y sociedad de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca (prescindo de los dominios italianos que no forman parte actualmente de España) y para justificar el estudio por separado en cada uno de los territorios, es preciso decir algunas palabras sobre la organización de la Corona.

La unión de los diferentes reinos fue hasta el siglo XIV exclusivamente de carácter personal: todos tenían el mismo rey. Pero las diferencias de todo tipo entre aragoneses y catalanes se mantuvieron e incluso se acentuaron a partir de la unión (1137) e hicieron posible, como reacción frente a los otros, la cohesión interna de los catalanes, hasta entonces divididos en condados, y de los aragoneses, es decir, la aparición de dos nacionalidades perfectamente individualizadas según puede apreciarse en las disputas sobre límites en el siglo XIII; en la condición de extranjero de los naturales del Principado en Aragón y del reino en Cataluña; en la celebración de Cortes propias, en las peticiones hechas en 1283 para que todos los cargos de Aragón fueran dados a aragoneses y los de Cataluña a los catalanes; y en la creación de un derecho propio tanto en el reino como en el Principado.

El territorio valenciano, conquistado conjuntamente por aragoneses y catalanes, fue disputado por ambos y finalmente convertido por Jaime I en reino independiente con su fuero y leyes propias. Mallorca sería igualmente un reino, separado de la Corona a la muerte de Jaime I el Conquistador. La expansión, que en Castilla había servido para borrar las diferencias entre castellanos y leoneses, en la Corona sirvió para aumentar las divergencias.

Pedro el Ceremonioso intentó en el siglo XIV reunir los antiguos dominios de Jaime I y de Pedro el Grande y sustituir la unión personal de sus territorios por una vinculación más firme que vendría dada por la creación de cargos generales; así, en 1344 al organizar la casa real creó los cargos de mayordomo (jefe del personal doméstico del rey), camarlengo (encargado de la protección y asistencia del monarca), canciller y mestre racional (administrador de los caudales públicos y privados). Pero junto a estos cargos surgieron o fueron creados otros que reflejaban la división existente: batlles generales (jueces con jurisdicción en cada uno de los reinos en los casos en que se causara perjuicio al patrimonio real) y procuradores fiscales (representantes legales del monarca en las causas movidas contra él).

El canciller, cuya autoridad se extendía a todos los dominios de la Corona, sería auxiliado en sus funciones por un vicecanciller según las disposiciones de Pedro el Ceremonioso, pero Juan I crearía vicecancilleres en cada uno de los reinos y Alfonso el Magnánimo, por su parte, nombraría para el reino de Valencia en 1419 un mestre racional privativo.

También a través de las Cortes se buscó una mayor unión de los dominios de la Corona y en ocasiones fueron convocadas Cortes Generales, pero el sistema no prosperó. Durante la guerra castellano-aragonesa de 1356-1366, los catalanes insistieron repetidas veces (las actas de Cortes de Aragón y de Valencia están aún sin publicar) en que el dinero concedido en Cortes se destinara única y exclusivamente a la defensa del Principado. Los ejemplos de autonomía e independencia de cada territorio, si exceptuamos Mallorca (dependiente de Cataluña), podrían multiplicarse sin esfuerzo. Parece lógico, ante esta realidad, estudiar por separado la población, economía y organización social de cada reino para intentar comprender las razones del mantenimiento de estas diferencias y de los desequilibrios que se observan al final del período.

EL DECLIVE CATALÁN

Demografía, economía, cambios políticos y modificaciones sociales se relacionan entre sí y son al mismo tiempo causa y efecto, por lo que no es posible estudiar uno de los elementos sin hacer constantes referencias a los otros si queremos entender lo que los historiadores han llamado, con Pierre Vilar, el declive catalán, es decir, el período que se extiende desde mediados del siglo XIV hasta la época de los Reyes Católicos.

Descenso demográfico, alza de precios y salarios, disminución de la producción agrícola y artesana. estancamiento del gran comercio, devaluación monetaria, aumento de la deuda pública y detención del crecimiento urbano son los síntomas y efectos de la crisis económica que se traduce en los disturbios urbanos y agrarios del siglo XV, en la decadencia de las instituciones políticas del Principado y en la pérdida de importancia de Cataluña dentro de la Corona de Aragón y en el conjunto de los Estados peninsulares, pero este cuadro sombrío tiene que ser matizado y completado con las aportaciones de Claude Carrére en su estudio sobre Barcelona en el siglo XV.

Disminución de los habitantes de Cataluña, problemas monetarios, estancamiento de la expansión comercial... son claramente visibles hacia 1380 y teóricamente deberían haber desembocado en una crisis aguda a corto plazo. Pero el cuadro presentado es incompleto; preocupados por enumerar los aspectos negativos «se olvida recordar un hecho esencial en la vida económica catalana y barcelonesa en el siglo XIV: una orientación voluntaria y perseverante hacia actividades industriales, queremos decir hacia la creación y desarrollo de una poderosa industria orientada hacia el exterior, además de a la satisfacción de las necesidades nacionales».

Este dato nuevo es importante porque, junto a los problemas internos y en estrecho contacto con ellos, la necesidad de mantener las exportaciones, de hallar una salida a los productos industriales, influyó considerablemente sobre la crisis. Sin duda la escasez de 1374-1375 y el alza de precios de los artículos alimenticios que de ella derivó destruyeron las economías de los asalariados, pero éstas se vieron más afectadas por las medidas destinadas a mantener la exportación.

Retraída la demanda de artículos industriales por la preferencia dada a los alimenticios (la escasez afectó a todo el Mediterráneo, es decir, a las zonas consumidoras de los productos catalanes) para mantener la competitividad de los paños se redujo su precio a costa de los asalariados, cuyos ingresos disminuyeron en un 15-20 por ciento entre 1380 y 1390.

Aumento de precios de artículos de primera necesidad y disminución de los ingresos crearon un malestar que desembocó en los ataques a los barrios judíos y a las casas de los ricos en 1391, pero los dirigentes de la sociedad supieron aliviar las tensiones sociales manteniendo los precios industriales y disminuyendo los alimenticios, a veces artificialmente: mediante una reducción de los impuestos que pesaban sobre ellos o vendiéndolos a un precio inferior al de coste. Lógicamente esta solución no podía ser definitiva: el comercio exterior era «condición a la vez del pleno empleo y de la estabilidad de los artículos alimenticios». Bastará que este comercio disminuya para que aumente el paro y con él las tensiones sociales y poli ticas, para que se agudice el problema demográfico, se planteen en toda su gravedad los problemas monetarios y, en definitiva, para que se dé el declive catalán, «innegable y real —en expresión de Claude Carrére— puesto que habrá que esperar al siglo XIX para ver a Cataluña desempeñar de nuevo un papel de primera importancia en el mundo español».

La población catalana

Los primeros censos conocidos son posteriores a la peste negra; el primero fue redactado en 1358, durante la guerra castellano-aragonesa, para repartir entre los vecinos los subsidios concedidos en Cortes; con la misma finalidad se hicieron otros en 13591360, 1365, 1368-1369, 1375 y 1378. Desde este año hasta 1497 no disponemos de ningún censo general. No es posible, por tanto, conocer con detalle la evolución demográfica del Principado, pero sí podemos comprobar el descenso de población experimentado: de los 500000 habitantes existentes a mediados del siglo XIV se ha pasado a 277000 en 1497. Si tenemos en cuenta que con anterioridad a 1358 las pestes, hambres y epidemias habían diezmado la población, podremos afirmar que en estos dos siglos Cataluña perdió la mitad de sus habitantes.

Las causas de este descenso demográfico son múltiples: pestes, hambres y epidemias documentadas desde 1333, primer año de hambre general, prácticamente cada diez años hasta 1521; y la guerra con sus secuelas: muerte en el campo de batalla, saqueos, asedios, destrucción de cosechas, represalias... que obligan a emigrar a los supervivientes. Todas estas catástrofes destruyen económicamente al país. La crisis económica, unida a las tensiones sociales que de ella derivan, hace aumentar el número de fallecidos o de emigrantes, a los que se añaden a fines del siglo XV los judíos expulsados y los fugitivos de la Inquisición.

Barcelona entre 1387 y 1497 pierde 1808 vecinos, es decir, un cuarto de la población, a pesar de que el número de sus habitantes se vio acrecentado por las emigraciones de campesinos y por la importación de esclavos. También los artesanos especializados se sintieron atraídos por los altos salarios ofrecidos en Barcelona hacia 1370-1380, pero la reducción operada pocos años más tarde y sobre todo la crisis de la producción artesanal en el siglo xv alejarían de la ciudad a estos artesanos.

Tan importante como el número absoluto de pobladores es, para entender la historia de Cataluña durante este período, la distribución ocupacional, jurisdiccional y social de sus habitantes y el papel desempeñado por cada grupo. De los 500000 catalanes existentes en el siglo XIV un setenta por ciento vive en y del campo, y sólo un 30 por ciento habita en las ciudades, entendiendo por tales las que tienen más de 400 vecinos muchos de los cuales vivirían del trabajo agrícola. Barcelona, la ciudad más importante, tiene 6670 vecinos (unos 30000-35000 habitantes), Perpiñán 2600, Lérida 2200, Tortosa y Gerona 1600, Tarragona 1300, Cervera 1000; otras siete ciudades superan los 50 fuegos y cuatro más llegan a los 400.

Esta primera comprobación es importante porque, deslumbrados por la importancia de Barcelona, los historiadores tienden a considerar a Cataluña como un país de predominio urbano e industrial y frecuentemente olvidan el estudio de su población, sin cuyo conocimiento la historia catalana resultaría ininteligible. Podemos aceptar con Claude Carrére que «ciudades y campos se han puesto a hilar, a tejer, a aprestar, a teñir» y que «cuando en 1390 los documentos permiten trazar un mapa de las regiones productoras (de paños) se ve que éstas se confunden con el Principado entero», pero la situación jurisdiccional de campesinos y ciudadanos es distinta.

Las ciudades medievales son en su gran mayoría lugares de realengo, mientras que en el campo predominan los señoríos laicos o eclesiásticos. Este hecho es perfectamente comprobable en la Cataluña del siglo XIV: Pedro el Ceremonioso tiene jurisdicción directa sobre 20000 fuegos en las ciudades y sobre 11000 en el campo; en los señoríos de la nobleza laica habitan 35000 vecinos campesinos y 3500 ciudadanos; en los eclesiásticos, 22000 y 4000 respectivamente.

Esta división es fundamental a la hora de estudiar la actuación de los monarcas y el régimen pactista de gobierno vigente en Cataluña. Unidos, eclesiásticos y nobles, controlan los dos tercios de la población. Sin ellos no es posible gobernar. Desde la aceptación de las condiciones impuestas en las Cortes de 1283 los oficiales del monarca carecen de autoridad en los señoríos. Incluso para reclutar soldados y marinos el rey necesita el consentimiento de los— señores. En los lugares de realengo el monarca ordena, en los de señorío pide.

En teoría todos los catalanes participan en el gobierno por medio de sus representantes en las Cortes: los bellatores se hallan representados por los procuradores del brazo militar; los oratores por los del eclesiástico; los laboratores por los del brazo real. Pero en la práctica la división de la sociedad atendiendo a la «función» que cada uno desempeña ha perdido vigencia; aunque se mantiene, se halla incluida en otra división que tiene más en cuenta la riqueza y el prestigio social. La sociedad catalana de los siglos XIV-XV se halla dividida en tres grupos o manos: mayor, mediana y menor. Sólo la primera interviene en las Cortes, es decir, sólo la mano mayor participa en el gobierno del territorio.

Forman parte de este grupo privilegiado un corto número de eclesiásticos: arzobispo de Tarragona, obispos, miembros de los cabildos catedralicios, abades de los monasterios más importantes, priores de las órdenes militares... en total unas cien personas; los nobles encabezados por los barones del Principado: condes de Ribagorza-Prades, Ampurias, Urgel, Pallars, Osona, marqués de Tortosa, duques de Gerona y de Montblanc, vizcondes de Cardona, Castellbó, Rocabertí, Illa y Canet, Villamur, Evol... (unos treinta y cinco), a los que se unen los caballeros cuyo número se aproxima al millar; y los ciudadanos o patricios, miembros de las grandes familias urbanas que controlan las ciudades y que en muchos casos se han convertido en rentistas. Junto a ellos figuran los oficiales de mayor categoría. En conjunto, la mano mayor agrupa el 1 por ciento de la población.

La mano mediana la forman los oficiales de menor categoría, juristas, médicos, mercaderes y maestros artesanos (un diez por ciento de la población aproximadamente). El resto forma parte de la mano menor, cuyos miembros no tienen participación de ningún tipo ni en el gobierno municipal ni en el del Principado.

Esta división social ha de ser tenida en cuenta a la hora de analizar la historia catalana; teóricamente el rey cuenta con la obediencia de un tercio de la población (con el brazo real), pero de hecho sólo intervienen en las Cortes los miembros de la mano mayor y éstos (los ciudadanos) están mucho más próximos a la alta nobleza y a la jerarquía eclesiástica que a los restantes miembros del brazo real. En su gran mayoría los patricios han dejado de ser laboratores para convertirse en rentistas; han comprado tierras y derechos sobre los campesinos, se han aristocratizado y cuando la crisis se plantea en toda su gravedad nobles, eclesiásticos y ciudadanos actúan unidos y retrasan o impiden el acceso a las Cortes de los grupos productores de Barcelona (buscaires), se oponen a la devaluación monetaria que interesa a mercaderes y artesanos, se niegan a aprobar las medidas proteccionistas necesarias a la industria catalana, y juntos rechazan las medidas favorables a los remensas a pesar de la intervención directa del monarca en este punto y en los problemas buscaires.

Salarios y precios

Las primeras manifestaciones de la peste se hacen sentir en Cataluña en 1347, cuando el monarca se halla empeñado en la pacificación del recién conquistado reino de Mallorca, en la lucha contra los unionistas de Aragón y de Valencia y en la pacificación de Cerdeña. En el momento en que Cataluña se halla privada del trigo aragonés y sardo, a consecuencia de la guerra, se produce la caída demográfica, que algunos historiadores hacen ascender hasta un tercio de la población, y se incrementan los gastos exigidos por las campañas militares, que corren a cargo principalmente de Cataluña. La confluencia de estos factores da lugar a un alza desmesurada de salarios que alcanzan cuatro y cinco veces el nivel anterior a la peste.

Las disposiciones tomadas el 18 de julio de 1349 por las que Pedro el Ceremonioso ordenaba a los oficiales reales y a las autoridades de los lugares de realengo y pedía a los señores que procedieran a establecer tasas, fueron totalmente ineficaces; de nada servía contener artificialmente los salarios si no se detenían los precios; éstos subieron a causa de la escasez de la mano de obra sin duda, pero también a consecuencia de la guerra, como en el caso del Rosellón y la Cerdaña, donde el rey solicitó la creación de un impuesto sobre el consumo de la carne para atender a los gastos militares, que no podían ser cubiertos con los ingresos ordinarios. En la misma situación se hallarían todas las ciudades y regiones del Principado. La desorganización provocada por la peste fue aprovechada por muchos para obtener el máximo de beneficios, según afirmó el propio monarca al reprochar a los clérigos que, «movidos más por la avaricia que por la caridad, desde el tiempo de la peste», exigían por la administración de los sacramentos más de lo acostumbrado.

La guerra contra Génova y las guerras castellanas que se prolongaron desde 1350 a 1370, unidas a las hambres y epidemias que asolaron Cataluña, acentuaron el alza de precios y salarios. Según hemos visto, no fueron sólo los particulares los responsables directos del alza, sino también los organismos rectores de Cataluña: la monarquía y las Cortes. Para atender a los crecientes gastos de la guerra fue autorizada la creación de nuevos impuestos municipales y generales, como ocurrió en 1364-1365 en que fue autorizada una elevación del quince por ciento en los paños extranjeros, del seis con veinticinco por ciento en los fabricados en Cataluña y alzas diversas en otros productos, entre los que se incluían los de primera necesidad. En líneas generales puede aceptarse que el aumento oficial autorizado por las Cortes fue del diez por ciento, al que habrá que sumar las alzas provocadas por los impuestos municipales, por la escasez... todo ello en unos momentos en los que Cataluña había perdido el dominio del mar y no podía contar ni con los suministros ni con los mercados de Valencia y Aragón, ocupados en su mayor parte por las tropas de Pedro I de Castilla.

Tras el período 1340-1380, caracterizado según hemos dicho por un brusco ascenso de precios y salarios, éstos oscilarían sin volver nunca a los niveles de mediados del siglo XIV. Siguiendo los estudios de Hamilton para Aragón, Navarra y Valencia, Vicens ha podido hablar de diversas etapas: inestabilidad entre 1380-1424; ligero descenso de precios y salarios entre 1425-1460, gracias a la recuperación demográfica producida durante estos años y al consiguiente aumento de la producción; crisis de 1460 a 1480 que se debería fundamentalmente a la guerra civil y a sus efectos; y nueva fase de disminución de precios y salarios entre 1480 y 1500.

Esta cronología y la relativa a la crisis económica pueden ser matizadas después de la aparición de nuevos trabajos; utilizando los datos sobre los ingresos del General y de la ciudad de Barcelona, así como las listas de precios de los artículos de primera necesidad (trigo y carne) e industriales (textiles), Claude Carrére ha podido precisar algunos datos y rectificar otros.

Los impuestos municipales sobre la compraventa de productos alimenticios y manufacturados aumentan considerablemente entre 1330-1340 y 1380-1420 (un cincuenta por ciento aproximadamente) y permanecen prácticamente estables en el último período durante el cual el rendimiento bruto oscila del «índice 157,59 al índice 148,45, con relación al decenio 1330-1340». Las generalidades (tasas aduaneras e impuestos sobre la producción de los tejidos) apenas oscilan entre 1390 y 1419, pero su arrendamiento deja de ser interesante a partir de 1425 (lo mismo ocurre con los impuestos municipales, lo que es prueba inequívoca de la crisis) y desde 1430 no se hallan arrendadores y los ingresos de los municipios y del General descienden en una cuarta parte.

Estos datos podrían ser explicados como la consecuencia de un aumento considerable de los impuestos y precios (y consiguientemente de los salarios o beneficios de los productores) o como efecto de un desarrollo importante de la producción y de las actividades comerciales; la primera hipótesis parece aceptable —a falta de estudios sobre esta época— para el período anterior a 1380-1390 durante el cual no se observa un aumento absoluto ni del consumo ni de la producción, pero a partir de esta fecha el análisis dé los ingresos y su relación con precios-salarios son más complejos.

Sin duda, los períodos cíclicos de hambre provocaron un alza en los beneficios de los campesinos catalanes, pero los precios en los centros consumidores, en las ciudades, no aumentaron y productos como los cereales o la carne mantuvieron sus precios y en algunos casos los disminuyeron. El estancamiento o descenso artificial de los precios agrícolas en el lugar de consumo se obtuvo mediante la renuncia a una parte de los impuestos cobrados por los municipios y mediante el recurso a precios políticos, es decir, a vender los artículos de primera necesidad a precios inferiores a los de coste. Fue el precio pagado por la paz social que se había visto turbada por el aumento real de los precios agrícolas y por la disminución de precios y salarios industriales, según hemos señalado en páginas anteriores.

El descenso de los salarios urbanos (del 15 al 20 por ciento entre 1380-1390) fue una consecuencia de la búsqueda de la competitividad en los mercados exteriores y quizá de la concentración de empresas y de la aparición del mercader empresario, pero también fue el efecto del aumento de la población laboral, del exceso de oferta de mano de obra. De otra forma no se explicaría la aceptación más o menos pacífica por parte de los asalariados de un descenso tan brusco. La elección se planteaba en términos simples: o se aceptaba el descenso de los precios impuestos por la situación de los mercados exteriores y repercutido en su casi totalidad sobre los salarios o se perdía un trabajo para el que era fácil encontrar sustitutos.

En los treinta años siguientes los precios se estabilizaron y, suponemos, con ellos los salarios. Desde 1430 precios y salarios textiles no cesan de disminuir, como consecuencia de las dificultades exteriores, del incremento de la mano de obra esclava y de la pérdida de calidad de los paños, que si por una parte se debe a la entrada de operarios no calificados como los esclavos, por otra está de acuerdo con la tendencia general europea señalada al estudiar la industria textil castellana: se trata de producir para un público mucho más numeroso a precios asequibles.

Como resultado de este proceso gran número de maestros y oficiales emigran y los gremios defienden los intereses de quienes permanecen en las ciudades, poniendo trabas al trabajo de los esclavos, dificultando el de los extranjeros y adoptando una legislación gremial restrictiva: limitación del número de operarios en cada taller, fijación de pruebas de acceso al grado de maestro... gracias a las cuales en algunas profesiones se logra un alza considerable de los salarios. Estas medidas internas eran insuficientes, mientras el poder no se hallara en manos de artesanos y mercaderes: la subida de los salarios de modo estable sólo sería posible cuando la exportación y con ella la producción aumentaran. Para conseguirlo era necesario desbancar a los patricios rentistas del poder municipal y controlar o influir en las decisiones de las Cortes y de su organismo permanente, la Diputación del General. Éstos serán los objetivos de los buscaires desde la agudización de la crisis, pero mientras se llega al poder y a veces con la colaboración de los bigaires se tomarán otras medidas como la creación de un puerto comercial y, sobre todo, se intentará una reconversión de la industria textil, es decir, se buscará pasar de la fabricación de tejidos ordinarios a tejidos de lujo. Todas las medidas fueron insuficientes o fracasaron por falta de organización o de preparación. El enfrentamiento político fue inevitable.

Producción agrícola y alimentación

Joan Vilá Valentí ha insistido en diversas ocasiones sobre el hecho de que «Cataluña puede ser considerada durante siglos, en gran parte y fundamentalmente, como un país de agricultores». A pesar de ello, si exceptuamos algunos artículos del citado investigador, carecemos de estudios modernos sobre la agricultura y la ganadería catalanas. Nuestra Información sobre los campesinos se limita a un solo grupo, al de los payeses de remensa, cuyo número se eleva a cien mil a fines del siglo XV frente a una población campesina de más de trescientas mil personas.

Los datos que poseemos sobre la producción campesina en una gran parte proceden de las fuentes fiscales de la ciudad de Barcelona manejadas por Jean Broussolle y analizadas, junto con otras, por Claude Carrére. Barcelona necesita y utiliza los productos del campo (alimentos, azafrán, minerales, cueros, fibras textiles...) para satisfacer las necesidades de sus habitantes y alimentar sus industrias y su comercio exterior, por lo que más que de la producción podremos hablar del consumo en la ciudad de Barcelona de artículos procedentes del campo y de la comercialización de los excedentes.

A través de las fuentes utilizadas por Claude Carrére sabemos que aunque Cataluña no produjo vinos ni en calidad ni en cantidad suficientes para alimentar un activo comercio de exportación, al menos se bastó a sí misma; reflexiones semejantes pueden hacerse sobre «el aceite, carne de cerdo, aves, miel, frutos secos y sal»; fue deficitaria en la producción de quesos, ganado ovino y bovino de carne, azúcar y pescado. Los problemas de alguna gravedad sólo se plantearon con el ganado ovino, el pescado y sobre todo con los cereales, que constituían la base de la alimentación y cuya carencia o encarecimiento se tradujo en repetidas ocasiones en motines callejeros y dio lugar a la creación de sistemas de aprovisionamiento.

La venta de la carne, y esta característica no es exclusiva de Barcelona, está en cierto modo municipalizada en cuanto que su venta sólo puede realizarse en carnicerías propiedad del municipio cedidas a particulares a cambio de que aseguren el suministro normal y vendan a los precios fijados por la ciudad, que se muestra en todo tiempo muy interesada en hacer cumplir estos acuerdos para evitar las alteraciones y también porque del impuesto sobre la carne salía casi el cuarenta por ciento de los ingresos de la ciudad.

El número de carneros sacrificados anualmente para el consumo de los barceloneses ascendía a 50000-60000; a ellos habría que añadir ovejas, corderos y vacas. Ello es prueba evidente de que la carne formaba parte de la dieta habitual. El ganado ovino procede de todos los lugares de Cataluña y del reino de Aragón de donde es preciso importar grandes cantidades, a pesar de que los derechos aduaneros encarezcan el precio de la carne. Ni las regiones ganaderas de Cataluña ni Aragón (en unas y otro se da preferencia al ganado para lana o para carne) bastan para atender al consumo de queso que se obtiene en las islas de Mallorca, Menorca, Sicilia y Cerdeña.

Aunque carecemos de estudios concretos sobre la ganadería catalana durante este período, conocemos ya para el siglo XI la existencia de terrenos de pastos de invierno (en las tierras centrales y de la costa) y de verano (en el Pirineo y en la zona del Maestrazgo) y de una activa trashumancia entre ambas regiones. Los monasterios de la llanura (Poblet y Santes Creus) parecen haber sido los impulsores de la trashumancia en los siglos XII-XIII. A ellos se unieron pronto los monasterios del Prepirineo (Ripoll y Sant Joan de les Abadeses) y del Pirineo (Sant Martí del Canigó y Sant Miquel de Cuixá). Los primeros compran tierras en el norte para que sus ganados tengan pastos de verano y los segundos adquieren zonas de pasto invernales en la llanura.

Junto a los rebaños monásticos practican la trashumancia, los ganados de los grandes propietarios laicos de los Pirineos y los de los simples particulares que se agrupan (los vecinos de un lugar o de todo un valle) y crean organizaciones ganaderas para aprovechar los pastos comunales de verano y para obtener concesiones de pasto invernal en la llanura. Unos y otros serían los grandes beneficiados por el consumo de carne y de lana en la ciudad de Barcelona. Pero el ganado trashumante no podía atender de modo permanente a las necesidades de la ciudad puesto que durante el verano los rebaños se hallaban a considerable distancia y sabemos, por los acuerdos pasados entre la ciudad y los carniceros, que el consumo de carne se mantenía estable a lo largo de todo el año. Ello implica la existencia en las proximidades de Barcelona de ganado estante en cantidades considerables: se sacrificaban diariamente entre 160 y 270 carneros.

El pescado y los cereales son junto con el ganado ovino los componentes de la dieta habitual que Barcelona necesita comprar fuera de Cataluña en cantidades importantes; las costas catalanas suministran el pescado fresco mientras que el salado y seco proceden de Sicilia, Málaga, Flandes y, sobre todo, de Castilla y de Portugal, donde parece haberse dado un gran desarrollo de la pesca desde fines del siglo XIV. La presencia de los castellanos y portugueses crea numerosos problemas; no son mercaderes en el sentido estricto de la palabra, sino pescadores o transportistas; poco habituados a las operaciones de crédito, exigen el pago de sus productos en moneda contante y sonante y. lo que es más grave, no se hallan interesados en comprar productos catalanes, con lo que dan lugar a una fuerte sangría monetaria hasta que entre 1430 1450 se les obliga a gastar en Barcelona la mitad del producto de sus ventas.

Entre los cereales, el trigo es el más importante y procede del Campo de Tarragona, del Penedés, del Ampurdán y de la comarca de Urgel, pero la producción catalana siempre fue insuficiente y se hizo necesario importar trigo de Sicilia, Cerdeña, Aragón y Languedoc y, en ocasiones, de Castilla, Provenza, Toscana y Calabria. La política barcelonesa respecto al aprovisionamiento en trigo es compleja; sin llegar a la municipalización que hemos visto al hablar de la carne, los dirigentes barceloneses practican un intervencionismo creciente para evitar los sobresaltos y alborotos que la falta de este producto origina.

En principio la circulación y venta de trigo es absolutamente libre (sólo se prohíbe por razones obvias reexportarlo) y se halla en manos de particulares que fijan los precios libremente, pero la ciudad ejerce un control indirecto al convertirse en importadora y distribuidora de trigo y venderlo cuando es preciso a precios políticos, es decir, a precios inferiores a los de coste.

La incidencia del trigo en la vida municipal fue considerable durante el siglo XV. La importación y venta de trigo por la ciudad era en principio una medida que beneficiaba al conjunto de la población: por una parte se aseguraba la existencia de las cantidades necesarias para el consumo; por otra, se podía presionar a los vendedores particulares y evitar la especulación en los momentos de necesidad. Pero los abusos y escándalos no faltaron. En ocasiones la ciudad confió la compra del trigo a sus propios dirigentes que hicieron grandes negocios a cuenta del municipio y de sus habitantes. En otros momentos, por error de cálculo, se adquirieron cantidades excesivas y se obligó a comprarlas a los vecinos de Barcelona, que no las necesitaban o que podían comprarlas en el mercado libre a igual o mejor precio y calidad. No faltaron las ocasiones en las que la presión de los importadores y vendedores particulares hizo que los precios del trigo municipal se alinearan con los del particular.

Los buscaires utilizaron ampliamente estos abusos y escándalos para atacar a los dirigentes bigaires y en más de una ocasión la escasez, alto precio o mala calidad del trigo fueron la causa inmediata de levantamientos y motines contra los patricios, por lo que éstos, al agravarse las tensiones sociales y para desarmar a sus enemigos, no dudaron en vender el trigo municipal a precios muy inferiores a los del mercado. Con ello aumentaron considerablemente las deudas municipales, procedimiento al que recurrieron también los buscaires en el poder desde 1453.

Junto a la importación y venta directa del trigo, la ciudad concedió toda clase de facilidades a los importadores particulares, fuera cual fuese su procedencia y calidad: honrados mercaderes, corsarios, criminales recibieron garantías para vender su trigo en Barcelona y para salir de la ciudad sin ser molestados y con el producto de la venta en dinero o en mercancías. Para favorecer estas importaciones se ofrecen primas, se toman medidas contra los corsarios, se construyen caminos para el transporte del trigo aragonés y se protege esta ruta mediante la compra por la ciudad de castillos y fortalezas.

Las medidas tomadas son prueba clara de la insuficiencia de la producción catalana. Si bien es cierto que. sólo un sexto del territorio es cultivable, no lo es menos que Cataluña podía producir más trigo y que Barcelona podía haber dedicado las energías, esfuerzos y dinero que desplegó en favorecer las importaciones a estimular la producción de los cereales que necesitaba. Si no lo hizo así fue porque para los mercaderes barceloneses y para los propios campesinos era más rentable dedicar los campos, las tierras más fértiles, al cultivo del azafrán, cuyos precios en el exterior compensaban suficientemente los gastos realizados para importar trigo.

El azafrán se cultiva desde las proximidades de Barcelona hasta las llanuras del Ebro en zonas llanas y de inviernos poco rigurosos alternando con los cereales y el viñedo. Es una ayuda considerable para los campesinos y un negocio importante para los mercaderes que lo distribuyen por toda Europa occidental, especialmente por Flandes, Suiza, Alemania y Austria. Junto al azafrán ocupan tierras de labor el cáñamo y el lino, sobre cuya producción estamos mal informados, pero es seguro que la industria catalana dependió siempre de las importaciones tanto de estos productos como del esparto y del algodón que no se producen en el Principado.

La dedicación parcial de la tierra a cultivos industriales y comerciales fue beneficiosa para Cataluña mientras pudo mantener un activo comercio exterior, pero la renuncia, impuesta por los grandes mercaderes y por los artesanos, a la autarquía alimenticia tendría consecuencias catastróficas al producirse el colapso del gran comercio. Sin las exportaciones la industria trabaja a ritmo lento, mercaderes, marineros y campesinos pierden una parte considerable de sus ingresos al no ser rentable el cultivo del azafrán, y toda Cataluña queda a merced de las importaciones de productos alimenticios a pesar de que el país se hallaba en condiciones de producirlos. Esta interacción entre economía urbana y economía rural podría explicar, al menos en parte, la coincidencia de las agitaciones campesinas y urbanas y de ambas con la crisis comercial.

Situación jurídica y económica de los campesinos

La dedicación de numerosas tierras, sin duda las mejores, al cultivo del azafrán y de otras plantas no alimenticias podría explicar también por qué Cataluña sufrió más duramente los efectos de la peste y de las epidemias del siglo XIV que los demás reinos peninsulares. Es indudable que el auge demográfico de los últimos siglos había llevado a una reducción progresiva del tamaño de los mansos o lotes de tierra cultivados por cada familia; no es aventurado aceptar que también aquí, como en otras zonas europeas, comenzarían a cultivarse tierras marginales de escaso rendimiento mientras que las mejores se reservaban para los productos exigidos por los centros urbanos.

Las consecuencias de esta fragmentación de los mansos y de la utilización de tierras poco productivas son fácilmente presumibles: las cosechas de productos alimenticios apenas bastan para atender a las necesidades de los campesinos, y Cataluña depende cada vez más de las importaciones. Dos o más años consecutivos de malas cosechas en la zona mediterránea encarecen extraordinariamente el trigo, pero los campesinos catalanes no podrán beneficiarse del alza de precios porque sus cosechas, insuficientes, no pueden ser comercializadas o lo serán a expensas de la alimentación de los campesinos. En definitiva, la población se halla mal alimentada y es fácil presa de enfermedades y epidemias.

La muerte de gran número de campesinos y la emigración de otros a las ciudades favoreció momentáneamente a los que permanecieron en el campo, ya que pudieron aumentar la extensión de las tierras cultivadas por cada uno: en el caso de los propietarios, por herencia; en el de los que cultivaban tierras señoriales, porque los dueños se hallaban directamente interesados en mantener en cultivo sus propiedades y facilitaron el asentamiento de los campesinos permitiéndoles cultivar más de un manso sin aumentar los censos o disminuyendo éstos.

Esta mejora se mantendría en el caso de los campesinos asentados en la Cataluña Nueva (conviene recordar que sobre ellos lo ignoramos prácticamente todo), pero sería de corta duración para los payeses de remensa de la Cataluña Vieja. Pasados los momentos de dificultad, los señores intentaron recuperar los derechos cedidos durante la crisis y aumentarlos donde fuera posible mediante la implantación de los llamados seis malos usos: intestia, por el que el señor recibe una parte de los bienes del campesino a la muerte de éste siempre que no haya, hecho testamento. Esta porción era de la mitad si no dejaba hijos y de un tercio en caso contrario; eixorquia, por la que recibe parte de los bienes del campesino muerto sin descendencia; cugucia, por la que puede apoderarse de la totalidad de los bienes de la campesina adúltera cuando el marido consiente el adulterio y de la mitad en caso contrario; dret de firma d'espoli, por el que el señor recibe una cantidad por autorizar al campesino a hipotecar las tierras para garantizar la dote de la mujer; arcia o indemnización cobrada cuando el campesino, involuntariamente, prende fuego a las tierras, y remença o cantidad que percibe el señor para autorizar a los campesinos a abandonar las tierras que cultivan.

Los historiadores se hallan divididos sobre las causas del malestar campesino y de las sublevaciones que tuvieron lugar en el siglo XV y cuyas primeras manifestaciones se produjeron hacia 1370-1380. Para unos, los campesinos luchan solamente por mantener las tierras abandonadas (los masos ronecs, que ocuparon en condiciones ventajosas en los momentos de crisis y gracias a los cuales han podido enriquecerse); para otros, el tema capital es la consecución de la libertad y la supresión de los malos usos. Pierre Vilar intenta conjugar ambas posturas y afirma que «el payés catalán lucha al mismo tiempo contra los ligámenes jurídico-señoriales y por el mantenimiento perpetuo de la explotación engrandecida que las pestes le han asegurado», aunque admite que la lucha se orienta preferentemente contra los malos usos porque «el mejor instrumento de la reacción señorial ¿no es justamente la presión personal sobre el campesino adscrito a la tierra y el uso (o la amenaza) de los viejos derechos, incluso de los caducos?».

Sin negar la validez de estas afirmaciones, que llaman la atención sobre la influencia ejercida por hechos no estrictamente económicos sobre la economía (el derecho es o puede ser un modo de aumentar los ingresos señoriales), quizás sea posible distinguir dos clases de payeses de remensa y, consiguientemente, dos tipos de presión señorial y dos formas de acción campesina. El restablecimiento dejos malos usos tenía una doble finalidad: directamente económica, al permitir a los señores aumentar sus ingresos mediante el cobro de los derechos que de tales usos derivaban, y jurídico-económica, al afianzar la autoridad señorial como medio para disponer más libremente de las personas y bienes de los campesinos.

En las zonas fértiles y productivas el simple restablecimiento de los derechos señoriales era insuficiente; para el señor era más rentable desalojar a los campesinos y vender sus mansos o arrendarlos a corto plazo. La presión señorial se ejercería fundamentalmente en este sentido, aunque no se desdeñaran los ingresos y el poder que proporcionaban los malos usos. En las tierras de escasa productividad los señores no se hallaban interesados en expulsar a los payeses (no habrían encontrado sustitutos), sino en mantenerlos adscritos a la tierra y en obtener los máximos beneficios, objetivos que se conseguirían con la implantación de los malos usos y en especial de la remensa. Las protestas de los campesinos irían dirigidas contra el modo de presión señorial dominante en cada comarca.

Hay noticias de agitaciones campesinas desde 1370-1380, es decir, desde el momento en que se produjo una ligera recuperación demográfica, lo que nos lleva a suponer que la presión señorial se ejerció primeramente sobre los campesinos de tierras fértiles, idea que se halla confirmada por las actas de las Cortes de 1413 en las que se aprobó la constitución Com a molts, que se ocupa principalmente de los campesinos que se niegan a devolver a los propios señores las tierras que trabajan cuando éstos tienen derechos sobre ellas «por delitos cometidos o de otro modo por ley o derecho de señorío» o cuando los propietarios quieren trabajarlas personalmente o poner en ellas otros cultivadores o se ven obligados a venderlas por fuerza (para pagar a los acreedores). La pugna se establece por tanto entre los derechos legales (valga la redundancia) de los señores y los derechos adquiridos de los campesinos.

En esta constitución se ve claramente que los malos usos, a los que es posible se aluda con la expresión por delitos cometidos o de otro modo por ley o derecho de señorío, no tienen en sí mismos una finalidad económica; son sólo un medio junto a otros de conseguir el objetivo propuesto: la expulsión de los campesinos de las tierras que cultivaban.

De la constitución citada parece deducirse que el señor podía desalojar a los payeses, lo que equivaldría a afirmar que aquél tenía la propiedad y éstos sólo la posesión. Pero los límites entre una y otro no eran tan claros en la Edad Media como en la actualidad. Sabemos por las Cortes de 1283 que los payeses (de remensa o no) tenían un cierto derecho de propiedad sobre las tierras señoriales puesto que podían venderlas cuando cambiaran de domicilio, aunque estaban obligados a venderlas a determinadas personas que suponemos habrá que identificar con vasallos de los señores.

Los acuerdos de 1283 o no eran suficientemente claros o cayeron en desuso en el siglo XIV, como lo demuestra el hecho de que en 1432 se hiciera preciso recordar su vigencia y explicar claramente el sentido, contrario a los payeses que, tras cambiar de domicilio, pretendían mantener sus derechos sobre las tierras y amenazaban a los señores que las ocupaban y a los nuevos cultivadores; en el plazo de un año (en 1283 no se fijaba plazo) estarían obligados a vender las tierras o a cederlas al señor junto con los documentos acreditativos de sus derechos. La constitución tendría carácter retroactivo sin limitación de fecha, con lo que sería posible desalojar a los campesinos que habían cambiado de domicilio para mejor atender al cultivo de los dos o tres mansos que hubieran podido reunir durante las épocas de escasez de mano de obra.

Si el objetivo primordial de los señores, a juzgar por los textos citados, era la reocupación de las tierras para cederlas en condiciones más ventajosas a otros payeses, para cultivarlas directamente o para venderlas, los asistentes a las Cortes de 1432 no olvidaron los malos usos y prohibieron a los payeses de remensa abandonar la tierra sin licencia señorial; en caso contrario sus bienes serían ocupados por el señor y al fugitivo le serían aplicadas las penas previstas contra quienes alteraran la paz y tregua.

Remensas o no, los campesinos ven coartada su libertad de movimiento y sus derechos sobre la tierra, pero indudablemente la situación de los primeros es peor porque las amenazas que pesan sobre sus tierras y personas son más fáciles de llevar a la práctica; sin liberarse de la remensa perde rán incluso el derecho de vender las tierras. Nada tiene de extraño por tanto que el primer objetivo a partir de 1440 sea la consecución de la libertad personal. Con la finalidad de obligar a los señores a suprimir los malos usos se forma el sindicato remensa cuyas vicisitudes y relaciones con el monarca hemos estudiado en otro lugar.

Para organizarse, los campesinos necesitaban el apoyo y la autorización del monarca. Éste precisaba el dinero y sobre todo la colaboración remensa para evitar las imposiciones que cada concesión de subsidios por las Cortes llevaba consigo y para fortalecer el poder real. La alianza entre los campesinos y el rey se afianzaría al aumentar las tensiones entre Juan II y las Cortes-Diputación; el alejamiento del rey después de la Capitulación de Vilafranca dejaba el poder a los nobles, eclesiásticos y ciudadanos, es decir, a los señores. Poco podían esperar de ellos los campesinos.

A pesar de la oposición al sindicato y a las concesiones hechas por Alfonso el Magnánimo a los remensas, al declararse la guerra la Diputación intentó llegar a un acuerdo con los campesinos: en 1462 redujo el alcance económico de la intestia, eixorquia y cugucia, suprimió en ciertos casos el dret de firma d'espoli, anuló los derechos de arcia y autorizó a los campesinos a abandonar sus tierras dejando en «manos del Consell de Barcelona y de la Generalidad la tarea de hallar una fórmula de compensación» a los señores. El acuerdo, preparado según Soldevila «por representantes de los campesinos y de los señores», no fue aceptado íntegramente ni por unos ni por otros.

Un año más tarde la Diputación haría un nuevo intento para alejar a los campesinos del campo realista. Por este nuevo acuerdo (Sentencia Arbitral de Barcelona) se declaraban extinguidos los malos usos y se limitaban los derechos de los señores única y exclusivamente a los que constaran textualmente en los contratos personales firmados entre cada campesino y el señor correspondiente. Los payeses de las zonas próximas a Barcelona, los más expuestos sin duda a la represión y quizás también los más acomodados, aceptaron la oferta de la Diputación, pero los campesinos del Ampurdán, dirigidos por Verntallat y apoyados por los ejércitos de Luis XI, se negaron a cualquier arreglo y radicalizaron sus posturas.

Vencedores en el campo de batalla, los payeses no se limitarían a pedir la supresión de los malos usos, sino que exigirían la abolición de todos los derechos señoriales e incluso de los censos pagados a los propietarios de la tierra. Los campesinos que combatieron en bando distinto al de sus señores lógicamente no pagaron ni censos ni derechos durante la guerra. Los nobles o eclesiásticos que combatieron junto a sus campesinos, fuera en el bando realista o en el de la Diputación, no tenían interés en enajenarse la colaboración de los payeses y redujeron considerablemente sus pretensiones. Igual política siguieron el monarca y sus rivales para atraer a los campesinos que habían luchado en el bando contrario: el duque de Lorena eximió a los payeses del pago de los dos tercios de los censos y derechos debidos hasta 1471, y Juan II confirmó la concesión hecha por Verntallat a los de Olot en el mismo año: exención total, aunque provisional, de censos y derechos señoriales.

Finalizada la guerra con el perdón de los vencidos y con la promesa real de que todos recuperarían los bienes confiscados y percibirían las rentas y derechos no cobrados en los últimos años, los señores intentaron hacer efectivas unas y otros, pero la resistencia campesina fue tal que Juan II se vio obligado a retrasar el cumplimiento de sus promesas y a poner freno a las exigencias señoriales. El intento del cabildo de Gerona, en 1474, de cobrar los censos de los dos años anteriores daría lugar a una proclama de Verntallat invitando a los payeses a oponerse con las armas al pago de censos y derechos. Aunque Juan II desautorizó al caudillo remensa y envió tropas reales a sofocar la sublevación, para evitar que ésta se extendiera, Fernando el Católico eximió del pago a los payeses de la Montaña y nombró a Verntallat vizconde de la Valí d'Hostoles.

A pesar o a causa de esta serie de medidas contradictorias, provocadas en parte por la necesidad de no enemistarse ni con los señores ni con los campesinos (la colaboración de todos era necesaria para recuperar el Rosellón y la Cerdaña), las tensiones no desaparecieron. En las Cortes de 1480-1481 los señores consiguieron que fuera anulada la provisión de Alfonso el Magnánimo (1455), por la que se suprimían los malos usos y la remensa. Las presiones señoriales dieron origen a la segunda guerra remensa (1484) en la que los payeses estarían acaudillados por Pere Joan Sala, que exigía la supresión de cualquier obligación hacia los señores.

Dos años más tarde, después de haber pacificado el país, Fernando el Católico dictaba la Sentencia Arbitral de Guadalupe, por la que se ponía fin al problema remensa, aunque el cumplimiento de la sentencia se prolongara durante más de veinte años. Fernando abolió los malos usos previo pago de compensaciones económicas a los señores; reconoció los derechos derivados de la propiedad de la tierra y garantizó la posesión por. los campesinos de las tierras abandonadas. Tras un siglo de lucha, los campesinos conseguían la libertad personal y lograban conservar mansos de una extensión tres a cinco veces superior a la de los siglos XIII y XIV.

Producción urbana y comercio

Cataluña, desde el siglo XIII, basa su economía en la industria y en el comercio a los que, como hemos visto, se subordina incluso la agricultura hasta el punto de que una parte considerable de las tierras, en un país que no produce los alimentos que necesita, se dedica a la producción de azafrán o de plantas textiles. Barcelona es el gran centro comercial e industrial de Cataluña y de él, de su situación, dependerá en última instancia la economía del país, por lo que dedicaremos nuestro estudio fundamentalmente a analizar la industria y el comercio barcelonés siguiendo la obra tantas veces mencionada de Claude Carrére.

Producción urbana

Las materias primas necesarias para la industria se obtienen en parte en el territorio y en parte se importan; los metales proceden en su mayor parte del exterior: el estaño de Inglaterra, el cobre de Oriente y de las tierras del imperio alemán. Las minas del Rosellón proporcionan cantidades considerables de hierro, pero también abundan las importaciones desde el Cantábrico y, sobre todo, se importa acero de Milán en bruto o en forma de armas y utensilios. Cataluña, en cambio, exporta mercurio de las minas de Sort a Aragón y al Medio Oriente, y antimonio (de la región de Falset) a los países norteafricanos de los que procede el oro, mientras que la plata se obtiene en las minas catalanas de Montros, Begur, Falset y Reus en cantidades suficientes para atender a las necesidades monetarias.

Más importantes que los metales, sobre los que no se basó ninguna industria ni comercio de gran alcance, son las materias como la cera, cuero, productos para el curtido, coral y fibras textiles, que alimentaron la gran industria y el comercio de exportación barcelonés. La cera se produce en el país, pero con frecuencia es preciso recurrir a la importación desde Grecia, Castilla, Valencia y el norte de África. Las pieles proceden de los países exportadores de ganado para carne: Aragón y Valencia principalmente, Cerdeña, Castilla y Portugal. Cataluña produce en cantidades suficientes, incluso para la exportación, los productos necesarios para el trabajo de los cueros: sal, tanino y zumaque.

El coral es la base de una gran industria de exportación y se obtiene en las costas del cabo de Creus y del Ampurdán, pero también de Cerdeña, Berbería y Sicilia, donde numerosos barcos trabajan bajo contrato anual para los mercaderes catalanes. Las fibras textiles se producen en parte en Cataluña, pero la mayoría procede del exterior: esparto de Alicante, cáñamo y lino de Alejandría, Valencia y Argel, algodón de Asia Menor, Sicilia y Malta, seda de Valencia, y lana de los grandes países ganaderos: Aragón y Castilla.

La industria barcelonesa se orienta hacia el mercado local (este tipo de industria existe ya desde 1200), para el que produce objetos de uso cotidiano y de lujo, y hacia el exterior, donde las ventas permiten compensar las exportaciones de productos alimenticios y de materias primas. Entre los artesanos figuran perfectamente diferenciados los fabricantes de velas, zapatos, toneles, cerámica, armas, colchones, peines, husos, balanzas, dados, cartas de juego, ropas..., a los que podrían unirse los barberos, médicos, pintores y taberneros, todos los cuales aparecen agrupados en cofradías; pero estas profesiones tienen una entidad menor comparadas con las de tejedores de lino o de algodón, fabricantes de jabón y de vidrio, refinadores de azúcar, plateros y fabricantes de paños de lana, cuyos productos hallan con frecuencia acogida en el exterior junto a los de las industrias especialmente concebidas de cara a la exportación: cuchillos, cueros y coral.

De todas estas industrias o profesiones, en cuyo estudio detallado no podemos detenernos, las mejor organizadas y las más importantes son las textiles y en especial la pañería o industria de la lana, cuyos centros se hallan en Perpiñán, Terrassa, Granollers, Sabadell, Sant Celoni, Caldes de Montbui, Olesa de Montserrat, Martorell, Molins de Rei, Sant Vicenc. Deis Horts, Mataró, Sant Cugat del Valles, Sant Boi de Llobregat, Barcelona..., es decir, por todo el Principado. La mayor parte de la producción se destina a los mercados exteriores y es comercializada por los mercaderes de Barcelona de los que depende en definitiva la prosperidad de todo el país.

Los orígenes de la pañería catalana de calidad se sitúan en los últimos años del siglo XIII y los primeros del XIV coincidiendo y como consecuencia de la guerra provocada por la conquista de Sicilia. Hasta estos años, los escasos centros textiles de Cataluña producían paños bastos que de ningún modo podían competir en el exterior. Los tejidos de cierta calidad o de lujo exigidos por la demanda interior y comercializados en el Mediterráneo por los catalanes procedían de Flandes y sobre todo de Francia. Al declararse la guerra entre catalanoaragoneses y franceses, Felipe IV el Hermoso puso dificultades a la exportación de paños; los catalanes, obligados a auto-abastecerse y a disponer de los paños que exigían sus clientes o a pagar en moneda los productos adquiridos en Levante y norte de África, perfeccionaron su industria pañera con la colaboración de artesanos llegados de los centros textiles europeos.

La iniciativa partió sin duda de los grandes mercaderes importadores, reexportadores, los más afectados por las medidas francesas y los únicos que disponían de capital suficiente para adquirir locales y maquinaria, pagar las materias primas y los salarios... Indudablemente estos grandes mercaderes participaron en la elaboración de las primeras ordenanzas de la pañería barcelonesa, redactadas en 1308 y puestas en vigor nueve años más tarde. La nueva industria nacía con vocación exportadora y para ello necesitaba uniformidad dentro de una calidad aceptable y competitiva; gran número de los capítulos de dichas ordenanzas están dedicados a fijar los aspectos técnicos de la producción: clases de lana, operaciones que debe sufrir hasta el acabado, tipos y clases de telares, cardas, peines, longitud de los paños...

De los veintinueve artículos que contienen las ordenanzas, veintiséis se refieren a aspectos técnicos y los restantes a la vigilancia, nombramiento de los veedores o cónsols y distribución de las multas cobradas a los infractores; para nada se alude a la función social del gremio o cofradía ni a las pruebas que deberían sufrir los artesanos. Las ordenanzas se han elaborado única y exclusivamente para garantizar la calidad de los paños; en su redacción, al menos oficialmente, no intervinieron los artesanos sino sólo los «consellers e prohomens de la Ciutat, ab volentat del Veguer», es decir, el municipio, los mercaderes y el poder real.

Entre los distintos oficios que componen el de la pañería (no se llegará a una división clara hasta el siglo XV en que cada oficio tendrá sus propias ordenanzas) destacan por su importancia los de los pelaires, tejedores y tintoreros, entre los que se eligen los cinco cónsules: dos pelaires, dos tejedores y un tintorero; éstos son responsables ante el veguer y deben actuar de acuerdo con los consellers, tanto para corregir los fraudes y modificar o interpretar las ordenanzas como para elegir a sus sucesores en el cargo.

Las primitivas ordenanzas fueron modificadas por los consellers en 1383 y en la nueva redacción, junto a diversas normas de carácter técnico, se introdujeron novedades importantes: cada tejedor debería tener una marca o señal propia y todos y sólo los paños fabricados en Barcelona, de acuerdo con las ordenanzas llevarían una «B» como señal de su origen. Los paños de Barcelona estaban suficientemente prestigiados y era preciso no sólo mantener su calidad, sino también evitar que se vendieran como tales los fabricados en otros lugares. También fue modificado el número y la clase de cónsules; serían tres: un mercader elegido por los consellers, un pelaire elegido por los pelaires y un tejedor. El papel desempeñado en la organización de la pañería por los mercaderes y su vinculación con el municipio es suficientemente claro.

Hasta esta fecha la pañería constituye Un todo y está controlada por los mercaderes, directamente o a través del municipio, pero la situación cambiaría en los años siguientes; al acentuarse lo que Vicens ha llamado el paso de una sociedad de capitalistas a otra de rentistas, los grandes mercaderes-patricios se desinteresan del comercio y con su actitud dejan de representar en el municipio a los pequeños mercaderes y a los artesanos. Éstos ven amenazado su modo de vida e intentan preservarlo por un doble camino: redactando ordenanzas propias de cada oficio en las que se dará preferencia a los aspectos sociales: ayuda mutua, pruebas de acceso para llegar al grado de maestro..., y tomando el poder en la ciudad con el apoyo de Pedro el Ceremonioso del que consiguieron en 1386 una modificación en el régimen municipal de Barcelona en el que en adelante mercaderes y artesanos estarían en igualdad de condiciones que los ciudadanos honrats.

La reforma municipal (sería anulada pocos meses más tarde por Juan I) había sido precedida de actuaciones independientes de los maestros de los oficios. La crisis económica les afectaba en un doble sentido. Por un lado, y de ello culpaban al desinterés de los ciudadanos honrados, las exportaciones habían disminuido considerablemente; por otro, los maestros tenían que hacer frente a las reclamaciones de oficiales y aprendices cuyos salarios eran insuficientes ante la continua subida de los precios. Las diferencias que aparecen ahora entre los distintos oficios de la pañería (pleitos entre pelaires, tejedores, tintoreros y molineros de trapos) y dentro de cada uno no son ajenas a las dificultades económicas. Los maestros de cada gremio pretenden actuar independientemente y solicitan del rey permiso para reunirse, tener su propia casa y sello, imponer cuotas a los afiliados, redactar sin los consellers nuevas ordenanzas y someter a la autoridad de los maestros a todos los trabajadores.

Estas atribuciones de los maestros artesanos y la independencia de los gremios serían anuladas por Juan I en 1387. Pero del mismo modo que las reformas municipales no fueron anuladas totalmente, también los maestros de los gremios obtuvieron algunas concesiones. En este mismo año fueron redactadas nuevas ordenanzas por los consellers y prohombres de la ciudad con el asesoramiento de doctores, proceres y mercaderes. Los gremios lograron ser tenidos en cuenta y que fueran oídos «expertos en la práctica de dichos oficios y de cada uno de ellos»; antes de ser promulgadas fueron leídas ante los «síndicos y procuradores de cada uno de los dichos oficios». Los delitos cometidos por los maestros fueron perdonados y el malestar de los obreros fue calmado mediante la disminución de los impuestos y de los precios de artículos de primera necesidad, lo que no impediría al descontento popular manifestarse violentamente en los disturbios contra judíos y ricos en 1391.

En 1402 serían aprobadas nuevas ordenanzas por las que, ante la persistencia de la crisis, se prohibía ejercer como tejedores a los no vecinos de la ciudad y se dictaban normas para evitar la competencia entre los distintos maestros. A lo largo del siglo XV se introducirían nuevas modificaciones entre las que predominan las de tipo social: años y condiciones en que debería realizarse el aprendizaje de cada oficio, requisitos para acceder al grado de maestro: conocimiento del oficio, dinero para montar el obrador, pago de una cuota relativamente elevada y distinta para nacionales y extranjeros; limitación del número de obreros que puede emplear cada maestro.

En general puede afirmarse que todas estas medidas tendían a evitar la competencia y a asegurar el modo de vida de los maestros y a mantener la continuidad en el trabajo. Pero todas las disposiciones fueron inútiles para hacer frente a la crisis. La pañería catalana y en particular la barcelonesa mantuvo durante estos siglos sus caracteres originales: estuvo siempre sometida a las autoridades municipales, se creó para sustituir a los paños franceses, y fue este tipo, de calidad intermedia, el que predominó; por esto los paños catalanes nunca pudieron competir con éxito con los paños de lujo procedentes de Flandes o de Italia; por último, toda la producción dependía excesivamente de la exportación, lo que la hacía extraordinariamente vulnerable.

Contra estas realidades lucharán los maestros artesanos durante todo el siglo XV pidiendo medidas proteccionistas para asegurarse el monopolio del mercado interior; intentando crear una industria de lujo; exigiendo modificaciones en el valor de la moneda para hacer competitivos sus productos en el exterior; por último, intentando conquistar el poder municipal para, desde él, llevar a la práctica las reformas que consideran necesarias. Todos estos intentos, en los que estuvieron apoyados por los mercaderes, fracasaron según tendremos ocasión de ver en otro apartado. La guerra civil —culminación de la crisis política, social y económica— acabaría por arruinar de un modo prácticamente total a esta poderosa industria de exportación.

Ante la imposibilidad de referirnos una por una a todas las industrias barcelonesas, resumiremos —siguiendo una obra inédita de Pierre Bonnassie— la situación general a fines del siglo XV. Los trabajadores barceloneses aparecen agrupados en oficios y cofradías. El oficio lo forman todos los trabajadores que ejercen una misma profesión, mientras que la cofradía es la agrupación de estos trabajadores con objetivos concretos. Conviene recordar que estos trabajadores agrupados son solamente los maestros, excepto en el gremio de los coraleros, en el que se admite también a los oficiales.

La cofradía tiene un doble carácter: organismo de administración y defensa del gremio (de los maestros) y sociedad de socorros mutuos o de previsión social; y surge con posterioridad al gremio, en épocas de dificultad. De los quince gremios existentes en Barcelona a fines del siglo XV sólo uno no exige como requisito para poder trabajar en el oficio el de ser miembro de la cofradía; seis niegan el derecho a trabajar a quienes no sean cofrades; los restantes permiten trabajar, pero obligan a cotizar a quienes no ingresen en la cofradía, con lo que tienen todos los inconvenientes y ninguna de las ventajas.

Cada año se realiza una junta general de los cofrades, pero normalmente las decisiones las toman los cónsules o delegados, cuyo nombramiento es anual. La administración de los fondos corresponde al clavari o tesorero, cuyo cargo es anual. Cada cofradía tiene sus bienes propios (muebles e inmuebles) que pueden proceder de donaciones y compras. La parte más importante de estos bienes se halla en dinero obtenido mediante las cotizaciones regulares cobradas semanalmente, los derechos de ingreso en la cofradía, derechos de examen y multas impuestas a quienes infringen las disposiciones de los cónsules... Este dinero se dedica a obras caritativas y religiosas: celebración de la festividad de los patronos, gastos de funeral de los cofrades, pensiones de vejez o invalidez, creación de dotes para las hijas de los cofrades...

La organización de estas cofradías a fines del siglo XV es extremadamente rígida: sólo los maestros pueden abrir un taller y tener una marca de fábrica; nadie puede ser maestro sin estar aprobado por la cofradía y sólo en estos talleres se puede trabajar, con lo que se evitan los trabajos particulares de los oficiales y se pone coto a los intentos de los comerciantes de crear pequeños talleres y de controlar la industria. La alianza de los maestros funciona frente a los otros gremios (los pleitos son numerosos), frente a los artesanos de categoría inferior y también para repartirse el trabajo entre ellos.

Se evita la competencia limitando el número de obreros, aprendices y esclavos que puede tener cada maestro; sólo se permite la existencia de un taller por maestro; el trabajo es repartido por los cónsules en todos los casos, aunque los encargos se hagan a título personal a alguno de los maestros. También las materias primas aparecen colectivizadas; pueden ser compradas directamente por la cofradía o por los particulares, pero en todos los casos son distribuidas por los cónsules, que conceden una parte a los cabezas de familia y la mitad a los maestros solteros. Estas disposiciones evitan la competencia, pero frenan la producción y la iniciativa y llevarán a la ruina a la industria catalana.

Los maestros se hallan asistidos por los oficiales y aprendices, todos los cuales viven en el domicilio del maestro; los oficiales pueden ser contratados para trabajar a destajo cobrando por piezas o mediante una participación en los beneficios que oscila entre los dos tercios y los tres cuartos. Los aprendices no reciben salario sino sólo el sustento y, en ocasiones, tienen que pagar para aprender el oficio. El aprendizaje suele durar de tres a cuatro años y se inicia entre los 10 y los 15 para los auténticos aprendices y entre los 18-25 para quienes han aprendido el oficio en otros lugares y se trasladan a Barcelona para perfeccionar sus conocimientos. En su mayoría son hijos de menestrales, aunque no exista ninguna norma que aleje a los demás del oficio. A fines del siglo XV el atractivo de los gremios textiles es tan reducido que el setenta por ciento de los aprendices proceden de fuera de Barcelona, son campesinos emigrados.

Mientras cada vez se desarrolla más el tipo de reglamentación que hemos citado (los gremios se cierran en sí mismos), caen en desuso las normas de tipo técnico. El gremio, concebido de cara a los mercados exteriores, se ve imposibilitado de hallar salida a sus productos. En el interior no puede venderlos por ser demasiado buenos y demasiado caros; si quiere vender tiene que abaratarlos y para ello se utilizan materiales de mala calidad. Surgen talleres clandestinos no autorizados por las cofradías y apoyados por las autoridades municipales. A fines del siglo XV se produce una crisis incluso dentro de las cofradías en las que se intenta suprimir la cláusula del taller único; los maestros no se atienen al número de obreros fijado, se niegan a repartir la materia prima y, en resumen, se rompe la unidad corporativa desde el momento en que los consellers inician una política de relanzamiento de la economía a petición de Fernando el Católico.

Las cofradías, que han servido para defender los intereses de los maestros en los momentos de dificultad, se han convertido en una remora para el desarrollo económico a fines del siglo XV. Las autoridades municipales serán las más interesadas en desorganizarlas permitiendo ejercer los oficios a los no cofrades, suprimiendo los monopolios, rebajando los derechos de examen, poniendo fin a los privilegios de los hijos de los maestros, atrayendo a los artesanos de fuera de Barcelona, facilitando la instalación de los oficiales y dando nuevo vigor a las ordenanzas de carácter técnico.

Organización de las actividades comerciales

La historia de Cataluña durante la Edad Media es ininteligible sin conocer a sus mercaderes; ellos facilitaron o hicieron posible la expansión político-militar por el Mediterráneo en los siglos XIII-XIV; sus importaciones suplieron las deficiencias alimenticias e industriales de Cataluña y sus exportaciones fueron la base de la riqueza y del bienestar de los catalanes. Mientras el comercio se mantiene, Cataluña conserva su papel hegemónico en la Corona y en el Mediterráneo occidental, y cuando las actividades comerciales decaen, se inician o aumentan las tensiones sociales en el campo y en la ciudad y se producen los enfrentamientos entre el poder monárquico y los dirigentes del país. Conflictos sociales y luchas políticas confluyen en la guerra civil tras la cual Cataluña entra en un período de decadencia que se prolongaría durante cuatro siglos.

Desde fecha temprana los textos catalanes reflejan el interés de la sociedad por los mercaderes a los que se reconoce, ya en el siglo XI, la libertad de movimiento para ellos y para sus mercancías con las solas limitaciones —desde fines del XIII— de exportar productos estratégicos (pez, madera para barcos, hierro, armas...) a los países enemigos, caballos en cualquier caso, puesto que son necesarios para la defensa del territorio, y productos alimenticios en caso de escasez. Salvadas estas limitaciones, fácilmente comprensibles, los mercaderes pueden negociar con cristianos, judíos y musulmanes, a pesar de las prohibiciones puestas por Roma para comerciar con los últimos. El comercio con el norte de África fue siempre libre. Para negociar con Egipto y Siria, donde los intereses catalanes eran menores, el rey se limitó a cobrar unas multas previamente fijadas.

El mercader barcelonés goza desde el siglo XIII de algunas ventajas adicionales; la ciudad consiguió para él de Jaime I e hizo renovar por los reyes posteriores un privilegio de exención de cualquier impuesto (peajes, aduanas, derechos de peso...) en todos los territorios de la Corona. Cada mercader viaja por tanto con una carta de ciudadanía en la que se expresan sus privilegios. La ciudadanía alcanza no sólo a los nacidos en Barcelona, sino también a cuantos poseen en la ciudad domicilio fijo, viven de sus propios recursos, pagan los impuestos y cumplen las obligaciones de todo ciudadano.

Estos privilegios van acompañados de medidas contra los extranjeros en los momentos en que su presencia puede ser peligrosa para los mercaderes catalanes; en 1265 Jajme I prohibió residir y comerciar en Barcelona a lombardos, florentinos, sieneses y luqueses; Jaime II adoptó medidas similares sesenta años más tarde; en 1401 Martín I negó el derecho a comerciar en las tierras de la Corona a gran número de italianos. Pero estas decisiones no podían ser sostenidas bajo pena de ver aplicar medidas semejantes a los catalanes en el exterior; los monarcas prefirieron autorizar a los extranjeros a comerciar y percibir un tanto del valor de sus mercancías.

La libertad individual y las medidas de tipo proteccionista no eran suficientes. Para defender los intereses de los mercaderes como grupo tanto en el interior como en el exterior y para resolver los conflictos surgidos entre ellos los mercaderes necesitan agruparse, tener su propia organización que será creada y autorizada por el monarca y por la ciudad de Barcelona en el siglo XIII. El Consulado del Mar tendrá sus propios representantes o cónsules oficialmente desde 1272. En 1347 Pedro el Ceremonioso crea la figura del juez de apelaciones.

Los cónsules, cuyo cargo dura un año, son dos y uno ha de pertenecer al grupo de los ciudadanos honrats y debe haber sido previamente miembro del Consejo de Ciento; el otro es un mercader; el juez de apelación —elegido siempre entre mercaderes— tiene que haber sido antes cónsul. Todos son elegidos por los consellers de la ciudad a través de un procedimiento indirecto: los miembros del Consejo de Ciento delegan en una comisión de doce (cuatro ciudadanos, cuatro mercaderes, dos artistas y dos artesanos); éstos eligen dentro de una lista presentada por los consellers y que pueden reducir o ampliar libremente. Nombrados, los cónsules y el juez tienen independencia absoluta durante su mandato para juzgar los pleitos entre mercaderes y marinos. El tribunal y la mayor parte de las actividades comerciales se desarrollan desde el siglo XIV en un local propio, la Lonja, cuya construcción fue pagada mediante un impuesto sobre el tráfico marítimo y comercial creado en 1337 a petición de los mercaderes.

Cónsules y juez tienen independencia para juzgar los pleitos de acuerdo con las costumbres y leyes del mar contenidas en el Libro del Consulado, pero al igual que los artesanos dependen demasiado estrechamente del Consejo de Ciento de Barcelona y, a través de él, de los ciudadanos honrados; como los maestros de los gremios intentarán en la segunda mitad del siglo XIV oponerse al predominio de los ciudadanos y crear sus organismos propios. Un gran número de mercaderes formará parte del grupo reformista que obtuvo de Pedro el Ceremonioso un cambio del régimen municipal de Barcelona. Aunque esta reforma no prosperó, en 1394 los mercaderes consiguieron de Juan I el derecho de reunirse donde y cuando quisieran para tratar sus propios asuntos bajo la dirección de los cónsules y en número no superior a veinte ni inferior a diez; para elegir delegados que representaran sus intereses (defenedors de la mercadería), puesto que los cónsules se hallaban absorbidos por las tareas judiciales; para crear impuestos (dret de la mercadería o dret del periatge) sobre las mercancías, barcos, mercaderes y patrones de naves, es decir, para disponer de recursos propios que les permitieran defender mejor sus intereses.

Los ingresos del periatge sirvieron para pagar lo que podríamos llamar gastos burocráticos del Consejo de los mercaderes: salario de los oficiales y del encargado del faro de Montjuic, sostenimiento de la Lonja...; para obtener, mediante regalos, la benevolencia o agradecer la colaboración de algunos oficiales del rey; para ayudar a la construcción de un puerto artificial iniciado por la ciudad en 1439; para obtener informaciones sobre la. situación del comercio, actividades de los piratas... y para intervenir donde y cuando los intereses de los mercaderes se hallaran amenazados. Esta intervención reviste muchas formas: desde el envío de representantes con poderes para negociar, hasta la defensa legal ante las autoridades nacionales y extranjeras y el armamento de naves y flotas para combatir a los corsarios y piratas que dificultan el comercio.

La jurisdicción de los Cónsules del Mar se reduce al territorio y a los mercaderes de Barcelona (existen consulados en diversas ciudades de la Corona), pero los mercaderes de la capital del Principado ejercen una misión de control y protección de todos los mercaderes, no sólo de los barceloneses, a través de otra institución creada igualmente en el siglo XIII: los cónsules de los catalanes en el extranjero, cuyo nombramiento incumbe desde 1268 a la ciudad de Barcelona y recae frecuentemente en la persona de mercaderes barceloneses.

Estos cónsules de Ultramar, nombre que reciben en el Mediterráneo, o huéspedes, como se los designa en el Atlántico, existen allí donde hay una colonia relativamente importante de mercaderes de la Corona; tienen como misión defender los derechos y privilegios de sus conciudadanos (no sólo de los mercaderes aunque éstos fueran los más numerosos) ante las autoridades y gobiernos extranjeros y administrar justicia a todos los súbditos de la Corona asentados o de paso en las zonas sometidas a la jurisdicción de cada consulado. En muchos casos los cónsules actúan como agentes del monarca, lo que explicaría la aprobación de los nombramientos por el rey en el siglo XV, y llevan a cabo misiones diplomáticas.

La actividad comercial exige una preparación, una formación especifica que se adquiere al lado de mercaderes experimentados con los que se firman contratos de aprendizaje, o junto a los familiares cuando éstos se dedican al comercio. Pero los conocimientos (existen incluso libros de mercadería con informaciones sobre calidades, precios, impuestos, monedas...) no bastan para ejercer la profesión de mercader; sin duda, algunos pueden contratarse como factores al servicio de otros o de las grandes compañías, pero la mayor parte tienden a establecerse por su cuenta y para esto hace falta dinero, es decir, pertenecer a familias acomodadas. Sólo cuando se ha demostrado la capacidad del mercader confían en él otras personas y le prestan su dinero o forman con él compañías comerciales.

A diferencia de lo que ocurre en Italia, donde los grandes mercaderes apenas se desplazan y realizan las operaciones por medio de agentes, el mercader barcelonés viaja constantemente y comercia de modo personal, aunque no siempre el dinero o las mercancías que negocia le pertenezcan íntegramente, porque los beneficios del comercio atraen a numerosas personas que entregan su dinero o sus productos a los mercaderes, quienes en unos casos reciben una comisión y en otros comparten con los prestamistas los beneficios y los riesgos de acuerdo con las normas fijadas en los contratos de comenda.

Este tipo de contratos suele realizarse para operaciones concretas y no desempeñó un papel importante en la actividad comercial, aunque proporcionara una ayuda considerable al mercader que podía obtener dinero sin pagar los intereses habituales. Más corriente fue la constitución de compañías de mercadería o asociación de diversas personas para reunir fondos y comerciar durante un período de tiempo fijado previamente; las gestiones eran confiadas a uno o más directores que recibían un salario fijo o una participación en las ganancias y, una vez deducidos los gastos, se distribuían los beneficios proporcionalmente al capital invertido. Las tasas de interés en este tipo de asociación oscilan entre el 10 y el 15 por ciento en los casos que conocemos.

La actividad del mercader catalán, orientada fundamentalmente hacia el Mediterráneo, no se concibe sin la de los marinos, sin la existencia de una flota capaz de atender al transporte de las mercancías. Esta flota comercial existe ya en el siglo XIII y es objeto de medidas proteccionistas como las tomadas por Jaime I en 1227 al prohibir a las naves extranjeras aceptar carga en Barcelona para Siria, Egipto y el norte de África mientras hubiera en el puerto barcos catalanes que quisieran y pudieran hacer el transporte.

En la construcción de los barcos intervienen gran número de personas: leñadores, carpinteros, calafates, herreros, fabricantes de velas y de cuerdas... cuyas actividades son vigiladas estrechamente por la ciudad para evitar toda clase de fraudes que pudieran dificultar la navegación y, por consiguiente, el comercio. A los gastos de construcción se añaden los de armamento, necesario para defenderse de los piratas o practicar el corso, y de las cartas de navegar exigidas por Pedro el Ceremonioso desde 1354. El permiso de navegación sólo es concedido después de que los cónsules del mar han inspeccionado el barco y su tripulación.

Gastos de construcción y de mantenimiento y pago de los salarios a la tripulación son demasiado altos para una sola persona. Con frecuencia la propiedad del barco se halla dividida entre dos, cuatro, ocho o dieciséis individuos, aunque casi siempre el patrón de la nave se reserva una parte superior a la de los personeros. Además de los beneficios o pérdidas que puedan corresponderle en proporción al capital invertido, el patrón recibe un salario por sus funciones específicas: reclutar y pagar a la tripulación, mantener el barco en buen estado y concertar las operaciones de transporte bajo su exclusiva responsabilidad.

Los derechos de los personeros y de los mercaderes que alquilan la nave se hallan garantizados por la presencia en el barco de un escribano encargado de anotar gastos e ingresos, de vigilar la carga y descarga de las mercancías, de registrarlas y de efectuar las compras necesarias para el buen funcionamiento de la nave, en la que viaja generalmente un representante de quienes la alquilan que recibe el nombre de escribano de los mercaderes.

El número de los tripulantes varía considerablemente según la capacidad y el tipo del barco; las galeras, movidas a remo, exigen más de doscientas personas y quizás fuera ésta la causa de que la mayor parte de las galeras existentes en Cataluña pertenecieran a las ciudades o a la Diputación del General. El coste de este tipo de nave, apreciada por su rapidez y maniobrabilidad, no era superior al de otras de igual capacidad, pero su mantenimiento resultaba excesivamente costoso a causa del gran número de tripulantes que exigía y sólo podía ser rentable en viajes concretos: cuando se transportaban mercancías de poco peso y alto precio; para estos viajes (transporte de especias y de tejidos de lujo procedentes de Flandes generalmente) los particulares alquilaban las galeras a la Diputación, que necesitaba este tipo de nave para defender las costas.

Las obligaciones y derechos de la tripulación se hallan perfectamente regulados: el marinero, aparte de las tareas propias de su cargo, estaba obligado a remolcar el barco para entrar en el puerto, a ayudar a desencallarlo, a participar en el transporte del agua, madera o bizcocho que se necesitara, a cargar y descargar las mercancías y a efectuar las reparaciones que fueran precisas. No podía ser despedido hasta que finalizara su contrato, excepto en los casos de robo, desobediencia o rebelión, ni ser sustituido por otro que se ofreciera a realizar el trabajo por menos dinero. Su alimentación incluía vino dos veces al día, carne tres días por semana y platos cocinados los demás a mediodía, y pan, queso o tocino o pescado por la tarde. Además del salario fijado se permitía a los marineros transportar en el barco algunas mercancías de su propiedad.

Los barcos podían ser alquilados durante un cierto tiempo o para un viaje concreto; para transportar una cantidad mínima de mercancías o completos. En este último caso el mercader que se hace responsable del alquiler recurre frecuentemente a ceder una parte de sus derechos a otras personas con las que establece los contratos oportunos. Puede fijar el número de tripulantes, la clase de armas que deben llevar, la fecha de partida, el itinerario, las escalas... y en muchas ocasiones se reserva el derecho de no aceptar una mercancía similar a la suya para evitar la competencia.

Crisis comercial y financiera

Las actividades comerciales repercuten directamente sobre un gran número de catalanes: mercaderes propiamente dichos, marineros, comanditarios, personeros, socios de las campañías de mercadería... e indirectamente sobre el conjunto de la población: los campesinos dependen de los mercaderes para dar salida a sus cosechas de azafrán y para comprar los artículos que no producen; los artesanos para obtener las materias primas y exportar su producción, y todos para conseguir los alimentos que el país no produce. El mantenimiento de este comercio exterior y el equilibrio entre importaciones y exportaciones será por tanto decisivo para comprender la crisis catalana de los siglos XIV y XV.

Aparentemente las catástrofes del siglo XIV fueron beneficiosas para este comercio a larga distancia; según Pierre Vilar la crisis demográfica «favoreció momentáneamente la concentración de las fortunas en pocas manos. La masa de la moneda en circulación siguió siendo la misma para una población y una producción notablemente amputadas», el alza de los precios animaría las actividades de especulación comercial y también de exportación durante algún tiempo; el enriquecimiento, por acumulación de herencias, de una parte de la población estimularía la compra de objetos de lujo y el comercio, incluso el internacional, pudo mantenerse aparentemente intacto durante algunos años e incluso superar los niveles de épocas anteriores, pero ignoramos en beneficio de quién se realiza este comercio y cabe suponer que desde 1380 quienes lo controlan no son catalanes, sino italianos y, quizás, castellanos a los que vemos establecerse en Cataluña en suficiente número como para tener sus propios cónsules en 1390.

Es suficientemente conocido el hecho de que entre 1381 y 1383 quebraron los principales bancos catalanes arruinados por los préstamos hechos a la Corona y no devueltos. Si en adelante la monarquía recurre a los servicios de prestamistas y banqueros genoveses y florentinos y de los conversos castellanos y aragoneses, parece lógico admitir que también serían ellos quienes financiaran las operaciones comerciales. El gran número de naves vizcaínas que efectúan el transporte de los productos llegados a y salidos de Barcelona y el hecho de que Martín I tuviera que contratar los servicios de marinos y corsarios castellanos para la guerra contra Marsella y los angevinos es suficiente prueba de que el comercio internacional, por importante que fuera, no se hallaba totalmente en manos de los catalanes ya que éstos no poseían ni los capitales ni los barcos necesarios para mantener el ritmo de importaciones y exportaciones.

Como han señalado Vicens y Vilar, la crisis financiera de 1381 tuvo importantes repercusiones, agravadas por la guerra de corso existente entre Cataluña y Genova. El comercio dejó de ser seguro y quienes disponían de algún dinero lo invirtieron cada vez menos en las actividades mercantiles; se prefieren beneficios menores pero seguros y la institución que recoge estos capitales es la taula de canvi, la primera de las cuales fue creada por la ciudad de Barcelona en 1301. La garantía del pago de las rentas la proporcionan— los ingresos municipales; la taula se nutre de los depósitos hechos por particulares y del dinero que obligatoriamente se ordenó depositar en ella. «De este modo —afirma Vicens— quedaron inmovilizados en la taula muchos capitales, con evidente perjuicio para la flexibilidad del mercado de dinero en las sucesivas coyunturas que se presentaron. Constituyó, pues, un bloqueo que congeló el dinero en Cataluña, en el preciso momento en que éste requería ser más ágil». Otros ciudadanos prefirieron invertir en la compra de tierras, lo que les permitía aproximarse socialmente a la nobleza. La burguesía en general desarrolló una tendencia extraordinaria al consumo de artículos de lujo. En todo caso numerosos capitales que antes se invertían en el comercio se dedican ahora a otras actividades: se ha pasado o se está pasando de una sociedad de empresarios a otra de rentistas.

Estas dificultades del comercio catalán a fines del siglo XIV y el absentismo de gran número de mercaderes, se reflejan en las alteraciones sociales y en los intentos de modificar el régimen municipal de Barcelona en 1386. Las medidas adoptadas permitieron mantener las actividades comerciales aunque fueran llevadas a cabo en gran parte por extranjeros, pero el gran comercio no pudo superar la crisis de mediados del siglo XV. De un promedio de dos o dos millones y medio de libras en 1423-1424 se pasó a negocios por valor de quinientas mil en los años 1448-1456, es decir, durante los años en los que la lucha por el gobierno de Barcelona alcanzó mayor virulencia.

Los conflictos internos —consecuencia en parte de la crisis comercial— y el cambio de la situación internacional (auge de Marsella apoyada por Francia) agravaron las dificultades, que no serían superadas al menos hasta 1490. Los intentos de Fernando el Católico de reorganizar la economía catalana darán sus frutos a partir de los primeros años del siglo XVI, pero en aquellos momentos los países mediterráneos habían quedado definitivamente apartados del gran tráfico comercial; sólo los banqueros italianos participarán de él mediante los préstamos y adelantos hechos a portugueses y castellanos.

Rutas y productos comerciales

Las direcciones, productos y situación del gran comercio catalán en los siglos XIV-XV son conocidos gracias a los trabajos de Claude Carrere. En la Península sólo los intercambios con Aragón y Valencia tienen importancia, y en todo caso son deficitarios para Cataluña. A través del eje terrestre Zaragoza-Lérida-Barcelona y del fluvial marítimo Barcelona-Tortosa-Zaragoza llegan a Cataluña trigo, corderos, lana, madera y azafrán aragonés a cambio de especias orientales, tejidos de lujo italianos y flamencos y esclavos. Desde Zaragoza, los mercaderes catalanes llegan en operaciones esporádicas hasta Navarra y Castilla donde venden pieles de lujo y joyas.

En Valencia se obtiene miel, lana, cueros, papel, seda, arroz, almendra, azúcar, lino y anís; en Alicante, esparto y frutos secos. Muchos de estos productos vuelven a exportarse a otros países. El comercio en esta dirección es deficitario y da lugar a continuos envíos de dinero por parte de los catalanes, a pesar de los intentos de lograr un equilibrio mediante la reexportación de trigo siciliano a la ciudad de Valencia o mediante la inversión de capitales en el reino valenciano. La sangría monetaria que representa este comercio se compensa en parte con la venta de los artículos adquiridos.

Con Granada las relaciones comerciales (compra de azúcar y seda) se realizan casi siempre a través de intermediarios valencianos y genoveses. En el Atlántico la presencia catalana disminuye desde mediados del siglo XIV, quizás como consecuencia de la guerra castellano aragonesa, y las naves de Andalucía y del Cantábrico sustituyen en muchos casos a las catalanas en el transporte de paños, cuchillos, plomo, antimonio, especias y algodón a Sevilla, y de cereales y cueros a Barcelona. A fines del siglo el tráfico comercial estará en manos de castellanos afincados en Barcelona que importan cueros y atún a cambio de especias, paños y esclavos negros, pero este comercio nunca tuvo demasiada importancia ni tampoco el realizado con Portugal, Galicia y el País Vasco, de donde se importa pescado seco o salado, cueros e hierro.

En Europa los contactos de mayor interés se realizan con el sur de Francia, donde la pañería catalana es suficientemente apreciada desde el siglo XIV, pero las ventas más importantes son siempre de artículos que Cataluña no produce y que, por tanto, debe importar a su vez: azúcar, alumbre, frutos secos, algodón, especias y drogas. Los catalanes compran en el Languedoc trigo y pastel para la industria textil aunque no en grandes cantidades. A través del Languedoc llegan igualmente artículos procedentes del valle del Ródano, de Alemania y de Lombardía: telas de lino y de cáñamo, fustanes, hilos, papel, cobre y latón de Alemania, objetos de acero de Lombardía... Este comercio, asegurado por barceloneses y mont-pellerinos pasa, a partir de 1420, a manos de los alemanes que compran en Cataluña, Aragón y Valencia azafrán y especias. El mantenimiento de este comercio dependerá en definitiva del control del mercado de las especias, la principal moneda de intercambio para los catalanes.

Las relaciones comerciales con Flandes e Inglaterra son conocidas desde fines del siglo XIII y tienen suficiente importancia como para que mallorquines, valencianos y catalanes pidan en 1389 la protección de galeras armadas. Pero el excesivo coste de estas naves alejaría a los marinos catalanes de la ruta atlántica y el transporte sería asegurado por venecianos y castellanos, en cuyas naves llegan a Flandes e Inglaterra especias, azúcar, colorantes, incienso, frutos secos... a cambio de los cuales se compran paños de lujo, hilos, sombreros, pieles, arenques, objetos de hierro, latón, cobre y estaño, armaduras y armas, muebles, objetos de arte y lana inglesa desde el momento en que los artesanos de Barcelona decidieron crear una pañería de lujo.

El comercio con Flandes, a pesar de su importancia, causa más perjuicios que beneficios a los catalanes. Los productos que se venden no son fabricados ni producidos en Cataluña, a excepción del azafrán, y en ningún caso bastan para pagar los paños y artículos de lujo importados que sí se consumen íntegramente en el Principado. A la sangría monetaria que supone este comercio (las ventas son inferiores en un tercio a las compras) se añaden los perjuicios causados a la industria textil catalana, pero este comercio se halla en manos de grandes mercaderes que opondrán una fuerte resistencia a las medidas proteccionistas exigidas por los tejedores barceloneses en el siglo XV.

El Mediterráneo central y oriental completan durante este período el campo comercial de los catalanes, cuyas actividades podemos seguir en Toscana, Génova, Lombardía y Venecia; en Nápoles, Cerdeña, Sicilia y norte de África (a excepción de Marruecos), y en Ultramar: Rodas, ciudades del mar Egeo, Siria y Egipto.

El comercio con el centro y norte de Italia presenta algunas peculiaridades. Tanto Barcelona como las ciudades italianas tienen los mismos clientes y proveedores para idénticos productos: especias de Levante que se venden en el Atlántico, en —el norte de África y en la Península, artículos norteafricanos comprados a cambio de productos manufacturados..., lo que lleva a una rivalidad comercial y política, a una competencia que no excluye los intercambios entre barceloneses e italianos. Los primeros reexportan materias primas compradas en Aragón o Valencia (lana fundamentalmente) y los segundos venden paños de lujo que Barcelona no produce.

El comercio con Toscana es favorable a los catalanes hasta fines del siglo XIV. Los tejidos italianos no tienen suficiente aceptación en el Principado y en cambio la lana de Castilla, Aragón o Valencia es imprescindible en Italia. Pero desde la quiebra de los bancos catalanes (1381-1383) el número de florentinos instalados en Barcelona aumenta continuamente. Banqueros y cambistas realizan operaciones de crédito, pero también sustituyen a los catalanes en la compra de lanas o se instalan en Valencia y Aragón para evitar a los intermediarios barceloneses, introducen los paños florentinos, compran para revenderlos a terceros paños catalanes y transportan en sus naves los artículos comprados o vendidos en Flandes por los barceloneses, cuya participación se reduce cada vez más al transporte de la lana desde el puerto de Tortosa. Las medidas tomadas contra los florentinos, expulsión en 1401 y prohibición de vender paños de seda, oro y lana en 1422, tendían a equilibrar la balanza comercial y a favorecer a la industria catalana. Pero los dirigentes de Barcelona se opondrían a ambas medidas y la presencia florentina se acrecentaría a lo largo del siglo XV.

Con Génova la guerra y el corso alternan con las relaciones comerciales. La ocupación de Cerdeña en 1323-1324 y la penetración de los catalanes en el comercio norteafricano convierten a Barcelona y Génova en rivales frecuentemente en guerra. Pero la industria catalana necesita el alumbre y el pastel comercializados por los genoveses; la ciudad italiana, por su parte, no puede prescindir de la lana controlada por los mercaderes catalanes ni de los paños de Barcelona, que son una mercancía aceptada en Levante. Guerra y comercio se mantendrán, pues, pero este último será realizado en épocas de guerra por intermediarios neutrales, por transportistas castellanos.

De la misma forma que Barcelona es ante todo un intermediario en el comercio de la lana, entre los productos vendidos por los genoveses figuran el pastel, fustanes y objetos de acero de Lombardía. Si los genoveses intentan prescindir de los catalanes recurriendo a la lana castellana, los mercaderes de Barcelona pronto entablan relaciones directas con los lombardos (de Milán fundamentalmente), a los que vemos instalados en gran número en Barcelona desde mediados del siglo XIV al tiempo que aumentan las colonias barcelonesas en Lombardía.

En el Adriático, Venecia y Ragusa son clientes de los mercaderes de lana catalano-aragonesa y apenas exportan productos, aunque los venecianos figuran en muchos casos como transportistas de mercancías genovesas o florentinas. La balanza comercial con el centro y norte de Italia puede considerarse equilibrada: deficitaria con los florentinos, alcanza un cierto superávit con Génova, las compras y ventas en Lombardía se neutralizan y el saldo es claramente positivo en el Adriático. En este sentido puede hablarse de una mejora de la posición catalana, pero ésta se basa fundamentalmente en la exportación de un artículo que Cataluña no produce, de la lana. El establecimiento de mercaderes italianos en Barcelona o en Valencia y el desarrollo del comercio valenciano podrán poner en peligro este equilibrio.

En el centro del Mediterráneo, el reino de Nápoles, Cerdeña, Sicilia y Berbería son escalas en la ruta de las especias que se dobla desde mediados del siglo XIV con la ruta de los paños catalanes. Paños a la ida y especias al regreso serán los principales artículos vendidos por los catalanes en esta zona; productos alimenticios y materias primas para la industria, los comprados. El control catalán-mallorquín de estos mercados es prácticamente total sobre todo a partir de la conquista de Sicilia (1282), Cerdeña (1323) y Nápoles (1443). Los mercaderes hicieron posible con sus ayudas económicas e informaciones la conquista, y ésta sirvió para reforzar su posición.

Cerdeña consume gran número de productos catalanes de escaso precio, entre los que sobresalen los tejidos, y exporta trigo en años de escasez, pastas alimenticias, quesos, cueros, plata, plomo y fundamentalmente el coral que, elaborado en Barcelona, será exportado posteriormente a Levante. La importancia del coral en el comercio barcelonés explica, tanto como las necesidades de trigo y el interés de la Corona por las minas de plata de Vila de Chiesa y de sal de Cagliari, la conquista de la isla y los esfuerzos realizados para mantenerla unida a la Corona a pesar de las continuas revueltas y de la oposición genovesa. No es casual que la única colonia catalana de importancia se haya establecido en Alghero, en cuyas proximidades se hallan los más importantes bancos de coral.

El reino de Nápoles es un mercado importante para los productos catalanes. Las exportaciones superan con mucho a las compras, que se reducen a algunas cantidades de algodón, seda, tártaro y azufre, vino y esclavos tártaros; los napolitanos importan trigo, quesos y azúcar siciliano, sal de Ibiza, Sicilia o Cataluña en grandes cantidades, y azafrán y paños catalanes que servirán para atender a la demanda local y que en Nápoles serán adquiridos por mercaderes italianos (genoveses) para comerciar con Oriente. El número de mercaderes catalanes en las ferias del reino (Nápoles, Gaeta y Salerno) aumenta considerablemente a partir de la conquista. Los beneficios de este comercio, cobrados en dinero puesto que las ventas catalanas son superiores a las compras, servirán al igual que los del Adriático para pagar las especias de Levante.

Palermo, Messina, Siracusa y Catania en Sicilia son centros comerciales de primer orden a los que acuden y en los que se establecen numerosos catalanes que comercian con productos barceloneses, orientales, norteafricanos, sicilianos y sardos. Sicilia proporciona trigo que se envía a Barcelona, Valencia, Venecia o el norte de África; algodón de la isla y de Malta donde es prácticamente el único cultivo para atender a las necesidades de la industria europea, coral, seda y azúcar que se consume en Cataluña o se reexporta hacia el noroeste de Europa...; los sicilianos consumen azafrán y productos manufacturados de Barcelona: cuchillos, cueros trabajados y paños, a los que se unen algunos artículos no producidos por los catalanes: esparto, frutos secos, aceite de Mallorca, armaduras y paños de lujo de Inglaterra o Flandes.

Con el norte de África las relaciones son difíciles a causa de la proliferación de piratas y corsarios en las costas de Argel y Túnez. Pero los beneficios del comercio son lo suficientemente importantes como para atraer a los mercaderes catalanes a Túnez, cuya economía está plenamente en manos de las ciudades mediterráneas, según demuestra el hecho de que los genoveses importen trigo de Bona y Túnez al mismo tiempo que éste escasea a pocos kilómetros y se hace preciso importarlo, en. naves y por mercaderes catalanes, desde Sicilia.

La costa berberisca vende especias africanas, goma arábiga, dátiles, plumas de avestruz para adorno, lino de Argel en grandes cantidades, grana, cera, cueros de bueyes, coral y esclavos, entre los que son más apreciados los negros, llevados a la costa por las caravanas transaharianas que unen el litoral con el valle medio del Níger y vendidos, tras ser bautizados, por los catalanes en Barcelona y en Sevilla. Los paños catalanes figuran en primer lugar de las exportaciones, junto con el trigo siciliano, la miel, nueces, azafrán, peines, antimonio, especias asiáticas... y otra serie de artículos manufacturados que permiten a los catalanes realizar un comercio favorable saldado siempre en oro, producto en el que se paga igualmente el alquiler de naves catalanas por los tunecinos.

Con Ultramar los intercambios son importantes especialmente por lo que se refiere a las especias orientales y a los paños catalanes; se negocia también con el cobre, los esclavos blancos, el alumbre del Egeo, el algodón turco, sirio y egipcio y con artículos manufacturados. Este comercio varía considerablemente de acuerdo con la situación política; el menor cambio puede alterar precios y calidades y no es extraño que ante la decadencia de Constantinopla, los avances turcos o los ataques de Tamerlán a comienzos del siglo XV los mercaderes catalanes no se aventuren por esta zona sin hacer escala en Sicilia para informarse de la situación política y económica de sus lugares de destino, generalmente la isla de Rodas, de donde parten dos rutas: una hacia el norte (Constantinopla) y otra hacia el sureste y sur (Beirut, Damasco y Alejandría).

Rodas es un centro comercial pero ante todo una base segura antes de emprender la navegación por mares frecuentemente enemigos; los dueños de la isla, los hospitalarios, mantienen estrechos contactos con los catalanes y favorecen su comercio; a cambio, las naves de Barcelona colaboran en la defensa contra los ataques turcos. A Rodas llegan los productos del Egeo: alumbre, cera, cobre, algodón, retablos, clepsidras, armas... y de la isla parten los artículos catalanes: azafrán, aceite, coral, cuchillos, arneses y paños.

Aunque el número de catalanes establecido en Constantinopla en el momento de la conquista por los turcos (1453) era considerable, la ruta más importante del comercio catalán en Ultramar era la de Siria y Egipto, en donde se obtenían las especias; los peligros militares y el valor de la carga hicieron que para este transporte se utilizaran con frecuencia las galeras cedidas por la Diputación o por Barcelona, pero esta protección militar resultó ineficaz ante los ataques de Tamerlán y el consulado de Beirut tuvo que ser abandonado. A partir de esta fecha, y en especial desde 1420, el comercio con Siria es prácticamente inexistente y aunque Rodas y Alejandría proporcionan las especias, ni una ni otra alcanzan la importancia de Beirut o Damasco. De hecho el comercio con Levante pierde importancia a partir del primer cuarto del siglo XV. Las consecuencias se harán sentir pesadamente en Cataluña, que al no disponer de especias no halla salida para sus paños ni puede comprar los tejidos de lujo flamencos. Junto a las especias, se compra algodón, lino y tejidos de lujo elaborados con estas fibras, y se vende miel, frutos secos, aceite, coral y paños.

La lucha por el control del municipio barcelonés en el siglo XIV

La artesanía, en menor medida la agricultura, y la alimentación de los catalanes dependen en un alto porcentaje de la actividad de los mercaderes, que en defensa de sus intereses han logrado crear una red comercial extraordinariamente complicada pero capaz de suplir las deficiencias del país, según hemos visto siguiendo a Claude Carrere; «las especias de Levante sirven para pagar la lana de Aragón que se vende a los venecianos para obtener los ducados necesarios para comprar especias, o que se cambia en Genova contra el alumbre y el pastel utilizados por la pañería en la fabricación de tejidos que se exportan hacia Ultramar cuando no son cambiados en Sicilia por azúcar destinada a los flamencos...».

La interdependencia entre todos y cada uno de los circuitos ha hecho posible que un país que no produce ni los alimentos ni las materias primas que necesita alcance un nivel económico muy superior al de los demás territorios peninsulares, pero bastará la ruptura e incluso el debilitamiento o reforzamiento de uno de los eslabones para que se ponga en peligro la prosperidad catalana y más concretamente la de Barcelona, que con sólo el 10 por ciento de la población controla más de la mitad de las exportaciones e importaciones.

En muchos casos la ruptura del equilibrio comercial dependerá de factores externos: aumento de la piratería en el Mediterráneo, guerras asiáticas, conflicto anglofrancés, decadencia flamenca, mortandades..., y en otros será la consecuencia de cambios en el interior: aristocratización de la burguesía, que se traduce en una falta de inversiones comerciales y en la compra de excesivos objetos de lujo que no se incluyen de nuevo en el circuito comercial, sino que se consumen en el Principado y absorben una parte considerable de los beneficios conseguidos en otra de las ramas del comercio; aumento de los gastos burocráticos y endeudamiento del municipio, que no dispondrá de medios para asegurar la protección de los mercaderes; inmovilización de capitales...

Sea cual sea la causa de la ruptura del equilibrio comercial es preciso reaccionar, pero las decisiones en Barcelona corresponden al Consejo de Ciento y más precisamente a los cinco consellers, es decir, a los ciudadanos honrados; a ellos se les pedirán los cambios oportunos: mayor autonomía de los gremios y de la asociación de mercaderes-marinos, medidas proteccionistas para la industria y el comercio, modificaciones en el valor de la moneda para hacer más competitivos los productos... Cuando estas reclamaciones no sean atendidas se negará el derecho de los ciudadanos a regir el municipio; mercaderes y artesanos se unirán para desalojar del poder a los patricios, lo que explica que las épocas de tensión social en Barcelona coincidan siempre con momentos de crisis comercial.

La monarquía y las Cortes no permanecerán ajenos a los conflictos urbanos. La primera se halla interesada en el mantenimiento del comercio, del que obtiene considerables beneficios, aunque no siempre el móvil económico oriente su postura; desde mediados del siglo XIV ve discutida su autoridad por las Cortes y por su comisión permanente. El apoyo a los mercaderes y artesanos será para el rey un medio de debilitar al brazo real, a los patricios, del mismo modo que la ayuda a los campesinos tendrá como finalidad la disminución del poder de nobles y eclesiásticos y, en definitiva, de las Cortes. Como reacción contra las tendencias autoritarias de los monarcas y con el fin de defender sus intereses de clase, se refuerza la alianza existente entre nobles, eclesiásticos y ciudadanos; serán las Cortes las que se opongan a la adopción de medidas favorables a los remensas, las que obstaculicen la sustitución de los ciudadanos en Barcelona y las que se nieguen a avalar y adoptar las medidas propugnadas por mercaderes y artesanos.

Los primeros conflictos urbanos que conocemos se producen en Barcelona a fines del siglo XIII. Los mercaderes barceloneses habían financiado y estimulado las campañas de expansión mediterránea de acuerdo con la monarquía, pero esta expansión no favorecía a todos o al menos así lo consideraron los artesanos de Barcelona al producirse la ocupación de Sicilia. La guerra con Francia que siguió a la conquista de la isla, el aumento de los impuestos y la carestía y escasez de alimentos que el conflicto bélico produjo creó un fuerte malestar entre las masas populares dirigidas y representadas por Berehguer Oller, quien acusaría a la oligarquía de mercaderes-ciudadanos que dirigían la ciudad de ser los responsables de las calamidades que padecían los barceloneses e intentaría crear un Consell popular. El movimiento fue fácilmente sofocado por el monarca y la organización municipal de Barcelona no sufrió modificaciones.

Conflictos similares, aunque de menor gravedad, entre gobernantes y gobernados, se producirían en diversos momentos del siglo XIV coincidiendo siempre con problemas de abastecimiento de Barcelona. Así en 1333, lo primer mal any primer, las predicaciones de un carmelita contra los ricos y contra los ciudadanos honrados a los que acusaba de gobernar mal la ciudad y de ser responsables del hambre, derivaron en un motín en el que tomaron parte los habitantes de los barrios populares y los campesinos de los alrededores de Barcelona. Las revueltas se repitieron en 1339, 1343, 1348 (asalto del barrio judío, aunque el motín se inició contra los ricos sin excepción), 1374... y culminarían en la destrucción de la aljama en 1391.

Estos motines,, provocados por el hambre, son obra de las masas populares, que expresan violentamente sus— sentimientos y su odio hacia los ricos y dirigentes de la ciudad y fueron fácilmente dominados. Movimientos más o menos espontáneos surgidos tras un incidente (rumor de subida de precios o de ocultación de trigo para especular con él, peleas entre ciudadanos honrados y artesanos...) son un reflejo de la crisis económica del siglo XIV, y ésta afectó igualmente a los grupos intermedios de Barcelona. También ellos, maestros artesanos y mercaderes, reaccionaron contra el excesivo poder de los ciudadanos e intentaron recortarlo dándose nuevas ordenanzas sin autorización de los consellers, solicitando del monarca un cambio en el gobierno municipal, pidiendo una reforma de la moneda y una mayor protección para el comercio.

Descritos en otro lugar los orígenes del régimen municipal barcelonés, sólo nos interesa recordar ahora que en el siglo XIV la ciudad estaba dirigida teóricamente por un consejo de cien personas (Consell de Cent), que normalmente delega en 25, y de hecho por los cinco consellers bajo la dirección del conseller en cap. En 1301 el Consejo de Ciento estaba formado —según Carmen Batlle— por 52 ciudadanos, 7 cambistas de moneda, 6 drapers o mercaderes de paños, 4 juristas, 1 notario y 30 artesanos.

Aunque ni el Consejo de Ciento ni el de Veinticinco tuvieron siempre el número de consejeros indicados, ni se mantuvo la proporción señalada en 1301 entre los diversos grupos urbanos, siempre hubo en ellos representantes de los ciudadanos, de los mercaderes, de los artistas (juristas, boticarios, notarios...) y de los artesanos (de los maestros, no de los oficiales o aprendices), y siempre predominaron los ciudadanos honrados sobre uno de los cuales recaía necesariamente el cargo de conseller en cap.

El sistema de elección de los consejeros era complicado; cada año los miembros del Consejo de Ciento elegían a dos de entre ellos (cuatro desde 1325); éstos designaban a otros diez (ocho); juntos los doce nombraban a los cinco consellers que eran los encargados de nombrar a los Cien. Durante la peste el sistema de nombramiento fue modificado por muerte de cuatro consellers y de gran número de los miembros del Consejo de Ciento. El superviviente, Romeu Llull, de acuerdo con catorce ciudadanos honrados, nombró a los Cien y eligió a cuatro sustitutos de los consellers fallecidos; el nombramiento recayó en un jurista y en tres ciudadanos honrados.

Aunque el sistema inaugurado por Llull no prosperó y se volvió al tradicional, de hecho los ciudadanos acapararon la consellería y los cargos municipales bien retribuidos; la participación de mercaderes y artesanos en el gobierno fue más teórica que real sin que por ello se produjera, que sepamos, ninguna reacción hasta después de 1380. Las catástrofes y las guerras habían desorganizado el comercio y la industria, y la quiebra de numerosos bancos entre 1381-1383 así como la pérdida de valor de la moneda y su enrarecimiento añadieron nuevas dificultades a las que los ciudadanos honrados no supieron o no pudieron hallar solución.

La necesidad de una reforma era evidente para el monarca y cuando un numeroso grupo de mercaderes y artesanos solicitaron permiso (1386) para reunirse y formar un sindicato que se preocupara de analizar la situación y de velar por «el buen estado y el provecho de la cosa pública, en relación con el bienestar de la ciudad y con la dignidad real», Pedro el Ceremonioso autorizó sus reuniones y aprobó el proyecto de reforma presentado. Éste buscaba fundamentalmente una mayor democratización del gobierno municipal: elección de seis consellers en lugar de cinco (dos ciudadanos, dos mercaderes y dos artesanos), supresión del conseller en cap y ejercicio de la jefatura por rotación semanal entre los seis, ampliación de las funciones del Consejo de Ciento al que corresponderían, entre otras, el nombramiento de los embajadores de la ciudad y de los oficiales, y elección de los miembros del Consejo por sus iguales: los ciudadanos por los ciudadanos, los mercaderes por los cónsules del mar y los artesanos por los dirigentes de los gremios.

Otros capítulos del proyecto tendían a lograr un saneamiento de la hacienda municipal mediante la disminución de los salarios de los consellers y oficiales y mediante un riguroso control de su actuación, control que se haría con carácter retroactivo desde «les morts primeres deis in-fants», es decir, desde 1363. Para impedir los abusos de poder se disponía que nadie que hubiera tenido un cargo municipal pudiera ser nombrado para éste o para otro cargo al año siguiente, y se ordenaba que los principales oficios fueran ejercidos en turno de rotación anual por ciudadanos, mercaderes y menestrales.

A través de estos capítulos se ve claramente la opinión de los mercaderes y artesanos (coincide en líneas generales con la de las masas populares) sobre el gobierno de los ciudadanos; se les acusa de fijar salarios excesivamente altos (el sueldo de los consellers pasó de 15 libras a 60 en 1349 —en plena crisis y bajo el mandato de Romeu Llull—, y en 1379 se propuso elevarlo a 100 libras a pesar del déficit municipal; el sueldo de 60 libras era tan alto que se mantuvo durante todo el siglo XV); se les reprocha el acaparamiento de cargos y el servirse de ellos en su exclusivo beneficio sin someterse a control de ningún tipo o haciendo caso omiso de las sentencias que contra ellos se pronuncian.

El rey hizo entrega del proyecto a los consellers y les pidió su opinión sobre los capítulos citados y sobre otros que desconocemos el 24 de septiembre de 1386. Ignoramos cuál fue el resultado de las deliberaciones. No es difícil imaginar que existiría una fuerte oposición entre los ciudadanos; así parece confirmarlo el hecho de que Pedro el Ceremonioso procediera el 8 de diciembre a nombrar personalmente a los consellers, ninguno de los cuales sería conseller en cap, y que nombrara doce asesores: 2 ciudadanos, 2 mercaderes, 4 artistas y cuatro menestrales. La reforma no prosperó; finalizó el 8 de enero de 1387, tres días después del fallecimiento del monarca, y la misma suerte corrieron otros intentos de modificar el régimen municipal en Gerona y Lérida.

La oligarquía urbana de acuerdo con el nuevo monarca, Juan I, puso fin a los intentos de democratizar el poder, pero no consiguió acallar el descontento, que se manifestaría violentamente en 1391. Al producirse el primer asalto al barrio judío de Barcelona, los regidores "de la ciudad hicieron detener a algunas personas y ordenaron su ejecución pública, pero ésta no tuvo lugar; el pueblo liberó a los detenidos e inició el asalto a las casas de los ricos y pretendió ocupar la Casa de la Ciudad para hacer oír sus reivindicaciones. Ante la inminencia del peligro, los ciudadanos consiguieron desviar a la muchedumbre hacia el call judío, que fue totalmente saqueado y sus habitantes muertos o bautizados.

La desviación hacia los hebreos (que unían a su condición de ricos la de extraños a la comunidad) del odio popular fue una medida demagógica de los ciudadanos, que pudieron así salvar los momentos más difíciles; pero el pueblo, dueño de la calle, no se contentaría con lo conseguido y era preciso mantener el orden a toda costa y evitar nuevas alteraciones. Para lograrlo se reclutaron soldados, se abasteció convenientemente a la ciudad y se autorizó la participación en las deliberaciones del Consejo de Ciento de gran número de personas que no formaban parte del Consejo.

En estas reuniones, celebradas con asistencia de 200-300 personas y con predominio del estamento popular, fueron ordenadas investigaciones sobre las cuentas del trigo y de los impuestos municipales, se pidió la disminución del sueldo de los consellers y oficiales de la ciudad, se dispuso que fueran rebajados los impuestos sobre los productos alimenticios (carne y trigo), se tomaron medidas para controlar las remuneraciones de abogados, notarios y médicos y para reducir los alquileres de las casas, y se destituyó al clavari (tesorero) de la ciudad.

El motín iniciado por marineros, pescadores, soldados, pueblo bajo de Barcelona y campesinos de los alrededores derivó hacia una toma del poder municipal por los estamentos intermedios; durante cinco meses (desde agosto hasta diciembre de 1391) la ciudad estuvo en manos de los menestrales y lo mismo ocurrió en Gerona, Lérida, Mallorca, Vilafranca del Penedés y en otros lugares de Cataluña. La represión, con ayuda de las tropas reales, se inició en diciembre. Los procesos tanto contra los asaltantes del call como contra «los componentes del partido popular y sus simpatizantes», entre los que se contaban dos de los consellers, se prolongarían durante dos años, en los cuales se consolidó el poder de la oligarquía urbana.

La conquista del poder municipal por el grupo reformista fracasó y hasta mediados del siglo XV no se reconstituiría el sindicato, pero algunos de sus proyectos fueron mantenidos o llevados a la práctica: disminución de los impuestos sobre los productos alimenticios a pesar de los perjuicios económicos que para las finanzas de la ciudad representaba una disminución de los ingresos, reforma de la moneda y adopción de medidas favorables al comercio.

Las finanzas municipales de Barcelona

Para evitar nuevos motines y alborotos callejeros, y puesto que no era posible o no interesaba aumentar los salarios en momentos de crisis industrial y comercial (de hecho los salarios en la industria textil disminuyeron entre 1380-1390 en un 15-20 por ciento) ni la ciudad podía disminuir los precios de los artículos de primera necesidad (eran importados en su mayoría), los regidores optaron por reducir los impuestos municipales que gravaban estos productos, aunque ello significara un endeudamiento constante de Barcelona.

Desde 1283, año en el que el municipio obtuvo de Pedro el Grande la confirmación de su independencia, los impuestos anteriormente cobrados por el conde pasaron a ser impuestos municipales, cobrados con carácter transitorio y para objetivos concretos. Los primeros registros sobre impuestos municipales datan de 1328 (para el matrimonio de Alfonso el Benigno y Leonor de Castilla) y de 1330 (destinados a reunir fondos para la guerra contra Génova). A partir de esta fecha los impuestos se hacen permanentes, puesto que permanentes son las necesidades de la guerra genovesa y de los conflictos posteriores a los que se unen la edificación de las murallas de la ciudad, la construcción de la Lonja de Comercio, de algunas iglesias, la necesidad de garantizar el avituallamiento en grano...

Los impuestos permanentes se cobran sobre productos alimenticios de primera necesidad y sobre artículos manufacturados y de transformación. El ingreso más importante hasta 1412 lo proporciona el impuesto sobre el vino: su importación se recargaba con 4 dineros por libra (1,66 por ciento) y su venta con 1/8 de su valor. Otros productos alimenticios sometidos a imposición fueron la carne, aceite y harina. Entre los artículos manufacturados y materias industriales se cobraron los impuestos de carratals (sobre la madera), peya (sobre la ropa), flassades (telas para vestidos groseros, velas y cuerdas de navíos), armas y cuyram (sobre los cueros). Las mercancías vendidas a peso y no incluidas en las citadas pagaban el pes del rei; la venta de bienes muebles e inmuebles se gravaba con el impuesto llamado de honors i possessions.

A pesar del dinero recaudado por estos conceptos y de la imposición de contribuciones extraordinarias, Barcelona fue incapaz de hacer frente a sus necesidades y se vio obligada a recurrir al crédito. Puesto que la usura estaba prohibida a los cristianos, los primeros prestamistas de la ciudad fueron los judíos, que actuaban en nombre propio y con frecuencia en nombre de ciudadanos acomodados que permanecían en la sombra; pero estos préstamos eran demasiado gravosos (el interés oscilaba entre el 20 y el 37 por ciento) y sólo fueron utilizados en circunstancias extraordinarias y a corto plazo.

Desde mediados del siglo XIV la ciudad recurrirá a los préstamos de los cambistas-banqueros que, si en principio son simples depositarios de los fondos de particulares, en la práctica cubrirán los gastos del municipio cuando la ciudad se halle al descubierto; a cambio Barcelona deposita la mayor parte de sus ingresos en las taulas de los cambistas, a los que pronto se confiará de modo sistemático el pago de los gastos, previo el cobro de un salario, bajo el cual se encubre el interés.

El sistema, generalizado desde 1360, permite salvar los momentos de apuro, pero es insuficiente. Barcelona necesita mayores ingresos y. puesto que socialmente no es posible aumentar los impuestos, recurrirá a la emisión de censáls y violaris, que no son sino nuevas formas de obtener préstamos sin incurrir en las penas canónicas. Entre los particulares se practicaba desde tiempos anteriores la constitución de rentas: a cambio de la entrega de un dinero, el donante recibía anualmente una cantidad determinada y no podía reclamar el reembolso del capital.

Esta modalidad de préstamo existe desde la segunda mitad del siglo XIII. La única novedad que se introduce (después de numerosas discusiones sobre si censales y viólanos se ajustaban a la moral) consiste en dar carácter oficial a la constitución de este tipo de rentas. En definitiva, la ciudad acepta préstamos y paga por ellos una renta perpetua (censales) o vitalicia (violarios) que equivale a un interés del 7,14 por ciento en el primer caso y 14,28 en el segundo.

Desde la segunda mitad del siglo XIV este tipo de préstamos constituye la parte más importante de los ingresos de la ciudad de Barcelona. Pero para que el sistema fuera rentable y pudiera mantenerse habría sido necesario invertir el dinero prestado por los particulares, hacerlo fructificar; esto no fue hecho. En consecuencia, el pago de las rentas absorbió una parte considerable de los ingresos. Según Pierre Vilar, en 1360-1361 la creación de rentas (censales y violarios) representaba el 34 por ciento de los ingresos municipales, y el pago dé los intereses ascendía al 42 por ciento de los gastos.

Recurso a los cambistas y emisión de rentas no resolvieron, por tanto, los problemas de Barcelona. El último sistema contribuyó sin duda a agravarlos, no sólo porque a largo plazo serviría para incrementar las deudas del municipio, sino también, y ante todo, porque ante la posibilidad de obtener unas rentas sin el menor esfuerzo, y garantizadas por la ciudad, serían numerosos los que renunciaran a invertir en el comercio o en la industria (los beneficios cuando todo iba bien oscilaban entre el 10 y el 15 por ciento) y colocaran su dinero en la deuda municipal o en la nacional (de la Diputación). El franciscano Eiximenis es perfectamente consciente del paso de una sociedad de empresarios a otra de rentistas y de los perjuicios que esto ocasiona cuando hace suya la idea de «algunos antiguos y de los sabios de este tiempo de qué se prohíba «comprar rentas y viólanos a todo el que pueda comerciar... porque si se les prohibiera tendrían que poner su dinero en la mercadería... y entonces la tierra sería más abundante».

Ni mercaderes ni artesanos se ocuparon de este segundo problema. A juzgar por el volumen creciente de la deuda municipal serían muchos los que invirtieran al menos una parte de sus capitales en la compra de rentas. Pero todos fueron conscientes de que la ciudad tenía que disminuir sus deudas para sobrevivir. No otra finalidad tenían las peticiones hechas en 1386 y 1391 para que se redujeran los salarios, se obligara a rendir cuentas a los consellers y oficiales y se dedicaran las cantidades ingresadas por este concepto a la disminución de la deuda municipal. Conscientes igualmente de que el pago de las rentas terminaría absorbiendo la totalidad de los ingresos, obtendrían años más tardé una reducción de los intereses de censales y viólanos y propondrían la creación de un banco municipal, de la Taula de Canvi de Barcelona.

La disminución de los negocios entre 1370-1380 y el recurso continuo al crédito bancario por parte de las ciudades, de la Diputación, del monarca y de sus hijos, sin que ni unos ni otros pudieran devolver a tiempo los préstamos, provocaron la quiebra de numerosos cambistas-banqueros entre 1381-1383. Esta quiebra tuvo consecuencias importantes de las que no todas fueron negativas. Los mercaderes se vieron obligados, puesto que no había cambistas o éstos no ofrecían suficientes garantías, a recurrir a los instrumentos de crédito, a la letra de cambio, para obtener moneda extranjera. Superados los primeros momentos de resistencia y desconfianza al cambio, el nuevo sistema fue ampliamente aceptado por su comodidad y permitió la reactivación del comercio a larga distancia; en 1394 Barcelona reconocía oficialmente la validez de la letra de cambio.

Aunque posiblemente Barcelona fue responsable en parte de la quiebra de algunos bancos, también sufrió en ocasiones los efectos de la desorganización bancaria. La ciudad había recurrido a los cambistas-banqueros para garantizar la seguridad y la rapidez de movimiento de su dinero, pero la muerte del titular o el endeudamiento de éste daban lugar a pleitos que impedían utilizar los fondos durante algún tiempo y que en muchos casos se solucionaban con una disminución de los acreedores. Para evitar estos inconvenientes, agravados por la bancarrota, un grupo de barceloneses solicitó en 1400 la creación de un banco municipal.

Barcelona no dependería de los banqueros, lo que le permitiría ahorrar la comisión o salarios de éstos, y el dinero ingresado en su banco (el procedente de los impuestos, y el confiado por los particulares) posibilitaría la amortización de la deuda municipal mediante la recompra de censales y violarios. Para lograr este objetivo, los consejeros no dudaron en obligar a depositar en la tatúa los fondos cuya adjudicación estuviera pendiente de un proceso y las sumas administradas por los ejecutores testamentarios y por los tutores de los menores. El dinero así obtenido fue considerable aunque inferior al previsto porque el dinero productivo, el de los mercaderes, siguió utilizando los bancos particulares que, además de actuar como depósitos, consentían préstamos, mientras que la taula municipal sólo realizaba la primera función.

La creación de la taula permitió disminuir los gastos de la ciudad, pero éste era sólo un aspecto de los problemas de Barcelona. Tan importante o más era acrecentar los ingresos y para ello era necesario aumentar la producción y el comercio. En este sentido el banco municipal desempeñó un papel negativo similar al de las rentas: inmovilizó capitales y contribuyó, indirectamente, a paralizar la economía.

La moneda catalana

El relanzamiento económico, dada la organización de Cataluña, sólo podía venir de una reactivación del comercio, pero sin moneda no hay comercio y la moneda catalana tiende a desaparecer del mercado y a ser sustituida, desde los años anteriores a 1395, por monedas francesas de oro y plata cuyo valor oficial es muy superior al real (al que les da el metal que contienen). La invasión de moneda francesa de mala calidad se relaciona sin duda con la escasez de moneda de la Corona y ésta puede haber disminuido por el aumento de las importaciones de productos alimenticios y de lujo, por la emigración de numerosos judíos a partir de 1391, por la inmovilización de capitales...

La abundancia de escudos de oro y de blancas acuñadas en Francia y el hecho de que, a pesar de su mala calidad, mantuvieran en Cataluña su valor oficial dio lugar a una fuerte corriente especulativa; catalanes, aragoneses y valencianos dejaron de llevar a las cecas reales el oro y la plata que poseían e hicieron acuñar monedas en Francia donde con menor cantidad de metal obtenían mayor número de monedas que en la Corona. Estas monedas introducidas más tarde en Cataluña servirían para comprar los florines de oro y los croats de plata y restringir cada vez más su circulación.

Desde el momento en que fracasaron los intentos de evitar el acaparamiento y la exportación de metales y monedas (1395), cabían dos posibilidades técnicas de solucionar el problema: admitir las monedas francesas sólo en su valor real y empobrecer la moneda catalano-aragonesa hasta equipararla a la francesa. La primera fue intentada en 1398, año en el que Martín el Humano, tras hacer analizar el peso y la ley de escudos y blancas por maestros de las cecas de Zaragoza, Valencia, Mallorca y Barcelona, fijó su valor real y prohibió su circulación con otro superior. Esta medida podía impedir y de hecho impidió o contuvo la salida del florín, pero era insuficiente para contener la fuga de la plata.

El símbolo del auge económico y político de la Corona de Aragón en él siglo XIV fue el florín de oro, moneda que, según los designios de Pedro el Ceremonioso, habría de servir para facilitar los intercambios en el exterior y como muestra del poderío aragonés. Las catástrofes ocurridas poco después de la primera acuñación afectaron gravemente a la nueva moneda, que entre 1349-1365 perdió el setenta y cinco por ciento de su valor: disminuyó de peso, de ley o de uno y otro a la vez en diversas ocasiones. Las razones de este fracaso son económicas: una moneda de oro sólo puede ser mantenida en su valor si el país emisor dispone de un comercio suficientemente próspero como para compensar sus compras con las ventas; en caso contrario la moneda ha de ser utilizada para pagar el déficit comercial y, en consecuencia, el país que la acuña si no dispone de reservas metálicas suficientes tiene que desprenderse de ella o devaluarla.

El aumento de los gastos y la disminución de ingresos del Principado a partir de 1349 obligaron a Pedro el Ceremonioso a efectuar las devaluaciones citadas, y con ellas agravó los problemas del croat de plata. En sus orígenes el florín equivalía a 11 sueldos catalanes, valor que mantuvo a pesar de las pérdidas de peso y de ley; el mantenimiento del valor nominal del florín significaba de hecho un alza considerable del precio del oro (menos cantidad valía igual) mientras que la moneda de plata, el croat, se mantenía estable en peso, calidad y valor. Con relación al oro la plata estaba infravalorada, hecho que permitiría una nueva especulación.

Mientras en Cataluña el oro valía 13,1 veces más que la plata, en Francia la proporción era de 10,74 y en Valencia de 9,6. Un francés que disponga de un gramo de oro puede comprar en Cataluña 13,1 gramos de plata, mientras que en Francia sólo le darían 10,74; el beneficio es de 2,36 gramos y, en el caso de Valencia, de 4,04. En estas condiciones es fácil suponer que el croat hallaría buena acogida en el exterior y dejaría de circular en Cataluña, incluso después de fijar el valor de las monedas francesas.

Sólo una revalorización de la plata hasta situarla respecto al oro al nivel general podía evitar su fuga, pero esta medida halló una fuerte oposición entre los rentistas catalanes. Junto a la moneda real existía la moneda de cuenta, libras, sueldos y dineros, y las rentas se fijaban en esta última moneda. Mientras oficialmente el croat valiera 12 dineros, quien tuviera una renta de 120 cobraría en efectivo 10 croats, que se reducirían a 8 cuando el valor del croat se fijara en 15 dineros.

La revalorización sólo será aceptada cuando los rentistas, por haber desaparecido el croat y no tener confianza en el florín, se vean obligados a aceptar el pago en moneda francesa que sigue circulando en Cataluña con un valor muy superior al real; incluso en este caso intentarán perder lo menos posible. En 1407 el valor del croat fue fijado en 14 dineros y un año más tarde tuvo que ser reevaluado de nuevo hasta los 18 dineros, que se redujeron a 15 a partir de 1426. Las dificultades monetarias fueron un reflejo de la crisis, no su causa, aunque contribuyeran a mantenerla. Surgirán de nuevo a mediados del siglo XV, cuando las dificultades económicas se agudicen.

Reactivación comercial

Contención de precios alimenticios, control de las revueltas urbanas, disminución de la deuda pública y solución de los problemas monetarios no bastan para devolver a Barcelona su esplendor; éste depende del comercio y se intentará reactivarlo mediante la creación del Consejo de los mercaderes (1394) y la promulgación de diversas ordenanzas de carácter proteccionista. En 1405 se renovó el privilegio de 1227 que daba prioridad a los barcos catalanes para cargar en Barcelona los artículos destinados a Ultramar. Cuatro años antes Martín I había expulsado de sus dominios a los mercaderes extranjeros al mismo tiempo que autorizaba la celebración de un parlamento de los lugares marítimos de Cataluña, Valencia y Mallorca «para defender el comercio y castigar a los corsarios».

Según los acuerdos aprobados, en cada lugar costero se nombrarían defensores del comercio a imitación de los defensores de los mercaderes de Barcelona y se les darían poderes para armar naves y nombrar capitanes sin autorización del rey ni de sus oficiales, que ni siquiera podrían percibir la parte correspondiente del botín ni requisar estos barcos en caso de guerra.

La financiación de estas flotas se haría mediante el cobro de un impuesto sobre las mercancías, barcos y mercaderes, es decir, mediante la extensión del periatge barcelonés a todos los dominios marítimos. Estos ingresos serían administrados por los defensores y por sus auxiliares, que sólo rendirían cuentas ante quienes los hubieran elegido, es decir, ante los propios mercaderes. Si con el nombramiento de los cónsules del mar y del juez de apelaciones marinos y mercaderes habían logrado la autonomía judicial, con la generalización de los defensores obtenían la independencia económica respecto al monarca y respecto a las autoridades urbanas.

En esta protección del comercio participó igualmente la ciudad de Barcelona mediante el préstamo de galeras municipales, creando un servicio de vigilancia a lo largo de la costa catalana para evitar los ataques de los piratas musulmanes, organizando de acuerdo con Valencia una expedición contra el norte de África o ampliando las atarazanas.

Bigaires y buscaires en el siglo XV

Mientras los dirigentes de Barcelona se hallan interesados en el mantenimiento de las actividades comerciales y éstas son prósperas, sus intereses coinciden con los de la ciudad y su gobierno sólo es discutido en momentos de hambres y calamidades y siempre de modo episódico y por los grupos sociales menos afortunados contra los que pueden utilizar a menestrales y mercaderes y a las tropas reales. Pero bastará que el comercio se reduzca y que se acentúe el carácter rentista de los dirigentes para que el descontento llegue a los grupos intermedios y para que éstos intenten compartir el poder con los ciudadanos, a cuya mala administración se hace responsable de los males de la ciudad.

En el siglo XV el esquema se repite, pero la situación es muy diferente. La crisis del comercio y de la industria es mucho más importante y el absentismo de los ciudadanos se ha acentuado al mismo tiempo que su aristocratización. Compartir el poder ya no es una solución para los menestrales y mercaderes; éstos necesitan poderes absolutos y en su lucha por conseguirlos hallarán una resistencia muy superior a la del siglo precedente. Las posturas se radicalizan y en la lucha intervienen las Cortes (al lado de los ciudadanos) y la monarquía (en apoyo de los reformistas).

Reformas de los moderados

Las primeras manifestaciones de la crisis económica se observan a partir de 1425; la población de Barcelona emigra cada vez con mayor frecuencia, y los que permanecen no hallan trabajo o se sienten amenazados y cierran filas para defender sus intereses frente a los extraños y frente a otros gremios (acentuación de las ordenanzas de tipo «social», pleitos entre gremios de una misma rama de la producción...); la construcción de navíos desciende, los ingresos provenientes del comercio disminuyen continuamente y se producen nuevas quiebras de banqueros y de mercaderes; la moneda abandona nuevamente el país y las acuñaciones de baja ley hechas en Mallorca y en Valencia colaboran a la fuga de los croats y florines.

La crisis no afecta sólo a Cataluña, sino a todos los países mediterráneos y con mayor fuerza a los que basan su economía en el comercio. Ultramar ha dejado de ser rentable al hacerse necesario utilizar las costosas galeras; sin las especias el comercio pierde una parte considerable de sus ingresos. Por otra parte, ante la crisis, las medidas proteccionistas se generalizan y si los catalanes cierran sus puertos a los extranjeros para evitar la competencia, se ven rechazados por éstos y limitados cada vez más a sus propios recursos, que sabemos insuficientes. Las campañas napolitanas de Alfonso el Magnánimo pueden ofrecer una salida, pero son excesivamente costosas y por el momento sólo contribuyen a la depauperación monetaria.

Para los catalanes de la época los responsables de la crisis son los mercaderes extranjeros, que impiden a los barceloneses comerciar en sus tierras, pero también cabe una parte importante de responsabilidad a las autoridades catalanas, que permiten a estos mismos extranjeros «enriquecerse en los reinos y tierras del rey, introduciendo sus mercancías inútiles y perjudiciales para la tierra y privando a ésta de las mercancías y bienes que en ella abundan». Las medidas proteccionistas serán, por tanto, el remedio. Pero para aplicarlas es preciso vencer la resistencia de la oligarquía y, si es necesario, sustituirla por gente más preparada o más interesada en el desarrollo del comercio y en el bienestar de la ciudad. La solución de los problemas económicos exige una vez más controlar la ciudad, sustituir a los ciudadanos honrados por un gobierno de mercaderes y menestrales.

La elección de los consellers y altos cargos del municipio había dado lugar a disputas y peleas, pero hasta 1436 no hallamos un grupo organizado dispuesto a romper el monopolio de los ciudadanos. La conspiración fue descubierta a tiempo, varios de sus miembros ahorcados y otros condenados al pago de penas pecuniarias o a prisión. Las manifestaciones de descontento y la conspiración de 1436 se reflejaron en algunas reformas parciales del sistema de elección. La primera tuvo lugar en 1431 y su análisis es importante porque nos permite ver la división existente entre los dos estamentos mayores: el de los ciudadanos y el de los mercaderes.

Aunque en líneas generales —según veremos más adelante— el conflicto que opone a los barceloneses en la segunda mitad del siglo podría resumirse como un enfrentamiento entre rentistas (ciudadanos) y grupos productivos (mercaderes y menestrales), es posible ver a algunos mercaderes defendiendo las ideas de la Biga y a algunos ciudadanos en el campo de la Busca. No siempre es fácil conocer las causas de este desclasamiento, pero su existencia es innegable ya en 1431, cuando se intentó evitar la llegada al poder de hombres nuevos mediante una modificación en el sistema electivo de los 12 que habrían de elegir a los cinco consellers.

Posiblemente desde 1386 —sería una de las escasas conquistas del grupo reformador— los ciudadanos elegían a 4 de sus iguales sin ninguna limitación, los mercaderes a otros 4 y los artistas y menestrales a 2 cada grupo. Las posibilidades de que fueran elegidos consellers revolucionarios eran remotas porque entre los cinco predominaban los ciudadanos y eran éstos quienes elegían a los Cien; pero para alejar o evitar toda posibilidad de acuerdo y el predominio de los nuevos se dividió a cada estamento en dos grupos: ciudadanos y mercaderes por edad y cargos, y artistas y menestrales por profesiones. De los 4 electores ciudadanos 2 serían consellers salientes y los otros 2 podrían ser elegidos por el grupo de los noveles; de los 4 mercaderes 2 tenían que haber desempeñado previamente el cargo de conseller o de cónsul. Los artistas se dividirían en notarios y candelers de cera que nombrarían 1, y boticarios y barberos a otro. Una división similar se haría entre los menestrales.

El malestar y las acusaciones contra los ciudadanos aumentaron después de la modificación del sistema electivo, modificación arrancada al rey en momentos de apuro económico. Las continuas protestas contra la mala administración y sin duda la conjura y los motines populares de 1436 desembocaron en una serie de reformas que Claude Carrére llama «medidas de diversión y esfuerzos para el mantenimiento del statu quo».

Frente a las peticiones de mercaderes y menestrales: apoyo a la marina, lucha contra los corsarios, disminución de la concurrencia exterior mediante la creación de impuestos especiales a los extranjeros, reserva del transporte da la sal de Ibiza a las naves catalanas, devaluación monetaria, prohibición de importar paños de lana, seda u oro y mejora de la producción nacional con medidas similares para las restantes industrias, los ciudadanos en el poder se limitaron a atenuar el paro mediante trabajos públicos (entre ellos la construcción de las Ramblas) y a crear el mercado de los paños para facilitar la venta directa y conseguir una disminución del precio, lo que contentaría al grueso de la población, y un aumento de los beneficios de los pelaires, para hacerles olvidar que los paños extranjeros seguían vendiéndose en Barcelona a pesar de la prohibición de 1422.

Si estas medidas, así como la creación de una universidad en Barcelona (entre las razones que se dieron figuraba la de evitar la despoblación de la ciudad), tienen un carácter claramente de diversión, de alejamiento de los problemas, no puede decirse lo mismo de otras que fueron tomadas por el grupo moderado o reformista de los ciudadanos. Éstos se hallan divididos desde 1422 entre los intransigentes, que se muestran dispuestos a no hacer ninguna concesión, y los moderados, que comprenden que es mejor ceder en algunos puntos para mantenerse en los fundamentales. Este grupo tomará diversas medidas favorables al comercio y a la industria, pero su acción no es continua; alterna en el poder con los intransigentes y las disposiciones tomadas se resienten de esta alternancia.

Entre estas medidas figuran el préstamo de galeras de la Diputación a los mercaderes —la ciudad no disponía ni de galeras ni de dinero para construirlas—; la creación de un puerto artificial que financiarían en parte la ciudad y en parte los mercaderes y que no estaría terminado a finales del siglo por falta de medios económicos; la regulación de los seguros marítimos para compensar parcialmente las pérdidas de los mercaderes; el relanzamiento de la producción industrial mediante la creación de una industria de lujo, para lo que se favoreció la instalación de artesanos expertos y se concedieron préstamos para la adquisición de las materias primas, que de nada sirvieron porque las continuas prohibiciones de importar paños no fueron respetadas...

La Busca y la Biga

Ni las medidas propuestas por mercaderes y artesanos ni las aplicadas por los ciudadanos moderados podían devolver a Barcelona su antiguo esplendor porque la crisis afectaba a todo el Mediterráneo y poco podían hacer los barceloneses contra los factores internacionales. Pero el cumplimiento estricto de las disposiciones reformistas, tanto en materia económica como de gobierno, habría permitido al menos mantener un nivel económico aceptable y conservar la cohesión de los barceloneses. La intransigencia de un gran número de ciudadanos, más preocupados por defender sus propios intereses que los de la ciudad, y su resistencia al cambio precipitaron la crisis económica y dividieron a los barceloneses, a partir de 1450, en dos grupos claramente diferenciados: la Biga y la Busca.

La primera, integrada por la mayoría de los ciudadanos y por algunos grandes mercaderes —especialmente importadores de paños de lujo— se considera, actúa y vive como un grupo nobiliario. Sus miembros, enriquecidos por el comercio en los siglos XIII y XIV pretenden en el XV equipararse a la nobleza, puesto que como ella son expertos en el «art de cavallería» y como ella disponen de castillos, tierras y derechos señoriales, casas, censales y viólanos; viven de las rentas, aunque algunos no desdeñen invertir su dinero en la compra de naves o en el comercio. Sus antepasados fueron los artífices del esplendor catalán y su prestigio y la identificación de sus intereses con los de la ciudad hicieron de ellos los dirigentes naturales de Barcelona, papel que sus descendientes pretenden conservar por todos los medios. Se da así la paradoja de que una ciudad, para la que el mantenimiento de la industria y del comercio es vital, se halla dirigida por rentistas cuyos intereses son distintos cuando no contrarios a los de la ciudad.

Rentistas y convencidos de pertenecer a un grupo social superior que ha de mantener las diferencias con los demás, se oponen con todas sus fuerzas a las devaluaciones monetarias que el comercio y la industria necesitan; cuando acceden es demasiado tarde para evitar la hemorragia monetaria hasta el punto de que Claude Carrére ha podido afirmar que parece como si Cataluña marchara siempre con una devaluación de retraso respecto a los demás países de economía evolucionada.

Su categoría social les autoriza —al decir de uno de ellos— y exige que como los caballeros puedan llevar oro en las armas y en los vestidos, es decir, que manifiesten su pertenencia a un grupo privilegiado mediante el uso de signos externos, lo que lleva a mantener las importaciones de lujo, aunque esto perjudique a la industria barcelonesa. Sus ideas aristocráticas les llevan a reservarse en exclusiva el gobierno de la ciudad; no en balde el franciscano Eiximenis ha escrito en el Regiment de la Cosa Pública —dedicado a los regidores de Valencia— que «se debe evitar, si se puede, la multiplicación de príncipes y de regidores», que «en todas las comunidades del mundo todo lo que atañe al regimiento de la cosa pública se trata por algunos pocos que son considerados los más sabios y los mejores de la comunidad» o que «todos los hombres de la comunidad no pueden ser iguales».

La exclusión de mercaderes y menestrales del gobierno municipal (se les admite en el Consejo de Ciento, pero las decisiones se toman siempre, siguiendo a Eiximenis, en comisiones reducidas con predominio ciudadano) no es sólo una consecuencia de las ideas aristocráticas; es también y ante todo la forma de evitar que desde el poder se tomen medidas contrarias a los intereses de los ciudadanos: devaluación monetaria, prohibición de importaciones, alejamiento de los cargos remunerados, fiscalización de su gobierno...

Su aristocracia se halla confirmada por la participación en las Cortes al lado de eclesiásticos y nobles con los que comparten el modo de vida y el gobierno del país. Los intereses de unos son los de los demás; juntos se opondrán a la toma del poder (y a sus consecuencias) por los menestrales y mercaderes, a la liberación de los campesinos y, si es preciso, a la monarquía, oficialmente para mantener los privilegios y derechos de los catalanes; en la práctica, para defender sus intereses de grupo.

Frente a la Biga, la Busca, el partido de los menestrales y mercaderes que aspiran a controlar el gobierno municipal para hacer cumplir «los privilegios, libertades y costumbres de Barcelona», que para ellos se reducen a sanear la hacienda municipal, a conseguir la devaluación «monetaria y a implantar las medidas proteccionistas, es decir, medidas que favoreciendo en primer lugar sus intereses eran también beneficiosas para el conjunto de los habitantes de la ciudad.

También los mercaderes y menestrales tienen razones «sociales» para justificar su acción. Los mercaderes, en muchos casos segundones de familias de ciudadanos y en otros tan ricos o más que ellos, se consideran iguales en categoría social a los ciudadanos, con los que forman los dos estamentos mayores de la ciudad y se niegan a salir en hueste separados de los honrats o a aparecer en las procesiones detrás de los ciudadanos. Mercaderes y menestrales afirman, ya en 1386, que, «así como soportan la carga del bien y del mal de la ciudad, es razonable que igualmente participen en el Consejo y en la ordenación de la misma y que miren por el bien y provecho de la cosa pública». En 1453 se declaran, por boca del síndico de los Tres Estamentos (de la Busca), inspirados por Dios e incitan a los ciudadanos para que como «hermanos e hijos de una madre (Barcelona) nos preocupemos por su honor, por la conservación de sus libertades grandes e insignes».

Entre la Busca y la Biga, Alfonso el Magnánimo mantiene una postura ambigua al igual que entre señores y campesinos. Por un lado necesita dinero continuamente (se lo ofrecerán en abundancia las Cortes y los remensas, la Biga y la Busca, y sus decisiones oscilarán de acuerdo con la cuantía de las ofertas o con la posibilidad de que se conviertan en efectivas). Pero por otro, al igual que sus contemporáneos, aspira a imponer su autoridad sobre las Cortes, sobre los dirigentes del país —lo que de paso le permitiría obtener mayores subsidios sin tener que justificar su actuación— y para ello precisa debilitarlas, es decir, reforzar a los enemigos de señores y ciudadanos, a los campesinos y a los buscaires hacia los que finalmente se inclinará por medio de sus oficiales, partidarios de una monarquía autoritaria, entre los que destaca Galcerán de Requesens.

Galcerán de Requesens y el triunfo de la Biga

Las diferencias económicas entre bigaires y buscaires y las políticas entre las Cortes y el monarca fueron las desencadenantes del conflicto, pero en su desarrollo desempeñaron un papel importante cuestiones personales y sociales. El ascenso social de Requesens —de simple miembro de la segunda nobleza pasó a batlle general de Cataluña, gobernador del Principado y finalmente Lugarteniente Real— y su carácter autoritario no podían ser bien vistos por la— oligarquía de Barcelona, que desde 1435 pidió insistentemente su destitución, llegó a encarcelarlo, lo procesó en repetidas ocasiones, consiguió de Alfonso el Magnánimo —previo pago de 10000 florines— que el gobernador de Cataluña sólo pudiera residir en la ciudad cuando fuera llamado por los consellers, y utilizó este privilegio para llamar y despedir a Requesens caprichosamente hasta que éste pudo rescatar, pagándolo, el privilegio llamado «del Gobernador».

Lógicamente, al oponerse a la oligarquía urbana, Requesens halló el apoyo y a su vez favoreció a los remensas y a los buscaires; él fue quien dio cohesión a los últimos. Siguiendo instrucciones del monarca, Requesens ocupó, para facilitar las reuniones de los campesinos, los lugares de Terrassa, Sabadell y Montcada, propiedad de Barcelona, y esta actuación le valió un nuevo proceso que Alfonso el Magnánimo —siempre necesitado de dinero— resolvió en favor de la ciudad a la que autorizó además a recuperar los lugares de Molins de Rei y Santa Creu de Olérdola, cedidos por el rey a Requesens a pesar de que, previo un préstamo de 50000 florines por la ciudad, el monarca se había comprometido a no enajenar estos lugares. Para defender sus derechos, el gobernador de Cataluña acudió a Nápoles (1451), acompañado de dos representantes de la Busca; ello equivalía a tomar partido por los enemigos de la oligarquía barcelonesa.

Los precedentes de la Busca datan de 1449, fecha en la que un grupo de menestrales y mercaderes, al igual que en 1386, pidió autorización para reunirse, para formar un sindicato que se ocupara de la defensa de sus intereses. El rey, ante el temor de que una autorización de este tipo diera lugar a enfrentamientos similares a los de Mallorca —de hecho el pueblo barcelonés mostró su solidaridad con los foráneos impidiendo la salida de una galera en apoyo de los ciudadanos— no concedió el permiso solicitado, pero las reuniones se celebraron bajo la protección de Requesens.

El apoyo del gobernador, rescatado el privilegio que lo mantenía alejado de Barcelona, dio más fuerza al descontento popular que se manifestó en insultos, amenazas y en la presentación de escritos ante el Consejo de Ciento contra las irregularidades cometidas contra los ciudadanos o contra su negativa a la devaluación. Violencia y medios legales aprovechados al máximo servirían para acabar de desacreditar al partido gobernante, a pesar de que los consellers se ofrecieran a someterse a una investigación realizada por veinticuatro personas elegidas entre los miembros del Consejo de Ciento. La forma de elegir a estos veinticuatro daría lugar a una nueva protesta; sería una prueba más de las irregularidades existentes en el Consejo y de la mala fe de los ciudadanos.

La oposición sistemática a los mayores siempre que se presenta la posibilidad legal de hacerlo, la divulgación de las irregularidades cometidas y de los altos salarios cobrados por los ciudadanos, la insistencia en la necesidad de devaluar haciendo ver cuáles serían las ventajas para la ciudad y explicando las razones de los bigaires para oponerse, y la petición de rebajar los impuestos sobre la carne dieron a la Busca el apoyo del pueblo, apoyo que sería utilizado para obtener el reconocimiento del Sindicato de los Tres Estamentos: mercaderes, artistas y menestrales. El 20 de octubre de 1451, el monarca concedía el permiso de asociación, modificaba el sistema de elección de los consellers y reorganizaba el Consejo de Ciento.

Estos privilegios no impidieron que los ciudadanos procedieran en 1451 y 1452 a la elección de los consellers y de los miembros del Consejo de Ciento de acuerdo con las normas tradicionales, pero hicieron posible que los buscaires iniciaran un proceso por ilegalidad y permitieron que se iniciaran las reuniones del sindicato al que se adhirieron algunos ciudadanos disconformes con la intransigencia de su grupo o convencidos de la necesidad de efectuar algunas reformas.

El proceso por ilegalidad fue planteado con motivo de la elección de los cónsules del mar el 25 de abril de 1453. Los buscaires se opusieron alegando que los electores, miembros del Consejo de Ciento, habían sido nombrados ilegalmente y que, por tanto, carecían de poder para elegir a unos cónsules que en ningún caso serían aceptados por el pueblo. Lograron aplazar las elecciones y llevar el proceso hasta el rey, que mantuvo su habitual ambigüedad, pero nombró a Requesens, por ausencia de la reina María, Lugarteniente Real en Cataluña a pesar de la oposición de la Biga basada —según Carmen Batlle— en que «un simple caballero no podía representar al rey, siendo el nombramiento en cuestión una ofensa para las clases altas del país». El 19 de octubre tomaba posesión del cargo y el 30 de noviembre nombraba personalmente a los consellers entre los buscaires.

El triunfo de la Busca fue seguido de las reformas pedidas y anunciadas por el sindicato; fueron rebajados los salarios de los funcionarios municipales y se suprimieron algunos cargos innecesarios con la consiguiente disminución de gastos; se prohibió la acumulación de cargos y los que eran vitalicios o de larga duración fueron convertidos en bienales o trienales. La moneda fue devaluada después de comprobar que efectivamente la plata contenida en un croat valía 18 dineros y no 15; el florín pasó a valer 13 sueldos en lugar de 11. Estas medidas provocaron una fuga de capitales de la taula de canvi. Para evitar la quiebra del banco municipal fue preciso acceder al pago de las rentas a los valores antiguos.

Para atender al avituallamiento de la ciudad y mejorar las condiciones de vida de los barceloneses, el Consejo buscaire mandó realizar una encuesta sobre el número de cabezas de ganado consumidas en los últimos años, sobre las que serían necesarias y sobre las causas del fallo del sistema de aprovisionamiento utilizado hasta entonces. Resultado de estas investigaciones fue la firma de contratos con diversos carniceros que se comprometieron a vender un determinado número de cabezas por día al precio fijado por el municipio, precio que tuvo que ser revisado al efectuarse la devaluación.

El trigo existía en abundancia en los silos municipales al llegar los buscaires al poder y se hallaba en malas condiciones; en estos casos, el Consejo acostumbraba obligar a cada vecino a comprar una cantidad determinada, pero los buscaires no se atrevieron a tomar una medida tan impopular y prefirieron endeudar un poco más al municipio rebajando el precio del grano: de 8 sueldos a 6, luego a 4 y finalmente a 3 sueldos la cuartera. En los años siguientes, las autoridades se preocuparon por mantener el avituallamiento y dieron facilidades a los importadores, llegaron a emplear la fuerza para obligar, en momentos de escasez, a todas las naves que salían de Tortosa con trigo aragonés a descargar en Barcelona, y aumentaron los controles sobre la forma de reparto del trigo.

Para mantener el comercio dieron un fuerte impulso a la marina mediante la contratación de algunas naves de particulares contra los corsarios y piratas, a través del armamento de otras. Consiguieron del monarca que el transporte de las mercancías de la Corona se hiciera durante tres años en naves nacionales, lo que estimuló considerablemente la construcción naval. La industria se vio favorecida con la prohibición de importar paños de lujo y con medidas tendentes a facilitar la creación de este tipo de industria en la ciudad.

Los buscaires también introdujeron algunas modificaciones «sociales»: los mercaderes fueron autorizados a desfilar junto a los ciudadanos y las trabas puestas por éstos para acceder a su estamento fueron anuladas en parte para poder formar el primer Consejo buscaire. La Busca no pretendía destruir al estamento ciudadano, sino reducir su omnipotencia a límites justos. En el primer Consejo se le concedieron 22 puestos frente a los 50 de los mercaderes, los 26 de los artistas y los 78 de los menestrales. Ciertamente, el número de ciudadanos era reducido (en 1452 eran 71) y quizá por esta razón, o por no colaborar con sus enemigos, muchos se negaron a aceptar el cargo y fueron sustituidos por médicos y abogados a los que se promovió al estamento de los ciudadanos al tiempo que se incluía en el de los mercaderes a los patrones de naves y a los revendedores de telas.

La creación de un consejo buscaire fue un éxito del sindicato, pero no sería duradero mientras no se modificara claramente la composición del organismo dirigente de Barcelona. Las embajadas a Nápoles menudearon, pero en 1454 todavía se ignoraba cómo estaría constituido el próximo Consejo. Una vez más Requesens tomó la iniciativa, en esta ocasión para buscar una igualdad entre los cuatro estamentos: cada uno tendría 32 representantes; los consellers habrían de ser siempre 2 ciudadanos, 1 mercader, 1 artista y 1 menestral. De esta forma se corregían las desigualdades del primer Consejo, motivadas por la euforia del triunfo y por el papel desempeñado en él por los gremios. Alfonso el Magnánimo aprobó estos acuerdos en 1455.

Oposición de la Biga y derrota de la Busca

Aunque la buena voluntad de los buscaires no puede ser discutida, no todo fueron éxitos en su gestión, y con frecuencia cayeron en los mismos errores que los ciudadanos; algunos cargos fueron atribuidos a personas cuyo único mérito consistía en pertenecer al sindicato; no siempre se respetaron las prohibiciones de acumular cargos; hubo quien permaneció en el mismo puesto durante más de los dos o tres años permitidos, y no faltó quien comprara votos para acceder a algún cargo de importancia.

La negativa de los ciudadanos y de algunos expertos profesionales a colaborar en el nuevo Consejo y la entrada masiva en él de personas mal conocedoras de los mecanismos causaron graves perjuicios a la ciudad. La falta de secreto en la aplicación de las medidas monetarias estuvo a punto de provocar la bancarrota de la taula, que sólo pudo ser sostenida tras anunciar la revaluación de los depósitos, con lo que se anulaban los beneficios económicos que una devaluación proporciona a los deudores. La venta del trigo a precios inferiores a los de coste aumentó las deudas de la ciudad. La desgravación fiscal sobre la carne no pudo ser mantenida e incluso aumentaron las imposiciones para hacer frente a las continuas necesidades de dinero. Tampoco pudo terminarse el muelle ni fue posible crear una industria de lujo. Intereses personales hicieron que se publicara incompleta la ordenanza relativa a la prohibición de importar paños de lujo.

Las diferencias entre el programa inicial, cuyo cumplimiento exigían los gremios, y las posibilidades reales de Barcelona, así como la heterogeneidad de los integrantes del sindicato dieron lugar a una escisión en el grupo buscaire, en el que pronto se distinguirán los radicales o extremistas y los moderados (ciudadanos adheridos a la Busca, los abogados y algunos mercaderes). La división y los enfrentamientos que tuvieron lugar a propósito de los gastos hechos por el sindicato (los moderados no pudieron evitar que fueran pagados por la ciudad), en relación al autoritarismo de Requesens (que unos rechazaban como contrario a los privilegios de Barcelona, mientras los otros lo pedían para vencer las resistencias) y sobre la devaluación (en la que los moderados defendieron los puntos de vista de la Biga) debilitaron al grupo en el poder. El relativo fracaso de las medidas económicas le hicieron perder parte del apoyo popular.

Exceso de confianza en sus fuerzas al no tener en cuenta los factores internacionales de la crisis y al menospreciar a sus enemigos, fallos humanos y divisiones internas inutilizaron en parte los esfuerzos de los buscaires, pero el fracaso —si lo hubo— no es imputable sólo a la Busca. Desde los primeros momentos la Biga, apoyada por las Cortes y por la Diputación, se opuso por todos los medios a las reformas y las hizo fracasar o retrasó su aplicación. Bigaires y diputados del General unidos lograron en 1454 anular el nombramiento de Requesens como Lugarteniente Real, aunque conservó el cargo de Gobernador de Cataluña y tuvo siempre la confianza del nuevo Lugarteniente, Juan de Navarra. Éste intentó llevar a las primeras Cortes convocadas por él algunos de los problemas barceloneses, sin éxito porque la Biga logró que no fueran aceptados los representantes de Barcelona por no ser constitucional el nombramiento de sus electores (del Consejo de Ciento) y paralizó las Cortes durante un año, hasta que fue elegido el segundo Consejo buscaire.

Igualmente unidas, las Cortes y la Biga hicieron fracasar, retrasaron o redujeron los efectos de las dos medidas más importantes tomadas por los buscaires: la devaluación monetaria y la prohibición de importar paños de lujo, que perjudicaban por igual a nobles, eclesiásticos y ciudadanos en cuanto rentistas y usuarios de este tipo de paños. La devaluación ofrecía a Barcelona dos ventajas: evitaría la salida de moneda y facilitaría los intercambios en la ciudad, y permitiría aumentar los bienes municipales porque las rentas de censales y violarios quedarían automáticamente disminuidas. La segunda ventaja desapareció al revalorizarse los depósitos para evitar la retirada masiva de capitales. Las Cortes consideraron ilegal la devaluación e insistieron en seguir arrendando las generalidades (los impuestos cobrados por la Generalidad) y en pagar las rentas de sus censales en la moneda fuerte. Aunque el monarca confirmó la devaluación, los problemas de Barcelona no terminaron. Todavía en 1456 se acusaba a los rentistas de exigir el pago de sus rentas en moneda pequeña que acaparaban y retiraban de la circulación para impedir las transacciones cotidianas y provocar el descontento popular contra el Consejo buscaire.

Al prohibir importar los paños de lujo los buscaires cometieron graves errores que fueron hábilmente aprovechados por sus enemigos. La ordenanza de 1422 por la que se prohibía la importación de paños de lana, seda y oro había sido aprobada por las Cortes y correspondía a éstas o a la Diputación ponerla de nuevo en vigor. A las peticiones de los consellers respondieron los diputados con evasivas y dilaciones para favorecer a los importadores de estos paños (algunos muy relacionados con los Diputados) y para provocar la separación de los tejedores y pelaires del sindicato. Según declararon los cónsules de estos gremios, los diputados hicieron correr el rumor de que la tardanza era imputable al Consejo de Ciento y ofrecieron promulgar dicha ordenanza por sí mismos siempre que los pelaires y tejedores se avinieran a aceptar la «voluntad de los diputados y a contrariar dicho regimiento» buscaire.

Ante esta solución, el Consejo hizo publicar la ordenanza en Barcelona, pero sólo en lo que se refería a los paños de lana, lo que permitió a la Diputación invalidarla por incompleta y contraria a las constituciones de Cataluña; la Biga pudo afirmar que se habían omitido los párrafos referentes a los paños de seda y oro porque un buscaire conocido tenía en su tienda grandes cantidades de estos paños. En consecuencia, los paños extranjeros siguieron vendiéndose igual que bajo el gobierno bigaire.

La ofensiva continuó en los años siguientes y de modo especial a partir de la muerte de Alfonso el Magnánimo (1458). Lentamente recuperó la Biga su ascendencia en el Consejo; con la colaboración de los diputados y a través de maniobras de descrédito de la Busca logró atraerse a algunos buscaires moderados; con el apoyo de éstos consiguió situar a tres bigaires como consellers en 1460 a pesar de las continuas protestas del sindicato. El resurgimiento de los ciudadanos se confirmó cuando la Diputación creó en Barcelona, para oponerse a Juan II y en apoyo de Carlos de Viana, el Consell representant lo Principat de Catalunya, controlado por la Biga. En 1461, después de la Capitulación firmada por el monarca en Vilafranca, Requesens fue depuesto y encarcelado y, bajo el pretexto de que los dirigentes de la Busca conspiraban para permitir el regreso a Cataluña de Juan II, los buscaires más conocidos fueron ajusticiados.

De la crisis política a la guerra civil

La organización política de Cataluña tiene como base, desde los orígenes del Principado, el pactismo. El conde de Barcelona consigue gobernar sólo después de haber llegado a acuerdos o pactos con los nobles y de haberles reconocido algunos derechos. Las constituciones de paz y tregua por las que se rige Cataluña desde el siglo XI sólo obligan a las tierras y hombres de realengo y sólo pueden ser aplicadas en los señoríos previa autorización o petición de los nobles. La incorporación de la burguesía al gobierno se hace también por medio de acuerdos o pactos implícitos: las ciudades proporcionan dinero para las campañas de Jaime I y de sus sucesores y reciben a cambio un reconocimiento de sus derechos y una mayor libertad municipal.

Al generalizarse las reuniones de Cortes con asistencia de nobles, eclesiásticos y ciudadanos puede hablarse ya de un pacto político con valor general entre los dirigentes de la sociedad y el monarca. Desde 1283 las disposiciones tomadas en Cortes sólo en Cortes pueden ser modificadas; ni el rey ni nadie puede ir contra los textos legales y las Cortes han de ser necesariamente oídas antes de tomar cualquier decisión que afecte al conjunto del territorio.

La idea de un poder compartido, de una limitación de las atribuciones del soberano y del respeto al derecho tradicional se halla extendida por todo Occidente. El pactismo como idea no es exclusivo de Cataluña ni siquiera de la Corona de Aragón; se da en Navarra con igual o mayor fuerza y en menor medida en Castilla, donde las Cortes en determinadas ocasiones obligaron al monarca a compartir el poder con ellas. Pero fueron los catalanes quienes llevaron el sistema pactista a sus últimas consecuencias: a la deposición del monarca cuando éste pretendió, o las Cortes creyeron que pretendía, hacer caso omiso del pacto y gobernar de modo autoritario.

La versión tradicional, elaborada por la historiografía del siglo XIX —siglo parlamentario por excelencia—, ha hecho de las Cortes un organismo democrático en el que se hallarían representados los intereses de todos los súbditos; en consecuencia, las Cortes serían las defensoras de la libertad y de los derechos de toda la población frente al autoritarismo monárquico. Como en el caso catalán los mayores enfrentamientos y la deposición del rey se produjeron en el siglo XV, es decir, en la época de los Trastámara castellanos, se ha querido ver en la acción de las Cortes la defensa de los privilegios y derechos nacionales de Cataluña frente a un monarca extranjero, castellano.

Actualmente, un mejor conocimiento de las Cortes obliga a modificar esta opinión. En las Cortes de Cataluña (lo mismo puede decirse de las demás) sólo se halla representado el 1 por ciento de la población; si en muchos casos es cierto que nobles, eclesiásticos y ciudadanos, al limitar la autoridad del rey, actúan de modo beneficioso para el país, no lo es menos que los grupos privilegiados tienden a confundir el bien público con el suyo propio y que utilizan el poder, al que han llegado por sus riquezas y posición social, para mantener sus privilegios personales o de grupo.

De hecho, el pacto es más el resultado de una imposición de los grupos privilegiados que de un acuerdo con el monarca. Éste lo acepta porque carece de medios para imponerse a las Cortes y porque necesita los subsidios que sólo éstas pueden proporcionarle. Pero bastará que se acentúe la tendencia a legislar de acuerdo con los intereses de grupo para que aumente el número de los descontentos y para que el rey, apoyándose en ellos, intente reducir la fuerza de los privilegiados no para destruirlos, sino para librarse de su tutela y obligarlos a colaborar o, si se prefiere, para ampliar el pacto y hacerlo extensivo a los grupos que hasta entonces habían permanecido al margen.

A través de este mecanismo las tensiones entre las Cortes y el monarca adquieren un fuerte matiz social. Pero sería absurdo ver en la guerra civil de 1462 1472 sólo un conflicto en el que la monarquía apoya a los desamparados frente a los poderosos. Para el monarca los problemas de bigaires y de campesinos son importantes, pero no tanto en sí mismos como en cuanto a través de ellos, utilizándolos, puede llegar a un acuerdo con la oligarquía, acuerdo no impuesto sino negociado en plan de igualdad o de superioridad por parte del rey. Quizás este carácter de la guerra pueda explicar la división de los catalanes; bigaires radicalizados y remensas colaboran con el monarca, pero también una parte considerable de la nobleza y algunos ciudadanos que ven en la colaboración con el rey la única salida a los problemas de Cataluña. De hecho, Juan II ni restablecerá el Consejo buscaire ni exigirá la solución de los problemas remensas después de su victoria. Fernando el Católico solucionará el problema remensa, pero mediante un acuerdo negociado en el que obliga a señores y campesinos a ceder, y aplicará en Barcelona el programa de los buscaires, pero con la ayuda de los ciudadanos, de los antiguos dirigentes de la Biga.

Conflictos sociales y agravación de las tensiones entre el monarca y las Cortes son consecuencia de la crisis económica catalana, y ésta se refleja igualmente en la situación de Cataluña en el interior de la Corona. Hasta mediados del siglo XIV, Cataluña es el centro político: es ella la que dirige la expansión y será Cataluña la que ponga fin a las sublevaciones de los unionistas valencianos y aragoneses; sesenta años más tarde el mantenimiento de los dominios mediterráneos apenas interesa a los dirigentes de Cataluña, y serán los aragoneses quienes dirijan las negociaciones para nombrar al nuevo rey a la muerte de Martín el Humano. A fines del siglo Valencia se convierte en la capital financiera y también industrial y comercial de la Corona; mientras Barcelona apenas alcanza los 30000 habitantes, Valencia es junto con Sevilla una de las mayores ciudades de la Península.

Desarrollo del ideal pactista

Los inicios del pactismo, del predominio de las Cortes sobre el monarca, se sitúan en 1283. Con anterioridad a esta fecha han existido pactos o acuerdos como los que han posibilitado la conquista de Mallorca o las campañas contra el reino musulmán de Valencia, pero el monarca se ha negado siempre a reconocer limitaciones a su autoridad. Pedro el Grande, incluso antes de ser rey —en los últimos años de Jaime I—, ha actuado como un monarca autoritario frente a la nobleza aragonesa y frente a la catalana.

La conquista de Sicilia interesa a los mercaderes, nobles y eclesiásticos de Cataluña y, de modo primordial, al monarca, pero las consecuencias de esta campaña (guerra contra Roma, los angevinos y Francia, y aumento de los impuestos) afectan a todos los súbditos del monarca. Los nobles aragoneses se negarán a sufrir estas consecuencias sin una contrapartida: el reconocimiento formal de los derechos nacionales y de la personalidad aragonesa, el compromiso del rey de no tomar medidas de tal gravedad sin el aviso favorable de las Cortes, y el respeto a los derechos consuetudinarios de los señores.

Amenazado desde Francia y Navarra y sin garantías de recibir la ayuda prometida por los castellanos ni la colaboración debida por los aragoneses, para defender el territorio y mantener la isla siciliana el monarca sólo contaba con los catalanes, que se hicieron pagar sus servicios con privilegios similares a los arrancados por los aragoneses. Pedro el Grande se comprometió a reunir periódicamente las Cortes y a no promulgar nuevas leyes de carácter general sin la aprobación de nobles, eclesiásticos y ciudadanos, es decir, renunció al poder legislador que le concedía el derecho romano. Junto a estas normas constitucionales fueron aprobadas otras de carácter nacional catalán (solución en Cataluña de los pleitos, uso del título de conde de Barcelona) o de valor general (supresión del bovatge, del impuesto sobre la sal y de los peajes y portazgos creados en los últimos años) y se reconocieron algunos derechos y privilegios de nobles, eclesiásticos y ciudadanos.

Los nobles y cuantos tuvieran señoríos o los alcanzaran en el futuro vieron reconocida su inmunidad frente al rey y sus oficiales, y su autoridad sobre los campesinos a los que podrían maltratar, juzgar e impedir el abandono de la tierra. Si los aragoneses habían conseguido que el rey no actuara contra ellos sin el consentimiento del Justicia y que, en todo caso, se atuviera al derecho nacional aragonés, las relaciones entre los nobles catalanes se regirán por el código feudal, por los usatges, y sus pleitos con el monarca serán juzgados por sus pares. Los eclesiásticos vieron confirmados sus derechos tradicionales (que sin duda fueron objeto de cartas particulares) y los ciudadanos recibieron el privilegio de elegir a sus dirigentes, numerosas concesiones como las recogidas en el privilegio Recognoverunt proceres, otorgado a Barcelona, y ayuda contra quienes discutían su autoridad como en el caso de Berenguer Oller.

En los años posteriores las Cortes lograron un derecho fundamental: la concesión de subsidios sería posterior a la reparación de los agravios cometidos por el monarca. Tanto Jaime II como Alfonso el Benigno y Pedro el Ceremonioso (en sus primeros años) llevaron a cabo una política favorable a Cataluña y a sus dirigentes; el acuerdo entre el monarca y las Cortes apenas se vio turbado, aunque éstas no renunciaron a poner coto a las atribuciones de los oficiales del rey cuando la situación exterior y las necesidades de los monarcas se lo permitieron. Así, en 1300 y 1301, coincidiendo con las primeras dificultades de Jaime II en Murcia y con una nueva amenaza de secesión de los unionistas aragoneses, fueron aprobadas medidas que recortaban considerablemente los poderes de los oficiales reales.

El pacto es puesto a prueba y desarrollado a partir de mediados del siglo XIV cuando los catalanes, a consecuencia de la crisis, pierden interés por la política expansiva de la monarquía y ésta se ve obligada a recurrir cada vez con más frecuencia a los subsidios de las Cortes y a aceptar las exigencias de éstas. Pero si la diferencia de intereses entre el monarca y los dirigentes catalanes y las necesidades económicas del rey fueron la causa inmediata del desarrollo del pacto, sus bases jurídicas hay que buscarlas, según Abadal, en época muy anterior.

El territorio catalán lo forman una serie de condados cuya dirección ha recaído en el conde de Barcelona, título cuyo uso en los documentos oficiales exigieron a Pedro el Grande las Cortes de 1283. Pero si puede hablarse del conde de Barcelona como dirigente de toda Cataluña, ésta no puede identificarse con el antiguo condado; es preciso buscarle una nueva denominación, un título, que será desde 1350 el de Principado. Al dar este título a sus dominios catalanes, Pedro el Ceremonioso aceptaba y se hacía eco de las contradicciones de Ramón Berenguer IV quien, tras su matrimonio con Petronila de Aragón, utilizó el título de príncipe, intermedio entre el de conde (de Barcelona) y el de rey (de Aragón).

Esta ambigüedad se refleja, siempre según Abadal, en el código catalán, en los usatges, cuya redacción definitiva habría sido obra de los juristas de la curia de Ramón Berenguer IV, que habrían atribuido al príncipe una serie de derechos correspondientes al conde (feudales) ampliados a todos sus dominios, junto a otros propios del rey (inspirados por el derecho romano). Las contradicciones existentes entre unos y otros darían «una base legal al mismo tiempo a los monarcas y a los señores feudales en sus luchas por el predominio estatal».

Como soberano del conjunto territorial catalán, el príncipe tenía el derecho de legislar y de suplir por sí o a través de su Curia, las deficiencias de los usatges, el de declarar la guerra y firmar la paz con los Estados extranjeros y el de proclamar la paz y tregua en el interior. El primero y el último de estos derechos los habrá perdido antes del siglo XIV. Por conservar el segundo tendrán que luchar los monarcas desde la época de Pedro el Ceremonioso hasta la de Juan II.

A juzgar por los textos, el rey gobierna libremente, y las crónicas atribuirán a los monarcas los éxitos y los fracasos, pero existen en Cataluña unas fuerzas «que se interfieren con una eficacia indiscutible en la marcha del Estado. Unas en sentido colaboracionista y las otras en clara oposición a la política monárquica». Entre las primeras sitúa Abadal al Consejo Real, la Curia y la Casa Real, que forman en conjunto la Corte Real, cuyas atribuciones intentarán anular las segundas: los señores feudales, los municipios y las Cortes, que reúnen a los dirigentes feudales (laicos y eclesiásticos) y a los municipales.

Tanto el Consejo como la Curia y la Casa Real son una derivación de la antigua Corte condal. Los límites entre uno y otras no están bien delimitados. Forman parte del Consejo personas de confianza del rey que le asesoran en los asuntos más importantes y cuya influencia sobre el monarca es considerable. La Curia es el organismo encargado de administrar justicia en nombre del rey; de ella parten las directrices político-legislativas del Estado. Serán los miembros de la Curia los que desarrollen y propaguen los principios del derecho romano que favorecían a la autoridad del monarca. La Casa Real está integrada por los funcionarios y administradores con poderes sobre todo el Principado: procurador general, batlle general o Gobernador de Cataluña y los veguers y batlles que, con sus ayudantes, administran cada una de las veguerías o bailías en que se halla dividida Cataluña.

Puesto que de hecho son los miembros del Consejo, de la Curia y de la Casa Real quienes gobiernan, los señores feudales y los municipios intentarán limitar sus atribuciones o situar en estos puestos a personas de su confianza. En los primeros momentos de su reinado, Pedro el Ceremonioso actúa como un rey autoritario: impone a sus oficiales, organiza la Casa Real, intenta adaptar las Partidas para fortalecer el poder monárquico... Todas las reformas fracasaron ante la oposición de las Cortes, que utilizaron ampliamente las necesidades económicas del monarca para limitar su autoridad y la de sus oficiales.

En las relaciones entre el monarca y las Cortes distingue Abadal cuatro períodos; entre 1336-1356 se pasa del predominio a la sumisión del monarca que, si en los primeros años consiguió los subsidios pedidos para la anexión de Mallorca o para la guerra contra los unionistas, halló una fuerte resistencia para firmar la alianza con Venecia contra Genova en 1351 (el rey no podrá contratar ni carpinteros para la flota ni marinos en los lugares de señorío sin autorización de las Cortes). En 1352 tuvo que aceptar las condiciones puestas para recibir la ayuda necesaria para la pacificación de Cerdeña: el dinero sería administrado por tesoreros nombrados por las Cortes y ni el rey ni sus oficiales podrían intervenir en la repartición de este dinero. En definitiva la guerra será dirigida o controlada por las Cortes, que acordaron —además— que del dinero recaudado en los lugares de señorío se concediera un tercio a los respectivos señores. Este control del dinero se convertiría en norma general; los procuradores llegarían cuatro años más tarde a decir al rey cómo debía llevar la guerra y a pedirle que buscara una paz honorable y que no se metiera en nuevos conflictos sin el consejo de las Cortes de Cataluña y de los demás territorios de la Corona.

Ante las trabas puestas, Pedro el Ceremonioso inició la guerra contra Castilla (1356-1365) pidiendo la ayuda de las ciudades o préstamos particulares, pero los fracasos le obligaron a recurrir de nuevo a las Cortes, en principio convocando por separado al brazo real, más manejable, para que su ejemplo indujera a los eclesiásticos y nobles a colaborar. Durante dos años (1358-1359) mientras los ejércitos castellanos saqueaban Aragón y Valencia, los nobles consiguieron paralizar la ayuda mediante el recurso a los usatges y mediante propuestas para alejar de las reuniones a los consejeros del rey. La gravedad del peligro castellano hizo posible la concesión de nuevas ayudas en los años posteriores (siempre bajo el control de las Cortes) condicionadas a la duración de la guerra; al firmarse una tregua la ayuda cesaba y el monarca se veía obligado a licenciar a sus tropas con lo que facilitaba nuevos ataques castellanos. Por otra parte, se insiste en que la recogida y distribución del dinero se hará sin intervención del monarca; se gastará única y exclusivamente en la defensa de Cataluña, y los representantes de las Cortes podrán nombrar al capitán de la flota y recibir los ingresos que estas naves consigan.

Como quiera que los impuestos directos votados por las Cortes (una cantidad fija que pagaría cada vecino) eran insuficientes e impopulares y dado que las reuniones de Cortes y las comisiones encargadas de administrar las ayudas se encabalgaban, se creó una comisión permanente de las Cortes, la Diputación del General, a la que se autorizó en 1364-1365 a poner impuestos indirectos sobre los artículos de uso o consumo diario y a emitir censales y violarios. En adelante, la Diputación tendrá sus propios ingresos que le permitirán una gran autonomía; sus dirigentes, los diputados (uno por cada brazo), gozarán de un gran prestigio y autoridad en el Principado. Las Cortes no se limitarán a controlar al monarca esporádicamente, cuando éste las convoca, sino que lo podrán hacer de modo permanente.

Finalizada la guerra directa con Castilla —aunque la paz definitiva no se firmó hasta 1378—, Pedro el Ceremonioso siguió necesitando la ayuda de las Cortes para reducir a los sardos y para rechazar a las compañías de mercenarios y salteadores que amenazaban Cataluña desde la frontera pirenaica. Para obtener la ayuda necesaria el monarca claudicó ante las Cortes, a las que pidió consejo sobre el modo de enfocar el problema sardo y a las que confió la organización de un ejército mercenario, pagado y controlado por las Cortes, el cual sustituiría a la leva general que el monarca podía ordenar legalmente pero para la que no disponía de autoridad suficiente.

En el último período del reinado de Pedro el Ceremonioso (1378-1386) las Cortes llevaron a cabo una ofensiva contra los oficiales y consejeros del monarca, a los que se acusaba de numerosos abusos de poder que iban desde la malversación del patrimonio real (vendido o empeñado como garantía de préstamos para cubrir los gastos no cubiertos por las Cortes) hasta la venta de la justicia. Pedro el Ceremonioso, que había iniciado su reinado nombrando libremente e imponiendo contra la voluntad de las villas y lugares a sus oficiales, murió dejando a éstos a merced de las Cortes no sin antes intentar reducir su fuerza mediante el apoyo a los descontentos de la ciudad de Barcelona, en cuyo favor llevó a cabo la reforma del régimen municipal en 1386 del mismo modo que haría setenta años más tarde Alfonso el Magnánimo.

La acción de las Cortes sólo fue detenida ante la amenaza de una invasión que, al decir de algunos cronistas, fue provocada y organizada por los consejeros de Juan I para obligar a clausurar las Cortes y poner fin al proceso de los oficiales. El nuevo monarca dio satisfacción a los ciudadanos de Barcelona al poner fin a la reforma municipal y procuró evitar las reuniones de Cortes. Pero no por ello logró poner fin a los ataques contra sus consejeros y oficiales; las ciudades de Barcelona y de Valencia serían los portavoces de esta nueva ofensiva que culminaría en el proceso incoado al subir al trono Martín el Humano. Las acusaciones contra los consejeros eran graves pero quizá no tanto o no tan fundadas como dan a entender los textos, puesto que Martín perdonó a la mayor parte de los acusados y reintegró a algunos a su servicio a pesar de que habían sido acusados de haberse opuesto a que Martín sucediera en el trono a su hermano Juan I.

Divisiones sociales y crisis

La unión entre nobles, eclesiásticos y ciudadanos que había hecho posible el predominio de las Cortes sobre el monarca y que dificultó la recuperación del patrimonio real emprendida por Martín el Humano desapareció en parte durante el interregno que precedió al nombramiento de Fernando de Antequera. La alta nobleza se dividió entre urgelistas y antiurgelistas aunque predominaron los primeros; la pequeña nobleza, que ya había pedido en tiempos de Juan I formar un brazo aparte en las Cortes (lo formaban en Aragón) halló, según algunos historiadores, la oposición de los barones; según las últimas investigaciones de Santiago Sobrequés se encontró con la negativa cerrada de eclesiásticos y ciudadanos.

Entre los ciudadanos predominaron en los primeros momentos los enemigos de Jaime de Urgel que hicieron de Luis de Anjou su candidato para abandonarlo cuando la candidatura de Fernando de Antequera adquirió fuerza en Aragón. Los eclesiásticos se dividieron entre el apoyo a Jaime de Urgel y la obediencia a Benedicto XIII, que secundaba al pretendiente castellano. Esta división fue sin duda una de las causas que llevaron al parlamento catalán a aceptar a los compromisarios designados por los aragoneses, pero una vez elegido Fernando fue aceptado de modo casi unánime, quizás porque al ser un rey elegido cuyos derechos eran discutibles ofrecía a nobles, eclesiásticos y ciudadanos la posibilidad de controlar el poder.

El nuevo rey necesitaba ayuda para sofocar la rebelión de Jaime de Urgel. En las primeras Cortes convocadas (1412-1413) accedió a las peticiones hechas contra los campesinos, lo que equivalía a confirmar los derechos señoriales, y aceptó el sistema pactista: serían nulos los actos reales contrarios a los usatges, constituciones y capítulos aprobados en Cortes, así como los acuerdos que no hubieran sido tomados por los tres brazos. Para evitar toda posibilidad de interpretación se ordenó hacer una versión en catalán de los usatges, constituciones y capítulos de Cortes y se autorizó a los abogados a utilizar el catalán en los pleitos. Al mismo tiempo se consiguió independizar a la justicia del poder real al negar autoridad al monarca para incumplir los acuerdos tomados por el canciller y vicecanciller. En esta misma reunión el monarca aceptó que la Diputación del General de Cataluña pasara de ser un simple organismo financiero a tener atribuciones de gobierno y de control, puesto que se le encomendaba la defensa, incluso contra el rey, de los usos y leyes de Cataluña.

Sofocada la rebelión y afianzado su poder, Fernando se negó a aceptar las peticiones de las Cortes de 1413-1414 que disminuían su poder: autoridad absoluta de la Generalitat para juzgar sin apelación el incumplimiento de las constituciones; libertad total del canciller, vicecanciller y regente de la cancillería para administrar justicia; supresión de las comisiones creadas para recuperar el patrimonio real, y prohibición de las reuniones de los campesinos. Antes que aceptar estas exigencias Fernando disolvió las Cortes.

Alfonso el Magnánimo siguió la política paterna y se negó igualmente a dar validez a las peticiones hechas en 1415 y 1419, pero dos años más tarde las Cortes obtenían de la Lugarteniente Real, la reina María, numerosos privilegios a cambio de ayuda económica y militar para ayudar al monarca a salir de Nápoles donde había sido llamado y después traicionado por la reina Juana. Las Cortes de 1415 y 1419 tuvieron un carácter predominantemente nacionalista; en ellas se pidió el alejamiento de los oficiales castellanos y el nombramiento en exclusiva de los catalanes en el Principado, así como la reserva de los cargos en Cerdeña a los aragoneses y catalanes. Pero también se hicieron peticiones que disminuían la autoridad del monarca, como la intervención de las Cortes en el nombramiento de los consejeros del rey, y la absoluta independencia de la Real Audiencia.

En 1421, para liberar al monarca del asedio napolitano, accedió la reina a reconocer los usatges, constituciones y capítulos de Cortes como fuente primera del derecho, lo que equivalía a poner fin a los intentos romanistas, y reconoció el derecho de la Diputación a nombrar un representante ante el monarca para mejor vigilar y defender el cumplimiento de las constituciones; la iniciativa en estas Cortes la llevó el brazo eclesiástico al que se adhirieron los ciudadanos; el brazo militar se dividió, según Vicens, en «dos bandos: uno, partidario del pactismo preconizado por la Iglesia catalana; otro, radical o, mejor dicho, empeñado en neutralizar cualquier acción del gobierno de la monarquía».

La división del brazo militar no hace sino continuar la existente durante el interregno y anunciar la que se producirá al estallar la guerra civil de 1462; los partidarios del conde de Urgel, dirigidos por el conde de Pallars, se oponen a todo intento de conciliación, mientras que los antiguos enemigos de Jaime de Urgel, dirigidos por el vizconde de Cardona, se conforman con las peticiones hechas por la Iglesia. El primero cuenta con el apoyo de la mayoría de la alta nobleza; el segundo con un gran número de caballeros.

Esta división no impidió que las Cortes siguieran actuando de acuerdo en los años siguientes y que llegaran a dirigir la política exterior del monarca al que obligaron a pedir consejo en la guerra contra Castilla (1430), y al que en lugar de la ayuda solicitada ofrecieron la mediación de las Cortes ante el monarca castellano, al que enviaron embajadores sin autorización de Alfonso el Magnánimo. La escisión del brazo nobiliario, así como la del eclesiástico, y la oposición entre ciudadanos-clérigos y nobles a propósito del pago de censales y violarios en 1431 tampoco impidió que en las Cortes reunidas para obtener el dinero necesario a las nuevas campañas napolitanas se aprobaran leyes contrarias a los campesinos de remensa.

Si ya en 1283 las Cortes habían impuesto dos tipos de condiciones, unas directamente constitucionales tendentes en principio a limitar los abusos de poder del monarca y por tanto beneficiosas para todo el Principado, y otras claramente favorables a los grupos que formaban parte de las Cortes —aunque no sea posible separar unas de otras porque las primeras son condición necesaria para imponer las segundas—, éstas se acentúan en el siglo XV al agudizarse la crisis económica; de hecho, desde el momento en que Alfonso el Magnánimo abandonó por segunda y definitiva vez Cataluña para conquistar Nápoles, la pugna entre el monarca y los grupos privilegiados se centra en el problema remensa y en las disensiones entre ciudadanos y mercaderes-artistas-menestrales de Barcelona.

La crisis ha hecho salir a la luz nuevas fuerzas opuestas a la oligarquía dominante y el monarca dejará de ser el blanco de los ataques de las Cortes que intentarán, sin renunciar al control de la monarquía, atraerlo a su bando en la lucha social planteada; también los nuevos grupos intentan atraerse al monarca que se convertirá en el arbitro entre señores y campesinos, entre bigaires y buscaires. A pesar de todas sus dudas y ambigüedades, que le llevaron a aceptar dinero de unos y de otros y a tomar medidas' frecuentemente contradictorias, como la concesión del privilegio «del Gobernador» a Barcelona contra Requesens y el mantenimiento de éste en el cargo, Alfonso y sus juristas adoptaron el partido de los remensas y buscaires para debilitar a los grupos en el poder y afianzar la autoridad monárquica.

Liberación de los campesinos de remensa y acceso al poder de los bigaires ponían en peligro la posición privilegiada de nobles, eclesiásticos y ciudadanos, quienes en las Cortes de 1454-1458 intentarían anular las medidas tomadas: en primer lugar porque eran contrarias a sus intereses y en segundo término porque, al menos las que se referían a Barcelona, eran anticonstitucionales al haber sido realizadas por orden de un Lugarteniente, Galcerán de Requesens, nombrado ilegalmente. La ilegitimidad de origen anulaba según las Cortes el nombramiento del primer Consejo buscaire y la devaluación monetaria por él realizada. Aunque el tema no se trató en las Cortes, la Diputación se opuso igualmente —pretextando motivos legales— a la publicación de las ordenanzas proteccionistas.

Los acuerdos tomados por las Cortes o por la Diputación suponían un retroceso del poder monárquico, pero el rey siguió contando con el apoyo de los ciudadanos, clérigos y nobles moderados y con la ayuda incondicional de buscaires y payeses de remensa. El error cometido por Juan II al encarcelar a Carlos de Viana, al que por derecho le correspondía el cargo de Lugarteniente del rey en Cataluña, unió a todos los catalanes y dio el triunfo a los radicales que sustituyeron el gobierno del monarca por el del Consejo representante del Principado de Cataluña, combatieron a los payeses, anularon a la Biga y pusieron en la Capitulación de Vilafranca condiciones humillantes al rey: éste no podría entrar en Cataluña sin permiso y para nombrar a los oficiales necesitaría la aprobación de la Diputación, del Consejo de Ciento y del Consejo del Principado de Cataluña. Carlos de Viana sería Lugarteniente perpetuo.

La muerte de Carlos (1461) y el nombramiento de Fernando como Lugarteniente en Cataluña no pusieron fin a las tensiones; los dirigentes de la revuelta eran conscientes de que por debajo del problema constitucional yacían las diferencias económicas y sociales y temían una sublevación campesina y buscaire. La reina Juana Enríquez, tutora de Fernando, conspiraba para conseguir el regreso a Cataluña del monarca quien, por su parte, concertaba alianzas con Luis XI de Francia. Bajo el pretexto de que la reina abandonaba Barcelona para unirse a los remensas de Francesc Verntallat un ejército intentó apoderarse de Juana Enríquez. Juan II rompió los acuerdos de Vilafranca y penetró con sus tropas en Cataluña.

Pasados los primeros momentos de euforia tras el triunfo obtenido sobre el monarca en Vilafranca, la cohesión de los catalanes se rompió. Partidarios del sistema pactista en su gran mayoría, no todos los nobles aceptaron unos acuerdos que dejaban en manos de sus rivales el poder. Si el conde de Pallars, una vez más, se ponía al frente de los intransigentes, su enemigo el vizconde de Cardona pasaba al bando real y con él otros muchos. Una parte del clero se adhirió igualmente al monarca, al que secundaron algunos ciudadanos asustados ante los excesos cometidos contra los antiguos buscaires. La actitud «pactista» del monarca durante la guerra civil le atrajo nuevos partidarios y le dio el triunfo final que, si supuso la anulación de los acuerdos de 1462, no significó el fin del sistema pactista, que sería reconocido por Fernando el Católico en 1481.

EL REINO DE ARAGÓN

El primer censo completo de Aragón data de 1495, pero existen algunos recuentos parciales que permiten conocer la evolución demográfica del reino a partir de la peste de 1348 cuyos efectos fueron catastróficos. Nuevos brotes de peste se produjeron en 1362, 1384, 1410, 1430, 1488, 1492, 1495... y la guerra con Castilla afectó gravemente al reino, que fue uno de los escenarios del conflicto. A pesar de estas catástrofes la población aragonesa se recupera en líneas generales y, al menos para las zonas del norte, puede asegurarse que se mantiene al mismo nivel que en los siglos XII y XIII. Para el siglo XV existen censos fiscales-militares de 1404 y 1430, pero son incompletos y no concuerdan entre sí. El de 1404 señala la existencia de 42683 vecinos, cifra que era considerada excesiva veinte años más tarde y reducida a 38468. A fines del siglo XV los vecinos de Aragón eran 50391 lo que nos da una población aragonesa de 200 a 250000 habitantes.

La distribución jurisdiccional sólo nos es conocida fragmentariamente. En 1404 los fuegos eclesiásticos eran 1303 que fueron reducidos a 1039 en 1430; según Ángel Canellas los 1303 fuegos se distribuían de la siguiente forma: «Veruela, 123; Tarazona, 76; Montearagón, 200; San Juan de la Peña, 114; San Victorián, 418; monasterio de la O, 36; monasterio de Piedra, 48; cabildo de Huesca, 227; cabildo de Jaca, 21; Santa Cruz de la Seros, 40.» El número de fuegos de realengo y nobiliarios es desconocido; los datos reunidos por Canellas son los siguientes: «Señorío de Mores, 80; de Sestri-ca, 30; de Biota, 71; de Alfamén, 21 y de Albero, 41. Población de Zaragoza, 3 978; de Daroca, 709, y de Calatayud, 1 237.»

El censo de 1430 refleja el descenso de la población en los datos que se conocen: Zaragoza ha perdido 750 vecinos, cifra que parece exagerada; Daroca perdió 200 y Calatayud 246; algunas de estas poblaciones decaerían aún más a lo largo del siglo, pero en general la población aumentó entre 1430 y 1495 en un veinte por ciento según Lacarra. De los 50391 fuegos que señala Canellas para 1495 (51540 según Lacarra) más del diez por ciento eran fuegos moriscos situados en las márgenes del Cinca, Alcanadre, Flumen e Imela, Jalón, Huerva, Aguas...; la mayoría trabajaban tierras señoriales: 3 603 vecinos situados en 96 lugares de la nobleza laica; 591 en 16 lugares eclesiásticos; 262 en 10 señoríos de la orden de San Juan; 154 en tierras de la orden de Calatrava; y 927 en 19 lugares de realengo.

El mundo rural

Aragón es un país esencialmente agrícola. La tierra se halla en manos de la nobleza, que ha logrado en los últimos siglos consolidar sus señoríos. Ángel Canellas ha elaborado un mapa de los señoríos aragoneses, que se extienden desde las zonas montañosas del norte hasta la frontera del reino con Castilla. En los límites del antiguo condado aragonés se hallan los señoríos de Jordán de Urríes, López Sánchez y Gurreas; en Sobrarbe, los de Rebolledo, Mures y Mazas; en Ribagorza, el condado del mismo nombre y el señorío de los Bardají; en Cinco Villas, los de Fernández de Heredia, Ximénez de Urrea; en la cuenca del Gallego tienen señoríos los Gurrea y Jordán de Urríes; junto al Flumen, los López de Gurrea, la baronía de Sangarrén y los Alagón Arbórea; en las orillas del Guatizalema, los Ximénez de Urrea, los Moncayo...

Los principales recursos aragoneses proceden de la tierra: productos agrícolas, ganadería y madera. En el valle del Ebro, zona conquistada a los musulmanes a fines del siglo XI y. comienzos del XII, continúan los cultivadores musulmanes, que mantienen los sistemas de regadío, pronto imitados por los campesinos cristianos. Sólo en las proximidades de Zaragoza existen acequias que utilizan el agua de los ríos Ebro, Gallego, Jalón y Huerva. Junto a los productos de huerta propios de regadíos, se cultivan fundamentalmente los cereales. El trigo y el azafrán son los principales artículos de exportación. Los bosques de la serranía de Albarracín y de los valles pirenaicos se utilizan para la obtención de madera que, en muchos casos, serviría para la construcción naval de Cataluña y de Valencia a donde llegarían los grandes troncos a través de los ríos.

Las zonas no cultivadas eran aprovechadas por la ganadería, cuya importancia real se desconoce aunque sabemos que los ganaderos se hallaban organizados desde el siglo XIII en organismos semejantes a las mestas castellanas: Casa de Ganaderos de Zaragoza, de Tauste, de Ejea; Cofradía de Pastores de Letux, Mesta de Albarracín, Ligallós de Calatayud y Teruel... que en ningún momento se unieron. La organización más importante es la de Zaragoza, que recibió numerosos privilegios de los monarcas a pesar de lo cual nunca logró vencer la resistencia de las poblaciones agrícolas, por lo que «en 1459 se destinó a dehesa una parte de los montes comunes de Zaragoza por acuerdo entre la ciudad y la Casa de Ganaderos» según La-carra.

Los moriscos residentes en el campo aragonés dependen jurisdiccional-mente de los señores y del rey; éste se reserva siempre algunos derechos jurídicos (apelación en las causas criminales) y económicos (derechos de cena y de maravedí) incluso sobre los moriscos de señorío. Los musulmanes son teóricamente libres (conservan la situación que tenían en el momento de la conquista) y pueden abandonar libremente el señorío, por lo que se establece una pugna entre el rey y los señores y entre éstos para atraer a esta población, lo que redunda en una mejora de las condiciones.

Es posible que, al igual que ocurrió en Valencia, la libertad de movimiento de los mudéjares sufriera restricciones a partir de la crisis demográfica. Desde luego aumentaron los impuestos ordinarios y extraordinarios hasta el punto de que las aljamas se empobrecieron y se vieron obligadas a recurrir al préstamo en forma de censales con intereses del 6 al 8 por ciento. Los impuestos ordinarios eran la pecha o peyta, cobrada global-mente en las zonas realengas e individualmente en las de señorío; su importe oscila entre 1/5 y 1/6 de la cosecha. En los señoríos se cobran además los derechos de utilización del horno, lagar y molino; se exigen prestaciones personales y se imponen tallas en los momentos de necesidad, cosa que también hace el rey.

La situación de los vasallos cristianos parece haber sido peor que la de los musulmanes quizás por cultivar tierras menos productivas. A los impuestos ordinarios se unen el pago del diezmo eclesiástico y la prohibición de vender sus productos antes de que lo hiciera el señor. Según los cálculos hechos por Lacarra, la pecha cobrada en algunos lugares equivalía al 25 o 30 por ciento de la cosecha. En el siglo XV la situación jurídica de los campesinos se endurece y los señores adquieren el derecho de maltratarlos «con o sin razón». La libertad de movimiento se mantiene pero sólo en teoría, ya que para abandonar la tierra es preciso llegar a un acuerdo con el señor, poco interesado en privarse de la mano de obra.

Las ciudades

Las ciudades aragonesas viven en una gran parte de la agricultura y su población es reducida: menos del veinte por ciento de la población total del reino. En 1495, cuando la población se ha recuperado de las catástrofes, la ciudad más importante, Zaragoza, no llega a los 4000 fuegos (unos 15000 habitantes) y sólo nueve ciudades superan los 2000. Aunque existen algunas industrias urbanas, su importancia es reducida; trabajan para el consumo local y sus artículos son de baja calidad. El comercio, en cambio, es muy activo: exportación de materias primas agrícolas y ganaderas e importación de artículos manufacturados y de lujo.

Las direcciones de este comercio son Cataluña, Francia y, en menor medida, Castilla, Valencia y Navarra cuya producción es similar a la aragonesa. A Cataluña se envía trigo, lana, azafrán, aceite, cueros y madera, generalmente a través del Ebro. Por tierra y por mar se reciben de Cataluña especias, algodón, azúcar, pescado, paños, telas de lujo, joyas... objetos que llegan igualmente desde Francia por Somport, Broto y Benasque. El comercio con Castilla se reduce a algunos frutos, productos agrícolas en años de escasez y algunos artículos manufacturados que procedentes de Francia o de Cataluña llegan a Castilla a través de Aragón. El comercio con Valencia se incrementa en el siglo XV al decaer Barcelona. De Navarra se compra hierro, acero y pescado; se venden tejidos locales y productos llegados de Cataluña y Valencia. Para facilitar este comercio, en 1436 se revisaron todas las concesiones de peajes y se fijó la cuantía que cada artículo debería pagar.

Dentro de la población urbana existe una jerarquización, una división en grupos que va desde los «artesanos, labradores y caballeros-infanzones» de Zaragoza, a los «caballeros, infanzones y ciudadanos» de Huesca o a los «ciudadanos e hidalgos» de Barbastro. En muchos lugares no es la condición social, sino la posición económica la que permite acceder a los cargos de gobierno municipal. En casi todas las ciudades los grupos dirigentes se confunden con la nobleza de sangre. Las desigualdades sociales aumentan en los siglos XIV-XV gracias a los privilegios y exenciones que logran desde el poder los grupos dirigentes, que tienden a cerrarse en sí mismos y a impedir el acceso de otros a los cargos.

También ante el fisco se mantienen o se incrementan las desigualdades, como ocurrió en Zaragoza donde el sistema impositivo fue modificado en 1441. Hasta este año los impuestos se repartían por parroquias sin tener en cuenta la densidad demográfica y la riqueza de cada una. Para evitar las injusticias que el sistema llevaba consigo se acordó establecer un sistema proporcional a las riquezas de cada individuo. Los habitantes de Zaragoza fueron divididos en ocho grupos económicos (ampliados a veinte más tarde) cuyos bienes iban de menos de 500 sueldos a más de 100000. Pero las desigualdades aumentaron: quien poseía 500 sueldos pagaba 2 y el que tenía 100000 contribuía a los gastos municipales con 60, es decir, con una cantidad treinta veces superior mientras que su capital era doscientas veces mayor.

A pesar de que los cargos municipales están reservados desde el siglo XIV a la aristocracia urbana, no existió acuerdo entre sus miembros y las elecciones dieron lugar con frecuencia a banderías en casi todas las ciudades aragonesas. A causa de ello, Alfonso V introdujo en la mayoría el sistema de insaculación (Fernando el Católico lo introduciría en Barcelona) consistente, como afirma Canellas, en «la instauración de unas matrículas de ciudadanos registradas en rodolinos, uno por nombre, que se guardaban en sacos —de donde el nombre de insaculaciones— y que reflejaban gentes de diferentes categorías sociales con derecho a regir el municipio; de estas bolsas se extraían a la suerte los diferentes titulares de los varios cargos concejiles».

Generalmente se ha identificado el sistema de insaculación con la tendencia de los monarcas a poner coto a la aristocratización creciente de las ciudades, pero, en realidad, el sistema sólo tendía a evitar las luchas y enfrentamientos entre los grupos dirigentes. El rey no intervenía en la designación de los candidatos (los fueros o las costumbres locales decidían sobre este punto); y lo único que se hacía era confiar «a la suerte la renovación de cargos y liquidar la perpetua oligarquía de los que los detentaban durante decenios» porque en el antiguo sistema los cargos salientes elegían a sus sucesores y el gobierno permanecía siempre en manos de unas mismas familias.

El sistema insaculatorio se halla establecido en Zaragoza en 1442 donde, según Canellas, «la insaculación o embolsamiento de nombres se efectuaba por enviados especiales del rey, cada diez años por lo general; solían ser gentes de calidad y les asistían en esta misión ciudadanos elegidos por los distritos de la ciudad; la función consistía en aceptar o rechazar, mediante votaciones con habas blancas o negras, los nombres que se habían de incluir en las bolsas de cada oficio». Fernando el Católico mantuvo el sistema insaculatorio pero, al igual que en Barcelona, logró que se le autorizara a elegir personalmente los cargos municipales en 1487.

Un grupo importante dentro de la población urbana aragonesa lo formaban los judíos, cuyas comunidades llevaron una vida floreciente hasta fines del siglo XIV en que, al igual que en Castilla, Cataluña y Valencia, las aljamas fueron saqueadas en su mayoría. Muchos hebreos emigraron, otros se convirtieron y los demás se concentraron en las aljamas de Zaragoza, Calatayud, Tarazona, Alcañiz, Daroca, Fraga, Huesca, Barbastro, Jaca, Caspe y Maella, que todavía a comienzos del siglo XV tenían alguna importancia.

Las conversiones aumentaron extraordinariamente gracias a la predicación de Vicente Ferrer y a las disposiciones de los pontífices y reyes: los judíos eran obligados a asistir a las predicaciones bajo pena de fuertes multas y castigos; estos sermones podían durar varias horas, con lo que se causaba un perjuicio evidente a los hebreos que, por convicción o por interés, decidieron aceptar en gran número el cristianismo. Canellas evalúa las conversiones efectuadas en 1413 en 200, y en 3000 las de 1414.

La conversión planteaba un importante problema económico a las aljamas aragonesas. Los judíos vivían del préstamo pero en muchos casos el dinero que utilizaban no era suyo, sino de cristianos que lo depositaban en las aljamas en concepto de censales: los aragoneses se prestan dinero entre sí, pero por mediación de los judíos. Los intereses de las rentas estaban garantizados por la comunidad hebrea en bloque, pero, desde el momento en que un miembro de la aljama se convertía, se consideraba desligado de todo compromiso con su antiguo grupo y la parte correspondiente de las deudas recaía sobre el resto de los judíos. Las conversiones masivas arruinaban a las aljamas y de rechazo a los censalistas, por lo que fue preciso rebajar el tipo de interés y obligar a los conversos a contribuir al pago de las rentas.

Al ser expulsados los judíos en 1492, se planteó un problema similar. Teóricamente podían llevar consigo todos los bienes muebles y se les autorizaba a vender los inmuebles. Sin embargo, según Lacarra, «había que indemnizar a los censualistas, pero había también que compensar a la Corona de la pérdida que la expulsión suponía para las rentas reales. Por eso, contra el texto del edicto de expulsión, se dieron instrucciones de proceder al secuestro de todos los bienes de los judíos, para, una vez indemnizada la Corona, pagar a censualistas y acreedores de toda especie. Hubo, pues, que hacer balance de créditos y deudas, labor complicada en cualquier caso, pero más con las premuras con que se exigía. Como era de esperar, no los más afectados resultaron los más gananciosos».

La organización política y económica del reino

El pactismo político se halla extraordinariamente desarrollado en el reino aragonés, quizás como reacción contra la tendencia catalana de los monarcas desde comienzos del siglo XIII. La sublevación de los unionistas contra Pedro el Grande y contra Pedro el Ceremonioso son las manifestaciones más conocidas de este pactismo de hecho, que no desapareció con la victoria del monarca en el siglo XIV. Durante los últimos años de este siglo, el pactismo resurge ante la debilidad de los monarcas. En el XV —al igual que en Cataluña— se difunden y generalizan las teorías pactistas, aunque sin llegar nunca a los extremos que alcanzaron en el Principado. Fernando el Católico lograría controlar a las ciudades y a las Cortes al conseguir autorización para nombrar a los jurados municipales y a los procuradores, aunque fuera con carácter temporal. El pactismo aragonés vivirá sus momentos de esplendor en la época moderna.

Las Cortes son el organismo supremo de gobierno, pero sus reuniones son esporádicas, por lo que más que gobernar controlan a los funcionarios sobre los que recaen directamente las tareas gubernativas; el más importante y el más conocido es el Justicia, cargo que sólo podía ser concedido a caballeros aragoneses y que se ejercía con carácter vitalicio sin que hubiera posibilidad de que el rey lo destituyera; a pesar de ello, Alfonso el Magnánimo destituyó a un Justicia y obligó a renunciar a otro sin que se produjeran grandes alteraciones. En sus funciones (es juez en los procesos en los que intervienen nobles y vigila el cumplimiento de los fueros aragoneses) está auxiliado por notarios y vergueros.

Otros funcionarios eran el Lugarteniente general o sustituto del rey durante las ausencias, cargo que recayó siempre en un familiar de los monarcas, y el gobernador general, que desempeña el heredero de la Corona. El reino se hallaba dividido en juntas dirigidas por sobrejunteros, ayudados por tres lugartenientes. Las juntas eran las de Zaragoza, Huesca-Jaca, Sobrarbe, Ejea de los Caballeros y Tarazona.

La Diputación del General o comisión permanente de las Cortes parece haberse limitado en Aragón a las funciones económicas: administración de los subsidios concedidos al rey y de los ingresos y gastos normales. Canellas menciona entre los ingresos las generalidades, los repartos, los censales y los reintegros; y entre los gastos los donativos, préstamos, servicios generales, gastos de administración y representación, pensiones y amortización de censales.

Las generalidades se cobran sobre los artículos que entran y salen del reino, así como los que se consumen en el interior. Los repartos de cantidades son los subsidios extraordinarios que se distribuyen entre los brazos y dentro de cada uno por fuegos; en ocasiones estos subsidios extraordinarios son concedidos en calidad de préstamo (no siempre reintegrable); los censales permiten obtener dinero rápidamente sin esperar a la distribución por fuegos y al cobro correspondiente. La mayor parte de estos ingresos sirve para hacer donativos al rey y a sus servidores; otras cantidades se destinan a contratar las tropas encargadas de la defensa del reino, a pagar a los oficiales y a quienes de algún modo representan al reino, a la amortización de censales...

Aparte de los ingresos proporcionados y controlados por la Diputación, el monarca recibe la pecha o peyta, que se cobra sobre los bienes muebles e inmuebles; las cenas, algunos peajes, los tributos pagados por las comunidades hebreas y musulmanas, las rentas y casas del rey, los ingresos de los monopolios (minas en todo el reino, algunas salinas, hornos y molinos de ciertos sitios...). Pero ingresos ordinarios y extraordinarios fueron siempre insuficientes para atender a las necesidades de la Corona, que recurrió en muchos casos a solicitar préstamos de particulares y comunidades, a emitir censales, a acuñar moneda de baja calidad y a la enajenación del patrimonio real.

LA PROSPERIDAD VALENCIANA

El reino valenciano parece haber sido el único, entre los que componían la Corona de Aragón, que logró superar con éxito la crisis económica de los siglos XIV-XV. Mientras la artesanía y el comercio de los otros reinos decaen, Valencia experimenta un auge considerable del que puede darnos una idea el hecho de que la capital del reino alcance a fines del siglo XV los 85000 habitantes mientras que Barcelona se ve reducida a menos de 30000. Las causas de estas diferencias son mal conocidas. Se ha intentado relacionar la prosperidad valenciana con la alianza que sus mercaderes establecieron con los castellanos a partir del Compromiso de Caspe: Valencia se habría convertido en el puerto mediterráneo de los productos castellanos.

Esta explicación, aunque tenga una base cierta, es insuficiente y se han buscado otras razones: inhibición de Valencia en las empresas italianas del Magnánimo, paz interna mientras que los demás reinos se ven agitados por tensiones sociales de importantes efectos económicos... En realidad ignoramos a qué fue debido el auge de Valencia en el siglo XV, pero no por ello es menos cierto. La agricultura, la artesanía y el comercio son las bases en las que se apoya la actividad económica valenciana. Una completa organización de los regadíos en los siglos XIII-XIV hizo que la producción agrícola fuera proporcionalmente muy superior a la de los demás territorios peninsulares; el excedente agrícola valenciano permitía obtener los cereales que no se producían en la huerta por no ser rentables.

La artesanía (productos textiles, curtidos y muebles) parece igualmente desarrollada en el siglo XV; sobre todo alcanzan fama los tintes valencianos hasta el punto de que son numerosos los paños fabricados en otros lugares que se llevan a Valencia a teñir. El mayor desarrollo corresponde al comercio, en el que Valencia parece haber sustituido a Barcelona. Los ingresos cobrados por la Generalidad por derechos comerciales pasaron de 27000 sueldos en 1407 a 140000 en 1423 y llegaron a 180000 a fines del siglo XV.

La sociedad

La falta de estudios sobre la sociedad del reino de Valencia puede ser suplida mediante el recurso a las obras de Francesc Eiximenis y del anónimo autor de la Doctrina compendiosa. Uno y otro son moralistas y más que describir la sociedad existente trazan los perfiles de la ideal, pero como contrapunto reflejan en muchos casos la real y sus obras son de gran interés para el historiador.

En el prólogo del Regiment de la Cosa pública, obra escrita a petición de los regidores de Valencia, ciudad en la que Eiximenis residió entre 1383 y 1408, el escritor franciscano cita veinte razones por las cuales los dirigentes valencianos deben saber mejor que nadie cómo se ha de dirigir la «cosa pública». Las cuatro primeras pueden aplicarse a los regidores de cualquier ciudad o reino, pero las demás son específicas de Valencia: es un reino fronterizo en el que habitan numerosos infieles (mudéjares) que pueden ser un peligro, por lo que debe prohibírseles llevar armas; las fronteras del reino se extienden por mar y por tierra; la población procede de sitios muy diversos, por lo que resulta difícil someterla a las leyes y fueros propios de Valencia; el carácter de extranjeros de la mayor parte de los pobladores conlleva una característica importante: la mayoría de los valencianos son pobres, carecen de bienes temporales, lo que hace más difícil su gobierno «porque se amotina antes, y cuantos menos bienes tiene tanto más está dispuesto a promover alborotos a los mayores y a los regidores si les tocan en algo».

La presencia masiva de moriscos es un tema dominante en Eiximenis, quien recomienda a los jurados que «velen para que se reparen los muros, valles, calles, plazas, casas y armas de forma que en todo se observe el regimiento cristiano y las maneras cristianas», es decir, recomienda que se supriman los signos externos que denuncian el carácter musulmán de la ciudad y del reino; un medio para conseguirlo será la construcción de edificios religiosos, la celebración de procesiones y de solemnidades con mayor boato aue en otros lugares.

La tierra, según Eiximenis, produce «hombres agudos, sutiles y complicados», lo que hace más necesaria la prudencia de los gobernantes. Por otro lado, abundan en ella las personas que no quieren trabajar y pasan el día ociosos, lo que da lugar a peleas y discusiones que incrementan el trabajo de los gobernantes. En la ciudad abundan los señores que tienden a imponer su autoridad en perjuicio de las libertades ciudadanas. La «aristocratización» de la sociedad valenciana observada por Eiximenis al hablar del gran número de caballeros y nobles existentes y de su injerencia en los asuntos urbanos adquiere un matiz especial cuando se refiere a las mujeres «pomposas y vanagloriosas, aquí como en todas las partes del mundo, pero tanto más aquí cuanto más se aproximan a las pompas castellanas». Este afán de grandeza de las mujeres valencianas (copiado de Castilla) obliga a los maridos a realizar grandes gastos «por las vestiduras superfluas y ricos ornamentos y por otras muchas suntuosidades que requieren». Por ello los jurados valencianos deben vigilar «para conservación de las heredades».

Para el fraile franciscano, la «cosa pública» es «una comunidad de gentes unidas y viviendo bajo una misma ley, señorío y costumbres»; tanto puede llamarse reino, ciudad, villa o castillo. En toda comunidad debe haber diversas personas «ayudando unas a otras según sus necesidades». La forma de ayuda puede ser la venta de las cosas que los demás no producen (comida, bebida, vestido, calzado...) o de cualquier otro tipo; según sea la ayuda que cada uno puede prestar así será su importancia dentro de la comunidad, es decir, todos no son ni pueden ser iguales, por lo que la comunidad se divide en tres grupos o estamentos: mayor, mediano y menor.

Al mayor pertenecen los ciudadanos honrados, caballeros y nobles, todos los cuales —puesto que están llamados a dirigir la sociedad— deben conocer el latín, tener nociones de astrología, hablar los idiomas hablados en las regiones próximas y leer libros edificantes. Sus diversiones pueden ser de diversos tipos: pasear, cabalgar, ejercitarse en armas o juegos, cazar o pescar, jugar a dados «solamente por deporte», jamás a las cartas, que «es juego de mujeres», oír trovadores, hablar de temas serios como ciencias y armas, reír, siempre que no se haga en público «por honor de la dignidad, porque, al reír, generalmente nadie guarda las maneras».

Los miembros del estamento mayor tienden a mostrar su categoría social exagerando los signos externos y copiando modas en el vestir que Eiximenis describe de un modo extraordinariamente gráfico: «entre todas las curiosidades locas de estos tiempos hay las siguientes, es decir: encontrar vestidos que cubren la cara y las manos y descubren las ancas y las partes vergonzosas y dejan ver las pantorrillas y las bragas' a todo el mundo...; llevan jubones tan estrechos en los costados que maravilla cómo no se rompen... y tan amplios en el pecho que por fuerza han de llenarlos de algodón o de otra cosa ya que la naturaleza no basta para concederles tan gruesos pechos ni tan amplias espaldas...».

Los mercaderes son para Eiximenis un grupo importante «porque tierra donde corren y abundan las mercancías es siempre llena, fértil y en buen estado»; sin ellos las comunidades decaen, los príncipes se convierten en tiranos, los jóvenes se pierden y los pobres se lamentan «porque ni caballeros ni ciudadanos, que viven de rentas, se preocupan dé las limosnas». Demostrando que conocía suficientemente una de las causas de la crisis económica que hemos estudiado en Cataluña, Eiximenis aconseja que se prohiba la compra de censales y viólanos a quienes puedan ser mercaderes porque es mucho más beneficioso para la comunidad el comercio que la inversión en rentas; pide para este grupo toda clase de desgravaciones fiscales y protección por parte de los reyes y regidores.

Los menestrales también merecen la atención de Eiximenis aunque sea de modo indirecto; tras referirse a los trabajos que tienen que realizar los miembros del estamento mayor, afirma que de los trabajos de los medianos y menores no es necesario hablar «porque por fuerza se han de ocupar si quieren vivir»; la tarea de los regidores consistirá en mantener a los menestrales en buen estado y en impedir que se les causen perjuicios innecesarios, como los que podrían sobrevenir por la aparición de nuevos métodos de trabajo que impidieran ganarse la vida a los demás menestrales; si apareciera un zapatero que con nuevos útiles hiciese tantos zapatos en un día como otro en veinte, aquél «sería destrucción de cien o doscientos zapateros que hoy viven todos en la comunidad de este oficio... porque si no ganaban no podrían tener qué comer ni, por consiguiente, estarían en buen estado. Por lo que, en tal caso más valdría mandar a dicho zapatero que no usara su nuevo artificio y ordenarle que si quería trabajar en él obrase del mismo modo que los otros», mentalidad que coincide con la ideología de los gremios al regular de un modo preciso los útiles que cada menestral debía tener.

El campesino está muy mal considerado: egoísta, sólo actúa en su propio beneficio o por temor, ingrato, ambicioso, ignorante, sólo bueno para el trabajo físico, vengativo..., jamás debe dársele cargo ni autoridad alguna «porque no se preocupa del bien de la cosa pública a él encomendada sino de su propio beneficio»; ciudadano él mismo, Eiximenis se dirige a un público de ciudadanos señores amenazados por las reclamaciones de los campesinos (la obra está escrita en el momento en que aparecen las primeras cruces y hogueras de amenaza) y refleja en su obra al mismo tiempo el desprecio del hombre de ciudad contra el del campo y el temor que éste le inspira por sus reacciones primitivas, lo que no impedirá a nuestro autor comentar, para condenarla, la proverbial astucia campesina.

Por debajo de los miembros de los tres estamentos y en cierto modo al margen de la sociedad se hallan los pobres que viven de limosna y no trabajan; en principio Eiximenis no admite que nadie viva sin trabajar y llega a indicar las ocupaciones que pueden realizar los ciegos (tocar las campanas, manejar los fuelles de los herreros), los mancos (hacer de correos llevando los paquetes al cuello), los cojos (enseñar a escribir a los niños, vender en el mercado)...; sólo se excluye de esta obligación del trabajo a los contrahechos, inútiles totales y enfermos incurables, pero puesto que no trabajan no forman parte de la comunidad, sino que son su propiedad; se les acepta por cuanto indirectamente pueden ser útiles a los miembros activos: permitiéndoles cumplir el precepto evangélico de la limosna, estimulándoles a dar gracias a Dios por haberles librado de la miseria, y animándoles a trabajar con ahínco para no caer en la pobreza.

Los pobres están, pues, en la comunidad, pero no forman parte de ella, sino que son su propiedad. Por ello Eiximenis no tendrá inconveniente en pedir a los regidores de Valencia que no dejen mendigar sino a los «que saben que son verdaderos pobres» y para conocer quiénes son éstos nada mejor que obligarlos «a llevar alguna señal pública, como sello de plomo colgado al cuello con el símbolo de la comunidad». Es interesante recordar que este consejo fue seguido por las autoridades de Valencia pocos años después de la aparición de la obra de Eiximenis.

Sobre la «ideología del poder» nos informan claramente el Regiment de la Cosa pública y la Doctrina compendiosa, obra escrita en los mismos años y para el mismo público. Las decisiones deben ser tomadas por pocas personas «porque la multitud del pueblo es comúnmente entendida en sus obras artesanales, que son necesarias para sustentar su vida y para la cosa pública»; como no es conveniente que abandonen sus trabajos, deben delegar en unos pocos, quienes disponen de medios suficientes para no estar obligados a trabajar y pueden dedicar su tiempo a prepararse para dirigir la sociedad.

Otras razones que hacen aconsejable la existencia de consejos restringidos es que las muchedumbres son propensas a «alborotarse contra los principales contra quienes la comunidad y la multitud se subleva antes», lo que equivale a reconocer la existencia de conflictos entre las masas populares y los ricos. Además, muchos asuntos han de mantenerse en secreto o han de hallar una solución rápida, lo que no sería posible si fueran muchos los que decidieran; por último, como moralista, Eiximenis da la razón más curiosa de todas: «Si la comunidad se equivoca por mal consejo, vale más que tengan la culpa unos pocos que no que la tengan todos y que toda la comunidad sea por ello difamada».

Naturalmente, los consejeros o regidores no pueden ser jóvenes ni mujeres porque unos y otras son apasionados. Los cargos deben recaer sobre los ricos hombres ciudadanos, una de cuyas ocupaciones es la lectura de «libros que sean de regimiento de la comunidad... de forma que puedan gobernar bien y aconsejar...» El autor de la Doctrina compendiosa coincide con las ideas de Eiximenis y reconoce, refiriéndose concretamente a la ciudad de Valencia, que los cargos son desempeñados generalmente por los mayores; como poco antes ha hablado de los errores de los oficiales, para prevenir las quejas populares —que no faltarían en la ciudad— se dirige al pueblo para probarle que los males le vienen de «la soberana providencia y permiso divino, por tus pecados»: junto a los oficiales mayores hay siempre ayudantes que se recluían en el estamento mediano o menor y que son tan culpables como los oficiales.

A través de las ideas mencionadas puede hablarse de una identificación plena de Eiximenis con la mentalidad de los grupos dirigentes, con los que comparte igualmente el odio hacia los juristas, cuyas doctrinas amenazan las bases mismas del poder. Abogados y juristas, según Eiximenis, cobran altos salarios y los justifican complicando los asuntos más sencillos (ideas que apoyará en Castilla el canciller López de Ayala, contemporáneo de Eiximenis). Estas ideas, aunque tengan una base real, obedecen a un problema de fondo, a la pugna entre el derecho tradicional y el romano, según se deduce de la frase «para evitar este problema fue ordenado antiguamente en Castilla —país aristocrático para Valencia— que no hubiera ningún jurista, sino que se rigiesen por costumbres y leyes de la tierra».

La economía valenciana

Tras describir las pesadas cargas que recaen sobre los jurados valencianos, Eiximenis expone las ventajas, entre las que ocupa un lugar preferente la abundancia de riquezas, de Valencia. Situada en una llanura de fértiles valles y montes es ya rica, pero podría aumentar su riqueza si los consejeros desecaran las llanuras y plantaran en ellas árboles que produjeran «leña para la tierra y para hacer naves».

El reino dispone de cuatro ríos navegables: el Guadalaviar, el Mijares, el Júcar y el Segura, por los que llega hasta la costa madera castellana en gran abundancia; los regadíos son numerosos y muy productivos y no hay tierra en el mundo que produzca tanta variedad de frutos; vino de gran calidad aceptado en todo el mundo, pasas, higos, aceite, almendras, melocotones, manzanas, peras, naranjas, limones... Produce igualmente muchos licors; miel, leche, manteca, aguas medicinales de diversas aplicaciones, cera, resina, alquitrán, carbón, cereales, legumbres, colorantes y especias, trigo, cebada, mijo, avena, habas, lentejas, fréjoles, altramuces, arroz, pastel, comino... En un mismo año pueden obtenerse tres cosechas: forraje, arroz y trigo, «lo que no creo haga tierra ninguna en el mundo».

La tierra valenciana da también «frutos extraños y drogas orientales», como azúcar, pimienta, algodón, azafrán, arroz, cominos... y toda clase de hortalizas entre las que cita coles, calabazas, lechugas, berenjenas, melones, zanahorias, ajos, cebollas, puerros, rábanos de gran calidad, no menor que la de las hierbas aromáticas que crecen en las montañas. Otra virtud que tiene la tierra de Valencia es que en ella arraigan los cultivos de cualquier otro país; lo único que no tiene en abundancia es madera, por lo que repite el proyecto de desecación y repoblación forestal de los marjales que rodean a la ciudad. También posee abundante y buena ganadería con excelentes quesos, lana apta para paños, y caza y pesca abundante.

También la industria llama la atención del fraile, que menciona la cerámica común de Paterna empleada para jarros, cántaros, ollas..., y la de gran calidad de Manises «dorada y magistralmente pintada, que ya ha enamorado a todo el mundo hasta el punto de que el Papa, los cardenales y los príncipes del mundo la piden por favor especial y se maravillan de que, de tierra, pueda hacerse una obra tan excelente y noble». La importancia de esta industria y del comercio puede apreciarse teniendo en cuenta que del reino salen treinta y tres productos diferentes que pueden hallarse en todo el mundo.

Las afirmaciones hechas por Eiximenis se hallan probadas en su mayor parte, para el siglo XV, por los trabajos de Alvaro Santamaría y Leopoldo Piles. Santamaría aduce como pruebas de la prosperidad valenciana «el crecimiento demográfico y urbanístico de la ciudad», «el esplendor de la vida ciudadana» y «la potencialidad financiera». En el siglo XV Valencia-ciudad dobla su población gracias a la corriente inmigratoria procedente de Castilla, Aragón, Cataluña y Mallorca; las calles se ensanchan, se construyen nuevas murallas, se comienza a edificar la lonja, lo que es prueba evidente de la importancia del comercio y de los mercaderes valencianos, y también del retraso con que estas actividades adquieren importancia en Valencia con respecto a Barcelona y Mallorca, donde las Lonjas se construyen en el siglo XIV.

El lujo en el comer y en el vestir es visible para cuantos llegan a la ciudad. Ciertamente, esta tendencia al lujo es común a todos los reinos peninsulares, pero, como afirma Santamaría, «sólo con una prosperidad muy acentuada es posible concebir parecido cuadro, que no admite comparación con lo que sabemos de cualquiera de las otras regiones españolas del mismo período». Los agobios económicos de los demás reinos de la Corona son desconocidos en Valencia; la moneda se mantiene estable y la ciudad y el reino disponían de suficientes ingresos como para prestar dinero a los reyes por valor de 12 343 271 sueldos entre 1426 y 1515.

Probada suficientemente la prosperidad valenciana (aunque serían necesarios numerosos trabajos monográficos), se ha intentado explicarla aludiendo a una posible inhibición de Valencia en las empresas de los reyes y a la ausencia de catástrofes, pestes, sequías..., pero una y otra causa no resisten el más pequeño análisis. Valencia contribuyó extraordinariamente a las campañas italianas de Alfonso el Magnánimo del mismo modo que había contribuido a la guerra contra los corsarios a fines del XIV y contribuiría a las empresas de Fernando el Católico no sólo cuando sea ya rey de Aragón, sino cuando intentaba imponerse en Castilla a los partidarios de Juana la Beltraneja.

La colaboración de Valencia a las campañas italianas de Alfonso el Magnánimo estuvo a punto de afectar gravemente a la hacienda del reino y de la ciudad, pero los valencianos reaccionaron a tiempo y tomaron en 1434 medidas de saneamiento, mediante la restricción de los gastos públicos (reducción del número de oficiales y disminución de sus salarios), mayor severidad contra los deudores, amortización de la deuda pública, revisión de cuentas..., medidas que en líneas generales coinciden con las propugnadas en Barcelona por el partido reformista y que en Valencia fueron realizadas por los ciudadanos en el poder.

La amortización de la deuda pública se realizó de un modo inteligente: se dio preferencia a los censales poseídos por personas que no fueran ni del reino ni de la ciudad de Valencia, con lo que se evitaba que el dinero de las rentas saliera del reino; en segundo lugar se amortizaron los censales cuyos propietarios vivieran en el reino, pero no en la ciudad; y sólo en último término serían amortizadas las rentas de los habitantes de Valencia comenzando por las que tenían un interés más alto.

La razón dada para proceder a esta reforma fue de tipo político. La ciudad necesitaba liberarse de la carga que suponía el pago de las rentas de censales para que si «en el futuro por algunos casos concernientes al servicio del rey, al cual no podemos ni debemos fallar por nada, dicha ciudad necesitase dinero lo pudiese más fácilmente encontrar»; el interés de Valencia por ayudar al monarca —aunque la reforma tuviera al mismo tiempo otras causas— se explica si tenemos en cuenta que la política italiana favorecía a los valencianos más que a ningún otro debido a que sólo Valencia se hallaba en condiciones de mantener el comercio en el Mediterráneo.

Tampoco la «ausencia de catástrofes» puede servir para explicar el auge valenciano; en el siglo XIV el reino sufrió los efectos de la peste; se vio más tarde amenazado por los ejércitos castellanos de Pedro I, que llegaron a asediar la ciudad y saquearon los campos; estuvo dividido por banderías desde 1350 hasta 1410 y padeció numerosas catástrofes: avenidas del Tuna, epidemias (en 1401, 1402, 1409, 1410, 1414, 1421, 1450, 1459, 1475, 1478...), sequías, terremotos, lluvias torrenciales, plagas de langosta, incendios, vendavales... También la judería valenciana fue saqueada en 1391 y la morería de la ciudad, en 1455.

Descartadas estas dos supuestas razones, aunque es preciso recordar que los conflictos sociales no adquirieron en Valencia la fuerza que en Cataluña o Mallorca, las bases del auge económico valenciano han de buscarse en la riqueza de su suelo, que permite a los valencianos superar las numerosas dificultades y aprovechar la decadencia de Cataluña y de Mallorca para sustituir a catalanes y mallorquines en el comercio mediterráneo. Mientras la isla y el Principado carecen de una base agrícola firme, lo que les obliga a dedicar una parte considerable de los beneficios comerciales a la adquisición de alimentos y de materias primas para la industria, Valencia pudo contar en el reino con recursos suficientes para la alimentación y para la industria. Por otro lado, la proximidad de Castilla le permitía obtener los productos en los que era deficitaria. Es muy posible que la estancia de Benedicto XIII en Peñíscola influyera decisivamente en la concentración de capitales, ya que a la residencia del Papa acudía el dinero de la Iglesia que seguía la obediencia del papa Luna.

El campo es la base de la economía valenciana aunque, de acuerdo con Santamaría, en el siglo XV sólo figurara en tercer lugar después del comercio y de la industria; uno y otra adquirieron importancia cuando la agricultura estuvo perfectamente organizada. Gracias a los sistemas de regadío heredados de los musulmanes y ampliados en los siglos XIII-XIV, Valencia produce cuanto necesita a excepción del trigo, que apenas se cultiva en el siglo XV por ser menos rentable que los cultivos de hortalizas, de agrios, de arroz, de caña de azúcar, de árboles frutales o de plantas industriales: alheña, pastel, coscoja, grana rubia, zumaque...

El viñedo se halla igualmente extendido y su calidad debía ser suficiente para que fuese aceptado en el exterior. El cultivo del arroz da lugar, según Santamaría, a continuos debates a lo largo del siglo XV «dividiendo a la población en dos bandos que con pareja tenacidad defendían incansablemente en la corte sus opuestos puntos de vista. Unos pretendían desecar los marjales por considerarlos, con razón, focos de propagación de gérmenes patógenos; otros defendían el cultivo contra viento y marea. Periódicamente se vedaba la explotación del arroz; pero inútilmente». Sin duda a estos marjales se refería Eiximenis cuando exponía a los jurados su plan de desecación de las llanuras para plantar árboles.

La historia de la artesanía está sin hacer, pero son muy numerosas las referencias a tejidos, tintes, curtidos, muebles y a la industria alfarera. Por lo que se refiere a la industria textil, es suficiente prueba de su importancia que cuando los mallorquines decidieron crear una industria de calidad enviaron una representación a Valencia donde ya en 1416 se había decidido fabricar paños destinados a la exportación. Los tintes valencianos alcanzan fama en la segunda mitad del siglo XV y son numerosos los mallorquines y tejedores de otras tierras que llevan sus paños a teñir a Valencia.

Los gremios y cofradías existentes son muy numerosos (26 cofradías a fines del XIV y 29 gremios-cofradías en 1459), pero excepto el nombre y el santo patrón poco más sabemos. Para formar parte de las cofradías, que aquí parecen haber precedido a los gremios, se exigía el pago de una cuota de entrada y de otra semanal; entre las obligaciones de los cofrades figuraban las de visitar a los enfermos, ayudar al rescate de los cautivos y velar los cadáveres de los hermanos fallecidos. La cofradía' se encargaba de los gastos de entierro de los cofrades pobres, de encargar misas por el alma de los fallecidos y, suponemos, de ayudar a las viudas y dotar a las huérfanas.

Los gremios como tales no surgen hasta el siglo XV, es decir, hasta que la industria valenciana trabaja para la exportación o el público exige una cierta calidad. El gremio más 'importante parece haber sido el de los pelaires, cuyas ordenanzas de 1444 fueron aprobadas y modificadas en 1452, 1472, 1474 y 1477; junto a ellos encontramos a los tejedores (1470 y 1472), cardadores (1474), tejedores de seda (1465); guanteros, juboneros y sastres; carpinteros, curtidores, plateros, armeros, herreros y cerrajeros, picapedreros... Las fechas de aprobación de las ordenanzas indican la tardía organización de los gremios, pero no tienen excesivo valor puesto que ignoramos si hubo otras anteriores y no conocemos el contenido de las mismas.

El comercio es, en el siglo XV, la principal fuente de ingresos del reino valenciano. Su ritmo de crecimiento, a juzgar por los derechos aduaneros, es impresionante. En 1403 se cobran 40000 sueldos por los derechos de «peso»; en 1423 se ha llegado a los 140000. Es importante señalar que el aumento más importante se produjo entre 1412 y 1419 en que se pasó de 43000 a 70000 sueldos (en 1418) y a 130000 (en 1419). La coincidencia cronológica de este incremento con la instauración de la dinastía Trastámara induce a pensar en la posibilidad de que Valencia deba parte de su esplendor a la alianza con la nueva dinastía.

El comercio se efectúa con Mallorca, Cataluña, Castilla, Aragón, Italia, Granada, países musulmanes del norte de África, Egipto, Siria y Flandes. Mallorca es una de las etapas de la navegación hacia Italia, el norte de África y Egipto, pero también un mercado para los frutos secos, muebles, cueros y trigo castellano y aragonés, así como para la lana. Con Castilla y con Aragón el comercio es mucho más activo; ambas economías son complementarias; mientras Valencia recibe productos agrícolas y ganaderos, exporta tejidos, artículos de piel y cuero trabajado, muebles, objetos de cerámica, manufacturas de esparto y cáñamo, productos italianos y orientales, telas de seda, especias, perfumes...

LA CIUDAD Y LAS VILLAS DE MALLORCA

La historia económica y social de Mallorca durante los siglos XIV-XV guarda un gran paralelismo con la de Cataluña, a la que se unió desde que Pedro el Ceremonioso hizo condenar a Jaime III y se apoderó del reino. La peste y las epidemias incidieron sobre una población dividida por la guerra y limitada económicamente por la proliferación de corsarios, que impedían el normal aprovisionamiento de granos en el que la isla era deficitaria.

Con una población en descenso, aumentado por el asalto al barrio judío, una agricultura insuficiente y una población escindida, Mallorca sería incapaz de superar la crisis que, al igual que en Cataluña, adquiriría formas violentas en el siglo XV y degeneraría en su enfrentamiento abierto entre los hombres de las villas, secundados por los menestrales de Palma, y los restantes grupos sociales. De nada servirían los esfuerzos de Alfonso el Magnánimo, Juan II y Fernando el Católico para reorganizar la economía y lograr un equilibrio entre los diversos grupos sociales; la crisis se prolongaría en el siglo XVI y foráneos-menestrales y ciudadanos se enfrentarían nuevamente en la guerra de las germanías.

Población

Los datos que poseemos sobre la población mallorquina proceden de fuentes fiscales en las que sólo se anotan las personas o vecinos que se hallan obligados a pagar determinados impuestos. Pero a pesar de las deficiencias que su propia naturaleza confiere a estas fuentes, pueden ser útiles para conocer de un modo aproximado la evolución demográfica de la isla.

Entre 1329 y 1350 la población de Mallorca experimentó un descenso considerable; la ciudad pasó de 26780 a 19735 habitantes y las Villas de 35670 a 27570; el conjunto de la isla, de 61700 a 47305, lo que representa una disminución del 13 por ciento. Este descenso, si es real, no puede ser achacado exclusivamente a la guerra de anexión de Mallorca ni a la peste, porque sabemos que antes de que una y otra tuvieran lugar la población mallorquina, entre 1329 y 1343, había descendido ya en un 9 por ciento.

Durante el primer período (1329-1343) las pérdidas afectaron a la ciudad que pasó de 26700 a 20620 habitantes. Un alto porcentaje de las personas fallecidas o emigradas en la Ciudad correspondió a los judíos, que perdieron el 33 por ciento de la población (810 habitantes sobre un total de 2475). Estas características hacen pensar que las causas de la decadencia se hallan en la crisis alimenticia (1333 fue un mal año en todo el Mediterráneo y el hambre afectó más a las ciudades) y en la inseguridad provocada por el aumento de la piratería genovesa a raíz de la conquista de Cerdeña (los elementos activos, entre ellos los mercaderes y artesanos judíos, abandonarían la isla).

En la segunda época, la guerra de incorporación de Mallorca, la peste y los asaltos a los barrios judíos serían los responsables del descenso de población, que se hizo sentir con mayor fuerza en las Villas por la emigración de numerosos campesinos y de los judíos que buscaban en la Ciudad la protección que no podían obtener fuera. La Ciudad pasó de 20620 a 19735 habitantes; el número de judíos se incrementó en 815 (un total de 2580 frente a los 2475 de 1323), mientras que las Villas pasaban de 35670 a 27570.

La emigración hacia la ciudad durante la guerra fue incluso favorecida por el gobernador general de Mallorca quien, según Santamaría —al que seguimos en cuanto se refiere a Mallorca—, «ante la imposibilidad de defender las villas, dispuso que los animales, víveres y el personal no combatiente foráneo se concentraran en la ciudad, convertida en inmenso campamento, desamparando las villas, abandonadas a su suerte, excepto Inca, fortificada aprisa y corriendo y defendida con éxito»; posiblemente, antes de que el gobernador adoptara estas medidas numerosos campesinos so habían refugiado en la Ciudad y muchos permanecerían en ella después de finalizar el conflicto; otros les seguirían al declararse la peste.

Del estudio pormenorizado de los datos referentes a las Villas se deduce que las más afectadas, si no por la peste sí por la emigración, fueron las situadas en zonas montañosas poco fértiles. Dos Villas perdieron más del 50 por ciento de la población; once entre el 23 y el 45 por ciento; las demás, hasta un total de veintinueve, vieron disminuir su población en porcentajes menores; sólo cuatro aumentaron de población durante este período. Las consecuencias de la disminución de la mano de obra fueron las ya conocidas: alza de salarios, que el monarca intentó combatir mediante una ley de tasas cuya efectividad desconocemos pero que podemos suponer nula.

Para épocas posteriores no disponemos de ningún censo completo hasta 1576, pero se conservan algunas evaluaciones aproximadas de la primera mitad del siglo XV. En 1426 se habla de la existencia de unos 45000 habitantes, de los cuales 40000 eran pecheros, 1500 exentos (clérigos y privilegiados con sus servidores) y el resto esclavos, de los que había en las Villas 1072. Los habitantes de las Villas eran 19810; los de la Ciudad, 25190.

En 1440 se calcula la población de la isla en unos 55000 habitantes, lo que supondría un aumento del 12 por ciento en poco más de diez años. El proceso emigratorio de las Villas a la Ciudad parece confirmarse: la segunda habría pasado de 19735 habitantes en 1350 a 25190 en 1426, mientras que las primeras habrían pasado de 27570 a 19810. Aunque las cifras no sean seguras en ninguno de los casos, son suficientemente expresivas del cambio de situación: la población campesina ha disminuido casi en un 50 por ciento entre 1323 y 1426 y la urbana se ha mantenido prácticamente estable.

Estos datos son de gran importancia sea cual sea su valor absoluto; en el siglo XIV se había considerado que la potencia económica de la Ciudad era doble que la de las Villas y, por tanto, se había decidido mantener esta misma proporción en los impuestos que cada grupo tendría que pagar; al mantenerse estable la población urbana y disminuir considerablemente la rural sin que se modificara el sistema impositivo, los impuestos recaían de modo grave sobre los campesinos, que manifestarían su disconformidad por medio de motines y revueltas.

Foráneos y ciudadanos

La sentencia de Sancho I por la que asignaba a las Villas una tercera parte de la representación política en el Gran y General Consejo de Mallorca y una porción similar en el pago de los impuestos (1315) era un intento de mantener el equilibrio insular y de poner fin a las disputas entre la Ciudad y las Villas. Pero para que hubiera sido efectivo habría sido preciso que el equilibrio de fuerzas se mantuviera, cosa que no ocurrió. Las pérdidas causadas por la guerra de anexión dieron lugar a los primeros enfrentamientos. Los más afectados fueron los campesinos, cuyas cosechas fueron quemadas; aunque intentaron que la Ciudad pagara los dos tercios correspondientes de estos «gastos de defensa», nada lograron.

Poco más tarde, a consecuencia de la peste, la proporción 1-3 entre la Ciudad y las Villas se rompe por la emigración de numerosos campesinos, entre ellos los más ricos, a la Ciudad. La presión fiscal, agravada por los gastos de la guerra contra Génova, se incrementa y recae especialmente sobre las Villas: el número de habitantes ha disminuido y la proporción impositiva se mantiene. Los foráneos apelarán al rey por medio de sus embajadores; la Ciudad defenderá su causa mediante nuevas embajadas que se prolongan durante todo el siglo y obtienen algunas modificaciones en el sistema de gobierno de la isla.

Paralelo a la tensión Ciudad-Villas se produce un enfrentamiento entre los estamentos urbanos. Caballeros, ciudadanos y mercaderes nombraban a los representantes de la Ciudad en el Consejo de la isla libremente y al mismo tiempo designaban a los diputados de las Villas. Ante las continuas protestas, Pedro el Ceremonioso decidió en 1351 que hubiera igual número de menestrales que de los demás estamentos y autorizó a los foráneos (en 1359) a proponer una lista de candidatos entre los que los jurados de Palma tendrían que elegir necesariamente a los representantes de las Villas.

La guerra con Castilla causó graves perjuicios a Mallorca, que tuvo que aumentar los donativos al monarca e intensificar los gastos defensivos, una parte considerable de los cuales corrió a cargo de las Villas, que en 1372 consiguieron que la Ciudad pagara los dos tercios que le correspondían y lograron al mismo tiempo que el monarca reconociera la independencia total de los jurados de las Villas respecto a los de la Ciudad. Un año más tarde, Pedro el Ceremonioso se hacía eco de las protestas foráneas contra la mala administración de la isla, tomaba medidas para sanear la economía mallorquina y modificaba la composición del Consejo, cuyos miembros se reducirían de 250 a 139: 100 de la Ciudad (25 por cada estamento) y 39 foráneos (1 por cada Villa excepto por Inca, Pollensa, Sineu, Sóller, Manacor y Llucmajor, que tendrían 2 representantes. Para evitar las alteraciones a que daba lugar la elección de los consejeros, el monarca los eligió personalmente y con carácter vitalicio y organizó el sistema de nombramiento de los jurados y regidores de Palma por el sistema de insaculación.

Aunque la designación de los consejeros por el reino puede ser considerada como una prueba de la autoridad monárquica, al hacerlos vitalicios dejaba el poder en manos de una minoría (en 1382 el número de consejeros se redujo a 100, 64 ciudadanos y 26 de las Villas). El sistema sufrió una nueva modificación en 1387: aumento del número de consejeros, incompatibilidad del cargo con el desempeño de oficios públicos y renovación cada cinco años del Consejo.

Estos cambios por sí solos nada podían solucionar mientras se mantuviera la atonía económica. Sabemos que, al igual que en Cataluña, los años posteriores a 1374 fueron catastróficos: carestía de trigo, ruina de lo» foráneos y menestrales, mortandad acusada, aumento de los impuesto»... Los foráneos siguieron culpando a los ciudadanos y exigieron una reforma en profundidad. Si en Barcelona el Consejo de Ciento no gobernaba de hecho, puesto que las decisiones importantes las tomaban los cinco consellers, en Mallorca el poder estaba en manos de un consejo reducido, en el que los foráneos sólo tenían dos representantes frente a catorce ciudadanos.

En 1390 Juan I accedió en parte a las peticiones de los foráneos: les dio una mayor participación en el Consejo General y en el Secreto y ordenó que las decisiones se tomaran por mayoría de dos tercios (antes bastaba la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los votos). Pero estas reformas llegaron tarde y no pudieron impedir la agravación del conflicto. Los menestrales de la ciudad —los más afectados por el aumento de los gastos, ya que los caballeros y ciudadanos estaban exentos— intervienen como mediadores en el conflicto, pero sus peticiones no fueron atendidas por los dirigentes de la ciudad y se produjo la primera intervención armada de los campesinos que, como en tantos otros lugares, vengarían sus agravios contra los ciudadanos saqueando el barrio judío de Mallorca. La responsabilidad de ciudadanos y foráneos en el hecho fue igualada por la reina Violante, que impuso a cada grupo una multa de 60000 florines.

1391 es una fecha importante porque en este año se inicia la ruptura entre los menestrales y los demás grupos sociales de la ciudad (caballeros, ciudadanos y mercaderes) y la alianza de los primeros con los campesinos. Las causas del malestar de los artesanos pueden reducirse a las expresadas por los foráneos. Si éstos se hallan en minoría en el Gran Consejo, los menestrales tampoco pueden controlar el Consejo de la Ciudad en el que sólo tienen una cuarta parte de los votos. Caballeros, ciudadanos y mercaderes dominan uno y otro y utilizan el poder político en su propio beneficio sin que puedan prosperar las acusaciones hechas contra ellos. La crisis económica agrava las diferencias y se multiplican las acusaciones contra la mala administración a la que menestrales y foráneos hacen responsable de la crisis, a la cual creerán poner remedio en 1450 mediante la ocupación de la ciudad, según hemos descrito al estudiar el reinado de Alfonso el Magnánimo.

El enfrentamiento de 1450 no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso gestado a lo largo del siglo XIV y en la primera mitad del XV. Los conflictos de 1391 se reprodujeron —sin llegar a la violencia— en 1410 cuando el Gran Consejo decidió incrementar los ingresos mediante el aumento de los derechos sobre la molienda de cereales; en esta ocasión los foráneos terminaron por aceptar un aumento de 3 dineros por cuartera, por lo que el Consejo decidió recargar este derecho con otros nueve dineros en 1418; la resistencia de los foráneos fue enconada y el acuerdo tuvo que ser suprimido. Seis años más tarde el gobernador, de acuerdo con los jurados de la Ciudad, acordó remediar la escasez de carne obligando a los foráneos a vender los carneros que poseyeran al precio fijado por un carnicero de la Ciudad; los foráneos, tras alegar que no estaban obligados a suministrar carne a la Ciudad sino en tiempo de guerra, se mostraron dispuestos a colaborar siempre que se llegara a un acuerdo sobre el precio de los carneros.

Otro problema que complicó las relaciones entre la Ciudad y las Villas fue el reparto de los impuestos. En 1422 el Consejo votó un reparto de 12000 libras para poner a la isla en condiciones de defensa, pero según afirmarían más tarde los síndicos foráneos no se llegó a cobrar porque «no venía bien a algunos hombres ricos de la ciudad». Dos años más tarde las necesidades habían aumentado y el Consejo acordó repartir 25000 libras con la misma finalidad y cobrarlas proporcionalmente a los bienes de cada uno. Los consejeros de la Ciudad interpretaron que el reparto debía de ser global sin distinción entre ciudadanos y foráneos; éstos exigieron el cumplimiento de su privilegio por el que sólo les correspondía pagar un tercio de los impuestos y decidieron hacer dos repartos, uno en la Ciudad por valor de 16666 libras y otro en las Villas por las 8333 restantes. Santamaría afirma que el problema es político: la ciudad «aspiraba a la unificación administrativa de la isla»; las Villas «luchaban celosamente para mantener y aumentar si era posible su autonomía». Sin duda, el problema político es importante, pero es posible que junto a él se debatiera un problema económico: con el sistema de reparto propuesto por la Ciudad, ¿pagarían los foráneos más o menos de las 8333 libras?; la evaluación de los bienes de cada uno la haría una comisión mixta de ciudadanos y foráneos, pero, si los primeros dominaban el Consejo, lógicamente serían mayoría en la comisión y en este caso ¿quién garantizaba a los foráneos la imparcialidad de las decisiones?

La desconfianza de los foráneos era lógica por cuanto según afirmaron —y nadie lo desmintió— en aquellos momentos los administradores de los impuestos debían al reino más de 50000 libras; bastaría cobrarlas para que no fuera necesario imponer el reparto de las 25000 mencionadas; si no se cobraban era porque los administradores ciudadanos no habían mostrado el suficiente interés, habían permitido falsas declaraciones de quiebra y toleraban por amistad o parentesco que «personas poderosas y ricas» no pagasen lo que debían. Éste será el gran problema a lo largo del siglo: los foráneos, y a ellos se unen los menestrales, exigen una revisión de cuentas que nunca se realiza; unos y otros afirman que muchos de los impuestos podrían ser suprimidos con sólo llevar bien la administración. En esta ocasión el gobernador Olfo de Próxida tomó el partido de los ciudadanos y mandó encarcelar a los síndicos foráneos y confiscar sus bienes, pero no pudo lograr que volvieran de su acuerdo y repartieron las 8333 libras, 6 sueldos y 5 dineros entre las Villas; ni siquiera la intervención del monarca consiguió nada; para hacer el reparto unitario era necesaria la presencia de los síndicos foráneos y éstos dejaron de asistir a las reuniones del Consejo.

Los sucesos de 1450-1453 son suficientemente conocidos, por lo que estudiaremos las relaciones entre la ciudad y las villas a partir de esta última fecha; Alfonso el Magnánimo impuso a los foráneos una pesada multa disimulada bajo el nombre de donativo, les obligó a pagar los daños causados a los ciudadanos, pero se negó a modificar la organización del reino, como pedían los representantes de la Ciudad, y ordenó revisar las cuentas de acuerdo con los deseos de menestrales y foráneos. Su actitud puede resumirse brevemente: castiga la rebelión e intenta evitar que se repita poniendo fin a las causas en cuyo análisis coincidía con los foráneos, como lo demuestra el hecho de que ordenara revisar las cuentas y de que modificara el sistema de votación en el Gran Consejo. Hasta 1454 las decisiones se tomaban por mayoría simple entre los 84 consejeros; a partir de esta fecha, en todas las votaciones de carácter fiscal y en aquellas que supusieran gastos económicos para obtener la mayoría se necesitaba la mayoría simple y además la tercera parte de los votos foráneos.

Puesto que en el fondo el problema era de tipo económico, Alfonso el Magnánimo intentó solucionarlo dando entrada a menestrales y foráneos en la administración de los bienes del reino, ordenando la revisión de cuentas desde 1405 e intentando relanzar la economía mallorquina en lo que se refería al comercio y a la industria. Estas medidas fueron totalmente ineficaces. Los campesinos habían abandonado sus campos o perdido las cosechas durante la revuelta y sus escasos ingresos fueron destinados al pago de las multas, por lo que las clases acomodadas de la ciudad no percibieron durante bastantes años los censos que cobraban del campo. Carentes de dinero las clases acomodadas, los artesanos no hallaron salida para sus productos. Tampoco el comercio pudo rehacerse, porque en estas fechas el comercio mallorquín ha perdido su agresividad: Mallorca es sólo un mercado de redistribución de productos italianos, catalanes... y ante la inseguridad el comercio se desvía o prescinde de la etapa mallorquina.

Las finanzas del reino

Donde mejor puede estudiarse la crisis mallorquina y la falta de consistencia de su economía es en las finanzas. Los ingresos ordinarios pronto fueron insuficientes; ya en 1309 Sancho I aumentaba los derechos sobre artículos de primera necesidad: harina, pan, vino y carne, pedía contribuciones extraordinarias y confiscaba los bienes de los judíos (1312) aunque renunciaba a su acuerdo, previo el pago de 95000 libras. El Consejo recargaba nuevamente los artículos de primera necesidad en 1314 y en 1331; los subsidios extraordinarios, cada vez mayores, se hacían imprescindibles. Estas dificultades económicas pueden explicar 'la facilidad de la conquista por Pedro el Ceremonioso.

El aumento del corsarismo, la guerra en la isla y la peste redujeron aún más los ingresos. Los gastos se incrementaron por la guerra contra Génova y contra Castilla; ni siquiera los subsidios extraordinarios eran suficientes y el reino tuvo que recurrir a la emisión de censales y violarios en cantidades masivas; por otra parte, los grupos dirigentes aumentaron considerablemente sus sueldos como funcionarios (el problema se da también en Cataluña). En 1372 puede afirmarse que Mallorca se hallaba en bancarrota. Pedro el Ceremonioso encomendó el saneamiento de la hacienda mallorquina a Berenguer de Abella, que redujo los salarios de 3058 libras a 808 e intentó aplicar medidas de austeridad, que chocaron con los intereses de los grupos dirigentes. Baste decir que para protestar contra las decisiones de Berenguer de Abella se envió a Barcelona una embajada de casi cincuenta personas cuyos gastos corrían a cargo del reino.

Según Álvaro Santamaría el balance realizado por Abella en 1372 era el siguiente: ingresos anuales 33000 libras; gastos ordinarios, en los que sólo se incluían los salarios de los oficiales permanentes, los intereses de las deudas contraídas y algunas cuarteras de trigo, 32756 libras; el superávit, teóricamente, da 244 libras, que deberían cubrir todos los gastos ordinarios, más los extraordinarios que se pudieran producir. La deuda del reino ascendía a 294896 libras en este mismo año y casi el 90 por ciento de los ingresos se dedicaban al pago de intereses.

Si el problema es grave en cualquier caso, lo era más en el mallorquín, por el hecho de que los acreedores eran catalanes de Barcelona en un elevado porcentaje: los intereses pagados salían del reino y no se invertían en él. Fracasada la misión de Berenguer de Abella, la deuda pública y las imposiciones extraordinarias aumentaron; el malestar general desembocó en el asalto al barrio judío en 1391, lo que no hizo sino agravar los problemas: el comercio disminuyó considerablemente y los mallorquines fueron condenados por el rey al pago de una multa de 120000 libras para cuya recaudación se emitieron nuevos censales; el retraso producido en el pago de las rentas alejaba a los posibles censalistas y los acreedores catalanes exigieron, para hacerse cargo de la nueva emisión, un cambio en la administración de los bienes del reino; el antiguo clavario o tesorero fue sustituido por un administrador que necesariamente tenía que ser catalán y residir en Cataluña.

Juan I aceptó esta condición y ordenó además que en los gastos del reino se siguiera un determinado orden: por esta vez las primeras cantidades habrían de servir para el pago a los embajadores que habían intervenido en la negociación, pero en adelante el administrador debería pagar de la siguiente forma:

1) Intereses de censales y violarios gentes que vivían en la isla.

2) Intereses de censos mallorquines.

3) Salarios

4) Gastos ordinarios.

5) Si hubiera superávit se destinaría a la amortización de la deuda pública dando preferencia a los censales de los extranjeros.

Las garantías concedidas por Juan I a los acreedores fueron insuficientes. Varios años de malas cosechas disminuyeron los ingresos y en 1405 el reino se declara insolvente. Los acreedores intervienen y obligan a firmar el llamado Contrato Santo por el que en adelante todos los ingresos del reino se dedicarían a pagar las rentas y a la amortización de censales, se daría preferencia a los catalanes y si no hubiera dinero suficiente se pagaría a los mallorquines proporcionalmente al valor de sus censales; los acreedores elegirían (ellos, no el reino) un clavario «encargado de centralizar la recaudación y de realizar los pagos». De las 50000 libras en que se calculaban los ingresos normales del reino, 45000 estarían destinadas al pago de la deuda hasta su total amortización. Mallorca tendría que atender a sus gastos con las 5000 libras restantes, limitadas más tarde por presión de los acreedores a 3000.

Como es lógico las imposiciones extraordinarias aumentaron (generalmente sobre los productos agrarios) y gracias a ellas pudo el reino cumplir puntualmente los acuerdos de 1405 durante veinte años. En 1424 el conflicto entre la Ciudad y las Villas sobre el modo de reparto de las 25000 libras impidió que se reuniera el dinero necesario para atender a los gastos más urgentes; el Consejo decidió «suspender los pagos de las pensiones que percibían los acreedores catalanes»; durante seis años éstos no percibieron sus rentas o las cobraron mal y con dificultad. Nuevas negociaciones entre mallorquines y catalanes desembocaron en un acuerdo firmado en 1431 en Barcelona; los acreedores del reino aceptaban un descenso de los intereses percibidos hasta entonces; del 5'9 % que venían cobrando, pasaban al 4'1 en los censos catalanes; los mallorquines bajaban sus intereses al 3'3 %. De hecho, sólo era efectiva la disminución de los censos mallorquines, por cuanto los catalanes habían modificado la moneda en aquellos años y percibían en realidad un interés del 5'1 % en lugar del 4'1 estipulado.

Deberían dedicarse al pago de las pensiones y a la amortización de los censales todos los impuestos cobrados en Mallorca, excepto «el derecho de un dinero por libra impuesto sobre las carnes, el de doce dineros por libra sobre los —tejidos de fabricación isleña, y los veinticinco sueldos de la cuartera de la sal». La administración la llevarían los tesoreros del reino, pero tendrían que rendir cuentas ante la Junta de acreedores catalanes. El orden de distribución de los ingresos sería el siguiente, según Santamaría:

«Pensiones de censalistas catalanes.

Amortización anual, mínimo de 10 000 florines.

Pensiones de censalistas mallorquines.

Cinco mil libras para los gastos ordinarios de la Universidad.

Cuatrocientas cincuenta libras para gastos extraordinarios.

Caso de existir excedentes debería invertirse en la amortización de los censos catalanes, aparte de la ordinaria de 10000 florines que hemos referido.»

Este acuerdo no fue bien recibido en Mallorca, donde se quejaban de que la disminución de intereses de los censales catalanes era más teórica que real y donde los mallorquines se negaban a aceptar el descenso que les era exigido, por lo que obtuvieron de Alfonso el Magnánimo un nuevo acuerdo en el que se modificaban algunas de las disposiciones de 1431 y se concretaban los datos. De las 5600 libras de ingresos anuales del reino se dedicarían 20000 a pagar los atrasos y las rentas de los catalanes; 10000 a la amortización de censos catalanes; 11500 a la amortización en Mallorca; 8555 se destinaban a compensar las pérdidas sufridas por los mallorquines al reducir la tasa de interés, con lo que ésta se mantenía exactamente igual; 3000 al pago de salarios de los oficiales del reino, y 4100 libras estaban destinadas a pagar las rentas «de los censos que gravaban la gabela de la sal». Los gastos ascendían a 57155 y los ingresos a 56000 por lo que el rey autorizaba a repartir anualmente una talla de 2000 libras.

De los datos expuestos, deduce Álvaro Santamaría que en Mallorca se había experimentado un cambio importante durante el siglo XV: los mallorquines se habían decidido por fin a invertir en censos y la deuda pública era en parte interior, lo que disminuía la gravedad de la situación ya que este dinero podía ser invertido de nuevo en el reino. Aunque esto es cierto, no parece probable que se haya llegado a una sustitución de los censalistas catalanes por los mallorquines, sino que los primeros cada vez se retraen más por cuanto cobran intereses menores (se ha pasado del 10 % inicial al 5'1 de 1432) y de un modo irregular. Es lógico que ante esta situación los catalanes dejaran de invertir su dinero en la deuda pública mallorquina y, como ésta seguía aumentando, los nuevos censales fueron comprados por los mallorquines. Dicho en otros términos, no disminuyó la participación catalana, sino que aumentó la mallorquina, lo que es un signo evidente de la pérdida de importancia comercial y del paso de una sociedad de mercaderes a otra de rentistas: rentas menores pero más seguras.

Durante la revuelta de las Villas contra la Ciudad el problema de los censales adquirió una gran importancia no sólo en Mallorca, sino también en Barcelona donde los acreedores fueron los más afectados ya que de nuevo se suprimió el pago de pensiones. La necesidad de pacificar el reino puede explicar el interés de Barcelona por enviar una expedición a Mallorca, pero también intervino en este acuerdo el deseo de defender los intereses de los censalistas catalanes; ello explica la protesta de los buscaires, no por solidaridad con las Villas y los menestrales (el tema sería interesante), sino porque la ciudad de Barcelona emprendía unos gastos, que afectaban a todos, para defender los derechos de unos cuantos: los censalistas, pertenecientes en gran parte al grupo dirigente de la ciudad.

La presión ejercida por los acreedores catalanes que, en ocasiones, llegaron a embargar los bienes de los insulares para resarcirse de las pérdidas y que, en los casos de eclesiásticos como el obispo de Barcelona recurrieron incluso al entredicho para defender sus intereses, pudo ser una de las causas de la tensión entre Barcelona y Mallorca, lo que explicaría el apoyo firme de los mallorquines a Juan II durante la guerra civil catalana; la primera medida adoptada fue' la supresión del pago de las pensiones que fueron puestas a disposición del rey. Los pleitos entre censalistas catalanes y el reino de Mallorca finalizada la guerra serían continuos.

El cuadro penoso de las finanzas del reino no puede ser confundido con la situación de los particulares. El reino no disponía de dinero, pero eran muchas las personas acomodadas en la isla: unos porque disponían de privilegios que les eximían del pago de impuestos (contra ello lucharán los foráneos y los menestrales), otros porque aprovechaban las dificultades del reino para realizar importantes beneficios en la importación de víveres; porque controlaban los cargos municipales y los del reino (llegaron a pagar grandes cantidades por mantenerlos) y a través de ellos mejoraban considerablemente su posición económica. Lo que sí puede afirmarse es que las diferencias económicas entre los distintos grupos de la isla aumentaron extraordinariamente y que sólo los campesinos y menestrales se vieron afectados seriamente por la crisis general del reino; mientras éstos morían literalmente de hambre y su situación era utilizada para negar el pago de las rentas a los acreedores catalanes, los grupos acomodados vivían en el lujo y en la opulencia y permitían decir a los catalanes, «que en Mallorca se llevaban más cadenas de oro que en Barcelona y que se desplegaba más lujo en el vestido, en la vivienda y en general en todos los aspectos de la vida ordinaria».

Judíos y conversos

La población judía en Mallorca parece haber tenido una gran importancia. Para comprenderlo baste recordar que en 1350, inmediatamente después de la peste, vivían en la ciudad no menos de 2580 hebreos sobre un total de 19735 habitantes. Los judíos son el grupo impulsor del comercio con el norte de África al que Mallorca debe toda su importancia. La destrucción del cali judaico en 1391 supuso una catástrofe para la economía mallorquina; en vano Juan I intentó poner remedio a la situación al autorizar la emigración de judíos portugueses a la isla. El odio popular obligó a los judíos mallorquines a convertirse al grito de «bautismo o muerte», pero los conversos mantuvieron prácticamente su organización tradicional y es dudoso que aceptaran la religión impuesta. En 1404 se crea una cofradía de conversos con una organización similar a la de las aljamas y ni siquiera el carácter de cofradía, puesta bajo la advocación de san Miguel Arcángel, logró evitar los síntomas claros de judaísmo: el pago de las cuotas sociales se realiza el viernes mientras que en el resto de las cofradías se hace en sábado (día festivo para los judíos); los beneficios sociales de la cofradía se extienden a los miembros y a todos los conversos, fueran o no mallorquines; en las ordenanzas nada resalta las festividades religiosas...

En líneas generales los conversos mantienen las actividades comerciales de los judíos, aunque considerablemente disminuidas; un gran número de hebreos actúan como corredores o agentes comerciales, otros son mercaderes que limitan su actividad al comercio interior, ya que las ordenanzas de comienzos del siglo XV les prohíben o hacen difícil para ellos el comercio exterior. Los que se dedican a la artesanía son en gran número plateros; controlan la industria del jabón, son mayoría en la sastrería... y abundan en las profesiones liberales, especialmente en la medicina, hasta el punto de que cuando la Inquisición interviene en Mallorca la ciudad queda sin médicos.

Las manifestaciones de la crisis económica

En el momento de la conquista de la isla por Jaime I la agricultura producía vides, olivos, árboles frutales y cultivos de huerta «en los distritos de pie de montaña»; en el llano predominaban los cereales y la ganadería lanar y vacuna eran importantes en la comarca de Arta y en los distritos de la Sierra Norte; a fines del XIII los cereales penetran en las zonas montañosas y la vid es cultivada también en el llano. La isla puede considerarse autosuficiente en aceite y en vino (no siempre) pero es absolutamente deficitaria en trigo; ya lo era en época musulmana y al incrementarse la población después de la conquista el problema se agravó y hubo que acudir a las importaciones. Santamaría cree que la escasez de los cereales fue una de las causas del auge artesano y comercial de la isla en los siglos XIII-XIV: «El déficit hay que cubrirlo con importaciones que en general proceden de Berbería y de Cataluña... Las importaciones hay que pagarlas en numerario —siempre escaso— o con exportaciones. No existe otra alternativa. De este modo el déficit cerealista indirectamente estimula el desarrollo artesano —para conseguir una base de exportación— y fomentar la expansión mercantil, determinando el incremento de otras ramas de la producción». Podríamos añadir que la presencia de los mercaderes mallorquines en el norte de África, en dura competencia con los catalanes, se debe también a la necesidad de obtener este trigo que la isla no produce en cantidad suficiente.

En el siglo XV el principal centro proveedor de trigo pasa a ser Sicilia, de donde se importan diferentes partidas en los años de escasez, que son prácticamente todos según ha probado Álvaro Santamaría que habla de escasez en 1416, 1424, 1425, 1426, 1427, 1429, 1430, 1435, 1439, 1440, 1441... La importación no siempre es posible y la necesidad obliga a los gobernadores a ordenar que «ante la carestía de trigo existente procedieran a la detención y embargo de cuantas embarcaciones llegaran al litoral..., con cargamentos de cereales»; a pesar de estas medidas, en numerosas ocasiones la población tuvo que alimentarse de mestrall, «una mezcla de trigo, cebada y avena»; dado el alto precio que alcanzaba el cereal, su importación fue uno de los negocios más lucrativos de los mercaderes isleños, a los que quizás pueda hacerse responsables del fracaso de un plan de desecación de zonas próximas a la ciudad, propuesto en 1438.

Durante las alteraciones de 1450-1453, el déficit cerealista aumentó al no recogerse a tiempo las cosechas; condiciones climáticas adversas en los años siguientes obligaron a aumentar las importaciones cada vez más peligrosas por el aumento de la piratería, y consiguientemente más caras, por lo que puede hablarse de años de hambre en Mallorca en esta época. Entre fines del siglo XV y comienzos del XVI, es decir, durante el reinado de Fernando el Católico, el problema triguero sigue siendo acuciante; entre 1479 y 1516 la isla fue deficitaria todos los años excepto en 1498, 1500, 1511, 1512 y 1513; las importaciones necesarias eran del orden de las 50000 cuarteras anuales, que equivalen aproximadamente a 2500 toneladas.

La gravedad del problema obligó a tomar medidas: cada año en el mes de agosto se hacía una investigación sobre el rendimiento de las cosechas para prever las importaciones necesarias; esta práctica era obligatoria desde 1398, pero los datos que se conservan datan casi todos del reinado de Fernando el Católico; el Consejo no se encargaba generalmente de las importaciones, pero concedía ayudas a los mercaderes; en 1401 la isla obtenía de Martín el Humano el privilegio de «obligar a descargar en el muelle de Mallorca las naves que, transportando víveres, navegaran por aguas de la bahía» y en muchos casos el Consejo contrataba los servicios de corsarios para apoderarse de naves que llevaban trigo. En los años de carestía no sólo se estimulaban las importaciones, sino que se regulaba estrechamente el mercado interior; se prohibía toda exportación, se regulaba el precio de venta y las cantidades a recibir por cada uno.

La ganadería mallorquina es poco conocida aunque las fuentes hablan, para el momento de la conquista, de 10000 vacas y 30000 ovejas, cifras que Álvaro Santamaría considera exageradas por cuanto la isla padeció insuficiencia crónica de carne al igual que de trigo; la ganadería más abundante era la lanar seguida de la caballar, que era necesaria para la defensa del reino.

El grupo más importante de artesanos lo constituían los de la industria textil, única que trabajaba para la exportación y que parece organizada en los primeros años del siglo XIV; a partir de 1350 también esta producción se orienta hacia el consumo local y los menestrales consiguen que se aprueben ordenanzas proteccionistas; la dedicación al consumó de la isla va unida a una evidente pérdida de calidad y a un aumento en la cantidad de las telas fabricadas. Las medidas proteccionistas perjudicaban a los mercaderes (el problema se repite en Cataluña durante las luchas entre buscaires y bigaires), que lograron llegar a un acuerdo con los maestros textiles en 1418: se reconocía la libertad de comercio de cualquier tipo de paños, pero no podrían ser vendidos en la isla los de características similares a los paños fabricados en Mallorca.

En el acuerdo citado se preveía la posibilidad de una mejora de los paños mallorquines y se permitía a los mercaderes importar paños de calidad no terminados «para darles en la isla el tinte y acabado y revenderlo fuera de ella», pero no parece que los tintes mallorquines fueran muy apreciados en los mercados de la época; un año más tarde los gremios de tejedores y pelaires hacían un nuevo esfuerzo por mejorar la calidad y enviaban una comisión a Valencia para informarse de las técnicas de fabricación; fruto de este intento fue la promulgación de «las ordenanzas que regulaban las condiciones técnicas de la especialidad a la vervina» para la que se exigía el empleo de lana y tintes de buena calidad; los consejeros pensaban lograr así una producción destinada a los mercados exteriores y que llevaría como signo distintivo la «M» de Mallorca; pero ni esta regulación ni otras posteriores lograron prestigiar a la industria textil mallorquina, que sólo fue importante en el siglo XIV, cuando su principal mercado exterior eran los países norteafricanos; los intentos de introducir estos paños en Italia fracasaron estrepitosamente.

Otras industrias mallorquinas eran la del cuero, construcción naval, vidrio y jabón; de todas ellas, sólo la primera adquiría alguna importancia ya que las demás necesitaban grandes cantidades de madera y ésta escaseaba en la isla.

El floreciente comercio mallorquín del siglo XIII y primera mitad del XIV pierde importancia a raíz de la peste y de la incorporación a la corona aragonesa y decae considerablemente en 1391 al desaparecer el barrio judío y, con él, los prestamistas que financiaban el comercio. Santamaría calcula que entre 1340 y 1393 la actividad del puerto de Mallorca se redujo prácticamente a la mitad. Al hablar de la tensión entre la Ciudad y las Villas señalábamos que la ruina de los campesinos afectó gravemente a los artesanos y, de rechazo, a los mercaderes. Los primeros no hallaban salida para sus productos, por lo que disminuyeron su producción; los segundos no tuvieron artículos que negociar. Un proceso semejante debió darse hacia 1350, aunque es difícil evaluar su importancia ya que ni en el siglo XIV ni en el XV disponía Mallorca de excedentes para la exportación; su comercio era ante todo de distribución de artículos italianos, catalanes, franceses y norteafricanos, por lo que más que la crisis agrícola le afectaría la inseguridad derivada de la guerra.

La ruta más importante en todos los tiempos fue la del norte de África, que unía a Mallorca con Oran, Argel y Bona en navegación directa; con Túnez a través de Sicilia, y con Tánger y Ceuta haciendo escalas en Alicante, Cartagena y Málaga; hacia el este el comercio mallorquín se hallaba presente en las islas de Córcega, Cerdeña, Sicilia, Creta y Chipre desde donde los barcos se dirigían a Siria, Egipto y Constantinopla; menos practicada era la ruta oriental que llegaba hasta Flandes.

NAVARRA

Nuestros conocimientos sobre la historia navarra han progresado extraordinariamente en los últimos años, pero todavía no disponemos de una visión de conjunto sobre la economía y sociedad de este reino, ni de monografías que permitan realizarla. El siglo XIV es la época mejor conocida gracias a los estudios de Javier Zabalo y Juan Carrasco sobre la administración y sobre la población del reino, únicos temas que junto con el pactismo, ya estudiado en otro lugar, conocemos con suficiente amplitud.

La población

No existen censos generales hasta época tardía, pero se conservan numerosos documentos de carácter fiscal sobre regiones concretas que permiten conocer la evolución general desde 1330, fecha de redacción del Libro del monedaje de Estella, hasta 1366, año de confección del Libro de Fuegos, con datos de las merindades de Tudela, Sangüensa, Pamplona y Estella.

La merindad de Estella parece haber perdido entre estos años un 63 por ciento de sus habitantes; la de la Ribera-Tudela, para la que sólo hay datos referentes a 1350-1366, experimenta igualmente un descenso considerable que para un grupo concreto como el de los hidalgos oscila entre el 40 y el 90 por ciento según las poblaciones. Para Sangüesa, sólo se tienen datos referidos á 1366 y no es posible conocer la evolución. La merindad de Pamplona-Montañas parece haber sufrido en menor medida los efectos de las pestes, aunque es posible que la relativa estabilidad que se observa entre 1350 y 1366 sea debida a la emigración procedente de otras comarcas.

Las ciudades son escasas y se reducen prácticamente a las capitales de las merindades, de las que Pamplona es la más importante con algo más de 1000 fuegos (4000-5000 habitantes) distribuidos en tres núcleos de población: el Burgo de San Cernín, la población de San Nicolás (ambos de población franca) y la Navarrería. Sin ser capital de merindad, Laguardia es la cuarta ciudad (637 fuegos en 1366) por delante de Sangüesa (466). El resto de los centros urbanos no sobrepasan los 280 fuegos (1100-1200 habitantes). La población total ascendería a 18219 fuegos (70-90000 habitantes).

Los hidalgos representaban el 15,5 por ciento de esta población; en algunas localidades tenían la condición de hidalgos más del 50 por ciento de los habitantes o, como en el caso extremo de Cintruénigo, llegaban al 95 por ciento en 1353. Los fuegos clericales llegan al 10 por ciento. La población de francos y ruanos asciende al 22,6 por ciento y predomina en la merindad de Pamplona (33 por ciento) y en algunas ciudades como Tudela, donde llega al 61 o Estella, donde todos los habitantes son francos. Los labradores son el grupo social más numeroso (46,4 por ciento); entre ellos abundan los que no disponen de medios suficientes para pagar los impuestos exigidos: 23 por ciento en La Ribera y entre el 5,9 y el 6,9 en las demás merindades. La población judía (3,3 por ciento del total) se concentra en las aljamas de Tudela, Estella, Viana, Val de Funes y Pamplona; los moriscos (1,1 por ciento) residen sobre todo en La Ribera.

La administración del reino

El rey es el centro y la autoridad máxima con los límites que le imponen los fueros navarros, cuyo juramento es desde el siglo XIII condición indispensable para gobernar. Si en teoría «en todo lo que no esté señalado por los fueros el rey tiene absoluta y plena libertad de disposición», en la práctica el monarca se halla sometido al control de las Cortes, en las que intervienen los ricoshombres en número de 12, medio centenar de caballeros y una representación de los infanzones por el brazo militar; el obispo de Pamplona, el deán de Tudela, el prior de la orden de San Juan y los abades de los seis monasterios más importantes, por el estamento eclesiástico, y los representantes de las Buenas Villas (que son entre 15 y 20 a principios del siglo y un número muy superior en época de Carlos III) por el brazo real.

Durante los interregnos o en situaciones especiales gobiernan Navarra los regentes que pueden ser dos personas, como en 1328, elegidas por los súbditos para defender los derechos de la reina Juana frente a los de Felipe VI de Valois, o una comisión de 12 personas (6 nobles, 3 clérigos y 3 del brazo real) nombrada por Juana y Felipe de Evreux en 1329 para gobernar en el caso de que ambos reyes murieran y ninguno de sus hijos hubiera llegado a la mayoría de edad. En las ausencias del monarca la autoridad máxima es el gobernador o Lugarteniente del rey. Otros funcionarios, siempre nombrados con carácter eventual, que tienen amplios poderes son los inquisidores y reformadores del estado del reino de Navarra enviados para «investigar la situación y efectuar las reformas que —según su criterio y con arreglo a las instrucciones recibidas del soberano— sean convenientes».

La administración central, en la que no siempre es posible distinguir claramente entre los bienes o derechos del rey y los del reino, está encomendada al Hostal, al Consejo Real, a la Cancillería, al Tribunal de la Cort y a la Cámara de Comptos. El Hostal, o casa del rey, se halla gobernado por uno o dos maestres y está organizado en departamentos: de botellería o escanciería, panadería, cocina, frutería, escudería y furrielería (se ocupa de las cabalgaduras), de cámara con los servicios anejos de enfermería y botica, guardarropa, capilla y limosnas. Los gastos de todos estos departamentos son controlados por la Cámara de los Dineros. Según Zabalo, el Hostal del rey consumía el 50 por ciento de los ingresos estatales.

El Consejo Real lo compone un número variable de nobles (generalmente forman parte de él los 12 ricoshombres) y clérigos; los altos funcionarios (canciller, procurador, tesorero, maestre del hostal, oidores de Comptos...) y algunos juristas. Asesora al monarca y es al mismo tiempo el organismo supremo de justicia al que se puede apelar contra las sentencias dictadas por la Cort o Tribunal de la Cort, del que forman parte cuatro alcaldes y cuatro notarios asistidos por algunos funcionarios subalternos (porteros de Cort). La mayoría de los pleitos no llegan a la Cort, sino que son juzgados en primera instancia por los alcaldes municipales o por los alcaldes de mercado, cuyas sentencias son ejecutadas por los porteros o por las autoridades locales: almirantes, prebostes, justicias, merinos...

La Cámara de Comptos no aparece organizada hasta 1365, aunque ya antes existían oidores de cuentas y tesoreros. Desde 1365 los oidores serían oficialmente 4 y estarían auxiliados por los notarios. La misión de los oidores es tomar las cuentas a los recaudadores, ocuparse de que se cobren íntegramente los derechos reales y aconsejar al monarca en las cuestiones financieras. La recaudación de los tributos y la distribución de los gastos corresponde a los recibidores de cada merindad o lugar.

Los ingresos proceden de las posesiones reales (heredades y casas) y de los impuestos ordinarios: pecha o impuesto sobre la tierra que se cultiva, derechos del rey sobre hornos, molinos, aguas, mercados... La pecha la pagan sólo los labradores no hidalgos, individualmente (una cantidad fija cada uno) o de forma colectiva (se señala una cantidad global a cada lugar y se deja a sus habitantes el cuidado de distribuirla). Los derechos de aprovechamiento de pastos y bosques reales equivalen a 1/5 de las cabezas que en ellos pazcan o a los 2/3 de la caza que se obtenga.

La venta de la sal es monopolio del monarca, que recibe un quinto de su valor; minas y ferrerías son igualmente propiedad real, así como los tesoros sin dueño conocido. Los labradores de tierras de realengo están obligados a utilizar los molinos, hornos, lagares de aceite y de vino del rey, al que entregan una parte del producto transformado. Monopolio real son también los chapiteles o casas de mercado y los baños públicos de algunos lugares. El monarca percibe diversas cantidades por autorizar la instalación de puestos de venta de carne o pescado, un tanto sobre los artículos vendidos en ferias y mercados, la quinta parte del rescate de los moros, los derechos de cancillería y de aduana en todo el reino, y los de peaje en algunos lugares.

Los ingresos extraordinarios proceden de las ayudas otorgadas por las Cortes o por las ciudades o estamentos, y de los préstamos, no siempre voluntarios, concedidos al monarca por particulares o corporaciones. Las ayudas tienen a partir de 1350 una periodicidad anual, por lo que puede afirmarse que pasan de impuestos extraordinarios a ordinarios. Una ayuda especial es el monedaje, equivalente a 8 sueldos por fuego y pagadero en principio al comienzo de cada reinado por los pecheros para que el rey mantenga la estabilidad y la calidad de la moneda, a pesar de lo cual las devaluaciones fueron numerosas en el siglo XIV.

Los nobles están exentos del pago de los impuestos ordinarios y del monedaje al igual que los clérigos y, en gran medida, los francos. Los pecheros se reducen a los labradores que reciben los nombres de pecheros realengos, solariegos (si dependen de un noble) y collazos (cuando residen en señoríos eclesiásticos). Solariegos y collazos pagan la mitad de la pecha al rey y la mitad al señor.

El reino está dividido en cuatro merindades y la Tierra de Ultrapuertos, subdivididas a su vez en Valles o bailías. En las capitales de merindad el representante del monarca es el baile; y un funcionario con idéntico nombre existe en los pueblos con Consejo, y en los Valles. En otros lugares el representante del monarca recibe los nombres de almirante, preboste o justicia.

BIBLIOGRAFÍA

Además de las obras y artículos citados en los capítulos anteriores, interesan los siguientes:

Asensio Salvadó, Eduardo: El gremio de tejedores de Barcelona a fines del siglo XIV. — En «VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Comunicaciones» I (Barcelona 1962), págs. 407-416.

Carrasco Pérez, Juan: La población de Navarra en el siglo XIV. — Universidad de Navarra. — Pamplona 1973. — 708 págs.

Duran i Sanpere, Agustí: Barcelona i la seva historia, I: La formado d'una gran ciutat. — Curial, edicions catalanes. — Barcelona 1973. — 800 págs.

Golobardes Vila, Miquel: Els remenees, dins el quadre de la pagesia catalana fins el segle XV. — Edicions Biblioteca Palau de Perelada. — Figueres 1970-1973. — 3 vols., 220 y 275 págs.

Iglesias, J.: La població de Catalunya durant el segles XIV i XV. — En «VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón» (Cagliari 1957), págs. 16-17.

Lalinde Abadía, Jesús: Las instituciones de la Corona de Aragón en el siglo XIV. — En «VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón» II, volumen segundo (Valencia 1970), págs. 9-52.

Martín Duque, A. J.; Zabalo Zabalegui, F. J.; y Carrasco, J.: Peajes navarros. Carcastillo (1357), Tudela (1380), Sangüesa (1380). — Universidad de Navarra. — Pamplona 1972. — 200 págs.

Martín Duque, A. J.; Zabalo Zabalegui, F. J.; y Carrasco, J.: Peajes navarros: Pamplona (1351), Tudela (1365), Sangüesa (1362), Carcastillo (1362). — Universidad de Navarra. — Pamplona 1973. — 200 págs.

Piles, Leopoldo: Apuntes para la historia económico-social de Valencia durante el siglo XV. — Publicaciones del Archivo Municipal de Valencia. — Valencia 1969. — 176 págs.

Renouard, Yves: Les príncipaux aspeets économiques et sociaux de l'histoire des pays de la Couronne d Aragón aux XII, XIII et XIV siécles. — En «VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Ponencias» (Barcelona 1962), págs. 231-264.

Riu Riu, Manuel: Aportación a la ordenación gremial de la industria textil catalana en él siglo XIV. — En «VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Comunicaciones» I (Barcelona 1964), págs. 547-559.

Santamaría, Alvaro: Aportación al estudio de la economía de Valencia durante el siglo XV. — Instituto Valenciano de Estudios Históricos. — Valencia 1966. — 231 págs.

Santamaría, Alvaro: Mallorca en el siglo XIV. — «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), vil (1970-1971), págs. 165-238.

Sevillano Colom, F.: Valencia urbana medieval a través del oficio del mustagaf. — Valencia 1957.

Sobrequés Vidal, Santiago; y Sobrequés i Callico, Jaume: La guerra civil catalana del segle XV. I. Causes i desenvolupament de la crisi. II: La societat catalana durant el conflicte. — Edicions 62. — Barcelona 1973. — 2 vols., 470 y 424 págs.

Vila Valentí, Joan: El món rural a Catalunya. — Curial, edicions catalanes. — Barcelona 1973. — 212 págs.

Webster, Jill: Fráncese Eiximenis. La societat catalana del segle XIV. — Edicions 62. — Barcelona 1967.

Wolff, Phiuppe: Reflexions sur les troubles sociaux dans les pays de la Couronne á"Aragón au XIV siécle. — En «VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón» II, volumen primero (Valencia 1969), págs. 95-102.

Zabalo Zabalegui, Francisco Javier: Algunos datos sobre la regresión demográfica acusada por la peste en la Navarra del siglo XIV. — En «Miscelánea ofrecida a José María Lacarra» (Zaragoza 1968), págs. 485-491.

Zabalo Zabalegui, Francisco Javier: La administración del reino de Navarra en el siglo XIV. — Pamplona 1973.

9. ARTE Y CULTURA

Arte y cultura de la burguesía

Hasta el siglo XIII las manifestaciones artísticas y culturales han sido obra o han estado al servicio de dos grupos sociales: clérigos y nobles. En una primera etapa la nobleza se ha mantenido al margen de la cultura y ésta ha quedado en manos de los clérigos que imponen sus puntos de vista, sus intereses y su idioma: el latín. Sólo cuando los nobles logran una relativa estabilidad y se afianza la caballería como grupo social y como forma de vida aparece una cultura que, conservando una fuerte influencia eclesiástica, refleja ya la mentalidad nobiliaria y utiliza no el idioma universal de los clérigos sino la lengua particular, en la épica, o la lengua que podríamos llamar universal de los caballeros, el provenzal, en la lírica. Muchos temas y formas de expresión son todavía monopolio de los clérigos, pero al lado de un arte y de una cultura clericales e influyéndose mutuamente existen una cultura y un arte laicos (caballerescos).

La aparición de las ciudades modifica profundamente el panorama político, social y económico del Occidente europeo. Estos cambios tienen su reflejo en el arte y en la cultura. El arte pierde en gran parte su carácter rural y se convierte en urbano; deja de estar al servicio de las comunidades religiosas o de las iglesias propias para servir a los grupos ciudadanos. El cambio de destino impone modificaciones; sin romper completamente con lo antiguo, el arte se adapta a las nuevas mentalidades, aunque durante mucho tiempo mantenga su carácter exclusivamente religioso y nobiliario. Al consolidarse las ciudades, allí donde hay una intensa vida política y económica se construyen edificios y objetos de arte plenamente urbanos: palacios municipales, lonjas de comercio, atarazanas... al lado de iglesias y castillos señoriales, aunque todos puedan ser incluidos durante mucho tiempo en un mismo estilo, el gótico.

Unos cambios y una coexistencia similares pueden verse en el campo cultural: las universidades, manifestación en sus orígenes de la vitalidad ciudadana, fueron recuperadas por la Iglesia pero ésta no pudo ni quiso impedir que en ellas se explicaran las ciencias profanas (artes, medicina, derecho) al lado de las religiosas (filosofía y teología). A pesar de los esfuerzos realizados para impedirlo, la filosofía dejó de tener como base única la verdad revelada para apoyarse, además, en la razón. Esta pérdida de importancia de la cultura religiosa en las universidades es sólo el síntoma de un cambio más profundo: la sociedad, sin dejar de ser religiosa, se interesa por otros temas; la cultura ya no es monopolio de clérigos y nobles; la población urbana ha impuesto nuevas orientaciones que desembocarán en la laicización cultural de la sociedad, en la creación de «una cultura distinta de la escolástica y clerical, una sensibilidad que no puede llamarse ya cristiana», según afirma Ruggiero Romano.

La utilización de las lenguas vernáculas en la poesía épica y lírica caballeresca representa un gran avance, pero la cultura, como creación, sigue reservada a una minoría. La población urbana sólo tendrá acceso completo a la cultura cuando se generalice el uso de la prosa vernácula en los textos culturales. Este fenómeno se inicia —según hemos visto— en el siglo XIII (crónicas de Alfonso I o de Jaime I; libros de astronomía, obras de Ramón Llull...), pero será en el siglo XIV cuando la prosa adquiera mayor importancia especialmente en el campo de la histografía. La prosa debe su desarrollo a un mayor deseo de precisión y desde que ésta se generaliza «hombres a los que las dificultades de la versificación o la ignorancia del latín hubiesen en otro tiempo reducido al silencio pueden tomar la pluma para poner en orden sus recuerdos», como demuestra para el caso francés Pierre Le Gentil.

Para resumir brevemente las características del arte y de la cultura hasta muy avanzado el siglo XV, nada mejor que reproducir los párrafos de Hauser: «En la plena Edad Media (hasta el siglo XIII) la burguesía ciudadana no intervenía todavía de manera directa en la cultura. Los elementos burgueses eran, como artistas, poetas y pensadores de una concepción que no tenía raíces en su mentalidad. En la Baja Edad Media estas relaciones cambian radicalmente. Las costumbres caballerescas, el gusto cortesano y las tradiciones eclesiásticas siguen siendo en muchos aspectos decisivos para el arte y la cultura burguesa; pero ahora es la burguesía la auténtica sustentadora de la cultura. La mayoría de los encargos de obras de arte provienen de los ciudadanos particulares, no del rey o de las cortes o los municipios, como en el período gótico. La nobleza y el clero, ciertamente, no dejan de participar en el arte como fundadores y grandes constructores, pero su influencia no es ya creadora. Los estímulos renovadores provienen casi siempre de la burguesía.»

Generalmente existe una tendencia a identificar burgués con popular, pero ello no responde a la realidad. La burguesía medieval es un grupo muy reducido y hasta cierto punto con mentalidad aristocrática, según hemos visto en páginas anteriores. Su arte no es popular en el sentido que damos actualmente a este término. Tampoco en la literatura de este período puede hablarse de un carácter popular, aunque ésta «llegue a estratos sociales más profundos, que en las artes plásticas, cuyos productos son accesibles sólo a los ricos».

La característica fundamental del arte y de la literatura burguesa de este período es la acentuación del naturalismo. Según hemos explicado al hablar del arte gótico pleno, éste hereda del románico el simbolismo, pero los símbolos son ya reales, no figurados. Un paso más se dará en el siglo XV; el simbolismo no estará al servicio total de «un sentido simbólico, de una significación sobrenatural. La relación con lo sobrenatural no falta ciertamente en él, pero la obra de arte es, en primer lugar, una copia de la naturaleza y no un símbolo que se sirve de las formas naturales solamente como de un medio para lograr un propósito extraño. La mera naturaleza no tiene todavía un significado en sí misma, pero es ya suficientemente interesante para ser estudiada y representada por sí».

En la literatura este naturalismo aparece aún más acentuado y por primera vez puede hablarse del «predominio de la psicología en la literatura», la naturaleza urbana de este carácter psicológico ha sido definida por Hauser de cuya obra tomamos las siguientes líneas: «Las condiciones de la vida urbana y de la economía monetaria, que arrancan al hombre de un mundo estático vinculado a la costumbre y a la tradición y le lanzan a otro en el que las personas y las circunstancias cambian constantemente, explican también que el hombre sienta ahora un interés nuevo por las cosas de su contorno inmediato. Puesto que este contorno es ahora el verdadero teatro de su vida, en él ha de mantenerse; pero para mantenerse en él, ha de conocerlo. Y así todo detalle de la vida se convierte en objeto de observación y de representación. No sólo el hombre, sino también los animales y las plantas, no sólo la naturaleza viviente, sino también los enseres, los vestidos y los arreos se convierten en temas que poseen una validez artística intrínseca».

Hacia 1350 puede hablarse ya, en una gran parte de Europa, de la existencia de una cultura y de un arte laicos en cuanto a inspiración y propósitos: el sentido cristiano de la muerte y de la vida ha desaparecido en parte, la supervivencia ultraterrena ya no es suficiente para los hombres, que buscan el modo de perpetuarse en la tierra mediante la representación de sus efigies o la realización de obras que ya no están destinadas a servir a Dios, sino a perpetuar la gloria de quien las hizo...; el conocimiento de las obras clásicas (romanas y griegas) da a esta minoría culta el modelo; el intento de crear una cultura laica se halla favorecido desde el momento en que comienza a conocerse un mundo en el que la cultura era esencialmente humana, terrenal, en el que la religión no tenía el papel absorbente desempeñado en la Edad Media. Se vuelve así al mundo clásico, aparece la corriente cultural que llamamos Humanismo y que, según Ruggiero Romano y Alberto Tenenti, «tuvo su origen en motivos precisos y en exigencias colectivas generales. La más importante debió ser la de dar a la nueva sociedad laica una cultura de configuración autónoma».

Esta vuelta al mundo clásico tiene lugar en las cortes principescas que reúnen al mismo tiempo a la nobleza de tipo cortesano y a la burguesía ciudadana; adquiere importancia en Italia durante el siglo XV pero, de hecho, puede hablarse de humanistas en épocas anteriores; en la Península el Humanismo llega con un cierto retraso quizás debido a que las condiciones sociales no eran apropiadas, pero puede hablarse ya a fines del siglo XIV de una corriente prehumanista que estaría representada en Cataluña por los consejeros de Juan I y de modo especial por Bernat Metge; en Castilla apenas existe una burguesía digna de tal nombre y el desarrollo de la nobleza cortesana es tardío, por lo que los humanistas castellanos serán extranjeros (Pedro Mártir de Angleria) o posteriores a este período, aunque no faltan los traductores de obras clásicas como Enrique de Villena.

Arquitectura

A comienzos del siglo XV se inicia la construcción de la catedral gótica de Sevilla y en el XVI se construyen en Salamanca y Segovia. La primera es uno de los templos de mayores dimensiones; de planta rectangular, consta de cinco naves laterales y una de crucero; los muros engloban a los contrafuertes, entre los que se sitúan capillas laterales. Esta catedral fue proyectada sin torres para conservar la de la mezquita almohade, pero para darle mayor altura y esbeltez fue construido en el crucero un alto cimborrio que se hundió poco más tarde y fue sustituido por una bóveda estrellada. La catedral salmantina, igualmente de cinco naves, fue comenzada en 1512 por el arquitecto Juan Gil de Hontañón al que sucedieron Juan de Álava, Antón Egas, Rodrigo Gil de Hontañón... y otros muchos hasta su terminación en 1733, a pesar de lo cual se respetó el estilo gótico. Iguales vicisitudes sufrió la catedral segoviana, iniciada en 1521 según planos de Juan Gil de Hontañón y consagrada en 1768.

Aunque no se realizan más catedrales de nueva planta, se terminan o perfeccionan otras muchas como la de Toledo, donde el flamenco Anequín Egas construye en 1459 la Puerta de los Leones; de esta misma época son las capillas sepulcrales de San Ildefonso y de don Alvaro de Luna. A esta escuela flamenca pertenece Juan Guas, constructor del monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo por encargo de los Reyes Católicos, que celebran con él la victoria de Toro sobre los partidarios de Juana y sobre el rey portugués Alfonso V. Este convento consta de una sola nave y tiene capillas entre los estribos; adosado a la iglesia está el claustro.

Obra igualmente de Juan Guas parece ser el palacio o casa del duque del Infantado en Guadalajara, aunque en gran parte es ya una obra renacentista. Otro representante de la escuela toledana es Enrique Egas, al que se debe la planta de la catedral de Granada, la Capilla Real de Granada y, al parecer, la traza de los Hospitales construidos en épocas de los Reyes Católicos en Granada, Santiago y Toledo. Imitando los edificios toledanos se construyen en Segovia algunos edificios como el monasterio de Parral; la capilla de los Vélez en la catedral de Murcia, el monasterio de Santo Tomás en Ávila...

Otra escuela arquitectónica se halla situada en Burgos y debe su nuevo desarrollo al arquitecto Juan de Colonia, autor entre 1442 y 1458 de los chapiteles octogonales de las torres de la catedral, que dan una mayor esbeltez al edificio; a él se debe igualmente la Cartuja de Miraflores. Su hijo Simón de Colonia continúa la actividad paterna y construye en 1482 la capilla del Condestable, en la catedral de Burgos.

La arquitectura de este período no es solamente religiosa; ya hemos aludido en otro lugar a la construcción de las Lonjas de Comercio en Barcelona, Valencia y Mallorca y a los palacios del Ayuntamiento y de la Diputación de Barcelona, pero no son sólo las corporaciones las que se interesan por la arquitectura. Los simples particulares, en especial la nobleza rural y la ciudadana, se hacen construir suntuosos palacios o castillos de gran belleza; entre las casas ciudadanas pueden distinguirse las castellanas de María la Brava (Salamanca), Dávila (Ávila), Juan Bravo (Segovia), del Cordón (Burgos)... La más conocida de todas es la Casa de las Conchas de Salamanca, cuya parte superior es plenamente renacentista.

Los castillos pierden en gran parte su finalidad militar durante la época de los Reyes Católicos, por lo que puede hablarse de castillos-palacios como el mandado construir en Coca por el arzobispo Alonso de Fonseca, el castillo de la Mota en Medina, el Alcázar de Segovia, rehecho numerosas veces sobre una construcción del siglo XI, pero que debe la mayor parte de su estado actual a Enrique IV...

La escultura

La escultura se halla directamente unida a la arquitectura y los principales ejemplos se encuentran en las portadas de las catedrales, en los claustros y, sobre todo, en las tumbas que enriquecen las capillas. En el siglo XIII y primera mitad del XIV la escultura gótica castellana es obra de franceses o de castellanos que siguen sus enseñanzas, pero en época posterior se acentúa en la Península la influencia borgoñosa y flamenca, cuyas primeras manifestaciones se hallan en Navarra con el sepulcro de Carlos III el Noble y de su mujer Leonor de Castilla, en la catedral de Pamplona, realizado por el borgoñón Janin Lómme de Tournai; a esta misma corriente pertenece la capilla de los Corporales de Daroca, ciudad de la que procede el maestro escultor Juan de Huerta, autor del sepulcro de Juan el Bueno, en Dijon.

Castilla, Burgos y Toledo son los principales centros escultóricos en los que trabajan artistas flamencos como Gil de Siloé o Gil de Amberes y su colaborador Diego de la Cruz, autores del sepulcro de Juan II y de Isabel de Portugal, en la Cartuja; del retablo de la iglesia de San Nicolás de Burgos, del sepulcro de Juan de Padilla... En Toledo trabaja el maestro Juan Alemán, autor de las esculturas de la Puerta de los Leones de la catedral. En la misma ciudad se hallan numerosos sepulcros, entre los que destaca el de Alvaro de Luna y su mujer, realizado por Sebastián de Almonacid; en Sigüenza, el sepulcro de Martín Vázquez de Arce (el Doncel de Sigüenza). En Sevilla el escultor más conocido es Lorenzo Mercadante de Bretaña, autor del sepulcro del cardenal Cervantes.

En Cataluña merecen atención especial los sepulcros reales de Poblet, o el sepulcro de Jaime II y Blanca de Anjou en el monasterio de Santes Creus, realizado por Pere de Bonull; la imagen de la Virgen de la Merced en Barcelona, realizada por Pere Moragues, al que se debe igualmente el sepulcro de Lope Fernández de Luna en la catedral de Zaragoza... En el siglo XV Pere Oller esculpe el retablo de la catedral de Vic, y Pere Joan trabaja en el retablo de la catedral de Tarragona y comienza el de la Seo de Zaragoza, que terminaría años más tarde el alemán Hans de Gmunda.

La pintura

La pintura gótica peninsular de la época clásica tiene uno de sus mejores ejemplares en las ilustraciones de las Cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio, estudiadas desde el punto de vista artístico por José Guerrero que las califica de arte civil «en el que no se encuentra la huella del monasterio y sí de la ciudad. Es un arte nacido a su calor, pensado para ella y servido por ella». Los maestros iluminadores «trataron simplemente de recoger el latir de la ciudad, en su vivir de aquellos días y lo consiguieron plenamente». Creyéndolo así Guerrero ha realizado un estudio minucioso de la indumentaria, del calzado, del arte, del mobiliario, de las construcciones navales y de la artesanía de la época (fines del siglo XIII). La influencia francesa en estas miniaturas ha sido reconocida por todos. Igual ocurre con las pinturas murales conservadas en el refectorio de la Catedral Vieja de Lérida, en San Miguel de Daroca o en la catedral de Pamplona; de influencia francesa es la pintura en tabla de los retablos de Vallbona de les Monges (Lérida) y de Quejana (Álava), encargado este último por el canciller de Castilla Pedro López de Ayala.

En los siglos XIV y XV, época del triunfo de la burguesía, la pintura adquiere extraordinario desarrollo en Italia y en Flandes y su influencia se hace sentir en la Península. El catalán Ferrer Bassa parece haber sido el primero en asimilar la pintura naturalista italiana; en su única obra conocida con certeza (las pinturas murales del monasterio barcelonés de Pedralbes) pinta la Pasión de Jesús, la vida de la Virgen y diversos santos y figuras alegóricas siguiendo el estilo sienes (de Siena). El maestro desconocido del retablo de Estopiñán es el representante en Cataluña de la escuela florentina. Cultivadores de la pintura italiana son igualmente los hermanos Jaume, Joan y Pere Serra, que trabajan en el último tercio del siglo XIV; obras del primero sen el retablo del Museo de Zaragoza pintado en 1361; Joan es autor del retablo de Sigena y del retablo de Tobed, en el que aparece retratado Enrique II de Castilla y su familia; Pere es autor del retablo de Manresa (de 1394) y del de Sant Cugat del Valles.

La pintura italiana se extiende rápidamente por toda Europa y sufre en Francia la influencia del gótico francés dando lugar a un estilo nuevo conocido con el nombre de estilo internacional por haber sido aceptado en todos los países. Las características de esta pintura son el alargamiento de las figuras, el gusto por el movimiento y las líneas curvas, el colorido claro y brillante y el interés por lo natural, que se refleja en el retrato y en la pintura de escenas de la vida diaria. Los representantes de este nuevo estilo en la Península son los catalanes Lluís Borrassa y Bernat Martorell; el primero es autor del retablo del Salvador, en Sant Salvador de Guardiola (1404), El Calvario y el retablo de Santa Clara (1415), conservado en el Museo episcopal de Vic, en el que aparece representado un grupo de cortesanos con vestiduras que poco o nada diferirían de las utilizadas por los consejeros de Fernando de Antequera o por los burgueses de Barcelona. Martorell es autor del retablo de San Jorge.

Valencia es hasta 1400 una prolongación de Cataluña y la pintura valenciana de fines del siglo XV es simple imitación de la de los hermanos Serra. Pero a comienzos del siglo XV Valencia entra de lleno en el estilo internacional, quizás por obra del pintor italiano Starnina, al que se atribuye el retablo del Calvario encargado por Bonifacio Ferrer. Valencianos son los autores de la Virgen de Sarrión, de Gualino y de otra conservada en el Museo del Louvre que quizá puedan atribuirse a Pere Nicolau. Atribuido a Andreu Margal de Sax es el retablo de San Jorge, actualmente en Londres, considerado como una de las obras maestras del naturalismo; el santo es presentado como un caballero medieval.

La pintura aragonesa, reflejo de la catalana y valenciana, tiene menor interés, pero son dignos de mención la Adoración de los Reyes, de Nicolás Solana; y el retablo de San Miguel de Argüís y la Coronación de la catedral de Huesca, pintada por Pedro Zuera.

La pintura castellana de estilo italiano es posterior a la catalanovalenciana y es obra en los primeros momentos de extranjeros; en la catedral de Toledo se conservan las pinturas murales de la capilla de San Blas y diversos retablos de estilo florentino realizados en los primeros años del siglo XV; el retablo de la Vida de Jesús, encargado por el arzobispo Sancho de Rojas (1415-1422) recuerda las obras de Ferrer Bassa de comienzos del siglo XIV; el estilo internacional se halla representado en Castilla en la segunda mitad del XV por dos pintores igualmente extranjeros: Nicolás Francés, que trabaja en León, y Dello Delli, cuyas pinturas se conservan en Salamanca; el primero es autor del retablo de San Froilán y de las pinturas murales de la catedral leonesa. Dello Delli pintó en 1445 el Juicio Final en la bóveda de la capilla mayor de la Catedral Vieja de Salamanca y el retablo del ábside.

Frente a los cuadros grandiosos de la pintura italiana, los flamencos prefieren el retablo, generalmente tríptico, de reducidas dimensiones: no es pintura para grandes escenarios sino para espacios reducidos, más íntimos; el naturalismo en ellos se halla mucho más desarrollado, así como un sentido de la minuciosidad, del detalle, que proviene de la miniatura; el escenario pierde el carácter de complemento que tenía en el estilo internacional y adquiere vida por sí mismo; esta escuela adquiere verdadero renombre con los hermanos Huberto y Juan Van Eyck cuya pintura será imitada en todo Occidente. Alfonso el Magnánimo envió en 1432 al valenciano Lluís Dalmau a Flandes para estudiar la pintura de Van Eyck, cuyas enseñanzas aparecen reflejadas en la Virgen de los Consellers, pintada por Dalmau en 1443; de tema semejante es el retablo de la Paheria de Lérida. A pesar de la experiencia de Dalmau, la pintura catalana de la segúnda mitad del siglo XV no sigue plenamente el estilo flamenco aunque esté influida por él; el máximo representante de esta pintura, en la que predominan los tipos catalanes, es Jaime Huguet, autor del retablo de San Vivente Mártir (1450-1460) en el que destaca la pintura de las cabezas; hacia 1460 pinta el retablo de San Abdón y San Senén de Terrassa; obra suya es el retablo del Condestable Pedro de Portugal, segundo rey de los catalanes durante la guerra civil; el de San Agustín, pagado por el gremio de los curtidores, y el de San Antonio Abad. Figura vinculada al arte catalán es la del cordobés Bartolomé Bermejo, influido por los flamencos, que trabaja en Barcelona y en Aragón; es autor del retablo de Santo Domingo de Silos (1474), San Miguel, la Piedad, en la que aparece retratado el canónigo Desplá, y el Tránsito de la Virgen, conservado en el Museo de Berlín.

En Castilla triunfa plenamente el estilo flamenco con los pintores Jorge Inglés y Fernando Gallego; al primero se debe el retablo de la Virgen de los Ángeles pintado para el marqués de Santularia en 1455; Gallego es autor de los retablos de San Ildefonso (catedral de Zamora), de Santa Catalina, de el Camino del Calvario (catedral de Salamanca), de la pintura de la bóveda de la antigua biblioteca de la universidad salmantina y de una Piedad conservada en el Museo del Prado. En Toledo trabaja el llamado Maestro de don Alvaro de Luna autor de un retablo de este personaje.

La literatura castellana de los siglos XIV y XV

El siglo XIV

Literariamente el siglo XIV castellano se inicia con las obras de don Juan Manuel, representante él y sus libros de la gran nobleza tradicional, y del clérigo Juan Ruiz, arcipreste de Hita; y finaliza con las aportaciones del canciller Pero López de Ayala, miembro de la nobleza cortesana encumbrada en la segunda mitad del siglo por los Trastámara.

Don Juan Manuel, uno de los más turbulentos personajes de la historia castellana del siglo XIV (regente primero y más tarde servidor fiel o rebelde a Alfonso XI) es el primer escritor interesado por la conservación de sus textos y por el juicio que de su obra pudieran formarse los contemporáneos y la posteridad; la ambición, el afán de destacar, de estar a la altura que su categoría social exige le lleva a retocar continuamente su obra literaria y a perfeccionarla sin cesar.

La mayor parte de su obra está escrita en prosa y tiene un marcado carácter didáctico: el Libro del Caballero e del Escudero es una colección de consejos por medio de los cuales un anciano caballero ilustra a un joven sobre el arte de la caballería y sobre diversas ciencias, en las que se hallan reunidos todos los conocimientos de la época sobre Dios, los ángeles, los astros, las aves... Hombre medieval, el infante acepta la existencia de los tres estados: oradores, defensores y labradores, entre los que concede la preeminencia a los primeros, a los clérigos, no sin afirmar que la caballería «es commo manera de sacramento». El tema de los estados o grupos sociales es el núcleo de otra de las obras de don Juan Manuel: el Libro del Infante o Libro de los Estados en el que un sabio, Julio, explica a un infante, Johas, cuanto sabe sobre las religiones existentes y sobre los estados de los hombres desde los emperadores hasta los labradores y desde los papas hasta los simples clérigos.

La obra más conocida es el Conde Lucanor o Libro de Petronio, «colección de cincuenta apólogos en que se dan consejos para muy diversos problemas: unos que atañen a la salvación de las almas y otros que sirven a las honras, faciendas y estados y a múltiples cuestiones de orden material. Cada cuento consiste en un problema que plantea el Conde Lucanor a su ayo Petronio. Éste le contesta con un apólogo o ejemplo, al cabo del cual añade una moraleja, en forma de dístico, que lo resume», según J. Luis Alborg.

Don Juan Manuel extrae las enseñanzas que pone en boca de sus personajes de la propia experiencia según confiesa en el Libro enfenido o Libro de los castigos e consejos que fizo don Jhoan Manuel para su fijo: «asmé de componer este traslado que tracta de cosas que yo mismo prové en mí mismo et en mi fazienda et vi que contenció a otros, de las que fiz et vi fazer, et me fallé dellas bien et yo et los otros». Y el capítulo IV, en el que explica a su hijo cómo debe actuar con los reyes, puede ser considerado, sin lugar a dudas, como una pintura veraz de la actuación de don Juan Manuel frente a Alfonso XI. Si el monarca no tuviera las condiciones ideales, el noble debe servirle como a su señor natural, pero tomando siempre las precauciones necesarias, sin confiar en el monarca y haciendo «quanto pudiere por aver grant poder de fortalezas et de vasallos et de parientes et de amigos para se defender si mester fuere...».

La personalidad y el carácter de la obra del arcipreste de Hita son, todavía hoy, tema de discusión; mientras para unos Juan Ruiz es un poeta goliardo que vive de acuerdo con lo que dice, es para otros un moralista que enseña deleitando, y no falta quien le acusa de cinismo e hipocresía. La polémica se ha agravado al hacer del arcipreste uno de los puntos básicos de las teorías de quienes discuten, sin ponerse de acuerdo, sobre el auténtico ser de España y de los españoles; sin posibilidad ni interés en intervenir en la polémica, nos limitaremos a describir su obra, el Libro de Buen Amor.

Extenso poema de 1709 estrofas, se inicia con una invocación en cuaderna vía a la que sigue un prólogo en prosa en el que el autor realiza una parodia de los sermones dirigidos a los clérigos. Tras un cuento cómico con el que Juan Ruiz parece prevenir al lector para que no interprete mal la obra, comienza el relato central, el que da unidad al poema: la narración en forma autobiográfica de las aventuras amorosas del protagonista al que aconsejan, después de los primeros fracasos, Amor y Venus, eficazmente secundados por Trotaconventos, personaje al que, con razón, se considera uno de los precedentes de la Celestina.

Cada episodio amoroso aparece esmaltado de fábulas con valor de ejemplo, digresiones de tipo moral, composiciones líricas y episodios alegóricos, a través de los cuales podemos conocer algunas de las costumbres o modo de actuación del siglo XIV. Así, por ejemplo, el combate entre don Carnal y doña Quaresma se hace preceder de un desafío en toda regla y presenta el aspecto de una batalla campal; el recibimiento hecho a don Carnal y a don Amor finalizada la cuaresma es pintado con todos los atractivos de una fiesta popular en la que participan de forma activa todos los grupos sociales; la disputa entre el Amor y Juan Ruiz permite incluir una sátira sobre el poder del dinero... La obra finaliza con la Cántica de los clérigos de Talavera en la que se narran las reacciones de estos clérigos al recibir la orden de separarse de sus amigas o concubinas.

Pero López de Ayala, nacido en 1332 en Vitoria, participó activamente en la política castellana durante los reinados de Pedro I, Enrique II, Juan I y Enrique III, del último de los cuales fue canciller. Escritor en prosa y en verso, interesa ahora tan sólo su obra poética Rimado de Palacio ya que las Crónicas serán mencionadas al hablar de la historiografía de este período. El Rimado se halla dividido en tres partes: una confesión en la que toma pretexto de la enumeración de los pecados para trazar un cuadro sombrío de la sociedad castellana y europea de su tiempo y para hacer consideraciones sobre el arte de gobernar; una segunda parte formada por composiciones líricas marianas y reflexiones sobre la situación de la Iglesia, escindida entre Roma y Aviñón; y una tercera parte que es una glosa del Libro de Job y de Las Morales de san Gregorio.

Completan el panorama literario del siglo XIV obras didáctico-morales como el Poema de Yuguf, el Libro de miseria de omme y los Proverbios morales de Sem Tob o Santob de Carrión. La épica está representada por el poema de las Mocedades de Rodrigo, escrito a fines del siglo XIV con la finalidad de relacionar al Cid con la diócesis palentina, y por el Poema de Alfonso Onceno, que es en gran parte una versificación de la crónica del mismo rey. La novela de caballerías aparece en castellano con El cavallero Zifar.

La lírica castellana del siglo XV

La literatura durante este período es eminentemente cortesana, lo que viene a confirmar y es al mismo tiempo consecuencia del auge logrado por la nobleza, que alterna las armas con las letras. La influencia italiana y, en parte la clásica, es ya visible en las obras literarias del XV, que a veces tienen como modelos a Dante, Petrarca y Boccaccio.

La poesía lírica ha llegado a nosotros en los cancioneros o colecciones antológicas que se forman desde comienzos del siglo XV. Según J. L. Alborg, esta poesía de cancioneros es «artificiosa y convencional... basada en sutilezas y habilidades de ingenio, juegos de imágenes y todo género de recursos retóricos al servicio de discreteos amorosos, requiebro, adulaciones y composiciones de circunstancias»; es la genuina representación del mundo frivolo y cortesano producto de las nuevas condiciones sociales y políticas de la centuria.

Uno de los cancioneros fue recopilado por Juan Alfonso de Baena hacia 1445 (Cancionero de Baena) agrupando los poemas en tres secciones: «cantigas, decires, y preguntas y respuestas». Los autores representados van desde la época de Pedro I hasta la de Juan II; y entre ellos algunos siguen utilizando el idioma y la temática gallega mientras otros se hallan dentro de la corriente italiana. A la primera pertenecen el recopilador Baena, Macías y Villasandino; a la segunda el genovés avecindado en Sevilla, Micer Francisco Imperial.

En la Corte de Alfonso el Magnánimo tuvieron favorable acogida italianos, catalanes, aragoneses, valencianos y castellanos. La obra poética de estos últimos figura recogida en el Cancionero de Stúñiga, que es una guía interesante de la historia política del reinado del Magnánimo. El carácter de la poesía recogida en los cancioneros depende de la personalidad del recopilador; no es de extrañar que la mentalidad de éstos no coincida con la de los historiadores de la Literatura, que consideran que los mejores poetas no se hallan debidamente representados en estas antologías; al menos no lo están el marqués de Santillana, Juan de Mena y Jorge Manrique, cuya altura es muy superior a la de los poetas de los cancioneros.

Iñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, nacido en 1398, no sólo es uno de los mejores escritores en prosa y en verso del siglo XV, sino también uno de los grandes protectores de los humanistas y difusor él mismo del Humanismo. En prosa escribió la Carta-prohemio al Condestable don Pedro de Portugal y los Refranes que dicen las viejas tras el fuego. La Carta-prohemio es una especie de prólogo que precede a la copia de sus poesías enviadas al condestable portugués; en él define sus ideas sobre la poesía y esboza el primer tratado de historia literaria en castellano.

En verso compuso obras de tendencia italianizante, didácticas y de origen trovadoresco. Entre las primeras destaca la Comedieta de Poma, poema sobre la derrota de Alfonso el Magnánimo en sus campañas italianas; en este poema exalta los valores aristocráticos representados por Alfonso, sus hermanos los infantes de Aragón y los miembros de sus séquitos. En el grupo didáctico-moral se incluye el Diálogo de Blas contra Fortuna, el Doctrinal de Privados, violenta sátira contra don Alvaro de Luna al que el marqués de Santillana se opuso en todo momento, y los Proverbios de gloriosa doctrina e fructuosa enseñanza, compuestos para la educación del futuro Enrique IV. Entre las poesías de tipo trovadoresco figuran canciones, decires y serranillas.

Juan de Mena, nacido en Córdoba en 1411, fue secretario de Juan II, a cuyo servicio y al de Alvaro de Luna puso su pluma. Para el primero escribió una traducción resumida de la Ilíada; para el condestable, un prólogo a su obra Libro de las virtuosas e claras mujeres. La obra más conocida de Juan de Mena es el Laberinto de Fortuna, poema en el que bajo la forma alegórica combate «la política egoísta de los nobles y la inmoralidad dominante» y en el que figuran «el Rey y el Condestable como ejemplos perfectos de las virtudes que faltan a sus competidores y como focos del esfuerzo nacional que el autor del poema quiere destacar» y que no es otro, según John G. Cummins —editor del Laberinto—, que la lucha contra los musulmanes una vez que se hubieran corregido los vicios de Castilla y se hubiera logrado la unión de los nobles en torno a Juan II y a Álvaro de Luna.

Jorge Manrique, nacido en 1440 en Paredes de Navas (Palencia), pertenecía a la alta nobleza castellana e intervino activamente al lado de su padre Rodrigo Manrique, maestre de la orden de Santiago, en la revuelta nobiliaria que desembocaría en la destitución de Enrique IV (1465) y en la elección como rey del infante Alfonso y, a la muerte de éste, en la designación de Isabel la Católica, en cuya defensa murió el poeta en 1479. La mayoría de su obra poética pertenece al tipo trovadoresco, pero debe su fama a las Coplas a la muerte de su padre, suficientemente conocidas del lector.

La situación política y social de Castilla en el siglo XV se prestaba a la aparición de poemas satíricos, entre los que destacan las Coplas del Provincial en las que, bajo la apariencia de una visita de inspección a un monasterio, se hace una crítica feroz de la corte de Enrique IV. Menos virulentas pero no menos interesantes son las Coplas de Mingo Revulgo, en las que se alude a la situación general del reino castellano y a la incapacidad de Enrique IV, y las Coplas de la Panadera, sátira sobre el escaso valor demostrado por la nobleza castellana en la batalla de Olmedo de 1445.

La prosa castellana del siglo XV

Las obras didáctico-morales y las novelas de caballería son los dos géneros más cultivados en prosa. En el primer grupo hay que incluir las obras de Enrique de Villena y las de Alfonso Martínez de Toledo, arcipreste de Talavera.

Enrique de Villena (1384-1434) es autor de obras tan diversas como el Arte cisoria, «manual de etiqueta cortesana que es a la vez un libro de cocina y una enumeración de manjares y de recetas culinarias», según J. L. Alborg; los Doce trabajos de Hércules en los que la mitología sirve de base a la ética; el Libro de aojamiento o fascinotogía, la única obra astrológica que no fue destruida por Juan II a la muerte del autor; el Arte de Trovar y las primeras versiones castellanas de la Eneida y de la Divina Comedia.

Alfonso Martínez de Toledo (1398-1470) es autor de una Vida de san Ildefonso, de otra de san Isidoro. Su fama la debe al Corbacho o Reprobación del amor mundano, dividida en cuatro partes de las que sólo puede considerarse original la segunda en la que trata «de los vicios, tachas e malas condiciones de las malas e viciosas mugeres, las buenas en sus virtudes aprovando». En esta parte el arcipreste abandona las disquisiciones abstractas propias de los sermones (no otra cosa es su obra) para aludir a casos concretos utilizando un lenguaje popular y de gran colorido.

La novela adquiere un cierto desarrollo con las obras de tipo cortesano de Rodríguez del Padrón (El siervo libre de amor) y de Diego de San Pedro (Cárcel de amor); la novela caballeresca tiene su máximo representante en el Amadís de Gaula, escrito en el siglo XIV y refundido a fines del XV. Pero estas obras y otras que podrían citarse quedan eclipsadas por la importancia de La Celestina o Tragicomedia de Calisto y Melibea, escrita poco antes de 1499 por el bachiller Fernando de Rojas y conservada en dos versiones distintas, la primera de las cuales consta de 16 actos y la segunda de veintiuno. Por su forma externa podría ser incluida entre las obras de teatro, pero muchos historiadores de la literatura consideran que tal como apareció en la segunda edición es más una novela dramática que una obra teatral. No parece haber sido escrita para representar, sino para ser leída. La personalidad de su autor, el carácter de la obra, sus fuentes y sus méritos como obra que refleja el ambiente social castellano del siglo XV han dado lugar a numerosos estudios que no es posible ni siquiera resumir por lo que nos limitaremos a recoger las ideas de J. A. Maravall sobre esta obra: «Tenemos en La Celestina... el modo de comportarse y, por detrás de ello, el modo de ser, histórica y socialmente condicionado, de los señores y de los criados, de los distinguidos y de los no distinguidos, de la clase ociosa dominante y de la subordinada, esto es, de la sociedad urbana en sus aspectos más característicos, correspondientes a la fase de evolución que el autor de tan ilustre Tragicomedia pudo conocer en las ciudades castellanas a fines del siglo XV.»

Los Romances

• Junto a la literatura culta, escrita, con autor conocido, existe una literatura oral, anónima, de carácter muchas veces épico, por lo que se había pensado o bien que eran el punto de partida de las canciones de gesta (idea totalmente abandonada en la actualidad) o que eran un residuo, una derivación de las canciones de gesta de los siglos XII-XIII, conservadas popularmente de modo fragmentario.

Hoy día se acepta que la épica «proporcionó a los romances un sistema de versificación, el asunto para un número de ellos y el contenido en detalle para unos pocos», pero las relaciones de los romances con la poesía lírica son igualmente estrechas y se puede concluir, con A. D. Deyermond, «que muchísimos romances tienen el asunto y la forma métrica de la épica, y la sintaxis y aun el espíritu de la lírica».

Los romances no fueron recogidos por escrito hasta el siglo XVI, pero hay abundantes testimonios de que eran conocidos y apreciados no sólo por el pueblo, sino también por los cortesanos de Juan II y de Enrique IV y es seguro que entraron en la corte de los Reyes Católicos «donde eran ejecutados en tonadas compuestas por los músicos cortesanos». La fecha de su composición resulta difícil de averiguar porque al no ser recogidos por escrito hasta el siglo XVI han sufrido numerosas transformaciones que impiden fecharlos lingüísticamente.

Por el contenido sería posible fechar los de tema histórico, como los pertenecientes al ciclo de Pedro el Cruel o los de tema fronterizo. El primer conjunto importante de romances parece haber tenido una finalidad política: defender o atacar a Pedro el Cruel durante la guerra civil castellana y no pueden ser muy posteriores a ella. Junto a estos romances históricos, otros muchos toman su tema de la épica tradicional castellana: el Cid, Fernán González, Infantes de Lara..., o europea: ciclo carolingio de la Chanson de Roland; o de temas históricos recogidos en las crónicas: caída de la Península en poder de los musulmanes, romances de Rodrigo y Vitiza... Cuantos no se hallan relacionados con un hecho histórico ni con un texto literario se engloban bajo la calificación de romances de aventuras: romances de amor, de venganza, de misterio...

Literatura catalana de los siglos XIV y XV

La lírica

Aunque una gran parte de los poetas catalanes del siglo xiv siguen escribiendo en provenzal y su poesía es del tipo trovadoresco, puede hablarse de poesía catalana para diferenciarla de la poesía clásica de los trovadores. La primera obra de interés es el Cancionero de Ripoll, escrito con posterioridad a 1346; es un tratado «sobre los géneros poéticos y las rimas, que va acompañado de una antología de dieciocho poesías para ilustración de la doctrina expuesta», según Riquer, al que seguimos en todo lo referente a la literatura catalana.

La burguesía de Toulouse protege a la poesía trovadoresca al crear en 1323 el Consistorio de la Gaya Ciencia o del Gay Saber. Este Consistorio patrocinaría concursos anuales de poesía entre 1324 y 1484. Para facilitar la tarea de los jueces, se encargó la redacción de «una especie de código de las leyes gramaticales y poéticas» al jurista tolosano Guilhem Molinier, quien resumió sus ideas en las Leys d'amors. Incorporada a Francia la región tolosana y sometidos los poetas a la inquisición eclesiástico-nacionalista, las composiciones presentadas son casi todas de tema religioso; por otra parte, la sumisión a unas normas hace del Consistorio y de sus poetas una institución arcaizante. Diversos poetas catalanes participaron en esta «renovación» poética; entre ellos cita Riquer a Joan de Castellnou, Joan Blanch, Jaume Rovira...

Pedro el Ceremonioso es también un decidido protector de la poesía y poeta él mismo; al monarca pertenece la siguiente composición dirigida a su hijo Juan cuando éste se negó a casarse con María de Sicilia y se unió a Violante de Bar:

Mon car fill, per Sant

Antoni vos juram mal consellat,

com laxats tal matrimoni

en qué us dan un bon regnat,

que n'hajats altre fermat.

En infern ab lo dimqni

sian breu quius n'anganat.

Este tipo de poesía cortesana es cultivado igualmente por el caballero aragonés Tomás Périz de Foces, autor de una composición en la que intercede ante Pedro él Ceremonioso por Jaime III de Mallorca.

Los hermanos Jaume y Pere March, de origen burgués, armados caballeros por Pedro el Ceremonioso con posterioridad a 1360 para premiar sus servicios en la guerra contra Castilla, son dos de los más notables poetas catalanes de la segunda mitad del siglo XIV, dentro de la corriente trovadoresca; a Jaume se debe, aparte de algunas composiciones, el Libre de concordances appellat diccionari dedicado a Pedro el Ceremonioso en 1371. «Se registran en él unas seis mil palabras dispuestas según la consonancia, con la finalidad de hacer más fácil la tarea del poeta que busca rimas para sus composiciones», según Riquer.

Otro gran burgués de Barcelona interesado por la poesía trovadoresca fue Lluís d'Avercó, nombrado por Juan I en 1393, juez del Consistorio poético de Barcelona creado a instancias de Avercó y de Jaume March. Averió escribió un tratado de poesía basándose en las Leys d'amors del tolosano Molinier; el carácter aristocrático de la poesía propugnada por el Consistorio es claramente expuesto por Juan I en una carta dirigida al Conscll de Barcelona para pedirle que se hiciera cargo de los gastos de la fiesta: «Entre las demás ordenanzas que deben existir en todas las ciudades notables, una es que se dé ocasión de que los hombres de toda edad, especialmente los que viven de sus rentas y patrimonio no estén ociosos.» La Gaya Ciencia es la ocupación que propone el monarca a los rentistas barceloneses. Relacionados con el Consistorio barcelonés están los poetas Gilabcrt de Proxita, caballero valenciano, Ramón Savall, miembro del patriciado barcelonés, y Andreu Febrer que pertenece al grupo de intelectuales de la cancillería real; Febrer además de poeta es traductor al catalán de la Divina Comedia.

La influencia italiana, de Petrarca, es visible en la obra poética de Pere Queralt y de Melcior de Gualbes que, pese a todo, siguen cultivando la poesía amorosa tradicional. Arnau d'Erill, dentro de la escuela trovadoresca, cultiva el serventesio como arma contra su enemigo y sobrino Ramón Roger d'Erill, al que acusa de haber seducido a una hija suya, monja en Alguaire. El serventesio es al mismo tiempo que una acusación un desafío al modo caballeresco.

La lista de trovadores que escriben sus poemas en la primera mitad del siglo XV podría ampliarse sin dificultad con los nombres de Gabriel Ferruc, Gabriel Móger, fra Joan Basset, Lluís Icart, Pau de Bellviure, Arnau March, Guillem de Masdovelles...

Por estos mismos años escribe Jordi de Sant Jordi, cortesano armado caballero por Alfonso el Magnánimo en 1420; tres años más tarde el poeta, siempre al servicio de Alfonso como camarero, fue hecho prisionero por el condottiero Francesco Sforza.

La poesía de Jordi de Sant Jordi, aparte del poema en el que narra su prisión, es amorosa; entre sus composiciones destaca él poema Jus lo front port vostra bella semblança en el que el poeta prescinde de la rima en algunos versos con lo que el poema gana en brillantez al no estar forzado. La influencia italiana en el poeta es reducida.

Ausiás March, hijo del poeta ya mencionado Pere March, nació en Gandía a fines del siglo XIV; participó en las primeras campañas de Alfonso el Magnánimo entre 1420-1424, después de las cuales se retiró a Gandía y más tarde a Valencia, donde permanecería hasta su muerte en 1459. Ausiás March es el primer poeta en catalán; refiriéndose a los poetas mencionados anteriormente afirma Riquer que, intentando escribir en provenzal, incluyen en sus poemas numerosas palabras y giros catalanes; Jordi de Sant Jordi representa un avance considerable: intenta escribir en catalán, aunque en sus composiciones se deslizan siempre palabras y giros proven-zales. Ausiás March escribe conscientemente en catalán: «pasan de diez mil los versos conservados de Ausiás March, en los cuales no creo que se encuentren más allá de veinte palabras de forma o de desinencia provenzal».

Ni la dama «feudal» de los trovadores ni la dama sublimada de los poetas italianos (Beatriz en Dante y Laura en Petrarca) tienen nada que ver con la dona cantada por Ausiás, que la canta «con virtudes y vicios, con firmeza y debilidad, un ser capaz de pecar y de hacer pecar al poeta». Su oposición a la poesía trovadoresca es puesta de manifiesto por él mismo en su poema Lleixant a part Vestil deis trovadors.

En la producción poética de Ausiás March se hallan composiciones dedicadas a Alfonso el Magnánimo, debates poéticos y poesías amorosas entre las que Riquer distingue dos ciclos de juventud: 19 poesías dedicadas a una dama cuyo distintivo o palabra clave es «Plena de seny» y 35 a «Lir entre carts»; un ciclo de vejez cuya invocación es «Amor, amor» con 12 composiciones; otro sobre «Mon darrer bé» con sólo 2 poemas; «Oh foll amor»...; seis poemas están dedicados a la muerte de la dama. Quizá más conocido que las obras anteriores sea el Cant espiritual o poema dirigido a Dios completan su obra los Cants moráls de carácter doctrinal.

La obra de Ausiás March no tuvo continuadores de talla; se le imita en el abandono de los provenzalismos, pero se sigue cultivando la poesía trovadoresca. La lista de poetas mencionados por Riquer haría interminable esta relación, por lo que nos limitaremos a citar los nombres de Lleonard de Sors, Francesc Ferrer, Joan Fogacot, Pere Joan de Masdovelles, Bernat Hug de Rocabertí, Pere Torroella, Antoni Vallmanya, Romeu LlulI y Francesc Moner, para detenernos brevemente en la obra de Jaume Roig y de Joan Roís de Corella.

Jaume Roig, médico radicado en Valencia está documentado entre 1434 y 1478 y es conocido como autor de Spill (Espejo), poema escrito hacia 1460 para demostrar «que todas las mujeres son viles... y aconsejar a los hombres que las eviten; la obra adopta la forma autobiográfica y tiene muchas características de la novela picaresca. En cuanto que toda la narración se orienta a exponer los vicios de las mujeres, la obra es la expresión de un mundo completamente ajeno a la poesía caballeresca; Riquer la califica de obra burguesa: el protagonista es un «ser que, expulsado por una madre vil, se lo ha de ganar todo él mismo, y, gracias a su esfuerzo... adquiere una pasable fortuna y sólo tiene un ideal terriblemente burgués: vivir en Valencia bien considerado, con una mujer buena y fiel y rodeado de hijos».

Joan Roís de Corella, nacido en Gandía hacia 1433-1443, fue caballero y maestro en teología y murió en 1497; entre sus obras se hallan algunas de carácter religioso: Vida de Santa Anna, Historia de Santa Magdalena, Historia de Josef...; tradujo al catalán la Vita Christi, escrita por el cartujo Ludolfo de Sajonia; es autor de varias poesías mañanas y de numerosas composiciones, en prosa y en verso, dedicadas a las mujeres de las que se enamoró; la más conocida es la Tragedia de Caldesa, en la que narra sus amores fallidos con una dama de nombre (o seudónimo) Caldesa. El tema de Caldesa vuelve a plantearse en unas cartas intercambiadas entre el príncipe de Viana y Joan Roís hacia 1458-1461. Humanista, el escritor trató, en prosa, diversos temas mitológicos en Lo jardí d'amor, Historia de Biblis y Plant dolorós de la Reyna Écuba.

La prosa catalana en los siglos XIV-XV

La literatura religiosa y moralizante está representada por las figuras de Eiximenis, Vicens Ferrer y Anselm Turmedá.

Francesc Eiximenis es uno de los autores más interesantes para el conocimiento de la sociedad catalano-valenciana del siglo XIV. Nacido en Gerona hacia 1340, estudió en Colonia, París y Oxford; enseñó Teología en Lérida, residió varios años en Barcelona y desde 1383 hasta su muerte en 1408 vivió en Valencia. Sus obras están escritas en latín y en catalán y, según Jill Webster, «en conjunto constituyen una vasta enciclopedia de la ciencia y de la vida de su tiempo que, destinada a un público sencillo, ofrece escasa originalidad en el planteamiento de los problemas y en la elección de las fuentes, pero que, en cambio, revela una gran finura de observación de la realidad y una gran habilidad descriptiva». Su obra más importante, Lo Crestiá, fue concebida en 13 volúmenes pero sólo se conservan cuatro; dentro de ella fue incluido el Regiment de la Cosa pública encargado por los jurados de Valencia. Otras obras de Eiximenis son el Llibre de les dones y la Vida de Jesucrist. Le ha sido atribuida la Doctrina compendiosa considerada en la actualidad obra de otro franciscano, desconocido, relacionado con las autoridades de Valencia. De carácter igualmente moralizador son los Contes i faules. y el tratado de de devoción que lleva título Cercapou.

Vicens Ferrer es uno de los personajes más notables de fines del XIV y comienzos del XV. Nacido en Valencia en 1350 fue «sabio maestro en Teología, escuchado por toda Europa cuando se debatía eí grave problema del Cisma de Occidente..., argumentador implacable en las deliberaciones del Compromiso de Caspe, eficaz pacificador de banderías..., consejero de reyes y papas, reformador de las costumbres y convertidor de pecadores y judíos...». Propiamente hablando, no puede ser considerado como literato, pero se conservan sus sermones copiados por algunos de los que le acompañaban y estos sermones son imprescindibles para conocer el catalán vivo (no culto) de los siglos XIV-XV, así como la sociedad y la vida política.

Anselm Turmeda, franciscano al igual que Eiximenis, completa con el dominico Vicens Ferrer, el trío de mendicantes distinguidos, literariamente, en países de habla catalana. Nacido en la Ciudad de Mallorca a mediados del siglo XIV se convirtió al islamismo en 1385 y desde esta fecha vivió en Túnez hasta su muerte, ocurrida poco después de 1423. Entre sus obras figura el Llibre de Bons Amonestaments, escrito en 1398; de este mismo año es el poema Cobles a la divisió del Regne de Mallorques. No se conservan copias de su obra en prosa Disputa de l'ase, que es conocida a través de una edición francesa; esta obra fue escrita, igual que las anteriores, en Túnez hacia 1417-1418 y alcanzó un éxito extraordinario hasta su prohibición por los inquisidores en el siglo XVI; quizá sea la inquisición la responsable de la pérdida de las copias existentes en catalán. En todas sus obras escritas en catalán y para un público cristiano, Turmeda se muestra como un cristiano de la época, lo que hizo creer a sus contemporáneos que la conversión al islamismo había sido forzada; pero el propio Turmeda se encargó de desmentir esta opinión al escribir su propia biografía en árabe dentro de una obra conocida con el nombre de Tuhfa, en la que rebate los dogmas cristianos.

La organización de la cancillería catalana por Pedro el Ceremonioso tuvo importantes repercusiones en el campo literario, ya que los oficiales de la cancillería unificaron en cierto modo la lengua escrita y le dieron una altura extraordinaria que puede ser observada en los registros de cancillería y en los discursos pronunciados por los monarcas —preparados por los oficiales de la cancillería— ante las Cortes.

El representante literario de este grupo de oficiales cultos conocedores del latín y cultivadores de la prosa oficial es Bernat Metge, uno de los consejeros de Juan I a los que hemos aludido en las páginas dedicadas a estudiar este reinado y el de Martín el Humano. Nacido en Barcelona hacia 1340-1346, aparece en 1371 como ayudante de registro de la reina Leonor, mujer del Ceremonioso. Cuatro años más tarde pasa al servicio de Juan I como escribano; al llegar Juan al trono, Bernat Metge figurará entre sus consejeros. Hacia 1381 escribe su primera obra conocida, en verso, Libre de Fortuna e Prudencia, en la que influyen sus lecturas de las obras de Alain de Lille y de Boecio, es decir, autores medievales, y «medieval» es la lengua teñida de provenzalismos. La influencia de Petrarca es visible en algunos escritos de 1387-1390 (traducciones y adaptaciones de obras de Petrarca).

Procesado junto con otros consejeros a la muerte de Juan I, Bernat Metge fue encarcelado y en la prisión escribió un poema humorístico, Medicina apropiada a tot mal. Poco después de ser liberado por Martín I escribió su obra más importante, Lo somni (1399), en la que narra un sueño tenido en la prisión: es un diálogo con Juan I en el que éste explica qué es el espíritu, las causas de su muerte...; el rey está acompañado de dos personajes, Tiresias y Orfeo, que representan la afición del monarca a la astrología y a la caza. En esta obra Bernat Metge rebate las acusaciones hechas contra él durante el proceso, alaba a Martín I y a su mujer María de Luna (el pretexto para esta última parte será una invectiva de Tiresias contra las mujeres). En esta obra Bernat Metge demuestra sus conocimientos de Petrarca, Boccaccio y Ovidio. Riquer no duda en afirmar que Lo somni «es la primera manifestación de prosa humanista en España, no tan sólo por lo que se refiere a su estilo... sino también por su estructura, por gran número de sus fuentes y por la actitud del autor ante la vida».

Realidad y literatura o vida y novela caballeresca se confunden a menudo en el siglo XV, en el que abundan las novelas de aventuras y los caballeros andantes, para reproducir el título de una obra de Riquer en la que, con abundantes ejemplos, prueba la influencia de las novelas en las obras de los caballeros y la base real de muchas de éstas obras literarias. Entre ellas destacan en catalán Tirant lo Blanc y Curial e Güelfa, en las que lo «maravilloso» característico de este tipo de obras deja paso a un afán de realismo que lleva a sus autores a situar sus obras en lugares y épocas conocidas.

Curial e Güelfa, obra anónima, está situada en la época de Pedro el Grande de Aragón, al que se cita como uno de los mejores caballeros existentes. Más conocido es Tirant lo Blanc, novela escrita por el valenciano Joanot Martorell (nacido en Gandía hacia 1413 y muerto en 1468), de quien sabemos que intervino, como caballero, en numerosos hechos de armas. Recientemente esta novela ha sido traducida al castellano precedida de un interesante prólogo del novelista Mario Vargas Llosa que la define como «una novela total. Novela de caballería, fantástica, histórica, social, erótica, psicológica: todas esas cosas a la vez y ninguna de ellas exclusivamente, ni más ni menos que la realidad».

La historiografía

Los relatos históricos durante este período alcanzan un extraordinario desarrollo, por lo que no es posible sino ofrecer una breve noticia de la obras más importantes en Castilla y Aragón. En Castilla merecen citarse Las tres crónicas, es decir, las crónicas de los reinados de Alfonso X, Sancho IV, y Fernando IV compuestas por mandato de Alfonso XI y redactadas entre 1344-1350 que continúan la crónica alfonsina hasta 1312. Por estos mismos años fue escrita la Crónica de Alfonso XI, atribuida a Fernán Sánchez de Valladolid. Para la historia de este período puede igualmente utilizarse el Poema de Alfonso XI, del que ha realizado una moderna edición Yo Ten Cate. Dichas obras son indispensables mientras no se proceda a la edición de documentos relativos a estos primeros años del siglo XIV. Hacia 1360 fue redactada la Crónica de veinte reyes o recopilación de la historia castellana desde Fruela II hasta Fernando III (924-1252) en la que se utilizan por igual crónicas y poemas. La Crónica de los reyes de Castilla comprende el período 1035-1252 y parece haber sido escrita en 1370.

La obra histórica de Pero López de Ayala inicia un nuevo camino en la forma de tratar los hechos coetáneos; con él se inicia en Castilla la historia moderna que no se limita a reflejar hechos, sino que los interpreta; hombre de su tiempo, se interesa por su época y une a sus condiciones de historiador y literato el talento de hombre político experimentado y acostumbrado a ver el fondo de las cosas. Sus Crónicas son la mejor fuente para los reinados de Pedro I, Enrique II, Juan I y para los primeros años de Enrique III, es decir, los años 1350-1395. He aquí cómo expone lo que podríamos llamar su programa, sus intenciones como historiador:

«E por ende dé aquí adelante yo Pero López de Ayala, con la ayuda de Dios, lo entiendo continuar así lo más verdaderamente que pudiere de lo que vi, en lo cual non entiendo decir si non verdad: otrosí de lo que acaese en mi edad é en mi tiempo en algunas partidas donde yo non he estado, é lo supiere por verdadera relación de Señores e Caballeros, e otros dignos de fé e de creer, de quienes lo oí, é me dieron dende testimonio, tomándolo con la mayor diligencia que yo pude»

Alvar García de Santa María continuó la obra de Ayala en la Crónica de Juan II de Castilla, que en su versión actual comprende los años 1406-1454, aunque se considera que sólo pertenecen al autor citado las páginas relativas a los años 1406-1434. Alvar García es un gran admirador del infante Fernando de Antequera, cuyos hechos señala con minuciosidad, por lo que su obra interesa también para la historia de Aragón entre los años 1412-1416. Diego Enríquez del Castillo, capellán y cronista oficial de Enrique IV, reivindica la memoria de este personaje en la Crónica de Enrique IV de Castilla. Alonso de Palencia representa en la historiografía castellana el punto de vista contrario a Enrique IV, cuyo reinado así como los últimos años de Juan II y los primeros de los Reyes Católicos describió en sus Décadas; la misma orientación política tienen las obras de Diego de Valera Memorial de diversas hazañas y Crónica de los Reyes Católicos, la última de las cuales comprende los años 1474-1488. Hernando del Pulgar, cronista oficial de los Reyes Católicos, es autor de una crónica que historia dicho reinado hasta 1490; dicha crónica fue retocada y trasladada al latín por Antonio de Nebrija. Por último, Andrés Bernáldez, cura de los Palacios, escribió una Crónica cuyo relato llega hasta 1513, y Lorenzo Galíndez de Carvajal es el autor de unos Anales de los Reyes Católicos que llegan hasta la muerte de Fernando (1516). A esta larga lista de historiadores y cronistas más o menos oficiales, habría que añadir la figura de Pedro Mártir de Anglería, autor del Opus epistolarum o colección de 812 cartas de gran interés para la historia del reinado de Isabel y Fernando.

Junto a las crónicas de los reyes contemporáneos de los cronistas, se escriben diversas historias generales, entre las que mencionaremos el Sumario de los reyes de España, escrito a fines del siglo XIV y que comprende desde Pelayo hasta Enrique III, y la Suma de crónicas de España, compuesta en la primera mitad del siglo XV por el converso Pablo de Santa María, que inicia su relato con los orígenes del mundo y finaliza en 1412. Alfonso Martínez de Toledo, arcipreste de Talavera, es igualmente autor de una Atalaya de las Crónicas, en la que recoge los hechos más sobresalientes hasta 1454. Alfonso de Cartagena (m. en 1456), escribió una historia universal, en latín, que lleva por título Regnum Hispanorum Romanorum Imperatorum, Summorum Pontificum, necnon Regnum Francorum anacephaleasis. En latín igualmente fue escrita la Historia Hispánica del obispo palentino Rodrigo Sánchez de Arévalo, que lleva su relato hasta 1469. Los cronistas reales Diego de Valera y Alfonso de Palencia son asimismo autores de una Crónica de España y de una obra, hoy perdida, sobre la historia española hasta la época romana, respectivamente.

La biografía de los reyes es y será, por mucho tiempo, el tema preferido de los cronistas; pero a partir del siglo XV junto a los reyes figuran diversos personajes cuya importancia no es menor que la de los propios monarcas y las crónicas se ocupan de sus hazañas, a veces de un modo colectivo y en ocasiones en forma particular. Entre las que Sánchez Alonso llama biografías colectivas, figuran las Generaciones y semblanzas, escritas por Fernán Pérez de Guzmán (¿1377-1460?) en 1450. Junto a Enrique III, su esposa Catalina y Fernando de Antequera, aparecen en esta obra breves noticias sobre veintinueve personajes de la Corte.

Hernando del Pulgar, continúa este tipo de obra en sus Claros Varones de España y Gonzalo Fernández de Oviedo, en Batallas y Quinquagenas.

Entre las biografías individuales figuran las escritas por Gutierre Diez de Games, Crónica de don Pedro Niño, conde de Buelna, la Crónica del Condestable Miguel Lucan de Iranzo, la Crónica del Halconero de Juan II y los Hechos de D. Alonso de Monroy, clavero y maestre de la Orden de Alcántara, cuyo conocimiento es indispensable para la historia del siglo XIV.

Para finalizar esta sucinta relación hay que incluir entre las obras tic carácter histórico la descripción del Paso Honroso defendido por Suero de Quiñones en 1434 y el relato del Seguro de Tordesillas, narración de las desavenencias entre Juan II y los nobles opuestos a la privanza de Alvaro de Luna. Otro grupo especial lo forman los libros de viajes: Historia del Gran Tamerlán, escrito por Ruy González de Clavijo tras su visita a Tamerlán en 1403-1406, y las Andanças e viajes de Pero Tafur, por diversas partes del mundo (1435-1439), escrito hacia 1454.

El reinado de Pedro el Ceremonioso es descrito en la Crònica escrita o mandada escribir por él en forma autobiográfica; esta obra, en la versión conservada, llega hasta 1374 y se inicia con el nacimiento de Pedro en 1319; en ella tienen cabida recuerdos personales del monarca, que intervino activamente en la redacción, y documentos de la cancillería real que le dan extraordinario valor histórico.

Por iniciativa igualmente del monarca fue escrita la Crónica de Sant Joan de la Penya o Crónica Pinatense, escrita hacia 1359 y conservada en versiones latina, catalana y aragonesa; pretende ser una historia de Aragón desde los primeros pobladores hasta el reinado del Ceremonioso.

Jaume Doménech escribió, hacia 1360, y por orden del mismo rey un Compendi estorial o historia universal en catalán que sólo fue redactada hasta el año 626; con la realización de esta obra, Pedro el Ceremonioso habría dispuesto de una historia universal, de una historia de sus dominios y de la crónica de su reinado particular.

Lorenzo Valla (1407-1457), humanista al servicio de Alfonso el Magnanimo, es el autor de una historia de Fernando de Antequera, Historiarum Fernandi regis Aragoniae libri tres, de naturaleza elogiosa Gonzalo García de Santa María redactó, a petición de Fernando el Católico, la crónica de Juan II de Aragón o Joannis Secundi Aragonum regis vita. Aunque no se trata de una crónica real conviene incluir en este apartado el relato sobre la Fi del Comte d'Urgell, en el que se narran los últimos años de Jaime de Urgel, el aspirante al trono aragonés junto con Fernando de Antequera.

Las historias nacionales y universales se hallan representadas en Cataluña por las obras Genealogía comitum Barcinonae necnon et Aragoniae Regum, que a pesar de su título sólo llega hasta Ramón Berenguer IV; la historia universal o Flos mundi, escrita en catalán hacia 1407; las Histories e conquestes deis reys d'Aragó e comtes de Barcelona, escritas por Pere Tomic en 1438 en las que se extiende desde la creación del mundo hasta los primeros años de Alfonso el Magnánimo, y el Record historial de algunas antiquitats de Catalunya, Espanya y França, compuesta en 1476 por Gabriel Turell. De carácter universal, pero especialmente interesante para la historia de Valencia es el Dietari escrito por un capellán de Alfonso el Magnánimo, cuyo relato se extiende desde 1395 hasta 1478.

La obra histórica de Alfonso X tuvo numerosos imitadores entre los que destaca en el siglo XIV el aragonés Juan Fernández de Heredia (1310-1396?) a cuya iniciativa se debe La grant e verdadera istoria de Espanya o Grant crónica de Espanya que comprendía desde Pelayo hasta la conquista de Algeciras por Alfonso XI. El navarro fray García de Eugui es el autor de una Chronica en la que, tras estudiar la historia de España hasta Alfonso XI, se refiere al reino de Navarra desde sus orígenes hasta la muerte de Carlos II (1387); la historia nacional de Navarra tiene un continuador en García López de Roncesvalles quien escribe en 1405 su Crónica que sería incorporada a la obra patrocinada por Carlos, príncipe de Viana (1420-1461), quien en 1454 escribió a su vez una Crónica de los reyes de Navarra que llega hasta 1253.

La historiografía portuguesa cuenta con muchas e importantes obras, entre las que sobresalen las Crónicas de los reyes Pedro I, Fernando I y Juan I escritas por Fernando Lopes en 1434 por encargo de don Duarte. Gomes Eanes de Zurara es el continuador de estas crónicas nacionales y a él se debe la narración de los últimos años de Juan I, la Crónica do descubrimiento e conquista de Guiné, y la descripción de las campañas norteafricanas en la Crónica do Conde D. Pedro de Meneses y en la Crónica de D. Duarte de Meneses.

BIBLIOGRAFÍA

Para los aspectos literarios son obras básicas, en las que se halla la bibliografía correspondiente, las ya citadas en la bibliografía de la introducción (4. Historia de la literatura): las de Juan Luis Alborg, Francisco López Estrada y A. D. Deyermond para Castilla, y la de Martí de Riquer para Cataluña.

Las antologías de textos literarios son muy numerosas; entre ellas pueden verse las siguientes:

Alvar, Manuel: Poesía española medieval. — Editorial Planeta. — Barcelona 1969. — 1084 págs.

Marfany, Joan Lluís: Poesía catalana medieval. — Edición al cuidado de... — Edicions 62. — Barcelona 1966. — 104 págs.

Marfany, Joan Lluís: Poesía catalana del segle XV. — Edición al cuidado de... — Edicions 62. — Barcelona 1967. — 104 págs.

Rincón, Eduardo: Coplas satíricas y dramáticas de la Edad Media. — Alianza Editorial. — Madrid 1968. — 208 págs.

Rodríguez-Puértolas, Julio: Poesía de protesta en la Edad Media castellana. — Editorial Gredos. — Madrid 1968. — 348 págs.

Rodríguez-Puértolas, Julio; y Alpera, Lluís: Poesía i societat a l'Edat Mitjana. — Editorial Molí. — Palma de Mallorca 1973. — 360 págs.

El mundo artístico puede ser estudiado a través de las obras de

Ángulo, Diego: Historia del arte. — Madrid 1962. — 2 vols., 1184 págs.

Hatje, Ürsula: Historia de los estilos artísticos. Desde la antigüedad hasta el gótico. — Ediciones Istmo. — Madrid 1973. — 359 págs.

Hausser, Arnold: Historia social de la literatura y del arte. — Ediciones Guadarrama. — Madrid 1968. — 3 vols., 1306 págs.

Huyghe, Rene: El arte y el hombre. — Editorial Planeta. — Barcelona 1969. — 3 vols.

Otras obras de interés para este capítulo son las de

Catalán Menéndez-Pidal, Diego: De Alfonso X al conde Barcelos. Cuatro estudios sobre el nacimiento de la historiografía romance en Castilla y Portugal. — Editorial Gredos. — Madrid 1962. — 454 págs.

Catalán Menéndez-Pidal, Diego: Siete siglos de romancero. (Historia y poesía). — Editorial Gredos. — Madrid 1969. — 224 págs.

Maravall, José Antonio: Estudios de historia del pensamiento español. Edad Media. — Ediciones Cultura Hispánica. — Madrid 1967. — 475 págs.

Maravall, José Antonio: El mundo social de «La Celestina». — Editorial Gredos. — Madrid 1968. — 165 págs.

Riquer, Martín de: Caballeros andantes españoles. — Editorial Espasa-Calpe. — Madrid 1967.

Riquer, Martín de: Medievalismo y humanismo en la Corona de Aragón a fines del siglo XIV. — En «VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón» II, volumen primero (Valencia 1969), págs. 219-235.

Romano, Ruggiero: Los fundamentos del mundo moderno. — Siglo XXI de España Editores (Historia Universal Siglo XXI, núm. 12). — Madrid 1971. — 327 págs.

Rubio i Balaguer, Jordi: De l'Edat Mitjana al Renaixement. Figures literáries de Catalunya i Valencia. — Aymá, editor. — Barcelona 1948. — 181 págs.

Rubio Balaguer, Jorge: Preliminares (1289-1451). — Tomo I de Documentos para la historia de la Universidad de Barcelona, por Antonio de la Torre y del Cerro. — Universidad de Barcelona. Facultad de Filosofía y Letras. — Barcelona 1971. — 72 + 304 p.

Stefano, Luciana de: La sociedad estamental de la baja edad media española a la luz de la literatura de la época. — Caracas 1966.

Soldevila, Ferran: Les quatre grans cróniques. Jaume I, Bernat Desclot, Ramón Muntaner i Pere III. — Revisión del texto, prólogo y notas por... — Editorial Selecta. — Barcelona 1971. — 1300 págs.

Sánchez Alonso, B.: Historia de la historiografía española. — Madrid 1947.

Tate, Robert B.: Ensayos sobre la historiografía peninsular del siglo XV. — Editorial Gredos. — Madrid 1970. — 358 págs.

This file was created

with BookDesigner program

bookdesigner@the-ebook.org

14/12/2013